El jueves estaba marcado en rojo en el calendario por dos citas: era el día que se iban a conocer las explicaciones del elegido por Ayuso para dar la cara por la compra del ático, el consejero Miguel Ángel García Martín, y estaba previsto el acto de apertura de los sobres con las ofertas por el inmueble. No salió bien ni una cosa ni la otra: nadie quiso comprar un ático conocido en toda España por esta polémica y el portavoz del gobierno regional no solo no despejó las dudas sobre la operación, sino que reconoció por primera vez que iba a ser un “alojamiento”.

El ejercicio de supuesta transparencia del Gobierno de Ayuso dejó sin responder las mismas preguntas que rodean la operación desde hace casi dos meses: quién, cómo y por qué escogió comprar un ático situado en el barrio donde creció la baronesa del PP. Lo que está claro es que no fue para un traslado provisional por las obras de la Puerta del Sol, como dijo en un primer momento la baronesa del PP. Pero, en su intento de zanjar la crisis, el gabinete madrileño ha aumentado la lista de incógnitas.

¿Quién ordenó comprar el ático y por qué?

El expediente publicado por el Gobierno de Ayuso empieza directamente por el contrato de confidencialidad que fue exigido a la propietaria del ático por parte de la Comunidad de Madrid antes incluso de su visita, tal y como reveló elDiario.es. No incluye nada de lo que pasó antes y motivó la elección de ese inmueble en concreto y no otro. El primer documento aportado en el expediente es del 3 de febrero y el último, del 15 de septiembre. La tasación se hizo el 13 de febrero, las arras se firmaron el 27 de ese mes y el 14 de abril se formalizó la compraventa para pasar a formar parte de la cartera de inmuebles de Planifica Madrid.

La dirigente madrileña insistió este viernes en la misma defensa que ha ejercido hasta ahora: que ella no era conocedora del detalle de la operación —se sabe que lo visitó— y que no dio la orden de buscar un ático. “No se ha dado una orden de ese tipo, se buscan muchas viviendas (...) No es dinero perdido, es dinero en patrimonio de la Comunidad de Madrid. Es más, esa casa se irá revalorizando con el tiempo”, respondió en una intervención trufada de críticas a Pedro Sánchez.

¿Por qué un alquiler de 3.000 euros?

La pretensión de la Comunidad de Madrid era, una vez adquirido por esta empresa pública, alquilárselo. Para ello iban a pagar 3.000 euros al mes durante diez años, pero con un periodo de carencia de 15 meses desde la firma, por lo que la primera mensualidad no se habría abonado hasta noviembre del año que viene. Ese contrato llegó a rubricarse, pero se extinguió antes de entrar en vigor.

El gasto total presupuestado y aprobado ascendía a 315.000 euros por un inmueble que costó más de seis millones. La Consejería decidió alquilarlo a 10,47 euros por metro cuadrado, una cifra que dista mucho de los precios de la zona, que oscilaban entre los 23,71 y 55,73 euros por metro cuadrado. No se explica por qué se optó por esa cifra ni por qué se decidió una exención de quince meses.

¿Por qué dieron otra versión sobre su uso?

La documentación deja claro que para el Gobierno de Ayuso era clave que el inmueble fuese residencial. La Comunidad de Madrid alegó la necesidad de “disponer de un inmueble institucional de carácter residencial o dependencias específicas para su uso de manera permanente u ocasional por distintas autoridades”, algo que es “habitual” en otras comunidades, decía en su memoria.

Lo que quería el gabinete de Ayuso era tener un piso con una zona destinada a lugar de trabajo y un área de descanso y alojamiento ocasional para autoridades “en visita oficial a la Comunidad de Madrid o las propias autoridades de la Administración regional”. Planifica Madrid “dispone de un inmueble que reúne las condiciones idóneas descritas”, remataba el documento para justificar el arrendamiento de la propiedad que acababan de comprar a través de la empresa pública.

Un breve informe del 7 de julio justificó que la finalidad prevista era compatible con la normativa urbanística y los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid dieron su visto bueno el 15 de julio al contrato de alquiler. También concluyeron que ese destino institucional debía calificarse legalmente como un arrendamiento “para uso distinto del de vivienda”, según la Ley de Arrendamientos Urbanos.

La argumentación de su uso como “alojamiento” es la misma que dijo el jueves el consejero de Presidencia y responsable de la empresa pública a través de la cual se adquirió el ático, pero es la primera vez que se da públicamente esta explicación. La hemeroteca es clara: la líder popular dijo que sería destinado a “reuniones institucionales” de forma provisional y se justificó por las obras de gran calado que iban a hacerse en la sede de la Puerta del Sol. ¿Por qué mencionaron las obras en la Puerta del Sol como motivo principal para la mudanza, si su uso iba a ser otro?

Cuando Ayuso pronunció esas palabras, el 29 de julio, la Comunidad de Madrid ya había firmado el contrato de alquiler por diez años. ¿Por qué habló de una oficina “provisional” si se había alquilado por una década?

Las preguntas de la Intervención: ¿idóneo y necesario?

La Comunidad de Madrid quería empezar a alquilar el ático a partir del 1 de agosto. En las fechas anteriores se emitió un informe clave: el de la Intervención Delegada de Economía y Hacienda. La Interventora aprobó el 27 de julio la fiscalización del expediente de gasto y permitió continuar con la tramitación del alquiler. Pero hizo unas observaciones sobre algunas deficiencias apreciadas en el proceso.

Entre ellas, decía que la Dirección General de Patrimonio y Contratación citaba un informe que a ella no le habían aportado y lamentaba que no se profundizase en aspectos como “el estudio de la necesidad, idoneidad, aspectos económicos o la comparativa de edificaciones similares”. “Estos aspectos deberían haberse desarrollado suficientemente en el Informe Técnico a elaborar por la Dirección de Patrimonio y Contratación, que parece haberse limitado a una descripción del inmueble y régimen urbanístico del mismo”, decía.

¿Por qué pasó en 48 horas de firmar el alquiler a decir que ya no le hacía falta?

La Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid emitió la orden para autorizar el alquiler el 27 de julio. La firma formal del contrato de arrendamiento entre Planifica Madrid y la Comunidad tuvo lugar al día siguiente, el 28. Y de forma repentina, el 30 de julio ya no hacía falta ese inmueble que tanto necesitaba la Comunidad de Madrid.

¿Qué pasó en esas 48 horas? Que El País publicó la adquisición del ático. El 29 de julio el Gobierno de Madrid amaneció con esa noticia en portada y defendió la pertinencia de la compra. Pero no tardó en rectificar: la Consejería de Presidencia transmitió el 30 de julio “la desaparición de la necesidad que motivó la solicitud” del alquiler. En ese documento se transmite que, dos días después de firmar el contrato, ya no hacía falta un ático “institucional” con carácter “residencial”, pero no se dice por qué.

¿Y el dinero para la reconstrucción?

La salida del ejecutivo regional a la crisis pasó por prometer el dinero de la venta de este inmueble y otro en Gran vía para la “reconstrucción” después de los incendios de verano. La operación planteaba sus dudas porque el dinero —en caso de haberse vendido, que no ha sido así— no se puede destinar directamente, ya que hay una empresa entre medias, Planifica Madrid. Solo puede hacerse mediante el reparto de dividendos.

El presidente de la empresa pública y también portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín, aseguró el jueves que en octubre se reunirá el consejo de administración de Planifica Madrid para elevar a la Junta General de Accionistas la aprobación de un reparto de dividendos a cuenta a favor de la Comunidad de Madrid para dar los 20 millones que habían anunciado a la reconstrucción. No ha explicado cómo lo van a hacer si contaba para esos cálculos con haber vendido el inmueble de Chamberí.

Ayuso dijo que dimitiría en caso de haber mentido

“Si yo he mentido, dimito”. Fueron las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid en el debate sobre el estado de la región hace una semana para reivindicar todas las respuestas dadas por su equipo y por ella sobre el ático. El expediente de la compra contradice las explicaciones dadas y no menciona las reformas de la Puerta del Sol ni se alude a una estancia provisional. Es un contrato para un uso distinto, que incluye el alojamiento de las autoridades de la Comunidad de Madrid y que fue adquirido por Planifica Madrid sin que conste la justificación del porqué.

Nada en las declaraciones de la baronesa del PP de este viernes hace pensar que valore una dimisión ante las contradicciones que plantean los papeles que ellos mismos han presentado. Ayuso insistió en que la propiedad no era para ella y, entre otros comentarios ajenos a la polémica, zanjó: “A mí qué me importa”.

El lujoso ático del Paseo del General Martínez Campos de Madrid que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso compró en abril por 6,3 millones de euros a través de la empresa pública Planifica Madrid seguirá en manos del Ejecutivo regional tras fracasar la operación puesta en marcha para venderlo en julio, justo un día después de que se conociera la adquisición a través de la prensa. La decisión se conocía solo unos minutos antes de la esperada comparecencia del consejero de Presidencia y máximo responsable de Planifica Madrid, Miguel Ángel García, en la Asamblea regional, que finalmente solo sirvió para añadir una nueva versión sobre la polémica compra: por primera vez, el Gobierno de Ayuso reconocía que el uso real que pretendía dar la administración a la vivienda era de “alojamiento”, después de haber dicho en los últimos dos meses que el inmueble se iba a utilizar para alojar oficinas de la Comunidad.

En la memoria esgrimida por el consejero durante su comparecencia y que habla de los fines que el Gobierno de Ayuso quería dar al ático, se recoge expresamente el uso “institucional de carácter residencial” del inmueble, lo que contradice todas las versiones dadas por la presidenta madrileña y su equipo desde que estalló la polémica. “En el contexto actual es una práctica habitual a nivel estatal, autonómico o incluso local disponer de un inmueble institucional de carácter residencial o dependencias específicas para su uso de manera permanente u ocasional por distintas autoridades como apoyo a las sedes oficiales”, decía la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia a principios de julio en ese documento consultado por elDiario.es.

Hay “razones operativas, de seguridad y de representación institucional” que justifican la pertinencia de contar con un “inmueble institucional de carácter residencial”, insistía el Gobierno de Ayuso, con una zona destinada a lugar de trabajo y un área de descanso y alojamiento ocasional para autoridades “en visita oficial a la Comunidad de Madrid o las propias autoridades de la Administración regional”.

Lo que pretendía la Comunidad de Madrid era alquilar a partir del 1 de agosto el piso que previamente había comprado Planifica Madrid por más de seis millones en un contrato formalizado en abril. Ese arrendamiento, que iba a ascender a 3.000 euros al mes, llegó a firmarse el día 28, pero dos días después, el 30, la Comunidad de Madrid dijo que ya no le hacía falta. Solo 24 horas después de que estallase el escándalo con la publicación de la operación en El País.

La vivienda, con 486 metros cuadrados, está situada justo enfrente del piso que la presidenta madrileña recibió como donación en vida de su padre y en la que ahora vive su madre. Ese mismo día 29 de julio en que se conoció por la prensa la compra del ático, el Gobierno regional aseguró que el uso del inmueble iba a ser de oficinas y la presidenta justificó esa adquisición asegurando que iba a ser para celebrar “reuniones” mientras se realizaban unas obras hasta entonces desconocidas en el edificio donde tiene su despacho: la sede de la Presidencia del edificio de Correos situado en la Puerta del Sol de Madrid.

“No es mi casa, no es para mí, yo no me he comprado nada”, dijo Ayuso en una comparecencia ante la prensa. Desde entonces, el ático se ha convertido en un dolor de cabeza para la presidenta madrileña, que ha pasado dos meses sin explicar por qué su Ejecutivo adquirió una vivienda de lujo, justo enfrente de la casa donde vive su madre, a través de una inmobiliaria de lujo y teniendo en cuenta que la normativa no permite que se utilice para albergar oficinas, como sostuvo al inicio su propio Ejecutivo. “Se compran y se venden inmuebles, se alquilan y se dejan de alquilar (...) en estos mismos meses me consta que está habiendo muchas ventas de otros inmuebles y otras oficinas”, añadió en esa misma comparecencia del 29 de julio, justificando la adquisición.

Los virajes del equipo de la presidenta

Solo un día después su gobierno dio un giro de 180 grados y pasó de reivindicar la compra a poner el ático en venta. Fue el consejero de Presidencia quien en declaraciones a la prensa desde el puesto de mando del gravísimo incendio que asoló al oeste de la Comunidad dijo que se había decidido poner en venta el piso de lujo, y que el dinero que obtendría la administración de esa operación iba a utilizarse para las labores de reconstrucción de las zonas afectadas por los fuegos. El expediente revelado este jueves permite comprobar que la Consejería de Presidencia transmitió el 30 de julio “la desaparición de la necesidad que motivó la solicitud de arrendamiento formulada” pese a que acababa de firmar el contrato de alquiler solo dos días antes.

El viraje de la Comunidad no convenció a la oposición y tampoco a los medios de comunicación que a lo largo de las siguientes semanas preguntaron sin éxito a la propia a Ayuso y a sus consejeros sobre la confusa operación. Abrumada por la polémica que llevó incluso al líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, a pedirle explicaciones, la presidenta madrileña descargó todas las responsabilidades en Miguel Ángel García Martín y su equipo anunció su comparecencia en la Asamblea para este jueves.

García utilizó la comparecencia para lanzar todo tipo de descalificaciones contra la izquierda, que le pedía explicaciones y aportó documentos posteriores a la decisión de la compra para justificar la adquisición. Desde el atril, el consejero de Presidencia aseguró que la operación de compra respondió a una serie de necesidades de su departamento entre los que mencionaba, por primera vez, la de “contar con un inmueble institucional de carácter residencial con una zona destinada a lugar de trabajo, un área de descanso y alojamiento ocasional para autoridades en visita oficial a la región o a las propias autoridades de la Comunidad de Madrid”. A diferencia de lo sostenido en los últimos dos meses –que en ningún caso la vivienda iba a tener uso residencial–, García reconocía que sí, que el ático tiene como objetivo alojar a cargos del propio Gobierno madrileño.

Para ello mostró una memoria de necesidades de la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local “para el arrendamiento del inmueble” fechada el 2 de julio de 2026, tres meses después de que se acordara la compra del ático en una de las mejores zonas de Chamberí. En esa memoria también se contemplaba “disponer de espacios accesorios o complementarios a las sedes institucionales en contextos de gestión de crisis que pueden prolongarse en el tiempo y que pueden requerir de un inmueble de estas características”. También contó que la operación cuenta con informes favorables de la Abogacía General, que reconocen un “uso distinto al de vivienda” y elaborados también después de la compra.

Y mencionó otro informe de la Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Economía, así como el contrato suscrito entre Planifica Madrid y la Comunidad “que recoge expresamente la necesidad de alquilar este inmueble institucional como apoyo a las sedes oficiales”. El informe de la Dirección General de Patrimonio existe, pero en él se hace una valoración de las características del inmueble y dice explícitamente que es Presidencia quien se dirige a ellos para solicitar el arrendamiento del inmueble institucional de carácter “residencial”.

“Este inmueble nunca se adquiere para que sea una residencia oficial para la presidenta, como sí tienen, por cierto, la mitad de los ministros y muchos presidentes autonómicos”, apuntó García en la Asamblea. Una de las obsesiones del Gobierno de Ayuso desde el 29 de julio ha sido decir que el ático no era para la presidenta y, a la vez, destacar una y otra vez que hay miembros del Ejecutivo de Pedro Sánchez viven en viviendas oficiales, al igual que hicieron en el pasado ministros cuando gobernaba el PP.

El también portavoz de la Comunidad de Madrid aseguró que la izquierda ha tratado en las últimas semanas de utilizar la compra del ático creando “una gran mentira” -la de que se trataba de una casa para Ayuso- para “tapar la desastrosa gestión que el Gobierno de Sánchez ha hecho de la invasión de Ceuta”. Y al final de su intervención, García anunciaba que el ático seguirá a la venta a través de un procedimiento público, y que la Comunidad de Madrid se querellará contra las portavoces de los dos principales grupos de la oposición, Manuela Bergerot (Más Madrid) y Mar Espinar (PSOE), al considerarlas autoras de un delito de “injurias” contra la presidenta madrileña por haber asegurado que, en realidad, el ático era para ella.

La interventora reprochó su insuficiente justificación para hacerse con el ático

A última hora de la tarde se conoció el expediente en el que la Comunidad de Madrid incluyó los documentos antes citados además de otros hasta entonces mantenidos en secreto, como el acuerdo de confidencialidad que Planifica Madrid obligó a firmar al vendedor del inmueble antes de comprarlo, la tasación del inmueble, el contrato de arras, la escritura pública, los gastos notariales o los que prueban la titularidad del ático, una vez comprado por la citada empresa pública.

Entre ellos figura un informe de la Comunidad de Madrid con una observación de la Intervención Delegada de Economía y Hacienda sobre algunas deficiencias que aprecia en el proceso de arrendamiento. Entre ellas, dice que la Dirección General de Patrimonio y Contratación cita un informe que no le aporta y lamenta que no profundice en aspectos como “el estudio de la necesidad, idoneidad, aspectos económicos o la comparativa de edificaciones similares”. “Estos aspectos deberían haberse desarrollado suficientemente en el Informe Técnico a elaborar por la Dirección de Patrimonio y Contratación, que parece haberse limitado a una descripción del inmueble y régimen urbanístico del mismo”. Pese a ello, la Interventora aprueba la fiscalización del expediente de gasto y permite continuar con la tramitación administrativa del alquiler del inmueble en el Paseo del General Martínez Campos 35.

Las explicaciones y los documentos siguen sin convencer, en cambio, a todos los partidos del arco parlamentario madrileño excepto el PP, el partido del Gobierno de Ayuso que tiene mayoría absoluta en la Asamblea. En su intervención en el Pleno, el portavoz de Más Madrid en este asunto Hugo Martínez Abarca aseguró no creer “las trolas” de García en su comparecencia. “Usted no pinta nada, es el pelele que ha sacado para que se lleve los golpes que le corresponden a ella. A usted no se le ocurrió comprar un ático con terraza enfrente en el barrio donde se ha criado Ayuso, obviamente”, le dijo al consejero de Presidencia. Y añadió: “Ayuso lo que quiere ser es una aristócrata, una emperatriz y tener un tren de vida que le paguemos los madrileños”.

Desde el PSOE, la portavoz autonómica, Mar Espinar, lamentó que a García le hubieran “obligado a cometer una ilegalidad” durante su comparecencia al presentar “informes de consejerías” elaborados “a posteriori” de la compra del ático en abril por el “capricho” de Ayuso. E incluso Vox tildaba de “poco precisas y confusas” las explicaciones del máximo responsable de Planifica Madrid.

Una de las incógnitas que sigue sin desvelar el equipo de Ayuso es quién decidió comenzar la búsqueda del ático de lujo y qué cargo político tomó la decisión final de adquirirlo. Si fue la propia presidenta, García o cualquier otro miembro del Gobierno autonómico. Desde la oposición no piensan dejar de utilizar el caso del ático en lo que queda de legislatura y están convencidos de que el escándalo hará caer a Ayuso, que se someterá a las urnas en la próxima primavera y que, según casi todas las encuestas publicadas en las últimas semanas, seguiría contando con el apoyo de la mayoría absoluta de los madrileños para mantenerse en el cargo.

La Comunidad de Madrid realizó una memoria para justificar el arrendamiento del ático de lujo en Chamberí a Planifica Madrid en la que no apuntaba a las obras de la Puerta del Sol aducidas por Ayuso como motivo de la mudanza en ningún momento. En cambio, lo que necesitaba el Gobierno regional era un “inmueble institucional de carácter residencial”, repetía varias veces. La documentación, a la que ha tenido acceso elDiario.es, forma parte del expediente de la adquisión del piso por parte de la Comunidad de Madrid.

La cronología de la compra del ático empieza en febrero, cuando se firma el contrato de confidencialidad entre Planifica Madrid y la inmobiliaria. La compra se ejecutó en abril y no fue hasta el 27 de julio cuando la Comunidad de Madrid autorizó el arrendamiento del inmueble a Planifica Madrid. Lo alquiló por 3.000 euros al mes. Se acordó un periodo de carencia de pago de la renta de 15 meses desde la firma, por lo que la primera mensualidad no se habría abonado hasta noviembre del año que viene.

¿Cómo lo justificó? “En el contexto actual es una práctica habitual a nivel estatal, autonómico o incluso local disponer de un inmueble institucional de carácter residencial o dependencias específicas para su uso de manera permanente u ocasional por distintas autoridades como apoyo a las sedes oficiales”, decía la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia.

Hay “razones operativas, de seguridad y de representación institucional” que justifican la pertinencia de contar con un “inmueble institucional de carácter residencial”, insistía el Gobierno de Ayuso, con una zona destinada lugar de trabajo y un área de descanso y alojamiento ocasional para autoridades “en visita oficial a la Comunidad de Madrid o las propias autoridades de la Administración regional”. Es la misma versión que ha dado este jueves el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, en un nuevo cambio de relato por parte del Gobierno de Ayuso.

En otro momento, la memoria vuelve a insistir en que lo importante es que se pueda vivir en el piso: “Pero además de las razones anteriores, existen otros supuestos que justifican la necesidad de disponer de espacios accesorios o complementarios en contextos de gestión de crisis que pueden prolongarse en el tiempo y requerir de espacios complementarios con posibilidad de uso residencial”. Planifica Madrid “dispone de un inmueble que reúne las condiciones idóneas descritas”, remata el documento para justificar el arrendamiento. También les interesa su acceso directo a la planta novena desde el garaje y las dos plazas de aparcamiento.

Un informe de la Intervención Delegada de Economía y Hacienda puso en duda algunas de las lagunas del proceso de arrendamiento, aunque aprobó la fiscalización del expediente de gasto. Entre las carencias, decía que la Dirección General de Patrimonio y Contratación no profundizó en aspectos como “el estudio de la necesidad, idoneidad, aspectos económicos o la comparativa de edificaciones similares”. “Estos aspectos deberían haberse desarrollado suficientemente en el Informe Técnico a elaborar por la Dirección de Patrimonio y Contratación, que parece haberse limitado a una descripción del inmueble y régimen urbanístico del mismo”.

Solo dos días después de la firma del arrendamiento, la Comunidad de Madrid lo dejó sin efecto. La Consejería de Presidencia transmitió el 30 de julio “la desaparición de la necesidad que motivó la solicitud de arrendamiento formulada”.

El ático que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso compró en abril por 6,3 millones de euros y que ahora ha puesto en venta tras la polémica se queda, por el momento, sin comprador. Según ha publicado la empresa Planifica Madrid, adscrita a la Consejería de Presidencia y encargada de la operación, la adquisición ha quedado desierta después de que el pasado lunes 7 de septiembre de madrugada expirara el plazo de presentación de las ofertas. El consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García, ha anunciado que “se mantendrá a la venta a través de un procedimiento abierto de adjudicación”.

“Propuesta de declaración de desierto (Lote 2: Madrid-General Martínez Campos)”, figura en el documento del acta de la mesa de contratación, reunida este jueves. El organismo ha decidido “elevar al órgano de contratación de Planifica Madrid la propuesta de declaración de desierto del Lote 2: Madrid-General Martínez Campos, por no haber concurrido oferta alguna al mismo”.

Mejor suerte ha corrido el inmueble de Gran Vía 6, que Planifica Madrid llevaba tiempo intentando enajenar sin éxito hasta ahora. Ese lote estaba compuesto por los “cuatro inmuebles” que están unidos en una única referencia catastral. Según el documento, el inmueble está en una tercera planta que consta de 1.132 metros cuadrados destinados a oficinas y 100 metros cuadrados de elementos comunes. La única oferta presentada es válida, así que la mesa de contratación ha propuesto como adjudicatario al licitador CARTESÓN, S.L, que ha ofrecido 11.850.010 euros.

¿Y ahora qué?

La empresa pública encargada de comprar el inmueble de Chamberí publicó este 7 de agosto el anuncio de venta del ático de lujo ubicado en el barrio de Chamberí por un precio de casi 6,7 millones de euros. En los pliegos se detalla que “en caso de no recaer adjudicación respecto del lote 1 —el de Gran Vía—, una vez transcurrido el periodo señalado anteriormente, la Oferta Pública se convertirá en Oferta Pública Permanente respecto al citado Lote con carácter indefinido mientras que no sea retirada por Planifica Madrid”. Eso quiere decir que el inmueble estará disponible para su venta mientras no haya una adjudicación, sin que se necesite que se vuelva a publicar la oferta. Esto hace alusión al caso de Gran Vía, pero no detalla qué pasaría en el caso del ático de Chamberí, por lo que no podría pasar a ser también Oferta Pública Permanente.

A pesar de que la operación se firmó definitivamente en abril, fue este verano cuando, después de que la polémica estallara, el Gobierno de la Comunidad de Madrid anunció que se vendería el ático. Según aseguró el consejero de Presidencia, portavoz del Ejecutivo y presidente de Planifica Madrid, Miguel Ángel García Martín, el dinero que pretendían obtener iría destinado a la reconstrucción tras los incendios de la Sierra Oeste. Con esta puesta en venta pretendían zanjar el caso. “Está en venta, chao pescao” llegó a decir Ayuso.

Sin embargo, no es tan sencillo destinar ese dinero a la reconstrucción. Habría que esperar al cierre del ejercicio de Planifica Madrid y al reparto de dividendos. Además, existen dudas sobre cuál es el dinero total de beneficio que pueda sacar la Comunidad. Más Madrid ya ha anunciado que llevará al Tribunal de Cuentas el caso. En su denuncia, el partido estima que si se suman esos 6,3 millones de euros de la compra a los impuestos y otros gastos derivados, el total se acercaría a esos casi 6,7 millones de euros de precio de venta. “De realizarse la venta por ese importe podría producirse una pérdida patrimonial”, señalaban en el documento.

Los informes y notas previas a la crisis migratoria que se produjo en Ceuta durante los días 30 y 31 de julio revelan que varios cuerpos dependientes de los Ministerios de Interior y Defensa advirtieron del aumento progresivo de las llegadas a la ciudad autónoma, según se desprende de la desclasificación de documentos realizada por el Gobierno. El CNI alertó justo el día antes, el 29 de julio, sobre una convocatoria en redes sociales que hacía un “llamamiento” para un “asalto” a la frontera. Pero ninguno de estos documentos apuntaba a que fuera de la magnitud que tuvo finalmente, con más de 70.000 personas cruzando a Ceuta desde Marruecos.

En concreto, miembros del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) desplegados en Ceuta comunicaron a través de un mensaje de WhatsApp tanto a la Delegación del Gobierno en la ciudad autónoma como a la Guardia Civil que en redes sociales se estaba promoviendo una convocatoria para entrar a la localidad española coincidiendo con la Fiesta del Trono.

En esa comunicación se hacía referencia al número de seguidores que tenían los grupos que estaban difundiendo dicha convocatoria, y que estaban alojados en Facebook. “En RRSS hay un llamamiento para asalto por valla y mar mañana las 20h”, se lee en esos mensajes. “Tenemos información de un intento de entradas a nado y salto a la valla para mañana, día de la Fiesta del trono”, se añade. “Hay dos grupos diferentes con un total de 180.000 seguidores. Para q te hagas a la idea del alcance de la difusión”, le dijo el CNI a sus interlocutores. También se recoge una llamada de once minutos de la que el delegado del Gobierno, que descarta dimitir, dice desconocer su contenido.

El CNI ha reconocido que no “anticipó la magnitud y naturaleza de lo que terminó ocurriendo el día 30” porque es un fenómeno “inusual” que “no se corresponde con las crisis migratorias conocidas hasta la fecha”, según señalan fuentes del organismo en un comunicado difundido por Moncloa después de la desclasificación.

El Gobierno rebaja su importancia

Desde el Gobierno han respondido que esos avisos “no anunciaban una llegada masiva” sino que se limitaban a informar de que estaba circulando una convocatoria en dos grupos de Facebook. “Ya era conocido por otras instituciones y dista mucho de ser un indicador de escala o probabilidad sólido”, añaden estas mismas fuentes.

El Gobierno dice que “prueba de ello” es que el propio CNI “decidió trasladar esa información por un mero WhatsApp y una llamada telefónica a la Delegación del Gobierno de Ceuta y a la UCE-3 de la Guardia Civil”, en lugar de enviar una “comunicación formal a su cadena de mando ni miembro alguno del Ejecutivo”. “Un organismo que cree que al día siguiente va a producirse una entrada masiva no lo comunica por mensajería instantánea: lo eleva. Esa es su responsabilidad y su competencia”.

En días previos no se apreciaban indicios de una entrada “masiva”

Solo un día antes, el 28 de julio, se puede comprobar que el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras, una unidad de la Policía Nacional, emitió un informe en el que sin embargo no apreció signos que pudieran aventurar lo que ocurrió el día 30. En el caso de la vía marítima, explican que se detectan “señales tempranas” en redes sociales (venta de trajes de neopreno/aletas y relatos de experiencias) sumadas a convocatorias aisladas en grupos de mensajería que aluden a la permisividad del Día del Trono y a la presencia de niebla.

En el caso de la frontera terrestre, “no se aprecian indicadores de inteligencia ni un aumento significativo de interacciones que apunten a la organización articulada de un salto masivo o asalto violento a los elementos físicos de contención en torno al día 30 de julio/ no obstante, se mantendrá la monitorización activa de los grupos de WhatsApp y canales de mensajería detectados, al objeto de identificar de forma temprana una eventual expansión o intensificación de la movilización”, se explicó en el informe, uno de los documentos desclasificados por el Gobierno este miércoles.

Los textos desclasificados proceden de diferentes organismos dependientes de los Ministerios de Interior y Defensa, entre ellos la Policía, a través del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF); la Guardia Civil, a través del Centro de Coordinación del Estrecho (CCOE); el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS). Los documentos publicados han sido revisados y, cuando ha sido necesario, anonimizados para proteger datos personales e información sensible.

La Policía sostiene que los migrantes que entraron a Ceuta se “autoorganizaron”

El Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (Cenif) sostenía en una nota del 31 de julio dirigida a los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla que, según habían podido inferir por las interacciones analizadas, las decenas de miles de personas que entraron a la ciudad autónoma se habrían articulado “mediante un proceso de auto-organización horizontal”.

“Supone un criterio aun mayor de incertidumbre en cuanto a la dificultad de previsión de la magnitud del fenómeno por la imposibilidad de abarcar todas estas comunicaciones. Durante los días 29 y 30 de julio por parte de esta Unidad se han enviado alertas a los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla informando sobre el desarrollo, escenarios y gravedad de este fenómeno”, añaden.

“Por supuesto, yo voy a contar con José Luis [Rodríguez Zapatero], como he contado siempre en las campañas electorales”. Con esas palabras ha contestado este miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al ser preguntado en TVE por Esther Palomera sobre si invitará al expresidente Zapatero a la campaña electoral de las generales de 2027 pese a estar imputado por su presunta mediación en el rescate de Plus Ultra.

Tras recalcar que “la campaña electoral será en 2027”, Sánchez ha querido dejar claro que “tanto la trayectoria como el legado de Zapatero” son “muy importantes para el PSOE y para España”. “Defendemos su presunción de inocencia. Yo creo en José Luis Rodríguez Zapatero”, ha insistido, ante las preguntas tanto de Palomera como de Jesús Cintora. El presidente del Gobierno ha recordado que “hay partidos y medios que creen a personajes” como el empresario Víctor de Aldama, “que llegó a decir que había hecho de chófer” del propio Sánchez. “¿Se le da credibilidad a un delincuente y no a un representante público que tiene todo el derecho a defenderse?”, se ha preguntado.

Sánchez ha asegurado, además, no temer una imputación del PSOE en esa misma causa de Plus Ultra que se investiga en la Audiencia Nacional. “No sé si nos imputarán o no, pero le puedo asegurar que no hay financiación ilegal del PSOE”, ha añadido.

Gran parte de la entrevista en el programa Mañaneros 360 de TVE se ha centrado en dos temas candentes de la actualidad como la decisión del Tribunal Supremo del martes de anular cautelarmente el derecho al voto de los españoles nacionalizados a través de la conocida como 'ley de nietos' y la crisis por la entrada masiva de migrantes en Ceuta, el pasado 30 de julio.

“No estamos a favor ni compartimos la resolución del Supremo”, ha remarcado Sánchez, que ha recordado que la decisión cautelar trastoca la ley de memoria democrática que dio la ciudadanía a los familiares de los exiliados por la Guerra Civil y la dictadura. El presidente del Gobierno ha acusado a las partes que solicitaron esa suspensión del derecho a voto (Vox y Iustitia Europea), pero también al PP de querer “cercenar los derechos de ciudadanía” de españoles, “como hicieron obligándoles a exiliarse”.

El “cuestionamiento de los regímenes democráticos” por parte del PP

A continuación, Sánchez ha recordado que la ley que ahora ha cuestionado el Supremo “lleva en vigor desde 2022” y que “en 2023 hubo unas elecciones generales en las que el PP ganó en el voto exterior”. Así, se ha preguntado “por qué el PP hoy cambia de posición” sobre una ley que lleva años en vigor. “El denominador común es el cuestionamiento de los regímenes democráticos”, ha concluido. El jefe del Ejecutivo ha acusado a las derechas de lanzar por ellos “bulos” sobre supuestos “pucherazos” en esa estrategia de la ultraderecha mundial. Sánchez, en todo caso, ha negado que haya un “choque” institucional entre poderes del Estado y se ha limitado a señalar que lo que existe es una “discrepancia en la lectura de determinadas leyes que se están aprobando en las Cortes”.

Ante lo sucedido en Ceuta, la única autocrítica que ha verbalizado ha consistido en pedir unos servicios de inteligencia más “sofisticados” para poder prever movimientos en redes sociales como los que considera el origen de la crisis alentando la entrada masiva el 30 de julio. “Tenemos que invertir mucho más en el control y el perímetro de la frontera”, ha añadido, antes de reclamar también “infraestructuras de acogida de mayor envergadura”. Se ha presentado, además, como el “presidente que más ha ido a Ceuta” en democracia. “He estado al pie del cañón, hemos estado desde el principio en la crisis de Ceuta”, ha dicho frente a las críticas por su estancia en Lanzarote en agosto, cuando la crisis se prorrogó.

También ha negado cualquier intento de complacer a Marruecos por no responsabilizarle directamente de lo sucedido en la frontera. “Se me podrán criticar muchas cosas, pero he puesto en marcha una política exterior coherente y respetuosa con el derecho internacional”, ha añadido, en alusión a su postura frente a Donald Trump o a la hora de denunciar el “genocidio” de Gaza. “Este Gobierno nunca acepta ningún chantaje porque no tenemos nada que ocultar”, ha dicho, además de recordar que este mismo miércoles “se conocerán todos los papeles y documentos” que el CNI y las Fuerzas Armadas publicaron en agosto sobre Ceuta tras su desclasificación aprobada en el Consejo de Ministros.

Sánchez sí ha adelantado que se trata de “informes de situación” y ha asegurado que, en base a esos documentos, su conclusión es que “los días previos al 30 y 31 de julio se registró un ligero pico en el número de llegadas a nado”. “Pero hablamos de cientos, no de 70.000”, ha señalado. “No se previó en absoluto la llegada masiva de tantos migrantes”, ha zanjado. Y preguntado por una posible visita del rey, Sánchez ha afirmado que “hoy Ceuta necesita del arrope y del cariño de todas las instituciones”, por lo que es “más necesario que nunca que el jefe del Estado visite Ceuta y Melilla”. “Estamos trabajando en fechas próximas”, se ha limitado a señalar, sin concretar más.

“Máxima confianza” en la investigación judicial sobre Ceuta

Sí ha recalcado que tiene la “máxima confianza” en la justicia al ser preguntado por la investigación abierta por la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ante la crisis en Ceuta. Sí ha recordado que es “un hecho objetivo” que Tardón fue concejala dentro de la candidatura del PP en el Ayuntamiento de Madrid. “Ese es un hecho objetivo, pero evidentemente no está reñido el compromiso político coyuntural de una persona con las labores de jueza”, ha respondido. Después ha afirmado que por parte del Gobierno “no hay nada que ocultar” y, por tanto, tienen “máxima confianza” en el proceso.

También ha pedido Sánchez “solidaridad por parte de las comunidades autónomas” a la hora de acoger a menores migrantes, aunque hasta ahora el Gobierno había descartado desplazarlos de Ceuta a la Península. “No descartamos ninguna opción, estamos priorizando la reubicación en Ceuta. El PP si realmente está interesado en resolver y contribuir a la solución de Ceuta le pido más solidaridad y responsabilidad. En este tipo de crisis se necesita altura de Estado. Les pido que arrimen el hombro, que critiquen lo que quieran pero arrimen el hombro”, ha señalado.

En defensa de la gestión del Gobierno, Sánchez ha insistido en que la alternativa a dejar pasar a los más de 70.000 migrantes que se avalanzaron en la frontera hubiera sido “liarse a tiros”. “¿En qué situación estaríamos hoy si la respuesta no hubiera sido la que se dio?”, se ha preguntado. También ha considerado “normal y cotidiano” que la ministra de Defensa, Margarita Robles, se reuniera con el rey y otros mandos militares para hablar de Ceuta, tal y como desveló el martes la Casa Real.

El “aticazo” de Ayuso

Sánchez, además, ha pedido al líder del PP que exija “responsabilidades” a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por la polémica compra del ático de Chamberí. “Entiendo que el señor Feijóo tenga dificultades en hacer lo que hizo el señor Casado, porque vio cuál fue la consecuencia. El señor Feijóo tiene que exigirle a la señora Ayuso responsabilidades”, ha dicho. El presidente ha repasado cronológicamente los hechos y ha dicho que, aunque él no es “detective”, los “indicios” apuntan a que el inmueble era para uso personal de Ayuso. Entre ellos, ha mencionado la puesta en venta en Idealista de su vivienda con González Amador, la entrevista en la que Feijóo contó que ya conocía desde hace meses la intención de hacer un traslado a una oficina por las obras en Sol y la visita al ático de la propia Ayuso.

“Yo creo que son demasiadas huellas que claramente nos indican que a la señora Ayuso se le ha pillado con el carrito de los helados. Quería vivir en Chamberí, no en un ático, en un aticazo, porque son 400 metros, porque además otro de los indicios, que yo creo que es una huella bastante incontestable, es el hecho de que esa vivienda no tenía licencia para oficina, sino para un uso residencial”, ha añadido.

El Gobierno y el ejecutivo ceutí han acordado en el comité para la Situación de Interés para la Seguridad Nacional reunido este viernes un nuevo listado de emplazamientos que den cobertura a las personas que permanecen en las calles de la ciudad autónoma tras entrar el pasado 30 de julio. En el encuentro, presidido por Pedro Sánchez, todos los miembros del órgano han coincidido en la necesidad de condenar unánimemente la violencia para garantizar la convivencia, según informan fuentes de Moncloa, después de varias jornadas de disturbios y violencia contra los migrantes que continúan en la playa ante la falta de espacios en los que pernoctar.

El jueves por la tarde, por segundo día consecutivo, decenas de ceutíes destrozaron las pocas pertenencias que tienen las personas que permanecen en la playa y quemaron una parte de los asentamientos después de haber intentado impedir el reparto de comida por parte de la Cruz Roja. Ocurrió algo similar el miércoles, cuando centenares de ceutíes se dirigieron a la zona e intentaron echar a los migrantes que duermen a la intemperie lanzando sus cosas al agua, obligando a intervenir a la Policía. Unas horas después, durante la madrugada, las autoridades informaban también de la detención de 12 personas por apedrear un vehículo con cuatro militares.

El presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, se opuso a que los polideportivos de la ciudad se incluyeran en el catálogo bajo la amenaza de atrincherarse —“Me tendrán que sacar de ellos”— y el Gobierno aceptó sacarlos, por lo que se rehará el listado completo de espacios que pueden utilizarse para las acogidas.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha cifrado este viernes en el Congreso en 5.000 las personas que continúan en la ciudad autónoma. A ese balance se suman los 1.500 menores no acompañados que la Policía Nacional ha localizado, identificado y puesto a disposición del Gobierno de la ciudad autónoma, que es la administración competente para su tutela. Mientras, el Ministerio de Infancia continúa buscando soluciones para el caso de las niñas y adolescentes migrantes.

El titular de Interior ha sido uno de los últimos en comparecer esta semana para dar cuentas en el Congreso de la gestión de la crisis humanitaria en un día marcado por los episodios de violencia en Ceuta. Marlaska ha calificado la situación de “extraordinaria” y comprensiblemente preocupante, pero ha recalcado que “la violencia no es en modo alguno el camino”.

La intervención del diputado del PP Javier Celaya, originario de Ceuta, ha sido para sumarse a la petición de serenidad. “Quien piense que con la violencia (...) ayuda a Ceuta, se equivoca completamente. Lo único que está haciendo es dar alas a aquellos que pretenden señalar a los invasores como víctimas, cuando las verdaderas víctimas somos los ceutíes”, ha afirmado. La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha dicho en una entrevista que “nadie justifica la violencia” pero, a continuación, ha añadido que el Gobierno debe ser “consciente” de que la tensión a la que “están sometidos” los vecinos es “por su incapacidad y su ineficacia”.

Este fin de semana se ha sumado un nuevo elemento a la polémica del ático de lujo comprado por la Comunidad de Madrid que ha marcado la actualidad política este verano. Alberto Núñez Feijóo ha asegurado en una entrevista con Europa Press que se le comunicó en abril que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso buscaba un sitio para “un traslado temporal” del equipo de secretaría y gabinete de Presidencia mientras duraran las obras de Sol. Y, además, ha dicho que será Patrimonio de la Comunidad de Madrid quien “tendrá que explicar por qué compró un local que no se puede destinar a oficina”.

La reunión “informal” en abril

Lo que dice Feijóo: El presidente del PP señaló en la entrevista que en abril se le invitó a una reunión “informal” con el Gobierno de la Comunidad de Madrid en Sol y allí se dijo que se iban a hacer “obras de remodelación” en la sede de la Presidencia. “Lo hemos hablado con el Gabinete de la presidenta y concuerda la información que se nos dio, 'efectivamente, estábamos buscando locales, se ha encontrado ese local'”. De forma posterior, Borja Semper no ha aclarado quién se lo comunicó a Feijóo ni si estaba presente la baronesa del PP en ese momento.

Lo que dice Ayuso: La presidenta autonómica no ha hecho alusión sobre ninguna reunión “informal” con Feijóo en la que se le haya informado de nada. Este mismo lunes, a preguntas de la prensa, Ayuso ha evitado responder sobre esto. El 29 de julio, cuando El País publicó la compra del ático de lujo, la presidenta autonómica aseguró que no le competía a ella responder sobre la operación. “La compra sé que reciente y a partir de aquí no sé ni cómo se cuenta ni cómo se comunica, porque yo ni cuento ni comunico todo lo que compra o vende eh planifica Madrid y mucho menos en este caso porque no es mía ni es para mí”, dijo entonces.

Las obras de Sol y el traslado del “despacho de la presidenta”

Lo que dice Feijóo: Ha asegurado que le comunicaron que se iban a hacer “obras de remodelación” porque “había problemas” con las cañerías, el aire acondicionado o la conservación el edificio. Fue ahí cuando le explicaron que se estaban “buscando lugares” para trasladar durante la obra “el despacho de la presidenta y de los seis, siete u ocho puestos” de su “secretaría y atención de Gabinete”.

Lo que dice Ayuso: Durante la rueda de prensa de Ayuso del 29 de julio, la presidenta confirmó las obras y habló sobre una “reforma integral del edificio” por “daños estructurales”, mencionando la climatización. “No sé si yo me quedaré en la consejería de presidencia o transportes, y es el consejero el que se va para allá”, dijo entonces. Ha sido el pasado 7 de agosto cuando la Comunidad de Madrid publicó el contrato para el diseño de las futuras obras, adjudicado a la empresa Pombo Estudio S.L.

En la memoria de justificación del proyecto, que es el paso previo para las obras, aparece como fecha de adjudicación del contrato el 16 de julio y se establece como objetivo “modernizar y adecuar a la arquitectura singular del edificio la imagen institucional”, para lo que “se requiere una adaptación y rehabilitación de las diferentes estancias dentro del edificio, debiendo encontrarse a la altura de la estética exigida por la Consejería de Presidencia”.

En el contrato se indica que las obras estarán destinadas a la restauración de la carpintería interior, a la recuperación y adecuación de suelos, techos y paramentos verticales (paredes). El estudio tiene la obligación de conservar, respetar e integrar la colección de obras de arte que alberga la zona noble y tendrá que proponer también el nuevo mobiliario. Afecta a tres zonas: la planta baja (los patios interiores), los accesos y el ala norte de la segunda planta, donde se encuentran la zona Presidencial, el Salón Institucional, el Salón Canalejas y la Sala de Consejo de Gobierno.

“Patrimonio tendrá que explicar por qué compró un local que no se puede destinar a oficina”

Lo que dice Feijóo: “Es evidente que Patrimonio de la Comunidad de Madrid tendrá que explicar por qué compró un local que no se puede destinar a la oficina con el interés de que se de que se ubica una oficina. Eso es todo”, dijo el líder del PP sobre la compra de ese inmueble.

Lo que dice Ayuso (y su equipo): Tanto el 29 de julio como en comparecencias posteriores, Ayuso ha dicho no tener información sobre cómo o por qué se realizó la compra —para la que se exigió confidencialidad— por parte de la empresa pública Planifica Madrid, de la Consejería de Presidencia. “Planifica Madrid a lo largo de todo el año compra y vende inmuebles. Y de ello no tengo la menor idea porque no es mi competencia saberlo. Sí que estén los consejeros de cada organismo encima de ello y que no se pierda patrimonio, que no se pierda dinero”, dijo la presidenta madrileña. Este lunes ha insistido en que no tiene más explicaciones que dar: “No se puede estirar más el chicle”.

El inmueble no puede ser oficina según la normativa del Ayuntamiento de Madrid, que impide convertir en una dotación pública un noveno piso de un edifico residencial en el barrio de Chamberí donde se encuentra. Preguntada explícitamente sobre si la normativa no prohibiría el albergar en el ático unas oficinas, Ayuso respondió de nuevo haciendo alusión a que es Planifica Madrid quien “reorganiza el patrimonio” de la Comunidad de Madrid, a través de la compra y venta de inmuebles.

Este lunes, al ser preguntada por las palabras de Feijóo, Ayuso ha asegurado que se trata de un “inmueble destinado a oficinas que además puede albergar despachos y que está en un proceso de venta”.

La residencia oficial para presidentes

Lo que dice Feijóo: “A mí no me parece incorrecto en ningún caso que haya residencias para los presidentes de comunidades autónomas”. “Absolutamente razonable” y “útil”, lo ha calificado.

Lo que dice Ayuso (y su equipo): El pasado 17 de agosto, Ayuso aseguró que ni ha “necesitado” ni “ha pedido” una residencia oficial. “No la voy a necesitar a 10 meses de unas elecciones”, dijo. Anteriormente, su consejero de Presidencia, portavoz del Ejecutivo autonómico y presidente de Planifica Madrid, Miguel Ángel García Martín, insistió en la idea de que el ático no era para uso personal de Ayuso y añadió: “Lo que no se dice es que Madrid no tiene una residencia oficial para la presidenta, que sí la tienen muchos presidentes autonómicos, que la tienen la mitad de los ministros”.

La respuesta de Ayuso: “Chao pescao”

Este mismo lunes le han preguntado a la líder madrileña por su opinión sobre las declaraciones de Feijóo de este fin de semana. No ha querido dar más detalles acerca de la reunión informal con el líder de su partido, insistiendo en que el ático ya está puesto en venta. “Está en un proceso de venta, chao pescao”, ha zanjado.

Un juzgado madrileño tiene en sus manos cinco denuncias relacionadas con la compra de un ático de lujo en Chamberí por parte de la Comunidad de Madrid hace tres meses. Ya ha abierto diligencias, pero todavía tiene que pronunciarse sobre la admisión o no de esas acciones legales, según las fuentes consultadas por elDiario.es. Y, al mismo tiempo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha redoblado sus ataques contra el Gobierno mientras espera que se diluya la polémica.

La dirigente madrileña no tenía prevista ninguna aparición oficial en la agenda de la semana pasada ni de esta, pero acudió por sorpresa a varias visitas de sus consejeros a pueblos afectados por los incendios. El miércoles de la semana pasada lo hizo para señalar, desde el municipio de Villa del Prado, al titular de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, como el responsable de dar explicaciones de la operación inmobiliaria. La líder madrileña, que justificó la adquisición del ático cuando El País publicó la primera noticia, cambió su discurso para defender que “lo mejor desde el primer minuto” era “venderlo” y asegurar que “no se entendería” que el dinero se dedicara a otra cosa que no sea la reconstrucción tras los incendios. De momento, estas son las últimas explicaciones públicas de Ayuso sobre el inmueble comprado por la empresa pública Planifica Madrid.

El hartazgo de la baronesa del PP con las cuestiones vinculadas a la adquisición del inmueble lo hizo patente ella misma dos días después, el viernes. “¿Por qué no preguntan una sola vez por la gente afectada por los incendios?”, espetó a la prensa desde Aldea del Fresno, cuando los medios acudieron a un acto que la Comunidad de Madrid pretendía que fuera solo con “cobertura gráfica”, es decir, sin preguntas de los periodistas a la presidenta. “Estamos dejándonos la piel, ayudando a la gente que lo está pasando tan mal, tengan la sensibilidad de disimular al menos y preguntar qué vamos a hacer”, reprochó ante los medios.

Pasado el fin de semana, este lunes acudió al municipio de Villa del Prado para conocer los daños ocasionados por los incendios en explotaciones agrícolas junto al consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo. Pero ahí hizo una intervención de siete minutos sin preguntas, de los cuales cuatro minutos y medio fueron para anunciar ayudas para recuperar las explotaciones de la zona y el resto los dedicó a la crisis de Ceuta.

Asegura que se ha prohibido la entrada en España a los italianos

“Y luego, en otro orden de cosas, sobre política nacional...”. Con esta frase, Ayuso dio pie a una intervención para hablar del “desprestigio internacional” provocado por un presidente del Gobierno “incapaz de defender nuestras fronteras” con una “política de inmigración descontrolada”. También habló del mal trato que “se le está dando a los italianos” con la implementación desde el sábado pasado de la misma medida que el Ejecutivo de la ultra Meloni aplica a España desde la crisis de Ceuta: un control aleatorio de identidad a los viajeros –pasaporte– y, en caso de nacionales de terceros estados, el permiso de residencia.

El sábado llegó a decir, falsamente, que se había prohibido la entrada en España a todos los italianos. “Dejamos entrar a más 70.000 personas ilegalmente solo por Ceuta y prohibimos la entrada a los italianos, país hermano que invierte y aporta a España. Espectacular esto de dar la espalda a Occidente”, se quejó en un tuit. Las medidas fronterizas consisten en controles, no en la prohibición de entrada en el país, y según los últimos datos actualizados el lunes, en el Aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid Barajas afectó a cinco vuelos y 223 nacionales de terceros países. El balance en toda España es de 1.033 pasajeros identificados de 58 vuelos.

En sus redes sociales también se puede ver el esfuerzo para citar temas de política nacional y diluir la conversación sobre las dudas en torno al ático. Un día antes del mensaje sobre Italia, lamentaba que España está “aislada de la UE, de EEUU y de Occidente”. Antes, defendía que la Comunidad de Madrid es “siempre la región que más aporta al conjunto de España” y el discurso de la izquierda contra sus rebajas de impuestos (o “el rollo del dumping fiscal”, en palabras de Ayuso) significa que “el Gobierno de Sánchez” quiere sacar a la Comunidad “aún más dinero y asfixiar a impuestos a los madrileños”.

Detalles de las obras y la venta, el viernes por la tarde

El portal de contratación de la Comunidad de Madrid publicó el viernes por la tarde dos expedientes sobre los que todavía había muchas incógnitas: las obras de la sede de la Puerta del Sol y la subasta de los inmuebles de Chamberí y Gran Vía.

El contrato adjudicado para la reforma no es el de las obras, sino el diseño y redacción del proyecto. Se le ha dado de forma negociada y sin publicidad —a dedo— a Pombo Estudio S.L., el estudio de Alejandra Pombo, prima de la influencer María Pombo, por 59.000 euros. Según los documentos del portal de contratación, a partir de la fecha de la firma hay un plazo de tres meses para tener listo el proyecto. Luego habrá cuatro meses para la tramitación de la licitación y adjudicación del contrato de obras, así como la obtención de licencias, y otros doce para la ejecución de las obras. El presupuesto estimado para los futuros trabajos es de 1.649.495 euros.

A la vez, Planifica Madrid ponía a la venta los dos lotes con el ático de la calle General Martínez Campos por 6,7 millones de euros y el otro inmueble de Gran Vía 6 por 11,8 millones. Ese es el dinero que, en caso de que consiga comprador, iría destinado a las tareas de reconstrucción. Podría no ser tan fácil dado el precio y teniendo en cuenta la experiencia del año anterior con el mismo piso de Gran Vía, cuya subasta quedó desierta. Además, la operación tiene matices: Planifica Madrid es una sociedad mercantil de carácter público, por lo que no puede transferir fondos de forma directa a la Comunidad de Madrid. La fórmula para hacerlo es con el reparto de dividendos, para lo que habrá que esperar al cierre del ejercicio.

La oposición pide que dimita

La del PSOE es una de las denuncias que ahora estudia la Justicia sobre el inmueble. El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y líder socialista en la Comunidad de Madrid, Óscar López, cree que la presidenta madrileña ha lanzado “una montaña de mentiras” para explicar la compra de este inmueble, y que ha dado “versiones cambiantes y ninguna explicación coherente” sobre el asunto.

“Aquí lo que hay es cara dura porque la señora Ayuso ha decidido que los madrileños paguen su vida padre y falsedad porque no ha parado de mentir, no ha parado de cambiar versiones”, señalaba este mismo lunes López, que también ha pedido que dimita. El socialista sostuvo que se podrían haber cometido delitos de “malversación” de caudales públicos y “prevaricación” por parte de la Comunidad. López declaró también que está “deseando ver lo que pone” en el contrato que firmó el Ejecutivo autonómico por la compra del piso en Madrid, y pone en duda la necesidad de comprar con fondos públicos “un superático de lujo de 400 metros más 200 de terraza en Chamberí”.

Por parte de Más Madrid, Manuela Bergerot, portavoz de la agrupación en la Asamblea de Madrid, aseguraba hace unos días en X que “alguien tiene miedo de acabar entre rejas” después de que la Comunidad anunciara la venta del ático por más de seis millones de euros. A través del perfil de Más Madrid en la misma red social, la agrupación cargaba contra la presidenta autonómica: “El viernes echaba la bronca a la prensa por preguntarle por el aticazo. Hoy ha vetado las preguntas a la prensa para que no descubramos quién le paga la vida de ricachona”.

Manuela Bergerot exigía hace unos días la comparecencia del consejero delegado de Planifica Madrid y del consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, para dar explicaciones sobre la compra del inmueble en Chamberí. “Ante el silencio, las contradicciones y los balones que está echando fuera la presidenta hemos registrado una ofensiva parlamentaria de iniciativas para conocer toda la información que está demandando la ciudadanía madrileña”, argumentaba.

La portavoz de Más Madrid quiere “fiscalizar toda la actividad” de Planifica Madrid y de “todo lo que tiene que ver con la compra de un ático que ha costado a los madrileños 6,3 millones de euros”, y saber “quién, por qué y cómo” desde la Comunidad de Madrid decidieron poner en venta el piso 48 horas después de que se hiciera pública la noticia de la adquisición del inmueble.

La crisis humanitaria y el desborde de los servicios tras la llegada de 72.000 personas a Ceuta desde Marruecos, de las que quedan al menos dos millares en la ciudad autónoma, han sido la tormenta perfecta para que Vox intente plantar de nuevo la semilla de la “prioridad nacional”. La ultraderecha lleva una semana difundiendo que los niños y adolescentes deben “deportarse” y que “los recursos de los españoles” tienen que ir “a los españoles”, un discurso trufado con otros mensajes de dirigentes que defienden “cazar a los inmigrantes” o llaman a los menores “menesterosos jamás integrables”.

El último movimiento de Vox ha sido el de anunciar su plante a la reunión de la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia, convocada para el jueves, en representación de las tres comunidades donde tienen estas competencias: Castilla y León, Extremadura y Aragón. Se trata de un encuentro de carácter técnico —con las direcciones generales de Infancia de las autonomías, no con los consejeros— y preparatorio de la Conferencia Sectorial en la que se tratará el crédito extraordinario de 25 millones de euros para la atención de los menores. Había dudas sobre la postura del PP, pero las han despejado este lunes: ellos sí se sentarán a la mesa a “escuchar” después de que el presidente de Ceuta, de su propio partido, haya reclamado estos días “solidaridad” y más recursos económicos para la ciudad autónoma.

Precisamente es la partida de 25 millones la que ha utilizado Vox para relanzar sus mensajes contra las personas migrantes. En los últimos días, el líder de la formación, Santiago Abascal, ha dibujado un país en el cual las personas extranjeras parecen ser privilegiadas frente a las españolas. Entre otras cosas, ha asegurado que los ciudadanos de España (“nuestros compatriotas”) están “haciendo cola” en los hospitales porque el Gobierno “da absoluta prioridad a la fuerza invasora de Mohamed” y ha lamentado que los niños y adolescentes que están sin sus familias supuestamente reciban mejor comida que los militares.

“Esta es la demostración de que el Gobierno está con los invasores... y maltrata a los que nos tratan de defender. Han construido todo un negocio para premiar la invasión y castigar la resistencia”, ha argumentado.

El eurodiputado Hermann Tertsch ha ido un paso más allá al decir que en Marruecos “hay hoy probablemente menos peligro de guerra que en España” y allí “no crece la pobreza infantil como en la España de Sánchez” para defender que los menores deben volver con sus familias. En la España de la que habla Vox hay “muchos españoles sufriendo privaciones inauditas” mientras el Gobierno “criminal” promueve “la invasión de más menesterosos y jamás integrables”, en palabras de Tertsch.

Desde Vox también han hecho un cálculo, que no se corresponde a la realidad, en el cual dividen de forma directa el dinero total de la partida extraordinaria de 25 millones de euros que se va a destinar a la atención urgente entre “mil menas” y lo traducen como “25.000 euros por mena”. Después se preguntan “cuántos niños españoles en situación de pobreza”, “huérfanos” o “discapacitados” podrían recibir ese dinero.

No dan los números para investigar a Sánchez por “traición”

Otra de las campañas que ha iniciado la extrema derecha es “promover” la activación del artículo 102 de la Constitución “para investigar a Sánchez y a su Gobierno por posibles delitos de traición y contra la seguridad del Estado”. Ese artículo recoge que la Sala de lo Penal del Supremo es quien tiene la competencia para exigir la responsabilidad criminal del presidente cuando la acusación se refiera a los delitos antes mencionados. En realidad, Vox no puede hacer nada solo: el procedimiento exige que la iniciativa sea presentada por, al menos, una cuarta parte de los miembros del Congreso y que sea aprobada por mayoría absoluta de la Cámara. En el PP no han respondido, al menos por el momento, a este guante tendido por la extrema derecha.

El número de menores que terminarán en el sistema de acogida todavía no se conoce. El cauce que prioriza el Gobierno es que, en caso de que se pueda confirmar que el menor tiene familia, se habiliten las vías para enviarlo junto a sus parientes. Si eso no ocurre, se busca acogida al niño en las instalaciones de alguna de las ONG que colaboran con las administraciones o, en su caso, en el sistema de otra comunidad. Las autonomías no tienen la capacidad de negarse a acoger a los menores que les correspondan por ley, pero sí pueden recurrir cada expediente, que es justo lo que ha anticipado Vox.

Los de Abascal han mandado cartas a la ministra Sira Rego en las que afirman que no pueden aceptar un traslado a sus sistemas de acogida mientras “no se haya acreditado la previa tramitación y resolución de los procedimientos individualizados legalmente exigibles para determinar su situación jurídica mediante resolución firme” y avanzan que impugnarán por la vía judicial “todos y cada uno de los expedientes individuales que no finalicen con el retorno a Marruecos”.

La posible distribución en el sistema de acogida coincide con la nueva ofensiva de los ejecutivos de coalición entre PP y Vox contra los menores y el señalamiento a las ONG, a las que llegaron a apuntar como “colaboradores” de la “invasión”. En las últimas semanas, la Fiscalía ha abierto una investigación por la decisión del Ejecutivo de Aragón de retirar la asignación semanal de 17 euros a los menores de los Centros de Atención Inmediata a la Infancia Migrante (CAIIM) y Centros de Atención Temporal a la Infancia Migrante (CATIM) de Peralta de la Salt, Torrero y Movera, recursos en los que únicamente residen menores extranjeros.

Además, la Fiscalía del Supremo tendrá que dar respuesta a la denuncia de Compromís contra el parlamentario de Vox José María Figaredo por decir en un programa de televisión que a los inmigrantes “hay que ir cazándoles uno a uno y eso se ha hecho”. El diputado de Compromís-Sumar y portavoz adjunto del grupo en el Congreso Alberto Ibáñez entiende que las manifestaciones de Figaredo podrían constituir un delito de odio.

España vuelve a ir al choque con Italia. El Gobierno ha decidido este viernes imponer de manera temporal controles en las fronteras interiores de puertos y aeropuertos para los desplazamientos procedentes de este país en respuesta a la negativa del Ejecutivo de Giorgia Meloni de levantar los suyos, reintroducidos desde la crisis de Ceuta.

Estos controles fronterizos estarán operativos a partir de las 00:00 horas de este sábado 8 de agosto, y consistirán en el control de identidad –pasaporte– y nacionalidad de los viajeros y, en caso de nacionales de terceros estados, visa permiso de residencia, según explican fuentes de Moncloa.

Estas medidas se practicarán de manera aleatoria y estarán en vigor hasta las 00:00 horas del próximo 7 de septiembre, salvo que haya “un cambio en las circunstancias” que han motivado su adopción.

El día ha sido un cruce de comunicados. El primero del Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez llegó al mediodía, con un ultimátum: fuera los controles en Italia a viajeros que proceden de España o se tomarán “medidas proporcionales”. Meloni replicó unas horas después, elevando el tono. No solo decidió que mantendría las restricciones, sino que respondió a España que “no acepta ultimátums ni imposiciones del extranjero en materia de seguridad nacional y control de fronteras”.

Dado que Italia conservará esas medidas hasta tener la seguridad de que “no habrá inmigrantes irregulares dirigiéndose hacia territorio europeo”, España ha respondido en torno a las 21.00 que aplicará las mismas medidas “ante la persistente presión migratoria irregular que sufre el país transalpino”.

Una medida que España ve injustificada

El choque entre ambos países, vecinos y socios europeos, se desató tras la entrada en suelo español de 72.000 personas por la frontera entre Marruecos y Ceuta. En plena crisis y con la ciudad autónoma colapsada, Italia promovió un escrito de varios gobiernos de la UE para reprender la política migratoria del Ejecutivo de Sánchez y llegó a plantear incluso la exclusión española del espacio Schengen de libre circulación. España recibió ese movimiento como una declaración de hostilidades y una deslealtad.

“Italia es, según Frontex, el Estado Miembro que más cruces irregulares ha registrado en los últimos años, con cifras que han llegado a duplicar las de España. Desde el año 2022, Italia no cumple el Reglamento de Dublín, generando una carga adicional de la presión migratoria al resto de Estados Miembros. A pesar de lo anterior, España nunca ha introducido controles para Italia. De hecho, siempre se ha mostrado solidaria con ella, acogiendo parte de los migrantes que llegaron a Lampedusa en 2023 y abriendo sus puertos de forma recurrente a migrantes que son rescatados en la ruta del Mediterráneo central”, recriminó este viernes el Gobierno español en el mismo escrito de advertencia a Meloni.

La Comunidad de Madrid acaba de publicar este viernes por la tarde el anuncio de venta del ático de lujo de 485 metros cuadrados de Chamberí por 6,69 millones de euros a través de la empresa pública Planifica Madrid. El documento ha sido subido a la página web de contratación pública y cuenta con dos lotes: uno con el ático de la calle General Martínez Campos y otro con el otro inmueble de Gran Vía 6, que pone a la venta por 11,8 millones de euros. Aquí se pueden consultar imágenes y planos de ambos inmuebles.

El documento está firmado por Pedro Corbalán Ruiz, el actual consejero delegado de Planifica Madrid, la empresa pública dependiente de la Consejería de Presidencia que adquirió el ático, a fecha de este mismo viernes a las 17:27 horas.

La compra se produjo el pasado mes de abril por 6,3 millones de euros, aunque ha sido esta pasada semana cuando ha salido a la luz tras la publicación de El País de la operación. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso justificó la necesidad de la operación para realizar “reuniones” oficiales debido a unas obras de la Puerta del Sol, sede de la presidencia del gobierno autonómico.

Posteriormente, la Comunidad de Madrid rectificó y aseguró que iba a poner en venta tanto este ático como otros inmuebles de Planifica Madrid y que destinaría el total a la recuperación tras los incendios de la Sierra Oeste. El consejero de Presidencia y portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Ángel García Martín, estimó en unos 20 millones el dinero total que obtendrían de estas operaciones.

Planifica Madrid es una sociedad mercantil de carácter público, por lo que no puede transferir fondos de forma directa a la Comunidad de Madrid —propietaria de la entidad— después de una maniobra de venta como la que se ha anunciado. Para que llegue el dinero, el Gobierno de Ayuso debe esperar al cierre de las cuentas del año y comprobar que el resultado y la cuenta de pérdidas y ganancias arroja beneficios. Solo entonces, siempre que no haya ninguna deuda subordinada ni preferente, se puede aprobar un reparto del dividendo.

Hasta la fecha no se conocía por cuánto dinero se pondría a la venta el inmueble, así como tampoco, por el momento, se puede acceder a través de Transparencia al expediente de compra del mismo, por el que se pagó 6,3 millones de euros, según confirman desde la Consejería de Presidencia. La empresa pública exigió confidencialidad al vendedor antes incluso de la visita, según explicaron fuentes conocedoras del proceso a elDiario.es.

Planifica Madrid también pone a la venta por 11.823.604 euros otro lote, como había anunciado, compuesto por los “cuatro inmuebles” de Gran Vía que están unidos en una única referencia catastral. Esta empresa pública lleva meses intentando enajenar este otro inmueble situado a diez minutos a pie de la Puerta del Sol, tal y como contó elDiario.es. Según el documento, el inmueble está en una tercera planta que consta de 1.132 metros cuadrados destinados a oficinas y 100 metros cuadrados de elementos comunes.

La ficha del organismo lo describe como un “edificio de planta trapezoidal sobre un extenso solar con fachada a tres calles, distribuido en torno a dos patios irregulares” construido por los arquitectos José María Mendoza Ussía y José de Aragón Pradera para la familia Urquijo, que lo destinaron a viviendas. “Las fachadas muestran gran plasticidad y una sobriedad mayor que en otros edificios de este primer tramo de la Gran Vía”, dicen.

Según especifican en el documento, “los requisitos de solvencia económica y financiera se acreditarán por los licitadores” a través de la presentación de un informe o certificado de Instituciones Financieras.

Precisamente hace solo unas horas, el portal de contratación de la Comunidad de Madrid también publicaba el contrato para el diseño de las futuras obras de su sede en la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol. El expediente recoge un contrato adjudicado y negociado sin publicidad a la empresa Pombo Estudio S.L. por 59.000 euros para el “diseño, redacción de proyecto y dirección facultativa, obras de adecuación de espacios en Real Casa de Correos”.

El diputado de Compromís-Sumar y portavoz adjunto del grupo en el Congreso Alberto Ibáñez ha presentado una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Supremo contra el parlamentario de Vox José María Figaredo por afirmar en televisión que hay que “cazar a los inmigrantes uno a uno” y “devolverlos” a Marruecos.

El también secretario general del grupo parlamentario de la extrema derecha dijo en una entrevista frases como “hay que ir cazándoles uno a uno y eso se ha hecho”, “cazarlos, pescarlos, uno a uno, a todos” o “hay que ir uno a uno. Pam, pam, pam”. “Tales expresiones no fueron fruto de un lapsus, sino que constituyen una conducta reiterada, consciente y deliberada, manteniendo el término empleado incluso tras requerimientos de matización”, señala Ibáñez en la denuncia, a la que ha tenido acceso elDiario.es.

El diputado de Compromís-Sumar cree que sus palabras implican “una deshumanización explícita del colectivo migrante”, reforzada por expresiones como “pam, pam, pam”, que “evocan el uso de violencia letal”. “El denunciado extiende dichas afirmaciones de forma indiscriminada a todo un colectivo, incluyendo personas menores de edad no acompañados, respecto de las cuales manifiesta igualmente su rechazo, contraviniendo los estándares internacionales de protección de la infancia”, argumenta.

Considera asimismo que en la situación actual, en la que “se han detectado episodios de violencia y patrullas vecinales” contra personas migrantes, este tipo de declaraciones podrían aumentar el riesgo de que se legitime la violencia o incluso pueda ser “catalizador” de agresiones o conductas discriminatorias.

Ibáñez sostiene que, por todo lo anterior, las manifestaciones de Figaredo podrían constituir un delito de odio según el Código Penal, en la medida en que “incita públicamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia” contra un grupo “por razón de su origen nacional, etnia o religión”, difunde mensajes que promueven la exclusión social y la deshumanización, y emplea expresiones “que implican grave menosprecio y humillación, favoreciendo un clima de hostilidad”.

Poco después de que el presidente del PP de Ceuta, Juan Jesús Vivas, declarase que esperaba que los pactos con Vox no “complicasen” el cumplimiento de la ley para la acogida solidaria de menores migrantes entre comunidades, Santiago Abascal replicaba que “ni un euro de los españoles” debe destinarse a los “menas” —como dice Vox despectivamente—, a los “invasores” y a las mafias.

El anuncio del Gobierno para impulsar una partida extraordinaria de 25 millones de euros dedicados a la atención de los niños y adolescentes que se encuentran solos en Ceuta ha provocado la reacción airada de Vox y un relanzamiento de sus tesis sobre lo que llaman “prioridad nacional”. “Los falsos menas deportados. Los niños a casa con sus padres. Los recursos de los españoles para los españoles”, han replicado, mientras la ciudad ceutí trabaja contra reloj para habilitar más instalaciones y atender a parte de los menores que siguen fuera de los recursos de protección.

La futura distribución solidaria de los niños y adolescentes en la red de acogida de las comunidades autónomas anticipa un conflicto entre los ahora socios de coalición en cuatro comunidades: Andalucía, Aragón, Extremadura y Castilla y León. Vox ocupa las vicepresidencias de las cuatro, además de ostentar competencias de servicios sociales en varias de ellas, y ya ha manifestado su negativa. El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, afirmaba este miércoles que todos los ejecutivos en los que esté Vox se opondrán “a todo reparto de menas que plantee el Gobierno de Sánchez” porque “lo ocurrido en Ceuta es una invasión”. Desde el Gobierno han recordado que, en cualquier caso, las comunidades no pueden negarse y lo único que sí podrían hacer es recurrir cada expediente, algo que podría retrasar los traslados unos pocos días.

Este jueves, el secretario general del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, José María Figaredo, daba por hecho que los populares también rechazarán el reparto en el sistema de acogida: “Las conversaciones que hemos mantenido es que se van a oponer”. Añadió que el Gobierno “sabe perfectamente” que lo que “tiene que hacer” es “devolverlos ya a Marruecos” con sus familias e insistió en que desde las coaliciones harán todo lo que esté en su mano para evitar la llegada de los niños, como recogen sus pactos con el PP.

El PP se enreda y asume que tendrán que cumplir la ley

La estrategia del PP nacional estos días ha pasado por elevar la responsabilidad al Gobierno y evitar afirmar de forma directa que atenderán a los menores, pese a las peticiones de “solidaridad” tanto de Vivas como del presidente de Melilla, Juan José Imbroda. “Yo comprendo a mis compañeros, entiendo que ahora mismo habrá que hacer un gesto de solidaridad y entiendo que hay un real decreto que habrá que cumplir”, desarrollaba Imbroda, en una línea similar a la de Vivas, dos días después de que el secretario general de su propio partido, Miguel Tellado, pidiese al Gobierno el regreso de todos —adultos y niños— a sus países de origen en unas declaraciones en las que habló de “avalancha”, un lenguaje habitual en la ultraderecha.

No habían pasado ni 24 horas de las palabras de Tellado y la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del partido, Alma Ezcurra, ya salió a matizar que el PP va a “cumplir la ley” y “estar de lado de los ceutíes”, una idea en la que también incidió este jueves el vicesecretario de Política Autonómica y Municipal, Elías Bendodo. Ezcurra pidió que el reparto, en caso de producirse, sea “justo, planificado y con el Gobierno asumiendo la responsabilidad de sus propios actos” en una entrevista en la que sí distinguió con claridad la situación de los adultos y la de los niños y adolescentes. Preguntada por las palabras de Abascal en contra de dar “ni un euro” a las personas migrantes, la dirigente del PP respondía que “es libre de expresar sus opiniones y sus ideas políticas como lo estime oportuno”. “Nosotros no nos expresamos en esos términos y no lo vamos a hacer nunca”, añadía.

La realidad es que, mientras el presidente popular de Ceuta pide solidaridad, los cuatro pactos de coalición autonómicos rubricados por PP y Vox recogen de forma expresa el compromiso a oponerse “por todos los medios legales, jurídicos y políticos a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales”. El párrafo es el mismo en los cuatro documentos, encabezado por la frase “No más menores extranjeros no acompañados (MENAS)”. Y luego se añade: “Rechazo frontal a la política inmigratoria del Gobierno central y a la llegada de más inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad. El Gobierno [de cada comunidad] rechazará de forma expresa la política inmigratoria del Gobierno de Pedro Sánchez y se opondrá por todos los medios legales, jurídicos y políticos a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad”.

Los documentos finalizan con el compromiso de que el ejecutivo autonómico “no participará en ningún caso en reformas normativas ni acuerdos presupuestarios destinados a facilitar, financiar o consolidar su entrada, acogida o permanencia” en el territorio. En el caso de Andalucía, ese acuerdo incorpora un cambio al final y afirma que no habilitará “nuevos centros” ni creará “plazas en los existentes”, así como reducirá “el gasto en esta materia al mínimo imprescindible”. La Junta de Andalucía “cumplirá el marco legal vigente en lo referido a llegadas de inmigrantes ilegales a las costas andaluzas”, añade.

En realidad, en este momento todavía no es posible saber cuál es la cifra total de menores que terminarán en el sistema de acogida. Primero se tiene que celebrar una entrevista con cada niño y adolescente que permanece en Ceuta para determinar su situación. Si se puede verificar que tienen familia que les esté reclamando, se habilitarán las vías para enviarlo con ella. En caso de que no, se buscará acogida en las instalaciones de alguna de las ONG que colaboran con las administraciones o, en su caso, en el sistema de acogida de otra comunidad.

De los argumentos que utilizó hace una semana la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para defender la compra de un ático de lujo en Chamberí por parte de la Comunidad de Madrid ya queda muy poco. Si en aquel momento justificó que era necesario para llevar a cabo “reuniones” durante las obras en la sede del Ejecutivo en la Puerta del Sol, ahora ha pasado a defender la pertinencia de venderlo y asegurar que “no se entendería” que el dinero se dedicara a otra cosa que no sea la reconstrucción tras los incendios.

“Lo mejor desde el primer minuto es venderlo”

29 de julio. La dirigente madrileña defendió la compra del inmueble para la mudanza temporal por una “reforma integral” de la sede de la Puerta del Sol por “daños estructurales”. “Buscar un lugar donde temporalmente se puedan recibir reuniones me parece que es lo suyo”, insistió, y enmarcó la polémica en la existencia de una campaña de “desprestigio” de los medios de comunicación en su contra.

“Están a ver si se me echa la gente encima en un momento en el que la gente ha perdido sus casas. Se ha obrado de mala fe”. Un día después, el ejecutivo autonómico anunció su decisión de volver a vender el inmueble, adquirido en abril, para que el dinero de esa potencial operación se dedicase a la reconstrucción de las zonas afectadas por la oleada de incendios.

5 de agosto. Hoy, en cambio, Ayuso ha defendido que desde su gobierno cada vez hay menos “gasto público y menos organismos” y “todo aquello que ahora mismo no es necesario se pone a la venta”. “En este caso, creo que lo mejor es desde el primer minuto dejarlo ahí, venderlo y aprovechar tanto ese recurso como el de los inmuebles de Gran Vía [otra propiedad de Planifica Madrid a la venta] para destinarlo en este momento a una necesidad como es esta. Creo que no se entendería que se gastara o se empleara en otra cuestión. Ese es el motivo por el que tomamos esa decisión”, ha argumentado ahora.

Lo que no ha aclarado es dónde trabajarán finalmente, dado que las obras en la sede de la Presidencia comienzan, según la baronesa del PP, en otoño. Tampoco se ha referido a las dificultades de Planifica Madrid para enajenar el inmueble mucho más grande que tienen en la Gran Vía, a diez minutos a pie de la Puerta del Sol.

Sí ha mencionado, de forma velada, la venta de la vivienda en la que convive con su pareja, Alberto González Amador, por más del doble del precio por el que lo compró en 2022, cuando ya mantenía una relación con la dirigente madrileña. “Entiendo que se hilen puntos porque se han dado dos circunstancias a la vez y suena muy bien para intentar hacer daño (...) Sería muy poco inteligente que, a estas alturas de mi vida política, en la Comunidad de Madrid me buscaran una casa de la que además no me puedo esconder”.

Una semana después, no sabe nada de la compra

En la semana que ha pasado entre su primera comparecencia y la de este miércoles, Ayuso no ha podido recabar más datos de la compra que, según han publicado El País y La Sexta, supuso el pago de 6,3 millones.

29 de julio. Hace siete días se quejó de que no se contase “todo lo que se ha vendido” por parte de Planifica Madrid “para comprar este u otros inmuebles”. “Me consta que ha habido venta de otros muchos”, dijo. También defendió que no le “compete” a ella dar las explicaciones por el uso de las oficinas y la compra de un ático porque no era una vivienda para uso personal: “Yo no cuento lo que compra o vende Planifica Madrid”.

5 de agosto. “No tengo la menor idea porque no es mi competencia”. En los siete días de goteo constante de nuevos detalles de la operación en los medios de comunicación, la presidenta de Madrid no se ha interesado la letra pequeña de la compra. O, al menos, eso es lo que ha dicho hoy públicamente: “Les tengo que remitir a la Consejería de Presidencia porque es quien tiene no solo la información detallada, sino los canales de comunicación a tal efecto”.

La empresa pública que adquirió el inmueble, Planifica Madrid, depende de Presidencia, pero desde este organismo no ofrecen el expediente de la compra. Ayuso tampoco ha aclarado tampoco por qué se adquirió un inmueble que solo tiene licencia para uso residencial.

El PP se enreda con la acogida de los niños y adolescentes que permanecen solos en Ceuta desde el pasado jueves. Después de dejar caer que se opondrían, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha matizado que sus comunidades “siempre van a cumplir la ley”: “El Gobierno, en el reparto anterior, excluyó por razones políticas a Catalunya y a País Vasco. El reparto, en caso de producirse, deberá ser justo, planificado y con el Gobierno asumiendo la responsabilidad de sus propios actos”, ha afirmado Ezcurra en una entrevista en Onda Cero.

Pese a lo señalado por Ezcurra, varios ejecutivos autonómicos en los que gobiernan en coalición con Vox han salido ya a anunciar su rechazo, como Aragón y Castilla y León. Desde el Ministerio de Juventud e Infancia aseguran que las comunidades no pueden negarse a acoger a una parte de los menores tras la última reforma de la Ley de Extranjería y manifiestan su tranquilidad.

La dirigente del PP se distancia así de las palabras del secretario general del partido, Miguel Tellado, que este martes dejaba caer su negativa y mezclaba los menores y los adultos: “El Gobierno es responsable de que, por donde han entrado, que vuelvan a salir”. Ezcurra ha priorizado, en cualquier caso, otros mecanismos que prevé la ley como “la reagrupación familiar o entregarlos a los servicios sociales de su país de origen”.

También se ha diferenciado de Tellado al distinguir el caso de los menores y no mezclarlo con la situación de los adultos: “Los mayores de edad tienen que salir y con los menores se tiene que decidir el recurso que más adecuado es para su situación”. “La filiación de estas personas es importantísima para la seguridad de estos menores cuya integridad también hay que proteger. Es fundamental para proteger a los menores que han llegado y a los que ya están en los centros”, ha añadido, a la par que ha criticado que se hable ya de la acogida cuando no se sabe la cifra total de niños y adolescentes que hay.

Los cuatro pactos de coalición autonómicos rubricados por PP y Vox recogen de forma expresa el compromiso a oponerse “por todos los medios legales, jurídicos y políticos a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales”. El párrafo es el mismo en los cuatro documentos. Está encabezado por la frase “No más menores extranjeros no acompañados (MENAS)” y luego incorpora lo siguiente: “Rechazo frontal a la política inmigratoria del Gobierno central y a la llegada de más inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad. El Gobierno [de cada comunidad] rechazará de forma expresa la política inmigratoria del Gobierno de Pedro Sánchez y se opondrá por todos los medios legales, jurídicos y políticos a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad”.

Fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia han asegurado a elDiario.es que, tras la reforma de la Ley de Extranjería aprobada el año pasado —después de muchos meses de bloqueo y con el voto en contra de PP y Vox—, las comunidades gobernadas por la derecha no tienen la capacidad de negarse a acoger a los niños y adolescentes que les correspondan para aliviar la situación de Ceuta. Las autonomías sí pueden recurrir cada expediente, pero estas fuentes confían en que dichos recursos tan solo retrasen los traslados unos pocos días.

Las ONG exigen garantías contra la devolución de menores

“Los niños y niñas no acompañados en Ceuta no deberían afrontar un futuro incierto. La máxima prioridad en estos momentos es conseguir que estén en un lugar seguro y acompañados de personal formado para su atención y acogida”, dice a elDiario.es José María Vera, Director Ejecutivo de Unicef España. Al estar el sistema de protección saturado, prosigue Vera, se deberían activar de forma inmediata “los mecanismos de traslados contemplados en la Ley de Extranjería, para derivarlos a centros según sus necesidades y que garanticen una acogida de calidad y servicios esenciales”. “Como principio básico, se debe asumir la presunción de minoridad de ese niño y niña, evitando que menores solos estén en centros con adultos”, indica Vera.

Paralelamente, el responsable de Unicef España recuerda que se debe realizar un diagnóstico de “vulnerabilidades y de interés superior del menor de forma individualizada, con el objetivo de detectar cualquier situación de desprotección, como por ejemplo la trata de personas, identificar si los menores tienen alguna discapacidad, si son posibles demandantes de asilo y protección internacional, o si cuentan con referentes adultos cercanos a los que se pueda contactar”. “Y a lo largo de todo el proceso es muy importante escucharlos, conocer sus necesidades y expectativas”, apostilla.

ONG especializadas están manifestando su preocupación por los operativos de traslado de personas hacia la frontera con Marruecos para su retorno, incluyendo el uso de camiones. “En algunas de ellas pueden apreciarse personas de apariencia muy joven y, según testimonios e informaciones recabados sobre el terreno, habría indicios de presencia de niños, niñas y adolescentes”, alerta Save the Children, que señala que ha recibido información sobre casos particulares de menores que “habrían sido acompañados hasta la frontera”. La Cadena Ser informó este lunes de que un niño migrante de 12 años estuvo a punto de ser llevado a la frontera, pero la intervención de varios periodistas y un mando de la Legión impidió que fuera devuelto. Según el mismo medio, el menor caminaba desde la ciudad de Ceuta hacia la frontera “obligado por un legionario”, entre lágrimas y repitiendo la frase: “No, Marruecos, no. No, Marruecos, no”.

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha dejado caer este martes el rechazo de su partido a la acogida en las comunidades donde gobiernan de los menores de edad que entraron en Ceuta desde Marruecos y que se encuentran solos en la ciudad autonóma. Preguntado por los periodistas de forma explícita por la atención de los niños y adolescentes, Tellado ha evitado responder y ha afirmado que la situación en Ceuta “no es una crisis migratoria, es una crisis de seguridad nacional”. “Lo que debe hacer [el Gobierno] es que aquellos inmigrantes que entraron de forma ilegal en la ciudad autónoma vuelvan por donde han venido y salgan por ese paso fronterizo que España y Marruecos han habilitado para que abandonen la ciudad”.

“Esto no tiene nada que ver con situaciones anteriores”, ha defendido Tellado. “El Gobierno de España, a través del Ministerio del Interior y también el de Defensa, tiene que garantizar la seguridad de la ciudad autónoma de Ceuta”, ha añadido. Aunque se le ha cuestionado por el caso concreto del traslado solidario de los menores, el dirigente popular ha respondido por la totalidad de las personas llegadas a la ciudad autónoma: “Esto no tiene nada que ver con una crisis migratoria. Ha entrado una avalancha de casi 80.000 personas a la ciudad autónoma, y el Gobierno es responsable de que, por donde han entrado, que vuelvan a salir”, ha dicho el secretario general del PP a los medios de comunicación.

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial de la formación, Alma Ezcurra, ha asegurado en una entrevista en La Sexta que van a “cumplir la ley” y “estar de lado de los ceutíes” pero que las comunidades autónomas del PP no van a asumir “las consecuencias de la irresponsabilidad del Gobierno”. Cuestionada por qué significa en ese caso cumplir la ley, que recoge un traslado solidario y obligatorio, ha respondido que es un “sistema nacional” y que es el Ejecutivo el que debe “hacerse cargo”.

A la vez que la comparecencia de Tellado se ha producido el anuncio por parte del Gobierno de la habilitación de una partida extraordinaria de 25 millones de euros dirigidos a “la atención de los menores” que se encuentran en la ciudad autónoma. La portavoz del Ejecutivo y ministra de Seguridad Social y Migraciones ha apelado precisamente a la “responsabilidad” de las comunidades, la mayoría gobernadas por el PP y cuatro de ellas en coalición con la extrema derecha de Vox.

En marzo de 2025, el Consejo de Ministros aprobó la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería que permitía la creación del sistema obligatorio de reparto de menores migrantes de aquellos territorios declarados en “contingencia migratoria”. Tras su aprobación, los primeros traslados se llevaron a cabo en septiembre de 2025. Casi un año después, el Gobierno ha tramitado 2.000 expedientes de niños y niñas desde Canarias, Ceuta y Melilla, según los datos proporcionados por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.

El secretario general del PP ha aprovechado también su declaración ante los medios para exigir los ceses del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, por “no haber actuado” y porque “ninguno de los dos ha estado a la altura de las circunstancias”, cuando —dice Tellado— “tenían información” de lo que podía ocurrir en la ciudad autónoma. Ambos departamentos han protagonizado un choque en las últimas horas por el reparto de responsabilidades en la falta de anticipación a los movimientos que se produjeron en Marruecos los días previos a que cruzaran la frontera ceutí 60.000 personas

El futuro presidente de las juventudes del PP, el ayusista Ignacio Dancausa, ha proclamado este viernes que “Fachadolid será testigo del inicio de la edad dorada de las Nuevas Generaciones”. “Este finde nos jugamos el futuro de nuestra generación. Los jóvenes sabemos que hay un Gobierno que hace de la corrupción una forma de resistencia en el poder. Sabemos que hay una izquierda que lleva demasiado tiempo empobreciéndonos. Y a esa izquierda hoy le decimos que su tiempo se ha acabado”, ha asegurado el único candidato en el primer día de congreso, que se celebra en Valladolid.

Sus claves para aupar a Alberto Núñez Feijóo a la presidencia del Gobierno, según su discurso: las redes sociales —ha pedido a los cargos y afiliados que sean “influencers de las ideas de la libertad”—, la “captación” de talento y la universidad. “Vamos a estar presentes en todos los campus de España. Hay una generación de jóvenes que no estamos dispuestos a dejar que otros hablen en nuestro nombre. No podemos aceptar que solo una parte del pensamiento tenga voz”, ha argumentado.

El futuro líder de las juventudes del PP ha asegurado que España se va a ganar “en la calle, en los campus y en las redes”. “Dentro de unos años miraremos atrás y diremos que fuimos la generación que no se conformó, la generación que dimos un paso al frente y la generación que hizo que España volviera a creer. Así que vamos a hacerlo por nuevas generaciones, vamos a hacerlo por el Partido Popular y sobre todo y por encima de todo vamos a hacerlo por España. Así que a ganar y muchísimas gracias a todos. ¡Viva España!”, ha finalizado.

El Congreso de Nuevas Generaciones del PP que se celebra entre este viernes y este sábado tendrá pocas sorpresas. El sucesor de Beatriz Fanjul lleva claro desde hace un mes, cuando todos los aspirantes llegaron a acuerdo para llegar al congreso con una única candidatura encabezada por Dancausa, hasta ahora presidente de NNGG en Madrid y afín a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El discurso previo de Miguel Tellado no se ha salido del carril: una oferta a Fanjul para continuar en su equipo en la secretaría general del partido, alabanzas al nuevo líder de las juventudes conservadoras y ataques a Pedro Sánchez. “El PSOE está a dos autos judiciales de sustituir su logo y poner en su sede 'compro oro'”.

“A Leire Díez, Santos Cerdán y Vicente Martínez se ha unido ahora Juanma Serrano, un nuevo protagonista. Otro íntimo de Sánchez, su primer jefe de gabinete, su amigo, su colaborador”, ha enfatizado. “También está implicado y hasta el cuello en todo este escándalo. Y desde hoy ya está imputado, uno más. Es el imputado número 127”, ha añadido, en alusión en la imputación del que fue el jefe de Gabinete de Sánchez en su primera etapa como líder del PSOE. “Hablamos del hombre que estuvo al lado de Sánchez desde el primer momento, desde el primer día, con el que se lanzó a conquistar la dirección del Partido Socialista. No queda nadie limpio cerca de Sánchez, porque el que lo mancha todo es el propio Sánchez”, ha zanjado.

El Tribunal Supremo argumentó que debe prevalecer el “interés público” de la regularización de personas migrantes para rechazar la suspensión de forma cautelar del real decreto, como pedían los gobiernos del PP de Aragón y la Comunitat Valenciana. En el auto en el que el Supremo decidió que no es necesario en este momento consultar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, los magistrados también sostuvieron que la regularización no puede provocar efectos irreversibles porque son permisos de residencia temporales, entre otras cuestiones.

“En el real decreto impugnado subyace un interés público especialmente cualificado, no solo por perseguir un interés público notorio sino por incidir este interés público directa, íntima y cualificadamente en un sustrato humano que trasciende a la mera consideración económica”, apuntan los magistrados del Supremo en el auto, al que ha tenido acceso elDiario.es.

El Supremo también apunta que, en caso de suspender la norma de forma cautelar, afectaría a todas las personas solicitantes porque “les determinaría a seguir en la situación de irregularidad administrativa”. Y todo ello pese a que “las situaciones jurídicas creadas al amparo de la norma” no son irreversibles.

Además, los magistrados afirman que no existen evidencias claras de nulidad que justifiquen detener la normativa antes de analizar el fondo del asunto. “Resolver sobre la medida cautelar que se solicita sobre esta base supondría anticipar absolutamente el debate de fondo que se plantea en el recurso en un momento y ámbito procesalmente improcedente”, escriben.

El documento está firmado por los siete magistrados, sin votos discrepantes: Carlos Lesmes, Wenceslao Francisco Olea, Fernando Román, Jose Luis Quesada, Consuelo Uris, Concepción García Vicario y Francisco Javier Pueyo. La decisión conocida el pasado 30 de junio de valorar si se elevaba el asunto a la Justicia europea la adoptaron sólo tres de los siete citados (Lesmes, Olea y Román).

El Gobierno niega que haya un nuevo “pago importante” a la OTAN, como ha dicho el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Fuentes de Moncloa explican que ese dinero al que se refiere Trump es el aumento del gasto en defensa ya conocido y aclaran que el mandatario se enteró durante la reunión de la OTAN en Ankara de ese incremento de la inversión.

“Los deberes eran llegar al 2% con todo lo que eso supone, y es lo que hemos hecho”, responden desde Moncloa, e insisten en que no se han comprometido a nada más.

Trump pasó en cuestión de horas de hablar de un “aliado horrible” a decir que España se había “redimido por completo” tras acceder a una “importante solicitud de pago” a la OTAN. No aclaró ningún detalle más sobre el acuerdo. “Debo decir que tuve problemas con España, y aún los tengo, pero hoy España se redimió por completo. España fue muy generosa... accedieron a una solicitud de pago importante, y si no lo hubieran hecho, ni siquiera les habríamos hablado”, dijo el mandatario.

El Gobierno ya había pedido “calma” y “paciencia” ante la nueva amenaza del presidente de EEUU, que lleva un año repetiendo sus advertencias a España sin que, de momento, se hayan concretado en nada. Sánchez explicó que había hablado con Trump sobre fútbol y golf. “Ha sido una charla informal, coloquial, en la que en absoluto ha habido ningún tipo de tirantez”, afirmó.

Desde el Ejecutivo también recordaron ayer que “EEUU tiene superávit comercial”, por lo que son ellos quienes se “benefician más de esa relación” que España, y que los vínculos económicos “los tejen las empresas privadas, no los gobiernos”. También insistieron, como han hecho ante las amenazas previas de Trump, que la UE es una unión comercial en la que no puede singularizarse a ningún estado miembro. “La relación bilateral entre EEUU y España es beneficiosa para ambos países, tanto en el ámbito comercial como en el de la defensa”, apuntan estas fuentes.

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha optado por no “comentar comentarios” esta mañana sobre Trump. “No vamos a estar siempre comentando comentarios”, ha dicho el ministro en declaraciones a Telecinco. Y sobre Trump: “Su estilo político, que es conocido, es comentar sobre distintos países, en distintos momentos”.