Una ayuda universal de 150 euros al mes para alimentación: una iniciativa busca incluir la comida en el estado del bienestar

Si la educación y la sanidad son dos pilares del estado del bienestar, y la sociedad española asume que deben estar garantizados para todos los ciudadanos, ¿por qué no sucede lo mismo con la alimentación? Con unos niveles de pobreza que impiden a cientos de miles de personas el acceso a una dieta saludable, ¿deben ir las administraciones más allá de las tarjetas monedero y las ayudas de entidades sociales? 

Estas son algunas de las ideas detrás de la primera iniciativa en España para promover una prestación universal alimentaria. El informe Aproximación macroeconómica a la Seguridad Social de la Alimentación en el Estado español, presentado este martes, plantea una ayuda de 150 euros al mes para toda la ciudadanía (75 euros para los menores de 25 años dependientes) para costear productos de frescos, de temporada y de proximidad. 

La propuesta nace de la cooperativa catalana El Pa Sencer, vinculada a la agricultura ecológica y la economía solidaria, y el estudio económico lo elabora el Seminari d’Economia Crítica Taifa. “El derecho a una alimentación saludable y suficiente debe ser considerado como un elemento político de justicia”, defiende Francisco Navarro, profesor de Economía en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y uno de los autores del informe. 

A lo largo de los últimos años, países como Bélgica y sobre todo Francia han debatido sobre modelos parecidos. Sobre todo en el país galo, donde se llegó a tramitar en la Asamblea Nacional, a raíz de la propuesta de un diputado ecologista, una ley para permitir proyectos piloto en el territorio sobre una Seguridad Social de la Alimentación (SSA). 

Una de las ciudades donde se está haciendo la prueba es en Montpellier, a través de una Caja Alimentaria Común. Con unas 300 personas desde sus inicios en 2023, el sistema funciona con cotizaciones (en función de los ingresos) que derivan en una prestación que los beneficiarios pueden gastar en determinados comercios alimentarios. Esos locales los selecciona una suerte de consejo ciudadano. 

“En Francia se ha debatido un modelo como el de la Seguridad Social, que funciona a partir de contribuciones, mientras que en España podrían ser a través de los presupuestos generales del Estado, igual que la educación”, sostiene Navarro. 

Con la propuesta de los 150 euros al mes, la más ambiciosa dentro de una serie de escenarios que analiza el estudio, el coste para las arcas públicas sería de 76.800 millones de euros, un 4,7% del PIB. Superior al gasto educativo e inferior al de sanidad. 

Los autores del informe estiman que una parte de ese presupuesto alimentario saldría de una mayor recaudación neta, de unos 13.300 millones, debido al impulso económico a sectores como el primario, con la generación de unos 443.000 nuevos puestos de trabajo. El resto se cubriría mediante impuestos, para lo que el estudio plantea una serie de propuestas “orientativas” que incluyen el IRPF y el aumento de la recaudación de las rentas del capital, los impuestos de Sociedades y Patrimonio, o la eliminación de tipos reducidos en el IVA de productos no esenciales. 

“Es una medida muy potente y es necesario estudiar cómo se pagaría, pero estamos hablando de alimentación, mientras que la OTAN plantea llegar al 5% de gasto militar en 2035 y aquí nadie se plantea cómo se costearía”, compara Navarro. 

Más allá de la prestación de 150 euros, calculada para acercarse al 80% del gasto medio por persona en alimentación en el hogar, el objetivo de esta política pública persigue eliminar la pobreza alimentaria y transformar el modelo económico y agrario relacionado con nuestra cesta de la compra. “El modelo actual es ampliamente ineficiente, insostenible social y ecológicamente, y desarticula el territorio porque ayuda a la despoblación”, señala Navarro. “Necesitamos una política que unifique las transiciones hacia el modelo contrario”. 

La renta alimentaria estaría diseñada, según su propuesta, para consumir solo en establecimientos o productos que sean de proximidad, saludables o incluso ecológicos. Esto, añaden, se podría debatir en consejos ciudadanos o territoriales, y no debería excluir las importaciones necesariamente. De esta forma, ganaría peso un modelo agrario con menos emisiones de CO2 y menos costes de salud asociados.