Los documentos de la Bilateral: de qué hablan el Gobierno y la Generalitat cuando no discuten del procés

El Gobierno y la Generalitat viven el momento de relaciones más fluidas en una década, con diálogo prácticamente constante y frecuentes reuniones a varios niveles. En público, cada parte se mantiene en su postura sobre el procés: la administración catalana propone referéndum y amnistía mientras la Moncloa exprime y amplía su agenda para el recuentro. Pero, ¿de qué hablan los dos gobiernos una vez ya han manifestado sus diferencias sobre “el conflicto”? ¿Qué asuntos tratan y en qué están obligados a entenderse? elDiario.es ha tenido acceso, gracias a una petición de acceso a la información pública, a la documentación tratada en la última reunión Bilateral, celebrada el pasado 2 de agosto en Madrid. Unos papeles que permiten ver a través de la cerradura qué temas están sobre la mesa en un encuentro de este tipo.

La reunión de este verano fue la décima reunión de la Comisión Bilateral, prevista en el Estatut, desde que se creó en el año 2007. Con todo, hay que tener en cuenta que entre 2011 y 2018 esta mesa no se reunió nunca y, desde que se retomó la relación, lo ha hecho dos veces. El pasado 2 de agosto se reunieron, por parte del Gobierno, un equipo de siete personas encabezado por la ministra Isabel Rodríguez y otras siete por parte de la Generalitat, con la consellera Laura Vilagrà al frente. También se sentaron en la mesa dos secretarios de estado, la delegada del Gobierno en Catalunya, Teresa Cunillera, el vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, y el conseller de Economía, Jaume Giró.

El orden del día, de nueve puntos, no era largo, pero a la reunión se había aportado previamente cuatro informes y dos anexos sobre el estado de las relaciones entre ambas administraciones en diferentes aspectos, de la conflictividad competencial a los convenios suscritos, pasando por los traspasos reclamados o en proceso. En total 186 folios con todos los detalles del estado actual de las relaciones entre las dos administraciones en los últimos tres años.

El informe de los traspasos no es el más largo, pero es el punto donde los gobiernos siempre tienen más fricciones. Para comenzar, la Generalitat mantiene una larga lista de reivindicaciones activas, como el traspaso de los servicios de Cercanías de Renfe, que la semana pasada volvieron a estar de actualidad por la huelga. En la anterior reunión de la Bilateral, en 2018, el Govern había esgrimido esta cuestión, así como el llamado Archivo de Salamanca, las becas, las territorialización de las subvenciones a la inmigración, las mutuas laborales o la gestión y recaudación del impuesto de matriculación, entre muchas otras.

Pero el Ministerio afea a la Generalitat que ésta nunca les enviara el informe al que se habían comprometido en aquella reunión, razón por la que aseguran que no se ha podido avanzar apenas. Durante los últimos tres años solo ha habido avances en la financiación de la justicia, gracias a un decreto de diciembre de 2020 en el que se reconocía la creación de 10 juzgados y una nueva sección del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. El Estado reconocía así una necesidad de asignación anual de poco más de un millón de euros, a los que debían sumarse un traspaso de 5,2 millones transferidos en un solo pago por gastos atrasados.

El MIR, traspaso polémico pero que avanza

El sistema de formación de especialistas médicos, conocido como MIR, es otra de las cuestiones que hacen saltar chispas en las relaciones entre Madrid y Barcelona. En el año 2018 la Generalitat lo había reclamado y es una de las materias en las que más se avanzó durante la última Bilateral. Tal como anunció la ministra Rodríguez tras la reunión, Gobierno y Generalitat acordaron la creación de un grupo de trabajo con el objetivo de estudiar “la viabilidad” de este traspaso. Pero esto generó polémica en el sector, hasta el punto de que otra ministra, la titular de Sanidad, Carolina Darias, se vio obligada a matizar a su compañera en el Consejo de Ministros.

“He de dejar bien claro que este Gobierno va a continuar con el mismo sistema que tenemos ahora. No está en la agenda del Gobierno ningún traspaso sobre esta materia”, aseguró Darias. Horas después la consellera Vilagrà le respondía: “Ministra, en la Comisión Bilateral los gobiernos catalán y español acordamos crear un grupo de trabajo para debatir sobre este traspaso y otros. Por lo tanto, sí está en la agenda”.

Los documentos obtenidos, más allá de la voluntad final que cada gobierno pudiera tener, dan la razón a la segunda parte. El posible traspaso del MIR aparece en uno de los acuerdos firmados. La literalidad del texto afirma: “Se crea un Grupo de Trabajo para analizar la viabilidad de los posibles traspasos de funciones y servicios a la Comunidad Autónoma, incluyendo, entre otros, los traspasos en materia de formación sanitaria especializada […] Asimismo valorará la procedencia de la transmisión, mediante el instrumento jurídico correpondiente, de la titularidad de los bienes inmuebles que solicite la Comunidad Autónoma”.

El traspaso del Ingreso Mínimo Vital, enterrado

Catalunya reclama la gestión del Ingreso Mínimo Vital casi desde el mismo momento en el que esta prestación se puso en marcha, en junio de 2020. La Generalitat entiende que las competencias en materia de Seguridad Social le permiten tener el control sobre los fondos, resolver las solicitudes para acceder a la prestación o gestionar los pagos. Además, en noviembre del año 2020 Pere Aragonès anunció que el acuerdo con el Gobierno para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado incluía que la Generalitat pasara a gestionar directamente el IMV. Sin embargo, el Gobierno cerró la puerta al traspaso en la última Bilateral.

“No cabe el traspaso a la Comunidad Autónoma de Cataluña de funciones y servicios adscritos a la gestión del ingreso mínimo vital, puesto que el Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, atribuye con carácter general tal función al INSS, circunscribiendo el traspaso a la Comunidad Autónoma del País Vasco y a la Comunidad Foral de Navarra”, aseguraba el informe que fue compartido con la Generalitat en la reunión del 2 de julio pasado. Según explicaba el mismo documento, la razón de esta disparidad de Catalunya con Euskadi y Navarra es precisamente el carácter foral de estas, es decir, que cuentan con haciendas propias, tal y como está previsto en la legislación que creó el IMV.

En la Bilateral quedó claro que no habría traspaso de esta política por voluntad, pero a la Generalitat aún le quedaba una oportunidad: la vía del Constitucional. El Govern había litigado durante varios meses para que el TC reconociera las competencias que ellos esgrimen, pero finalmente no fue así. El pasado 22 de septiembre el tribunal sentenció que la gestión centralizada del IMV no invadía competencias de las autonomías, cerrando así la reivindicación catalana por la vía judicial.

Con todo, el Ministerio de Inclusión afirma que se está colaborando de manera estrecha con la Generalitat tanto para sacar a la luz perceptores como para coordinar la prestación estatal con la autonómica. Este trabajo conjunto, argumentan desde el Ministerio, tiene como primer objetivo conseguir una ventanilla única para este tipo de rentas, algo que en este momento no existe. Más adelante, podría llegarse a algún tipo de traspaso autonómico, afirman, aunque por el momento no le ponen fecha.

Rodalies: más recursos sin cesión de Renfe

El servicio de cercanías de Renfe, las conocidas como Rodalies en Catalunya, han estado en el ojo del huracán durante las últimas dos semanas, con motivo de una huelga de maquinistas. En algunas jornadas, sobre todo al inicio de la protesta, los trabajadores no han cumplido los servicios mínimos y eso ha generado graves problemas a los usuarios de la red ferroviaria. El pasado lunes, uno de los días de mayor caos en las cercanías, ERC, Junts y Comuns coincidieron en exigir el traspaso de el servicio a la Generalitat, algo que el PSC tampoco ve con malos ojos, aunque duda de que sea la solución. Quien sí está claramente en contra son los sindicatos mayoritarios de maquinistas, hasta el punto que mostrar resistencia al traspaso es una de las razones de la huelga.

En este capítulo las versiones vuelven a ser contradictorias. “El traspaso de Rodalies está sobre la mesa”, afirmó la portavoz de ERC, Marta Vilalta, en relación a la negociación de presupuestos con el Gobierno. Renfe, en cambio, niega que la cesión de infraestructura sea una posibilidad. El presidente de Renfe, Isaías Táboas, niega que se esté planteando un traspaso de trenes ni de personal. “Se está hablando del traspaso de los recursos económicos para que puedan pagar a Renfe por los servicios”, explicó Táboas, quien califica de “anomalía” que siga siendo el Estado y no la Generalitat quien gestione estos pagos.

De nuevo, los papeles de la Bilateral tienen la clave. En los acuerdos suscritos aparece un punto para cumplir una de las disposiciones adicionales de los presupuestos, que versa sobre esta materia. Lo pactado ahora entre las dos administraciones es celebrar una nueva reunión de la Comisión Mixta de Asuntos Económicos para “analizar y acordar de forma definitiva el procedimiento para hacer efectivas las transferencias de recursos”, del Estado a la Generalitat, “correspondientes a los servicios de transporte de viajeros por ferrocarril de cercanías y regionales”. Es decir, los fondos económicos, pero no así la infraestructura, los trenes ni el personal, que continuará siendo de Renfe.

Choques ante el TC: cuatro de la Generalitat contra ocho del Gobierno

Otra de las cuestiones tratadas en la Bilateral fueron los choques que había habido entre ambas administraciones por cuestiones competenciales ante el Tribunal Constitucional. Ambos gobiernos tienen la voluntad de que sean los menos posibles y por ello hay una subcomisión, bastante activa, que trata de negociar cuando hay disparidad de criterios antes de llegar a la vía judicial. De hecho, la mayoría de las pugnas acaban en acuerdo. Desde agosto de 2018, el Gobierno y la Generalitat han suscrito 44 acuerdos en total para enmendar y limar articulado del contrario, con lo que se han evitado todos esos recursos ante el tribunal de garantías.

Sin embargo, hay veces que el acuerdo no es posible y se produce el choque. En el periodo de tiempo analizado, es decir, desde agosto de 2018 hasta que se produjo la última reunión de la Bilateral, ha habido 12 recursos al Constitucional, cuatro de ellos promovidos por la Generalitat y ocho por el Gobierno. Entre los últimos está la impugnación de la ley que limita los precios del alquiler en Catalunya, que el Ejecutivo central consideró que invadía su parcela al tener el Estado competencia exclusiva sobre legislación civil, además de una ley estatal de arrendamientos urbanos. Anteriormente había llevado al tribunal la ley catalana que daba competencias a los municipios sobre ordenación del litoral o el impuesto verde sobre instalaciones con alto impacto en el medio ambiente.

La Generalitat, por su parte, había llevado ante el Constitucional el ya citado Ingreso Mínimo Vital, que el tribunal desestimó. Como también rechazó que hubiera una invasión competencial del Estado en una sanción impuesta por la Comisión Nacional del Mercado de Valores a la ANC por su campaña de “consumo estratégico” contra diferentes empresas del Ibex, algo que la Generalitat entendía que en todo caso era tarea de la Autoridad Catalana de la Competencia. En lo que sí le dio parcialmente la razón el Constitucional al Govern fue en su impugnación de un decreto sobre la adopción internacional, que quitaba poder a la Generalitat para establecer los trámites con los países de origen. Finalmente, ambas administraciones están a la espera de que se resuelva el recurso interpuesto por Catalunya contra el polémico “decretazo digital”, que da poder al Gobierno para intervenir en la estructura de Internet.