Miriam Al Adib es ginecóloga y divulgadora en Almendralejo (Badajoz), un pueblo de 34.000 habitantes. Tras una vida dedicada a enseñar educación sexual y prevención a otros, le tocó intervenir en septiembre de 2023 en el caso más difícil de su carrera: su hija había sido desnudada artificialmente junto a otras compañeras por un grupo de menores de su instituto.

Los chicos, de entre 13 y 15 años, modificaron imágenes reales de las niñas con aplicaciones de inteligencia artificial generativa para simular desnudos y difundirlos masivamente a través de WhatsApp y Telegram: con una plataforma por la que se pagan nueve euros cambiaron los cuerpos reales por desnudos tipo porno y reenviaron las fotos, creando un cisma en el pueblo y llevando a terapia a muchas de esas niñas y sus familias. Unicef calcula que 1,2 millones de niños en el mundo han sido 'desnudados' y ha mostrado su preocupación por un fenómeno que no son bromas o cosas de chavales, sino que está enmarcado en la violencia contra la infancia y la violencia machista.

“Cuando me enteré, ni yo misma sabía si denunciar era una exageración, la policía no sabía ni lo que hacer, no sabían si era un delito porque en realidad no eran ellas, sino cuerpos de otras. Pero hice un vídeo que se volvió viral y hubo respuesta masiva con apoyo total”, cuenta esta madre, que también viajó al Parlamento Europeo a exponer el caso. En total, se acumularon 22 denuncias. “Vi cuatro violencias juntas en un clic: género, sexual, digital y acoso escolar, se me vino el mundo encima”, cuenta Miriam.

Hoy, tres años después de las medidas impuestas por la Fiscalía de Menores –encajó los hechos dentro de los delitos contra la integridad moral y la revelación de secretos y abrió la vía a la indemnización por daños morales a las víctimas– y de las resoluciones pioneras que sentaron jurisprudencia sobre el porno simulado con IA en Europa, el pueblo sigue digiriendo una lección que pilló a toda la sociedad con las defensas bajas. Además, el delito tiene dificultades probatorias, como admitió la memoria de la Fiscalía en 2023. Los autores se esconden tras perfiles falsos y las plataformas donde sucede y donde se deja que suceda (WhatsApp, Instagram, Facebook y otras redes sociales) tienen sus sedes fuera de España y Europa, y no siempre son colaboradoras con las autoridades.

Punto de inflexión penal en España y Europa

El impacto del caso trascendió con rapidez las fronteras de Extremadura. En España, aceleró la necesidad de reformar el Código Penal para tipificar de forma explícita la pornografía simulada y el acoso digital mediante IA. El Gobierno ha aprobado recientemente una ley de derecho al honor para castigar los desnudos como los que permitió Elon Musk con Grok y que recoge protección a menores. Otra ley específica de protección de menores está en el Congreso esperando a ser aprobada en el próximo periodo de sesiones.

Europa también movió ficha después de caso Almendralejo tras la iniciativa tomada por el Gobierno español después del escándalo, que evidenció la necesidad de prevenir y castigar. La Unión Europea acordó en mayo “prohibir en todo el territorio comunitario la introducción en el mercado, puesta en servicio y el uso de sistemas de Inteligencia Artificial que generen 'deepfakes' sexuales”. La UE, de hecho, acaba de aprobar un reglamento sobre IA que protege a la infancia.

Pero tras el hito jurídico, la respuesta social y el debate legislativo, en Almendralejo quedaron las secuelas humanas y el tema sigue siendo un tabú, según algunos vecinos. Las jóvenes afectadas, una veintena, recibieron atención psicológica y tuvieron a su disposición recursos especializados de la Junta de Extremadura. Las familias quisieron evitar a toda costa su exposición y aceptaron una resolución judicial de conformidad, también para evitar un juicio que revictimizara a las menores.

Los quince responsables fueron condenados por veinte delitos de pornografía infantil y veinte delitos contra la integridad moral, aunque tuvieron diferentes niveles de implicación. La justicia consideró a once de los menores como los responsables de usar la IA para generar los falsos desnudos y compartirlos.

Los otros cuatro fueron considerados cómplices por colaborar en la difusión. La condena fue un año de libertad vigilada para los principales responsables y la obligación de realizar cursos educativos (afectivo-sexuales y de uso responsable de la tecnología). Además, la resolución estableció una indemnización de 2.000 euros por cada víctima en concepto de daños morales, de la que deben responder subsidiariamente los padres de los menores condenados. Entre los implicados también había jóvenes de 13 años, inimputables en ese momento, a quienes se les aplicaron medidas correctoras de carácter social y educativo a través de los Servicios Sociales.

“No éramos unas madres histéricas”

“Conseguimos sentencia ejemplar, así que ahí descansamos, porque cuando el delito tiene un nombre dignifica a las víctimas, evidencia que no éramos unas madres histéricas, porque había un sector de la sociedad que pensaba que exagerábamos y que queríamos llamar la atención”, cuenta Al Adib. “Por suerte mi hija está bien y yo no quería un castigo de cárcel, pero sí que pusieran conciencia en esto”.

A la respuesta penal se sumó la actuación contundente de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). El organismo no solo abrió expedientes sancionadores, sino que puso a prueba la eficacia de su Canal Prioritario para exigir la retirada inmediata del material íntimo simulado de las plataformas y redes sociales. La AEPD dictaminó que el uso del rostro real de una persona asociado a un cuerpo desnudo sin su consentimiento es una vulneración del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), al tratarse de un tratamiento ilícito de datos personales.

El organismo, con una sanción pionera en Europa, demostró que, más allá de la lentitud habitual de los procesos judiciales, existía un mecanismo administrativo de emergencia capaz de frenar la hemorragia digital y evitar que la agresión siguiera propagándose a golpe de clic.

Vulnerables ante la tecnología

En Almendralejo, quien más y quien menos conoce a la familia de unas de las víctimas o de los responsables. “Eso ya fue hace mucho, no volváis con ese tema, que ya está olvidado”, pide Carlos, un operario municipal que a las diez de la mañana se encuentra realizando su trabajo en la calle Mérida, a pocos metros del ayuntamiento.

Sin embargo, es un asunto que ha dejado huella. Paz Macías es madre de un niño y una niña: “Lo viví con mucha angustia porque pensé en la desprotección de mis hijos y en la frustración de nosotros como padres por no ser capaces de prevenirlo y no saber cómo actuar”. Pero actuó porque investigando por internet dio con una aplicación de Android que instalaron en el móvil de la pequeña. “En el de mi hijo no porque es un iPhone y no encontramos nada”, explica.

Esa aplicación le permite controlar el dispositivo de la menor: desde el lugar en el que se encuentra cuando está fuera de casa a consultar el móvil, apagarlo y lanzar una alarma. Como hizo Paz hicieron muchas otras familias, lo que da una idea del alcance del caso y de la profunda sensación de vulnerabilidad ante una situación impensable hasta entonces.

Del shock a la pedagogía

El alcalde de Almendralejo, José María Ramírez (PSOE), recuerda bien aquellos días de septiembre en los que la ciudad se convirtió, de la noche a la mañana, en el epicentro de un debate nacional. “El revuelo fue enorme, el pueblo entró en shock. Pero es algo comprensible, eran familias conocidas y tuvimos mucha presión, sobre todo mediática”, describe desde su despacho en el ayuntamiento

Ramírez lamenta la “mala imagen” de la ciudad que se pudo trasladar desde algunos medios de comunicación, pero valora que este lamentable caso sirvió para “generar un debate que no sabíamos lo necesario que era”.

Desde entonces son frecuentes las charlas sobre IA organizadas o impulsadas por muchos ayuntamientos, como el de Almendralejo. Incluso los propios centros educativos promueven estas formaciones no solo dirigidas a los alumnos, también para padres y madres. Uno de ellos es el instituto donde estudiaban las víctimas y los menores que hicieron los 'deepfakes' que helaron la sangre de millones de padres y llevaron a la administración, el Gobierno y la justicia a poner los esfuerzos en dar nombre, prevención y castigo a un delito que vulneró a los más vulnerables.

Gorgui Lamine viu amb la seua dona, Gana, i els seus quatre fills en un pis al barri perifèric de la Torre (València). Baixa vestit d’un blau brillant, amb un vestit africà semblant al que duia posat el desembre del 2019, quan venia polseres i collarets a la localitat turística de Dénia (Alacant), i on un dia de desembre, mentre anava caminant, va veure eixir un fum molt negre d’un balcó.

“No ho vaig pensar, simplement vaig pujar perquè hi havia crits i deien que hi havia un home dins, no vaig poder aguantar”, explica aquest senegalés. Una vegada va poder rescatar-lo —amb dificultat, perquè l’home anava en cadira de rodes i tenia problemes de mobilitat—, va baixar al carrer, cansat, satisfet d’haver salvat una vida gràcies a una escala que algú va proporcionar, però una mica en xoc. “Els veïns em van deixar aigua per a rentar-me i vaig veure una dona gravant”.

“Van començar a dir-me què havia fet, que això no es podia fer així, que m’havia arriscat, que era perillós”. Gorgui, que havia arribat a Espanya el 2017, després d’una travessia internacional per la qual una màfia li havia cobrat una gran quantitat de diners que havia aconseguit amb la venda d’un pis al seu país, va pensar immediatament que el detindrien o deportarien. “Vaig tindre por, vaig entendre que havia fet alguna cosa que estava prohibida per la llei o alguna cosa així i que em podia buscar problemes amb la policia, així que vaig agafar les meues coses i me’n vaig anar”.

Gorgui, que en aquell moment no tenia papers de residència i es trobava en situació d’irregularitat, va agafar l’autobús de tornada a Gandia, la localitat en la qual vivia en una habitació amb la seua dona i el seu bebé. “Vaig pensar que millor si no anava per Dénia uns dies, i me’n vaig anar a Castelló a vendre”.

A la localitat alacantina, efectivament, la policia el buscava, l’alcalde el buscava, la persona a la qual havia salvat el buscava. Per a donar-li les gràcies i fer-li un reconeixement. Finalment, a través d’amics i coneguts el van trobar. “Em va telefonar un policia perquè anara a Dénia, em va dir que necessitaven parlar amb mi”. Gorgui ni hi va anar ni va tornar a agafar el telèfon, aterrit davant d’una detenció. “Quan vaig tornar a casa, hi havia càmeres de televisió, em ho van explicar tot, que no m’anava a passar res dolent, i allí ja sí que vam anar a Dénia”.

A la localitat va ser considerat un heroi, el paraven pel carrer, va eixir a les notícies i fins i tot en mitjans internacionals com The Guardian. L’Ajuntament —aleshores en mans del PSOE— li va fer una recepció oficial el 13 de desembre i l’alcalde, Vicente Grimalt, va anunciar que se li faria un homenatge el Dia de la Policia Local: “Gorgui va demostrar-ho en jugar-se la vida sense pensar-s’ho dues vegades per a salvar la d’una altra persona. I la que totes i tots hauríem de tindre amb tantes i tantes persones que, com ell i la seua família, arriben al nostre país a la recerca d’un bon futur al qual tenen dret”, va dir en el seu discurs.

El Govern va tramitar els seus papers de manera “excepcional” a petició de l’Ajuntament. Els va aconseguir al cap de sis mesos, cosa que li ha permés treballar de manera intermitent com a “carretoner, en càrrega i descàrrega en magatzems, de paleta... També al camp, però allí és molt dur perquè hi ha intermediaris i t’acaben enganyant”. Explica que al consistori li van prometre faena i un habitatge, “però mai no en vaig saber res més”, diu Gorgui mentre pren una tònica en una cafeteria. L’Ajuntament de Dénia assegura que se li “va proporcionar una feina i residència fora de Dénia”, però no ha donat detalls per a poder confirmar-ho davant les repreguntes d’elDiario.es.

Aquest senegalés, que va viatjar amb “una màfia” sent menor d’edat per mig món, va viure a Madrid, a Gandia i va recalar a València el 2020 amb la seua família per a intentar tindre més ingressos, ja que la venda de polseres no dona per a alimentar els seus quatre fills (hui de 7, 6 i 3 anys i una xiqueta de 5 mesos). Va acabar al barri de la Torre, un dels més barats aleshores per a viure, en una de les ciutats d’Espanya on amb major celeritat s’ha tensionat el mercat de l’habitatge (amb pujades del 45% des de la pandèmia).

El 29 d’octubre de 2024, Gorgui i la seua família estaven a la plaça d’aquest barri del sud quan van començar a veure baixar l’aigua. “Vam pujar de pressa, afortunadament vivim en un primer pis i vam poder salvar-nos, només es va inundar una mica l’entrada. L’endemà tot era fang i destrucció”. Però tampoc el fet d’estar en una zona inundable ha moderat els preus.

“Pagava 550 i ara m’ho han pujat a 610 euros al mes”, explica sobre sa casa, un habitatge modest d’uns 60 metres sense ascensor amb dues estances per a sis persones i llits al saló. “Tot i això, el propietari té molta paciència, perquè de vegades no puc pagar, o m’ajuda amb el lloguer una amiga que també m’ha pagat el carnet de conduir perquè puga buscar millors feines. El propietari podria fer-nos fora i traure encara més diners”, admet.

Encara que la seua vida ha millorat respecte al dia que va salvar aquell home, ja que ara no el poden detindre ni deportar i té la documentació per a treballar, Gorgui sobreviu com pot, amb la vista posada en el món laboral. “Ací és molt dur aconseguir una bona feina, de vegades no tenim més que per a pagar el pis. M’agradaria canviar la meua vida, treballar al port, per exemple, ara que tinc carnet de conduir, per a tindre la meua vida bé i mantindre les meues tres xiquetes i el meu xiquet a Espanya, un treball que siga estable”. No descarten tornar al Senegal, encara que Espanya és un lloc on han trobat oportunitats “i gent molt bona”.

Gorgui Lamine vive con su mujer, Gana, y sus cuatro hijos en un piso en el barrio periférico de La Torre (València). Baja vestido de azul brillante, con un traje africano parecido al que llevaba puesto en diciembre de 2019, cuando vendía pulseras y collares en la localidad turística de Dénia (Alicante), y donde un día de diciembre que iba caminando vio salir un humo muy negro de un balcón.

“No lo pensé, simplemente subí porque había gritos y decían que había un hombre dentro, no pude aguantar”, cuenta este senegalés. Una vez pudo rescatarlo —con dificultad, porque el hombre iba en silla de ruedas y tenía problemas de movilidad— bajó a la calle, cansado, satisfecho de haber salvado una vida gracias a una escalera que alguien proporcionó, pero un poco en shock. “Los vecinos me dejaron agua para lavarme y vi una mujer grabando”.

“Empezaron a decirme que qué había hecho, que eso no se podía hacer así, que me había arriesgado, que era peligroso”. Gorgui, que había llegado a España en 2017, después de una travesía internacional por la que una mafia le había cobrado un dineral que había conseguido de la venta de un piso en su país, pensó inmediatamente que le iban a detener o deportar. “Tuve miedo, entendí que había hecho algo que estaba prohibido por la ley o algo así y que podía buscarme problemas con la policía, así que cogí mis cosas y me fui”.

Gorgui, que en ese momento no tenía papeles de residencia y estaba en situación de irregularidad, cogió el bus de vuelta a Gandia, la localidad en la que vivía en una habitación con su mujer y su bebé. “Pensé que mejor si no iba por Dénia unos días, y me fui a Castellón a vender”.

En la localidad alicantina, efectivamente, la policía le buscaba, el alcalde le buscaba, la persona a la que había salvado le buscaba. Para darle las gracias y hacerle un reconocimiento. Finalmente, a través de amigos y conocidos dieron con él. “Me llamó un policía para que fuera a Dénia, me dijo que necesitaban a hablar conmigo”. Gorgui ni fue ni volvió a coger el teléfono, aterrorizado con una detención. “Cuando volví a casa, había cámaras de televisión, me explicaron todo, que no me iba a pasar nada malo, y ahí ya sí fuimos a Dénia”.

En la localidad fue considerado un héroe, le paraban por la calle, salió en las noticias e incluso en medios internacionales como The Guardian. El Ayuntamiento (entonces en manos del PSOE) le hizo una recepción oficial el 13 de diciembre y el alcalde, Vicente Grimalt, anunció que se le haría un homenaje en el Día de la Policía Local: “Gorgui demostró al jugarse la vida sin pensárselo dos veces para salvar la de otra persona. Y la que todas y todos deberíamos tener con tantas y tantas personas que como él y su familia llegan a nuestro país en busca de un buen futuro al que tienen derecho”, dijo en su discurso.

El Gobierno tramitó sus papeles de manera “excepcional” a petición del Ayuntamiento. Los consiguió a los seis meses, lo que le ha permitido trabajar de manera intermitente como “carretillero, en carga y descarga en almacenes, de peón... También en el campo, pero ahí es muy duro porque hay intermediarios y te acaban engañando”. Cuenta que en el consistorio le prometieron trabajo y una vivienda, “pero nunca supe más”, dice Gorgui mientras toma una tónica en una cafetería. El Ayuntamiento de Dénia asegura que se le “proporcionó un trabajo y residencia fuera de Dénia”, pero no ha dado detalles para poder confirmarlo a las repreguntas de elDiario.es.

Este senegalés, que viajó con “una mafia” siendo menor de edad por medio mundo, vivió en Madrid, en Gandia y recaló en València en 2020 con su familia para intentar tener más ingresos, ya que la venta de pulseras no da para alimentar a sus cuatro hijos (hoy de 7, 6, 3 años y una bebé de 5 meses). Acabó en el barrio de La Torre, uno de los más baratos entonces para vivir, en una de las ciudades de España donde más rápido se ha tensionado el mercado de la vivienda (con subidas del 45% desde la pandemia).

El 29 de octubre de 2024, Gorgui y su familia estaban en la plaza de este barrio del sur cuando empezaron a ver bajar el agua. “Subimos rápido, afortunadamente vivimos en un primer piso y pudimos salvarnos, solo se inundó un poco la entrada. A la mañana siguiente todo era barro y destrucción”. Pero tampoco estar en una zona inundable ha moderado los precios.

“Pagaba 550 y ahora me lo han subido a 610 euros al mes”, cuenta sobre su casa, una modesta vivienda de unos 60 metros sin ascensor con dos estancias para seis personas y camas en el salón. “Aun así, el dueño tiene mucha paciencia, porque a veces no puedo pagar, o me ayuda con el alquiler una amiga que también me ha pagado el carné de conducir para que pueda buscar mejores trabajos. El dueño podría echarnos y sacar más dinero aún”, admite.

Aunque su vida ha mejorado respecto al día que salvó a aquel hombre, ya que ahora no lo pueden detener ni deportar y tiene la documentación para trabajar, Gorgui sobrevive como puede, con la vista puesta en lo laboral. “Aquí está muy duro conseguir trabajo bueno, a veces no tenemos más que para pagar el piso. Me gustaría cambiar mi vida, trabajar en el puerto por ejemplo ahora que tengo carné de conducir, para tener mi vida bien y mantener a mis tres niñas y mi niño en España, un trabajo que sea estable”. No descartan volver a Senegal, aunque España es un lugar donde han encontrado oportunidades “y gente muy buena”.

A principios de mayo de este año, Isabel Díaz Ayuso realizó un polémico —y fallido— viaje institucional a México, país del que se tuvo que volver antes de tiempo entre acusaciones a Claudia Sheinbaum por un supuesto “boicot”. Desde entonces y tras el escándalo, una pregunta se quedó en el aire: ¿cuánto costó la visita? El equipo de la presidenta de la Comunidad de Madrid remitió a la declaración oficial de gastos colgada en la web de Transparencia, pero en ese momento el último viaje publicado era el que realizó Ayuso a Austin (Texas), en octubre de 2025. Este verano, meses después, finalmente se ha actualizado la hoja. Si se hace un repaso de los registros, se puede apreciar un patrón que ocurre con México, pero también con otras visitas institucionales al extranjero: un montante total que, en ocasiones, es inusualmente bajo.

Después de semanas de dudas, el documento de la Comunidad de Madrid para México recoge dos importes: 402 y 220 euros para reservar la sala de autoridades del aeropuerto de Barajas en Madrid. Nada más. Ni alojamiento, ni manutención. Un dinero que, si se compara con el de otros tres cargos de su Gobierno que también fueron al país americano en mayo, no cuadra: ellos, en total, declararon unos 15.000 euros.

Según la ley de Transparencia de la Comunidad de Madrid, los cargos deben hacer públicos sus gastos cuando se trate de viajes institucionales. Esto incluye los desplazamientos, la estancia y la manutención. En el apartado 'Transparencia' se puede acceder a la ficha de cada uno de los altos cargos que componen el Ejecutivo de Ayuso, en la que se publican las hojas de los montantes. Pero el caso de la presidenta es particular.

Además de los gastos asociados y vinculados a la dirigente del PP y los consejeros por sus viajes internacionales, hay que sumar los de otros cargos. Responsables de prensa, asesores y, en muchas ocasiones, su jefe de Gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, la acompañan en sus expediciones internacionales y cada uno suma en su hoja los gastos, a veces parcialmente y otras de manera más detallada. Esto, junto a las posibles invitaciones y patrocinios que no se recogen, hace que sea prácticamente imposible conocer cuánto cuestan en total los viajes de toda la comitiva.

Para no perderte, en el siguiente calendario puedes ver los viajes al extranjero realizados por Ayuso desde 2021. Algunos de ellos han sido realizados también con otros altos cargos de su equipo.

221 euros en la sala de autoridades de Miami

El 16 de octubre de 2025, Isabel Díaz Ayuso cogió un avión desde Madrid a Austin (Texas). Estuvo allí una semana, dentro de un “viaje oficial” que incluyó la asistencia al Gran Premio de las Américas de F1 y encuentros y firmas con empresas, a las que vendió Madrid como “la única región de España sin impuestos propios”. Según su declaración, los madrileños desembolsaron para esa visita 1.400 euros para que se reservara dos días la sala de autoridades de la T4 del aeropuerto de Madrid –la misma por la que la Comunidad pagó 290 euros para varios viajes privados de la presidenta y su novio en 2021– y 17 euros para su carta ESTA, el requisito que permite entrar en Estados Unidos. Nada más.

En el excel, que debería recoger el total de “gastos de viaje” de la presidenta y que está actualizado con fecha del 30 de junio de este año, no están especificados los billetes de avión, comidas, cenas o gastos de transporte para moverse de un sitio a otro en Austin. Desde su Gobierno, defienden que hay transparencia y que todos los gastos están publicados.

Ese mismo año, en 2025, Ayuso también fue de viaje a Nueva York y Miami con otros miembros de su equipo, pero sus declaraciones son distintas. Un ejemplo es el del consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde Argüeso, que recoge en su hoja de gastos para esa visita 4.299 euros en “locomoción”, 1.735 euros en “alojamiento” y 135,26 euros en “manutención”. Mientras, ella solo especifica el precio de la sala de autoridades del aeropuerto, 221 euros.

La columna de “manutención” apenas aparece rellenada en los documentos oficiales de las dos legislaturas de la presidenta. Algunas excepciones de los viajes al extranjero: 542 euros en dietas en una gala en Nueva York, 145 euros en Lisboa y 161 en Londres. Cuando viaja por el país o sale de España en visita oficial, Ayuso no incluye en su declaración pública algunos billetes de avión, algunos costes de alojamiento y buena parte de la “manutención”.

131 euros en Corea del Sur

En su visita a Corea del Sur en noviembre de 2024, la comitiva declaró 25.047 euros en total, contando a todos los altos cargos. Si nos vamos a la hoja de gastos de la presidenta autonómica, ella recoge 131 euros por la reserva de la sala de autoridades del aeropuerto de Barajas.

De nuevo, sí aparecen otros gastos en el excel de sus acompañantes. En este caso fueron el consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde Argüeso, el consejero portavoz, Miguel Ángel García Martín, y Emilio Viciana, ex consejero de Educación. En el documento del primero, se especifica que el motivo de la visita fue una “delegación oficial presidida por la presidenta” y ahí se explicita el gasto en locomoción —3.858 euros— y el de alojamiento —1.368 euros—, aunque no la manutención. Para este viaje, Viciana recoge dos desplazamientos en taxi, los billetes de avión por un importe de 4.105 euros y el alojamiento, con un coste de 1.409 euros.

El portavoz declara montantes similares: 4.802 euros para “locomoción”, 1.971 en alojamiento y 580 euros de manutención, el único de los tres que especifica esta casilla. En esta ocasión también viajaron con la presidenta representantes de Invest in Madrid, la agencia regional para la captación de inversiones extranjeras.

No es así en todos los casos: se sabe por el excel de Ayuso que en los Juegos Paralímpicos de París en 2024 gastó 1.669 euros en alojamiento. En ese viaje ella declara un montante superior al de sus acompañantes, según el análisis de elDiario.es.

En Roma de 2023, por ejemplo, registra 2.086 euros, casi la mitad de ellos por el pago del vuelo para ver al Papa en audiencia privada.

En 2022 también se puede ver un mayor gasto de la presidenta autonómica en algunos viajes, como el de Miami, donde se reunió con representantes de Universal y Sony para convertir Madrid en la capital de la música latina o visitó una rotonda dedicada a la región. En su hoja de gastos declaraba 6.142 euros del viaje de avión.

Mientras, en 2021, 2020 y 2019 sus salidas al extranjero eran mucho menos frecuentes, años que coincidieron además con la pandemia de la COVID-19 y las restricciones de movilidad.

Transparencia no aporta más información

Cuando estalló la polémica tras la visita al país americano, el Gobierno de Ayuso aseguró que la Comunidad de Madrid “cumple con la legislación de transparencia y contratación pública”, sin entrar a responder a las preguntas de elDiario.es en las que se pide información sobre dónde están reflejados los gastos de billetes de avión y dietas de la presidenta; por qué en algunos viajes se reflejan importes tan bajos o si todos los gastos de estas visitas los sufraga la Comunidad a través de los impuestos o algunas empresas se hacen cargo de algunas partidas.

elDiario.es también remitió a Transparencia una serie de peticiones en este sentido, como las facturas o justificantes de gasto de Ayuso y su equipo en los viajes institucionales al extranjero, la información sobre si los gastos de desplazamiento y alojamiento fueron pagados por un tercero que no sea la Comunidad de Madrid, y, en caso de ser afirmativo, la información sobre quién sufragó dicho viaje.

Este mes de julio, el organismo público remitió a la web de Transparencia alegando que los gastos “que se generan imputables al presupuesto regional” por los viajes “se publican, con periodicidad trimestral, en el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid”. En su resolución, rechazaron entregar la copia de las facturas alegando que el Consejo de Transparencia ya se había pronunciado “considerando que no aportan un contenido informativo de especial valor” cuando “se ha facilitado por parte de la Administración la información completa sobre los gastos solicitados”.

Transparencia no respondió a la pregunta de si terceros habían sufragado los gastos de visitas institucionales de la presidenta al extranjero. Tampoco, en caso de ser afirmativo, quiénes eran esos terceros.

Este proceder con la rendición de cuentas en los gastos difiere de otras comunidades autónomas. En Catalunya, por ejemplo, los altos cargos están obligados a publicar todos los gastos que hagan en el extranjero y tienen un código que especifica que debe ser público el motivo, coste de avión, comidas, hoteles, quiénes conforman la comitiva y también declarar si van acompañantes de los cargos públicos. En la Generalitat Valenciana, los altos cargos también están obligados a publicar sus viajes y gastos. Algunos lo hacen de manera muy precisa, incluyendo trenes y comidas. El caso del president, Juanfran Pérez Llorca, es distinto, ya que informa de los viajes, pero no suele adjuntar ningún coste. El listado de gastos en el Gobierno de Euskadi, por contra, está totalmente fiscalizado y publicado, por epígrafes y especificando alojamientos, dietas o taxis.

La explicación del portavoz

El Gobierno de Ayuso, a través de su portavoz y tras el polémico y abrupto viaje a México de la presidenta, especificó que “cualquier viaje internacional que realiza cualquier miembro de cualquier Gobierno, pues se paga con cargo a los presupuestos correspondientes”. Sin embargo, unos días más tarde, Miguel Ángel García Martín aseguró que en estos viajes “hay una serie de gastos abonados por parte de la administración”, pero también otros que “son abonados por parte del promotor”. “Esto entra dentro de la normalidad”, dijo.

La portavoz del PSOE en la Asamblea, Mar Espinar, le pidió a Ayuso explicar cuánto había costado el viaje a México a los madrileños. La presidenta autonómica, además de afirmar que el país “no existió hasta que llegaron los españoles”, cargó contra miembros de Gobiernos autonómicos socialistas haciendo un listado de presidentes que habían viajado a México también. Ayuso añadió: “Pero vamos a hablar aún más de quién viaja en esto y quién lo paga: el Estado de Aguascalientes y los Premios Platino”. La Comunidad de Madrid, previamente, pagó 450.000 euros de patrocinio a esos mismos premios, a los que finalmente Ayuso no asistió entre acusaciones de “boicot” a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Las otras polémicas

Cada vez se suman más polémicas en las salidas al exterior de la presidenta, que utiliza los viajes para dar su batalla cultural. En 2020, durante una de sus primeras visitas institucionales fuera de España, asistió a la final de la Supercopa en Arabia Saudí en un viaje que fue pagado por el Atlético de Madrid, según se conoció después de que Más Madrid solicitara información de cuánto costó el desplazamiento, tal y como publicó El País.

Un año más tarde, durante su primer viaje a Estados Unidos tras la victoria electoral de mayo de 2021, Ayuso hizo su primera gran defensa de la “hispanidad” y dejó frases como que “el indigenismo es el nuevo comunismo”. Ya ahí habló de “mestizaje y fusión de culturas” en América, en unas declaraciones similares a las de estos días en México que le han valido reproches de la presidenta Claudia Sheinbaum. También protagonizó un choque con el Papa: “A mí me sorprende mucho que un católico que habla español hable así a su vez de un legado como el nuestro, que fue llevar precisamente el español, y a través de las misiones, el catolicismo y, por tanto, la civilización y la libertad al continente americano”, dijo.

Otro nuevo viaje a Estados Unidos, aunque esta vez a Miami y en 2022, fue el centro de las críticas. Voló hasta allí pocas horas después de conocer que la Fiscalía Anticorrupción archivaba la investigación sobre los contratos de los que se benefició su hermano por la compra de material sanitario. Allí inauguró una rotonda para la Comunidad de Madrid. Ayuso también recibió reproches por su viaje a Chile de 2024, que coincidió con la imputación de su pareja, Alberto González Amador.

El Valle de los Caídos (renombrado como Valle de Cuelgamuros tras la Ley de Memoria Democrática) fue el sueño épico del dictador Francisco Franco. Cerca de Madrid construiría un conjunto monumental de piedra excavado en roca y coronado por un una gran cruz que debía ser el faro del régimen.

Franco ideó un mausoleo como un homenaje a los “héroes y mártires de la Cruzada” que “legaron una España mejor”, como dejó escrito en la orden de creación. Pero el sueño fue pesadilla para miles de familias republicanas (y algunas del bando franquista) que vieron que, de la noche a la mañana, se llevaban los huesos de sus familiares de sus localidades para rellenar los columbarios del Valle, que estaban medio vacíos. “Dependiendo de los enterradores o gobernadores, las cosas llegaron más o menos organizadas al Valle. Hay cajas que se nota que fueron extraídas con cuidado y otras en las que hay hasta restos infantiles, y eso no puede ser de represaliados”, explica la antropóloga Elisa Cabrerizo, que trabaja en el equipo que lleva a cabo las labores de exhumación.

Una carta del ministro de Gobernación fechada en 1958 constató el cambio de rumbo y especificó que se harían las inhumaciones en el Valle “sin distinción del campo en el que combatieran”. En ese momento, se pierde la pista del enterramiento de miles de personas, que fueron sacadas de las fosas de sus pueblos y trasladadas al mausoleo franquista. Es lo que le pasó a la familia Lapeña, que se enteró en 2012 de que sus familiares Ramiro y Manuel no estaban en la fosa donde habían llevado flores durante 60 años, sino en el Valle. Fueron los primeros en lograr que una sentencia obligara a sacar los cuerpos para darles “digna sepultura”. Fue en 2016 y aún no lo han conseguido. Ahora, los familiares (de cuarta generación) están a la espera de un último análisis forense de ADN que confirme si están en las cajas con origen Calatayud que se han recuperado hace unas semanas de la cripta del Santo Sepulcro de la iglesia del Valle.

Con la nueva política de inhumaciones a destajo, el Valle acabó siendo un amasijo de huesos donde reposan españoles del bando franquista (casi todos identificados en cajas y en el registro que llevaban los monjes) y del bando republicano (casi todos sin identificar, en enterramientos comunes sin nombre). En total, restos humanos de 33.833 víctimas trasladadas entre 1959 y 1983, ubicadas en 11.060 cajas que, desde 2023, se están intentando desentrañar y filiar. De momento se ha conseguido devolver los restos de 25 personas a los familiares que los habían reclamado después de analizar 602 cuerpos procedentes de 21 localidades de las que hay solicitudes. El primer exhumado, contra la voluntad de la familia y la extrema derecha, fue el propio Francisco Franco en 2019, dentro del plan de memoria histórica de un recién llegado Pedro Sánchez.

Si hay más de 33.000 cuerpos, ¿por qué se han devuelto solo 25 a sus familias? El equipo que lleva desde junio de 2023 en el Valle (hay adscritos cuatro documentalistas, tres arqueólogos, cuatro antropólogos, cinco forenses y cinco genetistas, según el recuento que aporta el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática) atienden las peticiones que llegan de las familias, que hasta el mes de julio han sido 216.

Las criptas de enterramiento están en cuatro niveles en la Capilla del Santo Sepulcro, por la que se empezó hace tres años, y se han ido completando, pero el estado de estas catacumbas es muy hostil.

Como alertaba un informe de Patrimonio Nacional, están llenas de “humedades”, hay “restos completamente desordenados y fuera del columbario”, con un amasijo de “cráneos y pelvis” y, en general, sin identificación de procedencia. Hay zonas donde ya no queda nada, por las humedades o porque ha habido inundaciones. Gran parte del problema reside en que la piedra sobre la que se levantó la basílica es caliza, y por tanto porosa y muy permeable a la humedad.

A esa zona de exhumaciones hay que entrar con traje especial, porque las condiciones son “muy tóxicas”, explica la doctora Cabrerizo. A partir de ahí, se investiga dónde puede estar la persona reclamada, se hacen análisis, se extraen muestras, se documenta todo el proceso para que haya trazabilidad, se compara con el ADN de los familiares que han reclamado los cuerpos y, si coincide, se recogen los restos y se entregan a las familias para que los entierren donde quieran y con dignidad.

“Ha habido un momento clave, que fue el hallazgo de la caja de Aldeaseca, donde estaba enterrado el padre de Fausto Canales [uno de los ciudadanos pioneros de la búsqueda de familiares]. Todo lo que sabíamos de la localización era por una foto de la agencia EFE. Siguiendo esa pista, la encontramos, pese a que no tenía ninguna rotulación. Fue muy emocionante, paramos todos, subimos e hicimos una celebración”, explica Cabrerizo. Junto a Canales, se identificó a otras 11 personas que fueron sacadas de la Casa del Pueblo y fusiladas (una de ellas, mujer) por falangistas en la madrugada del 20 de agosto de 1936.

La titánica labor se emprendió en 2023, al calor de la nueva ley de memoria, que salió adelante con los votos en contra de PP, Vox y Ciudadanos, CUP y Junts, y con la abstención de ERC y el BNG. Ante las críticas a la ley o la posición de que reabre heridas, la doctora Elisa Cabrerizo, puntualiza que “la ley de memoria no discrimina, de hecho la última entrega que hemos hecho ha sido de personas del bando sublevado, que vienen en caja individual e identificada. Nosotras, lo que nos piden, lo hacemos. De los 25 restos entregados a las familias, unos 6 ó 7 estaban en el bando franquista”.

Los obstáculos judiciales

Pero si ha habido un obstáculo, además del mal estado de los enterramientos, que ha frustrado la velocidad en las exhumaciones, ese ha sido el judicial. Desde que la primera sentencia de los Lapeña otorgó el 9 de mayo de 2016 el derecho a la exhumación, se han sucedido decenas de recursos judiciales del entorno de la ultraderecha (como Abogados Cristianos) y de asociaciones franquistas para frenar las obras, cualquier resignificación, la exhumación de Franco y de Primo de Rivera y las exhumaciones. El último de estos recursos ha permitido la paralización de las catas para resignificar el Valle, con un proyecto ganador sacado a concurso y que debe explicar lo que fue ese lugar.

“Nadie entiende que se destinen 30 millones de euros en resignificación, que nos hemos enterado de que empezaban las labores por una noticia, y que los hermanos Lapeña aún estén sin enterrar”, critica Eduardo Ranz, abogado de la familia en la denuncia pionera que acabó por reconocer el derecho a exhumación en el Valle hace 10 años. “No es de recibo que exhumen al dictador y José Antonio, y que haya familias esperando y que el gobierno de un país no sea capaz de superar la burocracia”, critica.

El asedio de denuncias, recursos y cautelares fue tal que “2024 fue un año que no pudimos hacer prácticamente ningún trabajo”, lamenta Cabrerizo, que también echa en falta que haya más agilidad en los procesos, un equipo estable y que Patrimonio Nacional vaya “por delante”, para que cuando los técnicos tengan que empezar con un piso esté ya todo listo desde el punto de vista de permisos o burocracia. Ese año en blanco se invirtió en que familiares de víctimas allí enterradas pudieran entrar y visitar las tumbas de sus seres queridos.

Esa visita también la hizo Rosa Gil, nieta del agricultor aragonés Pedro Gil, que luchó con el bando franquista. Murió recién empezada la guerra y dejó una mujer embarazada y un hijo de un año en su pueblo. Ese hijo (el padre de Rosa) le anduvo buscando desde 2010. Ese año, después de una vida de “culpa y tristeza” empezó un camino de reencuentro, a buscar el cuerpo de su padre. “Un día fui al cementerio de Zaragoza y me dijeron que, según los registros, a mi abuelo se lo habían llevado al Valle de los Caídos”, cuenta Rosa. “Cuando anunciaron que iban a exhumar fue una alegría inmensa. Lo malo que aún estamos esperando y la espera se hace muy larga, además de que tenemos miedo de que se derogue la ley si hay cambio de gobierno”. El padre de Rosa le dejó un encargo antes de morir: que cuando consiguiera sacar del Valle a su padre lo enterrara junto a él. De momento, su caja, que creen que está con nombre y enterramiento individual, no ha sido alcanzada: “Se paralizó durante un tiempo porque una nieta pidió que no se hicieran los trabajos”.

Las relaciones con los monjes del Valle que gestionan el complejo han sido muy tensas, sobre todo hasta la marcha del anterior abad, que se opuso a todos los trabajos y la exhumación del dictador. “Al principio entendían que éramos profanadores y no nos trataron bien. Ahora ya nos ven como unos profesionales que hacemos un trabajo legal. Incluso desde el bando sublevado les han hecho peticiones de búsqueda de familiares a ellos y ellos nos lo han trasladado”, cuenta la experta Cabrerizo.

Pero no solo se encuentran restos mortales, también objetos con los que murieron: “Si han muerto en combate hay galones, balas, botas, cinturones, cucharas dobladas... Si son de fosas de represaliados, encontramos abarcas, mecheros de yescas, gafas o tarjetas de ferroviarios”, explica la doctora.

El equipo técnico se va a quedar el tiempo que sea necesario, explican desde el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, aunque no tienen un horizonte claro: depende del ritmo al que se vayan encontrando los cuerpos reclamados por hijos, nietos y bisnietos de víctimas de la guerra y el franquismo, que llevan 50 años de democracia intentando recuperar a sus familiares de la mayor fosa común de España.

Javier Negre ya no es aquel reportero al que se le encargaban los trabajos que nadie quería o se atrevía a hacer, esos que rozaban o traspasaban los códigos básicos del periodismo. Por ejemplo, subir a casa de una víctima de violencia de género haciéndose pasar por un amigo ante los padres y escribir mensajes “rayando la coacción” (motivo por el cual fueron condenados él y El Mundo en 2019).

Como se autodefine, es un “empresario” de medios que incluso ha “puesto en riesgo su vida” para defender a las sociedades y políticos de ultraderecha frente a los “narcopresidentes” y el “comunismo”. Algunos de sus admirados están ganando gobiernos en América Latina, de Milei a De la Espriella, en cuya toma de posesión Negre se hizo una foto con el rey (y viceversa, que es lo preocupante).

Mientras se dedica a las relaciones públicas y a favorecer con sus publicaciones y webs sin ningún recato opciones políticas concretas (actividad encuadrada en el marketing político, no en el periodismo), en España mantiene EDATV, una web que envía a Vito Quiles a violentar a políticos y periodistas (nunca del PP o de medios de línea conservadora) fuera de las sedes parlamentarias o de los ámbitos del trabajo.

Pulverizando cualquier regla del periodismo, hace pasar vídeos de entretenimiento ideológico hechos con acoso como si fueran información. Mucha gente joven cree que eso es periodismo. Para los que piensen que hace preguntas que nadie se atreve a hacer, es recomendable ver el streaming de las ruedas de prensa que confirman que los periodistas de medios serios (los que no persiguen hasta el taxi, los que no hacen 'bromas' con el vilipendio) hacen esas mismas incómodas preguntas, todos los días, pero dentro de las fronteras de los códigos deontológicos. Sobre todo, con el objetivo de que la protagonista sea la respuesta, en lugar del lucimiento del que pregunta. Dos ejemplos, la pregunta a Pedro Sánchez del periodista Fernando Garea o de mi compañero de elDiario.es José Enrique Monrosi.

¿Qué hay de valiente y valioso en forzar, perseguir, incomodar y acosar a un ser humano con cuya ideología no te identificas y subir el vídeo? El periodismo requiere algunas horas más –para investigación, llamadas, datos y comprobaciones– que las que se invierten en meter un micro en la cara.

La comitiva del rey no se para en cualquier sitio ni se hace foto con cualquiera. Pero en la toma de posesión del nuevo presidente colombiano se paró con quien ha abrazado esa forma de hacer política utilizando el nombre del periodismo en vano.

La presencia de Negre en el evento es lógica, teniendo en cuenta que ha aupado con sus noticias a De la Espriella en la medida que ha podido. Este neoempresario de webs no ha elegido la información, sino que ha elegido un bando, al calor y protección también de una Casa Blanca encantada con contar con activistas antieuropeos. De hecho, Trump y Negre comparten la visión de unos males en Europa (el comunismo, la inmigración, la lucha contra el cambio climático) recogidos en el documento de Estrategia de Seguridad Nacional de EEUU. La solución coincidente para ambos es hacer crecer la presencia de los “patriots” y ultraderechistas en Europa, que lo resolverán todo (¿como en Hungría o Italia?). Esta intervención (o monólogo) de Negre en la sede del gobierno de Trump, con la aquiescencia de su portavoz, es prueba de esa sintonía programada.

El rey, que está informado y casado con una periodista, tenía que saber quién era y por qué quería usar esa foto un empresario de marketing político que apuesta por opciones que envenenan la convivencia. Tenía que saber que es uno de los que acusan a la reina de amiga de los “socialistas” y manipuladora del rey, uno de los que creen que el rey debe saltarse su papel constitucional e intervenir en política.

¿Por qué se hizo esa foto? Si pareció una confusión, el propio Negre publicó su versión de la intrahistoria, dejando claro que se conocen, que no es la primera vez que hablan e incluso que tiene un “compromiso” con el monarca que va a cumplir. No dejó pasar la ocasión y arremetió de nuevo contra Letizia y sus “amistades” y quiso salvar a Felipe VI de la hoguera ultra que él mismo atizó desde que encargó gobierno a Sánchez como marca la Constitución.

¿Por qué, entonces, se hizo esa foto el rey? ¿Por no ofender? ¿Por reconciliarse y ganar réditos en una parte de la población radical que lo llama Felpudo VI? ¿Por un error?

Esa foto hubiera sido impensable hace cinco años y demuestra cuánto se ha abierto la ventana de lo aceptable. Esa imagen del jefe del Estado con alguien que tomó el camino de las lisonjas a los poderosos en nombre del periodismo es un puñetazo en el estómago para miles de periodistas de este país –desde grandes medios nacionales a precarios medios regionales, conservadores y progresistas–. Para esos que siguen creyendo en la importancia de la comunicación honesta, los datos, las preguntas inteligentes y la separación del poder. Que cuestionan. Que cubren las noticias tanto si afectan a Ayuso como a Zapatero. Que tienen en mente siempre a la gente. Esa gente confundida desde el desembarco de los tecnomonarcas y sus redes impostoras que necesita cada vez más certezas, porque de ser tan bombardeados por verdades y mentiras a la vez ya no saben qué creer y no se creen nada.

El posado es un bofetón para esos miles de periodistas del mundo que ya no publican solo lo que es cierto y comprobable, sino que ahora también tienen que dedicarse a desmentir los bulos que se publican como parte esencial de trabajo o a hacer pedagogía de qué se considera o no periodismo y por qué. Son aquellos que han visto desarmado ese trabajo sordo e infinito con una sola imagen. Todo abajo en el tiempo en que se tarda en apretar el botón de una cámara de fotos.

“Aquest és un llegat d’aquesta generació de valencians als valencians del futur”. Les paraules van ser èpiques i triades per l’expresident valencià Francisco Camps. Era el 2008 i eixia en televisió envoltat de glamur, passes VIP, pilots, enginyers, el magnat Bernie Ecclestone, un macroconcert de Gloria Estefan i camions que transportaven cotxes de carreres al circuit urbà de Fórmula 1 de València, un esforç personal i del PP que seria a “cost zero”.

El llegat per als valencians del futur ha sigut diferent del que va dibuixar Camps: almenys 300 milions d’euros públics invertits en un viacrucis i una parcel·la abandonada on, entre el 2008 i el 2012, rugien els motors i hui malviuen prop d’un miler de persones sense aigua, electricitat ni gestió de residus. Tan greu és la situació i la incompareixença dels serveis públics municipals que el Síndic de Greuges, el defensor del poble valencià, ha obert una investigació.

“Els qui viuen ací ens demanen pales o poals per a netejar aquestes parcel·les perquè ací no ve ningú”, explica Ramón Pérez, veí del barri de Patraix i activista de València És Refugi, l’ONG que porta aigua a l’assentament de xaboles més gran i desconegut de la ciutat de moda per al turisme.

El 2022 van començar a proliferar casetes. Amb els desnonaments de persones sense llar a l’antic llit del riu —una de les exigències de Vox, que cogoverna amb el PP a la ciutat—, s’han multiplicat les construccions perquè ací, de moment, no els fan fora.

Les corbes que prenien les escuderies són hui cantonades de xaboles, cadires abandonades i portes velles lligades a reixes. “Només he vist una vegada la policia per ací. Ens van parar perquè pensaven que anàvem a tirar runa, que és una altra de les coses per a les quals s’utilitza el circuit. Els vam mostrar el maleter del cotxe i els vam convidar a ajudar aquesta gent, però no he tornat a veure ningú per ací”, explica Ramón després de portar botelles d’aigua el dia previ a una alerta roja per calor de la qual s’han desentés les autoritats locals. El poblat viu ocult i s’autoabasteix fora del sistema, a un carrer del món funcional.

Una parcel·la privilegiada

El traçat que va idear el PP valencià està en una de les zones més cotitzades hui de la ciutat: entre el port esportiu, la platja de la Malva-rosa i confrontant amb la Ciutat de les Arts i les Ciències. En aquest barri, el Grau —que era una zona degradada fa diverses dècades i on els lloguers estan hui en 1.400 euros—, es multipliquen cada any els apartaments turístics, al mateix ritme que les barraques improvisades amb fustes, reixes i plàstics en les quals viuen persones sahrauís, espanyoles, marroquines, algerianes o poloneses. Algunes tenen problemes de salut importants, com amputacions o necessitat de diàlisi.

L’Ajuntament de València acaba d’aprovar que es construïsca damunt del circuit un barri nou: 3.200 habitatges —708 amb protecció pública—, zones verdes i una torre de 42 pisos. Ho farà el fons d’inversió Atitlán, propietat de Roberto Centeno, gendre del propietari de Mercadona, i d’Aritza Rodero. Els informes immobiliaris situen aquest desenvolupament del Grau com un dels més cotitzats de la ciutat. Serà qüestió de temps que siguen desallotjats els actuals habitants, que han ressignificat, amb la seua supervivència als marges, la idea més costosa i ruïnosa de l’època de la corrupció valenciana del PP.

Però el forat de la Fórmula 1 continua sagnant i aquest nou i privilegiat urbanisme va vinculat a un deute arrossegat. Queden per pagar 42 milions d’euros a la Generalitat per les obres d’asfaltatge i canalitzacions que va fer en el seu dia per al traçat, uns diners pendents que l’Ajuntament de València no repercutirà íntegrament als constructors. Els valencians, a través de cessions de sòl, hauran d’abonar la meitat d’aquest deute antic, segons un acord recent entre l’Ajuntament i la Generalitat, tots dos governats pel PP, com a cirera final d’una fallida i un malbaratament de recursos públics.

Tot i que s’ha admés en informes i instruccions judicials que l’operació va ser lesiva per a les arques públiques —el traçat on ara hi ha barraques va costar 98,6 milions d’euros, més 111 milions en concepte de cànon a Ecclestone, altres 26 milions pels drets televisius o els 44 milions de deute de l’empresa Valmor que va assumir la Generalitat—, els processos judicials oberts pels elevats sobrecostos han acabat sense responsabilitats per a ningú. Camps també ha resultat absolt d’aquest i d’altres casos judicials.

Per a eixir del circuit cap a una de les zones que més ràpid s’estan gentrificant només cal caminar un minut. El temps que es tarda a travessar un parell de pistes on Ferrari derrapava i que hui estan decorades amb runa i flors silvestres que creixen als vorals, allà on ningú no entra i ningú no mira, mentre els turistes es banyen i mengen paella a pocs metres de distància. Enguany es va instal·lar al costat l’extraordinari Circ del Sol, que va aparcar oportunament els seus enormes camions davant de la vista del poblat.

Mentre al barri dels “sense nom” es preparen per a la calor amb teles i aigua, passen autocars carregats d’estrangers que van de la platja al centre i una família d’italians ix amb díptics a la mà d’unes naus industrials rehabilitades com a centre cultural. A l’altre costat del carrer, sense lavabos, ni endolls, ni aixetes, fan la seua vida més de mil persones, segons els càlculs de l’ONG València És Refugi.

Prenen te recolzats sobre catifes i a 40 graus. “Es diu que cal prendre tres gots”, expliquen alguns homes sahrauís que ofereixen aquest ritual d’acolliment als nouvinguts. Azman entra a la barraca, que està moblada i té diverses habitacions, i es descalça. Explica amb timidesa que ell ja havia estat abans a Espanya. Va ser un dels xiquets sahrauís acollits per famílies espanyoles: “Vaig estar a Toledo amb set anys”. Va pulcrament vestit i endreçat: “No tinc on anar, per això visc ací. Anem al cementeri a agafar aigua i ens dutxem ací”, explica aquest jove de 32 anys, sense família, considerat apàtrida, com tots els sahrauís, i, per tant, amb dificultats per a entrar en el procés de regularització del Govern, que no ha donat cap prioritat a la seua antiga colònia espanyola, però ha desempolsegat una llei de nacionalitat a la qual es poden acollir i que va ser aprovada al juliol.

Moha té 45 anys, té residència legal i viu de manera intermitent al circuit. Es va formar com a infermer al Sàhara i va ser cap d’Infermeria a l’hospital de Rabuni. A València, ha treballat diversos mesos als magatzems d’El Corte Inglés, un període que ha aprofitat per a llogar una habitació “i poder viure un temps una mica més còmode”. En un català perfecte i culte, explica que ha d’enviar uns 50 euros setmanals a la seua dona, sa mare i les seues dues filles perquè puguen menjar als campaments de Tinduf, sobretot des de la retallada de les ajudes públiques a aquestes poblacions.

“Quan puc treballar, llogue una habitació, però no és fàcil perquè és només per un parell de mesos i les habitacions estan a 400 euros”. Quan no hi ha sort, torna a viure “al circuit”. Els seus companys de faena no saben que sa casa és una xabola —“per a què respondre si ningú no pregunta?”—. Abans d’anar a treballar, arreplega garrafes d’aigua, es dutxa, carrega el mòbil amb unes bateries solars i ix cap al seu lloc de treball.

Més enllà d’aquests habitatges del “sector sahrauí” hi ha “els marroquins”, “els espanyols” i “els algerians”. El circuit i les seues corbes estan repartits per nacionalitats: “ningú es fica amb ningú”. Per a Ana Isabel Martínez, el cor de València És Refugi, són sectors “A, B o C” als quals van repartint aigua. Explica, mentre entren i ixen bicicletes i patinets carregats de trastos, que acaba de presentar un escrit judicial perquè, quan hi haja un desallotjament, es duga a terme respectant els drets humans i s’assegure l’atenció a les persones malaltes o a les famílies que ho necessiten. L’Ajuntament de València no ha contestat a les preguntes d’elDiario.es sobre el cens, l’atenció a aquestes persones ni els plans de desallotjament de l’antic circuit.

“Per a lluitar per la teua terra has d’estar orgullosa d’ella, i que estiga passant això als nostres carrers i que la gent tinga aquesta facilitat per a mirar cap a un altre costat... a mi em costa conviure-hi. Això és una salvatjada”, diu Ana Isabel, que acaba d’organitzar una actuació de Pallasos en Rebeldia per a visibilitzar el problema.

Cau la vesprada en el que va ser el somni més ruïnós d’una societat que ja ha oblidat fins i tot on són les pistes, encara que continua pagant-les. Moha pensa si tornar a Tinduf i eixir d’un cercle viciós que no li permet millorar: “Se me’n va la vida sobrevivint”. Es pregunta “si no és millor tindre menys diners però gastar-los amb la gent que estimes, en lloc d’estar ací sol”. Mohamed, l’infermer de Tinduf que parla tres idiomes, té papers i no beu ni fuma, és ací “un apàtrida, un immigrant que es diu Mohamed i que només per això segur que és perillós o es droga”, reflexiona. Un grup de persones d’uns quaranta anys passa per davant del circuit i mira un instant amb curiositat cap a les tendes i les xaboles mentre continua el seu camí corrent cap a la Malva-rosa.

“Este es un legado de esta generación de valencianos a los valencianos del futuro”. Las palabras fueron épicas y elegidas por el expresident valenciano Francisco Camps. Era 2008 y salía en la televisión rodeado de glamour, pases VIP, pilotos, ingenieros, el magnate Bernie Ecclestone, un macroconcierto de Gloria Stefan y camiones que transportaban coches de carreras en el circuito urbano de Fórmula 1 en Valéncia, un empeño personal y del PP que iba a ser a “coste cero”.

El legado para los valencianos del futuro ha sido distinto al que dibujó Camps: al menos 300 millones de euros públicos invertidos en un fiasco y una parcela abandonada donde, entre 2008 y 2012, rugían los motores y hoy malviven cerca de un millar de personas sin agua, electricidad o gestión de residuos. Tan grave es la situación y la incomparecencia de los servicios públicos municipales que el Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo valenciano) ha abierto una investigación.

“Los que viven aquí nos piden palas o cubos para limpiar estas parcelas porque aquí no viene nadie”, cuenta Ramón Pérez, vecino del barrio de Patraix y activista en València És Refugi, la ONG que lleva agua al asentamiento chabolista más grande y desconocido en la ciudad de moda para el turismo.

En 2022 empezaron a proliferar casetas. Con los desalojos de personas sin hogar en el antiguo cauce del río –una de las exigencias de Vox, que cogobierna con el PP en la ciudad–, se han multiplicado las construcciones porque aquí, de momento, no los echan.

Las curvas que tomaban las escuderías son hoy esquinas de chabolas, sillas abandonadas, puertas viejas atadas a rejas. “Solo he visto una vez a la policía por aquí. Nos pararon porque pensaban que íbamos a tirar escombros, que es otra de las cosas para las que se usa el circuito. Les mostramos el maletero del coche y les invitamos a ayudar a esta gente, pero no he vuelto a ver a nadie por aquí”, cuenta Ramón después de traer botellas de agua en el día previo a una alerta roja de calor de la que se han desentendido las autoridades locales. El poblado vive oculto y se autoabastece fuera del sistema, a una calle del mundo funcional.

Una parcela privilegiada

El trazado que ideó el PP valenciano está en una de las zonas más cotizadas hoy de la ciudad: entre el puerto deportivo, la playa de la Malvarrosa y colindante con la Ciudad de las Artes y las Ciencias. En ese barrio, el Grao –que era una zona degradada hace varias décadas y donde los alquileres están hoy a 1.400 euros–, se multiplican cada año los apartamentos turísticos, al mismo ritmo que lo hacen las chabolas improvisadas con maderas, rejas y plásticos en las que viven personas saharauis, españolas, marroquíes, argelinas o polacas. Algunas de ellas tienen problemas de salud importantes, como amputaciones o necesidad de diálisis.

El Ayuntamiento de València acaba de aprobar que se construya encima del circuito un nuevo barrio: 3.200 viviendas –708 con protección pública–, zonas verdes y una torre de 42 pisos. Lo hará el fondo de inversión Atitlán, propiedad de Roberto Centeno, yerno del dueño de Mercadona, y de Aritza Rodero. Los informes inmobiliarios sitúan este desarrollo del Grao como uno de los más cotizados de la ciudad. Será cuestión de tiempo que se desaloje a los actuales habitantes, que han resignificado con su supervivencia en los márgenes la idea más costosa y ruinosa de la época de la corrupción valenciana del PP.

Pero el agujero de la Fórmula 1 sigue sangrando y esa nueva y privilegiada urbanización va vinculada a una deuda arrastrada. Quedan por pagar 42 millones de euros a la Generalitat por las obras de asfaltado y canalizaciones que hizo en su día para el trazado, un dinero pendiente que el Ayuntamiento de València no va a repercutir íntegramente a los constructores. Los valencianos, a través de cesiones de suelo, tendrán que abonar la mitad de esa deuda antigua, según un reciente acuerdo entre Ayuntamiento y Generalitat (ambos del PP), como guinda final a una quiebra y desperdicio de recursos públicos.

Aunque se ha admitido en informes e instrucciones judiciales que la operación fue lesiva para las arcas públicas–el trazado donde ahora hay chabolas costó 98,6 millones de euros, más 111 millones en concepto de canon a Ecclestone, otros 26 por los derechos televisivos o los 44 millones de deuda de la empresa Valmor que asumió la Generalitat– los procesos judiciales abiertos por los elevados sobrecostes han acabado sin responsabilidad de nadie. También Camps ha resultado absuelto de este y otros casos judiciales.

Para salir del circuito hacia una de las zonas que más rápido se están gentrificando basta con caminar un minuto. Lo que se tarda en cruzar un par de pistas donde Ferrari derrapaba y que hoy están decoradas con escombros y flores silvestres que crecen en los arcenes, allí donde nadie entra y nadie mira, mientras los turistas se bañan y toman paella a unos metros de distancia. Este año se instaló al lado el extraordinario Circo del Sol, que aparcó oportunamente sus enormes camiones frente a la vista del poblado.

Mientras en el barrio de los 'sin nombre' se preparan para el calor con telas y agua, pasan autobuses cargados de extranjeros que van de la playa al centro y una familia de italianos sale con dípticos en la mano de unas naves industriales rehabilitadas en centro cultural. Al otro lado de la calle, sin inodoros, ni enchufes, ni grifos, hacen su vida más de mil personas, según los cálculos de la ONG València És Refugi.

Toman té recostados en alfombras y a 40 grados. “Se dice que hay que tomar tres vasos”, cuentan algunos hombres saharauis que ofrecen este ritual de acogimiento a los recién llegados. Azman entra a la chabola, que está amueblada y tiene varias habitaciones, y se descalza. Cuenta con timidez que él estuvo antes en España. Fue uno de los niños saharauis acogidos por familias españolas: “Estuve en Toledo con siete años”. Va pulcramente vestido y aseado: “No tengo adonde ir, por eso vivo aquí. Vamos al cementerio a coger agua y nos duchamos aquí”, cuenta este joven de 32 años, sin familia, considerado apátrida, como todos los saharauis, y, por tanto, con dificultades para entrar en la regularización del Gobierno, que no ha dado ninguna prioridad a su antigua colonia española, pero ha desempolvado una ley de nacionalidad a la que puedan acogerse y que fue aprobada en julio.

Moha tiene 45 años, tiene residencia legal y vive de manera intermitente en el circuito. Se formó como enfermero en el Sáhara y fue jefe de Enfermería en el hospital de Rabuni. En València, ha trabajado varios meses en almacenes de El Corte Inglés, momento que ha aprovechado para alquilar una habitación “y poder vivir un tiempo un poco más cómodo”. En un perfecto y culto español, cuenta que debe mandar unos 50 euros semanales a su mujer, madre y dos hijas para que puedan comer en los campamentos de Tinduf, sobre todo desde el recorte de las ayudas públicas a esas poblaciones.

“Cuando puedo trabajar, alquilo, pero no es fácil porque es para un par de meses y las habitaciones están a 400 euros”. Cuando no hay suerte, vuelve a vivir “al circuito”. Sus compañeros de trabajo no saben que su casa es una chabola –“para qué responder si nadie pregunta”–. Antes de ir a trabajar recoge garrafas de agua, se ducha, carga el móvil con unas baterías solares y sale a su puesto de trabajo.

Más allá de estas viviendas del “sector saharaui” están “los marroquíes”, “los españoles”, “los argelinos”. El circuito y sus curvas están repartidas por nacionalidades, “nadie se mete con nadie”. Para Ana Isabel Martínez, el corazón de Valencia És Refugi, son sectores “A, B o C” a los que van repartiendo agua. Cuenta, mientras entran y salen bicicletas y patinetes cargados de trastos, que acaba de presentar un escrito judicial para que, cuando haya desalojo, se lleve a cabo respetando los derechos humanos y se asegure la atención a las personas enfermas o familias que lo necesiten. El Ayuntamiento de València no ha contestado a las preguntas de elDiario.es sobre el censo, la atención a estas personas ni los planes de desalojo en el antiguo circuito.

“Para luchar por tu tierra tienes que estar orgullosa de ella, y que esté pasando esto en nuestras calles y que la gente tenga esa facilidad para mirar a otro lado... a mí me cuesta de convivir. Esto es una salvajada”, dice Ana Isabel, que acaba de organizar una actuación de 'Pallasos en Rebeldia' para visibilizar el problema.

Cae la tarde en el que fue el sueño más ruinoso de una sociedad que ya ha olvidado incluso donde están las pistas aunque sigue pagando por ellas. Moha piensa si volver a Tinduf y salir de un círculo vicioso que no le permite mejorar: “Se me va la vida sobreviviendo”. Se pregunta “si no es mejor tener menos dinero, pero gastarlo con la gente a la que quieres, en lugar de estar aquí solo”. Mohamed, el enfermero de Tinduf que habla tres idiomas, tiene papeles y no bebe ni fuma, es aquí “un apátrida, un inmigrante que se llama Mohamed y que solo por eso seguro que es peligroso o se droga”, reflexiona. Un grupo de cuarentones pasan por delante del circuito y miran un instante con curiosidad hacia las tiendas y chabolas mientras siguen su camino haciendo jogging hacia la Malvarrosa.

Imágenes de miles de jóvenes marroquíes exultantes entrando en España y llamando por el móvil a su casa (no estarán tan desesperados si tienen teléfono), besando el suelo (¡este no es su hogar!), rezando (impondrán su cultura musulmana), haciendo el símbolo de la victoria (ves como nos quieren conquistar), 'tomando' las calzadas ante el desconcierto de peatones y conductores (no respetan nada). Han sido gasolina para prender más aún el debate principal en el que se dirime el mundo: ser o no racista, querer o no migración, temer o no al otro cuando es pobre y de otra raza o religión. Ser o no humanista. Si América para los americanos, ¿Occidente para los occidentales?

La utilización de las imágenes, tan plásticas y aplastantes, era una tentación demasiado golosa como para ponerse a abrir un debate serio y profundo, de muchas aristas. Gobiernos de todo el mundo, incluso los que no colocan bien en el mapa la minúscula Ceuta, se lanzaron a usarla para demostrar que solo la mano dura sirve con la inmigración o que los gobiernos socialistas, en concreto el de Pedro Sánchez, ha provocado un efecto llamada con su guante de seda. Sorprende que, entre ellos, hayan estado democracias europeas que participan de un proyecto común. Solo un estado muy conservador no ha caído por la pendiente racista y de agitación del miedo: el Vaticano.

La primera idea se desmonta con datos: por ejemplo el gobierno de ultraderecha y antiimigración de Italia lidera las entradas irregulares. La segunda se desmonta dándole solo una pensada. La regularización ha acabado, tenía unos plazos de residencia demostrada y nada indica que se vaya a abrir otro proceso. Son las mafias, el altavoz masivo y privilegiado de las redes, la desesperación, las condiciones meteorológicas y las posibilidades de tener éxito lo que impulsa las llegadas desde el continente africano. Imponer un régimen de terror y encarnizamiento para frenar las ganas de venir es un experimento que está llevando a cabo Donald Trump. Es una bestialidad impropia de una democracia que habrá que ver si consigue el objetivo que se propone.

Lo cierto que el único efecto llamada demostrado por el momento fue el de unas redes sociales que monitorizan, por ejemplo, pezones y desnudos, pero no supieron/quisieron ver o avisar de que había un llamamiento a ir a España con bulos y desinformación. Si hay dudas sobre las consecuencias de llevar una dieta infotóxica, un centenar de personas muertas por una supuesta apertura de la frontera. Hay otra duda: si España monitoriza estos mensajes y si había recibido señales de lo que podía pasar, algo que está investigando un juzgado.

La siguiente tanda de vídeos y fotos de la crisis en Ceuta no ha sido tan espoleada por aquellos a quienes les encajaban mejor las primeras imágenes. Un niño desesperado que no quiere volver a Marruecos (cómo será allí su vida que prefiere estar solo en un país del que no entiende el idioma), menores malviviendo en colegios prestados, madres de luto a la espera de noticias de la morgue, jóvenes futbolistas deseosas de que Europa les preste la atención que no reciben pese a sus esfuerzos.

Después de convertir Ceuta en un ring donde dirimir qué parte del mundo tiene razón. Después de que el negocio de la atención haya hecho caja con la capacidad de las imágenes tan brutales de transmitir incredulidad, miedo, odio, empatía o desacuerdo, quedan Ceuta y los ceutíes (al 100% españoles y al 50% musulmanes), que no se han dejado instrumentalizar por los ultras que han acudido a rebañar las migas de la desgracia y han salido escaldados con su visión tan simplista y prejuiciosa de la ciudad y sus nacionalidades.

Queda pendiente hacer aquel análisis profundo y complejo: quién lo sabía, por qué no avisó, si se atendió suficiente, si se reaccionó tarde, qué pasa con Marruecos y con las app por las que se lanzó el mensaje masivo, qué se va a hacer para reforzar las fronteras, cómo integrar y qué respuesta dar al fenómeno imparable de las migraciones por el mundo desde su parte empobrecida hacia la del bienestar, como reparar las heridas en Ceuta y el colapso humanitario allí.

Es el debate que se hurtó y que quedó arrinconado cuando cada cual quiso arrimar rápido el ascua a su sardina, justificando con el desgraciado episodio el racismo que ya abrazaban antes de que asomara el primer flotador en la frontera.

La concepción que tiene la presidenta de la Comunidad de Madrid sobre los impuestos ha quedado clara desde los inicios de su gobierno: cuantos menos, mejor, incluyendo a quienes son multimillonarios. Por si había duda, cuando su pareja los intentó escamotear (evitando pagar 350.000 euros a la caja común después de ingresar dos millones por vender mascarillas) no solo no se lo afeó, sino que tachó la investigación de Hacienda de inspección “salvaje”. La gestora de los impuestos, de parte del que presuntamente no los paga.

Pero si esos mismos impuestos sirven para aumentar su bienestar, ahí la presidenta no pone pega. Restando importancia al poder transformador de los tributos para construir una sociedad más justa y moderna, arrinconándolos en sus declaraciones como si fueran un mal necesario, acaba de utilizarlos para aumentar su ya alto estándar de vida inmobiliario.

La mujer que dijo en una entrevista en El Mundo en 2022 que estaba “harta de pagar alquiler” y que cobra 8.500 euros al mes, vive en un ático dúplex en Chamberí comprado por su novio, pendiente de juicio por fraude fiscal. Ahora su propio gobierno acaba de comprar otro ático en Chamberí con 200 metros de terraza para que la presidenta trabaje ahí, como ha adelantado El País, aunque es un edificio residencial. Por qué era necesario comprar una vivienda de lujo con terraza en un edificio particular si hay sedes oficiales de la Comunidad por toda la ciudad es un misterio. Por qué se ha ocultado si es tan normal, es otro misterio. Ahora el gobierno matiza que no saben qué van a hacer con este piso: peor aún, usar los cotizados impuestos de ese supuesto “infierno fiscal” para comprar áticos que no se sabe para qué se necesitan. Mientras, la gente que los paga se pregunta por qué el metro va cada vez más lleno o los colegios, más degradados. Siempre habrá inmigrantes a mano para echarles la culpa.

El expediente inmobiliario de la presidenta es muy preocupante. Antes de esta compra con poca justificación desde el punto de vista del interés público y común, la Comunidad que preside compró una finca con chalet y piscina por cuatro millones en el que ella y su familia fueron de vacaciones, también sin que se informara y sin que se conociera el uso de esta mansión en medio de la sierra. En aquel momento salió de aquella con el señuelo del “táper” y el “Covirán”. Para acomodar la polémica a una explicación decente, en su gobierno dijeron que el chalet era para cualquier consejero que estuviera “de guardia” y lo necesitara. De momento lo ha 'necesitado' la presidenta y su familia y no se ha explicado en qué consisten las guardias.

Durante la pandemia, su amigo el hostelero Kike Sarasola le prestó dos pisos de lujo, también para “trabajar”. Se ve que la red de sedes y edificios públicos de la región que gobierna no le resultan suficientes a Isabel Díaz Ayuso, que necesita trabajar en alto, a ser posible con terraza. Después de varios requerimientos, Ayuso publicó una factura que decía que había pagado 5.680 euros por una estancia de 69 días en los dos apartamentos de alto nivel en pleno centro, uno para dormir y otro para trabajar. A aquella joven del barrio de Chamberí no le vale el salario que tiene ni la manera de vivir que tenía. Para algo es la presidenta y es amiga de ricos empresarios.

La primera corrupción, no judicial pero sí ética, sucede cuando uno acepta un trabajo, el de defender los intereses de todos, a sabiendas de que no lo va a cumplir y que ese no va a ser su primer desvelo. Que va a anteponer estrategias trumpistas como decir “mamarracho” para que la gente se fije en la palabra, en lugar de fijarse en que esa líder no hizo el trabajo de prevención de incendios que le otorga el Estado español o no pudo apagarlo con los esquilmados recursos propios, dedicados a menesteres más inútiles.

Los más de cuatro millones que habrá costado este último capricho inmobiliario se podrían utilizar para contratar cuadrillas forestales, hacer cortafuegos en mosaico, ayudar a los ayuntamientos con los planes de prevención o poner aire acondicionado en 500 colegios públicos. Las lágrimas y las huidas adelante son aceptables en la vida privada, pero no deberían ser consentidas en el ámbito público, donde una eficaz recaudación de impuestos y una buena estrategia para gastarlos mejora la vida de la gente, en lugar de mejorar con ellos las vistas de plantas y tejados de Madrid con las que una presidenta autonómica quiere encender el ordenador, desde un edificio aristocrático donde viven los más privilegiados de la ciudad. Esos a quienes esa misma presidenta perdona, siempre que puede, los impuestos con los que se ha comprado ese innecesario ático.

Cuando Juan escuchó el timbre de la puerta de casa se extrañó porque no esperaba a nadie. Eran las tres de la tarde del 10 de febrero de este año y por el telefonillo asomaba “una persona pequeña, con capucha, a la que apenas le salía la voz”. Preguntó quién era y qué quería. “Soy Salma”, contestó su amiga, de 38 años, natural de Marruecos, y a la que había intentado localizar durante meses sin éxito.

En realidad, Salma no estaba en Marruecos, estaba a media hora andando de la casa de Juan, sufriendo brutales palizas, según su denuncia y los informes médicos. Tan terribles que el centro de salud al que llegó con Juan ese día llamó directamente a la policía. Como recoge el documento sanitario, esta mujer tiene una “pérdida funcional total” del ojo izquierdo por “estallido traumático”, entre otras importantes lesiones con un diagnóstico de “politraumatismo por agresión.”

Ese 10 de febrero, Salma fue noticia en todas las teles, radios y webs. Se había ido a vivir en 2024 con su pareja a una casa en medio de la huerta murciana y sus amigos no volvieron a verla. De hecho, su familia alertó a la policía de la desaparición. Según relató Salma a la jueza en su primera declaración, el detenido le daba palizas y la tenía secuestrada en la casa. El control incluía que tenía que usar el teléfono de él si quería comunicarse o que “le daba pastillas cuando salían juntos para que estuviera tranquila”, cuenta Juan desde su casa en Murcia, donde cuida a la gata de Salma hasta que ella tenga un hogar propio.

Ese día 10 de febrero, después de golpearla brutalmente, Salma decidió poner fin a 700 días de infierno y sometimiento psicológico. Cogió una escalera, saltó la valla y llegó a casa de su amigo a pedir ayuda llena de golpes. En el registro de la casa de Alberto S. M., conocido como El Coletas –cuyo abogado no ha respondido a la petición de información de elDiario.es–, los agentes encontraron armas blancas y de fuego, estupefacientes y la camilla que presuntamente utilizaba para retener a la víctima y propinarle palizas.

Meses a la espera

Ahora Salma vive en un “recurso de atención especializada de la Región de Murcia”; confirman fuentes de la Consejería de Política Social de la comunidad autónoma, de la que ni su abogado sabe la dirección, pendiente de que avance una instrucción judicial que lleva meses estancada. “Debería estar ya en un piso haciendo su vida, con el caso avanzando, pero ahí sigue, esperando”, cuenta Juan, que la acompaña a numerosas revisiones médicas. Según la última memoria del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, esta es la región con los juzgados más lentos de España, con un atasco de 50.000 casos pendientes en Primera Instancia (los que juzgan después de la fase de investigación).

Después de poner la denuncia, Salma fue citada en el Instituto de Medicina Legal de Murcia el día 23 de abril para evaluar sus lesiones y daños físicos y psicológicos. Tras una primera exploración, le dijeron que se le volvería a citar, “pero todavía seguimos esperando, después de cinco meses desde que escapó, y esta mujer tendrá derecho a avanzar, a hacer su vida”, lamenta su abogado, Ángel Gil, que ha enviado al juzgado un escrito para que se agilicen las pruebas. Desde el Instituto explican a elDiario.es que se trata de un “asunto de especial complejidad” y que “los plazos de intervención se consideran ajustados” a esa complejidad. También adelantan que se ha previsto “una nueva valoración en las próximas semanas para completar la actuación”.

Hace tan solo unas semanas que Salma ha conseguido reponer su documentación con la ayuda de un policía y el consulado de Marruecos, ya que su expareja le había quemado todos los papeles, cuenta su amigo Juan, lo que le impedía hacer multitud de gestiones con la administración que la tiene que proteger.

El presunto maltratador estaba en prisión provisional desde que Salma escapó y denunció, pero el juzgado decretó su puesta en libertad el 1 de abril. El Coletas pudo salir y volver a su casa donde vivió Salma su infierno, con el informe favorable también de la Fiscalía.

Se le impuso un alejamiento de 500 metros, la prohibición de comunicarse con ella y la obligación de firmar dos veces al mes. “El alejamiento es una medida, pero no olvidemos que al fin y al cabo es un papel que dice eso”, explica el abogado de la mujer, que hizo un recurso de apelación ante la Audiencia al día siguiente para que se impusiera también una pulsera telemática de control al investigado, dado que la valoración que dio la Policía en el sistema Viogén fue de “riesgo extremo”. Tampoco se ha resuelto ese recurso.

“Los primeros días ella no podía salir sola a la calle”, cuenta Juan, “si veía un coche que se parecía al de él, se echaba a temblar. Me cuenta que todavía tiene pesadillas y no puede dormir por la noche, pese a que está en tratamiento”.

¿Por qué se decidió poner en libertad al presunto maltratador de Salma si ella tenía lesiones tan graves y había estado secuestrada? Según explica la jueza en el auto de libertad, ve inconsistencias en el relato de la mujer tras escuchar a varios testigos. Por ejemplo, la dependienta de una tienda declaró que la víctima entró varias veces a comprar sola y “sin pedir ningún tipo de ayuda” pese a que había una comisaría de Policía cerca.

La exmujer de El Coletas declaró que se mensajeaba con ella y la invitó incluso a su cumpleaños. La hermana de él dijo también a la jueza que Salma salió en barco un día con ella. Además, la jueza dudó del delito de detención ilegal por el hecho de que el pestillo de la habitación donde estaba Salma estuviera por dentro y no por fuera. Casi todos son “testigos del entorno del investigado”, apunta Ángel Gil en su escrito para pedir la prisión de nuevo y la pulsera telemática.

El delito de detención ilegal es grave y seguramente pesó en la decisión de la prisión preventiva, explican fuentes jurídicas, por eso la jueza lo pone en libertad al apreciar dudas sobre la declaración de Salma relativa al secuestro. “Ella no estaba en un zulo en el que no veía la luz. Estaba retenida contra su voluntad por el miedo, aterrorizada de desobedecer”, explica su amigo Juan. “La prisión preventiva, es decir, privar a alguien de la libertad antes del juicio, es una medida bastante extrema y tiene que estar bien justificada, en el sentido de que haya riesgo claro para la víctima y sus bienes o un riesgo de fuga muy alto, por ejemplo”, explican fuentes jurídicas.

La psicóloga especializada en violencia de género Olga Barroso explica que, en su experiencia, muchas veces no hace falta la fuerza física para la sumisión de la voluntad: “Cuando tienes una convivencia en la que te han agredido físicamente, has aprendido que si no obedeces te pueden volver a agredir. Ahí el agresor ya no necesita esa violencia física, o encerrarla bajo llave, porque el cerebro de esa persona ya es capaz de crear la expectativa de lo que le van a hacer la próxima vez que desobedezca. Barroso ve esencial acudir a ”ese histórico“ cuando se trata a una superviviente de violencia: ”No podemos pedirles que se comporten como si no hubieran sufrido un pasado, hacer una simple foto fija del momento“.

De momento, Salma está pasando su primer verano fuera de una casa a la que entró por su pie en 2024 y salió malherida y escapando en 2026. No es un verano normal, porque no hay vacaciones, ni piscina, ni un hogar, ni puede trabajar ni se ha ido el miedo. Es un verano deseando que llegue septiembre, cuando se retoma la actividad en los juzgados, y se reconozca lo que le hicieron: “Cuando ves que ponen en duda lo que ha pasado esta zagala… yo lo he visto con mis ojos, vi lo que le había hecho el día que se escapó, no me lo han contado”, concluye Juan, indignado y esperanzado en que todo se resuelva cuanto antes y Salma pueda empezar a ver la luz.

Cuando Carlos Mazón firmó el 'pacto de la servilleta' en 2023 con Vox –ahí estaban un par de profesionales en vivir de lo público, un torero, un catedrático condenado por violencia de género– tenía claro que la ideología no iba a arruinarle la posibilidad de gobernar. Acordaría lo que hiciera falta y echaría a andar un gobierno autonómico con ultras y sus políticas iliberales aunque unas semanas después se la jugara Feijóo en unas elecciones generales. Al fin y al cabo, tampoco se distinguía demasiado de lo que él mismo opinaba. Definitivo o solo influyente, este proyecto que cabía en dos trazos gruesos de un trozo de papel no le sentó bien a las expectativas electorales del PP nacional, que vio cómo se desinflaban las optimistas encuestas en las urnas. Feijóo no pudo gobernar y no fue capaz de llegar a acuerdos en el Congreso de los Diputados.

València, una comunidad talismán para el Partido Popular y de peso específico en España, inauguró un ciclo con un Vox con tanta vara de mando dentro del gobierno como para poner en entredicho el clima y las políticas verdes o hacer calar las supuestas exageraciones woke. Si total siempre ha hecho calor. Un año y tres meses después, la provincia se enteró a golpe de 231 muertos de que ese negacionismo político, llevado a la cadena de servicios públicos, mataba.

Pero Vox, que ya había impuesto debates tan arcaicos como superados, restando energía a la labor de un gobierno que realmente mejore la calidad de vida de los gobernados –que si el catalanismo, que si las élites, que si los zurdos, que si las denuncias falsas– siguió aumentando los timones de los que disponía. Tras la dana, se convirtió en necesario para la supervivencia de Mazón. El expresident consiguió que le apoyaran a él y a sus presupuestos en mayo de 2025, al tiempo que se permitía construir más cerca de la costa, renegaba de la tasa turística, perdonaba impuestos a Iberdrola, se castellanizaban las escuelas o se renunciaba a topar los precios de la vivienda. El precio a pagar fue escuchar al dirigente decir que “no admitiremos repartos de inmigración ilegal” o que “apoyamos firmemente a nuestros agricultores, ganaderos y pescadores, por eso rechazamos y llamamos a la acción en contra del Pacto Verde Europeo” que promulgó su propio partido en Europa.

Pero con la caída del comensal más célebre del Ventorro no decayó la entrega del partido mayoritario a su hermano pequeño ultra, que se convirtió en favorito. El sustituto de Mazón, Juan Francisco Pérez Llorca, sabía que si quería ser apoyado en Les Corts como president debía entregar más. No solo muchas políticas y presupuesto, sino el relato y la validación a Vox. Los de Abascal dijeron que, según cómo les sonara lo que que Llorca dijera en público en su discurso, le votarían o no. Es decir, si Llorca salía del armario del PP para meterse en el de Vox ante los ojos de toda España, sería president. Los lisonjeros comentarios del aspirante para los de Abascal en su discurso de investidura generó pudor dentro de sus propias filas, porque abandonaba las banderas de su propio partido para entregar su corazón a las de Vox: “El Pacto Verde Europeo es la mayor amenaza para nuestros agricultores”, “vamos a defender nuestro sector primario frente a las condiciones de Bruselas y una impostura ecologista que las élites europeas quieren convertir en un dogma”, “ningún menor [inmigrante] va a estar mejor que con sus familias”, “la convivencia, la seguridad y la preservación [de la identidad] no es ser racista ni alarmista”.

Al tiempo que alertaba de que la inmigración pone en apuros al sistema de bienestar, su gobierno ha reducido impuestos (ha rebajado un 25% más a las rentas de más de 72.000 euros que a las de 22.000 euros), sigue estando en contra de cobrar la tasa turística y no ha apoyado el nuevo sistema de financiación que beneficia a la Comunitat Valenciana presentado por el Gobierno.

Este miércoles, lo que empezó en 2023 como una firma programática entre colegas (las relaciones entre PP y Vox son extraordinariamente cercanas en València frente al resto de territorios), se ha consumado como otro empujón más hacia la validación del racismo como concepto. PP y Vox han acordado una ley de presupuestos que incluye el concepto de “prioridad nacional”. Es poner por escrito que los que nacieron aquí tengan más derechos y que los tengan antes que los que nacieron fuera, un concepto que va contra la Constitución y la lógica y que, aplicado internacionalmente, pondría a todos los españoles que hay por el mundo como ciudadanos de segunda aunque tuvieran un trabajo, pagaran impuestos, fueran niños, mayores o personas vulnerables. También condena a poner a la cola a los hijos de aquellos que han llegado después a España. El PP, preguntado después del pleno y ante las críticas a un concepto racista que pone a los nacionales primero, lo ha querido rebautizar luego en el ámbito del “arraigo” y “empadronamiento”. Si gana quien más arraigo tiene, perderán los nacidos fuera de la Comunitat, sean de la raza y nacionalidad que sean, incluyendo españoles de otras comunidades autónomas.

Siempre habrá gente española con “más puntos” en este carné xenófobo recién inventado. Es el intento de la antigüedad racial y nacional como carta de naturaleza, la división social como lema, la asunción de que la mejora de los servicios públicos pasa por recortarlos y echar usuarios, en lugar de mejorarlos a medida que entran más personas y más contribuyentes. La validación de una sociedad que, no solo es imperfecta e injusta, sino que se siente orgullosa de serlo y lo firma por ley.

Es 22 de febrero de 2024 en València. La vivienda número 86 de un edificio de 14 plantas en el barrio residencial de Campanar está vacía. Su morador está trabajando fuera de la ciudad. Según el sumario judicial, una chispa en la trasera de la nevera ha podido saltar y generar un incendio fortuito que avanza silencioso hasta llegar a la terraza de ese piso de alquiler.

El toldo se prende y desencadena el mayor incendio conocido en un edificio de apartamentos en España por culpa de una fachada construida con material inflamable, con el trágico antecedente de la torre Grenfell de Londres, donde murieron 72 personas en 2017. El mismo informe policial del sumario que habla de accidente fortuito admite que pudo haber otro origen, como un cortocircuito, y que “no se puede ser categórico a la hora de descartar el origen eléctrico de este suceso, por no encontrar todo el cableado”. Pueden ser varias cosas, pero lo que el titular del Juzgado de Instrucción número 9 tiene claro es que nadie ha tenido la culpa ni del incendio, ni de la construcción con material inflamable ni de los errores que se produjeron en el salvamento.

A la media hora de detectarse el fuego, azuzado por vientos inusuales de 60 km/h y por los 20 grados que hace en pleno invierno, las llamas le dan la vuelta al edificio como una culebra mortal y entra en todas y cada una de las 138 viviendas (menos un par de ellas, que quedan milagrosamente intactas), arrasando todo a su paso. Entre lo calcinado, la vida de 10 personas que, en lugar de escapar como hacen decenas de vecinos alertados por el portero, Julián, o por la intuición, han hecho caso a los bomberos, que siguen el protocolo habitual de confinar hasta la extinción.

Una extinción que será imposible y que dejará atrapados a dos bebés con sus jóvenes padres; a la adolescente Alina, que falleció mientras hablaba por teléfono con su padre, desesperado a los pies del edificio; o a Carmen, una jubilada de banca de 67 años que se había apuntado a la universidad de mayores aprovechando su recién estrenado tiempo libre. De los diez fallecidos, nueve mueren, incomprensiblemente, en la segunda torre, la más alejada del piso donde se inició el fuego.

Dos años y medio después, los habitantes de esta doble torre del barrio de Campanar, comunicadas por dentro, siguen viviendo en pisos de alquiler o con familiares y amigos, a la espera de estrenar sus casas a final de año. Afortunadamente no hubo que demoler y las aseguradoras, las administraciones públicas y los vecinos han remado a favor, explica Enrique Salvador, presidente de la asociación de vecinos Aproicam, creada tras el incendio: “Nos dieron la licencia para reconstruir en unos meses, cuando habitualmente tarda tres años”, cuenta aliviado desde dentro del edificio, en una visita de obra junto a elDiario.es y varios propietarios. Uno de ellos es Óscar Romero, que vivía en el ático y, al ver las llamas, cogió a sus dos gatos y bajó: “No pensé que iba a ser tan grave, pero afortunadamente bajé por si acaso. A mí nadie me avisó”. Ahora vive de alquiler cerca de unos amigos en el barrio de Ruzafa: “Me han ayudado porque las siguientes semanas me tenían que llevar, estaba ido. De hecho, todos hemos recibido ayuda psicológica”.

La parte económica para los afectados sí ha funcionado. Las aseguradoras se han hecho cargo de toda la renovación sin poner pegas (más de 20 millones de euros), de manera que podrán entrar a vivir sin pagar nada. Además, todos los vecinos han recibido ayudas de la Generalitat de 1.000 euros mensuales para alquiler más 100 euros por cada miembro de la unidad familiar, cuenta el presidente de la asociación. En el primer momento, la alcaldesa de València utilizó unos pisos VPO para personas vulnerables para realojarlos. Allí quedan hoy un par de familias.

La parte judicial, sin embargo, no ha sido ni fluida ni reparadora. La causa se abrió el día siguiente al incendio para entender qué pasó y por qué murió gente que tuvo tiempo para salvarse. Se abrió casi tan rápido como se cerró: el juez instructor la archivó por primera vez a los 17 días del siniestro, con el edificio aún humeante y sus moradores saliendo del shock. Lo justificó en un informe policial que descartaba la “etiología criminal o delictiva” del fuego. Pero tampoco encontró motivos suficientes para investigar al constructor o fabricante de los paneles (condenado en Italia por un incendio con la misma fachada) o la operación de salvamento, cuestionada porque el incendio se detecta a las 17.30 horas y a las 21 horas hay gente que está viva y va a morir por falta de rescate, como la joven Alina. Desde entonces, la causa se ha ido reabriendo por los intentos de las familias de las víctimas y sus abogados, pero ha acabado archivada. La única esperanza que les queda es una última apelación presentada por el abogado de siete familias de fallecidos ante la Audiencia Provincial, el órgano judicial superior.

“¿Qué tipo de nevera es esa que salta una chispa y genera un incendio? La realidad es que no se hicieron informes exhaustivos ni se investigó bien ese electrodoméstico, ni se contactó con el fabricante ni con institutos tecnológicos”, denuncia el letrado de estos familiares, Ignacio Grau. “Sobre la extinción del incendio, lo mismo, los informes dicen que no es objeto de su competencia, y ya está. La realidad es que quien hizo caso a los bomberos murió y quien desobedeció a los bomberos, se salvó”.

El bombero de València Tino Yanguas, delegado del sindicato SPPLB, relata que todos los compañeros que acudieron a extinguir ese día han necesitado ayuda psicológica. Algunos estuvieron ingresados graves. “El fuego se apoderó de nosotros, hicimos lo que dice el protocolo, confinar a la gente hasta la extinción, nunca sacar por la escalera y los rellanos porque hay humo y te puedes intoxicar, y nuestros mandos tampoco dieron una orden diferente”. Los audios de la familia que murió al completo muestran que querían irse pero obedecieron la orden de no bajar a la calle, lo que les costó la vida.

“Soy una de las últimas cuatro personas que salieron vivas del edificio, junto a mi mujer y dos vecinos”, cuenta Rai, trabajador en el puerto de València, mientras visita emocionado su nuevo piso. “Conseguimos bajar al zaguán y los bomberos no nos dejaban salir. Los cristales empezaron a explotar, estaba todo lleno de humo. Cogí a mi mujer y le dije, salimos como sea. Gracias a eso salvamos la vida”, recuerda mientras visita emocionado el piso que dejó aquel 22 de febrero con toda su vida dentro y que hoy es diáfano. “En principio volveremos cuando se pueda, aunque no sé qué sentiré”.

En el salvamento hubo otro punto negro del que nunca se informó públicamente y que fue revelado durante la instrucción judicial. El primer camión de Bomberos de València que llegó –responsabilidad del Ayuntamiento– fue uno cuya escalera estaba dando fallos semanas antes sin que se arreglara, cuenta Yanguas. Al llegar a Campanar ese día, falló de nuevo. Por eso la pareja cercada por las llamas en un balcón, cuyo rescate fue televisado en directo, casi muere. Se utilizó una escalera más baja, la única disponible en ese momento, que refrescó con agua hasta que se pudo desbloquear la grúa principal para sacarlos del balcón.

Fallos en los camiones de bomberos

“Pero vamos, que de diez vehículos que tenemos ahora, hay siete con algún problema o fallo”, relata el bombero Yanguas, que no ve que haya habido grandes mejoras a raíz del suceso. Desde el gobierno de València justifican que “en cualquier organización con una flota de más de 120 vehículos es normal que algunos se encuentren temporalmente inmovilizados” y aseguran que han aumentado la inversión en mantenimiento hasta los 480.000 euros anuales.

Ese día, los propios bomberos tuvieron que ir avisando para que se incorporaran compañeros, “nosotros íbamos llamando”, asegura Yanguas. Hasta que se unieron los bomberos provinciales. Al mando de estos, José Miguel Basset, que ocho meses más tarde sería el director de la emergencia de la dana, la persona que puso pegas a mandar el SMS y que renunció a ayuda que llegaba de otras comunidades autónomas.

La sensación con la justicia y las administraciones públicas que tienen quienes han perdido amigos y familiares quedó patente en una rueda de prensa que dieron en marzo de este año: “No hemos tenido ni apoyo político, ni judicial, ni fiscal. Se han muerto diez personas como si se hubieran quemado diez televisores”, decía uno de los allegados. Enrique Sanfélix, padre de la joven Alina, lo tiene claro: “La causa fue accidental, pero antes del incendio se tomaron medidas no correctas [no revisar edificios peligrosos como ese] y durante el incendio, también”, contaba en la única entrevista que ha dado, en À Punt. Tanto el Ayuntamiento de València como la Generalitat Valenciana –las administraciones competentes en edificación y salvamento– se han centrado en las ayudas logísticas, pero no se han reunido con los familiares de las víctimas, confirma Grau, ni han abierto ninguna investigación interna.

El protocolo no se ha actualizado

Aunque tras el incendio se anunció que se adaptarían los protocolos para fachadas ventiladas como esta y que se haría un recuento y control para evitar algo parecido, el Ayuntamiento de València no ha trasladado ningún nuevo protocolo de actuación para sofocar incendios de este tipo. “Tras el incendio de Campanar se reforzó la formación específica de mandos y efectivos”, dicen fuentes oficiales del consistorio. “En realidad, nos dieron una charla de lo que pasó en Campanar de un par de horas, sin hacer hincapié a lo que pasó dentro, sino en la fachada. Y luego un curso interno de tres horas sobre fachadas de este tipo. Pero no hay ningún nuevo plan o protocolo o, al menos, no nos lo han trasladado”, confirma Yanguas y otros compañeros bomberos.

Este tipo de revestimento que actuó como “gasolina sólida” –porque tenía una gran cantidad de proporción de plástico– era legal en el momento de la construcción de estas torres residenciales, finalizadas en 2009 tras un embrollo financiero y cambio de propietarios en plena crisis del ladrillo. Sin embargo, la normativa cambió y hoy está prohibido por su peligrosidad. Frente al edificio de Campanar, hay otro gemelo de la misma constructora y con la misma fachada. “El Ayuntamiento no avisó a nadie de que tenían este problema, ni hizo un listado, como tampoco la comunidad autónoma. Pedí que se citara a los técnicos, pero nada”, lamenta el abogado de siete de las víctimas, que recuerda que en Italia acaban de ser condenados a tres años de cárcel nueve responsables de Alucoil, la misma fabricante de paneles, por un incendio similar en Milán, con la salvedad de que allí no hubo ninguna víctima mortal y aquí ha habido diez. En Madrid ardió en 2020 un edificio con el mismo revestimiento que el de València. En Cartagena hubo otro grave incendio en un hospital en 2025 cuya fachada se había recubierto con los mismos materiales.

El Ayuntamiento de València admite que ese registro de fachadas no existía antes del incendio, pero asegura que pidió a los Bomberos que elaborara “un inventario propio de edificios con características exteriores semejantes”. Aunque estas fuentes oficiales no han dado una cifra, el bombero Yanguas lo cifra en “unos doce” en la ciudad. El equipo de la alcaldesa precisa que es responsabilidad de las comunidades de vecinos cambiar las fachadas y que ellos aplican una bonificación del 95% del Impuesto sobre Construcciones. 

Enrique, impulsor de la asociación de Campanar, está contento con el avance de la reconstrucción, con el empuje de todos, hasta que se habla de las familias de los fallecidos, que no se dan por vencidas hasta que no haya verdad, justicia y reparación: “Aquí hay más de quinientos vecinos. Hemos conseguido sacar este edificio adelante y le hemos puesto medidas antiincendio extraordinarias, porque psicológicamente va a ser duro volver. Hay quienes podemos mirar adelante, pensamos en nuestro piso, nuestra nueva vida, y quien no va poder mirar al futuro, porque han perdido a seres queridos y sienten que nadie es responsable, que no se ha hecho justicia”.

Dos años y medio después del peor incendio de un bloque de edificios, diez familias ven renacer las dos torres, ahora ya con medidas de seguridad, mientras siguen preguntándose por qué se construyó con materiales inflamables, por qué nadie les avisó o lo corrigió y por qué nadie supo salvar a sus hermanos, padres, madres o hijos, que esperaron a unos bomberos que no tenían un protocolo para este caso y que nunca pudieron llegar a rescatarlos.

Mariano Rajoy, un presidente de Gobierno que se jactaba de informarse con el Marca y que puso fin a su legislatura en un restaurante, avisó a los suyos cuando Pedro Sánchez ganó la moción de censura en 2018 de que no iba a ser un expresidente entrometido en los asuntos de España y su partido.

Hay que reconocerle que lo cumplió, en parte porque ya estaba Aznar como faro moral de los halcones, dispuesto a arengar y pintar un país en la debacle moral y social, dispuesto a ser un referente, justamente él, el hombre que mintió a un país para retener el poder, incluyendo a los directores de la prensa nacional progresista y conservadora en el 11M. Rajoy cumplió, retomó su plaza de registrador de la propiedad y siguió saliendo a caminar rápido. Había acabado su gobierno de manera abrupta, inesperada, sin admitir la corrupción sistémica en su partido y con un bolso de la vicepresidenta ocupando su escaño.

Sin embargo, el expresidente asoma de vez en cuando: en unas declaraciones, un acto, una entrevista puntual o una columna de opinión deportiva. Momentos que hacen recordar que ese señor tan campechano –y se podría pensar que tan moderado en comparación con Feijóo– también transita en algunos asuntos por la pendiente ideológica ultra. Racistas un poco somos todos, pero hay quien se evalúa y quien se jacta.

Escribió en su columna sobre el mundial que Francia tiene “una plantilla de altísimo nivel. Eso sí, sin franceses”. Es decir, que las personas negras son a priori de fuera, o no tan de dentro como los blancos. Como si un ciudadano negro de Leganés, Badajoz o Barcelona, que se ha educado con la tele española, en el sistema educativo español o trabaja y paga impuestos en España no fuera realmente español. Como un español de dos o tres puntos menos.

En su siguiente columna publicada, este martes, Rajoy no dice que aquello fuera un error, ni un comentario racista que se le escapara y que esté dispuesto a deconstruir. Ni siquiera justifica que fuera un malentendido. Cuando el expresidente escribió que Francia tiene “una plantilla de altísimo nivel. Eso sí, sin franceses”, quizás quería decir eso. Que las personas negras no pueden ser en el fondo más que africanas y siempre lo serán. Como ha renunciado a explicarlo, habrá que quedarse con la primera versión conocida de su pensamiento.

En su reciente escrito no matiza este comentario racista, pero sí critica a los que le han criticado, especialmente al Gobierno, al que acusa de chivarse y sacar partido en lugar, se sobreentiende, de resolver la corrupción. “Ellos no piden perdón por nada. Eso, por lo visto, siempre les toca a otros”. Eso sí, apela a quienes le conocen para que piensen de él lo mejor posible, pero sin desvelar si es xenófobo en plena regularización de migrantes en su país: “Ustedes ya saben cómo soy y lo que pienso. ¡Viva España!”, cierra su comentario. La verdad es que nos hemos quedado sin saber quién es y qué piensa.

Por si quedaban dudas de que el Partido Popular español ha cortado el cable con su electorado cristiano, humanista, ilustrado y moderado, Rajoy recuerda que no hay lapsus. Mientras Cáritas apoya la regularización de migrantes, con los pasos del papa aún resonando en España, Feijóo está en contra de la regularización, ha vinculado inseguridad y raza, su baronesa Ayuso suelta bulos de violaciones. Ahora, Rajoy, aquel presidente moderado que algunos añoran, deja claro qué opina de una Europa multicultural. Como dice Mariano, viva España, pero tal y como es, no como aquel país clasista y racista que añoran los más radicales. “Hay que tener buen humor”, titula el expresidente su columna. Antes de eso hay que tener honestidad y no azuzar el fantasma del racismo y el conflicto social que supone cuando dices amar a tu país.

El hilo judicial del caso Begoña Gómez está ya tan enredado que se pueden pasar horas haciendo exégesis de un auto sobre su pasaporte sin prestar atención a lo más importante. Que cualquier decisión que se tome por mucha apariencia jurídica y lenguaje burocrático que se utilice parte de un hecho ficción: la mujer del presidente no puede fugarse. La hipótesis de huida es algo increíble hasta para los más antisanchistas. Si hubiera indicios o motivación para que lo haga, no han quedado acreditados por escrito. No tiene familia en el extranjero, tiene todos sus intereses vitales en España, vive en La Moncloa, está rodeada de escoltas. ¿Qué más hace falta para devolverle el pasaporte, una medida judicial tan lesiva para los investigados como excepcional en los juzgados? De momento, esperar al órgano judicial superior.

La última decisión del juez Viejo –sustituto del juez Peinado, que está ejerciendo el derecho a vacaciones– ha venido a aportar más confusión aún después de que Gómez pidiera viajar a Londres a la graduación de su hija y a Ankara a la cumbre de la OTAN.

Como un rey Salomón –que ordenó partir por la mitad a un niño para descubrir cuál de las dos madres que lo reclamaban era la verdadera– el magistrado ha partido su decisión de manera insólita. Aunque el objeto de la petición no era valorar el riesgo de fuga, Viejo lo admite implícitamente, motivo por el cual no ha dejado a la mujer del presidente ir a Turquía, al entender que si se marcha allí sería difícil hacerla volver y presentarla ante los tribunales españoles. Es decir, queriendo o no, ha estirado el chicle, poniendo aún más hipótesis que afectan ahora a los índices democráticos de Turquía, un país que ha firmado, como Reino Unido, el convenio de extradición europeo.

En Reino Unido, que se salió de la UE, el juez sustituto no ve problema, porque asegura que se la pondría a disposición de la justicia española en caso de no volver de la graduación. Quizás (o no) igual que la traería de vuelta Turquía, siempre que a Gómez le resultara viable abandonar todo lo que tiene, salvar varios anillos de seguridad en Ankara, deshacerse de sus escoltas y esconderse de por vida. Después de la moción de censura, es la mejor manera de acabar con la legislatura.

Se puede explicar que Antonio Viejo estaba atado de pies y manos, que no podía hacer otra cosa, que el fondo de su decisión no era el riesgo de fuga sino que se cumplieran las cautelares impuestas por Peinado. Pero no se puede explicar que –aquí sí y allá no– siga la bola de nieve judicial sobre la presunta fuga de la mujer del presidente, una hipótesis que generó indignación y vergüenza en la magistratura y los sindicatos policiales mayoritarios y que, seguramente, habrá sorprendido también a la mujer del primer ministro Erdogan, organizadora de la agenda de las parejas de líderes de la OTAN.

Pero si hay algo escalofriante en la funambulística justificación del magistrado es que una explicación puramente opinativa sobre la naturaleza de ambos eventos pueda tener impacto sobre la libertad de movimientos de esta (o cualquier otra) persona, cuando ninguno de los dos es de extrema urgencia o necesidad.

A su entender, la graduación de una hija es un evento de mayor importancia y peso que cumplir un papel institucional, siendo este uno de los pocos que tiene la esposa del presidente. Habrá opiniones de todos los gustos en los bares sobre qué es más importante o dónde es más necesaria la presencia de Gómez. Incluso hay quien justifica como argumento de peso que la OTAN puede seguir sin Gómez, como si la graduación de la hija se parara por no asistir ella. Se pueden decir y opinar muchas cosas, pero sin olvidar la primera, que la justicia sigue tomando posición y decisión sobre una hipótesis de fuga que, hasta para la policía, es increíble.

Quirón aumentó exponencialmente su negocio con la Comunidad de Madrid en los hospitales que gestiona a partir de 2021, según las Cuentas Generales de la Comunidad, el documento oficial que recoge los pagos e ingresos reales en la región año a año. Justo ese año la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, comenzó a gobernar en solitario tras romper la coalición con Ciudadanos e inició su relación con Alberto González Amador, que trabaja para la compañia sanitaria y que está procesado por intentar escamotear impuestos.

La empresa se ocupa –entre otros servicios y conciertos– de la cobertura sanitaria de los madrileños en cuatro hospitales de la región: Fundación Jiménez Díaz, Hospital de Villaba, el Infanta Elena de Valdemoro y el Rey Juan Carlos de Móstoles. Es decir, los tratamientos y decisiones médicas relativas a toda la población asignada allí está prestada por una empresa privada que recibe un dinero público a cambio.

Desde 2021 y hasta 2024, el dinero público que han recibido estos cuatro centros ha aumentado un 91%, es decir, prácticamente se ha duplicado. También de han multiplicado en ese periodo los ingresos de González Amador. En 2020, estos cuatro hospitales ingresaron 504 millones por prestar servicios, por deudas de otros años y otros pagos. En 2024, últimas cuentas disponibles, recibieron 1.611 millones.

No es la única empresa que opera en la sanidad pública madrileña. La otra es Ribera Salud, al cargo de la población del Hospital de Torrejón, conocido por la publicación de unos audios en los que su director ejecutivo instaba a priorizar el beneficio económico sobre las listas de espera.

Desde 2021 la Comunidad también ha aumentado el dinero que destina a este hospital: un 82%, por debajo de la media de Quirón. La situación en los hospitales de gestión pública no fue para nada tan expansiva. Como muestra, dos ejemplos: La Paz recibió un 35% más de ingresos en ese mismo periodo, mientras que la Jiménez Díaz –equiparable en presupuesto– lo hizo en un 45% más. Lo mismo sucedió en el hospital de Móstoles público (+19%) frente al hospital de gestión privada de Quirón en la misma localidad (+182%). Parte de la explicación puede estar en que se trate de pagos de deuda, pero desde Sanidad no dan explicación.

Este dinero destinado año a año a empresas concesionarias de la sanidad madrileña no aparece desglosado por concepto en la Cuenta General, pero incluye todo lo que se haya pagado: atención y tratamientos médicos a su población asignada, farmacia, el dinero por tratar pacientes de la libre elección, el desembolso de facturas atrasadas de otros años o importes satisfechos cuando hay sentencia firme en alguna de las reclamaciones que ha puesto Quirón con la Comunidad de Madrid.

A esto hay que sumar los intereses de demora por esa deuda que se arrastra de años anteriores y de la que el gobierno autonómico nunca ha dado un cifra concreta, de manera que no es fácil conocer cuánto del dinero del que se paga anualmente corresponde verdaderamente a servicios prestados ese año.

Otro dato que revela la Cuenta General es que es raro el año en que lo presupuestado para estos hospitales se respeta. Todos los ejercicios hay desviaciones, con un importante incremento del dinero que reciben estas empresas privadas respecto a lo que se previó en los presupuestos, un diferencial especialmente relevante en el caso de los hospitales del grupo Quirón.

En el ejercicio de 2021, estas empresas privadas empezaron a reclamar más dinero por los gastos extra en material y atención que les supuso la Covid. Algunos de ellos fueron satisfechos en 2022, como los seis millones de “compensación” que se aprobaron en Consejo de Gobierno para el Hospital de Torrejón. También fue 2021 el año en el que Isabel Díaz Ayuso empezó a gobernar en solitario, tras haber pasado una legislatura (2019-2021) en coalición con Ciudadanos, de manera que tuvo menos ataduras para desarrollar sus políticas sanitarias, que defienden los conciertos sanitarios y la privatización como un modelo “eficiente”.

En las cuentas de 2022 se observa un repunte de ingresos para estos hospitales privatizados. Ese año, el Consejo de Gobierno de Ayuso autorizó pagos millonarios pendientes por litigios con Quirón, un dinero que la Comunidad había estado peleando en los tribunales. En solo dos meses, su gobierno autorizó el pago de 400 millones de euros para ponerse al día y deshacerse de parte de la deuda que arrastraba. Unos meses antes se había producido una de las pocas destituciones fulminantes que ha hecho Ayuso desde que es presidenta: la de la interventora general, es decir, la máxima responsable de las cuentas de la Comunidad de Madrid.

La Cámara de Cuentas hizo un informe sobre 2024 e hizo hincapié en esos cambios de velocidad en los pagos, señalando que “en 2023 y 2024 se observa una mayor actividad en la aprobación, imputación a presupuesto y pago de las liquidaciones atrasadas provisionadas”.

Pero aún queda mucho por pagar, dinero que según se vaya desembolsando irá apareciendo en las futuras cuentas públicas anuales y cuyo montante total y pormenorizado no está publicado, lo que hace difícil calcular si la privatización es o no eficaz, como defiende Ayuso.

Respecto a los pagos por la libre elección, es decir, lo que Madrid paga extra a estos hospitales por pacientes captados de la pública, “durante 2023 se liquidaron 283 millones, fundamentalmente referidos a los ejercicios 2019 y 2020”. La Cámara de Cuentas avisa de que “la complejidad de las comprobaciones dificulta las liquidaciones. No obstante, en 2023 y 2024 se observa una mayor actividad en la aprobación. Pero hay más deuda pendiente y arrastrada, ”estando pendientes las liquidaciones del propio ejercicio 2024 así como otras de 2023 y de 2022“ que aflorarán en próximos ejercicios.

La Consejería de Sanidad no ha respondido a las preguntas de elDiario.es sobre los conceptos de los pagos anuales. Tampoco ha respondido el grupo Quirón.

Las críticas de Feijóo, el PP y Vox a la llamada ley de nietos –aprobada en 2022 y que daba la nacionalidad a los nietos de emigrados españoles– son una mera excusa más para azuzar un fuego que prendieron con el inicio de la segunda legislatura de Pedro Sánchez. Desde 2023, ambos partidos de derechas están jugando con el fuego social, planteando que España camina hacia el precipicio de una dictadura, que no hay separación de poderes, que el Gobierno es un peligro para la democracia. No se trata de hacer oposición o argumentar, sino utilizar todo lo que está al alcance para tejer los mimbres de la indignación social, haciendo creer que el país camina hacia Venezuela, incluyendo dudas sobre un sistema electoral justo y fiable.

La idea fuerza se está queriendo instalar desde el inicio con calzador y con distintas excusas. La primera fue que no debía gobernar Sánchez, sino quien tenía más votos. Feijóo planteó claramente que era injusto o una anomalía que el PSOE pactara la investidura, cuando era él –incapaz de pactar con la España periférica o nacionalista– quien había concitado más votos. Desde la democracia es el sistema utilizado: gobierna quien logra votos suficientes para ir solo o pactos que los sumen.

Ya planteó dudas sobre el voto por correo y agitó de nuevo el fantasma de ETA en la campaña de 2023. El PP se afanó después de las elecciones en plantear que pactar con Junts era intolerable. El partido del fugado Puigdemont no tenía, según Feijóo, la legitimidad de ser parte de la investidura. Luego se supo que el propio PP se reunió con ese partido y se plantearon indultos selectivos para conseguir la investidura de Feijóo, que fue fallida. Pedro Sánchez acabó logrando formar gobierno y el gesto displicente en el hemiciclo del líder de la oposición rompió con el tradicional y cordial apretón de manos entre ganadores y perdedores. Otra línea roja institucional traspasada en el minuto cero.

La gestación de la ley de amnistía volvió a dar material inflamable para que la oposición planteara que el gobierno estaba lanzando “un obús contra la separación de poderes”, que dijo el gallego. Esto se ha salpimentado con “noes” a leyes con las que el PP estaba en realidad de acuerdo, como un modo de no reconocer la acción de un gobierno para todos los españoles, o el desplante de Feijóo en actos institucionales, como la apertura del año judicial en 2025.

En medio de los procesos judiciales que afectan al gobierno y al PSOE (de especial gravedad, todo lo que tiene que ver con posibles adjudicaciones amañadas o las cloacas de Leire Díez), la oposición ha encontrado otro espacio más para pinchar en busca de elecciones, que no es lo mismo que hacer política y políticas. Sánchez se mantiene incólume y Feijóo agita todo lo que pueda para que todo parezca excepcionalmente peligroso, no solo lo que es, evidentemente, un problema indignante de corrupción indiciaria.

Ante la imposibilidad numérica de una moción de censura o la incapacidad del PP para atraer apoyos en el Congreso mientras no se suelte de la mano ultradestructiva de Vox, la oposición del que era partido institucional ha intentado forzar unas elecciones que no pueden convocar y que, según ellos y muchos sondeos, ganarían de calle.

Justamente por eso último resulta incomprensible que el PP haya sido tan reactivo con la ley de nietos y el voto exterior, que nunca ha supuesto un vuelco electoral, sino que en 2023 precisamente movió un escaño desde el PSOE al PP. Si ganan sobrados, ¿qué les preocupa?

También resulta sorprendente que Feijóo y Abascal sean capaces de aventurar qué votarían esos miles de personas (gran parte de ellas, argentinas, donde ganó Milei). Tampoco se entiende, si son votantes tan relevantes, cómo es posible que no quieran ganarse su voto y vayan directamente a tratarlos como mercancía sanchista de “ingeniería electoral” que no debería votar o hacerlo con limitaciones.

No se entiende porque en realidad los nietos dan igual y sus votos, también. A Feijóo y a Vox les interesan en la medida que puedan servir a la causa de desequilibrarlo todo, de encender la indignación, del fantasma de una España del pucherazo, porque ya no es suficiente hacer oposición y organizar manifestaciones o las dudas que generan los casos de corrupción, ahora hay que poner a España ante un espejo deformado y peligroso en el que solo salgan guapos quienes necesitan que pase algo y no son capaces de conseguirlo con los pactos y la política.

Zapatero entró en el juzgado este miércoles con los ojos de un país puestos en él. No es poca presión para alguien que hasta hace un mes era presentado como paloma blanca entre expresidentes. Hizo lo que se espera de un investigado, defenderse en los tiempos que su abogado considera más favorables y oportunos. O, según dijo, facilitar la búsqueda de dinero fuera de España que asegura rotundamente no tener. Dentro de España tenía 1,3 millones en joyas en una caja fuerte. Sabedor de que no es suficiente información para una opinión pública que escucha todos los días “la UCO revela que” sin que haya contrarréplica, el expresidente publicó un comunicado tras salir de la Audiencia Nacional en el que pedía tiempo y confianza. Son, seguramente, los bienes más valiosos para el ser humano.

La vida no es más, ni menos, que tiempo. Por eso no es común regalarlo alegremente, sobre todo cuando la capacidad de atención y la energía se van agotando. Hay quienes, como el actual presidente de Gobierno, están dispuestos a invertir esos dos activos en Zapatero, como demostró Sánchez con unas frases de apoyo al expresidente cuando acabó su declaración. En su partido, aún en shock, necesitan explicaciones contundentes y rápidas, que no llegan, si no quieren que se dé ya por totalmente ciertos los indicios que aparecen en el sumario.

“La UCO revela que”; “Anticorrupción pide que”; “El juez Calama decide que” son ya parte de un menú en el que el comensal se está tomando el tiempo para su defensa jurídica. La campaña electoral oficiosa empieza tras el verano y Zapatero solo ha sido capaz de dar un pequeño golpe de autoridad y esperanza a quienes la piden o necesitan como agua de mayo electoral: las dudas de legalidad sobre la prueba del móvil clonado en EEUU y aportado años después a la justicia española. La siempre morbosa idea de que Trump pueda estar detrás de todo esto. Es una idea interesante y muy política, falta que sea cierta y suficiente para un electorado que quizás ya no está para fiestas ideológicas y sí para que el médico atienda, los fuegos forestales se controlen o los pisos bajen de precio. Mientras hablamos de Zapatero, no hablamos de esto otro (casi todo de responsabilidad autonómica, donde mayoritariamente gobierna el PP).

Podría ser un clavo al que aferrarse para quienes, por convicción personal o interés político, necesitan que sea todo una pesadilla, un caso “Lula”. Quienes esperan, como asegura el propio expresidente, que no aparezca un euro fuera de España. Quienes están dispuestos a esperar hasta que se demuestre que Zapatero cobró por trabajos hechos –aunque sea fuera de rango de precios– o sean proclives a digerir la pesada comida de que sus hijas trabajaron para personas que trabajaron para una compañía aérea rescatada por el gobierno. Es el mejor de los casos: un expresidente quemado como autoridad moral pero no corrupto con implicación en decisiones gubernamentales.

Pero todo ese entramado de posibles delitos y arquitecturas legales que se investiga indiciariamente, esa nebulosa de términos jurídicos, cristaliza en algo muy material y comprensible para esa población que no tiene energía ni tiempo para entregar: joyas de brillantes. Así como Francisco Camps no ha podido borrar la asociación directa de la palabra “trajes” a su nombre, pese a que salió inocente, Zapatero tiene muy difícil borrar de su currículum la palabra “joyas”. El hecho de que su portavoz oficioso trasladara que equivalían a 50.000 euros –frente al 1,3 millones calculado por una casa de subastas– y que este miércoles haya declinado dar pistas al juez sobre de dónde han salido es un destello de culpabilidad sobreentendida para la opinión pública–aunque no fuera real– que va a ser difícil de borrar de su apellido si no da la explicación de manera clara y rápida. Ante el juez, el expresidente ha dicho que está reuniendo información y que en el plazo de una semana o diez días pedirá declarar al respecto. ¿Qué información hace falta si las joyas son legítimas? Habrá que esperar (más) al mes de julio.

No queda mucho más tiempo para explicar el presunto delito que puede que no sea el más grave de los que se le imputan, pero sí el más gravoso para los socialistas y sus plausibles votantes, porque no son rastros, conversaciones o papeles de creación de empresas offshore: son fotos de joyas reales. El reloj, el tiempo, es la joya más preciada para sacar de dudas a una sociedad que interpreta, irremediablemente, el silencio no solo como la ausencia de sonido, sino como la imposibilidad de decir algo, la incapacidad de rebatir. Un tiempo que se agota y agota las alternativas de hablar de política real en lugar de hacerlo de combinaciones de cajas fuertes.

Cuando Gabriel Navarro, empresario y constructor de Madrid, se sentó a tomar un café con Alfonso Javier Ussía, asesor entonces de Presidencia de Isabel Díaz Ayuso, pensó que sus problemas iban a desaparecer. Sus problemas eran 1,4 millones de euros que le debía la Comunidad de Madrid después de haber construido un centro de Formación Profesional (FP) de la rama sanitaria en el complejo educativo Ciudad Escolar en 2023. Ussía le dijo en una cafetería junto al despacho de Ayuso, en la plaza Mayor, que no se preocupara, que “lo iban a solucionar”. Pero no solo no se solucionó, sino que nunca más le cogieron el teléfono, según declaró Navarro a la jueza que instruye un caso de presunta prevaricación durante el primer gobierno de Ayuso, destapado por elDiario.es.

No le pagaban porque era una obra construida ilegalmente, fuera del sistema, sin sacar a concurso, con fraccionamiento de facturas, sin auditoría, sin competencia ni publicidad. No existía en los registros. Pero no era la única, ni Navarro era el único empresario con el que se construyó así. Hay al menos otros nueve centros educativos y de FP que se hicieron troceando contratos para hacer pasar obras de envergadura por contratos menores (tienen un límite de 40.000 euros y con ellos no hace falta hacer un concurso público). Se dieron unos ocho millones a dedo entre los años 2021 y 2023, según la cifra que maneja la Fiscalía, pero que puede ser mayor.

El empresario Navarro insistió y logró que le hicieran caso en la Consejería de Educación –entonces estaba en manos de Emilio Viciana, conocido miembro del malogrado 'clan de los Pocholos' que acabaron dimitiendo en bloque–. Les contó el caso del impago y ante la evidencia de que era un expediente fantasma se abrió una investigación interna. Tan graves fueron los indicios encontrados por la inspección que Viciana ordenó remitir el caso a la Fiscalía para abrir una investigación penal. Lo hizo pese a que el caso afectaba de lleno a sus predecesores en la Consejería que eran, nada menos, que dos de las personas más cercanas actualmente a Isabel Díaz Ayuso y de gran peso en el PP de Madrid. El exconsejero Enrique Ossorio (hoy presidente de la Asamblea de Madrid) y la exviceconsejera de Educación Rocío Albert (hoy consejera de Economía y Hacienda de la presidenta madrileña). Es algo que no se le perdonó a Viciana en la Puerta del Sol, cuentan fuentes conocedoras del caso, y es uno de los factores por los que cayó en desgracia.

La Consejería circunscribió el caso a un subdirector de FP al que cesó y está investigado. Y apuntó a directores de varios centros aunque la Fiscalía sospechaba en sus informes de responsabilidades más altas. Viciana encargó también auditorías de cuentas de varios centros del complejo de Ciudad Escolar y tres centros más, afectados por reformas fuera del sistema (el artístico Alberto Corazón, el conservatorio de Alcalá de Henares y el Antonio Machado). Según la documentación oficial a la que ha tenido acceso elDiario.es, en todos los casos, los auditores de la Comunidad de Madrid –precisamente a las órdenes del departamento de Rocío Albert, la Consejería de Hacienda– han hallado un comportamiento achacable a la Consejería de Educación e indicios que hacen imposible que fuera un caso aislado u organizado desde abajo.

Estos documentos internos de la propia Comunidad de Madrid gobernada por Ayuso revelan que desde la Consejería liderada por Ossorio se enviaba a los centros cientos de miles de euros para “gastos de funcionamiento” que eran sospechosamente coincidentes con los importes de las obras que se acabaron haciendo. Además, no se especificaba el concepto del dinero enviado, lo que generaba mayor opacidad. Por ejemplo, en el caso de la Escuela de Arte Alberto Corazón, la inspección detecta lo siguiente: “A pesar de que la documentación que soporta los ingresos abonados por la Consejería no especifica los gastos que se van a financiar, se puede apreciar la correlación de ingresos percibidos con pagos por banco para la empresa (constructora)”. Después hace un listado detallado de los mismos.

La intervención también apunta a la cúpula como la única que podía enviar el dinero, ya que los directores (profesores con cargo) solo pueden gestionar lo que se les envía: “Desde la Consejería se ingresa a los IES elevados importes vinculados a la implantación de enseñanzas, tanto para obras como equipamiento, cuando los centros solo tienen competencia para realizar reposiciones”. Y añade: “El centro no tiene competencia para autorizar dichos gastos”. En el caso del centro sanitario de Ciudad Escolar, apunta a que el elevado importe de construcción, 2,5 millones de euros, hacía imprescindible no solo sacar a concurso, sino que hubiera sido autorizado por el consejo de Gobierno de Ayuso.

En otra de las auditorias, del Conservatorio de Alcalá, los inspectores redactan claramente respecto a obras de insonorización y otras: “No se ha tramitado por parte de la Consejería el correspondiente expediente, pese a ser conocedora de la cuantía de los gastos a acometer”.

La declaración en el juzgado de instrucción de los directores de los IES bajo investigación fueron coincidentes en que hacían lo que les decía Alfonso Mateo, el subdirector de FP cesado. Este declaró en sede judicial que heredó ese modelo y que para enviar dinero a los distintos centros de Madrid con distintas cantidades se hacían memorias justificativas –de dos folios y sin ninguna precisión, como ha podido constatar elDiario.es– en un proceso administrativo que requería de la firma del consejero, entonces Enrique Ossorio. Un ex alto cargo de Ayuso, entonces director general de Secundaria, también dijo en mayo ante la jueza que el proceso de enviar dinero a los centros necesitaba de la firma del hoy presidente de la Asamblea.

El caso sigue siendo investigado y, por su complejidad, el juzgado ha solicitado una prórroga para poder seguir citando a testigos y recabando pruebas sobre un presunto delito de prevaricación que, según apuntó en su escrito la Fiscalía, se trató de una “palmaria y grosera omisión del procedimiento” de manera reiterada en la Consejería de Educación.

El volcado del grupo de whatsapp que ha aportado a la jueza la vicepresidenta valenciana, Susana Camarero, es una metáfora de un Consell y un líder, Carlos Mazón, que estaban en modo avión el día que más y mejores decisiones había que tomar para evitar las consecuencias de una terrible dana.

Por un lado, revela que Mazón pretendió una especie de coordinación, porque daba órdenes a sus consellers, aunque todas tendentes no a hacer algo, sino a que pareciera que se estaba haciendo algo: “Vamos a inundar de datos a los medios hoy, ¿vale? Desprende sensación de estar alerta que te cagas. Y a la gente le calma, que es lo importante”. Lamentablemente, había que hacer lo contrario, poner a la gente en alerta para que pudiera autoprotegerse con datos precisos, no abundantes.

Pero el expresident ni siquiera consiguió su objetivo de dar datos. Ruth Merino, su portavoz ese día, dedicó tres minutos contados de su comparecencia a las lluvias, que en ese momento habían ya inundado miles de kilómetros. Los datos que el propio president ofreció en su comparecencia improvisada de las 12 horas del 29 de octubre de 2024 fue escueta y errónea. Por ejemplo, minimizó irónicamente con unas cabras muertas y obvió que se había decretado la alerta hidrológica. Ese día no hubo un portavoz. El resto de consellers siguieron con sus agendas y no dieron información, más allá de la que iba apuntando Salomé Pradas en una cuenta de tuiter que tenía apenas un puñado de seguidores. A las 5 de la tarde, hora de inicio del Cecopi, llegó el apagón informativo de la Generalitat, enfangada en una reunión inoperante que no informó de nada a sus ciudadanos en las horas más peligrosas y cuando más necesarios eran los datos.

La segunda revelación del chat es que la primera corrupción no es robar dinero público, sino aceptar un puesto de responsabilidad política y, por tanto, con incidencia en la vida de los ciudadanos, sin saber desempeñarlo y sin querer desempeñarlo. O, lo que es lo mismo, dar “la sensación de estar alerta que te cagas”, aunque estés en un reservado comiendo toda la tarde sin querer saber lo que contaba la tele.

Pero ese grupo de whatsapp revela algo más. No solo fue Mazón. Sus consellers, a los que ordenó estar atentos e informar “que te cagas”, tuvieron una actitud similar a la suya. Los 'ministros' autonómicos iban enviando datos parciales e informes de cortes de carreteras, inundaciones, problemas en residencias, como quien está siguiendo un partido de fútbol y va dando los goles o las faltas, pero sin proponer o hacer nada. Por ejemplo, el conseller de Educación (hoy todopoderoso conseller de Hacienda) listó 60 colegios cerrados pasadas las 10 de la mañana en el grupo. Acto seguido, coge el coche oficial y se va a su casa, en Alicante, a pasar el día.

El conseller de carreteras, Martínez Mus (sigue en el cargo), avisa de problemas en vías e inundaciones a las seis de la tarde. Acto seguido, se va a una entrega de premios, junto a la vicepresidenta Camarero. Mazón directamente desaparece del chat por la mañana, tras dar la que será la segunda indicación directa en este grupo: “Salomé, tienes una errata en la primera línea”.

Camarero, que declaró este miércoles ante la jueza entrando por la puerta de atrás para evitar a las víctimas, tampoco queda bien parada en la foto de la gestión. Era la responsable de las residencias de mayores, donde muchos murieron sin poder moverse y sin que se diera aviso desde servicios sociales a los que tenían teleasistencia de la Generalitat, que era también su responsabilidad. Su primera intervención en el grupo del “gobierno de los mejores” –que decía el expresidente de sí mismo y los suyos– es a las 20.33 h: “Yo tengo inundadas residencias de mayores sin que puedan llegar los bomberos”. Lo escribió tras asistir a una entrega de premios. Sigue siendo vicepresidenta.

Los efectos de no saber qué hacer o pensar que no hay nada que hacer lo pagaron miles de valencianos, especialmente las 230 personas que murieron y sus familiares, que aún están en el periplo judicial de saber por qué y de quién fue la responsabilidad. La verdad judicial seguirá su camino y encontrará (o no) a sus responsables civiles y penales, mientras la verdad a secas sigue dejando helados a los ciudadanos.