El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha anunciado por sorpresa en la comparecencia ante la Diputación Permanente que dejará su cargo como forma de asumir la responsabilidad política por el accidente ferroviario de Urda, algo que le habían pedido tanto el PP y Vox como varios de los socios del Gobierno.

Varios de los diputados del Frente Amplio presentes en la comparecencia se unieron al aplauso final que los socialistas han dado a Puente, aunque otros, como el valenciano Alberto Ibáñez (Compromís), evitaron hacerlo. Por su parte, la líder de la alianza, Ada Colau, quiso agradecer a través de un mensaje en sus redes sociales la “dignidad” del ya exministro y su decisión de haber hecho un “gesto difícil” tras la tragedia ferroviaria. “Estoy segura que es un paso adelante para recuperar la confianza en el tren que nuestro país merece. Ahora nos toca avanzar en acuerdos y medidas. Pacto de Estado, financiación y servicio público”, planteó Colau.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, elogió a Puente tras su dimisión por haber “dado la cara”, dado “soluciones” y, después, dar “un paso al lado”. “Por dignidad. Por voluntad propia. Por respeto a las víctimas y al proyecto progresista”, ensalzó en un mensaje a través de X. “Políticos como él dignifican a nuestro país y nos demuestran que no todos somos iguales. Mientras unos solo dan lecciones, otros lo dan todo. Gracias por tanto, compañero”, añadió.

Desde el PP piden su salida y luego cargan contra él tras dimitir

Desde el PP cargaron contra Puente, al que llamaron “tuitero pendenciero”, y contra el propio presidente del Ejecutivo. La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, declaró este martes por la noche que “llega 116 muertos tarde”, en alusión a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz y de Urda en menos de un año.

El secretario general del partido, Miguel Tellado, también dijo que su salida “era imprescindible, pero no suficiente”. “Sánchez es el responsable de haber nombrado como ministros de Transportes a Ábalos, hoy en la cárcel, y a Puente, un tuitero pendenciero al que mantuvo después de la tragedia de Adamuz”, afirmó.

Desde Vox también apuntaron contra el presidente del Gobierno: “Sánchez siempre se esconde detrás de sus esbirros. Pero la responsabilidad es suya”, ha asegurado Santiago Abascal.

“Es el capo de la mafia. Es el cerebro de la organización criminal que nos gobierna”, ha calificado el líder ultraderechista, que ha asegurado también que la “traición” del presidente del Gobierno “mata”. “Su corrupción mata. Solo la respuesta masiva de los españoles en las urnas puede sentarle en el banquillo, y recuperar la esperanza y la dignidad nacional”, espetó Abascal, que exigió a Sánchez su propia dimisión “para ponerse a disposición judicial”.

A un mes de la celebración de las elecciones generales, el PP se mantiene como la fuerza más votada y sería capaz de hacerse con la mayoría absoluta del Congreso con la suma de la extrema derecha de Vox. Según una encuesta de Ateneo del Dato para elDiario.es, el PP obtendría el 31,1% de las papeletas, tres puntos y medio más que el PSOE (27,6%), con un Vox en auge como tercera fuerza (19,8%). Con todo, se estrecha en casi un punto la distancia entre los bloques: en la encuesta anterior la suma de apoyos a la derecha superaba en 14,6 puntos a la izquierda y ahora la diferencia es de un 13,8.

Aunque el PP sería el ganador de las elecciones, su líder, Alberto Núñez Feijóo, recibiría dos puntos menos de apoyo que en la encuesta de hace tres semanas —cuando llegó al 33,2%— y que en 2023, cuando introdujo la papeleta del PP en la urna el 33,1% de los españoles. El PSOE sufriría un retroceso de cuatro puntos con respecto a sus datos de hace tres años, cuando logró el 31,7% de los votos, pero mejora una décima sobre el anterior sondeo. Por el contrario, a la extrema derecha de Santiago Abascal no le pasan factura sus últimas decisiones en los gobiernos autonómicos y su intención de voto asciende hasta el 19,8%, seis décimas más que en la encuesta previa y siete puntos por encima de las pasadas elecciones.

La encuesta se realizó entre el 20 y el 22 de octubre, tras confirmarse el fracaso de las negociaciones entre Frente Amplio y Podemos, que solo irán juntos en Canarias y la Comunitat Valenciana. Según el sondeo de Ateneo del Dato, en este momento el Frente Amplio de Ada Colau obtendría el apoyo del 6,8% y Podemos, encabezado por Irene Montero, del 2,7%. En total, el 9,5% de los apoyos frente al 10,3% del sondeo previo —con Sumar en un 7% y Podemos, en un 3,3%— y lejos del 12,3% que se alcanzó en 2023, cuando acudieron a las urnas en una candidatura conjunta. Si se mira por bloques, PSOE, Frente Amplio y Podemos se harían con un 37,1% de las papeletas, lejos del 50,9% que el PP lograría junto a Vox.

A la hora de interpretar los datos de la izquierda alternativa hay que tener en cuenta que dentro de la estimación de voto a Frente Amplio también están los apoyos de la coalición en la Comunitat Valenciana (Compromís-Front Valencià, donde junto a la formación valencianista e IU también está Podemos) y en Canarias (Unión del Pueblo Canario, Nueva Canarias, Podemos, IU y Movimiento Sumar). Igualmente, Podemos se presenta en Catalunya dentro de las listas de ERC y este apoyo no está incluido en el porcentaje de voto de los morados de este sondeo.

Un 19% de los encuestados que votó a Feijóo ahora apoya a Vox

Las transferencias de voto pueden convertirse en uno de los factores que determinen el resultado de las elecciones del 29 de noviembre. ¿Cuántos votantes de Sánchez en 2023 se mantendrán fieles? ¿Cuántas papeletas robará Vox al PP? ¿Cuántos votos de Sumar se retendrán en Frente Amplio y Podemos? Según la encuesta de Ateneo del Dato, más del 19% de los votantes del Feijóo en 2023 se decantarán ahora por Abascal. No ocurre a la inversa: solo un 5% de los electores de Vox cambiarán su apoyo al PP.

Los votantes de Sumar de hace tres años (cuando se presentaron junto a Podemos) se encontrarán papeletas distintas en la gran mayoría de los territorios en esta ocasión. Según el sondeo, casi un 40% se decantará por Frente Amplio, pero un 17,7% cambiará su papeleta por la de los socialistas y un 14,2% votará a Podemos.

Casi todos los líderes suspenden en valoración

Entre los candidatos a las elecciones de 2026, el más valorado es el portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, con una distancia holgada frente al resto. Más del 52% de los sondeados tienen una opinión buena o muy buena de Rufián. El siguiente en la lista es Pedro Sánchez, a quien un 39,9% de los ciudadanos valora de forma positiva, pero que suma más votos negativos: un 57,7% tiene una opinión mala o muy mala.

Abascal y Feijóo tienen un número similar de defensores y detractores: en torno al 39% los ve con buenos ojos y un 56% tiene una opinión mala o muy mala. Las candidatas de la izquierda son las menos valoradas, según el sondeo de Ateneo del Dato: solo un 29,2% de los encuestados mantiene una opinión buena o muy buena de Ada Colau y un 24,3% de Irene Montero.

Uno de cada cinco votantes busca evitar que otro partido llegue a gobernar

En estas elecciones uno de cada cinco electores va a ir a las urnas con la idea en mente de que sirva para evitar que otro partido llegue a gobernar. Ocurre, sobre todo, en el caso de quienes votaron a Sumar en 2023: el 33% de ellos saldrá de casa el domingo 29 de noviembre a votar con el objetivo de que la derecha no pueda formar Ejecutivo.

La mayor parte de los electores quiere como presidente del Gobierno al candidato del partido al que votó en 2023, con algunas excepciones. Entre los votantes de Sumar en 2023, un 39% prefiere al líder de ERC, Gabriel Rufián, como el futuro presidente del Ejecutivo, mientras que un 16% quiere que sea Pedro Sánchez. Un 13% preferiría que fuera Irene Montero la presidenta y un 10% aboga por Ada Colau.

Ocurre también, pero en menor medida, con una parte de los votantes del PSOE. Aunque el 58% quiere que Sánchez reedite su puesto, hay un 15% que preferiría a Rufián como presidente. El 69% de los partidarios del PP en 2023 respaldan al líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, pero un 18% querría ver a Santiago Abascal como presidente del Gobierno en su lugar. Los más fieles son los votantes de la extrema derecha hace tres años, que en un 84% apoyan a Abascal para dirigir el país.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha trufado la entrevista en la Cadena SER de este viernes de varias afirmaciones falsas con respecto a la edad de jubilación o la hucha de las pensiones. Estas son algunas de ellas:

El salario mínimo tiene una deducción en el IRPF

El líder del PP acusa al Gobierno de “llevarse el dinero de los trabajadores” y hacer un “buen negocio” con la subida del salario mínimo. Lo ha hecho con estas palabras: “El Gobierno obliga a las empresas a subir el salario, obliga a las empresas a subir las cotizaciones, y cuando ese trabajador recibe más salario, muchas veces supera la tarifa del IRPF que venía pagando antes y cotiza”. El propio entrevistador, Aimar Bretos, le ha recordado que el salario mínimo no paga IRPF: “No, no, estaba exento antes”, ha contestado el líder del PP, rememorando el debate que hubo entre Hacienda y Trabajo: “El Gobierno quería que estuviese incluido”.

Es cierto que hubo un choque en el seno del Gobierno al respecto, pero se saldó con un acuerdo a través de una deducción diseñada para que el SMI no pagase IRPF en la declaración de 2026 y un pacto para que el impuesto no se coma las nuevas subidas. De forma posterior, Feijóo ha aclarado que se refería a que el incremento de SMI con el PP “quedará exento de IRPF siempre, por ley y automáticamente”.

Carlos Cuerpo no dijo que haya “un problema” con las pensiones

Feijóo también ha mentido al atribuir al vicepresidente económico, Carlos Cuerpo, unas supuestas declaraciones en su entrevista de hace unos días en Onda Cero que nunca dijo. “Que el vicepresidente económico del Gobierno en precampaña diga, oiga, vamos a tener un problema con las pensiones, vamos a tener que incrementar en su caso las cotizaciones, y pensar en un incremento de la edad de jubilación... Este es el diagnóstico del señor Cuerpo, que creo que tiene más legitimidad que el señor Sánchez”, afirmó Feijóo.

Sin embargo, Carlos Cuerpo en ningún momento dijo en esta entrevista que haya “un problema” con las pensiones. Tampoco que fuera a aumentar las cotizaciones sociales ni la edad de jubilación.

En realidad, Cuerpo afirmó que “la sostenibilidad de las pensiones está garantizada y la sostenibilidad de nuestra deuda pública también, es así de claro. Y el que quiera decir que no, pues tendrá que demostrarlo”. De hecho, el vicepresidente pidió no dar pábulo a discursos “alarmistas” como los del PP y Vox, que exigen reformas debido a esta supuesta insostenibilidad del sistema. “¿Qué reformas?”, insistió Cuerpo, que criticó que estas fuerzas no las expliciten, por lo que les pidió ser “valientes” sobre sus planes en esta materia.

Feijóo además tergiversa la única mención de Cuerpo a la edad de jubilación. No dijo que se valore un aumento de la edad de jubilación, sino que las reformas ya aprobadas (con incentivos que premian la demora de la jubilación, entre otros) ya están suponiendo un aumento de la edad “efectiva” de jubilación. Es decir, que la gente se está retirando más tarde del mercado de trabajo (con la misma edad legal para acceder a la pensión).

No es cierto que los médicos tengan un papel “secundario” en la eutanasia

Ha dicho que “el papel de los médicos, los especialistas, es secundario” en el proceso eutanásico. Eso es, directamente, falso. Los facultativos son quienes acompañan, deciden y, sobre todo, tienen la capacidad de revocar en cualquier momento la solicitud de muerte asistida de un ciudadano. “Es una ambigüedad médica clara”, apunta Fernando Marín, vicepresidente de la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD).

España no es el tercer país con más deuda de la UE, es el quinto, según Eurostat

En el segundo trimestre de 2026 la deuda española se situó en el 101,4% del PIB, un 4,26% más que el año anterior, según los datos de Eurostat. El porcentaje equivale a unos 34.500 euros por habitante. Pero España no es el tercer país con más deuda de la Unión Europea, tal y como ha afirmado Feijóo en la Cadena Ser. 

En realidad, es el quinto, por detrás de Grecia (140,8%), Italia (139,9%), Francia (119,1%) y Bélgica (110,2%). Sí es cierto que el país supera casi en 18,5 puntos porcentuales la media de la Unión Europea, que se situó en el 82,9% de deuda pública.

“Aznar dejó una hucha de las pensiones como ningún otro presidente”

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero fue quien dejó una hucha de las pensiones en su máximo, por delante de José María Aznar. El fondo alcanzó los 66.815 millones de euros al cierre de 2011. Cuando Aznar salió de la Moncloa, el saldo era de 19.330 millones.

“Quien más se ha llevado dinero de los trabajadores ha sido el Gobierno”

La teoría de Feijóo es que el Gobierno ha incrementado el salario mínimo para ganar más dinero. “El Gobierno ha hecho un buen negocio subiendo el salario mínimo porque quien más dinero de los trabajadores se ha llevado ha sido el Gobierno”, ha afirmado, en la entrevista. 

Que los trabajadores paguen un porcentaje mayor de IRPF cuando se les sube el sueldo no tiene nada que ver con que el Gobierno y sus miembros vayan a ganar más dinero. Lo que sí se incrementa es la recaudación fiscal que sirve para financiar los servicios públicos. Por tanto, a quien mejor le viene que se suban los sueldos, además de a los propios trabajadores afortunados, es al conjunto de la ciudadanía que cuenta así con una mejor financiación del Estado del bienestar. 

La mayoría de votantes de izquierdas ven necesario que el Frente Amplio y Podemos lleguen a un acuerdo para acudir de la mano a las elecciones del 29 de noviembre. El 57% de los electores progresistas coincide en señalar que le conceden “mucha” o “bastante” importancia a la unidad del espacio de la izquierda más allá del PSOE para intentar impedir que PP y Vox se hagan con el Gobierno, según una encuesta de Ateneo del Dato para elDiario.es.

El sondeo se realizó entre el viernes 9 y el domingo 11 de octubre, justo el día que se anunció el pacto entre Podemos y ERC para que Gabriel Rufián e Irene Montero hagan “equipo” en la campaña y los republicanos incorporen a los morados en las listas. Según estos datos, el 26% de las personas progresistas le dan “mucha” importancia a la unidad entre Podemos y la coalición de Izquierda Unida, Más Madrid, Comuns y Movimiento Sumar; mientras que el 31% creen que es “bastante” relevante. Por el contrario, un 23% le concede poca importancia y un 11% directamente ninguna.

Por edad, la franja entre 55 y 65 años reúne a quienes más apoyan la unidad de la izquierda. Es un camino que las encuestas apuntan como clave para tener alguna posibilidad de evitar un gobierno de PP y Vox: los partidos a la izquierda del PSOE obtendrían la mitad de escaños si se presentaran por separado que si concurrieran juntos.

Los votantes progresistas destacan la “capacidad para unir a la izquierda” de Rufián

Ada Colau, Irene Montero, Mónica García, Ernest Urtasun... La lista de nombres que se han puesto sobre la mesa a lo largo de los últimos días para liderar una candidatura unitaria de la izquierda han sido muchos (y cambiantes). Según la encuesta de Ateneo del Dato, los nombres más conocidos para el electorado de izquierdas son los del candidato de ERC, Gabriel Rufián (96%), y la candidata de Podemos, Irene Montero (95%), por delante de la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau (89%) y de la ministra de Sanidad, Mónica García (81%).

Se quedan más lejos el titular de Cultura, Ernest Urtasun (al que conoce un 72% del electorado progresista) y Pablo Bustinduy (68%). El más desconocido para el público es Emilio Delgado, portavoz adjunto de Más Madrid en la Asamblea y el elegido por su partido como propuesta para ser el número uno por la capital (62%).

De Rufián, los encuestados destacan como cualidades su liderazgo, su “capacidad para unir a la izquierda” y su “valentía”. Es el único de los siete nombres de quien los encuestados afirman que tiene capacidad para unir a los progresistas.

Para Montero se repiten las alabanzas a su “valentía”, a lo que se suma su “experiencia” y su “cercanía con la gente”, mismos atributos que Ada Colau. En el caso de la ministra Mónica García, los sondeados apuntan a su preparación, su capacidad de gestión y su experiencia. Repiten las mismas virtudes en Urtasun, pero se añade su “honestidad” como cualidad más destacada; mientras que de Bustinduy se resalta su honestidad, preparación y su capacidad de gestión. Finalmente, de Delgado se destaca que es cercano con la gente, “honesto” y “valiente”.

Quienes votaron a Sumar en las pasadas elecciones —cuando Podemos estaba incorporado a esta coalición— son los mayores partidarios de un liderazgo coral en las candidaturas, con varias personas compartiendo protagonismo, en lugar de una única persona al frente. Un 54% lo ven como mejor opción frente a un 31% que prefiere un liderazgo más personalista. En esta precampaña han surgido varios posibles tándems electorales, como el que conforman Rufián y Montero con su pacto en Catalunya o la última propuesta para que Colau y Delgado lideren desde Barcelona y Madrid.

Los mayores defensores del liderazgo individual son los votantes del PP (63%), por delante de Vox (57%) y del PSOE (50%). Si se observa por edad, los encuestados más mayores también prefieren una única persona al frente de los partidos (un 57%) mientras que los jóvenes de entre 25 y 34 años conforman la franja que más apoya que las candidaturas tengan varias caras visibles (43%).

Cruces de reproches en la cuenta atrás

El espacio de la izquierda confederal vive un déjà vu y vuelve a acercarse al plazo límite para registrar coaliciones sin ninguna certeza de que vaya a haber unidad. El movimiento de Gabriel Rufián y Podemos para hacer un tándem con Irene Montero descolocó al resto de fuerzas porque su pacto afecta directamente a los Comuns, integrados en el Frente Amplio. A priori, esta decisión complica que esta coalición pueda llegar a un entendimiento con Podemos si los morados tienen intención de pedir el voto en Catalunya para un competidor. Desde el Frente Amplio respondieron a última hora del lunes que mantienen su apuesta por el liderazgo de Ada Colau, aunque a su vez la exalcaldesa ha vinculado —al menos hasta ahora— su presencia a que la coalición incluya a Podemos.

24 horas después del anuncio de Podemos y ERC, varias voces del Frente Amplio acusaron a Rufián de poner trabas a la unidad cuando llevaba meses defendiendo la colaboración entre fuerzas progresistas para impedir que PP y Vox puedan hacerse con la mayoría absoluta del Congreso. “Constatamos la profunda decepción que han generado los movimientos de Gabriel Rufián entre el electorado de izquierdas. Iba a unir a la izquierda y está haciendo todo lo posible por dividirla”, criticaron fuentes de los Comuns. Y recordaron que fueron la segunda fuerza más votada en esta comunidad en las elecciones generales de 2023, por delante de ERC.

Entre cruces de reproches, las formaciones que componen el Frente Amplio insistieron durante el lunes que el pacto todavía es posible, algo que también hizo Rufián. El hasta ahora portavoz parlamentario de ERC se defendió de las críticas y afirmó que todavía hay “tiempo” para “una colaboración entre las izquierdas soberanistas y españolas real” si se trabaja “para ganar de verdad” en lugar de hacer filtraciones a la prensa “para ganar el relato del día”. En su comunicado de este lunes por la noche, el Frente Amplio decía que “es hora” de que las organizaciones “expresen con claridad” si quieren o no unidad.

Los Comuns han confirmado este lunes que se presentarán a las elecciones generales en las circunscripciones catalanas dentro del Frente Amplio y no tienen intención de disolver sus siglas en las de ERC ante el movimiento de Gabriel Rufián de pactar con Podemos. “Gabriel Rufián venía a unir a la izquierda y está haciendo todo lo posible por dividirla”, lamentan fuentes de la formación, que también recuerdan que fueron la segunda fuerza más votada en Catalunya, por delante de ERC, en las elecciones generales de 2023.

Desde los Comuns sostienen que el candidato de ERC ha generado una “profunda decepción” entre el electorado de izquierdas y mantienen su apuesta por la vía de Ada Colau como el “liderazgo que puede ayudar a hacer posible un Frente Amplio unitario”. “Trabajamos para una candidatura amplia que incluya todas las formaciones con las que venimos trabajando en los últimos meses y todas las fuerzas que hicieron posible la derrota de la derecha en 2023”, apuntan desde la formación. Entre esos partidos estuvo Podemos, que rompió con Sumar y se fue al Grupo Mixto del Congreso una semana después de la apertura de la legislatura.

Podemos y ERC han confirmado este lunes su pacto por el que los morados “contribuirán a la candidatura” de los republicanos a las elecciones generales en Catalunya mientras Irene Montero y Gabriel Rufián “harán equipo” en la campaña. La fórmula complica que los de Montero se integren en el Frente Amplio —que ahora está compuesto por Más Madrid, Izquierda Unida, Comuns y Movimiento Sumar— porque supone que los republicanos competirán con los Comuns en las cuatro provincias catalanas. Frente Amplio tendría difícil acoger a un partido —Podemos— que compartirá actos y pedirá el voto por sus competidores en Catalunya.

Los Comuns, tal y como han reafirmado este lunes, no tienen intención de retirarse para dejar paso a ERC y apuestan por presentarse bajo el paraguas del Frente Amplio porque —recuerdan— ellos quedaron por delante de ERC en Catalunya en las pasadas generales. Aunque lograron el mismo número de escaños (siete), la formación que encabezaba Aina Vidal logró más papeletas.

No ha sido el único dardo hacia el portavoz parlamentario de ERC después de un movimiento que complica un acuerdo a escasos días de que acabe el plazo para registrar coaliciones. “Rufián estuvo más de un año hablando de la unidad de la izquierda y, entre eso y ERC, al final ha decidido ERC. Respetamos su decisión, me hubiera gustado que se hubiera tomado antes porque no está favoreciendo al acuerdo entre las izquierdas”, ha afirmado Verónica Martínez Barbero, co-coordinadora de Movimiento Sumar, esta mañana en una entrevista en TVE. No obstante, Martínez Barbero ha insistido en que sí es posible que se alcance un entendimiento.

El líder de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha dicho en otra entrevista que no le ha “sorprendido” que Rufián encabece la candidatura de ERC al Congreso y, ante la pregunta de si su movimiento rompe o facilita un pacto con Frente Amplio, ha respondido que “ninguna” de esas opciones. “Si mantiene lo que ha dicho a lo largo del tiempo sobre una gran alianza, estoy convencido de que va a empujar para que haya una sola propuesta”, ha afirmado en una entrevista en RNE, aunque ha apostillado que eso será “si hay una coincidencia entre lo que se ha dicho y lo que se vaya a hacer”.

Rufián asegura que busca “una colaboración entre las izquierdas soberanistas y españolas real”

El portavoz parlamentario de ERC y candidato por Barcelona, Gabriel Rufián, ha salido al paso este lunes de las críticas suscitadas por el pacto con Podemos y ha respondido que está intentando “una colaboración entre las izquierdas soberanistas y españolas real”.

“Yo no voy a criticar por muchas ganas que tenga a nadie (por mucho desgaste que suponga)”, ha contestado a través de X, en una publicación en la que dice también que no va a contribuir “al culebrón turco de nadie”.

“Porque esto JAMÁS fue de cambiarle el nombre a algo que ya existía y YA ESTÁ”, ha añadido, en referencia al Frente Amplio, la nueva marca que ahora agrupa a Más Madrid, Izquierda Unida, Movimiento Sumar y los Comuns. Con todo, el candidato de ERC dice que todavía “hay tiempo” para un entendimiento: “Si se filtra menos para ganar el relato del día y se trabaja más para ganar de verdad, se puede”.

El PP ganaría las elecciones y superaría con holgura junto a Vox la mayoría absoluta del Congreso si se celebraran ahora unas elecciones, según una encuesta de Ateneo del Dato para elDiario.es. El partido encabezado por Alberto Núñez Feijóo se haría con un 33,2% de las papeletas, casi seis puntos más que el PSOE, que se quedaría con un 27,5%. El sondeo se realizó mientras las calles se llenaban de protestas por el derecho a la vivienda, pero es previo a que las derechas de PP, Vox y Junts tumbasen en el Congreso los decretos del Gobierno con la protección antidesahucios o las prórrogas del alquiler.

Los resultados de los populares en esta encuesta son similares a los que obtuvo Feijóo en su primer intento de hacerse con la presidencia, en las elecciones generales del verano de 2023 (33,1%). El PSOE, por su parte, se sitúa 4,2 puntos por debajo del resultado que obtuvo en 2023: pasa del 31,7% al 27,5% de intención de voto en la encuesta. La tercera fuerza sería la extrema derecha de Vox, que incrementaría sus apoyos y pasaría del 12,4% que tenía hace tres años al 19,2%.

La izquierda confederal, que todavía tiene pendiente el debate sobre su candidato y su marca, tendría representación en el Congreso con Sumar (7%) y Podemos (3,3%) por separado frente al 12,3% de 2023, cuando acudieron en una candidatura conjunta. Precisamente, en las próximas horas los partidos que componen Sumar —Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y Comuns— se van a reunir de urgencia para abordar el escenario provocado por el rechazo en el Congreso de los decretos.

En total, la suma de apoyos a la derecha supera en casi quince puntos a la izquierda. El PP lograría junto a Vox un 52,4% de las papeletas, según Ateneo del Dato, frente al 37,8% al que llegarían PSOE, Sumar y Podemos.

El trabajo de campo del sondeo es previo al varapalo que supuso el fracaso del plan de vivienda tanto para el Gobierno de coalición como para el Sindicato de Inquilinas, que contaba con la convalidación de un decreto que, aunque veía insuficiente, suponía un primer paso para frenar desahucios como el de Maricarmen o poner coto al alquiler por habitaciones. En el Ejecutivo confiaban en la aprobación del primer decreto después de días de negociaciones con Junts y recibieron como un jarro de agua fría el anuncio de su rechazo a última hora del jueves.

La encuesta tampoco calibra, por tanto, el efecto que puede tener en la movilización del electorado el adelanto electoral que baraja como posibilidad el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En la Moncloa siguen con interés el discurrir de las protestas en la calle durante el fin de semana. El clima de movilización en torno al derecho a la vivienda es uno de los incentivos para el adelanto, más aún cuando son las derechas (PP, Vox y Junts) las que hicieron decaer los decretos.

Aunque el presidente sigue en contacto con su equipo y pide opinión a mucha gente sobre la posibilidad de ese golpe de efecto para llamar ya a las urnas, por el momento no ha trasladado decisión definitiva alguna. Y se espera que sea a lo largo de este domingo cuando termine de perfilar una respuesta política a la derrota parlamentaria de los decretos de vivienda. Un punto de inflexión que casi todo el mundo en el Ejecutivo percibe ya como de no retorno para la legislatura y como la única oportunidad política del Gobierno y el conjunto de la izquierda para salir a pedir el voto con alguna posibilidad de éxito

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estudia la posibilidad de convocar elecciones generales ante la enorme decepción que ha supuesto el hecho de que PP, Vox y Junts hayan decidido tumbar los dos decretos de vivienda que aprobó el Consejo de Ministros el pasado martes. Sánchez tomará la decisión definitiva este fin de semana, según han explicado fuentes del Gobierno a elDiario.es.

Según ha podido confirmar este medio, el jefe del Ejecutivo ha utilizado el Pleno del Congreso para mantener reuniones con sus ministros. Justo al final y, por sorpresa, Sánchez ha tomado la palabra antes de la votación lanzando una última súplica a los diputados de PP, Junts y Vox: “Hagan lo correcto o, si no, la historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de lo que imaginan”. Las derechas no han atendido a esa petición.

En caso de que el Ejecutivo decida adelantar las elecciones, el propio Sánchez comunicaría su intención el lunes para su publicación en el Boletín Oficial del Estado del martes. Eso situaría la fecha de las elecciones en el 29 de noviembre. De no convocarse inmediatamente, podría ir a la semana siguiente coincidiendo con la fiesta de la Constitución (6 de diciembre), que cae en domingo.

El Ejecutivo había logrado el pasado martes suficientes garantías de que Junts aprobaría el primer decreto, el que incluye el grueso de las medidas de vivienda como la protección frente a los desahucios. Sus siete votos eran imprescindibles ante la negativa de PP y Vox a apoyar la normativa. Pero a última hora del jueves, esta formación política decidió por unanimidad en sus órganos directivos votar en contra, utilizando argumentos que en ningún caso planteó durante la negociación, siempre según el Gobierno. De hecho, el Ministerio de Vivienda aceptó e incluyó sus propuestas de incentivos fiscales a propietarios e inquilinos.

Pese a haber pactado con Vivienda el decreto principal, Junts entregó esta mañana otra propuesta al Gobierno pidiéndole que retirara los decretos, algo que no ha ocurrido. Desde la coalición de PSOE y Sumar ya transmitieron este jueves por la noche que dejarían que PP, Vox y Junts se “retratasen” en la votación del Congreso.

“Ha llegado la hora de la verdad. PP, Vox y Junts deben elegir: o están con la mayoría social o con los especuladores. Mañana [por este viernes], su voto les retratará ante generaciones enteras”, escribió Sánchez ya pasada la medianoche. El Gobierno cree que lo ocurrido con las movilizaciones de vivienda puede ser un aglutinador de los partidos a la izquierda del PSOE, que era uno de los puntos más débiles para evitar un ejecutivo del PP con Vox.

Bustinduy: “Estamos listos para lo que sea”

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha asegurado que en Sumar estarán “listos para lo que sea”. Y ha explicado que el espacio va a acelerar el debate y reunirse este domingo “para estudiar el escenario”. La coalición entre Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y Comuns todavía no tiene marca oficial ni candidato para las elecciones.

El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha reclamado acelerar la proclamación de candidato y de la marca electoral de la candidatura conjunta. También ha recalcado que la reunión que tendrán el domingo los partidos del socio minoritario del Ejecutivo es “muy importante” y se tiene que confirmar cuanto antes el programa político.

Preguntada sobre un posible adelanto, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha explicado en la Cadena Ser que ha hablado con Sánchez, pero no ha querido dar más detalles. “Como saben, esa misión le corresponde al presidente del Gobierno. He conversado con él y mi discreción va a ser absoluta”, ha afirmado Díaz, que no se ha pronunciado sobre si ella apoya ese posible adelanto de las elecciones generales. “No voy a desvelar las conversaciones”, ha insistido. 

“Lo que me parecería bien es que arreglemos el problema fundamental de nuestro país, que es la vivienda”, ha respondido a si le parecería bien adelantar los comicios. “La política es muy importante para la gente, merece la pena”, ha afirmado Díaz. La vicepresidenta segunda ha destacado que el Gobierno ya había negociado con Junts el decreto de vivienda, y ha condenado que el partido pueda votar en contra este jueves y tumbar toda la regulación. “Van a golpear a cinco millones de personas”, ha denunciado Yolanda Díaz, sobre las personas a las que les podrán subir el alquiler sin la prórroga de dos años aprobada, así como “echar a la gente de sus casas”, al decaer el escudo antidesahucios.

Zona: Chamberí. Tamaño: mínimo 250, máximo 400. Tipo de vivienda: áticos. Características: terraza.

La Comunidad de Madrid tenía claros los requisitos que buscaba para añadir una nueva propiedad a su cartera y llegó a trasladar a la inmobiliaria su necesidad de un inmueble “entre 250 y 400 metros y gran terraza”, según publicó El País. Y así fue: el escogido fue un ático en la calle Martínez Campos del año 1957 de 500 metros cuadrados entre vivienda, terraza, trastero y cuarto para “criados”.

Las cifras sobre cómo se reparte esa superficie varían: el expediente menciona una terraza de 199 o 99 metros cuadrados dependiendo del documento que se revise. El motivo es que la Comunidad de Madrid adquirió el inmueble con una obra que uno de los dueños hizo sin notificárselo al registro de la Propiedad, como es obligatorio, pese a que modificó radicalmente la superficie construida.

La historia de esa obra para incorporar parte de la terraza como vivienda se menciona ya en el contrato de arras. En ese documento, la vendedora aclaraba que compró la vivienda en 2014 con la ampliación realizada por el anterior propietario y decía que las obras realizadas ya están prescritas. Para ello adjuntaba, además, un correo electrónico de la comunidad de propietarios para demostrar “que no disponen de ninguna información del anterior propietario relativa a autorizaciones, permisos o notificaciones sobre las obras de ampliación realizadas”. Según publicó La Sexta, las obras se hicieron en 2007.

El certificado de la tasación realizado por Gesvalt advirtió a Planifica Madrid de las “discrepancias” entre la descripción del inmueble y las superficies que constan de forma oficial en el Catastro. “Se comprueban in situ las medidas según planos aportados por la propiedad y se detecta que se ha cerrado y acondicionado parte de las superficies de terraza de la vivienda, que no están inscritas en Registro de Propiedad y que no se han tenido en cuenta en la valoración al incrementar la edificabilidad del edificio, valorándose esta superficie como terraza”, decía la tasación.

La empresa tasadora aconsejó también que se inscribiese correctamente el “local dormitorio para conductores o criados” que está situado en la planta baja y que aparece numerado actualmente como “trastero 9 Dcha de la Planta Baja” con 8,75 ^m² de superficie útil.

La advertencia sobre la obra de la terraza va y viene en los documentos del expediente del inmueble adquirido por Planifica Madrid. El informe de la Dirección General de Patrimonio insiste en que desde la empresa pública hablan de una vivienda con una superficie “de 500 m² construidos, de los que aproximadamente 401 m² se corresponden con la superficie cerrada de vivienda y 99 m² con la superficie de terraza”. “Esta superficie difiere de la superficie registral”, afirma la Dirección General de Patrimonio, que recuerda que según la información del registro el inmueble ocupa una superficie aproximada de 286,48 metros cuadrados y 199 metros cuadrados de terraza.

El problema con los datos lo señalaba también la Interventora en un informe del 27 de julio en el que aprobó la fiscalización del expediente de gasto y permitió continuar con la tramitación del alquiler. Entre sus observaciones, decía que debería haberse recogido en todo el expediente “datos homogéneos” de la superficie.

Ayuso conocía la compra y visitó el ático

Aunque la Comunidad de Madrid todavía no ha aclarado quién dio la orden para comprar este ático y no otro inmueble, sobre lo que no quedan dudas es que buscaban una propiedad residencial y la presidenta madrileña era conocedora de la operación, aunque en un primer momento se desentendiera. Ayuso visitó el ático y, según sus palabras, la idea de adquirirlo fue de su equipo y a ella no le pareció “mal”.

El Gobierno madrileño quiere deshacerse ahora de un inmueble que costó más de seis millones de euros y al que no le está resultando fácil encontrar comprador. La mesa de contratación de Planifica Madrid lo ha vuelto a sacar a subasta hasta que reciba una oferta que “cumpla con los requisitos establecidos en los pliegos”. El inmueble tiene un precio mínimo de 6.694.201 euros en uno de los barrios más caros de Madrid. Solo la terraza de 99 metros cuadrados ya es más grande que la superficie media de las viviendas en la capital.

El jueves estaba marcado en rojo en el calendario por dos citas: era el día que se iban a conocer las explicaciones del elegido por Ayuso para dar la cara por la compra del ático, el consejero Miguel Ángel García Martín, y estaba previsto el acto de apertura de los sobres con las ofertas por el inmueble. No salió bien ni una cosa ni la otra: nadie quiso comprar un ático conocido en toda España por esta polémica y el portavoz del gobierno regional no solo no despejó las dudas sobre la operación, sino que reconoció por primera vez que iba a ser un “alojamiento”.

El ejercicio de supuesta transparencia del Gobierno de Ayuso dejó sin responder las mismas preguntas que rodean la operación desde hace casi dos meses: quién, cómo y por qué escogió comprar un ático situado en el barrio donde creció la baronesa del PP. Lo que está claro es que no fue para un traslado provisional por las obras de la Puerta del Sol, como dijo en un primer momento la baronesa del PP. Pero, en su intento de zanjar la crisis, el gabinete madrileño ha aumentado la lista de incógnitas.

¿Quién ordenó comprar el ático y por qué?

El expediente publicado por el Gobierno de Ayuso empieza directamente por el contrato de confidencialidad que fue exigido a la propietaria del ático por parte de la Comunidad de Madrid antes incluso de su visita, tal y como reveló elDiario.es. No incluye nada de lo que pasó antes y motivó la elección de ese inmueble en concreto y no otro. El primer documento aportado en el expediente es del 3 de febrero y el último, del 15 de septiembre. La tasación se hizo el 13 de febrero, las arras se firmaron el 27 de ese mes y el 14 de abril se formalizó la compraventa para pasar a formar parte de la cartera de inmuebles de Planifica Madrid.

La dirigente madrileña insistió este viernes en la misma defensa que ha ejercido hasta ahora: que ella no era conocedora del detalle de la operación —se sabe que lo visitó— y que no dio la orden de buscar un ático. “No se ha dado una orden de ese tipo, se buscan muchas viviendas (...) No es dinero perdido, es dinero en patrimonio de la Comunidad de Madrid. Es más, esa casa se irá revalorizando con el tiempo”, respondió en una intervención trufada de críticas a Pedro Sánchez.

¿Por qué un alquiler de 3.000 euros?

La pretensión de la Comunidad de Madrid era, una vez adquirido por esta empresa pública, alquilárselo. Para ello iban a pagar 3.000 euros al mes durante diez años, pero con un periodo de carencia de 15 meses desde la firma, por lo que la primera mensualidad no se habría abonado hasta noviembre del año que viene. Ese contrato llegó a rubricarse, pero se extinguió antes de entrar en vigor.

El gasto total presupuestado y aprobado ascendía a 315.000 euros por un inmueble que costó más de seis millones. La Consejería decidió alquilarlo a 10,47 euros por metro cuadrado, una cifra que dista mucho de los precios de la zona, que oscilaban entre los 23,71 y 55,73 euros por metro cuadrado. No se explica por qué se optó por esa cifra ni por qué se decidió una exención de quince meses.

¿Por qué dieron otra versión sobre su uso?

La documentación deja claro que para el Gobierno de Ayuso era clave que el inmueble fuese residencial. La Comunidad de Madrid alegó la necesidad de “disponer de un inmueble institucional de carácter residencial o dependencias específicas para su uso de manera permanente u ocasional por distintas autoridades”, algo que es “habitual” en otras comunidades, decía en su memoria.

Lo que quería el gabinete de Ayuso era tener un piso con una zona destinada a lugar de trabajo y un área de descanso y alojamiento ocasional para autoridades “en visita oficial a la Comunidad de Madrid o las propias autoridades de la Administración regional”. Planifica Madrid “dispone de un inmueble que reúne las condiciones idóneas descritas”, remataba el documento para justificar el arrendamiento de la propiedad que acababan de comprar a través de la empresa pública.

Un breve informe del 7 de julio justificó que la finalidad prevista era compatible con la normativa urbanística y los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid dieron su visto bueno el 15 de julio al contrato de alquiler. También concluyeron que ese destino institucional debía calificarse legalmente como un arrendamiento “para uso distinto del de vivienda”, según la Ley de Arrendamientos Urbanos.

La argumentación de su uso como “alojamiento” es la misma que dijo el jueves el consejero de Presidencia y responsable de la empresa pública a través de la cual se adquirió el ático, pero es la primera vez que se da públicamente esta explicación. La hemeroteca es clara: la líder popular dijo que sería destinado a “reuniones institucionales” de forma provisional y se justificó por las obras de gran calado que iban a hacerse en la sede de la Puerta del Sol. ¿Por qué mencionaron las obras en la Puerta del Sol como motivo principal para la mudanza, si su uso iba a ser otro?

Cuando Ayuso pronunció esas palabras, el 29 de julio, la Comunidad de Madrid ya había firmado el contrato de alquiler por diez años. ¿Por qué habló de una oficina “provisional” si se había alquilado por una década?

Las preguntas de la Intervención: ¿idóneo y necesario?

La Comunidad de Madrid quería empezar a alquilar el ático a partir del 1 de agosto. En las fechas anteriores se emitió un informe clave: el de la Intervención Delegada de Economía y Hacienda. La Interventora aprobó el 27 de julio la fiscalización del expediente de gasto y permitió continuar con la tramitación del alquiler. Pero hizo unas observaciones sobre algunas deficiencias apreciadas en el proceso.

Entre ellas, decía que la Dirección General de Patrimonio y Contratación citaba un informe que a ella no le habían aportado y lamentaba que no se profundizase en aspectos como “el estudio de la necesidad, idoneidad, aspectos económicos o la comparativa de edificaciones similares”. “Estos aspectos deberían haberse desarrollado suficientemente en el Informe Técnico a elaborar por la Dirección de Patrimonio y Contratación, que parece haberse limitado a una descripción del inmueble y régimen urbanístico del mismo”, decía.

¿Por qué pasó en 48 horas de firmar el alquiler a decir que ya no le hacía falta?

La Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid emitió la orden para autorizar el alquiler el 27 de julio. La firma formal del contrato de arrendamiento entre Planifica Madrid y la Comunidad tuvo lugar al día siguiente, el 28. Y de forma repentina, el 30 de julio ya no hacía falta ese inmueble que tanto necesitaba la Comunidad de Madrid.

¿Qué pasó en esas 48 horas? Que El País publicó la adquisición del ático. El 29 de julio el Gobierno de Madrid amaneció con esa noticia en portada y defendió la pertinencia de la compra. Pero no tardó en rectificar: la Consejería de Presidencia transmitió el 30 de julio “la desaparición de la necesidad que motivó la solicitud” del alquiler. En ese documento se transmite que, dos días después de firmar el contrato, ya no hacía falta un ático “institucional” con carácter “residencial”, pero no se dice por qué.

¿Y el dinero para la reconstrucción?

La salida del ejecutivo regional a la crisis pasó por prometer el dinero de la venta de este inmueble y otro en Gran vía para la “reconstrucción” después de los incendios de verano. La operación planteaba sus dudas porque el dinero —en caso de haberse vendido, que no ha sido así— no se puede destinar directamente, ya que hay una empresa entre medias, Planifica Madrid. Solo puede hacerse mediante el reparto de dividendos.

El presidente de la empresa pública y también portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín, aseguró el jueves que en octubre se reunirá el consejo de administración de Planifica Madrid para elevar a la Junta General de Accionistas la aprobación de un reparto de dividendos a cuenta a favor de la Comunidad de Madrid para dar los 20 millones que habían anunciado a la reconstrucción. No ha explicado cómo lo van a hacer si contaba para esos cálculos con haber vendido el inmueble de Chamberí.

Ayuso dijo que dimitiría en caso de haber mentido

“Si yo he mentido, dimito”. Fueron las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid en el debate sobre el estado de la región hace una semana para reivindicar todas las respuestas dadas por su equipo y por ella sobre el ático. El expediente de la compra contradice las explicaciones dadas y no menciona las reformas de la Puerta del Sol ni se alude a una estancia provisional. Es un contrato para un uso distinto, que incluye el alojamiento de las autoridades de la Comunidad de Madrid y que fue adquirido por Planifica Madrid sin que conste la justificación del porqué.

Nada en las declaraciones de la baronesa del PP de este viernes hace pensar que valore una dimisión ante las contradicciones que plantean los papeles que ellos mismos han presentado. Ayuso insistió en que la propiedad no era para ella y, entre otros comentarios ajenos a la polémica, zanjó: “A mí qué me importa”.

El lujoso ático del Paseo del General Martínez Campos de Madrid que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso compró en abril por 6,3 millones de euros a través de la empresa pública Planifica Madrid seguirá en manos del Ejecutivo regional tras fracasar la operación puesta en marcha para venderlo en julio, justo un día después de que se conociera la adquisición a través de la prensa. La decisión se conocía solo unos minutos antes de la esperada comparecencia del consejero de Presidencia y máximo responsable de Planifica Madrid, Miguel Ángel García, en la Asamblea regional, que finalmente solo sirvió para añadir una nueva versión sobre la polémica compra: por primera vez, el Gobierno de Ayuso reconocía que el uso real que pretendía dar la administración a la vivienda era de “alojamiento”, después de haber dicho en los últimos dos meses que el inmueble se iba a utilizar para alojar oficinas de la Comunidad.

En la memoria esgrimida por el consejero durante su comparecencia y que habla de los fines que el Gobierno de Ayuso quería dar al ático, se recoge expresamente el uso “institucional de carácter residencial” del inmueble, lo que contradice todas las versiones dadas por la presidenta madrileña y su equipo desde que estalló la polémica. “En el contexto actual es una práctica habitual a nivel estatal, autonómico o incluso local disponer de un inmueble institucional de carácter residencial o dependencias específicas para su uso de manera permanente u ocasional por distintas autoridades como apoyo a las sedes oficiales”, decía la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia a principios de julio en ese documento consultado por elDiario.es.

Hay “razones operativas, de seguridad y de representación institucional” que justifican la pertinencia de contar con un “inmueble institucional de carácter residencial”, insistía el Gobierno de Ayuso, con una zona destinada a lugar de trabajo y un área de descanso y alojamiento ocasional para autoridades “en visita oficial a la Comunidad de Madrid o las propias autoridades de la Administración regional”.

Lo que pretendía la Comunidad de Madrid era alquilar a partir del 1 de agosto el piso que previamente había comprado Planifica Madrid por más de seis millones en un contrato formalizado en abril. Ese arrendamiento, que iba a ascender a 3.000 euros al mes, llegó a firmarse el día 28, pero dos días después, el 30, la Comunidad de Madrid dijo que ya no le hacía falta. Solo 24 horas después de que estallase el escándalo con la publicación de la operación en El País.

La vivienda, con 486 metros cuadrados, está situada justo enfrente del piso que la presidenta madrileña recibió como donación en vida de su padre y en la que ahora vive su madre. Ese mismo día 29 de julio en que se conoció por la prensa la compra del ático, el Gobierno regional aseguró que el uso del inmueble iba a ser de oficinas y la presidenta justificó esa adquisición asegurando que iba a ser para celebrar “reuniones” mientras se realizaban unas obras hasta entonces desconocidas en el edificio donde tiene su despacho: la sede de la Presidencia del edificio de Correos situado en la Puerta del Sol de Madrid.

“No es mi casa, no es para mí, yo no me he comprado nada”, dijo Ayuso en una comparecencia ante la prensa. Desde entonces, el ático se ha convertido en un dolor de cabeza para la presidenta madrileña, que ha pasado dos meses sin explicar por qué su Ejecutivo adquirió una vivienda de lujo, justo enfrente de la casa donde vive su madre, a través de una inmobiliaria de lujo y teniendo en cuenta que la normativa no permite que se utilice para albergar oficinas, como sostuvo al inicio su propio Ejecutivo. “Se compran y se venden inmuebles, se alquilan y se dejan de alquilar (...) en estos mismos meses me consta que está habiendo muchas ventas de otros inmuebles y otras oficinas”, añadió en esa misma comparecencia del 29 de julio, justificando la adquisición.

Los virajes del equipo de la presidenta

Solo un día después su gobierno dio un giro de 180 grados y pasó de reivindicar la compra a poner el ático en venta. Fue el consejero de Presidencia quien en declaraciones a la prensa desde el puesto de mando del gravísimo incendio que asoló al oeste de la Comunidad dijo que se había decidido poner en venta el piso de lujo, y que el dinero que obtendría la administración de esa operación iba a utilizarse para las labores de reconstrucción de las zonas afectadas por los fuegos. El expediente revelado este jueves permite comprobar que la Consejería de Presidencia transmitió el 30 de julio “la desaparición de la necesidad que motivó la solicitud de arrendamiento formulada” pese a que acababa de firmar el contrato de alquiler solo dos días antes.

El viraje de la Comunidad no convenció a la oposición y tampoco a los medios de comunicación que a lo largo de las siguientes semanas preguntaron sin éxito a la propia a Ayuso y a sus consejeros sobre la confusa operación. Abrumada por la polémica que llevó incluso al líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, a pedirle explicaciones, la presidenta madrileña descargó todas las responsabilidades en Miguel Ángel García Martín y su equipo anunció su comparecencia en la Asamblea para este jueves.

García utilizó la comparecencia para lanzar todo tipo de descalificaciones contra la izquierda, que le pedía explicaciones y aportó documentos posteriores a la decisión de la compra para justificar la adquisición. Desde el atril, el consejero de Presidencia aseguró que la operación de compra respondió a una serie de necesidades de su departamento entre los que mencionaba, por primera vez, la de “contar con un inmueble institucional de carácter residencial con una zona destinada a lugar de trabajo, un área de descanso y alojamiento ocasional para autoridades en visita oficial a la región o a las propias autoridades de la Comunidad de Madrid”. A diferencia de lo sostenido en los últimos dos meses –que en ningún caso la vivienda iba a tener uso residencial–, García reconocía que sí, que el ático tiene como objetivo alojar a cargos del propio Gobierno madrileño.

Para ello mostró una memoria de necesidades de la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local “para el arrendamiento del inmueble” fechada el 2 de julio de 2026, tres meses después de que se acordara la compra del ático en una de las mejores zonas de Chamberí. En esa memoria también se contemplaba “disponer de espacios accesorios o complementarios a las sedes institucionales en contextos de gestión de crisis que pueden prolongarse en el tiempo y que pueden requerir de un inmueble de estas características”. También contó que la operación cuenta con informes favorables de la Abogacía General, que reconocen un “uso distinto al de vivienda” y elaborados también después de la compra.

Y mencionó otro informe de la Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Economía, así como el contrato suscrito entre Planifica Madrid y la Comunidad “que recoge expresamente la necesidad de alquilar este inmueble institucional como apoyo a las sedes oficiales”. El informe de la Dirección General de Patrimonio existe, pero en él se hace una valoración de las características del inmueble y dice explícitamente que es Presidencia quien se dirige a ellos para solicitar el arrendamiento del inmueble institucional de carácter “residencial”.

“Este inmueble nunca se adquiere para que sea una residencia oficial para la presidenta, como sí tienen, por cierto, la mitad de los ministros y muchos presidentes autonómicos”, apuntó García en la Asamblea. Una de las obsesiones del Gobierno de Ayuso desde el 29 de julio ha sido decir que el ático no era para la presidenta y, a la vez, destacar una y otra vez que hay miembros del Ejecutivo de Pedro Sánchez viven en viviendas oficiales, al igual que hicieron en el pasado ministros cuando gobernaba el PP.

El también portavoz de la Comunidad de Madrid aseguró que la izquierda ha tratado en las últimas semanas de utilizar la compra del ático creando “una gran mentira” -la de que se trataba de una casa para Ayuso- para “tapar la desastrosa gestión que el Gobierno de Sánchez ha hecho de la invasión de Ceuta”. Y al final de su intervención, García anunciaba que el ático seguirá a la venta a través de un procedimiento público, y que la Comunidad de Madrid se querellará contra las portavoces de los dos principales grupos de la oposición, Manuela Bergerot (Más Madrid) y Mar Espinar (PSOE), al considerarlas autoras de un delito de “injurias” contra la presidenta madrileña por haber asegurado que, en realidad, el ático era para ella.

La interventora reprochó su insuficiente justificación para hacerse con el ático

A última hora de la tarde se conoció el expediente en el que la Comunidad de Madrid incluyó los documentos antes citados además de otros hasta entonces mantenidos en secreto, como el acuerdo de confidencialidad que Planifica Madrid obligó a firmar al vendedor del inmueble antes de comprarlo, la tasación del inmueble, el contrato de arras, la escritura pública, los gastos notariales o los que prueban la titularidad del ático, una vez comprado por la citada empresa pública.

Entre ellos figura un informe de la Comunidad de Madrid con una observación de la Intervención Delegada de Economía y Hacienda sobre algunas deficiencias que aprecia en el proceso de arrendamiento. Entre ellas, dice que la Dirección General de Patrimonio y Contratación cita un informe que no le aporta y lamenta que no profundice en aspectos como “el estudio de la necesidad, idoneidad, aspectos económicos o la comparativa de edificaciones similares”. “Estos aspectos deberían haberse desarrollado suficientemente en el Informe Técnico a elaborar por la Dirección de Patrimonio y Contratación, que parece haberse limitado a una descripción del inmueble y régimen urbanístico del mismo”. Pese a ello, la Interventora aprueba la fiscalización del expediente de gasto y permite continuar con la tramitación administrativa del alquiler del inmueble en el Paseo del General Martínez Campos 35.

Las explicaciones y los documentos siguen sin convencer, en cambio, a todos los partidos del arco parlamentario madrileño excepto el PP, el partido del Gobierno de Ayuso que tiene mayoría absoluta en la Asamblea. En su intervención en el Pleno, el portavoz de Más Madrid en este asunto Hugo Martínez Abarca aseguró no creer “las trolas” de García en su comparecencia. “Usted no pinta nada, es el pelele que ha sacado para que se lleve los golpes que le corresponden a ella. A usted no se le ocurrió comprar un ático con terraza enfrente en el barrio donde se ha criado Ayuso, obviamente”, le dijo al consejero de Presidencia. Y añadió: “Ayuso lo que quiere ser es una aristócrata, una emperatriz y tener un tren de vida que le paguemos los madrileños”.

Desde el PSOE, la portavoz autonómica, Mar Espinar, lamentó que a García le hubieran “obligado a cometer una ilegalidad” durante su comparecencia al presentar “informes de consejerías” elaborados “a posteriori” de la compra del ático en abril por el “capricho” de Ayuso. E incluso Vox tildaba de “poco precisas y confusas” las explicaciones del máximo responsable de Planifica Madrid.

Una de las incógnitas que sigue sin desvelar el equipo de Ayuso es quién decidió comenzar la búsqueda del ático de lujo y qué cargo político tomó la decisión final de adquirirlo. Si fue la propia presidenta, García o cualquier otro miembro del Gobierno autonómico. Desde la oposición no piensan dejar de utilizar el caso del ático en lo que queda de legislatura y están convencidos de que el escándalo hará caer a Ayuso, que se someterá a las urnas en la próxima primavera y que, según casi todas las encuestas publicadas en las últimas semanas, seguiría contando con el apoyo de la mayoría absoluta de los madrileños para mantenerse en el cargo.

La Comunidad de Madrid realizó una memoria para justificar el arrendamiento del ático de lujo en Chamberí a Planifica Madrid en la que no apuntaba a las obras de la Puerta del Sol aducidas por Ayuso como motivo de la mudanza en ningún momento. En cambio, lo que necesitaba el Gobierno regional era un “inmueble institucional de carácter residencial”, repetía varias veces. La documentación, a la que ha tenido acceso elDiario.es, forma parte del expediente de la adquisión del piso por parte de la Comunidad de Madrid.

La cronología de la compra del ático empieza en febrero, cuando se firma el contrato de confidencialidad entre Planifica Madrid y la inmobiliaria. La compra se ejecutó en abril y no fue hasta el 27 de julio cuando la Comunidad de Madrid autorizó el arrendamiento del inmueble a Planifica Madrid. Lo alquiló por 3.000 euros al mes. Se acordó un periodo de carencia de pago de la renta de 15 meses desde la firma, por lo que la primera mensualidad no se habría abonado hasta noviembre del año que viene.

¿Cómo lo justificó? “En el contexto actual es una práctica habitual a nivel estatal, autonómico o incluso local disponer de un inmueble institucional de carácter residencial o dependencias específicas para su uso de manera permanente u ocasional por distintas autoridades como apoyo a las sedes oficiales”, decía la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia.

Hay “razones operativas, de seguridad y de representación institucional” que justifican la pertinencia de contar con un “inmueble institucional de carácter residencial”, insistía el Gobierno de Ayuso, con una zona destinada lugar de trabajo y un área de descanso y alojamiento ocasional para autoridades “en visita oficial a la Comunidad de Madrid o las propias autoridades de la Administración regional”. Es la misma versión que ha dado este jueves el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, en un nuevo cambio de relato por parte del Gobierno de Ayuso.

En otro momento, la memoria vuelve a insistir en que lo importante es que se pueda vivir en el piso: “Pero además de las razones anteriores, existen otros supuestos que justifican la necesidad de disponer de espacios accesorios o complementarios en contextos de gestión de crisis que pueden prolongarse en el tiempo y requerir de espacios complementarios con posibilidad de uso residencial”. Planifica Madrid “dispone de un inmueble que reúne las condiciones idóneas descritas”, remata el documento para justificar el arrendamiento. También les interesa su acceso directo a la planta novena desde el garaje y las dos plazas de aparcamiento.

Un informe de la Intervención Delegada de Economía y Hacienda puso en duda algunas de las lagunas del proceso de arrendamiento, aunque aprobó la fiscalización del expediente de gasto. Entre las carencias, decía que la Dirección General de Patrimonio y Contratación no profundizó en aspectos como “el estudio de la necesidad, idoneidad, aspectos económicos o la comparativa de edificaciones similares”. “Estos aspectos deberían haberse desarrollado suficientemente en el Informe Técnico a elaborar por la Dirección de Patrimonio y Contratación, que parece haberse limitado a una descripción del inmueble y régimen urbanístico del mismo”.

Solo dos días después de la firma del arrendamiento, la Comunidad de Madrid lo dejó sin efecto. La Consejería de Presidencia transmitió el 30 de julio “la desaparición de la necesidad que motivó la solicitud de arrendamiento formulada”.

El ático que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso compró en abril por 6,3 millones de euros y que ahora ha puesto en venta tras la polémica se queda, por el momento, sin comprador. Según ha publicado la empresa Planifica Madrid, adscrita a la Consejería de Presidencia y encargada de la operación, la adquisición ha quedado desierta después de que el pasado lunes 7 de septiembre de madrugada expirara el plazo de presentación de las ofertas. El consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García, ha anunciado que “se mantendrá a la venta a través de un procedimiento abierto de adjudicación”.

“Propuesta de declaración de desierto (Lote 2: Madrid-General Martínez Campos)”, figura en el documento del acta de la mesa de contratación, reunida este jueves. El organismo ha decidido “elevar al órgano de contratación de Planifica Madrid la propuesta de declaración de desierto del Lote 2: Madrid-General Martínez Campos, por no haber concurrido oferta alguna al mismo”.

Mejor suerte ha corrido el inmueble de Gran Vía 6, que Planifica Madrid llevaba tiempo intentando enajenar sin éxito hasta ahora. Ese lote estaba compuesto por los “cuatro inmuebles” que están unidos en una única referencia catastral. Según el documento, el inmueble está en una tercera planta que consta de 1.132 metros cuadrados destinados a oficinas y 100 metros cuadrados de elementos comunes. La única oferta presentada es válida, así que la mesa de contratación ha propuesto como adjudicatario al licitador CARTESÓN, S.L, que ha ofrecido 11.850.010 euros.

¿Y ahora qué?

La empresa pública encargada de comprar el inmueble de Chamberí publicó este 7 de agosto el anuncio de venta del ático de lujo ubicado en el barrio de Chamberí por un precio de casi 6,7 millones de euros. En los pliegos se detalla que “en caso de no recaer adjudicación respecto del lote 1 —el de Gran Vía—, una vez transcurrido el periodo señalado anteriormente, la Oferta Pública se convertirá en Oferta Pública Permanente respecto al citado Lote con carácter indefinido mientras que no sea retirada por Planifica Madrid”. Eso quiere decir que el inmueble estará disponible para su venta mientras no haya una adjudicación, sin que se necesite que se vuelva a publicar la oferta. Esto hace alusión al caso de Gran Vía, pero no detalla qué pasaría en el caso del ático de Chamberí, por lo que no podría pasar a ser también Oferta Pública Permanente.

A pesar de que la operación se firmó definitivamente en abril, fue este verano cuando, después de que la polémica estallara, el Gobierno de la Comunidad de Madrid anunció que se vendería el ático. Según aseguró el consejero de Presidencia, portavoz del Ejecutivo y presidente de Planifica Madrid, Miguel Ángel García Martín, el dinero que pretendían obtener iría destinado a la reconstrucción tras los incendios de la Sierra Oeste. Con esta puesta en venta pretendían zanjar el caso. “Está en venta, chao pescao” llegó a decir Ayuso.

Sin embargo, no es tan sencillo destinar ese dinero a la reconstrucción. Habría que esperar al cierre del ejercicio de Planifica Madrid y al reparto de dividendos. Además, existen dudas sobre cuál es el dinero total de beneficio que pueda sacar la Comunidad. Más Madrid ya ha anunciado que llevará al Tribunal de Cuentas el caso. En su denuncia, el partido estima que si se suman esos 6,3 millones de euros de la compra a los impuestos y otros gastos derivados, el total se acercaría a esos casi 6,7 millones de euros de precio de venta. “De realizarse la venta por ese importe podría producirse una pérdida patrimonial”, señalaban en el documento.

Los informes y notas previas a la crisis migratoria que se produjo en Ceuta durante los días 30 y 31 de julio revelan que varios cuerpos dependientes de los Ministerios de Interior y Defensa advirtieron del aumento progresivo de las llegadas a la ciudad autónoma, según se desprende de la desclasificación de documentos realizada por el Gobierno. El CNI alertó justo el día antes, el 29 de julio, sobre una convocatoria en redes sociales que hacía un “llamamiento” para un “asalto” a la frontera. Pero ninguno de estos documentos apuntaba a que fuera de la magnitud que tuvo finalmente, con más de 70.000 personas cruzando a Ceuta desde Marruecos.

En concreto, miembros del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) desplegados en Ceuta comunicaron a través de un mensaje de WhatsApp tanto a la Delegación del Gobierno en la ciudad autónoma como a la Guardia Civil que en redes sociales se estaba promoviendo una convocatoria para entrar a la localidad española coincidiendo con la Fiesta del Trono.

En esa comunicación se hacía referencia al número de seguidores que tenían los grupos que estaban difundiendo dicha convocatoria, y que estaban alojados en Facebook. “En RRSS hay un llamamiento para asalto por valla y mar mañana las 20h”, se lee en esos mensajes. “Tenemos información de un intento de entradas a nado y salto a la valla para mañana, día de la Fiesta del trono”, se añade. “Hay dos grupos diferentes con un total de 180.000 seguidores. Para q te hagas a la idea del alcance de la difusión”, le dijo el CNI a sus interlocutores. También se recoge una llamada de once minutos de la que el delegado del Gobierno, que descarta dimitir, dice desconocer su contenido.

El CNI ha reconocido que no “anticipó la magnitud y naturaleza de lo que terminó ocurriendo el día 30” porque es un fenómeno “inusual” que “no se corresponde con las crisis migratorias conocidas hasta la fecha”, según señalan fuentes del organismo en un comunicado difundido por Moncloa después de la desclasificación.

El Gobierno rebaja su importancia

Desde el Gobierno han respondido que esos avisos “no anunciaban una llegada masiva” sino que se limitaban a informar de que estaba circulando una convocatoria en dos grupos de Facebook. “Ya era conocido por otras instituciones y dista mucho de ser un indicador de escala o probabilidad sólido”, añaden estas mismas fuentes.

El Gobierno dice que “prueba de ello” es que el propio CNI “decidió trasladar esa información por un mero WhatsApp y una llamada telefónica a la Delegación del Gobierno de Ceuta y a la UCE-3 de la Guardia Civil”, en lugar de enviar una “comunicación formal a su cadena de mando ni miembro alguno del Ejecutivo”. “Un organismo que cree que al día siguiente va a producirse una entrada masiva no lo comunica por mensajería instantánea: lo eleva. Esa es su responsabilidad y su competencia”.

En días previos no se apreciaban indicios de una entrada “masiva”

Solo un día antes, el 28 de julio, se puede comprobar que el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras, una unidad de la Policía Nacional, emitió un informe en el que sin embargo no apreció signos que pudieran aventurar lo que ocurrió el día 30. En el caso de la vía marítima, explican que se detectan “señales tempranas” en redes sociales (venta de trajes de neopreno/aletas y relatos de experiencias) sumadas a convocatorias aisladas en grupos de mensajería que aluden a la permisividad del Día del Trono y a la presencia de niebla.

En el caso de la frontera terrestre, “no se aprecian indicadores de inteligencia ni un aumento significativo de interacciones que apunten a la organización articulada de un salto masivo o asalto violento a los elementos físicos de contención en torno al día 30 de julio/ no obstante, se mantendrá la monitorización activa de los grupos de WhatsApp y canales de mensajería detectados, al objeto de identificar de forma temprana una eventual expansión o intensificación de la movilización”, se explicó en el informe, uno de los documentos desclasificados por el Gobierno este miércoles.

Los textos desclasificados proceden de diferentes organismos dependientes de los Ministerios de Interior y Defensa, entre ellos la Policía, a través del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF); la Guardia Civil, a través del Centro de Coordinación del Estrecho (CCOE); el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS). Los documentos publicados han sido revisados y, cuando ha sido necesario, anonimizados para proteger datos personales e información sensible.

La Policía sostiene que los migrantes que entraron a Ceuta se “autoorganizaron”

El Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (Cenif) sostenía en una nota del 31 de julio dirigida a los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla que, según habían podido inferir por las interacciones analizadas, las decenas de miles de personas que entraron a la ciudad autónoma se habrían articulado “mediante un proceso de auto-organización horizontal”.

“Supone un criterio aun mayor de incertidumbre en cuanto a la dificultad de previsión de la magnitud del fenómeno por la imposibilidad de abarcar todas estas comunicaciones. Durante los días 29 y 30 de julio por parte de esta Unidad se han enviado alertas a los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla informando sobre el desarrollo, escenarios y gravedad de este fenómeno”, añaden.

“Por supuesto, yo voy a contar con José Luis [Rodríguez Zapatero], como he contado siempre en las campañas electorales”. Con esas palabras ha contestado este miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al ser preguntado en TVE por Esther Palomera sobre si invitará al expresidente Zapatero a la campaña electoral de las generales de 2027 pese a estar imputado por su presunta mediación en el rescate de Plus Ultra.

Tras recalcar que “la campaña electoral será en 2027”, Sánchez ha querido dejar claro que “tanto la trayectoria como el legado de Zapatero” son “muy importantes para el PSOE y para España”. “Defendemos su presunción de inocencia. Yo creo en José Luis Rodríguez Zapatero”, ha insistido, ante las preguntas tanto de Palomera como de Jesús Cintora. El presidente del Gobierno ha recordado que “hay partidos y medios que creen a personajes” como el empresario Víctor de Aldama, “que llegó a decir que había hecho de chófer” del propio Sánchez. “¿Se le da credibilidad a un delincuente y no a un representante público que tiene todo el derecho a defenderse?”, se ha preguntado.

Sánchez ha asegurado, además, no temer una imputación del PSOE en esa misma causa de Plus Ultra que se investiga en la Audiencia Nacional. “No sé si nos imputarán o no, pero le puedo asegurar que no hay financiación ilegal del PSOE”, ha añadido.

Gran parte de la entrevista en el programa Mañaneros 360 de TVE se ha centrado en dos temas candentes de la actualidad como la decisión del Tribunal Supremo del martes de anular cautelarmente el derecho al voto de los españoles nacionalizados a través de la conocida como 'ley de nietos' y la crisis por la entrada masiva de migrantes en Ceuta, el pasado 30 de julio.

“No estamos a favor ni compartimos la resolución del Supremo”, ha remarcado Sánchez, que ha recordado que la decisión cautelar trastoca la ley de memoria democrática que dio la ciudadanía a los familiares de los exiliados por la Guerra Civil y la dictadura. El presidente del Gobierno ha acusado a las partes que solicitaron esa suspensión del derecho a voto (Vox y Iustitia Europea), pero también al PP de querer “cercenar los derechos de ciudadanía” de españoles, “como hicieron obligándoles a exiliarse”.

El “cuestionamiento de los regímenes democráticos” por parte del PP

A continuación, Sánchez ha recordado que la ley que ahora ha cuestionado el Supremo “lleva en vigor desde 2022” y que “en 2023 hubo unas elecciones generales en las que el PP ganó en el voto exterior”. Así, se ha preguntado “por qué el PP hoy cambia de posición” sobre una ley que lleva años en vigor. “El denominador común es el cuestionamiento de los regímenes democráticos”, ha concluido. El jefe del Ejecutivo ha acusado a las derechas de lanzar por ellos “bulos” sobre supuestos “pucherazos” en esa estrategia de la ultraderecha mundial. Sánchez, en todo caso, ha negado que haya un “choque” institucional entre poderes del Estado y se ha limitado a señalar que lo que existe es una “discrepancia en la lectura de determinadas leyes que se están aprobando en las Cortes”.

Ante lo sucedido en Ceuta, la única autocrítica que ha verbalizado ha consistido en pedir unos servicios de inteligencia más “sofisticados” para poder prever movimientos en redes sociales como los que considera el origen de la crisis alentando la entrada masiva el 30 de julio. “Tenemos que invertir mucho más en el control y el perímetro de la frontera”, ha añadido, antes de reclamar también “infraestructuras de acogida de mayor envergadura”. Se ha presentado, además, como el “presidente que más ha ido a Ceuta” en democracia. “He estado al pie del cañón, hemos estado desde el principio en la crisis de Ceuta”, ha dicho frente a las críticas por su estancia en Lanzarote en agosto, cuando la crisis se prorrogó.

También ha negado cualquier intento de complacer a Marruecos por no responsabilizarle directamente de lo sucedido en la frontera. “Se me podrán criticar muchas cosas, pero he puesto en marcha una política exterior coherente y respetuosa con el derecho internacional”, ha añadido, en alusión a su postura frente a Donald Trump o a la hora de denunciar el “genocidio” de Gaza. “Este Gobierno nunca acepta ningún chantaje porque no tenemos nada que ocultar”, ha dicho, además de recordar que este mismo miércoles “se conocerán todos los papeles y documentos” que el CNI y las Fuerzas Armadas publicaron en agosto sobre Ceuta tras su desclasificación aprobada en el Consejo de Ministros.

Sánchez sí ha adelantado que se trata de “informes de situación” y ha asegurado que, en base a esos documentos, su conclusión es que “los días previos al 30 y 31 de julio se registró un ligero pico en el número de llegadas a nado”. “Pero hablamos de cientos, no de 70.000”, ha señalado. “No se previó en absoluto la llegada masiva de tantos migrantes”, ha zanjado. Y preguntado por una posible visita del rey, Sánchez ha afirmado que “hoy Ceuta necesita del arrope y del cariño de todas las instituciones”, por lo que es “más necesario que nunca que el jefe del Estado visite Ceuta y Melilla”. “Estamos trabajando en fechas próximas”, se ha limitado a señalar, sin concretar más.

“Máxima confianza” en la investigación judicial sobre Ceuta

Sí ha recalcado que tiene la “máxima confianza” en la justicia al ser preguntado por la investigación abierta por la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ante la crisis en Ceuta. Sí ha recordado que es “un hecho objetivo” que Tardón fue concejala dentro de la candidatura del PP en el Ayuntamiento de Madrid. “Ese es un hecho objetivo, pero evidentemente no está reñido el compromiso político coyuntural de una persona con las labores de jueza”, ha respondido. Después ha afirmado que por parte del Gobierno “no hay nada que ocultar” y, por tanto, tienen “máxima confianza” en el proceso.

También ha pedido Sánchez “solidaridad por parte de las comunidades autónomas” a la hora de acoger a menores migrantes, aunque hasta ahora el Gobierno había descartado desplazarlos de Ceuta a la Península. “No descartamos ninguna opción, estamos priorizando la reubicación en Ceuta. El PP si realmente está interesado en resolver y contribuir a la solución de Ceuta le pido más solidaridad y responsabilidad. En este tipo de crisis se necesita altura de Estado. Les pido que arrimen el hombro, que critiquen lo que quieran pero arrimen el hombro”, ha señalado.

En defensa de la gestión del Gobierno, Sánchez ha insistido en que la alternativa a dejar pasar a los más de 70.000 migrantes que se avalanzaron en la frontera hubiera sido “liarse a tiros”. “¿En qué situación estaríamos hoy si la respuesta no hubiera sido la que se dio?”, se ha preguntado. También ha considerado “normal y cotidiano” que la ministra de Defensa, Margarita Robles, se reuniera con el rey y otros mandos militares para hablar de Ceuta, tal y como desveló el martes la Casa Real.

El “aticazo” de Ayuso

Sánchez, además, ha pedido al líder del PP que exija “responsabilidades” a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por la polémica compra del ático de Chamberí. “Entiendo que el señor Feijóo tenga dificultades en hacer lo que hizo el señor Casado, porque vio cuál fue la consecuencia. El señor Feijóo tiene que exigirle a la señora Ayuso responsabilidades”, ha dicho. El presidente ha repasado cronológicamente los hechos y ha dicho que, aunque él no es “detective”, los “indicios” apuntan a que el inmueble era para uso personal de Ayuso. Entre ellos, ha mencionado la puesta en venta en Idealista de su vivienda con González Amador, la entrevista en la que Feijóo contó que ya conocía desde hace meses la intención de hacer un traslado a una oficina por las obras en Sol y la visita al ático de la propia Ayuso.

“Yo creo que son demasiadas huellas que claramente nos indican que a la señora Ayuso se le ha pillado con el carrito de los helados. Quería vivir en Chamberí, no en un ático, en un aticazo, porque son 400 metros, porque además otro de los indicios, que yo creo que es una huella bastante incontestable, es el hecho de que esa vivienda no tenía licencia para oficina, sino para un uso residencial”, ha añadido.

El Gobierno y el ejecutivo ceutí han acordado en el comité para la Situación de Interés para la Seguridad Nacional reunido este viernes un nuevo listado de emplazamientos que den cobertura a las personas que permanecen en las calles de la ciudad autónoma tras entrar el pasado 30 de julio. En el encuentro, presidido por Pedro Sánchez, todos los miembros del órgano han coincidido en la necesidad de condenar unánimemente la violencia para garantizar la convivencia, según informan fuentes de Moncloa, después de varias jornadas de disturbios y violencia contra los migrantes que continúan en la playa ante la falta de espacios en los que pernoctar.

El jueves por la tarde, por segundo día consecutivo, decenas de ceutíes destrozaron las pocas pertenencias que tienen las personas que permanecen en la playa y quemaron una parte de los asentamientos después de haber intentado impedir el reparto de comida por parte de la Cruz Roja. Ocurrió algo similar el miércoles, cuando centenares de ceutíes se dirigieron a la zona e intentaron echar a los migrantes que duermen a la intemperie lanzando sus cosas al agua, obligando a intervenir a la Policía. Unas horas después, durante la madrugada, las autoridades informaban también de la detención de 12 personas por apedrear un vehículo con cuatro militares.

El presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, se opuso a que los polideportivos de la ciudad se incluyeran en el catálogo bajo la amenaza de atrincherarse —“Me tendrán que sacar de ellos”— y el Gobierno aceptó sacarlos, por lo que se rehará el listado completo de espacios que pueden utilizarse para las acogidas.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha cifrado este viernes en el Congreso en 5.000 las personas que continúan en la ciudad autónoma. A ese balance se suman los 1.500 menores no acompañados que la Policía Nacional ha localizado, identificado y puesto a disposición del Gobierno de la ciudad autónoma, que es la administración competente para su tutela. Mientras, el Ministerio de Infancia continúa buscando soluciones para el caso de las niñas y adolescentes migrantes.

El titular de Interior ha sido uno de los últimos en comparecer esta semana para dar cuentas en el Congreso de la gestión de la crisis humanitaria en un día marcado por los episodios de violencia en Ceuta. Marlaska ha calificado la situación de “extraordinaria” y comprensiblemente preocupante, pero ha recalcado que “la violencia no es en modo alguno el camino”.

La intervención del diputado del PP Javier Celaya, originario de Ceuta, ha sido para sumarse a la petición de serenidad. “Quien piense que con la violencia (...) ayuda a Ceuta, se equivoca completamente. Lo único que está haciendo es dar alas a aquellos que pretenden señalar a los invasores como víctimas, cuando las verdaderas víctimas somos los ceutíes”, ha afirmado. La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha dicho en una entrevista que “nadie justifica la violencia” pero, a continuación, ha añadido que el Gobierno debe ser “consciente” de que la tensión a la que “están sometidos” los vecinos es “por su incapacidad y su ineficacia”.

Este fin de semana se ha sumado un nuevo elemento a la polémica del ático de lujo comprado por la Comunidad de Madrid que ha marcado la actualidad política este verano. Alberto Núñez Feijóo ha asegurado en una entrevista con Europa Press que se le comunicó en abril que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso buscaba un sitio para “un traslado temporal” del equipo de secretaría y gabinete de Presidencia mientras duraran las obras de Sol. Y, además, ha dicho que será Patrimonio de la Comunidad de Madrid quien “tendrá que explicar por qué compró un local que no se puede destinar a oficina”.

La reunión “informal” en abril

Lo que dice Feijóo: El presidente del PP señaló en la entrevista que en abril se le invitó a una reunión “informal” con el Gobierno de la Comunidad de Madrid en Sol y allí se dijo que se iban a hacer “obras de remodelación” en la sede de la Presidencia. “Lo hemos hablado con el Gabinete de la presidenta y concuerda la información que se nos dio, 'efectivamente, estábamos buscando locales, se ha encontrado ese local'”. De forma posterior, Borja Semper no ha aclarado quién se lo comunicó a Feijóo ni si estaba presente la baronesa del PP en ese momento.

Lo que dice Ayuso: La presidenta autonómica no ha hecho alusión sobre ninguna reunión “informal” con Feijóo en la que se le haya informado de nada. Este mismo lunes, a preguntas de la prensa, Ayuso ha evitado responder sobre esto. El 29 de julio, cuando El País publicó la compra del ático de lujo, la presidenta autonómica aseguró que no le competía a ella responder sobre la operación. “La compra sé que reciente y a partir de aquí no sé ni cómo se cuenta ni cómo se comunica, porque yo ni cuento ni comunico todo lo que compra o vende eh planifica Madrid y mucho menos en este caso porque no es mía ni es para mí”, dijo entonces.

Las obras de Sol y el traslado del “despacho de la presidenta”

Lo que dice Feijóo: Ha asegurado que le comunicaron que se iban a hacer “obras de remodelación” porque “había problemas” con las cañerías, el aire acondicionado o la conservación el edificio. Fue ahí cuando le explicaron que se estaban “buscando lugares” para trasladar durante la obra “el despacho de la presidenta y de los seis, siete u ocho puestos” de su “secretaría y atención de Gabinete”.

Lo que dice Ayuso: Durante la rueda de prensa de Ayuso del 29 de julio, la presidenta confirmó las obras y habló sobre una “reforma integral del edificio” por “daños estructurales”, mencionando la climatización. “No sé si yo me quedaré en la consejería de presidencia o transportes, y es el consejero el que se va para allá”, dijo entonces. Ha sido el pasado 7 de agosto cuando la Comunidad de Madrid publicó el contrato para el diseño de las futuras obras, adjudicado a la empresa Pombo Estudio S.L.

En la memoria de justificación del proyecto, que es el paso previo para las obras, aparece como fecha de adjudicación del contrato el 16 de julio y se establece como objetivo “modernizar y adecuar a la arquitectura singular del edificio la imagen institucional”, para lo que “se requiere una adaptación y rehabilitación de las diferentes estancias dentro del edificio, debiendo encontrarse a la altura de la estética exigida por la Consejería de Presidencia”.

En el contrato se indica que las obras estarán destinadas a la restauración de la carpintería interior, a la recuperación y adecuación de suelos, techos y paramentos verticales (paredes). El estudio tiene la obligación de conservar, respetar e integrar la colección de obras de arte que alberga la zona noble y tendrá que proponer también el nuevo mobiliario. Afecta a tres zonas: la planta baja (los patios interiores), los accesos y el ala norte de la segunda planta, donde se encuentran la zona Presidencial, el Salón Institucional, el Salón Canalejas y la Sala de Consejo de Gobierno.

“Patrimonio tendrá que explicar por qué compró un local que no se puede destinar a oficina”

Lo que dice Feijóo: “Es evidente que Patrimonio de la Comunidad de Madrid tendrá que explicar por qué compró un local que no se puede destinar a la oficina con el interés de que se de que se ubica una oficina. Eso es todo”, dijo el líder del PP sobre la compra de ese inmueble.

Lo que dice Ayuso (y su equipo): Tanto el 29 de julio como en comparecencias posteriores, Ayuso ha dicho no tener información sobre cómo o por qué se realizó la compra —para la que se exigió confidencialidad— por parte de la empresa pública Planifica Madrid, de la Consejería de Presidencia. “Planifica Madrid a lo largo de todo el año compra y vende inmuebles. Y de ello no tengo la menor idea porque no es mi competencia saberlo. Sí que estén los consejeros de cada organismo encima de ello y que no se pierda patrimonio, que no se pierda dinero”, dijo la presidenta madrileña. Este lunes ha insistido en que no tiene más explicaciones que dar: “No se puede estirar más el chicle”.

El inmueble no puede ser oficina según la normativa del Ayuntamiento de Madrid, que impide convertir en una dotación pública un noveno piso de un edifico residencial en el barrio de Chamberí donde se encuentra. Preguntada explícitamente sobre si la normativa no prohibiría el albergar en el ático unas oficinas, Ayuso respondió de nuevo haciendo alusión a que es Planifica Madrid quien “reorganiza el patrimonio” de la Comunidad de Madrid, a través de la compra y venta de inmuebles.

Este lunes, al ser preguntada por las palabras de Feijóo, Ayuso ha asegurado que se trata de un “inmueble destinado a oficinas que además puede albergar despachos y que está en un proceso de venta”.

La residencia oficial para presidentes

Lo que dice Feijóo: “A mí no me parece incorrecto en ningún caso que haya residencias para los presidentes de comunidades autónomas”. “Absolutamente razonable” y “útil”, lo ha calificado.

Lo que dice Ayuso (y su equipo): El pasado 17 de agosto, Ayuso aseguró que ni ha “necesitado” ni “ha pedido” una residencia oficial. “No la voy a necesitar a 10 meses de unas elecciones”, dijo. Anteriormente, su consejero de Presidencia, portavoz del Ejecutivo autonómico y presidente de Planifica Madrid, Miguel Ángel García Martín, insistió en la idea de que el ático no era para uso personal de Ayuso y añadió: “Lo que no se dice es que Madrid no tiene una residencia oficial para la presidenta, que sí la tienen muchos presidentes autonómicos, que la tienen la mitad de los ministros”.

La respuesta de Ayuso: “Chao pescao”

Este mismo lunes le han preguntado a la líder madrileña por su opinión sobre las declaraciones de Feijóo de este fin de semana. No ha querido dar más detalles acerca de la reunión informal con el líder de su partido, insistiendo en que el ático ya está puesto en venta. “Está en un proceso de venta, chao pescao”, ha zanjado.

Un juzgado madrileño tiene en sus manos cinco denuncias relacionadas con la compra de un ático de lujo en Chamberí por parte de la Comunidad de Madrid hace tres meses. Ya ha abierto diligencias, pero todavía tiene que pronunciarse sobre la admisión o no de esas acciones legales, según las fuentes consultadas por elDiario.es. Y, al mismo tiempo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha redoblado sus ataques contra el Gobierno mientras espera que se diluya la polémica.

La dirigente madrileña no tenía prevista ninguna aparición oficial en la agenda de la semana pasada ni de esta, pero acudió por sorpresa a varias visitas de sus consejeros a pueblos afectados por los incendios. El miércoles de la semana pasada lo hizo para señalar, desde el municipio de Villa del Prado, al titular de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, como el responsable de dar explicaciones de la operación inmobiliaria. La líder madrileña, que justificó la adquisición del ático cuando El País publicó la primera noticia, cambió su discurso para defender que “lo mejor desde el primer minuto” era “venderlo” y asegurar que “no se entendería” que el dinero se dedicara a otra cosa que no sea la reconstrucción tras los incendios. De momento, estas son las últimas explicaciones públicas de Ayuso sobre el inmueble comprado por la empresa pública Planifica Madrid.

El hartazgo de la baronesa del PP con las cuestiones vinculadas a la adquisición del inmueble lo hizo patente ella misma dos días después, el viernes. “¿Por qué no preguntan una sola vez por la gente afectada por los incendios?”, espetó a la prensa desde Aldea del Fresno, cuando los medios acudieron a un acto que la Comunidad de Madrid pretendía que fuera solo con “cobertura gráfica”, es decir, sin preguntas de los periodistas a la presidenta. “Estamos dejándonos la piel, ayudando a la gente que lo está pasando tan mal, tengan la sensibilidad de disimular al menos y preguntar qué vamos a hacer”, reprochó ante los medios.

Pasado el fin de semana, este lunes acudió al municipio de Villa del Prado para conocer los daños ocasionados por los incendios en explotaciones agrícolas junto al consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo. Pero ahí hizo una intervención de siete minutos sin preguntas, de los cuales cuatro minutos y medio fueron para anunciar ayudas para recuperar las explotaciones de la zona y el resto los dedicó a la crisis de Ceuta.

Asegura que se ha prohibido la entrada en España a los italianos

“Y luego, en otro orden de cosas, sobre política nacional...”. Con esta frase, Ayuso dio pie a una intervención para hablar del “desprestigio internacional” provocado por un presidente del Gobierno “incapaz de defender nuestras fronteras” con una “política de inmigración descontrolada”. También habló del mal trato que “se le está dando a los italianos” con la implementación desde el sábado pasado de la misma medida que el Ejecutivo de la ultra Meloni aplica a España desde la crisis de Ceuta: un control aleatorio de identidad a los viajeros –pasaporte– y, en caso de nacionales de terceros estados, el permiso de residencia.

El sábado llegó a decir, falsamente, que se había prohibido la entrada en España a todos los italianos. “Dejamos entrar a más 70.000 personas ilegalmente solo por Ceuta y prohibimos la entrada a los italianos, país hermano que invierte y aporta a España. Espectacular esto de dar la espalda a Occidente”, se quejó en un tuit. Las medidas fronterizas consisten en controles, no en la prohibición de entrada en el país, y según los últimos datos actualizados el lunes, en el Aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid Barajas afectó a cinco vuelos y 223 nacionales de terceros países. El balance en toda España es de 1.033 pasajeros identificados de 58 vuelos.

En sus redes sociales también se puede ver el esfuerzo para citar temas de política nacional y diluir la conversación sobre las dudas en torno al ático. Un día antes del mensaje sobre Italia, lamentaba que España está “aislada de la UE, de EEUU y de Occidente”. Antes, defendía que la Comunidad de Madrid es “siempre la región que más aporta al conjunto de España” y el discurso de la izquierda contra sus rebajas de impuestos (o “el rollo del dumping fiscal”, en palabras de Ayuso) significa que “el Gobierno de Sánchez” quiere sacar a la Comunidad “aún más dinero y asfixiar a impuestos a los madrileños”.

Detalles de las obras y la venta, el viernes por la tarde

El portal de contratación de la Comunidad de Madrid publicó el viernes por la tarde dos expedientes sobre los que todavía había muchas incógnitas: las obras de la sede de la Puerta del Sol y la subasta de los inmuebles de Chamberí y Gran Vía.

El contrato adjudicado para la reforma no es el de las obras, sino el diseño y redacción del proyecto. Se le ha dado de forma negociada y sin publicidad —a dedo— a Pombo Estudio S.L., el estudio de Alejandra Pombo, prima de la influencer María Pombo, por 59.000 euros. Según los documentos del portal de contratación, a partir de la fecha de la firma hay un plazo de tres meses para tener listo el proyecto. Luego habrá cuatro meses para la tramitación de la licitación y adjudicación del contrato de obras, así como la obtención de licencias, y otros doce para la ejecución de las obras. El presupuesto estimado para los futuros trabajos es de 1.649.495 euros.

A la vez, Planifica Madrid ponía a la venta los dos lotes con el ático de la calle General Martínez Campos por 6,7 millones de euros y el otro inmueble de Gran Vía 6 por 11,8 millones. Ese es el dinero que, en caso de que consiga comprador, iría destinado a las tareas de reconstrucción. Podría no ser tan fácil dado el precio y teniendo en cuenta la experiencia del año anterior con el mismo piso de Gran Vía, cuya subasta quedó desierta. Además, la operación tiene matices: Planifica Madrid es una sociedad mercantil de carácter público, por lo que no puede transferir fondos de forma directa a la Comunidad de Madrid. La fórmula para hacerlo es con el reparto de dividendos, para lo que habrá que esperar al cierre del ejercicio.

La oposición pide que dimita

La del PSOE es una de las denuncias que ahora estudia la Justicia sobre el inmueble. El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y líder socialista en la Comunidad de Madrid, Óscar López, cree que la presidenta madrileña ha lanzado “una montaña de mentiras” para explicar la compra de este inmueble, y que ha dado “versiones cambiantes y ninguna explicación coherente” sobre el asunto.

“Aquí lo que hay es cara dura porque la señora Ayuso ha decidido que los madrileños paguen su vida padre y falsedad porque no ha parado de mentir, no ha parado de cambiar versiones”, señalaba este mismo lunes López, que también ha pedido que dimita. El socialista sostuvo que se podrían haber cometido delitos de “malversación” de caudales públicos y “prevaricación” por parte de la Comunidad. López declaró también que está “deseando ver lo que pone” en el contrato que firmó el Ejecutivo autonómico por la compra del piso en Madrid, y pone en duda la necesidad de comprar con fondos públicos “un superático de lujo de 400 metros más 200 de terraza en Chamberí”.

Por parte de Más Madrid, Manuela Bergerot, portavoz de la agrupación en la Asamblea de Madrid, aseguraba hace unos días en X que “alguien tiene miedo de acabar entre rejas” después de que la Comunidad anunciara la venta del ático por más de seis millones de euros. A través del perfil de Más Madrid en la misma red social, la agrupación cargaba contra la presidenta autonómica: “El viernes echaba la bronca a la prensa por preguntarle por el aticazo. Hoy ha vetado las preguntas a la prensa para que no descubramos quién le paga la vida de ricachona”.

Manuela Bergerot exigía hace unos días la comparecencia del consejero delegado de Planifica Madrid y del consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, para dar explicaciones sobre la compra del inmueble en Chamberí. “Ante el silencio, las contradicciones y los balones que está echando fuera la presidenta hemos registrado una ofensiva parlamentaria de iniciativas para conocer toda la información que está demandando la ciudadanía madrileña”, argumentaba.

La portavoz de Más Madrid quiere “fiscalizar toda la actividad” de Planifica Madrid y de “todo lo que tiene que ver con la compra de un ático que ha costado a los madrileños 6,3 millones de euros”, y saber “quién, por qué y cómo” desde la Comunidad de Madrid decidieron poner en venta el piso 48 horas después de que se hiciera pública la noticia de la adquisición del inmueble.

La crisis humanitaria y el desborde de los servicios tras la llegada de 72.000 personas a Ceuta desde Marruecos, de las que quedan al menos dos millares en la ciudad autónoma, han sido la tormenta perfecta para que Vox intente plantar de nuevo la semilla de la “prioridad nacional”. La ultraderecha lleva una semana difundiendo que los niños y adolescentes deben “deportarse” y que “los recursos de los españoles” tienen que ir “a los españoles”, un discurso trufado con otros mensajes de dirigentes que defienden “cazar a los inmigrantes” o llaman a los menores “menesterosos jamás integrables”.

El último movimiento de Vox ha sido el de anunciar su plante a la reunión de la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia, convocada para el jueves, en representación de las tres comunidades donde tienen estas competencias: Castilla y León, Extremadura y Aragón. Se trata de un encuentro de carácter técnico —con las direcciones generales de Infancia de las autonomías, no con los consejeros— y preparatorio de la Conferencia Sectorial en la que se tratará el crédito extraordinario de 25 millones de euros para la atención de los menores. Había dudas sobre la postura del PP, pero las han despejado este lunes: ellos sí se sentarán a la mesa a “escuchar” después de que el presidente de Ceuta, de su propio partido, haya reclamado estos días “solidaridad” y más recursos económicos para la ciudad autónoma.

Precisamente es la partida de 25 millones la que ha utilizado Vox para relanzar sus mensajes contra las personas migrantes. En los últimos días, el líder de la formación, Santiago Abascal, ha dibujado un país en el cual las personas extranjeras parecen ser privilegiadas frente a las españolas. Entre otras cosas, ha asegurado que los ciudadanos de España (“nuestros compatriotas”) están “haciendo cola” en los hospitales porque el Gobierno “da absoluta prioridad a la fuerza invasora de Mohamed” y ha lamentado que los niños y adolescentes que están sin sus familias supuestamente reciban mejor comida que los militares.

“Esta es la demostración de que el Gobierno está con los invasores... y maltrata a los que nos tratan de defender. Han construido todo un negocio para premiar la invasión y castigar la resistencia”, ha argumentado.

El eurodiputado Hermann Tertsch ha ido un paso más allá al decir que en Marruecos “hay hoy probablemente menos peligro de guerra que en España” y allí “no crece la pobreza infantil como en la España de Sánchez” para defender que los menores deben volver con sus familias. En la España de la que habla Vox hay “muchos españoles sufriendo privaciones inauditas” mientras el Gobierno “criminal” promueve “la invasión de más menesterosos y jamás integrables”, en palabras de Tertsch.

Desde Vox también han hecho un cálculo, que no se corresponde a la realidad, en el cual dividen de forma directa el dinero total de la partida extraordinaria de 25 millones de euros que se va a destinar a la atención urgente entre “mil menas” y lo traducen como “25.000 euros por mena”. Después se preguntan “cuántos niños españoles en situación de pobreza”, “huérfanos” o “discapacitados” podrían recibir ese dinero.

No dan los números para investigar a Sánchez por “traición”

Otra de las campañas que ha iniciado la extrema derecha es “promover” la activación del artículo 102 de la Constitución “para investigar a Sánchez y a su Gobierno por posibles delitos de traición y contra la seguridad del Estado”. Ese artículo recoge que la Sala de lo Penal del Supremo es quien tiene la competencia para exigir la responsabilidad criminal del presidente cuando la acusación se refiera a los delitos antes mencionados. En realidad, Vox no puede hacer nada solo: el procedimiento exige que la iniciativa sea presentada por, al menos, una cuarta parte de los miembros del Congreso y que sea aprobada por mayoría absoluta de la Cámara. En el PP no han respondido, al menos por el momento, a este guante tendido por la extrema derecha.

El número de menores que terminarán en el sistema de acogida todavía no se conoce. El cauce que prioriza el Gobierno es que, en caso de que se pueda confirmar que el menor tiene familia, se habiliten las vías para enviarlo junto a sus parientes. Si eso no ocurre, se busca acogida al niño en las instalaciones de alguna de las ONG que colaboran con las administraciones o, en su caso, en el sistema de otra comunidad. Las autonomías no tienen la capacidad de negarse a acoger a los menores que les correspondan por ley, pero sí pueden recurrir cada expediente, que es justo lo que ha anticipado Vox.

Los de Abascal han mandado cartas a la ministra Sira Rego en las que afirman que no pueden aceptar un traslado a sus sistemas de acogida mientras “no se haya acreditado la previa tramitación y resolución de los procedimientos individualizados legalmente exigibles para determinar su situación jurídica mediante resolución firme” y avanzan que impugnarán por la vía judicial “todos y cada uno de los expedientes individuales que no finalicen con el retorno a Marruecos”.

La posible distribución en el sistema de acogida coincide con la nueva ofensiva de los ejecutivos de coalición entre PP y Vox contra los menores y el señalamiento a las ONG, a las que llegaron a apuntar como “colaboradores” de la “invasión”. En las últimas semanas, la Fiscalía ha abierto una investigación por la decisión del Ejecutivo de Aragón de retirar la asignación semanal de 17 euros a los menores de los Centros de Atención Inmediata a la Infancia Migrante (CAIIM) y Centros de Atención Temporal a la Infancia Migrante (CATIM) de Peralta de la Salt, Torrero y Movera, recursos en los que únicamente residen menores extranjeros.

Además, la Fiscalía del Supremo tendrá que dar respuesta a la denuncia de Compromís contra el parlamentario de Vox José María Figaredo por decir en un programa de televisión que a los inmigrantes “hay que ir cazándoles uno a uno y eso se ha hecho”. El diputado de Compromís-Sumar y portavoz adjunto del grupo en el Congreso Alberto Ibáñez entiende que las manifestaciones de Figaredo podrían constituir un delito de odio.

España vuelve a ir al choque con Italia. El Gobierno ha decidido este viernes imponer de manera temporal controles en las fronteras interiores de puertos y aeropuertos para los desplazamientos procedentes de este país en respuesta a la negativa del Ejecutivo de Giorgia Meloni de levantar los suyos, reintroducidos desde la crisis de Ceuta.

Estos controles fronterizos estarán operativos a partir de las 00:00 horas de este sábado 8 de agosto, y consistirán en el control de identidad –pasaporte– y nacionalidad de los viajeros y, en caso de nacionales de terceros estados, visa permiso de residencia, según explican fuentes de Moncloa.

Estas medidas se practicarán de manera aleatoria y estarán en vigor hasta las 00:00 horas del próximo 7 de septiembre, salvo que haya “un cambio en las circunstancias” que han motivado su adopción.

El día ha sido un cruce de comunicados. El primero del Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez llegó al mediodía, con un ultimátum: fuera los controles en Italia a viajeros que proceden de España o se tomarán “medidas proporcionales”. Meloni replicó unas horas después, elevando el tono. No solo decidió que mantendría las restricciones, sino que respondió a España que “no acepta ultimátums ni imposiciones del extranjero en materia de seguridad nacional y control de fronteras”.

Dado que Italia conservará esas medidas hasta tener la seguridad de que “no habrá inmigrantes irregulares dirigiéndose hacia territorio europeo”, España ha respondido en torno a las 21.00 que aplicará las mismas medidas “ante la persistente presión migratoria irregular que sufre el país transalpino”.

Una medida que España ve injustificada

El choque entre ambos países, vecinos y socios europeos, se desató tras la entrada en suelo español de 72.000 personas por la frontera entre Marruecos y Ceuta. En plena crisis y con la ciudad autónoma colapsada, Italia promovió un escrito de varios gobiernos de la UE para reprender la política migratoria del Ejecutivo de Sánchez y llegó a plantear incluso la exclusión española del espacio Schengen de libre circulación. España recibió ese movimiento como una declaración de hostilidades y una deslealtad.

“Italia es, según Frontex, el Estado Miembro que más cruces irregulares ha registrado en los últimos años, con cifras que han llegado a duplicar las de España. Desde el año 2022, Italia no cumple el Reglamento de Dublín, generando una carga adicional de la presión migratoria al resto de Estados Miembros. A pesar de lo anterior, España nunca ha introducido controles para Italia. De hecho, siempre se ha mostrado solidaria con ella, acogiendo parte de los migrantes que llegaron a Lampedusa en 2023 y abriendo sus puertos de forma recurrente a migrantes que son rescatados en la ruta del Mediterráneo central”, recriminó este viernes el Gobierno español en el mismo escrito de advertencia a Meloni.

La Comunidad de Madrid acaba de publicar este viernes por la tarde el anuncio de venta del ático de lujo de 485 metros cuadrados de Chamberí por 6,69 millones de euros a través de la empresa pública Planifica Madrid. El documento ha sido subido a la página web de contratación pública y cuenta con dos lotes: uno con el ático de la calle General Martínez Campos y otro con el otro inmueble de Gran Vía 6, que pone a la venta por 11,8 millones de euros. Aquí se pueden consultar imágenes y planos de ambos inmuebles.

El documento está firmado por Pedro Corbalán Ruiz, el actual consejero delegado de Planifica Madrid, la empresa pública dependiente de la Consejería de Presidencia que adquirió el ático, a fecha de este mismo viernes a las 17:27 horas.

La compra se produjo el pasado mes de abril por 6,3 millones de euros, aunque ha sido esta pasada semana cuando ha salido a la luz tras la publicación de El País de la operación. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso justificó la necesidad de la operación para realizar “reuniones” oficiales debido a unas obras de la Puerta del Sol, sede de la presidencia del gobierno autonómico.

Posteriormente, la Comunidad de Madrid rectificó y aseguró que iba a poner en venta tanto este ático como otros inmuebles de Planifica Madrid y que destinaría el total a la recuperación tras los incendios de la Sierra Oeste. El consejero de Presidencia y portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Ángel García Martín, estimó en unos 20 millones el dinero total que obtendrían de estas operaciones.

Planifica Madrid es una sociedad mercantil de carácter público, por lo que no puede transferir fondos de forma directa a la Comunidad de Madrid —propietaria de la entidad— después de una maniobra de venta como la que se ha anunciado. Para que llegue el dinero, el Gobierno de Ayuso debe esperar al cierre de las cuentas del año y comprobar que el resultado y la cuenta de pérdidas y ganancias arroja beneficios. Solo entonces, siempre que no haya ninguna deuda subordinada ni preferente, se puede aprobar un reparto del dividendo.

Hasta la fecha no se conocía por cuánto dinero se pondría a la venta el inmueble, así como tampoco, por el momento, se puede acceder a través de Transparencia al expediente de compra del mismo, por el que se pagó 6,3 millones de euros, según confirman desde la Consejería de Presidencia. La empresa pública exigió confidencialidad al vendedor antes incluso de la visita, según explicaron fuentes conocedoras del proceso a elDiario.es.

Planifica Madrid también pone a la venta por 11.823.604 euros otro lote, como había anunciado, compuesto por los “cuatro inmuebles” de Gran Vía que están unidos en una única referencia catastral. Esta empresa pública lleva meses intentando enajenar este otro inmueble situado a diez minutos a pie de la Puerta del Sol, tal y como contó elDiario.es. Según el documento, el inmueble está en una tercera planta que consta de 1.132 metros cuadrados destinados a oficinas y 100 metros cuadrados de elementos comunes.

La ficha del organismo lo describe como un “edificio de planta trapezoidal sobre un extenso solar con fachada a tres calles, distribuido en torno a dos patios irregulares” construido por los arquitectos José María Mendoza Ussía y José de Aragón Pradera para la familia Urquijo, que lo destinaron a viviendas. “Las fachadas muestran gran plasticidad y una sobriedad mayor que en otros edificios de este primer tramo de la Gran Vía”, dicen.

Según especifican en el documento, “los requisitos de solvencia económica y financiera se acreditarán por los licitadores” a través de la presentación de un informe o certificado de Instituciones Financieras.

Precisamente hace solo unas horas, el portal de contratación de la Comunidad de Madrid también publicaba el contrato para el diseño de las futuras obras de su sede en la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol. El expediente recoge un contrato adjudicado y negociado sin publicidad a la empresa Pombo Estudio S.L. por 59.000 euros para el “diseño, redacción de proyecto y dirección facultativa, obras de adecuación de espacios en Real Casa de Correos”.