El veterano ultraderechista Enrique Lemus ha registrado ante el Ministerio del Interior el partido político Noviembre Nacional, tal y como figura en el registro público de organizaciones. Lemus, históricamente vinculado al grupo Democracia Nacional, es ahora uno de los rostros visibles de Núcleo Nacional, grupúsculo de extrema derecha señalado por la Guardia Civil por llamar a la “lucha conjunta” en la calle contra la “invasión” extranjera y participar en concentraciones ante la sede federal del PSOE que han terminado habitualmente en cargas policiales.

El registro del partido, adelantado por 'Público', se hizo efectivo el pasado 10 de febrero y como presidente figura Enrique Lemus, quien el pasado verano participó en un acto de Núcleo Nacional junto a la reconocida falangista Isabel Peralta, condenada por delito de odio, y otro hombre encapuchado. Cubrirse el rostro es habitual entre los integrantes de estos grupúsculos.

La actividad de Núcleo Nacional se ha incrementado en los últimos meses, después de abrir una sede en Madrid y organizar diversos actos para presentarse en sociedad.

El nombre elegido para el partido, Noviembre Nacional, recuerda el fallido intento de la derecha más extrema de agitar una gran protesta ciudadana contra el Gobierno y la izquierda en el otoño de 2023. Aquel “otoño caliente” tuvo muy poca incidencia real, pero sí sirvió para aglutinar a un reducido grupo de personas que, ahora, lanzan un nuevo partido político.

Noviembre Nacional tiene su sede registrada en un local de una calle de Valladolid en cuyo exterior se pueden ver carteles de Democracia Nacional y peticiones de libertad de quien es el líder de dicho partido, Pedro Chaparro, condenado como autor del ataque violento contra la librería Blanquerna de Madrid. No es su único delito. Tampoco de sus acompañantes.

En abril del año pasado, la Guardia Civil llevó a los tribunales a Núcleo Nacional por sus mensajes contra la inmigración en España. El atestado fue trasladado tanto a la Fiscalía como a los juzgados de Valladolid apreciando un posible delito de odio en los vídeos de este colectivo ultra llamando a la “lucha conjunta” en la calle contra la “invasión” extranjera.

En Valladolid se registró también asociación con “fines cívico políticos”.

La inauguración de la sede madrileña de Núcleo Nacional, al norte de la capital, se produjo el fin de semana que estallaron las “cacerías” de Torre Pacheco contra la población migrante de la localidad.

La base del partido es un discurso racista que criminaliza al extranjero y que busca su “deportación masiva” o “reemigración”. “Estamos perdiendo España, lo estamos viendo estos días”, aseguró Lemus en su acto junto a Peralta. Defendió la importancia de “ser autosuficientes” con un espacio que cuenta con gimnasio propio para los entrenamientos del grupo y así evitar que le cierren la puerta otros locales porque “los nazis malotes entrenan ahí”.

El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha informado este lunes de que los médicos le han detectado un “tumor cancerígeno” y que comenzará el tratamiento de forma inmediata, lo que afectará a su labor política y la presencia pública. “Hace unos días, en el contexto de un chequeo médico rutinario, me detectaron un tumor cancerígeno que me va a llevar a someterme a un tratamiento exigente, como tantos cientos de miles de españoles lo hacen al año”, ha asegurado en una rueda de prensa ofrecida este lunes tras la reunión del Comité de Dirección del partido.

“Mi presencia pública probablemente se ve alterada y no sé si estaré todos los lunes o en lunes alternos”, ha sostenido. “Veremos en función de cómo va el tratamiento, mi disponibilidad para seguir ejerciendo” su labor como portavoz del PP.

“Evidentemente, todo mi esfuerzo va a estar encaminado a curarme”, ha añadido. Sémper ha dicho que “las perspectivas médicas son razonables” porque “afortunadamente fue un chequeo médico rutinario que ha sido capaz de encontrar el tumor en una fase muy primigenia y la expectativa médica es de curación”.

“Entenderéis que esto ha alterado absolutamente mi vida en lo personal y en lo profesional. Vamos a intentar que lo altere lo menos posible, aunque intuyo que será difícil que no lo altere”, ha concluido.

Sémper ha dicho que “uno de los peajes de la política” pasa por “tener que contar estas cosas antes de que se cuenten de otra manera y se cuenten mal”. “No me considero especial”, ha añadido. “En torno a 300.000 españoles son diagnosticados de cáncer al año en sus diferentes grados, y dentro de la inmensa jodienda que podéis entender que esto significa ha sido una inmensa suerte que se haya encontrado en un estadio tan primigenio y tan primario”, ha asegurado.

“Lo que me han demostrado también mis compañeros y especialmente el presidente Feijóo a lo largo de estos últimos días, es la inmensa talla humana de la gente con la que trabajo. Y como estas cosas a veces en política, pues no se cuentan. Pues quiero aprovechar esta oportunidad para contarlo. Me siento absolutamente arropado, faltaría más, por mi familia, por mis amigos y también por mi partido”, ha concluido.

La dimisión de Íñigo Errejón como diputado supondrá la entrada en el Congreso de Alda Recas, enfermera, activista por la sanidad pública y actual asesora del Ministerio de Sanidad. Reca (Madrid, 1981) es dirigente de Más Madrid, partido que ganará así peso en el grupo parlamentario del partido que lidera Yolanda Díaz. Fuentes del partido confirman que Recas recogerá el acta de diputada. Si renunciara, la siguiente en la lista es la dirigente de Podemos Isa Serra.

Recas fue la número 7 por Madrid de las listas de Sumar en las elecciones generales de julio de 2023. El suyo era uno de los llamados “puestos de salida”, es decir, con muchas probabilidades de resultar elegida. Pero la candidatura de Yolanda Díaz se quedó en seis diputados.

Recas es enfermera escolar y se ha especializado con sendos masters en Gestión Sanitaria y en Salud Pública. Hasta la llegada de la líder de Más Madrid, Mónica García, al Ministerio de Sanidad, Reca era vocal vecina en la capital por este partido, así como una de las integrantes de la Mesa Regional, órgano interno de la formación.

Antes, fue fundadora de la Asociación Madrileña de Enfermería (AME) y una de las caras visibles de la Marea Blanca que, hace una década, organizó manifestaciones multitudinarias contra los recortes en la sanidad impuestos por el Gobierno central y los autonómicos. Ahí conoció a Mónica García.

Recas fue expedientada en 2017 por el Colegio Oficial de Enfermería de Madrid (CODEM) tras una denuncia del Consejo General de Colegios de Enfermería de España y de su entonces presidente, Máximo Antonio González, precisamente por su activismo. La hoy dirigente de Más Madrid protestó por una afiliación masiva en el colegio coincidiendo con una junta en la que se votó sobre la reforma del modelo electoral interno en una lucha por el control de estas instituciones profesionales.

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, la incorporó a su gabinete como coordinadora del Comité de Cuidados del Ministerio Sanidad

“Torpe, que eres un torpe”. Así ha replicado en Twitter el portavoz parlamentario del PNV, Aitor Esteban, a su homólogo del PP, Miguel Tellado, tras el enfrentamiento que ambos partidos han protagonizado este martes en la Diputación Permanente del Congreso a cuenta de las comparecencias del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, para explicar la posición de España sobre la situación en Venezuela.

El PP había solicitado la comparecencia urgente de ambos, pero se ha encontrado con el rechazo de la mayoría parlamentaria. Durante el debate, Tellado ha arremetido contra el PNV, de quien ha puesto en duda su apoyo a la oposición venezolana al Gobierno de Nicolás Maduro. El portavoz del PP ha asegurado en una de sus intervenciones que “los votantes” del PNV no van a entender la posición de su partido.

Este martes ha ejercido la portavocía del PNV el diputado Mikel Legarda. Pero Aitor Esteban ha optado por intervenir desde la distancia, y ha replicado a un mensaje del PP en la red social: “A vosotros Venezuela os importa una higa. Simplemente la utilizáis para fisurar el bloque de gobierno. Maduro es un dictador pero vuestra solicitud de comparecencia no aporta nada. Si con tweets como este queréis lograr el voto del PNV a futuro... Torpe, que eres un torpe”.

El PP y el PNV, socios habituales en las últimas décadas, han roto su relación desde que en 2018 los vascos apoyaron la moción de censura contra Mariano Rajoy que aupó a Pedro Sánchez. En esta legislatura, los ataques de Alberto Núñez Feijóo al partido nacionalista han sido cada vez más explícitos, con la intención no ocultada de intentar atraer a votante tradicional del PNV que estuviera molesto con su partido por su apoyo al PSOE.

Este trasvase de votos, de momento, no se ha producido. Ni en las elecciones generales de julio del 2023 ni en las más recientes elecciones vascas, en las que el PP ha seguido como penúltimo partido mientras el PNV ha retenido la Lehendakaritza en coalición con el PSOE.

Tellado ha publicado su respuesta también en Twitter minutos después, y le ha devuelto el calificativo: “No creo que represente a los vascos esa actitud servil del Grupo de Aitor Esteban. Muy torpe Aitor”.

En las elecciones europeas se vota, en general, en base a la situación política nacional. Eso es al menos lo que revela el estudio postelectoral del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre las elecciones del pasado 12 de junio: un 64,1% decidió su voto por temas “relacionados con la situación política actual de España” y solo un 23,7% de quienes acudieron a las urnas tomaron la decisión de a quien votar por asuntos “relacionados con la Unión Europea y el Parlamento Europeo”.

De hecho, cuando se pregunta por la primera razón que movió el voto, solo un 4,1% menciona las propuestas para mejorar la Unión Europea. Un 31,9% votó por el partido que mejor representa sus ideas y el 20,4% por el partido que mejor defiende los intereses de España en el Parlamento Europeo.

El CIS ha preguntado a los encuestados cuáles fueron los temas que consideran que se trataron más durante la campaña: para el 13,1% fue la inmigración, para el 5,7% y en el tercer lugar aparece con el 5% a lo que el CIS se refiere como “la mujer del presidente”, en alusión a la investigación abierta por un juzgado de Madrid contra Begoña Gómez. Ya en cuarto lugar los encuestados señalan de manera genérica con un 4,8% a los “temas nacionales”.

El estudio publicado este martes que un 86% de los encuestados mantuvo su decisión de votar a uno u otro partido sin que la campaña influyera en ello; un 13,5% reconoce que la campaña, los programas y conocer a los candidatos les llevó a cambiar su voto.

El CIS indica también el 38,3% de los votantes se informó de los temas de las elecciones a través de la televisión en primer lugar, un 19,7% lo hizo en medios digitales, un 19,1% en redes sociales, un 12,7% en radio y solo un 4,5% en prensa impresa.

La Marcha Republicana prevista para el 16 de junio, décimo aniversario de la coronación de Felipe VI, ha aglutinado el apoyo de más de un centenar de asociaciones, según los organizadores de la manifestación. “Un total de 121 organizaciones y colectivos sociales, políticos y culturales han mostrado su adhesión” a la protesta, que tiene por objetivo reclamar la “abolición de la Corona, aseguran en un comunicado”. 4.300 personas han firmado ya el manifiesto '10 años bastan'.

Entre los apoyos que ya ha recabado la Marcha hay partidos políticos, como Podemos, IU, el PCE, Barcelona en Comú o Alianza Verde; también asociaciones memorialistas, los ateneos republicanos de todo el Estado, colectivos de pensionistas o de vivienda.

Los organizadores han avanzado que la Marcha constará de tres columnas que partirán de diferentes puntos de Madrid para confluir en la plaza de Cibeles y concluir en la Puerta del Sol.

La Marcha se lanzó con un manifiesto que se hizo público el pasado 31 de octubre de 2023, día de la jura de la Constitución de la princesa Leonor, heredera del trono. Un documento que está firmado, entre otros, por el exvicepresidente del Gobierno y exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, el escritor Carlos Bardem, la activista ecologista y feminista Yayo Herrero, el actor Alberto San Juan, la activista trans Mar Cambrollé, la periodista Olga Rodríguez o el grupo sevillano Califato ¾, Willy Toledo, Martxelo Otamendi o Lucía Socam, entre otros nombres conocidos y anónimos.

“Es necesaria una movilización de todas aquellas personas que pensamos que la monarquía se trata de una institución obsoleta, una rémora del pasado”, apunta el manifiesto. “El próximo mes de junio se cumplirán diez años del inicio del reinado de Felipe VI. La Corona protagonizó entonces una ceremonia de coronación inédita, que sirvió para apartar como rey emérito en un retiro dorado a su padre, Juan Carlos I, justo cuando empezaba a conocerse tan solo la punta del iceberg de su carrusel de corrupción”, apuntan los firmantes.

“Creemos firmemente en la igualdad ante la ley de todas las personas. Creemos que aquellas personas que ejercen responsabilidades en el Estado deben ser responsables ante la soberanía popular. Esta concepción democrática es incompatible con el principio de irresponsabilidad e inviolabilidad recogido en la Constitución Española”, añade. 

El manifiesto sostiene que “el poder monárquico no solo es el rey, es también esa minoría privilegiada que manda sin presentarse a las elecciones, que se atrinchera en el aparato del Estado y en los consejos de administración de grandes empresas y no acepta la soberanía popular”. Y concluye con una cita del poema ‘España en marcha’, de Gabriel Celaya: “El próximo mes de junio saldremos a las calles ‘a pasearnos a cuerpo, que ya es hora’, para anunciar que ante la decadencia de la monarquía la democracia abrirá paso a la república del siglo XXI”.

Además de los mencionados, entre los firmantes se encuentran los exdiputados Rosa Medel y Rafael Mayoral, la periodista Cristina Fallarás, el humorista Facu Díaz, los miembros de Los Chikos del Maiz, o la exdirectora del Instituto de la Mujer Beatriz Gimeno, entre otros.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dirigido este jueves una carta a los militantes del PSOE por el 145 aniversario del partido, que se cumple este 2 de mayo, y después del periodo de reflexión tras el que decidió continuar al frente del Ejecutivo. En la misiva, Sánchez agradece “el apoyo de miles de socialistas, de progresistas, de demócratas” durante estos días y les anima rechazar “a aquellos que convierten la política en un barrizal de insultos y falsedades”.

“Hay deudas que, aunque nunca podremos pagar, sí debemos reconocer. Y yo, como vuestro secretario general, tengo una inmensa deuda de gratitud con todas esas personas, con todos vosotros y vosotras”, dice Sánchez en la carta, en alusión a las movilizaciones de este pasado fin de semana para mostrarle su apoyo: “He sentido el cariño personal, la preocupación por mi familia y por mí. Es precisamente esa preocupación por las personas el motor último de nuestra causa política. Porque el socialismo es humanismo”.

El líder del PSOE señala que la democracia española “se enfrenta al avance de una internacional ultraderechista que trata de imponer su agenda regresiva” y que pretende hacerlo “mediante la destrucción del adversario”.

“Ponen en marcha la máquina del fango, alentada por la derecha y la ultraderecha, junto a páginas web y asociaciones ultraderechistas que fabrican bulos y mentiras. Bulos que a continuación se propagan en tertulias y en las tribunas para después judicializar falsas denuncias, deteriorando gravemente nuestra democracia y nuestra convivencia”, escribe Sánchez.

El presidente del Gobierno señala también que estos días, dice, han servido para darse cuenta de que “defender la democracia no consiste únicamente en acudir a votar cada cuatro años”. “Debemos defender nuestra democracia todos los días, rechazando a aquellos que convierten la política en un barrizal de insultos y falsedades”, añade.

Para Sánchez, la manifestación del pasado sábado frente a la sede de su partido, cuando se celebraba el Comité Federal que le transmitió su apoyo, y las muestras de cariño recibidas, han demostrado que los socialistas no están dispuestos a “asistir impasibles al deterioro y la degradación de nuestra democracia”.

“Cuanto más fuerte es la democracia, más fuerte es el PSOE y mayor su capacidad transformadora. Por esa razón, la principal tarea de nuestro partido es contribuir al fortalecimiento de nuestra democracia. Esa es ahora la tarea de nuestra generación”, concluye Sánchez.

Izquierda Unida cerró este martes el plazo el plazo para presentar candidaturas a liderar la formación y se dirige a una asamblea federal de confrontación, con cuatro aspirantes que optan a relevar al exministro Alberto Garzón y tras frustrarse los intentos de una lista de consenso entre los distintos sectores. Las candidaturas estarán lideradas por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, el exlíder de la federación andaluza Antonio Maíllo, el coordinador autonómico de Madrid, Álvaro Aguilera, y el representante del sector crítico a la actual dirección José Antonio García Rubio.

Este lunes se produjo una reunión in extremis convocada por Rego para tratar de conseguir un consenso y planteó la opción de prolongar otras 48 horas el plazo para formalizar las candidaturas y apurar la negociación, ofreciendo una lista de unidad con representantes de las cuatro precandidaturas.

No obstante, la Colegiada Federal de IU (su ejecutiva) decidió no alargar más el plazo ante las dudas jurídicas planteadas por los asesores legales de IU, según han informado fuentes de la organización, y este martes terminó el periodo para cursar las listas de los aspirantes, con el registro de las cuatro precandidaturas. No obstante, se deja un periodo hasta el 3 de mayo para subsanar incidencias y proclamar las listas.

La situación evidencia la distancia actual entre Rego y Maíllo, cuyos sectores estuvieron agrupados en la actual dirección pero que se han fracturado tras meses de negociación para un pacto de cara a la asamblea.

Desde el equipo de Sira Rego han reprochado a la candidatura de Maíllo que haya bloqueado la ampliación de 48 horas que pidió la ministra y que se hayan negado a acordar una lista de unidad con un modelo de coliderazgo manteniendo la figura de coordinador general. Mientras, desde la candidatura del exdirigente andaluz replicaron que ellos no se opusieron a la ampliación del plazo en la reunión de las candidaturas –la decisión se tomó en la ejecutiva de IU tras escuchar a los servicios jurídicos–, que Rego no ha llegado a plantear ninguna propuesta concreta de consenso y que se llevaban meses negociando sin avances.

A su vez, Álvaro Aguilera desechó esa opción al destacar que esta asamblea debe ser de “clarificación” de la línea política de la organización, subrayó que no había condiciones para una lista de unidad y que la pluralidad de candidaturas puede fortalecer a la organización. Y en el caso de García Rubio, desde su equipo manifestaron su clara intención de formalizar su candidatura para dar un giro a la organización y reevaluar la política de alianzas.

IU afronta esta asamblea tras las tensiones con Sumar por la negociación de la candidatura a las elecciones europeas. La formación aceptó el cuarto puesto pero criticó que no era la posición que merecía y suspendió temporalmente su participación en la dirección del proyecto de Díaz. Precisamente en el marco de su cita congresual, que se celebrará el 18 y el 19 de mayo, se debatirá con el conjunto de la organización la relación que mantendrá con Sumar en el futuro.

Tanto Aguilera como García Rubio y miembros destacados de la lista de Rego han defendido romper con Sumar hasta el punto de que IU se presentara sola a las elecciones europeas. Por contra, la candidatura de Maíllo, que engloba federaciones de peso como Andalucía y Asturias, ha defendido la confluencia con Sumar –como antes con UP–, también en las europeas, si bien con una posición crítica.

El PP llevará en su lista a las elecciones al Parlamento europeo del próximo 9 de junio a Adrián Vázquez, hasta hace poco más de un mes secretario general de Ciudadanos. Además, incorpora a otros dos eurodiputados de ese partido: Susana Solís y Eva Poptcheva. Así lo han confirmado a EFE fuentes del partido de Alberto Núñez Feijóo, que mantiene sin embargo la incógnita de quién encabezará la lista, que por los plazos electorales deberá despejar en los próximos días.

Sí se sabe quién la cerrará: será el filósofo Fernando Savater, que ha pasado ya por las filas de UPyD y Ciudadanos. “Es una voz autorizada y con una biografía comprometida en la defensa de los valores democráticos”, ha dicho Feijóo.

El periodo para que los partidos comuniquen sus listas comienza hoy y expira el lunes 6 de mayo, cuando deberá quedar registrada la candidatura completa del PP. Dolors Montserrat, ahora portavoz del PP en el Europarlamento y número uno de la lista en 2019, parte como favorita en las quinielas, aunque Génova ha evitado confirmar si será finalmente la elegida.

Estaba también por ver el encaje que tendrían figuras procedentes de Ciudadanos como el eurodiputado Adrián Vázquez, que exploró un acuerdo para que su antiguo partido concurrieran con el PP en catalanas y europeas, que terminó malográndose por el rechazo de los suyos, lo que le llevó a renunciar como líder de Ciudadanos.

Ahora, finalmente las fuentes del PP han informado que Vázquez junto a otros eurodiputados irán en su lista europea y el mismo eurodiputado lo ha anunciado en su cuenta de Twitter.

“En un momento crítico de nuestra democracia hay que estar del lado de la defensa del Estado de Derecho y los valores fundacionales de la Unión. Hoy, el @ppopular es la única alternativa política capaz de reconstruir nuestra convivencia cívica y constitucional, y anuncio con orgullo que concurriré en sus listas al Parlamento Europeo para contribuir a ese objetivo”, ha señalado.

Además ha querido agradecer a Feijóo la confianza depositada en él y el reconocimiento a su trabajo de estos años.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha vuelto a reclamar este miércoles al PSOE que afronte ya la renovación del Consejo General del Poder Judicial si el PP persiste en su bloqueo. “Es un golpe a la Constitución que el PP violente y genere distorsión en la justicia”, ha dicho durante una entrevista en la cadena Ser, donde ha insistido en que tras el periodo de reflexión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hay que “hacer grandes cambios, que tienen que ver con democratizar España, con los poderes económicos y con la democratización de la justicia”.

Sobre el parón de Sánchez, Díaz se ha limitado a decir que “no es ortodoxo”, pero que considera que “todas las personas tienen derecho a parar”. Sobre la intención de abordar una regeneración democrática que señaló el presidente del Gobierno en su discurso del pasado lunes, Díaz se ha mostrado a favor pero ha lamentado que el PSOE no la haya abordado hasta ahora.

“Este proceso de desestabilización no viene de ahora, viene de largo, creo que el PP está en los extramuros del preconstitucionalismo y secuestrado por la extrema derecha, y el PSOE no ha abordado ese proceso”, ha señalado

Preguntada por las medidas concretas a tomar ahora, Díaz ha insistido en la renovación del Poder Judicial aunque sea sin acuerdo con el PP, porque los de Alberto Núñez Feijóo están en una “estrategia deliberada de golpear al Gobierno y controlar el órgano de gobierno de los jueces”.

En este sentido, ha señalado que la democratización de la Justicia también tiene que pasar por el acceso a la judicatura: “Todos los altos mandos del Estado están ocupados por las mismas familias de siempre, tenemos un acceso a la judicatura que es único en Europa”.

Díaz ha enmarcado estas medidas, junto con la derogación de la ley Mordaza, en la estrategia para luchar contra el proceso de “desestabilización” del PP que no es nuevo, ha dicho, si no que se inauguró en la época de José María Aznar: “Tenemos a un actor político que es PP que ha transmutado, no tiene proyecto de país, su proyecto es únicamente deslegitimar al gobierno de españa”.

Subir salarios y reducir la jornada laboral

Díaz ha reivindicado durante la entrevista la importancia de salir a manifestarse cada primero de mayo, y ha puesto el acento en una de las principales reivindicaciones de los sindicatos para la movilización de este miércoles: “La mediana salarial es del 1.545 euros al mes. Hay que reducir jornada laboral sin bajar salario, y hay que mejorar los salarios en el conjunto del país”, ha señalado Díaz, que ha incidido en que los empresarios no están “dando mucho la batalla discursivamente” en cuanto a la subida de sueldos en España: “Saben que tenemos razón”.

En cuanto a las negociaciones para reducir la jornada laboral, ha lamentado que el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, “está más politizado que en otras ocasiones” y le ha pedido flexibilidad para llegar a un acuerdo.

En la entrevista, Díaz ha reiterado la oposición de Sumar a la posible fusión entre los bancos BBVA y Sabadell. La vicepresidenta segunda ha dicho que la concentración bancaria es “un riesgo sistémico” del que alerta la Unión Europea, y que nuestro país ha pasado del 40% al 70% en concentración bancaria.

Díaz ha asegurado que va a tratar este tema con su socio de Gobierno en privado y ha puesto el acento en que este movimiento se produce tras conocer el aumento de un 18% de los beneficios de la banca: “Hay una transferencia de renta de la ciudadanía a la banca, es debate democrático de primer orden”.

CIS Flash abril 2024

Estimación de voto CIS (en % sobre el total del voto válido)

El PSOE ganaría las elecciones con el 38,6% de los votos según el CIS, más de nueve puntos de ventaja sobre el PP, después de dispararse seis puntos desde el último barómetro. Así lo recoge la encuesta flash que ha lanzado el organismo que dirige José Félix Tezanos en base a preguntas lanzadas el pasado viernes, después de que Pedro Sánchez publicara la carta en la que anunciaba su periodo de reflexión y antes de que comunicase este lunes que sigue al frente del Gobierno.

La estimación se basa en 1.800 encuestas realizadas por el CIS el pasado viernes 26 de abril. El CIS planteó una encuesta flash sobre la carta de Sánchez, pero ha decidido incluir también una estimación de voto que da un vuelco al último barómetro, publicado hace solo 15 días.

Ese barómetro daba al PSOE la segunda plaza con 32,5% de los votos. Ahora pasaría al 38,6%, una subida de seis puntos en solo dos semanas, según el CIS. Esos datos le colocan con una ventaja de más de nueve puntos sobre el PP.

Los populares pasan del 33,5% al 29,2%, una caída de más de cuatro puntos según esta estimación, que les coloca en su peor dato desde el verano pasado.

Por detrás, Vox gana casi un punto y se sitúa en el 11%, mientras que Sumar cae y pasa del 8,2 al 7,2% según esta entrega del CIS. Podemos se deja medio punto y obtendría el 2,6%.

El CIS Flash de abril de 2024 en comparación con el 23J

Estimación de voto CIS (en % sobre el total del voto válido)

La estimación de voto se ha incluido en esta entrega flash del CIS, centrada en la opinión sobre la carta de Sánchez y su periodo de reflexión. Un 36,7% de los ciudadanos cree que Pedro Sánchez debería continuar al frente del Gobierno “explicando lo que ha sucedido”, frente al 23,6% que opina que debería haber convocado elecciones y un 20,9% que sostiene que debería haber dimitido. Solo un 11,7% apostaba por una moción de confianza, según el barómetro.

Un 36,7% de los ciudadanos cree que Pedro Sánchez debería continuar al frente del Gobierno “explicando lo que ha sucedido”, frente al 23,6% que opina que debería haber convocado elecciones y un 20,9% que sostiene que debería haber dimitido. Solo un 11,7% apostaba por una moción de confianza, según el Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas ha publicado este lunes, con entrevistas hechas el pasado viernes.

Sánchez ha comunicado este lunes que continúa al frente del Gobierno tras cinco días de reflexión: “He decidido seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del Gobierno de España”. “No es un punto y seguido, es un punto y aparte. Solo hay una manera de revertir esta situación. Que la mayoría social, como ha hecho estos cinco días, se movilice en una apuesta decidida por la dignidad y el sentido común, poniendo freno a la política de la vergüenza que llevamos demasiado tiempo sufriendo”, ha dicho.

El presidente del Gobierno anunció esa reflexión en una carta colgada en Twitter. A la pregunta de si apoya la publicación de esa misiva, un 44,6% responde que no y un 43,1% que si lo apoya. En cuanto al contenido de la carta, un 41,1% cree que tiene razón en lo que expone en ella frente al 38,8% que dice que no, y un 11,2% que contesta que no conoce suficientemente el contenido.

El barómetro pregunta también por la causa judicial abierta contra la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. En concreto, sobre si está justificada o es una vía para “hacer daño” Sánchez: un 48,2% apuesta por esta segunda vía, por un 30,5% que cree que está justificada.

El CIS ha hecho otras preguntas, como la opinión general de los encuestados sobre la vida política. Un 52,8% dice que cree que se está “convirtiendo en algo insoportable”, un 32,5% que es la vida política es “algo muy duro e insoportable en algunos aspectos, pero en otros no es para tanto”, y un 5,2% responde que “la vida política no se está convirtiendo en algo muy duro e insoportable”.

Hay además un par de preguntas sobre la situación de la justicia. Un 82,6% cree que que “en ocasiones se ve influida por poderes políticos o económicos” y un 81,4% que “es necesario una reforma de la situación de la justicia en España”.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha acordado la apertura de juicio oral para el comisario jubilado José Manuel Villarejo y para dos periodistas por el denominado 'caso Dina', en el que investigó el recorrido que tuvo la tarjeta telefónica de la exasesora de Podemos Dina Bousselham desde que le robaron el móvil en 2015 hasta que parte de la información que contenía apareció publicada en medios.

La Fiscalía Anticorrupción solicita cinco años de cárcel para Villarejo y tres para los dos periodistas encausados, imputando a los tres un delito de descubrimiento y revelación de secretos con difusión a terceros. Interesa además, como responsabilidad civil, que los tres indemnicen solidariamente y a partes iguales a la exasesora de Podemos con la cantidad de 5.000 euros y a Pablo Iglesias con 1.000 euros.

En un auto, recogido por Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 recoge el relato de los hechos de la Fiscalía, desde el robo en el Ikea de Alcorcón de las pertenencias de la exasesora y de su entonces pareja el 1 de noviembre de 2015 hasta la aparición de parte del contenido del móvil de Dina en medios en 2016.

En su escrito, Anticorrupción indica que el 19 de enero de 2016 una persona anónima entregó en la sede del Grupo Zeta un sobre que contenía la tarjeta micro SD que era la que había estado conectada al móvil sustraído y fue examinada por los periodistas Alberto Pozas y Luis Rendueles, además de por un directivo y el presidente del grupo Antonio Asensio.

La Fiscalía explica que este último toma la decisión de no publicar nada al respecto y se pone en contacto con Iglesias creyendo que la tarjeta le “podía pertenecer”.

Tras esa entrega a Iglesias, previo visionado en la sede de la editorial, los fiscales explican que entre enero y abril de 2016 los periodistas encausados fueron contactados por Villarejo, que era fuente “habitual”, y le entregaron una copia de esa tarjeta micro SD “conociendo que se trataba de un funcionario policial en activo del Cuerpo Nacional de Policía”.

Los fiscales subrayan que ambos periodistas sabían que la tarjeta que entregaron a Villarejo “contenía archivos con documentos internos del partido Podemos, diversos datos bancarios, archivos de video y audio, y (...) documentos de carácter íntimo y personal”, entre ellos fotos de la exasesora semidesnuda. También conocían que en la tarjeta había grupos de Telegram en los que participaban miembros de la cúpula del partido.

El escrito explica que el comisario, “actuando en abuso de sus funciones relacionadas con la inteligencia policial” hizo copias y las entregó “a periodistas de su círculo de confianza para que esto elaboraran y publicaran diversas informaciones en descrédito de Podemos y de (...) Iglesias”.

A continuación, los fiscales enumeran una serie de artículos de hasta dos medios digitales como prueba de que el contenido del móvil sustraído en 2015 efectivamente acabó siendo publicado a lo largo de 2016.

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha publicado este jueves los resultados de las encuestas que realizó los días previos al 23J. En ellos se muestra que Pedro Sánchez es el preferido por los españoles para ser el presidente del Gobierno (36%), por encima del candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo (28,7%).

En total, el CIS realizó 27.060 encuestas entre el 13 y el 22 de julio. En una nota de prensa, el Centro explica que el objetivo de este estudio proporcionar “datos significativos a los investigadores sobre la opinión pública en el periodo decisivo previo a las elecciones, e indagar en las tendencias y dinámicas en esos días anteriores a la votación”. “Con ello, se pretende superar la carencia de información existente en esta materia de estudio”, añaden.

Las conclusiones del estudio señalan que la mayoría de los españoles daban por hecho que Feijóo sería el próximo presidente del Gobierno. Lo pensaban el 51,6% de los encuestados, frente a un 31,7% que sostenían que Sánchez podría revalidar la presidencia.

Los porcentajes cambian cuando se pregunta a los encuestados por sus preferencias. Antes del 23J, un 36% de respondía que preferían a Sánchez de nuevo al frente del Ejecutivo por el 28,7% que se decantaba por Feijóo. La candidata de Sumar, Yolanda Díaz, era la opción preferida para el 13,5% y por Abascal apostaban el 7,3%.

Donde no hay dudas es sobre si los españoles esperan un gobierno de coalición o de un solo partido en solitario. Un 84,7% creen que el próximo gobierno lo integrará una coalición de partidos, frente al 11,7% que creen que será un Ejecutivo de una sola formación.

Los datos recogidos por el CIS también apuntan que el PSOE era el favorito para ganar las elecciones entre los encuestados antes del 23J. Un 34,9% afirma que le gustaría que ganaran los socialistas frente al 28,5% que prefería una victoria del PP, un 14,8% que quería que ganase Sumar y solo un 8,4% la de Vox.

En cuanto a los motivos que llevan a los votantes a decidirse, un 66,8% asegura que lo hace por apoyar las propuestas políticas que le gustan, mientras un 17,5% reconoce que vota “en contra”, es decir, para oponerse a aquellas medidas de otros partidos que no le gustan. Un 7,2% apunta a que lo hace por una mezcla entre ambas opciones.

Lo cierto es que los datos de la encuesta postelectoral muestran una importante distancia entre las respuestas de los encuestados y los resultados electorales. Cuando el CIS cruza las preguntas sobre el voto ya emitido por correo y la intención de quienes van a votar presencial, los resultados son que el PSOE habría ganado las elecciones con un 24,8%, seguido del PP con el 28,3%, Sumar con un 14,1% y Vox último de los cuatro partidos nacionales con un 9,4%.

En las elecciones, el PP obtuvo el 33% de los votos, el PSOE el 31,7%, Vox el 12,39% y Sumar el 12,31%.

Apenas una mañana ha durado la apuesta de Alberto Núñez Feijóo por el diálogo con Catalunya. En una entrevista publicada este viernes aseguraba que su intención era mantener la mesa bilateral retomada por el Gobierno de Pedro Sánchez con la Generalitat de Catalunya de Pere Aragónes tras el bloqueo al que la sometió el PP de Mariano Rajoy durante su mandato al frente del Ejecutivo. “No tengo interés en ir contra ninguna mesa si está constituida y tiene como objetivo fundamental tratar asuntos que no afecten a los demás”, decía el candidato del PP en las elecciones generales del 23 de julio en 'El Periódico de España'.

Horas después, un comunicado del partido ha zanjado el asunto: “la Mesa bilateral que Sánchez constituyó con el independentismo, en la que se trata de igual a igual el Gobierno de España y al Gobierno catalán, quedará desactivada si Feijóo logra la confianza mayoritaria de los españoles”.

La mesa de diálogo entre ambos gobiernos fue una de las medidas impulsadas por Sánchez para normalizar las relaciones institucionales con Catalunya después del fracaso del procés independentista, del 1-O y de la aplicación del artículo 155, que privó a la comunidad autónoma de su autogobierno por primera vez desde su restauración tras la muerte del dictador Francisco Franco.

Las reuniones que se celebran tienen como objetivo, precisamente, desencallar el conflicto político derivado del procés, pero también abordar traspasos competenciales atascados, como el servicio de tren de cercanías o las becas educativas, pendientes desde hace décadas.

La mesa bilateral no es un órgano improvisado por Pedro Sánchez, sino que está prevista en el Estatut. Se constituyó en el año 2007, bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Pero Mariano Rajoy la paralizó durante su mandato. Entre 2011 y 2018 el presidente del PP la ignoró. El regreso del PSOE a Moncloa, y la necesidad de reconducir la situación política con Catalunya, permitió su reactivación.

Parecía que Alberto Núñez Feijóo se comprometía a mantener la actividad bilateral con la Generalitat, pese a que en el pasado ha criticado activamente su mera existencia. Como presidente de la Xunta de Galicia, Feijóo criticó que se “premie” a Catalunya con un foro de estas características. También denunció “gratificaciones” al independentismo.

De hecho, Feijóo reunió a presidentes autonómicos, en una cita al margen de estatutos o instituciones del Estado, para protestar por un hipotético acuerdo de financiación bilateral entre el Gobierno y Catalunya que nunca se produjo.

Incluso el líder del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, prometió hace apenas un año, ya con Feijóo como líder del PP, que si el gallego llevaba a la Moncloa sería el final de la mesa de diálogo.

Pero Feijóo había cambiado el paso. O eso parecía. “No tengo interés en ir contra ninguna mesa si está constituida y tiene como objetivo fundamental tratar asuntos que no afecten a los demás”, asegura en la entrevista en 'El Periódico de España'. Y añade: “Yo en una mesa no puedo tratar asuntos que afecten a los demás sin darle cuenta a los demás. Sí le pediré a la Generalitat de Cataluña, además de mantener un diálogo fluido con sus autoridades, que se incorpore a la mesa multilateral que es la Conferencia de Presidentes y el Consejo de política fiscal y financiera”.

Al filo de las dos de la tarde, el PP reculó en un comunicado: “El presidente del PP ha dicho en una entrevista publicada hoy que mantendrá el diálogo con la Generalitat de Cataluña, como hará con el resto de Comunidades para abordar las cuestiones que afectan específicamente a cada territorio. Como dice también al mismo medio, cualquier diálogo bilateral no puede referirse a cuestiones que afectan al conjunto de los españoles. Por tanto, la Mesa bilateral que Sanchez constituyó con el independentismo, en la que se trata de igual a igual el Gobierno de España y al Gobierno catalán, quedará desactivada si Feijóo logra la confianza mayoritaria de los españoles. Ni en su forma ni en su fondo responde a los objetivos anteriores. Como ha dicho siempre, habrá diálogo, pero no sumisión”.

Feijóo lanzó este jueves la campaña del 23J en Castelldefeles (Barcelona). Ante un millar de personas, el candidato del PP no mencionó la mesa bilateral ni sus recetas para “coser”, como dijo, las relaciones entre Catalunya y el resto de España.

El líder del PP sí comparó hace un par de días en otra entrevista a ETA con el independentismo catalán, y señaló que “las leyes” acabaron con el terrorismo en Euskadi igual que con el procés.

Alberto Núñez Feijóo actualizará su declaración de bienes ante el Senado, e informará por tanto de su sueldo como presidente del PP, al finalizar el mandato y no en el plazo de una semana que le ha dado el presidente del Senado, Ander Gil. Es decir, el líder del PP no revelará cuánto cobra del partido hasta después de las elecciones generales.

El presidente de la Cámara Alta envió este martes un escrito a Feijóo en el que, amparándose en el artículo 26 del Reglamento del Senado, que fija un plazo de treinta días naturales para presentar una nueva declaración cuando se modifiquen las circunstancias declaradas, le pedía actualizar su información antes del 4 de julio.

El PP puso en cuestión este plazo y lo desoirá. Fuentes de este partido indican que Feijóo presentará su declaración de bienes en “tiempo y forma” cuando deje de ser senador, una condición que mantendrá hasta que el próximo 17 de agosto se constituyan las Cortes Generales elegidas en los comicios del 23 de julio.

El PP se niega a informar al Senado

El pasado mes de noviembre, Feijóo informó por primera vez ante el Senado su nombramiento como presidente del PP. Ocho meses después del congreso que lo aupó. Pero entonces no detalló los emolumentos que dicho cargo llevaba aparejados, ya fueran en forma de salario o en especie. Fuentes del PP aseguraron entonces a elDiario.es: “Cumplirá con todos los requerimientos que le haga el Senado”.

Desde que fue elegido líder de la oposición, el presidente del PP se ha negado a aclarar cuál es su salario a pesar de que ha dicho que lo que cobra lo declara en el Senado y no es así. La declaración de bienes y actividades que el gallego presentó en la Cámara Alta sólo refleja que preside el PP, pero no la cuantía que percibe.

“Mis retribuciones entran por nómina del Senado y por el partido. Todas las personas que hemos estado en el comité de dirección tiene un incremento de sus salarios por el partido”, dijo el candidato popular la semana pasada en una entrevista en la Cadena Ser. También expresó el compromiso de revelar ese dato cuando tenga que entregar la nueva declaración al finalizar la legislatura. 

El PP incumple la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno aprobada hace una década bajo la mayoría absoluta de su propio partido y con Mariano Rajoy como presidente. La norma, en su artículo 8. f) obliga a hacer públicas “las retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos y máximos responsables” de las entidades afectadas por el texto, que recoge explícitamente a los “partidos políticos”.

Una simple visita por la web de Transparencia del PP basta para comprobar que el partido de Feijóo incumple la ley. De hecho, no hay información nueva de la dirección que asumió el mando del partido en abril de 2022 tras la defenestración de Pablo Casado. Son muchos los enlaces que no funcionan, llevan a páginas inexistentes o apuntan a documentos de hace años.

El Gobierno vuelve a incumplir la obligación legal de informar sobre el dinero que se gasta en proteger a un miembro de la familia Borbón española. En este caso es el Ministerio del Interior quien ha ignorado la orden del Consejo de Transparencia de publicar el coste del despliegue de seguridad que rodeó la visita de Juan Carlos de Borbón a España en 2022, y que tuvo como principal destino la costera localidad de Sanxenxo (Pontevedra), aunque también incluyó un viaje a Madrid para pasar unas horas con su familia en la Zarzuela antes de regresar a su destierro en Abu Dabi.

Así lo ha adelantado Maldita.es, medio que inició el procedimiento de reclamación de información pública que derivó en la orden que Interior ha optado por no obedecer, como ya ha ocurrido en el pasado con peticiones similares. En concreto, el Consejo de Transparencia mandató a Interior a informar “en un plazo máximo de 10 días hábiles” y, en concreto, a detallar “los gastos desglosados por partidas, así como los gastos de alojamiento, gastos de desplazamiento, gastos en comidas, dietas y otros gastos para cada una de las personas que conforman el dispositivo”, según la resolución.

Pero Interior no ha cumplido la orden. Fuentes del departamento consultadas por elDiario.es han asegurado que es algo que no depende de ellos, y han remitido al Gabinete del presidente del Gobierno, de quien dependen, aseguran, las cuestiones relacionadas con transparencia y la Casa Real.

La decisión del Gobierno de ignorar las órdenes de Transparencia que tienen que ver con la Casa Real no es nueva. De hecho, es lo habitual y solo un procedimiento judicial podría obligar al Ejecutivo a obedecer la resolución del Consejo.

El pasado verano, por ejemplo, el Ministerio del Interior también optó por desobedecer al Consejo de Transparencia, que le reclamó informar del número de efectivos que desempeñan sus funciones para Zarzuela. Lo hizo bajo el argumento de que tiene carácter reservado y es un perjuicio para la “seguridad pública”, similar al motivo esgrimido ahora.

El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska se acogió a un acuerdo del Consejo de Ministros de 1986 que declara secretos los planes de seguridad, pero el Consejo de Transparencia ya ha determinado en otras ocasiones que informar sobre el coste no pone en riesgo a los funcionarios que desempeñan esta labor ni desvela la protección del rey ni de sus familiares.

El Gobierno acumula resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno para que detalle cuestiones como el número de agentes de los que dispone la Casa del Rey, el presupuesto que se gasta en esa partida o el personal que acompaña al rey emérito y el coste en dietas que conlleva, según varias resoluciones analizadas por esta redacción. Todos esos datos permanecen en secreto, a pesar de que cada movimiento del rey tiene detrás un importante despliegue.

El problema no solo se queda en Interior. La secretaría general de Presidencia, que dirige ahora Francisco Martín Aguirre, ha usado en el pasado idénticas explicaciones para denegar la información: que se trata de un asunto reservado y que puede “comprometer tanto la seguridad de las personas objeto de protección como la de los agentes encargados de la misma”. 

El secretismo se extiende incluso al exilio forzado de Juan Carlo de Borbón en Abu Dabi. Interior no ha concretado el número de escoltas que acompañan a Juan Carlos I en su estancia en Abu Dabi. elDiario.es ha revelado que dispone de tres ayudantes de cámara cuyos salarios y dietas abona Patrimonio Nacional, pero se desconoce el personal de seguridad a su servicio.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha activado el protocolo anticovid en las residencias de mayores ante “las informaciones alarmantes que llegan desde China”, donde el repunte de casos de coronavirus mantiene desbordados los hospitales y está poniendo a prueba los recursos médicos. En un mensaje en su perfil de Twitter, Ayuso ha informado también de que va a reforzarse el Hospital Isabel Zendal, además de que han solicitado al Gobierno central que “establezca controles a los vuelos procedentes de China”.

La alarma de la presidenta llega tan solo dos semanas después de que su consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, sostuviese que hay que eliminar la mascarilla del transporte público porque “no tiene sentido”, debido a la poca incidencia del virus “a nivel asistencial”. Según explicó en un acto en el madrileño Hospital La Paz, la estrategia debe ir dirigida “a la protección de los más vulnerables”.

Precisamente, Escudero ha enviado una carta esta tarde a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en la que le ha pedido la convocatoria “urgente y extraordinaria” del pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para “abordar la situación actual y las posibles medidas a adoptar”.

Según explica el titular de Sanidad madrileño, ante la apertura de fronteras chinas, consideran “necesario” abordar el posible impacto en los países de la UE. Escudero ha pedido a Darias que se intensifiquen los controles en los aeropuertos españoles y que se valoren posibles medidas de salud pública que supongan “un control extraordinario en el país de origen de las salidas de personas con resultado negativo en las pruebas de diagnóstico”, antes de “decidir coartar la libertad de movimiento”.

“Como bien sabes, la experiencia de los últimos años nos ha enseñado que con el COVID-19 cada minuto cuenta”, zanja.

Varios países ya han impuesto restricciones

Ante el elevado número de contagios que está registrando China, ya son varios los países que han impuesto restricciones a los viajeros. Así, EE.UU., Italia, Filipinas, Japón o Taiwán exigirán pruebas PCR mientras países como Australia prefieren esperar a ver cómo evoluciona la situación. Por su parte, España, aunque no ha anunciado por el momento ninguna restricción, este jueves por la mañana ha pedido, a través del Ministerio de Exteriores, precaución al viajar a China.

La semana pasada, la Organización Mundial de la Salud se mostró “muy preocupada” por la evolución de la COVID en China y reclamó “más información”, ante lo que el Ministerio de Asuntos Exteriores respondió que Pekín ha compartido sus datos “de forma abierta, puntual y transparente” desde el inicio de la pandemia.

El Gobierno chino aseguró a principios de este mes que se daban las “condiciones” para que el país ajustara su estricta política de 'cero COVID' ante una “nueva situación” en la que el virus provoca menos muertes, aunque también anunció un plan para acelerar la vacunación de los ancianos, uno de los grupos más vulnerables pero a la vez más reticentes a inocularse.

“Es inmoral que el Gobierno financie con 400 euros actividades de ocio de personas de 17 años, el doble que los 200 que reparte a las familias vulnerables. Es inmoral”. La frase la ha pronunciado este jueves el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en referencia a Pedro Sánchez y el bono cultural que aprobó este año el Gobierno para ayudar a un sector que padeció los efectos de la pandemia. Es el mismo Feijóo que hace apenas un año anunciaba, como presidente de la Xunta de Galicia, un bono cultural destinado precisamente a un “plan de reactivación” de esta industria.

Corría septiembre de 2021. El por entonces presidente de la Xunta de Galicia comparecía en una rueda de prensa tras una reunión de su Gobierno. Feijóo recordó varios bonos ya aprobados: el turístico, “activa comercio”, “renove electrodomésticos”. Ayudas que sirvieron, explicaba, para “paliar la caída de consumo de 2020”, el año más duro de la pandemia.

“La cultura nos preocupa”, dijo entonces Feijóo, quien planteó un “plan de reactivación” porque “miles de familias que viven del sector de la cultura”. “Vamos a reforzar con un bono cultural que movilizará cuatro millones de euros”, dijo el presidente gallego [aunque en realidad era la mitad, 1,9 millones]. El bono ofrecía “descuentos del 50% de consumo en cultura” para “incentivar la demanda cultural, favorecer el fortalecimiento del sector”. Los destinatarios eran “39.000 usuarios”. Y el dinero disponible en el bono, 50 euros que solo pagarían el 50% del desembolso real [de ahí que el dinero público invertido fuera la mitad de esos cuatro millones “movilizados”].

“Se puede comprar productos audiovisuales: películas, series, libros, videojuegos, entradas para cualquier institución cultural, salas de cine, conciertos de música, espectáculo escénicos, etc”, concluyó Feijóo.

Un año y tres meses después, el mismo Feijóo ha arremetido con dureza contra el Gobierno, que este año ha aprobado un cheque de 400 euros destinado a los jóvenes en edad de cumplir 18 años. Durante la rueda de prensa de balance de 2022, Feijóo lo ha considerado “inmoral” tras contraponerlo a los 200 euros por familia vulnerable que el Ejecutivo va a movilizar a partir de enero de 2023. El líder del PP no ha explicado las diferencias presupuestarias entre ambas medidas ni el número de destinatarios de cada una.

“Los ciudadanos no quieren bronca, quieren soluciones”. “Pido que se rebaje la escalada verbal”. “Volvemos a ofrecer un alternativa centrada y con sentido de Estado”. “En lo que a mí respecta, tendrá un aliado”. “Cada vez que la democracia ha estado amenazada, los grandes partidos optamos por darnos la mano y utilizar la ley”. Son frases pronunciadas por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, este mismo martes. Hace 48 horas. Dos días después, el principal partido de la oposición ha lanzado desde su cuenta de Twitter oficial otro mensaje: “A los socios de Sánchez y agresores sexuales ya les ha tocado el Gordo. ¿Y a ti?”.

Así ha utilizado el PP el sorteo de El Gordo de Navidad para arremeter contra el el Gobierno tras el cara a cara del miércoles en el Senado y del que Feijóo salió sorprendido por lo que su entorno calificó como ataques del presidente contra él. El líder de la oposición planteó su perfil moderado. “Deje de provocar. Deje de descalificar al Tribunal Constitucional. Déjelo ya”, dijo, para decir que él defiende “la democracia plena”. Y concluyó: “Estamos con la mano tendida, somos el partido constitucionalista”.

Desde que llegó a Madrid el pasado mes de abril, el dirigente gallego y su equipo se han esforzado en ofrecer una imagen moderada, centrada e incluso transversal de su jefe de filas. “Ni de izquierdas ni de derechas”, llegó a decir el pasado lunes, en una intervención ante la Junta Directiva Nacional del PP. De hecho, dijo expresamente que iba a mantener ese discurso y tono “moderado” en sus intervenciones y que “ni unos ni otros” le iban a sacar de ahí.

Pero es el mismo Feijóo cuyo partido pone tuits en los que señala a “los agresores sexuales les ha tocado el gordo”.