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Cómo frenar las mentiras

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Canarias está ubicada en su posición original

Metodología

MetodologíaEste mapa ha sido elaborado a partir de la información obtenida de las subdelegaciones del Gobierno de cada provincia, referente a las secciones censales del año 2018, por lo que pueden haber sufrido ligeras variaciones en 2019.

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Para el bloque de la derecha se han incluido los siguientes partidos: CCa-NC-PNC, Cs, EAJ-PNV, JxCAT, NA+, PP, Vox y XAV. Para el bloque de la izquierda se han incluido los siguientes partidos: BNG, CHA, CUP, Coalición por Melilla, En Comú Podem, EH Bildu, ERC, Geroa Bai, Más País, Més Compromís, Més-Esquerra, PACMA, U. Podemos, PRC, PSOE y Teruel Existe.

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975 mujeres asesinadas por violencia machista desde el 1 de enero de 2003 hasta el 31 de diciembre de 2018. Es el balance, en víctimas mortales, que ha dejado el maltrato contra las mujeres en los últimos 15 años. El que ahora queda atrás, el de la movilización feminista sin precedentes, ha contado 47 casos de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas y tres menores. Aunque es difícil establecer tendencias y la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género mantiene un caso en investigación, es el año en el que menos víctimas mortales se han registrado desde que diera inicio en 2003 la serie histórica. El anterior hito fue 2016, que terminó con 49 mujeres asesinadas. La punta del iceberg de una violencia que registra más de 400 denuncias al día.

El pico se produjo en 2008, cuando 76 hombres mataron a sus parejas o exparejas. Durante aquellos años, era difícil bajar de los 70 casos, pero en 2010 la cifra comenzó a descender. Desde entonces, 62 ha sido el pico más alto, en 2011. “El feminicidio se ha estabilizado a la baja porque la lucha contra la violencia machista tiene sus efectos. Pero en todo caso utilizar el asesinato como indicador del fenómeno no es correcto. Las muertes en sí mismas tienen mucha importancia, pero no es un buen termómetro del maltrato”, explica Antonio Andrés Pueyo, catedrático de Psicología de la Universidad de Barcelona y consultor del Ministerio del Interior en este tipo de temas.

Jennifer H.S. tenía 46 años cuando se convirtió en la primera mujer asesinada por violencia machista de 2018. El 19 de enero, su expareja acabó con su vida en Tenerife en un momento en el que se encontraban en trámites de separación. Jennifer había denunciado días antes, pero fue calificada de riesgo bajo y un juez archivó la causa. Tampoco ella pidió orden de protección. 14 del total de víctimas mortales este año, un 29,8%, había denunciado a su agresor, un porcentaje más o menos estable en los últimos años. De ellas, 11 solicitaron medidas de protección. A dos les fueron denegadas y, de las nueve concedidas, cinco estaban vigentes en el momento de los hechos. 

Aunque el número de denuncias por violencia machista aumenta desde hace unos años, según datos del Consejo General del Poder Judicial, todavía son muchas las mujeres que se encuentran sin sentencia o con la absolución del denunciado. En el tercer trimestre de este año, últimas cifras disponibles, el 40% de los procedimientos acabaron en sobreseimiento provisional y, de las sentencias dictadas, el 44% y el 10,6% en los Juzgados de lo Penal y en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer respectivamente –estos últimos solo ven casos leves y en los que hay conformidad entre las partes– fueron absolutorias.

Le ocurrió a Itziar Prats, la madre de las dos niñas asesinadas en Castellón por su padre el 25 de septiembre. El caso de esta mujer, que un mes después declaró públicamente que no había encontrado amparo, ya estaba en el sistema judicial cuando el hombre mató a sus hijas. Itziar había denunciado al agresor, pero los dos procedimientos fueron finalmente archivados. En medio del periplo judicial que tuvo que atravesar, decidió desistir después de que el juez denegara la orden de alejamiento que solicitaba. Su caso, sin embargo, no es el más frecuente. Según los datos del Gobierno, en la mayoría de ocasiones el asesino era la pareja de la mujer, vivían juntos y no había denuncia.

“Sigue habiendo un volumen de sobreseimientos muy difícil de digerir. En la mayoría de casos, no es que vean claro que no hay delito, es que concluyen que no hay indicios suficientes”, explica María Naredo, directora de prevención y atención frente a la violencia de género del Ayuntamiento de Madrid. Ante este fenómeno, la jurista apela a la necesidad de que jueces y fiscales profundicen en la investigación de este tipo de delito con el objetivo de proteger a las mujeres y evitar su revictimización, un elemento que ha estado en el centro del debate este año, también en el caso de la violencia sexual. 

En pleno proceso de separación y tras tres décadas de convivencia, Tomas R. mató el 18 de junio a su esposa, Magdalena M.A. en O Porriño (Pontevedra). Lo mismo le ocurrió a Nuria A.M. tres meses después al ser asesinada por el hombre con el que se encontraba en fase de ruptura. Este es uno de los factores de riesgo que identifican las expertas: el momento en el que la mujer decide irse. “Los hombres las matan porque ellas les han planteado algún problema, en el sentido de que ven que ya no pueden ejercer el control. Les dicen que no aguantan más o que se van a ir. Hay agresores impulsivos que lo hacen en el momento de la separación, otros esperan meses, pero este es un elemento fundamental”, analiza Miguel Lorente, médico forense y exdelegado del Gobierno para la Violencia de Género.

El asesinato de Nuria se produjo en Maracena (Granada), provincia en la que ya se habían producido este año cuatro asesinatos machistas. Andalucía, de hecho, es la comunidad con más víctimas mortales –y también la más poblada–, seguida de Catalunya y Madrid.

Todas las expertas consultadas para este reportaje coinciden en señalar que la conciencia social, sobre todo en las mujeres, respecto a la violencia machista está creciendo. El movimiento feminista llenó las calles el pasado 8 de marzo y el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado en septiembre de 2017, ha empezado a ponerse en marcha. Aun así, reivindican mayor compromiso y más profundidad en las respuestas y las medidas políticas. En ese sentido se expresa la fiscala Inés Herreros, para la que las instituciones “no se han tomado lo suficientemente en serio el tema”.

“Falta todavía ir más allá de la conducta personal de un hombre para poner el foco en el sistema de desigualdad que nos considera a las mujeres ciudadanas de segunda”, prosigue Herreros, para la que “la sociedad sigue siendo reticente a poner fin a los privilegios de los que disfrutan los hombres a costa de las mujeres”. La fiscala, aún así, identifica un mayor avance social que el que manifiestan las formaciones políticas y las instituciones y pone como ejemplo la consideración de que la violencia de género va más allá de la pareja o expareja.

Los retos: más allá de la pareja

Este año, la reivindicación de que sean consideradas víctimas de violencia machista mujeres que son asesinadas por hombres por el hecho de serlo se ha visto amplificada por el asesinato de Laura Luelmo, la joven profesora asesinada por Bernardo Montoya en El Campillo (Huelva) y por el crimen de Diana Quer, cuyo cadáver fue hallado en la Nochevieja de 2017. Aunque los datos oficiales del Gobierno solo contabilizan a las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas, la Delegación y el Consejo General del Poder Judicial han empezado este 2018 a dar los primeros pasos para ampliar la estadística.

Pueyo celebra esta decisión y apunta a que es necesario agrandar el foco con el que vemos la violencia. “Este es un problema que tiene España desde el principio, desde que se definió la violencia de género. Y es que quedaron fuera muchos asesinatos que tienen un origen machista y que tienen que ver con el género. Este va a ser uno de los temas del año que viene”, analiza el catedrático, que también lamenta que ni social ni estadísticamente sea relevante qué ocurre con las mujeres físicamente agredidas sin resultado de muerte. “Nadie sabe cuántas se han suicidado por violencia de género, cuántas han sufrido alguna discapacidad o han estado meses ingresadas”.

La limitación de las estadísticas se solventó en parte en 2013 con la incorporación a la base de datos de los menores de edad que se quedan huérfanos tras ser asesinadas sus madres y de los que son asesinados por violencia machista. Es el caso de las dos hijas de Itziar Prats y también del niño de nueve años al que mató su padre en El Ejido (Almería) el 20 de abril. El hombre se entregó a la Guardia Civil tras confesar el crimen y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anunció que la causa sería tramitada como un caso de violencia machista porque concluyó que el asesinato tuvo la intención de hacer daño a la madre.

Más allá de los datos, las expertas y organizaciones de infancia siguen reivindicando que el sistema tenga en cuenta de forma prioritaria el interés superior del menor cuando sus madres denuncian maltrato por parte de sus padres. En este sentido, apuntan a la urgencia de investigar y analizar con perspectiva de género y de infancia si los niños y niñas pueden seguir viendo a sus progenitores. “Es una de las asignaturas pendientes de los juzgados. Pedimos que a las mujeres se les crea cuando denuncian, pero a los niños también se les tiene que creer cuando dicen que no quieren ver a su padre”, zanja Naredo.

2019 comienza con la vista puesta en el próximo 8 de marzo, en el que el movimiento feminista pretende volver a ganar el pulso a la violencia machista en la calle y poner sobre la mesa el sistema de desigualdad que la hace posible. Tal y como concluye Lorente, “el pacto pendiente es el pacto contra el machismo”, que es la causa de la violencia. “Las instituciones deben ser conscientes de que el foco no debe estar solo en el resultado de la violencia, sino en las causas que dan lugar a ella”.

Génesis, aunque nació en la República Dominicana, lleva ya tres años viviendo en el barrio de San Cristóbal, al sur de Madrid. Trabaja de camarera sirviendo desayunos en uno de los bares más concurridos de la plaza principal. Como ella, el 40% de los residentes que viven entre los bloques de pisos de la barriada es inmigrante. 

Recuerda que se vino a España con 15 años con su madre y su tía, que ya vivía en el país. “Cuando llegamos a España, nos mudamos a Lavapiés con mi tía y allí nos quedamos hasta que me independicé”, explica. Ahora, con una pareja y un hijo, su presente y futuro próximo está en San Cristóbal. Ante la pregunta de por qué se vino al barrio, ella lo tiene claro: “por las rentas, es mucho más barato vivir aquí”. 

Gustavo Machín representa la cara minoritaria de la moneda. Como embajador de Cuba en España, su residencia oficial está en el lujoso barrio de Piovera, al norte de la capital. La colonia de chalets y adosados de lujo que conforman la extensa urbanización la convierten en el área de Madrid con mayor número de piscinas por kilómetro cuadrado.

Solo el 10% de la población residente en el barrio nació fuera de Europa. Entre ellos, los diplomáticos que viven en las distintas embajadas y consulados de la zona (Irak, Azerbaiyán o Arabia Saudí) y las empleadas domésticas que trabajan como internas en las viviendas de lujo, según aseguran los vecinos. La brecha económica entre San Cristóbal y La Piovera es de casi 80.000 euros por hogar.

San Cristóbal

Población extranjera

Renta media

41,2%

19.587€

Piovera

Población extranjera

Renta media

10,6%

97.254€

Fuente: Urban Audit, Comunidad de Madrid

Los ejemplos de San Cristóbal y Piovera señalan un fenómeno social en la ciudad de Madrid: los habitantes que nacieron fuera de Europa se concentran principalmente en los barrios más pobres de la capital y las áreas de mayor renta media están monopolizadas por la población nativa. 

Es el caso de Silito, que se vino a España en 1993, justo antes del gran boom de la inmigración latinoamericana. Oriundo de la República Dominicana, en sus primeros años empezó trabajando como interno en una casa de la lujosa urbanización madrileña de Santo Domingo. Después se trasladó al municipio de Alcobendas y se mudó finalmente al distrito de Villaverde, en el sur de Madrid, en 2004.

Durante la crisis, Silito perdió su casa por no poder pagar la hipoteca y ahora vive de un alquiler en un piso que consiguió a unas pocas calles de su antigua casa en el barrio de San Cristóbal. “A mí me gusta aspirar a tener una buena casa o a disfrutar de unas vacaciones”, se lamenta. Con 64 años cumplidos, las posibilidades de salir de la zona más pobre de Madrid son remotas.

Su caso no es único en la capital. Los datos del proyecto Urban Audit y del Padrón municipal analizados por eldiario.es muestran que, en la ciudad de Madrid, los residentes con pasaporte de fuera de Europa esquivan los barrios con mayor renta media para instalarse en las zonas más pobres de Tetuán, Usera, Vallecas o Villaverde. 

“En España, por suerte, no existen guetos; pero sí existen procesos de segregación residencial muy vinculados a la renta y al precio de la vivienda”, explica Antonio Jesús Palacios, investigador de la Universidad Autónoma de Madrid. “Los inmigrantes siempre se sitúan donde la vivienda es más barata y lógicamente es más barata en los barrios más pobres”, comenta Palacios.

Un fenómeno que también se repite en Barcelona: en Les Tres Torres (Sarrià), el barrio más rico de la ciudad condal, apenas un 8,1% de la población es extranjera. Una proporción que se multiplica por 5 en el Raval, con hasta un 50% de la población nacida fuera de Europa. La brecha económica entre los barrios es de más de 50.000€ por hogar.

“La segregación suele ser mayor cuanto más grande es la ciudad y lo demuestran los ejemplos de Madrid, Barcelona y las grandes ciudades globales”, argumenta Juan León, doctor de Sociología en la Universidad de La Laguna (ULL). ¿Significa esto que no existe segregación en otras ciudades españolas menos pobladas?

Para comprobarlo, hemos calculado el porcentaje de residentes nacidos en países de América, África y Asia en cada barrio de las ciudades con más de 250.000 habitantes que incluyen datos de renta media por hogar. ¿Coinciden en el resto de grandes ciudades que las zonas con más inmigrantes son las más pobres del municipio? En la mayoría, sí.

En 13 de las 16 municipios más poblados, las áreas con mayor proporción de residentes nacidos fuera de Europa están entre los más pobres de la ciudad. Este es el resultado del análisis de los datos del proyecto estadístico Urban Audit y del Padrón Continuo para el año 2016, publicados por el Instituto Nacional de Estadística.

Fuente: Urban Audit, INE

¿Por qué el porcentaje de inmigrantes en Lavapiés duplica al de la Castellana o El Viso? ¿Cuál es la razón para que apenas haya residentes no europeos en barrios de renta alta como Sarrià (Barcelona), El Pla del Remei (Valencia) o Abando (Bilbao)? ¿Se debe exclusivamente al precio de la vivienda? 

“Lo que más incide son los precios de los alquileres, los inmigrantes buscan donde son más baratos”, comenta María José Piñeiro, Doctora en Geografía de la Universidad de Santiago de Compostela. Un estudio en el que participó, precisamente, encontró evidencias de procesos de segregación de inmigrantes en barrios pobres de A Coruña durante la crisis. 

Aunque los expertos y organizaciones consultadas por eldiario.es coinciden en que el precio del alquiler es la razón principal, argumentan que existen otros factores como las políticas migratorias, la presencia de redes de protección o la simple discriminación racial.

“La conducta por parte de los nativos también es importante: muchos no quieren convivir con inmigrantes y se marchan de los barrios con mayor concentración de extranjeros”, comenta Lidia Farré, investigadora de la Universidad de Barcelona. Los datos le dan la razón. Uno de cada tres españoles rechazaría o trataría de evitar “vivir en el mismo barrio en el que viven muchos inmigrantes”, según los datos del último barómetro del CIS sobre actitudes hacia la inmigración. 

Una segregación que puede tener efectos perversos, según Farré: “Aunque pueda ser positiva al principio, para proporcionar una red de seguridad, si los inmigrantes viven aislados el proceso de asimilación con la comunidad nativa es mucho más difícil”. 

Alquilo piso, pero “solo a españoles”

En la odisea de buscar piso en las grandes ciudades como Madrid o Barcelona, el color de tu piel y el país que aparece en tu pasaporte puede determinar que consigas uno u otro piso. Una búsqueda rápida por portales inmobiliarios devuelve decenas de anuncios de habitaciones y pisos que se alquilan “solo a españoles”. 

Una discriminación que ya ha sido probada por distintas investigaciones. En 2011, un estudio publicado en la revista Journal of the Spanish Economic Association realizó el siguiente experimento: contactaron por correo electrónico a los propietarios de pisos en alquiler anunciados en la web de Idealista. Para señalar la procedencia étnica, los correos se enviaban utilizando los nombres más comunes entre los nativos y los más utilizados por marroquíes residentes en España. 

¿Hay sorpresa en el resultado? Los mensajes firmados con un nombre marroquí tienen una probabilidad hasta 18 puntos menor de ser contestado. Lidia Farré, una de las autoras del estudio, argumenta que esta discriminación “no explica el origen de la segregación pero sí su persistencia”. “En los barrios donde hay menos población inmigrante se discrimina menos a los extranjeros”, comenta.

Una actitud que es más habitual entre los nativos de lo que se piensa. El 36% de los españoles trataría de evitar o rechazaría alquilar un piso a inmigrantes, según los datos de la última encuesta del CIS. Esta discriminación, sin embargo, no es exclusiva de caseros y propietarios.

Un informe de la asociación SOS Racismo en 2016 denuncia que las inmobiliarias también tratan de forma distinta a inmigrantes y nativos. En el experimento, realizaron 462 llamadas a más de 200 agencias inmobiliarias en siete comunidades autónomas. De las personas a las que las no les ofrecieron ningún piso, el 70% eran de origen extranjero.

“Hay una situación de discriminación étnica a la hora de alquilar a inmigrantes”, explica Nicole Ndongala, directora de la Asociación Karibu, que denuncia que hay muchas personas de origen extranjero que tienen dinero, están trabajando y nadie quiere alquilarle un piso.

“Ahora está pasando que la subida de los alquileres está expulsando a inmigrantes de barrios como Lavapiés”, dice Ndongala. En la ciudad de Madrid, el precio del alquiler ha subido un 41% desde 2015, según los datos de Idealista. 

Un incremento que no distingue entre zonas ricas y pobres. En el distrito de Villaverde, donde se ubica el barrio de San Cristóbal, el precio de la vivienda ha subido un 34%. En Hortaleza, el distrito que incluye la urbanización de Piovera, los alquileres han subido un 22%.

Chinatown y Little Ecuador: segregar por país

Cuando caminas por la calle de Lavapiés, en el barrio del mismo nombre en Madrid, el olor a curry delata la zona con mayor densidad de restaurantes indios por metro cuadrado. En Pradolongo, el Chinatown madrileño, hasta el 10% de los residentes nacieron en China: es el barrio con mayor concentración de personas nacidas en el país asiático. San Diego, en Vallecas, podría denominarse Little Ecuador. El 9% de los residentes nació en el país sudamericano.

La segregación de inmigrantes en los barrios más vulnerables también se da por país de origen. Los datos analizados por eldiario.es muestran esta disparidad geográfica: la inmigración proveniente de países africanos, asiáticos y latinoamericanos se agrupan en distintos barrios de cada ciudad.

En Barcelona, por ejemplo la población asiática se concentra en El Raval, los residentes de origen africano en la zona norte de Nou Barris y los inmigrantes latinoamericanos se distribuyen de manera más uniforme por los barrios más pobres.

“Toda la zona de Nou Barris (Barcelona) es donde hay más población ecuatoriana y casi todos los que se vinieron ya tenían un familiar aquí”, explica Anabel Intriago, presidenta de la Asociación de Ecuatorianos en Catalunya. “He visto muchas comunidades que se cierran pero nosotros siempre hemos tenido las puertas abiertas a todo”, comenta.

Precisamente, una investigación de El Confidencial demostró la segregación de comunidades de inmigrantes provenientes del mismo país de origen en algunas manzanas de las mayores ciudades españolas.

“Las comunidades nacionales buscan sinergias cuando se desplazan a otro país para tratar de reproducir su estilo de vida, tener los mismos bienes y servicios que en su país de origen y la concentración espacial facilita todo esto”, comenta el investigador Juan León, de la Universidad de La Laguna.

En San Cristóbal de los Ángeles (Madrid), “productos latinos” es el distintivo más común en los carteles de los negocios locales, tras “carnicería islámica” o “locutorio”. Es el barrio con mayor proporción de inmigrantes africanos y latinoamericanos de todo Madrid: un 10% y un 28% de los residentes, respectivamente.

La imagen contrasta con las calles de la lujosa urbanización de Piovera. Entre los pocos balcones que se pueden ver tras las verjas y muros blindados de los chalets del barrio, la presencia de banderas españolas es mayoritaria. 

“Siempre han existido zonas de las ciudades reservadas para las élites, altos cargos y otros grupos de las élites. Está claro que la segregación no es positiva porque no favorece la diversidad de las ciudades”, remata el investigador Antonio Palacios.

Los cinco partidos judiciales que más órdenes de protección por violencia machista deniegan de toda España están en Catalunya, la comunidad que concentra mayor tasa de rechazo de estas medidas. Según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la media de órdenes desestimadas entre 2010 y 2017 en estos cinco partidos llega a superar el 70%, es decir, más de siete de cada diez mujeres que denuncian allí no obtienen la medida. Ver metodología.

Son Barcelona (78,2%), Arenys de Mar (77,9%), Granollers (76,7%), Sant Feliu de Guíxols (75,2%) y Santa Coloma de Farners (72,5%), con tasas muy por encima de la media nacional de órdenes denegadas, situada en el 37% en esos años.

De media entre 2010 y 2017, Catalunya se erige como la comunidad autónoma que concentra más ratio de denegación, seguida de Euskadi y Madrid. Entre las que menos, se sitúa Murcia, la Comunidad Valenciana y Ceuta y Melilla.

¿Qué ocurre para que el mapa de las órdenes de protección sea tan desigual entre unos sitios y otros? ¿Por qué la Comunidad Valenciana acepta un gran número y Catalunya es la que menos? ¿Qué factores influyen a la hora de conceder o no una orden de protección a una mujer que denuncia violencia machista?

“Como punto de partida hay que decir que no hay una mayor prevalencia de la violencia de género en unos sitios que en otros. La violencia de género no cambia de intensidad dependiendo del lugar porque es una realidad que tiene unas características muy específicas y comunes”, explica el médico forense y exdelegado del Gobierno para la Violencia de Género (2008-2011), Miguel Lorente. “La situación en Catalunya es algo que siempre nos ha llamado la atención, pero no se sabe en qué parte de la cadena están los factores que más influyen”.

La magistrada y miembro de la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE) Lucía Avilés coincide con el experto y lamenta que no se haga un estudio global para saber qué ocurre en la comunidad. “Es importante mirar a toda la cadena de protección, no solo a los juzgados, e imagino que influyen múltiples factores que exigen el reforzamiento de las vías de detección del riesgo”, señala.

Preguntado sobre ello, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya asegura que “no hay ninguna consideración como TSJ porque cada jueza o juez decide lo que considera con autonomía e independencia”, de forma que los órganos de gobierno “no intervienen en cuestiones jurisdiccionales”.

Un mapa desigual

Los datos extraídos de los informes estadísticos que elabora el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ evidencian que no es lo mismo denunciar violencia machista en Valladolid que en Cartagena ni en Logroño que en Oviedo. A pesar de recibir un volumen similar de solicitudes de protección por parte de mujeres, la tasa de denegación y aceptación de las órdenes de estos partidos judiciales varía mucho de unos a otros.

Las cifras dibujan un mapa desigual en el que hay algunos que, de media, rechazan la orden a cinco y seis de cada diez mujeres y otros solo a una de cada diez.

Cada partido judicial, que integra a uno o varios municipios limítrofes, cuenta con distintos juzgados. En el caso de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, Barcelona cuenta con cinco y el resto con uno cada uno. Francisca Verdejo es magistrada de uno de ellos, del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº2 de Barcelona.

Preguntada sobre la tasa de denegación, asegura que “cuando un juez da una orden lo que hace es valorar los indicios en base a una serie de presupuestos” y apunta a algunas situaciones que pueden encontrarse los magistrados: que la mujer se acoja a la dispensa de no declarar (algo que, según el CGPJ, hace entorno a un 10% de las mujeres) o que se tomen otras decisiones como la entrada en prisión del acusado. “Yo creo que antes que en las órdenes de protección, que por supuesto son fundamentales, hay que poner el foco en la prevención”, opina Verdejo.

La ley establece que, para conceder una orden de protección, deben existir indicios fundados de delito y una situación objetiva de riesgo para la denunciante que exija este instrumento. El juez es el que determina si existe ese riesgo y en qué medida. Para ello se basa en su propia valoración y otros elementos como el atestado policial, parte de lesiones o informes médicos o de servicios sociales.

Más o menos formación

El juez del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº1 de Jérez de la Frontera, Jorge Luis Fernández, menciona varios factores que pueden explicar el mapa de desigualdad, entre ellos, “la forma en que entiende un magistrado la orden de protección y qué amplitud le da. Hay algunos que son más estrictos a la hora de apreciar indicios y otros menos”.

En este sentido, Lorente asume que el desequilibro entre partidos demuestra que “hay criterios subjetivos a la hora de tomar la decisión y esa subjetividad en violencia de género siempre tiende a minimizarla y justificarla”.

“Si tú vas a un hospital en dos provincias distintas puede haber diferencias, pero son mínimas, no ves que unos ingresen mucho y otros poco ante lo mismo”, ejemplifica el forense, que apunta directamente a la necesidad de reforzar la formación en perspectiva de género. De hecho, a pesar de que el Congreso tramita una ley en este sentido, esta sigue sin ser obligatoria en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer que no son exclusivos, es decir, que ven además otras materias.

Es el caso de los juzgados de tres de los partidos judiciales que más deniegan de España (Arenys de Mar, Santa Coloma de Farners y San Feliú de Guíxols), a lo que se une la sobrecarga de trabajo que suelen arrastrar este tipo de órganos.

Fernández, que antes de su actual destino en un juzgado exclusivo de violencia estuvo ocho años en un juzgado compatible, ratifica la diferencia entre uno y otro en cuanto a la formación. “Cuando tú tienes formación y el criterio que utilizas es objetivo, y no el subjetivo que tiende a minimizar el riesgo, puede haber diferencias entre partidos, pero no tantas”, añade Lorente.

La Fiscalía alerta de las diferencias

Aunque las estadísticas muestran que en los últimos años el número de órdenes de protección concedidas ha aumentado, en concreto un 38% desde 2014 –en 2017 los órganos judiciales aceptaron 26.000 instrumentos de este tipo y denegaron 11.600–, las diferencias entre unos partidos judiciales y otros se mantienen.

Por partidos judiciales, Madrid, Barcelona y Sevilla son los que más órdenes deniegan, pero también son los que más solicitudes de este tipo reciben.

Estos tres forman parte del grupo que deniegan más del 50% de las órdenes, una categoría a la que, de entre los grandes partidos –aquellos que tramitan un mínimo de 1.000 órdenes–, pertenecen 17. Estos se encuentran por encima de la media nacional de órdenes rechazadas (37%), al igual que los 22 que desestiman más del 60%, entre ellos se encuentran también Barcelona y Sevilla junto a Girona, Valladolid o La Laguna.

En cuanto al desequilibrio entre unos lugares y otros, hay grandes diferencias entre partidos a los que llega un volumen similar de órdenes: de media entre 2010 y 2017, Valladolid rechazó el 60,2% y Cartagena solo el 6,3%. También se da la situación de que hay partidos que reciben un número importante de solicitudes y rechazan poco –Valencia adopta un 68,8% y Zaragoza un 80,8%– y, al revés, partidos que reciben pocas peticiones y rechazan muchas –Getxo niega el 62,2% y Yecla el 58,9%–.

La Fiscalía ha alertado de esta situación en su última Memoria, publicada el pasado septiembre, en la que llama la atención sobre las “diferencias tan exageradas” entre unos sitios y otros, con porcentajes de denegación “sorprendentemente muy superiores” a la media nacional en algunos partidos judiciales.

En este sentido, apuesta por llevar a cabo un análisis “detenido y detallado” de la situación y asegura que “posiblemente” la razón última sea que “los profesionales de la justicia necesitemos, además de una formación de calidad, de instrumentos de valoración del riesgo”.

Otros instrumentos para valorar el riesgo

Con ello, se refiere al infrautilizado Protocolo Médico-Forense de Valoración Urgente del Riesgo, que ayuda a los jueces a tomar la decisión para hacerla lo más objetiva posible. Sin embargo, en 2017 solo se utilizó en un 2% de las ocasiones en las cinco comunidades autónomas que dependen del Ministerio de Justicia.

Para Lucía Avilés, se trata de “una herramienta que deberíamos pedir más” porque “nos puede ayudar a tomar la decisión”. En este sentido, Jorge Luis Fernández también hace hincapié en que los equipos de valoración forense que hacen una evaluación de este tipo “no están en todas partes”.

Más allá del magistrado, Avilés extiende la mirada a toda la cadena de protección porque “para que el juez tome la decisión recaba información de otros operadores”, como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que elaboran el atestado policial de la denuncia junto a una valoración del riesgo que obtienen a través de un cuestionario cerrado.

Justo en Catalunya, los jueces comenzaron a acceder a información más detallada sobre la valoración del riesgo que hacen los Mossos d'Esquadra de las víctimas a partir de 2015 tras la presión de los magistrados, que exigían contar con más elementos. Sin embargo, los altos porcentajes de denegación también se mantuvieron, más o menos similares, en 2016 y 2017.

Otro elemento que nombran los expertos como posible factor, es el de la minimización del riesgo que puede darse en lugares con mayor población, donde los magistrados están más acostumbrados a ver más casos graves. “Depende de la tipología de asuntos que veamos en el juzgado. Si estamos acostumbrados a ver cosas muy graves, podemos llegar a colocar el listón de gravedad más alto”, cuenta Fernández.

No obstante, y debido a la escasez de investigaciones oficiales que existen sobre las diferencias entre partidos, los expertos reivindican la puesta en marcha de estudios que permitan visibilizar lo que se esconde detrás de un mapa desigual que llega a condicionar la obtención de una orden de protección dependiendo del lugar donde denuncie la víctima.

Hasta su puesta en marcha, los datos nos dicen que 2017 ha sido el año que más órdenes de protección se concedieron desde 2010 y también el que hubo una menor tasa de rechazo. Una tendencia que se repitió en los mayores partidos judiciales: casi todos rebajaron su ratio de órdenes denegadas respecto al promedio de los años anteriores.

En los juzgados de Sueca, Telde y Fuengirola, el descenso de la tasa de rechazo es de más de 30 puntos porcentuales.

A principios de 2008, con la crisis bancaria a punto de estallar y la tasa de paro todavía alrededor del 10%, una tienda de “todo a un euro” abre en la esquina de tu calle. Si el negocio hubiera aguantado estos diez años de crisis sin cerrar, hoy tendría que llamarse “todo a 1,15 euros”. Esa diferencia (15% más) es lo que ha variado, de media, el nivel de precios de los bienes y servicios de consumo en España entre 2008 y 2018, medido según el Índice de Precios de Consumo (IPC).

¿Qué significa esto? ¿Que los precios de la cerveza, el agua o los aguacates han subido por igual un 15%? No, esto es una media general de cuánto ha subido el coste de la vida en ese periodo. Esto supone que hay servicios o productos que pueden haberse encarecido mucho, otros que han subido un poco de precio o también que algunos artículos sean ahora más baratos que en 2008.

Para comprobar qué productos y servicios se han encarecido y se han abaratado durante la crisis, eldiario.es ha analizado los datos mensuales del IPC en 85 productos distintos entre septiembre de 2018 y enero de 2008.

¿Cuánto ha subido la factura de la luz en una década de crisis? ¿Y el alquiler? ¿Cuesta lo mismo hoy comprarse un ordenador que hace un año? ¿Qué es más barato hoy respecto a enero de 2008? Compruébalo tú mismo en el siguiente gráfico:

Los datos señalan algunas tendencias claras durante una década de crisis. Hoy, sale un 70% más caro comprar un anillo respecto a lo que  podría costar en enero de 2018. Una subida que seguramente ha tenido más impacto en los tramos de población de mayor renta. Sin embargo, las subidas de precios en los últimos diez años también afectan a algunos de los bienes más básicos.

Pagar las facturas de la luz y el agua, abonar las mensualidades del alquiler o incluso comer fruta sale hasta un 50% más caro que hace una década. Un aumento del coste de la vida que también se ha notado en los sectores más golpeados por la crisis: sanidad y educación. Con el aumento de la tasas universitarias, el precio de la enseñanza superior ha subido un 55%, y los seguros de salud han crecido un 63%.

La tecnología, por el otro lado, es mucho más barata que en 2008. Comprar un teléfono sale casi un 75% menos que hace diez años. Pasa igual al adquirir ordenadores, cámaras fotográficas o televisores, que se han abaratado a más de la mitad de su precio original.

En la cesta de la compra, pocas cosas salen hoy más baratas respecto a hace una década. Si en enero de 2008 te podías gastar 100 euros en el supermercado, hoy pagarías de media 112 euros por la misma cesta. Pero esta subida no afecta a todos los alimentos y bebidas sin alcohol por igual. Las fruta, legumbres, hortalizas o el pescado están entre los artículos que más se han encarecido.

El coste de la carne y los productos azucarados como el chocolate y las golosinas suben ligeramente de precio y los lácteos son el único grupo alimenticio que está más barato que hace una década.

Además de la factura del supermercado, el coste de la vida se ha disparado dentro de las casas. La factura de servicios básicos como el agua, la luz, la basura o el gas ha crecido hasta un 50% desde 2008.

Precisamente, es el precio de la electricidad el que más ha subido y ya está en el segundo punto más alto de la década: solo en enero del año estuvo tan cara la factura eléctrica como actualmente. Una anomalía dentro de Europa que nos ubica entre los cinco países con la luz más cara.

La inflación también ha encarecido el movimiento de los residentes dentro de las ciudades y la conectividad entre los distintos territorios. Aunque esta subida es generalizada, es en los transportes colectivos (avión, autobús, tren) en los que más se ha notado esta escalada de precios.

A pesar del auge de las compañías aéreas de bajo coste, el transporte aéreo es el modelo que más se ha encarecido durante la crisis. Comprar un billete de avión en septiembre de este año sale un 34% más caro que en 2008. Un precio que fluctúa mucho a lo largo del año y que alcanza sus picos en los meses estivales.

Adquirir un coche o comprar sus piezas y accesorios, sin embargo, apenas ha subido de precio en la última década: un 8% más.

La crisis también ha dejado mella en el coste de productos y servicios relacionados con la salud y el bienestar. Los seguros de hogar, viaje, coche y salud son los productos en los que que más ha crecido el coste en la última década.

El copago farmacéutico, introducido en la reforma sanitaria de julio de 2012, aumentó el coste de los medicamentos en los hogares españoles. En noviembre de 2012 el coste de los fármacos era un 27% más barato respecto a enero de 2008. En el mes pasado, el coste ha crecido un 11%.

En paralelo al crecimiento de ofertas de 2x1 en las ópticas españolas, la compra de gafas graduadas y audífonos está entre los productos que se abaratan durante la crisis: un 8% menos.

En un periodo de crisis para la prensa de papel, que han perdido una gran parte de la difusión en la última década, discurre en paralelo a un aumento de los precios. Comprar un periódico o una revista sale hoy un 25% más caro que en 2008. Es el artículo de ocio o cultural que más se ha encarecido durante la crisis.

Una tendencia que se repite en otros productos culturales como comprarse un libro, ir a un museo o conseguir una entrada para un concierto. Se abarata la tecnología y el ocio digital: adquirir un televisor, una cámara fotográfica o un ordenador personal es hasta un 60% más barato que al inicio de la recesión.

Las adicciones perjudiciales para la salud, alcohol y tabaco, también se han visto afectadas por la escalada de precios. El mercado de los cigarros ya poco tiene que ver con el que existía antes de la crisis. Las medidas destinadas a reducir su consumo, como la ley antitabaco y las subidas de impuestos, prácticamente han duplicado el precio de cada cajetilla. Hoy, comprar cigarros sale un 80% más caro que en 2008.

Beber una cerveza, una copa de vino o un ron es más que hace una década pero el coste no ha subido tanto como en los cigarrillos. Las consecuencias parecen claras: una investigación de El Confidencial demostró que los españoles fuman la mitad que al inicio de la crisis mientras que el consumo de cerveza se ha disparado en el mismo periodo.

La escena del principio de Up, la final de Coco, la complicada relación maternofilial en Brave o el descorazonador paso a la vida adulta de Toy Story. Lo que diferencia a Pixar de la factoría de los sueños Disney es su don de convertir una carga emocional adulta en productos audiovisuales para todos los públicos.

Pero, ¿son mejores las películas que al final nos consiguen arrancar una lagrimita o es solo el resultado de la manida pornografía sentimental? Ayúdanos a clasificar las cintas de Pixar en dos variables: por un lado, ordena las películas (de izquierda a derecha) según lo buenas que crees que son. En segundo lugar, colócalas (de abajo a arriba) en función de los tristes que te hayan parecido. Tú decides.

Una comedia bien llevada y con un humor que no caiga en lo infantiloide es quizá más complicada que una explotación de las emociones. Entonces, ¿por qué Monstruos S.A o Los increíbles tienen peor valoración que otras como Inside Out o Wall-E? Ninguna clasificación es universal y por eso hemos creado este gráfico interactivo para que sitúes todas las películas de la productora ordenándolas desde las más lacrimógenas a las menos y de las obras de arte hasta los fiascos olvidables (si es que existe tal cosa en Pixar).

Como ejemplo, ocho miembros de nuestra redacción de generaciones y gustos variados han hecho la que sería su clasificación definitiva. Da igual si no has visto todas, los prejuicios también existen y tienen cabida en estas coordenadas. ¡Participa, guárdalo y compártelo si quieres mencionándonos en las redes sociales!

¿Cómo ven los redactores de eldiario.es las películas de Pixar?

Mónica Zas

Mujer. 25 años. Pixarista emocional.

Rodrigo Ponce de León

Hombre. 48 años. Nunca ha llorado.

Esther Alonso

Mujer. 41 años. Ve las películas de Pixar por obligación.

Alejandro Navarro

Hombre. 27 años. Prefiere Bichos a Ratatouille

Marta Borraz

Mujer. 27 años. Feminista de hierro.

Antonio Rull

Hombre. 35 años. Síndrome de Peter Pan no diagnosticado.

Antonio Vélez

Hombre. 38 años. Llama a los personajes "moñecos".

Jesús Travieso

Hombre. 30 años. Intensito.

Soraya Sáenz de Santamaría

36,95% 21.513 votos

Pablo Casado

34,30% 19.967 votos

María Dolores de Cospedal

25,92% 15.090 votos

José M. García Margallo

1,17% 680 votos

José García Hernández

1,15% 668 votos

Elio Cabanés

0,32% 185 votos

La primera vuelta de las primarias del Partido Popular deja un sabor agridulce a la candidata más votada, Soraya Sáenz de Santamaría. Por un lado, se impone por 1.546 votos al actual vicesecretario de Comunicación, Pablo Casado. Sin embargo, lo ajustado del resultado vaticina una batalla encarnizada de los dos candidatos de aquí al Congreso, que se celebrará los próximos días 20 y 21 de julio.

Aunque la pelea por liderar el primer partido de España ahora se reduce a los dos primeros candidatos, hasta seis dirigentes se presentaron a esta primera vuelta. Sáenz de Santamaría, Casado y Dolores de Cospedal, los que se repartieron el 97% de los 58.000 votos emitidos. La primera vuelta deja un mapa interno del partido dividido en tres áreas principales.

Por un lado, la exvicepresidenta del Gobierno consigue la mayoría de su fuerza interna en las comunidades del sur, el interior peninsular y la cordillera cantábrica. Casado se queda con la zona del noroeste y Madrid. Cospedal es la más votada en su feudo, Castilla-La Mancha y en Galicia.

A grandes rasgos, los tres principales candidatos a presidir el PP – Soraya Sáenz de Santamaría, Pablo Casado y María Dolores de Cospedal– ganan en sus propios territorios y consiguen victorias personales en al menos dos comunidades cada uno.

La vencedora de la primera ronda, Sáenz de Santamaría, gana en Andalucía (Huelva y Málaga, las provincias donde ha obtenido un mayor apoyo, con más del 70% y el 80% de los votos respectivamente), buena parte de Castilla y León, País Vasco y Cantabria. En la Comunidad Valenciana, una de las más castigadas por la corrupción del partido, también se hace con la victoria. En Canarias, el apoyo se ha dirigido mayoritariamente hacia la exvicepresidenta.

Por su parte, Casado ha sido el ganador en su casa, Ávila, provincia por la que es diputado, y en zonas estratégicas como Madrid (54% de los votos) y Catalunya. Además, ha obtenido el apoyo mayoritario de Murcia, Navarra e Islas Baleares, y de buena parte de Aragón, así como de provincias como Badajoz, Palencia y Castellón.

Dolores de Cospedal, la tercera en discordia y que no pasará a segunda ronda en estas primarias, ha ganado con holgura en su feudo, Castilla-La Mancha, y fue la más votada en Galicia, controlada por el presidente Alberto Núñez Feijóo. Como expresidenta de Castilla-La Mancha, Cospedal obtuvo el 65% de los votos en su territorio, algo menos que en Asturias (49%) y que en la zona de influencia de Feijóo (39%), que el pasado mes de junio decidió no postularse como candidato a las primarias a dirigir el PP.

Aunque el voto de los militantes importa, son los 3.184 compromisarios los que tendrán la palabra final en las primarias de la formación conservadora. Mientras que en la primera vuelta solo votan los militantes que estén al corriente de sus pagos, en la segunda vuelta habrá territorios con mayor volumen de votantes que tengan menos capacidad para decidir.

Esto es así porque el número de compromisarios que votará en el Congreso extraordinario del 20 y 21 de julio−3.184 en total, de los cuales 2.612 son electos, 522 son miembros natos, 40 del partido en el exterior y 10 de la Comisión Organizadora− se decidió sobre los afiliados de los que en teoría dispone el partido y no según las personas que se inscribieron para votar.

Esto significa que hay muchas diferencias entre el porcentaje de votantes que tiene cada comunidad autónoma y el porcentaje de compromisarios que elegirán a los candidatos en la segunda vuelta.

Con los datos de la primera vuelta se han destapado las desigualdades en el reparto de los 2.612 compromisarios electos entre las comunidades autónomas. Galicia, Catalunya, Canarias y Extremadura son las más beneficiadas en la comparación entre el porcentaje de compromisarios y el porcentaje de militantes que realmente votaron en la comunidad.

Madrid, en la otra cara de la moneda, es la más perjudicada. Apenas cuenta con el 8% de los compromisarios a pesar de que sus militantes suponen el 14% de los votos emitidos en la primera vuelta. La Rioja y Baleares son las otras dos autonomías más infrarrepresentadas en el reparto.

Los resultados de estas primarias, además, no dejan en muy buen lugar en democracia interna al partido más votado en las anteriores elecciones generales. En números totales, apenas 58.000 militantes acudieron a las urnas para elegir a su nuevo líder. Una cifra bastante menor en comparación con los procesos internos de PSOE y Podemos.

Susana Díaz quedó segunda en las primarias socialistas de 2017 con 59.041 votos. Casi mil votos más que la suma de todos los militantes populares que acudieron a votar en las primarias. Sáenz de Santamaría, la vencedora de la noche, consiguió 21.513 votos. Pedro Sánchez alcanzó los 74.000 sufragios en 2017. Pablo Iglesias, en Vistalegre II, 128.700 votos.

“Stop a la invasión”. Estas cuatro palabras han aupado a Matteo Salvini, líder de la ultraderechista Liga Norte, a vicepresidente y ministro del Interior en Italia. Su retórica xenófoba se materializó este domingo, cuando ordenó el cierre de los puertos italianos al buque Aquarius, con más de 600 personas rescatadas a bordo. “El Mediterráneo es el mar de todos los países con salida a él y no se puede concebir que Italia continúe afrontando este fenómeno gigantesco sola”, alegó para reclamar a Malta que se hiciera cargo.

Sin embargo, el discurso alarmista y antiinmigración que caracteriza cada intervención de Salvini contrasta con lo que dicen los datos: el número de personas que ha llegado a Italia en su intento de cruzar el Mediterráneo en precarias barcazas está muy lejos de las cifras alcanzadas en años anteriores.

En lo que va de 2018, 14.286 personas han alcanzado suelo italiano, un 76% menos que las que lo hicieron hasta mayo del año pasado, cuando arribaron algo más de 60.000 migrantes, según los datos más recientes de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur). Solo en junio del año pasado lograron cruzar la frontera italiana más de 23.000 personas, casi el doble de las que lo han hecho este año.

Desliza para var el mapa completo

Las llegadas irregulares a territorio italiano contabilizadas en los últimos meses se acercan además, por primera vez en los últimos cuatro años, a las registradas por otro de los países fronterizos de Europa, España. A fecha de 11 de junio, un total de 11.308 migrantes han logrado pisar suelo español por tierra y por mar, casi 3.000 personas menos que Italia.

El número de personas que se juegan la vida en el Egeo para intentar llegar a Grecia también se mantiene en unos niveles similares a las que han sobrevivido al Mediterráneo central desde enero: 12.065, según Acnur. La cifra también ha experimentado un importante descenso en comparación con los cerca de 800.000 migrantes que trataron de alcanzar las islas griegas en 2015, durante la llamada “crisis de refugiados”.

La ruta italiana, a pesar de que llegan muchos menos migrantes y donde están desplegadas las embarcaciones de rescate de las ONG, sigue siendo la principal y la más mortífera de las tres. En los últimos seis meses, 503 personas han fallecido tratando de emprender esta larga y extenuante travesía, el doble de los fallecimientos documentados en el Estrecho y el Egeo, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

La razón del descenso: los acuerdos con Libia

Varias voces, entre ellas las de las autoridades italianas, atribuyen la caída en picado de las llegadas por el Mediterráneo central, principalmente, al acuerdo entre Italia y las milicias libias para aumentar el control fronterizo. En febrero de 2017, el exprimer ministro italiano Paolo Gentiloni y el presidente del Consejo Presidencial libio, Mohamad Fayed al Serraj, firmaron en Roma un memorándum según el cual Italia se comprometía a aportar apoyo técnico y financiero al país vecino.

ONG y expertos legales llevan tiempo acusando a Italia y a la Unión Europea de haber desplazado la gestión de sus fronteras y de dejar a miles de personas atrapadas en Libia, que es definida como un “infierno” por aquellos que son rescatados en alta mar. Allí son sometidos a todo tipo de abusos hasta que logran zarpar, según han denunciado varias organizaciones internacionales, que han documentado torturas, violaciones, detenciones arbitrarias, secuestros y esclavitud.

La otra cara del descenso de las llegadas también está en la cantidad de personas que logran echarse al mar pero son interceptadas y devueltas por los guardacostas libias. Los últimos datos de la OIM, del pasado mayo, revelan que una de cada tres personas que han tratado de emprender la ruta hasta Italia han sido devueltas a territorio africano, a quienes las ONG de salvamento han acusado de numerosos abusos durante las operaciones de rescate.

Los encontronazos de las organizaciones humanitarias con los guardias libios en alta mar también se han incrementado desde la firma del acuerdo con Italia, según denuncian ONG como Proactiva Open Arms. El aumento de las restricciones del país vecino desde el pasado verano han provocado que algunos buques de rescate, como los que operaban Sea Eye o Save The Children, se hayan retirado del mar.

Las organizaciones que mantienen sus operaciones en el Mediterráneo han asegurado que su intención es permanecer tras el pulso del ministro Italiano con el Aquarius. Lo harán, dicen, mientras se sigan produciendo muertes en el mar. Organismos internacionales como Acnur y ONG especializadas llevan tiempo reclamando a los gobiernos europeos que pongan en marcha mecanismos legales y seguros de entrada al continente europeo para evitar que estas personas se vean empujadas a arriesgar su vida en el mar.

Muy por debajo de las llegadas registradas desde 2014

Tras el desplome de las llegadas como efecto de estos acuerdos, quedan lejos las cifras contabilizadas en los puertos italianos en los últimos años: más de 119.000 llegadas en 2017, más de 180.000 en 2016, el máximo registrado.

Estos miles de desembarcos en territorio italiano mientras aumentaba la sensación de “abandono” por parte del resto de la Unión Europea en la acogida de migrantes, han dejado un terreno abonado para que cale el discurso xenófobo de Salvini sobre la supuesta política de puertas abiertas de los gobiernos anteriores.

Según el Reglamento de Dublín, cuya reforma se abordará este mes, el Estado miembro responsable de la acogida de un solicitante de asilo es el primer país donde hayan quedado registradas sus huellas dactilares, lo que deja la responsabilidad sobre Italia, Grecia y España debido a su posición geográfica. Casi 127.000 personas solicitaron asilo en Italia el año pasado frente a las algo más de 30.000 que lo hicieron en España, según datos de Eurostat.

A pesar de la normativa comunitaria y el riesgo de ser devueltos al Estado por el que entraron a la UE, son muchos quienes intentan probar suerte y continuar de forma clandestina su periplo hacia países del norte de Europa. A su llegada a las islas italianas, es común que los recién llegados traten de viajar a Roma para, desde allí, trasladarse a la frontera con Francia, un camino cada vez más complicado.

Las cifras de llegadas a Italia no coinciden, por tanto, con el número de personas que acaban permaneciendo en el país, pero la inexistencia de datos oficiales complica calibrar las dimensiones de estos movimientos secundarios.