El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ha sacudido la política estadounidense y parte de la del resto del mundo. La victoria del primer edil musulmán de la ciudad, que se ha atrevido a congelar alquileres y a plantear un transporte público gratuito, contrastó con un ascenso global de la extrema derecha y las políticas conservadoras. Detrás de su campaña hay muchos nombres y uno de los más importantes es el de Grace Mausser (Houston, Texas, 1995), copresidenta de Democratic Socialists of Americ (DSA) en Nueva York y compañera de filas del alcalde desde hace años.

Ambos militan en esta organización política –que no partido– inscrita en el Partido Demócrata. Alejado de las premisas centristas y de corte más conservador de otras facciones de la formación, el DSA se define como socialista y comunista en un país en el que estos términos todavía causan rechazo entre la población.

Entre sus filas están nombres como el de Alexandria Ocasio-Cortez o el mismo Mamdani que, aprovechando su popularidad, está ayudando a ganar las primarias demócratas a diversos miembros del DSA, que prácticamente ha doblado el número de afiliados en menos de un año. “La gente se ha dado cuenta de que las posturas moderadas no funcionan; los Demócratas han fallado”, sostiene Mausser en una entrevista en Barcelona, con motivo de su participación en la Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya (UPEC).

Está siendo un momento dulce para Mamdani, que ha conseguido congelar los alquileres y está viendo refrendado su mandato, de manera indirecta, con la victoria en las primarias demócratas de los candidatos que apoya. ¿Cómo se están viendo estos cambios en Nueva York, que sería el centro del mundo capitalista?

Es cierto que Nueva York es vital para el capitalismo, pero la gran mayoría de gente que vive allí es clase obrera y, en el fondo, no son capitalistas. Por eso, están emocionados por las posibilidades que se abren ante ellos y los cambios que ya hemos llevado a cabo.

Imagina saber que tu alquiler no subirá el año que viene; es un alivio para mucha gente. Y lo mismo pasará cuando finalicemos el programa de cuidados para niños de hasta dos años, que cubrirá el segundo gasto más alto de las familias. Somos muy afortunados de estar construyendo este legado tan fuerte para el socialismo y demostrar que la gente, no sólo la de Nueva York, sino la de todo el país, puede y debe pedirle más a sus gobiernos.

No todo el partido Demócrata está de acuerdo con esta vía más socialista. ¿Cómo llevan las disputas internas?

Hay algunos líderes demócratas que actúan como si fuéramos una fuerza hostil que quiere tomar el control del partido, pero lo que queremos es que se convierta en un actor más audaz para disputar el poder a la derecha. Donald Trump es el adalid de esa extrema derecha que crece internacionalmente y los demócratas, hasta ahora, no han sabido pararle.

Desde el DSA creemos que hay que potenciar una visión positiva de lo que los gobiernos pueden hacer. El Partido Demócrata debe entender que, aunque no sean socialistas, hay ciertas ideas que hay que poner en marcha para mejorar la vida de la ciudadanía. El problema es que mucha gente a la que le damos miedo no se ha tomado el tiempo para entender cómo trabajamos.

¿Los americanos siguen asustados del socialismo?

Sí, pero cada vez menos. Hace cosa de un año y medio, nuestros oponentes decían al electorado: “No les escuchéis, son socialistas”. Pero ganamos, especialmente en Nueva York, sin avergonzarnos de ello. Así que ahora han cambiado de estrategia y dicen: “No les escuchéis, son comunistas”.

Algunos de los miembros del DSA son, en efecto, comunistas.

Sí, así que es un término del que tampoco nos avergonzamos. Creo que nos ayuda mucho Zohran [Mamdani], que le ha enseñado al mundo qué significa ser gobernado por alguien que se define como socialista. No, no te va a llevar a la catástrofe inmediata, sino que va a pensar ideas para llevar a cabo políticas basadas en principios claros y que pueden mejorarte la vida. Y eso no puede asustarte.

La victoria de Mamdani les ha dado mucho impulso y casi han doblado el número de afiliados desde las elecciones. Pero su crecimiento se nota, sobre todo, en las ciudades. ¿Qué esperanzas tienen en las zonas rurales?

Nuestra estrategia es sólo presentarnos a las primarias allá donde la victoria sea segura. Y, hasta ahora, con alguna excepción, esto es en las ciudades. Pero la intención es expandirnos y será interesante ver que las ideas socialistas pueden ganar en zonas rurales. Creo que las políticas de vivienda, cuidados infantiles, educación pública o salud universal pueden interpelarte igual, vivas en una ciudad o en una granja.

Pero sus políticas estrella, que son la congelación de alquileres y la gratuidad del transporte público, están muy enfocadas al electorado de ciudad.

Sí, pero nos ayudan a hacerle entender a la gente qué significa realmente el socialismo. Si lo explicas con estos ejemplos, no sólo los demócratas más conservadores, incluso algunos republicanos, dejan de mostrarse hostiles. Quizás no les guste el término, pero si les preguntas si quieren sanidad gratis, mucha gente que se identifica como conservadora te dirá que sí.

El DSA no es un partido, pero habla de ello como si lo fueran.

Es que si tuviéramos un sistema electoral como el de España, seguramente lo seríamos. Pero tal y como funciona en Estados Unidos, nos hemos establecido como una organización política vinculada al Partido Demócrata que tiene unos socios, con cuyas cuotas nos financiamos.

Los partidos no pueden escoger directamente a sus candidatos, sino que se deciden mediante primarias. Nosotros, aunque no seamos un partido, sí tenemos miembros como Zohran que concurren a las elecciones y hacemos campaña por ellos. Como decía antes, sólo nos presentamos a procesos en los que nos parece claro que vayamos a ganar y sepamos que nuestro candidato va a acabar accediendo a un cargo de gobierno.

¿Por eso no se quisieron presentar contra Hakeem Jeffries en las primarias de su distrito en Nueva York? Dijeron de él que representaba la facción más conservadora del Partido Demócrata, esa de la que se quieren desprender. Pero aun así no le disputaron el escaño.

Lo debatimos mucho y decidimos no hacerlo. Una de las razones fue precisamente que no teníamos claro que pudiéramos ganar. Hakeem es muy popular en su distrito, pero, además, tiene acceso a una ingente cantidad de dinero. Es un recaudador muy eficiente y usa ese talento para financiar también a otras personas del Partido Demócrata. Pero es que además, Hakeem es el primer líder negro en Nueva York y no queríamos ese duelo en los primeros seis meses del mandato de Zohran. Habría sido una historia muy potente que podría habernos jugado a la contra.

Están cuidando al máximo la imagen de Mamdani, cuya popularidad no deja de subir. ¿Le ve liderando el Partido Demócrata?

Quizás algún día, pero, por ahora, le queremos en Nueva York. Además, recuerda que está excluido para concurrir a la presidencia porque no nació en Estados Unidos. Aunque sí creo que podría presentarse a gobernador en 2030. Para la presidencia pienso en alguien como Alexandria [Ocasio-Cortez].

¿Sería la candidata que podría arrebatar la presidencia a Trump?

Sí. Creo que, para ganar a la derecha, necesitamos un buen aspirante.

Que todavía no tienen.

No. AOC [Alexandria Ocasio-Cortez] todavía no se ha decidido y, personalmente, espero que lo haga. Porque los demócratas moderados han fallado. Kamala Harris perdió frente a Trump porque no supo darnos una alternativa positiva. Sólo decía que Trump era malo, pero no explicaba qué haría ella si ganaba.

Zohran ganó porque él sí hizo propuestas, hablaba de cosas a las que la gente podía aferrarse y les daba esperanzas. Por eso quiero a un socialista en la carrera hacia la presidencia, porque creo que sólo ahí está la claridad que se necesita para vencer al fascismo y para mostrar a los estadounidenses cómo debería ser el futuro.

¿Por qué cree que en Nueva York ganó un candidato socialista mientras, en el resto del mundo, crecía la extrema derecha?

Creo que fue una demostración de que, en Estados Unidos, la gente está cansada de los demócratas mainstream que han fallado. Cuando Biden ganó a Trump la primera vez fue gracias a una conjunción de diversas fuerzas, pero no supo aprovecharlo. Hizo cosas buenas, aunque no fue suficiente. Dejó la carrera electoral en manos de Kamala Harris, que no fue tan inspiradora como para impedir la segunda victoria de Trump.

Eso hizo que mucha gente se diera cuenta de que las posturas moderadas no funcionan, que triangular entre la derecha y la izquierda no interpela a nadie. No existe el centro y, por eso, cada vez hay más gente dispuesta a tantear las ideas socialistas de líderes como Zohran. Él triunfó en zonas en las que no nos suele ir bien porque supo activar una base de nuevos votantes a los que nunca nadie había hablado y que le seguirán a él y al DSA.

Viendo las discrepancias que tienen con diversas ramas del Partido Demócrata y el tirón que ahora mismo tiene Mamdani, ¿Se han planteado romper el bipartidismo y crear su propia formación?

Sí, aunque no todavía. Lo estamos pensando. Siempre lo estamos pensando. Hasta ahora, nuestra estrategia ha funcionado y no creo que sea algo que nos interese en el corto plazo, sobre todo porque nuestro sistema electoral hace que sea muy difícil para un hipotético tercer partido concurrir y tener representación. Pero también podría ser que los Demócratas nos echen… Espero que no, porque necesitamos una coalición para vencer a la extrema derecha.

Muchos partidos que han roto el bipartidismo han nacido aprovechando el rebufo de un líder carismático. ¿Ve a Mamdani como esta persona?

Es clarísimamente un líder carismático que podría liderar un nuevo partido; podría ser él quien rompiera con el bipartidismo en Estados Unidos, sí. Aunque, por ahora, está centrado en ser un buen alcalde y un buen líder para el Partido Demócrata. Él cree que se tiene que plantar cara a la derecha y, eso pasa por delante de romper el bipartidismo.

¿Será capaz de cumplir todas las promesas que ha hecho?

Son ambiciosas, pero algunas ya han empezado a implementarse. Siempre intentamos tener muy claro dónde están los límites del poder y las competencias. Antes incluso de que nos planteáramos a Zohran como alcalde, sabíamos que sólo podríamos aspirar a aquellas políticas que el Estado de Nueva York [gobernado por la demócrata Kathy Hochul] viera con buenos ojos porque, para que salieran adelante, necesitábamos que nos aprobara ciertas leyes y aceptara la posibilidad de cambiar los impuestos.

Por eso nunca hemos planteado construir más vivienda pública, porque es algo para lo que necesitas al gobierno federal. Queremos dejarle claro a la gente que hay que entender quién controla el dinero y, por tanto, a qué podemos aspirar. Sólo presentamos a la gente expectativas razonables.

Tienen las competencias sobre los alquileres, pero los propietarios ya han anunciado que llevarán la congelación a los tribunales por anticonstitucional. ¿Podrán gestionar la frustración de los neoyorquinos si la medida acaba tumbada?

Es un riesgo que estas medidas caigan, claro. Pero la gente cada vez tiene más claro que los tribunales no son independientes ni los bastiones neutrales que fingen ser. Es importante mostrar apoyo popular porque eso los jueces lo ven. Evidentemente, necesitamos buenos abogados de nuestro lado para proteger nuestras medidas, pero también necesitamos a la gente.

El pasado mayo, durante la primera ola de calor que azotó España, una marea de personas bien cubiertas con banderas palestinas y kufiyas avanzaba por el mar de asfalto que rodea el complejo deportivo José Caballero en Alcobendas, Madrid. Allí se celebraba una de las ediciones de la Copa del Mundo de escalada, que congregó a fans de este deporte, así como a decenas de activistas propalestinos.

La conjunción de ambos mundos tenía nombre y apellidos. Concretamente los de siete escaladores israelíes clasificados para esa competición y que fueron recibidos con silbidos por parte de cerca de la mitad de los asistentes. Hubo algunos que se dieron la vuelta; otros alzaron sus banderas y pañuelos mientras coreaban cánticos como “Boicot Israel” o “Free, free Palestine”. Y algunos directamente abandonaron el recinto.

De hecho, la organización había dispensado 40.000 entradas -gratuitas-, pero finalmente sólo asistieron unos pocos miles durante los cuatro días que duró la competición. La Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME) nunca llegó a dar datos oficiales de asistencia, tampoco explicaciones.

Quizás, las ausencias se justifiquen por las altas temperaturas, o quizás por el boicot al que llamaron diversos colectivos propalestinos, liderados por el grupo Climbers for Palestine, que pidió al público que sacara entradas pero no asistiera. Lo mismo están exigiendo ahora, de cara a la competición europea que se celebrará este fin de semana en Montmel·ló (Barcelona), para la que se ha convocado a 8 deportistas procedentes del país hebreo.

Las entidades pretenden que se “culmine” en Montmel·ló lo que se empezó en Alcobendas. Porque la cita de este fin de semana tiene una importancia especial: es la última del calendario internacional antes de una Asamblea Extraordinaria que la World Climbing convocó después de diversos actos de boicot. En ella se votará el veto de Israel, Rusia y Bielorrusia de todas las competiciones.

Si bien el boicot es algo que se viene promoviendo desde los hechos del 8 de octubre de 2023 en diversos deportes, todavía no hay ninguna federación internacional que haya prohibido o excluido totalmente la presencia de Israel. La de escalada podría ser la primera.

Nadie se atreve a prever qué pasará en la asamblea, pero sí hay algunas federaciones que han avanzado cuál será su postura. Una de ellas es la Española, que acordó por mayoría absoluta votar a favor de excluir a los deportistas hebreos. Lo anunció poco después de la Copa del Mundo de Alcobendas.

Sabedoras de la presión que se puede ejercer en competiciones como estas, más de 130 organizaciones han aprovechado la cita en Montmel·ló para firmar un comunicado y exigir al Ministerio de Deportes, a la Secretaría General de la Generalitat, al Ayuntamiento y a los patrocinadores que no dejen participar a los atletas israelíes.

La cuestión ha sido recogida por ERC, Comuns y la CUP, que el pasado jueves registraron una propuesta de resolución en el Parlament para instar al Govern al veto. Aun así, esta era una acción con tintes simbólicos, puesto que los calendarios parlamentarios no permitían votar la cuestión antes de la celebración de la competición.

Igualmente, el Govern ha respondido a las entidades escudándose en la falta de competencias para tomar una decisión de este calado y ha remitido a la World Climbing, que es quien pone las normas de la competición. Si bien las firmantes reconocen que esto es así, también lamentan que el Ejecutivo catalán no se haya significado más.

“Después de todos los crímenes cometidos por Israel, que las administraciones ignoren sus obligaciones tiene que salirles muy caro”, apunta Cèlia Cassanyes, portavoz de la coalición Prou Complicitat amb Israel. “No se vale condenar el genocidio y luego no hacer nada para aislar a las representaciones oficiales del Estado genocida”.

La presión de una “multitud hostil”

La escalada no es la única disciplina que ha intentado excluir a Israel de sus competiciones. También se ha visto en otros deportes como el fútbol, con la petición de expulsión de doce federaciones de Oriente Medio; Lamine Yamal ondeando la bandera de Palestina en la rúa del Barça, o la negación de las selecciones de Irlanda, Escocia, Noruega y Eslovenia de jugar en territorio israelí.

También destacaron los actos de boicot en las etapas de la Vuelta que pasaban por Girona. O que el Consejo Superior de Deportes planteara al COI excluir a deportistas hebreos de las Olimpiadas. “Es un trabajo importante, y hay que hacerlo en colectivo”, apunta Jimena Villar de Onis, portavoz de Climbers for Palestine.

Este colectivo ha podido geolocalizar sectores de escalada en territorio ocupado de Cisjordania que la Federación Israelí usa para encuentros y entrenamientos. “Hay un vínculo directo entre la Federación y la ocupación”, apunta Villar, que atribuye el éxito del boicot en la escalada a que se trata de un deporte con una afición pequeña, lo que ha facilitado que estas cuestiones se puedan “debatir con mayor visibilidad”.

Desde Climbers for Palestine explicitan el rechazo a que su deporte sea usado como una “herramienta de sportswashing”. Esta reflexión es compartida por Cristina, una aficionada que se desplazó hasta Alcobendas y también irá a Montmel·lo. “Puede parecer demasiado gritarle a un deportista a la cara, decirle que se vaya y llamarle cómplice de genocidio. Pero es que es lo que es”, cuenta esta joven, que recuerda que en la escalada, a diferencia de lo que sucede con otros deportes, la afición se encuentra a escasos metros de los atletas.

“Podría decirte que no es personal, pero sí lo es, porque representan a un país genocida y a una federación que se financia con la ocupación. No dejaremos que compitan en nuestro deporte mientras haya atletas palestinos presos”, zanja.

Este es el mensaje que se trasladó a los escaladores israelíes en Alcobendas mientras competían. Dos de los deportistas reprocharon a la audiencia su actitud, ya fuera tapándose los oídos ante los gritos o poniéndose los dedos frente a los labios, pidiéndoles silencio. Diferente fue la actitud de las mujeres, que si bien no recriminaron nada a los manifestantes in situ, sí lo hicieron en redes.

Adi Bark aseguró que no disfrutó en Alcobendas y que, “desde el momento” en que llegó a la ciudad, quiso que “la competición acabara” debido al rechazo recibido. Por su parte, su compatriota Ayala Kerem definió a los manifestantes como “multitud hostil”.

“No somos ninguna multitud hostil. Hostiles son quienes bombardean hospitales y escuelas y masacran a pueblos enteros. Pero si notaron que en nuestras ciudades y competiciones no son bienvenidos, es que hicimos un buen trabajo”, remacha Cristina, que espera que en la votación de la próxima semana el boicot sea se convierta en norma.

Catalunya está un paso más cerca de blindar que no pueda haber nunca más en su territorio un criadero de animales destinados a convertirse en abrigos o ribetes. Este miércoles, la comisión de Transición Ecológica del Parlament ha aprobado una resolución que insta al Govern a rubricar una ley para convertir a esta comunidad en la primera que prohibirá las industrias peleteras.

La propuesta, que ha contado con los votos del PSC, Comuns, ERC, la CUP y Junts, ha sido impulsada por la entidad ARDE con el apoyo de INTERCIDS, una asociación jurídica animalista. “Es un paso muy importante para proteger los derechos de los animales, los ecosistemas y la salud pública”, ha expresado Julia Elizalde, portavoz de ARDE. Esta asociación ha coordinado la campaña “Acabemos con las pieles”, que ha contado con el apoyo de más de 47.000 personas.

En Catalunya no existen granjas peleteras desde 2010, pero las entidades temen que, después de que 18 estados miembro de la UE hayan adoptado medidas para acabar con esta industria, las empresas busquen nuevos lugares para implantarse. Sobre todo les preocupa el giro que se pueda producir después de que Polonia, el principal productor europeo y el segundo mundial después de China, se comprometiera a acabar con estas granjas de cara a 2033.

“Tenemos que evitar que Catalunya se convierta en un bastión para la industria peletera, ya que las empresas están tratando de trasladar su actividad a zonas donde todavía se permite, a raíz de las prohibiciones europeas”, siguen las entidades, que recuerdan que, como esta actividad no existe actualmente en el territorio, su prohibición definitiva no afectará de ninguna manera al PIB.

La explotación peletera en Catalunya empezó sobre los 1960 en Girona y Barcelona, con dos grandes granjas que estuvieron activas hasta 2009. Ambas causaron “graves afectaciones a los ecosistemas catalanes” a causa de las fugas de bisonte americano, la principal especie que criaban. En uno de los casos, las fugas fueron puntuales, pero en la de Girona un incendio forestal provocó que casi todos los animales huyeran y se instalaran en la naturaleza.

A día de hoy, los bisontes han llegado hasta Tarragona y la frontera con Aragón, convirtiéndose en especie invasora y afectando a las actividades humanas y al equilibrio del entorno. “El bisonte americano tiene un gran impacto debido a su actividad competidora y depredadora. Afecta a especies locales y otros especímenes protegidos como el cangrejo ibérico.

Además, las entidades alertan de que las granjas de bisontes son un “riesgo real para la salud pública”, en tanto que se han detectado diversos brotes de Covid-19 en estos animales, así como casos de Gripe Aviaria de Alta Patogenicidad. “Son entornos de alto riesgo zoonótico debido a la alta densidad de animales, el confinamiento prolongado y su susceptibilidad a los virus respiratorios”, tal como apuntó un informe científico de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA).

Diversos estudios veterinarios apuntan a que los bisontes, así como los zorros y perros mapache, pueden albergar un gran número de virus, especialmente respiratorios, con “alto potencial” de salto de especie, tal como cita la resolución parlamentaria, que ha sido impulsada por el PSC, ERC, Comuns y la CUP.

Junts, que ha votado a favor, no quiso sumarse al grupo promotor por no compartir algunos posicionamientos. “[En la propuesta] se hacen generalizaciones que no aplican al conjunto del sector; aun así, no vemos la necesidad de introducir esta actividad en Catalunya y su prohibición no afecta a nuestra economía. Así que votamos a favor de la resolución, pero no del relato político que lo acompaña”.

Las formaciones que han apoyado la medida destacan también la huella climática que tienen las peleteras. La producción de la piel de bisonte puede generar entre 15 y 20 veces más gases invernadero que el resto de la industria textil. Todo ello, sumado al sufrimiento de los animales criados y sacrificados en esta industria, con el único objetivo de convertirse en piezas de ropa.

“La sociedad catalana rechaza criar animales en jaulas diminutas sólo para fabricar abrigos de piel. Esperemos que el Govern traduzca lo antes posible este compromiso en una prohibición efectiva”, ha declarado Elizalde, en referencia a la proposición aprobada en el Parlament. En esta línea, desde ARDE recuerdan que el 90% de la sociedad española considera “inaceptable” el uso de animales para fabricar piezas de vestir, según una encuesta de la Fundación BBVA.

En base a estos datos, las entidades impulsoras de la resolución consideran que esta puede ser una “herramienta clave” para consolidar la prohibición de las peleteras tanto aquí como en el resto del país. Actualmente, casi todas las comunidades se encuentran en la misma situación que Catalunya; a excepción de la Comunitat Valenciana y Galicia, que concentran las únicas industrias españolas con 1 y 21, respectivamente.

Más de la mitad habitantes de Catalunya, un 62,8%, viven en municipios que incumplen la normativa y ponen algún tipo de trabas para tramitar el padrón. Así lo muestra un sondeo realizado por ECAS a más de medio centenar de entidades que se dedican a acompañar a personas con problemas para acceder al este derecho recogido en la ley española.

El resultado de la encuesta apunta a que 40 municipios, el 66% de los que estas asociaciones tienen presencia, dificultan de alguna manera la incorporación en el censo de parte de su ciudadanía. El problema es “estructural”, tal como alertan las entidades, y no entiende ni de zonas geográficas ni de partidos políticos.

De hecho, la mayoría de municipios que dificultan este trámite (34,4%) están gobernados por el PSC, seguidos por Junts (26,2%). Pero los partidos situados más a la izquierda y que se han posicionado activamente en contra de las trabas al padrón tampoco están libres de culpa. En esta lista se encuentra también a ERC (18%), los Comuns (4,9%) y la CUP (3,28%).

Esta heterogeneidad en los colores políticos demuestra que los impedimentos al padrón “no tienen detrás una razón sólo ideológica”, tal como apunta Helena Costas, miembro de Ksnet, entidad que ha realizado el sondeo. Es más, todas las formaciones mencionadas, a excepción de Junts, firmaron el pasado diciembre el Pacto Nacional por el padrón. A pesar de eso, el sondeo alerta que el 30% de los encuestados asegura haber notado un empeoramiento en la situación después de las elecciones de 2023.

En la lista de municipios que se saltan la norma figuran las 10 ciudades más pobladas de Catalunya. “No se trata de casos aislados ni de una problemática de ciudades pequeñas”, apunta Carlos Macías, presidente de ECAS, que añade que los datos dibujan “un modelo de administración que no respeta la legalidad ni la calidad democrática”.

En este sentido, las entidades recuerdan que el padrón “no crea ni otorga derechos, simplemente es una herramienta administrativa” que está recogida en una ley orgánica idéntica para todos los municipios. “No es una prestación, un privilegio ni una política social, es una obligación de los municipios para tener claro quién vive allí y poder gobernar en consecuencia”, ha añadido Kautar Loukani, portavoz del área de padrón de ECAS.

A pesar de que la normativa es clara y establece que cualquier persona que viva en un municipio debe ser empadronada, la encuesta ha encontrado una gran variedad de casuísticas. En casi la mitad de los casos no se empadrona a todo el mundo que lo solicita, aunque cumpla con las condiciones.

Por ejemplo, en un 11,3% de los municipios se exige un tiempo mínimo de residencia para acceder al padrón, cosa que la ley no contempla. Y en un tercio se supera el máximo de tres meses para resolver el trámite y no se salda con silencio positivo. Otra de las cuestiones que alertan las entidades es que en muchos casos las verificaciones técnicas las realiza la policía municipal, cosa que “genera miedo” en aquellas personas con hijos a cargo, en situación administrativa irregular o en infraviviendas.

Además, lamentan que se suele demandar una prueba de residencia que “difícil de conseguir”. Cabe recordar que la ley especifica que no es necesario contar con un contrato de alquiler o de propiedad, aunque en diversos municipios es condición sine qua non.

Esto deja en un limbo a aquellas personas que están ocupando o también a las que realquilan habitaciones, una situación en la que están cerca de 400.000 personas sólo en el Área Metropolitana de Barcelona. Esto lleva a que el 30% de casos no se empadronen de ninguna manera; el 19% lo hagan en otros pisos que no son en los que residen habitualmente y el 23% optan por la medida del padrón sin domicilio fijo.

Se trata de una modalidad reconocida en la ley que dicta que una persona puede registrarse en lugares que no figuren como vivienda; es decir, en barracas, campamentos, sedes de entidades o equipamientos municipales. Pero esta es una posibilidad reconocida por muy pocos ayuntamientos. De hecho, el informe muestra que ninguno de los consistorios sobre los que hay datos realiza este trámite de manera ágil y que casi la mitad de ellos directamente no contemplan esta opción.

“Muchos municipios añaden condiciones a la normativa estatal, cosa que, si se traduce en dificultar el empadronamiento, es ilegal”, alerta Costas, que sostiene que estas trabas vienen a añadir más vulnerabilidad a las personas “más necesitadas”. En esta línea, apuntan a que la situación afecta más a aquellas personas que ya están en una exclusión residencial severa y lleva a problemas a la hora de acceder a servicios públicos como la escolarización de menores o la atención por parte de Servicios Sociales.

“Cuando alguien no se empadrona, desaparece del radar de la administración. Pero esa persona sigue existiendo”, apunta Loukani. Los colectivos más afectados por la vulneración del derecho al padrón son las personas migradas (77,4), seguida de aquellas que están en situación administrativa irregular (68,8%), los que ocupan o realquilan (64,5%) y las personas sin hogar (45,2%).

Uno de los datos más alarmantes para ECAS es que casi la mitad de entidades encuestadas asegura que el trato de los usuarios que se encuentran en estas casuísticas es diferente dependiendo de si van solos o acompañados por algún referente o voluntario. “Esto demuestra, no sólo que saben que lo que hacen no es legal, sino que un trámite que debería ser sencillo y asequible se convierte en una discriminación que resta autonomía a la ciudadanía”, apunta Loukani.

“No pedimos que se cambie la ley, sino que se aplique la que ya tenemos. En un momento en que aumentan los discursos de odio, es esencial exigir a nuestras administraciones que velen por la democracia y por la total garantía de los derechos”, zanja Carlos Macías, director general de ECAS.

El pasado 4 de julio, sábado, mientras buena parte del planeta estaba pendiente de los cuatro partidos que se jugaban en el Mundial, un grupo de mujeres recorría, a oscuras, un campo de Mazatlán, en México. Caminaban a tientas, cuidadosas y pendientes de cualquier alteración del terreno. Eran madres buscadoras, colectivos de personas cuyos hijos, amigas o familiares han desaparecido.

Aquella noche habían recibido un “anónimo”, unas coordenadas que les son proporcionadas, ya sea en forma de una brevísima llamada telefónica o con una carta, que les da una pista de dónde puede haber una fosa común. Con las indicaciones, se dirigen al lugar sin más ayuda que la de una varilla que hunden en la tierra para luego oler su extremo. Si notan cualquier indicio de podredumbre, saben que ahí hay cuerpos enterrados.

Los avisos suelen tener el sello del crimen organizado, que acostumbra a ser responsable de las desapariciones. Pueden venir de un narco arrepentido o bien ser una trampa. Aquella noche fue lo segundo. El lugar indicado estaba plagado de minas que se activaron cuando las mujeres se acercaron demasiado. Las explosiones empezaron a sucederse y si ninguna madre resultó herida solo fue gracias a que un militar que las escoltaba reaccionó a tiempo. Lo hizo a cambio de perder la vida.

Sabedoras del peligro que corren, las madres intentan que algún miembro de la Policía o el Ejército las acompañe para protegerlas de una posible emboscada, aun cuando conocen la connivencia que hay entre las fuerzas de seguridad y el crimen. Porque solo así se entiende que haya 134.000 personas de las que hoy se desconoce su paradero en México.

Si bien la de los desaparecidos es una lacra que afecta a la totalidad del país, si hay un lugar donde se ha enquistado es Jalisco, que concentra el 12% de los casos. Pero esta crisis social no ha impedido que su capital, Guadalajara, sea una de las tres ciudades mexicanas que acogen el Mundial.

La contradicción se agrava todavía más cuando se sabe que el estadio Akron de Guadalajara está rodeado de fosas comunes. En 2025 se encontraron, en un radio de 17 kilómetros alrededor del recinto, más de 300 bolsas con restos humanos. Este año, a pesar de la celebración del Mundial, la perspectiva no ha cambiado; al contrario.

Pocas semanas antes del inicio del torneo, se encontraron, en el mismo radio, 140 bolsas que contenían restos que las buscadoras estiman que pertenecen a 31 personas distintas. El narco, que puede desmembrar a sus víctimas hasta en 20 partes para dificultar su identificación, ha incrementado su actividad a medida que se acercaba el Mundial y ha aprovechado la vigilancia en las inmediaciones del estadio para esconder allí a sus víctimas.

De hecho, se puede ver que la concentración de fosas se da también en el trazado del tren que se proyectó a propósito para el Mundial y que ha de conectar el aeropuerto con el Akron. Solo en esa línea que apenas llega a los 35 kilómetros, las madres han encontrado unas 400 bolsas con cuerpos que, de no ser por ellas, habrían quedado sepultados bajo las obras para siempre.

Las madres, frente al Gobierno

Guadalajara es la segunda urbe más importante de México, acoge diversos eventos internacionales y es sede de grandes empresas. Pero, a la vez, está en guerra. Después de la detención y muerte de El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, diversos grupos criminales se disputan el territorio, agravando una sangrienta contienda que lleva años ya en ciernes.

En esta ciudad convive una frenética actividad cultural y económica con unos cárteles que son capaces de derribar helicópteros a cañonazos o de asesinar, a plena luz del día, a un exfiscal. Esa guerra necesita soldados, que se reclutan forzosamente entre los jóvenes de los municipios jaliscienses. Cuando dejan de servirles, son asesinados o se rebelan, acaban en una fosa común. El 98% de los desaparecidos que se encuentran ya están muertos.

Las desapariciones, además, también son una manera de mantener a la población bajo control. “Sé que mi hija está vendida y adjudicada. Sólo falta que vengan por ella”. Esta frase salió de los labios de una madre buscadora en una conversación con la periodista que escribe estas líneas, el pasado diciembre, en Guadalajara.

Ha visto diversas veces cómo seguían a su pequeña e, incluso, ha notado vigilancia fuera de su casa. Sabe que el peligro acecha. Por un lado, porque su hija cumple el perfil de las niñas que el narco secuestra para prostituirlas y, así, financiar parte de sus actividades. Y, por otro, porque es una manera de achantar a esta madre y conseguir que deje de buscar fosas e inhumar cadáveres en busca de sus hijos varones, que desaparecieron hace casi una década.

La ausencia está más que presente en la vida de los habitantes de esta ciudad. Aunque para el turista o asistente a macroeventos como el Mundial o la Feria Internacional del Libro (FIL) pueda parecer que no, en el estado de Jalisco desaparecen seis personas cada día. “Ando muy preocupada; mi sobrino quedó por una aplicación con alguien para comprarle un libro de la escuela. ¿Y si no sale bien?”, se lamenta otra mujer. Sabe de lo que habla, pues a ella misma le desapareció un hijo hace poco y es consciente de que no hay lugar seguro. Ni durante el día en la ciudad.

De hecho, aunque quiera actuar con una pretendida normalidad, la misma urbe va dejando pistas de la tragedia a quien quiera verlas. En la plaza de Armas, justo en el corazón de Guadalajara y mirando de frente a su imponente Catedral, se alza un Antimonumento. Se trata de esculturas realizadas -y defendidas- por los movimientos sociales, colocadas clandestinamente para denunciar una injusticia a la que el Gobierno ha girado la cara. Los hay por todo México y este recuerda a los desaparecidos.

La policía lo ha intentado arrancar, hacer desaparecer, varias veces. Pero los jaliscienses siempre la defienden. “No solo no es que lo intenten ocultar, sino que además no hacen nada para evitarlo”, apunta Marlety García, una de las portavoces del colectivo de búsqueda Entre Cielo y Tierra, creado para “compensar la inacción del Gobierno”. Son las madres las que buscan y, a veces, encuentran a los muertos, a quienes entierran como si fueran sus hijos aunque no lo sean. Y también son las que siguen el rastro del narco para intentar hallarlos en vida: salen a las calles, de noche, y rebuscan en los antros o sobre las azoteas, intentando reconocer entre los sicarios y halcones a los adolescentes desaparecidos.

Esa búsqueda también las lleva a lugares de pesadilla. Fueron las madres y no las autoridades las que descubrieron el rancho Izaguirre, un lugar en el que el cártel de Jalisco Nueva Generación adiestraba a los jóvenes que había reclutado forzosamente. Y también donde mataba a los que ya no les servían. En el rancho, las madres no encontraron fosas ni tumbas; encontraron hornos de cremación.

Cuando las autoridades llegaron al lugar, negaron parte del relato de las madres. Aseguraron que no había habido incineraciones y rebajaron sustancialmente la estimación de víctimas, aunque las mujeres contaran con evidencias gráficas. “Es lo que hacen siempre, taparlo todo y negar lo ocurrido”, lamenta Marlety, que se apoya en las investigaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que alertó de “omisiones forenses graves”.

“¿En qué se gastan el dinero? Ni nos protegen ni nos buscan”, se lamentan las madres, que afean al Gobierno que, mientras ellas van con varillas y desarmadas a exponerse a posibles emboscadas, las autoridades disponen de una tecnología y unos recursos que no les facilitan. “Ya te lo digo; se lo gastan en el Mundial”, se responden a sí mismas.

En el último lustro, el Gobierno de Jalisco ha gastado 236 millones de pesos (11,8 millones de euros) en los operativos de búsqueda de desaparecidos. Es un 37% menos de lo que se gastó, solo en 2025, para preparar el Mundial. “No estamos en contra del evento, que es algo maravilloso y precioso. Estamos en contra de que no se nos escuche. Así que vamos a aprovechar que todos los ojos están puestos en México para denunciar lo que está sucediendo”, sostiene Marlety.

Las madres buscadoras han organizado campañas, han convertido los rostros de sus hijos desaparecidos en cromos de fútbol para llamar la atención de los medios y han organizado marchas, muchas de las cuales han sido reprimidas por la policía. “Claro que tenemos miedo, pero más fuerte es el amor que sentimos”, sostiene.

Esta mujer vio por última vez a su hijo el 4 de agosto de 2017. No sabe nada de él, no ha encontrado pistas ni sabe si está vivo o muerto. Busca la ayuda de su Gobierno y su pueblo para encontrarlo. “¿Por qué no nos podemos unir para esto como nos unimos para apoyar a la selección de nuestro hermoso país?”, se cuestiona. Ella, aunque haya días en los que la fuerza le flaquee, no pierde la esperanza. Por eso, cada noche, sigue dejando encendida la luz de la puerta de su casa para que, si su hijo vuelve, pueda encontrar la entrada.

El ciclo electoral que se iniciará en 2027 no augura buenos resultados para Junts, que se hunde tanto en Catalunya como en Barcelona, tal como pronostican tanto el CEO como el Barómetro municipal, que se ha hecho público este viernes. En la capital catalana, los de Puigdemont se desploman y pasarían de ganar las elecciones a ser la última fuerza de derechas, por detrás de Aliança, Vox y PP en intención de voto.

Según el sondeo, Junts sucumbe a Aliança Catalana, formación que podría entrar con fuerza en el Ayuntamiento barcelonés, donde llegaría a escalar hasta la tercera posición. Así, Junts quedaría relegado a la penúltima fuerza, sólo por delante de la CUP, culminando una debacle de votos en Barcelona que se empezó a fraguar después de las elecciones de 2023.

Ahora bien, conviene tener en cuenta que esta encuesta recoge intención directa de voto, no una estimación, como sí hacen otros sondeos como el CIS o el CEO. Es decir, refleja lo que los encuestados responden cuando se les pregunta qué votarían si hoy hubiera elecciones. La estimación de voto, en cambio, es un cálculo elaborado que corrige esas respuestas mediante distintos modelos estadísticos.

Por eso, la intención de voto debe leerse como una fotografía de las respuestas, no como una proyección del resultado electoral. Para entender la importancia de tener en cuenta la diferencia entre ambas modalidades sólo hace falta fijarse en el número de encuestados que aseguran que se abstendrán (menos del 10%), frente al 43,2% que finalmente no votó en las elecciones de 2023.

Aun así, este sondeo sí sirve para constatar el descenso de Junts, que podría llegar a perder el 80,75% de los votos y cosecharía los peores resultados de su historia (contando tanto CiU como Junts). La bajada en intención de voto a este partido se ha sostenido en el tiempo desde las pasadas elecciones. De hecho, su popularidad -que ya estaba en horas bajas antes de los comicios- subió exponencialmente en el momento en que se supo que el exalcalde Trias se presentaría a la reelección y bajó de la misma manera después de que Collboni le arrebatara la alcaldía.

Que la popularidad de Junts en Barcelona vaya tanto de la mano de Trias constata que el votante juntaire en la capital se guía más por el eje ideológico que por el nacionalista. En los últimos 10 años, el partido sólo ha cosechado buenos resultados cuando el cabeza de lista ha sido el exalcalde y, por eso, no es de extrañar que la militancia de Junts en Barcelona haya apostado por Jordi Martí Galbis para sustituirle.

Se trata del hijo político de Trias, que competía con candidatos más afines a Puigdemont que a la herencia convergent. Cabe destacar que esta edición del barómetro municipal fue realizada antes de las primarias, con lo que el efecto Galbis todavía no se puede leer. Se deberá esperar hasta la segunda ola de la encuesta, en diciembre de 2026, y que será la última antes de las elecciones municipales.

El PSC revalida y crece en intención

Junts no es el único partido de derecha que sale mal parado de este barómetro. Si los postconvergents pierden casi un punto, el partido xenófobo de Sílvia Orriols se deja seis décimas respecto al último sondeo. Por contra, crecen PP y Vox, lo que hace que el apoyo al bloque de la derecha se mantenga prácticamente intacto. En cambio, crece el apoyo a las formaciones de derecha en 3 puntos (gracias al descenso de los encuestados que declaran que se abstendrán).

Según la intención de voto, el PSC revalidaría la alcaldía y crecería 1 punto respecto a los comicios. Pero el gran beneficiado sería ERC, que se consolidaría en segunda posición, creciendo 4,3 puntos respecto a las elecciones y 3,3 desde el último barómetro. Todo ello, en contraste a los Comuns, que podrían llegar a perder el 60,5% de los apoyos (casi un 15% más de lo que auguraba el último barómetro).

Estos resultados complicarían la gobernabilidad de un posible segundo mandato de Collboni. Para el primero necesitó sumar el apoyo del PP al de ERC y Comuns para poder arrebatar la alcaldía a Trias. Pero, de cumplirse las previsiones del barómetro, aun sumando al popular Daniel Sirera (quien ya ha dicho que no repetirá la maniobra), el socialista tendría menos fuerza que en 2023.

Así, Collboni se enfrentaría a un segundo mandato en una minoría todavía más clara que la de esta legislatura, durante la cual todavía no ha sido capaz de aprobar presupuestos por la vía ordinaria.

La vivienda se mantiene como principal preocupación

El barómetro municipal también pregunta a la ciudadanía cuál es su principal preocupación y en esta edición la vivienda se consolida como el mayor dolor de cabeza de los barceloneses. Este asunto arrebató en junio de 2025 la primera posición a la inseguridad, que llevaba liderando el ránking desde 2018.

La crisis habitacional preocupa ahora al 31% de la ciudadanía (casi 3 puntos menos que en la última encuesta). La inseguridad, por su lado, se mantiene en segunda posición, aumenta y pasa del 25,2 al 26,3. En cambio, el tercer puesto pasa a ser para la inmigración, que se intercambia el quinto puesto con la limpieza.

Con todo, también destacan las preguntas que ha hecho el Ayuntamiento relativas a diversas políticas públicas. Por un lado, destaca que casi el 80% de los barceloneses se muestra a favor de prohibir los pisos turísticos y regular el precio del alquiler de los locales comerciales. También se apunta a que crece el apoyo a limitar el nombre de cruceros que hacen escala en Barcelona, una cuestión que cosecha el apoyo del 64,4% de los encuestados.

Antonio ha pasado “una de las peores noches” de su vida. Es uno de los 93 vecinos de Sant Gervasi que han tenido que ser desalojados de sus hogares tras el socavón provocado por la tuneladora encargada de las obras de la nueva estación del Putxet de la L9 del metro de Barcelona.

Antonio no es su verdadero nombre. Este vecino de 63 años ha querido usar un pseudónimo para no alterar a su familia, con la que no tiene buena relación. Por eso, mientras muchas de las personas que se encontraban en su misma situación decidieron irse a casa de familiares, él se encontró que no tenía dónde ir y acabó alojado en un hotel.

“La solución ha sido echarnos sin previo aviso cuando nosotros ya llevábamos tiempo alertando de que algo no iba bien”, explica. Él es una de las personas que empezaron a ver aparecer grietas y “cosas raras” en sus casas semanas antes del agujero que apareció en los baños de la pizzería Verona y que ha puesto en alerta a los vecinos, al Ayuntamiento y la Generalitat.

“El lunes por la noche vi que se movía un poco el pladur del techo, pero no le di demasiada importancia y me fui a ver si España metía algún gol”, relata a elDiario.es Domingo Díez, propietario del restaurante. A la mañana siguiente, al abrir el local, vio luz saliendo de la puerta del baño. “Pensaba que me había dejado el interruptor encendido y, al entrar, vi el tremendo agujero”, sigue.

Este miércoles por la mañana ha vuelto al restaurante para ver cómo había quedado la reparación provisional del agujero, que ha sido rellenado con hormigón, y a recoger algo de dinero que, con las prisas, no pudo llevarse. Pero la visita ha sido rápida: “Al entrar, he visto que había grietas nuevas y claro, los bomberos con los que he entrado se han asustado y me han hecho salir”, relata.

Son muchos los vecinos que se pasan por delante del Verona para saludar a Domingo o para intentar averiguar cuándo podrán volver a casa. Sandra es una de las personas desalojadas y se pasea por el barrio con una maleta verde a cuestas, donde lleva todo lo que pudo sacar de su piso el martes. “Yo ni me enteré. Estaba trabajando y una amiga me llamó para decirme lo que había pasado. Al poco rato, llamaron los mossos a la puerta para decirme que me tenía que ir”.

Lo cuenta muy tranquila y con una sonrisa permanente en la cara. Intenta mantenerse positiva, aunque se confiesa preocupada por su casa. “Claro que sufro; es un edificio antiguo y es imposible no pensar en lo del Carmel”. Se refiere al socavón de 35 metros de profundidad y 20 de diámetro que se abrió el 27 de enero de 2005 por las obras de prolongación de la L5 del metro.

Los fantasmas de este hundimiento resuenan en el barrio desde mucho antes de se originara el agujero en el baño del Verona. “Llevo tiempo viendo grietas en las paredes que antes no estaban. No le di más importancia hasta que noté una en una encimera de madera. Y también vi que las puertas de algunos muebles habían dejado de encajar. Ahí me preocupé un poco”, confiesa Sandra.

Ante estas afectaciones, algunos vecinos acudieron al consejo del barrio de Sant Gervasi-La Bonanova el pasado 18 de junio para pedir explicaciones y mostrar su preocupación por las grietas aparecidas en algunas viviendas, así como para notificar que había aceras “hundidas” en el barrio. Desde el consistorio se confirmó que las incidencias tenían que ver con la tuneladora del metro y quisieron tranquilizar a los vecinos explicando que los técnicos visitaban la zona diversas veces al día para comprobar el estado de las fincas y su evolución.

Lo confirma Sandra, que explica que ella misma pudo ver a esos operarios tomar medidas tanto de día como de noche. Así lo establece el protocolo, que dicta que se deben registrar las posibles alteraciones estructurales en momentos de cambio térmico, tal como explica la directora de Proyectos de la Dirección General de Infraestructuras de Movilidad del Govern, Begoña Castiblanque. Preguntada, pues, por las quejas de los vecinos y las grietas aparecidas previamente al socavón, ha asegurado que “no hubo demasiados” avisos y que las afectaciones estructurales no fueron “una cosa masiva”.

Las administraciones insisten en tranquilizar a los vecinos y reiteran que las primeras evaluaciones han sido “satisfactorias” y que ven “muy probable” que los vecinos puedan volver el sábado. En esta línea, no se esperan más afectaciones debido a que la tuneladora ya ha superado la zona de transición geológica sobre la que se sitúan los edificios afectados. Castiblanque ha explicado que la máquina ha pasado de una zona de granito a una de pizarra y eso, según apunta, debería asegurar una mayor estabilidad.

La odisea de buscar un hotel en Barcelona

El Ayuntamiento y los bomberos han instalado una carpa cerca del Verona para informar a los vecinos de las posibilidades que tienen, así como para ofrecer asistencia psicológica a quienes la necesiten. “Yo no quiero un terapeuta, quiero volver a mi casa”, se lamenta Antonio, que afea al consistorio que no haya puesto más facilidades a las personas afectadas.

“El Ayuntamiento sólo nos ofrecía un albergue municipal, con habitaciones de literas, cocina y baños compartidos”, se lamenta este hombre. “Ni de coña me metía ahí”, zanja. Del casi centenar de personas afectadas, sólo una ha aceptado esta solución.

El resto de alternativas propuestas por el consistorio eran ir a casa de algún conocido o bien alojarse en un hotel y tramitar con el seguro el reembolso del coste. “Me puse a buscar habitaciones y ya te puedes imaginar. Miré en cinco hoteles hasta que encontré uno con hueco. Y no te voy ni a decir el precio...”, sostiene Antonio, que espera que la situación se resuelva pronto porque, al tener que avanzar el dinero, asegura que no podrá “aguantar mucho tiempo”.

Esta conversación de Antonio con elDiario.es se dio poco antes de las 12 de la mañana del miércoles, momento en el que el consistorio había citado a los vecinos afectados para actualizarles sobre la situación y anunciarles que no podrán volver a sus casas, como mínimo, hasta el sábado.

El director general de Infraestructuras de Movilidad del Govern, Ramon Ramírez, ha explicado que antes de autorizar cualquier retorno, los técnicos necesitan tres días para comprobar la “estabilización del terreno” tras la inyección de hormigón que han realizado en el socavón. Desde la Generalitat se muestran confiados en que la evaluación será positiva y todas las personas afectadas podrán volver a la normalidad pronto.

Sandra es de las vecinas que confía en la palabra de las administraciones y mantiene la esperanza de poder volver a su casa el sábado. Otros no lo tienen tan claro y sospechan que la cosa puede ir para largo. “Si no vieron nada antes de que se hiciera este gran agujero, ¿por qué tendría que ser diferente ahora? ¿Quién me asegura que mi casa no será la siguiente?”, se lamenta Antonio.

Por su parte, Domingo, el dueño de la pizzería donde empezó todo, se muestra resignado. Él puede ir a dormir a su casa, pero es su negocio el que está en juego. De momento espera que el seguro se haga cargo de las pérdidas que va a tener, pero ruega al Ayuntamiento que la solución sea rápida. “Seguro que nos dejan volver pronto. Eso siempre que no se olviden de nosotros”, remacha.

Los vecinos desalojados de 93 viviendas por el socavón en el barrio del Putxet de Barcelona no regresarán a sus casas al menos hasta el sábado, porque los técnicos necesitan tres días para taponar con hormigón el agujero aparecido este martes y confirmar que no habrá más incidencias a causa del paso de la tuneladora que construye la L9 del Metro.

Durante toda la mañana de este miércoles, los Bomberos han accedido a los locales y viviendas de las calles afectadas para revisar su estado e identificar posibles afectaciones causadas por el socavón, que es de unos 8 metros de diámetro y 4 de profundidad y que apareció en un patio interior de una manzana.

La hipótesis que baraja en estos momentos el Govern, a falta de confirmación definitiva, es que el desplazamiento de tierra fue sido provocado por la tuneladora que está llevando a cabo los trabajos de la L9 del metro.

“Estamos perforando a 40 metros de profundidad, pero cabe la posibilidad que este movimiento se haya trasladado hasta la superficie”, detalló este martes la consellera de Territorio, Sílvia Paneque.

La gran mayoría de afectados ha pasado la noche en casa de familiares, y una minoría ha acudido a hoteles pagados por sus seguros. Los vecinos más vulnerables, como las personas mayores, están siendo especialmente tratadas por los servicios municipales.

Aquellas personas que requieran una alternativa habitacional tienen a su disposición, a través de los servicios de emergencia social del Ayuntamiento de Barcelona, equipamientos sociales de emergencia e incluso habitaciones de hotel “el tiempo que sea necesario”, según expuso este martes el alcalde, Jaume Collboni.

Miquel Mesegué se presenta a la entrevista con ojeras y cara de haber dormido poco. Al preguntarle qué tomará, responde: “Agua. Necesito agua”. Y con ella intenta ahogar la tos seca que le interrumpe el discurso cada pocos minutos. Menos de 12 horas antes de este encuentro estuvo rodeado de llamas de más de 10 metros de alto. Fue el primer bombero en llegar al incendio que se declaró el lunes en Sentmenat (Barcelona) y que coexistió con otros dos fuegos en Catalunya esa misma tarde.

Pero Mesegué no es trabajador de la Generalitat. De hecho, es bombero en una petroquímica y compagina este trabajo con un voluntariado en el cuerpo. Hay más de 1.000 como él y suponen un 33% del total de agentes, aunque los parques de voluntarios son más numerosos que los de funcionarios. El modelo mixto catalán data de los años 80 y se instauró para poder tener estaciones por en todo el territorio, incluso allí donde no suele haber incidentes. Pero, cuando los hay, los voluntarios suelen ser los primeros en llegar.

“Nos exponemos al mismo peligro y al mismo trabajo que los funcionarios”, explica Mesegué que, además de ser presidente de la Federación de Bomberos Voluntarios, también es impulsor de una demanda colectiva que ha llevado a 500 voluntarios a demandar a la Generalitat por “uberizar” un servicio esencial. Han recibido el apoyo de diversos sindicatos y de 80 municipios, a la espera de los primeros juicios, que serán en septiembre.

Ayer se declararon tres incendios simultáneos en Catalunya y justo usted estaba de guardia.

Durante la campaña forestal tenemos el parque abierto y con efectivos disponibles todo el día, tanto para incendios como para accidentes, incendios en viviendas u otras emergencias. Así garantizamos que alguno de los 23 voluntarios del parque de Castellar del Vallès podamos activarnos en cualquier momento. Por eso fuimos el primer vehículo en llegar al incendio de Sentmenat. Ya estaba todo ardiendo.

¿Cuántas personas eran en esa primera contingencia?

Tres. Es la unidad básica: el conductor, el jefe de salida y un bombero, que era yo. El conductor se queda en el vehículo, dando el paso de agua y preparando el material. Luego, los otros dos iniciamos el ataque. Lo primero que hacemos es trazar muy rápido la estrategia e informar a los mandos de control. Somos los ojos del Govern cuando todavía no ha llegado. Informamos del color de la columna [de humo], de la intensidad, la alineación del incendio, la dirección, el viento, si hay viviendas cercas o si saltará a una carretera.

Nos convertimos en responsables hasta que llegan los bomberos funcionarios y tomamos todas las decisiones estratégicas. En seguida vi que no podríamos parar el incendio, así que la prioridad fue que no se dividiera en diversos flancos y proteger las casas. Hasta que llegaron las demás dotaciones, éramos sólo tres personas con 3.000 litros de agua. Y así aguantamos unos 15 minutos. Cuando llegaron los refuerzos, yo ya me olvidé de la estrategia y me dediqué sólo a la manguera y a apagar el fuego.

Usted es de Castellar del Vallès, uno de los municipios que fueron confinados por ese incendio. ¿Cómo fue para usted llegar allí?

Las llamas tenían más de 10 metros de alto, y eso impacta. Sabes que harás lo que puedas, pero hay mucha impotencia porque es tu casa, es la montaña por la que sales a correr, lo que ves desde tu balcón. Es un trabajo muy difícil y no es un juego, para nada. Aunque seamos voluntarios nos enfrentamos a un peligro enorme. Yo he llegado a sacar a gente muerta de mi pueblo. Gente que conozco... O que conocía.

Es un trabajo muy difícil y no es un juego, para nada. Aunque seamos voluntarios nos enfrentamos a un peligro enorme

¿Cuánto tiempo estuvo ante el fuego?

Estamos hasta que se nos acaba el turno, que puede llegar a las 11 horas. Pero yo ayer fui evacuado sobre las 17:00 horas porque me dio un golpe de calor. El estrés, la comunicación constante con los mandos, la falta de medios, idear la estrategia, la tensión de saber que estás solo, controlar el agua, vigilar a tu compañero, que está enfocado en el fuego pero tú ves que está a punto de ser atrapado por las llamas por detrás… Al final, a mi compañero le dio un golpe de calor y, cuando acabé de atenderle, me dio el golpe a mí.

Decía que sufren de falta de medios. ¿A qué se refiere?

Al ser voluntarios y no personal laboral, no tenemos Prevención de Riesgos Laborales. Además, mientras se han renovado la mayoría de los coches de los parques de bomberos funcionarios, los nuestros tienen más de 20 años. Es cierto que siguen siendo vehículos especiales, pero no tienen sistemas de protección ante posibles vuelcos o por si nos alcanza el fuego. Los nuevos, por ejemplo, disponen de una especie de cortina de agua en caso de que las llamas se acerquen demasiado.

Carecer de esas medidas es un factor de estrés importante. Cuando llego ante un fuego tengo que pensar también en dónde nos metemos y cómo salir porque, si llega a pasar algo, no tenemos estas protecciones. Tampoco tenemos aire acondicionado y, aunque puede parecer una tontería, hubiera sido muy útil ayer para tratar los dos golpes de calor. Me hubiera metido en el coche, con el aire a tope y listo. Pero, en cambio, tuvo que venir la ambulancia.

¿Qué les dice el Departament de Interior ante estas quejas?

Pues que se priorizan los parques de funcionarios. Y es un criterio que podría ser válido, pero, aunque seamos voluntarios, muchas veces somos los primeros en llegar y el fuego es el mismo para todos. Trabajamos sin el mismo material y con recursos de hace veinte años, de cuando no existían los incendios de sexta generación ni esta virulencia era la norma. Son decisiones que se toman desde un despacho y que nos atan los pies antes de una carrera que ya sería difícil de correr aunque tuviéramos todos los recursos.

El lunes, tras los incendios del fin de semana, el president Illa dijo que la gestión del territorio era “demasiado urbana”. ¿Qué está fallando a la hora de prevenir estos grandes fuegos?

Sin ánimo de ser catastrofista: está fallando todo, tanto la prevención como la operativa de emergencia. Cuando llegas al bosque, lo ves sucio. Hay que abrir caminos y limpiar el sotobosque para evitar que los fuegos crezcan más de lo normal. El bosque no lo debe cuidar una persona de Barcelona que jamás lo ha pisado, lo tiene que hacer la gente del territorio, que es la que lo conoce y sabe qué hay que plantar en cada lugar y por dónde tienen que pasar los rebaños. El problema es que la gestión forestal no da votos.

Acabar con los incendios sí los daría.

Pero nunca acabaremos con los incendios. Puedes rebajar su impacto, pero mientras haya bosque tendremos que convivir con el fuego. Eso es algo natural e inevitable, lo que sí se puede prever son los efectivos que destinas a eso y las condiciones en las que trabajan. Somos muchos los que podríamos trabajar mejor.

Nunca acabaremos con los incendios. Puedes rebajar su impacto, pero mientras haya bosque tendremos que convivir con el fuego

Actualmente, los bomberos voluntarios representan un 33% de los efectivos totales. ¿Cuántos más harían falta?

Esa cifra, si bien es correcta, se debe matizar. Porque del 67% restante muchos son cargos de mando, caporales o inspectores. No todos cogen la lanza para ir a apagar fuegos, mientras que todos nosotros sí lo hacemos. Dicho esto, no creo que la solución sea tener más voluntarios sino más funcionarios y un sistema más eficiente.

No se puede tener bomberos a cualquier precio; yo no puedo ausentarme de mi empleo para ir a apagar un fuego. Y no sólo eso: si yo hoy tengo guardia en el parque, debería tener unas horas de descanso, pero no las tendré. Ningún voluntario, en medio de un fuego descontrolado, te dirá que se tiene que ir porque en unas horas entra a trabajar. Al contrario, se quedará hasta las 7 de la mañana, volverá al parque, se duchará y se irá al trabajo.

Si descansamos las horas que nos piden, no podemos ir a apagar fuegos. No se pueden compaginar las emergencias, la vida laboral y nuestra vida personal. Y mira que tenemos poca. Es muy bonito ser bombero voluntario, pero no se debe olvidar que hacemos un trabajo de riesgo. Y, todo ello, sin tener una vinculación laboral con la administración.

La Generalitat insiste en que, por ley, no pueden reconocer ninguna relación laboral de los voluntarios.

Pero es que no somos voluntarios que vamos a limpiar el bosque los fines de semana, si podemos. Tenemos que estar disponibles un mínimo de 650 horas al año para garantizar que los parques de voluntarios siempre están cubiertos. Y es cierto que no siempre salimos, pero cuando lo hacemos, nos exponemos a mucho riesgo. ¿Y si nos pasa algo? No se nos reconocerá como una enfermedad o accidente laboral, ni tendremos derecho a la prejubilación.

Pero como voluntarios están cubiertos, por ley, por una mutua.

Si, pero la cobertura que nos dan siempre será diferente a la de una mutua laboral. Si hay una lesión o un golpe de calor pues te atienden, claro. Pero, si hay secuelas ¿quién se ocupa? Si toda esta exposición me comportara un cáncer, no se me reconocería como enfermedad laboral y las prestaciones no serían las mismas.

Por ejemplo, yo me he tenido que coger la baja de mi trabajo por lo que me pasó ayer y, como no es algo que me ha pasado en mi tiempo libre, me comportará una reducción de la nómina importante. Y no es raro que tengamos que cogernos bajas. O que tengamos que usar días de asuntos propios o de vacaciones para ir a atender emergencias como bomberos voluntarios.

Si toda esta exposición me comportara un cáncer, no se me reconocería como enfermedad laboral y las prestaciones no serían las mismas

Permítame que le pregunte: entonces, ¿por qué lo hacen?

[Risas]. Hostia, esta es buena… Pues porque es vocacional. Si pasa algo, quieres ayudar, proteger el entorno y a la ciudadanía. Lo hacemos porque nos gusta; para nada es por ego y, mucho menos, por dinero. Si mañana nos preguntaran si queremos convertirnos en funcionarios, muchos diríamos que no. Queremos seguir haciendo lo que hacemos porque creemos en el modelo mixto, pero siempre que esté bien cubierto.

La Generalitat dice que para este verano contará con 1.500 voluntarios, pero eso no es cierto del todo. Somos 1.500 personas, pero sin disponibilidad completa; algunos están en el paro, pero la mayoría tienen sus empleos de lunes a viernes. Y no te creas que no nos duele estar en el trabajo, ver cómo se quema algo y no poder ir.

El Govern sostiene que el modelo mixto es la única manera de tener cubierto todo el territorio, sobre todo aquellas zonas en las que no suele haber incidencias. Si todos los bomberos fueran funcionarios, aseguran, el modelo sería “insostenible”.

Pues habrá que cambiar ese modelo porque claramente está obsoleto. Ya se hizo con la Cruz Roja; hace años tenían también un modelo mixto y vieron que tenían que profesionalizar el servicio porque, con el aumento de la población, no se podía confiar todo al voluntariado. Piénsalo al revés: si dejáramos la mitad de las ambulancias en manos de voluntarios, la ciudadanía se les tiraría al cuello y con razón. Pero es que además hacen falta más efectivos, se necesitarían como 10 convocatorias para cubrir lo que se requiere. Nadie duda de que tengamos que tener más policías. Entonces, ¿por qué hay reticencias en ampliar bomberos?.

Hace unos meses, medio millar de bomberos voluntarios demandaron a la Generalitat por “uberizar” un servicio esencial. Usted es uno de los impulsores de esa demanda colectiva. ¿Por qué lo hizo?

Porque si hacemos el mismo trabajo que un bombero, queremos las mismas condiciones. O eso, o hacer un voluntariado normal y corriente en el que no se nos exija un mínimo de horas ni hacer un trabajo de riesgo. No queremos dejar de hacer este trabajo, pero a la vez estamos muy hartos. Porque es que, además, influye mucho en la vida personal. Explícale a tu pareja que, después de trabajar, te tienes que ir a apagar un fuego. O que ese fin de semana que habíais planeado no podrá ser porque te tocará estar de guardia porque no hay nadie más en tu parque.

El incendio de la Bisbal, en Girona, ha quemado ya 2.300 hectáreas, la mayoría forestales, a lo largo del macizo de Les Gavarres. Más de 400 Bomberos de la Generalitat, además de 100 de la UME, trabajan para frenar el avance de las llamas y evitar que lleguen a los municipios más poblados de la Costa Brava.

El fuego sigue sin estar estabilizado, y el viento del norte continúa soplando con fuerza, pero los Bomberos reconocen que durante la noche la situación perderá complejidad al haber desaparecido el pirocúmulo que alimentaba con más virulencia las llamas. .

La consellera de Interior, Nuria Parlon, ha informado de que los confinamientos decretados a lo largos del viernes se mantendrán durante toda la noche. Esto incluye los Calonge i Sant Antoni, Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’agaró, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní d’Heura, Forallac, la Bisbal, Llagostera y Santa Cristina d’Aro.

Entre todas las localidades, algunas de ellas turísticas y repletas de segundas residencias, suman 45.000 vecinos, aunque Parlon ha rebajado los confinamientos a unas 9.700 personas. Por ahora, solo una urbanización ha sido desalojada, la de Vall Repòs en Santa Cristina d’Aro, por su extensión diseminada en medio del bosque y por su mayor cercanía a la cabeza del fuego.

De cara a la noche, el jefe de Bomberos de la Generalitat, David Borrell, ha querido mandar un mensaje a los vecinos de urbanizaciones de Santa Cristina o Calonge, que a lo largo del día han visto con angustia cómo se les acercaba la columna de humo. “Verán muchas llamas, y esto alarma mucho y da falsa sensación de cercanía, pero mucha tranquilidad”, ha expresado.

Declarado en La Bisbal, el fuego se ha internado en el Espacio Natural de Les Gavarres hacia el sur, empujado por el viento de tramontana, con el flanco derecho hacia Santa Cristina y el izquierdo, hacia Calonge. Sin embargo, la situación va a cambiar durante la noche, prevén los Bomberos, porque el viento de norte dejará paso al de mar, de este a oeste. Esto les obliga a trabajar sobre todo para frenar avances hacia el interior de les Gavarres y toda la zona de la comarca del Gironès.

“Con la ola de calor de los próximos días, no queremos que el incendio se abra hacia la zona de Girona con un potencial de 30.000 hectáreas”, ha expresado Borrell. “Trabajaremos muy fuerte para frenar el flanco derecho del fuego”, ha proclamado.

Detenido el presunto autor del incendio

Por su parte, los Mossos d'Esquadra han informado de la detención del presunto responsable del inicio del incendio. Según la policía catalana, todo apunta a que este hombre, un operario, estaba usando una radial a pie de carretera que ha soltado alguna chispa que habría prendido las primeras llamas.

“Es un tipo de actividad que no está permitida, debido a que está activada la fase 3 del Plan Alfa”, han explicado Agentes Rurales.

La situación de Les Gavarres ha tensionado enormemente a los Bomberos, por la simultaniedad de varios pequeños incendios declarados en la provincia, ya estabilizados. Y ha preocupado hasta tal punto a las autoridades que Protección Civil ha pedido a la población del área metropolitana de Barcelona, en plena operación salida del fin de semana, que no se desplace hasta la zona.

Las comarcas a las que se pide no acudir son Baix Empordà, Gironès y Pla de l’Estany (donde hay otro incendio). En muchos de sus municipios, especialmente los del litoral, abundan las segundas residencias y los alojamientos turísticos.

Uno de los problemas que presenta el fuego es que Les Gavarres es una extensión boscosa de 28.000 hectáreas, con mucha densidad de árboles y un sotobosque muy sobrecargado.

El incendio se ha declarado en Sant Pol, pedanía de la Bisbal d’Empordà, y ha llevado a las autoridades a confinar inicialmente una casa de colonias con 150 niños. Los Bomberos han pedido primero el confinamiento de la zona de Sant Pol, masías y casas situadas al sur de este pueblo y también el entorno de la casa de colonias Pou del Glaç. En la casa hay unos 150 niños que se encuentran bien, según las autoridades. Después, ante el avance de las llamas, han ampliado el confinamiento.

Desde el Meteosat se observa el humo del incendio. La tramontana sopla con intensidad fuerte y con rachas de entre 40 y 50 km/h. La temperatura es de 32,5 grados y la humedad del 34%.

Según informa el Servicio Catalán de Tráfico (SCT), la carretera GI-660 está totalmente cortada debido al incendio entre los puntos kilométricos 1 y 12, en el tramo comprendido entre Calonge y La Bisbal d'Empordà. Protección Civil ha activado en fase de alerta el Plan especial de emergencias por incendios forestales de Catalunya (Infocat).

En el corazón del barrio de Vallcarca, en Barcelona, hay una plaza sin nombre. Lo que antes fue un solar abandonado, ahora es un espacio que bulle de vida. Los vecinos estuvieron años arreglándolo para hacer de él un lugar de encuentro y, aunque acabaron la remodelación en 2024, todavía no hay ninguna placa que la reconozca formalmente como una plaza y no figura en los mapas oficiales.

Cuando hubieron puesto la primera piedra, el barrio empezó a pensar cómo quería llamar a su plaza. La primera opción fue Plaça Farigola, en referencia a la escuela homónima que hay a unas pocas calles y que es el nombre por el que se refieren a ella los vecinos. También se pensó en Hilda Agostini, la maestra republicana que ejerció en ese colegio antes de exiliarse. O Uri Caballero, en homenaje al vecino, activista y guitarrista de Els Surfing Sirles, que murió hace 13 años.

Los vecinos aseguran que todos esos nombres fueron trasladados al Ayuntamiento, pero ninguno de ellos prosperó. Al final, la plaza se llamará Capitán Trueno. La decisión, tomada por unanimidad en la comisión de nomenclátor del Ayuntamiento de Barcelona, ha indignado al barrio que, aunque no tiene nada en contra del cómic de Víctor Mora, lamenta que se les haya impuesto un nombre que “desdibuja la identidad histórica de Vallcarca” y que no respeta “los referentes vinculados a su memoria”.

Por ello, la Federación de Entidades Amigas de Can Carol, (el centro cívico sito en la plaza) ha presentado una alegación formal contra el nombre de Capitán Trueno. Explican que esta plaza sólo existe gracias a la “organización y compromiso” de los vecinos que se unieron para construirla y lamentan que no se les haya tenido en cuenta a la hora de escoger un nombre. Además, afean haberse enterado de la decisión por la prensa.

En 2024, cuando se acabó la plaza, los vecinos propusieron las opciones que habían pensado. Ni Hilda Agostini ni Farigola podían ser, porque ya estaban asignadas a otras plazas o calles de la ciudad. La única que tenía números de salir adelante era Uri Caballero, pero los vecinos no llegaron a presentarla nunca como propuesta formal frente al consistorio. La cuestión cayó en un cajón durante casi dos años, hasta que el Capitán Trueno apareció en escena.

El nombre fue una propuesta del Grup d'Estudis Coll-Vallcarca, un colectivo de historiadores que lo sugirió para bautizar a una plaza sin nombre muy cercana a donde estuvo Bruguera, la editorial más reconocida del mundo del cómic y el sello que llevaban las viñetas de Víctor Mora. “La idea era para esa plaza, no para ningún otro sitio. Si el nombre se va a poner a la Plaça Farigola, no lo apoyaremos”. Así lo escribió el grupo de historiadores en un artículo publicado en L’Independent de Gràcia.

Desde el Ayuntamiento justifican la decisión como una manera de homenajear a Víctor Mora “bien fundamentada con criterios históricos, culturales y territoriales”. Además, insisten en que el autor fue un vecino de la zona que se tuvo que exiliar en Francia durante la dictadura y, desde allí, dio vida a uno de los personajes de cómic más populares en España. “Fue un símbolo de la lucha contra la represión de la dictadura que aportó un mensaje de libertad y justicia social”, apuntan desde el Ayuntamiento.

Los vecinos no niegan la importancia histórica de los tebeos e insisten que no les parece mala opción para una plaza o calle. “Es legítimo, pero no para aquí”, apuntan las entidades, que también afean al consistorio que el nombre sea “exclusivamente en castellano” y que haga referencia a un personaje de ficción “construido alrededor del modelo del heroísmo masculinizado”, lo que, apuntan, “no responde a los valores de memoria inclusiva y diversidad” del barrio.

Con todo, las entidades que rechazan la decisión del Ayuntamiento han pedido asistir a una de las reuniones del Nomenclátor para proponer sus opciones y para exigir que la elección final sea refrendada por el barrio (cosa que no suele ser habitual).

El Ayuntamiento no se ha pronunciado todavía sobre las alegaciones ni sobre esta petición, pero insisten en defender el nombre del Capitán Trueno recordando que ha sido validado por todos los órganos que prevé la normativa. Esta establece que para bautizar un espacio público se requiere el sí de la comisión de barrio, del distrito y de la Ponencia del Nomenclátor.

Todavía no está claro si queda camino para los vecinos que se oponen a tener una plaza con nombre de héroe de viñeta, pero lo que sí aseguran es que, independientemente de lo que ponga en la placa, para ellos ese espacio autogestionado será y seguirá siendo la Plaça Farigola.

“Todo podría ser diferente”. Esa es la idea con la que se invita a entrar a un pequeño apartamento del corazón del barrio barcelonés del Raval. Es, en realidad, un bajo comercial, pero funciona como apartamento aunque no tenga cédula de habitabilidad. Es un piso turístico sin licencia que se oferta en Airbnb.

Al entrar, un pequeñísimo espacio diáfano se abre ante el visitante. Cafetera de cápsulas, cactus de plástico, algún libro y muebles de cadena sueca. Pocos cubiertos en los cajones. “Todo podría ser diferente”. Y, al menos esta vez, lo es. Porque los enseres impersonales están arrinconados tras una cortina. El resto del espacio se ha convertido en una exposición temporal.

El investigador en historia Miquel Hernández y la artista Iris Verge han instalado esta muestra de arte conceptual en un piso turístico ilegal durante 48 horas. La propuesta es simbólica y concisa: tenía que contener todo el peso de la turistificación y la crisis de la vivienda en los escasos 50 m² que mide el apartamento. Y que, con todo, se alquila a más de 200 euros la noche.

Cuesta moverse por el piso, que está ocupado por una especie de andamios de madera, recubiertos de fibra de vidrio y demás materiales aislantes. Sobre ellos hay impresos diversos mensajes. Hay fotografías en blanco y negro que muestran la historia de la vivienda en España; desde las barracas en la playa del Somorrostro, hasta los edificios cebra, pasando por las casas baratas o los edificios colmena.

“El problema de la vivienda es estructural y tiene muchos frentes. El primero de ellos es que se haya contemplado, desde el principio, como una mercancía para sacar provecho”, explica Hernández.

El hacinamiento de las familias obreras en los edificios enormes de las periferias es la otra cara de la moneda de la expansión de los pisos turísticos. “Hay que entenderlo como un todo porque, si no, por mucho que se intente regular, no cambiará nada”, sostiene.

La exposición recoge diversos titulares que, en su momento, se hicieron eco de la decisión de Barcelona de no renovar licencias y acabar con los pisos turísticos de la ciudad para 2028, del aval de la Justicia a esa iniciativa y de la lucha del consistorio contra los que operan sin permisos. “Hecha la ley, hecha la trampa”, insiste el historiador, que recuerda que cerca del 18% de los alojamientos que se ofertan en Barcelona carecen de licencia.

Sin ir más lejos, el piso que acoge la muestra es un piso ilegal. “La podríamos haber hecho aquí o en cualquier otro, porque hay muchos”, apunta Hernández, que insiste en que las normas tienen que venir acompañadas de recursos y voluntad para hacerlas cumplir.

La escasez de profesionales que rastrean pisos sin licencia es un lastre a la hora de encontrarlos y clausurarlos. Pero el principal problema se encuentra en la falta de cooperación de las plataformas.

Ahora hace justo un año, se aprobó una Ventanilla Única para registrar todos los apartamentos turísticos en Europa. El objetivo es crear una sola catalogación que ayude a las plataformas a identificar anuncios fraudulentos, pero ese mecanismo no sirve de nada si las empresas no ponen de su parte.

Barcelona fue una de las ciudades pioneras en la persecución de los pisos ilegales y, si bien explican que muchas de las plataformas ponen facilidades, lamentan que Airbnb dilate y dificulte los procesos. El consistorio firmó hace años un acuerdo de cooperación con la empresa, mediante el cual esta se compromete a eliminar los anuncios ilegales que el Ayuntamiento detecte.

Sin embargo, los anuncios tardan en descolgarse porque la empresa que la comunicación sea vía correo postal desde Barcelona hasta Irlanda (donde Airbnb tiene su sede en Europa). Además, no garantiza que los anuncios no se vuelvan a colgar y tampoco facilita información clave a los técnicos municipales encargados de detectar los pisos ilegales.

Por ejemplo, no les permite conocer la dirección para contrastarla con el registro de licencias. Así que, cuando el consistorio tiene sospechas de que un apartamento opera de manera ilegal, debe intentar encontrarlo haciendo de “detective de Google maps” mediante detalles que se puedan encontrar en las fotos de los anuncios, tal como explicaron a elDiario.es.

“Por mucho que haya leyes, siempre encontrarán maneras de pasar los controles y lucrarse con la vivienda. Aunque los prohíban, los pisos turísticos no desaparecerán”, pronostica Hernández. Él mismo ha podido comprobar, mientras buscaba el apartamento ideal para acoger la exposición, que los anuncios eliminados poco después vuelven a colgarse con otro nombre y otros detalles. Y sospecha que el propietario de este piso posee diversos apartamentos turísticos más en el mismo bloque.

Una exposición discreta y fugaz

La muestra, que se ha podido visitar el domingo y el lunes, ha sido breve por diversos motivos; primero, por el precio. Reservar el piso estas 48 horas les ha costado casi 500 euros. Y, luego, para evitar conflictos con el propietario. Los responsables han sido asesorados por abogados que les han recomendado ser discretos a la hora de compartir la ubicación para evitar una denuncia por daños y perjuicios, así como posibles reclamaciones por daños en la vivienda.

Por eso, la dirección, el día y la hora de la inauguración se ha compartido por un grupo de Telegram en el que hay menos de 80 personas y algunos pocos periodistas a quienes se ha pedido la misma discreción. Pero la muestra pronto seguirá su camino y se podrá visitar libremente en la Casa Orlandai.

La exposición de Miquel Hernández e Iris Verge es sólo una parte de un amplio proyecto que les ha valido el Premio Miquel Casablancas y una Beca Barcelona Crea. Todo podría ser diferente es el resultado de un proceso de investigación histórica y artística, así como de una mediación con vecinos del barrio de Sant Andreu de Barcelona que se han visto afectados por la crisis de la vivienda y cuyos testimonios se pueden oír en bucle mientras se visita la muestra.

“Los desahuciados no sienten rabia, sino culpa”, dice una de las voces que habla. Y esa es otra de las reflexiones de la exposición: la responsabilidad que cae sobre quienes no han podido proteger su hogar de la especulación o la gentrificación. “Las leyes solo van a mejorar nuestra situación mínimamente. La única solución es la organización de toda la sociedad, no sólo de los que nos hayamos visto afectados por esta crisis”, remacha Hernández.

Una viuda de edad avanzada mira su futuro con preocupación. Vive en un barrio bonito y, aunque su pensión no es nada del otro mundo, le llega para pagar el piso en el que lleva viviendo tantos años. Pero se hace mayor y se siente un poco sola. “Me gustaría que se hiciera un centro de salud y un parque”. Sus deseos son escuchados pero, en el momento en que la administración acepta construirlos, queda automáticamente expulsada del barrio.

Esta anciana desahuciada no existe. En realidad, es el alter ego de un adolescente de origen migrante. Está participando del taller ‘Gentrifi...qué!?’, un juego para explicar qué es la gentrificación, a quién afecta y con qué consecuencias. Y, quizás, cómo resistirse a ella. Está pensado para adaptarse a cualquier territorio y edad y para personas que no necesitan tener conocimientos previos. Hoy, los escogidos son alumnos de 4º de la ESO del Instituto Angeleta Ferrer, de Barcelona.

Se trata de una especie de juego de las sillas —más complejo y político— en el que los participantes encarnan personajes a los que les han sido asignados unos puntos. Por otro lado, hay barrios con un determinado nivel de vida y ocupación máxima. La dinámica es sencilla: nadie puede estar ni sobrepoblar una zona con un estatus superior al de los puntos que tenga. El objetivo es evitar la expulsión.

El juego no es tan fácil como parece: construir un hospital, pacificar una calle o erigir una nueva promoción de pisos sube el nivel de vida. También es posible que, por sorpresa, aparezcan inversores, especuladores o productores de HBO que pongan al barrio en el mapa y hagan que los vecinos de siempre se vean substituidos por expats, parejas adineradas y turistas.

El juego ha sido ideado por Memòria, Lluita i Resistència, un colectivo que se dedica a investigar y a divulgar sobre los efectos del capitalismo en la vida diaria de la gente. Su idea es llegar a un público no iniciado, ese que se pierde en el mar normativo y en los conceptos académicos. Al que, aunque los debates no le interpelen, forma parte de ese 48% de la población con problemas para llegar a final de mes y pagar la renta.

Los activistas usan el juego para “generar conciencia”, pero también para “recordar que al sistema sólo se le puede vencer en colectivo”, explica Marc Sureda Rovira, arquitecto, miembro del colectivo y el encargado de dinamizar el taller en este instituto de Barcelona. Además de colegios, también lo imparten en asambleas de barrio y asociaciones diversas. El material, de hecho, está disponible para que cualquiera lo descargue y juegue por su cuenta.

Hace casi una década que nació este juego y, después de decenas de sesiones, han recogido la experiencia en el libro Gentrifi...què?! (Deskontrol, 2026), una guía para entender la gentrificación y pensar estrategias para plantarle cara.

Aprender desde la experiencia

El joven alumno del instituto Angeleta Ferrer que encarna a la anciana desahuciada mira fastidiado su carta de personaje: tiene medio punto menos del que necesita para quedarse en su barrio. Entre risas, se levanta a buscar otra mesa para asentarse. Instintivamente, lo hace con uno de sus amigos, que también ha sido expulsado. Pero deben separarse: la anciana tiene 6,3 puntos, mientras que el otro, un joven migrante en situación irregular, apenas llega a 3,5.

No sólo no volverán a ser vecinos en lo que resta de juego, sino que ambos serán expulsados diversas veces. “Me han desahuciado cuatro veces en media hora. Cada vez que encuentro un sitio, me expulsan”, se lamenta el alumno que representa al joven migrante.

Una compañera le escucha, asintiendo. Ella es una madre soltera, abandonada por su marido y debe cuidar tanto de su hija como de su madre. Tiene un 3,3 y lleva otros tantos desahucios a sus espaldas. “¡Pues plántate donde estés y no te muevas!”, le grita desde la otra punta de la sala. Pero esas no son las normas. “¿Y qué? Si las normas no son justas, no sirven”, sostiene.

Aunque esta alumna no lo identifique así, ha decidido ocupar su vivienda. Hace pocos minutos, era una de las que reconocía tener prejuicios contra quienes hacen lo mismo en la vida real, pero ahora está incentivando a sus compañeros a hacer lo necesario para sobrevivir y conservar un techo bajo el que dormir.

Llegados a este punto, Sureda sonríe. Esta chica, sin saberlo, ha encontrado una de las maneras de ganar el juego. “Si se siguen las normas, es imposible hacerlo”, sostiene. “Los chavales ya saben qué es la gentrificación, pero no saben que se le llama así. La han experimentado en la calle o en su casa con expulsiones, presiones por impago…”, sigue el tallerista.

En esta clase hay dos alumnos que han pasado por un desahucio, aunque no lo han explicado. Las docentes se han enterado sólo porque han detectado cambios en su conducta. “Los ves distintos y, a base de preguntar y preguntar, te acabas enterando, pero hay mucha vergüenza”, sostiene Verena Blume, docente del centro.

Esta maestra es miembro de Docents 008, un colectivo de profesores movilizados contra los desahucios. “Puede parecer raro que no pidan ayuda, pero se entiende cuando ves que se culpan de su situación”, añade Blume. Este centro, situado en la periferia del Eixample, es muy diverso. El 20% de alumnos viene de familias vulnerables, una cifra parecida a la de los que provienen de hogares migrantes. Estos conviven con hijos de la clase media, de padres con buenos sueldos y segundas residencias.

“La crisis de la vivienda es una ruleta totalmente injusta y muchos no entienden por qué a ellos les afecta y a sus compañeros no. Y, lo que es casi peor, los más privilegiados no comprenden que la gente no se marche de sus casas si no pueden pagarlas”, sigue Tura Tremoleda, también docente y, en su caso, activista en el Sindicat de Llogateres.

De esa opinión es uno de los alumnos que participa en el juego. Él mismo se presenta voluntario para irse cuando se sortean plazas para una vivienda protegida entre quienes han sido expulsados del barrio. “Mudarse no es tan drama. Es bueno cambiar de aire de vez en cuando y, si es como ahora, que no puedes pagar, pues mira... Ya tienes una excusa”, afirma.

Ante estas palabras, Blume mira a su pupilo perpleja y, antes de que se levante de la mesa, le pregunta: “¿Pero te vas porque quieres o porque te han echado?”. Y se hace el silencio. “No es lo mismo, ¿verdad?”. El joven responde que no, pensativo, y se va a buscar un nuevo lugar en el que vivir. Cuando empieza la búsqueda, se da cuenta de que a penas puede permitirse nada.

En este punto del juego, buena parte de las mesas tienen niveles de vida impensables para la mayoría de jugadores. Muchos han tenido que ocupar, o bien, irse a barrios periféricos en los que no hay infraestructuras ni servicios, lo que se representa con falta de sillas y material necesario para seguir la partida.

El estatus de los barrios ha subido a medida que se han pacificado calles, se han construido mejores viviendas, nuevas paradas de metro o se han rehabilitado escuelas y parques. Pero también se debe a la llegada de inversores extranjeros que gentrifican barrios sin avisar.

Al principio de la sesión, el dinamizador avisó de que un redactor de TripAdvisor había llegado a la ciudad y buscaba un barrio sobre el que escribir bien. Al instante, todos los barrios se prestaron voluntarios, ansiosos de ser reconocidos por el mundo como un lugar envidiable para vivir. Los alumnos no sabían que esa reseña tenía un alto precio: al instante, la zona escogida subió más de tres puntos su nivel de vida y quienes antes rogaban por esas palabras bonitas, estaban cogiendo sus cosas y marchándose.

“Las lecciones en este juego se aprenden rápido”, comenta Sureda, que tenía más ases que sacarse de la manga. Unas cuantas rondas después, anuncia la llegada de un inversor de Airbnb que quería comprar una promoción de viviendas para dedicarlas al turismo. No se levanta ninguna mano.

“El taller ayuda a identificar a los verdaderos culpables de la gentrificación y que los chavales dejen de sentir rencor por sus familias por no poder mantener cierto nivel de vida”, apuntan las docentes.

Al final del juego, las caras han cambiado. Muchos empezaron con la idea de estar jugando al Monopoli, pero acaban con un profundo sentimiento de injusticia. “No es mi culpa ser pobre y no poder pagar estos barrios. Los que se han quedado no han hecho nada para merecerlo”, lamenta uno de los alumnos, en acabar la partida.

Finalmente, nadie ha ganado. “La expulsión de nuestros barrios es violenta y ataca cuando menos lo esperáis. La única salida es uniros y protegeros entre vosotras”, les explica Sureda, que les muestra la imagen real de una familia siendo desahuciada por los Mossos. “Puede ser una palabra muy difícil, pero en realidad, la gentrificación tiene esta pinta”, añade.

Los chavales, después de una hora y media de taller, salen del aula. Sus profesoras, que les miran irse haciéndose bromas y haciendo el tonto, aseguran que “aunque parezca que no, lo han entendido todo. Y el mensaje les ha calado”.

La carrera hacia la alcaldía de Barcelona ya tiene a sus contendientes en el puesto de salida. Un año antes de las elecciones municipales, que se celebrarán el 23 de mayo de 2027, prácticamente todos los partidos han confirmado a sus aspirantes a ocupar el puesto que hoy ostenta el socialista Jaume Collboni. 

El actual alcalde, que aspira a un segundo mandato —y al cuarto como edil del Ayuntamiento—, parte como favorito en una contienda en la que todos sus principales rivales se estrenan como cabezas de cartel. Gerardo Pisarello, por los Comuns, busca llenar el vacío de Ada Colau, un reto no menos complicado que el de Jordi Martí Galbís, sucesor de otro exalcalde, Xavier Trias, que llevó a Junts a la victoria en 2023. 

Una de las que lleva más tiempo labrándose su perfil de alcaldable es Elisenda Alamany, de ERC, concretamente desde que sustituyó a Ernest Maragall al frente de los republicanos en 2023. Por parte del PP, aunque no está confirmado oficialmente, se da por sentado que repetirá Daniel Sirera. 

En las filas de la extrema derecha, falta por ver si Vox buscará una alternativa a Gonzalo de Oro-Pulido, con quien irrumpieron por primera vez en el consistorio. Son los únicos que no se han decidido todavía, después de que la otra formación ultra, la xenófoba Aliança Catalana, anunciara este viernes que su candidato es Jordi Aragonès. 

Collboni, a por su segundo mandato

Jaume Collboni afronta el tramo final de su primer mandato como alcalde convencido de que puede ganar por primera vez las elecciones, una victoria electoral que el PSC no celebra en Barcelona desde 2007. El concejal socialista logró finalmente la vara en 2023 en sus cuartos comicios como aspirante socialista, con el voto decisivo e in extremis —anunciado el mismo día de la investidura— de los Comuns y el PP. 

La falta de una mayoría clara ha marcado el mandato de Collboni, que no ha podido sacar adelante ningún presupuesto municipal de forma consensuada. Su principal aliado ha sido ERC. Con ellos llegó a cerrar un pacto de Gobierno que acabó naufragando, y ha mantenido acuerdos estables sobre rehabilitación de viviendas, la tasa turística o el catalán. 

Más allá de eso, Collboni ha sido capaz de pactar con Junts, en políticas de seguridad y civismo, y con los Comuns, en medidas para limitar el turismo. En su haber estará la finalización de las obras de la Rambla, el impulso al tranvía de la Diagonal, o el plan para climatizar escuelas. Pendiente queda la reforma de la reserva del 30% de nueva vivienda para protección oficial, que no pudo sacar adelante, y la promesa de eliminar todos los pisos turísticos en 2028. 

Jordi Martí Galbís para mantener el tirón de Trias

El último de los candidatos en ser anunciado ha sido Jordi Martí Galbís, que fue escogido este domingo a través de unas primarias que le dieron el 40% de los votos. Con esta victoria, las bases del grupo municipal buscan mantener la herencia del exalcalde Trias, que devolvió a la vida a un Junts que estaba en horas muy bajas desde 2015.

Martí Galbís viene a recuperar ese tirón. Que no mantenerlo, puesto que cuando el exalcalde dejó la política tras el fiasco de 2023, la popularidad de Junts en las encuestas bajó en picado. La elección del alcaldable es un mensaje claro: las bases de Barcelona quieren el partido que representa Trias, ese que se parece más a Convergència que al Junts de Puigdemont y que se guía más por el eje ideológico que por el nacionalista.

Las primarias han venido marcadas precisamente por este debate y los cuatro candidatos llegaron divididos por la influencia que debía tener el expresident. Mientras los contrincantes de Martí Galbís apostaban por mantenerse leales a la influencia de Puigdemont, este decidió desafiar su omnipotencia, llegando a asegurar que el grupo municipal debe ser “autónomo” y negando que el expresident tenga que meter mano en las listas.

Pisarello, el primer alcaldable migrante

Gerardo Pisarello tiene ante sí el reto de evitar que los Comuns se desmoronen electoralmente en la primera cita tras el adiós de Colau. El jurista argentino, que quiere ser “el primer alcalde de Barcelona de origen migrante”, ganó las primarias a Bob Pop y dejó durante el proceso una de sus principales promesas electorales: hacer el metro gratuito, como Zohran Mamdani en Nueva York.

El argentino se encuentra ante el reto de sustituir a Colau, a quienes los suyos llegaron a definir como una “hiperlideresa” y a quien costó mucho encontrar relevo. No será una campaña fácil, puesto que se enfrenta con unas encuestas muy desfavorables que muestran el desgaste de dos legislaturas en el poder y de la pérdida de una cabeza de cartel imprescindible como llegó a ser la exalcaldesa.

Será esta la primera carrera electoral de Pisarello como alcaldable, después de diez años como escudero de candidatos de Barcelona, como Colau en 2015, y del Congreso de los Diputados, como Xavier Domènech o Jaume Asens. Aun así, siempre ha conservado tirón mediático y un perfil propio, por ejemplo con una buena conexión con el espacio soberanista catalán. Como número 2 en la lista ya cuenta con la concejal Carol Recio. 

Alamany, ante su gran oportunidad

Elisenda Alamany llegó a ERC en 2019, procedente de los Comuns, como un fichaje para reforzar a unos republicanos que, con Ernest Maragall, aspiraban a alcanzar la alcaldía. Se quedaron a las puertas, pero Alamany se mantuvo como número dos en el Ayuntamiento de Barcelona, nuevamente en las elecciones de 2023, convencida de que la retirada de Maragall le dejaría vía libre para ser candidata. Y esto fue lo que ocurrió pocos meses después. 

Alamany, artífice del pacto de Gobierno frustrado con Collboni, se ha labrado paralelamente la confianza de Oriol Junqueras, que la aupó a la secretaría general del partido. Como líder del grupo parlamentario republicano durante casi todo el mandato, puede sacar pecho de haber llegado a acuerdos con los socialistas para fomentar el catalán en la ciudad e impulsar la rehabilitación de viviendas degradadas. 

El aliado de Feijóo, Aragonès y la duda de Vox

No está confirmado oficialmente, pero nadie duda de que Daniel Sirera será el candidato del PP, como lo fue en 2023. Dentro de un partido que en Catalunya está liderado por Alejandro Fernández, un verso libre que en el pasado se ha enfrentado con Alberto Núñez Feijóo, Sirera es todo lo contrario: el hombre de Feijóo en Barcelona, seleccionado directamente por él para los comicios de hace cuatro años. Su voto fue clave para que Collboni fuera investido alcalde, pero desde entonces se ha desmarcado totalmente del Gobierno municipal. 

El único partido que todavía no ha decidido a su candidato es Vox, que irrumpió en el consistorio barcelonés con Gonzalo de Oro-Pulido como alcaldable. No está nada claro que el edil vaya a repetir, y desde la formación ultra informan que un comité electoral desde Madrid decidirá sobre el candidato barcelonés, como hace con los demás.

Por último, Aliança Catalana, el partido xenófobo liderado por Sílvia Orriols, aspira a entrar con fuerza en el Ayuntamiento de la capital catalana. Lo hará con uno de sus pesos pesados en la formación, su ideólogo Jordi Aragonès.

La formación habría preferido una cara más mediática, pero después rechazos de figuras como el expresidente del Barça Sandro Rosell o el exconseller Jaume Giró, han apostado sobre seguro. Finalmente, le darán una oportunidad al joven de 33 años que, además de ser primo del expresident Pere Aragonès es, junto a Oriol Gès y la propia Orriols, quien tiene la última palabra en todas las decisiones de Aliança.

Junts ha escogido a su hombre para intentar recuperar la alcaldía de Barcelona. Ese hombre es Jordi Martí Galbís (Barcelona, 1961), un abogado que lleva más de un cuarto de siglo en política y desde hace 16 como concejal en el Ayuntamiento. Así lo ha decidido la militancia de la formación, que ha celebrado primarias este fin de semana, cuyo resultado ha dado una victoria del 40,3% para Martí Galbís. 

Se trata del hijo político de Xavier Trias, con quien fue concejal de distrito y responsable del área de Territorio durante su mandato. Martí Galbís le sucedió cuando el exalcalde abandonó definitivamente la política, después de haber ganado las elecciones de 2023, pero haber sido desbancado por Collboni a raíz de un pacto que incluía los votos de ERC, Comuns y el PP.

Ahora encara el reto de intentar recuperar la alcaldía, pero también la hazaña no menor de sustituir a Trias. Su figura ha sido decisiva en los últimos años para el grupo municipal, que perdió mucha fuerza durante los años del procés, siendo que el votante de Junts en Barcelona se guía más por el eje ideológico que por el nacionalista. 

La caída ha sido constante desde las elecciones de 2015, cuando Ada Colau entró en el consistorio. Trias ya no se presentó a los siguientes comicios y, en su lugar, el cabeza de lista fue ocupado simbólicamente por el exconseller Joaquim Forn, entonces en prisión preventiva por los hechos del 1-O. Ese gesto no gustó al votante de Junts, que prefería la versión convergent y provocó que la formación se dejara casi la mitad de los votos en el camino. 

La bajada de apoyo se mantuvo en las encuestas hasta que el nombre de Trias volvió a resonar. Con 75 años, el exalcalde confirmó que regresaba a la arena y le exigía la revancha a Colau. La estrategia de esa campaña fue volver a los orígenes y desvincularse de Junts, hasta el punto de esconder las siglas y concursar bajo la firma de Trias per Barcelona.

La apuesta personalista y alejada de las referencias al partido funcionó. El exalcalde remontó la pérdida de votos y resultó ganador de las elecciones, aunque la decisión del PP de apoyar a Collboni para evitar que un partido independentista gobernara Barcelona dejó a Trias sin su reválida. 

La derrota no sentó bien al exalcalde, que abandonó el pleno de investidura con el ya mítico “Que us bombin” (Que os den) y dejó definitivamente la política ahora hace dos años. Y, de nuevo, sin Trias, los pronósticos del partido en la capital se derrumbaron. El último barómetro municipal (diciembre de 2025) apuntaba a que, de celebrarse en ese momento las elecciones, el grupo habría perdido el 75% de los votos respecto a los comicios de 2023. Eso habría supuesto el peor resultado de su historia.  

La pugna entre las pulsiones nacionalistas e ideológicas que sacude a Junts desde el fin del procés -y desde la irrupción con fuerza de la xenófoba Aliança Catalana- han llegado también a Barcelona. La contienda para elegir al nuevo alcaldable de Junts se ha disputado entre cuatro candidatos de distinto perfil: Jordi Martí Galbis, Pilar Calvo, Glòria Freixa y Jaume Alonso-Cuevillas. 

En las primarias, a las que tenían derecho a voto los 628 militantes de la sección barecelonesa, han habido una participación del 67,24%. Jordi Martí Galbís se ha alzado con la victoria (40,3%), seguido de Calvo (29,3), Cuevillas (18,63%) y Freixa (11,15%).

Todos ellos han llegado a este fin de semana divididos por la influencia que debe tener el líder del partido, Carles Puigdemont, en la confección de la candidatura, y con distintos matices a la eventual política de pactos con el actual alcalde, Jaume Collboni. 

En este primer debate, la postura de Martí Galbís y Freixa es que el grupo municipal debe ser “soberano” para confeccionar su propia lista. Por otro lado están Cuevillas, exabogado del expresident, y Pilar Calvo, portavoz de Junts en el Congreso, que consideran que Puigdemont debe tener “todo el peso” en cualquier asunto del partido.

En esta línea, la elección de Martí supone toda una declaración de intenciones de las bases en Barcelona, que han decidido dejar atrás el puigdemontismo y la narrativa post-procés para volver a abrazar las formas que representaban las siglas de CiU. 

La larga sombra de Aliança

A la espera de ver cómo recibe el electorado la decisión de los militantes de Junts en Barcelona, lo que dejan claro las encuestas es que uno de los mayores retos que tendrá que afrontar el nuevo alcaldable es la pugna con una Aliança Catalana que amenaza con entrar con fuerza en el consistorio. 

Tanto, que el barómetro pronostica que la formación xenófoba, que el viernes presentó a Jordi Aragonès como su candidato, podría incluso llegar a superar a Junts y situarse como primera fuerza de derechas en Barcelona. El mismo Martí Galbís ha hecho referencia al partido xenófobo, aunque sin mencionar su nombre. “Ha habido partidos que nos han contraprogramado y han querido anunciar precisamente estos días a su candidato. Eso demuestra que somos referencia”, ha apuntado en la rueda de prensa en que se le ha presentado como alcaldable.

El centro del debate electoral, no sólo para la batalla entre Junts y Aliança, versará sobre dos temas: la vivienda y la inseguridad. Estas son las mayores preocupaciones de la ciudadanía y un ámbito en el que Aliança parece que se siente más cómoda. 

El partido xenófobo no asume contradicciones a la hora de rechazar la regularización extraordinaria ni en pedir abiertamente la expulsión masiva de migrantes, que los de Orriols han convertido en el chivo expiatorio de todo mal que achaque a la ciudadanía catalana. Para Junts -que si bien endurecido su postura para intentar frenar el goteo de votos hacia Aliança- este es un terreno algo más resbaladizo. 

Mientras Aragonès apuesta por expulsar a los migrantes para resolver el problema de la vivienda en Barcelona, Martí Galbís prefiere guardarse sus medidas. Por el momento, lo único que ha avanzado es que promoverá una gran reducción de la carga impositiva para comprar y construir, así como ayudas para el alquiler.

Con el anuncio del resultado de las primarias, casi todas las cartas de la partida en que se decidirá la próxima alcaldía de Barcelona, en 2027, están sobre la mesa. Martí Galbís ha sido de los últimos en sentarse a la mesa, donde le esperaban Jaume Collboni, que aspira a renovar la alcaldía; Elisenda Alamany por ERC; Gerardo Pisarello por los Comuns, el ya mencionado Jordi Aragonès por Aliança: y el casi seguro, aunque sin confirmar todavía, Daniel Sirera por el PP. 

Con todo, la única incógnita que resta es el nombre que disputará la contienda por Vox, un partido al que las encuestas le augura una pérdida de casi 1,5 puntos que le dejaría por debajo del mínimo de votos para poder tener un asiento en el pleno municipal. Así, con casi todos los contendientes decididos, empieza la carrera a las elecciones. Aunque se celebrarán en mayo, ninguno tiene tiempo que perder. Tal como ha apuntado el alcaldable de Junts, “la campaña empieza mañana mismo”.

Durante el mes de enero de 1938, Barcelona entera tembló. Esos días, los proyectiles lanzados por la aviación fascista italiana devastaron la ciudad. Fue un mes de ataques sin precedentes, tanto que en sólo 20 días hubo 2.000 impactos y se lanzó un millón de kilos de bombas que causaron 2.700 muertos y 7.000 heridos. 

Pero lo peor estaba por llegar: sólo el 30 de enero, dos formaciones causaron más de 900 víctimas. Uno de los puntos más mortíferos fue la plaça Sant Felip Neri y sus alrededores, donde centenares de personas buscaron refugio en el sótano de la iglesia o en una guardería aledaña. Muchos de los fallecidos fueron niños. 

Este sábado, esa plaza en la que vuelve a haber una escuela y en la que Sant Felip Neri sigue en pie, cientos de barceloneses han vuelto a mirar al cielo. Casi 90 años después, otro bombardeo ha sacudido la capital catalana, pero ha sido muy distinto. 

En vez de gritos, sirenas y explosiones, el aire se ha llenado de un silencio intenso y respiraciones contenidas. Lo que ha caído del cielo no han sido bombas, sino cien mil poemas que un helicóptero ha lanzado sobre Barcelona. Todos ellos hablan de la libertad. 

Se trata de una acción concebida por el colectivo chileno Casagrande que ya ha visitado diversas ciudades víctimas de los bombardeos fascistas. Empezaron por su natal Santiago de Chile y siguieron con Dubrovnik, Guernica, Varsovia, Berlín, Londres, Madrid y Róterdam. Ahora ha sido el turno de Barcelona, en el marco de los actos de celebración por el 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco. 

La plaza llena hasta reventar, ha esperado expectante al inicio de la performance. Entre los asistentes, muchos locales, algo poco habitual en la zona de la Catedral, que los barceloneses tienden a evitar debido a la masificación turística. A la que se ha visto aparecer el helicóptero por el horizonte, los gritos y aplausos se han adueñado de la plaza.

Cuando han empezado a caer los poemas, la muchedumbre ha alzado los brazos, intentando rescatar aunque fuera uno de los puntos de libro. No todos lo han conseguido, pero la gente se ha ido a casa contenta igual. “Ha sido precioso”, cuenta Antònia, que espera que su nieto consiga uno de los poemas que se han quedado atrapados en las ramas de un árbol a base de lanzarle pelotas.

Los puntos de libro llevan impresas composiciones de 100 poetas que el colectivo ha seleccionado entre artistas catalanes y chilenos.

El helicóptero que ha sobrevolado Barcelona iba cargado con cerca de media tonelada de arsenal poético seleccionado por los responsables de esta performance política y artística. Tras Casagrande se encuentran Julio Carrasco, Cristóbal Blanci y Joaquín Prieto, que se estrenaron en 2001 frente al Palacio de la Moneda, en Santiago de Chile. 

La que fue la residencia de Salvador Allende sólo ha sido sobrevolada en dos ocasiones: la primera fue de la mano de los militares, en 1973. La segunda, fue para cambiar las bombas con poemas.  

Aunque esta acción de Casagrande es profundamente simbólica y pacifista, los integrantes del colectivo aseguran que es algo que va mucho más allá. Pretenden “resignificar” el espacio e “invertir el significado” de los bombardeos fasctistas. “No buscamos borrar el trauma histórico, sino volver visible la memoria inscrita en el espacio urbano y reactivar la relación emocional con el pasado”, señala Carrasco. 

Efectivamente, las calles de Ciutat Vella lucen hoy llenas de turistas y visitantes que las miran, fotografían y admiran, pero sin acabar de verlas. Las paredes de los edificios góticos y los suelos empedrados todavía conservan las cicatrices y las mutilaciones de la metralla de los bombardeos del 38. 

La fachada de Felip Neri está plagada de mellas, recordando el resultado de esos bombardeos atroces que fueron un campo de pruebas para el modelo de destrucción sistemática de ciudades civiles que perfeccionarían los países del Eje durante la Segunda Guerra Mundial. 

Esta performance se enmarca en la Celebración de los 50 años de España en Libertad y ha contado con el apoyo económico y logístico del Ayuntamiento de Barcelona, que se ha encargado, entre otros, de pedir los permisos de vuelo. “El Bombardeo de Poemas es un buen ejemplo de que esta conmemoración no defensiva ni un ejercicio de nostalgia”, ha expresado Carmina Gustrán, comisionada para la Celebración. 

“Queremos devolver a las ciudades la memoria que les pertenece y celebrar la libertad conseguida estos años en contraposición con ese pasado incómodo de violencia y agresión fascista”, ha añadido la comisionada, que defiende los actos de memoria que funcionan como “una experiencia compartida”. 

Esta se espera que una a los habitantes de Barcelona, pero también a los de cualquier ciudad que haya sido víctima del fascismo. De hecho, el colectivo Casagrande, se plantea esta acción como un “diálogo entre ciudades” y plantean a Barcelona y a Santiago de Chile como “dos caras de la misma moneda” en las que se ha usado “el terror político contra poblaciones civiles y gobiernos democráticos”.

Los poemas lanzados sobre Barcelona pertenecen a un centenar de poetas, la mitad de ellos catalanes y la otra chilenos, todos ellos menores de 50 años. Los textos, impresos en catalán y castellano, son obra de hombres y mujeres por igual. Aunque no contienen necesariamente la palabra libertad, todos ellos hacen referencia a a ella de distintas maneras. 

Después de meses de sondear diversos nombres, Aliança Catalana ya ha presentado a su candidato para la alcaldía de Barcelona. Se trata de Jordi Aragonès, uno de los ideólogos de la formación xenófoba e independentista, miembro desde su creación y uno de los pesos pesados del partido. La formación cierra así un proceso de búsqueda que ha sido largo y, aunque en inicio buscaban caras más mediáticas, han acabado apostando por uno de sus ideólogos.

El anuncio se ha hecho este viernes en el Born, un yacimiento de la Barcelona de 1714 que fue un importantísimo lugar de peregrinaje del independentismo durante el procés. Desde que esas brasas se apagaron, se ha convertido en un espacio de debate alejado de los tintes políticos. Pero ahora Sílvia Orriols ha querido avivar ese fuego concentrando a los suyos en este simbólico enclave.

Bajo el lema 'Salvem Barcelona', el acto ha empezado media hora tarde y con una entrada triunfal de la líder del partido, Sílvia Orriols, que ha sido recibida entre aplausos, con el público de pie y con una nota de color inesperada: a ritmo de Lay All Your Love On Me, de ABBA.

“No necesitamos a nadie mediático, sino a alguien valiente que aplique medidas correctivas que puedan revivir a Barcelona”, ha expresado Orriols, que ha hablado antes que Aragonès. Con un tono de voz más alterado de lo que es costumbre, la líder xenófoba ha arengado a los suyos con un breve discurso en el que ha dejado claro su objetivo: “el Estado libre, seguro, próspero y occidental que nos merecemos”.

Con una cadencia mucho más calmada ha tomado la palabra el ya oficial candidato a la alcaldía de Barcelona. Ha dedicado su discurso a reivindicar el pasado “glorioso” de Catalunya, un faro de una “europa civilizada” que ahora, considera, se ha visto “mancillada”. Por eso, ha reivindicado la Barcelona “de Carlomagno” y ha asegurado que debe ser “capital de toda la Mediterránea”.

En esta línea apuesta por fortalecer vínculos las ciudades que están bañadas por el mismo mar. Ahora bien, Aragonès sólo ha mencionado a Francia, Italia y Grecia y ha descuidado toda país que quede al este y en el norte de África.

Aragonès ha tirado de sus conocimientos de historia para detectar los principales problemas de Barcelona: la vivienda y la inseguridad. Los culpables: la migración, el socialismo, las “políticas woke” y la “sumisión a España”. El candidato se ha dedicado a dar cifras para justificar su tesis: que las personas migradas que llegan a Barcelona cada año quitan los pocos alquileres que hay, lo que causa que casi medio millón de pesonas vivan “hacinadas” debido a las malas políticas de la vivienda. Todo ello causa “un conflicto social que nos devuelve al pistolerismo”.

Por eso, asegura, su objetivo es mejorar la cuestión de la vivienda, pero sólo “para los catalanes de raíz y de verdad”, una afirmación que ha despertado los vítores de los asistentes.

El acto ha acabado, no con preguntas del público sino de los periodistas, un colectivo que ha sido “vilipendiado por los militantes de Aliança Catalana”, tal como ha reconocido Eduard Berraondo, jefe de prensa del partido. El también periodista ha querido “romper una lanza” a favor del gremio y ha inaugurado “una rueda de prensa”, pero que se ha realizado ante todos los militantes. Los periodistas, al intervenir, han sido iluminados con los focos y acribillados por parte de los fotógrafos. En vista de ello, sólo ha habido dos preguntas.

La disputa con Junts

Con el anuncio de la candidatura de Aragonès, se cierra un proceso difícil para el partido, que intentó suerte con otras caras visibles como el expresidente del Barça Sandro Rosell o el exconseller Jaume Giró. Ante la negativa de ambos, Aliança se ha decantado por un perfil mucho menos conocido pero de importancia en la formación. 

Jordi Aragonès, que es primo del expresident Pere Aragonès, es un joven de 33 años que, junto a Oriol Gès y la propia Orriols, tiene la última palabra en todas las decisiones de Aliança. Han escogido para Barcelona una de las figuras con más proyección de entre sus filas, aunque hasta ahora siempre había trabajado fuera del foco mediático. De hecho, ya fue el número dos por Barcelona en las elecciones al Parlament de 2024, pero el partido no obtuvo ningún escaño en esa circuscripción.

Con este nombre se va completando ya el puzzle de los candidatos a la alcaldía de Barcelona. Hasta ahora se conocen los cabezas de lista del PSC, con un Jaume Collboni que buscará revalidar el cargo; los Comuns con Gerardo Pisarello al frente; ERC, que apuesta por Elisenda Alamany; y un PP en el que se da por supuesta la continuidad de Daniel Sirera. 

Así, sólo faltan los candidatos de Vox y de Junts, que celebra primarias este fin de semana y que dará a conocer a su candidato o candidata este domingo. Quien salga escogido de entre las filas juntaires se las tendrá que ver de cerca con Aragonès: las encuestas dan un resultado parecido a ambas formaciones, pero con una ligera ventaja a Aliança Catalana, que no sólo irrumpiría con impulso en el consistorio, sino que, además, se podría llegar a convertir en la primera fuerza de derecha en Barcelona. 

Así lo pronostica el último barómetro municipal, una encuesta de intención de voto que augura una importante pérdida de votos para Junts, que perdería el 75% de los apoyos y cosecharía los peores números de su historia (contando tanto CiU como Junts). El barómetro apunta a que Junts podría perder 10 puntos, de los cuales 4 serían cosechados por Aliança. 

Tal como ha reconocido el conductor del acto, el partido en Barcelona “no tiene nada que rascar”, pero Aliança no ha querido dejar pasar la oportunidad de ocupar unos asientos en el bastión que es la capital catalana. Allí, el partido xenófobo cuenta con 346 militantes registrados, que ascienden a 416 en el conjunto de la comarca. De ahí, que las 150 sillas que se habían dispuesto para el acto no hayan llegado ni a llenarse.

Aliança apuesta por ciudades medianas

El 23 de abril, día de Sant Jordi, patrón de Catalunya, Aliança tenía pensado anunciar diversos de sus candidatos, incluido el de Barcelona, que finalmente llegaría dos meses tarde. Pero ese día sí se reveló el nombre de otros seis cabezas de lista, casi todo en ciudades medianas donde la formación cuenta con encuestas favorables. 

Según la lista hecha pública por Aliança, su candidato en Reus será el abogado Jonathan Cortijo, alineado con las tesis de la formación. Arnau Liesa, docente y escritor, lo será en Figueres. El candidato de Tortosa ha sido una de las sorpresas de la jornada, pues la persona propuesta es Eduard Rel, exdirigente local del PSC. 

Completan la lista Viqui Novell en Tàrrega, Olga Pagès en Banyoles y Marina Quintana en Roda de Ter. Esta es, sumando el nombre de Aragonès, toda la nómina de candidatos de la que dispone la formación encabezada por Sílvia Orriols, alcaldesa de Ripoll que ha manifestado su intención de volver a presentarse por la localidad.

Después de esa jornada, se sucedió un degoteo de anuncios como el de Xavier Capelles, exfundador de Societat Civil Catalana para Manresa, o Joana Berrio, presidena de la Asociación Cultural Sabadell e Israel para la cocapital del Vallès Occidental.

El independentismo de extrema derecha, que entró por primera vez en el Parlament en las elecciones de 2024, ve las elecciones municipales de 2027 como una oportunidad para crecer y consolidarse en municipios grandes como podría ser el caso de Barcelona y disputarse a una buena parte del electorado que ha acabado, o bien desencantada con los líderes independentistas, o bien cautivada por los discursos securitistas i xenófobos.

En los últimos años, los modelos familiares han ido cambiando y cada vez son más los hogares formados por personas que no sólo están unidos por la sangre. A pesar de ello, los permisos de duelo, cuidados o acompañamiento están limitados a aquellas personas que comparten vínculos de sangre. En cambio, dejan fuera a amigas, vecinos o familiares más lejanos, pero con quienes la relación puede ser mucho más cercana. 

“Nuestros vínculos van mucho más allá de la consanguinidad y una normativa que sólo contempla la sangre y el estado civil tiene muchas limitaciones”, apunta Ariadna Mendieta, socia de la cooperativa L’Esberla, que permite a sus trabajadores seleccionar hasta seis personas de su entorno a quien quieran aplicar permisos de conciliación que corresponderían a familiares de primer y segundo grado (cónyuges padres, hijos, hermanas, abuelos, cuñados o nueras).

“Hay mucha gente que no tiene relación con su padre, pero sí con su vecina. O que prefiere cuidar de su mejor amiga porque tiene menos red que cualquier otro familiar directo”, sigue Mendieta. Esta apuesta, que hace tres años que está en marcha, se revisa anualmente y busca que los cuidados sean más equitativos. “Las familias son diversas y no es de recibo que alguien se tenga que tomar días de vacaciones para cuidar de alguien sólo porque la normativa no contemple ese vínculo”, explica. 

Esta medida es una de las seleccionadas por la Generalitat de Catalunya para la Agenda Catalana de Conciliación y Corresponsabilidad, una guía en la que han participado hasta nueve conselleries y que recoge buenas prácticas de empresas. El documento, que ha sido presentado este viernes, incluye ejemplos de diversos ámbitos y tipologías que funcionan como recomendaciones para quienes quieran mejorar la conciliación de sus trabajadores. 

La idea es que, a finales de año, esta Agenda se complemente con una herramienta digital que, a través de un diagnóstico, recomiende las medidas que cada empresa, asociación o cooperativa puede implementar de manera más eficiente y las que encajen mejor con el tipo de actividad y trabajadores. Además, también habrá seguimiento y asesoramiento para aquellas que se decidan a dar el paso. 

“La Agenda es una apuesta de país para impulsar una transformación real en la manera de organizar el tiempo que sea compatible con las diversas formas de vida”, ha asegurado la consellera de Feminismos e Igualdad, Eva Menor, en declaraciones a elDiario.es. 

Esta política, sigue la consellera, es una manera de compensar a las mujeres, que todavía hoy siguen siendo las que se encargan, en mayor medida, del trabajo de cuidados. “Eso afecta a nuestras carreras, a las pensiones y prestaciones”, apunta. “Pero esto no es sólo para las mujeres, es una medida para garantizar la sostenibilidad de nuestro sistema social y productivo”, ha añadido.

En esta línea, otros colectivos que saldrán beneficiados de estas políticas de conciliación son el LGTBIQ+ y las comunidades migrantes. Son los que, por diversas razones, han constituido círculos y redes que van más allá de los lazos de sangre y quienes más necesidad tienen de repensar qué se entiende por “familia”. 

“El objetivo de esta herramienta es transformar la sociedad y ayudar a avanzar hacia modelos más flexibles y compatibles con la vida”, insiste la consellera Menor, que asegura que “trabajar y tener un proyecto de vida debería ser un derecho que se pueda ejercer en igualdad de condiciones”. 

Más teletrabajo para la conciliación veraniega

El análisis del Govern apunta a que la organización del tiempo es uno de los principales hándicaps a la conciliación y, por ello, recomienda a las empresas que sean “flexibles” en los horarios de salida y entrada, en la elección de los periodos de vacaciones y en las políticas de teletrabajo. Sobre todo durante el verano, que es cuando la conciliación más se puede complicar para las familias con hijos. 

La Agenda recoge diversas buenas prácticas en este ámbito, como las de la empresa Brico Depot, que ofrece la posibilidad de teletrabajar al 100% durante las dos semanas anteriores y posteriores de las vacaciones de verano e, incluso, contempla poder operar en remoto desde el extranjero. Esta apuesta del Govern para fomentar el trabajo en remoto contrasta con las políticas que se están llevando para con los empleados públicos. La conselleria de Presidencia ya eliminó el teletrabajo para los altos cargos el pasado año y recientemente ha planteado una paga para quienes renuncien a este beneficio.

Más allá del teletrabajo, la Agenda plantea otras opciones como las que ofrece Tous, que pone a disposición guarderías gratuitas para sus trabajadores. Pero como los cuidados también pueden ser de personas mayores, se han destacado prácticas como las de la asociación Viu Lleure, que facilita talleres semanales para luchar contra la soledad en la tercera edad, a la vez que libera a sus cuidadores durante unas pocas horas. 

Lo importante de estas medidas, recuerda Menor, es que no son puntuales ni momentáneas, sino que se han incorporado al día a día de las empresas como una conquista de derechos. “Pueden ser mejoras estructurales, pero también se puede empezar por cosas más simples”, insiste la consellera. 

Por ejemplo, destacan medidas que no requieren cambiar el convenio colectivo como establecer que las reuniones de trabajo se harán siempre en horarios concretos que garanticen la presencia de las personas que cuentan con una reducción de jornada. También las hay que han decidido crear un permiso de divorcio, igual que existe en los casos de unión.

“Hay muchas empresas a las que dar el paso les cuesta porque creen que dar mejores condiciones a las trabajadoras es un gasto innecesario, pero en realidad es una inversión”, sostiene Ariadna Mendieta, que recuerda que la principal causa de ausencia en el trabajo son las bajas por depresión y ansiedad. “Si garantizas el bienestar de la plantilla, se consigue un trabajo a gusto y más vinculación con el proyecto”, sostiene. “Eso, además de un respeto por la vida personal de cada quien”. 

El Ayuntamiento de Barcelona ha puesto en conocimiento de la Fiscalía una presunta agresión sexual perpetrada por un miembro del cuerpo de Bomberos a una ciudadana.

Los hechos se remontan a la madrugada del 6 al 7 de junio, cuando el agente habría llegado al parque de bomberos de la Zona Franca “después de haber consumido drogas y alcohol, en su coche y acompañado de la víctima”, tal como ha explicado el teniente de alcalde y responsable del área de Seguridad, Albert Batlle.

Según el consistorio, la víctima llegó al lugar de los hechos “en estado de embriaguez y desorientación”. Allí perdió la conscienia y, cuando despertó, llamó al 112 tras sospechar que había sido víctima de una agresión sexual. Los efectivos médicos y de la Guàrdia Urbana se desplazaron hasta el parque; los primeros trasladaron a la mujer hasta el Hospital Clínic, donde se activó el protocolo para agresiones sexuales.

Por su parte, la policía municipal instruyó la causa por presunta agresión sexual. Asimismo, el Ayuntamiento ha incoado un expediente disciplinario al presunto agresor y se le ha suspendido cautelarmente.

También se ha iniciado una investigación para esclarecer los hechos y acabar de aclarar si la agresión se produjo dentro del parque de Bomberos y si se produjo antes o durante la jornada laboral del presunto agresor -que iniciaba su guardia el domingo 7.

Tal como ha explicado Batlle, el Ayuntamiento tuvo constancia de los hechos al día siguiente y, al cabo de dos, el 10 de junio, los puso en conocimiento de la Fiscalía. “Lo hacemos para salvaguardar la imagen y el prestigio del cuerpo, una institución que se fundamenta en la confianza ciudadana y en los valores”, ha explicado el teniente durante la rueda de prensa convocada para explicar los hechos.

“Lo sucedido es de una extremada gravedad y es incompatible con los valores de servicio público y el funcionamiento de los parques de bombero actuaremos con la máxima determinación, garantizando la presunción de inocencia y el respeto a los procedimientos”, ha añadido.

Batlle, que ha apuntado que el consistorio no descarta personarse como acusación particular, ha asegurado que ya han empezado a trabajar en la creación de una unidad deontológica y de asuntos internos. También se instalarán cámaras de vigilancia perimetral en todos los parques y se revisarán las normas de convivencia. En este punto, se hará hincapié en las instrucciones sobre las visitas a los parques y el consumo de alcohol y substancias.

El director del cuerpo de Bomberos de Barcelona ha insistido en que el código deontológico es “muy claro” y, en base a eso, la dirección del cuerpo se ha reunido la mañana de este jueves con los mandos para dejar claro que “se será intransigente con cualquier tipo de estas conductas”, según Sebastià Massagué.

Poco más de una hora después de que la consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon, asegurara que el proyecto piloto para incorporar agentes de los Mossos d'Esquadra en varios centros educativos se encuentra “en fase de parálisis”, el Govern ha salido a rectificar las palabras de la consellera y ha asegurado que sus palabras han sido “descontextualizadas” y que el polémico plan piloto sigue en marcha.

En un comunicado, el Departament de Interior ha matizado y ha asegurado que si el plan está “parado” es porque actualmente la primera fase de la prueba piloto ha llegado a su fin, coincidiendo con el final de curso. El plan sigue el calendario previsto y después de las vacaciones seguirá con la segunda fase en el primer trimestre del curso que viene. Al final del mismo, el piloto entrará en fase de evaluación para ver si la medida es “sostenible y escalable”. En ese supuesto, estudiará llevar la presencia de mossos a más escuelas pero, según ha confirmado Interior a elDiario.es, por el momento, el plan no se estenderá.

Una propuesta polémica

Parlon, en una entrevista en Catalunya Radio, ha defendido la iniciativa y ha insistido en que se ha interpretado de forma errónea. Según ha explicado, la propuesta nunca contempló la presencia de agentes en las aulas para vigilar a los alumnos ni realizar controles o registros, sino que perseguía reforzar la convivencia y la seguridad en los centros.

El plan preveía que, con el visto bueno de las direcciones de escuelas e institutos, un mosso de paisano y sin arma permaneciera de forma habitual en determinados centros para intervenir en situaciones relacionadas con conflictos de convivencia o problemas de seguridad.

Sin embargo, la medida generó una fuerte oposición dentro de la comunidad educativa. Los principales sindicatos del sector rechazaron la propuesta y defendieron que la mejor respuesta a los problemas de convivencia pasa por aumentar las plantillas de psicólogos, educadores e integradores sociales, en lugar de incorporar efectivos policiales.

La contestación al proyecto también tuvo consecuencias prácticas. Al menos cuatro de los catorce centros seleccionados inicialmente para participar en la prueba piloto renunciaron a hacerlo después de que sus respectivos claustros se pronunciaran en contra de la iniciativa.

Parlon ha lamentado que el proyecto viera la luz en un contexto especialmente complicado, marcado por las movilizaciones y huelgas del profesorado, una circunstancia que, a su juicio, dificultó que la propuesta pudiera ser valorada con normalidad y favoreció el rechazo de una parte significativa del sector educativo.

Otro asunto que incrementó el rechazo al plan piloto fue que el anuncio del mismo coincidió con la infiltración de dos agentes de los Mossos en una asamblea de docentes para preparar una de las jornadas de huelga del pasado mes de mayo.

Más preguntas que respuestas

La presencia de Mossos en los centros educativos causó mucho rechazo en las escuelas, que también lamentaron la poca claridad del plan expuesto por el Govern. Para empezar, muchos de los centros seleccionados para el plan piloto denunciaron que se enteraron por la prensa y, a pesar de que la consellera aseguró en diversas ocasiones que la participación era voluntaria, insistieron en que no se consultó ni al claustro ni a las familias.

De hecho, ni Interior ni Educación presentaron el plan públicamente, sino que se filtró a medios antes siquiera de que fuera debatido en el sector. Además, los detalles sobre el plan fueron cambiando a medida que tanto docentes como familias y medios hacían preguntas. Si bien, al principio, se explicó que los agentes tendrían su propio despacho en los centros, luego se aseguró que no sería así.

Tampoco se dejó claro si los policías interactuarían directamente con el alumnado o si sólo tratarían con el profesorado. Igualmente, en inicio se planteó que el plan piloto se desarrollara sólo en centros de máxima complejidad y luego resultó que los 14 seleccionados constituían una “muestra territorial”.