“Estoy absolutamente orgullosos de Juanma Moreno, de su resultado y de su tercer mandato como presidente”. Así despejó este lunes Alberto Núñez Feijóo las preguntas sobre el pacto con Vox que ha permitido a su partido retener la Junta de Andalucía. Un “orgullo” que hace extensivo al resto de barones autonómicos que han revalidado este año sus gobiernos, pero insuficiente para que el líder del PP lo ratifique con su presencia en las tomas de posesión de sus presidentes.

Feijóo no ha asistido a ninguna de las cuatro ceremonias de toma de posesión de los presidentes del PP de este 2026. No estuvo en abril a las de María Guardiola y Jorge Azcón en Extremadura y Aragón, respectivamente. Tampoco en junio en la de Alfonso Fernández-Mañueco en Castilla y León. Ni este pasado domingo a la de Moreno en Andalucía, donde el presidente andaluz reconoció que “los acuerdos no gustan al 100% ni a las partes que lo firman”.

La explicación de su ausencia la dio el propio Feijóo en la misma entrevista en Antena 3 en la que mostró su “orgullo” por los acuerdos con Vox. “No tiene ningún sentido que vaya a Andalucía, y no hay absolutamente nada más”, espetó a la presentadora, después de apuntar que no ha “ido a ninguna toma de posesión de ningún presidente autonómico”.

Feijóo se refiere solo a las cuatro de 2026, porque sí ha asistido como jefe del PP al menos a dos tomas de posesión de presidentes autonómicos. En 2022 acudió a Andalucía a la de Juan Manuel Moreno, al mismo al que ha plantado ahora. Ya en 2023, Feijóo podía haber elegido más de media docena de barones a los que respaldar con su presencia. Optó por Isabel Díaz Ayuso. Y en 2024 refrendó a su sucesor al frente de la Xunta, Alfonso Rueda.

Desde el equipo de Feijóo explican a elDiario.es que, como no ha ido “a ninguna de las últimas” —de este 2026—, el líder del PP no podía “ir tampoco a la de Andalucía”. Según explicó Feijóo en Antena 3, la que marcó la tendencia fue la toma de posesión de Guardiola porque “tocó un día de semana” que el líder del PP “no podía ir”.

Efectivamente, Guardiola tomó posesión como presidenta de Extremadura para un segundo mandato el 30 de abril. Era entre semana, un viernes. Ese día, Feijóo no tuvo agenda pública, según la documentación remitida entonces por el PP, lo que no es óbice para que pudiera tener agenda privada. Tampoco la tuvo el sábado ni el domingo.

Al acto en Mérida acudió el secretario general, Miguel Tellado, quien había teledirigido las conversaciones entre el PP y Vox para investir a la presidenta extremeña. Fue el pacto más complicado de alcanzar porque sentó las bases de los siguientes al incluir por primera vez la “prioridad nacional”. Guardiola ha sido la única que ha necesitado una segunda sesión de investidura para recibir el apoyo de Vox.

Tellado también asistió a la toma de posesión de Jorge Azcón. A Zaragoza le acompañó su predecesora en el cargo y actual vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra. Fue un 30 de abril, jueves, a las cinco de la tarde. Ese día había sesión plenaria en el Congreso que incluía votaciones, recuerdan desde el equipo de Feijóo para explicar su ausencia. Aquella jornada concluyó antes de la una de la tarde después del debate de dos decretos y las votaciones pendientes.

La tercera de las tomas de posesión fue la de Mañueco, el 11 de junio. Otro jueves, motivo aducido por el equipo de Feijóo para señalar también la ausencia no solo de Feijóo, sino por ejemplo de Tellado. Aquel día acompañaron al presidente de Castilla y León la vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, y la portavoz en el Senado, la abulense Alicia García. El acto de toma de posesión estaba convocado al mediodía. El pleno de aquel jueves, con votaciones, fue más largo y concluyó pasadas las dos de la tarde.

Moreno pierde autonomía

Este domingo, tal y como justificó Feijóo, optaron por enviar al acto de Moreno a “dos miembros del Comité de Dirección”, Elías Bendodo y Juan Bravo. Ambos son exconsejeros del primer Gobierno de Moreno, y abandonaron sus responsabilidades de gestión en 2022 para integrar el equipo de Feijóo en Madrid. Bendodo como coordinador general, primero, y ahora degradado a vicesecretario de Política Autonómica. Bravo es vicesecretario de Hacienda y Vivienda, después de haber perdido Economía en favor de Alberto Nadal.

Las fuentes del PP consultadas explican que Feijóo sí asistió en 2022 a la investidura de Moreno por su mayoría absoluta “en el territorio más poblado” y justo después de su aterrizaje en Madrid. “Tienen un significado”, apuntan desde Génova.

Lo mismo ocurre con las de Madrid en 2023: “La mayoría absoluta de Isabel en la comunidad autónoma en la que Feijóo vive tiene un significado”. En cuanto a la de Rueda en 2024, la explicación es la misma: “La mayoría absoluta en la Galicia pos-Feijóo tiene un significado”.

En resumen, el líder del PP solo ha ido a tres investiduras desde que llegó a Madrid, y las tres con mayoría absoluta de sus respectivos barones.

Con todo, su ausencia este domingo en el Palacio de San Telmo ha provocado marejada interna en el partido. Aunque oficialmente asumen la explicación de Génova y apuntan a cuestiones de agenda, fuentes de la dirección del PP andaluz sostienen que la relación entre la dirección nacional y la andaluza no pasan por su mejor momento.

El problema no es tanto entre Feijóo y Moreno, de cuya amistad recíproca han presumido ambos de forma habitual desde 2022. Las fuentes consultadas sostienen que esa relación personal se mantiene. Son los equipos los que tienen visiones diferentes e intereses a veces contrapuestos.

Es el caso de la “prioridad nacional”. Es público y notorio que Moreno no quería ni oír hablar de lo que él mismo llamó “eslogan vacío” y tildó de “ilegal” o “irrealizable”, aunque ahora desde la Junta se sostiene que desde el primer momento fueron conscientes de que no iban a tener más remedio que firmar lo mismo que habían firmado antes Guardiola, Azcón y Mañueco.

La pérdida de la mayoría absoluta ha supuesto también que Moreno deje de ser intocable. Desde su entorno apuntan que una parte del partido le “tenía ganas” por desmarcarse de los demás barones y dirigentes en asuntos centrales y presumir de una “vía andaluza” que ahora se ha teñido de verde Vox.

El PP andaluz asume el coste para la marca de Moreno, que tendrá ahora que limitar el alcance de la entrada de Vox en el Gobierno si quiere mantener la imagen que se ha forjado desde 2019, cuando logró arrebatar la Junta al PSOE tras perder los comicios y, también entonces, con ayuda de la ultraderecha.

El objetivo fundamental en este momento es garantizar la llegada de Feijóo a la Moncloa. Y, para eso, todos deben ir a una. Feijóo, quien asumió la dirección del PP aupado por los barones, presumió durante toda su carrera de su independencia de Madrid y abogó por dejar a sus líderes autonómicos hacer, exige ahora unanimidad interna ante el gran reto de su mandato: ser presidente del Gobierno a la segunda.

Ausencia de ministros

Desde el PP replican que “es más llamativo” que ningún ministro haya asistido a ninguna de las cuatro tomas de posesión de presidentes del PP que se han celebrado este año, incluida la de Moreno, y piden “comparar cuántos fueron” a la de Salvador Illa como presidente de la Generalitat catalana.

Aquel acto se celebró en agosto de 2024 y, efectivamente, acudieron cinco ministros: la entonces vicepresidenta primera, María Jesús Montero; el de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños; el de Industria y Turismo, Jordi Hereu; el de Cultura, Ernest Urtasun; y la de Ciencia, Diana Morant.

Desde el Gobierno aseguran a elDiario.es que “no hay un protocolo” que determina quién debe o no acudir en representación del Ejecutivo central a las tomas de posesión de otras instituciones, y sostienen que “muchas veces, se acude o no, con mayor o menor representación ministerial, en función del ‘feeling’, del cariño y de la amistad” que existe entre las personas “más allá de los cargos”.

En el caso de Moreno, las fuentes oficiales consultadas explican que la invitación de la Junta de Andalucía llegó “al correo del Ministerio de Política Territorial sin mayor cariño ni nada parecido”, y que se decidió “delegar en la secretaria de Estado, Myriam Álvarez”. Ocurrió lo mismo, recuerdan, en Castilla y León. “En otros casos”, apuntan las mismas fuentes, “se ha delegado en un director general”.

“Puede parecer poco profesionalizado”, aducen desde el Gobierno, y añaden: “Pero si viviéramos en un mundo que ya no existe, el presidente autonómico lo normal es que llame e invite” personalmente a ministros o altos cargos con los que tiene afinidad.

“Pero las relaciones no son esas ya”, explican desde el Ejecutivo. No hay más que recordar uno de los casos más llamativos recientes, cuando Isabel Díaz Ayuso prohibió la presencia del ministro de la Presidencia y de Justicia, Félix Bolaños, en los actos oficiales del 2 de mayo. Fue en 2023, en las vísperas de las elecciones autonómicas de finales de ese mismo mes. Ayuso justificó su decisión con una batería de falsedades y se erigió en poder absoluto en la región para justificar el veto: “¿Dónde queda mi voluntad como presidenta?”.

El homenaje oficial del Parlamento de Andalucía por el fusilamiento de Blas Infante -en agosto se cumplirá 90 años- se ha saltado el protocolo y el armisticio institucional que suele destilar esta efeméride, y ha mutado en un cruce de acusaciones toscas entre los portavoces de los tres grupos de izquierdas -PSOE, Adelante Andalucía y Por Andalucía- y el portavoz del PP, ante la mirada impávida del presidente de la Junta.

Juanma Moreno juró el cargo el domingo en el Palacio de San Telmo, y este lunes acudió al homenaje al “padre de la patria andaluza” -reconocido así en el Estatuto de Autonomía-, su primer acto oficial como presidente tras las elecciones del 17 de mayo. También era el primero bajo el signo del acuerdo de Gobierno firmado con Vox, que recoge, entre las 150 medidas, la derogación de la Ley andaluza de Memoria Histórica, cuya razón de ser es, entre otras cosas, la búsqueda y exhumación de las fosas de los fusilados por el franquismo, todavía con casi 50.000 desaparecidos, entre ellos el cadáver del propio Blas Infante.

De todas las medidas que el PP de Moreno ha pactado con Vox para ser investido presidente, ésta es la que más ha violentado el acto institucional de hoy, más parecido a una confrontación política que a la habitual sesión protocolaria de estos homenajes veraniegos.

Los discursos de los portavoces de izquierdas -incluso el del presidente del patronato de la Fundación Blas Infante, Javier Delmás Infante- estaban trufados de dardos a la polémica “prioridad nacional” de Vox, el término antiinmigrante asimilado ya por el PP. “Blas Infante rechazó cualquier forma de racismo, superioridad o rechazo al diferente”, dijo Delmás Infante, heredero del político, que también hizo mención a la “crisis climática”, otro de los frentes negacionista de la extrema derecha.

Incluso el plantón del grupo parlamentario Vox -que jamás ha acudido a este acto, porque rechaza el Estado de las Autonomías y se ha mofado en el pasado de la figura de Blas Infante- parecía una mayor afrenta hoy al Parlamento andaluz, por ser el primero desde que son socios del Gobierno autonómico.

Las izquierdas vienen denunciando el “desmantelamiento” de la Ley andaluza de Memoria Histórica desde 2019, cuando Moreno es investido presidente, por primera vez, con los votos de PP, Ciudadanos y Vox. Entonces ya pactó con la ultraderecha la derogación de dicha ley, que fue aprobada en 2017 sin ningún voto en contra (los populares se abstuvieron), pero este punto del acuerdo no llegó a ejecutarse ni en aquella primera legislatura, ni en la segunda, ya con mayoría absoluta.

Moreno se comprometió a derogarla para sustituirla por una Ley de Concordia -igual que ha vuelto a hacer con el acuerdo firmado la semana pasada- pero siempre que se alcanzase un consenso mayor que el que tuvo aquella Ley de Memoria. Vox siempre le acusó de haber incumplido aquel punto del pacto, de hecho, llegó a presentar hasta tres iniciativas legislativas para tumbar la citada ley y sustituirla por una “de concordia”, aunque una de ellas era una ley con un único artículo derogatorio. El PP les rechazó todas.

Ahora vuelve a suscribir aquel compromiso, esta vez con los de Santiago Abascal dentro del Consejo de Gobierno, y con el precedente de otras comunidades donde gobiernan juntos PP y Vox, que ya han derogado las políticas memorialistas (Islas Baleares). El Ejecutivo de Pedro Sánchez, a través de su secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, ya adelantó la semana pasada a preguntas de elDiario.es que si la Junta de Andalucía acaba con la ley autonómica, lo recurrirán al Tribunal Constitucional, como ya hicieron contra el Gobierno balear.

El homenaje a Blas Infante, celebrado en el patio del Parlamento andaluz junto al busto del “padre de la patria andaluza”, ha servido para que cada partido reinterprete las palabras del líder andalucista, fusilado por los franquistas en agosto de 1936, bajo el prisma de la actualidad política andaluza.

María Jesús Montero, secretaria general del PSOE andaluz, ha denunciado la “paradoja y enorme contradicción” de escuchar a Moreno defender el legado de Blas Infante, a la par que “desmonta” la Ley de Memoria, y “se abre la puerta a quien ridiculiza a Blas Infante y a quien nunca ha creído en el autogobierno andaluz”. “No puede quedarse con la bandera blanca y verde y renunciar a su contenido”, le ha espetado al dirigente popular.

En el mismo sentido se han expresado los portavoces de Adelante Andalucía y de Por Andalucía, aunque el más beligerante, el que ha subrayado que “tenía que saltarse el protocolo”, ha sido el portavoz andalucista, José Ignacio García, que ha acusado a Moreno de manosear los símbolos del andalucismo, desde la bandera blanca y verde hasta la figura de Blas Infante, a la par que pacta el nuevo Gobierno andaluz con la ultraderecha. “Fue asesinado por los padres políticos de los que estos días entran en el Gobierno andaluz”, ha dicho.

García también ha recordado que uno de los objetivos de la Ley andaluza de Memoria, que Moreno se ha comprometido a derogar, es precisamente “permitir encontrar el cuerpo de Blas Infante”, arrojado a una fosa común tras ser fusilado. Rosa María Rodríguez Ruz, diputada de la coalición Por Andalucía, se ha expresado en el mismo sentido: “Hay 50.000 personas desaparecidas en Andalucía y una de ellas es Blas Infante. Nos negamos a que el padre de la patria andaluza sea sólo una estatua”, ha afirmado.

En su turno, el portavoz del PP en el Parlamento, Toni Martín, ha devuelto la bronca a los portavoces populares, en especial a Montero, a la que ha acusado, en su rol de exministra de Hacienda, de haber “convertido a Andalucía en una tierra de segunda división”. “Este debía ser un acto de unidad en torno al legado de Blas Infante, y aquí se ha hecho utilización política, sólo he oído soflamas”, ha dicho, tras afear a la líder socialista de “radicalidad absoluta” y de haber incumplido con el legado andalucista durante los casi 40 años que gobernaron esta tierra.

Martín también ha afeado a Adelante Andalucía y a Por Andalucía que hoy reinterpreten la figura de Blas Infante como una suerte de “guerrillero, una especie de Che Guevara andaluz”, y que hayan “ensucidado” la bandera andaluza “colocándole sus símbolos”, en referencia a la estrella roja de cinco puntas.

El presidente del Parlamento andaluz, el popular Jesús Aguirre, ha hecho un llamamiento a la concordia y al entendimiento, tras haber escuchado a los partidos atizándose en plena conmemoración. Moreno ha cerrado el acto, una vez más, reivindicando la “vía andaluza del diálogo, la concordia y el entendimiento”, esa filosofía política en defensa de la moderación, que hoy todos le cuestionan tras haber asumido los postulados más radicales de la ultraderecha y meterles en el futuro Gobierno.

Moreno ha hecho un alegato en defensa de la “diversidad y la pluralidad”, de “aquellos que no piensan como tú”, pero ha vuelto a soliviantar a las izquierdas al denunciar el “vil asesinato de Blas Infante por ser demasiado humano”. Blas Infante fue fusilado por las tropas fascistas el 11 de agosto de 1936 en el kilómetro número 4 de la carretera de Carmona (Sevilla), donde cada año también se le rinde homenaje (el acto oficial se adelantó al día de su nacimiento, 5 de julio, para evitar el fuerte calor estival).

La sentencia de muerte del precursor de la autonomía andaluza fue dictada por el Gobierno de Franco cuatro años después, en 1940, pero no fue fusilado por ser “demasiado humano”, como dice Moreno, sino tras ser declarado culpable “de un caso de responsabilidad política de carácter grave”, por ser “propagandista para la constitución de un partido andalucista”, condenando también a su viuda a pagar 2.000 pesetas.

Esa condena a muerte dictada por un tribunal militar bajo la Dictadura fascista fue anulada por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero en virtud de la Ley de Memoria Histórica, de 2007, que declaró “ilegítimas las condenas y sanciones dictadas por motivos políticos, ideológicos o de creencia por cualesquiera tribunales u órganos penales o administrativos durante la dictadura(...)”.

“¿Pero qué tontería es esta?”, se ha preguntado el portavoz de Adelante Andalucía, tras escuchar las palabras de Juanma Moreno. “Lo mataron por ser de izquierdas, por ser andalucista y por ser republicano”, le ha respondido luego García, en declaración ante los medios.

“¿Qué hacemos hablando de él si no somos capaces de mantener la unidad?”, se ha lamentado Moreno en la parte final de su discurso. El presidente andaluz prevé formar gobierno este jueves o viernes, nombrando a sus 13 consejeros -12 del PP y uno de Vox. Manuel Gavira, portavoz andaluz de la ultraderecha, tendrá la cartera de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local, con rango de vicepresidencia, y habrá otras dos vicepresidencias más.

La productora Andalucía Digital Multimedia (ADM), participada mayoritariamente por la Junta de Andalucía, se ha quedado sin el único delegado sindical que tenía (al menos nominalmente) desde hace 11 años, y del que se sirvió hace apenas seis meses para avalar ante el Ministerio de Trabajo su Plan de Igualdad, requisito necesario para seguir accediendo a los contratos con Canal Sur, su principal cliente.

Francisco de Asís Miguelez, elegido representante de los trabajadores por parte de UGT en las últimas elecciones internas en esta empresa, en 2015, remitió un escrito la semana pasada a la dirección de ADM notificando su “renuncia a la excedencia voluntaria” que disfrutaba desde hacía casi un lustro —para trabajar como técnico especialista en la Universidad de Cádiz (UCA)—, y pidiéndoles que informasen oficialmente a la Seguridad Social de la “extinción de manera definitiva de cualquier vínculo laboral” con la productora.

La renuncia precipitada de Miguelez es una consecuencia directa de la información que avanzó elDiario.es también la semana pasada: que la principal productora de Canal Sur, copropiedad del Gobierno andaluz al 48%, había usado su firma de manera irregular para avalar ante el Ministerio de Trabajo el citado Plan de Igualdad, un documento obligatorio desde 2022 para todas las empresas con más de 50 trabajadores

El II Plan de Igualdad de ADM, registrado en la plataforma digital del Ministerio en diciembre de 2025, mencionaba a los dos miembros de la Comisión Negociadora que supuestamente habían pactado y elaborado dicho documento, una en representación de la empresa (que sigue en activo y trabaja en Recursos Humanos) y otro en nombre de la plantilla, que ni había participado ni diseñado ni avalado el Plan, pero aceptó firmarlo el 18 de diciembre de 2025, tras recibir una llamada del subdirector general de la productora, Jose Ramón García-Japón (Joserra).

El mismo Miguelez reconoció, en conversación telefónica con un extrabajador de la compañía, que dudaba de que su firma tuviera algún valor legal “estando en excedencia”, y vaticinó que cualquier juez tumbaría cualquier despido de un empleado de ADM en el que la dirección de la empresa hubiese usado el Protocolo contra el acoso sexual y laboral, adjunto a un Plan de Igualdad presuntamente falsificado.

“El Plan de Igualdad caduca cada cuatro años, tienen que renovarlo y como no hay elecciones [sindicales] están cogidos por los huevos. No quieren convocarlas ellos y como ningún compañero se moja, habrán dicho: pues que lo firme Paco y nos quitamos el marrón de que tenga la firma de un delegado sindical, pero yo dudo que mi firma estando en excedencia tenga algún valor. Además, ya han pasado, ¿cuántos años? ¿Seis?...”, le decía el antiguo delegado sindical a un extrabajador, que precisamente se encuentra en litigio contra la empresa tras ser despedido acusado de acoso laboral.

“Cualquiera que tenga un caso de estos y le quieran meter algo de [Plan de] Igualdad para despedirlo, con que diga que yo no he estado en la empresa estos años... Y a mí el juez me va a preguntar: ¿tú estabas ahí? Y yo le digo: No, yo estoy en la UCA, aquí está mi contrato con la UCA”. Miguelez dejó la productora en 2021 para trabajar como técnico especialista en la Universidad de Cádiz (UCA) y recientemente se ha sacado la plaza definitiva, informan desde UGT.

La imputación de Gustavo Fuentes

Apenas un mes después de registrar el Plan con la firma del delegado sindical en excedencia, una reportera de la productora interpuso una denuncia contra el entonces CEO de la compañía, Gustavo Fuentes, que fue imputado por agresión y acoso sexual por un juez de Violencia de Género de Sevilla, y cesado de todos sus cargos (también ostentaba la presidencia del Clúster Audiovisual de Andalucía, fruto del plan estratégico de su gran valedor en la Junta, el consejero de Presidencia, Antonio Sanz).

Gustavo Fuentes firmó ese II Plan de Igualdad un mes antes y puso el canal antiacoso para denuncias internas en manos de su número dos, el director financiero Óscar González-Barba, nombrado CEO de la productora tras la destitución de su jefe salpicado por el escándalo de los delitos sexuales.

Este periódico llamó insistentemente a Miguelez la semana pasada, antes de publicar el II Plan de Igualdad de ADM con su firma, pero el antiguo delegado sindical colgó el teléfono y se negó a responder a todas las preguntas que elDiario.es le hizo llegar por escrito. Miguelez eligió contactar con su antiguo sindicato, UGT Andalucía, y pidió asesoramiento legal para desvincularse de su antigua empresa y exigirles, a la vez, que notificasen a la Seguridad Social la renuncia a su excedencia y a su puesto de trabajo.

La Junta: “Si nos la han colado, no podemos saberlo”

La Consejería de Empleo del Gobierno andaluz es la autoridad laboral competente para investigar y sancionar las posibles irregularidades en el II Plan de Igualdad de la productora de Canal Sur. Sin embargo, a preguntas de elDiario.es, fuentes de este departamento aseguran que sus técnicos “no tenían manera de saber si ADM nos ha colado un Plan de Igualdad falsificado en el registro”.

“Nuestros técnicos verifican que el nombre del representante de los trabajadores que firma el Plan es el mismo que salió elegido en las últimas elecciones sindicales, que en ADM fueron hace 11 años, y ese dato coincidía. Luego, si esa persona está en excedencia o ya no trabaja allí, nosotros no podemos saberlo porque no tenemos acceso a sus datos de la Seguridad Social”, explican desde la consejería.

La denuncia y posterior imputación del CEO de la productora de Canal Sur es lo que destapa las supuestas irregularidades en el Plan de Igualdad, aprobado por el mismo acusado por denuncias sexuales sólo un mes después de firmarlo. El escándalo ha salpicado al Gobierno de Juan Manuel Moreno, que aún no ha aclarado desde cuándo sabía que Gustavo Fuentes estaba imputado y por qué no pidió su cese antes, siendo el accionista mayoritario del Consejo de Administración de ADM, a través de la empresa pública Sandetel. El consejero de Industria y responsable político de Sandetel, Jorge Paradela, destacó que la reportera “no había usado los canales internos para denunciar”.

Pero la situación también salpica a otras administraciones que tienen competencias compartidas en materia de inspección laboral en las empresas y políticas de igualdad: el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Igualdad y la propia Junta. El departamento que dirige Yolanda Díaz admite que entre sus funciones está la de investigar, “pero para que esto ocurra, antes, el caso debe ser puesto en conocimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social mediante denuncia para que se abra un expediente”.

La Consejería de Empleo del Gobierno andaluz defiende lo mismo: “En caso de que se denuncie alguna incidencia relativa a la representación sindical, a la validez de la firma o a cualquier otro extremo que pudiera afectar a la regularidad formal de la documentación presentada, se procederá en consecuencia”.

Toda la situación que atraviesa hoy ADM es excepcional, porque la propia empresa en cuestión es muy excepcional: es una productora audiovisual, líder en facturación en Andalucía, que pertenece mayoritariamente al Gobierno andaluz y está asociada a la RTVA. Por tanto, se contrata a sí misma programas que llevan de manera fija y diaria en la parrilla de Canal Sur más de 25 años. Como resultado, también es la propia Junta la competente para sancionar a su empresa (con hasta 225.000 euros) y para retirarle los contratos públicos con Canal Sur, del que dependen unos cinco millones de euros en facturación anual, según fuentes del sector.

“La Consejería de Empleo”, abundan desde el departamento de Rocío Blanco, “no puede hacer control de legalidad, lo único que hacemos es a efectos de mero registro. El control de legalidad lo hace el juzgado de lo social. Es un criterio clave fijado por la jurisprudencia del Tribunal Supremo (consolidado en sentencias recientes de 2025). La Autoridad Laboral no tiene la facultad de hacer un control ”material“ de legalidad pleno (no funciona como un juez u homologador), sino un control formal y de requisitos esenciales”.

ADM, con 258 empleados en plantilla, no tiene comité de empresa ni secciones sindicales. Las últimas elecciones a delegado de personal en la sede central de Sevilla fueron hace 11 años y en la sede de Málaga se celebraron en 2017, con escasa participación, y salió elegido David Pérez, que se presentó como “independiente” y que es, a la vez, miembro de la dirección de la productora.

Ningún sindicato, por tanto, ha presentado una denuncia contra ADM por supuestas irregularidades en el II Plan de Igualdad. Tampoco lo ha hecho ninguna otra productora audiovisual andaluza, aunque en teoría compite con ésta por los mismos contratos que adjudica Canal Sur y otras televisiones autonómicas.

Juanma Moreno fue investido presidente de Andalucía el pasado jueves, tras alcanzar un acuerdo de Gobierno con Vox, y programó la toma de posesión del cargo para este domingo, 5 de julio, coincidiendo con el aniversario del nacimiento de Blas Infante, “padre de la patria andaluza”, según consta en el Estatuto de Autonomía.

Para el PP, la coincidencia es “un guiño”, una señal de que Moreno no se apartará de la denominada “vía andaluza” ni del discurso marcadamente andalucista que pronunció en este mismo sitio, el Palacio de San Telmo, hace cuatro años, en aquella jura del cargo con mayoría absoluta. Para las izquierdas, en cambio, es toda una “provocación” del presidente que “ha metido en el Gobierno andaluz a la extrema derecha”, los herederos políticos de quienes “fusilaron a Blas Infante”, quienes “insultan su memoria y desprecian el andalucismo”.

El acto institucional de la jura del cargo, ante unos 500 invitados, no tiene la pompa ni el oropel autoreferencial que tuvo en 2022, ni aquella realización del evento en el que una cámara siguió el descenso del presidente por la escalinata de mármol del Palacio de San Telmo, sede del Gobierno andaluz, acompañado de su mujer. Menos presidencialista, menos boato, más regreso al protocolo.

El primer discurso de Moreno tampoco es el mismo, esta vez venía cargado de argumentos para convencer de que el acuerdo de Gobierno con la ultraderecha y la asunción de todos sus postulados no supondrá un vuelco en las políticas públicas. “Voy a ser fiel a mí mismo y al modelo que ha hecho de Andalucía un referente de entendimiento. Los valores no cambian”, ha empezado diciendo, para subrayar por enésima vez en los últimos tres días que “la vía andaluza de la serenidad y el diálogo sigue”.

Sin embargo, al finalizar la lectura del discurso, Moreno pronunció una frase que no estaba escrita y que retrata, de nuevo, la incomodidad del barón popular, referente de la derecha más moderada en España, por atarse a los principios ideológicos de la ultraderecha: su rechazo “frontal” a los inmigrantes, a las leyes de igualdad y de memoria y al cambio climático, su desprecio a los sindicatos. “Se acabaron las mariscadas”, dijo el viernes el portavoz de Vox y futuro vicepresidente andaluz, Manuel Gavira.

“Los acuerdos no gustan al 100% ni a las partes que lo firman por dejarte cosas en el camino. Pero son fruto del diálogo, que es la esencia de la democracia moderna y de la libertad. Espero que esta legislatura sea fructífera y larga, o no será”, dejó dicho Moreno.

Ningún ministro del Gobierno de Pedro Sánchez ha asistido al acto institucional de la toma de posesión del presidente de Andalucía, que ha estado representado por la secretaria de Estado de Política Territorial, Miryam Álvarez, y el subdelegado de Málaga, Javier Salas. Tampoco ha estado el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, que sí participó del acto de 2022, y en su lugar la dirección nacional ha enviado al vicesecretario de Política Territorial, Elías Bendodo.

Tampoco ha asistido ningún otro presidente autonómico del PP. En 2022 le acompañaron, en primera fila, Isabel Díaz Ayuso (Madrid), Alfonso Rueda (Galicia), Fernando López Miras (Miras), Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León), Juan Jesús Vivas (Ceuta) y Eduardo de Castro (Melilla), y el presidente de honor del PP andaluz, Javier Arenas.

La figura política de más peso que ha arropado a Moreno en su tercera toma de posesión -también estuvo en la anterior- es el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, padrino político del líder andaluz, y la persona que le señaló con el dedo en 2014 para nombrarlo presidente del PP de Andalucía, con aquel mítico: “Tú lo has querido”. Junto a él, la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y la exministra de Trabajo, Fátima Báñez.

Ante ellos, Moreno ha hecho un elogio de “la política del acuerdo y la proximidad”. “Andalucía ha sido siempre contraria a los cordones sanitarios, no es excluyente en ningún ámbito político”, ha subrayado, siempre sin citar explícitamente su pacto con Vox. El discurso ha rodeado el elefante en la habitación y, a ratos, no estaba claro si el presidente apelaba a la aceptación de su socio de ultraderecha como nuevo actor político en la gobernabilidad, o si estaba hablando de la integración de esos inmigrantes que su socio quiere excluir de las prestaciones sociales, por detrás siempre de los españoles (prioridad nacional). “En esta Andalucía cabemos todos. Somos el sur. Y el sur es humanidad, empatía, lucidez, valentía. Debemos entendernos, buscar lo que nos une, no lo que nos separa”, ha dicho, para subrayar el “inmenso valor de la concordia”.

La dependencia absoluta del partido de Santiago Abascal -tras ganar las elecciones, pero quedarse a dos escaños de la mayoría absoluta- ha cimbreado por completo el discurso del presidente. En 2022, en un ambiente de celebración y fiesta, Moreno hizo una exaltación entusiasta de Andalucía: empezó citando al cantautor Carlos Cano, referente del andalucismo jornalero, y un clásico en los mítines de las izquierdas; y terminó con una cita a la escritora María Zambrano, huida de España tras la Guerra Civil y exiliada durante los 40 años de dictadura franquista.

Ahora ha dedicado la mayor parte de su discurso a reivindicar un estilo de hacer política y unos principios que, bajo el prisma del acuerdo firmado entre PP y Vox, están en entredicho. Así lo ha interpretado de manera unánime toda la prensa. En esto, Moreno se ha aferrado al primer consejo que le dio Rajoy nada más llegar al poder: “Haz como yo: no leas la prensa”.

En primera fila del público le escuchaba, con rostro serio, la líder de la oposición y secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, sentada por protocolo entre el portavoz parlamentario del PP, Toni Martín, y de Manuel Gavira, portavoz de Vox y futuro vicepresidente. De los expresidentes andaluces socialistas, sólo ha participado la expresidenta y senadora Susana Díaz. Los líderes andaluces de CCOO, Nuria López, y de UGT, Óskar Martín, no han asistido al acto; el presidente de la patronal, Javier González de Lara y los rectores andaluces sí.

Al terminar su discurso, el presidente ha pedido a los asistentes que “chillen” con él un “viva por Andalucía”. Luego un cuarteto de cuerda de la Fundación Barenboim-Said -integrada por jóvenes músicos de países árabes, Palestina e Israel- ha interpretado el himno de Andalucía y, seguido, el himno de España. El público ha aplaudido y, desde el fondo, se ha escuchado un grito potente: “¡Viva España!”, respondido luego por otro grito menor: “¡Viva Andalucía!”.

Moreno prevé la formación del Gobierno a finales de la próxima semana. El nuevo Ejecutivo tendrá 13 consejerías: 12 para el PP y una para Vox, la cartera de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local, con rango de vicepresidencia. Habrá otras dos vicepresidencias, según fuentes próximas al barón popular.

La ceremonia de toma de posesión de un presidente andaluz se ha celebrado históricamente en el Parlamento, no en la sede del Gobierno autonómico. Eso lo cambió Moreno hace cuatro años y éste lo ha mantenido. Al terminar el discurso, los invitados pudieron degustar un desayuno en los jardines del Palacio y en el contiguo Salón de los Espejos: “Cafés, Infusiones, Cola Cao, Zumos, Mini mollete andaluz con aceite de oliva y jamón ibérico de la Sierra de Huelva”.

Esta crónica termina aquí porque, también a diferencia de la ceremonia de 2022, el Gobierno andaluz no ha permitido este año la entrada de los periodistas al perímetro donde se ha celebrado la toma de posesión del presidente, relegándolos a la sala de prensa del Palacio, a unos 200 metros, donde la han seguido a través de una pantalla.

Bienvenidos a la Andalucía del “gobierno imposible”. Así la bautizó Juanma Moreno durante la campaña electoral, poniéndose en la tesitura de tener que meter a Vox en su Ejecutivo, en caso de perder la mayoría absoluta.

Este domingo tomará posesión como presidente de la Junta en el Palacio de San Telmo, por tercera vez, y la semana que viene nombrará a los 13 consejeros de su gabinete. Uno de ellos, el flamante vicepresidente, será el portavoz de la ultraderecha en Andalucía, Manuel Gavira. Desde hoy, “Manolo”. “Habla tú algo, Manolo, que me estás aquí echando el muerto”, le dijo, en un primer gesto público de afabilidad, para destensar la tensísima comparecencia posterior a la rúbrica del pacto de gobierno PP-Vox, el cuarto en España.

El jueves pasado en el Parlamento, media hora antes de la segunda votación de investidura, ambos líderes firmaron un acuerdo de gobierno y de legislatura que garantiza la aprobación de los cuatro presupuestos autonómicos para un mandato completo, la unidad de voto en todas las medidas que emanen del Ejecutivo de coalición y un reparto de carteras desigual: 12 para el PP, una para Vox. Hasta ahí, la sonrisa etrusca de Moreno.

La única consejería de Vox es una macrocartera que aglutina Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local, con rango de vicepresidencia, “la misma que gestionaba Juan Marín”, líder de Ciudadanos, en el primer Gobierno de coalición que presidió Moreno [2019-2022]. Este paralelismo no es simple anécdota.

El líder popular lo usa como un guiño indisimulado para todos los analistas y periodistas parlamentarios que recuerdan aquella primera legislatura —“la Andalucía encapsulada”; la del “mucho ruido y pocas nueces”— y les viene a la cabeza el papel de comparsa que jugó el vicepresidente de la Junta de Ciudadanos.

Moreno aspira a encajonar a su nuevo socio de Gobierno en el mismo marco mental que al anterior: un aliado dócil, inexperto y autocomplaciente. Tan satisfecho por hacerse un hueco en el Consejo de Gobierno, que terminarían fagocitados políticamente por el PP, borrados del Parlamento [de 21 escaños a cero], reafiliados masivamente al partido de Moreno —antes rival; ahora jefe— y colocados todos en puestos de tercer y cuarto nivel en el nuevo Ejecutivo con mayoría absoluta del PP [a excepción de la consejera de Empleo, que pasó del naranja al azul sin moverse del gabinete].

Esa es la proyección mental que hace el presidente andaluz, esa es la estrategia. Y, a partir de aquí, el desguace de la marca Juanma Moreno, referente de la derecha moderada en España. De la “vía andaluza” a la prioridad nacional. De la “revolución verde” a la contrarrevolución y el “no al fanatismo climático”.

En su libro 'La vía andaluza. Manual de convivencia' (Editorial Espasa) aparece un tigre como metáfora de la política radical e intolerante, lo opuesto a la moderación que defiende su autor. “¿No les parece que todo funciona mejor con la serenidad de Mogwli que con la radicalidad de Shere Kahn?”, escribe Moreno, valiéndose del protagonista y el antagonista de El Libro de la Selva.

En su libro también aparece Sir Winston Churchill que, frente a la amenaza creciente del nazismo y la tesitura de negociar o entrar en guerra contra Hitler, también citó a un tigre, probablemente el mismo: “No puedes razonar con un tigre cuando tienes la cabeza en su boca” (1940).

“Leyes ideológicas”: Violencia de Género, Trans y colectivo LGTBI

El acuerdo PP-Vox, de 60 páginas y 150 medidas, está atravesado de principio a fin por todas las obsesiones xenófobas de la extrema derecha y otras guerras culturales: el rechazo, estigmatización y, a ratos, la criminalización de los inmigrantes; el enfrentamiento a las políticas medioambientales y contra el consenso europeo en torno al Pacto Verde y la Agenda 2030 [que Moreno solía lucir con un pin en la solapa de su chaqueta]; el rechazo a la concertación social y al papel de los sindicatos (“Se acabaron las mariscadas”), de las ONG y las ayudas a la cooperación internacional; y el rechazo a las “leyes ideológicas”, que aparecen en el penúltimo punto del texto sin nombres ni apellidos, pero a las que Vox ha identificado abiertamente durante los últimos cuatro años de sesiones parlamentarias.

El texto solo compromete la derogación de la Ley andaluza de Memoria Histórica, aprobada en 2017 sin ningún voto en contra, y que en realidad está sentenciada por el PP de Moreno desde el primer acuerdo suscrito con Vox en 2019, aunque no llegó a ejecutarse.

Las que aparecen sin nombrar —“se adquiere el compromiso de revisar y, en su caso, derogar”— son la Ley Trans (pionera en España al regular la identidad de género sin exigir pruebas médicas) que fue aprobada por unanimidad, con los votos y la participación activa del PP; la Ley de Lucha contra la Violencia de Género y la Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres, vinculada esta última a los derechos del colectivo LGTBI.

Además de estas leyes, se contemplaría la eliminación de cualquier otra norma autonómica basada “en el criterio de la ideología de género” —viejo sintagma negacionista de Vox contra el feminismo— desde las que vehiculan los currículos escolares y el lenguaje inclusivo en la administración hasta las políticas sociales y entidades públicas concretas (¿toca discutir sobre el “efecto práctico actual” del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM)?

El partido de Santiago Abascal ya planteó derogar estas leyes en aquella primera negociación con el PP a cambio de sus votos en la primera investidura de Moreno, pero entonces los populares, pese a tener el peor resultado de su historia (26), aguantaron el envite y las leyes finalmente se salvaron. Ahora entramos en otro escenario, más confuso, en el que los dos socios de Gobierno van a interpretar, cada uno a su manera, si lo que dice ese artículo del acuerdo significa exactamente lo que parece.

Y esto va a ocurrir prácticamente con las 150 medidas, sobre todo las más duras, las que cuentan con una redacción más ambigua, que no son pocas. Ocurrió así en 2019: el PP se va a aferrar a la estricta literalidad de lo que está escrito en el pacto, negro sobre blanco, y Vox hará una reinterpretación extensiva del mismo. “Eso no es lo que dice el acuerdo”; “Eso no forma parte del pacto”; “Cada uno es libre de interpretar como quiera, pero el pacto dice lo que dice” [reminiscencias del primer pacto PP-Vox].

Esto ya está ocurriendo. Prioridad nacional: “Exclusión de acceso a prestaciones y servicios sociales estructurales a quienes se encuentran en situación irregular, limitando su acceso exclusivamente a supuestos de urgencia vital”.

Cinco minutos después de firmar el acuerdo, Moreno aseguró que la “prioridad nacional”, lejos de reajustar la normativa para discriminar al inmigrante en el acceso a las prestaciones públicas, era un sinónimo del “baremo” que ya usa la Administración en el reparto de ayudas: “La prioridad social es el arraigo”, dijo. “La prioridad nacional va a ser más que el arraigo. Que los españoles sean los primeros en las ayudas sociales y en el acceso a la vivienda pública protegida”, le corrigió Gavira horas después.

Aferrados a la “legalidad vigente”

El árbitro de esta previsible discordia sobre el verdadero significado del acuerdo de gobierno será “el marco de la legalidad vigente”, presente cada dos por tres a lo largo de las 60 páginas, como una suerte de guardián de las esencias democráticas. Moreno ha consentido en aceptar medidas de índole racistas -como la segregación de los enfermos extranjeros, para cuantificar el coste diferenciado que representan para la sanidad pública-, pero las más disruptivas vienen condicionadas (“amortiguadas”, dice un alto dirigente del PP-A) por alusiones explícitas al “cumplimiento de la ley”. Que no dejan de ser llamativas, tratándose de un programa de gobierno.

“La política social del Gobierno estará fundamentada en los principios de justicia, legalidad y humanidad”; “En la medida en que lo permita la legislación vigente...”; “Prioridad nacional en el acceso a las ayudas públicas y la vivienda... adecuado a la legalidad vigente”; “Se valorará, al menos, con sujeción a la legalidad vigente...”. “El acuerdo es legal”, se apresuró a ponerle nombre el propio presidente andaluz nada más firmarlo, sin que ningún periodista aún lo hubiese leído ni preguntado. PP y Vox han firmado un pacto programático de gobierno “sereno”. “Y legal”.

Aunque parezca de perogrullo, aunque en el lenguaje administrativo del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) las referencias al marco legal sean una constante y de obligada mención, lo que se firmó el jueves no deja de ser un documento político, al que el PP ha metido esas morcillas como “salvaguarda” de lo que está por venir: ese Gobierno “imposible” que vaticinaba Moreno en campaña.

Un Ejecutivo con “gente que no tiene experiencia de gestión en la administración”. “Algunas de las propuestas que hacen son irreales y otras son ilegales. Lo que no va a hacer el PP es incumplir la ley”, avisó el dirigente popular hace apenas un mes, cuando la prioridad nacional aún era un “eslogan vacío y efectista”.

Ahora los hombres del presidente y el propio Moreno son conscientes de que están atrapados en el marco mental de la ultraderecha, que les han impuesto su agenda y su lenguaje político, pero confían en que “todo esto pase pronto, en cuanto nos pongamos manos a la obra”. “La mitad de las cosas son irreales y las otras ilegales”, habían dicho. Y eso lo mantienen. “El terremoto político de las primeras horas era inevitable. Pero esto dura dos días, en cuanto se pongan a gobernar no les vamos a poner frenos nosotros, se los va a poner la realidad”, dice un consejero en funciones.

En la sala de mandos del Palacio de San Telmo esperan que Vox, una vez dentro del Ejecutivo, no tarde en darse cuenta de lo encorsetada que está la administración pública, la parsimonia burocrática, la fiscalización interna de los interventores y los letrados, lo rígidas que son las leyes y lo implacable que es la Constitución Española al velar por los derechos básicos de los ciudadanos, sin distinción de su origen. “No tardarán en darse de bruces con la realidad. Les pasó a los comunistas, cuando entraron en el Gobierno de coalición con el PSOE de José Antonio Griñán, le pasó al Podemos de Pablo Iglesias que se aburrió enseguida de ser el vicepresidente de Pedro Sánchez, y le pasará a Vox”, vaticinan las mismas fuentes.

Todavía es pronto para valorar el impacto real de ese acuerdo en las políticas públicas de Andalucía. Los populares confían en que pase la tormenta pronto y, tras el verano, regresar a la legislatura del “mucho ruido y pocas nueces”. Lo que sí se puede calibrar -el presidente, desde luego, ya lo ha hecho- es el desgarro que este documento ha provocado en su propia imagen pública.

La política ya no es solo “el arte de lo posible”, no en el siglo XXI. No en el siglo de Instagram y de TikTok. La imagen pública de Juanma Moreno —tan trabajada y promocionada los últimos cuatro años de mayoría absoluta— son los cimientos del poder institucional del PP en Andalucía, desde la Junta a las diputaciones, desde las alcaldías hasta el Congreso de los Diputados.

Seis elecciones consecutivas ganadas, primera fuerza en las ocho provincias y en 600 de los 785 municipios de la comunidad. “Necesitamos un Juanma Moreno en cada pueblo”, bromeaba su equipo de campaña en las municipales de 2023, mientras paseaban a su estrella frenéticamente por todo el territorio andaluz.

“Pelos en la gatera”

Juanma Moreno va a seguir siendo un dirigente templado en las formas, porque él no es una persona bronca y su estilo de hacer política nunca ha sido pendenciero. Ni desde que es gobernante, ni cuando estaba en la oposición. Pero, a todas luces, en este acuerdo de gobierno con Vox, Moreno ha sacrificado mucho de ese capital político. “Nos hemos dejado pelos en la gatera”, ha repetido estos días.

Y llama la atención que el PP —el PP nacional que ha celebrado este pacto más incluso que el andaluz— considere que ese sacrificio personal de Moreno es un mal menor, porque les ha costado mucho consolidar esa marca… Y porque sin esa marca personal el PP nunca habría gobernado Andalucía con mayoría absoluta, y después de este acuerdo con la ultraderecha cuesta imaginar que vuelva a conseguirlo. “Andalucía no estaba preparada para pasar de votar al PSOE, que gobernó 37 años seguidos, a votar al PP. Era necesaria una marca personal que sirviera de puente”, decía en campaña uno de los hombres del presidente.

El aura de moderación y centralidad de Juanma Moreno se ha basado siempre en un espejismo político raro: que la política podía no ser ideológica. Que se puede gobernar sin ideología o que se puede “encapsular” la ideología, o suplantarla por conceptos menos envenenados, como el “sentido común”, lema de campaña de Vox en las pasadas andaluzas.

El pacto con la ultraderecha destila ideología de ultraderecha, y Moreno sabe que eso pincha en el músculo dormido de la izquierda. “Esto lo cambia todo. Empieza una nueva partida. Se acabó la marca Juanma”, anunció el viernes María Jesús Montero ante el comité director del PSOE andaluz, para subrayar que la extrema derecha vuelve a gobernar en Andalucía “por primera vez desde el franquismo”.

Juanma Moreno ha sabido alimentarse de la desafección política vendiéndose como un líder no político, un oxímoron si atendemos la famosa cita de Aristóteles: “el hombre es un animal político”. Pero un oxímoron de éxito con el que la derecha logró gobernar en Andalucía después de 37 años ininterrumpidos del PSOE en el poder.

El PSOE andaluz ha celebrado este viernes su primer comité director tras el fracaso electoral del 17 de mayo, que horadó su resultado hasta los 28 diputados, su suelo histórico. Pero también es el primer cónclave socialista que se celebra 24 horas después de la firma del pacto de gobierno entre PP y Vox para reelegir presidente a Juanma Moreno y esto, en palabras de María Jesús Montero, “lo cambia todo”. “Se acabó la marca Juanma. Comienza una nueva etapa”.

Los socialistas han reseteado la política andaluza, y su propio estado anímico, después de que Moreno haya metido a la ultraderecha en su Gobierno y firmado un acuerdo “vergonzante”, dicen, y que consideran “regresivo” para los derechos sociales de los andaluces. El momento crítico para la sociedad, por tanto, se ha convertido en una ventana de oportunidad para un partido que sigue noqueado tras su quinta derrota electoral frente al ciclón político que representa Juanma Moreno.

El máximo órgano de decisión entre congresos, celebrado en el municipio de Dos Hermanas y con unos 500 asistentes, ha servido para tres cosas, por este orden: analizar el pacto PP-Vox, tanto desde el impacto que suponen las medidas para la sociedad, como desde una perspectiva estratégica para los socialistas, que van a pilotar la oposiciónal nuevo Gobierno.

De ahí emana precisamente el segundo tema: aprobar el calendario para nombrar las candidaturas del PSOE en las municipales de mayo de 2027, y aquí Montero ha dejado en el auditorio un mensaje explícito que va más allá del típico llamamiento a la unidad interna del partido: “Cuanto menos primarias, mejor”, ha sentenciado. De las ocho capitales andaluzas, por ejemplo, los socialistas están abocados a celebrar primarias para elegir candidato, según sus estatutos, porque ahora sólo están gobernando en Jaén (Julio Millán).

Montero ha animado a llegar a acuerdos entre las distintas familias o corrientes del partido para lograr candidaturas de consenso mucho antes de que llegue el momento de convocar primarias. Y, si no es posible, “hago un llamamiento para que sean primarias fraternales, no otra cosa. ”No podemos convertir las primarias en un momento de desencuentro entre nosotros que no se pueda arreglar en el minuto uno. Si no es necesario tener que ir a procesos de primarias, animo a que se imponga el diálogo y el consenso“, ha dicho.

La ejecutiva regional del PSOE-A ha aprobado el calendario para la designación de candidatos a las municipales, que arranca en septiembre, y también el nombramiento de los tres senadores socialistas por designación autonómica: repetirán Susana Díaz y Juan Espadas, y el tercero lo ocupará la propia Montero que, como sus predecesores, compagina este puesto en la Cámara Alta con el de parlamentaria y jefa de la oposición a Moreno.

La dirigente socialista ha pronunciado un discurso de una hora, con tono monocorde, priorizando la crítica descarnada al acuerdo de gobierno entre PP y Vox, y presentando al PSOE como el “freno” a los retrocesos que el pacto plantea. Montero se ha detenido en las medidas más “regresivas” del documento, desde la prioridad nacional, que ha llamado “segregación de los seres humanos por razón de raza”, hasta el “negacionismo climático”, la eliminación de impuestos ambientales tan básicos como grabar las bolsas de plástico, o la concepción de la mujer como “un sujeto que da a luz” que necesita una “protección paternalista” para pensarse si quiere tener hijos.

“Comienza una nueva partida en la que el PP está en su sitio natural y le corresponde al PSOE tomar la iniciativa para que esto no se convierta en una realidad. Hay que decirle a la sociedad que cuenta nosotros para que seamos el freno de esos retrocesos que intentan imponer. Nosotros trajimos la democracia y el autogobierno a nuestra tierra y lo vamos a devolver antes que tarde”, ha avanzado.

Para los socialistas, no sólo para Montero, el pacto con la ultraderecha es el “gesto político que va a definir toda la legislatura”. Creen que el paso que ha dado Moreno, sacrificando su imagen de “moderado y centrista”, es un paso consciente hacia el reagrupamiento de las derechas en un solo bloque con el que pretenden llegar a la Moncloa en las generales de 2027.

La exvicepresidenta del Gobierno y exministra de Hacienda también ha puesto las luces largas para implicar a los suyos en las legislativas, con Pedro Sánchez de candidato, pero antes ha hecho un extenso diagnóstico del fracaso de las andaluzas, pensando por qué “los ciudadnaos se han alejado de nosotros” y preguntándose qué hacer “para que vuelvan”.

“Tenemos que aprender de las últimas elecciones andaluzas. Los resultados han sido malos, muy lejos de la ambición del PSOE, todo lo que no sea gobernar es una mala noticia. Pero la autocrítica no puede ser solo un ejercicio para instalarnos en el lamento, será útil si termina en cambios concretos y una organización más fuerte”, ha subrayado. Montero se ha estado reuniendo las últimas semanas con todas las direcciones provinciales y algunas agrupaciones y alcaldes para testar “sentimientos y sensaciones” tras el 17 de mayo.

El mensaje que ha trasladado a las ejecutivas provincialesha sido la necesidad de fortalecer la presencia del partido en la calle, en los municipios y agrupaciones, “no sólo durante una campaña electoral, hay que ser visibles todo el año”. “Los ciudadanos no terminan de confiar en nosotros como la mejor opción de autogobierno. Tenemos que ser más atractivos en los formatos y en los medios”, ha admitido.

Sin embargo, Montero ha pedido no hacer una lectura “simplista” de los resultados, ha asegurado que hay múltiples causas, y reconocido que los “asuntos nacionales de envergadura e impacto” -en referencia a los casos de corrupción que salpican al PSOE y al Gobierno de Sánchez- han lastrado sus opciones.

Con todo, la dirigente socialista se ha felicitado por haber “frenado la caída de votos del periodo electoral previo”, con 60.000 papeletas más que en las últimas andaluzas. “Hemos conseguido elevar un poco más la movilización, incrementando siete puntos la participación”, ha dicho, tras asegurar que “el mérito de esa movilización es del PSOE, pero los frutos no los ha cosechado el PSOE”. En el cierre del discurso, Montero ha pedido conjurarse “desde ya” para que los socialistas sean los clares vencederos en las próximas autonómicas, dentro de cuatro años.

Tras pedir a los medios de comunicación presentes que abandonaran el salón donde estaba reunido el comité director, han pedido la palabra 14 dirigentes, entre ellos los ocho secretarios provinciales, y el militante y excandidato a la secretaría general Luis Ángel Hierro, siempre en el sector crítico, que ha exigido un congreso extraordinario tras el fracaso electoral del 17-M.

El Parlamento andaluz ha aprobado, con los 68 votos que suman PP y Vox, la investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta en el que será su tercer mandato. Moreno ha sido reelegido en segunda votación, tras firmar (media hora antes) un acuerdo político con la ultraderecha que asimila postulados xenófobos (incluida la polémica “prioridad nacional”) y mete en su Gobierno a los de Santiago Abascal, con una vicepresidencia.

El barón popular, referente de la derecha moderada, sale de la segunda votación con un acuerdo estable para los próximos cuatro años, pero con su perfil político seriamente herido, como evidenciaba su rostro desencajado durante la firma del pacto. En sus primeras palabras, destacó que el acuerdo con Vox era “legal” y repitió tres veces la palabra “sereno”. Moreno tomará posesión previsiblemente el domingo o el lunes en el Palacio de San Telmo, tras informar de su reelección al rey Felipe VI, y nombrará un gobierno con 12 carteras la semana que viene.

Pasados unos minutos de las cuatro de la tarde, PP y Vox cerraron el acuerdo de gobierno en Andalucía, que consolida el binomio de las derechas y cierra el ciclo electoral que empezó en Extremadura, Aragón y Castilla y León. El documento, aún sin hacerse público, allanó la segunda votación de la investidura de Moreno, programada para sólo media hora más tarde en el Parlamento.

El propio Moreno y el portavoz andaluz de Vox, Manuel Gavira, comparecieron ante los medios para firmar lo que han llamado “Acuerdo de Gobierno y Estabilidad para Andalucía” y hacer las primeras valoraciones como futuros socios de gobierno.

En ese momento se ha revelado que Vox ocupará sólo una cartera en el Ejecutivo de Moreno, la consejería de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local, con rango de vicepresidencia, que ocupará Gavira, con un gasto anual en torno a los 1.200 millones de euros, de un presupuesto global que roza los 52.000 millones de euros.

A diferencia de los pactos de Extremadura, Aragón y Castilla y León, la ultraderecha no se hace con la consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca -que en Andalucía moviliza más de 2.000 millones- ni ninguna cartera social. El PP les cederá uno de sus cinco senadores autonómicos y un puesto en la Mesa del Parlamento -la vicepresidencia-, con lo que mantendrán la mayoría absoluta en el órgano que rige los tiempos y las prioridades legislativas durante el mandato.

“¿La prioridad nacional? Eso ya existe en la Administración”

El documento, de 60 páginas y 150 medidas con plazos concretos de ejecución, se distribuyó después de la firma, aunque las primeras preguntas que recibió Moreno de los periodistas giraron en torno al concepto de “prioridad nacional” que incluye el acuerdo en los mismos términos que en el resto de comunidades. “Eso ni se ha negociado, se aceptó así desde el principio”, dice una persona próxima al presidente andaluz.

El líder popular, que en campaña calificó este concepto antiinmigrante como un “eslogan vacío”, empezó la reinterpretación del mismo, señalando que “la prioridad nacional es arraigo, que ya viene en nuestra administración”. “Eso existe ya, ya se está practicando, y se va a reforzar en algunas políticas, como vivienda y servicios públicos”, ha asegurado.

En realidad, la definición de arraigo en el acuerdo no es asimilable a la que existe en la Administración ahora mismo. El concepto de Vox, asimilado hoy por Moreno, significa que determinadas prestaciones y ayudas públicas beneficiarán antes a los ciudadanos españoles que a los inmigrantes.

El arraigo se medirá según el tiempo que lleven viviendo y trabajando en Andalucía. Para amortiguar este concepto xenófobo, los populares han includo el el acuerdo un preámbulo donde se destaca que “la dignidad inherente a todo ser humano es un postulado irrenunciable y un compromiso ético absoluto y permanente para los firmantes de este acuerdo”. “La política social del Gobierno”, continúa el preámbulo, “estará fundamentada en los principios de justicia, legalidad y humanidad, que son los que defiende la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía”.

Pero, acto seguido, y ya en el articulado del acuerdo, Moreno asume un viraje drástico en las políticas y el discurso sobre inmigrantes, asimilando los postulados más racistas de la ultraderecha: se reforzarán los controles del empadronamiento de la población extranjera, exigiendo 10 años de residencia para comprar una vivienda y cinco para alquilarla; se prohibirá el uso de los velos niqab y burka en espacios públicos, y se eliminará el Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí en las escuelas andaluzas [96 centros; unos 2.000 alumnos] por aparentes razones de inseguridad: “La Junta velará por la convivencia en los centros educativos (...). Mostramos un rechazo explícito a cualquier programa de adoctrinamiento en las aulas y a cualquier injerencia extranjera o intento de diluir nuestra identidad”.

Además se propone un plan de retorno a sus países para los menores extranjeros no acompañados [“No más MENA”, dice literalmente el texto], aunque la Junta carece de competencias para hacerlo unilateralmente ni para firmar acuerdos con los países de origen de esos menores.

Y en Sanidad, se anuncia una “auditoría anual del coste sanitario (directo e indirecto) derivado de la atención a extranjeros en Andalucía”, algo que ya pidió Vox en el Parlamento la pasada legislatura, y Moreno rechazó por “ilegal”. Ahora, sin embargo, se plantea la segregación de los enfermos por su origen y nacionalidad, separando el coste de un enfermo andaluz de otro extranjero y “diferenciando, en la medida en que lo permita la legislación vigente, entre residentes legales, desplazados temporales, personas sin residencia legal acreditada, asistencia urgente, farmacia, hospitalización, Atención Primaria, urgencias, partos, pruebas diagnósticas y atención especializada”.

En esta línea, el futuro Gobierno PP-Vox creará “una unidad específica dentro del Servicio Andaluz de Salud” para “revisar y recuperar costes sanitarios que deban ser abonados por terceros” (...) con el objetivo de que los recursos del SAS se destinen prioritariamente a los andaluces y españoles que sostienen el sistema“.

Eliminan impuestos ambientales y el 50% de ayudas a los sindicatos

Moreno ha firmado el pacto con Gavira en una sala de la primera planta del Parlamento andaluz, rodeado de cámaras y fotógrafos, y con el rostro desencajado. Luego han comparecido juntos en el pasillo del comedor y, ante un micrófono de pie, ha respondido si este pacto con la ultraderecha emborrona su imagen de líder moderado y conciliador. “No”, ha respondido. “Vox es Vox y el PP es el PP. El Parlamento está representado por lo que los andaluces quieren”, ha insistido, y la extrema derecha tiene 580.000 votantes, “es la tercera fuerza en Andalucía y la segunda en Almería”.

La inmigración no es la única cesión que ha hecho el PP al partido de Santiago Abascal. En el acuerdo también se eliminan dos impuestos medioambientales y se replantea el discurso sobre la Agenda 2030 -de compromisos ambientales de la UE- que Vox siempre ha demonizado, y se cuestiona frontalmente el Pacto Verde, del que Moreno hizo una seña de identidad política la pasada legislatura, promulgando una “revolución verde”.

También se recoge la eliminación del 50% de las subvenciones a la patronal y a los sindicatos, y la “progresiva reducción, hasta su eliminación, de aquellas subvenciones o ayudas públicas (...) con atención especial a las destinadas a cooperación internacional al desarrollo”. Sobre esto último, fuentes próximas a Moreno advierten que una cláusula salvará esas ayudas que acrediten una “utilización efectiva” en materia de cooperación.

También se contempla la derogación de la Ley andaluza de Memoria Histórica, aprobada en 2017 sin ningún voto en contra, para sustituirla por una “ley de Concorcia”. La aprobación de una “Ley de Familia” que “fomente la natalidad”, con ayudas sobre todo a las familias numerosas y con personas dependientes, además de “ayudas al nacimiento” y “campañas de apoyo a la maternidad”.

En Vivienda, el pacto plantea una reforma de la Ley andaluza de Vivienda, aprobada por el Gobierno de Moreno hace apenas un año, para agilizar las construcción de inmuebles retirando “trabas” burocráticas. También se calcan algunos puntos de los acuerdos con otros comunidades, como el “desahucio exprés” o “el estudio de fórmulas fiscales de carácter disuasorio para compradores extranjeros y operaciones especulativas”.

En Cultura, se promocionará “la tauromaquia, la caza y la pesca como atractivos turísticos”, además de un “plan del patrimonio cultural en riesgo”, en referencia a los toros.

La última medida del acuerdo es una “cláusula de lealtad institucional” que no está en el resto de pactos suscritos por el PP con Vox en otras comunidades: viene a garantizar que el partido de Santiago Abascal no romperá la disciplina de voto en el Parlamento ante cualquier medida que llegue del Gobierno de coalición, incluido los cuatro presupuestos autonómicos de la legislatura y las proposiciones de ley (pero también se exige unidad sobre las comisiones de investigación parlamentaria).

Con eso, Moreno busca asegurarse la estabilidad durante todo el mandato y evitar los sobresaltos a los que le sometió Vox en su primera legislatura, cuando eran socios externos y mantenían en vilo al Gobierno de PP y Ciudadanos en cada debate presupuestario.

En materia de fiscalidad, donde PP y Vox tienen más puntos en común, se presentan nuevas rebajas impositivas por valor de 325 millones de euros (1.300 millones a lo largo de la legislativa): además de desaparecer tres impuestos ambientales, se reducirá otra vez el IRPF (para rentas inferiores a 60.000 euros) y el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales; habrá deducciones de 2.000 euros para enfermos de ELA; otra de un 15% del coste de gafas y lentillas y más rebajas para el comedor escolar, el aula matinal, los uniformes y las clases particulares privadas de idiomas e informática.

Entre las medidas de educación destaca una suerte de 'prioridad nacional' en el menú escolar: “Defensa del producto andaluz y español en los comedores públicos. La Junta impulsará, dentro del marco legal de contratación pública, que los pliegos de los servicios de restauración en comedores escolares y públicos prioricen los alimentos de proximidad” frente a los extranjeros. Además “se incluirá la historia del terrorismo en España en los planes de estudio”, que ya existe, y la implantación “progresiva” de institutos privados concertados de Bachillerato, “priorizando la Educación Especial y la FP” a partir del próximo curso.

En Sanidad, se plantea desde el primer día una “auditoría y plan de choque para reducir las listas de espera quirúrgicas, diagnósticas y de consultas externas” y, antes de finalizar 2028, la “consulta el mismo día” en atención primaria para procesos agudos y pediatría. Pero el punto crítico es la apuesta rotunda por una mayor privatización -“colaboración público-privada”- del sistema sanitario en los primeros seis meses del mandato: “Se permitirá la colaboración con entidades privadas cuando sea útil para reducir listas de espera, pruebas diagnósticas o actividad asistencial demorada, pero siempre con contratos transparentes, precios auditables, indicadores de calidad, publicación de resultados, control público y cláusula de reversión si no se cumplen objetivos”.

La izquierda denuncia “ocultismo y fraude”

El PSOE de María Jesús Montero había forzado una reunión urgente de la Mesa de la Cámara, 15 minutos antes de la votación, para exigir que Moreno sometiese su investidura sobre la base del acuerdo de gobierno que acababa de firmar con la extrema derecha, y no del proyecto político en solitario que presentó el pasado lunes. Pero el reglamento del Parlamento no contempla esta posibilidad y el presidente Jesús Aguirre les ha tumbado la iniciativa.

Los grupos de izquierdas han desfilado antes de la firma del pacto entre PP y Vox para denunciar que se le estaba “ocultando” a los andaluces el programa y el reparto de poderes que habían negociado las fuerzas conservadoras para investir a Moreno. Todos han censurado el “oscurantismo” del acuerdo. Montero ha subrayado que “por primera vez desde el franquismo va a entrar la ultraderecha en el gobierno de Andalucía”.

Antonio Maíllo, líder federal de IU y portavoz de la coalición Por Andalucía, ha dado por muerta la llamada “vía andaluza”, el concepto que popularizó el presidente de la Junta para defender un estilo de hacer política moderado, conciliador y alejado de la bronca y el ruido. “Se acabó la vía andaluza”, dijo, “y no hay partido España-Austria que esconda el acuerdo reaccionario que van a firmar sólo media hora antes de que se vote”.

José Ignacio García, portavoz de Adelante Andalucía, también criticó el “ocultismo” del pacto antes de la votación de investidura. “Cuando uno esconde algo es porque tiene algo que ocultar. Que diga lo que ha pactado con la extrema derecha y vayamos a votar sabiendo lo que votamos, porque ho habrá unos diputados que saben lo que están votando y otros que no, y eso es un robo democrático”, sentenció.

Juanma Moreno será investido presidente de la Junta de Andalucía este jueves, en segunda votación en el Parlamento, tras alcanzar un acuerdo in extremis con Vox muy similar al que la ultraderecha cerró con el PP en Extremadura, Aragón y Castilla y León.

El dirigente popular comparecerá en el Parlamento andaluz junto al portavoz andaluz de la ultraderecha, Manuel Gavira, media hora antes de esa segunda votación, para suscribir el llamado “Acuerdo de Gobierno y Estabilidad para Andalucía”, según han confirmado ambas formaciones en sendos comunicados a las 16.10 horas.

[ACTUALIZACIÓN: Moreno, investido presidente de Andalucía tras un pacto con Vox que asume la vicepresidencia del nuevo gobierno]

Moreno acató desde el inicio de las negociaciones el término antiinmigrante “prioridad nacional”, que venía allanado por otros tres barones populares y bendecido por la dirección nacional del PP, y también ha cedido a la entrada de Vox en su nuevo Gobierno.

En campaña electoral, el candidato popular alertó del “lío” que sería tener que negociar con la ultraderecha (“no tienen personal con experiencia en la administración” y minimizó la prioridad nacional a un “eslogan vacío” de dudosa legalidad. Tras ganar las elecciones del 17 de mayo y quedarse a dos escaños de la mayoría absoluta, siguió reclamando un Gobierno “en solitario” y pactos puntuales con Vox en el Parlamento. No ha logrado ni una cosa ni la otra.

La prioridad nacional significa, según la explicación de la ultraderecha, que las prestaciones y ayudas públicas beneficien antes a los ciudadanos españoles que a los inmigrantes. Lo que usarán para medir esta preferencia en el reparto de recursos públicos, intentando no tropezar con la Constitución, con el Estatuto de Autonomía y con la legislación, es el concepto de “arraigo”, esto es, el tiempo que llevan viviendo y trabajado en Andalucía.

El acuerdo programático que se firma este jueves contiene un centenar de medidas, recoge los puntos en común en materia fiscal y desregulación administrativa e introduce algunas propuestas ideológicas de Vox, pero deja abierta aún el peso que tendrán los consejeros de la ultraderecha en el nuevo gabinete.

Éste es el segundo pacto de gobernabilidad entre el PP de Moreno y el partido de Santiago Abascal. El primero, rubricado en enero de 2019, le convirtió en el primer presidente andaluz de derechas y abrió la puerta a la alternancia política en la única comunidad de España donde aún no había ocurrido (tras 37 años ininterrumpidos de gobiernos socialistas).

Moreno se quedó a dos escaños de la mayoría absoluta (53), pero no ha sido ese número dos sobre el que ha pivotado la negociación entre ambos partidos, como hubiese querido el presidente andaluz. Han sido los 15 diputados de Vox y los 576.635 votos (13,8%) que obtuvieron en las pasadas elecciones. La dirección nacional del PP también ha remado en favor de un pacto andaluz “homologable” al del resto de comunidades, evitando que Moreno -referente de la derecha más moderada- salvase un perfil propio que le ha distinguido del resto de sus compañeros. Ese perfil se perdió con la mayoría absoluta.

Los de Abascal han ignorado los porcentajes a los que aludía Moreno para intentar desmarcarse de las concesiones que tuvieron que deglutir sus compañeros en Extremadura, Aragón y Castilla y León. El marco de negociación siempre ha sido uno: no aceptar que Andalucía y Moreno sean una excepción y, por tanto, asimilar lo máximo posible el pacto andaluz al del resto de territorios. Esta concatenación de acuerdos de gobiernos autonómicos -el cuarto en dos meses- es la hoja de ruta de Abascal y de Alberto Núñez Feijóo hacia la Moncloa.

Quinto gobierno andaluz de coalición

Éste será el quinto gobierno de coalición de la historia autonómica andaluza. El primero se gestió en la quinta legislatura [1996-2000] entre el PSOE de Manuel Chaves y el Partido Andalucista (PA), entonces comandado por Antonio Ortega. Fue un pacto estable que duró todo el mandato y que se reeditó cuatro años más, en la sexta legislatura [2000-2004]. De aquella alianza, Chaves saldría reelegido en 2004 con 2,2 millones de votos y una mayoría absolutísima.

En 2012 el PSOE perdió las elecciones andaluzas por primera vez en su historia, frente al PP de Javier Arenas que se quedó a cinco diputados de la mayoría absoluta. Los socialistas pactaron un gobierno con Izquierda Unida (IU), presidido por José Antonio Griñán, con el líder de IU, Diego Valderas, como vicepresidente y tres consejerías en manos de los comunistas (Gobernación; Fomento y Vivienda, y Turismo). Duró tres años [2012-2018]. Griñán cedió la presidencia a Susana Díaz, que expulsó a sus socios del Ejecutivo y adelantó las elecciones para gobernar en solitario con apoyo externo de Ciudadanos.

El siguiente gobierno de coalición fue el primero ya sin los socialistas en la Junta [2019-2022], una alianza de PP y Ciudadanos, apoyada desde fuera por Vox. El partido de Albert Rivera, que se quedó a cinco escaños del PP más jibarizado de la historia (26 diputados), se hizo con una vicepresidencia y cinco consejerías. Vox le aprobó a Moreno tres presupuestos autonómicos, le tumbó el cuarto, y en las elecciones de 2022 los populares conquistaron su primera mayoría absoluta, con unos rotundos 58 escaños.

El futuro Gobierno de coalición PP-Vox nace del segundo acuerdo político con la ultraderecha, que es más tangible que el primero, porque contiene los “plazos de ejecución y las garantías de cumplimiento” que citó su líder andaluz, Manuel Gavira, en la primerra sesión de investidura fallida, el pasado martes. El PP andaluz es hoy más fuerte que hace ocho años y Moreno, indiscutiblemente, ha consolidado su liderazgo como referente de la derecha moderada en España.

Sin prisas

El inicio de las negociaciones se dilató durante12 días -hasta la primera llamada a Vox- en las que Moreno dijo no tener prisa y ofreció a la extrema derecha un gobierno del PP en solitario apoyado desde fuera por la ultraderecha con pactos puntuales en el Parlamento (el mismo formato que en 2019). Las primeras conversaciones entre los equipos negociadores no se iniciaron hasta el 9 de junio, apenas 48 horas antes de la constitución del Parlamento andaluz.

La falta de un acuerdo previo entre ambas formaciones de derechas también ha marcado el inicio de la XIII legislatura andaluza, el pasado 11 de junio. Ante la ausencia de un pacto, el PP se hizo con el control absoluto de la Mesa del Parlamento y obtuvo cinco de los siete puestos, mientras que Vox se quedó sin representación ni amagó con pedirla. Su objetivo era pactar todo el bloque político con el PP, de ahí que el acuerdo obligue ahora a rehacer la composición del órgano rector de la Cámara, y que alguno de los cinco dirigentes populares tengan que dimitir.

A diferencia de lo ocurrido en otros territorios -o puede que como consecuencia de ellos- el asunto sobre la prioridad nacional ha llegado muy diluído a la negociación. Moreno lo aceptó casi desde el principio -“todo el mundo lo ha firmado ya”-, consciente de que el impacto mediático es menor, una vez que ha acaparado titulares en Extremadura, Aragón y Castilla y León.

El dirigente popular se pasó la campaña electoral ignorando este tema, como un tabú, pero sin llegar a confrontar abiertamente con la política antiinmigrante de sus socios potenciales. Terminó por decir que la “prioridad nacional” era un “eslogan vacío”, que en la práctica tendría poco recorrido, porque el planteamiento de máximos de los ultra estaba acotado por la propia Constitución, el Estatuto de Autonomía y el Código Penal. “Si lo quieren llamar así, me parece bien”, dejó dicho a pocos días de las urnas.

A pesar de los aparentes desencuentros con Vox, Moreno se propuso formalmente ante el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, como candidato a la Presidencia de la Junta y solicitó la convocatoria del debate de investidura lo antes posible. El lunes pasado, sin límite de tiempo, presentó un proyecto político para un gobierno en solitario, con apenas guiños a la ultraderecha. No mencionó la prioridad nacional, pero hubiese dado lo mismo, porque cuando llevaba 40 minutos hablando, el portavoz nacional de Vox, desde Madrid, adelantó que dijera lo que dijera su grupo ya había decidido votar no ese día. Y amenazó con volverlo a hacer en la segunda votación, 48 horas después.

En todo este tiempo, Vox ha escenificado su voluntad de replicar en Andalucía sus otros pactos autonómicos. Su portavoz, Manuel Gavira, ha llegado a anticipar un voto contrario en la investidura si no se firmaban medidas concretas. Desde la oposición, la socialista María Jesús Montero viene denunciando que todo el proceso ha sido un teatro y que el pacto de gobierno entre el PP y Vox lleva semanas cerrado en secreto.

Andalucía, la comunidad más poblada de España, se aproxima lenta pero inexorablemente a un pacto de gobierno entre PP y Vox clave para el futuro del país y de las próximas elecciones generales. Lo que están ultimando las dos fuerzas conservadoras en estas horas, previas a la segunda votación de investidura de Juanma Moreno, tendrá mucho más repercusión política que los pactos que ya han firmado en Extremadura, Aragón y Castilla y León.

Lo tendrá, necesariamente, por volumen: porque Andalucía contiene más habitantes que las otras tres comunidades juntas -8,5 millones de personas, casi el 20% del país-; porque maneja más presupuesto que las otras tres regiones juntas -51.600 millones de euros-; y porque aporta al Congreso 61 diputados de los 350 escaños.

La pica de Santiago Abascal en este territorio significa que “ya no hay marcha atrás”: la ultraderecha se ha hecho imprescindible para la gobernabilidad en el bastión de Juanma Moreno, referente del PP más moderado, al que ahora le empujan su centro de gravedad política hacia posiciones más ultra, más incómodas. “Juanma es una pieza de caza mayor” para Abascal, mascullan en el Palacio de San Telmo.

Si el acuerdo aún no está cerrado en Andalucía, es precisamente porque Moreno y los suyos pelean in extremis para conservar un perfil propio dentro del PP, para mantener esa singularidad que le hace destacar en su propio partido, como baluarte de la moderación, la concordia, el diálogo, y firme enemigo de la polarización, la bronca, el ruido y la crispación.

“Andalucía ya no es una excepción”

Moreno quiere firmar menos contrapartidas que otros barones territoriales del PP, porque considera que su resultado en las elecciones del 17 de mayo -el 41,16% de los votos y 53 escaños- es porcentualmente superior al resto: tiene más votos que hace cuatro años, es primera fuerza en las ocho provincias, saca más ventaja al segundo (PSOE) y al tercero (Vox) y, sobre todo, se ha quedado a dos escaños de la mayoría absoluta.

Pero también es muy consciente de que “a Vox no le interesan las matemáticas”. “A ellos les da igual si necesitamos dos votos a favor o cuatro abstenciones, ellos tienen 15 diputados y van a hacer valer sus 15 diputados”, se lamentan en el entorno del presidente andaluz. “No entiendo por qué lo que es bueno para el PP en Extremadura, Aragón y Castilla y León no va a ser bueno para el PP de Andalucía”, dijo este miércoles el diputado nacional de Vox, José María Figaredo, en Tele 5. “Andalucía ya no es una excepción”, subrayan fuentes del grupo parlamentario.

Es el mito de Juanma Moreno, el verso suelto dentro del PP por obra y gracia de su mayoría absoluta, justo lo que Abascal aspira a desmontar. Y no es el único, porque una parte nada desdeñable de su propio partido, la que va desde Isabel Díaz Ayuso hasta el núcleo duro que rodea a Alberto Núñez Feijóo, ya da por amortizada su comunión con la ultraderecha, “la única fórmula posible para sacar a Pedro Sánchez de la Moncloa” en las generales de 2027, dicen fuentes de la dirección nacional.

Vox quiere, por tanto, alinear a Juanma Moreno con María Guardiola, con Jorge Azcón y con Alfonso Fernández-Mañueco, imponiendo las mismas cláusulas en la negociación: la “prioridad nacional”, ese axioma antiinmigrante que ya han engullido los otros tres barones del PP; el discurso beligerante contra la población extranjera, rechazando el reparto de los menores extranjeros no acompañados...

Esta parte, aunque sea la más mediática, es la que está más amortizada en el equipo de Moreno. En su primer pacto de investidura con Vox, en 2019, ya cimbrearon la negociación pidiendo la “deportación de 52.000 inmigrantes de Andalucía”, algo que posteriormente retiraron. Entonces, los populares se congratularon de haber logrado los votos de Vox a cambio de promesas en materia migratoria que “son competencias del Estado”. “A mí eso sólo me obliga a escribirle una carta al ministro de Interior”, ironizaba uno de los dirigentes del PP que estuvo en aquella negociación.

“Quieren más poder y más presupuesto”

Esos primeros tres años de convivencia política entre PP y Vox sirven de manual para entender lo que vamos a ver ahora: la ultraderecha, desde fuera del Gobierno andaluz, solía reinterpretar el acuerdo augurando unas consecuencias políticas que, en la práctica, nunca se dieron (véase en qué quedó el cacareado debate sobre el llamado “pin parental”); mientras que el PP, desde dentro del Ejecutivo junto a Ciudadanos, circunscribía su compromiso a la literalidad del pacto. Ni más ni menos. A la postre, los de Abascal consiguieron de aquel acuerdo más titulares rimbombantes que medidas reales.

Ahora, la preocupación del equipo negociador de Moreno ha pasado de largo de la prioridad nacional y se centra en reivindicaciones más tangibles. “Son más pragmáticos, quieren más poder y más presupuesto”, dice un dirigente popular. En esta lista de peticiones estaría la entrada de Vox en un Gobierno de coalición, que el PP ya da por descontado, según las fuentes consultadas, aunque hay “flecos importantes” sobre el reparto de competencias.

De entrada, los de Abascal aspiran a dirigir la consejería de Agricultura, igual que en el resto de territorios, aunque aquí el presupuesto que manejarían alcanza los 2.000 millones de euros, más que las otras tres comunidades juntas; o bien una cartera de “perfil social” que les permita maniobrar en sus guerras culturales (natalidad y políticas antiabortistas; asfixia financiera a ONG y ayudas a la cooperación...).

También reclaman dos miembros en la Mesa del Parlamento, para arrebatar a los populares el control absoluto del órgano que marca los tiempos y las prioridades legislativas de este mandato (esto obligaría a dimitir a dos de los miembros que puso el PP); una mayor presencia en los órganos de extracción parlamentaria, como la Defensoría del Pueblo Andaluz, y en especial en el Consejo de Administración de la Radio Televisión Pública Andaluza (RTVA); y un replanteamiento del “pacto verde”, del posicionamiento político respecto a los acuerdos alcanzados en Bruselas que afectan al campo andaluz; y modular el discurso de Moreno respecto al cambio climático: “no al fanatismo climático”, le indicó su líder, Manuel Gavira, durante su intervención en el Pleno.

En el espacio de mayor coincidencia están las rebajas fiscales, bandera de Moreno con la que Vox siempre ha estado de acuerdo, y la desregulación y desburocratización de los trámites administrativos para agilizar los proyectos empresariales.

“Humillación”

El debate de investidura de Moreno en el Parlamento andaluz dejó al descubierto un cambio de registro entre la “humillación” de la sesión del lunes -la dirección nacional de Vox anunció el voto en contra cuando Moreno aún iba por la mitad de su discurso- y la “reconciliación” de la sesión del martes, en la que ambas formaciones se trataron con mimo y escenificaron un acercamiento de posturas, una predisposición a pactar “cuanto antes”.

A partir de ahí, comenzó en el PP andaluz el proceso para relativizar todo lo que antes de las elecciones parecía un “lío”. De entrada, ese “eslogan vacío” de la “prioridad nacional”, en palabras del propio Moreno. “Algunas propuestas son irreales y otras son ilegales. En este caso es la Constitución Española, el Estatuto de Autonomía y las leyes orgánicas las que nos marcan lo que tenemos que cumplir y el PP no va a vulnerar nunca la ley. Ahora, que ellos lo quieren denominar prioridad nacional, me parece muy bien”, dejó dicho durante la campaña.

Tras la votación fallida del martes, Moreno salió del hemiciclo confiado en cerrar el acuerdo con Vox en las siguientes 48 horas, antes de la segunda votación del jueves, próxima a las siete de la tarde, cuando se cierra el plazo límite. “La prioridad nacional la han firmado en todos los sitios. Es una habilidad coger una cosa que existe y decir que es tuyo”, avanzaban ya desde el entorno del presidente andaluz, tras admitir que estaban “cerrando flecos en la parte programática, y después irá la formación del gobierno”.

Por la parte de Vox, donde negocian dos emisarios de Abascal enviados desde Madrid, la sensación de prisa es infinitamente menor que en el PP. La ultraderecha se ha instalado en una posición de máximos -aunque Moreno les agradeció durante el debate su “esfuerzo de entendimiento y por modular algunos de sus planteamientos”- y exige “plazos concretos y garantías de cumplimiento”.

“No vamos a cometer los mismos errores que con el acuerdo de investidura de 2019, que no cumplieron, por mucho que digan ahora que sí. Ya no somos novatos”, dice una fuente del grupo parlamentario Vox, tras subrayar que “ni van a renunciar a entrar en el gobierno ni a arrebatar la mayoría absoluta al PP en la Mesa del Parlamento”.

La oposición de izquierdas en bloque ha exigido a Moreno que vuelva a comparecer en el Parlamento, tras firmar el pacto con Vox, para someterlo al debate de la Cámara. El PSOE de María Jesús Montero prevé solicitar por escrito este debate bis de investidura al presidente del Parlamento, el popular Jesús Aguirre, porque considera que el primero fue “un fraude y una humillación” para los andaluces. “Se votó un proyecto de gobierno en solitario, cuando todo el mundo sabe que hay un pacto con la ultraderecha”, ha asegurado la vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez.

El portavoz del PP en el Parlamento, Toni Martín, acusó a Montero de haber “importado a Andalucía el veneno del sanchismo desde el Congreso” y volvió a reprocharle que no haya facilitado la investidura de Moreno. “Han dicho que llega el fin del mundo, pero tienen en su dedo votar y no van a hacer nada para evitar ese fin del mundo”, ironizó.

Martín aseguró que “hoy están más cerca que ayer” del acuerdo con la ultraderecha, y defendió el diálogo con ellos por dos motivos: porque es “el único que ha mostrado disposición al diálogo”, y porque “con la izquierda no podemos compartir nada”.

El Parlamento andaluz ha tumbado la investidura de Juan Manuel Moreno como presidente de la Junta con el rechazo de todos los partidos, excepto el PP, que este martes necesitaba una mayoría absoluta que no tiene a falta de dos escaños.

Moreno negocia un pacto de legislatura con la ultraderecha, pero Vox ha ordenado apurar las próximas 48 horas para que el barón popular -referente de la derecha moderada- asuma los mismos postulados que impusieron a sus compañeros en Extremadura, Aragón y Castilla y León: “Sí a la prioridad nacional, no al fanatismo climático”, le ha espetado el líder andaluz de la ultraderecha, Manuel Gavira.

Esas 48 horas son el plazo legal que estipula el reglamento de la Cámara para volver a someter a votación su investidura. Entonces le bastará la mayoría simple, es decir, que cuatro diputados de Vox se abstengan, pero el partido de Santiago Abascal ha dejado claro que no está aquí como mera comparsa ni para facilitar un Gobierno en solitario del PP: trabajan por el 'sí' y para eso exigen a Moreno un compromiso de máximos, “con plazos concretos y garantías de cumplimiento”. Y con el subrayado de la “prioridad nacional”, el sintagma antiinmmigrante que ya han colado a tres gobiernos autonómicos.

“La prioridad nacional la han firmado en todos los sitios. Es una habilidad coger una cosa que existe y decir que es tuyo”, avanzan fuentes próximas al presidente andaluz, tras admitir que están “cerrando flecos en la parte programática, y después irá la formación del gobierno”.

El cara a cara entre Gavira y Moreno ha acaparado el máximo interés de los 109 parlamentarios, sumidos en un silencio monacal cuando jugaban a regatearse sin dejarse caer al suelo. El mood ha cambiado en las últimas 24 horas. Este martes no han llegado, desde Madrid, interferencias abruptas de la dirección nacional de Vox, que inviten a pensar en una travesía larga hasta la reelección del candidato, ni en un especial ensañamiento para hacer sudar sangre a Moreno, como ocurrió el lunes.

“Estamos más cerca, estamos mejor que ayer”, dicen fuentes populares, que ansían cerrar el pacto en las próximas 48 horas y que su líder tome posesión el sábado. “Lo peor ya ha pasado”, avisan. Gavira ha pedido explícitamente la prioridad nacional, y Moreno no ha recogido el guante -aún- de ese “eslogan vacío”, como lo tildó en la pasada campaña electoral, pero comenzó a desandar el camino que le separaba de la ultraderecha, mezclando el debate sobre inmigración con el de inseguridad, delincuencia y narcotráfico.

PP y Vox han metido en un cajón las herramientas con las que se han atizado los últimos cuatro años -“por el bien de los andaluces”- e inauguran una nueva etapa de concordia, que aún debe aflorar en un acuerdo político por escrito. No se trabaja aquí con un plan B a éste, pero el conocido regusto de los de Abascal por los giros de guión y las sorpresas de última hora -como dejaron patente en la primera legislatura que apoyaron a Moreno- mantiene abierto el margen de incertidumbre.

Es cierto lo que dicen de sí mismos: son previsibles, incluso cuando les gusta mostrarse imprevisibles. En una ocasión escondieron el sentido de su voto a unos Presupuestos Autonómicos -con el Gobierno de PP y Ciudadanos en vilo- hasta el mismo momento de la votación en el Pleno.

De modo que todo lo que se dilate la negociación del acuerdo andaluz depende en exclusiva del timing que orqueste Vox, no del PP, y todo lo que se dilate será una demostración del poder que tienen como llave de gobierno, y de la dependencia que tiene de ellos Moreno.

El objetivo común: derrocar a Sánchez en 2027

El debate de investidura, que arrancó a mediodía del lunes y terminó este martes con la votación, casi a las siete de la tarde, ha durado casi nueve horas con intervalos. Juanma Moreno no tenía límite de tiempo ni para su discurso inicial ni para responder a sus rivales, que sí tenían tasado los minutos.

El presidente de la Junta en funciones se ha marchado sin acuerdo con la ultraderecha, pero tanto él como Gavira han escenificado un acercamiento evidente de posturas, fajados hoy al unísono en la principal razón de ser de su pacto: minar al Gobierno de Pedro Sánchez, arrinconar a las izquierdas, y allanar el camino de Feijóo y de Abascal a la Moncloa en 2027.

La decimotercera legislatura en Andalucía es un regreso a 2019, cuando irrumpe por primera vez un gobierno de derechas tras 37 años de socialismo en el poder. Todo huele a déjà vu, excepto al estado de alarma en la izquierda: hace ocho años, el líder de IU, Antonio Maíllo, se desgañitó en su primera intervención llamando “fascistas” a los primeros 12 diputados de la ultraderecha en España, presentes en el Parlamento andaluz, mientras una multitud de personas rodeaba por fuera la Cámara en señal de protesta. “No pasarán”, se gritó en aquella campaña electoral. Hoy Vox está amortizado como fuerza de gobierno y su discuro naturalizado en la calle, en los medios y en las redes sociales.

La fisonomía del Parlamento andaluz tras las elecciones del pasado 17 de mayo es parecida a aquel primer mandato y no muy distinta, en realidad, a la pasada legislatura: las derechas vuelven a cabalgar juntas, PP y Vox hacen ostentación de sus parecidos, orillan sus diferencias, y unen fuerzas contra el bloque de izquierdas, al que Moreno ha calificado “el bloque del bloqueo”.

Hoy, con el primer no a la investidura, también ha empezado la cuenta atrás para la repetición electoral. Pero ningún partido contempla ese escenario, aunque el candidato popular ha sacado a paseo el fantasma y le ha puesto fecha: sería el próximo 25 de octubre (los dos meses preceptivos desde hoy).

Del discurso de Moreno se desprenden dos ideas: que sin Vox es imposible arrancar esta legislatura ni formar gobierno, y que con Vox tiene que entenderse, no porque sea su “socio preferente”, sino porque “es el único partido que se ha ofrecido”.

Esto último, verbalizado por el consejero de Presidencia en funciones y mano derecha de Moreno, Antonio Sanz, le ha molestado a los de Abascal. “Esto no suma y no ayuda”, le había dicho Gavira. El popular se ha excusado argumentando que trataba de subrayar la “irresponsabilidad” de las izquierdas, que dejaron claro desde el minuto uno que ni facilitarían su investidura ni apoyarían que buscase amparo en los votos de Vox. “Ni comen ni dejan comer”, dijo por la mañana, para explicar que estaba abocado a entenderse con la ultraderecha “cuanto antes”. “Nos gustaría llegar a un acuerdo con Vox, sí. Aquí no hay trampa ni cartón”, sentenció.

Montero: “Esta investidura es un fraude”

Y fue sobre este marco mental en el que llegó María Jesús Montero a la tribuna del Parlamento andaluz, del que salió en 2018, cuando aún gobernaba el PSOE esta comunidad, para entrar en el primer Ejecutivo de Sánchez. “Por la misma regla de tres, si resulta que las izquierdas somos responsables de los acuerdos a los que usted va a llegar con Vox, entonces en el Gobierno de España usted es responsable de los acuerdos con los independentistas. El embudo funciona en ambos sentido”, le espetó.

La socialista fue durísima en su primera intervención contra Moreno, al que llegó a tildar de “fraude”. “Ha convertido esta sesión de investidura en un fraude, probablemente porque usted es un fraude en política: dice una cosa y hace otra”, dijo. Montero afeó al presidente andaluz el haber escondido su proyecto político, a sabiendas de que hoy depende de los postulados de la ultraderecha. “Ha convertido esta sesión de investidura en una tertulia que no nos lleva a ninguna parte, por debajo de la mesa se está negociando la letra pequeña que se ha hurtado a este Parlamento”, avisó.

La intervención de Montero convirtió el debate de investidura en otra cosa muy distinta: una suerte de sesión de control al Gobierno de Pedro Sánchez, más bronco, más descarnado, y con un Juanma Moreno olvidándose por momentos de que estaba allí para presentar sus credenciales para la reeleción, y no para fiscalizar el pasado lejano y reciente de la exvicepresidenta del Ejecutivo. El popular se llevó consigo una montaña de papeles, incluido hojas del BOJA de hace 16 años, cuando su rival era consejera de Salud.

La réplica de Moreno a la socialista fue durísima y se dedicó tanto a ello -56 minutos en el primer tiempo, y unos 25 minutos en el segundo- como el que había usado para su discurso de investidura y la presentación de su proyecto político. Atizar a Montero también forma parte del canto de sirenas que quiere escuchar Vox. La dirigente socialista, con su mera presencia en el Parlamento andaluz, hizo más por el pacto PP-Vox que cualquier negociación.

El dirigente popular se armó con todo el arsenal: el pacto con el independentismo catalán, el agravio a Andalucía, los acuerdos con Bildu, la condena de 24 años de cárcel a Ábalos y de 19 años a Koldo, el caso Cerdán, “los collares de Zapatero”, la imputación de la presidenta de la Sepi, la corrupción... Llegó a insinuar, sin llegar a decirlo, que su contrincante acabará salpicada en una de las causas judiciales que acechan al PSOE.

La bancada popular, con sus 53 diputados y el consejo de Gobierno en funciones, animó con ruido de fondo durante la intervención de la socialista, obligando al presidente del Parlamento a parar el reloj varias veces. La crispación entre los diputados populares y el PSOE fue la más visceral de todo debate.

El dirigente popular se ha explayado en atacar a la líder de la oposición por tierra, mar y aire, sin límite de tiempo, cargando sobre sus hombros su responsabilidad como número dos del Gobierno de Sánchez. “Usted, que dice que ha sido la mujer con más poder en España desde Isabel la Católica, ¿por qué no usó todo ese poder para invertir más dinero del Estado en Andalucía”, le ha dicho.

Montero le ha recordado que la etapa de Sánchez ha aportado 60.000 millones de euros más a Andalucía que la etapa anterior, de Mariano Rajoy, y ha defendido con uñas y dientes su propuesta de reforma del modelo de financiación autonómica. “Usted no puede presentar una alternativa porque no se pone de acuerdo con otros presidentes autonómicos del PP. Hasta ahora, el Gobierno de Sánchez propone 5.000 millones más para Andalucía, y usted cero”.

El momento más crítico entre el popular y la socialista tuvo que ver con la crisis de los cribados de cáncer de mama, el momento más delicado de los casi ocho años de gobierno de Moreno, que se llevó por delante a la cúpula de la Consejería de Salud. “Ahora mismo, de los casos de los cribados, no ha fallecido ninguna mujer afortunadamente”, dijo el presidente andaluz, provocando una protesta unánime de todos los diputados de izquierdas, que hizo a Moreno dudar y mirar de reojo a su consejero de Sanidad, Antonio Sanz, como buscando la aprobación.

La Junta siempre se ha negado a confirmar o desmentir si murió alguna de las 2.317 mujeres víctimas de los diagnósticos tardíos del cribado de cáncer, escudándose en la Ley de Protección de Datos. El PSOE ha demandado el número, no los nombres y apellidos de las posibles víctimas, pero Sanz no ha respondido y Moreno, fuera de la Cámara, siempre ha dicho que “no le consta” muerte alguna. Hoy es la primera vez que asegura esto en sede parlamentaria y Montero, en la última réplica, le ha vuelto a pedir los datos: “¿Cuántas han fallecido? ¿Cuántas han tenido que hacerse una masectomía?”.

Este primer duelo entre el dirigente del PP y la jefa socialista de la oposición anticipa un estreno de legislatura bronco, anexo de la crispación que inunda el Congreso de los Diputados, con los socios del futuro Ejecutivo andaluz fiscalizando al PSOE-A. Probablemente será la dinámica hasta las municipales y generales de 2027. La propia Montero tropezó en la trampa al usar parte del debate de investidura de su oponente para defender al Gobierno de Sánchez.

Así terminó este debate, que debía ser un punto de lanzamiento de una legislatura en Andalucía, como un epílogo de las últimas elecciones autonómicas, o como un preámbulo de la campaña de las generales. Moreno habló de “corrupción generalizada y sistémica en el PSOE, que es insoportable, sonrojante y bochornoso”, pidiéndole explicaciones a la dirigente socialista, que ya no tenía turno de réplica para responder. En estos últimos minutos, el candidato a presidente se ensañó con su rival, y puso de los nervios a todos los diputados socialistas. “Lo suyo es una obsesión con Montero, ha dedicado 40 minutos exclusivos a hablar mal de ella”, se quejaban.

“La imagen que estamos dando del Parlamento andaluz es patética”, vino a decir a esas alturas el presidente de la Cámara, el popular Jesús Aguirre, incapaz de apaciguar la bronca entre los diputados socialistas y populares. Los últimos diez minutos de intervención de Juanma Moreno, han sino un monográfico sobre la corrupción del PSOE, cuando ha sugerido que Montero está implicada en los casos que salpican a su partido, del que aún es vicesecretaria general. “Usted tenía que saber algo”, le ha dicho. “¿Usted está insinuando que yo voy a estar imputada?”, le había preguntado ella, ofendida. “Lo dice sin llegar a decirlo: cobarde”, le espetó.

Como colofón, el portavoz del PP andaluz,Toni Martín, tomó la palabra final, recordó que hoy era el día del parlamentarismo y, acto seguido, volviéndose a la bancada socialista, les soltó: “Son ustedes la vergüenza del parlamentarismo en España y en Andalucía”.

A diez minutos para las siete de la tarde, el presidente del Parlamento ha sacado un número al azar -entre los 109 diputados- para elegir al primero que debía pronunciar su voto en voz alta sobre la investidura de Moreno, y salió elegido Manuel Gavira, líder de Vox. Risas por fin en la Cámara por la puntería de Aguirre. “No”, dijo Gavira, terminando de un plumazo con el suspense. El primer voto tumbó la investidura del candidato popular, y empezó a correr el reloj para salvar la legislatura.

La segunda sesión del debate de investidura de Juanma Moreno ha retratado el aislamiento del candidato del PP y presidente de la Junta en funciones en el Parlamento andaluz, aún lejos de la reelección. Sus rivales políticos -todavía Vox se encuentra entre ellos, pero menos- le han hecho ver que la distancia que le separa de la mayoría absoluta necesaria para ser investido esta tarde es, simbólicamente, mucho más larga y empedrada que los dos votos afirmativos que le faltan. “Usted se tiene que entender con Vox, aunque no quiera y aunque no le guste”, le espetó el portavoz de la ultraderecha, Manuel Gavira, en cuanto subió a la tribuna.

Moreno entró el lunes en el debate de investidura preparado para el desplante que le hizo Gavira al terminar un discurso de hora y media en el que desgranó su programa de gobierno y reivindicó su estilo de hacer política, centrándose en lo que le une al partido de Santiago Abascal, y orillando lo que le separa: se ha quedado corto, no ha mencionado la “prioridad nacional” ni ha hablado del “problema de la inmigración”, aún no hay acuerdo entre el PP y Vox y el martes votaremos que no, le vino a decir su futuro socio.

Para lo que no estaba preparado el presidente andaluz era para escuchar cómo el portavoz nacional de la ultraderecha anunciaba, desde Madrid, que dijese lo que dijese (y en ese instante aún le quedaba más de la mitad del discurso por decir), el voto de sus 15 diputados sería no. Y que volvería a ser no el jueves -cuando le basta con la abstención de cuatro parlamentarios- y que seguirá siendo no en adelante, hasta que el referente del PP más moderado se doblegue a las exigencias de Vox, como hicieron antes que él María Guardiola en Extremadura, Jorge Azcón en Aragón y Alfonso Fernández-Mañueco en Castilla y León.

Aunque se vanaglorien de “decir lo mismo en toda España”, estos días no es lo mismo escuchar a un dirigente de Vox en Andalucía que en Madrid. En la capital de España prima el “yo” de Vox y el sometimiento del PP; en Sevilla se usa ya el “nosotros”, y se habla de “trabajar juntos” y centrados en el “enemigo” común: la izquierda en general y Pedro Sánchez en particular.

Con todo, en la segunda sesión plenaria volvió a ocurrir lo mismo que el primer día: arrancó el debate a las diez de la mañana y la primera votación de la investidura de Moreno está fijada para las seis de la tarde -necesita mayoría absoluta-, pero a las 13.30 horas subió a la tribuna Gavira -“Aquí está el elefante”, bromeó- y terminó con el debate por anticipado. “Nuestro voto va a ser que no”, sentenció, “los andaluces le han dicho, señor Moreno, que usted se tiene que entender con Vox, aunque no quiera y aunque no le guste”.

El portavoz de Vox fue tajante, pero también escenificó el acercamiento al PP, centrando sus esfuerzos en atizar al Gobierno de Pedro Sánchez, el mejor pegamento que une a las derechas. El partido de Abascal votará que no, pero ha dejado a Moreno las balizas para no perderse en el camino para llegar a un acuerdo. Y es un camino pedregoso para el referente del PP moderado: “Nuestro voto será un sí a la prioridad nacional, trabajamos en un acuerdo que nos permita priorizar a los de casa”, subrayó.

Y luego añadió otros imponderables de la ultraderecha que arañan “los principios” que Moreno se prometió, el día antes, no traicionar: “Nuestro voto será un fin al fanatismo climático, a la desregulación y al lastre de la burocracia, y a terminar con las políticas de puertas abiertas que la inmigración masiva amenaza nuestra prosperidad. Será un bastión del sentido común y frente a la mafia que representa Pedro Sánchez”, sentenció. “Cuando llegue el momento, votaremos que sí, pero no a Moreno, sino al acuerdo de gobierno”.

Gavira le recordó una y otra vez a Juanma Moreno que se estrenó como presidente andaluz, en 2019, porque Vox así lo quiso. Le recordó que ya firmaron con él un acuerdo de investidura y tres acuerdos presupuestarios, pero que entonces “no cumplió, por eso hoy necesitamos un compromiso de cumplimiento con calendario”.

En la réplica, Moreno pidió “un esfuerzo de aproximación” de ambas formaciones. “Es una realidad que Vox es distinto al PP y que el PP es distinto a Vox. Tenemos visiones diferentes”, dijo, para lamentar el rechazo de todos los grupos a su investidura, y se mostró confiado en desatascar el pacto con la ultraderecha el jueves, cuando le baste la mayoría simple para ser reelegido.

El candidato popular agradeció al partido de Abascal, insistementemente, “su esfuerzo de entendimiento y por modular algunos de sus planteamientos”. Y, por fin, empezó a hablar de inmigración. No se le oyó citar la “prioridad nacional”, pero sí metió en el mismo relato la inmigración y la inseguridad y la delincuencia.

Moreno pasó de cuestionar la política migratoria del Gobierno de Sánchez y el “reparto injusto” de menores extranjeros no acompañados entre comunidades -la razón que esgrimió Vox para salirse de sus gobiernos autonómicos de coalición con el PP- a hablar, muy duramente, de su “preocupación por la seguridad y las mafias ligadas al narcotráfico”.

Gavira, en su última intervención, volvió a tirarle de la oreja al presidente, pero dejó enfilado el acuerdo. “Ustedes han dicho: Vox no es nuestro socio preferente, es el único partido que se ha ofrecido. Y esto no suma, esto no ayuda. Usted y yo nos hemos dicho cosas muy feas y duras la pasada legislatura, y tenemos que guardarlas en un cajón en beneficio de los andaluces, y esa es nuestra actitud”, avisó.

Maíllo a Moreno: “La prioridad nacional es racista. Usted tiene que decidir”

En la hora y media larga que duró el discurso de investidura, el lunes, Juanma Moreno dejó dos huecos ostensibles que se convirtieron en noticia: no habló de la negociación con Vox, que arrancó hace una semana, y no mencionó la inmigración. Su primer rival en el segundo turno del debate, el líder federal de Izquierda Unida y portavoz de la coalición Por Andalucía, Antonio Maíllo, se lo reprochó nada más subir a la tribuna: “Tiene tanto valor político lo que no ha dicho como lo que ha dicho”, dijo.

“La prioridad nacional es una idea supremacista, clasista, racista y, sobre todo, xenófoba. En definitiva, es una idea fascista. Y usted tiene que decidir”, le espetó al candidato a la reelección. Y sentenció: “Necesita ser investido presidente con los votos de Vox, pero no es más que una pieza de peón en el tablero, como los presidentes de Extremadura, Aragón y Castilla y León. Quiere ser diferente, pero le han dicho que cumpla con la hoja de ruta”.

Maíllo regresó a la tribuna tras abandonar su escaño, en 2022, para regresar a la docencia. En su primer discurso atizó al presidente y le auguró que “se le había acabado el papel de moderado, porque tendrá que asumir la agenda de Santiago Abascal y del señor Feijóo”. El dirigente izquierdista enumeró las guerras culturales de la ultraderecha, desde el negacionismo climático y contra la violencia de género, hasta el discurso antiinmigrante, y expuso al barón del PP frente a sus “contradicciones”.

En un momento, incluso, llegó a preguntarle directamente: “¿Me considera un enfermo mental? Pues usted está negociando con un partido que considera a los gays enfermos mentales”, le ha espetado, mientras el dirigente popular negaba con la cabeza, visiblemente molesto.

En la réplica, Moreno puso las cartas sobre la mesa: de la inmigración dijo que es una competencia estatal, y que la postura de su partido “no ha cambiado”. “Queremos una inmigración ordenada, regulada e integrada en nuestra sociedad” y que venga a trabajar “en sectores que necesiten mano de obra”. Pero ya empezó a introducir matices para converger con la postura ultra de Vox, cuestionando que la mayoría de menores extranjeros no acompañados que llegan a España sean realmente menores.

“La falta de políticas migratorias de [Pedro] Sánchez trata a los inmigrantes como mercancías. Y trasladan a supuestos menores que no son menores. Demuestra falta de sensibilidad y mucha arrogancia de un Gobierno supuestamente de izquierdas que utiliza la inmigración como un instrumento político”, señaló.

Pero Moreno se demoró más para hablar del “elefante en la habitación”: “Sí, estamos negociando con el grupo Vox. Es más, nos gustaría llegar a un acuerdo cuanto antes, aquí no hay ni trampa ni cartón”, dijo, para subrayar que le urgen formar Gobierno y empezar a diseñar los Presupuestos Andaluces del año que viene en tiempo y forma. El candidato popular ha bautizado a las tres formaciones de izquierdas como “el bloque del bloqueo”, y les ha afeado que “no quieran negociar con el que ganó las elecciones, pero tampoco quieren que negociemos con el único grupo con el que podemos negociar: ni comen ni dejan comer”.

El presidente andaluz en funciones blandió el fantasma de la repetición electoral, que tocarían el 25 de octubre, y aplazarían la formación del nuevo Gobierno a las próximas Navidades. “¿Los andaluces quieren medio año de vacío?”, le preguntó a Maíllo.

García a Moreno: “¿Vamos a tener un vicepresidente no irá al 28F”

En el turno de Adelante Andalucía, su portavoz José Ignacio García se ha esmerado en “desmontar al personaje Juanma”. “Para usted Vox es un enorme favor, porque le hace parecer el personaje moderado que no es”, le ha dicho, tras recordarle que “nunca” ha tenido problemas para. ponerse de acuerdo con Vox.

“Se sube aquí a decirnos que va a tener que hacer cosas malas, y que si va a tener que pactar con la extrema derecha, es nuestra culpa”, le ha afeado. “No le hizo falta Vox para dejar tiradas a más de 2.000 mujeres con cáncer de mama, para aprobar cuatro universidades privadas, para que nuestros jóvenes tengan que pagar cursos de FP privados por 5.000 euros, para que las ciudades fueran invivibles por la gentrificación y el precio de la vivienda. Lo hizo usted solito”, ha insistido.

El dirigente andalucista se ha referido también a la prioridad nacional como un trampantojo que “impide hablar de los problemas de sanidad, educación y vivienda”. “Si usted es tan humanista como el Papa, suba aquí y diga que la prioridad nacional es un invento racista”, ha subrayado.

El líder de Adelante Andalucía, que ha pasado de tener dos diputados a contar con ocho, se ha preguntado, retóricamente, si “vamos a tener a un vicepresidente de la Junta que niegue la violencia machista; que no vaya al 28F; que diga ‘Andalucía es una patria islamista de un tal Blas Infante’...”. “¿Qué va a pasar el 4 de diciembre? Tendremos un vicepresidente que diga que la bandera de Andalucía es un trapo; que diga que los niños y niñas trans son enfermos... ¡Y que niegue el cambio climático! ¿Cómo va a ir al Comité de las Regiones Europeas, que usted es tan importante allí, que se van a cachondear de usted…”, le ha espetado.

Moreno ya respondió a Maíllo cuando le reprochó que asumiera el negacionismo de Vox ante el cambio climático y el pacto verde europeo. “Yo, Juanma Moreno Bonilla, creo que hay cambio climático, es más, considero que el responsable es la actividad humana”, había dicho.

El barón del PP ha cambiado el registro que solía usar con el portavoz de Adelante Andalucía, que la pasada legislatura tenía dos diputados y ésta cuenta con ocho. En el PP creen que el crecimiento sorpresivo del partido andalucista, que concentra gran parte del aumento de participación en las elecciones, les arrebató la mayoría absoluta.

Pero Moreno hoy lo ha negado de plano: “Usted no me quita votos a mí en ningún espectro social”, ha dicho, para atribuir su éxito electoral a la “erosión” de otras formaciones de izquierdas, sobre todo del PSOE, “que está en vías de desaparición”.

El dirigente popular ha sido más duro esta vez con García, al que le ha situado en el ángulo de la “izquierda radical”. “¿Usted es independentista o no? ¿Usted quiere la independencia de Andalucía?”, le ha interpelado, para luego acusarle de haber “sabido disimular una izquierda radical, anticapitalista y ultranacionalista con la sonrisa cuando a mí me ha acusado de opacar la realidad”.

“El andalucismo que usted representa es chiquito, no por el número de votos, si no porque su andalucismo es la blanquiverde con una estrella roja”, ha señalado. Y en la dúplica, también le ha atizado por no presentarse, a las claras, como una fuerza anticapitalista. “Ustedes se llamaban Anticapis, ¿no? Anticapitalistas es una propuesta política del siglo XIX, ya no son tan modernos”, señaló.

Llevaba Juanma Moreno 40 minutos leyendo su tercer discurso de investidura como presidente de la Junta de Andalucía, prometiendo la continuidad de su estilo de hacer política -“la moderación, la concordia”- y la continuidad de su “agenda reformista”, partiendo del reconocimiento de que nada de ello sería posible sin los votos de Vox.

Dos síes en la sesión de este martes, que requiere mayoría absoluta; o cuatro abstenciones el jueves, cuando basta la mayoría simple, recordaba el propio Moreno, cuando el portavoz del partido de Santiago Abascal, desde la sede central en Madrid, reventó todos los guiños, promesas y compromisos que le quedaban por leer, anunciando que sus 15 diputados votarán no mañana y probablemente también el jueves. Y quizá seguirán así en adelante, cuando empiece la cuenta atrás de dos meses para la repetición electoral, hasta que dobleguen al barón andaluz: “En primera [votación] no, y en segunda me parece que no. Que siga por ese camino y saldrá elegido en tercera, cuarta, quinta o nunca”, dijo el portavoz nacional de la ultraderecha, José Antonio Fúster.

Así empieza la decimotercera legislatura en Andalucía y termina antes de tiempo, de sopetón, el tercer discurso de investidura de Moreno. Los 109 diputados siguieron escuchándole, pero tomaron nota de que “alguien desde un despacho en Madrid había decidido el futuro inmediato de Andalucía”, como auguró el barón popular en la campaña de las elecciones del 17 de mayo, que ganó con 53 diputados, a dos de la mayoría absoluta. “El lío” ha comenzado, está por ver si dura cuatro años o cuatro días.

De la negociación entre PP y Vox para investir a Moreno y garantizar la gobernabilidad de la comunidad más poblada de España se sabe poco, porque los partidos han impuesto un cierre de puertas y un silencio absoluto. Abascal ha enviado a dos negociadores a Sevilla, como ya hizo en 2019, Javier Bazán y Montserrat Lluis. Por parte del PP, todos son andaluces: Moreno, el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, y el secretario general del partido, Antonio Repullo, personas de confianza del barón territorial.

Pero el candidato popular debía saber que lo de hoy no iba a ir más allá de una declaración de principios, de ahí que usara su momento de gloria en el Parlamento para hacer un alegato de la llamada “vía andaluza”, trampantojo de la moderación, la estabilidad y el diálogo: “Mi carácter y mis valores son sólidos y no cambiarán”, avisó a Vox.

Y en hora y media larga de discurso, no sólo no ha mencionado la polémica “prioridad nacional”, ese axioma xenófobo que los de Abascal han impuesto a los otros presidentes del PP en Extremadura, Aragón y Castilla y León a cambio de sus votos. Moreno ni siquiera ha hablado de inmigración ni del peso de los inmigrantes en la economía andaluza -fuerza motriz del sector agroalimentario y de la hostelería- como hizo en 2022, cuando tenía mayoría absoluta; ni de inmigrantes “irregulares”, asociados a la delincuencia y la falta de “orden” en las políticas migratorias, competencia exclusiva del Gobierno central, como hizo en 2019, cuando sí necesitaba los votos de Vox.

En la Andalucía del tercer discurso de investidura de Moreno, la población migrante no existe. La dirección nacional de Vox ya había dado el portazo a mitad de discurso pero, por si había dudas, su candidato y portavoz en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, remató la faena al terminar de escuchar al dirigente popular: “Hemos escuchado algunas cosas que nos han gustado y cosas que no nos han gustado. No ha entrado en materias como la inmigración y la inmigración es un problema”, ha subrayado Gavira, preguntándose si María Guardiola, Jorge Azcón y Alfonso Fernández Mañueño estaban “cometiendo ilegalidades” al asumir su “prioridad nacional”.

No está claro si Vox va a pelear en Andalucía, como en el resto de comunidades, por entrar en el Gobierno del PP y exigir la consejería de Agricultura. Pero sí es evidente que el gran objetivo político de Abascal en esta comunidad, capital para las próximas elecciones generales, es evitar que Juanma Moreno siga siendo una excepción, una singularidad en el PP. Eso se acabó cuando perdió la mayoría absoluta y ahora Vox quiere alinear a todos los barones territoriales con la misma vara de medir, dependientes todos de él.

“Continuidad” y agenda “reformista”

Juanma Moreno ha sido elegido presidente de Andalucía en dos ocasiones: la primera, en 2019, con el peor resultado de la historia del PP (26 diputados) y los votos prestados de Ciudadanos y de Vox; en la segunda, en 2022, le bastaron los apoyos de su partido, que había ganado con una rotunda mayoría absoluta (58 escaños).

El tercer discurso de investidura del candidato popular, pronunciado este lunes en el Parlamento andaluz, busca un equilibrio entre el primero y el segundo: es una reivindicación de la “continuidad” de las políticas “reformistas” que ha desarrollado su gobierno los últimos ocho años (no sólo los últimos cuatro de mayoría absoluta) y de un modelo socioeconómico que considera de “éxito”; y es, sobre todo, un alegado en defensa de su estilo de hacer política (la moderación y la concordia“ de la llamada ”vía andaluza“).

“Tengo la convicción de mantenerla como vía del nuevo gobierno andaluz. Gobernaré para todos. Mi carácter y mis valores son sólidos y no cambiarán por las coyunturas políticas”, ha prometido Moreno, reafirmándose en su estilo templado, comparándose con el discurso “humanista” que el Papa León XIV pronunció recientemente en el Congreso.

Pero, a la vez, el discurso de investidura de Moreno es un texto trufado de guiños, promesas y cesiones a la ultraderecha, necesaria tanto para su reelección como para la gobernabilidad estable de la comunidad más poblada de España. El presidente en funciones no se llamó a engaño, lo dijo nada más empezar: “Nos hacen falta dos escaños, esa es la realidad, y cerrar lo sojos a la realidad sería un error”, adelantó Moreno, que situó su debate en la encrucijada que todos conocen: “o bloqueo institucional o repetición electoral”, pero también desde el minuto uno señaló como responsables del “lío” potencial a las tres izquierdas que nunca facilitarán su investidura -PSOE, Adelante Andalucía y Por Andalucía-, nunca a su socio preferente, que a día de hoy tampoco le apoya.

Equilibrios imposibles

El debate de investidura, que continuará este martes con la réplica de los grupos políticos, ha sido un ejercicio de contorsión en el que Moreno se ha aferrado a sus principios -“moderación, seguridad, estabilidad”- y ha reintroducido partes de la agenda política de Vox.

“Reintroducido”, porque ya lo hizo en 2019, tras firmar el primer pacto del PP con la ultraderecha en España, que empezó a romper los consensos sobre igualdad de género y lucha contra la violencia machista; sobre las políticas contra el cambio climático; sobre europeismo y autonomismo; sobre la integración de los inmigrantes desde una perspectiva socioeconómica (no vinculada a la delincuencia), e incluso sobre memoria histórica (Andalucía fue la primera comunidad donde el PP no votó en contra de una Ley de Memoria autonómica, aunque tras casi ocho años de gobierno haya asfixiado las políticas memorialistas achicando la financiación).

Moreno hizo suyos algunos de los postulados más ultra del partido de Santiago Abascal, aunque se protegió de las críticas bajo la “Andalucía encapsulada” -esa estrategia exitosa que aisló la política andaluza del ruido colindante- y, más tarde, logró desprenderse de algunos de aquellos estigmas gracias a la mayoría absoluta de 2022 (otros los ha mantenido hasta hoy, como el polémico teléfono de “violencia intrafamiliar”, término con el que Vox niega la violencia de género).

“La igualdad de hombres y mujeres es un principio irrenunciable”, ha subrayado este lunes, reafirmando su compromiso en la lucha contra la “violencia de género”. Esta frase, quizá en 2019, habría puesto en riesgo el apoyo de Vox, que entonces tenía el rechazo al feminismo en el frontispicio de su agenda, pero desde entonces los de Abascal han experimentado un proceso de lepenización que, como los ultras de Francia, han orillado algunas guerras culturales para centrarse casi de forma monográfica en el discurso antiinmigrante.

El barón popular ha buscado también la complicidad de Vox en el reproche sistemático contra el Gobierno de Pedro Sánchez, un escenario de coincidencia con los de Abascal durante toda la pasada legislatura. Todo lo que falla en Andalucía, ha venido a decir Moreno, falla por falta de inversión, por falta de compromiso o directamente porque el Ejecutivo de España está dinamitando las opciones de esta comunidad autónoma, de 8,5 millones de personas, y que maneja un presupuesto de 55.000 millones de euros.

La medida estrella del discurso de investidura de Moreno en 2022 fue una batería de rebajas fiscales con un impacto de 620 millones de euros en las arcas públicas durante los cuatro años de mandato, 260 millones sólo el primer ejercicio. No se ha cumplido aquella previsión, pero el PP sigue ostentando hoy la bandera de la “rebaja masiva de impuestos”, con la que Vox está plenamente alineado.

Moreno ha avanzado en esa “reforma fiscal”: nueva reducción del IRPF y Transmisiones Patrimoniales; deduccióin por la compra de gafas y lentillas a menores de 25 años; volver a suprimir el impuesto de Patrimonio; bonificar el impuesto de Sucesiones entre hermanos; y ha vuelto a prometer mayor “desregulación” y “desburocratización”, que agilice los proyectos económicos.

La primera “prioridad” que ha mencionado no ha sido la “prioridad nacional” de Abascal (ese sintagma xenófobo), sino la vivienda, el gran problema social de nuestro tiempo (25.000 personas se manifestaron el sábado en Málaga reclamando una respuesta habitacional); y la “prioridad sanitaria”, prometiendo que el presupuesto de la cartera de Salud crecerá sistemáticamente cada año.

También, en esta línea, el líder popular ha esbozado una “revolución del modelo organizativo del Servicio Andaluz de Salud, que ya ha quedado obsoleto hace años”, y ha anunciado como medida “pionera” un plan de “prevención” contra la soledad no deseada, que afecta a más de un millón de andaluces.

Otro de los “principios irrenunciables” que ha esgrimido Moreno es la defensa “frente a terceros” del sector agroalimentario, pilar de la economía andaluza, que moviliza 15.600 millones de euros al año. En este capítulo los equilibrios del presidente de la Junta han sido complicados, porque su partido (junto al PSOE) apoyó el acuerdo comercial Mercosur en el Parlamento europeo, al que Vox se opone abiertamente.

Moreno ha defendido la “preferencia comunitaria”, es decir, el marco europeo [sigue siendo presidente del Comité de Regiones Europeas], pero también ha introducido las críticas de la ultraderecha al desarrollo de esas políticas, denunciando que algunas cláusulas de esos acuerdos europeos con países extracomunitarios “dañan a nuestros productores”. “Exigiremos precios justos y ser respetados frente a productos de terceros países a los que no se le exigen las mismas obligaciones y estándares ambientales que a nosotros”, ha subrayado.

Vox aspira, como en Extremadura, Aragón y Castilla y León, a hacerse con la Consejería de Agricultura, aunque en Andalucía el volumen de presupuesto que maneja es infinitamente mayor, con unos 2.000 millones de euros anuales.

El barón del PP hizo un llamamiento a la “unidad y la valentía” de la Cámara en un tramo de su discurso en el que rechazó de plano el nuevo modelo de financiación autonómica, firmado por la jefa de la oposición, la socialista María Jesús Montero, que le observaba desde su escaño. Moreno ha reclamado “suficiencia financiera” y ha acusado a Sánchez de “discriminar a Andalucía en las inversiones del Estado”.

La medida estrella del discurso de investidura de Moreno en enero de 2019 no estaba en el discurso, sino en la imagen en sí misma: el primer presidente de la Junta de Andalucía que no era del PSOE en 37 años. Sería elegido con los votos de los dos partidos que habían reducido al PP al esqueleto: los liberales de Ciudadanos y los ultras de Vox.

Uno de los cambios evidentes en la jornada de hoy es el ambiente de naturalidad con la que Moreno regresa a la investidura de manos de la ultraderecha, esta vez, sin el ambiente de asombro de entonces, sin las manifestaciones masivas de organizaciones feministas que en enero e 2019 rodearon el Parlamento en protesta por la alianza de PP con Vox, y respaldada por la mitad de los consejeros del Gobierno en funciones de Susana Díaz, dirigentes del PSOE-A, de Izquierda Unida y de Podemos. Hoy ya nadie se rasga las vestiduras ni alerta sobre el “fascismo”, que fue una palabra común en el diario de sesiones hace dos legislaturas.

Votación el martes y el jueves

El candidato popular ha desgranado los ejes de su tercer mandato y, hasta el martes a las 10.00 horas, el Parlamento no escuchará la réplica del resto de candidatos sobre la tribuna: María Jesús Montero, por el PSOE; Manuel Gavira, por Vox; José Ignacio García, por Adelante Andalucía; y Antonio Maíllo, de la coalición Por Andalucía. Obviamente será la palabra de Gavira la más esperada, si para entonces no se ha hecho público el acuerdo entre ambas formaciones.

La primera votación está prevista para la tarde del martes 30 de junio. Si Moreno no sale investido en ese momento, habrá una segunda votación 48 horas después, el jueves 2 de julio, en la que sólo necesitaría mayoría simple, es decir, bastaría con que los diputados de Vox se abstuvieran.

Reacciones de la oposición

Al término de la sesión, el portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha criticado el discurso inicial de investidura del presidente en funciones de la Junta, asegurando que “ha certificado la defunción de su vía moderada”, al mismo tiempo que ha lamentado su “opacidad” por las negociaciones entre el PP-A y Vox para formar gobierno.

“No ha contado absolutamente nada del único hecho políticamente relevante en estos días que ha sido el diálogo opaco, oscurecido y absolutamente hermético que tiene con la única fuerza con la que ha hablado y con la que descuelga el teléfono, que es con la ultraderecha de Vox”, ha afirmado Maíllo en una atención a los medios este lunes en el Parlamento.

Por su parte, el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha tachado de “vergüenza” el “poco tiempo” dedicado en el discurso de investidura de Moreno, a la violencia machista, los derechos de las personas LGTBI o el cambio climático, temas que ha calificado como “vetados” por la formación de ultraderecha con la que negocia un pacto de gobierno.

En nombre del grupo socialista, la vicesecretaria general del PSOE andaluz, María Márquez, ha cargado contra Moreno por “permitir” que el futuro gobierno se esté escribiendo “en un despacho de Vox en Madrid”, y que depende de lo que decida la dirección nacional de la ultraderecha, toda vez que ha sido el portavoz del partido de Santiago Abascal, desde la sede central en Madrid, quien ha avanzado que Vox votará en contra de la investidura de Moreno, mientras el propio candidato del PP leía su discurso previo a la votación prevista para este martes.

La productora Andalucía Digital Multimedia (ADM), participada mayoritariamente por el Gobierno andaluz y principal cliente de Canal Sur, carecía de un protocolo de prevención de acoso sexual y laboral “actualizado” un mes antes de que una de sus reporteras denunciase al CEO de la compañía, Gustavo Fuentes, por agresión y acoso sexual ante un Juzgado de Violencia de Género de Sevilla.

Desde 2022, las empresas con más de 50 trabajadores están obligadas a disponer de un Plan de Igualdad y registrarlo en la plataforma digital del Ministerio de Trabajo (REGCON). El protocolo antiacoso es obligatorio para todas las compañías (independientemente de su volumen) desde la Ley de Igualdad de 2007, aunque en este caso registrarlo no es preceptivo.

La productora ADM registró su II Plan de Igualdad en diciembre de 2025, apenas unos días antes de la denuncia de una trabajadora contra el director general de la compañía por delitos sexuales, que derivó en la imputación judicial y el posterior cese de Gustavo Fuentes.

El Consejo de Administración de la compañía, cuyo accionista mayoritario es la propia Junta de Andalucía, nombró en su lugar (y de manera “provisional”) a su número dos, el director financiero y de Recursos Humanos, Óscar González-Barba, actual CEO de la compañía. González-Barba, según el protocolo antiacoso de ADM que aprobó el propio Fuentes, era (y es) el responsable de “la recepción de las denuncias” internas por acoso sexual. El documento, al que ha tenido acceso este periódico, establece que las denuncias al canal antiacoso “no podrán ser anónimas”.

“No se han registrado casos de acoso sexual”

El 18 de diciembre de 2025, la productora principal de Canal Sur inscribió en el REGCON su II Plan de Igualdad, que reconoce que “la empresa no dispone actualmente de un Protocolo interno actualizado” para la “prevención del acoso sexual y por razón de sexo”. Aun así, el diagnóstico previo que aparece en ese documento señala que “no se han registrado casos de acoso sexual o por razón de sexo durante el periodo analizado”, que abarca desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2024, según el documento.

En ese periodo, no sólo tuvieron lugar algunas de las situaciones de acoso laboral que describe la reportera en su denuncia, también otra supuesta agresión sexual de Fuentes -que una extrabajadora relató a CCOO en junio de 2025, aunque no llegó a interponer denuncia en los juzgados- y otros supuestos de acoso laboral denunciados por algunos exempleados.

En los anexos al II Plan de Igualdad de la principal productora de Canal Sur se incluye el nuevo “Protocolo de actuación para la prevención e intervención frente al acoso sexual, por razón de sexo y por orientación sexual e identidad de género”. El documento incluye el nombre de las dos personas que formaron parte de la “Comisión Negociadora” -una en nombre de la empresa y otro en nombre de los trabajadores.

Sobre el papel, esas dos personas pactaron, elaboraron y firmaron el Plan, pero el delegado sindical que aparece en el documento, Francisco de Asis Miguélez, llevaba casi cinco años fuera de la empresa, en situación de excedencia, y trabaja desde entonces como técnico especialista para la Universidad de Cádiz (UCA). “Yo dudo que mi firma, estando en excedencia, tenga alguna validez. Si me pregunta un juez si estaba ahí, yo le digo: No. Estoy en la UCA, aquí está mi contrato”, le confesó a un excompañero de ADM, un una conversación telefónica revelada por este periódico.

“Por escrito y no podrán ser anónimas”

Según el documento, firmado por el CEO de la compañía Gusavo Fuentes tres meses antes de ser imputado por agresión sexual y acoso, la empresa creó un “comité de asesoría confidencial”, encargado de “la recepción de las denuncias” de las víctimas, y nombró responsable a su número dos, Óscar González-Barba, junto a su mano derecha en Recursos Humanos, Elena Anguita. Elena Anguita es la persona designada por la empresa en la Comisión Negociadora del II Plan de Igualdad, junto a Miguélez, aunque éste nunca participó de la elaboración del documento.

“Las denuncias y quejas se realizarán por escrito y no podrán ser anónimas”, reza el Protocolo Antiacoso de ADM, que debía gestionar personalmente el director de Recursos Humanos y actual CEO de la compañía. El nombre de González-Barba aparece citado por los testimonios de algunas extrabajadoras que han corroborado ante el juez la denuncia de la reportera. Una de ellas habla de una conversación entre el ya ex CEO y su director financiero, persona de su estrecha confianza, al que encargaba la organización de fiestas y eventos: “Con suerte me la follo de una vez, que haya mucho alcohol Osquita, que eso es cosa tuya”, señala su testimonio.

Otros trabajadores de la productora, en cambio, subrayan que González-Barba “jamás” trató a la plantilla como lo hacía Fuentes, y que él mismo fue una “víctima” del trato “vejatorio y humillante” al que sometía a la gente. “Incluso siendo uno de sus pretorianos, como él lo llamaba, cuando entraba en cólera le trataba a patadas delante del resto de los trabajadores”, coinciden varios testigos.

El pasado 9 de junio, tras revelar elDiario.es la imputación de Gustavo Fuentes por delitos sexuales, el Consejo de Administración de ADM se reunió “con carácter extraordinario” y, tras 18 horas, anunció la “suspensión temporal” del CEO de la compañía. En el mismo comunicado delegó en González-Barba algunas de las competencias que hasta entonces gestionaba su jefe, algo que, aun siendo “provisional”, provocó “indignación” en parte de la plantilla, que conoció la decisión a la mañana siguiente.

Una semana después, el Consejo de ADM confirmaba el cese “definitivo” del director general, reculaba en su decisión de dejar la empresa en manos de sus directivos afines y anunciaba un proceso de selección para buscar un nuevo CEO.

“Miedo a represalias”

Desde que estalló la noticia, el Gobierno de Juan Manuel Moreno, accionista mayoritario de ADM a través de la empresa pública de telecomunicaciones Sandetel, ha reaccionado al escándalo por la imputación de Fuentes subrayando que la víctima no había usado los canales internos para denunciar las agresiones y el acoso sexual del que acusó a su jefe ante un juez. Lo cierto es que unas semanas antes de acudir al juzgado, esos canales internos no estaban “actualizados” y, cuando finalmente se registraron ante la autoridad laboral, la empresa había dejado ese protocolo en manos de la mano derecha del jefe al que iba a denunciar por agresión sexual y acoso.

La reportera aduce “miedo a represalias” para explicar por qué no usó las herramientas internas de la empresa para denunciar a Gustavo Fuentes, y el denunciado, en conversación con este periódico, aseguró que se trata de una “denuncia falsa”, y que “nadie ha activado en cinco años” el protocolo antiacoso que permite a los trabajadores denunciar “anónimamente”.

La periodista denunció al CEO de la compañía el pasado 26 de enero. El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 5 de Sevilla abrió diligencias en febrero, el 25 de marzo el juez tomó declaración a la víctima y acto seguido citó a declarar como imputado a Fuentes el 11 de mayo, una semana antes de las elecciones andaluzas. Pero la declaración no tuvo lugar ese día, porque tres días antes, el 8 de mayo, el acusado cambió de testigo y su citación se aplazó.

Tras publicarse la noticia, el Consejo de Administración de ADM aseguró en un comunicado que conocía la situación procesal de su principal directivo desde el pasado 7 de mayo, cuando él mismo comunicó “la existencia de una denuncia por acoso sexual presentada a título personal por una empleada en excedencia, sin que constara denuncia previa en los canales habilitados por la empresa”. Fuentes próximas al ex CEO de la productora coinciden en que éste le trasladó su situación judicial al consejero de Presidencia, Antonio Sanz, en abril, “poco después de la Semana Santa”.

En cualquier caso, ni el Gobierno andaluz ni la dirección de la Radio Televisión Pública de Andalucía (RTVA) hicieron nada por apartar al directivo de su principal productora audiovisual hasta que este periódico lo hizo público, el pasado 9 de junio.

“La denuncia se produjo el 7 de mayo, si no recuerdo mal. Fue una denuncia directa por parte de la denunciante al directivo, que no había estado anticipada por ningún tipo de procedimiento previo de ámbito interno, a través de esos canales de comunicación interna que tienen hoy día las empresas, y que ADM también tiene”, explicó la semana pasada el consejero de Industria, Jorge Paradela, responsable de Sandetel, accionista mayoritario de la productora.

Paradela y Sanz son los responsables políticos de las empresas públicas vinculadas con ADM, el primero por la gestión de Sandetel, y el segundo por la RTVA. El responsable de Industria aseguró, a preguntas de los periodistas en Jaén, que la fecha clave es el 7 de mayo, casi dos meses después de la imputación del CEO. “Esa sería la fecha y, en cuanto se supo, pusimos cartas en el asunto y el director de ADM está cesado en sus funciones, que han sido asumidas por el Consejo de Administración, y se ha puesto en marcha un proceso de selección para un nuevo director general”, dijo Paradela. En realidad el cese definitivo se confirmó en un comunicado del Consejo de Administración el 17 de junio.

Los “pretorianos”

Gustavo Fuentes solía llamar a los dos directivos de su estrecha confianza “pretorianos”, uno era González-Barba, y el otro José Ramón García Japón [Joserra], subdirector general de ADM. Tras el cese fulminante del CEO, ambos reunieron a los trabajadores que estaban en la sede de La Cartuja, unas 45 personas, incluidos los miembros de Andalucía Directo– para anunciar “una nueva etapa, con una dirección más amigable”.

También se dirigió a la plantilla José Antonio Jiménez de León, que ejerce la figura del Compliance [director legal y de cumplimiento de la empresa] , para animar a todos a usar el canal antiacoso de la web de ADM para denunciar cualquier situación de acoso que haya sufrido por Fuentes, ahora que ya no está. Uno de los primeros mensajes que anunció la nueva directiva fue admitir que el protocolo antiacoso de la empresa no había funcionado, que la investigación interna e “independiente” que el propio Fuentes había encargado al Compliance sobre su denuncia por acoso sexual se había cerrado en falso, contando con la versión del CEO, pero no de la víctima ni de testigos que corroboran su versión. 

La figura del Compliance aparece también en el Protocolo antiacoso adjunto al II Plan de Igualdad de ADM, registrado un mes antes de que la reportera denunciase a Gustavo Fuentes. Forma parte de la Comisión Instructora y de Seguimiento, segunda pata del llamado Comité de Prevención del acoso en la empresa. Junto a Jiménez de León está también Elena Anguita, número dos de González-Barba. Su función es “estudiar y valorar cada caso, tener derecho de acceso a toda la información y documentación para la resolución de las denuncias”.

La compañía quiere ahora revisar aquel informe sobre la denuncia contra Fuentes, pero ya no podrá contactar con la denunciante porque ésta ha iniciado la vía penal y “la empresa no puede interferir ni perjudicar el procedimiento judicial en curso”. Con todo, en la primera reunión con la plantilla tras la destitución de su director general, se animó a todos los trabajadores a denunciar por unos canales internos y anónimos en la web de ADM.

Juanma Moreno llega a su tercer debate de investidura, este lunes y martes en el Parlamento andaluz, sin tener aún los votos necesarios de Vox para repetir como presidente.

El candidato popular, que se quedó a dos escaños de la mayoría absoluta en las elecciones del 17 de mayo, podía haber dilatado sine die los plazos para negociar con la ultraderecha, pues ni el Estatuto de Autonomía ni el reglamento de la Cámara imponen un plazo al presidente del Parlamento, el popular Jesús Aguirre, para convocar el Pleno de investidura.

Sin embargo, Moreno le pidió a Aguirre que lo convocase “cuanto antes” y éste, con disciplina de partido, lo hizo en cuanto terminó la ronda de contactos con los candidatos de los cinco partidos con representación.

Esta semana, por tanto, Moreno se somete a dos votaciones de investidura, la primera el martes (que requiere mayoría absoluta), y la segunda el jueves (con mayoría simple) y, si ambas fracasan, se activa la cuenta atrás para repetir las elecciones. Este segundo escenario es altamente improbable. De hecho, la activación acelerada del proceso de investidura sugiere que la negociación entre el PP y la ultraderecha está “muy avanzada”, indican fuentes populares, que tenían claro que Andalucía, con un presupuesto de 55.000 millones de euros para 8,5 millones de habitantes, “no puede permitirse estar sin gobierno seis meses, como le ocurrió a Extremadura”.

Moreno entra este lunes en el salón plenario del Parlamento andaluz -sin límite de tiempo- para leer un discurso de investidura que se alejará necesariamente del que pronunció hace cuatro años, cuando le abrigaba la mayoría absoluta, e introducirá “guiños” a Vox para incorporar sus exigencias al nuevo Gobierno.

De la negociación entre ambos partidos se sabe aún poco, de modo que el interés está en adivinar cuánto ha cedido el presidente popular a los postulados y las guerras culturales de la ultraderecha, en especial al discurso antiinmigrante de los de Santiago Abascal y su polémica “prioridad nacional”.

El margen de cesión es el que servirá también para analizar cuánto sacrifica Juanma Moreno de su consabida moderación, de su centralismo, de la famosa “vía andaluza” que, tanto en las formas como en el contenido, le han convertido en una singularidad dentro del propio PP. Lo va a tener difícil, porque lo que quiere Vox es, precisamente, cobrarse esa pieza de caza mayor. Obligar a Moreno a plegarse a sus condiciones -que le alejan de la centralidad donde se hizo fuerte y con la que ganó las elecciones al PSOE tras 37 años en el poder- como antes se plegaron María Guardiola en Extremadura; Jorge Azcón en Aragón; y Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León.

A menos que este mismo lunes se cierre y se presente el pacto de gobernabilidad entre PP y Vox en Andalucía, el discurso de investidura de Moreno seguirá las mismas pautas que la de sus predecesores en esas tres comunidades: el presidente de la Junta en funciones centrará su discurso en “lo que les une, que es mucho”, y orillará “lo que les separa”.

En el espacio de convivencia entre PP y Vox estarán las rebajas fiscales, la desburocratización, el ahorro en los gastos “superfluos”, las ayudas a la natalidad, y todo un bloque de exigencias, denuncias y artilugios de confrontación contra el PSOE y el Gobierno de Pedro Sánchez, el verdadero pegamento de las derechas.

En el segundo espacio, el de la discordia, es donde se va a mirar el programa presidencial de Moreno con microscopio, porque ahí se concentra el discurso sobre inmigración (que Vox asocia sistemáticamente a la delincuencia, como también hace el PP nacional); el cambio climático (que Moreno reconoce y Abascal niega); la gestión del sector agroalimentario, capital para la economía andaluza, que Vox ha convertido en un ataque antieuropeísta (con duras críticas al acuerdo de Mercosur votado por PSOE y PP); el alegato andalucista y autonomista, que la ultraderecha desprecia, y el feminismo.

Sobre esto último, cabe recordar que Vox ha protagonizado una suerte de lepenización en los últimos cuatro años, orillando sus ataques al feminismo y a las leyes contra la violencia de género y contra la homofobia, que en 2019 exigieron derogar a cambio de apoyar la investidura de Moreno. Hoy, y así quedó claro en la campaña electoral, el monopolio de su discurso está en el rechazo y la criminalización del inmigrante.

Los dos imponderables de la ultraderecha son, como en otros territorios, escuchar a Juanma Moreno en el Parlamento hace suyo el lema de la “prioridad nacional” -en campaña lo llamó “eslogan vacío”, porque plantea un escenario “ilegal e inconstitucional”- y entrar en su gabinete para gestionar la consejería de Agricultura, que en Andalucía maneja un presupuesto de 2.000 millones de euros, más que las otras tres comunidades juntas.

Nadie en el Ejecutivo en funciones ni en el PP-A ve posible que Moreno se salve del “tsunami de la prioridad nacional” pero, matizan, “si tiene que hacerlo, lo hará sin renunciar a sus principios”. ¿Cómo logrará ese equilibrio? “Hablando a la vez de la prioridad andaluza”, arguye uno de sus asesores, como ya hizo en campaña. “No son cosas incompatibles”, sentencia.

Guardiola no nombró este concepto xenófobo en su discurso de investidura, pero sí hizo guiños a Vox vinculando a los inmigrantes con la inseguridad y la delincuencia. Moreno también lo hizo en la ponencia política del Congreso regional donde fue reelegido presidente del PP andaluz, aunque luego lo borró de su programa electoral, y prefirió ligar a la población extranjera con las políticas sociales. Lo previsible es que el barón popular reitere que los inmigrantes son indispensables para la economía andaluza, por la agricultura, la ganadería e incluso la hostelería -sectores punteros del PIB regional- “donde los andaluces no quieren trabajar, porque es muy duro”.

Reabrir los puentes con Vox

A nadie debe sorprenderle si Juanma Moreno reabre puentes con Vox este lunes y martes. En realidad es lo que ha venido haciendo durante toda la legislatura pasada, aun teniendo mayoría absoluta, cuidándose mucho de no tensar la cuerda con el único partido con el que puede pactar y gobernar.

Durante cuatro décadas no existió nada ni a derecha ni a izquierda del PP andaluz con lo que poder coaligarse para arrebatar el gobierno al todopoderoso socialismo andaluz. En 2012 ganó las elecciones por primera vez, pero se quedó a cinco diputados de la mayoría absoluta, y una coalición entre el PSOE e Izquierda Unida dejó a Javier Arenas fuera del Palacio de San Telmo. En 2018, con el peor resultado de su historia (26 diputados), el PP de Moreno se alió con los liberales de Ciudadanos y con los ultras de Vox para consumar la alternancia política en la única comunidad de España que aún no la había experimentado.

Moreno vuelve esta semana a aquella primera legislatura de pactos obligados -tras el cómodo intermedio de cuatro años de mayoría absoluta-, pero lo hace con más fortaleza que entonces. Tiene 53 diputados, más que toda la izquierda junta, ganó las elecciones del 17 de mayo con el mejor resultado de su historia, fue primera fuerza en las ocho provincias y su liderazgo hoy es indiscutible. El resultado del 17-M, dicen los suyos, le avalan para reclamar “un Gobierno en solitario”, contando con el apoyo externo de Vox.

Pero los de Abascal no quieren que el barón andaluz siga siendo una excepción. Los principales negociadores del futuro Gobierno andaluz por parte de Vox están en Madrid, como vaticinó el propio Moreno en campaña, y para ellos esta investidura es una meta volante más en su camino a la Moncloa.

El debate de investidura arranca este lunes a las 12.00 horas. El candidato popular desgranará los ejes de su tercer mandato y, hasta el martes a las 10.00 horas, el Parlamento no escuchará la réplica del resto de candidatos: María Jesús Montero, por el PSOE; Manuel Gavira, por Vox; José Ignacio García, por Adelante Andalucía; y Antonio Maíllo, de la coalición Por Andalucía. Obviamente será la palabra de Gavira la más esperada, si para entonces no se ha hecho público el acuerdo entre ambas formaciones.

La primera votación está prevista para la tarde del martes 30 de junio. Si Moreno no sale investido en ese momento, habrá una segunda votación 48 horas después, el jueves 2 de julio, en la que sólo necesitaría mayoría simple, es decir, bastaría con que los diputados de Vox se abstuvieran.

Tampoco es éste el escenario que se busca, los populares trabajan para amarrar los 15 votos de la bancada ultraderechista (no sólo los dos que necesitan) y para sellar un pacto de gobernabilidad que incluya los cuatro presupuestos autonómicos y dé estabilidad a la legislatura, para evitar así la espada de Damocles que sobrevoló cada una de las cuentas andaluzas en la primera legislatura.

Entonces Vox solía mantener el secreto de su voto hasta el mismo día del debate presupuestario, rebañando sus exigencias al Gobierno en minoría de PP y Ciudadanos hasta el último minuto, y evidenciando su dependencia absoluta de los de Abascal. Si la investidura de Moreno llegara a fracasar en la segunda votación, la cuenta atrás de dos meses para la repetición de elecciones echaría a andar.

La productora Andalucía Digital Multimedia (ADM), una empresa semipública, copropiedad del Gobierno de Juanma Moreno y asociada a la RTVA, maniobró para sortear la Ley de Igualdad un mes antes de que su CEO, Gustavo Fuentes, fuera denunciado por agresión sexual y acoso a una reportera.

Fuentes está imputado por delitos sexuales por un juez de Violencia de Género desde el 25 de marzo y fue cesado de todos sus cargos cuando elDiario.es lo hizo público, el pasado 9 de junio. Pero la Junta de Andalucía no ha aclarado aún desde cuándo lo sabía y por qué, como accionista mayoritaria de la principal productora de Canal Sur, no pidió su destitución antes.

El consejero de Presidencia, Antonio Sanz, ha pasado de presentarse junto a Gustavo Fuentes en todos los eventos públicos de la productora -y de asistir a sus fiestas privadas- a eludir cualquier tipo de explicación. Y el consejero de Industria, Jorge Paradela, responsable de la empresa pública Sandetel (accionista mayoritario de ADM), ha puesto el acento en que la denuncia penal de la reportera “no estuvo anticipada por ningún procedimiento previo, a través de los canales de comunicación interna de ADM”.

Lo cierto es que la empresa no tenía actualizados ni aprobados esos procedimientos internos contra el acoso sexual un mes antes de que la reportera acudiese a denunciar a su jefe en los tribunales, según consta en el II Plan de Igualdad de la productora, al que ha tenido acceso este periódico.

En el último trimestre de 2025, a ADM le “urgía” renovar su Plan de Igualdad para cumplir con la ley, que obliga a las empresas de más de 50 trabajadores a dotarse de un protocolo contra el acoso sexual y registrarlo en la plataforma digital del Ministerio de Trabajo.

Para que ese documento tenga validez, debe estar pactado y participado por una “Comisión Negociadora” paritaria, formada por una persona que represente a la compañía y otra a los trabajadores. Pero la principal productora de Canal Sur Televisión, una empresa semipública propiedad al 47,8% del Gobierno andaluz y con 258 empleados en plantilla, no tenía ni comité de empresa ni secciones sindicales.

Tiene dos delegados de personal, uno adscrito a la sede central, en Sevilla, pero llevaba casi cinco años de excedencia y actualmente trabaja con un contrato de técnico especialista para la Universidad de Cádiz (Francisco de Asís Miguélez Martínez, que se presentó por UGT). Y otro en la sede de Málaga, que figura como “independiente”, pero también es director técnico de la empresa (David Pérez), y la plantilla le identifica como “un hombre de la dirección”.

El primero fue elegido en las últimas elecciones sindicales que se celebraron en las oficinas centrales de ADM hace 11 años, y el segundo en 2017, en un proceso interno del que la mitad de la plantilla “no se enteró ni acudió a votar”, explican trabajadores de la sede de Málaga.

La productora ADM, una de las grandes del sector audiovisual andaluz por volumen de facturación, necesitaba validar ante la autoridad laboral su Plan de Igualdad para conservar sus contratos públicos con Canal Sur, que le factura más de cinco millones de euros al año, según fuentes del sector.

El 28 de octubre de 2025, el CEO de la compañía, Gustavo Fuentes, firmó “un compromiso expreso” de la productora para “impulsar la redacción e implementación” del II Plan de Igualdad “junto a la Comisión Negociadora, que cuenta con la representación legal de los trabajadores”, según consta en una carta, a la que ha tenido acceso este periódico.

Sin embargo, en ese momento ADM aún no tenía la firma del delegado sindical y es entonces cuando la dirección de la empresa decide llamar a Miguélez, que llevaba fuera casi cinco años, para que firme el II Plan de Igualdad de ADM como representante de los trabajadores, “a sabiendas de que su firma podía no tener validez”, explican a este periódico dos ejecutivos que piden anonimato.

El nombre de Miguélez aparece en el documento como miembro de la Comisión Negociadora del Plan y consta que participó en el diagnóstico previo de la compañía [que está fechado entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024; con el análisis de muestras entre octubre y noviembre de 2025] y en la elaboración de las propuestas de mejora, aunque en ese periodo trabajaba ya para la Universidad de Cádiz.

elDiario.es Andalucía ha tenido acceso a la grabación de una conversación telefónica, fechada el 15 de diciembre de 2025 [tres días antes de que ADM registrase su II Plan de Igualdad ante el Ministerio de Trabajo], entre el antiguo delegado sindical y un extrabajador de la empresa, al que le confiesa su estupor por lo que acaba de pedirle un directivo de la compañía.

De entrada, Miguélez no sabe si le están pidiendo que firme el Plan de Igualdad anterior, para darle carta de naturaleza a un procedimiento legal en el que él no había participado, y su interlocutor le advierte de que tenga cuidado de no firmar “un papel sin fecha”. “He estado hablando con mi abogado de que te ha llamado José Ramón [García-Japón] para que firmes los papeles esos del comité de Igualdad... me ha dicho que tengas cuidado a la hora de firmar, porque lo mismo te da un papel sin fecha”.

“Ten cuidado al firmar. Lo mismo te dan un papel sin fecha”

La conversación grabada con Miguélez la realiza un antiguo cámara de ADM, David Lobo, que actualmente está en litigio judicial con la empresa, tras ser despedido por la denuncia interna de cuatro compañeras por “acoso laboral”. La productora le despidió en 2024 echando mano precisamente del anterior Protocolo Antiacoso, usando el testimonio de esas cuatro trabajadoras -más un quinto informe de un superior- que acusaban a Lobo de incumplir sus obligaciones laborales y de trato y comentarios “vejatorios y humillantes” a sus compañeras.

El cámara denunció a la empresa por “vulnerar sus derechos de representación sindical”, convencido de que le habían echado a la calle por intentar montar un sindicato en 2023 junto a otros seis compañeros. Este conflicto es el que se cruza con las maniobras de la productora, a finales de 2025, para sortear sus obligaciones con la Ley de Igualdad.

Lobo le había pedido a Miguélez que testificase a su favor en el juicio por despido y éste había accedido. La citación judicial del antiguo delegado sindical (aunque terminaría aplazándose) estaba prevista para noviembre de 2025, justo cuando la dirección de la empresa volvió a contactar con él para que firmase el II Plan de Igualdad.

Lobo sospechó que ADM buscaba llegar a algún tipo de acuerdo con Miguelez para perjudicarle y, muy escamado, decidió llamarle y grabar la conversación.

“Yo esa copia no la voy a firmar, que me manden el original”

La llamada que recibe Miguélez de la dirección de ADM proviene de José Ramón García-Japón (Joserra), subdirector general de la empresa y número dos de Gustavo Fuentes, según explica en la conversación telefónica. En la grabación cuenta que una reportera de ADM de Málaga, Cristina Guil, es quien le había enviado una copia del II Plan de Igualdad dos días antes, el 13 de diciembre. Preguntada por esto, la reportera lo niega y asegura que “no conoce de nada” a Miguélez. “No le pongo ni cara”, dice.

García-Japón sí ha confirmado a este periódico que fue él quien contactó con el antiguo delegado sindical y que, en efecto, era consciente de que se trataba de “una persona en excedencia, que tiene un acuerdo con la empresa sin empleo ni sueldo”, pero que “sigue cubriendo la representación de los trabajadores”, aclara. “Nuestros asesores legales dieron el visto bueno, nos han dicho que sí se puede hacer”, explica.

Con todo, García-Japón advierte de que él se limitó a contactar con Miguélez para que firmase el II Plan de Igualdad, pero subraya que él “no es legalista”, que es “al que le toca gestionar los marrones”, y emplaza a hablar con “algún representante jurídico de la empresa”. elDiario.es ha preguntado a ADM si maneja algún informe jurídico que avale la firma en el Plan de Igualdad de un delegado sindical que lleva casi cinco años de excedencia, pero no ha obtenido respuesta.

Las fuentes jurídicas consultadas por este periódico coinciden en que “una persona sin relación laboral con la empresa no puede ejercer la representación legal de los trabajadores”, salvo que un sindicato haya designado expresamente a esa persona (que no es el caso). “Esta situación es claramente irregular”, coinciden desde CCOO y UGT.

Los sindicatos con representación en la Radio Televisión Pública de Andalucía (RTVA), asociada a la productora ADM y su principal comprador institucional, han exigido este jueves explicaciones al director general, Juan de Dios Mellado, tras la publicación de elDiario.es.

Desde la dirección de la productora sostienen que “los firmantes” del II Plan de Igualdad fueron “los representantes legales de los trabajadores ante la autoridad laboral”, y que el Ministerio de Trabajo “autorizó la inscripción” en su plataforma, “por lo que reconoció que es totalmente legal”.

El Ministerio de Trabajo alberga la plataforma de registro, es decir, da el soporte para los planes de igualdad, pero es cada autoridad laboral, en este caso la de la Junta de Andalucía por el ámbito de actividad de la empresa, la encargada de resolver si el registro es procedente o no. La Consejería de Empleo no ha respondido aún si esta situación es irregular ni si ha abierto una investigación al respeto ni cuándo fue la última inspección de trabajo en la productora.

“Dudo que mi firma, estando en excedencia, tenga algún valor”

Cuando recibe la llamada del subdirector de ADM, Miguélez llevaba años desvinculado de la productora y trabajando para la Universidad de Cádiz (UCA), y expresa sus “dudas” de que su firma, “estando en excedencia, tenga algún valor”. “El Plan de Igualdad caduca cada cuatro años, tienen que renovarlo y como no hay elecciones [sindicales] están cogidos por los huevos. No quieren convocarlas ellos y como ningún compañero se moja, habrán dicho: pues que lo firme Paco y nos quitamos el marrón de que tenga la firma de un delegado sindical, pero yo dudo que mi firma estando en excedencia tenga algún valor. Además, ya han pasado, ¿cuántos años? ¿Seis?...”, le cuenta a su excompañero.

El Ministerio de Trabajo tiene constancia del II Plan de Igualdad de ADM desde el 18 de diciembre de 2025, tres días después de la conversación telefónica entre Miguélez y Lobo. El documento incluye un “diagnóstico de situación” del ambiente laboral en ADM que se realizó entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024, aunque los datos recabados en ese periodo se analizaron entre octubre y noviembre de 2025.

Según el documento registrado ante el Ministerio, Miguélez formó parte de la Comisión Negociadora, participó en la elaboración de ese diagnóstico y en el el desarrollo posterior de las medidas propuestas para mejorar, aunque durante esas fases de análisis y elaboración del Plan él estaba trabajando para la Universidad de Cádiz.

Tres días antes, al teléfono con Lobo, se había mostrado convencido de que la firma que le estaba pidiendo el subdirector general de ADM no se ajusta a la ley, y admite que el Plan de Igualdad anterior de la empresa tampoco recogía “ni mi firma ni el cargo ni yo estuve en ninguna reunión”.

Así, entiende que la empresa no puede esgrimir el Plan de Igualdad ni el Protocolo Antiacoso para despedir a alguien, como hizo en el caso de Lobo, porque el documento no fue negociado ni firmado por él como representante único de los trabajadores. La misma situación, dice, se repite ahora con ese II Plan de Igualdad que le están pidiendo firmar estando en excedencia. “Cualquiera que tenga un caso de estos y le quieran meter algo de [Plan de] Igualdad para despedirlo, con que diga que yo no he estado en la empresa estos años... Y a mí el juez me va a preguntar: ¿tú estabas ahí? Y yo le digo: No, yo estoy en la UCA, aquí está mi contrato con la UCA”.

“El juez me va a preguntar: ¿Estabas ahí? Y yo diré: no. Estoy en la UCA”

Según el II Plan de Igualdad de ADM, al que ha tenido acceso este periódico, los responsables de la Comisión Negociadora eran dos: por parte de la empresa, María Elena Anguita, actual número dos del director de Recursos Humanos, Óscar González-Barba (persona muy próxima a Gustavo Fuentes y CEO “provisional” de la empresa), y Miguélez como “representación legal de los trabajadores”.

Junto a ellos intervino en la elaboración del Plan una “consultora especializada en igualdad”, de la empresa BoxTalent, que ejerció de “asesoramiento externo”, Andrea Laura Martínez Díaz. Su nombre aparece en el documento, pero Martínez Díaz no recuerda haber hablado nunca con el representante de los trabajadores ni conserva contacto alguno con Miguélez en su teléfono móvil. “Yo trabajé con Elena [Anguita], que era de Recursos Humanos, pero de esa otra persona no me acuerdo”.

Antes de cortar la llamada, David Lobo quiere cerciorarse de que la persona que pidió a Miguélez firmar el II Plan de Igualdad fue García-Japón, y éste se reafirma. “Sí, sí. Me llamó José Ramón, muy breve, me explicó esto y me dijo: te va a llamar Óscar [González-Barba], el Óscar este no me ha llamado, y la que me ha mandado los papeles es Cristina Guil”.

“Me llamó José Ramón y me dijo: te va a llamar Óscar”

La validez legal de un Plan de Igualdad depende de que haya sido fruto de “un proceso de diálogo social entre la empresa y la representación legal de los trabajadores, a través de la constitución de una Comisión Negociadora”, según establece el Real Decreto 901/2020, que regula los planes de igualdad. “Los planes de igualdad, incluidos los diagnósticos previos, deberán ser objeto de negociación con la representación legal de las personas trabajadoras”, reza la ley.

El incumplimiento del Real Decreto expone a las empresas a sanciones de hasta 225.000 euros por parte de la Inspección de Trabajo, a la pérdida de bonificaciones y ayudas públicas y a la prohibición absoluta para contratar o licitar con las Administraciones Públicas. Sin los contratos de Canal Sur, “la facturación de ADM se vería muy resentida y la viabilidad de la empresa estaría seriamente comprometida”, admiten fuentes próximas al Consejo de Administración.

La productora Andalucía Digital Multimedia (ADM), participada mayoritariamente por la Junta de Andalucía y principal cliente de Canal Sur, falseó presuntamente su Plan de Igualdad en diciembre de 2025, un mes antes de que una reportera denunciara al CEO de la compañía, Gustavo Fuentes, por agresión y acoso sexual, y de que un juez de Violencia de Género le imputase por estos delitos.

Desde 2022, las empresas con más de 50 trabajadores están obligadas por ley a disponer de un Plan de Igualdad, cuyo objeto es promover la equidad salarial entre hombres y mujeres, la promoción femenina en puestos directivos y la prevención del acoso sexual en la empresa. También están obligadas a registrar ese documento en la plataforma del Ministerio de Trabajo (REGCON).

La productora de Canal Sur renovó su Plan de Igualdad y se dotó de un nuevo protocolo antiacoso pocos días antes de que su director general fuera denunciado por una reportera por delitos sexuales, precipitando su imputación judicial, el cese fulminante de todos sus cargos y un sonoro escándalo que salpicó al Gobierno de Juanma Moreno, propietario del 47,8% de la empresa, y a la Radio Televisión Pública de Andalucía (RTVA), con la que está asociada.

El II Plan de Igualdad (2025-2029) de la productora ADM está inscrito en el REGCON el 18 de diciembre de 2025, con un periodo de vigencia desde el 2 de diciembre de ese año al 1 de diciembre de 2029. En ese momento, ADM contabilizaba “258 empleados en plantilla (42,8% mujeres; 56,2% hombres), un centro de trabajo en Sevilla y otro en Málaga”.

La validez legal de un Plan de Igualdad depende de que haya sido fruto de “un proceso de diálogo social entre la empresa y la representación legal de los trabajadores, a través de la constitución de una Comisión Negociadora”, según establece el Real Decreto 901/2020, que regula los planes de igualdad. “Los planes de igualdad, incluidos los diagnósticos previos, deberán ser objeto de negociación con la representación legal de las personas trabajadoras”, reza la ley.

El II Plan de Igualdad de ADM, al que ha tenido acceso este periódico, cita a los dos responsables de esa Comisión Negociadora: “Por parte de la empresa, María Elena Anguita, actual número dos del director de Recursos Humanos, Óscar González-Barba (muy próximo a Gustavo Fuentes); y por parte de la representación legal de los trabajadores, Francisco de Asís Miguélez Martínez, operador de cámara”, que fue elegido delegado sindical hace 11 años (2015), en las últimas elecciones que celebró la productora.

El problema es que en el momento de negociar y elaborar el II Plan de Igualdad, de firmarlo y de registrarlo en la plataforma digital del Ministerio de Trabajo, Miguélez llevaba más de cuatro años fuera de la empresa, en situación de excedencia voluntaria pactada con la compañía, sin empleo ni sueldo.

Según todas las fuentes jurídicas consultadas, “una persona sin relación laboral con la empresa no puede ejercer la representación legal de los trabajadores”, salvo que un sindicato haya designado expresamente a esa persona (que no es el caso). “Esta situación es claramente irregular”, coinciden desde CCOO y UGT.

Miguélez había sido elegido representante de los trabajadores en nombre de UGT, pero en diciembre de 2025 llevaba varios años de excedencia (actualmente trabaja como personal técnico especialista de la Universidad de Cádiz; UCA). UGT Andalucía asegura que también se salió del sindicato. La excedencia es una suspensión temporal del contrato, está regulada en el artículo 46 del Estatuto de los Trabajadores, y “sin contrato no se puede representar legalmente a los empleados de esa empresa”, insisten.

Cuando la productora le contactó y le envió una copia del II Plan de Igualdad para que la rubricara, él mismo cuestionó la validez de su firma. “Habrán dicho: que lo firme Paco y nos quitamos el marrón de que tenga la firma de un delegado sindical, pero yo dudo que mi firma, estando en excedencia, tenga algún valor. Ya han pasado, ¿cuántos años? ¿Seis?”, le confesó a un excompañero de la empresa.

Este periódico ha contactado numerosas veces con Miguélez, que ha colgado el teléfono y ha eludido responder a las preguntas de elDiario.es. Desde la dirección de ADM replican que “los firmantes” del II Plan de Igualdad fueron “los representantes legales de los trabajadores ante la autoridad laboral”, y que el Ministerio de Trabajo “autorizó la inscripción” en su plataforma, “por lo que reconoció que es totalmente legal”.

El Ministerio de Trabajo y Economía Social alberga la plataforma de registro, es decir, da el soporte pero es cada autoridad laboral, en este caso la de la Junta de Andalucía por el ámbito de actividad de la empresa, la encargada de resolver si el registro es procedente o no.

En riesgo los contratos con Canal Sur

El artículo 5 del Real Decreto 901/2020 obligaba a ADM -más aún siendo el Gobierno andaluz propietario del 47,8% de la productora- a negociar el diseño del Plan de Igualdad con el representante legal de sus trabajadores, participando de un diagnóstico previo que analizase el ambiente de trabajo y las posibles situaciones de acoso sexual y laboral, como las que afloraron tras revelar elDiario.es la imputación del CEO.

ADM es una de las grandes productoras del sector audiovisual andaluz por volumen de facturación, es una empresa público privada ligada a la RTVA, y responsable de programas emblemáticos de Canal Sur, como Andalucía Directo (26 años en antena), y de otras televisiones autonómicas, como Callejeando, de Telemadrid. Fuentes del sector calculan que factura más de cinco millones de euros al año a Canal Sur, aunque el ente público no ofrece datos desglosados de sus gastos en producción externa.

Las irregularidades en el diseño y desarrollo del Plan de Igualdad, al tratarse de un imperativo legal, exponen a las empresas a ser sancionadas con hasta 225.000 euros por parte de la Inspección de Trabajo, a la pérdida de bonificaciones y ayudas públicas y a la prohibición absoluta para contratar o licitar con las Administraciones Públicas. Sin los contratos de Canal Sur, “la facturación de ADM se vería muy resentida y la viabilidad de la empresa estaría seriamente comprometida”, admiten fuentes próximas al Consejo de Administración.

Según el registro de REGCON, el primer Plan de Igualdad de ADM tuvo un periodo de vigencia desde el 29 de diciembre de 2020 hasta el 14 de enero de 2022. Entre 2022 y 2025, “no hay nada depositado” en el registro.

Aquel primer documento, ya con Gustavo Fuentes como CEO de la compañía, revela el “desconocimiento” de la plantilla sobre los mecanismos legales para prevenir situaciones de abuso sexual y laboral. “El diagnóstico no lanza mucha información acerca de la salud laboral”, dice el documento, “la empresa ya disponía de un protocolo de acoso cuando se comenzó el diagnóstico, pero se ha detectado un desconocimiento generalizado de estos procesos por parte de la plantilla”.

Dos de las tres agresiones sexuales que la reportera describe en su denuncia contra Fuentes se sitúan en esa época, una en 2021 y otra en 2023. El juez también ha validado como prueba las 175 páginas de mensajes de WhatsApp “de índole sexual” enviados desde el teléfono del CEO a la víctima entre 2018 y la actualidad, además de las declaraciones juradas de siete extrabajadores (algunos con cargos directivos) con testimonios explícitos de situaciones de acoso sexual y laboral dentro de la empresa.

En diciembre de 2025, a la productora de Canal Sur le “urgía” renovar su Plan de Igualdad para cumplir con la ley. El documento parte de un “diagnóstico de situación” del ambiente laboral en ADM que se realizó entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024, aunque los datos recabados en ese periodo se analizaron entre octubre y noviembre de 2025.

Según el Plan, Miguélez formó parte de la Comisión Negociadora, participó en la elaboración de ese diagnóstico y en el desarrollo posterior de las propuestas para mejorar, pero durante esas fases de análisis y elaboración del Plan él ya estaba trabajando para la Universidad de Cádiz. “Cualquiera que tenga un caso y [ADM] le quiera meter algo de Igualdad para despedirlo, con que diga que no he estado en la empresa estos años... Y a mí el juez me va a preguntar: ¿tú estabas ahí? Y yo diré: no. Estoy en la UCA [Universidad de Cádiz], aquí está mi contrato”, le explicó él mismo a un excompañero, al que la productora había despedido años antes apoyándose precisamente en el protocolo antiacoso.

Entre las personas que intervinieron en la elaboración del II Plan de Igualdad de ADM también consta el “asesoramiento externo” de Andrea Laura Martínez Díaz, de la “consultora especializada en igualdad BoxTalent”. Martínez Díaz no recuerda haber hablado nunca con el representante de los trabajadores ni conserva contacto alguno con Miguélez en su teléfono móvil. “Yo trabajé con Elena [Anguita], que era de Recursos Humanos, pero de esa otra persona no me acuerdo”.

Esta consultora externa cuenta que su trabajo, “con voz pero sin voto”, consistió en “supervisar” informes y documentación “a distancia” -“nunca estuve físicamente en la sede de ADM”-, y que habló con “otros responsables de la empresa, porque tenía que acceder a muchos datos para hacer mi evaluación”.

El “compromiso expreso” por la igualdad de Gustavo Fuentes

En el II Plan de Igualdad del Grupo ADM aparece una suerte de memorándum, un “compromiso expreso” del CEO, Gustavo Fuentes, de “impulsar la redacción e implementación” del documento, “junto a la Comisión Negociadora que cuenta con la representación legal de los trabajadores”: “En todos los ámbitos de actividad de esta empresa (...) asumimos el principio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres”, dice la carta, firmada por él mismo el 28 de octubre de 2025.

La Comisión Negociadora nombró a las personas integrantes de la Comisión Permanente de Igualdad de la compañía, y firmó el reglamento de funcionamiento del Plan de Igualdad. Esa comisión era el órgano de “seguimiento, evaluación y cumplimiento” de las medidas recogidas en el Plan, que recayó en otras dos personas próximas a la dirección: de nuevo, Elena Anguita, que ya estaba de la Comisión Negociadora en representación de la empresa, y David Pérez, que tiene el rol más atípico de esta compañía, porque es “directivo técnico” y, a la vez, representante de los trabajadores en el centro de trabajo de Málaga.

Ninguno de los más de 20 profesionales de la productora con los que ha hablado este periódico le ha consultado jamás un problema laboral y todos le consideran “un miembro más de la dirección”. Pérez no pertenece a ningún sindicato. Cuando se convocaron elecciones internas en 2017, con un candidato de UGT, él decidió postularse como independiente, en nombre de una “agrupación de trabajadores”, y terminó ganando.

A preguntas de elDiario.es, David Pérez admite que su “mandato caducó hace tiempo”, que “no ha dimitido por elegancia”, pero que “hace cuatro meses le dio un ultimátum al resto de trabajadores y que si nadie convoca elecciones, en verano dimito”. “No es normal que lleve como representante legal de los trabajadores diez años, yo no tendría que estar aquí”, dice.

Pérez también se desmarca del II Plan de Igualdad de ADM, aunque no hace ni seis meses que lo firmó y figura como miembro de la Comisión Permanente que debe garantizar su cumplimiento. “Estoy en el Plan de Igualdad, pero no quiero estar. Esto lo voy a dejar también, ya había manifestado hacía tiempo que yo no quería estar ahí”.

Varios trabajadores de ADM, en Sevilla y en Málaga, identifican a Pérez como “el hombre que la dirección de la empresa ha puesto para que figure como representante legal de la plantilla”. El exCEO de la compañía, de hecho, ha presentado al juez que le investiga por delitos sexuales un certificado firmado por él, en calidad de director técnico, que le sirve para defenderse de sus acusaciones.

El II Plan de Igualdad de ADM recoge un conjunto de medidas a implementar -algunas del plan anterior- con un cronograma preciso: “primer trimestre de 2026”. Ni parecen haberse cumplido entonces ni ahora, a tenor de la primera charla que dieron los directivos que sustituyeron a Gustavo Fuentes tras su cese: Óscar González-Barba y José Ramón García-Japón. En esa reunión, el representante legal de la empresa (Compliance) admitió que la investigación interna contra el exCEO por abusos se cerró en falso, y animó a la plantilla a usar el protocolo antiacoso.

El documento dice que era obligatoria la difusión del II Plan de Igualdad para que la plantilla conociera las medidas para mejorar, los procedimientos y los protocolos de prevención contra el acoso sexual, que el objetivo es “garantizar un entorno laboral seguro, prevenir conductas inadecuadas y proporcionar procedimientos de actuación claros”; realizar acciones formativas, “al menos una vez al año, para asegurar que todos conocen los canales de denuncia y las garantías de confidencialidad y protección”.

Ese Plan lleva en vigor seis meses dentro de ADM, cuando se ha destapado el proceso judicial contra su CEO por delitos sexuales, del que el Consejo de Administración asegura haber sido informado el 8 de mayo, aunque Gustavo Fuentes informó de su imputación a la plantilla y al consejero de Presidencia, Antonio Sanz, el pasado abril, tras la Semana Santa. Su citación judicial en calidad de investigado es del 25 de marzo.

El 57,2% de los andaluces tenía muy claro a quién iba a votar mucho antes de las elecciones del pasado 17 de mayo y el 41,6% terminó cogiendo la papeleta del PP de Juanma Moreno, que ganó los comicios al borde de la mayoría absoluta (53 diputados). El 41,9% restante se decidió durante la campaña o incluso el mismo día de las urnas (6,9%).

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha publicado este miércoles un primer estudio postelectoral de las elecciones andaluzas del pasado 17 de mayo, que otorgaron una victoria rotunda al PP, pero le arrebataron la mayoría absoluta por dos diputados (53 escaños).

El informe, basado en 4.000 entrevistas, desmenuza las claves del resultado electoral justo cuando Moreno ultima un pacto de gobernabilidad con Vox y el presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre, acaba de convocar el Pleno de investidura del presidente los próximos 29 y 30 de junio. Este paso pone en marcha el reloj de la investidura, en la que previsiblemente el líder popular volverá a ser investido por tercera vez, aunque por ahora no tiene amarrado el pacto de gobernabilidad con Vox.

El CIS también proyecta la intención directa de voto de los andaluces para las próximas elecciones generales, que Pedro Sánchez prevé convocar en 2027. Aquí la fortaleza del PP se amortigua y la debilidad de los socialistas cambia drásticamente, acortando la brecha de 18,9 puntos de las autonómicas a apenas tres en unas legislativas.

Según los datos del CIS, los populares volverían a ganar en Andalucía con un 25,6% de votos frente al 22,8% del PSOE. Vox seguiría siendo tercera fuerza en las generales, con un 12,9% de los encuestados, seguido de lejos por Sumar, que cae al 4,7%. Adelante Andalucía, que fue la gran sorpresa de las autonómicas pasando de dos a ocho diputados (la mitad de los 400.000 nuevos votantes fueron para ellos), no prolongaría su éxito en el Congreso, con un 0,8% en intención de voto, por detrás de Se Acabó la Fiesta, el partido del agitador ultra Alvise (2,4%), y por Podemos, con un 1,3%.

Si mañana se celebrasen las generales, el 76,5% de los que apoyaron a Moreno votarían por Alberto Núñez Feijóo, pero un 15,5% se pasaría a Vox. A la ultraderecha le ocurre al contrario, el 66,6% de sus votantes andaluces revalidaría su apoyo en las generales, pero un 10,6% se iría al PP. En cuanto al PSOE, el 64,2% que apoyó a María Jesús Montero volvería a votar a Pedro Sánchez, y un 10,6% lo haría por Sumar, su socio de Gobierno.

El pasado 11 de junio se constituyó el Parlamento andaluz, los 109 diputados electos tomaron posesión de sus escaños y la falta de acuerdo entre PP y Vox dejó la Mesa de la Cámara bajo control de los populares, que se hicieron con cinco de los siete sillones de este órgano de decisión. Los populares ostentan ahora una mayoría absoluta en la segunda institución de Andalucía que no lograron en las urnas.

El portavoz de la formación ultraderechista, Manuel Gavira, explicó que esa foto fija es “provisional”, que su partido no quiso aceptar los puestos que le ofreció el PP en la Mesa de la Cámara, porque aspira a negociar todo el paquete completo con los de Moreno, esto es, las políticas y las cláusulas que Vox ya ha colado en los gobiernos de Extremadura, Aragón y Castilla y León (partiendo del lema antiinmigrante “prioridad nacional”); la entrada de su grupo en el futuro Gobierno de Moreno (con especial interés en la cartera de Agricultura) y la presencia de sus diputados en el órgano rector del Parlamento.

Esto último, aunque parezca menor, será clave en el discurrir de la legislatura, si Vox exige tener dos miembros en lugar de uno, para que el PP no tenga mayoría aboluta en el órgano que maneja los tiempos de los debates y las iniciativas parlamentarias en este mandato.

En esa sesión constitutiva fue reelegido presidente de la Cámara el popular Jesús Aguirre, en segunda vuelta y sólo con los votos de su partido. Aguirre ha convocado esta semana, uno a uno, a los cinco candidatos de los partidos con representación, empezando por el presidente en funciones, Juan Manuel Moreno, el único con opciones de ser elegido.

El popular, de hecho, apremió a Aguirre a convocar “cuanto antes” el pleno de investidura, para que empiece a correr la cuenta atrás para formar gobierno o repetir elecciones en caso de no obtener el apoyo mayoritario del Parlamento. Ese mensaje va dirigido a Vox, que tiene la llave de la legislatura, aunque Gavira enfrió las expectativas de Moreno y aseguró que, hoy por hoy, su formación está en el no, y aún queda mucho por negociar.

Los partidos de izquierdas, en cambio, dan por sentado que ambas formaciones conservadoras ya han cerrado un preacuerdo de gobierno, y que Moreno será investido presidente en la primera quincena de julio.

El CIS publicó su estudio preelectoral sobre los comicios andaluces el pasado 24 de abril, realizado a partir de una muestra total de 8.017 entrevistas, y en él vaticinaba que el PP volvería a ganar las elecciones con una mayoría absoluta de hasta 59 diputados y un 43,6% de los votos.

Al PSOE de María Jesús Montero le situó en un porcentaje de votos del 25,8% y una horquilla de entre 27 y 34 diputados. El estudio preveía que Vox bajaría, hasta el 10,3% de sufragios, y Adelante Andalucía se colocaría como cuarta fuerza, con un 8,5% y entre cinco y siete escaños, adelantando a la coalición Por Andalucía, que sería última con 6,9% de apoyos y entre cuatro y cinco diputados.

Los resultados del 17M confirmaron algunos de estos vaticinios, pero otros no. El PP, en efecto, fue la fueza más votada, pero perdió cinco escaños de los 58 que tenía, y se apeó de la mayoría absoluta, que está en 55. Los socialistas horadaron su suelo electoral, pasando de 30 a 28. Vox se estancó, aunque sumó un diputado más y se colocó en 15. Adelante Andalucía, en efecto, sorpasó a la coalición de Antonio Maíllo, y dio fue la gran sorpresa pasando de dos a ocho parlamentarios.

En dos provincias, Sevilla y Cádiz, incluso logró ponerse por delante de Vox, y su incremento en votos y escaños frustró la mayoría absoluta de Moreno. Por Andalucía fue la única formación que retrocedió en votos, aunque conservó los cinco escaños que le garantizan grupo parlamentario.

El presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre, ha convocado este miércoles el pleno de investidura del popular Juanma Moreno los próximos días 29 y 30 de junio (lunes y martes), tras culminar la ronda de contactos con los candidatos de los cinco partidos con representación. Moreno, que se quedó a dos escaños de la mayoría absoluta, es el único con opciones de ser reelegido.

La decisión de Aguirre activa la cuenta atrás para investir al próximo presidente de la Junta y formar nuevo gobierno, o repetir las elecciones si Moreno no logra los apoyos de la Cámara en los próximos dos meses. Pero el paso dado hoy sugiere que PP y Vox tienen ya amarrado el pacto de gobernabilidad que llevan semanas negociando en silencio, sin que ninguna de los dos partidos haya dado ninguna información.

Los términos de la negociación no distan mucho de los que han fraguado los gobiernos de coalición entre el PP y la ultraderecha en Extremadura, Aragón y Castilla y León. Los de Santiago Abascal han puesto como requisito ineludible la asunción del término xenófobo “prioridad nacional”, ya asumido por los otros tres presidentes autonómicos, y como aspiración de fondo, entrar en el Ejecutivo de Moreno para gestionar la cartera de Agricultura, que en esta comunidad mueve 2.000 millones de euros (más que las otras tres regiones juntas).

El pasado 11 de junio se constituyó el Parlamento andaluz, los 109 diputados electos tomaron posesión de sus escaños y la falta de acuerdo entre PP y Vox dejó la Mesa de la Cámara bajo control de los populares, que se hicieron con cinco de los siete sillones de este órgano de decisión. Los populares ostentan ahora una mayoría absoluta en la segunda institución de Andalucía -la que fiscaliza al Ejecutivo- que no lograron en las urnas.

El candidato y portavoz de Vox, Manuel Gavira, explicó que esa foto fija era “provisional”, que su partido no quiso aceptar los puestos que le ofreció el PP en la Mesa de la Cámara, porque aspira a negociar todo el paquete completo con los de Moreno, esto es, las políticas y las cláusulas que Vox ya ha colado en los gobiernos de Extremadura, Aragón y Castilla y León; la entrada de su grupo en el futuro Gobierno de Moreno y la presencia de sus diputados en el órgano rector del Parlamento.

Esto último, aunque parezca menor, será clave en el discurrir de la legislatura, si Vox exige tener dos miembros en lugar de uno, para que el PP no tenga mayoría aboluta en el órgano que maneja los tiempos de los debates y las iniciativas parlamentarias en este mandato.

En esa sesión constitutiva fue reelegido presidente de la Cámara Jesús Aguirre, en segunda vuelta y sólo con los votos de su partido. Aguirre ha convocado esta semana, uno a uno, a los cinco candidatos con representación, empezando por Moreno que le apremió a convocar el pleno de investidura “cuanto antes” para intentar formar gobierno en julio y esbozar los Presupuestos de 2027, cuya primera fecha de tramitación es el 31 de julio (la presentación de la envolvente financiera, las macrocifras de las cuentas del año que viene).

Aguirre ha tardado 24 horas en hacer caso a Moreno y ha activado la cuenta atrás de la legislatura. Ese mensaje va dirigido a Vox, que tiene la llave de la legislatura, aunque Gavira ha enfriado las expectativas de Moreno y aseguró que, hoy por hoy, su formación está en el no, y aún queda mucho por negociar.

Los partidos de izquierdas, en cambio, daban por sentado que ambas formaciones conservadoras ya han cerrado un preacuerdo de gobierno, y que Moreno será investido presidente en la primera quincena de julio.

La Junta de Andalucía ha virado 180 grados su posición respecto al Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, aprobado en Consejo de Ministros el pasado abril, con el beneplácito del Ejecutivo de Juanma Moreno, que aceptó inicialmente la estrategia política del Gobierno de Pedro Sánchez para encarar la crisis habitacional y triplicó los recursos disponibles para aumentar el parque de viviendas, un dinero que gastarán las comunidades.

Ahora Moreno -que está en funciones y ultima con Vox un acuerdo de gobierno- amaga con recurrir al Tribunal Constitucional. La Junta denuncia invasión de competencias, no está de acuerdo ni en el reparto de fondos ni en cómo puede gestionar ese dinero para vivienda. Tras una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno celebrada este martes, la Junta ha formulado un requerimiento al Consejo de Ministros previo a un conflicto de competencia contra el contenido del Real Decreto 326/2026, que regula el citado plan de vivienda, “por no respetar el orden competencial recogido en la Constitución y en el Estatuto andaluz”.

Es inédito que Moreno haya esbozado un recurso en los tribunales contra el Gobierno de Sánchez sin echar manos de las trompetas de Jericó, habituales en los Consejos de Gobierno de los últimos cuatro años para acusar al socialista de “agravio” a esta comunidad.

El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 no parecía, hasta hoy, levantar ampollas en el Ejecutivo andaluz: cuenta con una dotación de 7.000 millones de euros, de los que 1.197 millones correspondian a Andalucía (un 60% de financiación estatal: 718 millones; y un 40% autonómica: 479 millones de euros). 

Pero, además, introducía dos variables nuevas: se blindaban todas las viviendas protegidas que tuvieran financiación estatal, de modo que no podrán descalificarse para su venta como vivienda libre tras 10 años, como amagó con hacer la Junta. Luego rectificó, pero en el primer paso dado hoy para acudir a los tribunales vuelve a discutir “el régimen de protección permanente de las viviendas”.

“Esta decisión lamina cualquier resquicio para flexibilizar o endurecer dicho régimen”, advierten desde la Consejería de Fomento, donde interpretan este punto como un intento de “subsanar” con el Plan “lo que no pudo hacer con el artículo 16 de la Ley de Vivienda”, recurrido por las comunidades del PP y derogado por el Tribunal Constitucional. Ese artículo regulaba las VPO, incluyendo la obligación de realojamiento para personas vulnerables.

La otra novedad del Plan es el aumento de las ayudas para la construcción de vivienda pública, destinadas prioritariamente al alquiler con un precio máximo de 900 euros al mes.

El Gobierno de Moreno cree que el Ministerio de Vivienda se ha extralimitado en sus competencias, vulnerado la autonomía financiera de Andalucía y limitado su capacidad para gestionar estas políticas. El departamento de Isabel Rodríguez remitió el mes pasado el documento base a las comunidades autónomas, y se anunció un principio de acuerdo, un espejismo en medio de la polarización y la bronca.

Andalucía aceptaba el montante global y la partida que le correspondía, un 17% del total, parejo a su peso poblacional en España. La cifra era similar a la que el propio Moreno había incluido en su programa para las elecciones del pasado 17 de mayo. Sin embargo, la consejera de Fomento, Rocío Ruiz, también dejó abierta la puerta que hoy ha traspasado, a saber: iniciar los trámites de un recurso de inconstitucionalidad.

La Junta quiere, así, pagar menos de lo que le corresponde según el reparto que establece el plan estatal de vivienda y, sobre todo, quiere ignorar las “imposiciones” políticas del Ministerio: cómo, cuándo y dónde gastarse ese dinero para aumentar el parque de vivienda residencial y de alquiler. Considera que los programas financieros son tan “exhaustivos” y están desarrollados tan “al detalle”, que el Ministerio mete las manos en competencias que le son ajenas, como es la vivienda.

“El nuevo sistema de cofinanciación vulneraría el principio de autonomía financiera, ya que restringe su capacidad para decidir el destino de sus recursos presupuestarios. En el caso concreto de Andalucía, implica que la comunidad autónoma tenga que aportar 400 millones más que en el plan anterior, más de seis veces más (6,47), mientras que la contribución del Estado no llegaría a tres veces más de lo aportado”, reza el comunicado difundio tras el Consejo de Gobierno.

El Ejecutivo de Moreno, parapetado en sus servicios jurídicos, ha solicitado la derogación o modificación de un puñado de artículos del plan estatal, desde el diseño del régimen de aportaciones a cargo de las comunidades, la exhaustiva descripción de las actuaciones y el estricto reparto de cuotas, hasta el sistema de autorización estatal para la publicidad y la difusión de las actuaciones. “La regulación es tan minuciosa que se degrada a las comunidades autónomas a meras gestoras de las subvenciones”, denuncia la Junta.

Por último, se cuestiona el artículo 153, que supedita a una autorización o incluso a la presencia del ministro la presentación de actuaciones financiadas con cargo al Plan Estatal de Vivienda. Este punto, el más colorista del recurso, retrata la pugna política entre el Gobierno de Sánchez y el Ejecutivo de Moreno por capitalizar la entrega de llaves de viviendas públicas a familias, algo que se han reprochado mutuamente.

Las dos administraciones se acusan de no haber contribuido a aumentar el parque de vivienda pública y las dos se acusan de atribuirse el mérito de la construcción y entrega de pisos de protección que no han pagado en su integridad.

Apenas una semana después de destituir a Gustavo Fuentes, CEO de la productora Andalucía Digital Multimedia (ADM), imputado por agresión sexual y acoso sexual a una reportera, el Consejo de Administración de la compañía ha acordado iniciar un proceso de selección para nombrar a un nuevo director general que lidere la “nueva etapa” de una empresa público privada, participada mayoritariamente por el Gobierno andaluz.

El anuncio que se ha trasladado este miércoles a los trabajadores desbarata, en parte, la decisión “provisional” que adoptó el Consejo hace siete días, cuando aprobó la “suspensión temporal de funciones” de Gustavo Fuentes y puso en su lugar a su número dos, el también director financiero de Recursos Humanos, Óscar González-Barba.

La denuncia de una reportera de ADM contra Gustavo Fuentes por delitos sexuales salpica a otros miembros de su directiva, entre ellos, González-Barba, que aparece citado varias veces por otras extrabajadoras que han querido testificar ante el juez en favor de la víctima. Una de ellas relata una conversación que presenció en el despacho del exCEO entre éste y su director financiero, una persona de su estrecha confianza, hablando sobre la denunciante: “Con suerte me la follo de una vez, que haya mucho alcohol Osquita, que eso es cosa tuya”, señala su testimonio.

Fuentes de la dirección de la Radio Televisión Pública de Andalucía (RTVA), asociada con la productora y su principal cliente institucional, explican a este periódico que el nombramiento de González-Barba siempre fue “provisional”, y que el Consejo de Administración de ADM pasó de la “suspensión temporal” de Fuentes al cese “definitivo e irrevocable” en cuestión de horas.

Con todo, hasta que se produzca el nombramiento de un nuevo CEO, “el Consejo de Administración coordinará y supervisará la gestión de la compañía, apoyándose en los equipos profesionales actualmente operativos, cuya experiencia, compromiso y capacidad garantizan la continuidad de la actividad y el cumplimiento de los objetivos establecidos”, reza el comunicado.

González-Barba ha reunido esta mañana a miembros de la directiva para confirmarles que el cese de Gustavo Fuentes es definitivo, como adelantó este periódico el pasado viernes. Hasta el comunicado de hoy, en el que se anuncia la apertura de un proceso de selección para encontrar nuevo CEO, el Consejo de la productora no había confirmado negro sobre blanco la destitución de su director general, imputado por delitos sexuales. Fuentes, de hecho, se comunicó por WhatsApp con otros miembros de su directiva para asegurarles que lo suyo se resolvería “pronto”, y que estaba citado a declarar ante el juez en calidad de investigado.

EL Consejo de Administración de ADM está presidido por Sergio Gómez Rojas, director gerente de la empresa pública Sandetel, dependiente de la Consejería de Industria). En el Consejo también se sienta el responsable de Telefónica en el sur de España, Joaquín Segovia, el director económico financiero de RTVA, otro directivo de Canal Sur Media y uno más de Axion Infraestructuras de Telecomunicaciones. Este periódico ha consultado por las últimas decisiones del Consejo de ADM a la Consejería de Industria, que ha eludido aclarar o aportar información.

En el comunicado de la productora se subraya la política de “tolerancia cero frente a cualquier forma de acoso, discriminación o conducta que vulnere la dignidad de las personas, promoviendo entornos de trabajo seguros, inclusivos y respetuosos”.

Gustavo Fuentes está siendo investigado desde hace dos meses por el Juzgado de Violencia de Género número 5 de Sevilla por delitos sexuales a raíz de la denuncia de una periodista de la empresa. La reportera interpuso la denuncia el pasado enero, acompañándola de 175 páginas con mensajes de WhatsApp que le enviaba el acusado, y que han sido ya validados como prueba por el juez. También adjunta siete declaraciones testificales de extrabajadores de ADM (algunos con cargos directivos) corroborando algunas de las situaciones de acoso y agresión denunciadas por la víctima.

Fuentes debía declarar como investigado ante el juez el próximo 25 de junio, pero el magistrado ha vuelto a aplazar su declaración -y la de dos testigos clave- hasta finales de julio.

El pasado martes, 18 horas depués de que elDiario.es revelase la imputación del CEO de la productora, El Consejo de Administración de ADM aseguró en el comunicado de la medianoche del miércoles que conocía su situación procesal desde el 7 de mayo, cuando él mismo comunicó “la existencia de una denuncia por acoso sexual presentada a título personal por una empleada en excedencia, sin que constara denuncia previa en los canales habilitados por la empresa”. Sin embargo, varias fuentes de la dirección de la productora prueban que “había miembros del Consejo que ya lo sabían desde abril”.