Joan Marc llegó a su casa, en el distrito de Horta-Guinardó de Barcelona, cuando tenía tres años. Hoy tiene 61 y teme que después de tanto tiempo le vayan a echar. La propiedad que llevaba toda la vida gestionando la finca la ha vendido a un fondo, que ya ha empezado a enviar burofaxes avisando de que no renovarán contratos.

En el argot inmobiliario, el traspaso de un edificio entero con inquilinos se conoce como ‘compra con bicho’. “Nosotros no somos bichos, somos personas con derechos y una historia en esta casa”, dice Joan Marc, que está dispuesto a acabar su historia en la que siempre ha sido su hogar. “Yo de aquí me voy muerto. Tieso. Por mi pie no me voy a marchar”, asevera.

Él vive en uno de los 26 pisos de este edificio en el que todos sus inquilinos se han puesto de acuerdo para encontrar una solución. Lo que buscan es que la Generalitat o el Ayuntamiento accedan al tanteo y retracto y compren la finca. Se trata de un derecho que tiene la administración de avanzarse a una transacción inmobiliaria si paga el precio de compra pactado. En este caso, es de 5,5 millones de euros.

Por el momento, el Ejecutivo catalán ya ha rechazado hacerse con la finca. Así que la pelota ha caído en el tejado del consistorio, que tampoco se ha mostrado interesado, pero ha cedido el derecho a la cooperativa Sostre Cívic. Esto supondría que el edificio quedaría cooperativizado entre todos los vecinos y, si bien esta modalidad les parece atractiva, los inquilinos no están seguros de poder conseguir el dinero.

Por eso insisten al Ayuntamiento que repiense su postura ahora que todavía tiene unos meses para hacerlo. Y, si no compra, proponen que al menos ejerza como creditor y aporte el 40% del importe total para que la hipoteca sea sólo del 40%. El resto, lo podrían los vecinos a forma de entrada.

Esta es la reivindicación de cinco fincas de la ciudad de Barcelona, que se han unido bajo el paraguas del Sindicat de Llogateres para exigir al consistorio que aporte el “apoyo económico necesario” para salvar a más de un centenar de inquilinos del “riesgo de expulsión por compra especulativa”.

Por su parte, el Ayuntamiento asegura que está “haciendo seguimiento del caso” en estas fincas y recuerda que el protocolo es realizar un “examen cuidadoso” en función de los criterios que marca la ordenanza del tanteo y retracto. “Hay que entender que no se pueden adquirir la totalidad de bloques que están en venta”, apuntan, a preguntas de este medio. 

Con todo, desde el consistorio sacan pecho de haber adquirido 1.600 viviendas mediante el tanteo y retracto desde la última década, que es cuando se aprobó la normativa. Pero, si se analizan estos datos, se observa que la compra mediante el tanteo y retracto es una herramienta que el Ayuntamiento de Jaume Collboni ha usado mucho menos que el de Ada Colau. La exalcaldesa, durante sus ocho años de mandato, adquirió unas 200 viviendas anuales. En cambio, la media del socialista baja hasta las 50. 

La norma indica que las fincas compradas por tanteo y retracto por la administración se convierten en vivienda de protección oficial (VPO). En caso de que ya hubiera alguien alquilándolas, el contrato se prorroga y se convierte en un alquiler social. Si estaban vacías, hay dos posibilidades: o bien se incorporan a la bolsa de vivienda pública o se ceden para la mesa de emergencia, que son el conjunto de pisos disponibles para acoger a personas vulnerables en riesgo inminente de quedarse en la calle. 

Por tanto, el descenso en las compras por tanteo y retracto se ha notado también en el número de pisos que el consistorio aporta a la mesa de emergencia que, de media, se ha reducido a más de la mitad con el Ejecutivo de Collboni. Por otro lado, la inflación y la crisis de la vivienda ha hecho que, en la última década, se haya multiplicado por 13 el número de personas en riesgo de perder su casa. Sumando ambos factores, el resultado es que hay 754 familias a la espera de recibir una vivienda de urgencia. Un máximo histórico desde 2015. 

Por su parte, el Ayuntamiento asegura que “la dificultad de acceso a la vivienda” se encuentra “en el centro” de sus políticas y reconoce que, a diferencia de mandatos anteriores, la estrategia de Collboni se ha centrado en la construcción y en la eliminación de las licencias de pisos turísticos como estrategia de aumentar la oferta, tanto pública como privada, de la ciudad. “Hemos optado por regular e intervenir el mercado, entendiendo que este no se regula solo”, explican.

Burofaxes y falsos inspectores

Los vecinos temen quedarse expuestos a este mercado que ha “abierto las puertas a la especulación”, apunta Joan Marc. Este hombre volvió a la casa de su infancia hace una década, cuando le diagnosticaron cáncer de páncreas. “Vine a morir a casa”, sostiene. Cuando su padre falleció, él pudo heredar el contrato y se lo renovaron por siete años con una pequeña subida de precio: paga 652 por un piso de más de 100 m². Pero sabe que la nueva propiedad no será tan benevolente. 

Por ley, no pueden saber quién ha comprado la finca hasta que la transacción se cierre definitivamente, pero sospechan que se trata de un fondo buitre o un fondo de inversión. Los vecinos han ido recolectando “pistas” que les han llevado a esa conclusión. Además de los burofaxes que avisan de que no van a renovar más contratos, se han encontrado que los pisos que han quedado vacíos durante los últimos meses no se han puesto en alquiler.

También explican que un día se presentaron en sus puertas personas que decían venir a realizar una inspección técnica. En lugar de eso, “empezaron a grabar mucho, a hacer muchas fotos y a hacer comentarios sobre las vistas o los balcones”, explica Pablo, otro de los vecinos. 

Reconoce que su finca es un “caramelo” porque, aunque está en un barrio alejado del centro y con una renta media por debajo de la media de la ciudad, es un edificio con mucho potencial. Los pisos son grandes y, además, cuentan con unas vistas privilegiadas que ofrecen una panorámica de toda Barcelona. “No sé lo que podrían llegar a pedir por esto”, cuenta Pablo, que lleva 10 años en la finca, junto a su esposa y cinco hijos. 

Él paga 1.090 euros y es consciente de que, si le echan, no podrá encontrar fácilmente un nuevo hogar. “Con lo que podemos pagar, viviríamos apiñados. Por no hablar de lo difícil que sería alejarnos del barrio donde mis hijos van al colegio y donde nosotros trabajamos”, insiste. 

“Yo no quiero irme. Pero tampoco quiero que se vaya él, ni el otro, ni el otro”, insiste Joan Marc, mirando a Pablo. Estos vecinos se unieron desde el momento en que tuvieron el menor indicio de que podían echarles. La mayoría de ellos llevan décadas en la finca; la antigua propiedad no había subido demasiado los precios y no había abierto pisos turísticos ni de temporada. “Y así es como debería ser. Uno solo debería mudarse porque quiere, no porque le obliguen”, sigue Pablo.

Por eso, aseguran que harán “todo lo necesario” para quedarse en su casa e insisten al Ayuntamiento para que recapacite y se haga cargo de los pisos en estas cinco fincas. “Que escojan, o los vecinos o la especulación”, zanjan las familias.

La ley catalana que debía prohibir la compra especulativa de viviendas no verá la luz. O al menos no en su forma original ni en los términos que acordaron el PSC y los Comuns en julio. Después de meses negociando, ambas formaciones han sido incapaces de llegar a un acuerdo para sortear el revés del Consell de Garanties Estatutàries (CGE), que consideró que la propuesta inicial contravenía el Estatut y la Constitución. Finalmente, en un intento de última hora para salvar la ley, ambas formaciones han acabado presentando por separado unas enmiendas que, difícilmente, conseguirán el apoyo del otro.

Si bien las resoluciones del Consell no son vinculantes y se podría haber optado por seguir adelante con la tramitación, el PSC prefirió parar el proceso y asegurarse de que el nuevo texto que vote el Parlament tenga “seguridad jurídica”. Este fue el primer punto de fricción con los Comuns, cuya intención inicial era seguir adelante con el texto original para no “desvirtuarlo”.

En esencia, la ley prohibía la compra de un inmueble cuando no fuera para dedicarla a vivienda habitual del comprador. La excepción era que los grandes propietarios o empresas sí podían adquirir fincas enteras siempre que fuera para ponerlas en alquiler a un precio limitado, tal como ya recoge la ley que regula el tope del alquiler.

Con sus enmiendas, el Govern plantea ahora no limitar el número de pisos que se pueden comprar y centrar el debate en el uso que se da a la vivienda, que debe ser “habitual y permanente”. Este supuesto afectaría también a los pisos de nueva construcción. Aun así, el texto, al que ha tenido acceso elDiario.es, incluye “excepciones” y permite que los Ayuntamientos puedan acordar permitir otros usos residenciales (como el alquiler temporal o turístico) siempre que justifiquen la “suficiencia de vivienda habitual”.

También se contempla que el comprador pueda no alquilar inmediatamente el piso cuando la vivienda esté sometida a un proceso judicial de desahucio o si está siendo reformada en el momento de la compra. Estos dos supuestos son herramientas de inversión que ya usan los grandes propietarios para adquirir viviendas por un valor por debajo del de mercado y alquilarlas después a un precio más elevado.

Por su parte, los Comuns han presentado principalmente enmiendas de carácter técnico; la única modificación de contenido se basa en la propuesta de excluir las viviendas que se hayan adquirido mediante una herencia.

La ley, a votación en diciembre

A medida que se acercaba la fecha límite para proponer las enmiendas, el 30 de octubre, ambas partes veían cada vez más claro que no se iba a llegar a un acuerdo. El Govern, incluso planteó la posibilidad de pedir una prórroga para tener más margen, opción que acabó descartando.

Ahora, no es solo que la ley original no vaya a ver la luz, sino que la opción de que el texto modificado salga adelante tampoco está clara. En su primera versión, sólo contaba con los apoyos asegurados de Comuns y PSC, que necesitaban el apoyo de una ERC que nunca se mostró incondicional.

Pero ahora, ni siquiera está claro que quienes impulsaron juntos esta medida vayan a votar favorablemente a las enmiendas del otro. Aunque el president Salvador Illa considera que el acuerdo “no se ha roto”, los Comuns han rechazado frontalmente las propuestas del PSC para salvar la ley. Consideran que los socialistas han “reculado” con unas modificaciones que “suponen una rebaja respecto a lo que se había negociado”.

“No sé si es que han recibido una llamada o es que les arrastramos sin que tuvieran una clara voluntad”, ha apuntado Jéssica Albiach, en una entrevista en TV3. En esta línea, cabe destacar que el pacto para sacar adelante la ley fue clave para que los Comuns apoyaran los presupuestos de Illa y, mientras unos salieron adelante, la otra es posible que acabe en papel mojado.

La resolución sobre el destino de esta ley, que en un inicio debía tramitarse por la vía rápida, habrá de esperar hasta diciembre, que es cuando está previsto que la ley se someta a votación en el Parlament, según han explicado fuentes del Govern a elDiario.es.

Los contratos de alquiler de temporada cayeron un 40,2% en el segundo trimestre de 2026 respecto al mismo periodo del año anterior. Estos datos muestran los efectos de la ley que regula los precios de las rentas temporales y de habitaciones, vigente en Catalunya desde diciembre de 2025. Esta norma tuvo efectos visibles ya en el primer trimestre de este año, cuando se registró una bajada del 32%.

Los datos constatan que se han registrado 963 contratos de temporada menos en el conjunto de Catalunya. Ahora bien, la consellera de Vivienda, Sílvia Paneque, alerta de que muchos de estos pisos se han pasado a alquiler de habitaciones. Aunque este tipo de renta también está regulado, desde el Govern entienden que este trasvase puede ser una puerta abierta a infracciones.

De hecho, el alquiler de habitaciones es una de las “prioridades” de la Dirección General de Disciplina, el cuerpo creado en agosto y dedicado a inspeccionar posibles infracciones. El cuerpo de inspectores, que actualmente está formado por 50 personas para toda Catalunya -con el objetivo de llegar a las 100- ha incoado hasta la fecha 45 expedientes sancionadores, que suman 1.300.000 euros de sanciones propuestas.

En estos meses, se han realizado un total de 600 inspecciones, priorizando a los grandes tenedores. Aun así, la consellera ha advertido que todavía se tardará en imponer cualquier sanción: “el sistema es muy garantista y los procesos son largos”, ha apuntado.

Estos datos vienen del análisis de las fianzas depositadas en el Incasol durante el segundo trimestre del 2026, que también permiten evaluar el efecto que ha tenido la ley que marca el tope de precios de alquiler, que entró en vigor en marzo de 2024.

En el periodo analizado, si bien los precios han aumentado, lo han hecho de manera “contenida y casi imperceptible”, tal como ha apuntado la consellera. En el conjunto de las zonas tensionadas -que son aquellas en las que se aplica el tope- la crecida de precios ha sido de un 2,6% interanual, todavía por debajo de la inflación, que se sitúa en el 3,2%.

En Barcelona, la subida es del 0,5% y, por contra, en el conjunto de las zonas no tensionadas, ha sido del 11%. El Govern ha querido quitar hierro a este dato, insistiendo en que la norma topa el incremento de precios a la subida del IPC y respecto al precio del anterior contrato; por tanto, es “inevitable” que se reflejen de alguna manera las oscilaciones del precio de mercado previas a la norma. Así, los contratos firmados en el segundo trimestre del 2026 se espejan en los firmados en 2021, cuando se registró una subida interanual del 10%.

Actualmente, el precio medio es de 877 euros en Catalunya y de 1.140 en Barcelona. Con todo, según estimaciones elaboradas por el Govern, el tope de precios ha conseguido que estos sean entre un 8,9% y un 10,6% menor de lo que habrían sido sin la ley.

Si se analiza por provincias, la estimación ilustra que el precio por metro cuadrado es 11 euros menor de lo que habría sido en Barcelona; 13 en Girona; 9 en Tarragona y 22 en Lleida. “La ley funciona”, ha apuntado Paneque, que ha querido ahuyentar el fantasma de que la norma ha provocado una bajada de la oferta, asegurando que en los dos años que hace que está en vigor se han registrado unas 2.000 viviendas más en el mercado, con 23.506 contratos más. “Lo que disminuye es la rotación, no la oferta, porque se dan prórrogas tácitas”.

Desde el Govern aseguran que la regulación también ha tenido un efecto positivo en el mercado de la compraventa, que “se está conteniendo de manera mucho más elevada respecto a otras comunidades”. La hipótesis es que al no existir la perspectiva de “comprar para obtener un bien financiero o para especular”, el precio se mantiene estable, así como el esfuerzo que dedican las familias a pagar la hipoteca.

Ahora bien, la consellera sostiene que esta norma no es suficiente como para solucionar la crisis actual de la vivienda. “Para bajar el precio de manera sostenible, hay que aumentar también la oferta para que podamos llegar a contener el mercado”, ha insistido Sílvia Paneque.

En 1983, la NASA envío a la primera mujer estadounidense al espacio, Sally Ride. Aunque los soviéticos ya habían puesto en órbita a dos astronautas, la experiencia era totalmente nueva para la agencia americana. Tanto, que le preguntaron si 100 tampones serían suficientes para pasar una semana. Eso, y si le parecían correctos los productos que habían escogido para el kit de maquillaje que, seguro, querría llevarse a la misión.

Más allá de lo anecdótico, la historia ejemplifica el papel minoritario que tienen las mujeres en algunas áreas científicas. Cierto es que Ride fue la primera y que su misión tuvo lugar hace 43 años, pero la igualdad sigue lejos. Sumando todas las personas que la NASA ha enviado al espacio, ellas siguen siendo solo el 18% del total. Pero no solo es que sean menos, sino que, además, son tratadas de forma diferente a los hombres.

Otro ejemplo: muchas de las mujeres que van al espacio acaban suprimiendo sus ciclos menstruales de manera temporal. Ninguna agencia espacial les obliga a ello, pero aun así, se ponen un DIU con hormonas que les causa amenorrea. “Nadie les fuerza a hacerlo; es el entorno lo que les empuja”, apunta Lucía Matamoros, nanocientífica con un máster en Ingeniería Biomédica Computacional por la UPF de Barcelona. “El váter de la Estación Espacial no está pensado para gestionar la menstruación y las compresas y tampones no son prácticos en misiones largas”, añade.

Actualmente, esta joven está inmersa en un estudio sobre el impacto de las misiones espaciales en el cuerpo de las tripulantes, a través de sus datos biométricos. Lo hace de la mano de la misión Hypatia, la única del mundo formada únicamente por mujeres, donde ella es, además, astronauta análoga. Esto viene a significar que, aunque no ha ido físicamente al espacio, ha participado en expediciones que emulan las condiciones que tendría una misión a Marte.

Estas condiciones son la temperatura, el aislamiento, la comida y agua racionadas, el peso del traje, la necesidad de estar constantemente en comunicación, los espacios reducidos y el estrés. Lo único que no se puede simular exactamente es la gravedad, pero en el planeta rojo esta “no es tan diferente” a la de la Tierra, tal como apunta Matamoros.

Las dos primeras misiones Hypatia se han realizado en el desierto de Utah (Estados Unidos) y la próxima, dentro de pocos meses, se trasladará al Ártico. “Hemos subido el nivel”, dice la astronauta, que explica que ya han empezado los entrenamientos físicos y mentales para llegar preparadas a la expedición. “Es lo más similar posible a lo que te puedes encontrar en el espacio. No solo por las condiciones, sino por los protocolos, las normas estrictas y la intensidad de la convivencia”, sostiene.

La del Ártico será la primera experiencia sobre el terreno para Matamoros. En la pasada misión de Hypatia ella fue personal de tierra y se quedó en Barcelona para ir procesando los datos biométricos que recogía de las tripulantes. Midiendo su ritmo cardíaco, la temperatura y los ritmos de sueño, pudo estudiar el nivel de concentración, de estrés y de bienestar tanto emocional como físico.

En eso, Hypatia también es pionera: es el primer proyecto que estudia cómo están las cosmonautas durante la misión. Porque, hasta ahora, solo se había analizado qué sucedía en el cuerpo tras la llegada a la Tierra. Y únicamente se hacía con hombres. “Obviar qué pasa mientras estás en órbita responde a esa mentalidad antigua de seguir pase lo que pase, por muy mal que estés”, sostiene Matamoros. “Pero eso es muy mala idea, porque hasta la más pequeña variación puede marcar la diferencia en una situación crítica”.

“El espacio pone el cuerpo y la mente al límite y es importante entender cómo podemos mejorar el bienestar de los astronautas, porque tienen que tomar decisiones muy rápidamente que pueden salvarles la vida o comprometer los alimentos de toda una semana”, expone la científica. En este sentido, insiste en la necesidad de estudiar todos los aspectos que puedan alterar el bienestar de un tripulante y la menstruación, sin duda, es uno de ellos.

Matamoros tuvo en cuenta si las cosmonautas tenían o no la regla cuando medía sus datos y ese simple hecho hizo que las muestras recogidas fueran ocho veces más significativas estadísticamente. Eso es porque el ciclo altera cuestiones como el ritmo cardíaco, los indicadores de estrés o la respiración. Estas variaciones, sin tener en cuenta si la astronauta está menstruando o no, podrían ser malinterpretadas, llegando incluso a pensar que pueden ser indicio de enfermedad.

La copa menstrual reina en el espacio

Hypatia es un proyecto pionero porque pone a las mujeres al frente de la investigación, pero además las convierte en objeto de estudio. Y eso hace que se puedan evitar situaciones bochornosas como la de los 100 tampones de la NASA. “Un tampón, como un bolígrafo, no funciona igual en el espacio que en la Tierra”, resume Matamoros. Pero no hace falta dedicar fondos a investigar un nuevo producto menstrual que funcione con gravedad cero porque ya existe: la copa menstrual.

Con ella se solucionó la gestión del ciclo de todas las tripulantes de una manera simple y, además, permitió recolectar fácilmente muestras de fluidos para luego experimentar con ellos. En la misión en el desierto de Utah se pudo concluir que la sangre menstrual actúa como un fertilizante efectivo que podría ser clave para mantener las reservas de alimentos en misiones en Marte, gracias a los cultivos en el interior de la base.

Este experimento se dio de la mano de Astrocup, un proyecto de investigación que se dedica a estudiar la viabilidad, seguridad y resistencia de las copas menstruales en condiciones extremas como las que se dan en los vuelos fuera de órbita.

“Es curioso que estas cuestiones que son tan terrenales no se hayan estudiado hasta que ha entrado la investigación espacial en juego”, sostiene Matamoros. Pero ella misma recuerda que parte de las grandes innovaciones tecnológicas y científicas han surgido a raíz de las misiones aeroespaciales. “Hacernos estas preguntas que están fuera de lo que normalmente imaginaríamos es más fáciles en contextos excepcionales como son una misión espacial o el deporte de élite”, sostiene Matamoros.

Esta científica y astronauta análoga se confiesa “derrotista” cuando recuerda que “la ciencia siempre ha sido muy patriarcal, de hombres para hombres”. En esta línea, pone un ejemplo muy claro: los cinturones de los coches se diseñan con maniquís masculinos, sin tener en cuenta que la altura y la distribución de la masa corporal en las mujeres es distinta. Y eso lleva a que, en caso de choque frontal, ellas tienen un 73% más de posibilidades de sufrir una lesión grave.

“Se está empezando a estudiar más a las mujeres, pero sigue habiendo una visión masculina terrible. Se han hecho antes estudios sobre cómo afectaba a la libido de los hombres convivir con una mujer con endometriosis que sobre la endometriosis en sí”, resume Matamoros. Aun así, ese “derrotismo” no le quita el apetito ni las ganas de seguir investigando. Sabe que hay campo para correr y que el futuro de las mujeres puede ser brillante en la ciencia.

Volviendo a Sally Rider, ella fue la primera astronauta de la NASA, una agencia que vetó a las mujeres en viajes al espacio hasta 1978. Y, aunque si se mira al histórico de tripulantes, todavía estamos muy lejos de la paridad, esta realidad ya está mejorando. En la academia, las mujeres ya suponen el 60% de los estudiantes. “Las dinámicas están cambiando”, augura Matamoros.

100 cuestiones y respuestas sobre la defensa de la vida humana y la actitud de los católicos. Ese es el título de un libro, editado por la Conferencia Episcopal, que una trabajadora ha encontrado en la sala de culto y reflexión del Hospital de Bellvitge, un hospital público que, por ley, no debería permitir la presencia de elementos religiosos.

“Es alarmante que haya estos materiales. Son libros que van contra los derechos de las mujeres”, sostiene Maribel Ramírez, trabajadora y delegada de la CGT en el centro, quien denuncia la presencia de “propaganda antiabortista” en las zonas comunes.

El hallazgo se ha realizado en la sala de reflexión, que sería equivalente a las capillas de los hospitales católicos. La diferencia es que, al ser Bellvitge un centro público, este espacio debe ser aconfesional porque debería poder acoger a personas de cualquier credo, así como a las agnósticas o ateas. Y, por tanto, estar libre de cualquier simbología o elemento relacionado a una religión concreta. 

Aun así, los trabajadores han llegado a contar hasta 15 objetos relacionados con la simbología católica, desde crucifijos hasta estampitas. Y, además, “numerosa” propaganda y octavillas tanto de la Conferencia Episcopal como del Opus Dei.

“Hacen difusión de una religión a personas que se encuentran en un momento delicado”, dice Ramírez. “Hay teléfono de contacto e indicaciones para unirte a esas organizaciones si quieres salvar tu alma”, sigue la delegada sindical, que denuncia que todo este material se coloca con el conocimiento del Hospital. 

Por su parte, desde el centro explican que desconocían la existencia de este libro y aseguran que investigarán “en qué circunstancias ha aparecido” y quién lo ha dejado en la sala de culto. 

El texto, que fue encontrado el pasado miércoles, el jueves ya había desaparecido. Pero las trabajadoras insisten en que ellas no lo han tocado. “Nuestras abogadas nos han dejado claro que no nos podemos llevar nada, porque eso supondría atentar contra la libertad religiosa”, aclara Ramírez. 

Una larga batalla

La polémica con la sala de culto no es nueva. Esta se remonta a 2022, cuando el Hospital abrió el espacio que, según la ley catalana de cultos, debería ser aconfesional al encontrarse en un centro público. Cosa que no sucede, tal como denuncian desde la CGT.

Además, el sindicato afea al centro que el espacio figure como “capilla” y recuerdan que estas salas han de ser respetuosas con todas las religiones, así como con las personas agnósticas, que “deberían poder acceder allí para afrontar su duelo y su dolor”.

Por ello, ya han interpuesto diversas quejas. Una de ellas fue a la Sindicatura de Greuges (el defensor del pueblo catalán), quien les dio la razón en 2023. Tras ello, el Govern trató el tema en el grupo de trabajo ‘Iglesia Católica-Departament de Salud’ y trasladó las quejas al Secretario de la Conferencia Episcopal de Tarragona, el sacerdote Sebastià Aupí.

El párroco pidió disculpas “por la presencia de simbología católica en el espacio en cuestión” y se comprometió a dar orden de retirarla. Pero eso, tres años después, todavía no ha sucedido. Desde el sindicato afean que la situación sigue igual y avanzan a elDiario.es que, después del incidente con el libro antiabortista, se plantean iniciar acciones legales. 

Francisco Badea (La Paz, Bolivia, 1983) es profesor de Ingeniería en la Universidad de Nebrija y experto en certificación ferroviaria. A sus espaldas tiene años de experiencia analizando la gestión y el funcionamiento del servicio de trenes del país y constata que tanto los protocolos como los sistemas de seguridad están diseñados para evitar accidentes como el que este miércoles sacudió a Urda. “Si todo hubiera funcionado como debería haber funcionado, no hablaríamos de un accidente. Como mucho, de una anécdota”, sostiene el profesor.

Apunta a que España, como cualquier otro país europeo, cuenta con diversas herramientas de seguridad automática pensadas para responder en caso de que las otras fallen. Y eso incluye, también, subsanar posibles fallos por parte de los operarios. “La normativa contempla que los humanos pueden equivocarse”, sostiene. Por eso, insiste en que no se puede explicar lo sucedido reduciéndolo todo a un error humano.

La primera pregunta es obligada. ¿Es seguro viajar en tren?

Pues normalmente te diría que sí, y debería serlo, porque hay muchos sistemas de seguridad. Pero tras lo sucedido ayer, tengo que decirte que no.

¿Por qué?

Como decía, hay muchos sistemas de seguridad diseñados para que, en caso de que uno falle, responda el otro. La posibilidad de que pasara lo que sucedió en Urda era tan remota que no debería haber pasado jamás. La cuestión es que si todo lo que tenemos, que además viene marcado por una normativa europea, hubiera funcionado y los sistemas de seguridad hubieran estado operativos, el accidente no habría pasado. Eso es lo preocupante.

Entonces, ¿qué falló?

La administración de la infraestructura. Hubo una serie de fallos sistemáticos. Por eso, que la responsabilidad de todo esto recaiga sólo en un operario es absurdo. Tenemos sistemas de seguridad múltiples y redundantes. Algunos son muy sofisticados y otros más básicos, como las corrientes en vía, que son las que te dicen, por ejemplo, que hay un tren en algún lugar de la vía. Es un sistema que se inventó en 1872 y, si sigue ahí, es porque es profundamente robusto, válido y certificado.

Si todo lo que tendría que haber funcionado lo hubiera hecho, no estaríamos hablando de un accidente. Como mucho, de una anécdota de un tren que ha tenido que frenar porque se acercaba a otro.

Los protocolos contemplan que los humanos pueden cometer errores. Por eso, estos sistemas no están diseñados para que las personas tengan un poder determinante

Dice que la opción de que la responsabilidad recaiga sólo en un operario es absurda. ¿Cómo se toman las decisiones en el centro de control?

Nunca nadie decide solo. Hay protocolos para prácticamente todo.

Pero entonces, ¿cómo puede ser que ninguna de esas personas ni en ningún proceso de esos protocolos nadie se diera cuenta del error que era haber dado orden a un AVE de avanzar cuando había otro tren detenido en la vía?

Dar el orden de avanzar no es un problema; de hecho, es una respuesta contemplada en los protocolos.

Pero no a marcha normal, ¿no debería haberle indicado avanzar a marcha vista [como máximo a 40 kilómetros por hora] como medida de precaución?

Tampoco. De nuevo, el problema no está ahí. La normativa y los protocolos contemplan que los humanos pueden cometer errores. Por eso, estos sistemas no están diseñados para que las personas tengan un poder determinante.

Un ejemplo muy claro: en los trenes hay un botón del ‘hombre muerto’. De forma periódica, el maquinista tiene que apretarlo para demostrar que sigue vivo, que está atento y que no le ha pasado nada. Igualmente, hay sistemas que impiden que un tren entre en una estación a 300 kilómetros por hora, sea por descuido o por decisión del conductor. Y, de la misma manera, si un operario de Atocha se equivoca y da una orden errónea, hay muchos sistemas que deberían estar funcionando y advertir del fallo.

¿Cuáles son?

Hay sistemas complejos que hubieran frenado el tren directamente, como el LZB. Pero este, como sabemos, dejó de funcionar. En su ausencia, tenemos el ASFA [el que detecta e informa mediante semáforos si hay elementos en la vía] o el de corrientes en vías, que hubiera bloqueado automáticamente el tren. Sin mencionar el centro de control, que debería tener alarmas por todos sitios, porque se trata de un lugar con pantallas por todos lados.

Insisto en esto. Debía haber un semáforo en rojo porque el sistema ASFA, de respaldo al LZB caído, había detectado un tren en el mismo cantón. Y, a pesar de eso al AVE se le indicó que continuara la marcha normal. ¿Por qué?

La pregunta no es tanto esa sino por qué nadie ni nada para el tren después de esa orden equivocada. Ese AVE estuvo circulando más de 15 minutos y eso da tiempo suficiente como para dar una contraorden. Nos encontramos con una cadena de fallos que ha propiciado un accidente que en cualquier otro contexto no se hubiera dado. Que todo esto deje de funcionar a la vez es tan excepcional que, si hubiéramos hecho una apuesta hace unos días, la habría perdido.

Pero entonces, volviendo a la pregunta del inicio, si las posibilidades de que esto sucediera son tan remotas y tenemos tantos sistemas de seguridad, la estadística nos dice que viajar en tren sí es seguro.

El tren es seguro. El problema está en si quien administra la estructura para que esta sea segura no hace bien su trabajo. La fórmula que tiene Adif es la misma que tienen otros países europeos. Los operadores no deciden; su papel radica, básicamente, en asegurarse de que los sistemas están funcionando, verificarlos y contar personal formado. Al final, los protocolos no son más que papel y, si no van asociados a una correcta gestión, no sirven de nada.

Los trabajadores de los centros de control tienen una formación de nueve meses. ¿Es suficiente? Y, en esta línea, ¿hay bastantes empleados o los centros están saturados?

No debería ser así por lo que te he comentado antes: hay tantos sistemas de seguridad automática, que el humano sólo debería intervenir puntualmente. El operario que dio la orden al AVE de avanzar puede que no fuera consciente del error o que decidiera arriesgarse porque, en el fondo, sabía que si se equivocaba habría un montón de sistemas que evitarían el desastre. Y eso es un problema, como cuando te confías demasiado al sistema de frenado de emergencia de tu coche. Está ahí para algo, pero siempre puede fallar.

¿Cree que la orden que se dio al AVE, amparada por estos sistemas de seguridad, fue una manera de intentar que la línea no acumulara más retrasos?

Evidentemente. Es que Adif funciona con una doble lógica: por un lado, tiene que tener en cuenta la seguridad. Operar sólo en esa lógica hubiera supuesto, quizás, tener los trenes parados durante más de tres horas. Por otro lado, tenemos la presión económica y de mercado: la gente quiere llegar a tiempo a su destino y, además, no hay que olvidar las compensaciones por retraso.

Pero claro, es que la responsabilidad es del administrador, que tendría que resistir a las presiones o bien, directamente, constatar que no podemos tener un sistema de trenes que circulen a tanta velocidad. Quizás nuestro límite tendría que estar en los 170 kilómetros por hora en algunas rutas. Creo que la ciudadanía entendería mucho mejor que su tren tardara más a partir de ahora que no tener que lidiar con tragedias en las que mueren 74 personas.

España claramente no puede sostener su sistema de alta velocidad. La realidad lo demuestra

España ha presumido mucho de su alta velocidad. ¿Cree que estamos preparados para sostener el nivel de inversión y mantenimiento que requiere?

Claramente no, España no está preparada para sostener la alta velocidad tal y como está ahora mismo. La realidad lo demuestra. Y la solución no es fácil; no se apaña con un cambio de director o una mejora de los protocolos. Garantizar la seguridad requiere intervenir a muchos niveles. Y no hay que innovar demasiado, porque lo que buscamos ya lo tienen en otros países de Europa.

¿Qué nos separa de ser como ellos?

¡La pregunta del millón! Es una combinación de muchas cosas, pero creo que, en esencia, nos encontramos con empresas de gestión que están muy influenciadas por la cuestión política y por la presión económica.

En esta lógica dual de Adif, ¿liberalizar el servicio de la alta velocidad y permitir la entrada de otros operadores como Iryo fue un error?

Yo diría que no. Básicamente, porque España fue uno de los últimos países en liberalizar. Esa política fue una manera de conseguir que los precios bajaran mediante la competencia del mercado. Cuando todos tus vecinos hacen algo y les va bien, el problema lo tienes tú. Y no puedes poner excusas. Todos tenemos la misma normativa, pero solo nosotros tenemos estos accidentes.

Hablando de la red europea, la línea Sevilla – Madrid era la única de España que todavía no había dejado atrás el sistema LZB para incorporarse al ERTMS, que es el que usa en Europa. El cambio se licitó y adjudicó en 2021, pero todavía no se ha realizado. ¿Son normales esos tiempos?

No deberían serlo. No tengo referencia de cuánto ha costado en otros sectores, pero lo que sí puedo afirmar es que el LZB es un sistema muy bueno que, históricamente, ha funcionado fenomenal. No hay que caer en la trampa de pensar que, porque estuviera en proceso de cambiarse, es el culpable de lo que ha pasado. Simplemente, era un cambio necesario para coordinarnos con la red europea.

¿Hasta qué punto han sido determinantes en este accidente la falta de inversión y de revisión?

Entiendo que hay una correlación directa, el problema es que no tenemos capacidad de evaluar estos números porque nadie nos facilita datos transparentes y claros. Y así es imposible sacar conclusiones. Cuando el accidente de Adamuz, me preguntaron si creía que la financiación en esa línea me parecía correcta, y no supe responder. Sabemos algunas cifras, pero claro, hay muchísimas cosas que hay que tener en cuenta para poner en contexto esos números, como la orografía, el clima, el uso…

Después de cualquier accidente ferroviario, se aprovecha para revisar protocolos. Tras la tragedia de Urda, ¿qué cree que se debería incluir?

Mira, a estas alturas, con que hubiera un cambio tendría suficiente. No veo que hayamos incorporado cambios estructurales después del accidente de Adamuz.

Pero el accidente de Adamuz, además de que fue hace sólo nueve meses, vino provocado por un problema en las vías, no por un fallo de los sistemas de seguridad.

Al final, ambas cosas son un error por parte del operador. Todo radica en la calidad de la gestión. Y eso es un problema ahora que estamos en campaña, porque no puedes hablar de Adif sin hablar del Gobierno. Por eso, toda la conversación sobre trenes tiene tantísimo ruido alrededor. Un ruido que no beneficia a nadie.

La redistribución de la riqueza es una de las medidas que la sociedad española ve con mejores ojos para solucionar la actual pérdida de poder adquisitivo. Incluso entre los votantes de la derecha: más de la mitad de los simpatizantes de PP y Vox están a favor de aumentar los impuestos a quienes tengan más de una vivienda en propiedad (58% y 55%, respectivamente), así como de gravar “considerablemente” a los ricos (63% y 58%).

Así lo muestra encuesta del Instituto de Investigación Urbana de Barcelona (IDRA) elaborada a 1.850 personas de toda España este verano, meses antes de que la cuestión de la vivienda se convirtiera en el centro del debate. El estudio ha analizado, primero, el estado socioeconómico español y, luego, ha preparado una serie de propuestas para mitigar la pérdida de poder adquisitivo y las ha cruzado con el recuerdo de voto de la población preguntada.

Los datos de la encuesta demuestran que la precariedad se ha instalado en el conjunto de la población; cerca de la mitad de la población asegura que sólo puede hacer frente a los gastos básicos de su día a día, sin margen de ahorro ni para afrontar imprevistos. En esta máxima, el peso de la vivienda tiene una gran importancia: mientras el precio del alquiler ha subido un 85%, los salarios sólo lo han hecho un 25%. Con todo, la riqueza que genera el mercado habitacional, cada vez se reparte entre menos manos: en este periodo se han construido dos millones de viviendas, pero el número total de propietarios ha caído un 22%.

Esta concentración de los bienes se encuentra también en la cesta de la compra, cuyo precio ha subido un 45% en la última década, o en la energía. A pesar de eso, la población no reconoce a las grandes empresas como responsables de sus problemas económicos. La población sitúa en las principales posiciones al Gobierno y a los partidos políticos, seguidos por los especuladores y los bancos. Las empresas se encuentran en la cuarta quinta posición de la lista de culpables, seguidas por los inmigrantes y los propios trabajadores.

“Detectamos un malestar económico amplísimo que, aunque pocas veces llega a la pobreza extrema, está muy extendido y genera miedo al futuro”, apunta Jaime Palomera, director de Idra. Eso, apunta, se nota en las soluciones preferidas de la población. A parte de gravar a los colectivos más adinerados, otra de las medidas mejor valoradas es aquella que interviene los precios del mercado. El 70% de la población estaría a favor de que el Estado tope los precios de la vivienda, los alimentos y la energía durante momentos de crisis. Esa cifra se mantiene en un 63% en el caso de los votantes de la derecha.

Aun así, aseguran que la intervención sobre los precios genera más consenso social: se trata de una medida muy bien valorada por los partidos de la izquierda y divide mucho menos a los votantes conservadores. De esta manera, los investigadores apuntan a que los partidos que pudieran construir una “agenda política creíble podría disputar la hegemonía”.

En la misma línea, insisten en que el coste de la vida se sitúa en el centro del debate y, por eso, las políticas económicas que no protejan a la población podrían castigar mucho a ciertos partidos, de la misma manera que insinúan que un partido que se mostrara abiertamente a favor de aumentar impuestos a los ricos podría recolectar más apoyos. En este sentido, han evaluado el potencial apoyo a programas electorales “hipotéticos” y han recabado que una formación que prohibiera abiertamente la especulación tendría un 3% más de posibilidades de ser votado.

Por otro lado, una propuesta electoral que afirmara claramente su negativa a gravar a los ricos tendría un 9% de posibilidades de movilizar el voto hacia una formación que sí apostara por hacerlo. Por otro lado, la medida propositiva que mayor apoyo recolectaría sería la de ampliar el parque público de vivienda (con un 7% más de posibilidades de voto). “La vivienda es clave”, insisten desde Idra, que zanjan con un dato que es muy claro: las propuestas que defienden la libertad de mercado en el ámbito de la vivienda son las que menos gustan a la población. Y la razón es que el 70% de los preguntados creen que los ricos especulan con la vivienda.

“La vida digna está por encima de la muerte digna”. Así lo ha afirmado Alberto Núñez Feijóo en una entrevista en La Ser que ha agitado el avispero respecto al debate sobre la eutanasia. El candidato del PP ha vuelto a poner sobre la mesa su intención de reformar la ley que garantiza la muerte asistida y lo ha hecho con un seguido de falsedades que no responden a la realidad.

La más evidente es su afirmación de que “el papel de los médicos, los especialistas, es secundario” en el proceso eutanásico. Eso es, directamente, falso. Los facultativos son quienes acompañan, deciden y, sobre todo, tienen la capacidad de revocar en cualquier momento la solicitud de muerte asistida de un ciudadano. “Es una ambigüedad médica clara”, apunta Fernando Marín, vicepresidente de la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD).

Actualmente, según la ley, el proceso para acceder a la eutanasia pasa por pedirlo al médico especialista o de cabecera, que debe rubricar la solicitud y consultar al llamado 'médico consultor', un facultativo sin relación previa con el paciente que verifica que se cumplen con los requisitos. Una vez aquí, la petición pasa a la Comisión de Garantía y Evaluación, formada por especialistas médicos y juristas, y que tiene la última decisión. En cualquiera de estos estadios, se puede revocar la petición.

“Es una ley tremendamente garantista en la que los médicos tienen un papel fundamental. Decir lo contrario es querer confundir a la población”, asegura Marín. Por ello, aunque Feijóo insista en que quiere “derogar” la ley de eutanasia, eso no es tan fácil, puesto que el Tribunal Constitucional avaló el derecho a morir dignamente.

Con todo, ante la dificultad de derogar la ley, el objetivo del PP es, realmente, reformarla mediante el “filtro paliativo”. Se trata de un requisito que quiere obligar a que los facultativos que participan del proceso de evaluación sean todos especialistas de paliativos. Eso supone un problema, porque reduciría bastante la lista de profesionales disponibles para participar en la evaluación, lo que acrecentaría muchísimo los plazos.

“Es una manera de aumentar las denegaciones de manera indirecta. Dificultar encontrar médicos responsables y consultores sólo conseguirá que la gente se muera ates de acceder a la eutanasia, no que se deje de solicitar”, insiste Marín.

Según el Ministerio de Sanidad, en 2025 se tramitaron 1.284 solicitudes para morir, un 31% más que el año anterior. De ellas, menos de la mitad (48%) acabaron recibiendo ayuda. Eso, según DMD, demuestra tanto que la ley es “muy garantista”, como que ya hay dificultades para conseguir acceder a la prestación. Esta afirmación se sustenta en otro dato: el 31,5% de solicitantes murieron durante el proceso de tramitación.

“Tenemos una cifra de muertes asistidas muy baja porque a la gente le cuesta encontrar médico responsable. La gente se muere antes, sobre todo las personas con cáncer”, explica Marín. De nuevo, los datos lo avalan. El cáncer supone casi el 40% de las solicitudes, pero las que reciben la prestación son menos del 30%. En cambio, estas cifras se invierten con las enfermedades neurológicas: suponen el 30% de las solicitudes y el 46% de las eutanasias realizadas.

Una de las maneras de entender la dificultad de encontrar médicos responsables y consultores es mirar los datos por comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias en sanidad. Todas las regiones que se encuentran por debajo de la media en la realización de prestaciones (a excepción de Castilla-La Mancha) están gobernadas por el PP.

El motivo es que en estas comunidades suele haber más médicos objetores de conciencia. Eso significa que la solicitud debe ser trasladada al director del centro de salud que, si no encuentra a un facultativo entre su plantilla, debe preguntar al gobierno autonómico. “Se nota mucho que, según quien gobierne, cuesta más o menos encontrar profesionales”, insiste Marín.

A pesar de todas estas evidencias, Feijóo ha afirmado que está “de acuerdo” con la muerte digna, “pero antes de llegar ahí, hay que garantizar una vida digna”. Después de esta máxima, el líder popular ha aprovechado para volver a traer a colación el caso de Noelia, la joven que consiguió la eutanasia tras casi dos años de batalla legal con sus padres, que quisieron impedirle este derecho.

“El caso Noelia nos impactó. A mí me escribió su madre y me pidió que no volviera a pasar lo que le pasó a su hija”, ha asegurado Feijóo. Para DMD, que el líder del PP mencionara a la chica, es “un horror, una instrumentalización clara y gravísima”. Marín recuerda que a Noelia se le aplicó la eutanasia por la paraplegia que sufría, no por su depresión crónica. “Aun así, parece que hay quien quisiera que se volviera a intentar suicidar”, lamenta el vicepresidente de la entidad.

“Lo que hay que combatir es la desigualdad, las condiciones vitales que quitan la dignidad de las personas que sufren emocionalmente o por su situación socioeconómica. Eso es lo que hay que arreglar, no una ley de eutanasia que viene a dejar que la gente acabe su vida en dignidad y como decidan”, zanja Marín.

Clara Mattei (1988) ha pasado toda la vida a caballo entre su Estados Unidos natal y la Italia de la que proviene su familia. Al poco de nacer, se trasladó a Europa, donde gozó de la sanidad y educación pública. Allí se graduó en Filosofía y, con esos conocimientos, se trasladó, de nuevo, a Estados Unidos para doctorarse en Economía y ejercer la docencia. Empezó en universidades privadas, donde vivió de primera mano “la perversión del capitalismo salvaje”. Eso la afianzó en sus tesis anticapitalistas, que la llevaron a decantarse por la universidad pública y por buscar alternativas al sistema.

Se define como optimista, “a pesar de la que está cayendo” y asegura que hay maneras de escapar al capitalismo. Precisamente ese es el título de su nuevo libro, publicado con Capitán Swing (2026), en el que recuerda las herramientas de las élites para subyugar a los trabajadores y repasa su receta para poner las bases de un mundo más justo. Para ella, la clave está en la autoorganización y, por eso, ha fundado el Forum for Real Economic Emancipation (FREE), unos espacios de debate con el objetivo de diseñar un nuevo sistema económico que tenga en el centro la igualdad y la justicia.

En diversas ciudades de Europa hierven protestas sociales, desde Francia hasta Italia, pasando por Grecia o España. Eso me lleva al inicio de su libro, donde contextualiza el inicio de la revolución socialista de principios del siglo XX en un momento de hartazgo social derivado del trauma de la guerra, la inflación y las políticas de austeridad. No puedo evitar hacer paralelismos. ¿Adónde cree que nos llevarán estas protestas?

No debemos subestimar el poder de la organización colectiva cuando la gente se da cuenta de que el sistema no puede satisfacer sus necesidades básicas. Estamos ante una reacción espontánea contra un conflicto fundacional de nuestra economía que es que, por diseño, no puede garantizarnos siquiera una vida decente.

Es en estos momentos cuando se da un mayor potencial de cambio revolucionario, porque entendemos que este sistema no es racional. Lo único que se necesita es una organización más estable de la gente.

¿En qué formato?

No necesariamente en partidos o sindicatos. Creo que estas asambleas, en las que la gente se une y, a pesar de venir de contextos diferentes, toma decisiones de manera horizontal, son un buen comienzo. Esto es lo que hacemos en el Forum for Real Economic Emancipation (FREE), que se ha hecho muy grande a base de atraer a grupos preexistentes y a personas que no se habían movilizado antes. Gente pobre y sin perspectiva que se está organizando en círculos.

Lo que estamos viendo estos días, en forma de protestas, saqueos y disturbios, es un buen comienzo, pero no se puede quedar aquí si no queremos que se nos demonice. Tiene que haber una construcción permanente de alternativas para presionar a los mercados y los gobiernos.

Cuando habla de círculos, organizaciones de base y alternativas a los partidos tradicionales no puedo evitar pensar en el 15M, esa revolución que acabó cooptada por las lógicas del sistema de partidos. ¿Cómo podemos escapar de sus tentáculos?

Es muy difícil. A la que entras a jugar con las reglas del sistema, te corrompes. No es porque sean mala gente, sólo es que la función de la institución es hacernos creer que no hay otros métodos. Tenemos que repensar qué significa la política y, para eso, hay que cambiar la economía y las instituciones. Y eso necesita romper la dependencia de los inversores privados que tienen a la sociedad y a los partidos a su merced.

Es que la clave para subvertir el sistema es evitar quedar integrado en él

No pide poco…

Los trabajadores creamos valor, pero no lo usamos. Tenemos que mirar a las organizaciones de trabajadores, a las cooperativas y a todos esos espacios que buscan un provecho, pero no uno político o económico.

¿Reniega de los partidos?

Es que la clave para subvertir el sistema es evitar quedar integrado en él. No hay otra manera porque no podemos sobrevivir bajo el capitalismo. En lugares como China, las cosas son diferentes: el partido tiene otra lógica porque parte de una estructura cívica y porque controla el capital privado.

Claro que es un sistema que tiene límites, pero nos enseña que hay un espectro enorme de posibilidades y que el concepto de “partido” puede significar cosas distintas dependiendo de cómo estén diseñados y a quién escuchen. En Estados Unidos, que está en el otro extremo, los partidos están al servicio de los lobbies y su dinero. Y esas estructuras jamás podrán llevarnos hacia la democracia.

Afirma que no hay democracia posible bajo el capitalismo. ¿Eso significa que todas sus alternativas son democráticas? ¿Incluso China?

Todo lo relativo a China es complicado. En Occidente hay mucha propaganda contra China, principalmente porque nuestro concepto de democracia es diferente. Y creemos que el nuestro es el bueno, aunque tengamos un sistema electoral no demasiado democrático. De hecho, creo que la palabra “democracia” peca de ser algo imperialista a veces.

¿Y eso?

Porque se usa para ridiculizar y barbarizar a otras regiones. Claro que en China hay límites, pero eso también pasa en países subsumidos a las lógicas capitalistas. Hace poco estuve en China y vi visión de futuro, algo que en occidente hemos perdido. Tienen un gran sistema sanitario, educativo y de pensiones, no hay sinhogarismo… Son cosas que, quizás, hemos subestimado, pero que nos enseñan que hay alternativas.

Insisto en que en el capitalismo no puede haber democracia porque la democracia necesita relaciones no extractivas ni basadas en la explotación. Antes de que me lo digas, sé que la URSS no abolió la explotación, pero creo que el camino es parecido al que establecieron.

Hablar de democracia me lleva al concepto de libertad, que está muy disputado. Vemos cómo la izquierda la reivindica desde su definición más filosófica mientras que la derecha lo hace desde la perspectiva económica. Usted, que es filósofa y economista, ¿cómo entiende la libertad?

Para la izquierda se trata de recuperar el poder; si nos centramos en lo económico, es poder decidir sobre lo que se produce y cómo lo hacemos. Pero la derecha se ha esforzado mucho en resignificar la libertad y relacionarla con el emprendimiento, invertir en lo que se quiera y en la falta de regulación. Pero eso, paradójicamente, nos lleva a tener menos libertad. Hasta las élites y la gente con buenos sueldos, esa que cree que decide sobre su propia economía, está esclavizada por el capitalismo y su lógica del beneficio, de la competición y de la clase.

No hay ningún CEO o gran ejecutivo que viva sin estrés o presiones. Esa es la prueba de que la libertad es imposible, para absolutamente nadie, bajo el capitalismo. Estamos hablando de sentido común, pero parece que nos cuesta despertar del engaño. Espero que ahora que estamos en medio de una gran crisis algo empiece a cambiar.

Pero en momentos de crisis suele crecer el apoyo a los partidos de extrema derecha. ¿Qué le diría a la clase trabajadora que vota a opciones conservadoras?

Que si quieren derechos básicos cubiertos, sanidad pública y pensiones, necesitan unirse a la causa de la antiausteridad. Es un propósito que asusta a las élites porque puede unir a gente que piensa de manera muy diferente, ya que toca cuestiones que van a la raíz del bienestar material. No he visto las encuestas en España, pero estoy segura de que la idea de defender que la vivienda no sea un bien de mercado va a tener buenos resultados.

Efectivamente, no ha visto las encuestas [Risas]

¿Me equivoco?

Pues sí. El foco del debate se encuentra en la vivienda y, a pesar de que se ha constatado que el mercado no se regula solo y que sus intereses chocan con la concepción de la vivienda como derecho, las previsiones auguran una victoria de la derecha.

Aquí se ve por qué la austeridad es tan importante de combatir: divide a la gente de maneras que escapan a toda lógica. Además, produce precariedad y, a la vez, disciplina a los trabajadores para que tengan miedo a enfrentarse al sistema. Y eso se traduce en antagonismos entre la clase trabajadora.

Por eso es esencial que personas como yo escribamos libros y organicemos espacios públicos para el pensamiento crítico; así como que personas como tú, desde la prensa, os resistáis a las presiones económicas. Nuestra obligación es hacer obvias las costuras del sistema y demostrar a la gente que el enemigo no está entre nuestros iguales. La cuestión es cómo hacemos que todo este conocimiento llegue a la gente.

Odio trabajar para universidades privadas porque sé hasta qué punto puedo ser cómplice de la dependencia del mercado

Déjeme ser abogada del diablo. La academia, al menos en Estados Unidos, que es donde usted enseña, depende de universidades privadas que, a su vez, se alimentan de estudiantes obligados a endeudarse. Así que, en cierta manera, el conocimiento crítico que usted genera acaba alimentando al mismo capitalismo contra el que quiere luchar.

Pues sí. Y, por suerte, he sido contratada por instituciones públicas. Odio trabajar para universidades privadas porque sé hasta qué punto puedo ser cómplice de la dependencia del mercado. También tengo la suerte de publicar libros con editoriales que no piensan en cuánto van a vender, sino en la aportación que van a hacer. Pero, evidentemente, nadie se escapa de las contradicciones.

Salir del capitalismo requiere sacrificios. Estos pueden ser más asumibles para quien actúa desde el privilegio o, incluso, para quien se encuentra cerca de la pobreza extrema y no tiene nada que perder. Pero ¿cómo convencería a la clase media que ideológicamente comulgaría con el anticapitalismo, pero no se atreve a poner en riesgo la poca estabilidad de la que dispone?

No necesariamente requiere tantos sacrificios… El primer paso para escapar del capitalismo es organizarse y, para mí, es una experiencia tremendamente humana. Compartir espacio con gente que quiere mejorar el mundo es algo que te cambia. Así que no lo veo como un sacrificio.

Pero alterar el sistema requiere algo más que asambleas.

Es cierto que, cuando lo hablado en asambleas se materialice en acciones, puede haber violencia. Pero no va a haber más violencia que la que ya vemos cada día en nuestros trabajos, hogares y ciudades. También es muy probable que haya una guerra en Europa… No creo que mantenernos como estamos nos libre de la violencia; es más, creo que ese pequeño sacrificio nos puede ahorrar muchos otros que vendrán en el futuro. ¡Imagínate poder olvidarte del estrés, de la precariedad y del miedo a perder el trabajo!

Espero que la huelga general sea masiva para que le recordemos al sistema lo poderosos que somos, pero no hay que dejar que esa fuerza colectiva se apague después de un proceso electoral

Dedica, precisamente, un capítulo del libro a cómo el sistema mantiene siempre una cierta tasa de desempleo para controlar a los trabajadores a través del miedo. ¿Qué poder real tenemos?

Todo. Se ha trabajado muy duro para deslegitimar la teoría del valor-trabajo, que apunta a que el valor de algo se mide por la cantidad de trabajo necesario para producirlo. Eso es peligroso para el sistema, porque nos recuerda que los beneficios salen del trabajo no remunerado. Hemos olvidado que todo lo que tenemos proviene de la explotación.

Por eso, espero que la huelga general sea masiva para que le recordemos al sistema lo poderosos que somos. Nosotros tenemos la comida, los combustibles y las materias primas. Pero, sobre todo, no hay que dejar que esa fuerza colectiva se apague después de un proceso electoral porque, insisto, la democracia no está en el voto, sino en un sistema realmente igualitario.

Me gustaría acabar volviendo a apelar a su mitad filósofa. ¿Se puede ser capitalista y buena persona?

Creo que la mayoría de gente es buena persona. La cuestión es que muchos se ven obligados a hacer cosas que no harían, sólo para sobrevivir en la lógica capitalista. Nos gusta ver las cosas desde términos morales, pero el sistema es totalmente amoral. Lo vemos, por ejemplo, en el genocidio de Gaza: a diario hay bombardeos contra la población civil. ¿Los trabajadores que fabrican esas bombas son mala gente? Sólo piensan en sus necesidades inmediatas que son, seguramente, poner comida sobre la mesa. Pero eso no les excluye de estar participando en un genocidio, de una u otra manera.

Y es ahí donde vemos que la racionalidad económica es, por definición amoral, porque mata cualquier rastro de humanidad. Y por eso tenemos que cambiar este sistema que supedita el éxito a la inmoralidad.

El Govern da marcha atrás en la carrera para legislar contra la especulación inmobiliaria y pasa de prohibir invertir en vivienda a permitirlo, pero siempre y cuando los pisos adquiridos se dediquen a residencia “habitual y permanente”.

Esta es la propuesta del Ejecutivo catalán para desencallar la ley que prohibía la compra especulativa de vivienda, tal como ha avanzado el Periódico y ha podido confirmar elDiario.es. La ley original fue pactada el pasado julio, pero cayó debido a los votos en contra del PP y Junts y, además, recibió un revés del Consell de Garantías Estatutàries, que advirtió a Illa que la norma era contraria al derecho de la propiedad.

El texto nació de un pacto con los Comuns, esencial para que estos apoyaran los presupuestos de Illa, pero ahora ambas partes están encalladas en la negociación sobre el contenido de un nuevo texto que pueda pasar el filtro del Consell y del Parlament.

Inicialmente, el texto prohibía la compra de pisos a los grandes tenedores, a los que sólo se les permitía adquirir edificios enteros a condición de alquilar las viviendas como residencia habitual y a un precio limitado. En lo relativo a pequeños propietarios, estos también tenían vetada la compra de cualquier piso que no fuera destinado a vivienda habitual propia o de un familiar cercano, o para una segunda residencia.

Ahora la propuesta del Govern, a la que ha tenido acceso este medio, no incluye ninguna limitación a la cantidad de pisos que se pueden adquirir y, por contra, centra la cuestión en que estas se deban dedicar a vivienda habitual. Aun así, el texto incluye “excepciones” y permite que el nuevo comprador pueda no alquilar inmediatamente el piso cuando la vivienda esté sometida a un proceso judicial de desahucio o a las que estén siendo reformadas en el momento de la compra.

Estos dos supuestos son herramientas de inversión inmobiliaria que ya usan los grandes propietarios para adquirir viviendas por un valor por debajo del de mercado y alquilarlas después a un precio más elevado.

Otra diferencia entre la propuesta y el texto original se halla en la limitación de precios; si bien antes era obligatorio que, cuando un gran tenedor adquiriera una finca las viviendas siempre se alquilaran por debajo del tope marcado por el índice de precios, ahora esta restricción se aplica, “si fuera necesario”, a las zonas tensionadas.

Los Comuns han recibido con disgusto la propuesta del Govern, a quienes afean que hayan “reculado” en su intención de frenar la compra especulativa. “Es una rebaja respecto a lo que se había negociado”, han asegurado fuentes de la formación, en declaraciones a elDiario.es.

Si bien valoran positivamente la intención de blindar que las nuevas compras sean destinadas a uso residencial habitual y no al alquiler turístico, de temporada o de habitaciones, afean que esa es una cuestión que “ya se está hablando en otra ley”. Se refieren a la propuesta de norma, también pactada entre el Govern y los Comuns, para priorizar e intensificar la construcción de vivienda protegida. Por su parte, desde el Govern declaran que siguen trabajando para llegar a un acuerdo y que “el texto no está cerrado”.

Esta negociación se ha trasladado de los despachos a la sesión de control del Govern de este martes, donde la líder de los Comuns, Jéssica Albiach, ha protagonizado un rifirrafe con Salvador Illa. La primera ha definido la nueva propuesta legislativa como “un apaño que no termina con el acaparamiento en pocas manos de la vivienda”, mientras que el president ha esgrimido su obligación de trabajar con “rigor” para que la ley no acabe impugnada por los tribunales.

En esta línea, cabe destacar que sólo quedan nueve días para presentar enmiendas ante el Consell de Garanties Estatutàries y, por el momento, parece que el acuerdo está todavía lejos. Por ello, los Comuns apuestan por volver a presentar la norma que se presentó en julio, mientras que el Govern prefiere que el nuevo texto cuente con “seguridad jurídica”.

Una vez cerrado el plazo para apelar, el 30 de octubre, la intención de ambas formaciones era volver a llevar la norma ante el Parlament durante las primeras semanas de noviembre, cosa que deja un calendario muy apretado respecto a las elecciones del 29-N, que ya estarán de por sí muy centradas en la vivienda.

Ghariba hace dos años que vive, junto a su hijo de 9 años, en un piso del barrio del Clot de Barcelona. Este martes ha sido desahuciada de su casa, a pesar de que pagaba religiosamente su renta. El motivo: el contrato no estaba a su nombre, sino que ella pagaba a un hombre que le realquilaba y que jamás llegó a transferir ese dinero a la propiedad, la empresa Rambert 2001 SL.

Esa es la razón que ha esgrimido la Justicia para no suspender la expulsión de esta madre en base al decreto de vivienda que prohíbe los desahucios a familias vulnerables y que viven en pisos de grandes tenedores. Aunque el caso de Ghariba cumple todos los requisitos expuestos en la ley, la letrada de la Sección Civil 31 de Barcelona considera que, al no estar a su nombre el contrato, “carece de legitimación” para que se le suspenda el desahucio, tal como se expone en el escrito al que ha tenido acceso elDiario.es.

Este razonamiento se basa en el artículo 2 del decreto de vivienda, que es el que establece la suspensión de los desahucios. En el texto no se habla en ningún momento de inquilinos, sino de “parte demandada” y eso es a lo que se acoge la Justicia para considerar que Ghariba, a la que se considera “tercera parte”, no está amparada por la ley.

“Eso es absurdo, porque al final a quien van a desahuciar es a ella, no a quien le realquiló la habitación”, apunta una fuente jurídica consultada por este medio, que afea al tribunal que se haya acogido a un “vacío legal” fruto de una “circunstancia tan particular”. “Es imposible legislar para todas las casuísticas y, en este caso, ha habido mala voluntad”, zanja.

“Los beneficios económicos de la propiedad pasan por encima del derecho a la vivienda y los gobiernos aprueban leyes que no sirven para nada”, lamentan desde el Sindicat d’Habitatge del Clot. Además, alertan de que hay muchas más personas que, como Ghariba, están subarrendadas y que podrían quedar desprotegidas.

A pesar de que los activistas del barrio llamaron a parar el desahucio y a la presencia de diversos vecinos, estos no pudieron impedir que la policía entrara en casa de Ghariba y acabaran desahuciándola. Decenas de personas, en su mayoría muy jóvenes, han acudido a las puertas del hogar de esta mujer para intentar impedir que los agentes antidisturbios de los Mossos, que han movilizado seis furgonas, ejecutaran el lanzamiento, pero han sido desalojados uno a uno.

Se trata de la tercera vez que se intentaba ejecutar esta expulsión: la primera vez, el 5 de octubre, fue suspendido por las lluvias, que obligaron al Govern a decretar la alerta roja. El segundo intento fue el 14 del mismo mes, ya con el decreto de vivienda en vigor; en ese caso se suspendió por “falta de un dispositivo policial”. La nueva fecha fue fijada para este martes a las 9:00; la comitiva no ha llegado hasta las 11:30 y la expulsión se ha acabado efectuando dos horas más tarde.

Víctima de una estafa

Esta madre supo que había sido víctima de una estafa cuando le llegó la denuncia por impago. A partir de entonces, se acercó al sindicato de inquilinas del barrio, que fueron quienes la ayudaron a entender lo sucedido y descubrieron que, aunque Ghariba no había dejado de pagar, su dinero no llegó nunca a la propiedad.

En ese momento, los activistas intentaron mediar con Rambert 2001 SL, pero lamentan que no obtuvieron respuesta. La empresa desoyó las peticiones de regularizar la situación de Ghariba o de ofrecerle un alquiler social, al que esta madre tendría derecho por ley. Porque, aunque su proceso de desahucio empezó antes de que se aprobaran los llamados ‘decretos Maricarmen’, en Catalunya ya existía la ley 24/2015, que lleva más de 10 años en vigor.

Esta dicta que si la propiedad es un gran tenedor y el inquilino está en situación de vulnerabilidad, antes de interponer cualquier demanda por impago de alquiler, se debe ofrecer un alquiler social. Y eso no ha sucedido.

Con todo, esta madre cuenta con un informe de vulnerabilidad emitido por los Servicios Sociales de Barcelona y carece de alternativa habitacional. Pero todavía nadie le ha ofrecido un lugar en el que reubicarse junto a su hijo de 9 años. Ghariba lleva más de tres años en la Mesa de Emergencia, pero esta se encuentra colapsada y no ha podido acceder a una vivienda social.

Ada Colau, candidata del Frente Amplio, ha vuelto a X tras cinco años fuera de esta red social. Lo hace a las puertas de la campaña electoral y para aceptar una propuesta de entrevista con el youtuber Jordi Wild. “Será un placer”, ha contestado Colau a un post de Wild en la que la invita “formalmente” a asistir a su programa.

Se trata de la primera -y, de momento única- publicación de Colau, que dejó X en 2021, cuando todavía era alcaldesa de Barcelona. La de los Comuns no ha explicado el motivo de su retorno, como sí justificó su adiós hace cinco años. Según argumentó, las dinámicas de Twitter la “alejaban” de algunos de sus objetivos, como “hacer buena política”, “una política que transforme la realidad”, “ser buena alcaldesa” y ser “cada vez mejor persona”.

Quienes han explicado el por qué de su retorno han sido miembros de su equipo de campaña, que han explicado que vuelven a X y acuden a perfiles como el de Jordi Wild porque “el algoritmo está sesgado para favorecer el ruido y las mentiras de la derecha, pero no les vamos a dejar terreno libre”.

“En esta campaña habrá mucha gente, especialmente joven, buscando respuestas honestas sobre cómo pagar el alquiler, emanciparse o llegar a fin de mes, y solo reciben desinformación. No venimos a dar sermones ni a caer en sus provocaciones; venimos a hablar de tú a tú y a demostrar que hay propuestas reales y rigurosas para la vida de la gente”, remachan.

Colau dejó esta red social mucho antes del “gran éxodo” que se dio a finales de 2022 con la compra de la antigua Twitter por parte de Elon Musk. Entonces, muchos medios internacionales -como The Guardian o La Vanguardia- abandonaron la red social hacia alternativas como Bluesky, espantados por la falta de moderación y la readmisión de cuentas de extrema derecha que habían sido bloqueadas anteriormente.

Entrevistas con Jordi Wild

El youtuber Jordi Wild, que lleva años tratando cuestiones políticas en su podcast, ha decidido entrar también en campaña, proponiendo entrevistas a los candidatos. La condición del youtuber era que sólo haría estos encuentros si aceptaban todos los líderes, pero finalmente ha decidido ceder en ese requisito.

Por ahora, han confirmado Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal. A ellos se acaba de sumar Ada Colau. En la lista de Wild no figuran líderes de formaciones territoriales ni tampoco Podemos. Con todo, sólo le faltaría la confirmación de Pedro Sánchez. “Es fundamental para que estas charlas tengan otra dimensión y me encantaría contar con él, pero tampoco puedo obligarlo. Espero que al final se anime”, ha dicho sobre el presidente, que ya ha aparecido en otros podcast en el pasado.

Para estas entrevistas, Jordi Wild ha explicado que estará acompañado por “dos periodistas independientes fuera de cámara”, que serán los encargados de verificar los datos que se mencionen. “Podrán avisar cuando sea neesario y yo podré preguntarles si tengo dudas”, ha añadido. Asegura que los encuentros serán “duros e inquisitivos” y ha insistido en que será “cabrón” con los entrevistados, aunque siempre con “respeto y cordialidad. No habrá gritos ni descalificaciones”.

Una de cada cuatro personas en Catalunya se encuentran en situación de pobreza extrema. Es decir, que sobreviven con menos de 770 euros mensuales. A pesar de las dificultades que conlleva percibir tan poco dinero, la mitad de este grupo de población no cumple los requisitos para ninguna ayuda pública.

Así lo refleja un informe de la Taula del Tercer Sector, que apunta a que el sistema de prestaciones está diseñado de tal manera que deja a mucha gente fuera y que, además, no ayuda a salir de la pobreza a un elevado porcentaje de las que sí las perciben. “Los requisitos actuales no contemplan un gran abanico de situaciones de vulnerabilidad”, tal como se apunta en la investigación.

Según las entidades, los principales problemas que se encuentran quienes no cumplen los requisitos se están en la dificultad de empadronarse. Más de 40 municipios en Catalunya ponen trabas para registrar a personas sinhogar, a aquellas que viven en infraviviendas, sin contrato de alquiler o en situación administrativa irregular, a pesar de que hay una ley orgánica que obliga a hacerlo.

Otro de los problemas es acreditar el tiempo mínimo de residencia en un territorio -una problemática muy ligada a la del padrón-, las dificultades para disponer de una cuenta bancaria o para acreditar la composición del hogar. “Puede ser muy difícil de demostrar ciertas cuestiones cuando no se tiene una vivienda estable o si se viven cambios importantes”, ahonda la Taula del Tercer Sector.

En esta línea, el estudio llega a afirmar que hay un enorme porcentaje de personas que, a pesar de cumplir los requisitos para recibir estas ayudas, tienen problemas para acreditarlos. En el caso del Ingreso Mínimo Vital (IMV), esto afecta al 64% de los solicitantes; en la Renta Garantizada de Ciudadanía, al 30% y en el del Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI), al 78%, según datos de 2025.

A todo ello, se suma también el problema del “exceso de la burocracia”. Las entidades afean a la administración que haya diseñado un sistema con “procedimientos difíciles de entender” y plazos apretados. “La complejidad administrativa, la reiteración de la documentación y las comprobaciones, pueden convertir el proceso en un obstáculo en sí mismo”, apuntan.

Cobrar la prestación sin salir de la pobreza

A las dificultades para conseguir cobrar una ayuda pública, la Taula del Tercer sector añade otro problema: percibirla no significa, necesariamente, salir de la situación de vulnerabilidad. El estudio expone que el 66% de los hogares con hijos siguen en situación de pobreza severa a pesar de cobrar la RGC.

Esta realidad se debe a la falta de actualización del Indicador de la Renta de Suficiencia, un umbral que dicta los ingresos máximos para percibir las ayudas y en función del cual se calcula el importe de las prestaciones. Este indicador se creó en 2006 y ya entonces se situaba ligeramente por encima de la renta que marca la pobreza severa. Esta cifra se fue actualizando periódicamente hasta 2010; en ese momento, quedó congelada hasta 2022.

Este desfase provocó que el Indicador quedara estanco, mientras que el umbral de pobreza severa aumentara, de la mano de la renta mediana. Es decir; con el paso de los años, los hogares han incrementado ligeramente sus ingresos, aunque no lo suficiente para hacer frente a un crecimiento desbocado del coste de vida. Y, mientras, el indicador que separa quien tiene derecho a una ayuda y quien no, se ha quedado inalterado.

La primera actualización no llegó hasta 2024, pero esta sólo corrige “parcialmente” la situación. Ahora, se sitúa en los 778,49€ al mes, ocho euros más que el umbral de la pobreza extrema.

Con todo, las entidades alertan del “error” que supone determinar quién recibe ayudas públicas en función de los ingresos porque la vulnerabilidad, aseguran, está determinada por una “acumulación de ejes de desigualdad”. Destacan las dificultades para acceder a una vivienda, la falta de estabilidad, los problemas de salud mental, adicciones, la falta de redes de apoyo o la precariedad laboral.

Precisamente, los problemas derivados del mercado laboral también son uno de los puntos ciegos del sistema de prestaciones. Atendiendo a los datos, sólo el 13% de los hogares que recibieron la RGC entre 2021 y 2023 registraron alguna alta laboral. Esto se explica porque esta ayuda es incompatible con trabajar, incluso si se trata de un contrato parcial o temporal.

Además, al acabarse el trabajo, volver a recuperar la ayuda puede tardar meses. “Ese desfase puede suponer deudas y problemas graves. Aceptar trabajos puede llegar a ser una decisión económicamente arriesgada”, apunta el estudio.

Por todo ello, las entidades del Tercer Sector piden una “revisión urgente” del sistema de prestaciones que pase por pasar a una “cultura de la confianza” para con el usuario y compatibilizar diversas prestaciones entre ellas, así como con algunas rentas del trabajo. Y, de paso, insisten también en obligar a los ayuntamientos a empadronar y a atender a todos sus ciudadanos, así como a establecer mejores condiciones para los trabajadores sociales para garantizar una mejor atención.

Gabriel Rufián ha echado un jarrón de agua fría a pocas horas de que se acabe el plazo para presentar las listas de cara a las elecciones del 29-N: “Hemos fracasado, es muy probable que no pase. Me hubiera gustado un frente unido real, un acuerdo entre Comuns y ERC, pero parece que no será”, ha dicho el líder de los republicanos en el Congreso, en una entrevista en Rac1.

Rufián ha reconocido que esta semana ha estado a punto de “mandarlo todo a hacer puñetas”. “He querido irme a casa, porque todo esto me da mucha pereza. El espectáculo, el culebrón que estamos dando entre todos y todas es nefasto”, ha seguido el de ERC, que se ha lanzado a pedir disculpas al electorado por no haber logrado -al menos, todavía- una lista única de la izquierda.

El republicano ha sido crítico con todas las formaciones, desde los Comuns hasta el BNG, Bildu, Compromís y pasando por Más Madrid o incluso ERC. Los únicos para los que no ha tenido malas palabras ha sido para Podemos. “A mí cuando me dicen que los partidos no están preparados… Entonces es que no representamos a quien decimos representar porque, si hay un momento histórico en el que nos tengamos que poner de acuerdo, es este”.

Rufián ha insistido en diversas ocasiones en la idea del “fracaso” a pesar de que las personas al frente de la negociación “han hecho todo lo posible”, ha dicho, en referencia a él mismo y a la candidata del Frente Amplio, Ada Colau. “De ella sólo tengo buenas palabras, pero no tiene la capacidad de arrastrar a ciertas direcciones, que tienen sus propios cálculos electorales”.

Para el republicano, el pacto entre ERC y Podemos “no ha tenido que ver” con los escollos en las negociaciones; al contrario, asegura que los acuerdos para integrar a las fuerzas de izquierda territoriales es “necesario”. “Mi trabajo no es agradar a nadie, ni intentar que no sé quién no se enfade. Mi trabajo es posicionar ERC en una posición ganadora”, ha insistido Rufián.

“El problema es que somos los mismos de hace muchos años, pero con más años y con más odios”, ha apuntado Rufián. “Yo no vengo aquí a decir que no podamos pactar con Ada Colau porque nos quitara la alcaldía [en Barcelona] por pactar con Valls”, ha dicho en un ejercicio, según sus palabras, de “conciliación”, pero no exento del histórico rencor que une a los Comuns y a los republicanos.

A pesar de ser crítico con los “personalismos y los egos”, Rufián también ha reconocido que su figura -en tanto que político de izquierdas mejor valorado en España-, su presencia al frente de estas negociaciones es “importante”. “Si hay una mínima posibilidad de que alguien vote a ERC por mi presencia, me tengo que quedar”, ha expuesto, a la vez que se ha quitado responsabilidad sobre las decisiones tomadas estos días. “Copito de Nieve llenaba el zoo, pero no decidía qué comía”.

El republicano ha negado haber pensado jamás en dejar ERC y postularse a sí mismo como líder de la confluencia de izquierda. “Soy leal a mis siglas, siempre dije que me quedaría; lo que le pido es que entienda su papel histórico que es ser la izquierda nacional de nuestro país, pero de verdad. Y eso supone olvidar ciertas cosas”, ha apuntado Rufián, en referencia a los encontronazos tanto con Colau en Barcelona como con los Comuns en el Parlament o Sumar en el Congreso.

Con todo, Rufián considera que su lugar sigue en el espacio republicano y no en el Frente Amplio porque, asegura, “el Frente Amplio no es otra cosa que otra fórmula para Sumar”, pero “contaminada por una guerra de egos”, ha zanjado.

Uno de los iconos modernistas del Eixample de Barcelona tiene forma de mariposa. Este gran insecto hecho de trencadís que se posa en la fachada de un edificio atrae las miradas de centenares de personas al día. Pero no todos saben que, en su interior, se libra una batalla por el derecho a la vivienda. Tras casi tres años resistiendo contra un fondo de inversión que pretende echarles, las seis familias que siguen en la finca han decidido dar un paso más: inician una huelga de alquileres.

“En un contexto de altísima tensión y máxima centralidad de la cuestión de la vivienda, esta medida es una herramienta de presión económica directa que se ha usado poco, pero que llega en un momento clave”, apuntan desde el Sindicat d’Habitatge Socialista, entidad que acompaña a los vecinos del bloc Papallona (mariposa en catalán).

Esta decisión llega después de casi tres años de lucha, que empezaron en el momento en que los herederos de la dueña original vendieron la finca al fondo New Amsterdam Developers (NAD), cuya intención era no renovar los contratos de alquiler para vaciar la finca, fragmentar las viviendas y convertir los pisos en colivings. Esta intención se constató en el momento en que empezaron a marcharse los primeros vecinos, cuyos hogares ya han sido reformados.

De los seis que resisten, sólo dos siguen teniendo un contrato de alquiler vigente. Al resto ya les ha vencido, pero se negaron a irse y seguían pagando sus mensualidades como una declaración de intenciones. Hasta ahora. La huelga de alquiler es una respuesta a una propiedad que, según explican los vecinos, no sólo no se ha prestado a negociar, sino que también ha ejercido prácticas de “acoso” inmobiliario.

Tanto es así, que desde el sindicato alertan de que dos vecinos acabaron abandonando su casa debido a la “presión psicológica” y otros tres porque no podían hacer frente a los costes que suponía defender su causa ante los tribunales después de que la propiedad les denunciara.

Dejar de pagar es una herramienta de presión a NAD, pero también al Ayuntamiento de Barcelona, a quien el sindicato reclama que ponga “una resolución definitiva al conflicto” y que se avenga a comprar la finca, como ya hizo con la Casa Orsola, que se encontraba en una problemática similar. Además, en el caso del bloc Papallona, se suma el hecho de que se trata de un edificio declarado Bien Cultural de Interés Local que ya ha registrado daños en “elementos decorativos protegidos” a raíz de las obras para generar los colivings.

Tanto los vecinos como el sindicato coinciden en que la huelga de alquileres se da en un momento “estratégico”, no sólo porque la vivienda haya vuelto al centro del debate, sino porque los nuevos decretos aprobados por el Gobierno ponen límites al modelo de negocio que NAD tiene en Barcelona.

Este fondo de inversión aterrizó en Barcelona en 2023 con el objetivo de contar con una cartera de 1.000 habitaciones de alquiler en Barcelona. Esta modalidad de alquiler, junto al de temporada, quedó fuera de la regulación de la Ley de Vivienda, aprobada ese mismo año. Un vacío legal permitía fraccionar una vivienda y cobrarla a un precio muy por encima del marcado en el índice de referencia; una posibilidad que ha quedado vetada con la nueva normativa, que establece que la suma de todas las habitaciones no puede superar el precio máximo.

Los vecinos esperan que este cambio legislativo, sumado a la huelga de alquileres, sea presión suficiente como para hacer que la empresa ceda y pueda poner fin, tanto a la situación personal de estas familias, como a la especulación inmobiliaria a la que se ve sometida Barcelona, especialmente en el Eixample.

Según un informe de la Asociación de Vecinos de l’Esquerra de l’Eixample, más de 3.000 personas viven en fincas compradas por grandes propietarios que tratan de expulsar a sus inquilinos. Se trata, en total, de 90 edificios.

Cuando Maria Branyas era una niña, los yogures eran considerados un medicamento. Se vendían en la farmacia como un remedio intestinal, no como alimento. Esta mujer consumió muchísimos y, hasta que murió, conservó la costumbre que le inculcó su madre de comer tres al día. Y, según ella, fueron la razón por la cual llegó a vivir 117.

Maria, que durante casi un lustro fue la mujer viva más longeva del mundo, era ‘supercentenaria’. Nació en 1907, justo un año antes de que Iliá Méchnikov ganara el premio Nobel por una investigación que relacionaba la longevidad en Bulgaria con el consumo de lácteos fermentados. Fue él quien descubrió el Lactobacillus bulgaricus, que ayuda a mejorar la microbiota y, con ella, el sistema inmunológico y digestivo.

En ese momento, el consumo de yogures en el mundo se disparó. Igual que cuando Maria Branyas dijo en una entrevista poco antes de morir que su secreto para una vida larga era comer muchos lácteos. Sus palabras provocaron un gran revuelo, tanto que La Fageda, la marca que consumía, llegó a aumentar un 5% sus ventas en los meses posteriores. ¿Quién no querría vivir 117 años?.

Al recordar ese episodio, el doctor Manel Esteller, catedrático en Genética y director del Grupo de Epigenética del Hospital Sant Pau, no puede evitar reírse. “Las respuestas nunca son tan sencillas, por mucho que así nos gustaría que fuese”. Él conoce bien los motivos tras la longevidad de Maria, porque estuvo dos años estudiando su genoma junto al investigador Eloy Santos.

Extrajeron muestras, la observaron por dentro y por fuera para intentar desentrañar los secretos, si no de la vida eterna, de una muy larga. Los resultados se publicaron en un estudio en 2025 y ahora han tomado forma de libro. Historia de una supercentenaria (RBA, 2026) es la traducción a un lenguaje accesible de esa investigación, publicada en la revista Cell Reports Medicine.

“Estos conocimientos no se podían quedar sólo en el campo científico”, explica Santos, que destaca este como uno de los trabajos “más personales” que ha hecho jamás. El equipo estuvo más de dos años acompañando a Maria, recogiendo muestras de saliva –y de todos sus demás fluidos–, así como haciéndole entrevistas, observando su entorno y conversando con ella. “Normalmente, analizamos grandes volúmenes de datos, pero no conocemos a la persona. Y eso no sólo es bonito sino necesario, porque nos recuerda para quién trabajamos”, sostiene.

Una centenaria superviviente al Covid

Maria Branyas llegó a formar parte del 0,04% de la población que recibe el título de 'supercentenaria', manera en cómo se conoce a quienes viven más de 110 años. Y a ella no le tocaron unos fáciles: nació en San Francisco (Estados Unidos) aunque al poco tiempo su familia regresó a Olot (Girona). El viaje de vuelta fue una serie de calamidades: su padre murió de tuberculosis, mientras que ella quedó sorda de un oído tras caer por la cubierta del barco.

De vuelta a Catalunya, sobrevivió a la guerra, pero también a la gripe española y, más de un siglo después, al Covid-19, del que llegó a contagiarse cuando ya había superado los 110 años. ¿Cuál fue el secreto de Maria para vivir tanto y tan bien? Porque además, la muerte la halló en paz en su cama, conservando sus capacidades cognitivas y sin ninguna enfermedad grave.

Esteller y Santos la definen como “superúnica”. Murió con 117 años, pero su edad biológica era de 97. Es decir, que su cuerpo el de una persona 20 años más joven. Sus células no habían envejecido como lo hacen las de alguien normal y su función cerebral, cardíaca y su metabolismo se habían mantenido inusualmente en buen estado.

“No es que le tocara el gordo de la lotería, cosa que es muy difícil. A María le tocaron muchos premios menores”, explican los investigadores. La clave de su longevidad se encuentra en una mezcla de buenos genes, un metabolismo más adaptativo y un perfil inmunológico preparado para lo que viniera y para prevenir el desarrollo de enfermedades autoinmunes.

Eso explica que superara la gripe española de niña y la Covid siendo ya muy anciana. De hecho, los investigadores apuntan a que sus células seguramente se enfrentaron a muchas otras enfermedades que no llegaron a presentar síntomas porque las reconocieron y combatieron con mucha premura, otorgándole anticuerpos que la mantuvieron muy protegida.

Cuando se avanza en edad, el sistema inmunológico “se vuelve un poco tonto y empieza a atacarnos aleatoriamente, pero el de Maria, no”, cuenta Santos. El suyo, por contra, tenía “memoria” de otras infecciones previas superadas. Además de eso, contaba con una microbiota “envidiable”. Las bacterias de su estómago eran “privilegiadas”, lo que le llevó a tener un buen sistema antiinflamatorio.

Ahí toman importancia los famosos yogures que consumía. “Comer muchos lácteos no te hacen inmortal, pero es algo que ayuda”, apunta Esteller. Estos alimentos contienen bacterias y sustratos que amplían la flora digestiva. “En el estómago se entrena el sistema inmunológico”, sostiene.

Los investigadores apuntan a que “tener mucha suerte genética es difícil”, por eso lo que haga cada quien con su vida y su cuerpo, cuenta. “Tus hábitos pesan un 50% en esta apuesta”, sostiene Esteller. Maria comía bien, hizo ejercicio y salió a caminar hasta poco antes de morir y, además, mantuvo una vida social activa, siempre rodeada de su familia. “El simple hecho de socializar y tener una actitud positiva es mucho más importante de lo que creemos”.

A esta ruleta, además de las cartas genéticas y las de los hábitos, hay que sumar el contexto ambiental. Por mucho que nos cuidemos y que tengamos un organismo privilegiado, si vivimos en un lugar con temperaturas extremas o muy contaminado, nuestra esperanza de vida se verá reducida. “Son muchísimos factores difíciles de controlar”, sostiene Santos.

Además, a medida que van pasando los años, el riesgo aumenta. Tanto, que la misma Maria, de haber vivido un tiempo más, habría acabado desarrollando enfermedades graves. Así lo muestran los análisis genéticos que se le realizaron: “Tenía una variante genética clásicamente asociada a un mayor riesgo de demencia. Además, seguramente habría tenido leucemia de tipo B”, pronostican los investigadores.

La salud de hierro de Maria no era invencible porque, para desgracia de aquellos que aspiren a ser inmortales, “el cuerpo tiene un límite a nivel cromosómico. Ahora, está alrededor de los 120 años”, apunta Esteller. Son muchos, pero no infinitos y, definitivamente, no están al alcance de cualquiera. Por eso, la industria está estudiando cómo usar la información genética de estos ‘supercentenarios’ para prevenir enfermedades y el deterioro.

“La ciencia del envejecimiento es muy joven en comparación con la que estudia el cáncer o el alzheimer”, lamenta Santos. El motivo es que la legislación actual impide probar fármacos porque la vejez, como tal, no se considera una enfermedad y eso hace que no se puedan realizar ensayos clínicos. “No puedes administrar medicamentos a personas sanas”, resumen los investigadores.

Aun así, se trabaja para inventar terapias que imiten el trabajo que hacen los genes de personas como Maria para ralentizar el avance de ciertas patologías. “En el futuro, seguramente estemos todos secuenciados, sepamos cuántos años biológicos tenemos y a qué enfermedades debemos atenernos”, pronostican. Hasta entonces, la receta que aconsejan los investigadores es sencilla: “Cuidaos todo lo posible”.

Uno de los desahucios más multitudinarios de los previstos en Barcelona se ha parado in extremis este miércoles. 17 familias aguardaban el desalojo arropadas por vecinos y activistas, y tras toda una jornada de resistencia, finalmente ha quedado suspendido al conocerse que la Generalitat y el Ayuntamiento han alcanzado un acuerdo con la propiedad para comprar la finca entera. 

En total eran 50 personas en vilo angustiadas en sus casas. Y unas 400 vecinas, resistiendo durante todo el miércoles en la calle. Esta ha sido la escenana que se vive desde las 7:00h. en la calle Llenguadoc, en el barrio de Sant Andreu de Barcelona, donde esta mañana estaba previsto el desalojo de estas 17 familias, con cerca de una decena de menores, que ocupan un edificio porque no pueden pagar un alquiler.

Finalmente, más de 12 horas después del momento en que estaba previsto que llegara la comitiva judicial, el juez ha comunicado que suspendía el desahucio a petición de la propiedad, y tras llegar a un acuerdo para vender las viviendas a la Generalitat y el Ayuntamiento.

El consistorio barcelonés asegura que han usado el fondo de emergencia habitacional que creó hace unos días la Generalitat para comprar precisamente pisos amenazados de desalojo. “Si hoy hemos llegado a este acuerdo ha sido posible en la medida en que los movimientos sociales tienen la capacidad de presionar”, ha afirmado Jordi Valls, teniente de alcaldía de Economía y Vivienda del consistorio. “Detrás de cada desahucio que no se ejecuta hay personas que pueden seguir en su casa”, ha celebrado Lídia Guillén, secretaria de Vivienda del Govern.

Las horas frente al edificio de la calle Llenguadoc han estado marcadas por la incertidumbre. Esta mañana se ha publicado el nuevo decreto de vivienda en el BOE, después de que fuera aprobado este martes en el Consejo de Ministros. El problema es que, según el texto del propio decreto, la ley no entrará en vigor hasta el jueves. “Es un limbo”, lamentan los movimientos por la vivienda, que están pendientes de un total de 41 desahucios en la capital catalana.

Lo normal es que, cuando una norma se oficializa en el BOE entre automáticamente en vigor, pero no ha sucedido así este miércoles, para sorpresa de los sindicatos de vivienda. “Es algo rarísimo, que no suele pasar. Y no sabemos a qué atenernos”, apuntaba el letrado cuando la comitiva ya hacía casi tres horas que debería haber aparecido. “Los teléfonos están que echan humo”, explican fuentes jurídicas.

“Los jueces se resisten a ejecutar con tan poco margen, y las propiedades intentan apurar”, sigue. “Pero, a la vez, los magistrados no se quieren arriesgar a suspender sin una ley que les ampare, porque se podrían arriesgar a una querella de la propiedad”, advierten las mismas fuentes.

Ha sido una mañana inusual: la convocatoria para resistir al desahucio se ha alargado muchísimo más de lo que es habitual. Además, la falta de presencia policial y la incomparecencia de la comitiva judicial ha dejado a varios centenares de activistas en un estado de calma tensa. Las canciones y los bailes se han ido intercalando con cánticos y petardos.

Otro hecho totalmente fuera de lo común ha sido la presencia de los directores generales de vivenda, tanto de la Generalitat como del Ayuntamiento de Barcelona, Miquel Bagudanch y Josep Maria Riera, que se han personado para “parar el desahucio”.

A pesar de que la mediación entre las administraciones vecinas y propiedad dura desde 2022, han acudido para apelar a los tribunales que no tomen “la peor decisión posible”, en referencia al desahucio. “Nos ha enviado directamente la consellera Paneque, porque nos ha dicho que esto se tiene que parar”, ha afirmado Bagudanch, sobre la responsable de la cartera de vivienda. A pesar de eso, los Mossos sí se han personado.

La fecha de la expulsión de esta finca se fijó a principios de septiembre, mucho antes de los últimos decretos de vivienda que han derivado en el adelanto electoral para el 29 de noviembre. Los habitantes daban por hecho su expulsión, contra la que llevan luchando más de cuatro años. Pero desde que se aprobó por primera vez el ‘decreto Maricarmen’, la semana pasada, su día a día ha sido una montaña rusa.

La alegría del pasado martes se tornó, de nuevo, en desesperación cuando los votos del PP, Junts y Vox tumbaron la norma en el Congreso. Este lunes, de nuevo, vino la esperanza cuando el Ejecutivo anunció que el Consejo de Ministros volvería a aprobarlo. Ese mismo día, los abogados de los residentes entraron una petición de suspensión en los juzgados.

Ahora bien, la petición solo podía hacerse efectiva a partir del momento en que la norma entrara se publicara en el BOE, que suele ser antes de las 8 de la mañana. “Es una carrera contrarreloj”, apunta Alonso. Las vecinas de Llenguadoc han pasado la noche en vela sabiendo que, en su caso, cada minuto contaba porque la comitiva judicial estaba citada a las 8h.

Este desahucio tiene importancia porque, además de afectar a 17 familias, lo que pase aquí sentará un precedente y despejará la duda de si el decreto ampara o no a los casos de ocupación, tanto para las personas que nunca han tenido contrato de alquiler como para aquellas a las que les ha finalizado y se han quedado en la vivienda.

“La gente piensa que sólo está pensada para el alquiler, pero no es cierto”, explica Alonso, que considera que si alguien tuviera que redactar una ley para proteger a los habitantes de Llenguadoc, “habría escrito, palabra por palabra, este texto”. En efecto, los habitantes de esta finca no tienen contrato, pero tampoco tienen alternativa habitacional, son vulnerables y están en manos de un gran propietario

Cinco años de acoso y “angustia”

La historia de Llenguadoc empezó en 2017, con el recién formado Sindicat d’Habitatge de Sant Andreu. Allí se decidió aprovechar que había un edificio, entonces propiedad de Reale Seguros, que tenía las viviendas tapiadas, sin usar, para empezar a ocuparlas. Primero fueron pocas las familias que recalaron allí, compartiendo espacio con jóvenes militantes del colectivo okupa.

Al llegar la pandemia, se decidió dedicar esos 20 pisos íntegramente quienes no tuvieran dónde vivir. Ahora son una comunidad muy diversa, conformada por personas de diversos continentes, incluyendo solicitantes de asilo que huyen de guerras o de persecución. También hay personas del colectivo LGTBI. Algunas son nacidas en Barcelona; entre ellas todos los niños que habitan en Llenguadoc. El más pequeño tiene tres meses y el mayor 15 años.

Antes de cambiar de manos, la finca acogía, principalmente, a familias del gremio de los panaderos, pero la nueva propiedad decidió no renovar los alquileres. De ellas, casi todas se fueron. Excepto Pilar, la única vecina que conserva su contrato de alquiler de renta antigua e indefinido. Ella ha visto como su finca ha pasado de ser un edificio anodino, en el que no pasaba nada fuera de lo común, a sufrir acoso inmobiliario.

Pilar se quedó sola en la finca hasta que llegaron sus nuevos vecinos, que la ayudaron a resistir. Como respuesta a la ocupación de las viviendas, Reale contrató a Desokupa, que destrozó los pisos vacíos para que no los ocupara nadie más y apostó “matones” a la entrada del edificio día y noche. En esa época bautizaron la finca como “Can Segurata”, a modo de broma.

Al no ser capaz de vaciar la finca, Reale la vendió en 2025 a Thunder Optical Minur, una empresa dedicada a la administración y rehabilitación de inmuebles y vinculada al sector de las residencias de ancianos. Tal y como demostró una investigación de El Salto, después de la transacción el acoso inmobiliario creció y hubo agresiones a varios vecinos.

“Es algo que impone mucho, sobre todo como mujer o madre soltera”, dice Mel, una de las primeras personas en llegar a la finca. “Me parece terrible que estas empresas, que se dedica al negocio de los cuidados, se encargaran de maltratarnos así”, cuenta.

Para ella, no es el primer proceso de desalojo. Antes vivía en un piso junto a su hija, pero la propiedad decidió vender la finca y los nuevos dueños también se negaron a renovar los alquileres. “Es un círculo vicioso que no se acaba nunca. Es una angustia terrible por la que nadie, nadie, nadie se merece pasar. Ni la peor persona del mundo”, sostiene.

Este medio centenar de personas ahora respira tranquilo. Pero saben que esa paz no durará para siempre. A diferencia del último decreto, que estuvo en vigor poco más de 48 horas, esta vez su podría aguantar meses. Si se convalida por la Diputación Permanente, la paralización de los desahucios estaría vigente, como mínimo, hasta después de las elecciones. “Necesitamos que esto se acabe ya. Sólo queremos un alquiler que podamos pagar y un lugar donde criar a nuestros hijos. No pedimos tanto”, ruegan las vecinas.

El temporal de lluvias que está azotando Catalunya este fin de semana ha dejado, al menos, una víctima mortal el Tordera (Barcelona). Así lo ha anunciado el president de la Generalitat, que ha trasladado el pésame a la familia y ha insistido en que la situación “sigue siendo muy complicada”. Esta primera muerte ha sido causada por un mur caído en el interior de un cámping.

Otro hombre ha muerto en Montornès del Vallès; los Bomberos le han encontrado en un garaje completamente inundado. El aviso ha llegado poco después de las 7h y han trabajado cuatro dotaciones en el drenaje. Además, se está buscando a otra persona desaparecida en la riera de Pineda.

Los Bomberos de la Generalitat están rescatando a diversos conductores atrapados por el agua en Granollers y Canovelles (Barcelona). “La principal preocupación es la alerta por vehículos arrastrados por la riada; estamos sacando a personas que están en el techo de los coches”, ha explicado el jefe de intervención del cuerpo, Oriol Corbella, en declaraciones al 324.

Las lluvias de este fin de semana ya han roto todos los récords y, solo con la cantidad acumulada el sábado ya se puede decir que fue el día más lluvioso de los últimos 20 años según el observatorio del Raval en Barcelona.

Las grandes acumulaciones de agua que han caído durante la noche del sábado han inundado y obligado a cerrar una decena de carreteras del Área Metropolitana. Destacan la C-17, inundada entre Ciudad Meridiana y Montcada i Reixac; y la C-60 en la Roca del Vallès, cerrada por desprendimientos.

También están cortadas la BV-1462, entre Barcelona y Sant Cugat del Vallès; la B-500, entre Sant Fost de Campsentelles y Tiana; l'N-150 en Terrassa; la C-1413a en Sentmenat; la C-352, entre las Franqueses del Vallès y Canovelles; y la C-1415c en la Roca del Vallès. La Guàrdia Urbana de Barcelona también informa del corte de la C-16 a la altura de Plaça Borràs per desprendimientos. Las lluvias también han dejado a unas 18.500 personas sin suministro de luz alrededor de todas las zonas afectadas.

Hacia las 10:50 de la mañana, el Govern ha enviado un ES-Alert para levantar las restricciones en el Barcelonès y otras 11 comarcas: Alt Penedès, Baix Penedès, Baix Llobregat, Garraf, Vallès Occidental, Alt Camp, Baix Camp, Tarragonès, Ripollès, Osona y Moianès. A las 14h, se acaban las limitaciones en la Garrotxa, el Gironès, el Maresme, el Pla de l'Estany, la Selva y el Vallès Oriental.

Aun así, se prevé que la situación siga siendo complicada el Alt y el Baix Empordà, donde las restricciones seguirán vigentes hasta las 20h. De hecho, desde primera hora de la mañana, el Govern ya ha estado enviando alertas a estas comarcas para avisar de que la situación sigue siendo de riesgo debido a la previsión de las lluvias y la crecida fluvial. Estas zonas también han recibido una alerta para avisar de que las restricciones siguen vigentes. En el texto se alerta de que, si llega el agua, hay que subir a los pisos superiores y evitar sótanos, zonas bajas o cercanas al río.

La Agència Catalana del Agua (ACA) ha alertado esta mañana que el caudal del río Besós, a la altura de Santa Coloma de Gramenet está “muy crecido”, con más de 900 m³/s y con un pico máximo de 937 m³/s a las 7h. Protección Civil pide extremar la vigilancia y evitar los accesos al Parc Fluvial y otros puntos bajos.

En paralelo, los ríos Daura y Daró, en el Baix Empordà, han desbordado durante el dmingo. El río Tenes, en Lliçà de Vall, y la Riera de Mogent, en Montornès del Vallès, rozan los 200 m³/s y se encuentran en nivel de alerta por riesgo hidrológico. Por otro lado, el Llobregat va moderando su caudal en Sant Joan Despí con 330 m³/s, después de situarse en 410 m³/s a primera hora de la mañana.

Hacia las 7h de este domingo, el teléfono de emergencias había recibido un total de 5.156 llamadas relacionadas con las fuertes lluvias, con 3.598 incidentes registrados. Los municipios de Barcelona (1.568) y L'Hospitalet de Llobregat (725) son los que han registrado más avisos.

Por otro lado, las ciudades que más agua han acumulado han sido Granollers y Mataró (Barcelona), donde el temporal ha dejado 248 litros por m² y 244, respectivamente. Con todo, se han producido inundaciones en el Hospital de Granollers y afectaciones en una residencia de ancianos.

En la capital catalana se han registrado diversos incidentes en el metro: la L1 está cortada entre Catalunya y Marina, y los trenes no se paran en Rambla Just Oliveres. La L3 no tiene servicio entre Paral·lel y Lesseps y los convoyes no paran en Liceu. La L9 Sud está interrumpida entre Prat Estació i Europa Fira, y la L10 Nord, entre Bon Pastor i Llefià.

Las lluvias han afectado a unas 300 escuelas, de las cuales “casi todas” podrán hacer clases con normalidad este lunes. Igualmente, el temporal ha dejado a unos 2.000 abonados sin luz. El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha celebrado que el episodio haya pasado sin dejar daños personales y ha asegurado que la ciudad “llevaba años preparándose”, en referencia a los depóstitos que se encuentran en el subsuelo. Los 15 han estado trabajando durante toda la noche, algunos, al 100% de su capacidad.

El Sindicat de Llogateres, la PAH y el Sindicat d'Habitatge Socialista han emitido un breve comunicado anunciando que la manifestación por la vivienda de este sábado queda aplazada ante las recomendaciones del servicio de Protección Civil catalán, que ha elevado al máximo el nivel de riesgo por las fuertes lluvias y ha recomendado a la ciudadanía que se quede en casa.

La nueva fecha será el lunes, a las 19h, en Plaça Urquinaona. De esta manera, la manifestación será en Barcelona, no en L'Hospitalet, donde esta tarde se esperaba juntar la marcha por el derecho a la vivienda con un homenaje a Olga, la vecina del barrio de Santa Eulàlia que se quitó la vida el pasado 7 de septiembre después de ser desahuciada de su piso, junto a una de sus hijas.

La decisión se ha tomado pocos minutos después de que el Servei de Protecció Civil de la Generalitat emplazara a suspender la manifestación. “La recomendación es que todas las actividades planificadas esta tarde se hagan en otro momento para no poner en riesgo a la ciudadanía”, han apuntado en rueda de prensa.

“No es una broma, viene una situación meteorológica muy compleja”, ha insistido el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha instado a respetar las recomendaciones de las autoridades ante la llegada de un “minihuracán mediterráneo” a las costas catalanas.

“Hay que tener en cuenta que hay cosas que hoy no es el momento de hacer”, han insistido desde el Govern. Las alertas están activadas desde media mañana de este sábado, situando a Catalunya en el más alto nivel de riesgo ante la intensidad de las precipitaciones que se esperan hasta el mediodía del domingo.

El temporal que azota Catalunya obliga a cancelar todo el servicio de Rodalies en las zonas riesgo a partir de las 20h, que es cuando entran en vigor las restricciones de movilidad y de actividades al aire libre. Las únicas líneas que quedarán en funcionamiento serán la RL3, RL4 y la R19 entre Tortosa y L'Hospitalet de l'infant.

El servicio de Ferrocarrils de la Generalitat también se parará a esa hora y ninguno de los dos operadores reestablecerá el servicio hasta las 14 horas del domingo. Por su parte, TMB ha anunciado que suspende el servicio continuo de fin de semana y que los comboyes dejarán de circular a partir de media noche.

Igualmente, las lluvias ya han obligado a cerrar algunas estaciones debido a la insuficiencia de drenaje como la de Liceu o Catalunya en la L3; Urquinaona y Marina, de la L1; y la de Can Cuiàs en la L11. La operadora también ha anunciado la cancelación de los primeros servicios de alta velocidad previstos para el domingo entre Figueres, Girona y Barcelona.

Poco antes de las 23h, las lluvias ya superaban los 100 litros en Barcelona y los 150 en diversas poblaciones del área metropolitana como L'Hospitalet de Llobregat, Sant Joan Despí, Cornellà, Esplugues o Sant Feliu. A los alrededores de la Plaça de Sants se contaban 110 litros, tantos que el agua ha llegado a la Estación y ha anegado parte de las andanas que están soterradas.

Aun así, el Ministerio de Transportes ha decidido abrir las plantas superiores del equipamiento para que aquellas personas que lo necesiten puedan dormir allí. Las lluvias, que se han empezado a dar con fuerza hacia el mediodía, ya han provocado la cancelación de diversos vuelos del aeropuerto de Barcelona con destino a Londres, Lisboa y Ámsterdam. Asimismo, se han registrado retrasos a otras destinaciones.

El temporal, que ha provocado que las comarcas de Barcelona, Tarragona y Girona estén en nivel máximo de riesgo desde la mañana de este sábado, también ha obligado a limitar la movilidad no esencial en 20 comarcas con nivel de alerta máximo. La medida implica la suspesión de actividades en la naturaleza, parques y jardines urbanos, actividades deportivas, culturales, de ocio y mercados, ferias y demás encuentros comerciales o de concurrencia pública al aire libre.

El Govern ha enviado un ES-Alert para avisar de las medidas, que afectan a las comarcas del Alt Empordà, Baix Empordà, Alt Penedès, Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, Garrotxa, Gironès, Pla de l’Estany, Vallès Occidental, Vallès Oriental, Maresme, Selva, Alt Camp, Baix Camp, Baix Penedès, Osona, Ripollès, Tarragonès y Moianès.

Además, el temporal podría traer consigo la llegada de un “un minihurcán mediterráneo” a Catalunya. “No es una broma, viene una situación meteorológica muy compleja”, ha dicho el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha insistido en respetar las recomendaciones de las autoridades. “Quedaos en casa”, ha insistido.

Cancelada la manifestación por la vivienda

La portavoz del Procicat ha asegurado este mediodía que “la recomendación es que todas las actividades planificadas esta tarde se hagan en otro momento para no poner en riesgo a la ciudadanía”. Los movimientos por la vivienda han hecho caso a las recomendaciones y han acabado aplazando la manifestación, que será el lunes que viene, a las 19h en Plaça Urquinaona.

También se han cancelado conciertos y otros eventos culturales como el inicio de temporada en el Liceu o la fiesta del 50 aniversario del Teatre Lliure. Otras ferias de renombre como el Mercat de les Flors de Girona ha anunciado cancelaciones e, igualmente, se han visto canceladas las visitas a templos como la Sagrada Família.

“Se trata de un aviso meteorológico importante y contundente. Hay que valorar la situación y los ciudadanos deben entender que no es coherente ponerse en riesgo”, han insistido desde el Servicio de Protección Civil. Por su parte, Meteocat, el servicio meteorológico de Catalunya, ha elevado hasta el máximo el nivel de peligro ante la intensidad de las lluvias que se esperan este sábado por la tarde. En concreto, se esperan precipitaciones que acumulen hasta 90mm en 30 minutos.

El aviso afecta a todo el litoral central este sábado y, de cara al domingo, las lluvias se irán desplazando hasta el noroeste, afectando a las comarcas de Girona y parte de las de Barcelona, donde las lluvias podrían ser torrenciales.

Entre las 14h y las 17h de este sábado, los Bomberos han registrado 55 avisos e la zona litoral. La mayoría han sido por problemas en los desagües, filtraciones y muros o árboles caídos. Según el cuerpo, 24 de los avisos han sido en la región metropolitana norte y 22 en la sud. Todas las incidencias han sido leves. Por otro lado, se han registrado 479 llamadas a emergencias.