España vuelve a ir al choque con Italia. El Gobierno ha decidido este viernes imponer de manera temporal controles en las fronteras interiores de puertos y aeropuertos para los desplazamientos procedentes de este país en respuesta a la negativa del Ejecutivo de Giorgia Meloni de levantar los suyos, reintroducidos desde la crisis de Ceuta.

Estos controles fronterizos estarán operativos a partir de las 00:00 horas de este sábado 8 de agosto, y consistirán en el control de identidad –pasaporte– y nacionalidad de los viajeros y, en caso de nacionales de terceros estados, visa permiso de residencia, según explican fuentes de Moncloa.

Estas medidas se practicarán de manera aleatoria y estarán en vigor hasta las 00:00 horas del próximo 7 de septiembre, salvo que haya “un cambio en las circunstancias” que han motivado su adopción.

El día ha sido un cruce de comunicados. El primero del Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez llegó al mediodía, con un ultimátum: fuera los controles en Italia a viajeros que proceden de España o se tomarán “medidas proporcionales”. Meloni replicó unas horas después, elevando el tono. No solo decidió que mantendría las restricciones, sino que respondió a España que “no acepta ultimátums ni imposiciones del extranjero en materia de seguridad nacional y control de fronteras”.

Dado que Italia conservará esas medidas hasta tener la seguridad de que “no habrá inmigrantes irregulares dirigiéndose hacia territorio europeo”, España ha respondido en torno a las 21.00 que aplicará las mismas medidas “ante la persistente presión migratoria irregular que sufre el país transalpino”.

Una medida que España ve injustificada

El choque entre ambos países, vecinos y socios europeos, se desató tras la entrada en suelo español de 72.000 personas por la frontera entre Marruecos y Ceuta. En plena crisis y con la ciudad autónoma colapsada, Italia promovió un escrito de varios gobiernos de la UE para reprender la política migratoria del Ejecutivo de Sánchez y llegó a plantear incluso la exclusión española del espacio Schengen de libre circulación. España recibió ese movimiento como una declaración de hostilidades y una deslealtad.

“Italia es, según Frontex, el Estado Miembro que más cruces irregulares ha registrado en los últimos años, con cifras que han llegado a duplicar las de España. Desde el año 2022, Italia no cumple el Reglamento de Dublín, generando una carga adicional de la presión migratoria al resto de Estados Miembros. A pesar de lo anterior, España nunca ha introducido controles para Italia. De hecho, siempre se ha mostrado solidaria con ella, acogiendo parte de los migrantes que llegaron a Lampedusa en 2023 y abriendo sus puertos de forma recurrente a migrantes que son rescatados en la ruta del Mediterráneo central”, recriminó este viernes el Gobierno español en el mismo escrito de advertencia a Meloni.

La Comunidad de Madrid acaba de publicar este viernes por la tarde el anuncio de venta del ático de lujo de 485 metros cuadrados de Chamberí por 6,69 millones de euros a través de la empresa pública Planifica Madrid. El documento ha sido subido a la página web de contratación pública y cuenta con dos lotes: uno con el ático de la calle General Martínez Campos y otro con el otro inmueble de Gran Vía 6, que pone a la venta por 11,8 millones de euros. Aquí se pueden consultar imágenes y planos de ambos inmuebles.

El documento está firmado por Pedro Corbalán Ruiz, el actual consejero delegado de Planifica Madrid, la empresa pública dependiente de la Consejería de Presidencia que adquirió el ático, a fecha de este mismo viernes a las 17:27 horas.

La compra se produjo el pasado mes de abril por 6,3 millones de euros, aunque ha sido esta pasada semana cuando ha salido a la luz tras la publicación de El País de la operación. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso justificó la necesidad de la operación para realizar “reuniones” oficiales debido a unas obras de la Puerta del Sol, sede de la presidencia del gobierno autonómico.

Posteriormente, la Comunidad de Madrid rectificó y aseguró que iba a poner en venta tanto este ático como otros inmuebles de Planifica Madrid y que destinaría el total a la recuperación tras los incendios de la Sierra Oeste. El consejero de Presidencia y portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Ángel García Martín, estimó en unos 20 millones el dinero total que obtendrían de estas operaciones.

Planifica Madrid es una sociedad mercantil de carácter público, por lo que no puede transferir fondos de forma directa a la Comunidad de Madrid —propietaria de la entidad— después de una maniobra de venta como la que se ha anunciado. Para que llegue el dinero, el Gobierno de Ayuso debe esperar al cierre de las cuentas del año y comprobar que el resultado y la cuenta de pérdidas y ganancias arroja beneficios. Solo entonces, siempre que no haya ninguna deuda subordinada ni preferente, se puede aprobar un reparto del dividendo.

Hasta la fecha no se conocía por cuánto dinero se pondría a la venta el inmueble, así como tampoco, por el momento, se puede acceder a través de Transparencia al expediente de compra del mismo, por el que se pagó 6,3 millones de euros, según confirman desde la Consejería de Presidencia. La empresa pública exigió confidencialidad al vendedor antes incluso de la visita, según explicaron fuentes conocedoras del proceso a elDiario.es.

Planifica Madrid también pone a la venta por 11.823.604 euros otro lote, como había anunciado, compuesto por los “cuatro inmuebles” de Gran Vía que están unidos en una única referencia catastral. Esta empresa pública lleva meses intentando enajenar este otro inmueble situado a diez minutos a pie de la Puerta del Sol, tal y como contó elDiario.es. Según el documento, el inmueble está en una tercera planta que consta de 1.132 metros cuadrados destinados a oficinas y 100 metros cuadrados de elementos comunes.

La ficha del organismo lo describe como un “edificio de planta trapezoidal sobre un extenso solar con fachada a tres calles, distribuido en torno a dos patios irregulares” construido por los arquitectos José María Mendoza Ussía y José de Aragón Pradera para la familia Urquijo, que lo destinaron a viviendas. “Las fachadas muestran gran plasticidad y una sobriedad mayor que en otros edificios de este primer tramo de la Gran Vía”, dicen.

Según especifican en el documento, “los requisitos de solvencia económica y financiera se acreditarán por los licitadores” a través de la presentación de un informe o certificado de Instituciones Financieras.

Precisamente hace solo unas horas, el portal de contratación de la Comunidad de Madrid también publicaba el contrato para el diseño de las futuras obras de su sede en la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol. El expediente recoge un contrato adjudicado y negociado sin publicidad a la empresa Pombo Estudio S.L. por 59.000 euros para el “diseño, redacción de proyecto y dirección facultativa, obras de adecuación de espacios en Real Casa de Correos”.

El diputado de Compromís-Sumar y portavoz adjunto del grupo en el Congreso Alberto Ibáñez ha presentado una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Supremo contra el parlamentario de Vox José María Figaredo por afirmar en televisión que hay que “cazar a los inmigrantes uno a uno” y “devolverlos” a Marruecos.

El también portavoz del grupo parlamentario de la extrema derecha dijo en una entrevista frases como “hay que ir cazándoles uno a uno y eso se ha hecho”, “cazarlos, pescarlos, uno a uno, a todos” o “hay que ir uno a uno. Pam, pam, pam”. “Tales expresiones no fueron fruto de un lapsus, sino que constituyen una conducta reiterada, consciente y deliberada, manteniendo el término empleado incluso tras requerimientos de matización”, señala Ibáñez en la denuncia, a la que ha tenido acceso elDiario.es.

El diputado de Compromís-Sumar cree que sus palabras implican “una deshumanización explícita del colectivo migrante”, reforzada por expresiones como “pam, pam, pam”, que “evocan el uso de violencia letal”. “El denunciado extiende dichas afirmaciones de forma indiscriminada a todo un colectivo, incluyendo personas menores de edad no acompañados, respecto de las cuales manifiesta igualmente su rechazo, contraviniendo los estándares internacionales de protección de la infancia”, argumenta.

Considera asimismo que en la situación actual, en la que “se han detectado episodios de violencia y patrullas vecinales” contra personas migrantes, este tipo de declaraciones podrían aumentar el riesgo de que se legitime la violencia o incluso pueda ser “catalizador” de agresiones o conductas discriminatorias.

Ibáñez sostiene que, por todo lo anterior, las manifestaciones de Figaredo podrían constituir un delito de odio según el Código Penal, en la medida en que “incita públicamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia” contra un grupo “por razón de su origen nacional, etnia o religión”, difunde mensajes que promueven la exclusión social y la deshumanización, y emplea expresiones “que implican grave menosprecio y humillación, favoreciendo un clima de hostilidad”.

Poco después de que el presidente del PP de Ceuta, Juan Jesús Vivas, declarase que esperaba que los pactos con Vox no “complicasen” el cumplimiento de la ley para la acogida solidaria de menores migrantes entre comunidades, Santiago Abascal replicaba que “ni un euro de los españoles” debe destinarse a los “menas” —como dice Vox despectivamente—, a los “invasores” y a las mafias.

El anuncio del Gobierno para impulsar una partida extraordinaria de 25 millones de euros dedicados a la atención de los niños y adolescentes que se encuentran solos en Ceuta ha provocado la reacción airada de Vox y un relanzamiento de sus tesis sobre lo que llaman “prioridad nacional”. “Los falsos menas deportados. Los niños a casa con sus padres. Los recursos de los españoles para los españoles”, han replicado, mientras la ciudad ceutí trabaja contra reloj para habilitar más instalaciones y atender a parte de los menores que siguen fuera de los recursos de protección.

La futura distribución solidaria de los niños y adolescentes en la red de acogida de las comunidades autónomas anticipa un conflicto entre los ahora socios de coalición en cuatro comunidades: Andalucía, Aragón, Extremadura y Castilla y León. Vox ocupa las vicepresidencias de las cuatro, además de ostentar competencias de servicios sociales en varias de ellas, y ya ha manifestado su negativa. El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, afirmaba este miércoles que todos los ejecutivos en los que esté Vox se opondrán “a todo reparto de menas que plantee el Gobierno de Sánchez” porque “lo ocurrido en Ceuta es una invasión”. Desde el Gobierno han recordado que, en cualquier caso, las comunidades no pueden negarse y lo único que sí podrían hacer es recurrir cada expediente, algo que podría retrasar los traslados unos pocos días.

Este jueves, el secretario general del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, José María Figaredo, daba por hecho que los populares también rechazarán el reparto en el sistema de acogida: “Las conversaciones que hemos mantenido es que se van a oponer”. Añadió que el Gobierno “sabe perfectamente” que lo que “tiene que hacer” es “devolverlos ya a Marruecos” con sus familias e insistió en que desde las coaliciones harán todo lo que esté en su mano para evitar la llegada de los niños, como recogen sus pactos con el PP.

El PP se enreda y asume que tendrán que cumplir la ley

La estrategia del PP nacional estos días ha pasado por elevar la responsabilidad al Gobierno y evitar afirmar de forma directa que atenderán a los menores, pese a las peticiones de “solidaridad” tanto de Vivas como del presidente de Melilla, Juan José Imbroda. “Yo comprendo a mis compañeros, entiendo que ahora mismo habrá que hacer un gesto de solidaridad y entiendo que hay un real decreto que habrá que cumplir”, desarrollaba Imbroda, en una línea similar a la de Vivas, dos días después de que el secretario general de su propio partido, Miguel Tellado, pidiese al Gobierno el regreso de todos —adultos y niños— a sus países de origen en unas declaraciones en las que habló de “avalancha”, un lenguaje habitual en la ultraderecha.

No habían pasado ni 24 horas de las palabras de Tellado y la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del partido, Alma Ezcurra, ya salió a matizar que el PP va a “cumplir la ley” y “estar de lado de los ceutíes”, una idea en la que también incidió este jueves el vicesecretario de Política Autonómica y Municipal, Elías Bendodo. Ezcurra pidió que el reparto, en caso de producirse, sea “justo, planificado y con el Gobierno asumiendo la responsabilidad de sus propios actos” en una entrevista en la que sí distinguió con claridad la situación de los adultos y la de los niños y adolescentes. Preguntada por las palabras de Abascal en contra de dar “ni un euro” a las personas migrantes, la dirigente del PP respondía que “es libre de expresar sus opiniones y sus ideas políticas como lo estime oportuno”. “Nosotros no nos expresamos en esos términos y no lo vamos a hacer nunca”, añadía.

La realidad es que, mientras el presidente popular de Ceuta pide solidaridad, los cuatro pactos de coalición autonómicos rubricados por PP y Vox recogen de forma expresa el compromiso a oponerse “por todos los medios legales, jurídicos y políticos a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales”. El párrafo es el mismo en los cuatro documentos, encabezado por la frase “No más menores extranjeros no acompañados (MENAS)”. Y luego se añade: “Rechazo frontal a la política inmigratoria del Gobierno central y a la llegada de más inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad. El Gobierno [de cada comunidad] rechazará de forma expresa la política inmigratoria del Gobierno de Pedro Sánchez y se opondrá por todos los medios legales, jurídicos y políticos a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad”.

Los documentos finalizan con el compromiso de que el ejecutivo autonómico “no participará en ningún caso en reformas normativas ni acuerdos presupuestarios destinados a facilitar, financiar o consolidar su entrada, acogida o permanencia” en el territorio. En el caso de Andalucía, ese acuerdo incorpora un cambio al final y afirma que no habilitará “nuevos centros” ni creará “plazas en los existentes”, así como reducirá “el gasto en esta materia al mínimo imprescindible”. La Junta de Andalucía “cumplirá el marco legal vigente en lo referido a llegadas de inmigrantes ilegales a las costas andaluzas”, añade.

En realidad, en este momento todavía no es posible saber cuál es la cifra total de menores que terminarán en el sistema de acogida. Primero se tiene que celebrar una entrevista con cada niño y adolescente que permanece en Ceuta para determinar su situación. Si se puede verificar que tienen familia que les esté reclamando, se habilitarán las vías para enviarlo con ella. En caso de que no, se buscará acogida en las instalaciones de alguna de las ONG que colaboran con las administraciones o, en su caso, en el sistema de acogida de otra comunidad.

De los argumentos que utilizó hace una semana la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para defender la compra de un ático de lujo en Chamberí por parte de la Comunidad de Madrid ya queda muy poco. Si en aquel momento justificó que era necesario para llevar a cabo “reuniones” durante las obras en la sede del Ejecutivo en la Puerta del Sol, ahora ha pasado a defender la pertinencia de venderlo y asegurar que “no se entendería” que el dinero se dedicara a otra cosa que no sea la reconstrucción tras los incendios.

“Lo mejor desde el primer minuto es venderlo”

29 de julio. La dirigente madrileña defendió la compra del inmueble para la mudanza temporal por una “reforma integral” de la sede de la Puerta del Sol por “daños estructurales”. “Buscar un lugar donde temporalmente se puedan recibir reuniones me parece que es lo suyo”, insistió, y enmarcó la polémica en la existencia de una campaña de “desprestigio” de los medios de comunicación en su contra.

“Están a ver si se me echa la gente encima en un momento en el que la gente ha perdido sus casas. Se ha obrado de mala fe”. Un día después, el ejecutivo autonómico anunció su decisión de volver a vender el inmueble, adquirido en abril, para que el dinero de esa potencial operación se dedicase a la reconstrucción de las zonas afectadas por la oleada de incendios.

5 de agosto. Hoy, en cambio, Ayuso ha defendido que desde su gobierno cada vez hay menos “gasto público y menos organismos” y “todo aquello que ahora mismo no es necesario se pone a la venta”. “En este caso, creo que lo mejor es desde el primer minuto dejarlo ahí, venderlo y aprovechar tanto ese recurso como el de los inmuebles de Gran Vía [otra propiedad de Planifica Madrid a la venta] para destinarlo en este momento a una necesidad como es esta. Creo que no se entendería que se gastara o se empleara en otra cuestión. Ese es el motivo por el que tomamos esa decisión”, ha argumentado ahora.

Lo que no ha aclarado es dónde trabajarán finalmente, dado que las obras en la sede de la Presidencia comienzan, según la baronesa del PP, en otoño. Tampoco se ha referido a las dificultades de Planifica Madrid para enajenar el inmueble mucho más grande que tienen en la Gran Vía, a diez minutos a pie de la Puerta del Sol.

Sí ha mencionado, de forma velada, la venta de la vivienda en la que convive con su pareja, Alberto González Amador, por más del doble del precio por el que lo compró en 2022, cuando ya mantenía una relación con la dirigente madrileña. “Entiendo que se hilen puntos porque se han dado dos circunstancias a la vez y suena muy bien para intentar hacer daño (...) Sería muy poco inteligente que, a estas alturas de mi vida política, en la Comunidad de Madrid me buscaran una casa de la que además no me puedo esconder”.

Una semana después, no sabe nada de la compra

En la semana que ha pasado entre su primera comparecencia y la de este miércoles, Ayuso no ha podido recabar más datos de la compra que, según han publicado El País y La Sexta, supuso el pago de 6,3 millones.

29 de julio. Hace siete días se quejó de que no se contase “todo lo que se ha vendido” por parte de Planifica Madrid “para comprar este u otros inmuebles”. “Me consta que ha habido venta de otros muchos”, dijo. También defendió que no le “compete” a ella dar las explicaciones por el uso de las oficinas y la compra de un ático porque no era una vivienda para uso personal: “Yo no cuento lo que compra o vende Planifica Madrid”.

5 de agosto. “No tengo la menor idea porque no es mi competencia”. En los siete días de goteo constante de nuevos detalles de la operación en los medios de comunicación, la presidenta de Madrid no se ha interesado la letra pequeña de la compra. O, al menos, eso es lo que ha dicho hoy públicamente: “Les tengo que remitir a la Consejería de Presidencia porque es quien tiene no solo la información detallada, sino los canales de comunicación a tal efecto”.

La empresa pública que adquirió el inmueble, Planifica Madrid, depende de Presidencia, pero desde este organismo no ofrecen el expediente de la compra. Ayuso tampoco ha aclarado tampoco por qué se adquirió un inmueble que solo tiene licencia para uso residencial.

El PP se enreda con la acogida de los niños y adolescentes que permanecen solos en Ceuta desde el pasado jueves. Después de dejar caer que se opondrían, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha matizado que sus comunidades “siempre van a cumplir la ley”: “El Gobierno, en el reparto anterior, excluyó por razones políticas a Catalunya y a País Vasco. El reparto, en caso de producirse, deberá ser justo, planificado y con el Gobierno asumiendo la responsabilidad de sus propios actos”, ha afirmado Ezcurra en una entrevista en Onda Cero.

Pese a lo señalado por Ezcurra, varios ejecutivos autonómicos en los que gobiernan en coalición con Vox han salido ya a anunciar su rechazo, como Aragón y Castilla y León. Desde el Ministerio de Juventud e Infancia aseguran que las comunidades no pueden negarse a acoger a una parte de los menores tras la última reforma de la Ley de Extranjería y manifiestan su tranquilidad.

La dirigente del PP se distancia así de las palabras del secretario general del partido, Miguel Tellado, que este martes dejaba caer su negativa y mezclaba los menores y los adultos: “El Gobierno es responsable de que, por donde han entrado, que vuelvan a salir”. Ezcurra ha priorizado, en cualquier caso, otros mecanismos que prevé la ley como “la reagrupación familiar o entregarlos a los servicios sociales de su país de origen”.

También se ha diferenciado de Tellado al distinguir el caso de los menores y no mezclarlo con la situación de los adultos: “Los mayores de edad tienen que salir y con los menores se tiene que decidir el recurso que más adecuado es para su situación”. “La filiación de estas personas es importantísima para la seguridad de estos menores cuya integridad también hay que proteger. Es fundamental para proteger a los menores que han llegado y a los que ya están en los centros”, ha añadido, a la par que ha criticado que se hable ya de la acogida cuando no se sabe la cifra total de niños y adolescentes que hay.

Los cuatro pactos de coalición autonómicos rubricados por PP y Vox recogen de forma expresa el compromiso a oponerse “por todos los medios legales, jurídicos y políticos a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales”. El párrafo es el mismo en los cuatro documentos. Está encabezado por la frase “No más menores extranjeros no acompañados (MENAS)” y luego incorpora lo siguiente: “Rechazo frontal a la política inmigratoria del Gobierno central y a la llegada de más inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad. El Gobierno [de cada comunidad] rechazará de forma expresa la política inmigratoria del Gobierno de Pedro Sánchez y se opondrá por todos los medios legales, jurídicos y políticos a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad”.

Fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia han asegurado a elDiario.es que, tras la reforma de la Ley de Extranjería aprobada el año pasado —después de muchos meses de bloqueo y con el voto en contra de PP y Vox—, las comunidades gobernadas por la derecha no tienen la capacidad de negarse a acoger a los niños y adolescentes que les correspondan para aliviar la situación de Ceuta. Las autonomías sí pueden recurrir cada expediente, pero estas fuentes confían en que dichos recursos tan solo retrasen los traslados unos pocos días.

Las ONG exigen garantías contra la devolución de menores

“Los niños y niñas no acompañados en Ceuta no deberían afrontar un futuro incierto. La máxima prioridad en estos momentos es conseguir que estén en un lugar seguro y acompañados de personal formado para su atención y acogida”, dice a elDiario.es José María Vera, Director Ejecutivo de Unicef España. Al estar el sistema de protección saturado, prosigue Vera, se deberían activar de forma inmediata “los mecanismos de traslados contemplados en la Ley de Extranjería, para derivarlos a centros según sus necesidades y que garanticen una acogida de calidad y servicios esenciales”. “Como principio básico, se debe asumir la presunción de minoridad de ese niño y niña, evitando que menores solos estén en centros con adultos”, indica Vera.

Paralelamente, el responsable de Unicef España recuerda que se debe realizar un diagnóstico de “vulnerabilidades y de interés superior del menor de forma individualizada, con el objetivo de detectar cualquier situación de desprotección, como por ejemplo la trata de personas, identificar si los menores tienen alguna discapacidad, si son posibles demandantes de asilo y protección internacional, o si cuentan con referentes adultos cercanos a los que se pueda contactar”. “Y a lo largo de todo el proceso es muy importante escucharlos, conocer sus necesidades y expectativas”, apostilla.

ONG especializadas están manifestando su preocupación por los operativos de traslado de personas hacia la frontera con Marruecos para su retorno, incluyendo el uso de camiones. “En algunas de ellas pueden apreciarse personas de apariencia muy joven y, según testimonios e informaciones recabados sobre el terreno, habría indicios de presencia de niños, niñas y adolescentes”, alerta Save the Children, que señala que ha recibido información sobre casos particulares de menores que “habrían sido acompañados hasta la frontera”. La Cadena Ser informó este lunes de que un niño migrante de 12 años estuvo a punto de ser llevado a la frontera, pero la intervención de varios periodistas y un mando de la Legión impidió que fuera devuelto. Según el mismo medio, el menor caminaba desde la ciudad de Ceuta hacia la frontera “obligado por un legionario”, entre lágrimas y repitiendo la frase: “No, Marruecos, no. No, Marruecos, no”.

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha dejado caer este martes el rechazo de su partido a la acogida en las comunidades donde gobiernan de los menores de edad que entraron en Ceuta desde Marruecos y que se encuentran solos en la ciudad autonóma. Preguntado por los periodistas de forma explícita por la atención de los niños y adolescentes, Tellado ha evitado responder y ha afirmado que la situación en Ceuta “no es una crisis migratoria, es una crisis de seguridad nacional”. “Lo que debe hacer [el Gobierno] es que aquellos inmigrantes que entraron de forma ilegal en la ciudad autónoma vuelvan por donde han venido y salgan por ese paso fronterizo que España y Marruecos han habilitado para que abandonen la ciudad”.

“Esto no tiene nada que ver con situaciones anteriores”, ha defendido Tellado. “El Gobierno de España, a través del Ministerio del Interior y también el de Defensa, tiene que garantizar la seguridad de la ciudad autónoma de Ceuta”, ha añadido. Aunque se le ha cuestionado por el caso concreto del traslado solidario de los menores, el dirigente popular ha respondido por la totalidad de las personas llegadas a la ciudad autónoma: “Esto no tiene nada que ver con una crisis migratoria. Ha entrado una avalancha de casi 80.000 personas a la ciudad autónoma, y el Gobierno es responsable de que, por donde han entrado, que vuelvan a salir”, ha dicho el secretario general del PP a los medios de comunicación.

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial de la formación, Alma Ezcurra, ha asegurado en una entrevista en La Sexta que van a “cumplir la ley” y “estar de lado de los ceutíes” pero que las comunidades autónomas del PP no van a asumir “las consecuencias de la irresponsabilidad del Gobierno”. Cuestionada por qué significa en ese caso cumplir la ley, que recoge un traslado solidario y obligatorio, ha respondido que es un “sistema nacional” y que es el Ejecutivo el que debe “hacerse cargo”.

A la vez que la comparecencia de Tellado se ha producido el anuncio por parte del Gobierno de la habilitación de una partida extraordinaria de 25 millones de euros dirigidos a “la atención de los menores” que se encuentran en la ciudad autónoma. La portavoz del Ejecutivo y ministra de Seguridad Social y Migraciones ha apelado precisamente a la “responsabilidad” de las comunidades, la mayoría gobernadas por el PP y cuatro de ellas en coalición con la extrema derecha de Vox.

En marzo de 2025, el Consejo de Ministros aprobó la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería que permitía la creación del sistema obligatorio de reparto de menores migrantes de aquellos territorios declarados en “contingencia migratoria”. Tras su aprobación, los primeros traslados se llevaron a cabo en septiembre de 2025. Casi un año después, el Gobierno ha tramitado 2.000 expedientes de niños y niñas desde Canarias, Ceuta y Melilla, según los datos proporcionados por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.

El secretario general del PP ha aprovechado también su declaración ante los medios para exigir los ceses del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, por “no haber actuado” y porque “ninguno de los dos ha estado a la altura de las circunstancias”, cuando —dice Tellado— “tenían información” de lo que podía ocurrir en la ciudad autónoma. Ambos departamentos han protagonizado un choque en las últimas horas por el reparto de responsabilidades en la falta de anticipación a los movimientos que se produjeron en Marruecos los días previos a que cruzaran la frontera ceutí 60.000 personas

El futuro presidente de las juventudes del PP, el ayusista Ignacio Dancausa, ha proclamado este viernes que “Fachadolid será testigo del inicio de la edad dorada de las Nuevas Generaciones”. “Este finde nos jugamos el futuro de nuestra generación. Los jóvenes sabemos que hay un Gobierno que hace de la corrupción una forma de resistencia en el poder. Sabemos que hay una izquierda que lleva demasiado tiempo empobreciéndonos. Y a esa izquierda hoy le decimos que su tiempo se ha acabado”, ha asegurado el único candidato en el primer día de congreso, que se celebra en Valladolid.

Sus claves para aupar a Alberto Núñez Feijóo a la presidencia del Gobierno, según su discurso: las redes sociales —ha pedido a los cargos y afiliados que sean “influencers de las ideas de la libertad”—, la “captación” de talento y la universidad. “Vamos a estar presentes en todos los campus de España. Hay una generación de jóvenes que no estamos dispuestos a dejar que otros hablen en nuestro nombre. No podemos aceptar que solo una parte del pensamiento tenga voz”, ha argumentado.

El futuro líder de las juventudes del PP ha asegurado que España se va a ganar “en la calle, en los campus y en las redes”. “Dentro de unos años miraremos atrás y diremos que fuimos la generación que no se conformó, la generación que dimos un paso al frente y la generación que hizo que España volviera a creer. Así que vamos a hacerlo por nuevas generaciones, vamos a hacerlo por el Partido Popular y sobre todo y por encima de todo vamos a hacerlo por España. Así que a ganar y muchísimas gracias a todos. ¡Viva España!”, ha finalizado.

El Congreso de Nuevas Generaciones del PP que se celebra entre este viernes y este sábado tendrá pocas sorpresas. El sucesor de Beatriz Fanjul lleva claro desde hace un mes, cuando todos los aspirantes llegaron a acuerdo para llegar al congreso con una única candidatura encabezada por Dancausa, hasta ahora presidente de NNGG en Madrid y afín a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El discurso previo de Miguel Tellado no se ha salido del carril: una oferta a Fanjul para continuar en su equipo en la secretaría general del partido, alabanzas al nuevo líder de las juventudes conservadoras y ataques a Pedro Sánchez. “El PSOE está a dos autos judiciales de sustituir su logo y poner en su sede 'compro oro'”.

“A Leire Díez, Santos Cerdán y Vicente Martínez se ha unido ahora Juanma Serrano, un nuevo protagonista. Otro íntimo de Sánchez, su primer jefe de gabinete, su amigo, su colaborador”, ha enfatizado. “También está implicado y hasta el cuello en todo este escándalo. Y desde hoy ya está imputado, uno más. Es el imputado número 127”, ha añadido, en alusión en la imputación del que fue el jefe de Gabinete de Sánchez en su primera etapa como líder del PSOE. “Hablamos del hombre que estuvo al lado de Sánchez desde el primer momento, desde el primer día, con el que se lanzó a conquistar la dirección del Partido Socialista. No queda nadie limpio cerca de Sánchez, porque el que lo mancha todo es el propio Sánchez”, ha zanjado.

El Tribunal Supremo argumentó que debe prevalecer el “interés público” de la regularización de personas migrantes para rechazar la suspensión de forma cautelar del real decreto, como pedían los gobiernos del PP de Aragón y la Comunitat Valenciana. En el auto en el que el Supremo decidió que no es necesario en este momento consultar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, los magistrados también sostuvieron que la regularización no puede provocar efectos irreversibles porque son permisos de residencia temporales, entre otras cuestiones.

“En el real decreto impugnado subyace un interés público especialmente cualificado, no solo por perseguir un interés público notorio sino por incidir este interés público directa, íntima y cualificadamente en un sustrato humano que trasciende a la mera consideración económica”, apuntan los magistrados del Supremo en el auto, al que ha tenido acceso elDiario.es.

El Supremo también apunta que, en caso de suspender la norma de forma cautelar, afectaría a todas las personas solicitantes porque “les determinaría a seguir en la situación de irregularidad administrativa”. Y todo ello pese a que “las situaciones jurídicas creadas al amparo de la norma” no son irreversibles.

Además, los magistrados afirman que no existen evidencias claras de nulidad que justifiquen detener la normativa antes de analizar el fondo del asunto. “Resolver sobre la medida cautelar que se solicita sobre esta base supondría anticipar absolutamente el debate de fondo que se plantea en el recurso en un momento y ámbito procesalmente improcedente”, escriben.

El documento está firmado por los siete magistrados, sin votos discrepantes: Carlos Lesmes, Wenceslao Francisco Olea, Fernando Román, Jose Luis Quesada, Consuelo Uris, Concepción García Vicario y Francisco Javier Pueyo. La decisión conocida el pasado 30 de junio de valorar si se elevaba el asunto a la Justicia europea la adoptaron sólo tres de los siete citados (Lesmes, Olea y Román).

El Gobierno niega que haya un nuevo “pago importante” a la OTAN, como ha dicho el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Fuentes de Moncloa explican que ese dinero al que se refiere Trump es el aumento del gasto en defensa ya conocido y aclaran que el mandatario se enteró durante la reunión de la OTAN en Ankara de ese incremento de la inversión.

“Los deberes eran llegar al 2% con todo lo que eso supone, y es lo que hemos hecho”, responden desde Moncloa, e insisten en que no se han comprometido a nada más.

Trump pasó en cuestión de horas de hablar de un “aliado horrible” a decir que España se había “redimido por completo” tras acceder a una “importante solicitud de pago” a la OTAN. No aclaró ningún detalle más sobre el acuerdo. “Debo decir que tuve problemas con España, y aún los tengo, pero hoy España se redimió por completo. España fue muy generosa... accedieron a una solicitud de pago importante, y si no lo hubieran hecho, ni siquiera les habríamos hablado”, dijo el mandatario.

El Gobierno ya había pedido “calma” y “paciencia” ante la nueva amenaza del presidente de EEUU, que lleva un año repetiendo sus advertencias a España sin que, de momento, se hayan concretado en nada. Sánchez explicó que había hablado con Trump sobre fútbol y golf. “Ha sido una charla informal, coloquial, en la que en absoluto ha habido ningún tipo de tirantez”, afirmó.

Desde el Ejecutivo también recordaron ayer que “EEUU tiene superávit comercial”, por lo que son ellos quienes se “benefician más de esa relación” que España, y que los vínculos económicos “los tejen las empresas privadas, no los gobiernos”. También insistieron, como han hecho ante las amenazas previas de Trump, que la UE es una unión comercial en la que no puede singularizarse a ningún estado miembro. “La relación bilateral entre EEUU y España es beneficiosa para ambos países, tanto en el ámbito comercial como en el de la defensa”, apuntan estas fuentes.

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha optado por no “comentar comentarios” esta mañana sobre Trump. “No vamos a estar siempre comentando comentarios”, ha dicho el ministro en declaraciones a Telecinco. Y sobre Trump: “Su estilo político, que es conocido, es comentar sobre distintos países, en distintos momentos”.

El juez Juan Carlos Peinado ha remitido un escrito a la Audiencia Provincial de Madrid para responder al recurso de queja de Begoña Gómez contra las medidas cautelares en el que asegura que no quiso “ofender o menospreciar” la labor de la escolta policial cuando dijo que podrían colaborar en la fuga de la esposa del presidente del Gobierno. Peinado también se reafirma en su decisión de retirarle el pasaporte y argumenta que hay antecedentes de presidentes que consiguieron huir de sus países para evitar la acción de la Justicia.

En el informe, fechado del 30 de junio, el magistrado rebaja a hipótesis la posibilidad de que la escolta de Gómez pudiera ayudar en la huida e insiste en que él no dijo en su auto que eso “sea probable o previsible”. “En modo alguno se ha tratado de ofender o menospreciar la labor de esos funcionarios”, explica, y añade que realizan su trabajo de forma “abnegada” y “ejemplar”. Para rebatir la alegación del letrado de Gómez de que no existe riesgo de huida porque está siempre acompañada por los agentes, Peinado sostiene que “no debe olvidarse” que la misión de la escolta “es la de proteger frente a terceros de posibles ataques” y no “evitar los movimientos o desplazamientos que estime conveniente”.

A continuación, el juez Peinado incide en que hay miembros de los cuerpos de seguridad del Estado que no cumplen con sus obligaciones. “Si no existiera la posibilidad de que haya elementos individuales que no cumplen adecuadamente con sus obligaciones carecería de sentido la existencia de la Unidad de Asuntos Internos, creada precisamente por este motivo”, argumenta. Y suma el hecho de que en la Audiencia Nacional hay sentencias condenatorias por conductas de miembros de la Policía.

“No sería la primera ocasión en la que un presidente del Gobierno de un Estado Miembro de la Unión Europea, de un país mediterráneo (Italia), se fuga ante un procedimiento de una trama de corrupción a un país del continente africano (Túnez), quien sin duda dispondría de toda la escolta oportuna”, afirma. El ejemplo que utiliza, sin citarlo expresamente, es el del ex primer ministro italiano Bettino Craxi, que huyó de la justicia en 1994, aunque cuando abandonó el país ya no era primer ministro.

Deliberación a partir del lunes

Serán los cinco jueces del pleno de la Sección Número 23 de la Audiencia Provincial de Madrid quienes a partir del próximo lunes 13 tomen la decisión sobre los recursos pendientes de Begoña Gómez, su asistente Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés.

En una providencia, fechada del 22 de junio, se explica que esta decisión ha pasado “al pleno de la Sección dada la trascendencia del asunto”. Es decir, finalmente serán cinco jueces quienes decidan y no solo los tres que durante los más de dos años que dura la investigación del juez Peinado han resuelto 20 recursos anulando una decena de resoluciones del juez.

El Gobierno ha respondido con “tranquilidad” ante la última amenaza de Donald Trump a España, a la que ha calificado como “un aliado horrible” tras repetir la idea de que cortará las relaciones comerciales. “Nuestro país mantiene una magnífica relación social, cultural y económica con EEUU y no es nuestra intención que eso cambie”, replican fuentes de Moncloa a las palabras del dirigente estadounidense, pronunciadas junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, antes del inicio del encuentro con los líderes de los países que pertenecen a la Alianza Atlánticas en Ankara.

Desde el Gobierno español recuerdan que “EEUU tiene superávit comercial con España”, por lo que son ellos quienes se “benefician más de esa relación” que nuestro país, y que los vínculos económicos “los tejen las empresas privadas, no los gobiernos”. También insisten, como han hecho ante las amenazas previas de Trump, que la UE es una unión comercial en la que no puede singularizarse a ningún estado miembro. “La relación bilateral entre EEUU y España es beneficiosa para ambos países, tanto en el ámbito comercial como en el de la defensa”, apuntan estas fuentes.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha salido pasadas las 16.00 de la tarde a incidir en el mismo mensaje: “calma” ante Trump y recordatorio de que no es la primera vez que EEUU apunta hacia España. En la rueda de prensa al término de la cumbre, Sánchez ha explicado que ha mantenido “una charla informal” con el dirigente en la que han hablado de fútbol y el Mundial que se está celebrando en estos momentos en Estados Unidos. “En absoluto no ha habido ningún tipo de tirante. Al contrario, todo ha sido buenas palabras y amabilidad”, ha apostillado.

Un año después de su primera amenaza a España con una guerra comercial, Trump ha insistido en la idea de cortar las relaciones comerciales con España. “Hablé con Alemania, hablé con Francia, hablé con el Reino Unido, hablé con Italia... No hablé con España. España es un caso perdido. Ya no queremos hacer ningún negocio comercial con España”, ha dicho Trump desde Ankara.

Desde las instituciones europeas se ha defendido a España en las crisis previas y dudan de que las advertencias de Trump se concreten de alguna manera en medidas.

El Consejo de Ministros de este martes ha aprobado en segunda vuelta la nueva ley de los derechos al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen con la que busca combatir la difusión de imágenes o voces manipuladas sin consentimiento a través de la inteligencia artificial, los conocidos como deepfakes, entre otras cuestiones. Tras la luz verde del Gobierno, el documento está listo para empezar su tramitación parlamentaria en el Congreso.

El texto definitivo —impulsado por los Ministerios de Justicia y de Juventud e Infancia— incluye varias novedades con respecto al primer documento aprobado en enero tras las aportaciones realizadas en el trámite de audiencia pública y de los informes recabados de, entre otros, el Consejo General del Poder Judicial o el Consejo Fiscal. “Era uno de los hitos incluidos en el Plan de acción por la democracia y con él damos cumplimiento al 87% de esa iniciativa”, ha defendido el ministro Félix Bolaños en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que también ha reivindicado “que las reglas del juego se adecuen a la realidad de nuestro tiempo”.

Las claves de la nueva legislación, que busca actualizar la norma de 1982 por los “enormes cambios tecnológicos” que han transformado la sociedad desde entonces, pasan por establecer en 16 años la edad en la que se puede prestar consentimiento para facilitar su propia imagen, amplía las personas que pueden ejercer derechos en nombre de fallecidos y pone coto a los llamados true crimes.

Las mujeres, las más afectadas por los 'deepfakes'

La ley incorpora como una intromisión ilegítima en el honor la utilización o difusión de la imagen o la voz de una persona “que haya sido creada, simulada o manipulada tecnológicamente para dotarla de una apariencia extremadamente realista”. Se refiere a los denominados en inglés deepfakes, que son, con frecuencia, imágenes pornográficas no consentidas y afectan de forma mayoritaria a las mujeres, según los datos que maneja Naciones Unidas. Se ha convertido en una nueva forma de violencia machista intensificada con el auge de las redes sociales y en los últimos años se han dado varios casos en España que afectan a menores de edad.

La legislación incluye como excepción a la consideración de “intromisión ilegítima” que el contenido generado a través de inteligencia artificial forme parte de una obra de ficción, satírica o artística. En este apartado se introduce una novedad con respecto a la redacción previa, añadida tras el trámite de información pública, y es que el creador solo tiene obligación de aclarar que el contenido es una manipulación hecha con inteligencia artificial cuando la obra pueda “inducir a una persona a pensar erróneamente que es auténtico o verídico”.

Hay otra excepción que contempla esta nueva ley, no prevista en la redacción de 1982, y es que se dispone que la revelación o difusión de comunicaciones privadas no se considerará “intromisión ilegítima” cuando el contenido revelado se limite a hechos que tengan carácter noticiable por su relevancia pública. “Se trata de una previsión en consonancia con la doctrina constitucional sobre el carácter preferente de la libertad de información en este tipo de supuestos”, explica el Gobierno en su exposición de motivos.

El caso de las obras sobre crímenes reales

También busca dar una mayor protección de las víctimas de los delitos que aparecen en las obras cinematográficas o libros que se basan en crímenes reales (los true crimes) en los casos en los que no haya un beneficio económico. El cambio frente a la legislación anterior es que incorpora como una intromisión ilegítima el caso de que un condenado en sentencia penal firme utilice su delito “de cualquier modo que dañe el honor, la intimidad o la propia imagen de las víctimas”. Es decir, no solo si es para conseguir “notoriedad pública” u “obtener provecho económico”.

La nueva norma actualiza el apartado referido a los derechos de las personas tras su muerte. Se podrá prohibir mediante testamento la utilización de la propia imagen o de la voz —originales o modificadas— para fines publicitarios o comerciales, y se podrá designar a una persona para que autorice o deniegue este tipo de usos tras el fallecimiento. Se amplía el apartado de quienes pueden defender los derechos de la persona fallecida más allá del matrimonio para incluir, por ejemplo, a las parejas de hecho (personas unidas “por análoga relación de afectividad”).

En el caso de que la persona afectada fallecida fuera menor de edad o tuviese una discapacidad que le impidiese el ejercicio de su capacidad jurídica, en el texto que ha salido adelante en segunda vuelta se recoge, a propuesta del Ministerio de Juventud e Infancia, que también estará legitimada la persona que tuviera conferida su representación legal o hubiera sido designada para la prestación de las medidas de apoyo.

Protección a los menores y personas con discapacidad

La ley incorpora más mecanismos para proteger a los menores ante el avance de las nuevas tecnologías. En la redacción del documento se explica que, en el caso de los niños y niñas, incluso aunque haya un consentimiento del menor o de sus representantes legales se puede considerar ilegítima “cualquier intromisión en los derechos al honor, a la intimidad personal y familiar o a la propia imagen de la persona menor de edad que implique menoscabo de su dignidad o de su reputación o sea contraria a sus intereses”.

Se establece en 16 años la edad en la que los menores de edad pueden prestar consentimiento para facilitar su propia imagen, en línea con el proyecto de ley de protección a los menores en el entorno digital, que está en tramitación parlamentaria. En los restantes casos, el consentimiento lo tiene que otorgar por escrito su representante legal y estará obligado a ponerlo en conocimiento previo del Ministerio Fiscal.

De igual manera se regula el consentimiento de las personas con discapacidad, que puede prestar consentimiento por sí misma o con los apoyos que en su caso precise. En caso de que deba hacerlo por medio de representante, también deberá hacerlo por escrito y poniéndolo en conocimiento previo de la Fiscalía.

Indemnizaciones

El apartado de indemnizaciones recoge un cambio a partir de las aportaciones del trámite de audiencia e información pública y de los informes recabados por el Gobierno. La ley prevé una serie de criterios para determinar la indemnización por daño moral (vulneración de derechos fundamentales, gravedad de las expresiones, repercusiones sociales derivadas de la intromisión...) y añade como novedad que se tendrá en cuenta la difusión de la noticia no solo a través de “medios de comunicación social”, sino también de “servicios de comunicación digital”.

La ley modifica un artículo de la Ley de Enjuiciamiento Civil para incluir entre las medidas cautelares previstas la posibilidad de acordar la retirada de imágenes o voces de personas, ya sean reales o manipuladas, cuando puedan afectar a su honor, a su intimidad personal o familiar o a su propia imagen, o a su derecho fundamental a la protección de datos personales. Esta última es una incorporación a propuesta de la Agencia Española de Protección de Datos.

La Abogacía del Estado sostiene en su escrito de alegaciones ante el Tribunal Supremo que la regularización no contraviene la legislación europea y que otorgar autorizaciones de residencia es una “medida de política legislativa migratoria exclusivamente nacional”. El documento, presentado este viernes y al que ha tenido aceso elDiario.es, se opone a que se eleve una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Los servicios jurídicos del Gobierno llevan trabajando en su escrito de alegaciones desde que el pasado martes tres magistrados conservadores de la sección quinta de lo contencioso abrieran la vía europea en respuesta a los recursos planteados por Aragón y la Comunitat Valenciana —ambas comunidades del PP— para cuestionar el proceso de regularización. En suma, lo que plantean los tres jueces es que la normativa española podría chocar con el reglamento europeo de 2024 que establece el procedimiento común en materia de protección internacional, con la legislación comunitaria en materia de asilo e incumplir el principio de “cooperación leal” con la Unión Europea por no haberse informado al resto de países. Por ello, daba cinco días a las partes para posicionarse sobre si debería elevarse una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE.

El escrito de la Abogacía del Estado alega que la providencia de los magistrados del Supremo tiene “omisiones relevantes”, su motivación es “insuficiente” y plantea que, en cualquier caso, no es momento de elevar la cuestión a la Justicia europea porque todavía no se ha “iniciado ningún tipo de debate sobre el fondo de las pretensiones”. “La remisión prejudicial que se pretende se acerca más a la formulación de un dictamen consultivo sobre cuestiones generales o hipotéticas de una serie de escenarios futuros, sin concretar una necesidad actual de interpretar una normativa de derecho de la Unión Europea que estuviera vigente”, lamentan.

Los servicios jurídicos apuntan que la regularización, que empezó el 16 de abril y acabó el 30 de junio, no puede ser contraria al citado reglamento europeo porque entraba en vigor el 12 de junio de este año y el real decreto se aplica a quienes están en España de forma previa al 1 de enero de 2026. “No es posible que pueda comprometer, no ya gravemente, sino en modo alguno la efectividad de este reglamento”, sostienen. También argumentan que, en todo caso, la mencionada legislación europea no impide al Estado ejercer su legítima competencia para otorgar autorizaciones de residencia por motivos humanitarios o de cualquier otro tipo, conforme a su Derecho nacional. Esas atribuciones que tiene el Estado no se han visto alteradas por los nuevos instrumentos de Derecho de la Unión, en opinión de la Abogacía del Estado.

Sobre la falta de “notificación previa” y coordinación con los demás Estados miembros de la UE que reprochaban los jueces del Supremo, los servicios jurídicos del Gobierno consideran que no se aplicaría el mecanismo de información mutua porque —insisten— es una “medida de política legislativa migratoria exclusivamente nacional” que no tiene impacto en el ámbito de la UE. Pese a ello, “y aun no existiendo una obligación formal al respecto”, alegan que la medida sí ha sido comunicada a la Red Europea de Migraciones. Además, ven “improcedente” el planteamiento de que la norma podría chocar con la directiva europea de retorno dado que el Tribunal de Justicia de la UE “tiene una clara y reiterada jurisprudencia” que ha resuelto ya sobre ese asunto.

Este órgano refuta la definición que hacen los tres magistrados conservadores cuando afirman que se trata de un proceso “general” y no un “reconocimiento individualizado”, además de una “regularización masiva” fruto de una “mera decisión política” sin “condicionamiento alguno”. Ante ello, recuerdan que la regularización es una medida temporal y con requisitos adicionales a los solicitantes para justificar su estancia en España. “Las expresiones 'sin condicionamiento alguno' o 'regularización masiva' se apartan de la obligación que el Derecho de la Unión impone a los órganos jurisdiccionales nacionales que plantean una cuestión prejudicial de proporcionar una descripción precisa del marco fáctico y normativo”, protestan.

A los magistrados también les despertaba dudas la libre circulación de más de un millón de personas en el espacio Schengen sin “coordinación previa” con el resto de socios europeos. La Abogacía del Estado resalta que esa hipótesis sería aplicable a cualquier regularización adoptada en el pasado —esta es la novena que se hace en España— y el acuerdo sobre Schengen no regula estas cuestiones, que son una competencia nacional. En todo caso, incide, este real decreto “no pone en riesgo los objetivos del control de fronteras” o de prevención de amenazas a la seguridad interior o al orden público porque para lograr la autorización de residencia se exigen como requisitos la acreditación de no tener antecedentes policiales (valorando los diferentes casos), entre otras cuestiones.

También reprocha la Abogacía del Estado que el Supremo no hace “ningún tipo de precisión sobre la distinción entre solicitantes, personas que hayan sido admitidas a trámite su solicitud y las que hayan obtenido finalmente una resolución favorable a la solicitud de autorización”. Y, añade, parecen “desconocer la grave situación de ese colectivo de personas”.

La Comunidad Valenciana ya presentó sus alegaciones

Las partes tenían, desde el martes, cinco días para dar réplica al Supremo. Aragón lo ha hecho este mismo viernes y ha confirmado su interés en llevar la cuestión a la vía europea. A ello añade su petición para que se frene la regularización hasta que se pronuncie el tribunal europeo porque “la reversibilidad de la situación es absoluta, dado que las solicitudes permanecerían pendientes de resolución”. En cambio, creen que si continúa la tramitación de los permisos de residencia “el interés público podría verse comprometido” por las cargas “económicas y administrativas” pero también “por el conflicto jurídico en el que puede verse involucrada España”.

La Generalitat Valenciana no estiró los tiempos y presentó sus alegaciones el primer día. El ejecutivo valenciano también ha ratificado que quiere elevar la cuestión a la justicia europea y aseguran que la medida se tomó “sin coordinación suficiente” con los organismos europeos: “Es una decisión que podría anticiparse al marco europeo común y, en la práctica, debilitar sus objetivos de control, retorno efectivo, cooperación y reparto equilibrado de responsabilidades”, mantienen. La Generalitat valenciana quiere que la regularización se paralice de forma inmediata, sin esperar a que el Tribunal de Justicia de la UE se pronuncie, en caso de que finalmente se eleve al cauce europeo.

Ante la alerta provocada a los cientos de miles de personas pendientes de que se resuelvan sus peticiones, el Gobierno ha intentado transmitir un mensaje de tranquilidad y busca agilizar lo máximo posible el estudio de las solicitudes. En total, casi 610.000 expedientes de las 1.175.000 peticiones ya se han admitido a trámite, lo que supone la recepción de un permiso de residencia provisional.

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha respondido al PP que la ley de nietos —que permite a los hijos, nietos y bisnietos de los exiliados del franquismo lograr la nacionalidad española— está “basada en los principios de reparación y justicia” y ha vinculado las acusaciones de Feijóo de inflar el censo electoral a una muestra de su “desesperación”. “Me parecen de una irresponsabilidad mayúscula. Demuestran su desesperación y la frustración de quien no tiene proyecto político para nuestro país y que parece ya oler una derrota electoral”, ha replicado Saiz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La portavoz del Gobierno ha enviado un mensaje “de certidumbre a la ciudadanía” sobre los procesos electorales en España ante la nueva ofensiva del PP, a quienes ha pedido “más rigor y más responsabilidad”. “Lo han mezclado con el proceso de regularización extraordinaria en el que estamos inmersos cuando saben perfectamente que es un proceso que da derecho a residir en nuestro país y que eso no dice la ley electoral”, ha recordado.

Además, fuentes del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, aseguran que “la ley se está cumpliendo con un proceso garantista que es de justicia para los descendientes de quienes, por razones políticas, ideológicas, de creencia, orientación sexual o por razones económicas, perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española”. Por eso, desde el Ejecutivo consideran que “Feijóo frivoliza y manosea la Memoria Democrática y los derechos adquiridos por las víctimas, reduciendo a una cuestión electoralista un asunto que es de justicia, porque se les devuelve la nacionalidad a descendientes de personas que la perdieron al huir de España”.

Para el departamento que dirige Ángel Víctor Torres, “hablar en los términos en los que ha hablado el señor Feijóo es una profunda irresponsabilidad”. “No solo porque pone en tela de juicio a los funcionarios y al personal que realiza los trámites, sino porque también se posiciona en contra de los derechos adquiridos por descendientes de españoles”. Con todo, el Ejecutivo considera que “el PP está poniendo palos en las ruedas a otorgar la nacionalidad a quienes tienen derecho a ser igual de españoles que ellos” y “está aplicando su sesgo ideológico a una cuestión fundamentalmente de derechos”.

Política Territorial recuerda, además, que “el PP votó en contra de la ley en su conjunto”.“ Sin embargo, durante la tramitación parlamentaria aceptó la existencia de un mecanismo de acceso a la nacionalidad para descendientes de exiliados, proponiendo únicamente modificar su alcance mediante enmiendas para eliminar la condición de exilio por orientación sexual y los hijos mayores de edad de quienes obtuvieran la nacionalidad al amparo de la ley. El PP, en su recurso de inconstitucionalidad no planteó derogación de la disposición adicional octava de la Ley, que establece la nacionalización”, remarcan.

El Gobierno destaca que “la denominada 'Ley de Nietos' no constituye un privilegio, sino una medida extraordinaria de reparación histórica y de restitución de derechos. Corrige discriminaciones históricas en la transmisión de la nacionalidad española”. “España no es una excepción, ya que otros países europeos cuentan con mecanismos que permiten a los descendientes de emigrantes recuperar o adquirir la nacionalidad por razón de su origen familiar”, concluyen.

El PP ha retomado este lunes su ofensiva sobre el censo electoral con acusaciones de un supuesto intento de inflar el número de electores para las próximas elecciones. Tanto Alberto Núñez Feijóo como Isabel Díaz Ayuso han cargado contra el Ejecutivo central y la presidenta de la Comunidad de Madrid ha llegado a asegurar que “el reparto de escaños” es “ilegal” y obedece a la intención de Sánchez de “cambiar el censo”. Unas declaraciones que luego ha rebajado Borja Sémper al decir que el PP “no prejuzga” a quién votarán los nacionalizados por la ley de nietos. Vox se ha sumado a los ataques y se ha quejado de que la ley de nietos “altera” la naturaleza jurídica de la nacionalidad española y sus efectos “pueden ser muy difíciles de revertir”. “La nacionalidad es lo más serio porque define quién forma parte del cuerpo político de una nación y, por tanto, decide el futuro de España”, ha resumido el portavoz de Vox, José Antonio Fúster.

Los populares agitan el fantasma del pucherazo con cierta frecuencia. La regularización de migrantes ya dio pie a que el propio Núñez Feijóo acusase en enero al Gobierno de “incrementar el censo de los españoles con la ley de nietos en más de dos millones de personas y con la regularización de la inmigración irregular de más de 800.000 personas”. Se da la circunstancia de que el PP regularizó a más de medio millón de personas bajo la legislatura de Aznar y apoyó la ley para conceder la nacionalidad española a los sefardíes. “El reconocimiento de la nacionalidad española para los judíos sefardíes es una reparación histórica”, decía por aquel entonces la popular María del Carmen Dueñas.

En el caso de la regularización, no supone que esas personas tengan la nacionalidad española y, por tanto, puedan votar en las elecciones generales. Únicamente se les otorga el permiso de residencia para poder trabajar de forma legal. La ley recoge que tienen derecho de sufragio los españoles mayores de edad, inscritos en el censo electoral. Para ello hay que tener la nacionalidad española, un trámite completamente diferente. Para conseguir la nacionalidad por residencia se exige la estancia de la persona en España durante diez años de forma legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición, aunque existen casos en los que el período de residencia exigido se reduce. Es el caso, por ejemplo, de la concesión de la nacionalidad a aquellas personas que tengan la condición de refugiado.

No es así en las elecciones municipales. En este caso, sí tienen derecho a sufragio activo los residentes extranjeros en España cuyos respectivos países permitan el voto a los españoles en los términos de un tratado. Y también todas las personas residentes en España que, sin haber adquirido la nacionalidad, sean ciudadanos de la UE, reúnan los requisitos para ser elector exigidos para los españoles y hayan manifestado su voluntad de ejercer el derecho de sufragio activo en España. Las personas en situación irregular no tienen derecho a voto en ningún caso.

La causa abierta en la Audiencia Nacional en la que permanece imputado José Luis Rodríguez Zapatero sigue ampliando el foco mientras el expresidente del Gobierno denuncia a golpe de escrito que está siendo objeto de una “causa general” en la que, además, se filtra su información privada. El juez José Luis Calama ha ampliado una investigación que arrancó en el rescate de Plus Ultra y ahora abarca las asesorías de Zapatero para Análisis Relevante, para empresas latinoamericanas e, incluso, las joyas que encontró la UDEF en una caja fuerte de su despacho en Ferraz. 

La Audiencia Nacional asumió en marzo las diligencias para analizar la ayuda pública de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra para combatir los devastadores efectos económicos de la pandemia. El origen del caso data de 2024, cuando la Fiscalía fue alertada por las autoridades de Francia y Suiza sobre la posibilidad de que el rescate hubiera sido utilizado para alimentar una trama de lavado de dinero de Venezuela. Y en marzo de este año se encontró con un nuevo impulso: los mensajes intervenidos en Estados Unidos al venezolano Rodolfo Reyes. 

Estas conversaciones fueron incautadas por las autoridades estadounidenses en 2021, cuando Reyes fue detenido momentáneamente en Miami, investigado por blanqueo en ese país. Pero no fueron aportados a la Audiencia Nacional española hasta este año 2026. Entre páginas y páginas de mensajes, algunos que aluden al “pana” Zapatero y que, según el juez Calama, permiten pensar que el expresidente del Gobierno usó su influencia en Moncloa para que la aerolínea fuera rescatada. 

El magistrado no ocultó sus sospechas durante el interrogatorio. Llegó a preguntar a Zapatero si en 2020 comió con Pedro Sánchez. Y el expresidente negó con vehemencia que hiciera alguna gestión relacionada con esos millones: “No intervine en el rescate de Plus Ultra y eso es una verdad incuestionable”. Los empresarios ligados a la aerolínea, por su parte, están acusados de usar el dinero del rescate para blanquear.

Del rescate a las asesorías. Tanto el juez Calama como especialmente la UDEF consideran que los trabajos de Zapatero para la empresa Análisis Relevante, de su amigo Julio Martínez, no eran ninguna asesoría real, sino una forma de pagarle por ejercer su influencia política a su favor. Lo mismo sospecha con respecto a la empresa de las hijas del expresidente, Whathefav, razón por la que ha imputado a ambas, aunque por ahora no ha llamado a declarar a ninguna. 

En los últimos días la causa ha dado un nuevo salto. Un informe de la UDEF acusa a Zapatero de cobrar 200.000 euros de un conglomerado empresarial peruano a través de una empresa pantalla pero no por asesorías, como dice el contrato, sino por interceder ante el entonces presidente de Bolivia, Luis Arce, y otras autoridades para solucionar un pleito millonario que tenía la compañía en ese país. Las fuentes de esta acusación son los mensajes que su secretaria, Gertrudis Alcázar, cruzó con sus interlocutores. La defensa de Zapatero ha replicado que es un trabajo de consultoría “legal por completo” y se ha quejado de una investigación “prospectiva” contra toda su actividad profesional. Arce ha negado que el exdirigente le pidiera mediar y en la actualidad ese litigio todavía no se ha resuelto.

Todas estas ramificaciones del caso se unen a otro frente abierto contra Zapatero durante los registros de su despacho en la calle Ferraz: las joyas, valoradas en 1,3 millones de euros, encontradas en una caja fuerte. Cuatro pesquisas en una sola causa que ya han llevado a la defensa del expresidente socialista a pedir la nulidad de las actuaciones y denunciar una “causa general” contra él basada, además, en pruebas obtenidas de forma ilegal, según su abogado. 

Las quejas se empiezan a amontonar encima de la mesa del juez Calama y la principal tiene que ver con las más de mil páginas de conversaciones telefónicas intervenidas a Rodolfo Reyes en 2021 y que ahora, cinco años después, son clave para la imputación. Mensajes aportados por la agencia estadounidense Homeland Security Investigations (HSI) y que el expresidente quiere impugnar. La Audiencia Nacional, como es habitual cuando se produce una colaboración internacional, tendrá que pedir a Estados Unidos la certificación de que la cadena de custodia se ha cumplido y de que los mensajes se han obtenido, guardado y aportado de forma legal. 

El último escrito de la defensa del expresidente del Gobierno apunta en esa dirección. Lo que abrió y expande cada semana el juez Calama, afirma su defensa, es una “causa general” contra él y reclama que se limite a investigar su relación con el rescate de Plus Ultra y sus trabajos con Análisis Relevante. Requisar y usar de forma indiscriminada la información que la UDEF sacó de sus agendas, añade, va mucho más allá del objeto de la causa y vulnera sus derechos fundamentales. 

Un “atropello” a la intimidad de Zapatero

La Policía incautó en el registro del despacho de Zapatero una enorme cantidad de información procedente de agendas en papel, carpetas, pendrives y discos duros, a la que se sumó el clonado del móvil de su secretaria desde hace más de dos décadas, Gertrudis Alcázar. Esa información nutrió los documentos policiales, pero además se incorporó en su totalidad al anexo al informe de la UDEF y acabó en manos de las 15 defensas y las 10 acusaciones populares que están personadas en el procedimiento. 

El expresidente y Alcázar vieron cómo en la sobremesa del miércoles sus chats privados acababan convertidos en titulares en los medios pese a que no estaban vinculados con la investigación judicial. La defensa de Zapatero lo ha calificado de “atropello” a su intimidad y presentó un escrito ante Calama en el que afirmaba que “no se trata de datos irrelevantes, o minucias y curiosidades sin mayor importancia”: “Se trata obviamente de datos que dibujan un retrato de las ocupaciones y de las actividades de una persona que no ha perdido ni un ápice de sus derechos”, argumentó su abogado en el documento fechado este jueves. 

El juez Calama —que fue quien puso la documentación a disposición de las partes— reaccionó al revuelo con el anuncio del pasado jueves de que deduciría testimonio para que un juzgado de Madrid “investigue las filtraciones e identifique a sus responsables”. La ley prevé un trámite de “expurgo” —es decir, separar qué es relevante para una investigación de lo que son cuestiones privadas o no relevantes— en el caso de las escuchas telefónicas, pero hay un vacío legal con respecto al clonado de dispositivos como móviles. De esta forma, la responsabilidad de llevar a cabo ese cribado entre el material incautado acaba recayendo sobre el juzgado, según explican juristas a elDiario.es, y depende de la decisión que tome cada magistrado.

Cuenta atrás para responder sobre las joyas

Desde que el pasado 19 de mayo los agentes de la UDEF recorrieran los diferentes despachos de la oficina del expresidente socialista en la calle Ferraz han pasado más de cinco semanas. En este tiempo, Zapatero no ha dado una explicación oficial para una de las incautaciones que se hizo ese día: las joyas valoradas en más de un millón de euros que estaban en una caja fuerte que procedía, en realidad, de la vivienda del matrimonio. Ese hallazgo dio pie a la primera de las ramificaciones de este caso: una pieza separada por delitos contra la Hacienda Pública y contrabando.

Zapatero entra a partir de este lunes en una cuenta atrás que él mismo se autoimpuso en su declaración como investigado ante el juez. Ese día aventuró que en “una semana o diez días” podría responder sobre el origen de las joyas después de buscar la documentación que permitiera acreditar la procedencia y la fecha en la que las obtuvo. La única pista oficial sobre el origen de las joyas la dio la asistente de Zapatero, Gertrudis Alcázar, el mismo día del registro, cuando contó a los agentes de la UDEF que eran de una herencia familiar de Sonsoles Espinosa y “regalos de viajes”.

La secretaria de Zapatero está imputada desde hace una semana por los indicios que el juez cree que hay de su “participación directa en los hechos”. Su nombre aparece trufado en los informes policiales que sustentan la investigación porque se encargaba de las citas del expresidente y gestionaba la cuenta de correo identificada como “el principal canal de comunicación interna de la red”.

La ofensiva que ejecuta el PP a través de las comisiones de investigación, aupado por la mayoría que tiene en el Senado, llevará a Alcázar a tener que acudir este lunes a la Cámara Alta. Es probable que no responda a ninguna de las preguntas de los partidos, como ya ha ocurrido con otros imputados que han pasado por el brete de declarar antes en el Senado que en sede judicial. El PP todavía se reserva más nombres en el calendario: por esa comisión también desfilarán el exministro José Luis Escrivá, por una reunión con Zapatero en septiembre de 2020 que ambos desvinculan del rescate de Plus Ultra, y Cristóbal Cano, el gestor de Julio Martínez Martínez.

A primera vista parecen tres estrellas del rock. Pero las apariencias engañan: ellos llenan salas y festivales; ella, restaurantes. La cocinera Sara Peral y Pepe Esteban y Jota, miembros de Arde Bogotá, se han juntado en el Festival de las Ideas y la Cultura de elDiario.es para preparar, entre conversación y conversación, una pasta fresca con ricotta que tuvo que superar varios sobresaltos propios del directo.

Sara Peral es la chef detrás del premiado restaurante OSA junto a Jorge Muñoz y ahora prepara un nuevo proyecto para recuperar el menú de mediodía. Tres detalles para conocerla: reivindica los platos de cuchara, defiende recuperar en las casas la costumbre de la comida familiar y cree que se ha idealizado el mundo de la cocina por los programas de televisión. “La gastronomía es una forma más de conocer un país, de entender cómo funciona su sociedad, su política y su cultura”, dijo en una entrevista en elDiario.es.

Y los pinches por un día son Pepe Esteban y José Ángel Mercader, 'Jota', bajista y batería de Arde Bogotá. Acaban de estrenar su single 'Instrucciones' y tienen ya dos álbumes de estudio y un EP bajo el brazo tras nueve años de carrera. En poco tiempo sumarán a la lista su tercer disco, del que todavía no han dado a conocer el nombre.

Los tres han charlado mientras preparaban la receta, con algunos percances por el camino, sobre los orígenes, la importancia de la educación pública, la competitividad laboral y el valor del tiempo. “Nosotros hemos estudiado en la educación pública. Estudiamos juntos en un instituto de barrio”, ha explicado Jota, entre los aplausos del público reunido bajo un sol abrasador en la Plaza de la Constitución de Rivas.

Los tres comparten profesiones con mucha carga de trabajo, competitividad y presión. Peral ha abogado por aprender a “competir de una forma sana”, como una forma de superarse más que de ser mejor que un compañero, mientras los miembros de Arde Bogotá han reivindicado la colaboración. “En la música hay mucha competición sin querer y puede ser un ambiente muy tóxico”, ha explicado Jota, a lo que Pepe Esteban ha añadido que durante el camino han encontrado compañeros que han dado consejos y ayuda. “Creo que nuestra generación está cambiando eso. Ya no son tantas envidias, tantas competitividad, ¿no? Si al final alguien quiere hacer algo diferente, lo va a hacer”, ha acompañado Peral.

Hay que poner un fisio y un psicólogo en todos los trabajos, debería ser obligatorio

Sara Peral

“Uno se da cuenta de que al final del día uno es una persona jodida con sus sentimientos, con sus preocupaciones... Con la era de la inmediatez, la globalización, el capitalismo recalcitrante, te conviertes en un número, te conviertes en una máquina y te revientan por dentro, en cualquier profesión. Y además venimos de una época en la que no ha sido tan común ir a recibir ayuda, ir al psicólogo, comentar tus cosas”, ha añadido Jota.

A él le ocurrió: llegó el día en que toda la presión la somatizó de golpe: “Un día veníamos de Granada, paramos a comer en la típica venta de carretera en la que te pides un bocadillo que tiene más pan que relleno, ¿vale? No podía tragarme el pan. Acho, que me ahogo. Y me rayé vivo porque de repente sentí como que se me olvidaba tragar. Bueno, estuve un mes que para comerme una judía verde se me olvidaba tragar. Y ahí le dije a mi mujer: creo que se me ha ido”. La conclusión, Peral la ha visto clara: “Hay que poner un fisio y un psicólogo en todos los trabajos, debería ser obligatorio”

El juez José Luis Calama ha ofrecido a la Agencia Tributaria (AEAT) personarse en la pieza separada por las joyas incautadas a José Luis Rodríguez Zapatero dado que se investiga si pudo cometerse un delito contra la Hacienda Pública, además de contrabando. El magistrado señala que Hacienda es una “potencial perjudicada” y tendrá la oportunidad de intervenir en el proceso para defender sus intereses.

“La naturaleza de los hechos investigados revela un perjuicio patrimonial directamente conectado con ingresos de titularidad estatal”, profundiza Calama en un auto fechado del martes. Se trata de una causa separada de la principal —en la que se investiga si Zapatero influyó en el rescate de 53 millones de euros concedido a la aerolínea Plus Ultra— dado que el objeto de las pesquisas no tienen ninguna conexión a priori con el resto de investigados.

El exdirigente socialista ha pedido más tiempo para explicar la procedencia de las joyas y localizar la documentación que pueda acreditarlo. En el interrogatorio del pasado miércoles señaló, a preguntas del juez, que en el plazo de unos diez días podría comparecer para hablar sobre estos objetos encontrados en la caja fuerte que procede de su vivienda pero que se encontraba en su oficina en el momento del registro.

El instructor del caso cree las joyas pudieron ser introducidas en España sin declarar y que tampoco se tributó por ellas. La secretaria del expresidente, Gertrudis Alcálzar, dijo a los agentes de la UDEF que el contenido de la caja fuerte era parte de una herencia familiar de Sonsoles Espinosa y parte de “regalos de viajes”. En este sentido, será clave si estos objetos proceden de su etapa como presidente, entre 2004 y 2011, lo que haría que los delitos hubieran prescrito. La tasación las ha valorado en más de un millón de euros.

En ese mismo auto, Calama rechaza que la empresa Softgestor pueda personarse en la causa “al no existir conexión material entre su posición procesal y los hechos examinados”. Esta compañía aparece citada en un informe de la UDEF como una de las sociedades que abonó dinero a Análisis Relevante, la consultora de Julio Martínez Martínez, amigo del expresidente. En el centro de las pesquisas de la investigación principal están los supuestos trabajos que Zapatero realizó para Análisis Relevante y por los que cobró medio millón de euros.

La sentencia del Tribunal Supremo que impone más de 24 años de cárcel a José Luis Ábalos no da por buenas todas las confesiones y acusaciones del empresario Víctor de Aldama. Los jueces rechazan que Carlos Moreno, alto cargo en Hacienda con María Jesús Montero, cobrara 25.000 euros de la trama a cambio de conseguir el aplazamiento de la deuda de una de sus empresas. El entonces jefe de gabinete de Montero derivó las reclamaciones del comisionista, pero la deuda siguió vigente y él no tenía ningún poder para influir sobre la situación de esa empresa. Además, recuerdan los jueces, no toda reunión en un despacho de un alto cargo implica un posible delito.

El foco judicial se puso sobre Carlos Moreno Medina en septiembre del año pasado cuando el juez Leopoldo Puente, de Tribunal Supremo, decidió partir el caso en dos e investigar aparte los amaños de obra y el papel de Santos Cerdán. Un auto en el que apuntó a Moreno y una reunión que habría mantenido con Víctor de Aldama que “tenía por objeto procurar el aplazamiento de una deuda tributaria de una de las empresas” del comisionista a cambio de 25.000 euros. La sospecha dio el salto a la política y el Partido Popular preguntó directamente por el tema a la entonces ministra de hacienda, María Jesús Montero, que fue contundente: “Jamás hizo nada parecido, nunca jamás. Pongo la mano en el fuego por Carlos Moreno”.

Las acusaciones, como tantas otras del caso durante esa fase final de la investigación en el Tribunal Supremo antes del juicio, venían de la confesión de Víctor de Aldama. La comparecencia de varias horas del empresario en la Audiencia Nacional con la que había conseguido su libertad después de mes y medio en prisión por el fraude masivo de IVA en el caso Hidrocarburos. Ese día, entre otras muchas afirmaciones, el empresario aseguró que pagó 25.000 euros a Moreno a través de Koldo García para que, previa consulta a la ministra, aplazara la deuda de una de sus empresas.

La sociedad que tenía la deuda problemática es Pilot Real Estate, que figura en la última versión actualizada de la lista de morosos de Hacienda con un déficit de 1,3 millones de euros. Según relató en fase de instrucción, Moreno accedió a hacer el favor con una salvedad que apuntaba todavía más arriba según Aldama: “Antes de hacer ningún movimiento él tiene que hablar con su jefa, que es la ministra Montero y que si ella autoriza hacen el movimiento. Se nos concede el aplazamiento”. Según esa primera versión, pocos meses después Koldo García le pidió “un detalle” con ese alto cargo, que se concretó en 25.000 euros para Moreno. “Quedamos a tomar un café y Koldo le entrega el sobre a Carlos Moreno”, zanjó entonces Aldama.

La afirmación de Aldama pasó el filtro de la fase de instrucción y llegó al juicio, donde Carlos Moreno compareció para dar su versión de los hechos: se limitó a derivar la petición de Aldama a otra persona y nunca recibió ninguna comisión. Conoció a Aldama a través de Koldo García por asuntos relativos al aeropuerto de Ciudad Real, a la compra de un edificio del Ministerio en Madrid y a la presentación de una aplicación israelí, pero nada relacionado con la deuda.

Víctor de Aldama, que compareció como imputado durante unas ocho horas ante la Sala de lo Penal, mantuvo su versión de los hechos e incluso amplió los detalles. “Yo me siento en tres ocasiones con la jefa de la Agencia Tributaria, con una orden clara de María Jesús Montero, trasladada por Carlos Moreno, en que se me tiene que ayudar con la deuda”. Y después de muchas gestiones, según Aldama, la deuda se aplazó y Koldo le pidió 25.000 euros para el alto cargo de Montero. “Citamos al señor Carlos Moreno en un bar que hay bajando del Ministerio de Hacienda a mano derecha, subiendo la callecita un poquito a mano derecha, un bar pequeño que hay ahí y le hago entrega de un sobre con dinero”, zanjó Aldama.

La Fiscalía Anticorrupción decidió no acusar por estos hechos, pero las acusaciones populares capitaneadas por el PP sí lo hicieron y el resultado ha sido un pasaje de la sentencia que rechaza las afirmaciones de Víctor de Aldama contra el departamento de María Jesús Montero. Carlos Moreno no tenía capacidad para aplazar esa deuda y no lo hizo: sigue vigente y tampoco hay pruebas de que se llevara un sobre con 25.000 euros a cambio. “No todo acto de aproximación para ser recibido en un despacho puede reputarse delictivo”, añade el Supremo.

Gestiones sin “fruto práctico”

Los jueces no dudan de que la reunión se celebró en junio de 2020 y tampoco de que Aldama pidió el aplazamiento de la deuda para Pilot Real State, una de las múltiples sociedades que administraba. El comisionista no tenía el aval necesario para conseguir la prórroga y estaba fallando en su objetivo de “intentar salvar la compañía”. Moreno, dice la sentencia, se limitó a trasladar la cuestión a otro alto cargo del Ministerio y el aplazamiento “no llegó a producirse”. Él, además, no tenía “competencias directas” sobre la cuestión.

“No ha quedado probado”, dice entonces el Supremo, nada de lo que dijo Aldama. “No tenemos ninguna constatación acreditativa, ni mediante prueba de carácter personal ni documental”, aseguran los jueces, de que Koldo pidiera 25.000 euros para Moreno y que ambos se lo dieran en un sobre en una cafetería. Además, y en contra de lo que dice Aldama, la deuda siguió viva y esa empresa sigue estando en la última versión actualizada de la lista de morosos. “Tales gestiones no tuvieron ningún fruto práctico, pues la citada mercantil figuró como morosa en la lista de diciembre de 2021”.

No todas las afirmaciones de Víctor de Aldama, por tanto, han sido validadas por el Tribunal Supremo, aunque los jueces lo mantengan en el territorio de los hechos sin probar y no acusen al empresario abiertamente de mentir. Las diligencias del Supremo y de la Audiencia Nacional han demostrado la habilidad de Víctor de Aldama para abrirse camino hasta todo tipo de despachos, y los jueces explican que eso no siempre es un delito para los que le recibían. “No es lo mismo conseguir una entrevista personal que una resolución”, dicen.

El Tribunal Supremo tira de archivo para ilustrar su argumento: el de la expresidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas. En 2008 la Sala de lo Penal, encabezada entonces por un recién llegado Manuel Marchena, recibió un aviso de un juzgado de Valdemoro: habían cazado a Casas hablando por teléfono con una abogada acusada de conspirar para matar a su propio marido. Una conversación en la que no hablaban del posible asesinato, sino del divorcio de la mujer, que años después fue efectivamente condenada. El Supremo rechazó imputar a María Emilia Casas porque esas conversaciones no constituían ningún delito: “No todo consejo emanado de una autoridad puede reputarse delictivo”, dijo el tribunal hace casi dos décadas.

El Supremo, con Marchena entre sus integrantes, recuerda estos argumentos para no considerar delictiva la reunión entre Carlos Moreno y Víctor de Aldama. “No todo acto de aproximación para ser recibido en su despacho por un funcionario público o autoridad puede reputarse delictivo. Solo aquel que compromete la imparcialidad, que menoscaba el deber de exclusividad o que provoca una interferencia entre los intereses privados y los de naturaleza pública, puede ser objeto de persecución penal”, recuerda el Tribunal Supremo para enterrar esta acusación con la que Víctor de Aldama quiso implicar en el caso a María Jesús Montero como conocedora de las gestiones.

La defensa de Begoña Gómez ha presentado este martes un recurso de queja ante la Audiencia Provincial de Madrid contra la decisión del juez Juan Carlos Peinado de imponerle como medidas cautelares la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y las comparecencias obligatorias en sede judicial cada 15 días. La argumentación del abogado de Gómez, Antonio Camacho, pasa por apuntar a una desproporción de la decisión y señalar que la afirmación de que los agentes de escolta podrían colaborar en una fuga es ofensiva, según ha podido saber elDiario.es.

La defensa de Gómez insiste en que la posibilidad material de fuga es, en la práctica, inexistente por el acompañamiento permanente de un dispositivo de seguridad, además de recordar que hasta ahora se ha presentado en todas las citaciones judiciales a las que ha sido necesario. Y apunta que es una mera especulación construida sobre la nada y que no se sustenta la hipótesis de que los agentes policiales podrían actuar como cómplices.

Además, el abogado de Gómez se lamenta también por que el auto de Peinado pusiera que “no cabía recurso” contra él, pese a que las medidas cautelares sí son recurribles. Peinado incorporaba la frase “contra el presente auto no cabe recurso” al final del documento, que recogía tanto la propuesta para abrir juicio oral por la vía del jurado popular como la retirada del pasaporte o la prohibición de salir de España. Por ello, el cauce por el que Gómez opta para presentar esta alegación a la decisión de Peinado es el recurso de queja ante la Audiencia Provincial de Madrid.

Citada este miércoles para retirarle el pasaporte

La esposa del presidente del Gobierno está citada por el juez Peinado el miércoles a las 18.00 para que haga entrega de sus pasaportes. Su asistente, Cristina Álvarez, lo ha facilitado ya de forma anticipada. El magistrado advierte que deben comunicar si cuentan con algún documento adicional al español, como pudiera ser un pasaporte diplomático o de otra nacionalidad. La cita coincide con la comparecencia a petición propia de Sánchez en el Congreso para responder sobre las investigaciones judiciales que afectan al entorno del PSOE.

La defensa de Begoña Gómez ya había emitido una queja previa sobre este auto de Peinado, pero ante el Consejo General del Poder Judicial. En ese escrito, Camacho lamentaba haber tenido conocimiento de la apertura de juicio oral y de la adopción de medidas cautelares “a través de los medios de comunicación”, por lo que denunció una “vulneración del derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva”. Que Gómez “haya tenido que conocer la existencia de estas resoluciones a través de la prensa —y no a través de los cauces procesales legalmente establecidos— constituye una situación de extraordinaria gravedad que compromete seriamente la imagen de la Administración de Justicia y el principio de igualdad de armas entre las partes”, señalaba.

A su vez, una de las argumentaciones que utiliza el juez Peinado en ese auto ha provocado que el Poder Judicial ponga en marcha un expediente este mismo lunes: la insinuación de que los policías que forman parte de la escolta de Begoña Gómez podría colaborar con su fuga. El CGPJ lo ha remitido al Promotor de la Acción Disciplinaria para que valore si incurrió en una infracción con una Comisión Permanente dividida: cuatro votos en contra del sector conservador y cuatro a favor, entre ellos el voto de calidad de la presidenta, Isabel Perelló, que decantó la balanza a favor de tramitar la queja.