Junts se ha sumado a la lista de partidos de la oposición que exigen dimisiones en masa por los recientes escándalos con los Mossos. Como ya hicieron este viernes los socios de Illa en el Govern, el partido de Puigdemont ha salido a la palestra para exigir la destitución del director general del cuerpo, Josep Lluís Trapero, así como la de las conselleres de Interior, Núria Parlon, y Educación, Esther Niubó por la infiltración de dos agentes de la policía catalana en una asamblea de profesores.

Hasta este sábado, los postconvergents se limitaron a exigir explicaciones a un Govern que pasó más de 24 horas sin aclarar si los Mossos habían ordenado -y por qué- infiltrar a agentes en las reuniones convocadas por el sector para preparar las huelgas convocadas durante este final de curso. Pero ahora han decidido subir la apuesta y pedir ceses: “Es un Govern fallido”, ha apuntado Jordi Turull, secretario general del partido en una atención a medios.

Desde la formación lamentan que Illa “trate a los profesores como delincuentes” y ha añadido que “espiar reuniones de maestros es algo que sólo hacen las dictaduras”. Turull ha cargado duramente contra el President, afeándole que se “llene la boca” hablando de la lucha contra la extrema derecha y la defensa de las libertades, mientras perpetra “ataques a derechos fundamentales como el de reunión o huelga”.

Después de horas de silencio, la dirección general de la Policia, que ocupa Trapero, emitió un comunicado el pasado viernes para “aclarar el marco legal y la finalidad de las actuaciones que han generado debate público en los últimos días”, en velada referencia al espionaje policial de una asamblea docente. La nota no incluía la petición de disculpas a los profesores exigida por ERC, los Comuns y la CUP.

Interior ha alegado que la Comisaría General de Información de los Mossos tiene atribuidas por ley funciones específicas de recogida y tratamiento de información de carácter operativo “referida a la conflictividad laboral y social”.

El objetivo de estas funciones, añade la nota de Interior, es llevar a cabo una “valoración de amenazas y riesgos”, por lo que no se trata de una decisión “discrecional” del cuerpo policial, sino del “cumplimiento de una obligación normativa”.

En el mismo artículo de la norma se incluyen las funciones de recogida de datos sobre extremismos violentos y toda “actividad criminal que suponga una amenaza para el ejercicio colectivo de las libertades”.

“Los Mossos d'Esquadra respetamos y defendemos el derecho de reunión, el derecho de huelga y la libertad sindical como respetamos el resto de derechos individuales y colectivos”, agrega la nota de Interior, que sitúa como “obligación legal” la garantía de todos los derechos y se pone “a disposición” de los grupos parlamentarios para dar cuenta de la actuación policial.

Esta explicación no ha contentado ni al sector ni a buena parte de la oposición. Los Comuns y ERC -socios de Illa-, así como la CUP y recientemente Junts, han exigido no sólo dimisiones sino también más explicaciones y disculpas por parte del Govern a los professores y a la sociedad en general.

Que Junts exija ahora la dimisión del director general de los Mossos rubrica la ruptura con Trapero, que pasó de ser un héroe para el independentismo debido a su papel com 'major' durante el procés y el 1 de Octubre, a un traidor. Quien llegó a ser imputado por sedición por su papel al frente de la policía catalana durante esas jornadas, decepcionó a sus acólitos durante el juicio del procés, cuando aseguró que nunca había compartido “el plan ideado por el Govern de alcanzar la independencia”. Incluso llegó a afirmar que tenía un “plan” para detener a Puigdemont si así se lo hubiera ordenado el juez.

Tras su absolución, en 2020, Trapero volvió al cargo, pero por poco tiempo. Fue destituído por el Govern de ERC en 2023. Un año después, Trapero fue rescatado por Illa y le nombró director general de la policía catalana, un cargo con mucha más carga política que el de major. De hecho, es la primera vez que este puesto lo ocupa un Mosso d'Esquadra.

Otras dimisiones

En su comparecencia ante los medios, Turull también ha exigido la dimisión de la consellera de Territorio, Sílvia Paneque, debido a la crisis de Rodalies. Esta petición no es nueva: hace más de un año que la formación exige su cese, pero este sábado la han reiterado tras conocerse el descarrilamiento de un tren de mercancías en Rubí este viernes, sólo una semana después de la reapertura de un túnel que estuvo cerrado por obras.

Esta noticia se da, además, el mismo día en que el Govern ha retirado la medida que hacía que Rodalies fuera gratuito hasta que se resolviera la crisis que afecta a la frecuencia y velocidad de los trenes desde el accidente mortal de Gelida, ahora hace tres meses.

En la Avenida Pocholo, justo en el punto en que desemboca en la Plaza Paquita, esperan Yoaline, Anto, Masha y Mantis, cuatro jóvenes habitantes de la Farga Beiby, una antigua colonia textil situada en el corazón de Catalunya y que hoy alberga la mayor comunidad trans de España. Son unas 50 personas, pero se apresuran a matizar que no sólo son trans. “Somos un grupo migrante, neurodivergente, queer... Y hasta hay familias evangelistas”, explica Mantis.

La Farga Beiby es un conjunto de cuatro edificios de la colonia originalmente bautizada como la Farga de Bebié, que acogía a los trabajadores de la fábrica de Los Suizos, inaugurada en 1899 y que cerró en 2008. Tras casi dos décadas de abandono, hace dos años y medio que un grupo de jóvenes arribó a este pequeño pueblo para hacer de él su hogar. Las fachadas, que estaban a medio comer por la vegetación, ahora lucen pintadas a favor de la diversidad sexual y contra la propiedad privada, mientras las voces de Taylor Swift o Karol G salen de unos altavoces que amenizan la tarde.

Las hay que salen a tejer al pequeño porche de su casa; otras simplemente se fuman un cigarro mientras comparten un Monster. También hay quien va o viene del río para hacer la colada y algún otro hace el tonto con un descapotable rojo en miniatura. Este pueblo se ha convertido en un “espacio seguro” para colectivos que se sienten perseguidos, juzgados y expulsados.

“Somos una familia, una rara, pero familia. Y, si nos echan, no tenemos adónde ir”, dice Anto. Y no lo dice por decir, porque sobre la Farga pesa la sombra del desahucio. Por ahora tienen un desalojo autorizado por el juez pendiente de ejecutarse y un proceso judicial abierto y que afecta al edificio en el que vive casi la mitad de los habitantes de la comunidad, entre ellos cerca de una decena de menores.

“Todas venimos de historias complicadas. Que nos expulsen significa no sólo perder la casa, sino las redes que hemos construido”, explica Anto, que carga en su mochila con la violencia familiar. De origen rumano, sus padres renegaron de ella cuando supieron que era no binaria y pansexual. Masha también llegó a la Farga para refugiarse; llego huyendo de su Rusia natal, donde era activista contra el gobierno de Putin y tuvo que ir hasta donde no la encontraran.

“Todos buscamos una familia y nuestra única regla es no juzgar a nadie; ni su pasado, su cuerpo, profesión o adicciones”, añade Yoaline, un joven ecuatoriano ‘transmasc’ que compagina su carrera como cantante con su trabajo como paramédico. De hecho, tan diversa es esta comunidad, que hasta conviven con tres familias evangélicas que llegaron a la Farga tras sendos desahucios.

Son una quincena de personas, migrantes en su totalidad, que fueron derivadas a la Farga Beiby por el responsable de la comunidad evangélica de Ripoll. Los ecos de este grupo ocupa habían llegado a la ciudad y, en vista de que diversos fieles estaban a punto de quedarse en la calle, el predicador fue a pedirles ayuda. “Somos fácilmente identificables y nos encontró rápido”, bromea Yoaline, haciendo referencia a la particular estética del grupo, que tienen predilección por los colores chillones, el animal print, el brilli-brilli y las ristras de piercings.

A pesar de que al principio del proyecto la idea era ser una comunidad íntegramente queer, no dudaron en acoger a las familias. “¿Cómo íbamos a dejar a criaturas en la calle?”, se pregunta Anto. Ahora son una decena los menores que viven en la Farga. Cuatro son hijos de Danis, una madre soltera colombiana que llegó a la Farga hace siete meses. “Hace ocho años que llegué a España y es el primer sitio en el que me siento en familia”, dice esta mujer que vive en La Internada, el edificio que la propiedad quiere desalojar y que, además de vivienda, funciona como Centro Social en el que se imparten talleres de catalán, lengua de signos o pole dance.

Reside en una de las habitaciones más grandes del barrio, al lado de la cual los jóvenes han habilitado un parque de juegos. Han conseguido peluches, tiendas de campaña y hasta un tatami de goma eva. “Son nuestres niñes. ¡Qué menos!”, presume Yoaline mientras carga a una de las criaturas en brazos. “Sería muy triste si esto sólo fuera una comunidad de gente joven trans; habría sido muy poco anarquista por nuestra parte sólo pensar en nosotros”, añade.

La sombra del desahucio

La propiedad recae en Edmundo Bebié S.L., empresa que creó la fábrica ‘Los Suizos’, llamada así por el origen de la familia que instaló esta planta textil que funcionaba con la energía del Ter. El conjunto ocupa 488,3 hectáreas, la mayor parte de las cuales es bosque. En lo referente a las edificaciones, cuenta con siete masías, aparte de las fincas que conformaban la colonia, de 18 edificios a ambos lados del río. La comunidad de la Farga Beiby ha ocupado cuatro de ellos, en el barrio del Solell.

Un año después de que la fábrica cerrara, la empresa se quiso adherir al Plan Urbanístico del Parque Patrimonial del Río Ter con un proyecto para “incrementar el número de viviendas, rejuvenecer la población y mantener la estructura urbana”, pero nunca llegó a llevarse a cabo. “Es justo lo que estamos haciendo”, precisa Yoaline, que explica que han ofrecido a la propiedad pactar un usufructo para habitar el barrio a cambio de adecentarlo. Pero lamentan que la propiedad no ha respondido y, por el contrario, ha optado por la vía judicial.

Hasta el momento, ha habido dos procesos penales: uno quedó archivado, entendiendo el juez que los ocupantes actúan “en precario” y desestimando la urgencia de expulsarlos, dado que la propiedad, que es gran tenedora, no estaba haciendo uso de la finca ni de los edificios desde hacía dos décadas. El segundo proceso sí tuvo recorrido y se decretó el desahucio con fecha y hora acordadas, pero -inexplicablemente- los Mossos nunca llegaron a aparecer.

Además, actualmente hay un proceso civil abierto para La Internada, llamado así porque antaño funcionó como orfanato para niñas que, de mayores, iban a trabajar en la fábrica. Hoy alberga a unas 20 personas, la mitad de las cuales menores de edad, que corren el riesgo de quedarse en la calle.

La propiedad sostiene que la finca se ha “ocupado de forma clandestina por personas de identidad completamente desconocida”, pero las habitantes de la Farga están empadronadas y sostienen que se han identificado ante la policía en diversas ocasiones. Además, según consta en la demanda -a la que ha tenido acceso elDiario.es-, los denunciantes alertan del “riesgo evidente para la seguridad y el orden público” que suponen para el entorno.

Pero a excepción de cuatro casas de vecinos a unos cinco minutos en coche, la Farga está totalmente aislada. Sita sobre la frontera entre las provincias de Girona y Barcelona, está rodeada de bosque, flanqueada por el río Ter y a unos 10km de Ripoll, el núcleo de población más cercano. “Nos quieren joder porque nos odian”, esa es la explicación de Yoaline, que afea a la propiedad que quiera expulsar a niños y niñas de unas fincas que llevaban años en desuso.

Ahora la Farga está gestionando certificados de vulnerabilidad para intentar evitar la expulsión e Incluso ha abierto un crowdfunding para sufragar los gastos legales, así como la regularización de las personas migrantes y las reparaciones que necesita el espacio y de las que la propiedad no se ha hecho cargo. Este medio ha intentado ponerse en contacto sin éxito y por diversas vías con la empresa; por su parte, el abogado de Edmundo Bebié S.L. ha rechazado hacer declaraciones.

La propiedad sostiene también que el barrio supone una molestia para los vecinos, pero ellas aseguran que no han tenido quejas; al contrario. Explican que diversas familias que habitaban en la colonia, hace 20 años, han vuelto para ver cómo están las que fueron sus casas a día de hoy. “Vienen muchos domingos mientras dan un paseo. Nos dan las gracias por mantener el espacio y no dejar que muera”, explica Yoaline. Los únicos problemas que han tenido han sido aislados y en forma, de hecho, de ataques tránsfobos: en una ocasión, un grupo de adolescentes les tiró piedras a las ventanas de madrugada, profiriendo insultos LGTBIfóbicos, y en otra, un hombre apareció con una hacha lamentando que aquello se hubiera convertido en “Sodoma y Gomorra”. Ahora, esos son los nombres con los que han bautizado a dos de los edificios de la Farga.

Sin agua, luz ni techos

Aunque quienes habitan la Farga estén haciendo lo posible para quedarse, reconocen que su vida no es fácil. “Que nadie idealice esto. Las relaciones son muy intensas porque somos gente que viene de historias durísimas, pero es que además las condiciones no son buenas”, cuenta Anto mientras enseña su casa. Ella vive en Sodoma, que es el edificio que está peor. Los techos están cayéndose, lo que provoca goteras, humedades, y corrientes de aire. “Nos llueve encima”, resume Anto mientras muestra su cuarto, una estancia pensada hasta el milímetro con una estética kitsch en la que predominan el rosa y el leopardo. La delicadeza de la cama con dosel contrasta con el agujero en el techo que deja expuestas unas tejas que también se están deshaciendo. “Me levanto con los ojos rojos del polvo”, reconoce.

Si bien la Internada tiene unas condiciones más decentes, el resto de edificios están en un estado tan precario que algunas personas han tenido que irse por problemas de salud. “Aguantar el invierno es muy duro”, expone Yoaline, que es el manitas del grupo. Aunque con los techos no se ha atrevido, sí es el responsable de un sistema de tuberías casero que llevaba el agua de un pozo hasta las estancias.

Funcionó hasta que la propiedad tapió dicho pozo. Una decisión que tomó semanas después de cortar también la luz. Desde entonces, solucionan lo segundo con placas solares que, aunque pueden no llegar a ser suficientes en invierno, durante los meses de más sol permiten ciertos caprichos como alguna partida a la Wii que compró Yoaline y que comparte con la comunidad.

El problema real está, además de en los techos, en el sistema de agua. Sin acceso al pozo, sólo les queda ir a Ripoll a llenar garrafas en las fuentes para el agua potable. Y para el resto tienen el río, donde van a hacer la colada y a recolectar agua para el aseo o la limpieza. Su intención es idear un sistema para bombear agua del Ter hasta las casas y para ello cuentan con la ayuda de un ingeniero suizo, Michael, que acabó de casualidad en una de las fiestas que organizan para recaudar fondos y quedó prendado de la comunidad. Tanto, que pidió a su universidad financiación para convertir la causa de Farga en su proyecto de final de máster y ahora hace meses que vive allí, estudiando el terreno y las posibilidades de devolver el agua corriente a sus habitantes.

“Sólo intentamos dar vida a unas casas que estaban abandonadas. Y es una vida muy bonita”, explica Anto, sentada en un banco de la Plaza Paquita. Allí ha citado a diversas vecinas para hacer la fotografía que encabeza este texto. Mientras aguarda, reconoce que han cometido fallos, pero que la comunidad es fuerte. “Lo hemos pasado muy mal, hemos perdido a amigues y cada día es un reto. Pero vale la pena”, añade Yoaline.

Estas palabras fueron pronunciadas justo una semana antes de que una de las personas que acudieron al llamado para salir en la fotografía falleciera. Las vecinas de la Farga recibieron la noticia con dolor, pero se han unido para sobrellevarlo y deciden quedarse con el recuerdo de la lucha compartida. “Un besito desde la Farga, hasta el cielo”, es el recordatorio que han pedido que aparezca en las últimas líneas de este reportaje, en homenaje a su compañera.

Judith Butler (Cleveland, Ohio, 1956) entra a la recepción de su hotel después de un largo paseo mañanero por Barcelona, una ciudad que visita a menudo y donde acaba de recibir un doctorado Honoris Causa por la UAB. “El mundo es muy confuso, pero pasear aclara la mente”, sostiene. Voz de referencia en la teoría feminista y en la filosofía postmaterialista, Butler confiesa que le cuesta ser optimista. “Lo soy por obligación, aunque es cierto que no hay que abandonar la esperanza ni dejar que la realidad tenga la última palabra”, asegura, mientras reflexiona sobre qué tomar durante la entrevista con elDiario.es.

Duda y, finalmente, se decanta por un café. “Es que tengo un problema con el café: hace que crezca en mí una violencia hacia el gobierno de los Estados Unidos...”, asegura, entre risas. Trump acaba ocupando buena parte del discurso de Butler, quien puso las bases de las teorías de género. Pero este tema ha dado un paso al lado para dejar espacio a las reflexiones sobre el crecimiento de los movimientos autoritarios. La culpa, dice, es del capitalismo global que se enriquece con el caos político, aunque tampoco libra del todo a la izquierda, de la que dice que debe asumir más responsabilidades.

En su discurso de investidura, dijo que todas las democracias deben ser renovadas. ¿Qué pasa cuando damos por sentada la democracia?

Que podemos acabar eligiendo a fascistas sin darnos cuenta. Esa es la paradoja: el sistema permite que votemos a alguien que puede llegar a eliminar el propio sistema. Todas las democracias corren ese riesgo y no hay ninguna manera de prevenirlo.

¿Estaría a favor de alguna medida que prohibiera a partidos filofascistas presentarse a las elecciones?

Lo estaría para prohibir el partido Nazi en Alemania o el de Mussolini en Italia. El problema es que sus herederos, que tienen las mismas aspiraciones, se han reorganizado bajo otros nombres y pueden decir que son diferentes. Quizás lo sean en ciertos aspectos, pero no dejan de ser fascistas. La AfD en Alemania, por ejemplo, ahora usa parafernalia nazi y, cuando yo era joven, eso estaba absolutamente prohibido.

Sigue estándolo.

Sí, pero parece que la ley esté quedando sin efecto. Aun así, el problema no son los partidos que reivindican abiertamente el fascismo. El problema está en Meloni, que asegura no ser heredera de Mussolini mientras comparte sus mismas ideas. Pueden no ser lo mismo, pero sólo porque el fascismo se ha renovado a través del sistema de partidos.

Los tiempos cambian y sería absurdo pensar que las ideologías no lo van a hacer, aunque es cierto que hay características que se mantienen iguales. Hablo de la voluntad de eliminar derechos de algunos sectores de la población. O de eliminarlos a ellos directamente. Aunque sea a través de la expulsión mediante mecanismos legales, sigue siendo fascismo. Igual que lo es la centralización y la eliminación de la separación de poderes.

¿Habla de Estados Unidos?

No se puede considerar a Estados Unidos todavía como un país totalitarista porque estas políticas no inciden en cada aspecto de la sociedad, pero sí representa una forma de autoritarismo impulsada por aspiraciones fascistas. Y ahí entra otro elemento esencial para entender el fascismo contemporáneo: los billonarios que se aprovechan del caos global para engrosar sus inversiones.

No se puede considerar a Estados Unidos todavía como un país totalitarista, pero sí representa una forma de autoritarismo impulsada por aspiraciones fascistas

Que los poderes económicos tiendan al totalitarismo no es nuevo, pero sí que la sociedad se esté volviendo más conservadora. Sólo un par de cifras: el 68% de jóvenes españoles desconfía de la democracia y un tercio de las mujeres cree que el feminismo ha ido demasiado lejos. ¿Qué está pasando?

Creo que, efectivamente, hay razones para desconfiar. Hay muchas políticas que se presentan en nombre de la democracia, aunque lo que hacen es destruirla. Se ve cuando Israel justifica los infinitos asesinatos de palestinos como única manera de salvaguardar a la última civilización de Oriente Medio. O cuando los Estados Unidos van a guerras en el nombre de la democracia, pero luego abandonan Afganistán. El imperialismo y la militarización se suelen dar en nombre de la democracia.

Habla de dos países, Estados Unidos e Israel, con prácticas claramente poco democráticas. Pero las encuestas que le mencionaba eran de España que, por el momento, ni se ha militarizado hasta esos extremos ni ha invadido ningún territorio.

Hay una tendencia entre ciertos sectores a querer más orden social porque les asusta el caos. O lo que a ellos les parece que es caos. Temen a los migrantes, al feminismo, al movimiento LGTBIQ… Lo que quieren es tradición y orden, y creen que el autoritarismo puede dárselo. Eso, por un lado; por otro, está la gente joven, que cree que el futuro no existe, que la educación no les va a conseguir un trabajo y que no van a poder tener una casa en este sistema económico terrible que se ha gestado bajo una democracia. ¿Por qué deberían confiar en ella?

La juventud, en todas las épocas, se caracteriza por tener tintes revolucionarios. Para quienes han nacido en democracia, ¿ser antisistema es tender al autoritarismo?

Sólo si creen que el sistema electoral es la única forma de democracia. Hay otros modelos de autogobierno muy interesantes. Por ejemplo, las personas sin hogar de California han establecido mecanismos propios para escoger representantes y tomar decisiones. No son elecciones oficiales, pero es democracia. Puedes no sentirte totalmente representado por el sistema electoral y, aun así, practicar la democracia.

Ahora que ya se ha tomado el café, creo que es el momento de preguntarle por Donald Trump.

¡Allá vamos!

Se acerca a las elecciones de medio mandato con una impopularidad que se eleva hasta el 60%. Ahora que se empieza a vislumbrar el momento en que deje de tener el poder, se tiende a poner muchas esperanzas en ese futuro sin Trump. Pero ¿qué pasará cuando ya no esté? ¿Esta deriva despótica se desvanecerá con él?

Para nada. De hecho, hasta puede que no se vaya porque decida cancelar las elecciones o eliminar la ley que impide los terceros mandatos presidenciales. Ya se ha cambiado la Constitución a su favor antes. Tenemos que vigilar muy bien las siguientes elecciones porque ya está intentando eliminar el derecho a voto de diversos sectores de la población. No sabemos quién podrá votar cuando llegue el momento, así que esa estadística que mencionabas puede que no sea válida mañana.

Incluso así, en algún momento se irá, ya sea por la vía electoral o porque su salud deje de poder sostener sus malos hábitos. Pero eso no será el final de nada, porque hay muchos nombres dentro del cristianismo nacionalista que tomarán su relevo. La clave es dejar de confiar en que ellos dejarán de aspirar al poder, para fijarnos en qué alternativas propone la izquierda.

La izquierda suele ser demasiado analítica, crítica e intelectual. Y eso puede ser contraproducente, porque la gente puede pensar que nos creemos más listos que ellos

En su discurso apuntaba también a que la derecha apela mucho mejor a las emociones y por eso gana elecciones. ¿Cómo puede la izquierda competir en ese terreno?

Creo que solemos ser demasiado analíticos, críticos e intelectuales. Y eso puede ser contraproducente, porque la gente puede pensar que nos creemos más listos que ellos. Incluso puede interpretarse como una actitud clasista contra quienes no han tenido los posibles para costearse una buena educación. Tenemos que ser más simples. Si la derecha apela al odio y a lo que llamo ‘nostalgia furiosa’, la izquierda debe buscar referentes de corazón abierto, que hablen de amor y de tradiciones religiosas que se diferencien del nacionalismo cristiano.

Me hace pensar en la campaña de Zohran Mamdani para la alcaldía de Nueva York. ¿Cree que ese es el camino?

Él no es perfecto, pero es interesante. Durante su campaña, se acercó a los votantes de Trump y les preguntó por qué le apoyaban. ¿Qué temían y qué esperaban? Les preguntó, pero no les juzgó. Empatizó con esa gente, que resultó que no eran fascistas, sino que tenían problemas mundanos, y les propuso abordar sus preocupaciones de otra manera.

Sólo así consiguió tener éxito con sus propuestas de mejora del transporte público y del control del mercado del alquiler. Son políticas que claramente ayudan a la clase trabajadora, pero que esta no siempre recibe tan bien como debería. La diferencia es que él, antes de presentarlas, supo empatizar con el votante. Es esencial que la izquierda deje de juzgar a la clase obrera que vota a la derecha.

¿Por qué cree que a la derecha le cuesta afrontar el debate sobre los miedos de la población? Pienso en la migración, que es un tema que evidentemente asusta a buena parte del electorado

¿Pero tienen razones para estar asustados o se basan en mentiras contadas desde la derecha como la del gran reemplazo o la de que nos van a quitar el trabajo a todos? Antes de adoptar temores infundados, hay que ver cuánto de alucinatorio hay detrás. Una vez hagamos eso, veremos a qué hay que tener miedo.

Volviendo a lo de antes, ¿no es esa una manera de juzgar a quienes temen la migración en lugar de plantear un debate sereno sobre por qué tienen miedo, sea este justificado o no?

Cierto. No podemos presentarnos como la élite, los iluminados que te dirán qué es verdad y qué no; qué está bien y qué está mal. Ese es un problema que se ha enquistado porque nos hemos encerrado en burbujas. Tenemos que hablar con gente que tenga sensibilidades y creencias distintas. Saber qué piensan y qué es importante para ellos. Sólo así podremos aprender y deconstruir nuestro elitismo. Y sí, es importante entender los miedos de la gente, porque esos miedos se convertirán en odio si no se reconducen antes.

¿Cómo se reconducen?

Bueno, sé que aquí corro el riesgo de volver a parecer elitista, pero se hace con conocimiento. No veo cómo se puede esquivar el odio si no es con un proceso educativo. No me malinterpretes; no hablo necesariamente de sentarse en una aula, sino de algún tipo de intercambio cultural, siempre que sea con dignidad y respeto para todas las partes.

Las redes sociales son una especie de outlet de opiniones desinhibidas, de insultos y posturas que jamás expresarías a nadie a la cara

No parece fácil garantizar esas condiciones hoy en día.

No, sobre todo en Internet, que sería un buen espacio para esas conversaciones. Pero allí la bondad, la dignidad y el respeto son valores que han pasado de moda.

Aun así, inevitablemente, una de las arenas políticas más importantes de la actualidad se encuentra en las redes sociales. Si tuviera que decantarse, ¿diría que son algo bueno o malo?

Yo no tengo redes sociales; nunca las he tenido porque creo que son algo tóxico. La gente es desagradable, está enfadada… Son una especie de outlet de opiniones desinhibidas, de insultos y posturas que jamás expresarías a nadie a la cara.

Pero, por otro lado, pueden ser impresionantes. Este lunes, el ICE fue a un hospital de Nueva York para llevarse a un hombre a Dios sabe dónde. La gente lo publicó en directo y, en seguida, se formó una resistencia espontánea con una multitud que rodeó el edificio para evitar la detención. Incluso provocó que Mamdani saliera a abroncar a la policía local de Nueva York por haber ayudado al ICE. Ya ves, en cuestión de minutos, pasó a ser un asunto político de primer orden… Aunque no sé bien qué decirte.

¿Qué le hace dudar?

Es que me preocupa la gente joven, especialmente aquellos que estuvieron tan solos durante la pandemia que nunca salieron de la burbuja de Internet. Para ellos, las interacciones pueden ser muy difíciles y, claro, es normal que estén enfadados. Y las redes pueden no ser buenas para ellos.

¿Está a favor de prohibir el acceso a redes a menores de 16 años?

Entiendo el impulso que lleva a plantearlo, pero no sé si funcionará. Prohibir algo sólo lo vuelve más atractivo, sobre todo si hablamos de adolescentes.

Hace cuatro años de la última entrevista que concedió a elDiario.es. Fue en 2022, hacia el final de la pandemia. Entonces dijo que era evidente que no saldríamos mejores de aquello, así que a lo que había que aspirar era a no salir peores. ¿Lo hemos conseguido?

A medias. Lo único que nos podía salvar de ser peores era ser conscientes de nuestra interdependencia y todavía no estamos en ese punto. Pero creo que vamos por buen camino. Vamos entendiendo que estamos interconectados, aunque sea a las malas. Por ejemplo, el cambio climático o la guerra de Irán nos enseñan que un acto tiene consecuencias globales. La ola autoritaria es transnacional, al fin y al cabo.

Hay muchas cosas que todavía no hemos conseguido, pero eso no hace que valga menos la pena luchar por ellas. Aunque cueste, no debemos abandonar la esperanza por mucho que todavía no seamos capaces de ver la luz al final del túnel. Si lo hacemos, dejaremos que sea la realidad la que tenga la última palabra y eso, ahora mismo, no es una buena idea.

El pasado jueves se hizo público que el Govern de la Generalitat había diseñado una prueba piloto para introducir a agentes de los Mossos d’Esquadra en los institutos catalanes para “reducir la conflictividad y prevenir conflictos”. La iniciativa despertó rápidamente el rechazo de gran parte de la comunidad educativa –profesorado y familias–, que se oponen a que la policía entre en los recintos escolares de forma permanente, alegando que se trata de una medida “impuesta” desde fuera y “estigmatizadora”.

El plan, que ha causado polémica en el ámbito educativo y también el político, ha dejado al mismo tiempo varias preguntas sobre su alcance, sobre las funciones que tendrán los agentes, si estarán permanentemente en los centro o si la adhesión será voluntaria o no. No ha ayudado a aclararlo el hecho de que el Departamento de Educación no lo haya presentado públicamente ni debatido con el sector, más allá de centros educativos concretos, hasta que ha trascendido.

Aunque el Departamento de Educación asegura que todavía es pronto para responder a algunas de estas cuestiones, ya se pueden desgranar algunas claves de esta iniciativa.

¿En qué consiste el plan piloto?

El plan, denominado provisionalmente Plan Integral para la Seguridad y el Bienestar en el entorno educativo (EDUSEG), es una iniciativa para “integrar” a policías de los Mossos d’Esquadra como “referentes” en los centros educativos. Hasta ahora ya existía una figura policial que asistía a los centros, los llamados Agentes Tutores, que estaba en contacto con las direcciones de los centros, que podían llamarles para gestionar conflictos puntualmente, además de dar charlas a los alumnos.

Esa figura, asociada a centros considerados de máxima complejidad, va ahora un paso más allá con la creación de los Agentes de Convivencia dentro de este nuevo plan piloto. En los 14 centros educativos seleccionados, la mayoría institutos de Secundaria o institutos-escuela (que abarcan también Primaria), estos policías tendrán una presencia más constante y un papel más “proactivo”, según Educación.

¿Qué harán los mossos en los colegios?

La duda que ha sobrevolado estos días es si habrá agentes de policía destinados a centros concretos, con su despacho y relación habitual con profesorado y alumnos. Esto nace de que al menos dos institutos, uno de ellos en Sabadell, fueron informados de que tendrían un agente integrado en su día a día. Así lo comunicaron a las familias y lo confirmó Educación.  

Pero días después, al ofrecer los detalles del plan, la Administración educativa lo ha matizado significativamente. De entrada, recalcan que los agentes de convivencia irán desarmados y vestidos de paisano. Y confirman que llevarán a cabo tareas de prevención e intervención para reforzar la convivencia. Sin embargo, Educación concreta que no habrá ningún agente destinado “permanentemente” a un solo instituto, con despacho y presencia durante toda la jornada lectiva. Más bien, aclaran, cada uno de estos mossos (seis para 14 centros) atenderá a un reducido grupo de colegios.

Además, han añadido desde Educación, el agente no tendrá relación directa con los adolescentes. La consellera Esther Niubó manifestó que cada centro tendrá autonomía para decidir si presenta el agente a sus alumnos o no, pero dejó claro que su papel no será intervenir directamente con los estudiantes, como lo haría un educador social o un psicólogo, sino prestar apoyo al profesorado.

Con todo, la información sobre el desempeño policial es todavía insuficiente, y se desconoce su nivel de implicación horaria o sus tareas concretas en cada centro. Preguntada por ello, Niubó evitó concretarlo e insistió en que se trata de un proyecto piloto y que habrá que esperar a ver cómo decide desarrollarlo cada centro. La única concreción es que los agentes estarán encargados de aportar una “mirada externa” al centro y “especializada en conflictos” que trasciendan el ámbito pedagógico.

¿Cuáles son los centros educativos que participan en el plan piloto?

Hay 14 escuelas participantes en la prueba, pertenecientes a seis zonas educativas diferentes. Se trata de l’Institut Eugeni d’Ors y el Margarida Xirgu, de L’Hospitalet; el Institut de Vic, el La Plana, el Jaume Callís y el Comptat d’Osona, de Vic; el Institut Manuel de Pedrolo y el Costa Freda de Tàrrega; el Ribera de Sió, de Agramunt; el Lo Pla d’Urgell, de Bellpuig; el Institut Vall d’Aran, de la Vall d’Aran; el Pepa Colomer y el Institut Escola Prat de Llobregat, de El Prat; y el Institut Escola Joan Sallarés i Pla, de Sabadell.

Si bien al principio el Govern apuntó a que la prueba piloto se centraría en centros considerados “de alta complejidad”, a los días corrigió y precisó que los escogidos conforman una “muestra representativa” del ecosistema escolar catalán, con escuelas de diferentes zonas geográficas, etapas y tipologías.

Con todo, es previsible que la cifra varíe en los próximas semanas, puesto que varios claustros y direcciones de centros seleccionados han rechazado el plan. Durante esta semana se han celebrado diversas asambleas en estos colegios. Por el momento, tres de los de Vic y uno de los de L’Hospitalet han decidido no participar y así lo han comunicado al Departament de Educación, tal como explica a este medio el sindicato USTEC. Además, hay otros dos centros que están evaluando la medida. Por su parte, el Govern niega haber recibido ninguna notificación de baja.

¿Es voluntario u obligatorio?

El Govern asegura que la presencia de policías siempre será “voluntaria” y que “ningún centro ha sido ni será obligado a participar”. De hecho, han explicado que la idea de introducir a mossos en las escuelas se empezó a trabajar en septiembre de 2025 a petición de diversos centros que, preocupados ante el aumento de la conflictividad, habían pedido ayuda para gestionar conflictos y mejorar la prevención.

Pero docentes, sindicatos educativos y familias niegan la mayor y aseguran que la iniciativa, que consideran un “insulto”, les ha venido impuesta y no les ha sido comunicada hasta pocos días antes del inicio del piloto. “Es una medida de hechos consumados que no ha pasado por ningún órgano democrático”, denunció Pepa Vidal, docente del instituto Eugeni d’Ors, en una concentración convocada el lunes como rechazo a la medida.

Otro caso, el del Prat de Llobregat, ilustra la confusión. Uno de los dos centros participantes en el piloto, en el que ha habido conflictos recurrentes, ya contaba con el apoyo de un Agente Tutor que se coordinaba con la escuela, Mossos, Ayuntamiento y Servicios Sociales.

Recientemente, Educación les planteó la posibilidad de incorporar otro agente de forma más constante en el instituto, según confirman fuentes conocedoras de las conversaciones. Sin embargo, la respuesta del centro fue negativa, al entender que supondría un mayor estigma. Las reuniones no fueron más allá, según las mismas fuentes, de ahí su sorpresa cuando leyeron la noticia de que eran uno de los centros seleccionados para la prueba piloto.

Preguntada por estos casos, la consellera insiste en la “voluntariedad” de la medida y reitera que todas y cada una de las direcciones han participado en reuniones de coordinación y diseño de la estrategia. “Algunas ya lo habían hablado con el claustro y las familias, y otros quizás decidieron no comunicarlo hasta poco antes de la llegada del agente”, ha explicado Niubó, que ha llamado a “respetar la autonomía” de cada centro.

¿Se extenderá a más centros?

La prueba piloto tendrá dos fases. La primera durará hasta junio, cuando se hará una evaluación para introducir las mejoras detectadas de cara a septiembre. La segunda fase se alargará todo el primer trimestre del siguiente curso. Así, en enero de 2027 se evaluará si la medida es “sostenible y escalable”, según ha explicado la consellera.

En ese supuesto, se estudiaría llevar la presencia de mossos a más escuelas pero, en todo caso, desde el Departament aseguran que tampoco se “obligará nunca” a ninguna escuela a contar con la presencia de un agente. Esta postura enmienda la primera que adoptó el Govern, que hablaba de la posibilidad de crear una futura normativa que contemplara el “apoyo policial” en el ámbito educativo.

¿Qué críticas tiene la medida?

Los docentes reivindican que rebajar los incidentes pasa por bajar ratios, desdoblar grupos y desplegar el plan de convivencia con más recursos para coordinación. De hecho, algunas fuentes consultadas acusan al Departament de Educación de recurrir ahora a agentes de policía después de haber eliminado el pasado verano plazas de educadores sociales e integradores que estaban financiadas con fondos europeos. Tanto, que este curso empezó con 120 educadores sociales menos.

“Nos dijeron que era una cuestión presupuestaria y ahora resulta que podemos tener un plan con mossos distribuidos por centros del territorio”, se lamentaba al conocer la medida Lidón Gasull, presidenta de la asociación de familias de alumnos AFFAC. Desde el Govern han querido aclarar que el plan se ha desarrollado íntegramente con recursos del Departament de Interior. También han querido incidir en que los Mossos “no vienen a sustituir a ningún otro profesional”.

En el plano político, también es remarcable la desaprobación que ya han manifestado los dos socios de investidura de Illa y con quienes está negociando los presupuestos: ERC y los Comuns. Ambos piden una rectificación y critican que no hayan presentado el plan piloto en el Parlament. “Es una medida poco afortunada y populista que está abocada al fracaso”, expresan los republicanos. “Ni es pedagógica, ni mejora la convivencia, no es coherente con el modelo de escuela de Catalunya”, añaden Comuns.

El Govern de la Generalitat ha salido a defender su plan piloto para integrar agentes de los Mossos d’Esquadra en 14 escuelas. Ante las protestas que ha generado la noticia entre la comunidad educativa y las familias, ha asegurado que la presencia de policías siempre será “voluntaria” y que “ningún centro ha sido ni será obligado a participar de la iniciativa”, según han apuntado fuentes del Departament de Educación.

Asimismo, han defendido que el proyecto se empezó a trabajar en septiembre de 2025 y a petición de diversos agentes educativos que habían pedido ayuda para gestionar conflictos y mejorar la prevención en los colegios. “No responde a una emergencia, sino a una necesidad estructural”, han insistido desde el Departament, que apunta a que “no hay ningún problema de convivencia” en las escuelas catalanas.

La consellera de Educación, Esther Niubó, ha querido responder a las críticas que ha recibido el plan piloto asegurando que estos agentes “no van a sustituir la función de un docente ni de un educador social”. De hecho, ha insistido en que el diseño de esta prueba se ha desarrollado de la mano de las direcciones de los centros educativos elegidos para estos meses de testeo.

Por contra, este pasado lunes diversos de los centros escogidos para esta prueba convocaron manifestaciones contra la presencia de policías en los centros y denunciando que nadie les había informado sobre la misma. Profesores de dos escuelas de L'Hospitalet participantes en la prueba piloto han explicado que se les comunicó el proyecto el pasado jueves sin ningún tipo de concreción ni detalle. “Es una medida de hechos consumados que no ha pasado por ningún órgano democrático”, ha denunciado Pepa Vidal, docente del instituto Eugeni d’Ors.

De hecho, en una asamblea celebrada este martes, los docentes de tres de los cuatro colegios seleccionados de la zona de Vic han decidido rechazar su participación en la prueba piloto. Preguntada por este gesto, la consellera Niubó ha apuntado que “ninguna dirección” ha solicitado salir formalmente del proyecto.

En esta línea, la consellera ha insistido en la “voluntariedad” de la la medida y reiterado que todas y cada una de las direcciones de los centros han participado en diversas reuniones de coordinación y diseño de la estrategia. “Algunas ya lo habían hablado con su claustro y otros quizás decidieron no comunicarlo a las familias y al profesorado hasta poco antes de la llegada del agente”, ha explicado Niubó, que ha llamado a “respetar la autonomía” de cada centro.

Por el momento, habrá 6 policías -conocidos como Agentes de Convivencia- distribuidos en 14 escuelas de 6 zonas educativas diferentes: El Prat de Llobregat, Hospitalet de Llobregat, Vic, Sabadell (Barcelona), Urgell y la Vall d’Aran (Lleida). Estos centros han sido escogidos por el Departament con la intención de crear “una muestra” que contemple diversas tipologías, etapas y ámbitos territoriales. La consellera Niubó ha querido desmentir que los centros escogidos para la prueba sean todos de alta complejidad ni especialmente conflictivos.

El plan, que ha empezado esta misma semana, todavía no ha llegado a todas las escuelas, ya que habrá policías que tendrán asignados diferentes centros a la vez. Es por eso que su presencia no será permanente en los colegios. El Departament ha aclarado que los mossos -que irán sin arma y vestidos de paisano-, si bien estarán físicamente en las escuelas -nunca en las aulas-, no tendrán un despacho físico pensado para que los alumnos puedan dirigirse directamente a ellos, como sí pueden hacerlo con los educadores sociales.

La función de estos agentes, según el Govern, será la de aportar una “mirada externa y especializada” en mediación de conflictos que puedan superar el ámbito pedagógico. La intención, pues, es que estos mossos sirvan de apoyo al personal educativo. De hecho, “no está previsto los agentes que tengan contacto directo con el alumnado”.

Preguntado por la función concreta de los policías en las escuelas, el Departament ha evitado concretar una respuesta, insistiendo en que se trata de un proyecto piloto y que habrá que esperar a ver cómo decide desarrollarlo cada centro. “Los centros tendrán flexibilidad”, han apuntado. Sí que han concretado que los 6 agentes seleccionados son mossos con experiencia en actividades comunitarias y formación en mediación de conflictos. Incluso, han asegurado, algunos de estos policías ya habían trabajado en los centros que les han sido asignados.

Críticas de la comunidad educativa y las familias

Este plan piloto se dio a conocer el pasado jueves, después de que lo avanzara El País. La noticia desató críticas entre las familias y la comunidad educativa, que han visto con malos ojos esta medida polémica. Por eso, desde el Departament han apuntado que la intención del Govern era no comunicar nada sobre la introducción de los Mossos en las escuelas hasta que finalizara el plan piloto. En septiembre se hará una primera evaluación para introducir ciertas mejoras en el proyecto. El final de la prueba será en diciembre de 2026 y a partir de ahí se evaluará si la idea es “sostenible y escalable”.

En ese supuesto, se estudiaría llevar la presencia de mossos a más escuelas pero, en todo caso, desde el Departament aseguran que tampoco se “obligará nunca” a ninguna escuela a contar con la presencia de un agente.

La consellera Niubó ha insistido en que el proyecto nace de “una demanda del territorio”, pero desde el profesorado insisten en que, aunque sí les preocupa el aumento de la violencia en los centros, nunca se habían reclamado medidas de este calado. “Pedimos una rectificación inmediata. Nadie lo ha pedido”, señala Iolanda Segura, portavoz de USTEC-STEs, el sindicato mayoritario en la educación pública.

Los docentes reivindican que rebajar los incidentes en algunos centros pasa por bajar ratios, desdoblar algunos grupos y desplegar el plan de convivencia con más recursos para coordinación. De hecho, algunas de las fuentes consultadas acusan al Departamento de Educación de recurrir ahora a agentes de policía después de haber eliminado el pasado verano plazas de educadores sociales e integradores que estaban financiadas con fondos europeos. Tanto, que este curso empezó con 120 educadores sociales menos.

“Nos dijeron que era una cuestión presupuestaria y ahora resulta que podemos tener un plan con mossos distribuidos por centros del territorio”, se lamenta Lidón Gasull, presidenta de la asociación de familias de alumnos AFFAC. Desde el Govern han querido aclarar que el plan, que se ha elaborado conjuntamente entre Educación e Interior, se ha desarrollado con recursos de esta segunda conselleria. También han querido incidir en que los Mossos “no vienen a sustituir a ningún otro profesional”, en referencia a los educadores sociales.

A pesar de eso, diversas de las escuelas integradas en la prueba piloto ya han mostrado su rechazo a la iniciativa, que consideran un “insulto”. “No le encontramos ninguna justificación. Evidentemente tenemos problemas, pero tenemos una convivencia sana”, ha asegurado Pepa Vidal, profesora de una de las escuelas que participan en la prueba piloto, durante las protestas del lunes. Por su parte, los alumnos han denunciado que la medida es “un ataque racista y estigmatizador”.

En el plano político, también es remarcable la desaprobación que ya han manifestado los dos socios de investidura de Illa y con quienes está negociando los presupuestos: ERC y los Comuns. Ambos piden una rectificación y critican que no hayan presentado el plan piloto en el Parlament. “Es una medida poco afortunada y populista que está abocada al fracaso”, expresan los republicanos. “Ni es pedagógica, ni mejora la convivencia, no es coherente con el modelo de escuela de Catalunya”, añaden Comuns.

Con todo, y a pesar de las críticas, el Departament ha asegurado en que ninguno de los 14 centros de la prueba piloto ha querido retirar su participación. Por el contrario, han apuntado en que desde que se hizo pública la iniciativa ha habido diversas escuelas que han pedido formar parte de la misma.

Cuando Donald Trump decidió descargar ataques sobre Irán y desencadenar así la guerra en Oriente Medio, las discusiones se llenaron de nombres de buques atacados en el estrecho de Ormuz, de previsiones sobre cómo afectará la economía bloquear el petróleo, de armamento y, solo en algunos casos, de recuentos de víctimas.

Pero para la analista de conflictos María Ferreira Basanta, la guerra tiene otra cara. Ella la cuenta desde la cotidianidad de una cocina en la que alguien limpia pescado; desde el olor a sudor en una azotea de Pakistán o desde el sabor de un brick de suero fisiológico en un apartamento en Jerusalén.

Todas esas escenas son las piezas del puzzle llamado Un mapa de los lugares donde caemos (Viajes al pasado, 2026), un libro que recopila, a modo casi de cuento, anécdotas que la autora ha ido coleccionando durante décadas de trabajo de campo. Aunque sus 15 capítulos puedan parecer desconectados, forman un collage que pretende aproximar al lector a la miseria de la guerra, del conflicto y de la violencia. Pero también a la belleza de la vida que sobrevive entre las bombas y el hambre.

“Cuando hablamos de guerras, solemos hacerlo desde la geopolítica, en términos de pérdidas económicas y en cómo nos afecta la cancelación de un vuelo a Dubai. Pero de lo que hablamos es de personas. Pero yo lo hago desde la cotidianidad. Aquello que solemos sublimar, el amor, la guerra o las tragedias, siempre se puede conectar a la intimidad de nuestra cocina o a un viaje en autobús un lunes cualquiera”, apunta María Ferreira en una entrevista con elDiario.es.

Los seres humanos nos solemos centrar en lo que nos diferencia. Pero cuando caemos, vemos que solemos caer en lo mismo. Da igual dónde estemos: somos vulnerables a lo mismo

El libro de esta analista de conflictos, asesora en misiones médicas y doctoranda en seguridad internacional, recorre medio mundo: despega desde Heidelberg, ciudad alemana en la que vive, y sigue hacia Jerusalén, Pakistán, Egipto o Kenia, para aterrizar en un pueblecito de Cádiz. Ese es el itinerario de los lugares en los que la autora ha caído y ha visto a otros caer. “Los seres humanos nos solemos centrar en lo que nos diferencia. Pero cuando caemos, vemos que solemos caer en lo mismo. Da igual dónde estemos: somos vulnerables a lo mismo. A la soledad, al desamor, al miedo y a la decepción”, sostiene.

Por eso, Ferreira no sólo se queda en las víctimas más evidentes. En su trabajo, que consiste en “tratar de entender por qué la gente hace lo que hace”, retrata todas las caras del poliedro. Desde una trabajadora sexual con clientes millonarios en Dubai, hasta un monje budista en Sudáfrica, pasando por un agente de policía pakistaní, un soldado israelí, un cura alemán o una niña que vive en un cementerio egipcio.

“Es importante saber que tanto la gente que hace cosas terribles, como las que vemos como héroes o como víctimas conforman sus días igual que nosotros. Que, cuando hablamos de guerras, de lo que hablamos es de personas”, zanja Ferreira.

Hacia el núcleo de las personas

“Yo quería saber a cuántas personas había matado y él quería olvidarlo”. Así empieza el capítulo que Ferreira dedica a Eli, un soldado israelí retirado “que mataba desde el cielo, como un dios que ha decidido no mirar”. Las páginas que siguen a esta frase relatan el intento de averiguar no sólo a cuánta gente ha podido quitar la vida este militar, sino también qué le llevó a querer -y poder- bombardear Gaza sin sentir el más mínimo atisbo de culpa.

“La conciencia es una estupidez, una invención moral para esclavizarnos a todos”, dice Eli para esquivar las preguntas de Ferreira. El interrogatorio se desarrolla sin prisa, desde la sinceridad de saber que ninguno de los dos apoya ni respeta los postulados del otro. Y, al contrario de lo que sucede en las películas, la respuesta no esconde una historia épica ni descorazonadora. Eli había dejado las Fuerzas Armadas, no por culpa ni remordimientos, sino porque había empezado a sufrir vértigos.

“Hablamos de gente que se supone que es inteligente y que nunca se ha parado a pensar si matan, a quién matan o si sufren o no. Pero es que con el avance tecnológico, muchos soldados matan como si jugaran a un videojuego. Es tan virtual que es normal que no se planteen nada”, reflexiona Ferreira.

Por eso la historia cambia cuando los militares se enfrentan directamente a la muerte. En una conversación que no aparece en el libro, pero que la autora rescata para elDiario.es, otro soldado le confiesa por qué dejó el Ejército israelí. Él era soldado de tierra y le enviaron a uno de los enclaves donde había apostadas fuerzas de Hamás.

En ese lugar en concreto había tres rehenes israelíes detenidos. El soldado pensaba que su misión sería entrar y rescatar a sus compatriotas. Pero no. Las órdenes fueron volar la casa por los aires, con Hamás y los civiles israelíes dentro. ¿Por qué? “Porque es mejor tener muertos que rehenes”, le dijeron.

Hay soldados que nunca se ha parado a pensar si matan, a quién matan o si sufren o no. Pero es que con el avance tecnológico, muchos matan como si jugaran a un videojuego

Hasta entonces, las víctimas de sus acciones habían sido esa figura etérea denominada “enemigo”, que no tiene rostro, ni pasado ni familia. Pero aquel día todo cambió. “¿Cuál es la victoria si no es proteger al prójimo?”, se preguntó el soldado. Ferreira fue testigo de este cambio de fidelidades y, aunque se congratuló de ver cómo el mundo perdía un asesino, no pudo dejar de preocuparse por algo: los muertos sólo son muertos cuando pertenecen al bando contrario.

Eso es algo que estos días, en plena guerra en Oriente Medio, le ocupa mucho espacio en la mente. Su familia política es pakistaní y, por tanto, conoce bien esa zona que ahora es un polvorín. “Me paso el día cabreada porque ves que sus respuestas son impulsivas. Tanto mi familia como buenos amigos que tengo en Israel o en Irán dicen que lo que quieren es ganar. Y, para eso, cuántos más muertos haya del otro lado, mejor”, expone Ferreira.

La autora, que ha visto la miseria derivada de la pobreza, la ira, la avaricia o la indiferencia, sabe que se vienen momentos complicados. Pero insiste en que no son inauditos. “La guerra es lo habitual. Lo excepcional es la paz”, sostiene. Aunque el mundo ahora mire a Irán, todavía un poco a Gaza y alguien incluso se acuerde de Ucrania, Ferreira tiene en su mente también a Somalia, Sudán o Venezuela. “Hay tantos conflictos que es imposible entenderlos todo. Lo único que pido es que no obviemos que existen”, suplica la escritora.

Pero, a pesar de todo el horror, ese Mapa de los lugares en los que caemos es un libro que destaca por su belleza. Por lo bonito de los gestos diarios, de las pequeñas alegrías que sobreviven hasta en las guerras más aciagas. Por esa resistencia en todas sus formas que es “una manera tan bonita como cualquier otra de hacer un homenaje a la gente que vive en este mundo”.

Aunque haya muertes en esas crónicas que son “cartas de amor” a los países en los que ha trabajado, también hay esperanza. La de una cuñada rebelde en Pakistán, que se anima a romper las cadenas que la atan al hogar o la de una trabajadora sexual sin nombre que se vuelve a sentir parte de este mundo cuando se la rebautiza como Dulcinea en la piscina de un hotel de lujo en el que, hasta entonces, había sido invisible. “La vida está llena de cosas bellas. Y no nombrarlas sería injusto”, zanja Ferreira.

“Es aquí”. Pero aquí no hay nada. Solo una valla a un lado de la carretera y el tupido bosque de Collserola al otro. Valentín, un hombre de 59 años, ha aparcado el coche justo donde estaba la entrada de la Ciudad de los Muchachos, el orfanato en el que pasó buena parte de su infancia. “Si, ya verás como sí”, dice, mientras se encarama al vehículo y muestra, casi de puntillas, la parte alta de un edificio. “Allí estaban las aulas”, dice, señalando una casa con un dintel en el que se puede leer: Ayuntamiento de Barcelona. Beneficencia Casa Puig. Ciudad de los Muchachos.

Esa valla es relativamente nueva, cuenta. La instaló el consistorio hace menos de un año, coincidiendo con el momento en que los exalumnos de este orfanato franquista se empezaron a organizar para regresar a las instalaciones. Esas visitas nunca fueron promovidas por la nostalgia, sino por la sed de justicia y reparación: en este centro, miles de niños desde 1951 hasta 1977 pasaron hambre y fueron maltratados física y emocionalmente. Algunos incluso habrían sufrido abusos sexuales por parte de educadores y de los Hermanos de la Salle, encargados del centro en su etapa final.

El Ayuntamiento de Barcelona, que es titular del edificio aunque este se encuentre, técnicamente, en el término municipal de Sant Cugat del Vallès, es también la Administración que ha colocado las vallas que impiden el paso a lo que fue la Ciudad de los Muchachos. El consistorio asegura que es por seguridad, pero los exalumnos consideran que es otra manera de enterrar lo que les pasó. Otra excusa para “no castigar a los responsables de arruinar la infancia a tantos niños”, dice Valentín. “Éramos muy pequeños; sólo necesitábamos que nos protegieran y nos destrozaron”, remacha.

Esta escuela, que hoy se encuentra en ruinas, está engullida en su totalidad por el bosque. Las paredes de lo que fue el edificio que albergaba las aulas y el salón de actos están o bien derrumbadas, o bien llenas de grafitis pintados por chavales que suben hasta el lugar para pasar el rato o para beber, tal como atestiguan las latas tiradas por el suelo.

Hay pocas pistas de lo que sucedió entre esas ruinas. Sólo se puede intuir que allí hubo niños si se presta atención a la piscina que hay en lo alto de la loma –y que construyeron los mismos alumnos, obligados y bajo coacción– o a la portería, ya sin red y descolorida por el sol. La escena lúgubre y el pasado convulso del lugar ha atraído incluso a influencers de lo paranormal, quienes han dedicado diversas producciones a la Ciudad de los Muchachos, llegando a afirmar que allí se pueden encontrar “espíritus de niños atormentados”.

“Los espiritistas se preocupan más por lo que pasó en este orfanato que el Ayuntamiento de Barcelona, que es el propietario del recinto”, se lamenta Joan Moya, un vecino de la zona, activista de la plataforma Som Collserola y responsable de una queja emitida ante el Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo) en la que se apuntaba a la decadencia de las ruinas y reclamaba que se recuperara la memoria del lugar.

Esta “casa de los horrores” –como la definen algunos exalumnos– alojó a miles de niños durante más de tres décadas. Y, aunque fue el proyecto personal del teniente de alcaldía de la época, Alfredo Casanova, el Ayuntamiento de Barcelona se desentiende de ese patrimonio. De hecho, durante años negó tener nada que ver con el mismo, argumentando que se encuentra en territorio del municipio vecino de Sant Cugat.

Ahí fue donde entró el Síndic de Greuges, que pidió diversos informes e investigó si la titularidad de los terrenos era del consistorio de la capital catalana, como así lo insinúa el nombre del Ayuntamiento en el dintel de la entrada y un escudo de Barcelona grabado en el suelo. El organismo consultó a diversas áreas municipales, que llegaron incluso a constatar que “no se puede determinar si este edificio pertenece al Ayuntamiento”. “Sea como sea, no se trata de un edificio en nuestro distrito”, apuntaron en 2024, según consta en el informe de la Sindicatura, al que ha tenido acceso este medio.

Pero resultó que el edificio sí es propiedad del consistorio. De hecho, posee todo el complejo, que comprende no solo lo que fueron las aulas de La Ciudad de los Muchachos –ahora también en ruinas–, sino también la capilla –todavía en pie– y la masía de Can Puig, actualmente protegida y que funciona como un centro de atención a las drogodependencias.

Así se constató en un informe solicitado en 2021 por Barcelona Infraestructures Municipals SA (BIMSA) para decretar el estado de ruina de los edificios abandonados. En el texto se apunta que la titularidad del conjunto corresponde al Ayuntamiento, con gestión compartida con el Consorcio de Servicios Sociales y el del Parque de Collserola. El informe asegura que las edificaciones no pueden ser rehabilitadas a corto plazo y se insta a su derribo.

Resulta que el consistorio compró los terrenos a un particular en 1923 y durante la República los usó para crear unas ‘colonias permanentes’ para que niños con problemas respiratorios estuvieran en contacto con la naturaleza en el bosque. Luego, durante la Guerra, se convirtió en un refugio para huérfanos para luego ser confiscado por el régimen. Durante los primeros años del franquismo, fue un internado y luego un lugar de encuentro para los campamentos de la Sección Femenina.

No fue hasta 1951 que se convirtió en la Ciudad de los Muchachos. La institución estuvo en funcionamiento hasta 1977, cuando los Hermanos de la Salle, que tuvieron la gestión durante su última etapa, abandonaron abruptamente a los niños, de un día para otro, cuando el centro dejó de reportarles beneficios económicos tras la muerte del dictador. Con su marcha, los niños fueron reubicados y el espacio empezó a quedar a merced del bosque.

Acabar con toda evidencia

Exalumnos como Valentín, que sufrió “palizas diarias” y maltrato emocional, se horrorizan cuando ven que lo que les hicieron pasar, simplemente por ser hijos de rojos o de familias pobres, va a quedar en el olvido. “No hay ni una placa, ni un memorial ni nada. No pedimos que nos compensen, sino simplemente que reconozcan lo que nos pasó”, sostiene. “Esto parece una ciudad fantasma”, dice Lale, otro de los exalumnos durante una visita a las ruinas. “No reconozco casi nada”, lamenta.

Estos hombres que fueron niños maltratados sienten no solo que sus agravios están siendo olvidados, sino que están siendo “tapados”. Este sentir empezó cuando el Ayuntamiento instaló la valla y culminó cuando, de un día para otro, desapareció el marcador de Google Maps que indicaba la ubicación de la Ciudad y cómo llegar a ella.

Los exalumnos y las asociaciones vecinales acusan al Ayuntamiento de haber pedido a la plataforma que elimine la ubicación –igual que pidió, en su momento, que eliminara algunas líneas de autobús masificadas por el turismo–. Pero el consistorio niega cualquier acción en este sentido. No se conoce el responsable, pero sí las consecuencias. Este gesto no sólo dificulta el acceso al centro, sino que además ha borrado todas las reseñas en las que los exalumnos escribían sus experiencias.

“Todo eso es un patrimonio perdido de un gran valor”, considera Teresa Roig, autora del libro La Ciudad de los Muchachos (Navona Editorial), una de las pocas obras que explica la historia de este orfanato. La publicación de su obra atrajo a exalumnos y les animó a explicar historias que jamás habían contado, ni siquiera a sus familias. Tanto, que se celebraron diversas presentaciones del libro en lo que fue la Ciudad de los Muchachos, antes de que estuviera restringido el acceso.

“Fue poco después de esas presentaciones que se puso la valla y se eliminó la ubicación de Google”, relata Roig, que también denuncia la “inacción” del Ayuntamiento y la falta de voluntad de “reconocer y reparar la vida truncada de estos niños”.

La Sindicatura de Greuges dio la razón a la queja que se interpuso e instó al consistorio a hacer precisamente eso: dignificar el espacio y crear un memorial que explicara qué pasó allí. “La ONU reconoce la memoria como parte de la justicia transicional, juntamente con la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición”, recuerda el Síndic al Ayuntamiento. Esta resolución tiene más valor si cabe habiéndose publicado en el año en que se celebra el medio siglo de la muerte de Franco, durante el cual tanto el gobierno municipal, como el catalán y el central están inmersos en una serie de actividades de memoria histórica.

A preguntas de este medio, desde el Ayuntamiento aseguran que, en el marco de esta efeméride, se “estudia algún formato de actividad o acción por el reconocimiento de las personas que han denunciado este espacio como centro de internamiento de menores”. Ahora bien, añaden que “no hay previsión de hacer ninguna otra intervención” debido a que “su estado actual hace muy costosa su rehabilitación”.

“Si te castigaron es porque lo mereces”

Este medio ha podido entrevistar a cuatro personas que vivieron en La Ciudad de los Muchachos en épocas diferentes. Todos ellos coinciden en las “torturas” y el “sufrimiento”, en el aislamiento al que les sometían y cómo les apartaban de sus familias, a las que el régimen consideraba una “mala influencia”. Hambre, palizas y un adoctrinamiento que llegaba al punto de que el papel higiénico era canjeable por puntos conseguidos por “buena conducta”.

El único de los testimonios que cuenta una historia diferente es Pere, que estudió en este orfanato durante sus primeros tres años de existencia, cuando sí fue realmente un centro pedagógico innovador, una “anomalía dentro del régimen” que consiguió llevar a la gran mayoría de los chavales, provenientes de familias obreras, a la universidad. “Por eso me duele tanto en lo que se convirtió después”, apunta este exalumno a elDiario.es.

Aquella escuela fue un pozo de traumas que muchos niños se callaron para siempre. “Hay cosas que nunca contaré a mi familia, para no hacerles sufrir”, dice uno de ellos. Ahora bien: hay un lugar en el que podían compartir sus historias. Aparte de las reseñas de Google, que funcionaba como una especie de confesionario, también existe un grupo de Facebook.

En este se conservan fotografías de archivo y actuales. Imágenes que suelen ir acompañadas de comentarios de diversos usuarios que comparten nombres de maestros y de los religiosos que les marcaron, literal o figuradamente. Como en casi cualquier grupo de exalumnos, se buscan antiguos compañeros de promoción o recuerdos de infancia. Pero, de vez en cuando, el espejismo de la nostalgia se rompe con mensajes publicados casi de madrugada. “No puedo olvidar la Ciudad de los Muchachos. Me robó mi infancia y tenía sólo 6 años”, dice uno de los post.

El grupo tiene como frase de cabecera “Si te castigan es porque lo mereces”, la misma cita que, según cuentan exalumnos, se repetía durante su día a día en el orfanato. “Yo pensaba de verdad que lo merecía”, cuenta Valentín. Muchos de los niños asumieron el mantra de que se les pegaba “lo normal”, pero con el paso de los años se han ido asumiendo a ellos mismos como víctimas de maltrato. “No entendíamos por qué nos hacían eso. Y sigo sin entenderlo. Si nadie hace nada, se olvidará lo que pasó. Todos nos olvidarán a nosotros”, se lamenta Valentín.

Este 23 de abril, Sant Jordi ha florecido en Barcelona. Aunque, para algunos, quizás demasiado: la primavera, que ha arrancado con fuerza después de intensas semanas de lluvias, ha enmoquetado el Passeig de Sant Joan con el polen de los plataneros que flanquean la avenida. Estas molestas pelusas han volado a sus anchas, levantadas por el viento, posándose sobre los lomos de los libros y provocando estornudos y toses entre los libreros, así como entre los visitantes.

“Tan preocupados por la lluvia y, al final, lo que nos molesta es esto”, se lamenta Antònia, una jubilada que se pasea con mascarilla y gafas de sol para protegerse de la alergia. “Ay, la cuestión es quejarse”, la reprime Andrea, su hija, que hoy ha pedido entrar más tarde a trabajar para poder gozar de la ‘diada’ cuando todavía no hay demasiada gente.

Antes de las 10 de la mañana hay muchos que ya pasean con la rosa en la mano y el libro bajo el brazo por el Passeig de Sant Joan, uno de los ejes que, durante los últimos años, ha ido tomando más fuerza en Sant Jordi. Para esta edición, con el objetivo de suplir la ausencia de una Rambla inhabilitada por las obras, ha añadido unos cuantos metros a su muestra. Entre las decenas de editoriales que se exhiben está Pol·len, un sello independiente que repite en este enclave, especializado en cómic y literatura juvenil.

“Estamos contentos, parece que el día va a ir muy bien”, dice Jordi Panyella, editor de la casa. Son un sello pequeño, familiar. Él está junto a su sobrina en Passeig de Sant Joan, mientras su pareja se encarga de la parada en Gran de Gràcia, uno de los puntos más cotizados de la ciudad. Su día empieza temprano -“muy temprano”, enfatiza la joven. Salen de casa sobre las 5 de la mañana para cargar la furgoneta y dejar toda la mercancía en los stands, que quedan listos antes de las 9h.

Y es que, aunque el grueso de ventas y de afluencia se da por la tarde, cuando la gente termina sus jornadas laborales, también hay mucho madrugador. “A primera hora ya había mucha gente comprando”, explica Mariona Gil, de la editorial Manifest. Este es uno de los sellos que ha estrenado el nuevo eje de Sant Jordi ubicado en la Plaça de la Catedral, como alternativa a la Rambla.

Tanto comerciantes como visitantes se han confesado contentos con esta nueva ubicación. Dejando de lado algunos problemas organizativos de buena mañana, las editoriales están satisfechas con el cambio. “A primera hora nadie tenía claro dónde tenía que ponerse. Es normal, es el primer año, pero una vez superado eso, parece que será un buen sitio”, confiesa Gil.

Al ser una plaza, permite pasear y zigzaguear entre las paradas de libros, al contrario de lo que sucedía en la céntrica avenida, que obligaba a bajarla o subirla casi en procesión, “sin tiempo para ver, ni pararte en ningún lugar. Te dejabas llevar por la masa”, asegura Martí, un oficinista que se considera un “friki de Sant Jordi”, hasta el punto que se ha pedido fiesta en el trabajo. “Aquello era un bullicio lleno de turistas. Ahora siento que hemos recuperado un poco la ‘diada’”, confiesa.

Aunque inevitablemente, siendo Barcelona, hay turistas en todos los lugares en los que se celebra Sant Jordi, cierto es que la estrategia del Ayuntamiento de afianzar ejes como el de Sant Joan o Les Corts, así como instalar nuevas paradas en Ciutat Vella, parece que ha esponjado la afluencia. “Es más tranquilo que otros sitios, pero eso no es malo. Aquí la gente tiene espacio para pararse a charlar, mirar y tocar los libros”, explica Manuel Baraja, editor de Terra Ignota, otra de las editoriales que este año se ubica en la Catedral.

Uno de los títulos por los que han apostado este año es Crimen y diplomacia, una novela negra de Manuel Marco, un zaragozano afincado en Cádiz que se ha dedicado a repartir pequeños panfletos con un resumen de su libro, del cual ha estado firmando ejemplares. “Estoy muy ilusionado. Había estado en Sant Jordi antes, pero nunca como parte activa. Venir a firmar aquí, es fantástico”, explica.

Se pasea por el espacio para intentar atraer a paseantes a la parada de su editorial. “No sé cuánta gente vendrá”, dice. Por eso, se ha calzado un sombrero indiano para protegerse del sol que ya empieza a picar, y se ha lanzado a hacerse la promo. Habla con pasión de su libro, una novela casi autobiográfica sobre un exdiplomático que se ve envuelto en una trama que le llevará desde Cádiz hasta Oriente Medio.

Las similitudes con su protagonista no se limitan sólo a la ciudad andaluza ni al hecho de que su nombre sea el apellido de su creador, sino que Marco también fue diplomático. Estuvo destinado a Afganistán, el Congo o Malasia -como demuestra abordando a un grupo de jóvenes originarios de este país. Eso sí, su carrera global empezó después de años como farero, un empleo al que se entregó después de estudiar ingeniería en la capital aragonesa. “Mi vida es un continuo de giros. Igual que mi libro. Si lo compras, lo verás”, dice, pícaro.

Vuelve el chocolate con melindros en la Generalitat

Una de las entradas a la Plaça de la Catedral es la concurridísima calle del Bisbe, una especie de conector que lleva hasta la Plaça Sant Jaume y constantemente atestado de grupos de turistas siguiendo al sempiterno guía que, paraguas en mano, va explicando las curiosidades de ese rincón. Pero este jueves, a los incontables visitantes se ha sumado otro grupo más inusual. El president del Parlament, Josep Rull, encabezaba una comitiva de parlamentarios canadienses, que están de visita en Catalunya, y a los que -cual guía turístico- Rull iba cantando las bondades de esa callejuela colindante al Palau de la Generalitat.

Precisamente de allí venía la comitiva; la sede del Ejecutivo catalán ha acogido este Sant Jordi el tradicional desayuno con chocolate y melindros, una tradición que instauró Jordi Pujol durante su mandato y que dejó de celebrarse hace 20 años, desde que Pasqual Maragall ofreció el último desayuno.

El president Illa ha decidido recuperar este encuentro con 300 personalidades políticas, mediáticas y de la sociedad civil, celebrado en el Pati dels Tarongers, igual que también ha recuperado la misa de Sant Jordi. Esta, aunque no se dejó de celebrar, durante años no figuró en la agenda oficial y tampoco no se ubicaba en el Palau. Entre los asistentes estaba el arzobispo de Barcelona, el cardenal Omella, quien ha presidido el oficio y hasta ha invitado al president a usar la capilla para “rogar a Dios” cuando se vea en momentos de “duda o dificultad”.

También han aparecido por la ‘chocolatada’ todos los consellers y parte de los secretarios de los departamentos, así como presidentes de los grupos del PSC, Junts, ERC, PPC y Comuns; los expresidents Mas y Montilla; el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu; el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto; y la expresidenta del Congreso y exministra, Meritxell Batet.

Además, se han dejado ver miembros del cuerpo consular, escritores, actores y periodistas, tanto las habituales firmas que se encargan de la actualidad política catalana como un grupo de periodistas madrileños. Y también ha sido invitadas dos personas migradas que viven en Catalunya y que están en proceso de regularizar su situación en el marco de las medidas impulsadas por el Gobierno.

Catalunya celebra este jueves una de sus jornadas más esperadas. La Diada de Sant Jordi, día del libro y la rosa, siempre genera altas dosis de expectación. Ya sea por la constante actualización en los resultados de la carrera de títulos más vendidos o por los avances meteorológicos.

Este año, a pesar de los días casi estivales que se han estado viviendo, puede que el cielo deje caer alguna sorpresa y haga honor al refrán que augura “aguas mil” en este mes. Aunque no se esperan chaparrones como los de otros años, que pusieron en jaque una jornada en la que los libreros pueden llegar a hacer el 10% de la caja anual.

La principal novedad de este año se encuentra en Barcelona, que celebra su primer Sant Jordi sin la Rambla, una de las avenidas que siempre había estado plagada de paradas de libros y rosas. Era, junto al del Passeig de Gràcia, uno de los ejes que más visitantes —locales y foráneos— acogía. Pero esta edición causará baja debido a las obras de reforma de la avenida, que se espera que estén acabadas antes del próximo 23 de abril.

En su defecto, se han habilitado nuevos ejes en Ciutat Vella, que pasan por el Portal de l’Àngel, la Plaça Nova i la Plaça de la Catedral hasta Via Laietana. “Es temporal, pero quién sabe si ha llegado para quedarse”, pronostica el presidente del Gremio de Libreros. Además de esquivar las obras, esta adaptación también pretende evitar las aglomeraciones de gente que se concentraba en la Rambla, una zona ya de por sí muy concurrida.

En esta línea, para esponjar la afluencia de gente, también se reforzarán los espacios de Les Corts y Sants Montjuïc, así como el eje de Arc de Triomf, dedicado al cómic y a la literatura juvenil. Con todo, ha sido un año de récord en Barcelona, donde se ha batido el máximo histórico de paradas y se han agotado las 5.000 licencias que da el Ayuntamiento. Estas estarán ocupadas por entidades, asociaciones, empresas o partidos políticos. A las librerías les tocan 494, mientras que las floristerías ocuparán 61.

Ahora bien, eso no significa que sólo haya medio centenar de puestos donde comprar rosas. De hecho, el Gremio de Floristas ha denunciado el “descontrol” de esta jornada, en la que se registra una “proliferación masiva” de paradas de particulares. Tanta que, calculan, pueden llegar a suponer el 70% del total. Estos puestos corresponden a personas que compran flores y las venden por su cuenta, lo que según los profesionales supone “caos, saturación y competencia desleal”.

“Hay bastantes vendedores y empresas pirata que desaparecen pasado el 23 de abril y que se dedican a la rosa barata”, lamentan desde el sector, que alerta de que están “ahogados por el intrusismo”. Calculan que el coste de esta economía sumergida supera los 15 millones de euros, lo que supone el 60% del total que se espera que las ventas de rosas generen por Sant Jordi.

Por todo ello, han exigido a las administraciones más control y que aseguren que no todo el mundo pueda vender rosas: el Gremio estrecha el círculo a las floristerías, ONG y escuelas. “Hay que presionar para que la gente que ocupa la vía pública de manera ilegal deje de hacerlo”, exigen.

Pistoletazo de salida con Ali Smith

Como cada vigilia de Sant Jordi desde 2003, el pistoletazo de salida de la Diada en Barcelona lo da el escritor encargado de leer el pregón de la lectura. Este año, el encargo ha caído en manos de Ali Smith, autora escocesa de, entre otras, la tetralogía inspirada en las estaciones –Otoño (2016), Invierno (2017), Primavera (2019) y Verano (2020)–.

Smith destaca el valor de la “lectura pausada” en una época en la que se vive sólo “la superficialidad de los hechos”. Por ello, desea que una festividad como la de Sant Jordi, en la que se “celebran” los libros, se “contagie” a otras regiones del mundo, tal como apuntó en la rueda de prensa celebrada pocas horas antes del pregón de la lectura.

El encuentro con medios se celebró en la biblioteca J.V. Foix, coincidiendo con una semana marcada por las protestas de los bibliotecarios, que el lunes convocaron una huelga de 18 horas y el martes otra de 24 horas. Estas se suman al paro indefinido que tienen en marcha los sábados para reclamar mejoras laborales. Aprovechando Sant Jordi, los trabajadores también se manifestaron durante el pregón en la plaza frente al Ayuntamiento y tienen previsto concentrarse también este jueves en Portal de l’Àngel.

Preguntada sobre las protestas de los bibliotecarios, Smith ha asegurado estar al corriente de las negociaciones y ha apuntado que estas son “necesarias”, ya que, considera, las bibliotecas “se deben defender y proteger”. “Deberían ser siempre espacios libres y abiertos para que cualquiera pueda pasar por sus historias”, ha remachado.

La carrera por el más vendido

Si el día empieza con el pregón de la lectura, no acaba hasta que se publica la lista de los títulos más vendidos. Esta no llegará hasta el final de la jornada, pero las editoriales hace semanas que aprietan para situar a los suyos en las porras para ese Top 10. Todo, a pesar de que —según estimaciones del sector— los más vendidos sólo representan entre el 5 y el 7% del total de las compras de las jornadas.

Este año, de acuerdo al ránking elaborado por el Gremio de Editores, en la categoría de ficción los nombres que más suenan para el podio son el de Regina Rodríguez Sirvent, por Crispetes de matinada (La Campana); Gil Pratsobrerroca, por El joc del silenci (La Campana) y Albert Espinosa, por No has estat mai sol (Rosa dels Vents). En la no ficción destacan Òscar Andreu, con Manual de defensa del català (Univers); Francesc Torralba, con Anatomia de l’esperança (Destino), y Oriol Mitjà con On neix la llum (Columna).

En castellano, la ficción está encabezada por La intriga del funeral inconveniente, de Eduardo Mendoza (Seix Barral); Comerás flores, de Lucia Solla (Libros del Asteroide), y Una nina buena, de Elisabet Benavent (Suma). En la no ficción, las apuestas miran a 5 semanas para desinflamarte, de Blanca García-Orea Haro (Grijalbo); Rosalía, por ahí por Barcelona…, de Maricel Chavarría (La Vanguardia Ediciones), y Alzar el duelo, de Paz Padilla (Harpercollins).

Más allá del estudio elaborado por los editores, el sector también tiene esperanzas para los nuevos libros de Pol Guasch, Reliquia, y de Emmanuele Carrère, Kolkhoz; además de otras obras como La intrusa, de Irene Pujadas o L’última vegada que et dic adéu, de Natza Farré.

De hecho, estas han sido las obras más recomendadas por una selección de 150 personalidades consultadas por la Agència Catalana de Notícies (ACN), entre las que se encuentran líderes políticos como el president Salvador Illa, el presidente Pedro Sánchez o la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

También han participado en la encuesta músicos como Alfred Garcia, Manu Guix o Maria Jaume. Desde el cine, han opinado Oliver Laxe, Sergi López o Carlos Cuevas. Entre los escritores hay nombres como el de Eva Baltasar, Emma Zafon o Carlos Zanón. Y desde el mundo económico, han aportado Josep Oliu, Sánchez Llibre, Camil Ros o Belén López.

Aunque entre los nombres que destacan estas 150 personalidades catalanas hay muchos que corresponden a autores y a autoras mediáticas. Estos suelen aparecer en las apuestas del Top 10, pero según el Gremio de Libreros, cerca del 90% de los ejemplares vendidos son de autores que no son ‘famosos’.

Diversas entidades por el derecho a la vivienda se han concentrado este martes por la tarde en el solar de la calle Llull 355, en Barcelona, para protestar contra la “privatización de la vivienda protegida”. Este amplio espacio vacío acogerá próximamente una promoción que correrá a cargo de la constructora Corp, que será la misma que edificará otros dos edificios en el mismo barrio. Entre todas, sumarán más de 400 Viviendas de Protección Oficial (VPO), casi la mitad de las que actualmente el Ayuntamiento tiene adjudicadas o en proceso de adjudicación.

Corp, una constructora a la que la justicia ha anulado recientemente una promoción de pisos de lujo, salió vencedora de la licitación pocos meses antes de que el consistorio presentara otros dos concursos abiertos a operadores privados para construir 600 viviendas más. Todo ello, según las entidades concentradas, supone un “proceso privatizador en medio de una emergencia habitacional grave”. Consideran que el hecho de que las promociones se estén adjudicando a promotoras privadas “favorece los intereses de la patronal inmobiliaria, asegurándoles beneficios astronómicos”.

Este tipo de promociones dedicadas a vivienda protegida suponen la cesión del terreno y la finca gratis durante 30 años y cuentan con subvenciones y financiación públicas que cubren el 100% del coste de construcción, según estimaciones del propio Ayuntamiento. La administración también ha calculado que los beneficios que Corp puede sacar de un solar como el de Llull ronda el 11% anual. Con todo, las entidades convocantes -la XES, el Observatorio DESCA, la PAH, el Sindicat de Llogateres, la FAVB, Habicoop y organizaciones juveniles de UGT y CCOO- han calculado que los beneficios de estas constructoras pueden rondar los 600 millones.

“Son beneficios estables y crecientes, ya que los alquileres aumentarán de la mano del IPC, todo ello en base a fondos públicos”, apuntan desde la XES. Esta entidad se muestra de acuerdo en que la prioridad es construir vivienda pública y protegida, pero considera que es una “contradicción” que la misma se encargue a empresas privadas. “Si el Ayuntamiento no tiene capacidad para construir en suelo público, se debería encargar la gestión y la edificación a entidades sin ánimo de lucro”, apuntan desde la Federación de Cooperativas de Vivienda. “No tiene sentudi que estemos pensando en regular el uso social de la vivienda en suelo privado, pero se impulse la privatización en el suelo público”, remachan.

En esta línea, las entidades convocantes lamentan que las cooperativas de vivienda sólo han conseguido la adjudicación -todavía sin confirmar- de 200 VPO, lo que para los convocantes es un “agravio” y una “irresponsabilidad”, además de una vulneración del convenio ESAL, un pacto con el consistorio que establece que las cooperativas construirían y gestionarían 1.000 viviendas.

Que el peso de la balanza caiga del lado de las promotoras privadas, según alertan desde la PAH, “desplaza la función social de la vivienda”, lo cual es “especialmente grave” al tratarse de VPO, que están destinadas a “familias vulnerables sin más alternativa”. Lamentan que la administración esté cediendo el suelo público a empresas privadas que gestionarán estos pisos durante 99 años y recuerdan que cuando los operadores privados han sido las encargadas de VPO “los derechos de las inquilinas se han visto perjudicados”.

En esta línea, han recordado lo sucedido en hasta 34 promociones de vivienda protegida gestionadas por La Caixa, en las que los vecinos denunciaron falta de mantenimiento en los edificios, subidas de precio injustificadas, no renovación de contratos, expulsiones y cobro de cláusulas abusivas. Estos edificios fueron construidos por la Obra Social La Caixa entre 2002 y 2012 y por los que cobró más de 25 millones de euros en subvenciones.

Este caso dio paso a una campaña que vino a demostrar que el banco inició “prácticas especulativas feroces” en cuanto hubo recuperado la inversión inicial y los pisos pasaron a estar en una fase en la que la normativa le permitía vender o alquilar a precios “estipulados”, pero sin obligación alguna de tener las viviendas ocupadas.

“El resultado aumentó el patrimonio inmobiliario de La Caixa, que ha terminado desligándose de las consideraciones de accesibilidad y protección social con la que en su día se justificaron las ayudas con dinero público”, denunciaron en su momento desde el Sindicat de Llogateres, entidad que acompañó a las vecinas afectadas.

Es cierto que actualmente esta situación no se podría repetir ya que, desde 2019, todas las viviendas de promoción pública en Catalunya mantienen la protección de forma indefinida, pero las entidades convocantes alertan de que “los operadores privados todavía pueden encontrar maneras de maximizar beneficios”, y apuntan a posibles cláusulas abusivas o la desinversión en el mantenimiento.

En este sentido, ponen la vista en el Plan Estatal de Vivienda, que también se ha presentado este martes y que, entre otras cosas, pretende blindar la VPO para siempre. “El Gobierno dice que ni un euro de este plan va a ir a parar a la especulación, pero eso es mentira si se cede el suelo público a grandes corporaciones inmobiliarias que se dedican a las viviendas de lujo”, alertan desde el Sindicat de Llogateres.

Por ello, los organizadores de la concentración exigen al gobierno municipal que pare los concursos abiertos -a los cuales han anunciado que presentarán enmiendas- y que destine ese suelo a entidades sin ánimo de lucro en el marco del convenio ESAL. “Es un cambio de paradigma: hay que dejar de usar estos pisos como anzuelo para la iniciativa privada. La solución a la crisis pasa por desmercantilizar la vivienda”.

A través de los cristales de una oficina de Correos de Madrid se vislumbra una escena distinta a la habitual. Mientras varias personas esperan su turno con paquetes en sus manos, Valeria le pide a su abuela que entretenga a su bebé mientras entrega a una funcionaria fotocopias del pasaporte, billetes de avión y certificados de antecedentes penales. Otro empleado se acerca al asiento donde ya se acumulan varias familias de migrantes, la mayoría mujeres con niños pequeños, para comprobar que llevan todos los documentos requeridos antes de que les llegue su turno. Este lunes ha sido el primer día de atención presencial para registrar las solicitudes de la regularización extraordinaria y las ventanillas habilitadas en Correos han arrancado esta nueva labor con algún que otro retraso, pero con normalidad, en distintos puntos del país. 

Valeria sale de la oficina dos horas después de la hora de su cita previa para registrar la petición de regularización para ella y su bebé, pero no le importa el retraso. Ella, de origen colombiano, vivía en Madrid de forma irregular desde hace dos años. Su niña, nacida en España, no llega al año y tampoco tiene el permiso de residencia. Pero ahora sujeta en sus manos el documento que confirma el envío de la solicitud que, si nada falla, les concederá la ansiada autorización. “Llevaba soñando varios días con esta cita. Literalmente. Hoy he soñado que estaba aquí plantada. Y he tenido pesadillas pensando que no llegaba, que la perdía”, dice entre risas, para describir su alivio tras zanjar el trámite que la perseguía desde hace tiempo.

La escena de alegría, que se entrelaza con la actividad rutinaria de Correos sin grandes filas ni colapso, contrasta con la frustración de los cientos de migrantes que un día más han esperado varias horas de colas frente a las oficinas de los servicios sociales de distintos ayuntamientos del país, como Madrid, Barcelona, Valencia o Cartagena, para conseguir recopilar toda la documentación exigida. La situación de colapso también se ha repetido en las sedes de algunas de las ONG colaboradoras en el procedimiento de regularización. El principal escollo, el trámite que ha creado un cuello de botella en parte del procedimiento, es el llamado “informe de vulnerabilidad”, un requisito añadido en el último momento en el real decreto, que debe presentar un grupo concreto de personas sin papeles: aquellos que no tengan hijos a cargo o quienes no puedan justificar una vinculación laboral anterior o futura. 

Mientras cientos de personas aguardaban horas para conseguir este papel, después incluso de hacer noche frente a los espacios habilitados para validar los informes de vulnerabilidad, las oficinas de Correos y Seguridad Social de todas las provincias han comenzado a recibir este lunes con cita previa los primeros expedientes de migrantes y solicitantes de asilo que ya tenían todo preparado.

Algunas entidades que se dedican a acompañar a migrantes en este proceso consideran que, además del sistema de cita previa obligatoria que ordena el proceso, la tranquilidad que ha reinado en las oficinas de Correos también puede explicarse por el propio atasco en el sellado del nuevo informe: “Muchas de las personas que solicitaron la cita previa no se han llegado a presentar porque todavía no tenían el certificado de vulnerabilidad”, sostienen. Sin embargo, el Ministerio de Inclusión asegura que la agilidad en los espacios habilitados para el registro presencial de la solicitud se debe únicamente a la activación de múltiples espacios para este fin y a la organización de las citas.

Como Valeria vive con una menor a cargo, no ha tenido que presentar el requisito que está entorpeciendo el procedimiento de los que sí. Con toda la documentación preparada, a ella el real decreto no le dio sorpresas de última hora y ha podido presentar por su cuenta la petición el primer día de atención presencial. Si todo va como espera, la ecuatoriana recibirá en 15 días la admisión a trámite de su solicitud. La mera admisión conllevará, además de la suspensión de cualquier posibilidad de retorno a su país, un permiso que ya la habilita para trabajar.

“Así solo puedo trabajar irregular, sin cotizar. Sin papeles, abusan más. Soy enfermera y ahora podré empezar a homologar mi título, que son dos años más”, celebra la mujer, de 26 años, ya pensando en el siguiente paso burocrático. A su lado, su abuela, asiente detrás del carrito de su bisnieta. Ella ya tuvo que pasar por lo mismo, aunque un proceso distinto y más sencillo entonces, casi tres décadas atrás, cuando llegó a España sin papeles. 

“Tardas más en enviar paquetes”

En Barcelona, tampoco se han registrado colas en prácticamente ninguna de las oficinas habilitadas de Correos ni Seguridad Social en las que se estaban dando citas previas para tramitar la regularización. “No he tenido que esperar nada de nada”, se ha sorprendido Karen. Tenía vez a las 8:30 y ha venido antes “por si acaso”. Pero no le ha hecho falta. El vestíbulo de la oficina acogía a muy poca gente. “Tardas más para enviar paquetes”, compara esta mujer ecuatoriana de 53 años.

Ella también tiene todos los documentos a mano, incluso el certificado de antecedentes penales, que había necesitado para un trámite anterior, así que ha podido realizar la solicitud sin complicaciones. Donde sí ha habido colas y rostros preocupados ha sido en las Oficinas de Atención Ciudadana (OAC) del Ayuntamiento de Barcelona, las encargadas de expedir los certificados de vulnerabilidad que, en algunos casos, son necesarios para regularizarse. 

Las oficinas de la Seguridad Social en Valencia atienden a una veintena de personas cada hora. La gente acude con los documentos ya cumplimentados, siguiendo la explicación de la web, comentan algunos empleados públicos. Es el caso de A. Mujica, un joven venezolano, de 23 años, que lleva siete meses en España. Es barbero y quiere iniciar su propio negocio en cuanto tenga los permisos para trabajar, por ello ha acudido con la declaración jurada que manifiesta su voluntad -que también exime de presentar el informe de vulnerabilidad“. ”Mi gestora me pidió la cita y gracias a Dios ha ido bien“, dice el hombre.

La Oficina de Extranjería de la Región de Murcia, ubicada en la pedanía murciana de El Puntal, es el punto clave para la gestión de trámites migratorios. Allí se encuentran María y Onofre [nombres ficticios], quienes viven en España desde hace cuatro y tres años, respectivamente. “No ha sido fácil”, reconoce Onofre, procedente de Guinea Ecuatorial. “Te ves limitado en casi todo, si quieres trabajar tiene que ser en negro. Pero no nos gusta, queremos cotizar”, añade María.

Ambos han llegado a una oficina prácticamente vacía, en contraste con las largas colas a las que están acostumbrados. Esta sede de Extranjería siempre está a rebosar, con colas que se extienden a lo largo de la jornada: “Hoy ha sido más ágil, se han abierto muchos puntos. Esto es una ayuda para todos, para los solicitantes y para el gobierno. Si hoy ha sido tan rápido, ¿por qué no se ha hecho antes?”, se plantea José [nombre ficticio], otro solicitante. Vino a España hace diez años desde Nicaragua, buscando una vida mejor: “He trabajado en el campo, en negro. Muy poca gente quiere trabajar allí y necesitan mucha mano de obra”, señala. “Debería haber más regularizaciones para que haya menos trabajo en negro”.

Roberto sale de una oficina de Correos de Sevilla tras casi media hora de espera: “Todo el proceso ha sido relativamente fácil”. Lleva desde enero atento a la regularización extraordinaria después de que el Gobierno central anunciara el acuerdo con Podemos. Un hito que cambió sus perspectivas, ya que, de repente, ha acortado el proceso de petición de asilo por razones humanitarias de casi dos años a apenas unos meses. El venezolano de 33 años es ingeniero petroquímico. Al ser solcitante de asilo, no necesita el informe de vulnerabilidad que está trayendo por el camino de la amargura a quienes se lo exigen. Aterrizó en Sevilla tras intentar crear una nueva vida en Colombia y Santiago de Chile. La regularización le aportará, dice, una estabilidad en España que hasta ahora no había encontrado desde su salida de Venezuela.

Luisa sale un momento de la oficina de Correos de Madrid donde espera su turno para llamar a su madre y pedirle que recoja a la niña de la escuela infantil. La mujer peruana tenía cita previa, pero ha tenido que interrumpirla para imprimir un documento que le faltaba, por lo que teme que el proceso se retrase. “Me da miedo que al volver ya no puedan atenderme”, dice la mujer. Pero no fue así. Aunque el funcionario en un principio no sabía indicarle cuál era el papel que debía presentar, finalmente entre los dos lo averiguaron: “No son expertos en extranjería y, cuando intentaban ayudarme, se les veía un poco perdidos. Me han dicho ellos mismos que les han puesto a atendernos sin la formación suficiente”, se queja.

Después, el mismo empleado ha empezado a adelantarse a ese tipo de situaciones y comenzó a comprobar con antelación la documentación de las solicitantes que esperaban su turno, para que pudiesen aprovechar el tiempo en caso de que les faltase algún papel. “Se nota que es el primer día, pero los trabajadores están haciendo todo lo que pueden y tienen muy buena actitud. Al ver que lo que ha pasado con mis papeles, han intentado remediarlo con el resto”, dice la peruana, quien acude a solicitar los papeles para su hija de dos años. Ella no ha podido optar a la regularización, dado que había pedido un permiso residencia por la vía habitual y debe esperar la respuesta de esa solicitud. “Tampoco tiene sentido que la vía telemática solo se pueda presentar con un certificado digital: si no tenemos papeles, la mayoría no podremos hacerlo”, añade.

Colapso por el informe de vulnerabilidad

En Barcelona, Mohammed, un pakistaní de 26 años, se ha levantado muy temprano para llegar antes de las 5:30 horas de la mañana a una OAC a por ese documento. Y ya había gente esperando. Cuando han abierto, le han dicho que no quedaban citas disponibles y que no habría ninguna hasta el lunes que viene. Este joven sabe que cumple todos los requisitos, pero está preocupado por no poder llegar a juntar todos los documentos a tiempo.

Lleva desde 2019 en España y, aunque llegó con un permiso de deportista como jugador de hockey, perdió los papeles cuando tuvo que dejar de jugar para conseguir un trabajo. Desde entonces, ha ido encadenando empleos en la construcción y en tiendas de amigos de familiares suyos, que son quienes también le realquilan una habitación. Ahora, les ha pedido que le hagan un contrato de alquiler. Si lo presenta, podría presentar su petición sin el informe de vulnerabilidad que ahora parece inalcanzable para muchos. “Aunque sea momentáneo, incluso yo pagaría los impuestos. Pero no quieren ayudarme”, se lamenta Mohamed.

En Cartagena, a pocos metros de la tranquila oficina de Correos, algo más de un centenar de personas aguardan su turno en la sede de la concejalía de Asuntos Sociales del Ayuntamiento. Un funcionario municipal les recibe en la entrada para explicar las dudas de última hora sobre el proceso y para informar sobre el estado de la cola. “Hoy no cogemos más citas”, dice, mientras cuenta que este lunes se tramitarían más de 300 solicitudes para el informe.

Valentín circula por la carretera de la Rabassada lentamente. Curva tras curva, a medida que los árboles van engullendo la carretera, este hombre de 59 años se va sumergiendo en su infancia. “Hay cosas que no he hablado con mi familia y ya no creo que vaya a hacerlo”, dice tras tomar un desvío. “No te puedes imaginar el miedo. Solo éramos niños, necesitábamos que nos protegieran”, añade.

Son las últimas palabras que pronuncia antes de aparcar el coche en medio de un camino por el que sabe que no pasará nadie. A un lado, el bosque. Al otro, una valla que impide el paso y la vista. Pero Valentín sabe lo que hay detrás. Se encarama al coche y señala hacia el dintel de una casa en ruinas. Allí se puede leer: “Ayuntamiento de Barcelona. Beneficencia Casa Puig. Ciudad de los Muchachos”.

Es el nombre del orfanato en el que pasó buena parte de su infancia, una institución franquista inaugurada en 1951 para huérfanos de la guerra y niños pobres. Fue el proyecto personal del teniente de alcaldía de la época, Alfredo Casanova. Se inspiró en la idea del padre Flanagan, un cura irlandés que ideó un modelo educativo que se caracterizaba por dotar a los internos de mucha autonomía.

El orfanato funcionaba, en efecto, como una ciudad, con alcaldes, jueces, fiscales y delegados de diversas áreas. También constructores o limpiadores. Enmarcado en corrientes pedagógicas modernas, el padre Flanagan llegó a replicar su idea en diversos países. En España hubo diversas Ciudades de los Muchachos, siendo la más famosa la de Ourense, que se convirtió en una escuela de circo.

La de Barcelona ha caído en el olvido, enterrada por el bosque de Collserola. Si bien al principio Casanova creó un colegio que consiguió llevar a la universidad a casi todos los chavales, pronto se convirtió en una “casa de los horrores” en la que las palizas, el maltrato psicológico, la hambruna, los castigos severos e, incluso, la sombra de las agresiones sexuales se convirtieron en el día a día de centenares de niños.

Uno de ellos fue Valentín, que llegó a la Ciudad en 1971, cuando ya no quedaba ni una sombra de lo que había sido aquella utopía pedagógica. Tenía 4 años cuando su madre le dejó en casa con sus tres hermanos; el mayor tenía 7 años, y los pequeños 2 años y 7 meses. Ella tenía que ir a comprar y no tenía con quién dejar a los críos; no era la primera vez que lo hacía y nunca había pasado nada, pero aquel día fue diferente.

Sin querer, Valentín provocó un incendio que se originó en la bombona que alimentaba la calefacción. Los mayores consiguieron sacar a los más pequeños y, aunque ninguno de ellos resultó herido de gravedad, los padres perdieron su custodia. Los de más edad fueron a parar a la Ciudad de los Muchachos y los menores fueron a la Casa del Port, para la etapa de preescolar.

“Allí empezó el infierno”, recuerda Valentín. Relata “palizas increíbles” de los adultos que tenían el encargo de educarles. “Crecí con miedo, sin entender por qué me pasaba todo aquello”, explica. A medida que sigue caminando por un sendero del bosque, recuerda las largas hileras de camas en la habitación que compartía con cerca de 150 niños. El hambre y una escolarización que brilló por su ausencia. El “adoctrinamiento” religioso y la disciplina.

Tras una cuesta, al fin la ve: la entrada a la Ciudad de los Muchachos, en esa plaza en la que jugaba de pequeño, con la capilla a un flanco y el edificio en el que dormían al otro. Son los dos únicos espacios de la escuela que se mantienen en pie, mientras que la casa en la que se hacían las clases está en ruinas, casi al borde del colapso y comida por la maleza. Hoy, la finca que albergaba las habitaciones es Can Puig, un centro de atención a las drogodependencias.

En la plaza espera Lale. Él también vivió en la escuela, pero 10 años antes que Valentín. Aunque no se conocen, comparten historias de sus infancias. Cotejan nombres, para saber si les pegaba el mismo cura o si el enfermero que les maltrataba las noches de fiebre era el mismo.

Aunque Valentín pudo gozar, gracias a las donaciones de la burguesía, de un cine y de una piscina —que, de hecho, construyeron los mismos niños— esas pequeñas mejoras no hicieron que su infancia fuera mucho mejor que la de Lale. “¿Lo que más recuerdo de este sitio? Las hostias. Y las chinches. Te levantabas rojo de las picadas de bicho”, rememora el más veterano.

Ambos cuentan condiciones “durísimas”: Iban vestidos todo el año con ropa de verano, que no podían cambiarse más que una vez por semana. La única manera de conseguir jabón, papel higiénico o bastoncillos era ganar puntos por buena conducta que canjeaban en un economato.

“A mí esos no me los daban nunca, era un pillo”, dice con una sonrisa socarrona Lale, quien presume de haber sido amigo del Vaquilla mientras sujeta una fotografía de ambos juntos y de haber sido una de las 45 personas que participaron de la gran fuga de La Modelo, en 1978. “La rebeldía me la enseñó La Ciudad. Entendí que, si no me defendía, no dejarían de pegarme ni de matarme de hambre”, insiste este hombre que está sordo de un oído debido a los golpes de uno de los curas, que siempre le atinaba sobre la oreja izquierda.

Entró en el orfanato con solo 5 años porque su madre no tenía recursos para hacerse cargo de él. “Nos decían que éramos pobres porque nuestros padres eran unos rojos de mierda y que, si nosotros no cambiábamos, acabaríamos igual. Y, cuando mencionabas a tu madre, te la dejaban de puta para arriba”, rememora.

Cuando la Iglesia abandonó a los niños

Lale era reticente a volver a La Ciudad de los Muchachos y a recordar su infancia. La etapa que le tocó vivir a él, la de 1961, fue de las más duras, justo cuando el Ayuntamiento dejó la gestión del orfanato en manos de los Hermanos de la Salle y los educadores pasaron a ser curas. La disciplina se endureció y el adoctrinamiento religioso se intensificó.

“Entonces se vino abajo el proyecto”, explica la escritora Teresa Roig, autora del libro La Ciudad de los Muchachos (Navona Editorial), una de las pocas obras que explica la historia de este orfanato. Aunque es de ficción, los hechos que relata beben de las experiencias confesadas por decenas de testimonios como los de Valentín y Lale. “A partir de la llegada de los Hermanos se empiezan a reportar casos de maltrato”, sigue.

Los religiosos estuvieron al frente de la institución hasta finales de los 70, en el periodo cuando tuvo más fama. El régimen sacaba pecho con esa escuela que se enorgullecía de “reconducir a niños descarriados”. Salía en la prensa y recibía a familias acomodadas de Barcelona que hacían donativos e iban a pasar la tarde con los pequeños, a quienes traían merienda y juguetes a cambio de que les hicieran alguna exhibición de gimnasia o recitaran algunos salmos.

“Pero nunca nos dejaban jugar con los regalos. Así como los traían, nos los quitaban y nunca supimos qué hacían con ellos”, cuenta Elías, otro de los antiguos alumnos de La Ciudad. Entró con 3 años y salió con 14, cuando clausuraron el centro. El final de ese orfanato llegó en 1977 y fue de sopetón. “Un buen día, los Hermanos de la Salle se fueron. Sin más”, relata este hombre que ahora tiene 62 años.

No dieron explicaciones, pero la teoría de quienes han estudiado la historia de la institución es que con el fin del franquismo, las donaciones se fueron acabando y, con ello, el negocio ya no era rentable para la congregación religiosa que mantenía a los niños. Así que se marcharon. Lo hicieron de un día para otro, sin avisar ni buscar relevo.

“Aquello se convirtió en una batalla campal”, relata Elías, que vivió aquellos primeros días de caos. Él pudo salir de La Ciudad poco después de que se fueran los Hermanos, pero sus antiguos compañeros le explicaron lo sucedido en el centro. “En esas semanas se hizo de todo. Se prendió fuego a la sala de actos, se recuperaron los juguetes con los que no habíamos podido jugar... Y, también tiraban piedras a quien se intentara acercar”, recuerda este hombre.

Él acabó en el orfanato porque, después de separarse, su madre no tenía más remedio que dejar a los niños con el abuelo para irse a trabajar, pero una de esas veces, el anciano enfermó y acabó en el hospital. Los pequeños pasaron días solos hasta que alguien “se chivó” y la madre perdió la custodia.

Los niños perdieron relación con ella porque, por trabajo, no podía ir a recogerles ni pasar las fiestas con ellos. Además, las cartas que le escribían desde el orfanato eran confiscadas por los curas. Así, ambas partes se sintieron olvidadas por la otra y acabaron perdiendo el contacto. Fueron los tíos de Elías quienes le sacaron de la Ciudad cuando se instaló el caos.

El resto de niños, los que no tenían la suerte de tener familia, fueron repartidos por otros centros. Los que tenían edad para estudiar un oficio, acabaron en pisos tutelados, unos ocho por casa, junto a educadores que se esforzaban —con más o menos éxito— en conseguir que esos adolescentes que, por fin, podían moverse a sus anchas, fueran a clase y se sacaran una FP.

“Nos pegaban lo normal”

Elías, que se intentó escapar, relata palizas y maltrato. Miedo por las noches. También asegura que hay cosas que ha vivido y que no explicará jamás porque no quiere hacer sufrir a los suyos. Pero, por otro lado, relativiza la violencia y asegura que “era lo normal para la época”. Ese, según Teresa Roig es un argumento que se repite entre las decenas de exalumnos a los que entrevistó.

Al menos, entre los que estudiaron allí a partir de la llegada de los Hermanos. Si se pregunta a quienes tuvieron la suerte de vivir las etapas anteriores, la historia cambia mucho. Así lo cuenta Pere, un hombre de 85 años que fue de los que inauguraron La Ciudad de los Muchachos. Entró al centro no porque fuera huérfano ni porque sus padres perdieran la custodia, sino porque los médicos le recomendaron alejarse del centro de aviación del Prat, donde su familia regentaba un bar y se detectaban muchos casos de tuberculosis.

Fue a parar al colegio de Collserola, que en sus inicios seguía los mismos preceptos naturalistas que L'escola del mar. “Gané un concurso literario, era el que más goles marcaba y hasta me hicieron delegado de cultura”, cuenta, visiblemente orgulloso de su infancia. “Fue fantástica”, remacha.

Asegura, además, que la formación era “excelente”. Tanto que, a los chavales que tenían potencial, el centro les llegaba a pagar estudios superiores, como fue su caso. “Muchos fuimos a la universidad. A los que no tenían posibles, hasta les pagaban pisos para quedarse”, relata Pere, que se hizo periodista y acabó dedicándose a la política. Cuenta, de hecho, que su vocación de servicio público nació en La Ciudad de los Muchachos.

“No nos librábamos de cantar el Cara al Sol por las mañanas ni de rezar por las tardes, pero eso era lo único que había del régimen en la escuela. Era insólito ese centro formado por demócratas en plena dictadura. No podía ser más que un defensor de la democracia habiendo estudiado allí”, cuenta.

Pere es consciente de que su relato difiere muchísimo del de niños que vinieron después y, aunque le duela reconocer que el colegio que le dio esa infancia tan feliz se corrompiera, no duda en denunciar los abusos que sufrieron quienes le sucedieron. “Los niños son las personas más vulnerables de la sociedad y, quien juegue con eso, no tiene perdón”, apunta Teresa Roig quien, después de publicar su libro se ha enfrascado en otra lucha: conseguir que el Ayuntamiento dignifique y rehabilite el espacio.

El impulsor de esta iniciativa es Joan Moya, vecino y activista de la zona que interpuso una queja ante el Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo catalán) para que el Ayuntamiento oyera sus peticiones. “Al fin y al cabo, el edificio es de titularidad municipal”, añade. Por ahora, el consistorio no tiene previsto “ninguna intervención” en el espacio, más allá de la idea de “algún formato o actividad” en el marco del 50 aniversario de la muerte de Franco, según han apuntado a preguntas de este medio.

Para Moya y para los exalumnos esto no es suficiente y reivindican un compromiso mayor con los niños maltratados. “Por mucho que lo quieran ocultar, pasó. Y fue muy grave” sostiene Moya. Algunos, como Valentín, ven este gesto como una “falta de respeto”. “Si no nos ayuda a resolver este olvido un gobierno socialista, ¿quién lo hará?”, se pregunta.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, se ha mostrado muy crítico con el papel de las Naciones Unidas en el panorama de conflictos actuales y considera que es un actor “impotente” ante estados como Estados Unidos o Israel, que “imponen sus condiciones”. Petro considera que los Estados Nación ya no son figuras tan relevantes en el juego político porque “son cada vez menos autónomos para gestionar su población”. Ahora, ante “genocidios y conflictos de altura”, ha lamentado que haya presidentes latinoamericanos que sean “cortesanos ante un nuevo rey que es Estados Unidos imponiendo sus condiciones”.

En cambio, él apuesta, dice, por “mirarnos de tú a tú” y ha recordado la reunión que tuvo en el Despacho Oval con el presidente Trump. Asegura que el mandatario estadounidense “vive rodeado de burbujas formadas por quienes le acompañan, con agendas diferentes y que compiten entre ellas”. Insinuando que Trump se encuentra altamente influenciado “por Netanyahu y por personas cercanas como Marco Rubio”, apunta que esas burbujas “se desinflan” cuando el presidente “tiene la oportunidad de hablar con otro ser humano”, tal como ha apuntado en una entrevista concedida a RTVE y la Agencia EFE, en el marco de las jornadas Movilización Global Progresista, en Barcelona.

En esa reunión, explica, tuvo la oportunidad de hablar con Trump y proponerle “un gran pacto por la vida”. A pesar de que considera al líder estadounidense “alguien de derechas, con una vida aria y una idea capitalista, sentí que congeniábamos y que aceptaba”. Ahora bien, Petro mismo ha reconocido que esa sensación duró poco. “A las pocas horas tiraba las bombas sobre Irán”.

El presidente colombiano ha tenido palabras muy duras para el presidente norteamericano a quien acusa de haber desestabilizado el mundo y creado “un bloque destructivo para la humanidad” siempre, insiste, “jalonado por Netanyahu, que tiene amigos más poderosos que el propio Trump”.

Gustavo Petro ha repasado el tablero internacional y, tomando los conflictos iniciados por Estados Unidos en Oriente Medio y Venezuela, ha puesto el foco en el petróleo: “atrae a los misiles y a la muerte”. Concretamente, ha apuntado que este bien ha sido “la maldición” de Latinoamérica y el Caribe. “Si tienes petróleo, la soberanía creada por la espada de Bolívar, desaparece. Sin petróleo, Venezuela volverá a la libertad”, ha asegurado.

Sobre el país latinoamericano, Petro identifica tres vías para solucionar la actual solución: la primera es dejar que Nicolás Maduro, sobre quien asegura que la acusación de narcotraficante es “injusta”, tenga un juicio libre en Venezuela o en alguna corte internacional. La segunda es “devolver el poder al pueblo”. Y eso no pasa por celebrar elecciones libres inmediatamente, lo cual consideraría un “error”, sino crear un “cogobierno” del chavismo con la oposición durante dos años para dar tiempo a los venezolanos a que creen “una alternativa”.

Y la tercera es, para Petro, una condición indispensable: que esas alternativas se desliguen del petróleo. “Entre el petróleo que tiene Venezuela y el carbón que tenemos en Colombia, podemos matar a toda la humanidad si decidiéramos mandarlo al aire”, asegura. Ha apuntado que tiene pensado verse con Delcy Rodríguez, aunque todavía no tienen una cita concertada (“Si Mahoma no va a la montaña, la montaña irá a Mahoma”), para pactar una salida conjunta entre ambos países a la dependencia del crudo.

Gustavo Petro apuesta por apartar el petróleo de los gobiernos ya que, considera, “los estertores del petróleo, pueden ser los estertores del capital”, ha dicho en referencia a un momento en el que el mundo ya está sufriendo las carencias de este bien a raíz del bloqueo del estrecho de Ormuz. “La humanidad tiene que ecoger entre vivir o codiciar. Si queremos una sociedad en que nuestros hijos puedan ser y ser más felices que tú, debes escapar del camino dominante”, ha remachado.

Por ello, el presidente apuesta por una “redefinición del mundo” que no deberían pasar por las decisiones de los Estados ni de los partidos políticos, sino por “una demanda de libertad de los pueblos que vaya hacia una democracia global”. En ese sentido, ha tomado de ejemplo Latinoamérica, de la que presume por haber “parado al fascismo”. En cambio, ha mirado con preocupación hacia Europa, donde asegura que “Hitler sigue vivo” a través del “odio racial al extranjero”.

La entrevista ha dedicado su parte final a evaluar el propio mandato de Petro en Colombia, que está a punto de terminar. El presidente no opta a la reelección y abandonará el cargo habiendo dejado una gran promesa sin cumplir: culminar el proceso de paz. “No es un fracaso personal, es un fracaso nacional”, ha asegurado. Preguntado por qué ha hecho mal en estos años en el poder, Petro ha contestado que su principal error ha sido “nombrar a gente que no sirve”. “Fue una gran tontería que me ha costado mucho confiar en un gobierno plural en el que incorporé a gente de centro que, en realidad, estaba a la derecha de Uribe”.

Ahora bien, de lo que sí ha sacado pecho es de haber empezado a cambiar la manera en cómo Colombia se presenta ante el mundo y, en especial, ante los mercados. Uno de sus grandes legados, dice, será haber impulsado otros comercios para que la economía de su país no dependa sólo del crudo y, también, de la cocaína. “Había pocas soluciones. O impulsamos el cacao o hacemos que los europeos dejen de consumir cocaína. O eso, o hacemos que se legalice”, ha dicho.

La entrevista a Gustavo Petro se ha dado en el marco de la Movilización Global Progresista, unas jornadas políticas celebradas en Barcelona que coinciden con dos cumbres más: la primera bilateral España-Brasil y la cuarta edición de la cumbre para la Defensa de la Democracia. Entre los tres actos, el presidente Pedro Sánchez se dará cita con una decena de mandatarios de izquierdas de primer nivel. Más allá del líder colombiano, también se encontrará con el brasileño Lula Da Silva, la mexicana Claudia Sheinbaum, el portugués António Costa, el sudafricano Cyril Ramaphosa, el uruguayo Yamandú Orsi, la irlandesa Catherine Connolly o el albanés Edi Rama, entro otros muchos.

Mar Bermúdez (Barcelona, 1998) fue agredida sexualmente por su jefe durante la cena de Navidad de la empresa en 2022. Lo mismo le pasó a otra trabajadora. Ambas eran periodistas en el digital El Principal y estaban bajo las órdenes de Saül Gordillo, quien fue exdirector de Catalunya Ràdio y a quien la justicia condenó a un año de cárcel por la agresión a Bermúdez. Luego, él mismo aceptó un año y medio de pena tras reconocerse culpable también en el segundo caso.

Pasaron casi tres años entre los hechos y las condenas. Tres años en los que las víctimas se vieron en el ojo de un huracán mediático que las hizo diana de críticas, dudas y cuestionamientos. Tres años durante los que parte del periodismo catalán se posicionó del lado del agresor, que todavía sigue colaborando con un medio digital a pesar de las quejas de sus trabajadores.

Ahora, Bermúdez siente que ha puesto “el punto y final” a la historia. Y lo ha hecho con el libro Els pecats d’una feminista (Ara llibres, 2026), en el que resignifica los siete pecados capitales desde una lectura feminista, siempre partiendo de su caso y su experiencia personal. “No me sentía legitimada para hacer un ensayo ni tampoco para hacer algo superbiográfico. Es una mezcla de ambas cosas porque lo que quería era que, al acabar de leerlo, tuvieras ganas de salir a quemarlo todo”, asegura la periodista, en una entrevista con elDiario.es.

Este libro, dice, es una manera de “recuperar el relato” y de explicar la historia desde sus vivencias. Algo que ya empezó a hacer durante el proceso judicial. Aunque las dos denunciantes, al principio, decidieron mantenerse en el anonimato para protegerse, llegó un momento en el que Bermúdez apostó por dar la cara.

“La primera vez que me tocó ir a los juzgados, me sacaron por la puerta de atrás, para que nadie me viera. Todo muy peliculero. Y, de repente, llego a casa, pongo la tele y le veo a él. Y me entró mucha rabia. Era él el que se tenía que esconder, no yo”, explica. A los pocos días, aprovechando su declaración en el juicio, Bermúdez se plantó ante los medios y afirmó: “la vergüenza tiene que cambiar de bando”.

En ese momento, una de las víctimas de este caso tan mediático pasaba a tener rostro, nombre y apellidos. Y eso la exponía. “Pero me daba igual. Ya tenía poco que perder. Me habían hecho tanto daño y de forma tan injusta que pensé que, si seguían, tendrían que hacérmelo a la cara y yo podría, por fin, defenderme”, relata.

Rememorando aquellas jornadas le viene a los labios, una y otra vez, la ira. No el concepto, sino el pecado. De los siete que hay, dice, ese es su favorito. “Es algo que nos han quitado a las mujeres, para anularnos. Pero siento que la rabia es lo que nos activa”, explica. Aunque sea el que más le gusta, la ira no es el pecado con el que empieza su libro. “No podía ser otro que la lujuria”, expone.

Perder la culpa y recuperar el cuerpo

La noche de los hechos, Bermúdez tenía 23 años, 27 menos que su agresor. A ella la tocó, “sin su consentimiento”, en diversas ocasiones, y con una intención “sexual explícita”, según la sentencia. Pocas horas más tarde, Gordillo se ofreció a llevar a otra compañera a casa en su coche, donde le practicó sexo oral sin consentimiento, aprovechando que “no tenía capacidad de reacción ni movimiento” debido a la “ingesta de alcohol y benzodiacepinas”, tal como apunta el fallo del segundo caso.

Si bien de esta agresión no hubo testigos, Mar Bermúdez sí contó con la declaración favorable de sus compañeros, que estaban en la discoteca esa noche y a quienes acudió para explicarles lo sucedido. Y también había cámaras de seguridad. Los vídeos, que iban a ser usados como prueba en el juicio, salieron de los juzgados y llegaron a manos de muchos periodistas.

“Ninguno los publicó, pero muchos, muchísimos, hablaron de ellos. Los habían visto y emitían su juicio”, explica Bermúdez, que contó que, durante esos meses, se publicaron 50 artículos de opinión sobre su caso. 28 de ellos eran favorables a su agresor. “Me dio mucho miedo que las imágenes llegaran a todas las redacciones de Catalunya”, apunta la joven.

Algunos calificaron los vídeos de “excelentes” y los consideraron prueba de “la construcción de una difamación”. Otros especularon sobre “la intención de la muchacha” y escribieron que quería “destruir al periodista” después de un “flirteo” en el que ella “hacía y se dejaba hacer tocamientos”. Esos vídeos fueron los mismos que vieron los magistrados, quienes en la sentencia apuntaron que “en las imágenes de la grabación de la cámara de seguridad, se aprecia claramente cómo Gordillo realiza tocamientos que tienen una connotación sexual explícita”.

El miedo a que esas imágenes salieran a la luz se convirtió en una “paranoia” que la llevaba a desconfiar de la gente. “Era terrible ir por la calle, ver a alguien y saber que, aunque no le conociera, él podría haber visto las imágenes de mi trauma”, relata. “Todavía hoy me da asco saber hay gente que vio esos vídeos y que tiene todavía en sus archivos de Whatsapp imágenes de la agresión, que es lo peor que me ha pasado en la vida”.

Aunque los vídeos no se publicaran, la conversación que suscitaron alteraron mucho a la joven periodista, que por aquel entonces ya se consideraba feminista. Lo suficiente como para saber que las víctimas no tienen la culpa. “Pero todo cambió cuando me pasó a mí y la gente empezó a dudar de mi versión. No tenía sentido, pero sentía que había sido culpa mía”, dice Bermúdez. “Todo el mundo hablaba de esos vídeos. Muchos medios me juzgaron a mí y mi manera de hablar, de bailar y de moverme. Y claro, te cuestionas”, explica.

La culpa llegó tan lejos que la afectó incluso en sus clases de baile, una actividad que no se pierde “aunque se acabe el mundo”. “Como se había juzgado concretamente cómo bailaba, en clase empecé a preguntarme si me estaba sexualizando demasiado. Si estaba haciendo mal bailando así”, relata. Tan profundo fue el efecto, que Bermúdez tardó dos años en poder volver a pisar una discoteca.

El sexo también se volvió un territorio vetado. La joven dejó de confiar, de saberse relacionar con nadie y de soportar el contacto físico. “Pensé que ya estaba, que mi vida sexual se acababa ahí. Pero eso no fue verdad. Se sale de todo, de esto también”, asegura la periodista.

Después de mucha terapia --“y de que me repitieran 200 veces que no estaba loca”-- Bermúdez recuperó la calma y la seguridad. Eso la ha llevado a entender su sexualidad de manera diferente, a saber que lo que ella haga no la convierte en culpable porque “nadie, absolutamente nadie, agrede sin querer”, insiste.

Es desde ahí que ha resignificado el pecado de la lujuria, dejando atrás el mantra de que la víctima se lo estaba buscando. “Ya no es que nosotras seamos lujuriosas, sino que ellos son agresores. No nos perdone, señor, que seguiremos pecando”, apunta en el libro. A partir de esa premisa, Bermúdez repasa todos los pecados que se atribuyen a las malas mujeres y les da la vuelta para hacer de la soberbia, dignidad; pasar de la ira a la rabia; o convertir la envidia en solidaridad.

A través de ellos, la joven va tejiendo un viaje que va desde la noche de la agresión hasta su recuperación, pasando por la terapia, el acompañamiento de los suyos y las dudas del proceso judicial. A ello dedica buena parte del capítulo sobre la avaricia, en el que desgrana el paso a paso de una denuncia y el coste -emocional y económico- de denunciar. “Cuando tomé la decisión, era más ingenua que ahora. Era de las que repetía que había que denunciar siempre y, aunque no me arrepiento de haberlo hecho, ahora matizo esa afirmación”, cuenta.

Cuando se planteó denunciar, no se imaginaba lo que vendría. La angustia cada vez que su abogada le llamaba o la exposición pública. Ella tomó la decisión porque no quería echarse atrás y ver, al cabo de unos años, que salía otra víctima. “No quiero decir que la responsabilidad de que un agresor pare sea de su víctima, pero no me lo hubiera perdonado”, cuenta.

Ella se presenta como una privilegiada (“joven, blanca, de Barcelona, sin problemas económicos y con apoyo familiar y red de amistades”) que pudo denunciar. Y, aunque asegura que muchas no pueden, también apunta que el proceso judicial contra su jefe fue el “principio de algo”. Su caso, junto a las denuncias públicas de las cómicas Charlie Pee y Ana Polo contra quien fue su superior, el periodista de Catalunya Ràdio Quim Morales, pusieron las bases de un Metoo del periodismo catalán.

De momento, el de Gordillo es el único caso que ha llegado a los tribunales -sumándole el de Morales, quien ha llevado a Charlie Pee ante la justicia. Con todo, han sido pocas las mujeres que hicieron públicas sus experiencias usando nombres -ya fueran los suyos o los de sus agresores. “Es un sector pequeño y los agresores son secretos a voces. Todas conocemos quiénes son y también intuimos quiénes son sus víctimas. Por eso, es normal que no se denuncien”, sostiene.

Pero eso no quita que Bermúdez considere que ese Metoo que no llegó a despegar haya tenido su efecto. “Creo que muchas mujeres trabajan diferente porque tuvieron la oportunidad de hablar con sus compañeros. Y creo que los agresores igual se lo piensan dos veces porque ese miedo de ser el siguiente en ser denunciado se está instaurando”, reflexiona.

Ella dio la cara y dijo el nombre de su agresor en alto en su momento. Pero ahora, ese nombre no sale en el libro que acaba de publicar. “Es mi reparación y él aquí no saldrá. No es suyo, es algo que es solo mío y ahora, por fin, puedo decidir yo”, remacha.

El Ayuntamiento de Barcelona ha presentado un Plan estratégico de memoria que plantea la creación de diversos espacios memoriales y actividades para “contrarrestar una cierta falta de transmisión pública y educativa de la historia del siglo XX”. Entre las principales propuestas destaca la inauguración de un espacio memorial en el Castillo de Montjuïc sobre el terrorismo.

Este museo, que también funcionará como archivo y centro de investigación, zanja una larga negociación con las víctimas del terrorismo, que hace años que piden a diversas instituciones -entre ellas el Ayuntamiento- más reconocimiento y acompañamiento. El consistorio se comprometió a crear este espacio ya en 2024 y ahora queda financiado bajo el paraguas de este Plan estratégico.

Se espera que las obras finalicen durante el primer semestre de este 2026, aunque el espacio de memoria y museo no se estrenará hasta 2027. La idea es que este castillo, históricamente vinculado a la represión militar y en el que se llevaron a cabo diversas ejecuciones durante el franquismo, tenga 200 metros cuadrados dedicados a la divulgación sobre estos episodios.

El consistorio apunta que combinará una exposición permanente con actividades de investigación y educativas. “Barcelona ha estado marcada por episodios de alto impacto, como los atentados multitudinarios de Hipercor, en 1987, y de la Rambla, en 2017, que han dejado una profunda huella humana, social y emocional en la ciudad”, apuntan desde el Ayuntamiento. Por ello, el memorial pretende ser un espacio que explique “con rigor y sensibilidad” el terrorismo “en toda su complejidad, situando a las víctimas en el centro y contribuyendo a su reconocimiento”.

La teniente de Alcaldía del área de Derechos Sociales y Memoria Democrática, Raquel Gil, considera que “se debe preservar el pasado para fortalecer el futuro” y destaca que el Plan de memoria es “fruto de un proceso colectivo”. A él han contribuido diversas entidades como el Observatorio Europeo de Memorias (EUROM), la Asociación Pro-Memoria de los Inmolados por la Libertad en Catalunya, el Ateneu de Memoria Popular, el Amical de Mauthausen, el de las Brigadas Internacionales, el espacio feminista Ca la Dona o la Fundación Cipriano García.

Y es que, además del memorial de terrorismo, el Plan -financiado con 6.151.280 euros- contempla otros proyectos, como el Centro Model de la Memoria, que transformará la antigua galería 4 de la cárcel en un espacio museístico. También se revisará la normativa del nomenclátor de la ciudad para “garantizar la coherencia y la precisión historiográfica”, así como para impulsar nombres que, hasta ahora, han sido “poco visibles”, con especial atención a la “necesaria feminización” de las calles.

Por último, también se reactivará la Junta de Valoración del Tardofranquismo, que revisará los protocolos e incorporará perfiles no contemplados hasta la fecha, como el de las mujeres internadas en el Patronato de Protección a la Mujer, las represaliadas por motivos políticos o morales o las perseguidas por su orientación sexual y de género.

Además, se prevé realizar un ciclo de actividades, con diversas propuestas educativas, así como la creación de una web interactiva sobre el pasado esclavista de Barcelona. En él, se identificarán los espacios de la ciudad vinculados al tráfico de esclavos. “Son memorias que han estado largamente silenciadas y la ciudad conserva numerosas trazas de esta participación, desde los domicilios de armadores de indianos hasta aquellos financiados con capitales procedentes de la explotación”, apuntan desde el Ayuntamiento.

El Ayuntamiento de Barcelona ha creado el Premio Internacional Barcelona por la Paz, el primer galardón internacional de la capital catalana, que se enmarca en el 150 aniversario del nacimiento del músico Pau Casals.

Referente en la lucha por la cultura de paz, Casals pronunció un recordado discurso en la sede de la ONU en 1971, pocos años antes de morir, en el que pidió una “acción directa” contra la amenaza nuclear y contra el régimen de Franco. “Tenemos que recuperar ese espíritu y relanzar la idea de la paz desde Barcelona”, ha expresado el alcalde, Jaume Collboni.

“Cuando empezamos a idear este premio, hace dos años, nunca habríamos imaginado que estaríamos donde estamos ahora, en un momento en el que se extienden los conflictos y la amenaza”, ha seguido el primer edil. “No nos quedaremos impasibles ante las guerras”.

El galardón, que tendrá una recompensa de 300.000 euros -siendo así el segundo dedicado a la paz mejor dotado después del Nobel- estará destinado a proyectos “de especial impacto”, ya sean impulsados por la sociedad civil o por instituciones y el premio deberá ser destinado íntegramente a la iniciativa. Tendrá una rotación bianual y el primero de ellos será entregado a principios de 2027.

“Esta iniciativa nos parece muy importante porque se da en un momento que tiene que hacer de palanca para que la ciudadanía se reconozca en estos valores que defendía Pau Casals. De Barcelona al mundo”, ha añadido Jordi Pardo, presidente de la Fundació Pau Casals.

El premio, que es impulsado por el Ayuntamiento, cuenta también con la colaboración de la Diputación de Barcelona y el Govern de la Generalitat, además de la propia Fundació Pau Casals. “El primer premio de impacto global de la ciudad debía ser para la cultura de paz, porque cuando Barcelona habla, el mundo escucha”, ha añadido Collboni.

El alcalde ha recordado momentos en los que la capital catalana se ha “comprometido” con la paz, empezando por algunos más recientes, como las dos flotillas que han partido hacia Gaza desde Barcelona, hasta el proyecto del Distrito 11, impulsado por Maragall a raíz de la guerra de Bosnia y recuperado por Collboni para hermanar la ciudad con Gaza.

También ha tenido palabras para la masiva manifestación contra la guerra de Irak, en 2003, que unió a 1,3 millones de personas. “En ese día, el presidente George Bush dijo que él no se tenía que preocupar por lo que pasara en las calles de Barcelona. Eso significó que sí se preocupó”, ha añadido el alcalde.

Collboni ha insistido en la mirada internacional y pacifista de Barcelona y, por eso, ha diseñado un Consejo Asesor para este premio, que estará formado por distintas figuras de referencia de alrededor del mundo, entre las cuales destaca la senadora chilena Isabel Allende; la princesa de Jordania y presidenta de la Fundación Anna Lindh, Rym Ali; o el copresidente de Nihon Hidankyo, organización galardonada con el Nobel de la Paz en 2024, Shigemitsu Tanaka.

“Estamos en el momento de la historia con más conflictos bélicos que nunca. Sumamos más de 130”, ha apuntado Allende, durante su intervención en la presentación del galardón. “La paz no sólo se construye con acuerdos internacionales, sino que se fragua desde las sociedades. Por eso, este premio no es un gesto ingenuo: es una responsabilidad moral y política”, ha añadido.

El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado una Modificación del Plan General Metropolitano (MPGM) que pondrá las bases para prohibir el alquiler de temporada en la ciudad. Esta propuesta, que forma parte de un pacto entre el PSC y los Comuns y que ha contado con los votos favorables de ERC, define los usos a los que pueden estar sometida la vivienda, los parámetros y, consecuentemente, las prohibiciones que se consideren en las normativas municipales.

Esta es la fórmula que han encontrado ambos grupos parlamentarios para eliminar el alquiler de temporada y reforzar también la prohibición de las viviendas turísticas, una modalidad que ocupa casi la mitad de residencias disponibles en diversos barrios de Barcelona como el Gòtic o la Barceloneta.

El consistorio convierte el uso “habitual y permanente” de la vivienda en su uso “característico”, mientras que las segundas residencias, el alquiler temporal o turístico pasan a ser usos “asimilados”. De esta manera, según se sostiene en el informe del MPGM, se podrán prohibir, condicionar o restringir los usos diferentes a los característicos de la vivienda. Eso implicará que el Ayuntamiento también podrá limitar las compras especulativas -en tanto que se tratan de adquisiciones de pisos que no están pensados para vivir en ellos- y complementaría así la normativa en la que está trabajando el Govern para prohibir este tipo de adquisiciones.

Los límites a los usos secundarios de la vivienda dependerá de la zona de la ciudad y de la necesidad de vivienda habitual que haya en cada barrio. Igualmente, el Ayuntamiento se asegurará de regular la renta temporal y turística también para las habitaciones, las plantas de casas unifamiliares, así como las parcelas.

A partir de aquí, el consistorio propone elaborar regulaciones y normas para “fomentar y proteger” el uso habitual de la vivienda. De esta manera, se pretende que los alquileres sean “más accesibles para sus residentes”. Según ha defendido la primera teniente de alcaldía y responsable del área de Urbanismo, Laia Bonet, “Barcelona necesita todas las herramientas disponibles para luchar contra la especulación y garantizar el derecho a quedarse en la ciudad”.

La modificación ha contado finalmente con los votos de ERC, que durante todo el proceso de negociación han mostrado públicamente sus “dudas sobre los efectos que pueda tener la MPGM”, pero este viernes han decidido emitir un “voto político” y de “confianza a los movimientos sociales”, tal como ha expresado la concejala republicana Eva Baró.

A falta de informes oficiales, de las ofertas de los portales inmobiliarios se estima que el alquiler de temporada puede llegar a suponer un 30% de la oferta de alquiler en ciudades tensionadas como Barcelona, llegando a crecer esta cifra hasta el 40% en más de un barrio. La intención del pleno es que la normativa pueda estar lista antes de verano, pero lo cierto es que estos plazos son ambiciosos porque el texto todavía debe pasar por la subcomisión de Urbanismo de la Generalitat y, una vez pase ese trámite allí, volverá al Ayuntamiento para su aprobación definitiva.

La normativa era “urgente” según palabras de la líder de los Comuns, Gemma Tarafa, que ha apuntado datos al pleno: en una ciudad de 1,7 millones de personas, hay 800.000 viviendas, lo que supone un piso para cada dos personas. Pero la realidad es que el consistorio ha contabilizado hasta 130.000 viviendas en las que no vive nadie de forma habitual, lo que reduce la oferta “de manera alarmante”.

Esta MPGM fue pactada en diciembre de 2024 y su paso por el pleno llega un año más tarde de lo previsto. Aun así, se adelanta al Gobierno central, que hace casi dos años que anunció la necesidad de regular los alquileres turísticos y de temporada, dos modalidades de renta que la Ley de Vivienda no regula y que se han convertido en un “agujero negro”, según palabras de la ministra Isabel Rodríguez.

Por eso, el Parlament de Catalunya también se avanzó al Gobierno y aprobó, en diciembre de 2025, una ley para limitar el precio del alquiler turístico y de temporada y meterlos en el mismo saco que la vivienda habitual. Esto afecta a arrendamientos por razones profesionales, de estudios, por temas médicos o por obras. Solo se excluyen los motivos turísticos o recreativos.

Eso enmienda la ley de vivienda, que excluía estas tipologías del tope de los precios de alquiler -algo que, de momento, es algo que sólo se aplica en las zonas tensionadas de Catalunya. Todo ello ha provocado que muchos propietarios saquen sus pisos del mercado habitual para pasarlo al de temporada y exigir precios muy por encima del límite. Aunque actualmente el uso del arrendamiento por temporada para inquilinos que en realidad viven en el piso de forma permanente es un fraude, es una realidad en la que se encuentran muchos vecinos de Barcelona.

Así, el Ayuntamiento se suma a la voluntad reguladora y va más allá de la ley aprobada en el Parlament, llegando a querer prohibir sus usos gracias a las competencias que tienen los consistorios en materia de urbanismo. “La regulación del Parlament es imprescindible, pero no puede ser la única”, ha apuntado la primera teniente de alcalde, Laia Bonet.

Vivir de alquiler triplica el riesgo de pobreza en Catalunya. El 34,4% quienes alquilan están en peligro de sufrir carencias básicas, cifra que se desploma hasta el 11,3% de entre los que tienen una vivienda en propiedad. Es una de las principales conclusiones de la Radiografía Insocat, elaborada por la federación de Entidades Catalanas de Acción Social (ECAS).

La vivienda se sitúa así como el principal factor de empobrecimiento, lo que deriva en otras problemáticas materiales también dentro del hogar: en 568.000 hogares (que alojan a unos dos millones de personas, casi un 27% de la población catalana) sufre de pobreza energética. Por otro lado, el 14% de la población declara retrasos en los pagos vinculados al hogar.

Según ECAS, gran parte de la culpa de la crisis la tiene la “fuerte concentración de la propiedad y un parque público claramente insuficiente”. Y destacan que un 1,2% de los grandes tenedores poseen casi una cuarta parte del mercado inmobiliario libre y sólo un 2% del público -frente al 15% de la media europea. Lo que contrasta con los 400.000 pisos vacíos que hay en Catalunya. “Esta combinación agrava la inseguridad residencial y convierte una necesidad básica en un factor de desigualdad estructural”, remachan los autores del informe.

Con todo, recuerdan que la tasa AROPE sitúa el índice de pobreza en un 24,8% en Catalunya, 0,8 puntos más que hace un año. Esta cifra “subralla la contradicción entre una supuesta bonanza económica y el malestar social que atraviesa a buena parte de la población”, destacan. Así, contrastan la subid adel 2,7% del PIB y unas tasas de paro que bajan al 8,4%, con el hecho de que el 47% de la población declara problemas para llegar a final de mes.

Y es que tener un empleo no es un salvavidas contra la pobreza: más del 42% de los trabajadores sufren precariedad laboral y casi el 12% están en situación de pobreza. “El encarecimiento del coste de vida, que absorbe el 95% de la renda media disponible, es lo que explica estos datos”, explica Teresa Bermúdez, vocal de pobreza de ECAS.

Desde la federación aseguran que estos datos, si bien son graves, deben ser mirados con lupa para obtener la radiografía completa y destacan que hay que observar a los colectivos más vulnerables, que son la infancia, las mujeres y las personas migradas.

En esta línea, recuerdan que la pobreza infantil ha escalado hasta el 36%, que el riesgo para las mujeres es mayor que el de los hombres y que casi el 50% de la población sin nacionalidad española se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión.

Con todo, insisten en que “las desigualdades se transmiten y se cronifican”. Destacan que hasta el 35% las desigualdades de ingresos son heredadas y están determinadas por “circunstancias no escogidas” como el género, el lugar de nacimiento de los padres y el origen socioeconómico. “El ascensor social que había funcionado en décadas anteriores está estropeado y ahora tener estudios superiores o trabajo no garantiza llegar a final de mes con tranquilidad”.

Desde ECAS destacan la capacidad de las prestaciones sociales y las ayudas públicas para revertir la pobreza, pero no pierden la oportunidad de recordar que estas funcionan mucho mejor en la vejez que en la infancia. Mientras que las pensiones reducen la tasa de pobreza del 77% al 14%, en el caso de la infancia sólo consiguen bajarla del 40% al 30%.

Por todo ello, reclaman “fortalecer la capacidad redistributiva de las políticas públicas para mejorar la cobertura de las prestaciones sociales”. En este sentido, ECAS recuerda que Catalunya sigue a la cola de España en inversión social, con 2.789 euros por habitante y año, lejos de los 3.277 de media. Igualmente, recuerdan que prestaciones como la Renta Garantizada o el IMV sólo llegan al 15,9% y al 11% de los hogares que las necesitan-

El puerto de Barcelona volverá a ser el escenario de partida de la Global Sumud Flotilla, la misión humanitaria que intentará, de nuevo, romper el bloqueo humanitario que Israel aplica sobre Gaza. El 12 de abril zarparán los primeros barcos de un conjunto que espera superar las 100 embarcaciones y que contará con miles de personas.

“Será la mayor de la historia. Tendremos representantes de todas las naciones del mundo para hacer real ese cántico de que el mundo está contra el genocidio”, ha asegurado el activista Saif Abukeshek, en una rueda de prensa en el Parlament de Catalunya. El espacio, reservado para los partidos políticos, ha sido cedido a la Flotilla por el PSC, Comuns, ERC y la CUP.

El puerto de Barcelona será el lugar del que zarpará la mayor parte de la comitiva pero, igual que la última misión, habrá más embarcaciones y tripulación que se irán sumando de otros puertos europeos. Paralelamente, también partirá de Mauritania un convoy terrestre el 10 de abril. Este irá cargado de más material humanitario.

Otra diferencia respecto a la Flotilla que zarpó a finales de agosto de 2025 es que, en esta ocasión, habrá barcos y tripulación de Open Arms, que aportarán apoyo técnico, sanitario y logístico. El objetivo, además de contar con la presencia de una entidad con experiencia en este tipo de misiones, es incorporar a profesionales capaces de atender tanto a barcos como a personas que enfrenten dificultades. Este punto cubre una de las necesidades que se detectaron en el último intento de romper el bloqueo, durante el cual diferentes embarcaciones tuvieron que abandonar la ruta por problemas técnicos.

“Hemos asumido riesgos relevantes en el pasado. En 2024 abrimos un corredor marítimo, pero esa operación se interrumpió tras un ataque israelí que mató a diversos trabajadores humanitarios de World Global Kitchen. No posicionarse es permisividad. Por eso, nos sumamos a la Global Sumud Flotilla. Para actuar y no sólo para mirar”, ha asegurado Gerard Canals, jefe de operaciones de Open Arms.

Los organizadores de la misión todavía no han querido facilitar los nombres de activistas, políticos o personajes de la cultura que vayan a sumarse a la acción y aseguran que los irán anunciando cuando queden pocos días para el fin de semana del 11 de abril, durante el cual se realizarán diversas actividades culturales y reivindicativas para despedir a la flotilla.

Sí que han dado detalles sobre los perfiles de gente que se embarcarán. Además de activistas por los derechos humanos, en esta ocasión contarán con la participación de diversos profesionales que, consideran, son “imprescindibles para la reconstrucción de Gaza”. Habrá médicos, educadores, arquitectos, representantes legales e investigadores ecoambientales. “Durante dos años y medio de genocidio, Israel ha prohibido la entrada de expertos a Gaza y, por tanto, desconocemos el resultado de sus ataques”, ha apuntado Abukeshek.

Así, el objetivo de esta misión no es sólo entregar material humanitario sino “empezar a pensar y a hacer posible la reconstrucción” de Gaza. Ahora bien, los activistas no han querido dejar pasar la oportunidad para denunciar que el alto al fuego en la zona es “falso e inexistente” y que el proceso de paz “no tiene en cuenta los derechos palestinos. Lo que hace el gobierno sionista no ha cambiado en absoluto”, han remachado.

Un nuevo intento, ocho meses después

La última flotilla hacia Gaza partió, también de Barcelona, el 31 de agosto de 2025. En aquella ocasión, estuvo formada por una cuarentena de barcos y centenares de personas, entre las que se encontraron la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau o el concejal de ERC Jordi Coronas. A ellos se fueron sumando más embarcaciones y personas en diversos puertos europeos que formaban parte de la ruta hasta Palestina. La misión empezó ya con altibajos: el día previsto para la salida, los barcos tuvieron que regresar a puerto debido al mal tiempo y muchas embarcaciones no superaron los embistes del Mediterráneo durante la travesía.

Aunque algunos activistas también tuvieron que abandonar por el camino, la Flotilla consiguió acercarse a unas 70 millas náuticas de la costa palestina, pero durante la madrugada, se vio rodeada por unas 20 embarcaciones israelíes que detuvieron a los más de 300 activistas que navegaban para romper el bloqueo humanitario impuesto por Israel.

Los activistas denunciaron la detención como “un secuestro ilegal” porque sostienen que la zona de excepción que Israel les acusa de haber violado, fue declarada ilegal por diversos estamentos internacionales. Así, según apunta la ONG Adalah, que presta atención legal a los detenidos, Israel no tenía ningún derecho a intervenir sobre los barcos y estos no han incumplido ninguna ley al intentar llegar a Gaza. Finalmente, los detenidos de origen español regresaron a sus hogares después de cinco días detenidos.

Los Testigos de Jehová son una organización religiosa conocida por sus estrictas normas y el ostracismo al que someten a los miembros expulsados. Una de las prohibiciones más conocidas y polémicas es la que considera pecado dar o recibir transfusiones de sangre, pero eso acaba de cambiar. El pasado viernes, el Cuerpo Gobernante de la organización emitió un comunicado en el que se anunciaba un “cambio de postura”. Ahora, los hermanos y hermanas pueden recibir transfusiones, pero solo si son de su propia sangre.

“El regalo de la vida nos lo dio Jehová y Él quiere que mostremos respeto por ese regalo”, dice, mirando a cámara, un hombre anciano que actúa como portavoz del Cuerpo Gobernante y que presenta una especie de informativo que llega a todos los fieles del mundo, traducido mediante IA a más de un centenar de idiomas. El presentador sigue, diciendo que una manera de mostrar respeto por Jehová es “obedeciendo sus mandatos sobre el tema de la sangre” y añade que la única doctrina de Dios es que el cristiano “no debe comer la carne con su vida, es decir, con su sangre”.

Llegados a este punto, cualquiera podría pensar que se levanta totalmente esta prohibición que ha causado la muerte de diversos testigos de Jehová. Pero la realidad tiene matices. “Después de orar mucho y analizar lo que dice la Biblia, el Cuerpo Gobernante ha decidido que cada cristiano debe decidir cómo se usará su propia sangre en cualquier tratamiento o procedimiento médico o quirúrgico”.

Es decir, que lo que permiten a partir de ahora los Testigos de Jehová es que sus hermanos y hermanas reciban transfusiones autólogas: aquellas que provienen de la propia sangre. Este es un cambio significativo para la doctrina de la congregación pero, a efectos prácticos, supone pocas ventajas para sus miembros.

Para empezar, son muy escasas. En 2025, de las 250.000 donaciones que se realizaron en Catalunya, solo 19 —para unas nueve personas— fueron autólogas, según datos del Banco de Sangre y Tejidos. El motivo es que no es fácil reunir los requisitos para que estas transfusiones sean posibles, útiles y suficientes.

La sangre no se puede almacenar permanentemente: solo tiene una vida de 42 días fuera del cuerpo humano. Si bien es cierto que es un fluido que se puede congelar, ese servicio solo lo prestan algunas clínicas privadas en el mundo, ninguna de ellas en España. La sanidad pública tiene un pequeño banco de sangre congelada, pero de donantes muy raros.

Sus usos más frecuentes son en operaciones traumatológicas, que requieren menos sangre y suelen poderse programar con el tiempo suficiente para que el paciente vaya almacenando sus propios fluidos poco a poco y llegar en buenas condiciones a quirófano. “Pero no cualquiera puede evitar la anemia después de donar tanto”, explica a elDiario.es el doctor Joan Ramon Grífols, director asistencial del Banco de Sangre y Tejidos.

Además, para una transfusión autóloga también hace falta pasar pruebas y cumplir una serie de requisitos. “Aunque pueda parecer raro, nada te asegura que puedas ser donante para ti mismo porque, muchas veces, las patologías que hacen que necesites esa transfusión pueden ser las que te impidan realizarla”, resume Grífols.

El doctor alerta de que para conseguir las entre dos y cuatro bolsas que se suelen extraer, se requieren semanas y diversos desplazamientos al hospital. Y, en algunas ocasiones, esa cantidad puede no ser suficiente para ciertas intervenciones. “Es muy posible que, por ejemplo, un cirujano cardiovascular se niegue a operar con tan poca sangre”, sostiene. Por tanto, las transfusiones autólogas no sirven para todas las intervenciones quirúrgicas ni todos los pacientes. Y tampoco en caso de accidente o de intervención urgente.

Otra opción que tienen los Testigos de Jehová es recurrir a técnicas de ahorro sanguíneo. Esto, que también depende del estado de salud del paciente, se basa en medicación preoperatoria que potencia la producción de glóbulos rojos o, incluso, en el uso de cell savers, una técnica que aspira, lava y reinfunde la sangre durante la misma operación. Estas, a diferencia de las transfusiones autólogas, siempre han estado permitidas porque la sangre no llega a abandonar del todo el cuerpo y, por tanto, no rompe el vínculo con el alma ni con Dios.

Desde la Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová (AEVTJ) celebran “cualquier medida aperturista” que suponga que los miembros de la organización “dispongan de un mayor margen de decisión personal”, aunque no dejan de recordar que es una medida “claramente insuficiente”.

El cambio de doctrina “es una novedad importante, pero es una mejora solo de cara a la galería”, tal y como expone Ángel Encinas, antiguo miembro de la organización que sufrió durante años y en carne propia las doctrinas de los Testigos. “Llevan años diciendo que las transfusiones de sangre propia violan los preceptos de Dios y ahora cambian de opinión. Así, sin más. Sin pedir perdón ni dar explicaciones. ¿Qué pasa con todas las personas que han muerto por el camino?”, se pregunta.

En este sentido, desde la AEVTJ también lamentan que la organización no haya hecho “ningún ejercicio de autocrítica” ni hayan pedido disculpas “a las miles de personas que, a lo largo de décadas, puedan haberse visto gravemente afectadas por una doctrina que ahora se presenta como cambiante”.

Más de medio siglo de pecado

La prohibición de dar y recibir transfusiones de sangre se remonta a 1959, año en que se encuentra la primera referencia escrita a esta doctrina. Los Testigos de Jehová empezaron considerándolas un pecado castigado con la expulsión de la congregación y el consecuente ostracismo. La gravedad del asunto era tal que en el año 2000 se convirtieron en una falta tan importante que quien recibiera una transfusión ya no pasaría por el proceso de expulsión, sino que quedaba automáticamente “desasociado”.

Los argumentos para prohibir estos usos de la sangre se encuentran en diversos versículos de la Biblia. Por ejemplo, el Levítico 17:13, en el que se dice lo siguiente: “El alma de la carne está en la sangre […]. Por eso he dicho a los hijos de Israel: ‘Ninguna alma de ustedes debe comer sangre. […] Y cuando algún hombre [...] que al cazar capture un animal que sea permitido comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra”. Otro pasaje muy usado se encuentra en los Hechos 15:20: “Absteneos de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación”.

Entonces, ¿cómo se justifica el cambio? Tanto los Hechos como el Levítico conforman lo que se conoce como Ley Mosaica, que se encuentra entre el Génesis y el Deuteronomio, y que recoge las normas que Dios trasladó al pueblo judío desde el Monte Sinaí, entre ellas los 10 mandamientos. Pero son unos preceptos que los Testigos no reconocen porque, consideran, quedaron sin efecto tras la muerte de Jesús.

Aunque la doctrina de este grupo religioso siempre ha dejado claro que sus fieles no están bajo la Ley Mosaica, eso no les ha impedido usarla para justificar prohibiciones como la de las transfusiones. En diversas comunicaciones enviadas a los fieles se han usado estos argumentos para demostrar que las donaciones de sangre son “contrarias a la palabra de Dios porque la Biblia muestra que la sangre no debe ser extraída de cuerpo, almacenada y usada de nuevo”.

También se ha especificado en distintas ocasiones que las transfusiones autólogas, las que ahora se permiten, también son pecado porque “la sangre almacenada ha dejado de ser parte de la persona y, por tanto, hay que deshacerse de esa sangre de acuerdo con la Ley de Dios”.

Preguntados por elDiario.es, los Testigos de Jehová aseguran que su “creencia fundamental sobre la santidad de la sangre no ha cambiado” y remiten al hecho de que la Biblia no dice nada sobre el uso de la sangre de la propia persona. “Se ha aclarado que esto ahora incluye si uno permite o no que se le extraiga sangre, se almacene y se le vuelva a introducir”, añaden.

“Los Testigos de Jehová toman decisiones informadas y conscientes que consideran tanto los principios de las Escrituras como los desarrollos de los procedimientos médicos modernos”, insisten.

Afrontar la expulsión

Durante años, recibir una transfusión comportaba tener que dejar los Testigos de Jehová. “Recibir sangre podía salvarte la vida, pero Dios te condenaba eternamente”, asegura una ex testigo que prefiere mantenerse en el anonimato. Lleva años fuera de la congregación, pero asegura que le sigue teniendo “pánico” a los hospitales a raíz del “miedo que se inculca” a las transfusiones.

Esta prohibición ha derivado en diversas muertes de personas que no han podido sobrevivir sin una donación o porque no han podido someterse a intervenciones quirúrgicas vitales. El hermetismo de los Testigos de Jehová hace que no todos los casos salgan a la luz, pero cada pocos años los hay que trascienden. Uno de los más mediáticos fue el de Marcos Alegre, un niño de 13 años que murió en 1994 tras una hemorragia cerebral.

El menor acabó en el hospital después de que unos vecinos de la familia les denunciaran a la policía, asegurando que el pequeño “agonizaba” en su casa. Pero, una vez en el centro, tampoco recibió el tratamiento porque sus padres alegaron motivos religiosos para rechazar la transfusión. La Fiscalía acusó a los padres de homicidio por omisión, pero la Audiencia Provincial de Huelva les absolvió.

Años después, la sentencia fue revocada por el Tribunal Supremo, que les condenó a dos años y medio de cárcel. En otra vuelta de tuerca, el Gobierno de José María Aznar les indultó en el 2000 y, dos años más tarde, el Constitucional anuló la condena considerando que los padres estaban amparados por la libertad religiosa.

“Puede costar mucho entender cómo puedes llegar a dejar morir a un hijo, pero de verdad que en tu cabeza tiene sentido”, asegura esta ex testigo anónima. Insiste en que el motivo tras la prohibición era “crear mártires. De puertas afuera, la imagen es totalmente negativa, pero de cara a su congregación, el mensaje es que ellos son los únicos cristianos verdaderos, dispuestos a morir por Dios”, sostiene.

Años después, los Testigos han recapacitado. “Después de orar mucho y analizar la Biblia”, dice el hombre en el vídeo distribuido a los fieles. Pero Encinas tiene claro que el cambio de la doctrina no está en las escrituras sino en los tribunales.

El asunto de las transfusiones ha sido llevado ante la justicia en más de una ocasión. En España, una jueza ha reconocido en una sentencia pionera que es lícito referirse a los Testigos de Jehová como una secta. Y en Noruega la organización enfrenta un proceso para dirimir si el ostracismo vulnera derechos fundamentales. “Permitir las transfusiones de sangre propia puede ser una manera de evitarse problemas legales en el futuro”, sopesa Encinas.

A pesar de que ahora esté permitido recibir una transfusión de sangre propia, la extestigo anónima que ha participado en este reportaje duda de si ella accedería a recibirla. “Mira que llevo años fuera, pero algo dentro de mí sigue sin tenerlo claro”, sostiene. Encinas, por su parte, tiene claro que los fieles no dudarán en seguir los preceptos nuevos de la organización. “Ya han cambiado tantas veces de opinión, que una más no cambiará nada”, sostiene.