Es 22 de febrero de 2024 en València. La vivienda número 86 de un edificio de 14 plantas en el barrio residencial de Campanar está vacía. Su morador está trabajando fuera de la ciudad. Según el sumario judicial, una chispa en la trasera de la nevera ha podido saltar y generar un incendio fortuito que avanza silencioso hasta llegar a la terraza de ese piso de alquiler.

El toldo se prende y desencadena el mayor incendio conocido en un edificio de apartamentos en España por culpa de una fachada construida con material inflamable, con el trágico antecedente de la torre Grenfell de Londres, donde murieron 72 personas en 2017. El mismo informe policial del sumario que habla de accidente fortuito admite que pudo haber otro origen, como un cortocircuito, y que “no se puede ser categórico a la hora de descartar el origen eléctrico de este suceso, por no encontrar todo el cableado”. Pueden ser varias cosas, pero lo que el titular del Juzgado de Instrucción número 9 tiene claro es que nadie ha tenido la culpa ni del incendio, ni de la construcción con material inflamable ni de los errores que se produjeron en el salvamento.

A la media hora de detectarse el fuego, azuzado por vientos inusuales de 60 km/h y por los 20 grados que hace en pleno invierno, las llamas le dan la vuelta al edificio como una culebra mortal y entra en todas y cada una de las 138 viviendas (menos un par de ellas, que quedan milagrosamente intactas), arrasando todo a su paso. Entre lo calcinado, la vida de 10 personas que, en lugar de escapar como hacen decenas de vecinos alertados por el portero, Julián, o por la intuición, han hecho caso a los bomberos, que siguen el protocolo habitual de confinar hasta la extinción.

Una extinción que será imposible y que dejará atrapados a dos bebés con sus jóvenes padres; a la adolescente Alina, que falleció mientras hablaba por teléfono con su padre, desesperado a los pies del edificio; o a Carmen, una jubilada de banca de 67 años que se había apuntado a la universidad de mayores aprovechando su recién estrenado tiempo libre. De los diez fallecidos, nueve mueren, incomprensiblemente, en la segunda torre, la más alejada del piso donde se inició el fuego.

Dos años y medio después, los habitantes de esta doble torre del barrio de Campanar, comunicadas por dentro, siguen viviendo en pisos de alquiler o con familiares y amigos, a la espera de estrenar sus casas a final de año. Afortunadamente no hubo que demoler y las aseguradoras, las administraciones públicas y los vecinos han remado a favor, explica Enrique Salvador, presidente de la asociación de vecinos Aproicam, creada tras el incendio: “Nos dieron la licencia para reconstruir en unos meses, cuando habitualmente tarda tres años”, cuenta aliviado desde dentro del edificio, en una visita de obra junto a elDiario.es y varios propietarios. Uno de ellos es Óscar Romero, que vivía en el ático y, al ver las llamas, cogió a sus dos gatos y bajó: “No pensé que iba a ser tan grave, pero afortunadamente bajé por si acaso. A mí nadie me avisó”. Ahora vive de alquiler cerca de unos amigos en el barrio de Ruzafa: “Me han ayudado porque las siguientes semanas me tenían que llevar, estaba ido. De hecho, todos hemos recibido ayuda psicológica”.

La parte económica para los afectados sí ha funcionado. Las aseguradoras se han hecho cargo de toda la renovación sin poner pegas (más de 20 millones de euros), de manera que podrán entrar a vivir sin pagar nada. Además, todos los vecinos han recibido ayudas de la Generalitat de 1.000 euros mensuales para alquiler más 100 euros por cada miembro de la unidad familiar, cuenta el presidente de la asociación. En el primer momento, la alcaldesa de València utilizó unos pisos VPO para personas vulnerables para realojarlos. Allí quedan hoy un par de familias.

La parte judicial, sin embargo, no ha sido ni fluida ni reparadora. La causa se abrió el día siguiente al incendio para entender qué pasó y por qué murió gente que tuvo tiempo para salvarse. Se abrió casi tan rápido como se cerró: el juez instructor la archivó por primera vez a los 17 días del siniestro, con el edificio aún humeante y sus moradores saliendo del shock. Lo justificó en un informe policial que descartaba la “etiología criminal o delictiva” del fuego. Pero tampoco encontró motivos suficientes para investigar al constructor o fabricante de los paneles (condenado en Italia por un incendio con la misma fachada) o la operación de salvamento, cuestionada porque el incendio se detecta a las 17.30 horas y a las 21 horas hay gente que está viva y va a morir por falta de rescate, como la joven Alina. Desde entonces, la causa se ha ido reabriendo por los intentos de las familias de las víctimas y sus abogados, pero ha acabado archivada. La única esperanza que les queda es una última apelación presentada por el abogado de siete familias de fallecidos ante la Audiencia Provincial, el órgano judicial superior.

“¿Qué tipo de nevera es esa que salta una chispa y genera un incendio? La realidad es que no se hicieron informes exhaustivos ni se investigó bien ese electrodoméstico, ni se contactó con el fabricante ni con institutos tecnológicos”, denuncia el letrado de estos familiares, Ignacio Grau. “Sobre la extinción del incendio, lo mismo, los informes dicen que no es objeto de su competencia, y ya está. La realidad es que quien hizo caso a los bomberos murió y quien desobedeció a los bomberos, se salvó”.

El bombero de València Tino Yanguas, delegado del sindicato SPPLB, relata que todos los compañeros que acudieron a extinguir ese día han necesitado ayuda psicológica. Algunos estuvieron ingresados graves. “El fuego se apoderó de nosotros, hicimos lo que dice el protocolo, confinar a la gente hasta la extinción, nunca sacar por la escalera y los rellanos porque hay humo y te puedes intoxicar, y nuestros mandos tampoco dieron una orden diferente”. Los audios de la familia que murió al completo muestran que querían irse pero obedecieron la orden de no bajar a la calle, lo que les costó la vida.

“Soy una de las últimas cuatro personas que salieron vivas del edificio, junto a mi mujer y dos vecinos”, cuenta Rai, trabajador en el puerto de València, mientras visita emocionado su nuevo piso. “Conseguimos bajar al zaguán y los bomberos no nos dejaban salir. Los cristales empezaron a explotar, estaba todo lleno de humo. Cogí a mi mujer y le dije, salimos como sea. Gracias a eso salvamos la vida”, recuerda mientras visita emocionado el piso que dejó aquel 22 de febrero con toda su vida dentro y que hoy es diáfano. “En principio volveremos cuando se pueda, aunque no sé qué sentiré”.

En el salvamento hubo otro punto negro del que nunca se informó públicamente y que fue revelado durante la instrucción judicial. El primer camión de Bomberos de València que llegó –responsabilidad del Ayuntamiento– fue uno cuya escalera estaba dando fallos semanas antes sin que se arreglara, cuenta Yanguas. Al llegar a Campanar ese día, falló de nuevo. Por eso la pareja cercada por las llamas en un balcón, cuyo rescate fue televisado en directo, casi muere. Se utilizó una escalera más baja, la única disponible en ese momento, que refrescó con agua hasta que se pudo desbloquear la grúa principal para sacarlos del balcón.

Fallos en los camiones de bomberos

“Pero vamos, que de diez vehículos que tenemos ahora, hay siete con algún problema o fallo”, relata el bombero Yanguas, que no ve que haya habido grandes mejoras a raíz del suceso. Desde el gobierno de València justifican que “en cualquier organización con una flota de más de 120 vehículos es normal que algunos se encuentren temporalmente inmovilizados” y aseguran que han aumentado la inversión en mantenimiento hasta los 480.000 euros anuales.

Ese día, los propios bomberos tuvieron que ir avisando para que se incorporaran compañeros, “nosotros íbamos llamando”, asegura Yanguas. Hasta que se unieron los bomberos provinciales. Al mando de estos, José Miguel Basset, que ocho meses más tarde sería el director de la emergencia de la dana, la persona que puso pegas a mandar el SMS y que renunció a ayuda que llegaba de otras comunidades autónomas.

La sensación con la justicia y las administraciones públicas que tienen quienes han perdido amigos y familiares quedó patente en una rueda de prensa que dieron en marzo de este año: “No hemos tenido ni apoyo político, ni judicial, ni fiscal. Se han muerto diez personas como si se hubieran quemado diez televisores”, decía uno de los allegados. Enrique Sanfélix, padre de la joven Alina, lo tiene claro: “La causa fue accidental, pero antes del incendio se tomaron medidas no correctas [no revisar edificios peligrosos como ese] y durante el incendio, también”, contaba en la única entrevista que a dado, en À Punt. Tanto el Ayuntamiento de València como la Generalitat Valenciana –las administraciones competentes en edificación y salvamento– se han centrado en las ayudas logísticas, pero no se han reunido con los familiares de las víctimas, confirma Grau, ni han abierto ninguna investigación interna.

El protocolo no se ha actualizado

Aunque tras el incendio se anunció que se adaptarían los protocolos para fachadas ventiladas como esta y que se haría un recuento y control para evitar algo parecido, el Ayuntamiento de València no ha trasladado ningún nuevo protocolo de actuación para sofocar incendios de este tipo. “Tras el incendio de Campanar se reforzó la formación específica de mandos y efectivos”, dicen fuentes oficiales del consistorio. “En realidad, nos dieron una charla de lo que pasó en Campanar de un par de horas, sin hacer hincapié a lo que pasó dentro, sino en la fachada. Y luego un curso interno de tres horas sobre fachadas de este tipo. Pero no hay ningún nuevo plan o protocolo o, al menos, no nos lo han trasladado”, confirma Yanguas y otros compañeros bomberos.

Este tipo de revestimento que actuó como “gasolina sólida” –porque tenía una gran cantidad de proporción de plástico– era legal en el momento de la construcción de estas torres residenciales, finalizadas en 2009 tras un embrollo financiero y cambio de propietarios en plena crisis del ladrillo. Sin embargo, la normativa cambió y hoy está prohibido por su peligrosidad. Frente al edificio de Campanar, hay otro gemelo de la misma constructora y con la misma fachada. “El Ayuntamiento no avisó a nadie de que tenían este problema, ni hizo un listado, como tampoco la comunidad autónoma. Pedí que se citara a los técnicos, pero nada”, lamenta el abogado de siete de las víctimas, que recuerda que en Italia acaban de ser condenados a tres años de cárcel nueve responsables de Alucoil, la misma fabricante de paneles, por un incendio similar en Milán, con la salvedad de que allí no hubo ninguna víctima mortal y aquí ha habido diez. En Madrid ardió en 2020 un edificio con el mismo revestimiento que el de València. En Cartagena hubo otro grave incendio en un hospital en 2025 cuya fachada se había recubierto con los mismos materiales.

El Ayuntamiento de València admite que ese registro de fachadas no existía antes del incendio, pero asegura que pidió a los Bomberos que elaborara “un inventario propio de edificios con características exteriores semejantes”. Aunque estas fuentes oficiales no han dado una cifra, el bombero Yanguas lo cifra en “unos doce” en la ciudad. El equipo de la alcaldesa precisa que es responsabilidad de las comunidades de vecinos cambiar las fachadas y que ellos aplican una bonificación del 95% del Impuesto sobre Construcciones. 

Enrique, impulsor de la asociación de Campanar, está contento con el avance de la reconstrucción, con el empuje de todos, hasta que se habla de las familias de los fallecidos, que no se dan por vencidas hasta que no haya verdad, justicia y reparación: “Aquí hay más de quinientos vecinos. Hemos conseguido sacar este edificio adelante y le hemos puesto medidas antiincendio extraordinarias, porque psicológicamente va a ser duro volver. Hay quienes podemos mirar adelante, pensamos en nuestro piso, nuestra nueva vida, y quien no va poder mirar al futuro, porque han perdido a seres queridos y sienten que nadie es responsable, que no se ha hecho justicia”.

Dos años y medio después del peor incendio de un bloque de edificios, diez familias ven renacer las dos torres, ahora ya con medidas de seguridad, mientras siguen preguntándose por qué se construyó con materiales inflamables, por qué nadie les avisó o lo corrigió y por qué nadie supo salvar a sus hermanos, padres, madres o hijos, que esperaron a unos bomberos que no tenían un protocolo para este caso y que nunca pudieron llegar a rescatarlos.

Mariano Rajoy, un presidente de Gobierno que se jactaba de informarse con el Marca y que puso fin a su legislatura en un restaurante, avisó a los suyos cuando Pedro Sánchez ganó la moción de censura en 2018 de que no iba a ser un expresidente entrometido en los asuntos de España y su partido.

Hay que reconocerle que lo cumplió, en parte porque ya estaba Aznar como faro moral de los halcones, dispuesto a arengar y pintar un país en la debacle moral y social, dispuesto a ser un referente, justamente él, el hombre que mintió a un país para retener el poder, incluyendo a los directores de la prensa nacional progresista y conservadora en el 11M. Rajoy cumplió, retomó su plaza de registrador de la propiedad y siguió saliendo a caminar rápido. Había acabado su gobierno de manera abrupta, inesperada, sin admitir la corrupción sistémica en su partido y con un bolso de la vicepresidenta ocupando su escaño.

Sin embargo, el expresidente asoma de vez en cuando: en unas declaraciones, un acto, una entrevista puntual o una columna de opinión deportiva. Momentos que hacen recordar que ese señor tan campechano –y se podría pensar que tan moderado en comparación con Feijóo– también transita en algunos asuntos por la pendiente ideológica ultra. Racistas un poco somos todos, pero hay quien se evalúa y quien se jacta.

Escribió en su columna sobre el mundial que Francia tiene “una plantilla de altísimo nivel. Eso sí, sin franceses”. Es decir, que las personas negras son a priori de fuera, o no tan de dentro como los blancos. Como si un ciudadano negro de Leganés, Badajoz o Barcelona, que se ha educado con la tele española, en el sistema educativo español o trabaja y paga impuestos en España no fuera realmente español. Como un español de dos o tres puntos menos.

En su siguiente columna publicada, este martes, Rajoy no dice que aquello fuera un error, ni un comentario racista que se le escapara y que esté dispuesto a deconstruir. Ni siquiera justifica que fuera un malentendido. Cuando el expresidente escribió que Francia tiene “una plantilla de altísimo nivel. Eso sí, sin franceses”, quizás quería decir eso. Que las personas negras no pueden ser en el fondo más que africanas y siempre lo serán. Como ha renunciado a explicarlo, habrá que quedarse con la primera versión conocida de su pensamiento.

En su reciente escrito no matiza este comentario racista, pero sí critica a los que le han criticado, especialmente al Gobierno, al que acusa de chivarse y sacar partido en lugar, se sobreentiende, de resolver la corrupción. “Ellos no piden perdón por nada. Eso, por lo visto, siempre les toca a otros”. Eso sí, apela a quienes le conocen para que piensen de él lo mejor posible, pero sin desvelar si es xenófobo en plena regularización de migrantes en su país: “Ustedes ya saben cómo soy y lo que pienso. ¡Viva España!”, cierra su comentario. La verdad es que nos hemos quedado sin saber quién es y qué piensa.

Por si quedaban dudas de que el Partido Popular español ha cortado el cable con su electorado cristiano, humanista, ilustrado y moderado, Rajoy recuerda que no hay lapsus. Mientras Cáritas apoya la regularización de migrantes, con los pasos del papa aún resonando en España, Feijóo está en contra de la regularización, ha vinculado inseguridad y raza, su baronesa Ayuso suelta bulos de violaciones. Ahora, Rajoy, aquel presidente moderado que algunos añoran, deja claro qué opina de una Europa multicultural. Como dice Mariano, viva España, pero tal y como es, no como aquel país clasista y racista que añoran los más radicales. “Hay que tener buen humor”, titula el expresidente su columna. Antes de eso hay que tener honestidad y no azuzar el fantasma del racismo y el conflicto social que supone cuando dices amar a tu país.

El hilo judicial del caso Begoña Gómez está ya tan enredado que se pueden pasar horas haciendo exégesis de un auto sobre su pasaporte sin prestar atención a lo más importante. Que cualquier decisión que se tome por mucha apariencia jurídica y lenguaje burocrático que se utilice parte de un hecho ficción: la mujer del presidente no puede fugarse. La hipótesis de huida es algo increíble hasta para los más antisanchistas. Si hubiera indicios o motivación para que lo haga, no han quedado acreditados por escrito. No tiene familia en el extranjero, tiene todos sus intereses vitales en España, vive en La Moncloa, está rodeada de escoltas. ¿Qué más hace falta para devolverle el pasaporte, una medida judicial tan lesiva para los investigados como excepcional en los juzgados? De momento, esperar al órgano judicial superior.

La última decisión del juez Viejo –sustituto del juez Peinado, que está ejerciendo el derecho a vacaciones– ha venido a aportar más confusión aún después de que Gómez pidiera viajar a Londres a la graduación de su hija y a Ankara a la cumbre de la OTAN.

Como un rey Salomón –que ordenó partir por la mitad a un niño para descubrir cuál de las dos madres que lo reclamaban era la verdadera– el magistrado ha partido su decisión de manera insólita. Aunque el objeto de la petición no era valorar el riesgo de fuga, Viejo lo admite implícitamente, motivo por el cual no ha dejado a la mujer del presidente ir a Turquía, al entender que si se marcha allí sería difícil hacerla volver y presentarla ante los tribunales españoles. Es decir, queriendo o no, ha estirado el chicle, poniendo aún más hipótesis que afectan ahora a los índices democráticos de Turquía, un país que ha firmado, como Reino Unido, el convenio de extradición europeo.

En Reino Unido, que se salió de la UE, el juez sustituto no ve problema, porque asegura que se la pondría a disposición de la justicia española en caso de no volver de la graduación. Quizás (o no) igual que la traería de vuelta Turquía, siempre que a Gómez le resultara viable abandonar todo lo que tiene, salvar varios anillos de seguridad en Ankara, deshacerse de sus escoltas y esconderse de por vida. Después de la moción de censura, es la mejor manera de acabar con la legislatura.

Se puede explicar que Antonio Viejo estaba atado de pies y manos, que no podía hacer otra cosa, que el fondo de su decisión no era el riesgo de fuga sino que se cumplieran las cautelares impuestas por Peinado. Pero no se puede explicar que –aquí sí y allá no– siga la bola de nieve judicial sobre la presunta fuga de la mujer del presidente, una hipótesis que generó indignación y vergüenza en la magistratura y los sindicatos policiales mayoritarios y que, seguramente, habrá sorprendido también a la mujer del primer ministro Erdogan, organizadora de la agenda de las parejas de líderes de la OTAN.

Pero si hay algo escalofriante en la funambulística justificación del magistrado es que una explicación puramente opinativa sobre la naturaleza de ambos eventos pueda tener impacto sobre la libertad de movimientos de esta (o cualquier otra) persona, cuando ninguno de los dos es de extrema urgencia o necesidad.

A su entender, la graduación de una hija es un evento de mayor importancia y peso que cumplir un papel institucional, siendo este uno de los pocos que tiene la esposa del presidente. Habrá opiniones de todos los gustos en los bares sobre qué es más importante o dónde es más necesaria la presencia de Gómez. Incluso hay quien justifica como argumento de peso que la OTAN puede seguir sin Gómez, como si la graduación de la hija se parara por no asistir ella. Se pueden decir y opinar muchas cosas, pero sin olvidar la primera, que la justicia sigue tomando posición y decisión sobre una hipótesis de fuga que, hasta para la policía, es increíble.

Quirón aumentó exponencialmente su negocio con la Comunidad de Madrid en los hospitales que gestiona a partir de 2021, según las Cuentas Generales de la Comunidad, el documento oficial que recoge los pagos e ingresos reales en la región año a año. Justo ese año la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, comenzó a gobernar en solitario tras romper la coalición con Ciudadanos e inició su relación con Alberto González Amador, que trabaja para la compañia sanitaria y que está procesado por intentar escamotear impuestos.

La empresa se ocupa –entre otros servicios y conciertos– de la cobertura sanitaria de los madrileños en cuatro hospitales de la región: Fundación Jiménez Díaz, Hospital de Villaba, el Infanta Elena de Valdemoro y el Rey Juan Carlos de Móstoles. Es decir, los tratamientos y decisiones médicas relativas a toda la población asignada allí está prestada por una empresa privada que recibe un dinero público a cambio.

Desde 2021 y hasta 2024, el dinero público que han recibido estos cuatro centros ha aumentado un 91%, es decir, prácticamente se ha duplicado. También de han multiplicado en ese periodo los ingresos de González Amador. En 2020, estos cuatro hospitales ingresaron 504 millones por prestar servicios, por deudas de otros años y otros pagos. En 2024, últimas cuentas disponibles, recibieron 1.611 millones.

No es la única empresa que opera en la sanidad pública madrileña. La otra es Ribera Salud, al cargo de la población del Hospital de Torrejón, conocido por la publicación de unos audios en los que su director ejecutivo instaba a priorizar el beneficio económico sobre las listas de espera.

Desde 2021 la Comunidad también ha aumentado el dinero que destina a este hospital: un 82%, por debajo de la media de Quirón. La situación en los hospitales de gestión pública no fue para nada tan expansiva. Como muestra, dos ejemplos: La Paz recibió un 35% más de ingresos en ese mismo periodo, mientras que la Jiménez Díaz –equiparable en presupuesto– lo hizo en un 45% más. Lo mismo sucedió en el hospital de Móstoles público (+19%) frente al hospital de gestión privada de Quirón en la misma localidad (+182%). Parte de la explicación puede estar en que se trate de pagos de deuda, pero desde Sanidad no dan explicación.

Este dinero destinado año a año a empresas concesionarias de la sanidad madrileña no aparece desglosado por concepto en la Cuenta General, pero incluye todo lo que se haya pagado: atención y tratamientos médicos a su población asignada, farmacia, el dinero por tratar pacientes de la libre elección, el desembolso de facturas atrasadas de otros años o importes satisfechos cuando hay sentencia firme en alguna de las reclamaciones que ha puesto Quirón con la Comunidad de Madrid.

A esto hay que sumar los intereses de demora por esa deuda que se arrastra de años anteriores y de la que el gobierno autonómico nunca ha dado un cifra concreta, de manera que no es fácil conocer cuánto del dinero del que se paga anualmente corresponde verdaderamente a servicios prestados ese año.

Otro dato que revela la Cuenta General es que es raro el año en que lo presupuestado para estos hospitales se respeta. Todos los ejercicios hay desviaciones, con un importante incremento del dinero que reciben estas empresas privadas respecto a lo que se previó en los presupuestos, un diferencial especialmente relevante en el caso de los hospitales del grupo Quirón.

En el ejercicio de 2021, estas empresas privadas empezaron a reclamar más dinero por los gastos extra en material y atención que les supuso la Covid. Algunos de ellos fueron satisfechos en 2022, como los seis millones de “compensación” que se aprobaron en Consejo de Gobierno para el Hospital de Torrejón. También fue 2021 el año en el que Isabel Díaz Ayuso empezó a gobernar en solitario, tras haber pasado una legislatura (2019-2021) en coalición con Ciudadanos, de manera que tuvo menos ataduras para desarrollar sus políticas sanitarias, que defienden los conciertos sanitarios y la privatización como un modelo “eficiente”.

En las cuentas de 2022 se observa un repunte de ingresos para estos hospitales privatizados. Ese año, el Consejo de Gobierno de Ayuso autorizó pagos millonarios pendientes por litigios con Quirón, un dinero que la Comunidad había estado peleando en los tribunales. En solo dos meses, su gobierno autorizó el pago de 400 millones de euros para ponerse al día y deshacerse de parte de la deuda que arrastraba. Unos meses antes se había producido una de las pocas destituciones fulminantes que ha hecho Ayuso desde que es presidenta: la de la interventora general, es decir, la máxima responsable de las cuentas de la Comunidad de Madrid.

La Cámara de Cuentas hizo un informe sobre 2024 e hizo hincapié en esos cambios de velocidad en los pagos, señalando que “en 2023 y 2024 se observa una mayor actividad en la aprobación, imputación a presupuesto y pago de las liquidaciones atrasadas provisionadas”.

Pero aún queda mucho por pagar, dinero que según se vaya desembolsando irá apareciendo en las futuras cuentas públicas anuales y cuyo montante total y pormenorizado no está publicado, lo que hace difícil calcular si la privatización es o no eficaz, como defiende Ayuso.

Respecto a los pagos por la libre elección, es decir, lo que Madrid paga extra a estos hospitales por pacientes captados de la pública, “durante 2023 se liquidaron 283 millones, fundamentalmente referidos a los ejercicios 2019 y 2020”. La Cámara de Cuentas avisa de que “la complejidad de las comprobaciones dificulta las liquidaciones. No obstante, en 2023 y 2024 se observa una mayor actividad en la aprobación. Pero hay más deuda pendiente y arrastrada, ”estando pendientes las liquidaciones del propio ejercicio 2024 así como otras de 2023 y de 2022“ que aflorarán en próximos ejercicios.

La Consejería de Sanidad no ha respondido a las preguntas de elDiario.es sobre los conceptos de los pagos anuales. Tampoco ha respondido el grupo Quirón.

Las críticas de Feijóo, el PP y Vox a la llamada ley de nietos –aprobada en 2022 y que daba la nacionalidad a los nietos de emigrados españoles– son una mera excusa más para azuzar un fuego que prendieron con el inicio de la segunda legislatura de Pedro Sánchez. Desde 2023, ambos partidos de derechas están jugando con el fuego social, planteando que España camina hacia el precipicio de una dictadura, que no hay separación de poderes, que el Gobierno es un peligro para la democracia. No se trata de hacer oposición o argumentar, sino utilizar todo lo que está al alcance para tejer los mimbres de la indignación social, haciendo creer que el país camina hacia Venezuela, incluyendo dudas sobre un sistema electoral justo y fiable.

La idea fuerza se está queriendo instalar desde el inicio con calzador y con distintas excusas. La primera fue que no debía gobernar Sánchez, sino quien tenía más votos. Feijóo planteó claramente que era injusto o una anomalía que el PSOE pactara la investidura, cuando era él –incapaz de pactar con la España periférica o nacionalista– quien había concitado más votos. Desde la democracia es el sistema utilizado: gobierna quien logra votos suficientes para ir solo o pactos que los sumen.

Ya planteó dudas sobre el voto por correo y agitó de nuevo el fantasma de ETA en la campaña de 2023. El PP se afanó después de las elecciones en plantear que pactar con Junts era intolerable. El partido del fugado Puigdemont no tenía, según Feijóo, la legitimidad de ser parte de la investidura. Luego se supo que el propio PP se reunió con ese partido y se plantearon indultos selectivos para conseguir la investidura de Feijóo, que fue fallida. Pedro Sánchez acabó logrando formar gobierno y el gesto displicente en el hemiciclo del líder de la oposición rompió con el tradicional y cordial apretón de manos entre ganadores y perdedores. Otra línea roja institucional traspasada en el minuto cero.

La gestación de la ley de amnistía volvió a dar material inflamable para que la oposición planteara que el gobierno estaba lanzando “un obús contra la separación de poderes”, que dijo el gallego. Esto se ha salpimentado con “noes” a leyes con las que el PP estaba en realidad de acuerdo, como un modo de no reconocer la acción de un gobierno para todos los españoles, o el desplante de Feijóo en actos institucionales, como la apertura del año judicial en 2025.

En medio de los procesos judiciales que afectan al gobierno y al PSOE (de especial gravedad, todo lo que tiene que ver con posibles adjudicaciones amañadas o las cloacas de Leire Díez), la oposición ha encontrado otro espacio más para pinchar en busca de elecciones, que no es lo mismo que hacer política y políticas. Sánchez se mantiene incólume y Feijóo agita todo lo que pueda para que todo parezca excepcionalmente peligroso, no solo lo que es, evidentemente, un problema indignante de corrupción indiciaria.

Ante la imposibilidad numérica de una moción de censura o la incapacidad del PP para atraer apoyos en el Congreso mientras no se suelte de la mano ultradestructiva de Vox, la oposición del que era partido institucional ha intentado forzar unas elecciones que no pueden convocar y que, según ellos y muchos sondeos, ganarían de calle.

Justamente por eso último resulta incomprensible que el PP haya sido tan reactivo con la ley de nietos y el voto exterior, que nunca ha supuesto un vuelco electoral, sino que en 2023 precisamente movió un escaño desde el PSOE al PP. Si ganan sobrados, ¿qué les preocupa?

También resulta sorprendente que Feijóo y Abascal sean capaces de aventurar qué votarían esos miles de personas (gran parte de ellas, argentinas, donde ganó Milei). Tampoco se entiende, si son votantes tan relevantes, cómo es posible que no quieran ganarse su voto y vayan directamente a tratarlos como mercancía sanchista de “ingeniería electoral” que no debería votar o hacerlo con limitaciones.

No se entiende porque en realidad los nietos dan igual y sus votos, también. A Feijóo y a Vox les interesan en la medida que puedan servir a la causa de desequilibrarlo todo, de encender la indignación, del fantasma de una España del pucherazo, porque ya no es suficiente hacer oposición y organizar manifestaciones o las dudas que generan los casos de corrupción, ahora hay que poner a España ante un espejo deformado y peligroso en el que solo salgan guapos quienes necesitan que pase algo y no son capaces de conseguirlo con los pactos y la política.

Zapatero entró en el juzgado este miércoles con los ojos de un país puestos en él. No es poca presión para alguien que hasta hace un mes era presentado como paloma blanca entre expresidentes. Hizo lo que se espera de un investigado, defenderse en los tiempos que su abogado considera más favorables y oportunos. O, según dijo, facilitar la búsqueda de dinero fuera de España que asegura rotundamente no tener. Dentro de España tenía 1,3 millones en joyas en una caja fuerte. Sabedor de que no es suficiente información para una opinión pública que escucha todos los días “la UCO revela que” sin que haya contrarréplica, el expresidente publicó un comunicado tras salir de la Audiencia Nacional en el que pedía tiempo y confianza. Son, seguramente, los bienes más valiosos para el ser humano.

La vida no es más, ni menos, que tiempo. Por eso no es común regalarlo alegremente, sobre todo cuando la capacidad de atención y la energía se van agotando. Hay quienes, como el actual presidente de Gobierno, están dispuestos a invertir esos dos activos en Zapatero, como demostró Sánchez con unas frases de apoyo al expresidente cuando acabó su declaración. En su partido, aún en shock, necesitan explicaciones contundentes y rápidas, que no llegan, si no quieren que se dé ya por totalmente ciertos los indicios que aparecen en el sumario.

“La UCO revela que”; “Anticorrupción pide que”; “El juez Calama decide que” son ya parte de un menú en el que el comensal se está tomando el tiempo para su defensa jurídica. La campaña electoral oficiosa empieza tras el verano y Zapatero solo ha sido capaz de dar un pequeño golpe de autoridad y esperanza a quienes la piden o necesitan como agua de mayo electoral: las dudas de legalidad sobre la prueba del móvil clonado en EEUU y aportado años después a la justicia española. La siempre morbosa idea de que Trump pueda estar detrás de todo esto. Es una idea interesante y muy política, falta que sea cierta y suficiente para un electorado que quizás ya no está para fiestas ideológicas y sí para que el médico atienda, los fuegos forestales se controlen o los pisos bajen de precio. Mientras hablamos de Zapatero, no hablamos de esto otro (casi todo de responsabilidad autonómica, donde mayoritariamente gobierna el PP).

Podría ser un clavo al que aferrarse para quienes, por convicción personal o interés político, necesitan que sea todo una pesadilla, un caso “Lula”. Quienes esperan, como asegura el propio expresidente, que no aparezca un euro fuera de España. Quienes están dispuestos a esperar hasta que se demuestre que Zapatero cobró por trabajos hechos –aunque sea fuera de rango de precios– o sean proclives a digerir la pesada comida de que sus hijas trabajaron para personas que trabajaron para una compañía aérea rescatada por el gobierno. Es el mejor de los casos: un expresidente quemado como autoridad moral pero no corrupto con implicación en decisiones gubernamentales.

Pero todo ese entramado de posibles delitos y arquitecturas legales que se investiga indiciariamente, esa nebulosa de términos jurídicos, cristaliza en algo muy material y comprensible para esa población que no tiene energía ni tiempo para entregar: joyas de brillantes. Así como Francisco Camps no ha podido borrar la asociación directa de la palabra “trajes” a su nombre, pese a que salió inocente, Zapatero tiene muy difícil borrar de su currículum la palabra “joyas”. El hecho de que su portavoz oficioso trasladara que equivalían a 50.000 euros –frente al 1,3 millones calculado por una casa de subastas– y que este miércoles haya declinado dar pistas al juez sobre de dónde han salido es un destello de culpabilidad sobreentendida para la opinión pública–aunque no fuera real– que va a ser difícil de borrar de su apellido si no da la explicación de manera clara y rápida. Ante el juez, el expresidente ha dicho que está reuniendo información y que en el plazo de una semana o diez días pedirá declarar al respecto. ¿Qué información hace falta si las joyas son legítimas? Habrá que esperar (más) al mes de julio.

No queda mucho más tiempo para explicar el presunto delito que puede que no sea el más grave de los que se le imputan, pero sí el más gravoso para los socialistas y sus plausibles votantes, porque no son rastros, conversaciones o papeles de creación de empresas offshore: son fotos de joyas reales. El reloj, el tiempo, es la joya más preciada para sacar de dudas a una sociedad que interpreta, irremediablemente, el silencio no solo como la ausencia de sonido, sino como la imposibilidad de decir algo, la incapacidad de rebatir. Un tiempo que se agota y agota las alternativas de hablar de política real en lugar de hacerlo de combinaciones de cajas fuertes.

Cuando Gabriel Navarro, empresario y constructor de Madrid, se sentó a tomar un café con Alfonso Javier Ussía, asesor entonces de Presidencia de Isabel Díaz Ayuso, pensó que sus problemas iban a desaparecer. Sus problemas eran 1,4 millones de euros que le debía la Comunidad de Madrid después de haber construido un centro de Formación Profesional (FP) de la rama sanitaria en el complejo educativo Ciudad Escolar en 2023. Ussía le dijo en una cafetería junto al despacho de Ayuso, en la plaza Mayor, que no se preocupara, que “lo iban a solucionar”. Pero no solo no se solucionó, sino que nunca más le cogieron el teléfono, según declaró Navarro a la jueza que instruye un caso de presunta prevaricación durante el primer gobierno de Ayuso, destapado por elDiario.es.

No le pagaban porque era una obra construida ilegalmente, fuera del sistema, sin sacar a concurso, con fraccionamiento de facturas, sin auditoría, sin competencia ni publicidad. No existía en los registros. Pero no era la única, ni Navarro era el único empresario con el que se construyó así. Hay al menos otros nueve centros educativos y de FP que se hicieron troceando contratos para hacer pasar obras de envergadura por contratos menores (tienen un límite de 40.000 euros y con ellos no hace falta hacer un concurso público). Se dieron unos ocho millones a dedo entre los años 2021 y 2023, según la cifra que maneja la Fiscalía, pero que puede ser mayor.

El empresario Navarro insistió y logró que le hicieran caso en la Consejería de Educación –entonces estaba en manos de Emilio Viciana, conocido miembro del malogrado 'clan de los Pocholos' que acabaron dimitiendo en bloque–. Les contó el caso del impago y ante la evidencia de que era un expediente fantasma se abrió una investigación interna. Tan graves fueron los indicios encontrados por la inspección que Viciana ordenó remitir el caso a la Fiscalía para abrir una investigación penal. Lo hizo pese a que el caso afectaba de lleno a sus predecesores en la Consejería que eran, nada menos, que dos de las personas más cercanas actualmente a Isabel Díaz Ayuso y de gran peso en el PP de Madrid. El exconsejero Enrique Ossorio (hoy presidente de la Asamblea de Madrid) y la exviceconsejera de Educación Rocío Albert (hoy consejera de Economía y Hacienda de la presidenta madrileña). Es algo que no se le perdonó a Viciana en la Puerta del Sol, cuentan fuentes conocedoras del caso, y es uno de los factores por los que cayó en desgracia.

La Consejería circunscribió el caso a un subdirector de FP al que cesó y está investigado. Y apuntó a directores de varios centros aunque la Fiscalía sospechaba en sus informes de responsabilidades más altas. Viciana encargó también auditorías de cuentas de varios centros del complejo de Ciudad Escolar y tres centros más, afectados por reformas fuera del sistema (el artístico Alberto Corazón, el conservatorio de Alcalá de Henares y el Antonio Machado). Según la documentación oficial a la que ha tenido acceso elDiario.es, en todos los casos, los auditores de la Comunidad de Madrid –precisamente a las órdenes del departamento de Rocío Albert, la Consejería de Hacienda– han hallado un comportamiento achacable a la Consejería de Educación e indicios que hacen imposible que fuera un caso aislado u organizado desde abajo.

Estos documentos internos de la propia Comunidad de Madrid gobernada por Ayuso revelan que desde la Consejería liderada por Ossorio se enviaba a los centros cientos de miles de euros para “gastos de funcionamiento” que eran sospechosamente coincidentes con los importes de las obras que se acabaron haciendo. Además, no se especificaba el concepto del dinero enviado, lo que generaba mayor opacidad. Por ejemplo, en el caso de la Escuela de Arte Alberto Corazón, la inspección detecta lo siguiente: “A pesar de que la documentación que soporta los ingresos abonados por la Consejería no especifica los gastos que se van a financiar, se puede apreciar la correlación de ingresos percibidos con pagos por banco para la empresa (constructora)”. Después hace un listado detallado de los mismos.

La intervención también apunta a la cúpula como la única que podía enviar el dinero, ya que los directores (profesores con cargo) solo pueden gestionar lo que se les envía: “Desde la Consejería se ingresa a los IES elevados importes vinculados a la implantación de enseñanzas, tanto para obras como equipamiento, cuando los centros solo tienen competencia para realizar reposiciones”. Y añade: “El centro no tiene competencia para autorizar dichos gastos”. En el caso del centro sanitario de Ciudad Escolar, apunta a que el elevado importe de construcción, 2,5 millones de euros, hacía imprescindible no solo sacar a concurso, sino que hubiera sido autorizado por el consejo de Gobierno de Ayuso.

En otra de las auditorias, del Conservatorio de Alcalá, los inspectores redactan claramente respecto a obras de insonorización y otras: “No se ha tramitado por parte de la Consejería el correspondiente expediente, pese a ser conocedora de la cuantía de los gastos a acometer”.

La declaración en el juzgado de instrucción de los directores de los IES bajo investigación fueron coincidentes en que hacían lo que les decía Alfonso Mateo, el subdirector de FP cesado. Este declaró en sede judicial que heredó ese modelo y que para enviar dinero a los distintos centros de Madrid con distintas cantidades se hacían memorias justificativas –de dos folios y sin ninguna precisión, como ha podido constatar elDiario.es– en un proceso administrativo que requería de la firma del consejero, entonces Enrique Ossorio. Un ex alto cargo de Ayuso, entonces director general de Secundaria, también dijo en mayo ante la jueza que el proceso de enviar dinero a los centros necesitaba de la firma del hoy presidente de la Asamblea.

El caso sigue siendo investigado y, por su complejidad, el juzgado ha solicitado una prórroga para poder seguir citando a testigos y recabando pruebas sobre un presunto delito de prevaricación que, según apuntó en su escrito la Fiscalía, se trató de una “palmaria y grosera omisión del procedimiento” de manera reiterada en la Consejería de Educación.

El volcado del grupo de whatsapp que ha aportado a la jueza la vicepresidenta valenciana, Susana Camarero, es una metáfora de un Consell y un líder, Carlos Mazón, que estaban en modo avión el día que más y mejores decisiones había que tomar para evitar las consecuencias de una terrible dana.

Por un lado, revela que Mazón pretendió una especie de coordinación, porque daba órdenes a sus consellers, aunque todas tendentes no a hacer algo, sino a que pareciera que se estaba haciendo algo: “Vamos a inundar de datos a los medios hoy, ¿vale? Desprende sensación de estar alerta que te cagas. Y a la gente le calma, que es lo importante”. Lamentablemente, había que hacer lo contrario, poner a la gente en alerta para que pudiera autoprotegerse con datos precisos, no abundantes.

Pero el expresident ni siquiera consiguió su objetivo de dar datos. Ruth Merino, su portavoz ese día, dedicó tres minutos contados de su comparecencia a las lluvias, que en ese momento habían ya inundado miles de kilómetros. Los datos que el propio president ofreció en su comparecencia improvisada de las 12 horas del 29 de octubre de 2024 fue escueta y errónea. Por ejemplo, minimizó irónicamente con unas cabras muertas y obvió que se había decretado la alerta hidrológica. Ese día no hubo un portavoz. El resto de consellers siguieron con sus agendas y no dieron información, más allá de la que iba apuntando Salomé Pradas en una cuenta de tuiter que tenía apenas un puñado de seguidores. A las 5 de la tarde, hora de inicio del Cecopi, llegó el apagón informativo de la Generalitat, enfangada en una reunión inoperante que no informó de nada a sus ciudadanos en las horas más peligrosas y cuando más necesarios eran los datos.

La segunda revelación del chat es que la primera corrupción no es robar dinero público, sino aceptar un puesto de responsabilidad política y, por tanto, con incidencia en la vida de los ciudadanos, sin saber desempeñarlo y sin querer desempeñarlo. O, lo que es lo mismo, dar “la sensación de estar alerta que te cagas”, aunque estés en un reservado comiendo toda la tarde sin querer saber lo que contaba la tele.

Pero ese grupo de whatsapp revela algo más. No solo fue Mazón. Sus consellers, a los que ordenó estar atentos e informar “que te cagas”, tuvieron una actitud similar a la suya. Los 'ministros' autonómicos iban enviando datos parciales e informes de cortes de carreteras, inundaciones, problemas en residencias, como quien está siguiendo un partido de fútbol y va dando los goles o las faltas, pero sin proponer o hacer nada. Por ejemplo, el conseller de Educación (hoy todopoderoso conseller de Hacienda) listó 60 colegios cerrados pasadas las 10 de la mañana en el grupo. Acto seguido, coge el coche oficial y se va a su casa, en Alicante, a pasar el día.

El conseller de carreteras, Martínez Mus (sigue en el cargo), avisa de problemas en vías e inundaciones a las seis de la tarde. Acto seguido, se va a una entrega de premios, junto a la vicepresidenta Camarero. Mazón directamente desaparece del chat por la mañana, tras dar la que será la segunda indicación directa en este grupo: “Salomé, tienes una errata en la primera línea”.

Camarero, que declaró este miércoles ante la jueza entrando por la puerta de atrás para evitar a las víctimas, tampoco queda bien parada en la foto de la gestión. Era la responsable de las residencias de mayores, donde muchos murieron sin poder moverse y sin que se diera aviso desde servicios sociales a los que tenían teleasistencia de la Generalitat, que era también su responsabilidad. Su primera intervención en el grupo del “gobierno de los mejores” –que decía el expresidente de sí mismo y los suyos– es a las 20.33 h: “Yo tengo inundadas residencias de mayores sin que puedan llegar los bomberos”. Lo escribió tras asistir a una entrega de premios. Sigue siendo vicepresidenta.

Los efectos de no saber qué hacer o pensar que no hay nada que hacer lo pagaron miles de valencianos, especialmente las 230 personas que murieron y sus familiares, que aún están en el periplo judicial de saber por qué y de quién fue la responsabilidad. La verdad judicial seguirá su camino y encontrará (o no) a sus responsables civiles y penales, mientras la verdad a secas sigue dejando helados a los ciudadanos.

Diana Morant (Gandía, 1980) es ministra desde hace cinco años y combina el puesto con ser secretaria general del PSPV en la Comunitat Valenciana, autonomía que aspira a presidir y que vive en convulsión a propósito de la huelga de profesores. Estos días, especialmente a caballo entre Madrid y València, hace frente también a la crisis política del Gobierno tras los sumarios de corrupción que afectan a su partido. Entre sus asuntos de gestión prioritarios, invertir en ciencia, las decisiones para resolver los problemas del CNIO o la agilización en la homologación de títulos extranjeros que, junto a la necesidad de crear más plazas universitarias públicas para bajar las notas de corte, es una de sus prioridades.

Su Ministerio acaba de anunciar un desembolso de 8.000 millones en tecnologías profundas (Deep Tech). En términos prácticos, ¿qué significa esto?

Para hacerlo fácil, es aquella tecnología que es ciencia ficción hasta que pasa a ser una solución real. Por ejemplo, internet o la telefonía móvil en su tiempo fueron deep tech. Vamos a invertir en la computación cuántica, inteligencia artificial o biotecnología. Sabemos que son críticas y que van a tener muchos desarrollos. Queremos que esos descubrimientos se hagan en España.

Es un país que ha aumentado lo que invierte en ciencia, pero aún está en el 1,5% del PIB, por debajo de la media europea. El presidente del Gobierno ha anunciado que está preparando presupuestos para 2027. ¿Cuántos millones le va a pedir su Ministerio?

Hemos sido el segundo país de Europa que más dinero de los fondos europeos ha destinado a la I+D+i y la gran pregunta era qué va a pasar después de los fondos Next Generation. Pues la buena noticia es que, incluso con presupuestos prorrogados, hemos ido aumentando el presupuesto un 20% cada año. En cuanto al dinero que pediremos en los próximos presupuestos, calculo que en torno a 5.000 y pico o 6.000 millones.

Una de las instituciones científicas más relevantes en España es el CNIO (Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas). Encadena investigaciones y dimisiones. La última, un director científico que ni siquiera ha llegado a tomar posesión. ¿Qué está pasando?

El CNIO es el buque insignia de la investigación en ciencia oncológica de nuestro país. Y vamos a hacer todo lo que haga falta para solucionar los problemas. Tuvimos que cerrar una etapa pasada donde hay dudas sobre posibles irregularidades administrativas y que está en manos de la justicia. Había que abrir una nueva etapa y sacar del conflicto y el debate político al CNIO. Necesita financiación y la estamos incrementando. Necesita paz y todas las decisiones se tomarán de manera valiente. Vamos a proponer un refuerzo administrativo que permita que quien asuma la gerencia tenga los suficientes recursos. Quizás también haya que hacer un refuerzo en la dirección científica para que no sea una sola persona, sino una conjugación de roles.

Su Ministerio ha homologado recientemente más de 85.000 títulos extranjeros a ciudadanos que viven en España, lo que ha sido un hito, aunque aún quedan 72.000 peticiones. ¿Por qué sigue el atasco?

He empatizado muchísimo con las personas que demandaban su homologación del título y me parecía una grave injusticia. Y también me parecía que este gobierno, que precisamente favorece y reconoce el talento de las personas migrantes, tenía que hacer más y mejor. En 2014 el PP diseñó un sistema en plena crisis económica precisamente para impedir la homologación de títulos. En 2022 hicimos un esfuerzo que no fue suficiente y en 2024 se hizo una orden ministerial, que es la que ha permitido que se resuelva. Todavía queremos mejorar, por ejemplo con procesos de mejora robótica.

Gran parte de esos títulos homologados, 30.000, son de Medicina [aunque no pueden ejercer en la pública]. En España faltan médicos, pero las notas de corte en selectividad son altísimas, en esta y otras carreras. ¿Qué está pasando?

Cuando yo nací, en 1980, había 800.000 estudiantes universitarios y ahora estamos en 1.800.000 estudiantes universitarios. Se debe en gran medida a la incorporación de la mujer y de los hijos e hijas de las familias de clase trabajadora. Hace 25 años que no se aprueba ninguna universidad pública más, pero se han aprobado más de 30 universidades privadas en la última década. La matrícula en la universidad pública ha crecido solo un 2% y en la privada ha crecido un 100%. Todos los universitarios de más que se han incorporado no están teniendo una plaza pública porque la pública ha dejado de crecer. Por eso las notas de corte cada vez son más altas. Los parlamentos autonómicos han decidido no crear plazas en sus universidades públicas y a la vez están permitiendo crear universidades privadas. Es una decisión de privatización, no son ofertas complementarias.

Precisamente ustedes endurecieron en octubre el proceso de creación de un campus para frenar las llamadas “universidad-chiringuito”, exigiendo proyectos más solventes. ¿Cuántas han frenado en este tiempo?

En la práctica todavía no hay ninguna propuesta de universidad nueva que se haya sometido a las nuevas reglas. Pero todas las universidades que hay ahora, públicas y privadas, van a tener un proceso de adaptación y de revisión. Hay 13 universidades con informe desfavorable del Ministerio y ya se han creado seis, en comunidades del Partido Popular [a partir de ahora ya no sería posible].

Sobre la situación política, ¿qué valoración hace de los casos de corrupción y sumarios judiciales que se están conociendo y que afectan a su partido, Santos Cerdán, Leire Díez, Ábalos, Zapatero...?

Lo primero es respetar a la Justicia y ahí creo que el Partido Socialista está siendo ejemplar. El PP destruía ordenadores a martillazos. Nosotros hemos roto cualquier vínculo con las personas investigadas, han sido expulsadas o dadas de baja de militancia. Lamentablemente, no hemos detectado estas cosas cuando estaban ocurriendo, pero cuando hemos tenido indicios hemos tomado medidas.

Con todo lo que se está conociendo, ¿ha llegado el Gobierno a un fin de ciclo? ¿Contemplan las elecciones anticipadas, como piden Junts y PNV?

Nosotros somos un gobierno que estamos haciendo que España crezca por encima de todos los países. Hemos conseguido demostrar que se puede crecer económicamente y además también proteger a la sociedad. Frente a un gobierno, el del PP, que era ineficaz y que creaba paro, nosotros somos un gobierno eficaz. Yo creo profundamente que la sociedad sí que se siente representada por la acción de este gobierno. Y, por otra parte, no hay una alternativa. No la hay y, por tanto, nuestra obligación es seguir trabajando hasta que se agote la legislatura.

Usted también es secretaria general del PSPV y se presentará a unas primarias para ser candidata a presidir la Generalitat Valenciana. ¿Preferiría unas elecciones generales separadas de las autonómicas para evitar que los casos de presunta corrupción empañaran su campaña?

No tengo preferencia. Lo digo de verdad, para mí no hay un problema con el Gobierno de España. No lo hay. Sería muy raro que yo dijera que hay un problema con el Gobierno de España del que formo parte. De hecho, yo defiendo que hago yo más por la Comunitat Valenciana y por los valencianos y las valencianas que el propio gobierno de la Generalitat o el presidente Pérez Llorca. Por ejemplo, cuando el Gobierno de España está proponiendo 3.700 millones de euros más con un nuevo modelo de financiación que satisface todas las exigencias que había tenido siempre la sociedad valenciana, el Gobierno de Pérez Llorca dice que no. ¿Quién está defendiendo más los intereses valencianos, esta ministra o el president de la Generalitat?

Ahora mismo hay una crisis abierta con una huelga de profesores indefinida precisamente. Si llegara a presidenta valenciana, ¿satisfaría todas las peticiones de los maestros, entre ellas subidas de salario de 500 euros, mejores ratios e infraestructuras?

Bueno, desde luego nosotros nos estaríamos sentando con la comunidad educativa y, sobre todo, los estaríamos respetando. En el gobierno valenciano siguen en El Ventorro, han decidido estar ausentes y salir solo para insultar a los profesores. El señor Pérez Llorca ha llegado a decir que incluso ha habido violencia por parte de los manifestantes, cosa que en ningún caso ha ocurrido, de manera que vuelven a criminalizar a aquellos que en la calle están trasladando una situación insoportable que se vive en las aulas. Su objetivo es que la comunidad educativa se canse, que se olviden, que desistan, pero cuando vuelvan a las aulas no se pueden olvidar. Estamos viendo colegios con goteras, con infraestructuras absolutamente obsoletas, con aulas masificadas, sin los recursos necesarios pedagógicos para atender a los niños y las niñas. No hablamos solo de salario.

Ese desgaste político del PP lo recogen las últimas encuestas, como Sigma Dos, que dicen también que el PSPV bajaría y Compromís casi les daría el sorpasso. ¿Hace autocrítica?

Yo las encuestas las tomo como pulso de la calle, pero es una encuesta, no son unas elecciones. En las últimas semanas, en el Partido Socialista estamos atravesando un momento complejo y complicado. Pero veo en las calles valencianas un enfado muy significativo y yo creo que muy difícil de resolver por parte del votante del Partido Popular con el Partido Popular, por eso ese votante se está yendo a Vox. También veo que mucha gente está saliendo de la abstención y diciendo que su preferencia es voto a la izquierda. En el año 2023 el PSPV sacó el mejor resultado de su serie. Los que perdieron masivamente voto, 240.000 votos, fueron Compromís, Izquierda Unida y Podemos. Para mí es un motivo de felicitación y de alegría que Compromís esté mejorando sus datos, porque, si no, no sumamos. La gran noticia es que podemos darle la vuelta a la situación en la Comunidad Valenciana. Hay una posibilidad real y la tenemos que aprovechar.

Ese enfado con los socialistas ya tuvo sus efectos en las elecciones de Aragón y Andalucía, donde otras candidatas ministras tuvieron malos resultados. ¿Le preocupa que se repita en su caso?

Yo creo que es perverso hacer una comparación por el hecho de que las candidatas hayan sido ministras. Además, mujeres. Por ejemplo, el Partido Popular en la Comunidad Valenciana no está rozando la mayoría absoluta como Andalucía, está rozando su suelo. De manera que hay partida porque la situación es muy diferente. Yo encaro este proyecto con la convicción de que ser ministra del Gobierno de España, y no solo dedicarme a criticar, sino dedicarme también a gobernar, es bueno para el proyecto. Si no lo pensara ya habría dejado de ser ministra.

¿Sabe ya cuándo va a dejar el cargo para dedicarse a la Comunitat Valenciana?

Por ahora, seguiré. Por aclarar, soy de València, vivo en València y me levante donde me levante mi cabeza valenciana y mi corazón valenciano siempre va a defender la Comunitat Valenciana.

Es domingo y un policía, servidor público, está intentando que los profesores, servidores públicos, no corten una vía importante de València con su protesta. Da un empujón desproporcionado por la espalda a una maestra de 68 años, que cae a plomo. Ese día, un president de la Generalitat, servidor público, decide que los docentes –con sus exigencias y métodos de protesta que incluyen un breve encierro en la Conselleria– están siendo deshonestos, achacándoles mala fe en la negociación, según lo que le ha contado su consellera. La misma que los ha convocado a reuniones breves unas, eternas otras, en las que a veces no está y alargando los días de encuentro sin explicación o convocando con prisas, a ver si se cansan o se acaba el curso escolar. El PP valenciano enciende el ventilador y empieza la criminalización de la protesta. Pérez Llorca nunca se ha sentado en esa mesa.

El día en el que el policía da un mamporrazo a una ciudadana pacífica, Pérez Llorca deja por unos días de buscar la empatía de docentes y medios de comunicación en corrillos extraoficiales en los que hace de poli bueno durante la semana. Ese domingo, el hombre que quería borrar la huella de El Ventorro y a su chulesco morador contraponiéndose él como alcalde humilde de Finestrat decide su destino: él se solidarizará con las familias de los alumnos que hacen Selectividad sugiriendo que está en peligro, en lugar de llegar a acuerdos con su cuerpo docente, al que acusará sutilmente de boicot o malas artes (la selectividad se ha desarrollado con un 100% de servicios mínimos y sin incidencias). Pero no solo tiene ese flanco. Este miércoles también han empezado sus paros los docentes de la concertada.

En su Consell están convencidos de que los profesores se cansarán o los acabarán cansando. Se nota que no han salido de tapadillo a las calles ni a ninguna de las multitudinarias manifestaciones donde otros ciudadanos les aplauden desde los balcones y muchos conductores de autobuses municipales o bomberos pitan a su paso en señal de solidaridad. Las manifestaciones están también llenas de padres y madres.

Los maestros han perdido 2.000 euros en los primeros diez días de huelga, hay claustros enfrentados. En el gobierno valenciano auguran mella también en el inexorable paso del tiempo para las familias, que se rebelarán con que sus hijos reciban clase a medias. Pero ese Consell parece tener atrofiado el sentido del olfato. No solo no se cansan, sino que la protesta aumenta, se unen los músicos y bailarines y se reproduce por todos los barrios, acampan. Empieza el barro desde la institucionalidad, la ayusización del conflicto: son rojos, son de Podemos, son cuatro, son violentos, son vagos. Siempre hay medios dispuestos a dar esa versión. Pero la burbuja no se pincha ¿Cómo es posible? Porque no es una burbuja.

El conflicto en las aulas empezó hace muchos meses, con días de huelga aislados. La herencia para Llorca estaba envenenada y no se ha distanciado de ella. No solo por Carlos Mazón, sino por el conseller de Educación durante la dana, José Antonio Rovira. El día de la riada no dio ninguna indicación a los ayuntamientos para que cerraran los colegios (mientras la Universitat de València cancelaba toda su actividad y salvaba vidas). En lugar de hacer eso, se tomó la tarde libre y se fue pasarla a su Alicante natal (era martes y laborable).

Cuando el barro dejó inservibles los colegios y huérfanos de vida normal a los niños valencianos, no dio alternativas para los alumnos, muchos de los cuales estuvieron meses sin docencia y cuyos profesores limpiaron los centros a mano. Las direcciones tuvieron que apañarse sin liderazgo, con espacios cedidos o centros rotos. Al año de la riada, su Conselleria había gastado 1 millón de los 57 que tenía disponibles para infraestructuras. Esta falta de proactividad agravó la sensación de abandono de un colectivo al que le habían congelado el plus autonómico, la parte que depende de su comunidad, durante años.

Pero Rovira aún tendría que cometer otro grave error que está en el origen de las actuales protestas. Convenció al expresident Mazón de cambiar el modelo lingüístico, contra la opinión de la mayoría de la comunidad educativa, para acabar con una supuesta discriminación a los castellanohablantes que la consulta a padres demostró que no existía (ganó el valenciano). Más burocracia para los colegios.

A eso hay que sumarle dos detonadores: en enero se subió entre 100 y 300 euros el salario a los inspectores de Educación, el cuerpo técnico al que pertenece la consellera de Educación. En marzo se supo que la pareja de Pérez Llorca había sido trasladada a 300 metros del despacho de su marido en un concurso exprés por el que cobraría más de 53.000 euros anuales. Los profesores seguían esperando y ninguneados.

Todos esos ingredientes fueron enervando a unos funcionarios que han ido parcheando y que esta semana han pasado a ser tratados como el enemigo y acusados de cometer “actos vandálicos”, como dijo el president. Sus peticiones, maximalistas como punto de partida de negociación, incluyen ganar hasta 500 euros más al mes para compensar el salario congelado (les han ofrecido 200 de manera escalonada hasta 2028), ayudar a los colegios de la dana, climatizar las aulas, unas infraestructuras dignas, menos alumnos por profesor y más atención a niños con discapacidad. ¿Quién puede estar en desacuerdo con una escuela buena y gratis? Dicen en la Generalitat que no hay dinero para todo eso. El controller de la caja de caudales (el conseller de Hacienda) es ahora, casualmente, José Antonio Rovira.

El domingo, el día que se torció todo, hubo sentadas, encierros, indignación por el ninguneo y la agresión policial. El president ató su destino a ganar una batalla que, si se da un paseo por los colegios y las calles, no puede ganar y por la que va a pagar irremediablemente un precio. El de ser un gobernante que no toma la responsabilidad y no lidera con la excusa de que hay alguien ya al mando, aunque ese alguien no sea capaz.

El profesorado valenciano ha dado también con una tecla social y está inspirando a otras comunidades autónomas y otros sectores a organizar protestas para defender lo que suponíamos ingenuamente que se defendía desde los gobiernos de todos los colores per se: el estado del bienestar y las condiciones necesarias para que los servidores públicos nos atiendan y nos hagan la vida más fácil con nuestros impuestos. Es decir, el ecosistema más favorable para la mayoría, sean conservadores o progresistas.

Visto que no es así necesariamente, buena parte de la población se empieza a mover y a preguntar por qué tiene que habituarse a servicios parcheados, a que sus hijos pasen calor, a que no haya traumatólogo esta semana, que le vendan su VPO, a pagarse el seguro privado, a aguantar los ruidos del Bernabéu para que gane Florentino, a que el incendio avance porque un año más no ha habido suficientes bomberos forestales. Por ejemplo, la Generalitat Valenciana ha autorizado a los colegios a suspender clases o reducirlas si hace demasiado calor. En vez de asegurar que en un plazo razonable los alumnos y los profesores tengan el mismo derecho de climatización que los diputados, los ediles, los médicos o trabajadores de museo.

Empieza una primavera de defensores de lo público, que es transversal, frente a quienes prefieren adaptarse a las estrecheces que han planteado algunos gobernantes que anteponen la pereza, la incapacidad o el clasismo a la honradez de favorecer con mejoras y dignidad la vida de sus ciudadanos.

Imaginen llegar a la oficina en un mes de junio, con 35 grados en la calle, y que no haya aire acondicionado. Ni ese día, ni el siguiente, ni al otro. Que en los despachos, fábricas y tiendas no existiera climatización ni sombra donde refugiarse en una ola de calor. De manera estructural. Lo que en la esfera de oficina y comercial es impensable, es una realidad en el trabajo al aire libre y en las aulas de toda España, que claman estos días de temperaturas extremas por planes serios, sostenidos y urgentes para adaptar las escuelas desde Infantil a Bachillerato, donde convive población considerada vulnerable a las altas temperaturas. En palabras de Ismael Palacín, director de la entidad Equitat.org, impulsora de uno de los pocos estudios que pone cifras al problema, “las escuelas del país fueron diseñadas para un clima que ya no existe”.

La temperatura media de junio de 1990 y la de 2025 tienen dos grados de diferencia. Esto, en la práctica, ha supuesto que los niños de Morón de la Frontera o Córdoba tuvieran que aprender y jugar a 43 grados al final del curso pasado. Las direcciones de los colegios muchas veces improvisan o buscan soluciones caseras de urgencia.

En Madrid, este viernes se alcanzaban 30 grados a las 9.30 de la mañana en algunas escuelas, como el centro de infantil y primaria Ermita del Santo, en el distrito de Latina. En el Instituto de Secundaria La Morería de Mislata (València), se superaban los 30 grados a primera hora de la mañana y los alumnos hacían Educación Física a 40 grados en un patio sin la sombra prometida.

El problema ya no se circunscribe a una zona concreta del país. Tampoco a los meses de verano, porque hay olas de calor también a finales de mayo, en junio o septiembre, en la vuelta al cole. El norte de España está sufriendo especialmente este mes de mayo. Por ejemplo, la Consejería de Educación de Asturias ha tenido que autorizar esta semana a dos centros públicos a cerrar por el calor —no lo pueden mitigar y admiten que no hay un presupuesto de climatización por su elevado coste, que calculan llegaría al 20% de la obra—. El gobierno vasco ha enviado una carta a todos los colegios “especificando medidas” y “activando recomendaciones” después de que una niña de cuatro años tuviera que ser atendida por una ambulancia en su colegio por un golpe de calor. En Navarra, el gobierno señala que va a destinar de manera puntual un millón de euros para escuelas con alumnado vulnerable, pero admiten que el problema del calor en junio es nuevo allí y no hay un plan, que aseguran que pondrán en marcha si se repite, algo que las predicciones científicas auguran para los próximos años. En Cantabria han enviado “una ficha de información de riesgos por temperatura extrema que recoge los riesgos de estrés térmico y medidas preventivas y pautas de actuación” a los colegios ante las inusuales temperaturas.

Planes por hacer o por completar

En la mayoría de comunidades autónomas —que son las que tienen transferidas las competencias y gestionan la educación e infraestructuras desde Infantil a Bachillerato, FP y los conservatorios de música y danza— ni siquiera hay cifras actualizadas de cuántos colegios están climatizados, adaptados o una radiografía precisa de necesidades o inversiones, un calendario conocido o una previsión de cuándo se completará. Con algunas excepciones. El Ministerio de Educación, que no tiene competencias en esta gestión, apunta a elDiario.es que tiene dos programas de ayuda a la climatización de centros públicos de todo tipo, de más de mil millones, y que pueden ser solicitados por ayuntamientos y autonomías.

Pero climatizar no es solo instalar aire acondicionado. “Lo primero es tomar medidas pasivas, que no consumen energía”, explica Carmen Alonso, investigadora del Instituto Torroja del CSIC. “Por ejemplo, poner toldos en ventanas, aislar las cubiertas del edificio sobre todo —que además es bastante fácil y económico en los colegios de techo plano— y poner sombras y vegetación en los patios”. De esta manera, el aire es más fresco y eso tiene impacto en el edificio. “También es importante que los acabados de superficie sean de color claro. Si no, pueden llegar a coger 60 grados”. La experta explica que “cuando tienes esto, tienes menos demanda de energía, necesitas equipos de refrigeración más pequeños y son más eficientes”. La tercera pata de una buena adaptación climática en los colegios es que estos equipos estén alimentados por renovables.

La realidad es que, cuando la solución no llega por la Administración, son las Ampas o la colaboración de profesores y vecinos la que ayuda a comprar aparatos de aire o ventiladores, que es solo una parte de la solución. Por ejemplo, las familias del CEIP Ana Caicedo, en Lorca, han decidido directamente organizar una rifa para recaudar fondos y poder instalar aire acondicionado en el colegio ante la falta de respuesta administrativa. Han repartido 10.000 papeletas a dos euros cada una con la esperanza, casi cumplida, de reunir los 50.000 euros necesarios para completar la climatización del centro.

Para intervenir en el patio, poner árboles, toldos (como se ponen en calles comerciales), aislar o instalar fuentes de agua se necesita la implicación y financiación de las consejerías de Educación de cada autonomía o de los ayuntamientos.

Cuando la solución no llega por la Administración, son las Ampas o la colaboración de profesores y vecinos la que ayuda a comprar aparatos de aire o ventiladores

La mayoría de gobiernos autonómicos anuncian inversiones millonarias puntuales cada año, normalmente en el mes de mayo, que ya estaban previstas en los presupuestos presentados. No son partidas extraordinarias. Pese al clamor de familias, profesores y sindicatos, o no hay un plan estratégico en marcha o, si lo hay, no avanza proporcionalmente a las rápidas subidas de temperatura. Incluso a veces, como en la Comunidad de Madrid, el gobierno frena iniciativas surgidas de la comunidad educativa. Vox y PP impidieron en 2025 que se tramitara una Iniciativa Legislativa Popular apoyada por 72.000 firmas que pedía el aislamiento y climatización de los centros públicos. Ese mismo año, el Gobierno de Ayuso anunció 13 millones para este capítulo y calculó en 300 el número de las actuaciones climáticas hechas (hay 1.600 centros de infantil, primaria e institutos en la región).

A veces son los ayuntamientos, que tienen también parte de responsabilidad sobre la infraestructura, los que toman las riendas. El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni (PSC), destina parte de los ingresos de la tasa turística a climatizar 30 colegios de la ciudad cada año. Con otra perspectiva, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (PP), acaba de lanzar una petición a empresas para que ayuden a “renaturalizar” colegios y patios: “Con aportaciones a partir de 10.000 euros, las empresas que así lo deseen pueden colaborar para la renaturalización de Escuelas Infantil, Colegios de Enseñanza Infantil y Primaria, así como otros edificios públicos. La empresa o entidad hace la aportación y en el Ayuntamiento nos encargamos de todo lo demás”, dice el anuncio. El presupuesto del Ayuntamiento, el más grande de España, es de 6.500 millones. Es el mismo alcalde que zanjó la queja por calor que un colegio puso en septiembre instalando aire solo en la conserjería del colegio.

La velocidad en las iniciativas de confort climático son muy variables. En la Comunitat Valenciana, por ejemplo, aunque invierte de manera puntual, se anunció en enero de este año un plan que “se encuentra en una fase de diagnóstico de las instalaciones educativas. Tras la fase de diagnóstico, se planificarán las actuaciones para conseguir unas condiciones térmicas que garanticen el bienestar del alumnado y del personal”. Es decir, falta tiempo para que se vea el resultado en los colegios, que se van arreglando con parches o por iniciativa privada, a la vista de que junio es parte ya de fenómenos de olas de calor. A final de este año prevé que haya un diagnóstico. Una de las reivindicaciones de la huelga indefinida de profesores valencianos, que cumple su tercera semana, es que las aulas de la comunidad estén climatizadas y adaptadas al frío y al calor.

En el mismo punto está Aragón, que ha lanzado una consulta pública para “avanzar en el desarrollo del plan de mejora climática”, aunque lo hace después de recibir numerosas denuncias por las altas temperaturas en las clases. La del sindicato CGT aporta registros de hasta 37 grados en, al menos, 45 espacios educativos y acusa al gobierno autonómico de no adoptar medidas eficaces durante el último año, motivo por el cual han acudido a la Inspección de Trabajo. Algunos de los casos se logran por el derecho de los trabajadores consolidado en la legislación, no por el derecho del alumnado.

El problema cotidiano para millones de niños, adolescentes y profesores, incardinado desde hace años, ha escalado hasta el Defensor del Pueblo, que ha contestado a las quejas que recibe de ciudadanos. El informe de 2025 de esta institución explica que se habían reabierto “las actuaciones de oficio iniciadas en 2023 ante las comunidades autónomas afectadas por las elevadas temperaturas, con el fin de actualizar la información sobre el grado de ejecución de los planes de acondicionamiento de los centros”. Es decir, si lo prometido se ha cumplido o si la administración autonómica ha puesto solución.

Toldos en la feria, pero no en el colegio

La Junta de Andalucía sí tiene un plan desarrollado. Ha impulsado su propio Plan de Bioclimatización, centrado en la instalación de sistemas de refrigeración adiabática —basados en la evaporación de agua— junto con paneles solares fotovoltaicos para abastecerlos de energía renovable. Este modelo ha generado controversia entre las familias, que cuestionan que se trate de un sistema diseñado para usos industriales, no contemplado en el marco legislativo para centros escolares. Según datos de la Consejería, el plan suma 532 actuaciones ejecutadas y una segunda fase en marcha que alcanza a otros 80 centros educativos. Pero el ritmo no llega todo lo rápido que se necesita a los casi 5.000 centros públicos. El Sindicato de Enseñanza de CCOO de Córdoba acaba de evidenciar la incongruencia que supone que el alcalde haya puesto toldo a todo el recinto de la Feria para bajar “hasta 18 grados” la sensación térmica, pero que haya colegios donde el sol cae a plomo: “Tienen sombras en la Feria pero no en sus colegios”, denuncia Enrique Guerra. La principal reivindicación de las familias andaluzas es el cumplimiento de la Ley de Bioclimatización aprobada en 2020. En Baleares también tienen un plan específico y ha licitado una primera fase de actuaciones en doce centros con obras previstas por más de 16 millones.

En Extremadura, el nuevo gobierno PP Vox ha prometido este mes de mayo un plan que mantenga entre 23 y 27 grados la temperatura en todos los colegios. Hasta entonces, y de momento está solo el anuncio, son los equipos directivos quienes deben decidir las medidas para que los niños no padezcan: cambiar las clases de sitio, no salir al patio o reducir jornadas para evitar las horas centrales, con la pérdida de carga lectiva que eso supone.

Además de la salud y el bienestar, el calor tiene un impacto en la concentración y el rendimiento —igual que pasa con los adultos en el mercado laboral—. El informe de Equitat.org también recoge investigaciones que confirman peores resultados en el informe PISA del alumnado más expuesto al calor: las puntuaciones caen un 0,18% por cada día con más de 26,7 °C, mientras que el rendimiento mejora cuando se reduce la temperatura. Este informe, que ha analizado las aulas catalanas con investigadores de la Universitat Oberta de Catalunya, señala que casi la mitad de los edificios del sistema educativo público, 1.220 de 2.500, son anteriores al año 2000 y, por tanto, sin criterios de adaptación climática. Calcula en 130 millones la inversión necesaria en Catalunya para que los niños y sus profesores dejen de sufrir por calor, un problema que se agrava cada año y que sigue a la espera de una solución global y estructural. De momento, son los alumnos y docentes —en lugar de los edificios escolares— los que se han adaptado a las temperaturas severas.

Con información de las ediciones de elDiario.es en Cantabria, Asturias, Navarra, Andalucía, Aragón, Baleares, Euskadi y Castilla y León.

El Centro de Arte Hortensia Herrero de València expone una obra digital del colectivo artístico japonés teamLabs que representa a una sociedad que vive en armonía. En ella, el visitante puede tocar la pantalla generando un malestar, una molestia real en los personajes que la habitan, que se revuelven con la presión del dedo. Los toques de los visitantes van acumulando agresividad en los píxeles humanizados.

Tienen un aguante de molestias programado en una cantidad que nadie sabe cuál es. Un día, un solo toque de alguien genera la guerra total y la destrucción sangrienta de la civilización. El cuadro de València llegó en febrero a este punto de destrucción. Quizás no fue voluntario, ni siquiera con mala idea, quizás no fue el dedo más acusador o el que con más motivos y ganas pulsó la pantalla. Quizás se trató solo de un pequeño roce o un roce accidental e injusto. Pero, por acumulación, fue el definitivo para generar una inercia que ya no se pudo parar.

Estos días, con tantas inercias de sumarios judiciales, surge la pregunta sobre dónde está el punto de no retorno para el PSOE, si resistir hasta 2027 es lógico o se llevará consigo a toda la izquierda al banquillo durante uno o dos ciclos electorales. Si no sería más inteligente un cambio de caballo y una renovación completa –qué difícil de imaginar o creer– mientras la derecha de Feijóo, incapaz de ganar con méritos propios, está esperando a heredar y encuaderna y colecciona autos de juzgados que han gastado el entusiasmo progresista: unos con más rotundidad que otros pero, en suma, decepcionantes. ¿Es este el mejor escaparate? ¿Nos ponemos a analizar el dedo o miramos el estado de ánimo del cuadro?

Mientras el PSOE se afana en parar los golpes y a su izquierda se afanan por montar algo interesante desde cero, las derechas unificadas toman posiciones de mando, abren la ventana de Overton. Y la sociedad civil toma las riendas de la calle y genera, huérfana a veces de representación orgullosa en partidos políticos, otras inercias positivas para un mundo más justo. Un ejemplo estremecedor estos días pueden ser los médicos, las educadoras de escuelas infantiles, la huelga de las cuidadoras, las protestas de los taxistas contra la uberización de todo y, con gran brillo, la huelga indefinida del profesorado desde Infantil a Bachillerato de la Comunitat Valenciana, que suma medio mes de protestas históricas. No se rinden. No decaen. Eso significa algo. Significa mucho. Sostener una huelga tres semanas, que supone pérdida de salario que puede llegar a 1.900 euros en diez días, revela una herida profunda.

Piden mejores salarios (son los que menos cobran de España), pero también mejor atención a la diversidad, más apoyo docente en las clases, climatización de aulas (qué menos), que los alumnos de la dana dejen los barracones (encaran el tercer curso provisional). Opacadas por la M30 y su vibra judicial, estos ciudadanos comunes están haciendo una verdadera oposición a las derechas y sus pretensiones de recortar el acceso a los servicios públicos según raza, nacionalidad o antigüedad en la ciudad. Y lo que es más importante, están simbolizándose. Serán, seguro, ejemplo para otros. Por ejemplo, los sindicatos de Madrid ya han anunciado que van a emular estas protestas. El ninguneo y menosprecio del gobierno del president Pérez Llorca, que no ha sabido leer su importancia, es posible que acabe siendo pagado en las urnas. En València, duele sobre dolido tras Mazón y la dana. Y en el gobierno de la Generalitat no se están enterando.

Son miles de personas con camisetas verdes todos los días, que están contrarrestando en las calles el concepto xenófobo de “prioridad nacional”. No son solo profesores. Están diciendo que el colegio o el médico no son un bien de lujo a conseguir por puntos. Están diciendo, junto a los miles de familias que salen cada día en manifestaciones históricas, que los gobernantes tienen la obligación de no dejar caer el estado de bienestar. Son la semilla de un malestar, pero también de unas exigencias que se están contagiando a otros sectores. Quizás no haya que imaginar inevitablemente un cuadro en guerra para el futuro, quizás haya que parar los dedos que quieren molestar la convivencia y reducir el bienestar. Es lo que están haciendo los maestros y las maestras y el profesorado no universitario junto a las familias: parar las agresiones al sistema público, decir basta.

España era en el año 2000 un país de 40 millones de habitantes. Hoy tiene casi 50 millones. La solución no pasa por limitar el acceso a los servicios públicos a 10 millones de personas como si sobraran. O expulsarlas. O dar clase a 40 grados, o esperar un año para una radiografía. La solución es invertir más y mejor en sostener lo que hace de Europa el continente de mayor bienestar del mundo. Sin excusas. Con trabajo. La política es arriesgarse a hacer algo, no es hacer eslóganes. Como dirigir una orquesta es tomar decisiones musicales, no es mover los brazos.

A los partidos de izquierda les queda un año para coger estas banderas y ayudar a conseguir lo que facilita la vida de las personas y, por tanto, las ata con las instituciones: que haya educación infantil gratuita, agua en fuentes públicas, árboles que mitigan el calor, un transporte público tan competitivo que no valga la pena coger el coche, casas para elegir y no tener que irte de tu ciudad o tu barrio, jornadas laborales que hagan posible cuidar, redes sociales decentes y atentas a normas de salud pública, médicos con más de cinco minutos por paciente, niños con necesidades especiales que las tengan cubiertas, polideportivos para desarrollarse, plazas públicas para reunirse, universidades gratuitas de calidad.

Todas esas banderas las están agarrando por el mástil una ciudadanía que da síntoma de no rendirse ante el discurso descorazonador de que no se puede hacer más. Claro que sí. Y si no es por la vía del voto, acabará siendo por la de la protesta en la calle. València ya lo está esbozando.

Para que un caso de corrupción lo sea hacen falta al menos tres protagonistas. Un corruptor con dinero que quiere saltarse la cola, un beneficiado que lo promueva y funcionarios que lo permitan o no lo paren. El primer fenotipo es el más claro, el que activa el sistema, el que seguro que quiere corromper y pedir un favor a cambio de dinero, de colocar al primo, de casas en usufructo o de puros billetes. Es decir, empresas españolas que se ven beneficiadas por recalificaciones, que ganan concursos públicos o consiguen una obra. Que logran con favores, amistades o pagos lo que no conseguirían por méritos en un concurso justo. Suelen quedar fuera de la diana de la indignación pública y de la rendición de cuentas, al ser entes privados.

Los otros dos pilares de la corrupción nacen, crecen o se relacionan con el sistema público. Hay casos meridianos, pero en otros su comportamiento puede tener matices y por eso su castigo judicial depende de las pruebas que hayan dejado por escrito e indicios trazables que sea posible recabar. ¿Hasta dónde lo sabía? ¿Lo promovió o solo cedió? ¿Lo impulsó a sabiendas? ¿Fue casualidad? ¿Presionó a otros? En el caso de José Luis Ábalos y Santos Cerdán hay grabaciones que hablan de reparto de dinero, nombres en clave y adjudicaciones.

El auto sobre el caso que implica a José Luis Rodríguez Zapatero tiene indicios basados en conversaciones y mensajes entre terceros (siempre pueden salir más) que hablan de ZP y su implicación. Por ejemplo: “Vamos a follar aunque tengamos que pagar un poquitín”, que le dijo el presidente de la compañía Plus Ultra a su consejero delegado respecto al contacto que iban a hacer con el expresidente. Los sumarios de corrupción son también un retrato de una España que se quedó anclada en el jacuzzi de Jesús Gil.

Pero también tiene cifras sobre un expresidente y la empresa de sus hijas, que cobraban unas cantidades “significativas” por trabajos de consultoría o de maquetación de informes. El juez cifra en 2 millones de euros ese montante. No es un delito, ni aún se ha contrastado ninguno, pero abre una fosa de sospecha bien armada en torno a Zapatero. Cobrar de una empresa que a su vez ha cobrado de otra que ha querido saltarse la cola y ser rescatada por el Gobierno no es un hecho que pueda borrarse de un plumazo echándole la culpa al “lawfare”. El auto también señala que pudo participar en la creación de sociedades off shore. El auto todavía no ha sido rebatido por el expresidente de manera precisa.

Hay que poner la presunción de inocencia por delante, porque aún falta por probar el rol específico de Zapatero en el rescate de Plus Ultra y escucharle. ¿Qué gestiones hizo exactamente? ¿Indujo a cometer ilegalidad? ¿A quién? ¿Era a cambio de un dinero pactado que se disfrazó de consultoría? ¿Usó su influencia? ¿Apretó para un rescate de 53 millones que no se merecía? La línea entre el lobbismo y delito de tráfico de influencias puede ser sutil, pero ambas son inadmisibles para un líder del peso de Zapatero.

Los sumarios judiciales son también material político y es precisamente el aireamiento de mensajes privados, mails o actitudes personales lo que puede hacer mella en un partido. Que se lo digan a Rajoy: su SMS a Bárcenas que decía “sé fuerte” no ha sido investigado ni ha tenido ninguna consecuencia penal, pero hundió la reputación de Rajoy y el PP, algo que acabó pagando en 2018 con la moción de censura.

Pedro Sánchez inició su legislatura en 2018 contra la escandalosa y sistémica corrupción del PP por el caso Gürtel. Ocho años después, ha querido virar el foco de la legislatura hacia necesarias leyes sociales, una reforma laboral, la contención del odio y la malignidad de las redes sociales, ha querido poner el foco en una digna posición en guerras ilegítimas y en su apuesta por erigirse muro contra la ultraderecha. Pero el sumatorio de sumarios de corrupción con sus Aldamas, mascarillas, adjudicaciones y ahora la sospecha sobre un expresidente hace inevitable que se instale la sensación de que todo puede ser cierto, lo del presente, lo del futuro, lo que está armado judicialmente y los comentarios de barra de bar.

Los casos de José Luis Ábalos, Santos Cerdan y ahora la imputación de Zapatero son detonantes que bailan juntos y hacen efecto multiplicador. En Moncloa insisten en que todo está bien y que Sánchez seguirá a 2027. La pregunta es si para entonces, su votante progresista habrá digerido tanto shock y tantas pruebas –en el mejor de los casos, indicios– de corrupción.

Las próximas elecciones tienen a la ultraderecha y su agenda oscura asomando y los partidos progresistas necesitan un electorado movilizado, orgulloso y alegre que desee confiar en partidos que puedan asegurar la democracia y el bienestar social en un momento histórico. En el momento que más ilusión se necesita, el partido de Sánchez impone una amarga pregunta: cuántas noticias decepcionantes puede aguantar un electorado de izquierdas.

“Sería de desear que algunos fueran más limpios y que pagaran puntualmente”. “Cuando viajan hacia el sur, desesperan a los aduaneros: transportan cargamentos enteros de electrodomésticos, bicicletas y ciclomotores”. “La prensa refuerza clichés con titulares sensacionalistas sobre crímenes de extranjeros”. “Motivo de descontento entre las plantillas locales son a menudo también los beneficios adicionales concedidos a los inmigrantes”.

Son definiciones que recogen medios alemanes como Hamburger Echo o la revista Der Spiegel en reportajes de la década de 1960 sobre los españoles, griegos, italianos o turcos que fueron a trabajar a la locomotora europea, ávida de empleados en una década de desaforado crecimiento industrial. Solo en 1963, Alemania recibió 800.000 empleados extranjeros y calculaban que se necesitaban 600.000 más, según recogen informaciones de la época.

En España también hay en la actualidad necesidad de mano de obra. La patronal CEOE apoya la regularización de migrantes que ha aprobado el Gobierno. Su presidente, Antonio Garamendi, ha respaldado la medida ante la escasez de algunos perfiles profesionales, sobre todo en la hostelería y sector servicios. España es ahora la que requiere mano de obra del sur.

Pero la situación es diferente a la de los años 60 y 70, porque la llama del racismo y la xenofobia, que también existían entonces, prende ahora antes. “Los estereotipos y el señalamiento del extranjero se parecen, pero en los 60 no había extrema derecha en Europa, y estaba cerca el recuerdo del fascismo. La ventana de lo tolerable, la llamada ventana de Overton, se ha desplazado mucho”, explica Carlos Sanz, historiador de la Universidad Complutense de Madrid.

Las redes sociales tampoco existían. Son, junto a plataformas como Telegram, uno de los vehículos principales de noticias falsas, amenazas y odio contra los extranjeros, nacidos fuera o personas de otras razas. En los primeros 10 meses de 2025, el organismo oficial que monitorea este contenido, Oberaxe, detectó 740.144 mensajes racistas o xenófobos colgados en redes.

“La discriminación que se daba en Alemania contra los trabajadores extranjeros, sobre todo cuando llegó la crisis económica de los años 70, se basaba en la idea de que venían a quitar el trabajo. Esto no lo dice nadie hoy aquí, se ha asumido que vienen a hacer lo que no queremos”, explica Joaquín Riera, catedrático de Geografía e Historia y autor del libro Emigrantes.

Efectivamente, el eje laboral ha quedado fuera del debate público y político hoy, también para Vox y el PP, que han centrado sus críticas en los efectos que la inmigración laboral, combinada con los asilos por derechos humanos, tienen supuestamente en la sanidad, la educación o las ayudas públicas. No han mostrado oposición a que puedan trabajar en lo que hace falta, pero sí en los derechos que eso, consecuentemente, supone. En esa idea se basa la llamada “prioridad nacional” que han pactado en territorios donde gobiernan juntos, como Extremadura o Aragón.

Exilio laboral

El régimen franquista organizó la salida de 3,5 millones de españoles (el 10% de su población de entonces), la mayoría de ellos hacia Suiza, Alemania y Francia a través del Instituto Español de Emigración (IEE), dependiente del Ministerio de Trabajo, que creó en 1956. El mecanismo consistía en que empresas extranjeras enviaban sus peticiones de fuerza laboral y el franquismo organizaba los papeles y la salida, de manera que los empleados que iban por esta vía llegaban con contrato formalizado y alojamiento comprometido. A veces eran ofertas generales y otras, nominativas, es decir, que la empresa extranjera pedía trabajadores en concreto, con nombre y apellidos, un sistema que incomodaba al franquismo, preocupado también por un exilio ideológico encubierto y la proliferación de ideas democráticas entre sus ciudadanos en el extranjero.

Los españoles con contrato que emigraron en la década de los 60 a Alemania (un 36% del total fueron a ese país, según los estudios) lo hacían cubiertos por el estado del bienestar de los países de llegada, una cobertura pública inexistente en España en la época franquista. Tenían acceso a la sanidad pública (a través de mutuas vinculadas a sus contratos de trabajo) y sus hijos podían ir a las escuelas públicas germanas, aunque la mayoría de migrantes llegaron solos y fue más adelante cuando hubo reagrupamientos familiares. “No solo podíamos, es que era obligatorio ir al colegio y los libros de primaria y secundaria eran gratuitos, también para nosotros”, recuerda Marina Macarro, hija de un albañil que llegó a Alemania con contrato en 1962, ahora jubilada de su empleo en el Instituto Cervantes y residente en Achim, a 18 kilómetros de Bremen.

La investigadora Begoña Petuya recoge en un informe sobre la emigración española algunos matices. Por ejemplo, que no todos los niños eran escolarizados, y que a veces los padres tiraban de clases organizadas por los consulados en lengua materna. Según este estudio, a veces había “un escaso aprovechamiento de la muy selectiva escuela alemana, en la que [los alumnos españoles] solían terminar relegados en los niveles más bajos”.

“Al principio, en los años 60 no había tintes racistas, pero con la crisis económica del 73 (la primera crisis del petróleo que llevó a la estanflación) la situación cambió”, cuenta Carlos Sanz, historiador de la Universidad Complutense de Madrid. 

La economía no crecía, se destruía empleo, cerraban fábricas en un entorno de precios desbocados y “empezaron a implantarse políticas de retorno de emigrantes con incentivos, se cancelaron contratos y se organizaron manifestaciones xenófobas, sobre todo en Suiza. Con el desempleo, se empezó a considerar que quitaban el trabajo, y que se beneficiaban demasiado de ayudas públicas. Se cuestionó, por ejemplo, si debían recibir la ayuda por niño que daba Alemania”, explica este experto. Este ideario es precisamente el que ha rescatado Vox en España, con la salvedad de que la economía española da síntomas de necesitar más mano de obra, no menos.

La emigración ilegal

Sin embargo, el sistema oficial de emigración era lento y muchas veces la burocracia alargaba los plazos de manera insostenible, de modo que también hubo españoles que se marcharon como turistas y llegaron a países de Europa a trabajar desde la ilegalidad hasta conseguir contratos, explican los expertos.

Los llamados “gastarbeiter”, cuya traducción del alemán es “trabajador invitado” –lo que ya denota que se contaba con ellos de manera temporal– solían vivir apartados de la población, aunque sus condiciones e integración dependía en gran medida del tipo de trabajador y la clase social y laboral que ocupaba.

La vida en barracones

Aunque se les llamaba a Alemania con el compromiso de las empresas de proporcionarles un alojamiento, este no era siempre decente: “Muchos vivían en barracones, en antiguos campos de prisioneros, en caballerizas… En Ginebra y París eran muchas veces directamente favelas. Cuando llevaban a la familia ya se tenían que buscar viviendas muchas veces degradadas y a precios abusivos. Eso, cuando se las alquilaban, porque a veces decían directamente 'abstenerse extranjeros'”, relata el historiador Riera. Se les consideraba mal pagadores, “sucios”, o de “sangre caliente”, según algunos reportajes publicados en esa época.

La revista Der Spiegel dedicó un número en 1964 a los “Gastarbeiter” y relataba precisamente el problema de la vivienda como un eje central del debate de la llegada de extranjeros, así como hoy lo es para la extrema derecha, que propone excluirlos —sin especificar bajo qué requisitos— de las ayudas o acceso de VPO.

Esta publicación alemana relataba que “motivo de descontento entre las plantillas locales son a menudo también los beneficios adicionales concedidos a los inmigrantes. Cuando las empresas solicitan mano de obra a través de comisiones en el extranjero o cuando piden permisos de trabajo para personas que han reclutado por su cuenta, deben presentar ante las oficinas de empleo alojamientos adecuados. Sin embargo, muchos trabajadores invitados realmente viven en alojamientos inhumanos”, admitía esta revista alemana.

Definía algunos de ellos: “En edificios antiguos de Colonia, parejas con hijos ocupan cada una una habitación por 160 marcos; el lavabo es compartido en el pasillo y el baño es utilizado por varias familias. Los trabajadores del sur suelen ser explotados por propietarios de viviendas de Alemania Occidental”, relataba el amplio reportaje.

El testimonio de un emigrante en 1964 que recoge el Informe 'Situación emigrantes mayores: emigración española en Alemania y retornados', cuenta las condiciones de vida en los vagones de tren en los que los metieron: “Aquí en Goslar vivimos cuatro españoles en un vagón, que todo lo que tiene son tres metros de largo por dos de ancho y tenemos cuatro vagones a la orilla de la carretera que incluso los mismos alemanes que pasan por ella se quedan asombrados”.

Otro de los estereotipos que se dieron en Alemania de los 60 y que Vox y PP han recuperado hoy es que los extranjeros delinquen más. La estigmatización del extranjero o la persona de otra raza o religión como un problema de seguridad, algo que lleva directamente Vox en sus programas electorales y con lo que ha coqueteado Alberto Núñez Feijóo cuando ha vinculado inmigración y seguridad. Der Spiegel contaba ya en el 64 que “la prensa refuerza clichés con titulares sensacionalistas sobre crímenes de extranjeros. (...) Las estadísticas no separan claramente los delitos de extranjeros (...). En Düsseldorf, la tasa de criminalidad de extranjeros es incluso menor que la de la población local. Aunque en algunos delitos violentos y sexuales su proporción es ligeramente mayor, los expertos señalan que todos los extranjeros están en edad propensa a la criminalidad”, señalaba Der Spiegel en ese reportaje.

El historiador Riera coincide en que “las estadísticas de Alemania desmienten la delincuencia, que era superior solo si sumas todos los extranjeros, aunque sí había marginalidad. La idea era que los españoles éramos muy pasionales, que veníamos de la represión y había dudas, quizás, sobre la capacidad de relacionarse con sexo opuesto”. Sobre todo al inicio de los 60 llegaban hombre solos, sin familia, a razón de unos 800 españoles al día que bajaban de unos trenes especiales para trabajadores emigrados, calculan algunas investigaciones.

Las cacerías alentadas de Torre Pacheco y las propuestas de Vox de expulsar a los extranjeros de España o que son más agresores sexuales beben de esta idea de que el extranjero es más peligroso, como les pasó a los propios españoles cuando fueron extranjeros en Europa o como les pasó a los españoles de zonas rurales cuando aterrizaron en las ciudades durante el franquismo. España tiene hoy el doble de extranjeros que en 2005 y una tasa de delincuencia más baja.

Carlos Collado llegó a Alemania en 1979 con 13 años y relata algunas experiencias xenófobas que vivió, pese a que su padre era profesor de Filosofía y tenía un cargo directivo en Múnich: “Recuerdo que mi madre buscaba casa con jardín en las afueras, pero no pudieron firmar el contrato porque eran españoles. Mientras, estábamos en un hotel”. También relata experiencias que le hacían sentir siempre de fuera: “Aunque la xenofobia seria no la he vivido, recuerdo que me solían preguntar cuándo me iba a volver a España. El trabajador extranjero era tolerado por la falta de mano de obra, pero una cosa es la tolerancia y otra es la integración”, analiza este historiador, que se quedó a vivir en ese país.

Esta generación de españoles que tuvo que emigrar a Centroeuropa “encontró xenofobia”, concluye el historiador Carlos Sanz. “Los veían morenos, ruidosos, eran muchos hombres que podían ser una amenaza para las mujeres alemanas. Había resquemor y cierta segregación de facto, en los alojamientos pero también en lugares sociales como algunas tabernas, que prohibían la entrada a los Gastarbeiter”. La mayoría volvió a su país, porque la intención siempre fue trabajar y ahorrar para empezar de nuevo en España. Una historia muy parecida a la de hoy, aunque los protagonistas tengan distintas nacionalidades.

Miguel Ángel Rodríguez (MAR) es personal eventual de la Comunidad de Madrid, es decir, un empleado público de confianza nombrado de manera discrecional. Su cargo oficial es jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid y cobra casi 7.000 euros brutos al mes, más gastos protocolarios de viaje y comidas, de los que ha declarado más de 100.000 desde 2021.

Rodríguez, que se define en la página oficial de la Comunidad de Madrid como “consultor de comunicación” y es el estratega de Isabel Díaz Ayuso, utiliza unos métodos de control informativo que convierten preguntas y asuntos periodísticos en pesadas digestiones democráticas. Emulando la estrategia de Trump, cuando no le gusta una pregunta ataca a quien la hizo, tuerce la atención hacia una frase polémica o hace una acusación escandalosa para que se olvide que nos debe una respuesta. Mira, un burro volando.

Se ha jactado de tener información judicial privilegiada en tuiter –sus famosas predicciones sobre quién va a ir o no “p'alante” en los juicios–. Ha puesto en la diana pública a los familiares de ancianos fallecidos en residencias. Intoxicó a los medios filtrando un correo manipulado en el que daba a entender que la Fiscalía había retirado un pacto con el novio de Ayuso por órdenes “de arriba”. Los datos que sostenían ese titular –que no pensó para sus adentros, sino que sembró en el sistema mediático de Madrid– es que MAR tiene el pelo blanco, como defendió en sede judicial. También avisó a elDiario.es, tras la exclusiva del fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, de que nos iba a “triturar”. Como consultor de comunicación no se le puede negar osadía imperativa, que tantas veces compensa la falta de argumentos.

Este miércoles ha declarado como imputado por un posible delito de revelación de secretos. El gestor de la información más sensible de la comunidad autónoma, investigado por no saber gobernarla con honestidad. MAR supo que dos periodistas de El País habían ido a las inmediaciones de la vivienda de la presidenta a indagar sobre la ilegalidad de su reforma, un asunto de alto interés informativo. La estrategia no fue explicar si una servidora pública se había saltado las normas o aclarar el asunto, sino filtrar foto y nombre de los periodistas en un chat en el que había 18 personas. Esos mismos periodistas habían sido identificados minutos antes por agentes de policía de paisano. Rodríguez también informó entonces de que redactores “encapuchados” de elDiario.es habían intentado entrar en el edificio. Las webs digitales El Debate, Vozpopuli y Libertad Digital se hicieron eco de los comentarios de Rodríguez atribuyendo a “fuentes de Sol” la supuesta información, sin llamar ni contrastar, lo que habría hecho posible que despertaran de ese ensimismamiento informativo al que los había sometido el centrocampista de la información madrileña.

El poderoso interruptor que tiene MAR por razón de su cargo público lo activó ese día y se inició una campaña de odio y acoso en redes. Un jarabe difícil de tragar para un país en democracia. Acostumbrarse a que fuentes oficiales del gobierno de Madrid no cojan el teléfono o solo contesten por mail, que sea cada vez más difícil obtener información de la Puerta del Sol para algunos medios, supone un ejercicio de estoicismo y asunción de la injusticia: quien tiene los datos públicos y la obligación de gestionarlos lo hace de manera partidista o displicente. Sin embargo, lo que hizo Rodríguez va más allá y puede ser un delito: que un empleado público exponga datos de particulares o periodistas con información que podría haber obtenido de manera irregular. Rodríguez ha dicho que la foto de los compañeros la obtuvo de un vecino. Aunque también ha dicho que se la pasó el novio de Ayuso. También se dilucidará si obtuvo la información desde la policía de la Comunidad de Madrid en las próximas sesiones. Cuando entra por la puerta la impunidad y el hostigamiento a periodistas, la democracia salta por la ventana.

Estos días vemos testimonios en el juicio del caso Kitchen que explican que, en nombre del interés particular, se utilizaron sistemas públicos de información y se vigiló al tesorero Bárcenas a través del Ministerio de Interior. Hay quien dice que es el mayor escándalo de la democracia. Quizás se queda corto para definir lo que supone el señalamiento a periodistas por parte de un alto cargo público que sigue indemne, en su puesto, peinando canas sin despeinarse gracias al sonoro silencio del Partido Popular, la presidenta de la Comunidad de Madrid y la connivencia de algunos estómagos agradecidos.

El 23 de julio de 2025, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso, acordó un aumento del presupuesto para el hospital Fundación Jiménez Díaz, el buque insignia del grupo sanitario Quirón en la región. Lo hizo a través de la aprobación de una “Cláusula decimosexta” del convenio con este hospital. El centro, que tiene una parte totalmente privada y otra que presta servicio a la sanidad pública, factura a la Comunidad de Madrid por cada tratamiento u operación que hace para el sistema público, una modalidad de cobro 'a destajo' inusual gracias a un “convenio singular” firmado en 2006, cuando gobernaba Esperanza Aguirre. Cada año, ese convenio se va modificando con documentos que cambian (normalmente, actualizan y mejoran) las condiciones iniciales para Quirón. La última vez que se hizo una actualización fue el verano pasado.

Según lo firmado en el acuerdo, al que ha tenido acceso elDiario.es, se autorizó a este hospital de Quirón a elevar su techo de facturación con la sanidad pública a 455 millones (en 2011 el límite estaba en 285 millones) con la justificación del “aumento del IPC, aumento de la población y su envejecimiento” y también de la puesta en marcha de hemodiálisis a domicilio o programas de prevención. Además, autorizaron poder pagarle a este hospital más dinero por la formación de médicos MIR —más de 11 millones— a cuenta del IPC y aumento de número de facultativos. Por último, se acordó financiar al hospital en 45,5 millones de productos de farmacia, una subida justificada en que se había aumentado la actividad y por “la inclusión de nuevos fármacos”.

En 2025, el presupuesto que presentó y aprobó la Comunidad para la Fundación Jiménez Díaz era de 450 millones. Aun así, Sanidad ya había comprometido en ese mes de julio 488 millones con el centro, según documentación que ha podido revisar elDiario.es. Con la aplicación de esta cláusula nueva, los compromisos de pago se elevaban a 511 millones de euros para 2025.

¿De dónde iban a sacar el dinero para hacer frente a ese nuevo techo de gasto? Aunque los presupuestos se presenten cerrados y se aprueben en los parlamentos, los gobiernos pueden hacer modificaciones de crédito, que es mover partidas que no han ejecutado o no prevén gastar hacia otros gastos sobrevenidos que hayan aumentado. Es mover el dinero de un cajón a otro. Estas operaciones deben justificarse, aprobarse por la Consejería de Hacienda y se publican en los boletines oficiales. En 2025 ha habido 11 modificaciones de crédito a favor de hospitales de Quirón en Madrid de las que no se ha dado detalle público, explica Óscar Hernández, activista por los servicios públicos y la transparencia, que ha recopilado la información y solicitado todo el detalle por el Portal de Transparencia.

Para hacer frente a ese aumento de compromiso de pago, la Comunidad de Madrid hizo una memoria que justificaba esa “transferencia de crédito”, con el objetivo de recabar 29,9 millones de euros de otras partidas y hacer frente a parte de ese aumento presupuestario de la Jiménez Díaz, según documentación oficial conseguida por Hernández desde Transparencia y que ha revisado este medio. Los millones los sacó de las cuentas sanitarias, del sistema público. Por ejemplo, de la línea “Orientación futuros padres de hijos con discapacidad”. El Gobierno de Ayuso había dotado esta iniciativa con 300.000 euros que, con la nueva orden, quedaron a cero. Según los presupuestos de 2025, este programa pretendía “incorporar a la familia en el plan de cuidados, dedicando una atención especial a la complementariedad entre los apoyos formales e informales y para ello dota presupuestariamente actuaciones de orientación a futuros padres de hijos con discapacidad”.

También se dejó a cero la partida de 6,5 millones del “plan de cuidados paliativos” que, según los presupuestos oficiales, incluía la “humanización de espacios”, planes de formación para sanitarios o “mantener la adecuada oferta de camas hospitalarias”. La Consejería de Sanidad no ha contestado a las preguntas de elDiario.es ni sobre a qué partidas exactas iban destinados estos millones o qué iban a mejorar. Tampoco ha explicado si se ha compensado esa línea con otros ingresos.

Entre las partidas con más dinero sustraído está la de “Servicios nuevos” en atención primaria y hospitalaria, un 'cajón' que se redujo en 15 millones. O “implantes”, que en los presupuestos 2025 contaba con 19 millones y se vio reducida en 4,3. Sanidad, que no ha especificado qué tratamientos concretos se han visto comprometidos en estos dos casos, también redujo el dinero destinado a “energía”, “material quirúrgico” o “material de laboratorio” para hacer frente a los pagos al hospital concertado, que tiene una población de referencia de más de 460.000 personas y es el que más pacientes ha captado de otras áreas sanitarias en los últimos años: le va la rentabilidad en ello porque factura por tratamiento, y cuantos más pacientes consigue, más ingresa.

La existencia de diferentes vías de pago hace que sea muy difícil saber lo que cobran realmente los cinco hospitales privados que prestan servicio público en Madrid (cuatro de Quirón y uno de Ribera Salud). Por una parte, hay un sistema de canon: la Comunidad paga a estas empresas un fijo por habitante asignado a su zona, vaya o no al hospital, y luego paga aparte por cada paciente que obtengan de otra zona. De hecho, con el sistema de libre elección, los hospitales concesionados han obtenido más de 1.200 millones extra en cinco años, al margen de sus presupuestos, y que ha pagado el Sermas. El caso de la Fundación Jiménez Díaz es especial porque no cobra un canon fijo, sino que factura por cada tratamiento que hace, sea o no de su zona.

Además, hay desembolsos puntuales fuera de los presupuestos porque hay deudas atrasadas que se autorizan en los Consejos de Gobierno. A esto hay que sumar pagos por intereses de demora, sentencias judiciales que obligan a abonar facturas con años de decalaje o, como en este caso, transferencias de crédito y modificaciones extraordinarias de presupuesto. Por otra parte, las auditorías de la Consejería de Sanidad a las empresas no se hacen de manera total, sino por muestreo. Todo ello hace casi imposible tener una radiografía precisa y transparente de costes e ingresos, lo que hace a su vez muy difícil dilucidar si el modelo de concesión es realmente eficiente como defienden en la sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid desde que Esperanza Aguirre instaurara este sistema mixto en 2006 con una duración de 30 años.

El grupo Quirón no ha respondido a las preguntas de elDiario.es.

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Dice la sabiduría popular que no hay nada más eficaz para valorar lo que tienes que perderlo. Es ahí –cuando te dicen “no eres tú, soy yo”, cuando el análisis de sangre tiene asteriscos o se decide que eres “redundante” en tu empresa– cuando eres capaz de analizar con claridad que lo malo no era tan malo. Puede que incluso te sobrevenga la desesperación de querer recuperar a toda costa lo que te parecía aburrido y accesorio, ahora que ya no te pertenece.

El decreto que permitió a más de un millón de inquilinos abrazar la esperanza de que les subieran el alquiler hasta el 2% como máximo (frente a subidas especulativas de más de dos cifras) ha durado 30 días. Y ha dejado en el aire una pregunta. ¿Cómo sería si fuera fácil encontrar casa y poder pagarla? ¿Cómo sería vivir cerca del trabajo o sin compartir salón, cocina y baño? ¿Cómo sería poder tener hijos cuando quiero? Por eso, este 'simulacro' de un mes que hemos vivido es un acto político por el que hay que aplaudir el empeño de Sumar.

Cuando una orquesta toca la nota final, el silencio que le sucede da sentido a lo anterior, porque la ausencia de sonido deja el hueco necesario para revalorizar lo que vibró antes. La derogación del decreto ha dejado un silencio demoledor y ha revalorizado la urgente necesidad de hacer algo con la emergencia que vivimos. También ha puesto en evidencia que, si se quiere, se puede hacer algo. Algo que ya no se podrá seguir haciendo gracias a la connivencia cruel de PP, Vox y Junts –que se ve que no cuentan entre su electorado con inquilinos ahogados–. Entre los españoles y los extranjeros, “prioridad nacional”. Entre acomodados y la mayoría de españoles, “prioridad privilegiada”.

Los efectos de este ensayo legislativo, en el que se interviene el mercado aunque sea con una sola e insuficiente palanca, van a ser farragosos. Los juristas mantienen que no se pueden anular sus efectos, así que las prórrogas solicitadas el mes pasado deberían hacerse efectivas. No va a ser fácil, y ahora nos enfrentaremos a peleas entre caseros e inquilinos. Para quien tenga dinero, tiempo o departamento legal, habrá judicialización de casos. 

La realidad es que España puede topar los precios del alquiler porque existe una Ley de Vivienda que lo permite a las comunidades autónomas. El dilema de “intervenir el mercado”, que decía Pedro Sánchez, líder de un partido que lo ha hecho aunque arrastrado por Podemos o Sumar.

El PP, directamente, no quiere hacerlo posible allá donde gobierna, usando de parapeto a ese ubicuo jubilado que completa su pensión o con la excusa de que la medida agravará el problema (si es que eso es posible) porque supondrá la retirada de casas del mercado. No olvidemos que en el tope de precios, ya muy altos, el casero no pierde, sino que gana un poco menos. No olvidemos, sobre todo, que quienes sufren son mayoría y deben ser antepuestos. El freno a la especulación y el derecho a la vivienda no es hippie ni de izquierdas, está en el artículo 47 de la Constitución e incluye enfriar el mercado si es necesario.

En materia de vivienda hay que construir mucho, también mucha VPO, y tapar los agujeros por los que la especulación ha encontrado negocio, como los alquileres temporales y de habitaciones. Topar precios no es el remedio absoluto, obviamente, pero es una palanca inmediata hasta que llegue ese maná de ladrillos que se cortó de cuajo tras la burbuja inmobiliaria. No hacer nada porque no se puede hacer todo es la excusa perfecta de quien busca no molestar a los fondos de inversión y las clases extractivas, es decir el PP, Vox y Junts, según lo votado este martes en el Congreso de los Diputados.

Esto no es un show televisivo, ni un juego de aritméticas, ni un duelo entre facciones del gobierno ni una calculadora de votos a futuro. Es la vida real, que pide paso con sus urgencias básicas y grita “haced algo ya, coño”.

El 5 de diciembre de 2025, Arturo Villarroya, mano derecha y asesor del todopoderoso eurodiputado de Vox Jorge Buxadé, soltó una bomba en redes sociales. Dejaba Revuelta, la organización juvenil alentada por el partido de Santiago Abascal, y denunciaba además que esta entidad se había quedado fondos recabados para la dana, una acusación que llevó a la Fiscalía por “presuntas irregularidades graves, posible estafa en el destino de fondos y en el cobro de cuotas de afiliación sin derechos asociados”. Esa denuncia se ha archivado esta semana.

Que alguien tan cercano a la directiva del partido ultra hiciera este ejercicio de exhibicionismo de una corrupción tan grave en un satélite de Vox solo tenía una explicación, según varias fuentes críticas consultadas. Era lo que en periodismo y política se llama una explosión controlada: antes de que salte el tema, lo sacas tú para poner el marco de debate y mostrar que eres el delator y no el corruptor o el corrupto. Casi de manera simultánea, el partido se alineaba con lo expuesto por Villarroya y daba un paso inusual en una formación conocida por la opacidad en sus gastos e ingresos: anunciaba una denuncia ante un organismo estatal para que se aclararan las cuentas de Revuelta, a la que habían ayudado a nacer y a crecer.

“Hicieron una denuncia política”, entiende Pablo González Gasca, secretario general de la organización juvenil que, tras las acusaciones y la crisis pública, se ha escindido del partido. Asegura a elDiario.es que han tenido bajas de “afiliados o gente de la Gaceta de la Iberosfera, o gente que depende del partido que se dio de baja porque ha habido purgas, pero hay otros 300 o 400 afiliados nuevos”. Dice que recaban unos 4.000 euros mensuales, “por poner una cifra”. También afirma que desde el partido de Abascal se han vigilado redes sociales para ver quién se alinea o no con la organización juvenil.

Revuelta acaba de celebrar que la denuncia que puso Villarroya en Fiscalía ha sido archivada: “Más allá del ataque directo a nuestra organización, lamentamos profundamente el daño causado a la confianza de los españoles en futuras campañas solidarias. Estas actuaciones han generado un perjuicio moral innecesario, especialmente doloroso para las víctimas de la DANA, que pudieron sentirse humilladas y traicionadas. Nosotros seguimos estando dispuestos a todo, pero necesitamos tu ayuda. Por todas estas acciones y muchas más… ¡apoya a La Revuelta!”, dicen a sus socios por correo.

En otras comunicaciones, cuentan logros y campañas para seguir recabando dinero. Por ejemplo: “Acudimos al pueblo de la terrorista Anboto para denunciar su liberación, así como para pedir el izado de la bandera nacional en el ayuntamiento. También estuvimos en Barcelona y en varios municipios de la provincia para denunciar la islamización de Cataluña. Participamos en el primer congreso de remigración celebrado en España y acudimos a la manifestación europea por la deportación en Bélgica, donde establecimos lazos con numerosos amigos de toda Europa”. Más abajo, el link para donar o hacerse socio.

Casi todas las comunicaciones son contrarias a la inmigración, en favor de la “remigración” (es decir, que vuelvan a sus países) o “frente a ETA”, una banda terrorista disuelta hace más de una década.

Aunque sobre ella no hay ahora mismo ningún proceso judicial, el funcionamiento de Revuelta ha sido siempre confuso, algo de lo que Buxadé se lamenta en unos audios que salieron a la luz tras la crisis reputacional y que muestran que en Vox eran conscientes. A raíz de estas revelaciones, Vox abrió expediente a González Gasca, a quien ha acabado expulsando del partido.

Revuelta nació el 28 de septiembre de 2023 con un tuit: “Estad atentos. Muy pronto tendréis novedades #Revuelta”. El post tenía cinco me gusta. Algo más de un mes después, organizaba protestas a las puertas de las sedes del PSOE en toda España y arrastraba a cientos de jóvenes a escraches o protestas universitarias o a la plaza de Colón contra el Gobierno. Es una simple marca, porque lo que hay detrás en realidad es una asociación privada llamada Asoma y creada para defender los intereses de personas mayores, según los estatutos, a los que ha tenido acceso elDiario.es: “Sabíamos que se tardaba tres meses en crear una asociación y nos dejaron utilizar esa, es un parapeto legal que entiendo que no es muy extraño. Aun así lo cambiaremos para que no cause extrañeza”, dice Gonzaléz Gasca. Los mails que piden fondos llegan indistintamente desde esas dos marcas, aunque los donativos sí van a Asoma, que es la estructura legal que puede gestionar dinero. Las asociaciones son entidades poco obligadas a la transparencia puesto que son privadas.

Tras las acusaciones a Revuelta y la publicación de los audios en los que se infiere que Vox estaba preocupado por posibles irregularidades, la organización juvenil achaca el conflicto a que les pidieron que se integraran en Vox, para que tomara el control la directiva de Abascal, y ellos lo rechazaron.

También ponen en duda cómo circula el dinero desde el partido Vox hasta otras empresas u organizaciones. “Nos pidieron el listado de proveedores, justo ellos”, dice el secretario general de Revuelta. El listado de proveedores es precisamente una de las peticiones que han hecho los críticos a Abascal: que publique a qué empresas está contratando y cuánto le paga a su gurú Kiko Méndez Monasterio. González Gasca también señala que se están financiando becas a estudiantes con dinero que no está claro de donde viene o que podría venir del propio partido, es decir, fondos públicos y cuotas de militantes. “A mí mismo me financiaron”, cuenta. elDiario.es ha podido constatar en las cuentas de la Fundación Disenso –el think tank de Vox que vive íntegramente del dinero que le manda el partido– que en 2023 preveía destinar medio millón de euros para becar alumnos. Dos becas eran para el ISSEP (otra fundación del entorno de Vox vinculada a la sobrina de Marine Le Pen) y 11 eran del Programa Jóvenes Líderes de la Iberosfera.

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El partido Vox no ha contestado a ninguna de las preguntas de elDiario.es.

Puedes hacernos llegar documentación o datos confidenciales a la redacción en el correo pistas@eldiario.es

El partido Vox nació con una agenda antiecológica, antifeminista, antihomosexual. Lobbies gay, maltratadas de pega y agenda verde de Bruselas que arruina a los agricultores de toda la vida. Así fue consiguiendo atrapar el voto de una ciudadanía que veía su mundo moral posfranquista colapsar, de manera acelerada por una tecnología que ha abierto una fosa social. En Vox, antes de la pandemia, allí encontraron refugio miles de españoles desconcertados que querían volver a un mundo que ha dejado de existir y en el que ellos o sus familias educadoras eran dueños de los códigos o, al menos, pertenecían a la clase que los establecía y los entendía. Ese refugio no lo han encontrado en otro lugar, y eso es un fracaso de la política.

Pero el partido de Abascal entendió pronto que esos mantras eran insuficientes para seguir creciendo. Había una parte de la población, mujeres por ejemplo, que no estaba dispuesta a aceptar el paquete regresivo completo. Del mundo de la ética y la moral nacional católica pasaron al eje del bolsillo y la calidad de vida. La precarización de la clase media y/o trabajadora –por motivos que tienen que ver con los privilegios de unos ricos que son cada vez más ricos– era un vellocino de oro de votos. Emulando a la ultraderecha francesa, o al discurso de Trump, Vox ha apostado por echar la culpa del empobrecimiento a los más desfavorecidos. El extranjero “ens roba”. O delinque. O cambia los paisajes castellanos de España.

En esa idea de bienes limitados y menguantes para una población creciente reposa el concepto “prioridad nacional”. Ya no se repartirá a quien más lo necesite, sino a quien sea más español primero. Pero, ¿qué es ser español? Español sería haber nacido en España. ¿O también haber adquirido la residencia? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Los hijos de una pareja de italianos que viven en Barcelona un año tendrían derecho a beca o tarjeta sanitaria? ¿O solo hablamos de ciudadanos marroquíes y negros? ¿Hablamos de pobreza o hablamos de extranjeros? ¿Hablamos de raza? ¿O hablamos de Islam? ¿Hablamos de los millonarios que consiguieron la golden visa comprando pisos que no podrían tener derecho a colegio público? ¿Propone Vox que las personas nacidas fuera vengan, trabajen y paguen impuestos en España pero que tengan menos derechos que otros que trabajan y pagan impuestos en España? ¿O que ni siquiera vengan a trabajar? ¿O que vengan pero que no molesten con su presencia y voz en las calles, hospitales o colegios? El Tribunal Constitucional estará encantado de poder leer estos argumentos.

La milagrosa solución que plantea Abascal en los territorios en los que está pactando con el PP –con la siempre confusa posición de Feijóo, que no se sabe si va, si viene o si ya estuvo– es limitar los beneficiarios del estado del bienestar por razón de raza, papeles, cultura o nacionalidad, en lugar de trabajar en aumentar y mejorar ese maltrecho estado del bienestar, que tiene que reparar grietas de desigualdad abiertas con dinero público, en muchos casos, por el turbocapitalismo desenfrenado en la esfera privada.

Vox quiere Make España Great Again pero no por la vía de la innovación, calidad de empleo o justicia impositiva, sino por la vía de la segregación por raza y cultura. Puede que sea solo una solución para seducir a esos miles de españoles que sienten que viven mal pese a que trabajan, que pagan mucho en vivienda, que viven muy lejos de sus trabajos, que cada vez comen más arroz y menos pescado o que no se van de vacaciones. Quizás el racismo sea dopamina para ellos y Abascal, su camello ideológico dispuesto a inculcar el virus del racismo en un país abierto y democrático.

O puede que sea un simple eslogan que sirva como excusa para romper con el PP cuando le venga en gana y mandar un mensaje de amparo a miles de españoles necesitados de soluciones, aunque sean absurdas, racistas e imposibles.

La Fiscalía Provincial de Madrid ha archivado la denuncia que dos exmiembros de Revuelta –considerada la marca joven de Vox que nació gracias al apoyo de Santiago Abascal y de su directiva– interpusieron contra otros miembros por un supuesto desvío de fondos recaudados para ayudar a los damnificados por la dana. Revuelta irrumpió en septiembre de 2023 en el panorama político con un tuit y a partir de ahí organizó protestas en universidades, convocó manifestaciones en Ferraz y ha estado en los actos organizadas por Vox en Colón con unas propuestas ultra muy parecidas a las del partido de Abascal.

Esa sintonía y relación se quebró en noviembre de 2025, cuando el vicepresidente de la organización juvenil, Arturo Villarroya, dimitió de su cargo y, acto seguido, presentó una denuncia ante la Fiscalía por un supuesto desvío de fondos recaudados para ayudar a los damnificados por la dana. Villarroya es asesor de Jorge Buxadé en el Parlamento Europeo. Javier Esteban, exvocal de Revuelta, fue otro de los denunciantes. No ha respondido a las preguntas de elDiario.es.

En los hechos que ambos presentaron ante la Fiscalía se relataba que otros tres miembros de la junta directiva de Revuelta mantenían en las cuentas 105.000 euros apalancados, un dinero que aseguraban eran donaciones finalistas de ayuda a damnificados por la riada y que no se habían usado, según el escrito que adelantó El País. Además, los denunciantes señalaban que el presidente, Jaime Hernández Zúñiga, había utilizado una furgoneta de la asociación juvenil ultra para uso privado, que se cargaron facturas falsas de 5.000 euros o se sorpasaron obligaciones fiscales derivadas de la venta de camisetas.

La Fiscalía encargada de delitos económicos, tras analizar la denuncia, ha llegado a la conclusión de que el texto “no aportaba datos sustanciales, era muy genérica”, y no ha entrado a investigar, archivándola.

El partido Vox prometió acción contra la presunta corrupción en su entorno tras la denuncia pública de Villarroya y presentó a su vez una denuncia por “presuntas irregularidades, posible estafa en el destino de fondos y cobro de cuotas de afiliación sin derechos asociados” ante la Autoridad Independiente de Protección del Informante, un organismo creado recientemente para proteger a las personas que faciliten información sobre fraudes y corrupción y que depende del Ministerio de Presidencia. Este organismo no ha dado información a elDiario.es justificando que todas sus investigaciones requieren secreto.

Pablo González Gasca, secretario general de Revuelta y uno de los denunciados, ha negado siempre estas acusaciones y las ha enmarcado en la voluntad de Vox de hacerse con este satélite ideológico juvenil y controlarlo. A raíz de la denuncia ante la Fiscalía, El Mundo y El Plural publicaron audios en los que se escuchaba a Buxadé hablando de las presuntas irregularidades y pidiendo claridad en las cuentas a Revuelta: “Hay que resolver el problema y estoy a vuestra disposición para ayudaros a hacerlo”, decía el eurodiputado. González Gasca fue expedientado tras la publicación de los audios y confirma a elDiario.es que ha sido expulsado.

Ahora, el caso ha quedado sin recorrido judicial y Revuelta se ha desvinculado del partido de Abascal, que desde el año pasado no le presta ayuda ni le hace de altavoz a través de sus redes sociales.