La sentencia del Tribunal Supremo que impone más de 24 años de cárcel a José Luis Ábalos no da por buenas todas las confesiones y acusaciones del empresario Víctor de Aldama. Los jueces rechazan que Carlos Moreno, alto cargo en Hacienda con María Jesús Montero, cobrara 25.000 euros de la trama a cambio de conseguir el aplazamiento de la deuda de una de sus empresas. El entonces jefe de gabinete de Montero derivó las reclamaciones del comisionista, pero la deuda siguió vigente y él no tenía ningún poder para influir sobre la situación de esa empresa. Además, recuerdan los jueces, no toda reunión en un despacho de un alto cargo implica un posible delito.

El foco judicial se puso sobre Carlos Moreno Medina en septiembre del año pasado cuando el juez Leopoldo Puente, de Tribunal Supremo, decidió partir el caso en dos e investigar aparte los amaños de obra y el papel de Santos Cerdán. Un auto en el que apuntó a Moreno y una reunión que habría mantenido con Víctor de Aldama que “tenía por objeto procurar el aplazamiento de una deuda tributaria de una de las empresas” del comisionista a cambio de 25.000 euros. La sospecha dio el salto a la política y el Partido Popular preguntó directamente por el tema a la entonces ministra de hacienda, María Jesús Montero, que fue contundente: “Jamás hizo nada parecido, nunca jamás. Pongo la mano en el fuego por Carlos Moreno”.

Las acusaciones, como tantas otras del caso durante esa fase final de la investigación en el Tribunal Supremo antes del juicio, venían de la confesión de Víctor de Aldama. La comparecencia de varias horas del empresario en la Audiencia Nacional con la que había conseguido su libertad después de mes y medio en prisión por el fraude masivo de IVA en el caso Hidrocarburos. Ese día, entre otras muchas afirmaciones, el empresario aseguró que pagó 25.000 euros a Moreno a través de Koldo García para que, previa consulta a la ministra, aplazara la deuda de una de sus empresas.

La sociedad que tenía la deuda problemática es Pilot Real Estate, que figura en la última versión actualizada de la lista de morosos de Hacienda con un déficit de 1,3 millones de euros. Según relató en fase de instrucción, Moreno accedió a hacer el favor con una salvedad que apuntaba todavía más arriba según Aldama: “Antes de hacer ningún movimiento él tiene que hablar con su jefa, que es la ministra Montero y que si ella autoriza hacen el movimiento. Se nos concede el aplazamiento”. Según esa primera versión, pocos meses después Koldo García le pidió “un detalle” con ese alto cargo, que se concretó en 25.000 euros para Moreno. “Quedamos a tomar un café y Koldo le entrega el sobre a Carlos Moreno”, zanjó entonces Aldama.

La afirmación de Aldama pasó el filtro de la fase de instrucción y llegó al juicio, donde Carlos Moreno compareció para dar su versión de los hechos: se limitó a derivar la petición de Aldama a otra persona y nunca recibió ninguna comisión. Conoció a Aldama a través de Koldo García por asuntos relativos al aeropuerto de Ciudad Real, a la compra de un edificio del Ministerio en Madrid y a la presentación de una aplicación israelí, pero nada relacionado con la deuda.

Víctor de Aldama, que compareció como imputado durante unas ocho horas ante la Sala de lo Penal, mantuvo su versión de los hechos e incluso amplió los detalles. “Yo me siento en tres ocasiones con la jefa de la Agencia Tributaria, con una orden clara de María Jesús Montero, trasladada por Carlos Moreno, en que se me tiene que ayudar con la deuda”. Y después de muchas gestiones, según Aldama, la deuda se aplazó y Koldo le pidió 25.000 euros para el alto cargo de Montero. “Citamos al señor Carlos Moreno en un bar que hay bajando del Ministerio de Hacienda a mano derecha, subiendo la callecita un poquito a mano derecha, un bar pequeño que hay ahí y le hago entrega de un sobre con dinero”, zanjó Aldama.

La Fiscalía Anticorrupción decidió no acusar por estos hechos, pero las acusaciones populares capitaneadas por el PP sí lo hicieron y el resultado ha sido un pasaje de la sentencia que rechaza las afirmaciones de Víctor de Aldama contra el departamento de María Jesús Montero. Carlos Moreno no tenía capacidad para aplazar esa deuda y no lo hizo: sigue vigente y tampoco hay pruebas de que se llevara un sobre con 25.000 euros a cambio. “No todo acto de aproximación para ser recibido en un despacho puede reputarse delictivo”, añade el Supremo.

Gestiones sin “fruto práctico”

Los jueces no dudan de que la reunión se celebró en junio de 2020 y tampoco de que Aldama pidió el aplazamiento de la deuda para Pilot Real State, una de las múltiples sociedades que administraba. El comisionista no tenía el aval necesario para conseguir la prórroga y estaba fallando en su objetivo de “intentar salvar la compañía”. Moreno, dice la sentencia, se limitó a trasladar la cuestión a otro alto cargo del Ministerio y el aplazamiento “no llegó a producirse”. Él, además, no tenía “competencias directas” sobre la cuestión.

“No ha quedado probado”, dice entonces el Supremo, nada de lo que dijo Aldama. “No tenemos ninguna constatación acreditativa, ni mediante prueba de carácter personal ni documental”, aseguran los jueces, de que Koldo pidiera 25.000 euros para Moreno y que ambos se lo dieran en un sobre en una cafetería. Además, y en contra de lo que dice Aldama, la deuda siguió viva y esa empresa sigue estando en la última versión actualizada de la lista de morosos. “Tales gestiones no tuvieron ningún fruto práctico, pues la citada mercantil figuró como morosa en la lista de diciembre de 2021”.

No todas las afirmaciones de Víctor de Aldama, por tanto, han sido validadas por el Tribunal Supremo, aunque los jueces lo mantengan en el territorio de los hechos sin probar y no acusen al empresario abiertamente de mentir. Las diligencias del Supremo y de la Audiencia Nacional han demostrado la habilidad de Víctor de Aldama para abrirse camino hasta todo tipo de despachos, y los jueces explican que eso no siempre es un delito para los que le recibían. “No es lo mismo conseguir una entrevista personal que una resolución”, dicen.

El Tribunal Supremo tira de archivo para ilustrar su argumento: el de la expresidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas. En 2008 la Sala de lo Penal, encabezada entonces por un recién llegado Manuel Marchena, recibió un aviso de un juzgado de Valdemoro: habían cazado a Casas hablando por teléfono con una abogada acusada de conspirar para matar a su propio marido. Una conversación en la que no hablaban del posible asesinato, sino del divorcio de la mujer, que años después fue efectivamente condenada. El Supremo rechazó imputar a María Emilia Casas porque esas conversaciones no constituían ningún delito: “No todo consejo emanado de una autoridad puede reputarse delictivo”, dijo el tribunal hace casi dos décadas.

El Supremo, con Marchena entre sus integrantes, recuerda estos argumentos para no considerar delictiva la reunión entre Carlos Moreno y Víctor de Aldama. “No todo acto de aproximación para ser recibido en su despacho por un funcionario público o autoridad puede reputarse delictivo. Solo aquel que compromete la imparcialidad, que menoscaba el deber de exclusividad o que provoca una interferencia entre los intereses privados y los de naturaleza pública, puede ser objeto de persecución penal”, recuerda el Tribunal Supremo para enterrar esta acusación con la que Víctor de Aldama quiso implicar en el caso a María Jesús Montero como conocedora de las gestiones.

La defensa de Begoña Gómez ha presentado este martes un recurso de queja ante la Audiencia Provincial de Madrid contra la decisión del juez Juan Carlos Peinado de imponerle como medidas cautelares la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y las comparecencias obligatorias en sede judicial cada 15 días. La argumentación del abogado de Gómez, Antonio Camacho, pasa por apuntar a una desproporción de la decisión y señalar que la afirmación de que los agentes de escolta podrían colaborar en una fuga es ofensiva, según ha podido saber elDiario.es.

La defensa de Gómez insiste en que la posibilidad material de fuga es, en la práctica, inexistente por el acompañamiento permanente de un dispositivo de seguridad, además de recordar que hasta ahora se ha presentado en todas las citaciones judiciales a las que ha sido necesario. Y apunta que es una mera especulación construida sobre la nada y que no se sustenta la hipótesis de que los agentes policiales podrían actuar como cómplices.

Además, el abogado de Gómez se lamenta también por que el auto de Peinado pusiera que “no cabía recurso” contra él, pese a que las medidas cautelares sí son recurribles. Peinado incorporaba la frase “contra el presente auto no cabe recurso” al final del documento, que recogía tanto la propuesta para abrir juicio oral por la vía del jurado popular como la retirada del pasaporte o la prohibición de salir de España. Por ello, el cauce por el que Gómez opta para presentar esta alegación a la decisión de Peinado es el recurso de queja ante la Audiencia Provincial de Madrid.

Citada este miércoles para retirarle el pasaporte

La esposa del presidente del Gobierno está citada por el juez Peinado el miércoles a las 18.00 para que haga entrega de sus pasaportes. Su asistente, Cristina Álvarez, lo ha facilitado ya de forma anticipada. El magistrado advierte que deben comunicar si cuentan con algún documento adicional al español, como pudiera ser un pasaporte diplomático o de otra nacionalidad. La cita coincide con la comparecencia a petición propia de Sánchez en el Congreso para responder sobre las investigaciones judiciales que afectan al entorno del PSOE.

La defensa de Begoña Gómez ya había emitido una queja previa sobre este auto de Peinado, pero ante el Consejo General del Poder Judicial. En ese escrito, Camacho lamentaba haber tenido conocimiento de la apertura de juicio oral y de la adopción de medidas cautelares “a través de los medios de comunicación”, por lo que denunció una “vulneración del derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva”. Que Gómez “haya tenido que conocer la existencia de estas resoluciones a través de la prensa —y no a través de los cauces procesales legalmente establecidos— constituye una situación de extraordinaria gravedad que compromete seriamente la imagen de la Administración de Justicia y el principio de igualdad de armas entre las partes”, señalaba.

A su vez, una de las argumentaciones que utiliza el juez Peinado en ese auto ha provocado que el Poder Judicial ponga en marcha un expediente este mismo lunes: la insinuación de que los policías que forman parte de la escolta de Begoña Gómez podría colaborar con su fuga. El CGPJ lo ha remitido al Promotor de la Acción Disciplinaria para que valore si incurrió en una infracción con una Comisión Permanente dividida: cuatro votos en contra del sector conservador y cuatro a favor, entre ellos el voto de calidad de la presidenta, Isabel Perelló, que decantó la balanza a favor de tramitar la queja.

La defensa del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama que pregunte a la Fiscalía Anticorrupción sobre el auto o resolución que dio pie al estudio y análisis de un dispositivo incautado a uno de los abogados investigados, Miguel Palomero de Juan. Se trata del disco duro denominado 'Crucial'. Quiere saber si esa fuente de prueba, que se encuentra en el origen de la causa junto a la información facilitada por EEUU sobre el móvil del empresario Rodolfo Reyes, “fue regularmente obtenida” y respetando los derechos de los implicados en la causa.

En el escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, la defensa del expresidente indica que la habilitación judicial cuya constancia se interesa “no es una mera formalidad, sino una exigencia legal autónoma e ineludible”. El letrado, Víctor Moreno Catena, sigue así poco a poco armando una estrategia de defensa que busca, a juzgar por los últimos escritos presentados ante el magistrado, atacar la legalidad del procedimiento para así construir eventuales nulidades.

Explica que esa resolución que busca “afecta directa e inmediatamente a la posición procesal” de Rodríguez Zapatero “y es determinante para el efectivo ejercicio de su derecho a la defensa y del derecho al proceso con todas las garantías”. Y explica que esos dispositivos fueron incautados a raíz de unas entradas y registros que se produjeron bajo el paraguas de una Orden Europea de Investigación (OEI) de Francia y una Comisión Rogatoria del cantón de Ginebra (Suiza) que fueron autorizadas por el Juzgado Central de Instrucción número 1 y que se practicaron tres días después, el 24 de octubre de 2024.

Considera que ese material aprehendido en octubre de 2024 fue utilizado y analizado por la UDEF en el marco de unas diligencias de investigación de Fiscalía. Eran conversaciones de 'wasap' -que corresponderían a móviles de Palomero y de Danilo Diazgranados- y otras informaciones que se contendrían en el disco duro Crucial y “aparentemente contiene una parte de las evidencias digitales obtenidas en las entradas y registros del 24 de octubre de 2024, en ejecución de las referidas solicitudes de cooperación judicial internacional”.

La defensa explica que esos chats fueron usados con posterioridad en la causa abierta en el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid referente a Plus Ultra, y apunta que de hecho el denominado 'Danilo-España' aparece en el auto de inhibición de ese juzgado madrileño por el que se inhibía en favor de la Audiencia Nacional al entender que podría existir una organización internacional para el blanqueo de posibles delitos cometidos en Venezuela y otros países, que justificaría la remisión de la causa a la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia.

Pone el foco, además, en que el material fue incautado en cumplimiento de la orden que procedía de Francia y de la colaboración con Ginebra, y que, sin embargo, “parece que se ha analizado y utilizado después en investigaciones internas sucesivas españolas y de objeto distinto (...) hasta desembocar en la imputación que ahora afecta” a Zapatero. Recuerda que “esa reutilización del material en finalidades y procedimientos distintos (...) no es indiferente” y requiere de una habilitación judicial.

Así, insiste en que si no se hubiera obtenido aquella autorización a través de una resolución judicial motivada, las garantías esenciales del procedimiento “se verían radicalmente laminadas porque las actuaciones policiales se habrían producido sin la habilitación legal exigida por la Constitución”. En ese caso, considera que habrían quedado “irremediablemente vulnerados” el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones , el derecho fundamental a la intimidad y el derecho a la protección de datos personales.

Insiste en recabar información de EEUU

Por otro lado, ha presentado un recurso de reforma contra la decisión del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama de no pedir más información a EEUU sobre el móvil de Rodolfo Reyes. El magistrado no vio pertinente ampliar la comisión rogatoria enviada a EEUU para obtener más detalle sobre cómo se clonó el móvil del empresario venezolano vinculado a Plus Ultra, como pedía Zapatero, porque mientras no se reciba respuesta del país americano dando luz verde para que el contenido pueda ser utilizado como fuente de prueba “no es posible efectuar una valoración fundada” de la necesidad de esas peticiones de la defensa.

En ese documento, la defensa de Zapatero plantea la posible petición de “nulidad” del uso de esas conversaciones en la investigación contra él. “La solicitud de ampliación de la comisión rogatoria que por este recurso se reitera no entraña, en modo alguno, nuestro aquietamiento con la incorporación del contenido del dispositivo a la causa, ni reconocimiento de la regularidad del material controvertido, ni conformidad con su eventual utilización como medio de prueba. Muy al contrario, esta representación deja expresamente reservado el ejercicio de las acciones de nulidad que en Derecho procedan”, señala el escrito.

En particular, la defensa de Zapatero plantea excluir ese material por la vulneración de los derechos al secreto de las comunicaciones, a la intimidad y a la protección de datos de carácter personal, así como del derecho a un proceso con todas las garantías. Por ello, piden a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia que acuerde la revocación parcial del auto de Calama para extender la solicitud de cooperación internacional a Estados Unidos tal y como pedían.

Los cuatro vocales conservadores de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial —José Eduardo Martínez Mediavilla, Isabel Revuelta, Carlos Orga y Alejandro Abascal— que han rechazado este lunes poner en marcha un expediente al juez Peinado por insinuar que la Policía que ejerce las labores de escolta de Begoña Gómez podría facilitar su fuga han emitido un voto particular para explicar su decisión.

Los cuatro consideran que a través de esas expresiones, el magistrado “está explicando los motivos por los que él entiende que procede su decisión de adoptar medidas cautelares”. Esa decisión es “estrictamente jurisdiccional y revisable únicamente por la vía ordinaria de los recursos”, es decir, opinan que debe ser la Audiencia Provincial de Madrid la que decida si hay una “eventual ausencia, insuficiencia o desacierto” en la motivación de las medidas cautelares.

“Ese juicio revisor no es competencia del Consejo General del Poder Judicial por vía disciplinaria”, continúan, por lo que cualquier actuación “supondría inmiscuirse ilegítimamente en las competencias que únicamente corresponden a la Audiencia Provincial de Madrid en vía de recurso”. “Afecta a los principios constitucionales de exclusividad de la jurisdicción y de independencia judicial”, añaden.

La decisión ahora está en manos del Promotor de la Acción Disciplinaria tras salir adelante con el voto de Carlos Hugo Preciado, Bernardo Fernández, Argelia Queralt y la presidenta, Isabel Perelló, que ejerce la presidencia y tiene voto de calidad.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha elevado la “más enérgica queja” a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, por el “grave cuestionamiento de la profesionalidad de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado” después de que el juez Juan Carlos Peinado asegurase en su auto que los escoltas podrían “facilitar” la fuga de Begoña Gómez. El ministro Marlaska pone los hechos en conocimiento de Perelló para que adopte “las medidas que puedan resultar procedentes en uso de sus atribuciones”.

El juez Peinado puso por escrito en su auto que los agentes que se ocupan de las tareas de escolta de Begoña Gómez podrían “bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos” colaborar “en la acción o acciones que se lleven a cabo para facilitar esa fuga”. Lo hizo en medio de su argumentación para imponer la retirada del pasaporte a la esposa del presidente como una medida cautelar para evitar que intente eludir la actuación de la Justicia en el mismo auto en el que propone la apertura de juicio oral contra ella.

A todo ello el instructor le suma que la condición de presidente del Gobierno de Pedro Sánchez “es algo efímero y, por tanto, transitorio” y esa protección de los agentes de los cuerpos de Seguridad del Estado puede desaparecer en algún momento, “lo que facilitaría, aún más, esa hipotética fuga”.

Para el ministro del Interior, esas afirmaciones “representan un grave cuestionamiento de la profesionalidad de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuya actuación se desarrolla únicamente en parámetros de legalidad y constituye una de las principales garantías del Estado de Derecho”. Marlaska califica las sospechas de “injustificadas” y lamenta que afectan, además de a los agentes concretos, también a sus superiores jerárquicos, a quienes Peinado atribuye la posibilidad de que dicten “órdenes ilegales”.

Las palabras del instructor han provocado las quejas de los sindicatos policiales. Varias asociaciones lo han calificado de “auténtica barbaridad”, “especialmente preocupante” o “una ofensa intolerable, escandalosa y miserable”. “Los profesionales que integran la escolta de Presidencia desempeñan exclusivamente las funciones que les atribuye la ley: garantizar la protección y seguridad de las autoridades a las que están asignados, actuando en todo momento con absoluta profesionalidad, neutralidad y en estricto cumplimiento de la legislación vigente y de las resoluciones judiciales. Poner en duda su actuación carece de fundamento y supone un injustificado descrédito de servidores públicos ejemplares”, ha respondido el sindicato mayoritario, Jupol.

Más allá de esas palabras concretas, desde Moncloa ven una “persecución” en toda la instrucción del magistrado —que ha sufrido varios reveses de la Audiencia Provincial de Madrid a lo largo de estos dos años— y le acusan de emprender unas pesquisas “que sólo atienden a motivos políticos”. El PSOE ha emitido un comunicado para lamentar que se juegue “con la reputación y la vida de una persona por el simple hecho de ser la mujer del presidente del Gobierno”. “Es una persecución que ya ha causado un daño irreparable a Begoña Gómez, pero que también ha socavado la imagen de la Justicia y la democracia”, sostienen.

Moncloa ha afirmado este sábado que la decisión del juez Juan Carlos Peinado de sentar en el banquillo a Begoña Gómez “constata la persecución, la obsesión y la desproporción” de un magistrado que ha llevado a cabo una instrucción “que carece de todo sentido jurídico y que sólo atiende a motivos políticos”. Además de mandarla a juicio con un tribunal del jurado, Peinado ha ordenado que se le retire el pasaporte y la obligará a ir periódicamente a firmar a Plaza de Castilla.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha calificado el auto de “ignominia”. “Un auto en el que se llega a afirmar que ¡puede ser la propia Policía que custodia a Begoña Gómez la que le ayude a fugarse! Esto lo está consintiendo la Audiencia Provincial de Madrid y el CGPJ”, ha criticado. Se refiere a un fragmento del auto en el que Peinado asegura que los escoltas de Begoña Gómez podrían “bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores” colaborar en “facilitar la fuga” que haga imposible “que la acusada se encuentre a disposición de la justicia”.

Fuentes del Gobierno apuntan a la existencia de “vínculos” del juez y su familia con Ayuso: “Es todo lo mismo. Casado, el fiscal general... todo para tapar la corrupción de Ayuso”, aseguran. Desde el PSOE, además, remarcan que “Begoña Gómez es inocente” y critican que “algunos han intentado construir una condena pública sin existir pruebas que la sostuvieran y han jugado con la reputación y la vida de una persona por el simple hecho de ser la mujer del presidente del Gobierno”.

Para los socialistas la decisión conocida este sábado “es un paso más en esa estrategia”. “Las medidas cautelares adoptadas son desmedidas, desproporcionadas e imposibles de justificar después de dos años de investigación en los que no ha aparecido prueba que acredite delito alguno”, sentencian. Fuentes de Ferraz consideran, de hecho, que las medidas “llegan dos años después de una persecución injusta contra una persona inocente. Dos años en los que se ha intentado destruir su reputación y utilizar su nombre como arma política contra el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE”. Se trata, añaden esas fuentes de “una persecución que ya ha causado un daño irreparable a Begoña, pero que también ha socavado la imagen de la Justicia y la democracia”.

El juez ha mantenido la tensión durante toda la semana. La vista para decidir sobre las cautelares tuvo lugar este lunes y este viernes Peinado abrió una segunda pieza separada contra el empresario Juan Carlos Barrabés, sembrando la confusión durante unas horas al emitir una providencia en la que salían los participantes de la investigación principal, sin aclarar a quién achacaba concretamente los nuevos delitos. Luego tuvo que aclararse a sí mismo para explicar que afectaba únicamente a Barrabés. El auto de apertura de juicio oral, de más de 80 páginas, ha llegado finalmente este sábado.

La decisión contrasta con la adoptada por el juez José Luis Calama sobre el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, al que decidió no poner ninguna medida cautelar por su condición pública, similar a la de Gómez. En su auto, Calama aseguró que “el investigado es una persona de pública notoriedad, circunstancia que dificulta de manera evidente que pueda situarse en una posición de ilocalización o sustraerse discretamente al procedimiento”.

La causa llegará a juicio dos años y medio después de que Peinado arrancase las pesquisas. En este camino, la Audiencia Provincial de Madrid ha avalado parte de la investigación, pero también ha corregido algunos de sus excesos, como cuando le ordenó cerrar varias líneas de investigación abiertas, levantar la imputación de tres investigados o anular el registro que ordenó en el domicilio y las empresas de Barrabés cuando estaba ingresado en el hospital aquejado de una grave enfermedad. 

El juez Juan Carlos Peinado ha decidido enviar a juicio a Begoña Gómez, retirarle el pasaporte y obligarle a comparecer quincenalmente ante el juzgado cinco días después de su comparecencia el lunes en los juzgados de la Plaza de Castilla. El magistrado ha tomado la decisión después de que durante esa vista una de las acusaciones populares del caso, el grupo ultracatólico HazteOir, solicitara precisamente que le fuera retirado el pasaporte y que fuera obligada a comparecer cada 15 días en el juzgado. También impone idénticas medidas a la exasesora de Gómez en Moncloa, Cristina Álvarez, pero no al empresario Juan Carlos Barrabés. La comparecencia quincenal no podrá ser en cualquier juzgado, sino que tendrá que ser en el de Peinado, situado en la Plaza de Castilla de Madrid.

La petición de HazteOir, que dirige la acción popular, se produjo al término de la audiencia preliminar. Fue el último acto previo al juicio al que se dirigen la mujer del presidente del Gobierno y los otros dos procesados si no lo impide la Audiencia Provincial de Madrid, la instancia que revisa las decisiones de los jueces de instrucción, como Peinado. En una vistilla celebrada a continuación se abordó la cuestión de las medidas cautelares.

La decisión de Peinado contrasta con la adoptada por el juez José Luis Calama sobre el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, al que decidió no poner ninguna medida cautelar por su condición pública, similar a la de Gómez. En su auto, Calama aseguró que “el investigado es una persona de pública notoriedad, circunstancia que dificulta de manera evidente que pueda situarse en una posición de localización o sustraerse discretamente al procedimiento”.

“Su visibilidad pública y manifiesto arraigo en el territorio, unidos a la ausencia de cualquier indicio de intención evasiva, excluyen razonablemente la existencia de un riesgo de fuga real y actual. Tampoco se aprecia riesgo de ocultación o destrucción de fuentes de prueba, pues los elementos relevantes ya han sido intervenidos y la investigación no depende de actuaciones que el investigado pudiera obstaculizar. En este contexto, la imposición de comparecencias apud acta o la retención del pasaporte con prohibición de salida del territorio nacional no resulta necesaria, al no existir un riesgo procesal que requiera ser conjurado mediante tales medidas. Su adopción supondría una restricción injustificada del derecho a la libertad personal y a la libre circulación, incompatible con el principio de proporcionalidad”, consideró Calama.

Peinado, en cambio, considera que “el criterio de ponderación lógico es presumir que a mayor gravedad de la pena, más intensa puede ser la tentación de la huida y mayor el perjuicio que, en caso de materializarse la fuga, sufriría la finalidad de preservar la acción de la justicia”, en el caso de Begoña Gómez como en el de su exasesora. Así, Peinado considera que “las graves responsabilidades penales, todavía en sede indiciaria, así como los posibles contactos con otros posibles miembros de la organización aún no conocidos, pero que pudieran facilitar su sustracción, acrecientan el riesgo de fuga, que en ningún caso queda enervado por el hipotético arraigo alegado por todos ellos, no constando en muchos de ellos, como decimos, otros medios lícitos de vida más allá de su vinculación criminal”.

Los escoltas podrían “facilitar” la fuga, según Peinado

Es más, para el juez el hecho de que Gómez tenga escolta policial y, por tanto, esté siempre acompañada por autoridades no impide el riesgo de que la esposa del presidente huya de España. Cree, incluso, que los policías podrían ayudarle a fugarse. “Lo que no cabe duda es que, esos agentes en un momento determinado, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, sean precisamente, quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo, para facilitar esa fuga, que haga imposible, que la acusada se encuentre a disposición de la justicia”.

En su auto, Peinado ordena mandar a juicio a Begoña Gómez, a la que atribuye los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares, apropiación indebida y malversación de caudales públicos. Son los mismos delitos que le atribuye a Álvarez. A Barrabés, en cambio, le atribuye tráfico de influencias y corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares.

Respecto a la esposa del presidente del Gobierno, Peinado considera que “habría venido aprovechando su proximidad al Presidente del Gobierno para impulsar su proyección profesional en el entorno de la Universidad Complutense de Madrid, obteniendo para ello una interlocución singular con responsables de una universidad pública, con empresas patrocinadoras y con entidades del sector tecnológico, al tiempo que recababa apoyo, financiación, colaboración y respaldo institucional y empresarial para la creación, desarrollo y expansión de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva y de los proyectos surgidos en su seno”.

En ese mismo marco, añade el auto, “la investigación ha permitido constatar la integración funcional de Juan Carlos Barrabés en el proyecto académico de la Cátedra al mismo tiempo que sociedades de su grupo resultaban beneficiadas por adjudicaciones públicas avaladas o apoyadas por Begoña Gómez, así como la captación de financiación y ventajas de empresas con intereses o vínculos con el sector público, extremo que, en su conjunto, presenta rasgos susceptibles de integración en los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios”.

Sobre Álvarez, el juez Peinado asegura que “no actuaba como mera acompañante ocasional” sino como “asistente y apoyo logístico permanente de la actividad profesional y académica” de Begoña Gómez pese a tratarse de “actuaciones completamente ajenas a las funciones institucionales de la Presidencia del Gobierno, que era quien abonaba su sueldo”. Un puesto en el que Jaime de los Santos, hoy alto cargo del PP de Alberto Núñez Feijóo, llegó a ser denominado por la prensa como “chico para todo” de la esposa de Mariano Rajoy, Elvira Rodríguez, por llevar sus bolsas durante jornadas de compras de ropa.

El magistrado citó personalmente este lunes a la mujer del presidente y el resto de acusados bajo la amenaza de que, en caso de no presentarse, podrían ser “conducidos por la fuerza pública”. Su argumento era que, ante las altas penas a las que se exponen, “se podría adoptar alguna medida cautelar de naturaleza personal que evite o minimice el riesgo” de que se fuguen. Junto a Gómez está imputada su asistente, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés, aquejado de una grave enfermedad y al que se ha podido ver acceder con dificultad a los juzgados de Plaza Castilla, ayudado por un bastón.

La defensa de Begoña Gómez daba por hecho que en esta ocasión se abordaría la posibilidad de que se tomara algún tipo de medida cautelar contra ella, como la retirada del pasaporte, por lo que sí ha asistido, a diferencia de lo que hizo en anteriores ocasiones. En estas citaciones estuvo representada por su abogado, posibilidad que incluye la Ley del Jurado y que aclara una circular de la Fiscalía General del Estado de 1995.

El escrito en el que las acusaciones ultras pedían 24 años de cárcel para Begoña Gómez por delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida ya daba pistas al respecto al solicitar al juez que tomara medidas como la retirada del pasaporte o las comparecencias quincenales en el juzgado. Formulaban esta petición ante el “evidente y fundado riesgo de fuga” derivado de “la gravedad de las penas solicitadas”. 

El juez Peinado rechazó prácticamente todas las diligencias que las partes habían pedido que se celebraran en la audiencia preliminar de este lunes. Por ejemplo, la defensa de Barrabés solicitó la declaración de más de una veintena de testigos, pero el juez determinó que escucharles no era “imprescindible” para decidir sobre la procedencia de abrir juicio. También rechazó que se abordaran los últimos informes periciales que ha presentado la defensa de Begoña Gómez, que sí están incorporados al procedimiento. 

Begoña Gómez y la Complutense

Parte de la investigación impulsada por el juez Juan Carlos Peinado gira en torno a la actividad profesional de Begoña Gómez en la Complutense. Según el juez, desde la llegada de Pedro Sánchez, primero a la Secretaría General del PSOE y, sobre todo, al Gobierno, “se tomaron determinadas decisiones públicas favorables” a la cátedra que Begoña Gómez codirigió en esa Universidad gracias a su “posición relacional”.

En esta línea, las acusaciones populares lideradas por HazteOir defienden que Begoña Gómez se valió de la influencia derivada de ser la esposa del presidente para favorecer a empresas de Barrabés en adjudicaciones públicas e impulsar de forma irregular la creación de la Cátedra de Transformación Social Competitiva que codirigió en la Universidad Complutense de Madrid. 

Durante la vista de este lunes, Camacho ha defendido que la vinculación de Gómez con ese campus comenzó en 2012, cuando Pedro Sánchez “no ostentaba responsabilidad pública alguna”, que fue ella quien “inventó” el término “Transformación Social Competitiva” que dio nombre a la dirección de la cátedra extraordinaria que asumió en 2020 o que ese cargo no conllevaba “retribución económica alguna”. 

La Fiscalía se ha expresado en términos similares. En sus escritos, el fiscal José Manuel San Baldomero ha criticado que el juez Peinado haya tachado de “irregular, corrupta y delictiva” cualquier actividad realizada por la esposa de Pedro Sánchez “forzando la conexión de actividades profesionales o cotidianas e institucionales como si de una trama u organización criminal se tratara”. Y también ha atacado el mantra de los negocios privados de Begoña Gómez, que cobró 34.314 euros en una década de colaboración con la Complutense. “No parece que el lucro sea sospechoso ni disparatado”, dejó por escrito el fiscal.

Sobre la supuesta apropiación indebida del software vinculado a la cátedra, las acusaciones ultras defienden que “se apropió y puso bajo su poder de control y disposición” el programa en perjuicio de la Complutense porque no lo entregó a pesar de que estaba obligada a ello.

La defensa de Begoña Gómez viene subrayando, sin embargo, que el convenio de la cátedra preveía crear una plataforma tecnológica gratuita propiedad de la Complutense. Y que las empresas colaboradoras ingresaron directamente las aportaciones económicas en el patrimonio de la universidad, así como que fue la propia Complutense quien licitó los contratos necesarios. Además, la defensa ha insistido en que el software nunca llegó a finalizarse ni a usarse debido a que la Complutense canceló la cátedra, por lo que ni Begoña Gómez se lucró ni la Universidad sufrió ningún perjuicio patrimonial.

El aval de los jueces de la Sección 23

La Sección 23 de la Audiencia Provincial ha corregido algunos aspectos de la instrucción de Peinado, como su insistencia en investigar la supuesta participación de Begoña Gómez en el rescate de Air Europa, pese a los informes de la UCO que descartaban tal posibilidad. Sin embargo, los magistrados de la instancia superior han avalado los indicios de delito de malversación presentados por Peinado. Ese delito arrastra a los demás para que todos sean juzgados por un tribunal popular.

En diciembre pasado, los jueces de la Sección 23 llegaron a argumentar que el puesto de la asistente Cristina Álvarez siempre había sido ocupado por un experto en protocolo, una afirmación que contrasta con la realidad de los perfiles de los asistentes de otras esposas de presidentes del Gobierno.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero fue tajante ante el juez instructor de la Audiencia Nacional al referirse a la supuesta sociedad off shore que la presunta trama habría planeado crear en Dubai para cobrar la comisión del 1% que habría pactado con Plus Ultra a cambio de lograr que prosperara el rescate público de la aerolínea: “Jamás en mi vida he oído hablar de una sociedad off shore”.

En el audio de la declaración de Zapatero ante el juez José Luis Calama, al que ha tenido acceso elDiario.es, el magistrado se muestra muy interesado por concretar qué personas asistieron a finales de enero de 2021 a una comida en la marisquería Portonovo. Esa comida fue reservada de manera presencial por un escolta del expresidente ante la imposibilidad de que la secretaria, Gertrudis Alcazar, lograra mesa por teléfono. El juez, que alabó la relación calidad precio del sitio, haciendo ver que ha sido cliente, le preguntó al expresidente si recordaba haber asistido.

Zapatero, que en un inicio respondió que “puede ser” que esa cita tuviese lugar, luego dijo que no recordaba quién asistió a la misma, pero cuando el juez le preguntó por quién sería el segundo comensal, indicó que pudo ser Tomás Guerrero, persona de la órbita del PSOE que conoció al hilo de su interés por la comida halal y que era experto en finanzas.

El juez le recordó que para la investigación es “muy importante” concretar quién asistió a esa comida porque en un mensaje del día siguiente a ese ágape, Guerrero y Julio Martínez Martínez —su amigo y persona clave en la trama por ser el administrador de la empresa Análisis Relevante— ya hablaban de la creación de esa sociedad off-shore en Dubai.

Zapatero respondió al juez que repasaría su agenda de esos días porque su secretaria Gertrudis es muy minuciosa con sus citas. Pero indicó al respecto que ese asunto de la conexión de la comida con la creación de una sociedad fue de lo que más le sorprendió al leer el auto de imputación. “Una de las cosas que cuando leí el auto de imputación más me sorprendió. Se dice que yo di directrices para la creación de sociedades offshore, yo no he hablado nunca en vida con nadie de una sociedad offshore y ni sé lo que es”, indicó. Después de su declaración, la defensa del exdirigente presentó un escrito con una “autorización universal voluntaria” para que el juez Calama pueda comprobar que no tiene ningún tipo de dinero o activo en el extranjero a su nombre.

Calama le insistió en que comprobara en las agendas el dato porque la hipótesis es que se creó esa sociedad en Emiratos Árabes Unidos (“que no son precisamente muy colaboradores con la justicia española”) para que otra sociedad de Julio Martínez, Idella Consulenza, cobrara “la mordida” por el rescate público.

“Eso es muy pertinente que lo compruebe y sea exhaustivo. Es uno de los temas importantes”, le dijo. El juez le explicó en hasta dos ocasiones que le resultaba llamativo que su oficina cerrara la comida y que luego él no fuera y dejó caer que otra opción podría ser la de que, aunque no asistiera, sí supiera de lo que se iba a tratar en la misma.

Cabe recordar que la UDEF considera que fue idea del expresidente la creación de esa offshore. La Policía lo deduce de un correo incautado y fechado un día después de esa comida en el que Guerrero hace referencia a una conversación mantenida “ayer” y le traslada a Julio Martínez Martínez la documentación necesaria para constituir la sociedad. Para la UDEF, lo que comentaron Guerrero y Martínez el día anterior tuvo que producirse necesariamente en esa comida con Zapatero.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, cree que José Luis Rodríguez Zapatero era para la izquierda “una especie de Gandhi español”, que el exdirigente socialista está buscando “un jeque árabe, a ser posible muerto” para que no pueda desmentir el origen de las joyas encontradas por la UDEF en el registro de su oficina y vaticina que el PSOE acabará en algún momento imputado en los juzgados.

El líder de la oposición ha reservado su análisis del interrogatorio a Zapatero para el prime time del programa de Pablo Motos, diez horas después de que el expresidente socialista saliese de la Audiencia Nacional y pidiese públicamente “confianza” a los ciudadanos para demostrar que es “completamente inocente”. El juez José Luis Calama, de momento, difiere y cree que la declaración no ha anulado los indicios contra él, aunque ha decidido que no era necesario imponerle medidas cautelares.

“Hoy no ha declarado por el tema de las joyas. ¿Qué es lo que está esperando? Está buscando decir que se lo ha regalado un jeque árabe, a ser posible que esté muerto, para que no pueda desmentirle. Creo que es lamentable. Cuando una persona se ha dedicado a blanquear una dictadura también puede blanquear capitales”, ha comentado ante Motos.

El mismo dirigente que defendió que no sabía a qué se dedicaba Marcial Dorado cuando veraneaba con él ha argumentado este miércoles que Sánchez debía tener conocimiento de las maniobras de Leire Díez y de las causas de corrupción que atenazan a su partido. Lo ha desarrollado con un ejemplo de su etapa al frente de la Xunta: “Cuando iba a inaugurar una obra y veía a un director de obra pública con un cochazo yo llamaba al consellero. Le decía: oye, ¿cómo es posible que un funcionario público tenga un coche como este? Mientras no me lo aclarase había una sospecha”. “Si sabía solo una parte tiene que dimitir por corrupto y si no lo sabía, por incompetente”, ha reprochado.

Lejos han quedado los tiempos en los que el PP denostaba a Junts, de quienes hoy ha dicho que comparte sus políticas económicas y ha recordado que han “pactado bastantes cosas” antes de pedirles de nuevo su apoyo para una moción de censura contra Sánchez. “Desde el PNV a Vox pasando por Junts y el PP hemos dicho que no se puede continuar así. Hagámoslo”.

Da por hecho que gobernará con Vox si es necesario

La entrevista ha comenzado con Motos citando el “bucle de escándalos” de la política española, entre los que ha recopilado casos vinculados al PSOE y ha omitido el juicio contra la Operación Kitchen, la guerra sucia del PP pagada con fondos públicos reservados para destruir pruebas de la caja b del partido.“¿Qué pueden esperar los españoles de usted si llega a Moncloa?”, le ha preguntado Motos. “Decencia”, ha respondido Feijóo.

Los temas que ha puesto sobre la mesa Motos hasta llegar a la primera pregunta que pudiera resultar incómoda para Feijóo han versado desde la mala situación económica de España al exceso de ministros, los “900” asesores del Gobierno y el papel de los sindicatos. Solo después ha llegado el momento de hablar de la “prioridad nacional”, el principio exigido por Vox para permitir las investiduras de presidentes autonómicos del PP como María Guardiola en Extremadura o Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León. Feijóo ha dado por hecho que gobernará con la extrema derecha en coalición si no le dan los números para la mayoría absoluta: “No voy a demonizar al tercer partido de España. No quiero gobernar con nadie pero aceptaré el resultado de las urnas”.

Como líneas rojas para pactar con Vox ha citado algunas ya incumplidas en sus coaliciones actuales o previas: “el respeto a la Constitución, el respeto a la España de las autonomías, las políticas de igualdad, de género y LGTBI, el equilibrio de las cuentas públicas, la prosperidad de los españoles por encima de todo y una política de inmigración ordenada y racional”.

Al hilo de la conversación sobre Vox ha defendido que no cambiará la actual ley de plazos del aborto si llega a Moncloa y, en un momento dado, lo ha calificado como un “derecho” de las mujeres, aunque luego ha matizado que era una “decisión”. “Daremos toda la información a la mujer. A partir de ahí si decide interrumpir el embarazo nosotros lo respetaremos”, ha añadido. Sí pretende modificar la ley de eutanasia porque requiere “más consenso” de profesionales sanitarios y políticos.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha rechazado la petición de la defensa del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero para que se suspenda su declaración de este miércoles en la parte referida a las joyas encontradas en una caja fuerte durante el registro de su oficina. De esta forma, tendrá que responder sobre ambas investigaciones: la principal, sobre el rescate de Plus Ultra, y la nueva pieza separada, la de las joyas.

Ante la argumentación del abogado del expresidente socialista, que había pedido más tiempo para localizar documentación dado que esta nueva imputación por contrabando y delito fiscal se conoció hace solo cuatro días, el magistrado cree que la pieza separada “no altera el objeto fáctico ni introduce elementos sorpresivos que exijan un tiempo adicional de preparación”. Calama sostiene que aunque la pieza se separase el viernes, su contenido no incorpora “hechos nuevos” porque el hallazgo de las joyas ya era conocido y la novedad es la tasación pericial. “Los hechos sobre los que debe versar la declaración son los mismos que ya constan en la causa principal desde la intervención de los efectos”, añade.

El magistrado rechaza que exista una “indefensión material” y, además, añade que la defensa de Zapatero tiene la posibilidad de solicitar diligencias complementarias o nuevas declaraciones si lo considera necesario, lo cual “excluye cualquier perjuicio irreparable”. “El investigado puede declarar sobre los mismos hechos que motivan su citación en la causa principal, fijándose ambas declaraciones el mismo día por razones de coherencia y economía procesal”, desarrolla.

Tras la decisión de Calama, mañana Zapatero tendrá que abordar la explicación sobre el origen y la tributación de las joyas así como la investigación principal, es decir, si cobró a cambio de impulsar el rescate de más de 50 millones de euros de dinero público por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a la aerolínea Plus Ultra, y si para hacerlo construyó un entramado societario. Entre otros métodos, Calama analiza si parte de los pagos se canalizaron a través de la empresa de sus hijas.

La semana pasada, el abogado de Zapatero presentó ante Calama un escrito en el que le requería que pidiese más datos a EEUU sobre la manera en la que se obtuvo la prueba clave contra el exdirigente socialista, el teléfono de Rodolfo Reyes. Su defensa también se queja de que no tiene acceso íntegro a los dispositivos incautados, de forma que no sabe qué ocurre antes y después de las conversaciones utilizadas por los agentes en sus informes y por el juez instructor.

Zapatero tendrá que localizar documentación que acredite la procedencia de los collares, relojes y pendientes que estaban en la caja fuerte de su oficina cuando acudió la UDEF a registrarla y que la tasación ha valorado en más de un millón de euros. El instructor del caso cree que las joyas pudieron ser introducidas en España sin declarar y que tampoco se tributó por ellas.

La secretaria del expresidente, Gertrudis Alcálzar, dijo a los agentes de la UDEF que el contenido de la caja fuerte era parte de una herencia familiar de Sonsoles Espinosa y parte de “regalos de viajes”. En este sentido, será clave si estos objetos proceden de su etapa como presidente, entre 2004 y 2011, lo que haría que los delitos hubieran prescrito.

La investigación de la Audiencia Nacional en torno a José Luis Rodríguez Zapatero, su patrimonio y su supuesta relación con el rescate de la aerolínea Plus Ultra en la pandemia se ha encontrado con un esqueje salido de los primeros registros: las joyas encontradas en el interior de una caja fuerte en un despacho del equipo del expresidente del Gobierno en la calle Ferraz. Ahora el juez Calama quiere saber de dónde salieron esas joyas, cuánto valen y si su posesión abre la puerta a nuevas acusaciones contra Zapatero. 

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Guardia Civil entró en la oficina del expresidente el pasado 19 de mayo, a las 8.17 de la mañana. Durante ese registro abrieron una caja fuerte donde Gertrudis Alcázar, secretaria de Zapatero, explicó lo que iban a encontrar: joyas, “algunas” procedentes de la herencia de Sonsoles Espinosa, esposa del expresidente, y “regalos de viajes”, según quedó recogido en el acta de los agentes.

La ramificación central del caso gira en torno a si José Luis Rodríguez Zapatero cobró a cambio de impulsar el rescate de más de 50 millones de euros de dinero público por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a la aerolínea Plus Ultra. Entre otros métodos, el juez José Luis Calama analiza si parte de los pagos se canalizaron a través de la consultora de sus hijas o si la trama planeaba abrir una sociedad en Dubái. 

Las joyas encontradas en la caja fuerte han abierto un nuevo frente y el primer paso del instructor fue pedir un peritaje para calcular su valor. La respuesta de los joyeros ha sido que el ajuar encontrado vale, potencialmente, más de 1,3 millones de euros. Y ese dato se ha convertido en una nueva imputación para José Luis Rodríguez Zapatero. El próximo 17 de junio el expresidente del Gobierno no solo tendrá que explicar su relación con Plus Ultra y Julio Martínez, sino también responder por delitos de fraude fiscal y contrabando. 

Para el magistrado de la Audiencia Nacional es necesario saber si Zapatero pagó los impuestos relacionados con esas joyas y descubrir de dónde las sacó. Solo por el IRPF, dice el juez, el tipo aplicable es del 46% aproximadamente. Si no se pagaron los aranceles necesarios, añade, podría estar ante un caso de contrabando. “La introducción, tenencia o circulación en territorio nacional de joyas cuyo valor global asciende a aproximadamente 1.323.915 euros, sin acreditación del pago de los derechos arancelarios, impuestos especiales o tributos asociados a su importación, constituye un indicio objetivo de que tales bienes pudieron haber accedido al territorio aduanero de la Unión Europea eludiendo los controles y obligaciones fiscales exigibles”, dice el juez.

Herencia familiar y regalos “de viajes”

El exdirigente socialista tendrá que concretar ante el juez la procedencia de los relojes, collares y otros efectos que su entorno ha atribuido en parte a una herencia familiar de Sonsoles Espinosa y en parte a regalos procedentes de “viajes”, así como aclarar si fueron durante su etapa como presidente.

Zapatero mantuvo a lo largo de sus dos legislaturas una amplia agenda internacional con más de 200 viajes, según reveló una petición a Transparencia realizada por Maldita.es en 2020 sobre el uso del avión presidencial. Según esos datos, el expresidente socialista realizó 134 vuelos a países extranjeros entre 2004 y 2011 sin contar cumbres ni consejos europeos. Por ejemplo, viajó en una veintena de ocasiones a países de África (Marruecos, Argelia, Senegal, Egipto...) e hizo 16 visitas a países situados en el continente asiático (China, Kazajistán, Siria, Arabia Saudí...).

En esos viajes se vio con multitud de primeros ministros, presidentes o reyes como Mohamed VI de Marruecos. A este país viajó en cuatro ocasiones: la primera vez fue en 2004 a Casablanca, la siguiente en 2005 a Rabat, mismo destino que en 2007 (para una reunión de alto nivel hispano-marroquí), y la última vez a Uxda y Rabat en 2008.

Zapatero también se reunió durante su etapa como presidente con el Rey Abdulá bin Abdelaziz de Arabia Saudí en la ciudad de Yeda en 2009 o con el entonces líder interino de Túnez Fuad Mebaza en el Palacio presidencial de Cartago en 2011, su último año como presidente. Este último encuentro fue, en realidad, parte de un viaje más amplio que también le llevó a Catar —donde negoció acuerdos bilaterales con el emir y el primer ministro— y a Abu Dhabi y Dubai, en Emiratos Árabes Unidos.

Cuando Zapatero llegó al Gobierno, en 2004, no existía una normativa específica que regulara o limitara los regalos de los servidores públicos, incluido el jefe del Ejecutivo. Pero precisamente su Gobierno aprobó en marzo de 2005 en Consejo de Ministros el llamado “Código de Buen Gobierno de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado” que, por primera vez, sí recogía una referencia explícita a los obsequios. 

En su artículo tercero, referido a los “principios de conducta”, el Gobierno de Zapatero incluyó el siguiente párrafo: “Se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía o préstamos u otras prestaciones económicas que puedan condicionar el desempeño de sus funciones, sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal. En el caso de obsequios de mayor significación de carácter institucional se incorporarán al patrimonio del Estado, en los términos previstos en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, de acuerdo con lo que se determine reglamentariamente”.

La orden ministerial se aprobó cuando Zapatero apenas llevaba un año en la Moncloa y estuvo vigente hasta su salida, en 2011, por lo que la limitación estuvo en vigor la mayor parte de su mandato.

El origen y el momento en que las recibió, claves

El origen y el momento temporal en el que el expresidente Zapatero heredó o recibió las joyas como regalo será clave de cara a su posible responsabilidad con la Hacienda pública, si la hubiera. Deberían haberse tributado a través del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, un tributo progresivo que oscila entre el 8% y el 40%, en función del grado de parentesco entre el que da y el que recibe, y el importe de lo recibido. “La deuda tributaria prescribe a los cuatro años y el delito a los cinco, diez en el caso de que sea agravado, pero quien alega prescripción debe acreditar la fecha del regalo, algo muy difícil en joyas entregadas en mano sin rastro documental”, señala Xavier Rubert, socio del bufete Lullius Partners, especializado en derecho tributario.

En el caso de que no existan pruebas documentales que demuestren la prescripción de estas deudas, Hacienda podría incorporar como ganancias no justificadas el valor de las joyas a la declaración del IRPF del expresidente, que sería al tipo máximo en la escala de la renta: el 46%.

A mayores, el valor de las joyas, superior al millón de euros, colocaría a Zapatero en el ámbito del Impuesto sobre el Patrimonio, que cobran las comunidades autónomas, o del temporal para las grandes fortunas, que recauda el Estado central. En el caso de Patrimonio, y siendo residente en Madrid, al menos debería haberlo incorporado en las declaraciones de 2024, 2025 y 2026. No haber declarado las joyas supondría pagar la cuota tributaria con intereses y una sanción de entre el 50% y el 150% de dicha cuota. “Si la cuota defraudada supera los 120.000 euros por impuesto y año, hay delito fiscal: prisión de uno a cinco años y multa de hasta seis veces lo defraudado, que sube de dos a seis años por encima de 600.000 euros o si median testaferros o paraísos fiscales”, asegura el director de Estudios del Registro de Economistas Asesores Fiscales del Consejo General de Economistas, Rubén Gimeno.

La apertura de esta nueva línea de investigación podría, según los expertos consultados, bloquear una potencial regularización voluntaria del expresidente, en el caso de que estas joyas no se hubiesen declarado con anterioridad. “Mientras no reciba una citación judicial para la investigación de los posibles delitos fiscales, o una citación de la administración tributaria para comprobar su situación, tendría la posibilidad de presentar liquidaciones tributarias, sin ningún tipo de sanción o repercusión penal”, apunta el portavoz de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, José María Peláez, a preguntas de este periódico.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha asegurado este martes que no tiene “ninguna sociedad mercantil” ni en España ni en el extranjero y se ha desvinculado del rescate a la aerolínea tras ser imputado en el caso Plus Ultra. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama le sitúa como líder de “una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias”.

Zapatero ha negado haber realizado “ninguna gestión” vinculada al rescate de la aerolínea, como apunta el juez, que cree que los directivos de Plus Ultra intentaron obtener la ayuda pública de 53 millones de euros concedida por la SEPI mediante “mecanismos ajenos a los cauces legalmente establecidos”. Las pesquisas realizadas, según desarrolla Calama, demostrarían que la trama “organizada y liderada” por Zapatero tenía como objetivo “la aprobación y desembolso de la ayuda pública solicitada por Plus Ultra”. En esa resolución, el magistrado también afirma que Zapatero dio “instrucciones” para que se creara una sociedad offshore en Dubái para “canalizar” el cobro de una comisión de 530.000 euros por el rescate con dinero público de Plus Ultra, la aerolínea que está en el punto de mira de la Justicia.

“Quiero reafirmar que toda mi actividad pública y privada se ha desarrollado con respeto a la legalidad. Mis ingresos han sido declarados vía IRPF con transparencia y legalidad”, ha replicado el exdirigente socialista en un vídeo difundido a los medios. También ha anunciado que ejercerá su “derecho a la defensa” con “toda la firmeza” y ha expresado que colaborará con la Justicia.

La empresa clave es Análisis Relevante, propiedad de su amigo Julio Martínez Martínez. Esa empresa pagó entre 2020 y 2025 en torno a 70.000 euros brutos al año al exdirigente socialista por trabajos de consultoría y también contrató a sus dos hijas para “trabajos de marketing”. A la vez, Julio Martínez Martínez ha ingresado en este tiempo con Análisis Relevante casi medio millón de euros de Plus Ultra por asesorías externas relacionadas, entre otras cuestiones, con problemas de la compañía aérea en Venezuela. Todo ello, a través de una empresa sin empleados.

Según Calama, Martínez Martínez tendría un doble papel: como “interlocutor” de los clientes de la red, como ejecutor de instrucciones de Rodríguez Zapatero y también como responsable de un entramado societario destinado a canalizar los fondos percibidos de dichos clientes. Y apunta a que la mayor parte de los fondos recibidos por Análisis Relevante —procedentes de Plus Ultra, Inteligencia Prospectiva, Softgestor y Grupo Aldesa— terminaron en el entorno del expresidente.

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, no ha querido despejar este lunes la incógnita de si pedirán al PP alguna responsabilidad en su gobierno, pero ha apuntado que negociarán “conscientes” de la “proporcionalidad”, que sitúa a Moreno Bonilla como vencedor y a solo dos escaños de la mayoría absoluta. Garriga solo ha hablado de las medidas que les gustaría imponer en Andalucía: “prioridad nacional”, el fin de la “inmigración masiva” o un “recorte del despilfarro”, entre otras. El dirigente del PP ha cargado contra la idea de “prioridad nacional” a lo largo de la campaña en muchas ocasiones y ha llegado a calificarla de “inmoral”.

“Los andaluces nos otorgaron la enorme responsabilidad de tener la capacidad de condicionar el gobierno de la Junta de Andalucía. La responsabilidad no es hablar de cómo ha de ser ese gobierno, sino qué ha de hacer. Vox no va a desaprovechar esta oportunidad”, ha defendido el secretario general de la extrema derecha en una rueda de prensa este lunes, 24 horas después de que las urnas les otorgasen un escaño más del que tenían, hasta alcanzar los 15.

Garriga ha argumentado que los andaluces han dicho “que no querían más PP”, pese a que es el vencedor de las elecciones con el 41,6% de los votos, muy por delante de la segunda fuerza, el PSOE con el 22,71%. “Los andaluces querían más Vox. Querían que Vox fuera decisivo en esta nueva etapa y eso es lo que vamos a hacer, con responsabilidad, consciente de la proporcionalidad”, ha añadido. A continuación ha mencionado que impulsarán “con la fuerza” otorgada por las urnas la defensa de la prioridad nacional, el fin de la inmigración masiva, un recorte “del despilfarro” y otras medidas de “sentido común” que ya han logrado “impulsar” en Aragón y Extremadura.

Al contrario de lo que ha ocurrido en otras elecciones autonómicas, en esta ocasión el PP necesita solo dos diputados para llegar a la mayoría absoluta del Parlamento. Preguntado por esa posible petición de entrada en el Ejecutivo andaluz, el dirigente de Vox ha replicado que lo “importante” es extraer la conclusión de que “quien tenía mayoría absoluta ya no la tiene” y Vox “tiene la posibilidad de cambiar el rumbo”. “No me voy a mover de ahí porque lo importante es hablar de esas políticas”, ha insistido.

Minutos antes, Moreno Bonilla aseguraba antes de entrar en la sede del PP para su Junta Directiva Nacional que el resultado del domingo da “un margen de maniobra para gobernar en solitario”. También ha afirmado que “no tendría sentido” que la extrema derecha “buscase un sillón”, pero asumía que tendría que llegar a un acuerdo para que permitan su investidura.

“Estamos todavía en la resaca de estas elecciones, no hay ningún tipo de contacto [con Vox]. Toca celebrar un resultado que ha sido muy positivo”, ha zanjado. “Más allá de las dinámicas parlamentarias que llevan a buscar entendimientos en ciertos temas, no tendría ningún sentido la búsqueda de un sillón que no sería razonable ni comprensible para la mayoría de andaluces que han optado por el PP”, ha añadido.

Ese entendimiento del que habla Moreno Bonilla para Vox pasa por su idea de “prioridad nacional”, que el barón popular ha rechazado siempre que le han preguntado. Aunque públicamente en la extrema derecha hablan de “prioridad para los españoles”, en la práctica eso se ha plasmado en los acuerdos con el PP bajo otras formulaciones porque ahora mismo choca contra la legislación nacional. Por ejemplo, en Extremadura no hablan de priorizar a los españoles sino a quienes tengan “un arraigo verificable y duradero en el territorio”.

El partido de Alvise Pérez se va de vacío de las elecciones en Andalucía. Es la tercera vez que Se Acabó la Fiesta no logra representación en unas elecciones autonómicas, pero en esta ocasión ha conseguido sumar más de 105.000 papeletas y un 2,5% del voto en la tierra del eurodiputado. Pérez lo ha celebrado apuntando a las generales: “Perseveramos. Cuando entremos al Congreso en las próximas generales habrá un antes y un después”

En las elecciones europeas de 2024, el partido de Alvise consiguió ser cuarta fuerza en esta comunidad con más de 180.000 papeletas (6.21%), 30.000 más que Sumar. Esta vez es la quinta fuerza en votos totales y le superan, además de PP, PSOE y Vox, también Adelante Andalucía (con el 9,58% de los votos y 386.000 sufragios) y Por Andalucía (más del 6% y 254.000).

La provincia en la que mejor le ha ido a la candidatura encabezada por Adrián Yacar ha sido Málaga, donde se ha hecho con el 3% de los sufragios. En cambio, su peor porcentaje está en Jaén, con el 1,6%.

En Sevilla ciudad, donde nació Pérez, es la sexta fuerza con casi 8.000 votos, muy lejos de Por Andalucía, quintos con 24.000.

Se Acabó la Fiesta ya rozó el escaño por Zaragoza con el 2,9% del voto ante una barrera legal del 3% por provincia. Le fue peor en su segunda intentona, en Castilla y León, donde se quedó como sexta fuerza por número de votantes con más de 17.000 papeletas.

El eurodiputado tiene varios frentes judiciales por delante. El más grave, la acusación de financiación ilegal. El agitador mantuvo conversaciones durante semanas con Álvaro Romillo, conocido como 'Luis CryptoSpain' y promotor de plataformas de inversión y criptomonedas como el Madeira Invest Club, que le dio 100.000 euros para impulsar su candidatura a las últimas elecciones europeas, tal y como reveló elDiario.es.

Hace solo una semana, el Supremo pidió al Parlamento Europeo que le levantase la inmunidad para investigar la denuncia de acoso a sus dos eurodiputados. Ya se le ha retirado para que sea juzgado por el supuesto acoso contra la fiscal de delitos de odio, Susana Gisbert.

La Audiencia Provincial de Madrid ha acordado rebajar de 20.000 a 10.000 euros la condena contra el eurodiputado Alvise Pérez por una publicación en X, antes Twitter, en la que se refería al exministro José Luis Ábalos como parte de una “mafia”. Un juzgado madrileño había condenado al agitador ultra por vulnerar su derecho al honor y una intromisión ilegítima en el derecho a la propia imagen, pero ahora los magistrados han estimado parte del recurso del agitador ultra y han revocado esta última. Todavía cabe recurso de casación ante el Supremo.

La publicación se produjo en 2020, cuando a Alvise Pérez todavía le quedaban cuatro años para que 800.000 votos le llevasen hasta el Parlamento Europeo. Pérez difundió varias fotografías del ministro en una cafetería con un hombre al que identificaba como un abogado —en realidad no era él, sino el director general de una empresa pública— y lo acompañó con la frase: “Se acabó el miedo ante la MAFIA que está llevando España a la ruina”. Un juzgado madrileño concluyó que el comentario buscaba “su desprestigio” y entendió que el encuentro “no tenía interés público alguno” al pertenecer al ámbito privado. En consecuencia, sentenció que debía abonar 10.000 euros de indemnización por vulneración de su derecho al honor y otros 10.000 por una intromisión ilegítima en el derecho a la propia imagen. En total, 20.000 euros.

La defensa de Pérez recurrió y argumentó que no era un encuentro privado entre dos amigos, sino “una reunión en horario laboral en día laborable” entre dos personas con relevancia pública. La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado en una sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, que debe prevalecer el derecho al honor de Ábalos frente a la libertad de expresión del ahora eurodiputado porque “el juicio de valor debe emitirse sobre una base fáctica suficiente”, algo que en este caso no ocurrió. “Si los hechos denunciados y publicados hubieran sido ciertos, debería prevalecer la libertad de expresión frente al derecho del honor del demandante, pero concurren otras circunstancias que permiten valorar que en este caso concreto se produjo una intromisión ilegítima en el derecho al honor”, señalan.

La noticia que difundió era que “un abogado relacionado con casos de corrupción, blanqueo de capitales y narcotráfico” estaba “regañando al ministro”, algo que no se correspondía con la realidad. A esto se suma —añade la sentencia— que no llevó a cabo“ ninguna actuación razonable para comprobar la veracidad de estos hechos” antes de publicarlos en su cuenta e “incluso cuando se desmintió por otros medios” siguió manteniendo que la persona fotografiada era dicho abogado.

En cambio, la Audiencia de Madrid corrige la sentencia previa en cuanto al derecho a la propia imagen y considera que no se vulneró, aunque las fotografías fuesen obtenidas sin su consentimiento. La Sala mantiene que Ábalos en ese momento tenía un cargo en la Administración, estaba en un lugar abierto al público y las imágenes no estaban manipuladas. Y, según su criterio, su publicación “tenía interés informativo” en la medida en que “era la forma de acreditar los hechos que se denunciaban”.

“La difusión de estas fotografías que eran supuestamente la prueba en la que se fundaba su crítica política permitió al demandante acreditar la falta de veracidad de los hechos en los que se asentaba e identifica correctamente a la persona con la que se le había relacionado”, añade. De esta forma, deja sin efecto el pago de esa indemnización y se reduce a 10.000 euros el importe que debe abonar el demandado.

Un año agitado para Alvise

El Parlamento Europeo ha votado a favor de la retirada de su inmunidad para que la justicia española pueda continuar la investigación que le abrió el Supremo por acoso a la fiscal delegada contra delitos de odio en Valencia, Susana Gisbert. También está pendiente la tramitación de otro suplicatorio por delito electoral y de financiación ilegal de partido político vinculados a la recepción de 100.000 euros en efectivo de un empresario de criptomonedas durante la campaña para las elecciones europeas.

Mientras navega por esta marejada judicial, Alvise Pérez ha probado suerte en las elecciones autonómicas. De momento no ha conseguido ningún asiento ni en Aragón ni en Castilla y León, aunque en el primer caso rozó el escaño por Zaragoza y logró 17.000 votos, solo mil menos que IU-Sumar. La siguiente parada es Andalucía, con un policía como candidato.

La Comunidad de Madrid ha empezado el año con mal pie en los tribunales. El Ejecutivo de Ayuso acumula varapalos desde que el 12 de enero el Tribunal Constitucional abriese la veda con la decisión de tumbar el veto del PP a las preguntas en la Asamblea sobre Miguel Ángel Rodríguez. Luego se han sumado varios rechazos a sus variopintos recursos contra leyes del Gobierno, la orden judicial para iniciar los trámites del registro de objetores del aborto y hasta la citación de su jefe de gabinete como investigado.

En enero, el Constitucional respondió a los recursos que había presentado la oposición por la forma en la que el PP se aprovecha de su control de la Mesa de la Asamblea de Madrid para frenar debates incómodos para Ayuso, como las amenazas de su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, a una periodista de elDiario.es. El Constitucional lo zanjó con dos sentencias separadas por unos pocos días. La primera, del 12 de enero, estimó un recurso del PSOE y constató que la Mesa vulneró los derechos de los diputados al bloquear la tramitación de preguntas sobre Rodríguez después de que este periódico publicara la exclusiva sobre el caso de fraude fiscal de González Amador.

Solo dos días después llegó la segunda sentencia en el mismo sentido, en este caso para dar la razón a Más Madrid. El tribunal entendió que la Mesa de la Asamblea se excedió en sus funciones al vetar este tipo de iniciativas, que tendrían que tramitarse para su debate de forma pública. Con el rodillo de su mayoría absoluta, hurtó “la posibilidad, inherente a toda democracia deliberativa, de que se celebre un debate público entre las distintas fuerzas”, en palabras del Constitucional. Entre las cuestiones que la oposición quería debatir estaba examinar el modelo público-privado de la sanidad madrileña y el papel del gigante Quirón. Así zanjó Ayuso el debate sobre las iniciativas censuradas a la oposición: “Plantean preguntas absurdas”.

Los derechos de la oposición también fueron protagonistas de la tercera y última sentencia del Constitucional. El tribunal censuró el procedimiento elegido por el ejecutivo de Ayuso para sacar adelante la norma que permitió al PP controlar Telemadrid sin enmiendas y sin debate parlamentario. El recurso cuestionaba la forma en la que se realizó ese cambio legal, no el contenido de la reforma.

Orden judicial para poner en marcha el registro de objetores

Ayuso aplicó con el registro de médicos objetores al aborto su particular manual de confrontación contra el Gobierno. Primero anunció que no cumpliría la medida, lo mezcló con la Guerra Civil, Hamás o los “narcoestados” y dejó una nueva proclama para resumir su posición sobre este derecho reconocido por la ley: “¡Váyanse a otro lado a abortar!”. Y después recurrió a los tribunales.

La presidenta madrileña vio una nueva oportunidad de conflicto pese a que su Gobierno no había puesto ninguna pega a ese registro impulsado por el Ministerio de Sanidad, que obliga a que los médicos comuniquen que son objetores y rechazan practicar abortos. En un inicio, el Gobierno de Ayuso votó a favor de la medida en el Consejo Interterritorial en el que se aprobó. Cuando Sanidad abrió el plazo para que los registros de objetores se pusieran en marcha, la consejera madrileña de Sanidad, Fátima Matute, criticó la medida aunque dijo que la cumpliría, pero la presidenta la corrigió en cuanto vio una nueva oportunidad de confrontar.

Es precisamente aquel voto a favor de la medida en el que ahora basa su decisión cautelar el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Hasta que haya decisión definitiva, la Justicia dice que hay que ir poniendo en marcha ese registro, entre otras cosas, porque habían votado a favor y porque el resto de territorios ya lo habían creado, y que es una obligación recogida en una ley orgánica. De momento, la Comunidad de Madrid ya ha dado el primer paso.

“El registro previsto en la ley tiene una finalidad organizativa destinada a mejorar la gestión de la prestación sanitaria y a garantizar tanto los derechos de las mujeres como los de los profesionales sanitarios”, argumentó el tribunal. No es la decisión definitiva, pero los argumentos de la resolución, que tiran por tierra las alegaciones del Gobierno de la Comunidad de Madrid, complican que salga victorioso de este proceso.

MAR investigado y el caso de Ana Millán, archivado

El todopoderoso jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, tiene una cita marcada en el calendario: el 6 de mayo tendrá que declarar como investigado por haber difundido en marzo de 2024 los nombres y apellidos de dos periodistas de El País que trabajaban en una información sobre Alberto González Amador. Los dos reporteros habían sido identificados por un policía en el entorno del domicilio de Ayuso y su pareja.

Además de difundir sus datos y fotografía, afirmaba que reporteros de elDiario.es habían intentado entrar en casa de Ayuso encapuchados y se llegaba a decir que los dos periodistas de El País habían “acosado” a los vecinos, “incluido niñas menores de edad, en un acoso habitual en dictaduras”. Ese mensaje se envió a varios medios unos días después de que elDiario.es publicase en exclusiva que la pareja de Díaz Ayuso había defraudado 350.000 euros a Hacienda.

En un inicio, la jueza había archivado la querella en contra del criterio de la Fiscalía. La Audiencia Provincial ordenó que se reabriera porque los datos de los informadores que un agente de policía recibió en un primer momento “tenían un indudable carácter reservado” y eso justificaba “investigar si en la divulgación” existió una infracción penal. A mediados de marzo se confirmó su citación como investigado.

Unas semanas antes que Rodríguez tendrá que declarar el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano. Lo hará como testigo en la causa que investiga a la alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, por la filtración de un documento policial interno que el político utilizó para defender unas afirmaciones de Ayuso en las que vinculaba a un grupo de migrantes con delitos sexuales. La citación se ha retrasado tres veces y, de llegar a ocurrir, habrán pasado seis meses desde que la jueza acordó tomarle declaración. Serrano es, también, uno de los señalados por la exconcejala de Móstoles que se ha querellado por acoso sexual y laboral contra el alcalde Manuel Bautista y el PP. El número dos del PP madrileño fue el encargado de gestionar ese caso que ahora está en manos de los tribunales.

Otra estrecha colaborada de Ayuso involucrada en la gestión de esa crisis es Ana Millán, número tres de Ayuso, quien precisamente ha visto cómo a finales de marzo se archivaba la investigación por corrupción en su contra. La Fiscalía cambió de criterio por sorpresa y apoyó la petición de archivo de Millán con los mismos indicios que había contra la exalcaldesa de Arroyomolinos en los cuatro años que ha impulsado la investigación contra ella.

Batería de recursos contra leyes del Gobierno

Los tribunales también han comenzado a dar respuesta a la batería de recursos que presentó Ayuso como parte de su ofensiva contra leyes de todo tipo del Gobierno. La Comunidad de Madrid despidió el año pasado con la noticia de que el Constitucional rechazaba las alegaciones contra la ley de amnistía, con el voto en contra del sector conservador, y el arranque de 2026 no ha ido mejor para sus intereses. En febrero, la mayoría progresista de este mismo tribunal desestimó el recurso de inconstitucionalidad contra la ley de vivienda —que Madrid ni siquiera aplica— y avaló las competencias del Estado.

La Audiencia Nacional también ha desestimado un recurso de la Comunidad, en este caso contra la reforma judicial del ministro Bolaños que sustituye los antiguos juzgados unipersonales por tribunales de instancia. En concreto, el ejecutivo madrileño exigía que se condenase al Ministerio de Justicia a poner en marcha “mecanismos” para evaluar el “coste real” de la implantación de esa norma. La Comunidad de Madrid ha recurrido.

En un futuro próximo los tribunales tendrán que dar respuesta a otro frente abierto: la autorización del centro universitario del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM). El Tribunal Superior de Justicia de Madrid abrió diligencias en febrero tras admitir a trámite un recurso del Gobierno y otro de los socialistas madrileños contra el centro del ICAM, acusación particular en la causa contra el ya ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Los resultados de las elecciones de Castilla y León permiten hacer una simulación de cómo quedaría el reparto de diputados en esta comunidad si en las generales se votase exactamente igual. El bloque de la derecha solo hubiera sumado un escaño más con respecto a los comicios de 2023, de 19 diputados a 20, pero su composición cambiaría mucho: Vox ganaría seis escaños y la mayoría sería a costa del PP.

En las elecciones generales de 2023, el PP consiguió hacerse con 18 diputados (42% del voto) y Vox con solo uno (con el 14%). En el bloque de la izquierda, solo el PSOE logró representación con 12 escaños, mientras que el 7% de Sumar no consiguió traducirse en ningún asiento. El reparto sería muy similar con los datos de 2026: la derecha sumaría 20 escaños frente a los 19 de 2023 y la izquierda se quedaría con los 10 del PSOE (más uno de UPL) frente a los 12 de hace tres años.

Lo que variaría es la composición de los bloques: la subida de apoyo a Vox hace que gane seis escaños más para alcanzar los siete totales, pero casi todos ellos (cinco) se los arrebataría al PP. Ocurriría en Ávila, León, Palencia, Salamanca y Zamora.

El asiento restante es el que Vox quitaría al PSOE en Burgos. Además, el PSOE perdería un diputado que iría a parar a UPL.

Estos cálculos tienen que ver con el sistema electoral, que a nivel nacional beneficia a los partidos mayoritarios y perjudica al resto, principalmente en las provincias que reparten pocos escaños. Es mucho más difícil que los terceros, cuartos o quintos partidos consigan escaño en provincias que reparten tres, cuatro o cinco diputados.

También debe tenerse en cuenta que se ha realizado una simulación con los datos de las elecciones autonómicas y que no tiene en cuenta variables como que los electores votan en diferente clave cuando acuden a las urnas para unas generales. Además, hay partidos regionalistas que no concurrirán en 2027 y otros, como Se Acabó La Fiesta de Alvise Pérez, no se presentaron en 2023 pero sí prevén hacerlo en las próximas.

El partido del agitador ultra Alvise Pérez vuelve a irse de vacío de unas elecciones autonómicas. Se Acabó La Fiesta (SALF) no ha logrado entrar en las Cortes de Castilla y León con el 1,40% de los votos con casi el 100% del escrutinio. Se ha quedado más lejos que en Aragón, donde rozó el escaño por Zaragoza. El escenario que dibujan las urnas es que, de nuevo, el PP es la primera fuerza pero va a necesitar a la extrema derecha de Vox para llegar a la mayoría absoluta. El PSOE revierte la tendencia de las elecciones de Aragón y Extremadura y, en este caso, no solo resiste sino que gana dos procuradores.

Estos resultados sitúan a SALF como sexta fuerza en Castilla y León por número de votantes con más de 17.000, pero en global tiene por delante a seis partidos: hay dos, Por Ávila y Soria Ya, que entran en las Cortes con menos sufragios totales. La formación de Alvise Pérez queda por delante de Podemos, que tiene 9.000 y el 0,74%, y por detrás de IU-Sumar, que tiene más de 27.000 papeletas y tampoco logra representación con el 2,23% de los sufragios. El partido de Alvise es quinta fuerza en las provincias de Valladolid, Salamanca, Segovia y Soria.

En las elecciones europeas de 2024, el partido de Alvise consiguió ser la cuarta fuerza política de Castilla y León con un 4% de los votos, solo por detrás de PP, PSOE y Vox, aunque en esos comicios no participaban partidos regionalistas como UPL o Por Ávila. En esta comunidad SALF se hizo con casi 43.000 papeletas de las 800.000 que logró en todo el Estado.

Campaña accidentada con la mirada en las generales

La campaña de Se Acabó La Fiesta en Castilla y León, con la abogada Lucía Echevarrieta como candidata, empezó con un traspiés: el partido calcó el programa electoral de Aragón y se le olvidó borrar parte de las referencias a “los aragoneses”. En el documento se leían frases como “Aragón debe dejar de ser una comunidad hostil para quien emprende” y “ningún aragonés quedará aislado por vivir en un pueblo pequeño”.

Las aventuras autonómicas del agitador ultra son la antesala a su expectativa de presentarse a elecciones generales, previstas para 2027. Su recetario toma como referentes a dirigentes ultras como el argentino Javier Milei o el salvadoreño Nayib Bukele y promete una deportación masiva de inmigrantes, la creación de una macrocárcel y bajadas de impuestos.

El eurodiputado tiene cuatro frentes penales por delante. El más grave, la acusación de financiación ilegal. El agitador mantuvo conversaciones durante semanas con Álvaro Romillo, conocido como 'Luis CryptoSpain' y promotor de plataformas de inversión y criptomonedas como el Madeira Invest Club, que le dio 100.000 euros para impulsar su candidatura a las últimas elecciones europeas, tal y como reveló elDiario.es. En enero, además, tuvo que declarar ante el Supremo como imputado bajo la acusación de haber promovido el acoso contra sus propios eurodiputados.

La Delegación del Gobierno en Madrid ha acordado sancionar con una multa de 10.401 euros al agitador ultra Vito Quiles por desobedecer a la Policía cuando le pidió que abandonara la manifestación feminista del 25 de noviembre de 2025 para evitar altercados.

El relato de la Policía es que Quiles se dirigió de “forma provocativa” a las personas asistentes de la marcha, muy concurrida y comunicada a la Delegación del Gobierno en Madrid. Las manifestantes rodearon con gritos de “fuera, fuera” al agitador, que pocas semanas antes había provocado ya disturbios en su “tour” universitario. Los integrantes del dispositivo policial decidieron pedirle en ese momento que se fuera para evitar incidentes que pusieran en riesgo “no solo su propia integridad, sino el normal discurrir de una manifestación comunicada”. Se negó hasta en tres ocasiones y se le informó de que sería propuesto para sanción por desobedecer.

Una vez notificado este expediente sancionador, Quiles tiene quince días para decidir si quiere realizar el pago voluntario con reducción del 50% del importe de la sanción de multa —con lo que finalizaría el procedimiento— o bien formular alegaciones. Si no efectúa el pago voluntario, se continuará la tramitación y podrá ejercitar su derecho de audiencia, presentar alegaciones y aportar los documentos que quiera como prueba.

En pocos días se conocerá también la decisión del Congreso para retirarle la acreditación por las denuncias en su contra. El instructor del caso llamó el pasado 3 de marzo tanto a la parte denunciante como a la denunciada antes de cerrar el informe que prepara sobre el agitador. Una vez que lo presente, es la Mesa del Congreso la que tiene que tomar la decisión final sobre la sanción contra él. El Consejo Consultivo, el órgano creado ad hoc en la última reforma del reglamento para analizar este tipo de situaciones, ya propuso una suspensión de su acreditación y de la de Bertrand Ndongo por las denuncias presentadas.

Uno de los documentos desclasificados del 23F, sin ninguna firma que identifique su autoría o procedencia, asegura que existió una “campaña” de mentiras y “tergiversaciones” contra el rey Juan Carlos I para implicarle en el golpe de Estado. El texto lo atribuye a una estrategia de defensa de los “verdaderamente implicados” y hace una recopilación de los argumentos que supuestamente se utilizaron, entre los que se encuentra que el rey tenía “un avión para huir de España” o que “envió a sus hijos a Inglaterra” antes del golpe de Estado.

El documento forma parte de los custodiados por el Ministerio de Interior y no tiene fecha, pero por su redacción parece previo a la sentencia del 22 de abril de 1983, que contribuyó a fijar un discurso oficial sobre el papel del rey a la hora de frenar el 23F, cuestionada por algunos expertos. “La supuesta implicación de Su Majestad el Rey en los acontecimientos responde, por una parte, al deseo de disminuir la responsabilidad penal de los procesados por aquellos hechos y, por otra, a la posibilidad de disponer de un argumento contra la Corona que haga posible un intento similar en el futuro”, plantea este texto.

La tesis que sostiene es que esta “campaña” se puso en circulación por los abogados defensores, los grupos políticos afines y los “simpatizantes” con la causa: “Para ello se han tergiversado algunos hechos reales, se han interpretado de forma malintencionada otras y se han inventado acontecimientos que solo han existido en la mente de sus creadores”. Estos “sectores interesados” difundieron “rumores”, prosigue, que “tuvieron algún éxito en los sectores de la derecha radical”.

A continuación hace una recopilación de los argumentos utilizados por estos “sectores interesados”. Entre ellos, que el rey conoció de “algún modo el Plan de Milans y Tejero y trató de utilizarlo para consolidar su figura”, para lo cual usó a Alfonso Armada: “Luego lo desautorizó, tal vez de previo acuerdo, y él quedó ante los partidos como el salvador de la Constitución y la democracia”. También que tenía que conocer los hechos porque “envió a sus hijos a Inglaterra”, ante lo que añade un escueto “(?)”.

Un tercer argumento que formaría parte de esta “campaña” de rumores —y que critica el informe— es que “el rey tenía preparado un avión para salir de España si los hechos no salían bien”. Finalmente, lamenta que se ha tratado de transmitir la idea de que “no era posible” una intervención de los generales sin “conocimiento previo de Su Majestad”.

Este texto anónimo forma parte de los documentos relativos al golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 desclasificados por el Gobierno al entender que ya no suponen un “riesgo” para la seguridad. Los años pasados desde el intento de golpe de Estado —cuyos autores fueron definitivamente condenados por un delito de rebelión militar por el Tribunal Supremo en la sentencia del 22 de abril de 1983— permiten que la información referente a estos hechos se desclasifique “sin generar ningún riesgo real y presente”, alega el Ejecutivo.