A tres semanas del 29N y después del grave accidente de tren de Urda (Toledo) del pasado 28 de octubre que este martes desembocó en la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, la media de las encuestas se mantiene en una foto fija. Incluso el PSOE, la fuerza que podía sufrir más la crisis, se mantiene en un porcentaje muy similar al de la semana pasada, tras contabilizar los últimos sondeos publicados, mientras el PP baja muy ligeramente.

La ventaja de la suma de PP y Vox sobre la de PSOE, Frente Amplio y Podemos sigue siendo clara. El bloque de las derechas alcanzaría el 50,5% de los votos frente al progresista, que se quedaría con el 35,9%, casi 15 puntos por debajo. El promedio de sondeos de elDiario.es coloca al PP como primer partido, con el 31,4% de los votos, seguido de PSOE (26,5%), Vox (19,1%), Frente Amplio (6,9%) y Podemos (2,5%).

Aunque los sondeos apenas se han movido desde la convocatoria electoral, las tendencias son claras desde los comicios de 2023. El PSOE ha caído entre cinco y seis puntos desde aquellas elecciones y los partidos a su izquierda tampoco han recogido nada de ese voto socialista perdido. La suma de Frente Amplio, Podemos y sus marcas conjuntas está tres puntos por debajo de los comicios del 23J, cuando lograron el 12% de las papeletas.

Para aprovechar las encuestas anteriores a las coaliciones, que preguntaban por Sumar y Podemos, las traducimos al nuevo reparto: todo el voto de Sumar pasa al Frente Amplio, y también la parte del voto de Podemos que está en la Comunitat Valenciana (el 9%), donde ahora va en Compromís-Front Valencià. Las encuestas no dan aparte la candidatura canaria, así que en el promedio su voto sigue dentro del Frente Amplio y de Podemos.

El giro a la derecha (un fenómeno que se ha repetido casi todas las elecciones que se han celebrado desde 2023) es claro. Aunque el PP baja dos puntos sobre las pasadas elecciones, Vox sube casi siete puntos respecto a las anteriores generales. Una subida que ya tiene en cuenta la aparición de SALF, la formación del agitador ultra Alvise Pérez, para quien las encuestas dan alrededor de un 2% del voto (la media es del 1,9%).

Pero, ¿cómo se traduce este promedio de votos a escaños? Hemos hecho 10.000 simulaciones aplicando el margen de error de las encuestas –pueden fallar– para estimar el número de diputados que podría sacar cada partido con los datos actuales.

En el promedio de esas repeticiones, el PP sacaría 130, seguido del PSOE, con 106. Vox doblaría sus diputados actuales hasta los 67, mientras que Podemos y Frente Amplio suman 13 en total, lejos de los 31 que sacaron en 2023.

Las estimaciones dan poca probabilidad a una mayoría en solitario del PP, pero la suma de la derecha –populares y Vox– sí superaría con holgura los 176 diputados necesarios para conformar Gobierno. Hoy están sobre los 197 escaños.

¿Es fiable esta estimación? Hoy, nuestros cálculos dan mayoría a la suma de PP y Vox en 9 de cada 10 simulaciones. Es decir, hay un 10% de probabilidades de que no consigan la mayoría. Aunque es verdad que las encuestas pueden fallar, tendrían que estar sobrestimando mucho a PP y Vox.

Si aplicamos este mismo modelo a las encuestas que se publicaron en 2023, una semana antes de las elecciones habría dicho que la mayoría de PP y Vox era una moneda al aire: 5 de cada 10 simulaciones. Sacaron 170, por debajo de 176.

Las encuestas dicen que la izquierda va a tener que remontar muchos puntos en lo que queda hasta el 29N para acercarse al bloque conservador. Pero, ¿cómo está la batalla en cada provincia?

En el siguiente mapa puedes consultar la estimación de voto en cada provincia y los escaños que salen de aplicarle la ley D’Hondt. Entre paréntesis, el rango de escaños en 8 de cada 10 simulaciones.

Hay que tener en cuenta que para los datos provinciales, el margen de error es mayor, ya el que modelo supone que el voto de cada partido se reparte entre provincias de forma parecida a las pasadas elecciones. Incluye un margen de error para cada territorio, pero si un partido tiene una tendencia propia en un lugar concreto (como el PSOE en Catalunya en 2023), el modelo no la puede anticipar.

¿Y qué pasaría si...?

Para ver cómo funciona la batalla electoral, hemos hecho esta calculadora que muestra una estimación aproximada de los escaños de cada formación ajustando los principales partidos nacionales según el porcentaje de voto que crees que tendrá.

Los controles de cada partido te permiten modificar el porcentaje de voto de cada candidatura y comprobar cómo altera el reparto de escaños. Esta herramienta no hace simulaciones ni, por tanto, tiene en cuenta el margen de error de las encuestas.

Todas las encuestas desde 2023

En la siguiente tabla puedes consultar todas las encuestas que se han tenido en cuenta para el modelo. Los datos provienen en su mayoría de Wikipedia y han sido corregidos de errores puntuales en algunos sondeos por este medio.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ya ha publicado las candidaturas definitivas para las próximas elecciones del 29 de noviembre. Los listados permiten conocer los candidatos que propone cada partido y las provincias en las que se presentará cada uno. PP y PSOE son los únicos partidos que concurrirán en todas las provincias, además de Vox y Frente Obrero.

La nueva alianza de izquierdas, Frente Amplio, se postula en 44 provincias y Podemos, en 41. Además, se añadirían sus candidaturas conjuntas, como Unión del Pueblo Canario en las islas Canarias o Compromís-Front Valencià en la Comunitat Valenciana, y la integración de Podemos en la candidatura de ERC. El siguiente partido que concurrirá en más territorios es el de Alvise Pérez (SALF), que ha presentado listas para 46.

En el siguiente mapa puedes ver las listas electorales de cada partido para este 29N y los candidatos que presenta en cada provincia. Si se presentó en las elecciones de 2023, los colores más oscuros indican los candidatos que formarían parte del Congreso si se repitiesen los resultados de hace tres años. Debe tenerse en cuenta que han cambiado las coaliciones y en 2023 Podemos se presentó dentro de Sumar.

Para ver las candidaturas que se presentan en tu provincia, selecciónala en este buscador. Puedes ver el nombre y apellidos de todas las personas que integran las listas junto a su puesto.

Los datos de posición del AVE 2080, los audios a los que ha accedido elDiario.es y la información proporcionada por las autoridades permiten reconstruir los minutos que condujeron al choque con el Iryo 6076. Las ubicaciones que publica el visor de Renfe, recopiladas por Spain Train Radar y analizadas por elDiario.es, apuntan a que la colisión se produjo entre las 8:53 y las 8:54, a la altura del punto kilométrico 118 que ha señalado Adif. En ese momento, el tren AVE embistió por detrás al tren Iryo.

Uno de los momentos clave parece haberse producido alrededor de las 8:48, según las comunicaciones entre el centro de control de Adif y los trenes accidentados. El choque ha causado al menos 69 muertes y más de 100 heridos. Desliza hacia abajo para ver la reconstrucción provisional del accidente, según la información recopilada por elDiario.es.

Según la cronología de posiciones, a las 8:31 el tren se queda parado a la altura del municipio de Mora tras un fallo del LZB, confirmado por el ministro Óscar Puente. Este sistema, que mediante cables en la vía supervisa de forma continua la circulación de los trenes y activa el frenado automático ante determinadas situaciones de riesgo, quedó desconectado. En ese mismo minuto, el AVE comunica al centro de control de Adif la pérdida de transmisión, según los audios a los que ha tenido acceso elDiario.es.

Al final de esa conversación, hacia las 8:36, el centro de control le ordena reanudar “al amparo del BSL con marcha normal”. El Bloqueo de Señalización Lateral (BSL) –es decir, los semáforos tradicionales junto a la vía– funciona como capa de respaldo que asume la seguridad cuando falla la supervisión continua del LZB. Cuando esto ocurre, el sistema de frenado automático digital ASFA es la única protección, y siempre de baliza a baliza. Unos 11 minutos después de detenerse, a las 8:43, el tren vuelve a reanudar la marcha y acelera.

“En ese momento, ese tren tenía obligatoriamente que detenerse, no podría reanudar la marcha con normalidad porque el circuito de vía estaba ocupado por Iryo”, explicó el ministro de Transportes, Óscar Puente. Sin embargo, “se ordena que reanude la marcha a las 8:36, el tren recorre 25 kilómetros con el tren Iryo detenido y acaba impactando, con el resultado que conocen”.

El Iryo seguía parado ante la señal de entrada de Urda. A las 8:40, su maquinista comunica también la pérdida de transmisión y el centro de control le indica que continúe con normalidad. A las 8:48 vuelve a llamar para avisar de que sigue detenida por los problemas que presenta. Desde Atocha dan por recibido el mensaje y le responden que, si tiene problemas, vuelva a llamar. A esa hora, el AVE estaba a unos 17 kilómetros y circulaba a una media estimada de entre 160 y 180 kilómetros por hora.

No queda registro de que el centro de control intentara comunicar al AVE que se encontraría con un obstáculo a solo 25 kilómetros o de que fuera consciente de su posición y dirección.

En los minutos anteriores a la colisión, el AVE circulaba a una media de entre 150 y 200 kilómetros por hora, según la distancia recorrida por la vía entre cada posición. A las 8:53-8:54 se produce el impacto. Los datos no señalan la velocidad exacta del momento de la colisión sino el promedio de los anteriores minutos. Puente ha asegurado que “un accidente por alcance en la red ferroviaria española es verdaderamente inverosímil”.

En el siguiente gráfico puedes comparar la velocidad media del tren ese día y, como contexto, la velocidad del día anterior.

Según la portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, el Iryo 6076 llevaba 146 pasajeros y un bebé, y el AVE 2080, 397 pasajeros. En el siguiente mapa se muestra la línea y las ubicaciones conocidas del AVE 2080 y su trayectoria aproximada.

Según los últimos datos, el choque ha dejado al menos 69 muertos y más de un centenar de heridos. Se convierte así en el segundo accidente ferroviario más mortífero después del descarrilamiento que ocurrió en Santiago de Compostela en 2013. Unidos a los 46 fallecidos en el accidente de Adamuz este enero, situaría 2026 como el año con más víctimas mortales por accidentes de trenes en las dos últimas décadas.

Mientras los servicios de emergencia siguen rescatando restos mortales del trágico accidente entre un AVE y un tren de Iryo en Urda (Toledo), las autoridades tratan de esclarecer qué falló para que este miércoles por la mañana ocurriera algo tan poco frecuente como un accidente grave por alcance, es decir, que un tren embistiera a otro por detrás en la misma vía.

Tal y como apunta la investigación y confirman los audios entre los trenes accidentados y el centro de control revelados por elDiario.es, el problema comenzó por una avería técnica a la que siguieron, al menos, tres errores del operario. Fue la sala la que dio al maquinista del AVE la orden de reanudar la marcha, y de hacerlo “a marcha normal”, lo que significa a velocidad alta, algo que contraviene los protocolos ferroviarios.

Esta decisión de comenzar a operar los trenes en condiciones normales, pese a que el sistema de seguridad estaba caído, plantea aún muchos interrogantes que solo podrán determinarse tras concluirse las pesquisas. La Guardia Civil y la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) interrogaron este miércoles por la tarde al operador del centro de control H24, nombre técnico de la sala de Adif en Atocha desde donde se gestiona la circulación de buena parte de la alta velocidad de España.

Según el cronograma al que apuntan las llamadas y la información ofrecida por el ministro Óscar Puente, los problemas en la infraestructura comenzaron alrededor de las 8:30 de la mañana, cuando el sistema de control LZB cae debido a un problema informático.

LZB es un protocolo de seguridad automático que ordena el tráfico, instalado en 1992 cuando se inauguró la conexión de alta velocidad entre Madrid y Sevilla, y que actualmente se encuentra en proceso de transición hacia el protocolo europeo, ERTMS.

Con cualquiera de estos dos sistemas activos y funcionando bien, es impensable que un tren alcance a otro por atrás en la misma vía, como ocurrió en Urda. Sin ellos, es la sala de control quien debe dar las indicaciones adecuadas. Algo que, tal y como queda claro en las llamadas, no ocurrió, ya que Atocha ordenó al AVE reanudar “a marcha normal” aunque, eso sí, bajo el protocolo del bloqueo de señalización lateral. Dos cosas, a priori, incompatibles.

Una avería infrecuente, pero que “puede pasar”

La caída del sistema LZB supuso la parada automática de unos seis trenes, todos los que estaban en el tramo afectado, de unos 69 kilómetros en total. “Que esto ocurra no es ni frecuente ni deseable, pero los manuales ferroviarios prevén que pueda pasar”, especifican fuentes del sector. Y, cuando ocurre, es el centro de control el que toma el mando directamente, el que debe decidir si retomar o no la marcha, cuándo y de qué forma.

Con LZB activo, el maquinista puede ignorar los semáforos y simplemente obedece la pantalla. Pero cuando éste queda inactivo, lo que se conoce como “situación degradada”, el sistema de conducción cambia y es el bloqueo de señalización lateral (BSL) –es decir, los semáforos tradicionales junto a la vía– lo que manda. Cuando esto ocurre, el sistema de frenado automático digital ASFA es la única protección, y siempre de baliza a baliza.

Fuentes ferroviarias destacan que, cuando se opta por volver a circular sin las máximas medidas de seguridad, el reglamento obliga a circular “a marcha a la vista”, es decir, a una velocidad de no más de 40km/h.

Esto sirve para que el propio maquinista pueda frenar manualmente y desde la cabina si ve algún impedimento en la vía. Hay que tener en cuenta que la vista del maquinista no suele alcanzar mucho más de unos 400 metros, dependiendo del trazado, mientras que un tren de alta velocidad que puede circular a unos 200 km por hora necesita más de un kilómetro para frenar completamente.

Un error del operario reanudó la marcha

Cuando el sistema de control LZB cae, el tren se para y el maquinista llama a Atocha, un centro de control que, tal y como se escucha en el registro de las llamadas, da señales de estar colapsado y con mucha gente hablando a la vez. Allí, el operador debe buscar el protocolo correspondiende y darle las indicaciones sobre si debe reanudar la marcha y cómo hacerlo. El protocolo LZB 4 obliga a hacerlo con una serie de especificaciones pero a marcha normal. Una línea más arriba, el número 3 indica las mismas caracteristicas pero, llegada la casilla correspondiente indica: “A marcha a la vista”.

En la llamada entre el centro de control y el AVE se evidencia que el operario está leyendo. “Esto dice… maquinista de tren…Desconecte y vuelva a conectar el LZB y reanude la marcha al amparo del BSL con marcha normal (...) Luego me dice”, ordena el operario al conductor del AVE, algo que el tren obecede unos minutos después.

¿Se equivocó de línea el operario, porque en vez de leer LZB 4 debió leer LZB 3, y por eso no le ordenó ir a marcha a la vista, es decir, a menos de 40 km/h? ¿Se equivocó, quizás, al no valorar correctamente qué tren estaba delante y cuál detrás? Son preguntas que se formulaban este miércoles en el mundo ferroviario tras conocer los audios previos al accidente y que la investigación deberá esclarecer. “La cadena de errores humanos es evidente”, refería una fuente que se dedica al control de trenes.

La puesta en marcha sin tener claras las circunstancias es un primer error humano, pero sobre todo lo es hacerlo sin reforzar las medidas de seguridad del tren. Esta precaución especial hubiera consistido en conducir a 40 kmh. Y ambas cosas quedan superadas cuando, 5 minutos después de la orden dada al AVE, la maquinista de Iryo llamó a Atocha para alertar de que estaba parada con el mismo problema de señalización.

“Reanude marcha al amparo del BSL. Con marcha normal”, indicaba el operario, al que se le supone conocedor de la posición del Iryo. La maquinista de este segundo tren volvería a llamar unos minutos después para alertar de que seguía parada por problemas de conexión. La respuesta de la persona en el puesto de control, que en condiciones normales debería ser consciente de que otro tren venía a toda velocidad desde atrás fue, simplemente, “pues nada, en cuanto pueda, y si tiene problemas nos llama”.

No queda registro de que el centro de control intentara comunicar al AVE que se encontraría con un obstáculo a solo 25 kilómetros.

Un error “inexplicable”, según calificó el ministro de Transportes. Y eso que, según ha revelado Puente, otro de los conductores a los que se les pidió reemprender el viaje “con normalidad” corrigió al operario del control y le recordó que, en una situación así, lo adecuado era conducir “a marcha a la vista”.

Tal y como recogen las grabaciones, este tipo de autorizaciones se realizan por teléfono entre Atocha y el tren, y ambos, operario y maquinista, dejan apunte en su libro de lo que se ha ordenado.

¿Por qué no se detectó a ambos trenes en el mismo cantón?

Entre la reanudación de la marcha y el choque fatal pasaron unos 17 minutos en los que el AVE recorrió cerca de 25 km. Durante este tiempo, el centro de control actuó en todo momento como si los dos trenes que estaban teniendo problemas, sobre todo el Iryo, no estuviesen en la misma vía (cantón).

La investigación deberá determinar por qué esta situación de incomunicación entre Atocha y el AVE se produjo cuando ya sabían que el Iryo estaba parado. Hubo seis minutos en los que aún había tiempo para salvar la vida de decenas de personas y el sistema, técnico o humano, volvió a fallar.

“Un accidente así no solo se produce por la conducción manual, han tenido que ocurrir más errores”, explica el director de Terminus CET, Joan Carles Salmerón. “No es asumible para España dos accidentes de tren en un mismo año”, lamentaba Pedro Sánchez. Las probabilidades de que ocurran también son ínfimas.

La CIAF es el órgano colegiado especializado para la investigación técnica de los accidentes graves que se encargará ahora de esclarecer los detalles de la tragedia. Creada en diciembre de 2007, es un organismo independiente, pero adscrito al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. 

Esta comisión ya ha comenzado sus actuaciones, entre ellas, el interrogatorio al operario al que se le atribuyen los errores de este miércoles en Urda. Junto a este técnico se encontraba un auxiliar, que siempre actúa de apoyo, y también hay un supervisor por encima que puede estar atento a una situación de caída del sistema de seguridad como la que se produjo.

Los datos de posición del AVE 2080 permiten reconstruir los minutos previos al choque con el Iryo 6076. Las ubicaciones que publica el visor de Renfe, recopiladas por Spain Train Radar analizadas por elDiario.es, apuntan a que la colisión se produjo entre las 8:53 y las 8:54, a la altura del punto kilométrico 118 que ha señalado Adif. En ese momento, el tren AVE embistió por detrás al tren Iryo.

Cuatro vagones han descarrilado, según las primeras informaciones: tres del Iryo y uno del AVE. El choque ha causado al menos 60 muertes, 50 heridos en nivel amarillo y 15 en nivel rojo (muy grave). En el siguiente mapa se muestra la línea y las ubicaciones conocidas del AVE 2080 y su trayectoria aproximada.

Según la cronología de posiciones, a las 8:31 el tren se queda parado a la altura del municipio de Mora tras un fallo del sistema LZB de seguridad, según ha confirmado el ministro Óscar Puente. Unos 12 minutos después, a las 8:43, el tren vuelve a reanudar la marcha y acelera.

“En ese momento, ese tren tenía obligatoriamente que detenerse, no podría reanudar la marcha con normalidad porque el circuito de vía estaba ocupado por Iryo”, explicó el ministro de Transportes, Óscar Puente. Sin embargo, “se ordena que reanude la marcha a las 8:36, el tren recorre 25 kilómetros con el tren Iryo detenido y acaba impactando, con el resultado que conocen”.

En los minutos anteriores a la colisión, el AVE circulaba a una media de entre 150 y 200 kilómetros por hora, según la distancia recorrida por la vía entre cada posición. A las 8:53-8:54 se produce el impacto. Los datos no señalan la velocidad exacta del momento de la colisión sino el promedio de los anteriores minutos. Puente ha asegurado que “un accidente por alcance en la red ferroviaria española es verdaderamente inverosímil”.

En el siguiente gráfico puedes comparar la velocidad media del tren ese día y, como contexto, la velocidad del día anterior.

Según la portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, el Iryo 6076 llevaba 146 pasajeros y un bebé, y el AVE 2080, 397 pasajeros.

Hasta el momento, se sabe poco de las causas. Fuentes del Gobierno consultadas por elDiario.es apuntan que el accidente que ha provocado el choque de dos trenes de alta velocidad en la provincia de Toledo pudo deberse a un error humano, precedido de un fallo técnico, de un operario del centro de control de Atocha que habría dado la orden de continuar al maquinista del tren de Renfe a pesar de que el Tren Iryo obstaculizaba la vía y a que la señal era roja. El operario habría permitido así rebasar esa señal roja al maquinista del tren de Renfe, que después habría chocado contra el Iryo que se encontraba paralizado.

Según los últimos datos, el choque ha dejado al menos 68 muertos y más de un centenar de heridos. Se convierte así en el segundo accidente ferroviario más mortífero después del descarrilamiento que ocurrió en Santiago de Compostela en 2013. Unidos a los 46 fallecidos en el accidente de Adamuz este enero, situaría 2026 como el año con más víctimas mortales por accidentes de trenes en las dos últimas décadas.

La papeleta del Senado para el próximo 29 de noviembre no será tan sencilla como en otras ocasiones. Por un lado, el PSOE y el Frente Amplio han pactado concurrir juntos en prácticamente todo el territorio –menos Canarias–, de forma que los miembros de la coalición confederal se han integrado en las listas de los socialistas en diferentes puestos de salida. En concreto, el PSOE ocupará el 70% de los puestos en las listas para el Senado y el Frente Amplio el restante 30%. Además, Podemos tiene previsto presentar listas en todo el territorio excepto en Catalunya, donde concurre junto a ERC, y Canarias y la Comunitat Valenciana, donde se presenta en coalición con fuerzas del Frente Amplio.

Por otro, la derecha ha llegado a un acuerdo por el que Vox se retirará en seis provincias y el PP en tres, pero con letra pequeña en otras provincias: el partido de Abascal postulará un único candidato (separado) en otras 14 y se presentará con normalidad en otras 23.

En este mapa puedes ver lo que ocurre, provincia a provincia. Se resumen de forma sencilla las diferentes casuísticas: por ejemplo, en algunas provincias hay una lista única debido a que el otro partido se retira o está integrado dentro de la candidatura. Al pasar el cursor, puedes ver los detalles de cada circunscripción concreta y cuál fue el resultado en 2023.

El sistema electoral del Senado es de listas abiertas. Eso significa que los ciudadanos pueden escoger a uno, dos o tres de los candidatos que presenta cada partido, e incluso mezclar a dirigentes de varias formaciones. No obstante, en la práctica, el sistema tiene un sesgo claramente mayoritario, puesto que lo más común es que el votante escoja a los tres senadores que presenta el partido al que quiere votar, y eso provoca —en la mayor parte de las provincias— que quien gane las elecciones se quede con tres escaños y la segunda fuerza, con uno.

Para el PSOE, su acuerdo con el Frente Amplio trata de impedir el control absoluto de una de las cámaras por parte de la derecha. Y PP y Vox buscan controlar el Senado de forma holgada para tener así manos libres incluso para impulsar reformas de calado o para tener total ascendencia sobre altas instituciones del Estado como el Tribunal Constitucional. Para los socios del PSOE implica, por su parte, la posibilidad de obtener una representación en el Senado que si van a las urnas por su cuenta les resulta prácticamente imposible.

Las fuerzas de carácter estatal a la izquierda del PSOE que se han presentado a las elecciones generales en la última década no han logrado nunca representación en el Congreso por 13 provincias, mientras en otras 18 han conseguido escaños siempre y, en el resto, los han obtenido en al menos uno de los cinco comicios celebrados desde 2015. Aquellas circunscripciones en las que la izquierda alternativa no ha obtenido diputados en esas citas electorales son las más pequeñas del territorio en número de habitantes y, por tanto, donde el umbral para conseguir representantes es más elevado.

En cambio, el espacio confederal se ve beneficiado en las provincias más grandes, donde ese porcentaje imprescindible es más bajo, que coinciden con los entornos urbanos más densos del país. La ley electoral establece que solo las candidaturas que superen el 3% de los votos en cada provincia entran en el reparto de escaños. Sin embargo, ese listón apenas importa en las provincias que reparten pocos diputados. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en las provincias que reparten tres escaños, solo pueden entrar como máximo tres partidos.

En provincias con menos de cinco escaños, en la práctica se producen barreras efectivas de entrada que hacen casi imposible que los partidos que quedan en cuarto o quinto lugar consigan un diputado. Esta barrera efectiva se mide como el porcentaje de voto más bajo que consiguió un escaño en esa provincia. En el siguiente mapa puedes ver las veces en las que la izquierda alternativa ha logrado representación en las distintas circunscripciones:

Las 13 circunscripciones en las que el espacio confederal no ha logrado escaños en las últimas cinco elecciones generales reparten 38 diputados. Seis son de Castilla y León (Ávila, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria y Zamora), tres de Castilla-La Mancha (Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara), además de Cáceres, Teruel, Ceuta y Melilla. Ni siquiera con los resultados de Podemos en 2015 y 2016 (cuando obtuvo su mejor dato con alrededor del 20% de voto a nivel estatal) los morados consiguieron escaño en estas provincias. Las 13 reparten entre uno y cinco diputados al Congreso.

En otras 14 circunscripciones solo eligieron un diputado de este espacio en 2015, en 2016 o en las dos, en pleno auge de Podemos, y no han vuelto a hacerlo: Albacete, Almería, Badajoz, Burgos, Cantabria, Huesca, Jaén, La Rioja, León, Lleida, Lugo, Ourense, Toledo y Valladolid. Es decir, si contamos desde 2019, la izquierda alternativa no ha sacado escaño en 27 de las 52 circunscripciones. En 18 han logrado escaño siempre: Córdoba, Granada, Asturias, Illes Balears, Zaragoza, Pontevedra, Tarragona, Las Palmas, A Coruña, Cádiz, Murcia, Málaga, Bizkaia, Alicante, Sevilla, Valencia, Madrid y Barcelona. En las siete provincias restantes –Huelva, Navarra, Álava, Castellón, Gipuzkoa, Santa Cruz de Tenerife y Girona–, el espacio confederal ha estado representado en tres o cuatro elecciones de las cinco de la última década.

En circunscripciones como Cuenca o Teruel, los porcentajes necesarios para conseguir escaño son muy altos. En Cuenca, la barrera más baja desde 2015 fue el 26,8% de 2019. Unidas Podemos, en su mejor resultado, se quedó en un 13,2%. La izquierda tiene en estas provincias muy complicado conseguir escaños, incluso en porcentajes de apoyo de 2016, cuando Unidas Podemos obtuvo 71 escaños.

Precisamente teniendo en cuenta ese escenario electoral y las dificultades de la izquierda para obtener representación en las circunscripciones más pequeñas con este sistema electoral, en las últimas semanas se ha repetido el debate sobre la división de las candidaturas y las vías para que no se pierdan votos progresistas. Frente Amplio –el nuevo espacio que aglutina a 15 partidos como IU, Más Madrid, los Comuns y Movimiento Sumar– pactó con el PSOE listas conjuntas para el Senado y los socialistas plantearon también a esa nueva fuerza política acuerdos puntuales para el Congreso.

Pero Frente Amplio no contempla un pacto global con el partido de Pedro Sánchez para retirar sus candidaturas a la Cámara Baja. En Teruel, donde Chunta-Frente Amplio sí decidió no presentar lista “por responsabilidad”, aunque desde el espacio desvinculan esta iniciativa de cualquier conversación con los socialistas. Después, IU decidió ir por su cuenta presentando también una lista propia por Teruel, aunque finalmente este viernes se retiró.

No fue posible, en cambio, un acuerdo entre Frente Amplio y Podemos para concurrir juntos en las generales del 29 de noviembre. El secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, confirmó hace unos días que Podemos va a concurrir con su propia marca en todas las circunscripciones de España. Las únicas excepciones serán las cuatro provincias catalanas (en las que Podemos se integrará en las listas de ERC), las tres valencianas (donde estará en la coalición Compromís - Front Valencià junto a la formación valencianista e IU) y las dos canarias (donde Podemos será parte de la alianza Unión del Pueblo Canario junto a Nueva Canarias, IU y Movimiento Sumar).

Este domingo 25 de octubre volvemos a retrasar una hora los relojes, y está en el aire si será una de las últimas veces, tras el anuncio hace meses del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que propondrá a la UE acabar con el cambio de hora porque “ya no tiene sentido”. Esta posibilidad ha abierto un intenso debate: ¿es mejor que se quedara fijo el horario de verano o el de invierno? Todo el mundo tiene una opinión, pero a menudo no tenemos muy claras las consecuencias prácticas del fin del cambio horario.

Prueba a introducir el nombre de la localidad donde vives y verás los resultados:

Cuando se simulan las condiciones en los dos escenarios, la opción de dejar fijo el horario de invierno —al que nos enganchamos ahora— parece la más adecuada por tres motivos. En primer lugar, aunque no hay consenso, una mayoría de científicos especialistas en cronobiología creen que es mejor porque contar con más horas de luz durante la mañana beneficia a nuestro reloj biológico interno y se ahorrarían accidentes cerebrovasculares y otros problemas de salud. 

En segundo lugar, durante todo el año estaríamos a solo una hora de diferencia respecto al huso horario que nos corresponde (UTC+0), y no a dos horas como sucede en verano (UTC+2). 

Y, en tercer lugar, el cambio hacia un horario fijo de invierno sería menos traumático en cuanto a los horarios de salida y puesta de sol.

Centrémonos en este último punto, que es el que más discusiones acaloradas produce y el que puedes comprobar en nuestro buscador.

El baile de amaneceres y atardeceres

Si miras los detalles, verás que lo de cambiar la hora es como estirar una sábana para taparte la cabeza o los pies (en nuestro gráfico, debes imaginar a la persona tumbada en una cama horizontal). La sábana (las horas de luz) es más larga en verano, pero si tiras hacia arriba destapas los pies y si tiras hacia abajo destapas la cabeza. Es decir, si te quedas con el horario de invierno amanece muy pronto en verano y si dejas el de verano amanece muy tarde en invierno.

Si dejamos el horario de invierno fijo, la consecuencia más llamativa sería que en verano amanecería muy pronto, un poco antes de las 6:00h de la mañana. En cuanto al anochecer en los meses de estío, es cierto que se adelantaría una hora, pero aún habría mucha tarde para disfrutar con luz: en lugar de anochecer cerca de las 22:00 h, como sucede en muchas zonas ahora, lo haría alrededor de las 21:00 h.

Si dejamos el horario de verano, en cambio, amanecería muy tarde en invierno en algunas zonas de España. En A Coruña, por ejemplo, no sería de día hasta las 10:00 de la mañana.

Al mismo tiempo, las horas de luz ganadas por la tarde en el invierno no serían tantas como creen algunos defensores del horario de verano. En la época más extrema del calendario, a mediados de diciembre, en lugar de anochecer a las 18:00 h, como ahora, lo haría en torno a las 19:00 h.

Aquí debajo tienes el promedio anual de la hora de amanecer y atardecer en cada municipio de España con el sistema actual, dejando el horario de invierno fijo o el de verano fijo: 

¿Cómo cambiaría el amanecer y atardecer con cada horario en España?

Horarios medios anuales de amanecer y atardecer con el sistema actual (cambio de hora) y simulación con los horarios de verano e inviernos fijos

Horario

Invierno Actual Verano

Sol

Amanecer Atardecer

+ -

Fuente: elaboración de elDiario.es a partir de las coordenadas de la ciudad más poblada de cada municipio

Resumen y casos prácticos

Dejar fijo el horario de invierno tiene consecuencias en verano:

• Amanece muy pronto, antes de las 6:00 h.

• El anochecer se adelanta una hora.

Dejar fijo el horario de verano tiene consecuencias en invierno:

• Amanecería muy tarde en el oeste de España.  

• El anochecer se retrasa una hora, pero seguirían siendo tardes muy cortas, porque las horas de luz disminuyen. 

Aquí van tres ejemplos de cuatro ciudades situadas en el oeste, centro y este del país, y en Canarias:

Horarios de amanecer y anochecer el 21 de junio si fijamos la “hora de invierno” (-1 hora frente al actual):

Horarios de amanecer y anochecer el 21 de diciembre si fijamos la “hora de verano” (+1 hora frente al actual):

Cuando tenemos estas discusiones, a menudo perdemos de vista que las horas de luz se amplían cuando estamos en verano y se reducen en invierno, cuando tenemos hasta seis horas menos de sol. Este efecto se va acentuando conforme aumenta la latitud. En el ecuador el día y la noche tienen una duración más o menos igual, de 12 horas cada uno, y a medida que nos movemos hacia los polos las diferencias estacionales en la duración del día y la noche son más marcadas.

Lo que dicen muchos especialistas en cronobiología es que los efectos de hacer dos cambios de hora al año para adaptarnos a estas variaciones son peores que el beneficio que tiene desviarnos una hora arriba y abajo cada vez. Pero hay muchas variables a tener en cuenta, como los horarios laborales y escolares, la compatibilidad de estos horarios con la conciliación e incluso qué es lo mejor en un escenario de crisis climática.

Como en otras cuestiones, tampoco en esta hay una respuesta 100% correcta, pero con todos estos datos encima de la mesa, ya tienes más argumentos para decidir qué te parece mejor.

Soportar el verano más cálido registrado se ha cobrado un peaje funesto: la pasada estación ha sido la más mortífera en Europa. Solo en España, más de 5.000 muertes son achacables al calor extremo provocado por la crisis climática, según los cálculos realizados por el Imperial College y la Escuela de Higiene y Medicina Tropical, ambos de Londres, publicados este viernes en Nature.

El trabajo —que abarca 854 ciudades europeas— ha estimado que dos tercios de los 50.000 fallecimientos atribuibles este verano al calor ocurrieron porque el calentamiento global ha disparado las temperaturas. Eso significa que, sin el cambio climático provocado por los humanos al quemar combustibles fósiles, se habrían salvado unos 32.000 fallecidos. Se trata del récord de muertes directamente ligadas al calor traído por la crisis climática de los últimos 26 años y supera el anterior pico que se estableció en 2022 con 31.000 muertes y el famoso año 2003 cuando se registraron unas 26.000.

La publicación de estas cifras se produce en un momento en el que elDiario.es, junto con Urban Journalism Network y con el asesoramiento del equipo de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, inicia una colaboración cuyo objetivo es poner a disposición de los periodistas de todo el continente estimaciones sobre el número de fallecimientos por calor extremo en cada ciudad. En el siguiente mapa se pueden consultar los datos, ciudad a ciudad.

De hecho, si en 2000 el porcentaje de fallecimientos por calor atribuibles al cambio climático se situaba en el 40% del total, actualmente supera el 65%.

La coautora del estudio, la investigadora experta en fenómenos meteorológicos extremos, Clair Barnes, señala que, a la luz de los datos, “podemos afirmar con bastante seguridad que el verano de 2026 ha sido el peor registrado en cuanto a mortalidad relacionada con el calor en gran parte de Europa”, pero, también recuerda que “detrás de estas estadísticas hay personas reales que han perdido la vida y familias reales que las lloran”.

Podemos afirmar que el verano de 2026 ha sido el peor registrado en cuanto a mortalidad relacionada con el calor, pero detrás de estas estadísticas hay personas reales que han perdido la vida y familias reales que las lloran

Clair Barnes — Experta en fenómenos meteorológicos extremos del Imperial College de Londres

Aunque algunas zonas tradicionalmente más frescas del continente, como Reino Unido, han tenido miles de muertes, los peores datos se concentran en el oeste y, sobre todo, el sur europeo, tanto en volumen de fallecidos como tasas de impacto. Italia, Francia y España han sido los países más afectados.

En las 90 ciudades españolas analizadas, “el cambio climático fue responsable de 5.227 de las 6.824 muertes estimadas por calor entre junio y agosto”, concluye el estudio. Es decir, el 77% de los fallecimientos son achacables a la crisis del clima.

Si se mira el mapa, destaca que, por un lado, Barcelona ha sido la segunda ciudad europea con mayor número de decesos adicionales por este calor extremo extra con 1.587, solo por detrás de la italiana Milán (1.842).

Por otro lado, en Madrid la crisis climática provocó 967 muertes más por calor de las que se habrían registrado sin esas temperaturas fuera de lo común. Como el volumen total de fallecimientos llegó a los 1.067, en el caso madrileño, el exceso de mortalidad llega al 91%, es decir, casi todas son achacables al calentamiento global. Es el porcentaje más alto de todas las ciudades europeas analizadas.

Otras urbes del estudio con datos relevantes son Valencia que registró 262 muertes (de las 355 totales por calor), Málaga donde fueron 84 de 111 (el 77%), Sevilla, 77 de 109 (73%), Granada con 71 de 98 (72%) y Zaragoza donde se calculan 169 de 264 fallecimientos, es decir, un 65% de exceso de muertes.

Este año, el verano ha durado “cuatro meses”, ha indicado la Agencia Estatal de Meteorología. Se refería a que “la estación se extendió más allá de sus límites habituales, con temperaturas propias de pleno verano durante la segunda quincena de mayo y la primera de septiembre”. Y eso se ha notado en los impactos sobre la salud.

“El final de junio fue especialmente severo”, explican los investigadores de sendos trabajos. De hecho, casi un tercio de todas estas muertes adicionales por calor se concentraron entre el 17 de junio y el 1 de julio “cuando la temperatura media en la región estuvo 5 °C por encima de su promedio 1991-2000”. En total, España ha batido este año su récord de días con ola de calor al llegar a las 61 jornadas con temperaturas inusualmente altas.

Un aspecto novedoso de estos análisis es que hasta 6.000 personas por debajo de los 65 años han fallecido en estas ciudades debido al calor severo lo que rompe la idea de que las altas temperaturas son un problema casi exclusivo de la población más mayor.

Las ciudades europeas están póbremente adaptadas al calor y es crucial que esto mejore mediante más espacios verdes y menos contaminación. Este verano ha sido otro dramático recordatorio de que el cambio climático es un problema de todos. No de una región en particular ni de un grupo de personas

Pierre Masselot — Estadístico y epidemiólogo de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres

“Cada vez está más claro que las ciudades europeas están pobremente adaptadas al calor y es crucial que esto mejore mediante más espacios verdes y menos contaminación”, explica el también coautor Pierre Masselot. Al fin y al cabo, remata, “este verano ha sido otro dramático recordatorio de que el cambio climático es un problema de todos. No de una región en particular ni de un grupo de personas, como ha demostrado el significativo impacto en muertes dentro de los más jóvenes”.

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Este artículo se ha elaborado en el marco del proyecto sobre olas de calor coordinado por la Urban Journalism Network (UJN) y con el apoyo de Journalismfund Europe.

Autor: Peter Aldhous (CCIJ)

Gráficos: David Meidinger (UJN)

Coordinación: Hendrik Lehmann, Gaby Khazalová (UJN)

Tras una semana convulsa de negociaciones en la izquierda alternativa que remataron sin acuerdo salvo en la Comunitat Valenciana y Canarias, las encuestas mantienen la ventaja de PP y Vox sobre PSOE, Sumar y Podemos en unos 15 puntos. El promedio de sondeos de elDiario.es coloca al PP como primer partido, con el 32,1% de los votos, seguido de PSOE (26,3%), Vox (18,6%), Frente Amplio (5,4%) y Podemos (2,9%), a los que se suma el 1,3% de Compromís-Front Valencià, donde están Compromís, Podem, Esquerra Unida y Esquerra Republicana del País Valencià.

Aunque los sondeos apenas se han movido desde la convocatoria electoral, las tendencias son claras desde los comicios de 2023. El PSOE ha caído entre 5 y 6 puntos desde aquellas elecciones y los partidos a su izquierda tampoco han recogido nada de ese voto socialista perdido. La suma de Frente Amplio, Podemos y sus marcas conjuntas está casi tres puntos por debajo de los comicios del 23J, cuando lograron superaron el 12% de las papeletas.

Para aprovechar las encuestas anteriores a las coaliciones en Canarias y Comunitat Valenciana, que preguntaban por separado por Sumar y Podemos, las traducimos al nuevo reparto: según el resultado de 2023, el 16% del voto de Sumar y el 9% del de Podemos estaban en la Comunitat Valenciana. Esa parte pasa a Compromís-Front Valencià y el resto se queda en el Frente Amplio y en Podemos. Las encuestas no dan aparte la candidatura canaria, así que en el promedio su voto sigue dentro del Frente Amplio y de Podemos.

El giro a la derecha (un fenómeno que se ha repetido casi todas las elecciones que se han celebrado desde 2023) es claro. Aunque el PP se queda casi igual que en las pasadas elecciones, Vox sube unos seis puntos respecto a las anteriores generales. Una subida que ya tiene en cuenta la aparición de SALF, la formación del agitador ultra Alvise Pérez, para quien las encuestas dan entre el 1% y el 2% del voto (la media es del 1,7%).

Pero, ¿cómo se traduce este promedio de votos a escaños? Hemos hecho 10.000 simulaciones aplicando el margen de error de las encuestas –pueden fallar– para estimar el número de diputados que podría sacar cada partido con los datos actuales.

En el promedio de esas repeticiones, el PP sacaría 133, seguido del PSOE, con 105. Vox casi doblaría sus diputados actuales hasta los 65 y la división de Podemos y Frente Amplio suma 11, lejos de los 31 que sacaron en 2023.

Las estimaciones dan poca probabilidad a una mayoría en solitario del PP, pero la suma de la derecha –populares y Vox– sí superaría con holgura los 176 diputados necesarios para conformar Gobierno. Hoy están sobre los 198 escaños.

¿Es fiable esta estimación? Hoy, nuestros cálculos dan mayoría a la suma de PP y Vox en 9 de cada 10 simulaciones. Es decir, hay un 10% de probabilidades de que no consigan la mayoría. Aunque es verdad que las encuestas pueden fallar, tendrían que estar sobrestimando mucho a PP y Vox.

Si aplicamos este mismo modelo a las encuestas que se publicaron en 2023, una semana antes de las elecciones habría dicho que la mayoría de PP y Vox era una moneda al aire: 5 de cada 10 simulaciones. Sacaron 170, por debajo de 176.

Las encuestas dicen que la izquierda va a tener que remontar muchos puntos en lo que queda de octubre y noviembre para acercarse al bloque conservador. Pero, ¿cómo está la batalla en cada provincia?

En el siguiente mapa puedes consultar la estimación de voto en cada provincia y los escaños que salen de aplicarle la ley D’Hondt. Entre paréntesis, el rango de escaños en 8 de cada 10 simulaciones.

Hay que tener en cuenta que para los datos provinciales, el margen de error es mayor ya el que modelo supone que el voto de cada partido se reparte entre provincias de forma parecida a las pasadas elecciones. Incluye un margen de error para cada territorio, pero si un partido tiene una tendencia propia en un lugar concreto (como el PSOE en Catalunya en 2023), el modelo no la puede anticipar.

¿Y qué pasaría si...?

Para ver cómo funciona la batalla electoral, hemos hecho esta calculadora que muestra una estimación aproximada de los escaños de cada formación ajustando los principales partidos nacionales según el porcentaje de voto que crees que tendrá.

Los controles de cada partido te permiten modificar el porcentaje de voto de cada candidatura y comprobar cómo altera el reparto de escaños. Esta herramienta no hace simulaciones ni, por tanto, tiene en cuenta el margen de error de las encuestas.

Todas las encuestas desde 2023

En la siguiente tabla puedes consultar todas las encuestas que se han tenido en cuenta para el modelo. Los datos provienen en su mayoría de Wikipedia y han sido corregidos de errores puntuales en algunos sondeos por este medio.

Los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre la renta bruta media por hogar (es decir, antes de impuestos) de las declaraciones de IRPF muestran las diferencias de ingresos entre cada vecino y vecina, calle a calle en España. Los últimos corresponden a 2024, a los residentes de más de 36.000 secciones censales. 

La desigualdad económica no la marca la geografía, los territorios, sino la renta, incluso en las calles de un mismo municipio. También se observan brechas entre el centro y la periferia y las diferencias entre los barrios más ricos y más pobres.

Gracias a los datos de cada sección censal (la unidad administrativa más pequeña disponible) puedes consultar la renta de cada vecindario utilizando 🔎el buscador e introduciendo una dirección, barrio o ciudad en Castilla-La Mancha.

En el mapa también puedes mirar dónde se concentra el 1% más rico y el 1% más pobre en Castilla-La Mancha. Dónde existen islas de renta (aquellas zonas rodeadas de unos niveles de renta totalmente distintos) y dónde se sitúan las fronteras de la desigualdad entre vecinos.E incluso se puede saber cómo es la renta por ciudades o por barrios de las ciudades.

El mapa de la renta de Cantabria muestra que los ciudadanos con mayores ingresos residen fundamentalmente en Santander, Bezana y Piélagos frente a los menos favorecidos económicamente que se concentran en San Pedro del Romeral y San Roque de Riomiera.

Todo el área de la bahía, Castro Urdiales, Laredo y Santoña aglutina la mayor riqueza frente al resto del territorio donde los niveles de renta caen casi a la mitad, especialmente en la zona de Liébana, valles pasiegos y Soba. En la cuenca del Besaya hay zonas que no superan los 30.000 euros.

El mapa de la renta dibuja una Cantabria donde las fronteras no las marca la geografía sino la renta. Muestra las diferencias de ingresos calle a calle en un mismo municipio, la brecha entre el centro y la periferia, la distancia entre los barrios ricos y los más pobres. Gracias a los datos de cada sección censal (la unidad administrativa más pequeña disponible) puedes consultar la renta de cada vecindario utilizando 🔎el buscador e introduciendo una dirección, barrio o ciudad.

La zona más rica de Cantabria es la avenida Reina Victoria de Santander y las viviendas junto a la playa de la Magdalena, dos enclaves privilegiados con vistas a la bahía cuyos residentes declaran una media de ingresos de 127.000 euros anuales. En ese entorno costero, cercano a la capital, viven los cántabros que más dinero ganan: San Cibrián, Bezana y Piélagos con 78.000 euros. Por detrás: Camargo, Castro Urdiales, Marina de Cudeyo, Astillero, Villaescusa y Ribamontán al Monte. Mazcuerras, Polanco, Suances, Santillana del Mar, Ribamontán al Mar y la Hermandad de Campoo de Suso.

Santander, el mayor núcleo urbano de Cantabria, acusa las diferencias más bruscas. Los más ricos, con una renta media de 127.000 euros, viven en el cuadrante entre San Martín y el Alto de Miranda, Pérez Galdós, Reina Victoria y La Magdalena. Le siguen, por este orden, los vecinos del resto del Sardinero, el centro de Santander, la zona de Castelar, Cueto y Valdenoja. Por detrás, se sitúan la Pereda y el ensanche de la ciudad.

La otra cara del mapa de la renta es una enorme franja desde la calle Castilla y el Barrio Pesquero hasta El Alisal, La Albericia y Pronillo donde las rentas bajan hasta los 31.000 euros.

Los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) detallan la renta bruta media por hogar (es decir, antes de impuestos) de las declaraciones de IRPF de 2024 de los residentes. Las estadísticas, por lo tanto, solo incluyen los ingresos de la declaración de la renta y no considera los ingresos pagados en negro o economía sumergida, las trampas fiscales a través de sociedades interpuestas o los ingresos no declarados a través de IRPF.

En el mapa se puede explorar dónde se concentra el 1% más rico y el 1% más pobre. Dónde existen islas de renta -aquellas zonas rodeadas de unos niveles de renta totalmente distintos- y dónde están las fronteras más desiguales entre vecinos.

Las brechas no tienen la misma forma en todas las localidades cántabras. Si miramos los datos barrio a barrio se detectan las diferencias geográficas por niveles de renta.

El mapa de la renta dibuja una España donde las fronteras no las marca la geografía sino la renta. Muestra las diferencias de ingresos calle a calle en un mismo municipio, la brecha entre el centro y la periferia, la distancia entre los barrios ricos y los más pobres. Gracias a los datos de cada sección censal (la unidad administrativa más pequeña disponible) puedes consultar la renta de cada vecindario utilizando 🔎el buscador e introduciendo una dirección, barrio o ciudad.

Los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) detallan la renta bruta media por hogar (es decir, antes de impuestos) de las declaraciones de IRPF de 2024 de los residentes de más de 36.000 secciones censales. Las estadísticas, por lo tanto, solo incluyen los ingresos de la declaración de la renta y no considera los ingresos pagados en negro o economía sumergida, las trampas fiscales a través de sociedades interpuestas o los ingresos no declarados a través de IRPF.

En el mapa también puedes explorar dónde se concentra el 1% más rico y el 1% más pobre de España. Dónde existen islas de renta (aquellas zonas rodeadas de unos niveles de renta totalmente distintos) y dónde están las fronteras más desiguales entre vecinos.

Las brechas no tienen la misma forma en todas las ciudades. Si miramos los datos barrio a barrio de ciudades como Madrid, la principal división se da entre un norte rico y un sur pobre, mientras que en Sevilla va de este a oeste. En Valencia o Zaragoza, sin embargo, las rentas altas se concentran en el centro y las bajas, en la periferia. 

Rentas más similares en los barrios pobres que en los ricos

En el siguiente gráfico puedes observar la distribución de rentas en España si dividimos a los barrios en 10 grupos iguales. Aquí, aunque la renta mediana bruta en España está en los 45.100 euros, los barrios en el 20% más pobre (los deciles 1 y 2) tiene una renta por debajo de los 36.700 euros. En el 10% de barrios con más renta, solo se ubican los barrios con rentas superiores a los 72.800 euros.

La estadística no refleja rentas superiores a los 167.076 euros por hogar ni menores a 20.000 euros para acotar los valores extremos de cada indicador que publica el organismo estadístico. Por eso hay múltiples secciones censales que comparten esta cifra exacta como renta media.

La desigualdad territorial también se observa en cada comunidad autónoma. En este gráfico hemos agrupado los barrios de cada territorio según su decil de renta, siendo el decil 1 donde se encuentran los barrios más pobres y en el decil 10 los más ricos a nivel nacional. Así, la distribución de la renta de los barrios se traduce también en una brecha a nivel autonómico.

Por ejemplo, en el sur de España se concentran los barrios con menos ingresos, y comunidades como Extremadura o Andalucía tienen a la mayoría de sus vecindarios en el 10% más pobre del país. En el extremo opuesto están Navarra, Baleares o Euskadi, con apenas un 1% de sus secciones censales en el decil más bajo.

¿Y qué pasa si nos fijamos en los municipios? Entre los más ricos están Pozuelo de Alarcón (Madrid) o Matadepera (Barcelona) y entre los más pobres Marchagaz (Cáceres) o Espadañedo (Zamora).

En la siguiente tabla puedes saber en qué grupo de renta está tu municipio. Los datos muestran la renta media bruta por hogar y si pulsas el botón + puedes ver su evolución desde 2015, fecha desde la que hay datos agregados a nivel municipal. 

Apenas una semana después de la convocatoria electoral de Pedro Sánchez para el 29 de noviembre, las encuestas mantienen la ventaja de PP y Vox sobre PSOE, Sumar y Podemos en unos 15 puntos. El promedio de sondeos de elDiario.es coloca al PP como primer partido, con alrededor del 32% de los votos, seguido de PSOE (26%), Vox (19%), Sumar (6%) y Podemos (3%), a la espera de que se terminen de configurar las alianzas del Frente Amplio y la inclusión de Podemos en esa coalición.

Aunque los sondeos apenas se han movido desde la convocatoria electoral, las tendencias son claras desde los comicios de 2023. El PSOE ha caído entre 5 y 6 puntos desde aquellas elecciones y los partidos a su izquierda tampoco han recogido nada de ese voto socialista perdido. La suma de Sumar y Podemos (que ahora mismo las encuestas recogen por separado) está tres puntos por debajo de los comicios del 23J.

El giro a la derecha (un fenómeno que se ha repetido casi todas las elecciones que se han celebrado desde 2023) es claro. Aunque el PP se queda casi igual que en las pasadas elecciones, Vox sube unos seis puntos respecto a las anteriores generales. Una subida que ya tiene en cuenta la aparición de SALF, la formación del agitador ultra Alvise Pérez, para quien las encuestas dan entre el 1% y el 2% del voto.

Pero, ¿cómo se traduce este promedio de votos a escaños? Hemos hecho 10.000 simulaciones aplicando el margen de error de las encuestas -pueden fallar- para estimar el número de diputados que podría sacar cada partido con los datos actuales.

En el promedio de esas repeticiones, el PP sacaría 135, seguido del PSOE, con 106. Vox doblaría sus diputados actuales hasta los 66 y la división de Podemos y Sumar suma 13, lejos de los 31 que sacaron en 2023.

Las estimaciones dan poca probabilidad a una mayoría en solitario del PP, pero la suma de la derecha -populares y Vox- sí superaría con holgura los 176 diputados necesarios para conformar Gobierno. Hoy están sobre los 201 escaños.

¿Es fiable esta estimación? Hoy, nuestros cálculos dan mayoría a la suma de PP y Vox en 9 de cada 10 simulaciones. Es decir, hay un 10% de probabilidades de que no consigan la mayoría. Aunque es verdad que las encuestas pueden fallar, tendrían que estar sobrestimando mucho a PP y Vox.

Si aplicamos este mismo modelo a las encuestas que se publicaron en 2023, una semana antes de las elecciones habría dicho que la mayoría de PP y Vox era una moneda al aire: 5 de cada 10 simulaciones. Sacaron 170, por debajo de 176.

Las encuestas dicen que la izquierda va a tener que remontar muchos puntos en lo que queda de octubre y noviembre para acercarse al bloque conservador. Pero, ¿cómo está la batalla en cada provincia?

En el siguiente mapa puedes consultar la estimación de voto en cada provincia y los escaños que salen de aplicarle la ley D’Hondt. Entre paréntesis, el rango de escaños en 8 de cada 10 simulaciones.

Hay que tener en cuenta que para los datos provinciales, el margen de error es mayor ya el que modelo supone que el voto de cada partido se reparte entre provincias de forma parecida a las pasadas elecciones. Incluye un margen de error para cada territorio, pero si un partido tiene una tendencia propia en un lugar concreto (como el PSOE en Catalunya en 2023), el modelo no la puede anticipar.

¿Y qué pasaría si...?

Para ver cómo funciona la batalla electoral, hemos hecho esta calculadora que muestra una estimación aproximada de los escaños de cada partido ajustando los 6 principales partidos nacionales según el porcentaje de voto que crees que tendrá.

Los controles de cada partido te permiten modificar el porcentaje de voto de cada candidatura y comprobar cómo altera el reparto de escaños. Esta herramienta no hace simulaciones ni, por tanto, tiene en cuenta el margen de error de las encuestas.

Todas las encuestas desde 2023

En la siguiente tabla puedes consultar todas las encuestas que se han tenido en cuenta para el modelo. Los datos provienen en su mayoría de Wikipedia y han sido corregidos de errores puntuales en algunos sondeos por este medio.

40 senadores más y mayoría absoluta de la izquierda en detrimento de la derecha en la Cámara Alta. Es decir, la diferencia misma que hay entre la noche y el día. Ese es el vuelco político que dibuja en el Senado la matemática electoral en la que trabaja el PSOE desde la convocatoria de las elecciones del 29 de noviembre y que pasa por una lista unida de los socialistas con los partidos del Frente Amplio y con Podemos. Una negociación que, según ambas partes, se encuentra avanzada y con visos de llegar a buen puerto.

Los contactos se han sucedido en los últimos días con varias reuniones entre los socialistas y sus socios de Gobierno y algunos de los escollos pendientes consiguieron desbloquarse en la reunión mantenida este mismo miércoles, según las fuentes consultadas al corriente de la negociación. Y aunque el acuerdo no es total por el momento en todas las circunscripciones provinciales, sí se han constatado progresos. Por ejemplo, en los contactos mantenidos en las últimas horas entre el PSC y Comuns para las papeletas al Senado en Catalunya.

El incentivo para todos los actores es claro. Para el PSOE, se trata de impedir el control absoluto de una de las cámaras por parte de la derecha. Y no solo por el uso partidista de la institución que denuncian que hizo el PP durante toda esta legislatura, que en la práctica convirtió al Senado en cámara de oposición al Gobierno. Sino, principalmente, por tener instrumentos democráticos para frenar un rodillo parlamentario de la derecha y la ultraderecha, que en el caso de controlar Congreso y Senado de forma holgada podrían tener manos libres incluso para impulsar reformas de calado o para tener total ascendencia sobre altas instituciones del Estado como el Tribunal Constitucional. Para los socios del PSOE implica, por su parte, la posibilidad de obtener una representación en el Senado que si van a las urnas por su cuenta les resulta prácticamente imposible.

El informe interno con el que trabaja el PSOE y que avala la tesis de la lista unitaria arroja datos muy elocuentes basado en la pura matemática y el estudio de los resultados de 2023 y de los sondeos actuales, que dibujan que el margen es estrecho en muchos sitios y que con lista unida, cinco senadores más para la izquierda están a menos de un punto de voto. En concreto, los de La Rioja, Gipuzkoa, Navarra, Murcia y Zamora.

Según ese documento, al que ha tenido acceso elDiario.es, una lista unida de PSOE, Frente Amplio y Podemos podría conseguir 129 senadores electos de los 209 que se eligen ahora. En total, 150 de los 267 totales, contando los que están actualmente ya designados por las autonomías. Es decir, por encima de la mayoría absoluta de 134, que perdería el PP.

Ese informe está realizado en base a una estimación de voto por provincias calculada en sondeos que se han realizado entre los días 7 y 8 de octubre, hace justo una semana. Y refleja también que el panorama sería muy diferente si no se lleva a cabo esa lista unida. Porque por separado, el Senado electo quedaría casi empatado según esos sondeos: 96 escaños para el PP, 89 para el PSOE, 8 para ERC, 6 para VOX y 3 en Navarra para UPN-PP. De esa forma, el PP perdería 24 senadores electos respecto a 2023. Aunque con los designados actuales por las autonomías la suma de las derechas y la extrema derecha sumaría 134, justo la mayoría absoluta, frente a los 110 del bloque progresista.

La lista unida cambiaría radicalmente el escenario. Entre otras cosas, y siempre según los cálculos de ese informe de Ferraz, el PSOE y sus aliados arrebatarían la primera posición a la derecha hasta en once provincias en las que podría pasar de 1 a 3 senadores. Es decir, 22 escaños más. Además, rompería 9 empates 2-2 a su favor y sumaría un senador más en Mallorca, La Rioja, Navarra, Soria, Lleida, A Coruña y Almería, con un balance positivo de otros siete senadores. Y mantendría los escaños de Ibiza y Formentera que el PSOE, en solitario, perdería ante el PP. En total, esa candidatura unida al Senado podría ser la lista más votada en 45 de las 60 circunscripciones.

Ese informe trabaja también la hipótesis de que la lista unida al Senado solo sea capaz de retener el 70% del voto del Congreso. Es decir, que 3 de cada 10 electores que introduzcan en la urna de la cámara Baja la papeleta de PSOE, Frente Amplio o Podemos se queden por el camino por la razón que sea, bien porque no participen en esa votación o porque decidan no apoyar esa iniciativa. Y el resultado es que incluso en ese caso se conservaría la mayoría absoluta con 120 senadores electos y 141 en total.

Pactos por territorios

Fuentes conocedoras de las negociaciones por parte del Frente Amplio explican que, a priori, hay comunidades donde el acuerdo con el PSOE se presenta mucho más sencillo que en otras. Entre las que el acuerdo parece más fácil se encuentran autonomías como Baleares, Canarias o Extremadura, así como en Madrid o la Comunitat Valenciana, donde estas fuentes aseguran que en las conversaciones ha existido “buena disposición al acuerdo”, aunque por ahora no se ha alcanzado. Por el contrario, en comunidades como Castilla-La Mancha o Galicia el acuerdo sería más complicado por el eventual rechazo de las federaciones socialistas, si bien la falta de acuerdo en una circunscripción no echaría por tierra los pactos en el resto.

Para el Frente Amplio, además, alcanzar un acuerdo con el PSOE para concurrir conjuntamente al Senado es clave también de cara a las complejas negociaciones que tiene abiertas para componer sus listas al Congreso. La circunscripción de Madrid es buen ejemplo de ello. Inicialmente, Más Madrid aspiraba a controlar cuatro puestos de salida en dicha lista, pero la negociación con el resto de los actores de la alianza le ha llevado a conformarse solo con dos. Los otros dos candidatos que, previsiblemente, ya no obtendrán escaño en el Congreso podrían aspirar a hacerse con actas de senador por Madrid.

No obstante, un acuerdo con el PSOE para concurrir conjuntamente al Senado supondría otro reto para el Frente Amplio en su negociación con Podemos, que en la última legislatura ha optado por la confrontación directa con los socialistas en buena parte de su acción política. En 2016 Podemos ya propuso al PSOE un acuerdo para concurrir en coalición al Senado, una oferta que entonces los socialistas rechazaron de plano.

En abril de 2024, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró que “esta va a ser la legislatura de la vivienda”. Habían pasado cinco meses desde la creación del Ministerio de Vivienda, que este noviembre cumple tres años, y un año y un mes de la aprobación de una nueva Ley de Vivienda que, entre otras cosas, preveía topar los precios en las zonas tensionadas. Además, Sánchez llegó a prometer hasta 183.000 viviendas públicas. En esta legislatura, tan solo se han entregado 47.000.

El Banco de España advirtió que existe un déficit de vivienda en España de 750.000 viviendas que crece a un ritmo de 250.000 más cada año. Y los expertos tanto cercanos a la patronal como a los inquilinos coinciden en que la construcción o la movilización de vivienda pública es la única que puede contener los precios del mercado y facilitar el acceso a la vivienda. Esa carencia está entre las causantes de la crisis actual que ha encendido las calles y dificulta también que las administraciones tengan pisos sociales que ofrecer a personas desahuciadas como Maricarmen. El modelo de apuesta total por la vivienda pública es el que triunfa en Viena, donde el 60% de la vivienda es pública y el precio se acaba contagiando en parte al mercado privado. Apenas hay desahucios.

El porcentaje medio de vivienda pública en los países de la OCDE es del 7,1% según un informe del Banco de España y alcanza el 16,4% en Reuno Unido y el 14% en Francia, casi diez veces más que el 1,5% de España. Otros países como Alemania, con el 2,6% o Portugal, con el 1,1%, están lejos de la media. La falta de construcción o de compra y el vencimiento de protecciones son enemigos de esta apuesta en España, donde las Comunidades del PP siguen apostando por pisos protegidos que dejan de serlo al cabo de unos años.

La competencia principal en Vivienda está transferida a las comunidades autónomas y también los ayuntamientos disponen de suelo, por lo que no se puede culpar solo al ejecutivo central. Pero tal y como señala Pablo Tucat, economista experto en vivienda de KSNET, “cabe hacerse la pregunta de por qué Casa 47 no surge antes, es un buen instrumento que aún tiene que desarrollar su potencial”.

La tardanza de Casa 47

La Ley de Vivienda de 2023 prevé un impulso al SEPES, empresa pública de suelo público, para ampliar el parque de vivienda pública estatal. Pero Casa 47 no nace hasta diciembre de 2025 y, aunque la absorción de los pisos de la Sareb y el avance del barrio Campamento le dan un potencial de hasta 110.000 viviendas públicas estatales, ahora mismo tan solo se ofertan 600.

De estas 110.000, 40.000 son viviendas de la Sareb, muchas de las cuales estarán ocupadas, 55.000 serán nuevas en suelo de Sareb (aún por construir) y 10.000 más de la Operación Campamento de Madrid que deberían entregarse allá por 2028. Las cifras coinciden con la estimación que dio la ministra de Vivienda en entrevista con elDiario.es: 100.000 viviendas en los próximos 10 años.

Paralelamente, las comunidades autónomas también se movilizan para detectar suelo público y construir vivienda pública, pero, como el Gobierno, han tardado. En el caso de comunidades como Madrid, además, han apostado por un modelo de vivienda asequible que acaba no siéndolo por los costes extra que empujan al inquilino a precios iguales a los de mercado.

La movilización de suelo y la construcción de obra pública “es una medida lenta”, apunta Tucat, pero advierte que hay “otras formas” de movilizar vivienda pública como “la compra de vivienda usada”. En Catalunya, el derecho a tanteo y retracto le ha servido al Govern para adquirir unas 9.000 viviendas usadas, una de cada cuatro de las que tiene la Agència Catalana d'Habitatge.

Esta fórmula apenas se ha utilizado en otras comunidades y a escala estatal, aunque Casa 47 prevé hacerlo, hasta la fecha la única oferta pública de compra es de 100 millones de euros, con la que con precios de mercado de zona tensionada (a una media de 250.000 euros por vivienda) tan solo se podrían comprar unos 400 pisos.

Más esfuerzo que sus antecesores

Aunque parezca paradójico, el Gobierno de Sánchez es el que más ha hecho desde la caída en picado de la construcción después del estallido de la burbuja por recuperar la vivienda pública, el problema es que lo ha hecho tarde, de manera insuficiente para la magnitud del problema y con unos frutos que aún no se recogen y que bien podría reivindicar un futuro ejecutivo.

Las 47.000 viviendas, a falta de un semestre para completar los cuatro años completos, son sensiblemente superiores a su legislatura anterior, cuando se entregaron 45.000 viviendas públicas, y están muy por encima de las 18.000 de la última legislatura de Mariano Rajoy.

Además, ha triplicado los presupuestos del Plan Estatal de Vivienda, que suma 7.000 millones de euros adicionales hasta 2030 para construir, rehabilitar vivienda y otras ayudas. Aun con estas sumas, el Gobierno sigue gastando tan solo un 0,9% del gasto público en vivienda, y eso que se han duplicado los esfuerzos desde la pandemia. Una parte de esos presupuestos, además, no se ejecutan.

“El contraste con la vivienda pública y libre que se construía antes de la burbuja es enorme y probablemente no sea una comparativa sana, pero sí que debería haber aumentado más”, advierte Tucat, alertando de las trampas del gráfico de evolución. Con el derrumbe de gran parte del sector bancario y de la construcción, el frenazo en seco posterior a la burbuja inmobiliaria ha hecho que España no acabe de recuperar la creación de viviendas, mientras sí que se han creado miles de hogares por la llegada de migrantes que han dinamizado la economía y han cubierto vacantes de empleo.

La dificultad de movilizar suelo finalista, la falta de mano de obra y la lentitud administrativa son apuntados por algunos expertos como claves del estancamiento en la construcción, tanto pública como privada. Esto es lo que lleva al sector a presionar por aprobar una reforma de la Ley del Suelo que agilice trámites, que Podemos finalmente bloqueó de cara al decreto de vivienda aprobado recientemente. El experto en vivienda Ignacio Ezquiaga, sin embargo, apunta en reiteradas ocasiones basándose en informes del Ministerio de Vivienda que muchas empresas y fondos disponen de suelo “dormido” que no activan no por la lentitud burocrática, sino para evitar que los precios bajen al inyectar oferta.

Construcción estancada y descalificación

Pero el bajo ritmo de construcción o compra de vivienda protegida se enfrenta a otro enemigo seguramente peor: las viviendas protegidas que vencen su protección y pasan al mercado. Del millón y medio de viviendas protegidas construidas desde 1991, tan solo 147.000 estaban protegidas para siempre, casi 400.000 ya han dejado de serlo y esa cifra se podría elevar a 700.000 de cara a 2030, según una investigación publicada por Civio.

Contra esto, el Gobierno ha llevado a cabo también una medida “crucial”, según Tucat. Después de que en 2023 el Supremo tumbara un artículo de la ley de vivienda que establecía que la protegida lo fuera para siempre, la ministra de Vivienda vinculó la construcción financiada con fondos del Plan Estatal a que la vivienda protegida lo fuera para siempre y lo ha incluido también en el nuevo decreto. Las Comunidades Autónomas del PP, mientras tanto, siguen haciendo vivienda protegida con plazo de vencimiento, de forma que la vivienda en suelo público acaba pasando a manos privadas pasados unos años.

La movilización política en torno a la vivienda sí que ha conseguido, aunque a trancas y barrancas, que en 2026 su construcción se dispare. Las 11.270 viviendas protegidas finalizadas en junio duplican registros del año pasado y encaminan la cifra hacia un récord desde 2012 de unas 20.000 viviendas, aun lejos de las entre 40.000 y 100.000 anuales que necesita para ir cubriendo su déficit. El punto álgido de la vivienda protegida finalizada llegó en 1997, con 85.000 de las 300.000 que se construyeron (casi un tercio del total), mientras que las 12.858 de 2025, 7 veces menos, representa el 13% de las 92.000 construidas.

Si miramos comunidad a comunidad, Catalunya, Madrid, Euskadi y Navarra, que son cuatro de las comunidades con los precios más elevados, son algunas de las que más han elevado su esfuerzo en vivienda protegida. Madrid finalizó 3.802 viviendas protegidas en 2025 sobre un total de 17.000 viviendas construidas, un 22%, y Catalunya hizo 3.517 sobre un total de 14.000, un 25%. Es Catalunya, además, la que ha pegado el mayor acelerón en 2026: lleva 5.600 viviendas protegidas hasta junio, la mitad del total estatal.

Si nos fijamos en la vivienda libre, que también es importante para oxigenar la oferta en las zonas de elevada demanda, también hay un estancamiento entre las 70.000 y las 80.000 anuales en los últimos años, que mejora las menos de 50.000 anuales de antes de 2019, pero que está lejos de los años locos del ladrillo en que se llegaron a construir 700.000 viviendas entre pública y privada en 2026. Ese extremo no es deseable, pero sí alcanzar un ritmo de entre 90.000 y 100.000 anuales, las que estima el Banco de España necesarias para cubrir con el déficit.

Luces y sombras más allá de la construcción

Más allá de la construcción de vivienda tanto libre como protegida, existen otros motivos que han hecho que en la denominada “legislatura de la vivienda” no mejore el acceso. No todos son culpa del Gobierno central. Las Comunidades Autónomas del PP no han querido acogerse a la zona tensionada que permite topar los precios de alquiler, por lo que el mercado ha disparado sus precios en las principales ciudades.

En cuanto a los desahucios, el escudo que se alargó tras la pandemia y que frenaba los que afectaban a personas vulnerables sin alternativa residencial fue tumbado por el Congreso, que ha sido el gran escollo para desencallar algunas políticas. El propio decreto de vivienda se venía arrastrando desde julio, pero también hacía meses que estaba bloqueada en el legislativo una regulación del alquiler de temporada y de habitaciones.

De todos modos, el Gobierno podría haber incluido en su ley de 2023 estas dos regulaciones, de dos modelos de alquiler que han servido para inversores para evitar la ley y hacer contratos cortos con subidas de precio de año en año. Tampoco estaba entonces en el debate la posibilidad de recuperar un modelo de contratos de alquiler cercano al indefinido, con las prórrogas automáticas que incluye el segundo decreto, que de todos modos no pasará el filtro de la Diputación Permanente.

Este decreto, por tanto, aprobado a última hora de la legislatura, llega tarde para una situación que no se alivió tras la aprobación de la Ley de 2023, si bien sí que los contratos de 5 a 7 años (aprobados en 2019) mejoraron la estabilidad de los inquilinos.

En las Comunidades donde sí que se han topado los precios, “existe una estabilidad mayor del inquilino que está dentro del mercado, pero al que está fuera le cuesta más encontrar piso por la falta de oferta y de rotación”, alerta Tucat. Otro problema que se ha dado en las zonas tensionadas es que el tope parte de unos precios ya muy elevados, los fija el promedio del mercado, por lo que el alivio acaba siendo relativo.

Sea por estos topes o por la subida de los salarios, y aunque no lo parezca por el clima del país, el porcentaje de inquilinos que pagan más del 30% de su sueldo ha caído en los últimos años: tocó techo en 2021 con el 38,5% y ahora es un 12% menos, un 26% del total. Y eso que los nuevos contratos subieron en 2024 un 8,8% los precios de los alquileres. Compartir piso e incluso habitación es a veces la forma que tienen los inquilinos de aliviar esta asfixia.

Sin embargo, la subida de los precios de compra ha llevado a que ya se necesiten dos años de sueldo íntegro para pagar la entrada de una vivienda, cifra que se duplica hasta los 4 en Madrid y Baleares.

Las prórrogas de los próximos dos años deben también reducir la rotación en los pisos de alquiler en toda España y eso puede complicar de nuevo el acceso a viviendas de alquiler de quienes se emancipan o llegan a una ciudad, en las zonas no topadas con el agravante de que los precios pueden subir libremente. El incentivo fiscal a caseros que pongan los pisos por debajo de mercado puede compensar un poco estas subidas. Y esta tensión entre oferta y demanda nos vuelve a llevar al inicio del artículo: generar vivienda pública mediante la construcción o la compra y movilizar vivienda vacía o turística en un país con un 30% de viviendas no principales. Esto último lo intenta con el decreto la posibilidad de aumentar el IBI a pisos turísticos o inhabitados.

La unidad de la izquierda no nacionalista más allá del PSOE es prácticamente condición sine qua non para que los partidos progresistas tengan alguna opción de evitar que el bloque de derecha y extrema derecha formado por PP y Vox alcance la Moncloa en las elecciones generales del 29 de noviembre. Si se producirá o no esa unidad es aún una incógnita que podría no resolverse hasta el próximo viernes a las 23.59 horas, cuando vence el plazo legal para registrar coaliciones. Pero el funcionamiento del sistema electoral no perdona: la división de unas izquierdas en horas bajas sería letal tanto para ellas como para el bloque progresista en su conjunto.

Los datos analizados por elDiario.es a partir de las últimas encuestas para las elecciones generales y tomando como referencia la fuerza que tuvo Sumar en cada provincia en los comicios de 2023 —en los que Podemos concurrió unido a IU, Movimiento Sumar, Más Madrid o los Comuns, así como a otros partidos de ámbito territorial— son muy claros. Por separado, el Frente Amplio —la nueva marca de los partidos de Sumar— obtendría ocho diputados y Podemos, tan solo dos. Pero compartiendo una única candidatura, ambas formaciones podrían dispararse hasta los 20 escaños, el doble. Aunque, en cualquier caso, no es suficiente para arrebatarle la mayoría absoluta a PP y Vox, según estas estimaciones.

El cálculo tiene los inconvenientes inevitables: la estimación asume que todos los electores que votarían a las dos listas por separado también apoyarían una unitaria, y también que el espacio no independentista a la izquierda del PSOE mantendría el mismo nivel de fuerza en cada provincia que ya tuvo en los últimos comicios. Para dividir el voto de Sumar de 2023 entre el Frente Amplio y Podemos, se toma como referencia cómo se repartieron en cada provincia en las elecciones europeas de 2024. Y, en el escenario conjunto, la candidatura de Frente Amplio y Podemos parte del resultado de Sumar en 2023 y suma exactamente los votos que las encuestas dan a ambos partidos. Se trata de una proyección central, sin el margen de error de las encuestas, y no tiene en cuenta posibles cambios de participación ni los votos que una coalición podría ganar o perder respecto a la suma de sus partidos.

En cualquier caso, y asumiendo que se trata de probabilidades, el cálculo es claro: a la izquierda le conviene mucho más ir unida que partida en dos a las elecciones porque el sistema electoral penaliza la división en casi todas las provincias de España, más cuanto menos poblada esté la circunscripción. Esas provincias pequeñas están sobrerrepresentadas en el Congreso en relación a su población, pero como aún así eligen pocos escaños —en términos absolutos—, la ley tiende a concentrar el reparto de diputados entre las fuerzas con mayor porcentaje de voto y, para optar a un acta, el porcentaje requerido suele ser muy elevado.

Legalmente, la barrera electoral para entrar al reparto de diputados en una provincia es del 3%: las formaciones que obtienen menos de ese porcentaje de votos no se tienen en cuenta a la hora de hacer los cálculos mediante el sistema D'Hondt. Pero, en la práctica, la mayoría de las circunscripciones requieren porcentajes mucho más altos de voto para obtener escaños. En 2023, por ejemplo, Sumar logró un diputado por los pelos en Murcia con un 9,6% de los votos, puesto que la barrera de entrada de situó en el 8,9%: con ocho décimas menos, ese escaño hubiera ido a parar a otra fuerza con diputados y todo el voto a la izquierda alternativa se hubiera quedado sin representación.

Concurriendo cada una por su cuenta, el Frente Amplio y Podemos tendrían imposible —siempre según los datos de la media de las encuestas publicadas hasta el momento— alcanzar las barreras efectivas de voto para conseguir escaño en la inmensa mayoría de las circunscripciones. Podemos tan solo lograría entrar al Congreso por Madrid y Barcelona, con un escaño en cada una. El Frente Amplio, por su parte, lograría tres en Madrid, dos en Barcelona, uno en València (tomando en cuenta que Compromís acabe formando parte de la alianza), otro en Alicante y uno mas en Sevilla.

Por el contrario, unidos en una sola lista, las perspectivas se aclaran algo para la izquierda alternativa. En una candidatura conjunta, el Frente Amplio junto a Podemos lograrían tener representación en nada menos que siete provincias que, en caso de listas separadas, les estarían vedadas: Balears, Cádiz, A Coruña, Málaga, Asturias, Pontevedra y Bizkaia. Además de lograr un diputado en cada una de ellas, el Frente Amplio ganaría un diputado extra en Madrid (se situaría en cinco), Barcelona (quedaría con cuatro) y València (pasaría de uno a dos).

Y no solo a la izquierda alternativa le conviene el escenario de la candidatura unitaria: a todo el bloque progresista, en conjunto, le beneficiaría. De los diez diputados que ganaría una alianza del Frente Amplio con Podemos en compración con las listas separadas, cinco se los quitaría al PP, uno a Vox y otro al PNV. Tan solo tres los perdería el PSOE a manos del espacio que está a su izquierda.

Aliarse en una lista conjunta también ayudaría a la izquierda alternativa a solucionar algunos de los problemas que está teniendo en el reparto de las listas electorales. Los cuatro principales actores del Frente Amplio —a la espera de Podemos, que por ahora contempla expectante esa negociación— llevan días intentando ponerse de acuerdo en relación al reparto de posiciones de salida. Pero el escaso botín de escaños que le pronostican las encuestas si concurre por separado está dificultando enormemente llegar a un pacto, especialmente en lo relativo a las candidaturas de Madrid y Barcelona, como ya publicó elDiario.es.

Por el contrario, con una candidatura unitaria del Frente Amplio junto a Podemos, los puestos de salida se multiplican. Y, aunque habría que dar cabida a una formación más en las listas —la morada—, se abrirían nuevas opciones para encajar el puzle. La posibilidad de lograr escaños en A Coruña, Pontevedra, Bizkaia o Asturias permitiría aligerar la sobrecarga de las candidaturas de Madrid y Barcelona y situar en puestos de salida de esas circunscripciones —en las que el Frente Amplio no cuenta con partidos territoriales que quieran controlar las listas— a partidos de ámbito estatal como IU, Podemos o Movimiento Sumar. Lo mismo ocurriría con la posibilidad de lograr acta en Málaga o Cádiz, donde IU es indudablemente el partido más fuerte del Frente Amplio.

El decreto que el Congreso votará este viernes y que Junts tiene previsto tumbar, incluía medidas para empezar a poner coto al auge de los alquileres de temporada. Según los últimos datos recopilados por elDiario.es, el 40% de la oferta anunciada en la principal plataforma (Idealista) se alquila solo por meses. La medida, que pretende limitar este tipo de arrendamiento, llega después de dos años de ascenso imparable de la vivienda de temporada en las ciudades españolas.

Si buscas alquilar en Idealista en alguna de las 52 capitales de provincia es casi imposible no encontrarse con este tipo de expresiones en los anuncios: “Alquiler de temporada con estancia mínima”, “perfecto para profesores visitantes o estudiantes”, “estancias de 11 meses renovables”, “disponible de septiembre a junio”, “solo curso escolar”.

A mediados de septiembre de 2026 se podían encontrar en Idealista casi 34.000 anuncios de pisos en alquiler entre todas las ciudades capitales de provincia, tal y como se desprende del análisis de los datos recopilados por elDiario.es. De ellos, 14.361 eran ofertas donde, o bien se mencionaba explícitamente que se trataba de un alquiler de temporada, o se usaban otras fórmulas para indicar que no se firmaría un contrato de residencia habitual acorde con la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).

La ley hasta ahora no definía expresamente qué era vivienda de temporada. Pero el nuevo decreto buscaba resolver este agujero en la normativa: el texto señala que para firmar un contrato de esta modalidad debe de existir “una causa real y acreditable” que justifique esa temporalidad. En pleno boom de esta modalidad de alquiler, el decreto añade que la duración de estos contratos debe superar los 31 días, pero no exceder los doce meses, como norma general. Algo que hasta ahora no se definía. Según el texto, en caso de que, sin justificación, o bien se superen esos doce meses o bien se hagan varias renovaciones del contrato, convierten ese contrato temporal en contrato de alquiler residencial.

Este alquiler, creado inicialmente para cubrir la necesidad de personas que estudian o trabajan temporalmente fuera de su residencia habitual, se ha convertido en los últimos años en una alternativa cada vez más extendida. Desde septiembre de 2024, el número de anuncios que se ofertan por meses fuera del paraguas de la ley de alquiler ha subido del 31% al 42%.

Durante los dos últimos años, elDiario.es ha recopilado, mes a mes, todos los anuncios de alquileres en las capitales de provincia para comprobar cómo ha ido cambiando el perfil de la oferta en la principal plataforma en España que se puede apreciar en el siguiente gráfico.

Hasta ahora, alquilar la vivenda con un contrato temporal había permitido a los caseros escapar a las reglas de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) como la duración mínima de los contratos, condiciones específicas para los grandes tenedores en las zonas tensionadas y, sobre todo, la limitación de las subidas de precio mediante un índice de referencia (el IRAV).

El texto que incluye el decreto limitaría este margen. Además de establecer una duración y unas causas concretas para los alquileres de temporada, el decreto limitaba también las subidas de renta cuando se suceden contratos temporales sobre una misma vivienda. Sin embargo, esta normativa -que Junts ya ha anunciado que va a tumbar- solo se aplicaría a los nuevos contratos de esta modalidad que se firmen a partir del 1 de octubre de 2026.

A falta de nueva legislación, los expertos señalan las limitaciones de la norma actual. “Lo que vemos es que lo que buscan los caseros cada vez más es no solo ir a estos mercados obteniendo por lo general una rentabilidad mayor, sino también tener más flexibilidad sobre las viviendas. No tener que cumplir con las legislaciones que dan derechos a los inquilinos y ponen más obligaciones a los caseros”, explica el investigador del CSIC, Javier Gil.

“Es un buen ejemplo de cómo se aplica una norma con una finalidad contraria a la que le es propia”, apunta la profesora de derecho civil en la Universidad Complutense de Madrid, Cristina Areglich. “Yo no quiero que se me aplique la regulación del arrendamiento de vivienda habitual, así que celebro este contrato de alquiler por once meses. Evidentemente, ese es un contrato en fraude de ley”, explica.

Si colocamos las 52 capitales de provincia en un mapa según el peso que tiene el alquiler de temporada en la ciudad, destacan Donostia y Bilbao, con más de un 85% de anuncios para alquileres a corto plazo. En Pamplona, Barcelona y A Coruña también superan el 70% de la oferta.

¿Qué tienen en común? Todas han declarado zonas de mercado residencial tensionado, que tiene limitaciones más estrictas que la ley general. “Se ve muy claro: donde más ha subido es en Catalunya, Euskadi o Galicia”, apunta Argelich. La comparación entre las dos grandes ciudades lo resume: “Si haces la comparativa Barcelona-Madrid, la oferta se reduce menos en Madrid precisamente porque no aplica el control de rentas”.

Dado que uno de los principales incentivos para intentar esquivar la ley de vivienda es económico, los alquileres de temporada son, por norma general, bastante más caros. Esto se aprecia al comparar el precio mediano por metro cuadrado. Si un piso en alquiler habitual en Madrid es de 23,4 euros, la cifra se eleva a 31,6 bajo un contrato temporal; es decir, un 34% más. Lo mismo ocurre en Barcelona (+14%) o Donostia (+17%), ciudades donde están los precios más elevados del mercado.

Hay zonas con una diferencia todavía mayor: en Toledo supera el 50% y en Zaragoza y Valladolid la diferencia es más de un tercio.

Pablo Tucat, Director de Estrategia en KSNET y economista especializado en políticas públicas, advierte de que es una comparación que hay que matizar. “No estamos comparando exactamente el mismo producto. Por ejemplo, las características del piso tienden a ser distintas y la ubicación no es la misma. los alquileres de temporada se concentran en las zonas más caras de la ciudad, y eso infla su precio por metro cuadrado frente al de larga estancia”, apunta.

Aunque el número de anuncios apenas ha subido en los últimos años, los alquileres de corto plazo sí lo han hecho. En septiembre de 2024 había 22.000 anuncios de larga estancia en Idealista, el mismo mes de este año había 2.000 anuncios menos. Mientras, los anuncios de alquileres de temporada se han disparado de los 10.000 a los 14.000.

También hay que tener en cuenta que los cálculos de elDiario.es son una foto fija de un momento concreto en cada mes. O que los anuncios de larga estancia se republican con mayor frecuencia que los de temporada -por tanto, están más tiempo visibles- y que son cálculos conservadores. Por ejemplo, no consideramos temporales los que se ofrecen “para estudiantes” a no ser que especifique que la duración es menor de 12 meses. Tampoco los pisos que se ofrecen tanto para larga estancia o temporada y fórmulas ambiguas como: “¡PISO PARA LARGA TEMPORADA! ¡ESTANCIAS DE 11 MESES RENOVABLES!”.

Aun así, los datos sí permiten ver que no es que haya más oferta, sino que caen los de larga duración y se sustituyen por los de temporada. Al mismo tiempo, cada vez son más las viviendas que aparecen en Idealista ligadas a compañías profesionales que se dedican a gestionar precisamente viviendas de temporada.

Son plataformas online como Spacest, Spotahome o Homespace que publican anuncios de este estilo: “DISPONIBLE EN: Octubre. Reserve en línea haciendo clic bajo el mapa. No se aceptan alquileres inferiores a 2 meses”. Describen su nicho de mercado como “alquileres de media-larga estancia” y están más enfocadas en estudiantes o profesionales desplazados que en turistas.

La posibilidad de utilizar un contrato de corto plazo para sortear la ley de vivienda ya es incluso parte de una estrategia en redes sociales: “¿Cómo vas a evitar el índice de alquiler? Te doy tres formas para saltártelo [...] la primera y la más obvia: haces un alquiler temporal de 11 meses”, comparte un usuario de Tiktok.

Se presentan como expertos en el sector inmobiliario y recomiendan a los caseros pasarse al alquiler temporal. “Así puedes saltarte la ley de vivienda de forma legal, como inversores inmobiliarios”, anuncia otra cuenta.

¿Si se trata de un fraude de ley, por qué siguen siendo habituales este tipo de alquileres y cómo pueden incluso anunciarse en redes sociales? Porque corregirlo depende del inquilino y no es barato. “Para calificar ese contrato como correspondería lo que procede es demandar, y es caro”, apunta la jurista. No hay, por tanto, una capacidad real de oposición: “El que necesita una vivienda y se tiene que mudar firma un contrato por temporada aunque sea un fraude de ley, porque en algún lugar tiene que vivir”.

Son también muchos los anunciantes que dirigen sus ofertas a colectivos que abandonan la ciudad durante los meses de verano. Así, predominan las ofertas para el “curso escolar”, “estudiantes universitarios” o “profesionales desplazados”, lo que permite cobrar unas mensualidades más elevadas durante el verano en ciudades turísticas.

Es una realidad que se deja ver en los datos. En el siguiente gráfico puedes ver la evolución del porcentaje de alquiler de temporada en cada ciudad y cómo condicionan los meses de verano en regiones costeras y turísticas. Por ejemplo, en Santander, Almería o Cádiz el alquiler temporal es hasta 20 puntos más alto en comparación con la temporada de invierno en la misma ciudad.

En el lado contrario a estos destinos tenemos las ciudades con zonas tensionadas como Donostia, A Coruña y Oviedo con un avance casi lineal entre septiembre de 2024 y septiembre de 2026.

Si solo tenemos en cuenta el cambio total de cada ciudad en el último año, las cuatro ciudades que más aumentan tienen activadas las zonas tensionadas: A Coruña, Vitoria, Bilbao y Pamplona. “La literatura científica que estudia el control de rentas detecta unos efectos comunes que son la reducción de la oferta, el incremento de los precios en aquellas zonas que no son tensionadas y la fuga del mercado de alquiler de vivienda habitual al alquiler de temporada”, apunta Cristina Argelich.

Sin embargo, aunque Madrid tiene menos porcentaje de alquileres temporales ha crecido mucho más que Barcelona en el último año, que ha servido como laboratorio de regulación de la vivienda. De hecho, Barcelona es una de las 5 capitales en las que este septiembre ha reducido el porcentaje de alquileres temporales respecto al año anterior junto con Soria, Santa Cruz de Tenerife, Lleida y Tarragona.

“Es algo que puede parecer hasta contraintuitivo ¿no?”, señala el economista Pablo Tucat, “en el caso de Barcelona viene directamente de intentar atacar ese segmento. En el caso catalán lo hicieron creo que de una manera creativa: en lugar de prohibir o monitorear (que también se hace), lo que hacen es aplicar también el precio de referencia. Ahí lo que ocurre es que quitas el incentivo económico que tenía pasar al alquiler de temporada”.

Incluso dentro de la misma ciudad, la situación es igual para todos las zonas. En Barcelona el alquiler de temporada abarca casi toda la ciudad aunque los barrios con más oferta (las burbujas más grandes) son también donde más temporalidad encontramos, con zonas como el barrio Gòtic en las que las viviendas para corto plazo superan el 80% de la oferta.

Madrid y Valencia tienen una distribución un poco más variada. El centro, y la costa en el caso de Valencia, concentran la mayor parte de la temporalidad mientras que los distritos periféricos y residenciales como el Ensanche de Vallecas (Madrid) o Sant Pau (Valencia) tienen menos oferta tanto general como de temporada.

Cómo está la regulación

Antes del estallido social que ha tenido lugar este mes de septiembre, el Gobierno calculó que cerca de un millón de personas viven ya en un piso de alquiler de temporada y más de un tercio lo hacen por no poder acceder a otro de larga estancia. Son cifras que ya habían colocado la regulación de este tipo de alquiler en el centro del debate y que se han materializado con el “decreto Maricarmen”.

Los decretos llegan después de las protestas en la Puerta del Sol y también del rechazo a principios de septriembre del texto promovía el sindicato de inquilinas para modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Los votos en contra de PP, Vox, Junts y UPN tumbaron la propuesta. Son las mismas formaciones que previsiblemente tumbarán el decreto este viernes.

La nueva regulación tenía como objetivo que tras la etiqueta de “temporada” se encubran contratos que, en la práctica, responden a una residencia habitual. Es el mismo tipo de regulación que ya se aplica en Catalunya. Allí, la nueva norma hizo que durante el primer trimestre del año cayeran los contratos de alquiler temporal firmados un 32% en comparación al año anterior, caída que también se refleja en el total de anuncios de temporada de Idealista en Barcelona.

¿Y medidas así funcionan? Las opiniones de los expertos varían. El investigador Javier Gil considera que son determinantes: “significa que no se pueda utilizar de manera fraudulenta el alquiler de temporada, también se van a controlar los precios de los alquileres, pero sobre todo se tiene que inspeccionar y sancionar a quien los utilice de esa manera”, sentencia.

En el otro extremo está Argelich. La profesora de la Complutense cree que la evidencia es suficiente prueba para demostrar que a golpe de sanción no se arregla nada. “Expropiar, multar o sancionar son palabras que en materia de vivienda no funcionan y que acaban volviéndose en contra de la propia norma. Mientras no haya incentivos positivos, la oferta de alquileres no va a aumentar”.

Frente a las sanciones tanto ella como Tucat abren la puerta a otro tipo de políticas: la gestión de los alquileres vacíos por parte de la administración, los incentivos fiscales o la reserva de suelo para la construcción de más vivienda social. Si bien, no se puede prever el impacto real de cualquiera de estas alternativas hasta que no haya información real de la situación de cada comunidad de España.

Y ahí, avisa Tucat, sigue faltando lo básico: datos. El registro único de alquileres que se anuló era “una fuente de información bastante importante”, y sin referencias reales que digan qué ocurre en cada comunidad se legisla a ciegas. “Algo esencial para poder mejorar las políticas es tener datos e información”, zanja. Sin ellos, difícil saber si el próximo zanjará el problema o acabará generando otro.

“Me echan de mi casa porque parece que el casero necesita la vivienda para él después de habernos insinuado hace unos meses que quería subirnos 400 euros el precio del alquiler”, cuenta Elena, de 34 años. Para pagar ese piso, que ahora tiene que abandonar, destina un 40% de sus ingresos, sin incluir otros gastos como luz o gas. Elena es la personificación de la España ahogada por el alquiler: inquilinos que destinan más de un tercio de lo que ingresan para pagar la vivienda.

Como ella, a día de hoy, uno de cada cuatro inquilinos (26%) tienen que hacer un sobreesfuerzo económico para poder llegar a fin de mes. Los jóvenes menores de 30 años, los que viven solos, las familias donde solo trabaja una persona o donde los dos están en paro, hogares monoparentales y la población migrante son los grupos más expuestos a vivir ahogados por el alquiler en España. Así consta en el análisis realizado por elDiario.es sobre los microdatos de la Encuesta de Condiciones de Vida (INE) que permite conocer quiénes son los más vulnerables a este esfuerzo económico excesivo. 

El umbral del 30% es el límite de endeudamiento recomendado por los organismos internacionales para poder hacer frente al resto de gastos cotidianos. Superarlo expone a las familias al sobreendeudamiento y a desatender el resto de necesidades básicas. En España ya hay 2,7 millones de inquilinos (repartidos en 1,6 millones de hogares) que superan este límite para pagar el alquiler. El siguiente gráfico muestra la evolución de las personas inquilinas y cuántas superan el esfuerzo recomendado.

La subida sin tregua de los precios del alquiler (48% en la última década, según la ECV) ha disparado el coste de la vivienda para las familias en España y ha duplicado esta gran transferencia de dinero desde 2015. A pesar de ese ascenso, el porcentaje de personas que viven ahogadas por los precios del alquiler ha disminuido en los últimos diez años (36,4% al 26,2%)

Esta paradoja se explica principalmente por el mayor aumento de ingresos entre la población de rentas más bajas vinculada a la subida del Salario Mínimo Interprofesional, la reducción del desempleo (del 21% al 10% actual), la reforma laboral (por la caída de la temporalidad) o la implantación del Ingreso Mínimo Vital.

Pero la caída del porcentaje de hogares ahogados también se explica por los ahogados invisibles: inquilinos que han vuelto a casa de sus padres ante el aumento de precios o los jóvenes que no consiguen independizarse, un número que se ha disparado desde 2015. “Si me voy a vivir a una habitación, pagaría mínimo 500 euros y no puedo comer. No tengo mucha opción”, detalla Joel, quien cobra 800 euros y vive con sus padres.

En 2025 hay medio millón de jóvenes (25-34 años) más que viven con sus padres que los que había hace una década. “El elevado esfuerzo en términos de renta que supone el alquiler de una vivienda es un factor que limita la capacidad de emancipación de los jóvenes, especialmente en las grandes ciudades”, confirma el Banco de España. El siguiente gráfico muestra cómo ha cambiado la situación de convivencia y tenencia de vivienda en cada grupo de edad en la última década.

“Hace un año cobraba 1.000 y se me iba literalmente la mitad de mi sueldo en el alquiler”, detalla Mauro, de 22 años. Aunque ha mejorado sus condiciones salariales sigue destinando más de un 35% de sus ingresos al arrendamiento de un piso en Vallecas que comparte con otras personas y que ni siquiera tiene salón, porque lo han convertido en otra habitación. 

Al grupo de jóvenes se suman especialmente aquellos que hacen frente a los gastos en solitario. Como ejemplo, una madre soltera con el salario mínimo interprofesional de 1.141 euros, que destina el 30% al alquiler, le deja unos 800 euros para hacer frente al resto de gastos básicos: la compra, facturas, transporte o ropa. Sin embargo, hay hogares en peor situación que destinan hasta un 40% o 50%. Es decir, la mitad del sueldo se va únicamente a pagar el alquiler. 

Si el umbral recomendado para poder llegar sin dificultades a fin de mes tanto de la OCDE como de la Comisión Europea, y que la Ley Estatal de Vivienda reconoce, es no destinar más del 30% del salario a la vivienda para llegar sin dificultades a fin de mes, al menos un 7% de los inquilinos en España no solo lo superan; dedican más del 60% de sus ingresos.

Casos con el perfil de Maricarmen, desahuciada el pasado 26 de septiembre, no son comunes. Los mayores de 65 años que viven solos de alquiler suponen apenas el 2% de los inquilinos. Sin embargo, a ellos les afecta especialmente la escalada de los precios. La mitad de estas personas mayores deben destinar más de un tercio de sus ingresos o pensión a pagar el arrendamiento.

Además de Maricarmen, entre los más ahogados están los hogares donde vive una sola persona y los monoparentales. Es decir, el mercado de la vivienda castiga especialmente a las personas que no conviven en pareja o con más compañeros de piso.

Maricarmen pagaba 500 euros en concepto de renta antigua antes de ser desahuciada. Un contrato de 1956 que se había subrogado por segunda vez en 2005 y que le permitía destinar algo menos de un 30% de su pensión a la vivienda. Con la subida propuesta originalmente por Urbagestión, el fondo que adquirió su piso, la cantidad que debía pagar era más que sus ingresos. Finalmente, el acuerdo logrado con la empresa tras el estallido social establece que el precio del alquiler nunca podrá superar el 30% de los ingresos netos de Maricarmen y tendrá una duración aproximada de ocho años.

Los ahogados por el alquiler se concentran en núcleos urbanos y turísticos

La subida del precio en los alquileres de larga duración, explicado por la falta de oferta residencial y por el salto de las viviendas a uso turístico y al alquiler de temporada (una práctica cada vez más extendida para evitar el tope de los precios) hace que los esfuerzos para acceder a una vivienda se intensifiquen en las grandes ciudades, zonas de la costa mediterránea y los archipiélagos. Es decir, zonas que o bien crecen en población y cuentan con una gran actividad económica o bien cuentan con un gran atractivo turístico.

Así, comunidades con más de un millón de personas viviendo de alquiler, como Madrid, Andalucía o la Comunitat Valenciana superan la media nacional y casi 3 de cada 10 inquilinos viven haciendo un sobreesfuerzo económico mes a mes. Aunque el problema se intensifica en las ciudades. Tal y como recogió el Banco de España, el esfuerzo medio en Madrid, Barcelona, Sevilla o Málaga ya supera el 40%.

Esta asfixia golpea especialmente a los hogares más pobres, donde son frecuentes las familias con varios miembros en paro o en empleos de baja cualificación.

El siguiente gráfico muestra la distribución de los hogares españoles si los dividimos en diez grupos iguales según su renta disponible. Los más empobrecidos son los más asfixiados por pagar el arrendamiento de la vivienda.  

La mitad de la población ahogada por el alquiler pertenece a los dos primeros estratos. Es decir, al 20% con menos renta (medida por unidad de consumo). Son, precisamente, los que más viven de alquiler ante la imposibilidad de ahorrar para comprarse una vivienda.

El vínculo entre renta y origen es claro. La población migrante, tal y como documentó elDiario.es, se concentra en los barrios más pobres de las ciudades españolas. Un factor que les convierte en el gran bloque de gente asfixiada por el pago del alquiler. 

De los 2,7 millones de personas expuestas al esfuerzo superior al 30%, la mitad de ellas son migrantes nacidos fuera de la Unión Europea. Principalmente, de Latinoamérica. La subida del precio del alquiler y los duros requisitos del mercado inmobiliario empujan a la población migrante a vivir en la periferia y en zonas empobrecidas. Son familias que empiezan de cero en España, sin papeles, con apenas recursos, inestabilidad laboral y salarios bajos que les ubican en los deciles de renta más inferiores, viéndose obligadas a destinar más del 30% de su salario a la vivienda.

Pese a que España ha sido tradicionalmente un país de propietarios, la población inquilina ha aumentado en 3 millones de personas en los últimos años. Ahora este grupo, que ya representa el 21% de la población, es donde la pobreza golpea con más fuerza. Uno de cada cinco inquilinos vive con carencia material severa. Son al menos 1,6 millones de hogares que viven de alquiler y que no pueden permitirse gastos básicos como comer carne o pescado cada dos días, mantener la vivienda a una temperatura adecuada o tener una lavadora. 

La crisis de acceso a la vivienda no solo se extiende a la carencia material, sino que también tiene efectos directos sobre la salud mental de la población. Tal y como destacó el Ministerio de Sanidad, allí donde hay más desempleo, menos acceso a la vivienda o menos vínculos comunitarios, se disparan las tasas de ansiedad, depresión o consumo de psicofármacos. “Imagínate tener un contrato y el año que viene no saber dónde vas a estar o si vas a tener que cambiar de trabajo porque no puedes pagarlo”, lamenta el joven Joel.

El mapa que te dice dónde podrías vivir, calle a calle

¿En qué ciudades y barrios de España el precio del alquiler está por debajo del 30% de tus ingresos actuales? En el mapa que aparece a continuación puedes ver cuáles son estas zonas y dónde están. Al seleccionar los ingresos netos de tu hogar el mapa va a pintar qué porcentaje de tus rentas tendrías que gastar para permitirte el alquiler mediano de cada sección censal, de más asequible a más caro.

Los datos provienen de la última actualización Sistema Estatal de Referencia del Precio del Alquiler de Vivienda, que incluye los alquileres por vivienda habitual declarados en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) cruzado con la información disponible de cada inmueble en la base de datos del Catastro.

El Gobierno da forma a los últimos flecos de un Real Decreto-Ley que le permita coger aire tras el desahucio de Maricarmen, la anciana de 87 años expulsada de su hogar por la compañía Urbagestión y que se ha convertido en el símbolo de la crudeza de la crisis de la vivienda. El Ejecutivo trata de atar a todos sus socios parlamentarios y, en concreto, prevé incluir en ese texto bonificaciones fiscales para propietarios y, también, inquilinos. Lo primero es una exigencia de Junts, cuyo concurso es necesario para que salga adelante la ley. Y lo segundo sería un notable cambio de rumbo tras más de una década sin ayudas fiscales estatales a este colectivo.

El paquete fiscal, que el Ministerio de Vivienda negocia contra reloj, prevé bonificaciones para “rebajar el esfuerzo económico de manera inmediata” de los inquilinos. Y también ventajas fiscales “para quienes bajen el precio del alquiler”, con el objetivo de incentivar los recortes en los precios. En concreto, ampliando la deducción sobre esos ingresos hasta el 100%, de acuerdo con el borrador al que ha tenido acceso elDiario.es, en determinados supuestos.

Entre el decálogo de medidas, indican fuentes del Gobierno, se incluye a los pisos turísticos en el perímetro del IVA, la bajada de este impuesto para la construcción de vivienda protegida con calificación permanente y ayudas a la compra de una primera vivienda para “las personas que quieren adquirir un piso, pero no tienen ahorros”.

A falta de conocer la letra pequeña definitiva, los “regalos fiscales” a los propietarios, como se ha definido a estas medidas desde la izquierda del PSOE, han levantado una importante polvareda. Porque, si alguien se ha beneficiado durante más de una década de estos beneficios tributarios, son precisamente los tenedores –grandes o pequeños– de vivienda.

“En la práctica, el inquilino no dispone hoy de ningún beneficio fiscal estatal”, explica Xavier Rubert, socio del despacho especialista en fiscal Lullius, ya que “la deducción por alquiler de vivienda habitual se suprimió en 2015 y solo sobrevive, en régimen transitorio, para contratos firmados antes de esa fecha”. Sí existen algunos beneficios a nivel autonómico, que cada gobierno regional regula por su cuenta.

Una deducción del 10% sobre el pago del alquiler

Según datos recopilados por el sindicato de técnicos de Hacienda Gestha, procedentes de la última estadística del IRPF, solo 121.573 inquilinos se benefician en la actualidad del régimen transitorio de esa deducción estatal, con un coste medio de 212 euros y una factura para el Estado de 25,7 millones. “Teniendo en cuenta que el INE estima que un 20,4% de los hogares viven de alquiler, parece que el Gobierno de España podría realizar un esfuerzo mayor para facilitar el acceso”, indica su secretario general, José María Mollinedo.

El borrador del Real Decreto-Ley que valora el Gobierno plantea una deducción para aquellos jóvenes que residan en zonas tensionadas con ingresos anuales inferiores a 33.007,20 euros. En concreto, podrán deducirse hasta el 10% de lo que han pagado por el alquiler de su vivienda habitual, hasta un tope máximo de 11.630 euros anuales, en el caso de que los ingresos se sitúen por debajo de 23.007,20 euros al año.

Frente a la poca generosidad con las personas que viven de alquiler, la política española de los diez últimos años ha colmado de beneficios fiscales a propietarios. “Tienen incentivos importantes”, apunta Rubén Gimeno, director del servicio de estudios del Registro de Asesores Economistas Fiscales (REAF) del Consejo General de Economistas. “Con carácter general, los nuevos contratos firmados a partir del 26 de mayo de 2023 [un día después de publicarse y entrar en vigor la Ley de Vivienda] tienen reducciones del 50%, pero puede subir al 60, al 70 o incluso al 90% si cumplen determinadas condiciones. Por ejemplo, si la vivienda está en una zona tensionada y el propietario firma un nuevo contrato que reduce la renta en más del 5%”, señala. Pero Rubert matiza que estos últimos tramos “son, sin embargo, de alcance muy reducido, porque dependen de que la comunidad autónoma declare zonas tensionadas y varias gobernadas por el PP han optado por no hacerlo”.

Mollinedo, de Gestha, compara esos poco más de 120.000 inquilinos que gozan de una deducción estatal con los 2,2 millones de propietarios que disfrutan del beneficio fiscal por alquilar, con un alivio medio de 3.006 euros y una reducción total de 6.725 millones de euros. “Esta gran diferencia da una clara idea de la apuesta de los gobiernos de España en la última década por favorecer fiscalmente a los propietarios que pongan sus inmuebles en alquiler”, dice el técnico de Hacienda. “Visto el resultado en el alza de los precios del alquiler, no parece que la medida tributaria generalizada haya sido eficaz para contener los precios”, concluye.

De cada 100 euros, los caseros tributan 24 por los alquileres

De los datos de la Estadística de viviendas declaradas en el IRPF correspondientes a 2024, los últimos publicados, los propietarios españoles declararon a la Agencia Tributaria ingresos procedentes del alquiler de vivienda habitual por valor de 21.000 millones. Una vez aplicadas las deducciones de gastos (9.300 millones, por amortizaciones, intereses de la hipoteca, seguros, o gastos de comunidad) y ese ‘regalo’ por alquilar una vivienda habitual (6.631 millones), el montante sobre el que pagan –se incluye en su base imponible–se queda en poco más de 5.050 millones de euros. De cada 100 euros que ingresan, apenas tributan por 24 euros.

Ese tratamiento más favorable de las rentas procedentes del alquiler para los caseros también se traduce en que el tipo efectivo que soporta un propietario es, potencialmente, mejor que el de un asalariado. Un trabajador con un sueldo bruto de 30.000 euros paga 4.926 euros de IRPF. Un casero que percibe 20.000 euros procedentes de su trabajo al año y percibe 10.000 euros de alquiler tributa prácticamente la mitad: 2.700 euros.

Como se puede ver en el gráfico siguiente, que es interactivo, si un trabajador ingresara 100.000 euros brutos, eso supondría contribuir con 32.119 euros al fisco. Si esa misma cuantía procediera íntegramente del alquiler, apenas abonaría 5.434 euros.

Los datos muestran el caso de un contribuyente que presenta la declaración individual, sin hijos ni otras personas a cargo, menor de 65 años y sin discapacidad. Se usa la escala general del impuesto. Para los gastos deducibles de los caseros, se usa la media que declararon en 2024, el 44,5 % de lo que cobraron. La reducción aplicada es la general, del 50%, aunque puede ser mayor si se cumplen una serie de condiciones.

Esa brecha en el tipo efectivo se ve claramente en este otro gráfico: partiendo de un sueldo bruto de 25.000 euros, si un trabajador aumentara sus ingresos hasta los 100.000 euros brutos, su tipo efectivo sobre el IRPF –que, recordemos, es progresivo– se situaría en el 32,1%. Si los 75.000 euros restantes procedieran de rentas del alquiler, el tipo progresivo decaería hasta colocarse en el 10,3%. Es decir, pagaría proporcionalmente menos que el asalariado del punto de partida (14,3%).

Gimeno apunta que, en comparación, “sí existe cierta descompensación” entre caseros y aquellos que viven de alquiler. “Creo que tendría sentido reforzar algún incentivo para el arrendatario, especialmente para rentas medias y bajas, pero siempre cuidando que no termine trasladándose al precio del alquiler”, advierte el experto del REAF.

Precisamente este es uno de los aspectos que destaca el investigador de Funcas Ignacio Ezquiaga, especializado en el sector inmobiliario. “Las ayudas directas o fiscales por alquilar pisos antes vacíos son positivas siempre que estén condicionadas a que la renta resulte asequible al hogar inquilino. De lo contrario no hacen sino avivar el fuego del ascenso de precios”, defiende. 

Tampoco lo comparte Pablo Feu, abogado especializado en vivienda y uno de los impulsores de la prohibición de compra especulativa de casas: “Para que salga a cuenta, la rebaja fiscal tiene que vencer el beneficio del mercado. Lo que tiene que vencer es que salga más a cuenta que el incremento exponencial de los precios de mercado mes a mes o año a año, y eso en España es imposible”. “Es un error de libro”, dice.