Profesorado y familias rechazan desplegar mossos en institutos catalanes: “La autoridad debe ser el docente”

La intención de la Generalitat de Catalunya de destinar agentes de los Mossos d’Esquadra a centros educativos con elevada conflictividad ha causado una enorme sorpresa entre el profesorado y las familias. Ni los sindicatos ni la comunidad educativa lo había pedido nunca, con lo que la mayoría lo ha recibido con estupor y sobre todo con rechazo, a la espera de conocer los detalles del plan piloto. 

La percepción de que la violencia física y verbal ha aumentado en las aulas, entre alumnos y hacia profesores, es algo que vienen denunciando muchos docentes desde hace unos años. Pero ni en las mesas sindicales ni en los protocolos contra agresiones (el último, de 2023-2024) del Departamento de Educación se había mencionado hasta ahora una aproximación policial al problema, en este caso con mossos de paisano destinados en centros concretos. 

“Pedimos una rectificación inmediata. Nadie lo ha pedido”, señala Iolanda Segura, portavoz de USTEC-STEs, el sindicato mayoritario en la educación pública. Su enfoque para rebajar los incidentes en algunos centros pasa por bajar ratios, desdoblar algunos grupos y desplegar el plan de convivencia con más recursos para coordinación. 

De hecho, algunas de las fuentes consultadas acusan al Departamento de Educación de recurrir ahora a agentes de policía después de haber eliminado el pasado verano plazas de educadores sociales e integradores que estaban financiadas con fondos europeos. “Nos dijeron que era una cuestión presupuestaria y ahora resulta que podemos tener un plan con mossos distribuidos por centros del territorio”, se lamenta Lidón Gasull, presidenta de la asociación de familias de alumnos AFFAC. 

El rechazo docente choca con uno de los argumentos que ha ofrecido por ahora Educación, que espera ofrecer más detalles del proyecto en las próximas semanas. Fuentes del Departamento aseguran que su origen es el “incremento de la complejidad en el entorno de los centros educativos” y que es una demanda “fuertemente reclamada desde el mundo docente”. Además, defienden que existen iniciativas similares en otras nueve comunidades autónomas.

Lo que por ahora se conoce del plan es que está elaborado conjuntamente por Educación e Interior, bajo el nombre de Plan Integral para la Seguridad y el Bienestar en el entorno Educativo (EDUSEG), y que contempla la incorporación fija de un agente en determinados centros, los más conflictivos, para hacer tareas de prevención, acompañamiento e intervención. Cuándo y cómo actuará exactamente es algo que todavía está por definir. 

De momento, dos mossos comenzarán ya a trabajar en dos centros, de El Prat de Llobregat y Sabadell. También se prevé que se desplieguen en Zonas Educativas (es decir, como referentes de más de un colegio) de L’Hospitalet de Llobregat, Vic, Alta Ribagorça-Val d’Aran y Tàrrega. 

Uno de los dos centros que lo pondrá en marcha este mes, el de Sabadell, lo considera una “oportunidad” para mejorar de la convivencia. En una comunicación remitida a las familias, que ha podido consultar elDiario.es, explican que el agente, que ya era referente del centro, se integrará “en el día a día del centro sin uniforme, para facilitar una relación de proximidad con la comunidad educativa”. 

De forma genérica, informan de que contribuirá a detectar y gestionar incidencias, desde un enfoque educativo y comunitario: “Se da un paso más hacia una presencia más continuada, con un enfoque de acompañamiento y, si hace falta, intervención”, afirman.

El deterioro de la convivencia en algunos centros es motivo de denuncia por parte de los sindicatos desde hace años. Desde Professors de Secundària lo han recalcado en repetidas ocasiones. “Si el Govern despliega policías en las aulas, medida bastante extrema, es que reconoce que estamos tocando fondo”, concluyen en un comunicado. Sin embargo, se desmarcan de una medida que consideran que desvía el foco. “La autoridad en el aula debe ser del docente, no de la policía”, alegan, y añaden que lo que debería hacer la Generalitat es garantizar mayor “protección jurídica” al cuerpo docente.

Otra de las exigencias del profesorado, así como de la asociación de familias AFFAC, es ir a lo que consideran la raíz de los episodios de violencia y tensión, que atribuyen a la pobreza y la marginalidad en la que viven muchos alumnos. “Hacen falta más políticas de vivienda, de salud mental, de equipamientos juveniles, de inversión en educación… No vemos que se trate de un problema de orden público que requiera de policía”, señala Eduard Núñez, secretario de Educación de CCOO. 

En lo que va de curso, el Departamento de Educación ha contabilizado en su Registro de Violencias del Alumnado (REVA) un total de 5.331 incidentes, de los que 1.718 son de acoso escolar, 573 son agresiones y 165, situaciones de odio y discriminación. Hasta ahora, lo que establece el Protocolo ante cualquier tipo de violencia en el ámbito educativo, aprobado por Educación, es que el profesorado debe comunicar estos episodios a la Inspección y a la Unidad de Atención y Apoyo al Alumnado en situación de Violencia (USAV). Es el paso previo a adoptar medidas como expedientar al agresor, apartarlo del grupo temporalmente o valorar una mediación. 

A los Mossos solo se les comunica el caso si la acción acarrea un presunto delito y si su autor es mayor de 14 años. A partir de ahora, sin embargo, la policía sí podrá actuar en los centros piloto con mayor margen que el que ofrece el protocolo de Educación.