La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha estado buscando piso para comprar en Chamberí, el mismo barrio en el que reside en un dúplex de 1,8 millones que adquirieron entre su pareja, Alberto González Amador (compró el último piso), y una empresa (el ático), que luego le revendió a Amador. Para las gestiones de búsqueda de esta nueva adquisición inmobiliaria ha estado utilizando a un cargo público de la Presidencia de la Comunidad de Madrid que le ha hecho los contactos y concertado la agenda de visitas, además de participar en la negociación del precio para la compra, según ha podido constatar elDiario.es.

La persona que ha llevado a cabo esta labor es el jefe de despacho de la Secretaría de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Álvaro Sanz. Diplomado en Informática de Gestión, cobra 93.317,08 euros anuales, según el Portal de Transparencia madrileño, y antes fue secretario del Partido Popular en Madrid. Sus funciones actuales son el “control y coordinación de la agenda de la Presidenta de la Comunidad de Madrid. Coordinación y organización de viajes. Recepción de visitas y atención al público, tanto telefónica como presencial. Despacho y gestión de correspondencia y correos electrónicos. Y en general, labores propias de jefatura de secretaría de presidencia”, dice la descripción de su puesto laboral, que no incluye obviamente gestiones personales.

Álvaro Sanz fue quien contactó con la propiedad de un piso de unos 100 metros cuadrados –cuatro habitaciones, patio, garaje y un balcón con vistas a un jardín que se anunciaba hasta hace poco en Idealista–. También concertó dos citas para visitarlo. La persona que lo enseñó ha corroborado a elDiario.es esta información y, aunque confirma que la presidenta finalmente no lo compró, no ha dado detalle de quién se quedó finalmente la vivienda.

Según ha podido saber elDiario.es, el 1 de diciembre de 2025 acudió a ver el piso Isabel Díaz Ayuso en persona, con su equipo de escoltas. Hubo una segunda visita, también concertada y gestionada por este mismo secretario de Presidencia, a la que Ayuso acudió con su pareja, Alberto González Amador. El piso, para reformar y que tenía un precio de salida de 850.000 euros en la plataforma, tenía otros compradores interesados. Preguntado el intermediario de la venta, confirma a elDiario.es que en esas gestiones su interlocutor fue también Álvaro Sanz y que siempre fue la persona con la que trató e intercambió numerosas llamadas y mensajes. Preguntado por estas gestiones, Álvaro Sanz ha remitido a elDiario.es al gabinete de prensa de la presidenta, que no ha negado los hechos.

Sanz es secretario de Ayuso desde 2019, cuando esta ganó sus primeras elecciones. Está contratado en la administración pública como personal eventual, es decir, un cargo de confianza, de nombramiento discrecional, que no es funcionario, pero tiene el estatus de empleado público mientras desempeña su función. Es la misma modalidad de empleo público que tiene Cristina Álvarez, la asesora de Begoña Gómez en La Moncloa e imputada por el juez Peinado por hacer gestiones profesionales a la mujer del presidente del Gobierno conducentes a gestionar su cátedra en la Complutense de Madrid o canalizar patrocinios para este proyecto universitario.

El juez Peinado propone procesar a la asistente y a Gómez por tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, malversación de caudales públicos y apropiación indebida, dado que entiende que ayudó con sus gestiones a cometer los presuntos delitos.

La labor del jefe de despacho “puede incluir gestiones particulares sin hacer negocios, de lo que se acusa a la colaboradora de Begoña Gómez”, puntualizan fuentes oficiales de la Puerta del Sol preguntadas por la confusión entre el perfil institucional y personal en las labores de este puesto.

El nombre de Álvaro Sanz ya saltó a los medios en la pandemia, cuando se hospedó en el Slow Suites de Chueca, uno de los 22 hoteles privados cedidos a la Consejería de Sanidad para albergar exclusivamente a personal sanitario, como publicó Infolibre. En aquel momento, desde Presidencia se explicó que Miguel Ángel Rodríguez había ordenado que se alojara en este hotel porque “era obligatoria su presencia” en la Puerta del Sol, sede del Gobierno regional, y porque Sanz vivía con sus padres y era una forma de protegerlos. En esos mismos días, en lo peor de la Covid, la presidenta de la Comunidad de Madrid se alojaba en dos apartamentos por 80 euros la noche de la cadena hotelera, Room Mate, propiedad del empresario Kike Sarasola.

El patrimonio y actividad inmobiliaria de Díaz Ayuso ha estado bajo el foco desde el inicio de su mandato. La ruina de la empresa de su padre, que dejó sin devolver un préstamo público de 400.000 euros de Avalmadrid en 2011, operación en la que ella intercedió, llevó a este a donar sus bienes a sus hijos.

La propia Ayuso admitió haber recibido un piso que podía ser embargado en una entrevista en Telecinco en 2019: “Mi padre ya estaba de baja médica, sabía que estaba enfermo, que no iba a durar mucho, y le preocupaba que el poco patrimonio que tenía, lo heredáramos. ”Es la casa en la que se crio mi madre, mi hermano y yo... No sé qué pretenden que hagamos mi madre y yo, no nos podemos ir debajo de un puente...“. El salario anual bruto de la presidenta de la Comunidad de Madrid es actualmente 103.090 euros (8.590 euros mensuales).

“Estoy harta de pagar alquiler y tengo ilusión por comprarme una casa, pero en Madrid se ha disparado la vivienda”, dijo en 2022 en una entrevista con El Mundo. Un mes después, su pareja, Alberto González Amador, compraba un piso en Chamberí por 850.000 euros, para el que entregó 350.000 euros de entrada, una cantidad casi idéntica a la que habría defraudado a Hacienda y por lo que está procesado. Un año después, una sociedad llamada Babia Capital SL compró el ático que está en la planta superior donde vive la pareja. Babia Capital pagó por el piso 950.000 euros y, según declaró González Amador a la jueza, él se lo alquilaba por 5.000 euros al mes con derecho a compra. El año pasado, González Amador formalizó la compra también de este piso.

En julio de 2025, El País reveló que Ayuso había utilizado un chalé de patrimonio público en Rascafría para pasar un fin de semana con su familia, sin que constara este edificio como residencia ni se hubiera informado sobre su uso particular a la opinión pública. El complejo había sido comprado por el Gobierno de Ayuso en 2023 por 4,3 millones de euros. Cuando salieron a la luz estas vacaciones privadas en una casa de lujo pública, la presidenta justificó que su fin de semana de ocio no había costado ni un euro a los madrileños, puesto que habían llevado el “tupper de casa” y habían comprado en Covirán.

Viktor Orbán es el “protector de Europa, por las veces que ha protegido” a las “naciones en el Consejo Europeo [la reunión de los jefes de Estado y de Gobierno de los 27] frente a los auténticos disparates de la Comisión”. Santiago Abascal celebraba con estas palabras hace apenas dos semanas en Budapest el faro político que Viktor Orbán ha supuesto para los antieuropeístas y nacionalistas de ultraderecha, cercano también a Trump y Putin. “Estas no son solo vuestras elecciones, también son nuestras elecciones”, decía un Abascal que, en ese caso, las ha perdido.

Ese faro ideológico húngaro se ha apagado abruptamente este domingo, tras unas elecciones históricas que han dado la victoria a Péter Magyar, el antiguo socio de Orbán que cambió de bando y que puede desmantelar las reformas antidemocráticas del prorruso, en el poder durante 16 años.

El Consejo Europeo, que representa el interés de los 27 países de la UE y que influye y marca en gran medida las políticas de la Comisión Europea liderada por Von der Leyen, queda ahora sin la presencia de Orbán. Por tanto, Santiago Abascal se queda huérfano de representante y amigo en esta mesa de alto nivel europeo, sin altavoz en el boicot a las políticas medioambientales, conminar al endurecimiento de las políticas migratorias o sin el actor necesario para bloquear 90.000 millones destinados a ayudar a Ucrania.

Aunque el grupo parlamentario europeo de los Patriots continúa –lo preside Abascal y lo integran también los partidos de Orbán y Le Pen–, la caída de quien era su padrino de facto es probable que genere un terremoto de nuevas alianzas ultra en Europa y también choques con el nuevo gobierno húngaro, que ya no es anti UE ni se victimiza achacando a Bruselas los problemas económicos o sociales del país.

Abascal y Vox no solo han perdido un aliado político al que han alabado y considerado el protector y avanzador de las ideas ultra en Europa, han perdido también un puntal de financiación, apoyo y visibilidad.

Desde el grupo Patriots europeo, Orbán ha apoyado encuentros de la internacional ultra en España y desde su entorno se han financiado actividades para eventos de think tanks iliberales o cursos de formación. Por ejemplo, la Fundación Disenso, presidida por Abascal y a la que transfiere más de dos millones de euros anuales el partido Vox, va a celebrar este mismo jueves un evento internacional auspiciado por la Fundación Patriots bajo el lema “Una Nueva Alianza: Por qué las Américas son importantes para el futuro de Europa”.

Disenso también comparte un proyecto de formación junto a esa misma fundación –financiada en gran parte por la misma UE que denostan tanto Vox como el partido de Orbán o Le Pen–. Se trata del Programa Jóvenes Líderes de la Iberosfera, que forma “futuros dirigentes en el ámbito político y social de ambos lados del Atlántico” y que se imparte en EEUU, España, en Bélgica, Italia y Hungría, según la información colgada en la web.

Todos estos compromisos y la financiación de estos proyectos de Vox y su fundación quedan en el aire con la caída del primer ministro húngaro, a falta de saber si ahora Santiago Abascal consigue tener la misma influencia en Patriots con un Orbán que ya no es primer ministro, si se abre un nuevo panorama de alianzas entre los grupos ultras europeos y si logra mantener cuota de poder en Europa a través de sus europarlamentarios y en las decisiones que favorezcan a su partido.

Pero si Vox ha tenido una conexión favorable con la Hungría de Orbán, esa ha sido la de dos créditos bancarios millonarios que el partido español necesitó y consiguió para poder hacer la campaña de las generales de 2023 y las elecciones al parlamento europeo de 2024. Tal y como figura en sus cuentas, en 2023 pidió 6,5 millones al banco húngaro MBH Bank, que tiene como mayor accionista a Corvinus International Investment, una firma de inversión controlada al 100% por el Estado magiar presidido entonces por Viktor Orbán. La Ley de financiación de partidos española prohíbe cualquier financiación “por parte de Gobiernos y organismos, entidades o empresas públicas extranjeras o de empresas relacionadas directa o indirectamente con los mismos”.

En 2024, Vox volvió a acudir a ese mismo banco para solicitar 7 millones de euros más para la campaña de las elecciones europeas. El tipo de interés que pagó en ambos créditos fue del 11% (frente al 6% que pagó por pedir casi dos millones al BBVA o el 8% que pagó al Santander por cantidades mucho menores). En esos dos mismos años en que pedía créditos por la falta de fondos para concurrir a elecciones, Vox continuó trasfiriendo más de dos millones de euros de media a la Fundación Disenso, dedicada a eventos, encuentros, viajes, una web ultra y que destina la gran parte del dinero a salarios o pagos a empresas de las que no se da información.

Internamente, la derrota de su aliado principal en Europa abre otra vía de agua a Abascal, cuestionado en las últimas semanas por disidentes como Iván Espinosa de los Monteros, Ortega Smith o Juan García-Gallardo, que apuntan a la opacidad de las cuentas y piden un congreso extraordinario en Vox.

Ahora, algunos críticos cuestionan si la estrategia de atar el destino del partido español a Donald Trump, en sus horas más bajas incluso en EEUU después de la invasión a Irán, si las fotos con Netanyahu o apoyar a Orbán después de que se conociera que pudo pasar información al Kremlin ha sido una estrategia inteligente.

El partido Vox no ha contestado a ninguna de las preguntas de elDiario.es.

Yo también tuve una perla, como Rosalía. Como tantas. La cantante, tan sublime como sutil en sus mensajes, ha puesto un confesionario en su gira para desnudar a aquellos que hirieron o se aprovecharon de un otro más complaciente, ingenuo, impresionable, joven. Alguien que, pensando estar a salvo y en igualdad de condiciones, se dejó en casa coderas y casco.

En los patios de los colegios hoy se sigue jugando a cerrar los ojos para que un amigo te guíe, te dé instrucciones de izquierda y derecha con el objetivo de que esquives los obstáculos hasta que llegues a meta sin lastimarte. A veces nos ponemos en manos de alguien que quiere llevarte, no al objetivo, sino a la esquina que más le conviene. O te hace tropezar de manera sorpresiva. O te deja plantado y ciego a mitad de camino porque le ha salido un plan mejor.

Son los ojos del que ama con bondad quien sublima a la perla, los que ensalzan su valor y la pone en la vitrina para que otros –que no acaban de ver claro qué viste justamente en esa perla– la admiren. En realidad la perla es una tiza: esos ojos que la veían con apariencia de dureza y brillo son los mismos que pueden arrebatar sus atributos con un despertar que la convierta en polvo mate. Así, aquel dios se convierte en hueso mortal. El músculo anabolizado se atrofia. Los altos valores imaginados se despeñan, quedando arrumbados como desperdicios que un día parecieron rasgos elevados y eternos. Ahí, la perla deviene una cáscara hueca, que existió como canica preciosa solo gracias a ti y en tu cabeza.

Desde el humor y la conciencia de que aquel encuentro con aquella perla sirvió –como una llave de judo que utiliza la fuerza del contrario para tomar impulso con el tiempo–, el confesionario de Rosalía expone en Lux Tour comportamientos que rara vez trascienden la esfera privada. Custodiada en una caja silente, la perla puede seguir siendo un estupendo compañero de trabajo o un gracioso amigo por la generosidad de quien la padeció, que decide que quizás no fue así, que no vale la pena remover o que la culpa fue de ella por jugar a la gallinita ciega.

Rosalía, alineada con la idea de “que la vergüenza cambie de bando”, anima a dejar de proteger a personas de comportamientos miserables y a no autoculparse. Sin venganza, rabia o dolor. Desde la serenidad y por pura justicia. Amar es exponerse con debilidades. Quien, conociéndolas, intenta sacar provecho de ellas en lugar de ayudar a entenderlas y superarlas debe ser expuesto también en público, para que el brillo corrupto de esas perlas sea visible por todos, en lugar de cegar solo la luz personal en convenientes y privados espacios domésticos.

El sistema sanitario madrileño tiene una red de hospitales públicos que conviven con cinco concertados (cuatro de Quirón y uno de Ribera Salud). Todos atienden a los ciudadanos en función del área donde viven, pero los de empresas privadas pelean también por captar pacientes de la pública y de otras zonas. Esto se puede hacer porque en 2009 Esperanza Aguirre implantó la libre elección. Esto significa que cada madrileño tiene asignado un hospital según su zona de residencia, pero puede cambiarse a otro para ser tratado en cualquier otra zona de la región.

Este modelo mixto y abierto al cambio tiene una consecuencia económica. Cada mes, los hospitales de gestión pública y los de gestión privada tienen que poner en común qué tratamientos han hecho a pacientes que vienen de fuera de su centro para facturar a quien corresponda. Por ejemplo, si a una parturienta a la que le tocaba el Hospital Gregorio Marañón (público) la han atendido en la Fundación Jiménez Díaz (de Quirón), este hospital privado le cobrará al Servicio Madrileño de Salud el coste del parto. Si es a la inversa, será el sistema público el que cobrará por el parto a Quirón.

El sistema de facturación, que se llama Balance Intercentros, es complejo y exige que haya unos datos precisos de los pacientes que se deben presentar al pagador. La Comunidad de Madrid lleva años perdiendo millones por no facturar bien a las empresas privadas cuando pacientes asignados en estos hospitales de Quirón y Ribera se tratan en la pública, como publicó en exclusiva elDiario.es.

Los documentos internos que revelan el problema, y que publica ahora este medio, recogen toda esa pérdida. Son más de 71 millones que se han dejado de facturar entre 2017 y 2023 a las empresas concertadas. Como apunta una de las páginas del departamento encargado de auditorías y cobros, suman “71.653.032 euros por no encontrar documentación de la actividad clínica”. El Hospital Clínico San Carlos es el que más dinero ha perdido por no facturar bien en el periodo que va de 2017 a 2021. En los años que analiza el documento estaban al frente del gobierno regional Cristina Cifuentes, Ángel Garrido e Isabel Díaz Ayuso (desde 2019), todos ellos presidentes del Partido Popular.

El problema –según admite otro documento de Sanidad al que ha tenido acceso elDiario.es (el manual de facturación)– reside en que hay hospitales públicos que tienen “subsistemas de información” propios y “códigos (…) pendientes de normalización”, lo que “ha impedido la captura automática de determinadas líneas de actividad”. Es decir, que mientras las empresas privadas tienen departamentos y programas desarrollados para cobrarlo todo, en el sistema madrileño hay fallos burocráticos. “Las empresas no pagan un euro a la sanidad pública si no está todo absolutamente bien, aunque sea una cuestión formal”, admite una fuente del sector privado. Así lo reflejan algunas actas, como la de julio de 2019 de una reunión que deja constancia de que “las concesionarias indican que, aunque la actividad se haya realizado, si se comprueba con la información disponible que no se cumplen los criterios de facturación no será facturable”.

El Tribunal de Cuentas, el máximo órgano fiscalizador de España, ha abierto una investigación tras la denuncia del PSOE de Madrid por este caso. En su diligencia anuncia que abre “una pieza de acción pública” tras la denuncia, que solicitaba una investigación por “un presunto menoscabo de fondos públicos originado en el deficiente seguimiento y control de la facturación entre los hospitales de gestión directa y los centros con régimen de concesión privada”. El Tribunal da la opción de personarse en el caso “para la exigencia de la responsabilidad contable”, la única que puede ejercer este organismo. El PSOE ha confirmado que se va a personar.

Fuentes del Tribunal de Cuentas han explicado a elDiario.es que el caso está ahora siendo analizado y se consultará tanto a la Fiscalía como a las partes implicadas, que son los denunciantes y los denunciados, es decir, al PSOE madrileño y a la Consejería de Sanidad de Ayuso. Una vez se recabe la información, se decidirá si el caso se archiva por falta de indicios o pasa a ser investigado por un “delegado instructor” del tribunal.

La Consejería de Sanidad ha reiterado a elDiario.es que este tribunal fiscaliza y audita todos sus datos y, en el momento de la consulta, no habían sido citados a declarar.

España no es un país racista, a menos que nos refiramos a que a un extranjero (ni rico ni poderoso, se entiende) encuentra más dificultades para que le alquilen un piso. Que si tiene signos raciales evidentes le parará la policía más (reciente caso Serigne Mbaye) o le preguntarán constantemente de dónde es. Incluso cuando diga que “de Carabanchel” se le insistirá en que la pregunta se refiere al nacimiento, aunque la respuesta pueda ser la misma.

Los españoles no somos un caso único, porque no se nace racista ni se es racista genéticamente o por el lugar de origen. Los pensamientos y comportamientos racistas acompañan al ser humano (de toda raza) y pueden crecer. Por miedo, rabia, desconocimiento, prejuicio o heurística de la representatividad (es decir, considerar como más probable que te atraque o viole un marroquí si has recibido un bombardeo de mensajes en este sentido).

Los vergonzosos cánticos racistas en el partido de España y Egipto en Cornellà –“musulmán el que no bote”– son desprecio y despersonalización, como si “musulmán” fuera una categoría global sin distinciones y como si se pudiera representar así a millones de personas, asignándoles dos o tres atributos siempre negativos.

El concepto musulmán, como el concepto negro, subsahariano, marroquí, está siendo trufado con un nuevo contenido subjetivo por culpa de unas redes sociales que promueven valores antidemocráticos y por los dos partidos de la derecha. Vox y PP han entrado en la lucha por ver quién vincula más y más rápido los delitos y los problemas con los migrantes árabes y africanos. Como cuando ser español en el extranjero era signo inequívoco de ser pobre, atrasado, torero o ruidoso.

El entrenador de España o el presidente de la Federación, preguntados, salieron a condenar los hechos después del partido. Se agradece, aunque la industria del fútbol ha sido lenta y torpe al atajar la violencia en el deporte, un vehículo de formación tan poderoso como la televisión. Durante años han crecido en sus curvas machismo, racismo, insultos o neonazis mientras los clubes y las instituciones se lavaban las manos con la cobarde coartada de que no se hace política porque la política mancha. Que le pregunten a Jennifer Hermoso cómo encontró el silencio sepulcral de quienes, en vez de defender los valores además de los colores, callaron por no ofender a los poderosos.

Un reciente estudio del CIS revelaba en diciembre que los españoles son un poco racistas, pero también sinceros: la mitad se consideraba un poco racista o más. También la mitad admitían que tendría algún inconveniente en que un extranjero alquilara su piso. Además, el 70% de los encuestados no tenía amigos de otro origen étnico, lo cual dice mucho de cuan poco se integran y cómo crecen los fantasmas en torno al concepto de “los otros”.

Resulta preocupante que esa esquina de España violenta contra “el de fuera” (que antes era el inmigrante de Cuenca o el de un pueblo de Sevilla y ahora es de Ecuador, Colombia o Marruecos) haya encontrado para sus espurios preceptos la máquina de bombear que son las redes sociales y la máquina de blanquear 'vueltas atrás' que es Vox con la reciente incorporación del PP. Por ejemplo, ambos partidos han votado juntos este miércoles en la Comunitat Valenciana para alejar los centros de menores de los centros urbanos para evitar “problemas de convivencia y seguridad”. Todo suma para la ensalada racista y ultra.

Las cacerías de Torre Pacheco se cocinaron en Telegram, Facebook o X. El Observatorio del Gobierno Oberaxe vigila las redes e intenta que sus dueños pongan las bridas a la máquina desaforada de odio en la que se pueden convertir. En los últimos 30 días han detectado 25.000 mensajes de odio y han logrado que se retire el 30% del contenido. Es decir, el 70% no ha sido retirado. Tanto odio hay, que los propios trabajadores han sufrido campañas violentas por hacer su trabajo. La mayoría de encuestados por el CIS (35,4 %) ha visto “a menudo” en estas plataformas contenido que expresa ideas ofensivas o violentas contra migrantes y el 30,7%, “en alguna ocasión”.

Al final, lo que es habitual puede ser lo normal. Lo que es repetido puede convertirse en común. Y lo que era escandaloso decir ya se puede escuchar sin que estalle la vergüenza. Lo que se vio en el partido de la Selección no es más que el fracaso de una sociedad que no ha sabido contraponer la realidad compleja y diversa de la migración a una visión unívoca, temerosa y odiadora, una sombra de fácil digestión para estómagos hambrientos de impulsos e instintos en la que se ha subido también un partido que se considera institucional. No olvidemos que suenan mucho, pero no dejemos en sus manos el privilegio del altavoz o la representatividad, porque no son mayoría.

Tizona Comunicación S.L. —bautizada con el mismo nombre que una de las dos espadas del Cid Campeador— es una pequeña empresa que se creó en 2018 al calor del crecimiento de Vox y que ha hecho trabajos de consultoría y comunicación para el partido ultra. Vox empezó a contratarla en 2019, como han constatado fuentes oficiales del partido. Detrás de esta pyme están dos personas del círculo íntimo de Santiago Abascal: Kiko Méndez-Monasterio y Gabriel Ariza. El primero es la sombra de Abascal, ha llegado a pactar en autonomías y ha tenido un papel esencial en las reuniones con el PP, aunque no tiene ningún cargo orgánico en el partido. El segundo es hijo del empresario de comunicación Julio Ariza, alineado con Vox en sus planteamientos y dueño de Intereconomía. Ariza hijo también asiste al líder del partido en viajes internacionales.

A partir de 2019, esta consultora “ofreció servicios de asesoría en comunicación; diseño y producción de materiales audiovisuales; la gestión de la página web; proveyó a los cargos de Vox de resúmenes diarios de prensa y se encargó de la formación de candidatos (oratoria; entrevistas; preparación de debates electorales...)”, según ha publicado en un comunicado el partido. Ese año, el Tribunal de Cuentas pidió documentación a la empresa ante las dudas que suscitaron facturas por valor de medio millón de euros. La pregunta que hacía el máximo órgano fiscalizador de España era qué trabajos exactamente había hecho y por qué se habían confiado todos a la misma empresa. Tizona, según ha podido saber elDiario.es, aportó decenas de correos y documentación para sostener en qué consistían concretamente esas consultorías y trabajos por los que había cobrado.

Al año siguiente, Vox casi triplicó las facturas pagadas a la empresa: 1,3 millones que fueron a parar a Tizona, según adelantó El País y han confirmado a elDiario.es fuentes cercanas a la cúpula del partido. ¿Por qué esa importante subida en la cantidad de dinero? Según el comunicado, “a Tizona se le encargó también la redacción de posicionamientos políticos, análisis estratégicos y geopolíticos y la redacción de discursos para los cargos políticos (...)”. La carga de trabajo que asumió Tizona para poder dar estos servicios le llevó a mantener una plantilla en los años 2019 y 2020 que oscilaba entre los 20 y los 25 profesionales de todos los ámbitos de la comunicación“, decían en redes este martes para justificar los pagos.

Las cuentas de Tizona enviadas al registro no dicen lo mismo. En 2019 reflejan una media de 6 empleados. Al año siguiente, en 2020, reflejan 11 trabajadores fijos y uno “no fijo”. Con los años, los empleados se han reducido hasta cero trabajadores, que son los que la empresa admite en sus cuentas de 2024. De hecho, en su comunicado de esta semana, el partido admitía que ha ido absorbiendo en su cuenta de gastos los salarios de muchos de estos empleados de Tizona: “A medida que el partido fue creciendo y ganando músculo, algunos de los trabajadores de Tizona se fueron incorporando a la estructura del propio partido incluso en puestos de relevancia pública dada su demostrada valía e implicación con Vox”. Es decir, reconocían un trasvase de empleados. Gracias a esa operación, los costes en personal de Tizona han pasado de 526.000 euros en 2020 a cero euros en 2024, últimas cuentas disponibles.

En 2020, el año en que Vox decidió pagar 1,3 millones a la empresa —que tiene como administrador único a Méndez-Monasterio y como socio único a Kalma Lectura, de la que fue administrador Gabriel Ariza— el partido reflejó 14,9 millones de ingresos (de los cuales 9,8 procedían del Estado).

En esa partida se incluye el dinero que el partido matriz recaudó de sus 'sucursales' gracias a un sistema que algunos líderes que se marcharon de Vox consideraban una cuota forzosa e injusta. En 2020, Vox implantó unos convenios por los cuales los grupos municipales debían mandar dinero a la sede de Madrid a cambio de servicios de consultoría o asesoría en redes, marketing o contabilidad, un funcionamiento parecido al de las franquicias comerciales. elDiario.es ha tenido acceso al audio en el que la directiva de Vox explicó a líderes locales estos trasvases al partido nacional, justificando que les dan materiales o les asisten en sus dudas y les hacen publicidad en redes. Estos convenios generaron malestar en varios territorios y críticas entre algunos líderes, que no renovaron candidatura, que veían cómo su caja propia menguaba en favor de la directiva de Santiago Abascal, que ingresaba en sus cuentas el dinero y luego lo administraba como quería. Además, era de dudoso encaje legal según la ley de Bases de Régimen Local.

En las cuentas de 2020, el partido admite que ha recibido 75.000 euros de doce grupos de Vox que consiguieron representación en ayuntamientos españoles y 994.000 de cinco instituciones parlamentarias —incluidos Congreso y Senado— en concepto de “aportaciones por los servicios prestados” desde la sede nacional, admiten las cuentas. Entre esos grupos parlamentarios está también el de la Comunitat Valenciana —que aportó a Vox 132.000 euros—, Andalucía —que transfirió 250.000— y Aragón —62.000—. Es una cifra parecida a la que el partido destinó ese mismo año a la empresa de los asesores de Abascal.

Según sus cuentas, Tizona obtuvo unos ingresos ese año de 1,4 millones, es decir, prácticamente todo su negocio como empresa está en el dinero que consiguió de su cliente Vox. Esta sociedad también ha trabajado y facturado para el sindicato Solidaridad y para la Fundación Disenso, aunque nunca se ha revelado cuántas facturas ha emitido o por qué conceptos. De hecho, ese mismo año 2020 es cuando se constituyó el think tank de Vox, que lanzó también Méndez-Monasterio. Los lazos entre la empresa y Vox se cruzan en las sedes. Tizona ocupó el local del partido, que estaba en la calle Nicasio Gallego de Madrid, cuando este se mudó a un local más grande, en la calle Bambú de la capital.

Precisamente la relación del partido con los asesores, las transferencias millonarias a Disenso o los 63.000 euros anuales que El Confidencial publicó que le pagó a la esposa de Abascal, una empresa con vinculación indirecta con Ariza, son las críticas centrales de los disidentes de Vox, que piden transparencia y conocer las facturas y proveedores del partido —que se financia con fondos públicos y cuotas de militantes—. De momento, la formación de Santiago Abascal no ha hecho pública su cuenta de proveedores, pero sí ha iniciado trámites para expulsar a críticos como Iván Espinosa de los Monteros o a Ortega Smith, este último ya fuera del partido.

Vox no ha respondido a las preguntas de elDiario.es enviadas por escrito hace una semana, pero fuentes oficiales sí han admitido que a la empresa Tizona se le pagaron 1,3 millones de euros en el año 2020.

Carlos Mazón azoró a toda España con su larga sobremesa, escasa conciencia de la responsabilidad y su ligereza moral. Pero también avergonzó a propios y ajenos con su falta de pudor a la hora de reescribir la realidad. Él era capaz de decir que era un “hecho fáctico” que llegar al Cecopi a las 20.28 horas era más tarde de las 19 horas, ergo no había mentido. Fue capaz de indignarse cuando se le encaraba que no había trabajado en toda la tarde. Fue capaz de decir que no cogió el teléfono en las horas críticas porque lo llevaría en la mochila.

Su sucesor, Juan Francisco Pérez Llorca, empezó con mejor pie, con humildad, haciendo las mismas políticas y pactos con Vox que Mazón, pero con sordina y menos engreimiento. Sin embargo, ha vuelto a tropezar en la misma piedra que su amigo Mazón, en la piedra de los excesos personales seguidos de justificaciones inverosímiles. El primer traspiés fue que tiene parte de su chalet construido fuera de la legalidad. El segundo, que su pareja, funcionaria, ha logrado que la trasladen desde Finestrat (en Alicante) a València, gracias a un concurso convocado con “urgencia” para una plaza de secretaria donde cobrará el doble que hasta ahora (más de 50.000 euros anuales). Una plaza que sale de urgencia, pero que estaba vacía desde el año pasado y fue convocada poco más de un mes después de que su compañero sentimental fuera designado president. Un puesto de trabajo que se encuentra a 20 metros de la Presidencia de la Generalitat. Cuando hay una carambola de calado, el espíritu crítico nos dice que hay que sospechar. Si en la carambola se ve beneficiado el árbitro, se sospecha por necesidad.

Que todo el procedimiento sea legal no obsta para que surja la duda de si será pura casualidad este logro o se habrá visto influido por el cargo del president, que califica de “machismo” lo ocurrido. Se equivoca, el mismo revuelo hubiera provocado que esa plaza fuera para un hijo o un hermano. Aunque Llorca fue el fontanero necesario para que el PP valenciano aceptara a un dicharachero Mazón como líder, aunque vivió en primera persona su caída a los infiernos por su desapego al trabajo y su descarada y descarnada manera de mentir, el nuevo president no ha aprendido que el servicio público y político de altura debe reprimir algunos comportamientos que son aceptados en la empresa privada o en la política de camarilla y compadreo que imperaba hace décadas de manera indemne.

Llorca no parece haber aprendido que, al margen de lo grave que sea una crisis política, más grave aún es salir mal de ella, acusando a otros, apelando al siempre sufrido concepto de machismo para todo, sin admitir ciertos hechos evidentes o alejándote de la crítica y el malestar que ha generado, también en su propio partido. Sobre todo, porque ha agrietado la fina capa de cemento con la que había taponado el PP en València el despropósito de Mazón, a quien precisamente se le ha podido ver esta semana luciendo barba, moreno y risas en la última fila de Les Corts, como los estudiantes malotes, minimizando entre palmaditas contemporizadoras que una jueza le haya llamado como testigo en la causa de la dana y le haya pedido los mensajes del móvil. Apostemos a que no los tiene.

Sucede también que, habiendo heredado la plaza de Molt Honorable gracias a los votos de Vox, Llorca se está jugando su futuro político a la reelección. Esta idónea plaza que ha logrado su pareja le ha quemado un territorio en Génova, que ya tenía sus dudas sobre si este alcalde de partido de toda la vida debe ser o no el candidato a la Generalitat en las elecciones del próximo año. En Madrid siempre han preferido a la alcaldesa de València, María José Catalá.

La otra opción como candidato en 2027 es la de Vicente Mompó, presidente de la Diputación de València, el único líder que sí estuvo en el Cecopi aunque no le tocara y quien dijo la célebre frase “mandad el mensaje de una puta vez”. Pero es la Diputación de València donde esta funcionaria ha conseguido traslado, para asistir en labores de secretaria a Ricardo Gabaldón, el alcalde de Utiel (del PP) que es conocido porque sí hizo lo que debía el día de la dana en su pueblo. Para empezar, cerrar el instituto que está en la ribera del Magro desbordado. Es decir, la plaza de la mujer de Llorca ha extendido la mancha más allá de Llorca.

Como la verdad siempre tiene un pie en el bando contrario, no se puede afirmar rotundamente que Juan Francisco Pérez Llorca haya enchufado a su pareja o que haya propiciado o preparado que consiga una plaza más cerca de él y mejor pagada. Por el mismo motivo no es fácil hacer creer a los ciudadanos que la mera casualidad haya propiciado tan conveniente resultado pretendiendo que nadie le cuestione ni se pregunte por las probabilidades que dieron con tal resultado. Lo que es difícil de creer, sobre todo, es la reincidencia de un Partido Popular valenciano hecho jirones para que la gente piense o sospeche que no son honestos, pretendiendo decir que el rey no va desnudo, que todo es casualidad y que están, una vez más, bajo ataques interesados.

Disenso vive, desde su creación en 2020, de los fondos que le manda cada año Vox. Este laboratorio de ideas ultra tiene entre sus fines “la promoción de la defensa de la vida y la familia”, “la reivindicación de la herencia de la civilización occidental” o “la defensa de la libertad, la unidad y la soberanía de España”.

En su día a día, lo que hace es financiar la web La Gaceta de la Iberosfera (que fue transferida a Disenso por los Ariza, del grupo Intereconomía), a la que dice dedicar más de una veintena de personas y una inversión de 800.000 euros. También organiza eventos, da “formación”, organiza charlas o subvenciona viajes y publicaciones para engrasar la internacional ultra. “Ha barrido a FAES y a cualquier think tank conservador”, contaba una persona cercana a Disenso hace unos meses. Las relaciones de Abascal con Milei o los Bolsonaro han crecido desde este entorno.

La fundación de Vox ha recibido casi 11 millones de euros del partido de Abascal desde que se creó, pero en 2024 ha presentado por primera vez pérdidas. Mientras que en 2023 tuvo un excedente de 172.000, al año siguiente dejó un agujero de 373.000.

Según esta auditoría de 2024, Vox le transfirió dos millones de euros, que a su vez provienen de fondos del Estado por los escaños obtenidos en las elecciones y las donaciones de militantes y simpatizantes. En años anteriores el montante ha alcanzado 2,5 millones. Un reciente informe del Tribunal de Cuentas sobre fundaciones vinculadas a formaciones políticas evidenció que el caso de Vox es aislado: PP y Podemos no transfieren dinero a sus fundaciones y el PSOE traspasó 200.000 euros. Las transferencias millonarias desde el partido (muy fiscalizado por el Tribunal de Cuentas) a la fundación (una forma legal y legítima, pero más opaca) son una rareza, ya que los partidos necesitan dinero para las campañas electorales y lo reservan para ese fin, no lo trasladan a sus organizaciones sociales o ideológicas.

Disenso también recibió ese año 2024 un total de 105.000 euros en donaciones particulares –las cuentas no especifican si de personas físicas o jurídicas– y 77.000 euros en ayudas del Ministerio de Exteriores y Cultura, una subvención para fundaciones vinculadas a partidos políticos que se concede de manera casi automática a todas ellas.

En cuanto al dinero que consiguió de manera autónoma, las memorias señalan que fueron 17.000 euros. Un total de 10.000 por publicidad en La Gaceta y el resto, por cursos de formación impartidos.

Los gastos de Disenso: 600.000 euros a “profesionales independientes”

¿En qué se gastó todo ese dinero –y 373.000 euros de pérdida más– la fundación de Abascal? Principalmente, en dos capítulos: salarios y “otros gastos de la actividad”. En sueldos y obligaciones con la Seguridad Social el think tank de Vox desembolsó 1,2 millones de euros, según estas cuentas. Tiene una veintena de empleados, según declaró en 2023.

En esos “otros gastos de actividad” desembolsó casi 1,3 millones. En cuanto a importes, destacan los 200.000 euros que paga en alquilar su sede, en uno de los barrios más cotizados de Madrid, o los 630.000 euros en pagos por “servicios a profesionales independientes”. Aunque Disenso no hace públicos sus proveedores, una de las personas que factura o ha facturado es Kiko Méndez Monasterio, el principal asesor de Abascal y quien ha dirigido muchos de los pactos autonómicos.

Monasterio administra la empresa Tizona, de la que es socio también Gabriel Ariza (que estuvo vinculado a la empresa editorial que pagó 63.000 euros anuales a la mujer de Abascal por consultoría de redes sociales, según publicó El Confidencial). De esos 600.000 en pagos a terceros, las memorias especifican que 133.000 fueron a parar a “consultorías”. El entorno de Méndez Monasterio ha admitido en el pasado también que factura al partido y al sindicato Solidaridad, en la órbita de Vox, por trabajos y consultorías. El partido y la fundación nunca han explicado cuánto se lleva la empresa del asesor de Abascal. El País publicó este martes que solo en 2020 fueron 1,3 millones de euros. Según El Confidencial, la empresa de Méndez Monasterio tiene un contrato con Vox por el que cobra 23.000 euros mensuales. Los críticos con la dirección exigen que se conozcan todas las facturas. La formación ha respondido los contratos prestados por Tizona han sido auditados por el Tribunal de Cuentas “sin que este organismo supervisor haya señalado ninguna irregularidad en esta contratación externa” y aseguran que “algunos de los trabajadores” de esa compañía “se fueron incorporando a la estructura del propio partido” incluso “en puestos de relevancia pública” dada su “demostrada valía”.

En “eventos”, Disenso gastó 70.000 euros. En “viajes”, el montante ascendió a 122.000 euros. Pese a que uno de los logros que se destaca en el entorno de la fundación es la visibilidad que ha conseguido en países que tienen ahora liderazgos de ultraderecha, el capítulo de “publicidad, propaganda y relaciones” cuenta con unos exiguos gastos de 3.041 euros. Además, Disenso aportó a “otras entidades” 18.000 euros, aunque las cuentas no especifican de qué entidades se trata.

Esta fundación fue la primera a la que apuntó la exlíder de Vox Macarena Olona en su entrevista con Jordi Évole y ha sido también señalada por varios dirigentes que se han marchado del partido. El Tribunal de Cuentas ha auditado sus cuentas y las ha validado, aunque el máximo órgano fiscalizador de España no entra en detalles sobre proveedores o conveniencia o no de gastos. Sin embargo, todos los grupos políticos del Congreso, incluyendo al PP, solicitaron en diciembre a este tribunal que indague específicamente en las cuentas de esta fundación.

El secretario general de Vox tuvo que enviar una carta a la militancia en 2023 en la que justificaba la necesidad de traspasar fondos del partido a Disenso, después de que se conociera el montante anual que se transfiere y en qué fines gastaba este think tank el dinero, mientras que se pedían créditos a un banco húngaro para financiar las campañas de las elecciones generales de 2023 y de las europeas.

“Nadie en Vox sabe realmente dónde van los ingresos y gastos de Vox”. Lo dice uno de los disidentes que, desde hace años, han ido abandonando el partido que llegó para acabar con los chiringuitos y la corrupción. La primera que destapó la caja de los truenos en público fue Macarena Olona en una entrevista con Jordi Évole, en febrero de 2023, cuando señaló a la Fundación Disenso como un carril de desvío de dinero y apuntó a que esos cientos de miles de euros acababan en pagos “a otros profesionales”, lo que dice que en el partido llamaban informalmente “la cuenta de 'putas y varios', ahí se suelen esconder las maldades”, revelaba la que había sido hasta entonces una de las líderes con mayor proyección del entorno de Abascal y que cayó en desgracia tras las elecciones andaluzas de 2022.

A esas denuncias de corrupción u opacidad se han sumado otros pesos pesados que abandonaron o fueron invitados a salir del partido, como Iván Espinosa de los Monteros, Ortega Smith –que asegura que le han cesado por denunciar irregularidades económicas– o Juan García-Gallardo, que aventuraba esta semana en una entrevista en El Mundo que “a este paso, Vox quedará como el plan de pensiones de Abascal”.

Aunque son denuncias públicas, directas y a cara descubierta, estos exdirigentes no han aportado de momento a la opinión pública pruebas documentales de lo que purgados de Vox consideran un secreto a voces muy bien guardado. “Solo ellos saben lo que ellos están haciendo”, dice un político que está fuera del partido, que tenía una posición de cierta relevancia y que aun así nunca tuvo acceso a información económica. “Ellos” es Santiago Abascal y un grupo muy cerrado de personas, no más de cuatro, calculan.

Gallardo también ha cuestionado la legitimidad del salario que ha cobrado la mujer de Abascal, 60.000 euros anuales, de una empresa relacionada con asesores del líder, tal y como publicó El Confidencial en 2025. Según esa información, Lidia Bedman cobró en 2019 más de 60.000 euros de la editorial IVAT S.L., empresa que era de Gabriel Ariza. A su vez, Ariza es socio del asesor de Abascal, Kiko Méndez Monasterio, en la empresa Tizona, que ha facturado servicios al partido. Es decir, a la mujer de Abascal le habría pagado una empresa con vinculación indirecta con pagos del partido y de la órbita del asesor de su marido. El 94% de los españoles están por debajo del salario que se abonó a la esposa de Abascal por su “consultoría de redes sociales”.

¿Cuánto cobra Santiago Abascal?

Los salarios que cobra Abascal directamente de Vox también han sido opacos. Ocultó en su declaración de bienes obligatoria en el Congreso en 2023 el pago de 1.500 euros mensuales que recibía por presidir su grupo parlamentario, que se suman a los 37.357 euros anuales que percibió como líder del partido, además del salario que ingresa como diputado: 3.236,32 euros al mes en catorce pagas, más otros 992,31 euros, también mensuales. En su entorno aseguran que no cobra por sus charlas o actividad en Disenso, fundación que preside.

En las cuentas presentadas por Vox de 2023 se revelaba además que 12 personas de la dirección del partido se repartieron sobresueldos de 646.522,19 euros, de los que no se ha informado públicamente. Aunque Vox no especifica más, si esa cantidad se divide entre los 12, cada uno de esos agraciados con sobresueldos recibió cerca de 54.000 euros anuales.

La vigilancia del Tribunal de Cuentas

Las cuentas de Vox están auditadas por el Tribunal de Cuentas, la máxima autoridad española en la fiscalización de dinero público, que audita a todos los partidos que reciben dinero público. También están fiscalizadas las cuentas de su think tank, Disenso. Es el argumento al que se aferra la dirección nacional de Vox para decir que todo está claro y que están siendo atacados por disidentes en una guerra espuria, como señalan quienes han salido en defensa de Abascal estos días.

Sin embargo, hay una zona de sombra que impide saber dónde acaban parte de los millones que recibe Vox de sus afiliados y del Estado. El quid está en que parte del dinero del partido –cuya obligación de rendición de cuentas es muy exigente– se traspasa a la fundación Disenso. Todos los años transfiere una media 2,5 millones de euros, algo muy extraordinario si se compara con lo que traspasan otros partidos a sus fundaciones. Las fundaciones son instrumentos más opacos y la intervención del Estado no puede llegar tan lejos, ya que son organizaciones privadas aunque puedan recibir fondos públicos.

Por ejemplo, bajo el epígrafe “otros gastos de la actividad”, Disenso gastó 1,2 millones de euros, según sus últimas cuentas, publicadas, de 2024. Este montante incluye facturas pagadas a empresas que en la formación no están obligados a revelar y que, de hecho, no detallan. La pregunta de cuánto de ese dinero se ha podido llevar Tizona, o Ariza o incluso personas relacionadas con Vox no ha sido nunca respondida. Esa misma cantidad de millones (1,2) va a pagar salarios de Disenso, que contrata en libre mercado, sin normas públicas, pese a que el dinero viene directamente de un partido político. Según las cuentas y su número de empleados, el salario medio en Disenso ronda los 50.000 euros.

Un 'think tank' que vive del partido

La fundación vive gracias a lo que le envía el partido, con la salvedad de 17.000 euros que consiguió por sus propios medios, según las cuentas de 2024. Con ello, financia la web ultra Gaceta de la Iberosfera, organiza congresos y eventos con la internacional ultra y paga becas a estudiantes de ISSEP (otra fundación relacionada con Vox en la que estuvo vinculada la sobrina de Marine Le Pen). Es decir, el dinero que recibe del Estado y de afiliados acaba recirculado para fines que se retroalimentan en las organizaciones satelitales de Abascal y del partido. El malestar entre los militantes cuando elDiario.es publicó las millonarias transferencias obligó al secretario general de Vox a enviar una carta justificando esos pagos.

La arquitectura de Disenso la arrancó Kiko Méndez Monasterio, gurú de Abascal, según cuentan fuentes cercanas al ecosistema de Vox. “Eran cuatro en un despacho” y de ahí “a ser la fundación más relevante de la derecha a nivel internacional, a la altura de Heritage –la fundación ultra estadounidense–. El trabajo que se ha hecho es espectacular”, ponen en valor fuentes cercanas al think tank. Oficialmente, ni Disenso ni Vox han contestado nunca a las preguntas que ha hecho por escrito elDiario.es.

Méndez Monasterio trabaja como asesor de Vox y de Disenso, y cobra por ello a través de la empresa Tizona. También ha asesorado al sindicato Solidaridad, según cuentan fuentes de su entorno. De hecho, aunque no tiene cargo en el partido, es quien ha llevado personalmente negociaciones tan importantes como la del “pacto de la servilleta” en la Comunitat Valenciana entre Mazón y Vox en julio de 2023.

Lo que no se sabe es lo que cobra por ello y en qué se sustancia: si le pagan a la hora, por proyecto o qué tipo de informes o conocimiento traslada a la presidencia del partido, directamente a Abascal y a sus organizaciones satelitales. Según una información de El Confidencial, Vox le transfiere 26.700 euros mensuales por esos trabajos a través de la empresa Tizona S.L. En ella es socio Gabriel Ariza con la empresa Kalma y antes fue administrador único. Ariza es hijo del gurú mediático de Abascal, Julio Ariza (grupo Intereconomía), y también quien está detrás de la empresa de los pagos a la mujer de Abascal.

El locutor Federico Jiménez Losantos, en guerra abierta con la dirección de Vox, se preguntaba en antena antes de la investidura fallida de 2023: “¿Pero cuántos millones le han dado a Disenso (...) y a cambio de qué?”. “La impresión es que se lo llevan crudo, ¡pero cómo voy a dudar yo de esa gente, que va tanto a misa!”, continuaba en su encendida alocución. Le llegaron varios burofaxes de rectificación que leyó en directo.

Según ha podido saber elDiario.es, el Tribunal de Cuentas le pidió a Méndez Monasterio pruebas documentales detalladas de los trabajos que ha facturado aunque el resultado de la investigación no se conoce (los informes del tribunal son muy complejos y llevan años de decalaje, aunque puede ser también que se hubieran validado estos pagos sin que haya trascendido). El Congreso encargó a final de año a este mismo tribunal una fiscalización especial de la Fundación Disenso. La iniciativa salió adelante con los votos de PSOE, PP, Sumar y el PNV y el único voto en contra de los de Santiago Abascal.

Mientras, este órgano fiscalizador ha abierto tres investigaciones por financiación irregular a Vox que han acabado en multas de un millón de euros para el partido, después de un largo proceso de alegaciones. Los motivos son que ha pedido donaciones finalistas para campañas concretas, algo prohibido por ley, y que ha ingresado casi 400.000 euros en donaciones anónimas y a través de cajeros bancarios, una práctica ilegal, ya que toda donación a un partido debe estar identificada. elDiario.es tuvo acceso a un mail que lo probaba y que daba una orden a sus mandos en los distintos territorios: “Regularizad el dinero que tengáis por merchandising, en ingresos inferiores a 299 euros”.

Crédito a un banco húngaro

Al tiempo que Vox traspasaba millones a Disenso (más de diez desde su creación), en el partido se veían con el agua al cuello para pagar campañas electorales, lo que les obligó a acudir a pedir un préstamo de 6,5 millones para afrontar los comicios generales de 2023. La dirección de Vox solicitó el dinero a una entidad húngara vinculada al entorno de Viktor Orbán. El partido debía al cierre de 2024 más de dos millones al banco húngaro MBH de un segundo préstamo de siete millones que pidió para hacer frente también a las elecciones europeas.

Este banco tiene como mayor accionista a Corvinus International Investment, una firma de inversión controlada al 100% por el Estado magiar. La Ley de financiación de partidos prohíbe cualquier financiación “por parte de Gobiernos y organismos, entidades o empresas públicas extranjeras o de empresas relacionadas directa o indirectamente con los mismos”. La Fiscalía abrió una investigación por el crédito que acabó cerrando porque el préstamo había sido devuelto.

“Es evidente que Santi no es libre completamente. Tengo la sensación de que las decisiones en Vox no siempre se toman en Vox, tengo la certeza de que se toman fuera de Vox”, decía Olona en 2023. Esta frase la han ido repitiendo los disidentes, que apuntan a Méndez Monasterio y Ariza como la dupla que dirige el partido junto a Abascal. En los últimos días, están recogiendo firmas para un congreso extraordinario que está poniendo en una aprieto y una crisis a la actual dirección, que defiende que todo es legal y que es lícito que el partido lo dirija el presidente Abascal como considere. Pese a sus buenos resultados autonómicos, la expectativa no cumplida de llegar al 20% de votos en los comicios en Castilla y León ha azuzado el fuego de las críticas, aunque es el porcentaje más alto de voto de todas las elecciones a las que se ha presentado.

Otro frente económico abierto que tiene Abascal es el de Revuelta, la organización juvenil que ha organizado protestas en las universidades y las concentraciones en Ferraz. La asociación, que apadrinaron Abascal y personas cercanas como el eurodiputado Buxadé, ha sido denunciada ante la Fiscalía por dos miembros y ante el Estado por el propio partido Vox tras salir a la luz que las donaciones que recaudaron para la dana podrían haber acabado en otros gastos, como la compra de una furgoneta, según la denuncia.

Las acusaciones entre los críticos y la actual dirección del partido tiene también agenda en los juzgados por motivos no económicos, con las denuncias por revelación de secretos interpuestas por Ortega Smith y Espinosa de los Monteros, que acusan a Abascal de haber aireado expedientes y datos privados para deslegitimar unas críticas al partido que las sucesivas reformas de estatutos para una mayor verticalidad de Vox no han conseguido silenciar de momento.

El rey sorprendió el pasado lunes con unas declaraciones tan presuntamente informales como totalmente preparadas sobre la conquista española. Las relaciones entre México y España estaban tensas por este asunto desde la época de López Obrador y Felipe VI fue el soplete para descongelar la diplomacia: “Ha habido luchas, digamos, controversias morales y éticas en cuanto a cómo se ejerce el poder desde el primer día, es decir, los propios Reyes Católicos con sus directrices, las leyes de indias... por el proceso legislativo, hay un afán de protección, que luego la realidad hace que no se cumpla como se pretende y hay mucho, mucho abuso”, señalaba el jefe del Estado en una conversación con el embajador de México en Madrid durante la visita a una exposición. La propia Casa del Rey colgó el momento en sus redes, un vídeo de una extraordinaria duración (más de 5 minutos) en el que, si aguantabas hasta el final, encontrabas esta declaración oficiosa.

El monarca no pidió perdón directamente, no se hizo responsable directo de nada, no culpó a los españoles de hoy ni demonizó a los de entonces y se encargó de salvaguardar la reputación de los Reyes Católicos. Sí admitió lo que cualquier óleo, ensayo y libro de historia conoce. Hubo abusos, como los hay en tantos países del mundo cuando se conquistan metros de tierra a sangre y fuego, sin piedad, sin tribunales internacionales, ni organismos supervisores, con un concepto moral áspero e inmisericorde sobre el bien y el mal.

Tampoco los abusos son mito y leyenda del pasado. ¿O acaso no es un abuso matar al 60% de una familia en Cisjordanía a tiros porque sí esta semana? ¿O no dirá el futuro que fue un abuso bombardear una escuela llena de niñas iraníes hace un mes? Los abusos en la historia y en el mundo fueron, son y serán. Admitirlos no es síntoma de debilidad, sino de decencia y honestidad.

Pese a la evidencia y la declaración contenida de Felipe VI, la política del PP de hoy –en su desesperada búsqueda por contentar a aquellos patriotas retro que se están marchando a Vox– consiste en hacer política hasta con la historia. La novedad es que se haga aunque suponga deslegitimar al rey de España, intocable para el PP hasta hace poco, y a quien un sector de la ultraderecha tiene ya en el punto de mira por blando. Al parecer, para esta parte de la población, seguir la ley, subrayar abusos o ser sincero es woke. Los tipos duros ni se rinden ni se arrepienten: arrasan con orgullo. Entre los derechos y los 'cojones', lo segundo.

El PP, que ha entrado en la bañera ultra vinculando migración y seguridad, que ha flirteado con la idea de elecciones amañadas o que sugiere dictaduras e ilegitimidad donde hay democracia, ha elegido también al ideario ultra frente al monarca si se trata de decir que España, por el mero hecho de serlo, lo hace y lo hizo bien. Y si lo hizo mal, no nos pongamos a removerlo con lloriqueos. Hagamos un Trump. Si no hay suficiente bienestar, agrupemos a los descontentos bajo la bandera coriácea de la patria y el orgullo.

El líder Feijóo salió a quitar importancia a los abusos por el mero hecho del paso del tiempo: “Hacer ahora un examen en el siglo XXI de las cosas que ocurrieron en el siglo XV es un disparate”. Si Fraga levantara la cabeza no admitiría un sucesor juntando al rey y la palabra “disparate” en el mismo párrafo. Dentro de ese razonamiento, la justicia sería un bien inmediato y, pasado cierto tiempo y desaparecido el problema, habría que olvidarlo. Curiosa contradicción para un partido que lleva la banda terrorista ETA en la chistera.

Ayuso directamente se envolvió en la bandera de los católicos de bien, y se borró del cristianismo: “Llegamos los de la cruz y pusimos un nuevo orden. Y, sobre todo, una forma de entender que la vida es sagrada y que había que civilizar y trasladarle al Nuevo Mundo una forma diferente de vivir. Es de lo que estoy muy orgullosa y he reivindicado siempre”. Pero como no quería dejar tirado al rey de manera tan evidente siendo una mujer de partido de orden, culpó al gobierno de tenerle como marioneta a disponibilidad. Curiosa manera de valorar la dignidad del jefe de Estado.

Admitir los abusos en la conquista del Nuevo Mundo no es de derechas ni de izquierdas. Es que hubo. Como en todas las conquistas de aquel mundo sin democracias y donde los derechos de pobres, excluidos o minorías ni existían ni se concebían. Es tentador agitar el sonajero de la patria y el orgullo español, porque apela a las emociones y es gratis, aunque distorsione la realidad y simplifique. El PP cree, como Vox, que los abusos del pasado (algunos) no deben desenterrarse, como los del franquismo. Al mismo tiempo tampoco ayuda a erradicar los abusos del presente. No tuvo que viajar siglos atrás hasta México para dejar tirado en el Congreso el decreto que evitaba manipular precios en emergencias contra los derechos de sus ciudadanos indefensos coetáneos. Los abusos e injusticias lo son y no tienen tiempo verbal, partido ni patria.

El Tribunal de Cuentas ha aceptado iniciar una investigación sobre el sistema de facturación entre centros públicos y concertados de la Comunidad de Madrid a raíz de la publicación de elDiario.es que revelaba que entre 2017 y 2023, el gobierno autonómico había perdonado 71 millones de euros a las empresas Quirón y Ribera Salud en tratamientos que se habían hecho sus pacientes en la pública. Cinco de esos siete años han sido gobiernos de Isabel Díaz Ayuso.

En una diligencia emitida este lunes, el máximo órgano de intervención en España, anuncia que va a iniciar “una pieza de acción pública” tras la denuncia presentada por la portavoz del PSOE madrileño, Mar Espinar, después de la publicación de la exclusiva de este medio. La denuncia solicitaba una investigación por “un presunto menoscabo de fondos públicos originado en el deficiente seguimiento y control de la facturación entre los hospitales de gestión directa y los centros con régimen de concesión privada”. El Tribunal le da la opción de personarse en el caso “para la exigencia de la responsabilidad contable”, la única que puede ejercer este organismo.

Madrid tiene un sistema sanitario singular. En él, conviven hospitales de gestión pública con cinco de gestión privada (cuatro en manos de Quirón y uno, de Ribera Salud). Además, compiten entre ellos por pacientes, desde que Esperanza Aguirre aprobó una ley que permitía la libre elección, de manera que cada paciente puede decidir en qué centro se trata, le toque o no por zona. Estos pacientes son los más rentables para las empresas, que ponen en marcha estrategias para captarlos.

Los hospitales de gestión pública y los de gestión privada tienen que contabilizar en un sistema informático los pacientes que asumen de fuera de su área y el coste de sus tratamientos para facturárselo al hospital de origen, lo que se conoce como “balance intercentros”. Cada mes y cada año, se facturan estos tratamientos de pacientes extra. Sin embargo, la eficacia del cobro es desigual. La privada ha ganado en el periodo de 2017 a 2023 un total de 1.268 millones extra facturados al sistema público por estos pacientes de libre elección instaurada por el PP. Sin embargo, en ese mismo periodo el sistema público dejó de facturar 71 millones a las privadas a los que tenía derecho. De 2017 a 2019 gobernó Ángel Garrido. Durante 2019 a 2023, Díaz Ayuso.

La publicación de elDiario.es reveló el pasado 10 de febrero que un documento interno que maneja la Consejería de Sanidad calculaba que entre 2017 y 2023 se dejó de apuntar en el sistema público de balance un total de 71.653.032 euros en costes por tratamientos de pacientes que llegaron a hospitales públicos desde alguno de los cinco hospitales concertados. El motivo: “No encontrar documentación de la actividad clínica”, dice el informe interno. Es decir, el sistema no encuentra los datos suficientes del paciente o su tratamiento para poder facturar según las normas. Este “impacto económico” fue de más de 11 millones de euros solo en 2023, los últimos datos disponibles en este documento elaborado dentro del Gobierno de Ayuso.

¿Cómo es posible que el sistema público no encuentre documentación de pacientes? Sí encuentra información, pero no toda la información que pide el Manual de Facturación Intercentros. Si no está todo en orden, con códigos y un sistema burocrático acordado con Quirón y Ribera Salud, estas no le pagan. El propio manual advierte de que en los centros hospitalarios públicos hay “subsistemas de información” propios y “códigos (…) pendientes de normalización”, lo que “ha impedido la captura automática de determinadas líneas de actividad”. Según los datos que maneja la Consejería de Sanidad, por ahí se han perdido esos 71 millones de euros en tratamientos de pacientes que se cambiaron de la concertada a la pública, como publicó elDiario.es.

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L’1 de novembre de 2024, quan mig milió de valencians afectats per la dana intentaven netejar el fang, la Generalitat Valenciana va obrir un compte corrent per a recaptar diners enmig de l’enorme onada de solidaritat a tot Espanya. Va aconseguir 12 milions donats per ciutadans particulars i pimes que va aparcar en un calaix i no es van utilitzar per a cobrir necessitats de cotxe, habitatge o roba que eren imperioses en aquell moment.

Un any després d’obrir el compte, quan elDiario.es va publicar que no se sabia res dels diners, la portaveu de Carlos Mazón llavors, la vicepresidenta Susana Camarero, va assegurar que tres d’aquests dotze milions ja estaven adjudicats per a ajudar a famílies vulnerables afectades per la riuada. Va admetre així implícitament que la resta, 9 milions, estaven parats: “Ja s’ha assignat una part a ajudes socials aprovades la setmana passada després de fer moltes voltes on podien anar els diners”, va dir en aquella roda de premsa del 20 d’octubre de 2025, dotze mesos després de les inundacions.

La documentació oficial mostra que era mentida i que va ser una improvisació. Realment aquell dia que va parlar, aquests diners continuaven en un calaix sense destinació. Va ser l’endemà de la publicació de l’exclusiva d’elDiario.es i de la seua roda de premsa que la vicepresidenta i consellera de Serveis Socials va reclamar aquests tres milions que estaven en el compte solidari. Els va sumar a dos milions més (que eren els que sí que s’havien aprovat) per a ajudar famílies vulnerables afectades.

No obstant això, segons l’estat d’execució del pressupost a 31 de desembre de 2025, els 5,5 milions totals que havien de destinar a aquelles famílies que van patir la riuada i eren especialment vulnerables, es van quedar en 4,7 milions (la destinació de la resta dels diners no s’ha especificat, però sol acabar en la caixa comuna per a qualsevol altra despesa de la Generalitat). Tanmateix, en aquesta data, només s’havien pagat realment 800.000 euros, i quedaven quasi 4 milions d’euros per enviar als destinataris. La Conselleria de Serveis Socials no ha contestat sobre els motius pels quals la Generalitat no ha fet el pagament efectiu a aquestes persones beneficiàries ni tampoc ha especificat si ho ha fet el 2026.

La resta dels diners recaptats pels ciutadans d’Espanya per a ajudar els valencians de la dana, quasi 9 milions d’euros, es va adjudicar a un programa de bo tèrmic el novembre de l’any passat. Es tracta d’una ajuda directa de quasi 400 euros per a sufragar energia a les llars que havien patit la riuada. A aquesta línia va dedicar els diners solidaris i 9 milions més que venien d’altres partides. Al final d’any, segons l’execució pressupostària, a la Generalitat li havien sobrat 2,7 milions i havia adjudicat la resta. Fonts de la Conselleria d’Economia i Hisenda, encarregada d’aquest bo, tampoc ha contestat a elDiario.es per què li han sobrat aquests diners, on han anat a parar i si eren part dels diners solidaris recaptats per pimes i ciutadans solidaris. La resta, més de 15 milions, sí que han arribat íntegrament als beneficiaris. “Les donacions de la dana estan executades al 100%”, s’han limitat a explicar fonts oficials d’aquesta Conselleria.

El 1 de noviembre de 2024, cuando medio millón de valencianos afectados por la dana intentaban limpiar el barro, la Generalitat Valenciana abrió una cuenta corriente para recaudar dinero en medio de la enorme ola de solidaridad en toda España. Consiguió 12 millones donados por ciudadanos particulares y pymes que aparcó en un cajón y no se utilizaron para cubrir necesidades de coche, vivienda o ropa que eran imperiosas en aquel momento.

Un año después de abrir la cuenta, cuando elDiario.es publicó que no se sabía nada del dinero, la entonces portavoz de Carlos Mazón, la vicepresidenta Susana Camarero, aseguró que tres de esos doce millones ya estaban adjudicados para ayudar a familias vulnerables afectadas por la riada. Admitió así implícitamente que el resto, 9 millones, estaban parados: “Ya se ha asignado una parte a ayudas sociales aprobadas la semana pasada después de dar muchas vueltas a dónde podía ir el dinero”, dijo en aquella rueda de prensa del 20 de octubre de 2025, doce meses después de las inundaciones.

La documentación oficial muestra que era mentira y que fue una improvisación. Realmente ese día en el que habló, ese dinero seguía en un cajón sin destino. Fue al día siguiente de la publicación de la exclusiva de elDiario.es y de su rueda de prensa cuando la vicepresidenta y consellera de Servicios Sociales reclamó esos tres millones que estaban en la cuenta solidaria. Los sumó a otros dos millones (que eran los que sí se habían aprobado) para ayudar a familias vulnerables afectadas.

Sin embargo, según el estado de ejecución del presupuesto a 31 de diciembre de 2025, los 5,5 millones totales que iban a destinar a esas familias que padecieron la riada y eran especialmente vulnerables, se quedaron en 4,7 millones (el destino del resto de dinero no se ha especificado, pero suele acabar en la caja común para cualquier otro gasto de la Generalitat). Sin embargo, a esa fecha, solo se habían pagado realmente 800.000 euros, quedando casi 4 millones de euros por enviar a los destinatarios. La Conselleria de Servicios Sociales no ha contestado sobre los motivos por los cuales la Generalitat no ha hecho el pago efectivo a estas personas beneficiarias ni tampoco ha especificado si lo ha hecho en 2026.

El resto del dinero recaudado por los ciudadanos de España para ayudar a los valencianos de la dana, casi 9 millones de euros, se adjudicó a un programa de bono térmico en noviembre del año pasado. Se trata de una ayuda directa de casi 400 euros para sufragar energía a los hogares que habían padecido la riada. A esa línea dedicó el dinero solidario y 9 millones más que venían de otras partidas. A fin de año, según la ejecución presupuestaria, a la Generalitat le habían sobrado 2,7 millones y había adjudicado el resto. Fuentes de la Conselleria de Economía y Hacienda, encargada de este bono, tampoco ha contestado a elDiario.es sobre por qué le ha sobrado ese dinero, a dónde ha ido a parar y si era parte del dinero solidario recaudado por pymes y ciudadanos solidarios. El resto, más de 15 millones, sí ha llegado íntegramente a los beneficiarios. “Las donaciones de la DANA están ejecutadas al 100%”, se han limitado a explicar fuentes oficiales de esa Conselleria.

No hay nada como no hacer nada para que pase algo. Sin embargo, es la máxima que aplican aquellos que, de manera espuria, se presentan a puestos públicos para jugar al juego de gobernar, en lugar de gobernar de veras, que supone tomar decisiones incómodas o arriesgadas si es necesario. Lo saben bien los valencianos que, cuando se necesitaba coordinación y trabajo para mitigar los efectos de un tsunami fluvial, tuvieron a su gobierno autonómico de farra o fuera de cobertura.

Los valencianos de la ciudad se enfrentan ahora a otro desgobierno que hace temer por la seguridad, amenaza la convivencia y en el que se juega el capital político la alcaldesa de València. Acompañado, claro está, de la dosis fija de desinformación y del ya clásico sacudirse las competencias.

Las Fallas son una fiesta que se ha devorado a sí misma y que hace que la ciudad reciba cada año, durante cuatro días y en una pequeña zona de interés, el doble de la población que tiene. La receta es mucho alcohol, mucha gente, mucha pólvora y mechas por la calle, poco espacio y vías cortadas por vallas y carpas que son ratoneras. La ciudad ha aplicado una especie de estado de excepcionalidad festivo que empezó siendo cuatro días y ya va por quince.

Aun así, la fiesta se sigue promocionando desde las instituciones y se siguen poniendo trenes y buses extra para que llegue gente de toda España que no va a caber sin comprometer la convivencia. Las calles ya no son para el barrio o las personas: se han tapizado de food trucks y de casetas de mojitos para que hagan negocio empresas y agrupaciones falleras. Se autorizan verbenas en cada cruce hasta las cuatro de la mañana y, para mitigar molestias, se ponen carteles con horarios de petardos que por supuesto nadie cumple. Los bebés, los que trabajan, los enfermos, las personas autistas o los perros han de sacrificarse por una causa fallera que vive prácticamente sin reglas.

Se han bloqueado las calles de la tercera ciudad de España para que se instalen carpas de fiestas diez días antes de que empiecen oficialmente. Calles desiertas y cortadas coronadas por invernaderos blancos vacíos a la espera del bullicio. El interés de las empresas de montaje por encima de la necesidad de movilidad de 800.000 ciudadanos (de los cuales, 120.000 son falleros). El negocio hostelero muy por encima de los vecinos que viven arriba de los puestos móviles y los locales. El orgullo de ser noticia frente a la necesidad de aguar un poco la fiesta para que se aligere y sea más segura.

Las alarmas saltaron el año pasado durante una mascletà. El 15 de marzo de 2025, el 112 empezó a recibir un número de llamadas inusual desde la plaza del Ayuntamiento por riesgos de avalancha, por lipotimias y ataques de pánico. Era tal la cantidad de gente que bastaba un grito o un bulo para una estampida a la que ningún servicio de emergencia habría podido llegar. Hubo un centenar de atendidos y nueve hospitalizaciones.

La Policía y los bomberos han alertado este año de que hay demasiada gente en esa zona a las dos de la tarde y de que es un riesgo para la seguridad, porque además llegan al mismo sitio los Cercanías. La solución de la alcaldesa, María José Catalá, a tal problema estructural ha sido trasladar a Renfe que no lleguen los Cercanías a la estación que está al lado de la plaza del Ayuntamiento, como dicen dos informes policiales. Sin más.

Ante la indignación ciudadana porque los trenes iban a parar a 15 kilómetros de la ciudad –Óscar Puente no ha acabado de explicar por qué habrían de parar tan lejos– el Ayuntamiento dice que la alternativa que se dé a esos ciudadanos del área metropolitana (muchos de ellos de zona dana) no es cosa suya, sino del Ministerio de Óscar Puente. Como si la competencia de la movilidad y la solución a retos por la fiesta fuera cosa de parcelas que debiera resolver cada reino de taifa. Del ayuntamiento que gobierna la fiesta y su seguridad se espera algo más que trasladar una petición. Se espera que lidere y plantee soluciones o pida alternativas con una visión global de los problemas.

Las Fallas son una fiesta importante y querida. A menos que la inactividad política municipal siga alimentando al monstruo con la inacción, provocando enfrentamientos y agravios. Gobernar no es representar. Es limitar aforos, denegar permisos, trasladar eventos a lugares seguros. Es saber decir sí y saber decir no, asumiendo el coste político. Es saber ver que las necesidades de esta ciudad han cambiado y que la costumbre no es evidencia empírica. Es arriesgar, decidir, pilotar y tener la valentía de hacer algo más allá de observar lo que pasa hasta que pasa algo.

El intento fallido del golpe de estado del 23F provocó un tsunami político ante la constatación de una amenaza real contra una débil e incipiente democracia en España, pero también dejó ríos de tinta en los organismos del Estado. Según la información desclasificada este miércoles, coincidiendo con el 45º aniversario de la intentona golpista, la situación se evaluó especialmente desde el punto de vista de la situación en la que quedaban las Fuerzas Armadas.

La Policía Nacional hace un informe sobre la situación militar en España el 12 de noviembre de 1981, nueve meses después del intento de golpe de Estado, en el que ve un alto riesgo de repetición. “El renacimiento del clima que motivó el 23F es evidente”, dicen los informadores, que hacen el análisis sobre las consecuencias que está teniendo en la Policía la intentona golpista y que ayudaran a frustrarla.

Este runrún antidemocrático también se evidencia en un manuscrito anónimo desclasificado este miércoles, que es un anexo con los planes para repetir una asonada tras el fallido 23F. Es en ese documento donde una facción del ejército considera como primer fallo “dejar libre al Borbón y tratar con él como si fuera un caballero”, al entender que “el Rey seguirá adelante con su intento suicida de tener un gobierno con los socialistas, no pudiendo ser considerado ni como un símbolo a respetar”. “Es, por tanto, un objetivo a abatir y anular”.

Precisamente, la Policía, en ese informe de noviembre, advierte de que los policías y fuerzas del orden que se mantuvieron leales al rey empiezan a tener una situación “insostenible”. Además de poner a la prensa de “ultraderecha” como vehículo de ese clima –incluso adjunta portadas de El Alcázar o Heraldo– alerta de que a la Policía Nacional se le hace el vacío o se la hostiga y que se está poniendo en la picota a los generales Sáez de Santamaría y Alcalá Galiano “sin que ninguna voz oficial se levante en su defensa”.

El informe policial constata que la actitud con la Guardia Civil (Tejero era uno de ellos y el cuerpo está adscrito a las Fuerzas Armadas, mientras que la Policía no) es distinta. Les hacen “continuos halagos”. El escrito apunta a que el personal policial “se siente acosado y con complejo de culpabilidad por haber actuado en los días 23 y 24F con absoluta lealtad al Rey, a la Constitución y, en definitiva, al pueblo español (...). La Policía fue el dique que se opuso con mayor efectividad al logro de los designios de los golpistas”.

Índice de Subversión

Los archivos del Ministerio del Interior también conservan un informe de ocho páginas con el sello de “secreto” plasmado en rojo en todas ellas con el título “Índice de subversión en las FAS”. En el documento, que es anónimo, “se analizan brevemente la situación, se determinan objetivos generales a alcanzar y se señalan esquemas de Líneas de acción, para ser desarrollados en caso de aprobación”.

El informe, fechado el 12 de diciembre de 1981, hace en primer lugar un dibujo desde el encaje en el ejército de la muerte del dictador y la llegada del rey hasta una mejora de la situación durante el Gobierno de Leopoldo Calvo-Sotelo. “La llegada de la Monarquía fue percibida por las FAS, con expectación y aceptada por considerarla, entre otras cosas, como uno de los deseos de Franco, expresados en su testamento. Una gran mayoría estuvo dispuesta a servir al nuevo Régimen con total lealtad, porque la obediencia en este caso se convertía en un tributo a la memoria de su líder indiscutido”, arranca el apartado de “Análisis de la situación”.

“El descrédito de los líderes políticos, el ataque a determinados valores morales, la inseguridad ciudadana, el terrorismo, la crisis económica –con paro creciente– y las exaltaciones separatistas, han causado una profunda preocupación en los Mandos de las FAS., que empiezan a manifestar su desconfianza en el Gobierno”, agrega el documento, que sitúa en 1980 una “verdadera frontera entre la credibilidad en el nuevo régimen y la desconfianza mencionada” que tuvo su culmen en el 23F.

Perfil de nuevos mandos: “Católicos con evidencias”

“Con motivo de los hechos producidos el 23F, apareció un movimiento de valoración de los miembros de las FAS, que de forma explícita o tácita fueron calificados por la prensa. En todos los niveles se ha percibido esta actuación como una evaluación permanente de su fidelidad a la línea de mando y de la disciplina, generalizando una sensación de falta de apoyo o distanciamiento del pueblo a través de la acción de los medios de comunicación. Cada medio ha tratado de hacer una interpretación de acuerdo con su ideología, proyectando la actitud de personas en un movimiento de afecto o desafecto entre el pueblo y Ejército”, señala el documento.

El informe también apunta a “pequeñas reticencias, oposiciones administrativas, comentarios y todo tipo de iniciativas de oposición a la línea de mando” en cuya cúspide sitúa al rey, que “sufre un deterioro personal y profesional” y que se atribuye a “su actuación sustitutoria de una posición de liderazgo en las propias FAS”. “Es imprescindible lograr, cuanto antes, un grupo de Jefes de prestigio capaces de ser aceptados desde el propio Ejército, al margen de la opinión que merezcan en el ámbito civil”, advierte el documento. Este era el perfil que se buscaba para esos mandos:

A partir de ahí, el informe establece una propuesta de trabajo con el objetivo principal de “evitar que el rey asuma el control permanente del ejército, elevando su liderazgo. Revaluar el mando profesional, fomentar la idea de que el ejército, con absoluta lealtad al rey, respeta la Constitución y obedece al Gobierno”.

Un documento anónimo que figura en los archivos del Ministerio del Interior relativos al 23F apunta a distintos escenarios para un golpe de estado civil o militar contra Adolfo Suárez. El manuscrito, fechado en noviembre de 1980, responde a una “panorámica de operaciones en marcha” en la que se dibujan tres opciones: operaciones civiles, operaciones militares y operaciones mixtas (civiles y militares). Los planes incluyen distintas salidas para el Gobierno y también para el rey que, en uno de los escenarios, “operaría constitucionalmente” mientras que en otro se contemplan que “se impediría su huida, así como la de ministros (...), subordinando la Corona y la vida de su titular a la aceptación del hecho consumado”. Además, en un documento anexo posterior al intento de golpe de Estado se analiza la opinión de una facción del ejército que señala los riesgos de “dejar al Borbón libre y tratar con él como si fuera un caballero”, cuando ha frustrado por televisión las posibilidades de éxito del golpe de Tejero.

En cuanto a las opciones civiles, se plantean cuatro alternativas: de ideología democristiana, de ideología mixta, de ideología socialista o de ideología liberal. El primero estaría liderado por Herrero de Miñón y Álvarez Landelino y miembros de UCD. “No cuentan con Fraga”, señala el texto, que otorga “escasas posibilidades”. También ve “muy escasa viabilidad” a un movimiento liderado por Martín Villa que dé paso a un Gobierno de PSOE y AP (Alianza Popular) con Fraga como presidente. “M. Villa ocuparía presidencia con vistas a 1983”, recoge el documento.

Para el caso socialista hay dos opciones. Una exclusivamente civil que supusiera una moción de censura que saliera adelante gracias a disidentes de UCD y la abstención del PCE, pero a la que se daba “muy escasa” viabilidad. Sin embargo, la posibilidad de un golpe “civil con complemento militar” tenía “credibilidad casi total” si se daban “estas dos condiciones”: “apoyo de la Corona” y “reclutamiento de un general de esas características”, es decir, “talante liberal” entre los que se cita a G. Mellado, Sta María y Díez Alegría. “Con esta medida piensan ofrecer antídoto al franquismo”.

Por último, se da “prácticamente nula” viabilidad a un movimiento liberal liderado por Garrigues en el que se plasma como “inconveniente” que no tiene fuerzas parlamentarias propias. “Estrategia: crear su grupo político propio para 1983, insertándose en UCD y desplazando a otros líderes”.

La operación militar

En cuanto a una posible operación militar, dibuja un panorama en el que el golpe pueda venir de tenientes generales, de coroneles o de “expontáneos” (sic).

Respecto a la primera opción, prevé que el líder pueda ser un general o un político, en cuyo caso vislumbra a Fraga. “El rey operaría constitucionalmente” ya que dibuja la posibilidad de un pronunciamiento. “Se considera que los generales son contrarios al protagonismo tipo Pinochet o Videla”, dice el documento anónimo que ha salido a la luz después de 45 años.

En el caso de un golpe de los coroneles, señala que “no pierden el tiempo en conspiraciones de café” y que solo actuarían cuando “el pueblo los llame”. La posición de estos es que la situación se deteriore “en un año y medio o dos años”, precisamente lo que ocurrió. “Entienden que no solo UCD ha de quemarse, sino también su alternativa el PSOE”. Fraga vuelve a aparecer en esta modalidad: “Se rumorea que Fraga está también en relación con este grupo conspirador”. Aquí el rey no tenía un papel porque “no son monárquicos y piensan en una república presidencialista”.

En cuanto al modelo de subversión de los “expontáneos”, esta radiografía de situación que analiza salidas antidemocráticas resume que está en el entorno de la “operación Galaxia”. Señala que este grupo ve difícil un “consenso” para el golpe, pero que si “alguien” lo plantea “no lo impedirían”. Es una “operación comando”, el modelo más parecido al que finalmente se llevó a cabo el 23F. En cuanto al rey, “se impediría su huida, así como la de ministros (...), subordinando la Corona y la vida de su titular a la aceptación del hecho consumado”.

“El Rey seguirá adelante con su intento suicida de tener un gobierno con los socialistas”

Es un modelo de improvisación, que admite que luego no hay un plan, sino que se empiezan a dar órdenes para consumar el golpe. Como riesgos, como así sucedió, prevé una fractura entre militares y una depuración posterior.

El documento, a mano y con numerosos detalles de cada modelo posible para descabalgar a Adolfo Suárez, también contempla la posibilidad de un golpe mixto con el apoyo de la Corona para intentar encarrilarlo dentro de la institucionalidad y hacer una reforma. Entre las ventajas, “lleva gestionándose un año y han mostrado su conformidad determinados líderes de PSOE y UCD”, aunque no especifica cuáles. Ve la viabilidad “muy alta” y la sitúa en la “primavera de 1981”.

Este documento tiene un anexo sin contextualizar en el que cita también el análisis que hace una parte del ejército tras el fallido golpe del 23F. El primer error que analizan de cara a una repetición es “dejar al Borbón libre y tratar con él como si fuera un caballero”, al entender que “el Rey seguirá adelante con su intento suicida de tener un gobierno con los socialistas, no pudiendo ser considerado ni como un símbolo a respetar. Es, por tanto, un objetivo a abatir y anular”.

El Consejo de Ministros aprobó el martes la desclasificación de los documentos que quedaban en los archivos de Interior, Defensa y Exteriores relativos a la intentona golpista cuando se cumple el 45º aniversario. La orden que autoriza formalmente a la publicación de los documentos ha salido en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este miércoles y Moncloa los ha sacado a la luz unas horas más tarde.

“Lo que hace el Gobierno con esta decisión es impedir que la ultraderecha siga utilizando los bulos, las conspiraciones, la desinformación para difundir teorías que no merece nuestra democracia y también para desinformar a los jóvenes, a chavales que piensan que con Franco se vivía mejor y que van cantando el cara al sol por nuestras calles”, defendió en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la portavoz, Elma Saiz.

España es una anomalía europea en su gestión de los secretos de Estado. Todo es secreto, salvo excepción. En el resto de países es al contrario: todo es público pasado un tiempo, salvo excepción.

Los secretos de un país son, en realidad, el derecho aplazado de sus ciudadanos a conocer los motivos reales de un conflicto, una decisión, una gestión pública que se entenderá de manera completa pasadas varias décadas. Es la pieza última de un puzle que nunca ha encajado o que se ha presentado de manera distorsionada.

Han pasado 45 años del 23F, un evento que se ha romantizado ahora que conocemos el final de la película, pero que hizo que mucha gente volviera a reservar, por si acaso, vuelos y billetes. Que tuvieran a mano su pasaporte. Que quemaran carnés de sindicatos o partidos. Que acopiaran víveres y se pegaran a las radios. Siempre sale el Congreso y sus políticos como protagonistas de un episodio épico con el Rey como héroe. No ignoremos el crudo sufrimiento que se multiplicó puertas afuera del parlamento español, calle a calle. Esos millones de personas que vivieron con angustia la posibilidad de volver a un régimen de miedo tienen derecho a saber por qué y cómo se gestó uno de los peores momentos de sus vidas.

España es una rara avis porque en el tema de los secretos está en vigor una ley franquista (de 1968) y considera que todo es secreto, salvo que un juez o una decisión extraordinaria acuerde lo contrario, mientras que los países del entorno tienen límites temporales. Pero el derecho que tenemos no es solo a conocer el franquismo o la transición. Por eso, es necesario que avance la propuesta hecha por el Gobierno el año pasado para actualizar la norma y que sigue empantanada en el Congreso.

Los españoles del presente y del futuro deben tener derecho a conocer cómo y quién negoció con ETA, cómo fue el espionaje del programa Pegasus, por qué España cambió de posición en el conflicto del Sáhara a la más favorable para Marruecos, cómo y cuándo decidió abdicar Juan Carlos I o si se pagó rescate por españoles secuestrados en el extranjero. Cómo se gestionó el procés –si se intentó negociar y cómo– o cómo se decidió la visita a la Dana en la que tiraron barro a los reyes.

Todo esto pertenece o pertenecerá a los españoles de hoy y de dentro de 45 años, aunque durante un tiempo se haya consentido en un pacto tácito y global que custodie la información el Estado por un supuesto bien mayor.

Es difícil oponerse a la medida de desclasificar secretos –hasta PP y Vox han tenido que buscarse argucias para criticar algo que satisface la curiosidad, morbo o ansia de cotilleo, de información histórica y la necesidad de completar el dibujo– y es probable que se cuelgue la página donde se van a subir los archivos este miércoles por la cantidad de visitas. El motivo es que los españoles queremos saber, como proclamaba el famoso programa de Mercedes Milá que forjó a una generación entera. El 23F es la primera entrega, pero no puede ser la última y para ello hay que sustituir cuanto antes la ley franquista que decidió que los españoles eran incapaces de digerir una verdad que, en realidad, les pertenecía.

El cese de Emilio Viciana, hasta el lunes consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, ha desencadenado una crisis política en el seno del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Viciana, que no se ha pronunciado más que en redes sociales para despedirse, puntualizó en X que el cese ha sido “a petición propia”. La pregunta ahora es ¿por qué?

Su marcha ha espoleado a su vez la marcha de varios diputados y altos cargos, incluida la de su mentor y otrora gurú educativo de Ayuso, Antonio Castillo Algarra. Ha supuesto una dimisión en bloque a modo de protesta muy poco habitual en la política. El propio Algarra ha señalado en público al jefe de gabinete de la presidenta, Miguel Ángel Rodríguez, tras la salida de toda esta facción del gobierno, apodada en el PP de Madrid como “los pocholos”. Ha llenado el vacío el ala dura y clásica del PP de Madrid.

La Comunidad no ha dado una justificación detallada sobre los motivos del cese, pero algunas fuentes sitúan la pérdida de confianza de Ayuso en la falta de avances en la nueva ley universitaria, que ha anunciado que modificará tras la salida de Viciana. En el pasado de Viciana hay otro posible detonador al que la Comunidad de Madrid no se ha referido en público. Un caso de presunta corrupción destapado en 2024 por Viciana.

Todo empezó a finales de 2023, con la llegada de un burofax a la Consejería. Lo enviaba un empresario que aseguraba que le debían 1,6 millones de euros por hacer un centro sanitario de prácticas de FP en el macrocomplejo educativo Ciudad Escolar en 2021 y que no le habían pagado. La insistencia del empresario hizo que fueran a buscar el expediente. Según explicó en ese momento la Consejería, la sorpresa fue que el expediente no existía. Simplemente porque esa obra se había hecho fuera del sistema legal y sin ningún control: “Se solicitó un informe de auditoría a la Intervención General y se abrió una investigación interna para esclarecer las circunstancias de esta reclamación económica”, explicaba en 2024 la consejería de Viciana.

El consejero encargó una investigación que halló graves irregularidades: la construcción del edificio se había dado a dedo, sin licitar, pese a que había costado 2,5 millones. Para poder pagar sin levantar sospechas se habían fracturado los pagos, como si se tratara de trabajos independientes en vez de un edificio completo, cuya magnitud económica obliga a sacar a concurso público.

El 13 de marzo de 2024, la Consejería envió un escrito a la Fiscalía con los hechos descubiertos, alertando de indicios de ilegalidad y abriendo la puerta así a un caso judicial que afectaba al PP. En definitiva, se trataba de una denuncia de un consejero de Ayuso contra algo que sucedió bajo el mando de personas de confianza de Ayuso.

Además, Viciana decidió seguir adelante con todas las consecuencias y trasladó al ministerio fiscal un segundo caso (revelado por elDiario.es), el de la Escuela de Arte de Alcalá, hecha con el mismo sistema ilegal. Viciana encargó otras auditorías de centros para conocer la magnitud del escándalo. elDiario.es desveló a lo largo de su investigación al menos otros nueve casos de centros escolares que se construyeron ilegalmente.

Ossorio y Albert, en la diana

Todos estos movimientos llamaron la atención dentro del búnker del Gobierno de Ayuso. Llevar el caso a la Fiscalía ponía en apuros a dos personas clave en el entorno de la presidenta. Por una parte, a Enrique Ossorio, consejero de Educación en la época del escándalo. Ayuso lo nombró después vicepresidente del gobierno madrileño y actualmente preside la Asamblea de la Comunidad, la segunda autoridad de la región. Es una persona de su máxima confianza.

Con su paso adelante, Viciana también ponía en apuros a Rocío Albert, actual consejera de Economía y Hacienda y, cuando sucedieron los hechos (entre 2021 y 2023), viceconsejera de Educación y mano derecha de Ossorio. Albert era quien controlaba Educación de facto, señalan fuentes conocedoras del funcionamiento de la Consejería. Actualmente, es otro de los pesos pesados de Ayuso, responsable de su política fiscal de bajos impuestos.

Después de varios meses de pesquisas, la Fiscalía encontró “groseras y palmarias” omisiones del procedimiento legal, investigó más centros, apuntó a una concertación más arriba de los directores de instituto y pasó toda la investigación al juzgado 39 de Madrid, después de que Podemos presentara una denuncia ante los juzgados, por lo que tuvo que inhibirse a su favor. La jueza encargada, que admitió a trámite la denuncia en octubre de 2024, ha pedido una prórroga para investigar, ha citado a los directores de siete institutos más y ha llamado a declarar como investigado a un alto cargo de Ayuso de esa época.

La constatación de que el caso judicial avanza y que la jueza está apuntando hacia la primera línea de la Consejería de Educación ha agravado un malestar dentro del núcleo duro de Ayuso que se inició hace casi dos años, cuando recibieron atónitos la noticia de que uno de los suyos había denunciado una prevaricación del anterior gobierno de la presidenta.

Lo cierto es que la gestión de Viciana con el escándalo FP –airear las irregularidades y llevarlas a la justicia– va en contra de los postulados comunicativos que defienden Ayuso y Rodríguez cuando un caso afecta al gobierno: negarlo, desviar la atención o atacar a los denunciantes. Por ejemplo, es la estrategia utilizada en el caso de las residencias donde murieron mayores sin atención sanitaria (llamó a los familiares “plataforma de frustrados”), el fraude fiscal de su novio (dijo que Hacienda le debía dinero a él) o, recientemente, el presunto abuso sexual y laboral de una concejala de Móstoles, que la presidenta calificó de caso fabricado contra el PP.

Por contra, Emilio Viciana decidió trasladar el caso de presunta prevaricación a la justicia, aunque en ese momento limitó la responsabilidad a un subdirector de FP y varios directores de FP, a los que expedientó. Ahora, tanto la Fiscalía como el juzgado de instrucción han visto indicios que seguirán investigando y que pueden acabar afectando a cargos de la anterior Consejería de Educación, que él heredó en 2023 y, por tanto, podría acabar afectando a la presidenta políticamente, que no ha hecho mención nunca al escándalo en público, aunque la Comunidad de Madrid se ha personado como perjudicada en la instrucción.

El portavoz del Gobierno de Madrid ha rechazado ahondar en las razones del cese o valorar las dimisiones en bloque. elDiario.es ha contactado con Emilio Viciana, que ha preferido no hacer declaraciones. Algarra y los diputados dimitidos también han sido contactados sin obtener respuesta.

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El político de ERC Gabriel Rufián es uno de los que mejor ha sabido leer la urgencia de lo que Trump ha llamado en EEUU las crisis de la “affordability”, es decir, la necesidad de hablar a una clase trabajadora que tenía unas expectativas de confort irrealizadas. Una clase trabajadora que come en casa, pasa ropa de hermano a hermano, alquila (con dificultades), no hace viajes de placer, que renuncia a tener hijos y aun así no ahorra. “Una familia, una casa” o el oscurantista “poder digital” son dos conceptos de Rufián que dan en la diana de la orfandad de representación que sienten personas de izquierdas y derechas desconcertadas con un nuevo orden mundial que no esperaban.

Las primeras se están quedando en casa sin votar, o votan de manera atomizada, de modo que el poder se fragmenta. Las segundas se ven cada vez más seducidas por Vox, que habla alto, presentando una sociedad tradicional –la de nuestros padres–, como el lugar óptimo e idílico al que ir a parar de nuevo. Si antes vivías mejor, volvamos a antes (de lo woke).

Que Rufián haya dado con la tecla –en su discurso y en la solicitud de una gran coalición de izquierdas– no quiere decir que fuera un buen líder o un buen presidente. Tampoco que hubiera un lleno total este jueves en la sala Galileo Galilei de Madrid significa que esa ilusión se transformará en voto en unas futuras elecciones generales.

Presentan algo muy difícil de hacer, pero la receta de Rufián y Emilio Delgado acierta: unirse, y luego ver quién lidera “provincia a provincia” con la “ciencia” que apliquen los partidos, que dijo el portavoz de ERC, no se sabe si en serio o con ironía. A veces la ciencia de los partidos son los bajos instintos, orgullos y rencillas, como pasó entre Pablo Iglesias y Yolanda Díaz, o como está viviendo en sus carnes la propia Isabel Díaz Ayuso con los “pocholos”.

El primer obstáculo que debe superar la audaz propuesta es la baja tendencia a la generosidad de los partidos con quienes no son ellos mismos y sus líderes. También la necesidad de que se aparte inteligentemente quien menos posibilidades tenga de seducir a un electorado. Eso supone renunciar a ciertas cotas de poder, posición en listas o dinero público. Pura política darwinista. En ese camino, existen riesgos de dejar fuera ideas interesantes minoritarias y personas interesantes en partidos minoritarios. Pero quizás el tiempo que vivimos no da para matices ni orfebrerías finas.

La ausencia de Yolanda Díaz en el acto del jueves y del próximo sábado hace pensar que estaría dispuesta a dar un paso atrás en Sumar, una plataforma que se inició como “de escucha” y que no ha logrado construirse después de tres años. ERC, Bildu y BNG ya han dado muestras de que no piensan ceder su autonomía ni converger orgánicamente con nadie. Podemos escucha y espera. IU parece preferir otro modelo menos imbricado. Compromís parece de momento el único dispuesto a embarcarse en el modelo Rufián.

Es, desde luego, una propuesta que requiere un cambio mental, un sacrificio. Romper los límites clásicos de los partidos y rebajar sus egos y autonomías en pos de un bien común mayor, que sería un voto menos fragmentado y con más posibilidades. Habría que pactar provincia a provincia, pero también casi todo todo el rato. Un dolor de cabeza, se entiende, que pretende evitar otro mayor.

Pero es una propuesta que no puede tratar solo de frenar a la ultraderecha. Tiene que apadrinar asuntos clave que vagan sin dueño claro: regular las redes sociales, reparar la crisis de la inflación, remediar la emergencia de la vivienda de manera real, tener una política migratoria clara, fortalecer la sanidad y educación públicas, atreverse a regular los excesos cometidos por fondos y monarcas de la economía, una política fiscal realmente redistributiva... Es decir, proponer gobernar de manera clara y decidida para esa ciudadanía que, ausente de información y propuestas directas, tiene la tentación de buscar experimentos o caer en el qualunquismo italiano.

Los partidos de la izquierda se arriesgan a perder todos algo si abrazan la propuesta de Rufián. Por malo que sea, quizás sea mejor que perder todos todo.

Antonio Castillo Algarra conoció a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cuando ella era “parte del equipo” de Cristina Cifuentes (fue diputada y luego viceconsejera), según él mismo contó en una entrevista. Trabaron una amistad. Desde entonces, este dramaturgo, dueño de una empresa cultural y una academia de oposiciones, tuvo un trato privilegiado y cercano con Ayuso, que contó con sus consejos y recomendaciones en materia educativa y cultural cuando fue elegida presidenta de la Comunidad de Madrid, según confirman fuentes cercanas al gobierno y que ya no pertenecen a él.

Fue especialmente en la segunda legislatura, la de 2023, cuando cristalizó más la influencia de Castillo Algarra, apodado por el ala dura del PP como Rasputín por su larga barba y cercanía al poder presidencial. De hecho, es en esa legislatura cuando Emilio Viciana, una persona cercana a Algarra, fue nombrado consejero de Educación. Con él también entraron altos cargos y varios diputados algarristas en la Asamblea de Madrid, que incluso habían trabajado en algún espectáculo del gurú educativo, como publicó El País. En el PP de Madrid clásico los llamaban despectivamente los 'Pocholos' por su juventud y su manera de vestir.

Hoy, todos ellos han salido del gobierno y del grupo parlamentario de Ayuso, una rebelión concertada y motivada por el cese de Viciana el pasado lunes. La asonada ha evidenciado que había una brecha dentro del PP de Madrid entre esta facción y el ala dura clásica, que dirige como cabeza visible el todopoderoso jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez.

Contratos con la Comunidad de Madrid

Además de la cercanía política y estratégica, Castillo Algarra también ha tenido una cercanía económica con la Comunidad de Madrid en los años que ha asesorado informalmente a la presidenta. Mientras que su presencia cerca de Ayuso era notoria, su empresa, For the fun of it SL, fue contratada por la Consejería de Cultura y Turismo y por la empresa pública Madrid Cultura y Turismo, S.A.U., según consta en el Portal de Contratación.

Se trata de cinco contratos menores –es decir, que no salen a concurso público y se dan a dedo, con un límite de 15.000 euros según la ley– y dos del tipo “negociado sin publicidad”, un procedimiento. En este caso, el importe es más alto, como permite la ley. Algarra se llevó más de 31.000 euros en cada uno de estos contratos. En total, siete contratos con la administración madrileña con los que Algarra obtuvo 106.947 euros por la representación de varias obras. En el ámbito cultural, es habitual este tipo de contratos no licitados, ya que la administración puede querer a un proveedor concreto, es decir, un espectáculo específico que solo pueda prestar una empresa elegida de antemano.

Entre los espectáculos que contrató Madrid, El teatro del mundo, la puesta en escena de Más acá de los romances o San Juan desde San Juan en San Lorenzo de El Escorial o el cabaret barroco Oro y plata de Ramón, representado en Alcalá por 7.200 euros y en los Teatros del Canal por 14.500. Todo ello entre octubre de 2020 y el 17 de julio de 2025, el último contrato de la Comunidad de Madrid con Antonio Castillo. Según consta en el registro, la empresa de Algarra se fundó en 2010, pero los contratos públicos con la Comunidad de Madrid, según los datos recogidos en el Portal de la Contratación, empiezan en 2020, cuando ya tiene una relación personal con la Puerta del Sol.

También ha sido contratado recientemente por la Fundación del Teatro Real, un organismo del que es parte la propia Comunidad de Madrid. La formalización del contrato se produjo cuatro días antes del cese de Viciana, para representar de nuevo la obra Más acá de los romances, en este caso por más de 26.000 euros.

Pero no solo ha recibido contratos públicos, la compañía de Algarra también ha tenido subvenciones culturales, algo habitual también en el sector. Una de ellas, en 2022, de la propia Comunidad de Madrid por un importe de 13.000 euros a fondo perdido. Del Ayuntamiento de Madrid ha recibido más de 24.000 euros entre 2024 y 2025 y del Estado, 8.000 euros. Las cuentas presentadas por la empresa contabilizan subvenciones regionales en 2015 y 2020 y varias más con motivo de las ayudas por la Covid.

Antonio Castillo, además de asesor informal y contratista de la Comunidad de Madrid, ha sido hasta el martes patrono y miembro de la Junta Directiva del Ballet Español, una entidad creada por Isabel Díaz Ayuso en febrero de 2024 que estaba enmarcada en los Teatros del Canal. En diciembre de ese mismo año, la propia Comunidad de Madrid informaba en una nota de prensa de la inclusión de Algarra en la junta directiva del Ballet: “La Fundación del Ballet Español de la Comunidad de Madrid estrena además nueva dirección colegiada con una Junta Directiva de tres miembros compuesta por Gala Vivancos, Mónica Fernández y Antonio Castillo Algarra”. Fuentes de la Consejería de Cultura han especificado que Castillo no ha cobrado por esa función.

La Fundación, creada a su medida, ha recibido más de seis millones de euros de la Comunidad de Madrid en los últimos años a través de subvenciones. En su primer ejercicio (2024) recibió una de la Consejería de Cultura que dirige Mariano de Paco, de 1,3 millones de euros. El año siguiente, la ayuda pública creció hasta los 2,3 millones, con un incremento del 76%. Y para este 2026 hay presupuestados 2,5 millones.

En la fundación, Castillo Algarra figuraba hasta este miércoles como miembro de la junta directiva y también como patrono, donde compartía asiento con el consejero de Cultura, Mariano de Paco, y con su discípulo, el dimitido responsable de Educación, Emilio Viciana, así como con otro de los miembros del grupo de Los Pocholos, Miguel Olite, que continúa como director general de Enseñanzas Artísticas en el departamento de Cultura, y cuya continuidad está en duda. El Ballet Español de la Comunidad de Madrid tuvo como primer director artístico a Jesús Carmona, que dimitió en diciembre de 2024 sin explicar las razones.

Cuando la diputada de Más Madrid Marisa Escalante le afeó en la Asamblea de Madrid estas relaciones al consejero de Cultura, Mariano de Paco defendió la trayectoria de Castillo Algarra, y alegó que deberían “ponerle una alfombra roja”.

Con la marcha de Viciana y Antonio Castillo Algarra, el ala dura del PP de Madrid retoma puestos clave, el más importante, la Consejería de Educación, y deja fuera a Los Pocholos, después de varios meses de choques y desconfianzas que han acabado con la facción que inspiró las políticas educativas y culturales de la presidencia de la Comunidad de Madrid.

La Consejería de Cultura, la contratista, ha puntualizado que este tipo de contrato sin licitación es normal y legal y que el precio de los espectáculos estaban “ajustados a mercado”. elDiario.es ha preguntado a Castillo Algarra por estos contratos con la Comunidad de Madrid sin haber obtenido respuesta, aunque horas después ha defendido en la red social X su relación contractual con la Comunidad, calificando de “mentiras” el artículo: “Todo lo que he hecho con la Comunidad de Madrid siempre me ha costado dinero (mucho)”.