Más Madrid lleva al Tribunal de Cuentas la compra del ático del Gobierno de Ayuso por posible menoscabo de dinero público

La información en torno a la operación por la que la Comunidad de Madrid compró el ático de Chamberí va cayendo como un gotero desde las primeras noticias, hace ya un mes. Posteriormente, se conoció que había costado 6,3 millones de euros a las arcas públicas y, unas semanas más tarde, se puso en venta por casi 6,7 millones. Según justificaron entonces, el dinero obtenido de esta venta y otras de la empresa pública Planifica Madrid iría dirigido a la reconstrucción tras los incendios. Sin embargo, todavía se desconoce el detalle de la operación y, ante esta falta de transparencia, Más Madrid ha decidido acudir al Tribunal de Cuentas por lo que consideran un posible “menoscabo” de dinero público.

Según argumentan en su denuncia, si se tienen en cuenta otros posibles gastos derivados de este tipo de compraventas y con estas cantidades de dinero, el precio total de compra —incluidos impuestos y otros posibles gastos derivados como los de gestión— podría acercarse mucho al precio de venta que ha decidido establecer la Comunidad de Madrid, lo que podría conllevar una posible “pérdida patrimonial”, según el escrito. Otro de los puntos por los que ven ese “menoscabo” de caudal público es que se ha adquirido un inmueble “innecesario o no idóneo para la finalidad o necesidad pública”. El motivo es que cuando se conoció la compra, el equipo de Isabel Díaz Ayuso aseguró que el ático se destinaría a “reuniones” oficiales mientras durasen las obras de la sede de la Presidencia en Sol. Sin embargo, el inmueble no puede ser oficina debido a la normativa del Ayuntamiento de Madrid.

La líder del partido autonómico y ministra de Sanidad, Mónica García, tiene claro que en este caso “ha habido un deterioro de las arcas públicas manifiestas, más allá de la compra y de la posterior venta”. Ese dinero, explica en declaraciones a elDiario.es, se podría haber invertido en algo distinto: “Estamos otra vez en lo mismo, en una contabilidad perversa por parte de Ayuso y del PP, que utiliza los bienes comunes de todos los madrileños para uso propio, para uso personal”. Sobre la denuncia, García y su equipo esperan que el Tribunal de Cuentas pueda dar “fe de esta pérdida patrimonial” dentro de un procedimiento que califica de “absolutamente irregular y obsceno”: “Los madrileños hemos perdido dinero. Hemos perdido dinero en toda esa transacción de la compra, la venta y todos los intermediarios a los que hemos ido pagando los caprichos y los lujos de Ayuso”.

El partido estima que Planifica Madrid, la empresa pública adscrita a la Consejería de Presidencia encargada de la operación, habría pagado un importe de unos 378.000 euros como Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), al margen de esos 6,3 millones que costó el ático. Esa es otra de las claves que se denuncian: la posibilidad de que la empresa haya “soportado una carga tributaria excesiva”, en comparación con otras entidades que no tienen que pagar ITP.

Pero no solo eso, la cifra también podría aumentar si se tienen en cuenta otros gastos, como los de notaría y gestoría. En total, Más Madrid calcula que serían unos 6,68 millones en total, una cifra que se aproxima a los casi 6,7 millones de euros de venta. “De realizarse la venta por ese importe podría producirse una pérdida patrimonial”, aseguran en el documento, al que ha tenido acceso elDiario.es.

Además, en el documento indican que a ese precio final de venta habría que descontar también los otros gastos adicionales a la venta, así como la comisión de intermediación o los gastos en mantenimientos y seguros. “En caso de vender el inmueble, habrá que determinar el importe neto obtenido por la venta y deducir el coste total de adquisición”. Sin embargo, esto de por sí no tendría por qué suponer un menoscabo de dinero público, sino que se tendrían que analizar otros factores como la utilidad pública o la necesidad de la compra.

Falta de documentación pública

Un mes después de que saliera a la luz la operación firmada en abril, todavía se desconocen detalles relacionados u otros documentos que justifiquen la compra del ático. En el escrito remitido al Tribunal de Cuentas, Más Madrid solicita que el Gobierno autonómico entregue al órgano el expediente de compra del inmueble y otros datos como informes jurídicos y técnicos previos, las escrituras o los extractos bancarios para que pueda “determinar la existencia, cuantía y responsables del eventual alcance o menoscabo”.

Además, otra de las peticiones recogidas en el texto es la de analizar si el ático podía destinarse a oficinas o a esas “reuniones” que argumentó el Gobierno autonómico. Por ello, consideran “determinante” conocer la situación urbanística del ático y la posibilidad de que se destine a “actividades administrativas”.

El partido considera que es necesaria la tramitación urgente del mismo y la “inmediata práctica de las actuaciones” que sean precisas. El motivo que exponen es que la enajenación del ático podría suponer trabas en la investigación de estos hechos. Más Madrid también solicita recabar la documentación necesaria para conocer quiénes formaron parte de la operación, el precio total de la misma, así como “continuar el procedimiento jurisdiccional”.

El pasado 7 de agosto, la Comunidad publicó el anuncio de venta de este inmueble de la calle General Martínez Campos y de otro situado en Gran Vía, por el que pedía 11,8 millones de euros y que llevaba ya tiempo intentando enajenar. El consejero de Presidencia, portavoz regional y presidente de Planifica Madrid, Miguel Ángel García Martín, estimó en unos 20 millones el dinero total que obtendrían de estas operaciones.

Las denuncias y la respuesta de Transparencia

Mientras, las denuncias en torno al ático de lujo se acumulan. El primero en acudir a los tribunales tras la compra fue el abogado Javier Flores, que también interpuso una demanda en el Tribunal de Cuentas al ver “menoscabo” de dinero público.

Tampoco es la primera denuncia sobre la operación que interpone Más Madrid. Solo dos días después de que se conociera, el partido anunció que acudiría a los tribunales apuntando a un posible delito de malversación. Unas semanas después, el PSOE madrileño adelantó que presentarían una denuncia ante la Fiscalía, en este caso contra el consejo de administración de Planifica Madrid. En total, la Fiscalía ya ha enviado a un juzgado de Madrid cuatro denuncias por el ático.

Una constante en las denuncias de los partidos, pero también de particulares, está relacionada con la falta de información pública disponible en torno al caso. Un mes más tarde, todavía faltan datos relevantes que han sido requeridos a través de Transparencia. Hace unas semanas, el organismo argumentaba que no podía ofrecer estos detalles porque la información afectaba “a terceros”, y que estos debían acceder. Este mismo viernes se ha conocido que la vendedora del ático, Astrid Gil-Casares, ha aceptado por escrito que la Comunidad de Madrid entregue esta información.