El Gobierno andaluz de Juanma Moreno, una coalición de PP y Vox, ha crecido por arriba a costa de recortar por abajo. La estructura del nuevo Ejecutivo, aprobada la semana pasada, incluye un desvío presupuestario de la dotación prevista inicialmente a cubrir vacantes de empleados públicos y de otras partidas (sin especificar) para pagar un sobrecoste de más de tres millones de euros en nuevos altos cargos y en puestos de confianza nombrados a dedo.

El decreto de estructura de la Consejería de Presidencia, que pilota el vicepresidente primero Antonio Sanz, incluye la creación de las tres nuevas vicepresidencias de la Junta, además de un puesto eventual más en cada una de las 13 consejerías, esto es, “un incremento de costes” de 2,7 millones de euros que obligará a la Junta a “quitar la dotación presupuestaria de puestos vacantes sin cubrir” en la Administración Pública, además de “la minoración de otras partidas presupuestarias”, que no se especifican.

El resto del ajuste presupuestario (312.864,54 euros anuales) sería el sobrecoste por la creación de nuevas direcciones generales adscritas a Presidencia. Además, se ha creado un nuevo departamento, la Consejería de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, con una viceconsejería y dos direcciones generales, que también han provocado “alteraciones” en la estructura del Gobierno y “un coste adicional de 317.060,01 euros anuales. Todo este sobrecoste de personal, en todas las consejerías, incluye en el presupuesto los gastos de la cuota patronal de seguridad social por importe del 30% de las retribuciones.

“Desdotación de plazas”

Así consta en el informe económico y financiero de la Consejería de Presidencia, al que ha tenido acceso este periódico: “Tras la emisión de los informes económico-presupuestarios de la totalidad de los decretos que regulen la estructura de las Consejerías de la Junta de Andalucía y sus servicios periféricos, procederá, en el caso de incremento de costes, a la desdotación de plazas de administración general o a la minoración de otras partidas presupuestarias, para conservar el objetivo de equilibrio en los créditos del capítulo de gastos de personal en el conjunto de la Junta de Andalucía, preferentemente en las secciones presupuestarias que hubieran dado origen a las necesidades presupuestarias”.

Fuentes de Presidencia explican que esa “desdotación” es algo común en la gestión presupuestaria de la Junta. “La desdotación de puestos de administración general es algo habitual y consiste en quitar la dotación presupuestaria de puestos vacantes sin cubrir. No se destruye ningún puesto de administración general, solo se le quita la dotación hasta que se cubra esa vacante”, explican estas fuentes.

Los sindicatos de Función Pública coinciden en que el Gobierno de Moreno es muy dado a hacer esta suerte de “ingeniería financiera”, sin aclarar qué cuerpos de la administración pública se ven afectados, es decir, de cuántas plazas de empleados públicos prescinde la Junta (y en qué áreas) para pagar, en este caso, la contratación de nuevos altos cargos.

Desde CCOO, argumentan que estos movimientos presupuestarios “opacos” hacen que la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Junta de Andalucía, negociada con los agentes sociales y publicada en su página web, “en la práctica sea irreal”. “Se pactan y aprueban una relación de plazas que el propio Gobierno considera necesarias para el buen funcionamiento de los servicios públicos, pero luego no las dotan de presupuesto, las dejan vacías. O, en este caso, las dotan de presupuesto, pero acto seguido se lo quitan para gastarlo en otra cosa”, explican desde el sindicato.

“Recortar indios para aumentar el número de jefes”

CCOO es muy crítica con esta gestión de recursos del Gobierno de Moreno. Explican que el objetivo es “recortar indios para aumentar el número de jefes” y denuncian que, en algunas provincias (como Málaga), más de la mitad de las plazas recogidas en la RPT de la Junta están sin cubrir, algunas con dotación económica y otras sin asignación.

Antes de constituirse el nuevo Gobierno de coalición PP-Vox, el gabinete de Moreno contaba con 301 altos cargos, desde el presidente hasta los delegados provinciales. En el último Consejo de Gobierno, la portavoz de la Junta, Carolina España, anunció que la nueva estructura del Ejecutivo aumentaba esta cifra en 13 directivos más, a pesar de que Moreno hizo gala de haber suprimido una consejería respecto a la pasada legislatura, pasando de 14 a 13.

El PP andaluz siempre fue muy crítico con los gobiernos socialistas por el volumen de altos cargos y personal de confianza en la Administración. Cuando llegó al poder, en 2019, abanderó una disminución progresiva de esa plantilla pero, a medida que avanzaba la legislatura –sobre todo a partir del segundo mandato, ya con mayoría absoluta– el número volvió a incrementarse hasta superar los 300.

Duplicidad de cargos en la consejería de Vox

También Vox ha sido extremadamente crítico con el número de altos cargos y nombramientos a dedo del anterior Gobierno de Moreno. Sin embargo, la Consejería de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local, que pilota el vicepresidente segundo y líder andaluz de Vox, Manuel Gavira, contará con más altos cargos que una consejería normal, 35 en total, al sumar dos secretarías generales en cada una de las ocho provincias andaluzas.

Es el único departamento donde se da esta duplicidad, aunque también es una macroconsejería donde confluyen políticas muy dispares, que nada tienen que ver entre sí. Este gasto adicional alcanza los 645.656,72 euros en el presupuesto anual del personal del ejecutivo andaluz.

“El volumen de trabajo que asume la nueva Delegación Territorial se ve notablemente incrementado, por lo que, al objeto de dar cumplimiento a los principios administrativos de eficacia, descentralización funcional, desconcentración funcional y territorial, coordinación y proximidad a la ciudadanía, que el ordenamiento jurídico andaluz proclama, resulta preciso contar en las Delegaciones Territoriales de la Consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local con dos Secretarías Generales Provinciales”, reza el expediente del decreto de estructura de esta consejería, aprobado en el último Consejo de Gobierno.

El incremento de personal también está justificado en la creación de “forma excepcional por razones de eficacia administrativa” de dos secretarias provinciales en una sola consejería. Una posibilidad que debe ser aprobada por el Consejo de Gobierno. Estos 24 cargos provinciales, entre delegados y secretarios provinciales, se suman a otros 11 altos cargos de la Consejería que cuenta con un viceconsejero, cuatro secretarías generales, una secretaría general técnica y cinco direcciones generales.

“Vox gestionará las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género (UVIVG) en Andalucía, pero no puede suprimirlas, porque están blindadas en una ley estatal”. El presidente andaluz, Juanma Moreno, “está de vacaciones”, pero el terremoto político que ha provocado la cesión de estas competencias al socio ultraderechista del Gobierno ha empujado a la parte ejecutiva del PP a lanzar un mensaje de tranquilidad.

Eso sí, siempre desde el anonimato, porque ni desde Presidencia ni desde la Consejería de Igualdad han querido valorar esta cesión de atribuciones a un partido abiertamente negacionista de la violencia de género, que ha encendido las alarmas incluso en el Ministerio de Igualdad. “El PP ha lanzado un órdago al pacto de Estado contra la Violencia de Género [firmado por populares y socialistas en 2017]. El Gobierno de Andalucía deja a las víctimas en manos de los negacionistas y defensores del machismo. No lo vamos a permitir y ya estamos estudiando medidas. Insisto, señor Núñez Feijóo, ¿está rompiendo el pacto?”, volvió a escribir este miércoles la ministra Ana Redondo, en su cuenta de X. Preguntado al respecto, su gabinete no aclaró qué “medidas” está estudiando.

La decisión del presidente Juanma Moreno de delegar en su socio de Gobierno los servicios de atención psicosocial que calibran el riesgo para las mujeres víctimas de malos tratos ha desatado una polvareda política, pero, sobre todo, mucho “miedo e incertidumbre” entre las afectadas y las trabajadoras de estas unidades, adscritas a la Consejería de Justicia, que ahora pilota el vicepresidente segundo de la Junta y líder regional de Vox, Manuel Gavira.

Ese “miedo e incertidumbre” representa, además, “un obstáculo más para estas mujeres” –víctimas de violencia machista– a la hora de acudir a las instituciones en busca de ayuda y para denunciar las agresiones que sufren, reconocen fuentes del Ejecutivo andaluz. Las atribuciones que tiene la Consejería de Justicia son las mismas que tenía antes de que Vox asumiera este departamento, pero incluso en el PP andaluz hay quien se ha “sorprendido” de que un servicio “clave” en la lucha contra la violencia de género quede en manos de un socio negacionista. “Ahí no se ha calibrado bien el mensaje que esto iba a trasladar [a la ciudadanía]. La inquietud generada es natural”, admite un miembro del Ejecutivo, que pide anonimato.

Con todo, fuentes del Gobierno de Moreno –además del Ejecutivo central– han hecho un llamamiento a la “tranquilidad” para aclarar que el grupo ultraderechista no tiene margen legal para desmantelar este servicio, esencial para jueces y policías. En efecto, la ley que regula los Institutos de Medicina Legal, donde están adscritas las UVIVG, impide que un gobierno autonómico las suprima. Desde el PP andaluz aseguran que sus socios tampoco podrán “interceder en el trabajo de sus profesionales”, que seguirán siendo “los mismos” que antes de firmar el pacto.

Ni Gavira ni su equipo, que tomaron posesión hace apenas un mes, han aclarado aún qué planes tienen para este servicio de atención a víctimas, que cuando estaban en la oposición tildaron de “supremacismo ideológico de izquierdas”, y exigieron “depurar” reclamando el nombre y apellido de sus empleados públicos y del personal de refuerzo subcontratado.

“No pueden suprimirlas, pero sí pueden cambiar los protocolos, que dependen de la Junta, y cambiar al personal que los coordina, sustituyendo a las directoras de los Institutos de Medicina Legal en las ocho provincias andaluzas, y nombrando a gente de su cuerda, hostiles con las políticas de género”, explica Miguel Lorente, que fue quien diseñó y puso en marcha la red de UVIVG en Andalucía.

Vox puede nombrar a su propio personal de confianza para dirigir los Institutos de Medicina Legal, pero tienen que ser funcionarios del mismo departamento. La mayoría de ellos lleva años de experiencia tratando con mujeres víctimas de violencia de género, con situaciones durísimas, y están muy sensibilizados con esta lacra social, que se ha cobrado ya nueve vidas en Andalucía en lo que va de año. En la plantilla, sin embargo, también hay profesionales muy críticos con el desarrollo de la Ley de Lucha contra la Violencia de Género, que la ultraderecha califica de “ley ideológica” y aspira a “revisar o derogar” en esta legislatura.

2.300 informes psicosociales en un año

Los profesionales de los Institutos de Medicina Legal en Andalucía –médicos forenses, psicólogos y trabajadores sociales– atendieron a 893 personas para esclarecer presuntos delitos contra la libertad sexual en 2024 [último año publicado], realizando valoraciones de mujeres, menores y hombres denunciados por violencia de género, según datos de la Consejería de Justicia. Además, los equipos psicosociales elaboraron 2.257 informes, solicitados por los Juzgados de Familia, para dirimir conflictos de parejas con hijos sobre diferentes medidas, regímenes de visita de los menores o guarda y custodia, entre otros.

Estos datos constan en la memoria anual de los Institutos de Medicina Legal de Andalucía, que también hace balance del trabajo de las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género, encargados de reconocer a mujeres y menores para valorar los daños físicos, psicológicos o sociales, pero también valoran la peligrosidad objetiva de los agresores, el riesgo de reincidencia, las consecuencias físicas, psicológicas y sociales derivadas de las violencias sexuales, además de realizar informes en procedimientos civiles que afecten a las víctimas, y para recibir ayudas públicas de las administraciones.

La mayoría de estos equipos los integran empleados públicos (casi todos funcionarios), aunque también hay interinos y personal de refuerzo subcontratado, dada la “ingente cantidad de trabajo que gestionan”. Vox les señaló hace siete años, nada más entrar en el Parlamento andaluz, pidiendo sus nombres y apellidos, cuestionando su “cualificación profesional”, exigiendo que estuvieran “colegiados” además de licenciados [el 40% no lo estaba, aunque la ley no lo obliga], y acusándoles de emitir informes con “sesgo ideológico”.

Quienes han pilotado las competencias de la Consejería de Justicia hasta ahora destacan que esos equipos realizan un trabajo “humano” que va “mucho más allá de sus atribuciones”. “Muchas veces apoyan y acompañan a las mujeres y los menores cuando declaran en las salas Gesell especialmente equipadas para grabar los testimonios, con total seguridad jurídica, de forma que sirvan como pruebas preconstituidas en los juicios y eviten la doble victimización que implica tener que repetir varias veces durante el proceso y ante distintos agentes judiciales el relato de hechos dolorosos”, explicó el anterior consejero de Justicia, el popular José Antonio Nieto, que ahora dirige la cartera nueva de Inteligencia Artificial.

La Junta no dio los nombres a Vox, pero sí los números de colegiación

En 2019, el entonces líder andaluz de Vox y juez de Familia en excedencia, Francisco Serrano, señaló directamente a esos trabajadores y pidió al Parlamento un listado con sus nombres. “Los jueces dictan sentencias en base a informes de profesionales no cualificados y altamente ideologizados y de los que depende la libertad de un acusado o el futuro de niños”, aseguró Serrano. La Cámara no se los dio, amparándose en la Ley de Protección de Datos. Los afectados lo llamaron “caza de brujas”.

El Gobierno de coalición PP-Ciudadanos no les facilitó los nombres, pero sí su número de colegiación (los que tenían) y planteó una reforma para obligar a que todos se colegiase, rescatando una sentencia del Constitucional de 2015. El entonces vicepresidente de la Junta y líder de Ciudadanos, Juan Marín, trató de zanjar la polémica anunciando que las UVIVG que había demonizado Vox se iban a reforzar, para que hubiera dos equipos multidisciplinares en cada provincia (entonces había nueve, una por provincia y dos en Cádiz).

El aumento de la plantilla se pagó con el presupuesto del Pacto de Estado contra la Violencia de Género que correspondía a Andalucía (3,9 millones de euros). Cuando se apagó la polémica en los medios, este refuerzo de personal se desmanteló. Fuentes del Ejecutivo andaluz aseguran que se trató de un refuerzo “temporal”.

El presupuesto anual de estos servicios de atención a mujeres ronda los 25 millones de euros, entre el gasto del personal fijo y los contratados de refuerzo. El pasado abril, ya en plena precampaña electoral, la Junta de Andalucía modificó la Relación de Puestos de Trabajo de los ocho Institutos de Medicina Legal, precisamente para crear una plaza más de forense en cada uno de ellos con funciones de coordinación de las UVIVG. Fuentes del Ejecutivo andaluz aclara que la ampliación de plantilla obedece a “las nuevas competencias sobre delitos sexuales de la jurisdicción de Violencia sobre la Mujer y el aumento de la carga de trabajo en ésta”.

Desde el 3 de abril de 2025, la Jurisdicción de Violencia sobre la Mujer asume también todos los delitos sexuales tras los cambios impuestos por la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, y se han creado nuevas plazas de jueces y fiscales especializados.

La modificación legislativa contempla que las UVIVG de los IML se ocupen también de los exámenes e informes en todos los casos de violencia sexual contra mujeres, niñas y niños, interviniendo desde las primeras fases del proceso, incluido el servicio de guardia.

Vox irrumpió hace siete años en la esfera política andaluza exigiendo la derogación de la Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres y la Ley de Lucha contra la Violencia de Género, que acababan de aprobarse en el Parlamento por unanimidad, la primera, y por amplísima mayoría la segunda.

No lo consiguió, pero su primera iniciativa parlamentaria fue encaminada a tratar de identificar, con nombres y apellidos, a todos los empleados públicos, funcionarios, trabajadores subcontratados por la Junta o vinculados a ONG subvencionadas que operasen en la lucha contra la violencia machista. La solicitud formal de ese listado de personas –que los afectados llamaron “caza de brujas”– apuntaba a los servicios psicosociales y de peritaje judicial, adscritos tanto a la Consejería de Justicia como al departamento de Igualdad de la Junta de Andalucía, en el primer Gobierno de Juanma Moreno sustentado por la ultraderecha.

La motivación de aquella primera medida, en 2019, era poner en cuestión todo el sistema de protección a las mujeres víctimas de violencia machista y a sus hijos. Y el objetivo confeso era “depurar” a los profesionales –psicólogos, médicos forenses y trabajadores sociales– que evaluaban el riesgo de las víctimas, la reincidencia del agresor y la desprotección de los menores, articulando una acusación durísima: falta de cualificación y “sesgo ideológico”. “Feminismo supremacista de izquierdas”, lo llamó el promotor de la iniciativa, el entonces líder andaluz de Vox y juez de Familia inhabilitado, Francisco Serrano.

Todo esto generó una enorme polémica entonces y fue motivo de la primera bronca de aquella legislatura, en la que el entonces líder andaluz de IU, Antonio Maíllo, se desgañitó llamando “fascistas” a los primeros 12 diputados de Vox; y Serrano se mofó de su “alarmismo” tildándole de “planchabragas”.

Siete años y cuatro gobiernos autonómicos de PP y Vox después, la decisión del presidente andaluz, Juanma Moreno, de ceder a esa misma ultraderecha el control de las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género de los Institutos de Medicina Legal, adscritos a la Consejería de Justicia que pilota su líder, el vicepresidente segundo Manuel Gavira, ha cimbreado la política andaluza y nacional en pleno mes de agosto.

Desde el Ministerio de Igualdad, pasando por la dirección federal socialista o la líder regional del sindicato CCOO, hasta los primeros espadas de todas las formaciones de izquierdas en la oposición –PSOE-A, Adelante Andalucía y Por Andalucía– han salido en tromba para condenar esta cesión de funciones a una formación que abandera el negacionismo contra la violencia de género y que, estando en la oposición, pidió “depurar” a los empleados públicos de estas unidades de valoración por un supuesto “sesgo ideológico”.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha apuntado directamente al líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, exigiéndole que aclare si con esta medida está desmarcándose del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, suscrito por socialistas y populares junto a otras formaciones en diciembre de 2017.

“Aquí, las consecuencias del pacto PP-Vox en Andalucía. La atención a las víctimas de violencia de género en manos de quienes la niegan. 290 mujeres han sido asesinadas en Andalucía desde 2003. Esto es una irresponsabilidad. Feijóo, ¿está usted rompiendo el Pacto de Estado?”, ha escrito en su cuenta de X, con un enlace a la información adelantada por este periódico. Su número dos, la secretaria de Estado de Igualdad, María Guijarro, ha sido más dura aún: “A los defensores del machismo les entregan las víctimas. A quienes las ignoran les dan su custodia. Estaremos muy vigilantes”.

Al equipo del presidente Moreno, esta tormenta política de verano le ha pillado prácticamente de vacaciones, fuera del curso político, con escalonadas reapariciones de sus consejeros y dirigentes del PP andaluz para condenar la actuación del Gobierno de Pedro Sánchez en la crisis humanitaria de Ceuta.

La secretaria general de CCOO Andalucía, Nuria López, también ha acusado a Moreno de “entregarse al negacionismo de su socio ultra”. “No todo vale para gobernar ¡Qué poco les importa la vida de las mujeres!”, ha escrito. La vicesecretaria general del PSOE y líder andaluza, María Jesús Montero, denuncia que dejar en manos de Vox estos servicios públicos es “poner en riesgo la protección de las víctimas”. “Moreno Bonilla comparte el ideario de la extrema derecha con la que el PP se ha lanzado a competir”.

El líder de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha avanzado que van a “fiscalizar al dedillo cada movimiento de la Consejería de Justicia contra las mujeres andaluzas: lo haremos en el Parlamento, en las calles y, si hace falta, en los tribunales”. Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida y portavoz de la coalición Por Andalucía, abunda en que “el PP no solo no pone límites a la extrema derecha sino que hace propia su agenda”.

Consultado por esta cuestión, desde la Consejería de Igualdad del Gobierno de Moreno han rehusado hacer ninguna valoración.

Un servicio “pionero” en Andalucía

La Junta de Andalucía es “pionera” en el desarrollo de las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género, unos servicios médico-forenses encargados de estudiar a la víctima, al agresor y a los menores expuestos a esa violencia, para luego redactar informes integrales, siempre que lo solicite el juez para usarlo, junto al atestado policial y su propia valoración, a la hora de decidir sobre las órdenes de protección y las medidas civiles cuando la mujer denuncia. También sirven a las administraciones para la concesión de ayudas públicas.

Estos equipos especializados formados por forenses, psicólogos y trabajadores sociales, adscritos a los Institutos de Medicina Legal y gestionados en Andalucía por la Consejería de Justicia, están previstos en la Ley Integral contra la Violencia de Género de 2004; y posteriormente desarrollados en la ley andaluza del mismo nombre, que fue aprobada en el Parlamento por todos los grupos (excepto IU) en 2018, cinco meses antes de la irrupción de Vox en la Cámara y de la constitución del primer Gobierno de Juanma Moreno.

Desde entonces, ya va para ocho años, el partido de Santiago Abascal ha impedido el consenso unánime necesario en el Parlamento andaluz para aprobar una declaración institucional de condena por las mujeres asesinadas por sus parejas (nueve en Andalucía, en lo que va de año).

De aquella primera legislatura de Vox, siendo el partido que sustentaba al Gobierno de coalición PP-Ciudadanos, hoy quedan algunas de las exigencias que impusieron a Moreno a cambio de apoyarle la investidura. Los populares, ya con mayoría absoluta, conservan el teléfono de violencia intrafamiliar -término con el que la ultraderecha niega que haya asesinatos de mujeres por razón de género-; el nombre de una consejería de Familia; y un puñado de medidas “en favor de la vida del embrión”, eufemismo de antiabortistas.

Ahora Vox forma parte de otro Gobierno de coalición con el PP. Moreno ha delegado en su socio la Consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, un macrodepartamento “más técnico que político”, confiando en poder “amortiguar el despliegue ideológico”de la ultraderecha en las políticas públicas, sobre todo aquellas donde ha proyectado sus guerras culturales: rechazo, cuando no criminalización, de los inmigrantes; negación de la violencia de género y negación del cambio climático.

La Consejería de Justicia es una “administración prestacional”, es decir, se encarga exclusivamente de proveer y mantener los medios materiales, económicos y personales (edificios, equipos, personal funcionario no judicial), pero en ningún caso puede intervenir en la función jurisdiccional ni dar órdenes a los jueces o a los funcionarios de Justicia.

En 2019, en su primera iniciativa parlamentaria, Vox reclamó por escrito a la Cámara una relación de nombres y apellidos de los empleados públicos que trabajan en las Unidades de Valoración de Víctimas de Violencia de Género, exigiendo “depurar” a aquellos que emitían informes “ideológicos”, movidos por un “feminismo supremacista de izquierdas”.

Poco después, y ya al calor de la polémica suscitada, la formación ultraderechista amplió su solicitud y exigió también la lista de trabajadores de otros estamentos de la Junta de Andalucía en materia de lucha contra la violencia machista: de una ONG que trabaja para la Consejería de Igualdad en la protección de mujeres y niños, víctimas de abusos y maltrato; y de una empresa adjudicataria que colabora en los juzgados en el peritaje de daños que se producen a las mujeres agredidas por sus parejas, también contratada por Igualdad.

La formación ultra pidió los perfiles profesionales, la condición laboral y el número de colegiación de todos los empleados públicos, subcontratados o subvencionados por el Gobierno andaluz para luchar contra la violencia de género, con ánimo declarado de desmontar “chiringuitos ideológicos”.

El PP: “El margen de gestión de Vox es muy estrecho”

Este periódico ha consultado a Vox y al equipo de su líder regional, el vicepresidente segundo de la Junta y nuevo responsable de Justicia, Manuel Gavira, si prevén modificar, alterar o suprimir esas unidades de valoración de víctimas de la violencia machista que cuestionaban duramente desde la oposición. No ha habido respuesta.

Fuentes próximas al presidente Moreno ven “inviable” que Vox pueda “legalmente” cargarse estos servicios, que realizan un papel “fundamental” para jueces y policías, e insisten en que el margen de gestión de su socio de Gobierno en el departamento de Justicia “es muy estrecho, casi nulo”.

No obstante, en el Palacio de San Telmo, sede del Gobierno andaluz, no ocultan que Vox tiene ahora un “altavoz” muy potente para instalar sus consignas ideológicas en el debate público, desde la vicepresidencia de una institución tan mastodóntica como la Junta de Andalucía, y sospechan que en Justicia podrán hacer más “fuegos de artificio” que medidas con consecuencias directas para la ciudadanía. “Se van a chocar con la realidad y con la legislación vigente”, repiten los populares como un mantra. “A lo sumo, le cambiarán el nombre, pero seguirán desempeñando las mismas funciones”, bromea un consejero.

En 2024, el Ayuntamiento de Ciudad Real, gobernado por PP y Vox, cambió el nombre de la Unidad de Violencia de Género de la Policía Local para “eliminar cualquier término ideológico de género”, y centrarse así en “todo tipo de víctimas de violencia”. El partido de Santiago Abascal niega que los asesinatos de mujeres en España a manos de sus parejas o exparejas (33 en lo que va de año) tengan un componente de género y cuestiona todas las leyes y políticas públicas encaminadas a combatir esta lacra social.

En Andalucía hay ocho Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género, adscritas a los Institutos de Medicina Legal en cada provincia. El pasado mes de abril, el Gobierno de Moreno decidió reforzar a los equipos que la conforman con la creación e incorporación del “puesto de coordinador, un médico forense”, no sólo para la organización del “ingente volumen de trabajo”, sino para supervisarlas y dirigirlas.

Vox peleó duro en la negociación con el PP para quedarse la consejería de Agricultura, como ha logrado en Extremadura, Aragón y Castilla y León, y para gestionar políticas sociales y de familia. Moreno, que se quedó a dos escaños de la mayoría absoluta, logró cortocircuitar esas expectativas, aunque a cambio ha firmado un acuerdo de gobierno, con 150 medidas, atravesado por todas las obsesiones xenófobas, negacionistas y ultracatólicas de Vox.

Vox entró en el Parlamento andaluz en 2019, con sus primeros 12 diputados en España, tras las elecciones autonómicas que pusieron fin a 37 años de gobiernos socialistas e hicieron presidente a Juanma Moreno.

En el primer Pleno ordinario de aquella legislatura, y haciendo uso del reglamento de la Cámara, el entonces candidato y líder regional de Vox, el juez Francisco Serrano, presentó en el registro de la Cámara un escrito solicitando “una relación detallada con los nombres y apellidos” de los trabajadores públicos de las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género del Instituto de Medicina Legal, adscrito a la Oficina Judicial y Fiscal que gestiona la Junta. También pidió identificar a los equipos psicosociales de los Juzgados de Familia y de Menores.

El partido de Santiago Abascal defendía entonces un negacionismo férreo contra las políticas de igualdad de género y lucha contra la violencia machista. De hecho, había exigido (sin éxito) la derogación de las leyes andaluzas que rigen estas políticas, a cambio de su apoyo a la investidura de Juanma Moreno. El PP no cedió en este punto, que habría supuesto deshacer un marco legislativo aprobado por la unanimidad del Parlamento.

Pero en cuanto arrancó la legislatura, Vox buscó una vía alternativa para atacar lo que dio en llamar “supremacismo de género”: reclamó a través del Parlamento andaluz la lista de empleados públicos de la Consejería de Justicia (la mayoría funcionarios) encargados de elaborar los informes sociales y psicológicos sobre las mujeres víctimas de malos tratos para los juzgados de familia.

“Una relación detallada con nombres, apellidos, número de colegiados en sus respectivos colegios profesionales, si estuvieren dados de alta en ellos con la reseña de dichos colegios profesionales, y si no también, de todos los psicólogos, trabajadores sociales y médicos forenses que han integrado las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género; Equipos Psicosociales de los juzgados de Familia y equipos de menores en las ocho provincias de Andalucía, entre el año 2012 y 2019 completos”, decía la solicitud que Vox llevó al Parlamento andaluz.

Esos informes sirven luego como atenuante en los juzgados, si las mujeres deciden denunciar a su agresor, y también son tenidos en cuenta por la propia Junta a la hora de conceder ayudas públicas a mujeres agredidas por sus parejas o exparejas. Los organismos públicos contra los que apuntaba la ultraderecha están formados por psicólogos, forenses y trabajadores sociales, que emiten informes para ayudar a los jueces a decidir sobre órdenes de protección y medidas civiles en violencia de género y custodias y regímenes de visitas en procesos de divorcio.

La formación ultraconservadora denunciaba entonces que muchos de esos informes estaban basados en criterios “políticos” y, accediendo al listado de funcionarios responsables, aspiraban a “depurar” entre los trabajadores “formados y acreditados” para realizar ese trabajo, y los que se mueven por “motivos ideológicos”, sin tener “capacidad profesional” ni estar “colegiados” [aunque la ley no exige la colegiación de los psicólogos, trabajadores sociales y médicos forenses que integran estas unidades].

En Andalucía, no sólo hay empleados públicos realizando esos informes psicosociales, la Junta también delega parte del servicio en entidades especializadas que les sirven como refuerzo, dado el volumen de trabajo que soportan, y el partido de Abascal siempre ha ubicado a esas organizaciones colaboradoras en la esfera ideológica de los anteriores gobiernos del PSOE.

Chocarse con la realidad y con la legislación vigente

El señalamiento de empleados públicos de Justicia, con nombres y apellidos, provocó la primera polémica en torno al recién formado Gobierno de coalición PP-Ciudadanos, sustentado desde fuera por Vox. El partido de Abascal trataba de demostrar que el número de agresiones y denuncias de hombres a mujeres está sobredimensionado.

“Se están violando sentencias de Altos Tribunales que exigen la colegiación. Los jueces dictan sentencias en base a informes de profesionales no cualificados y altamente ideologizados y de los que depende la libertad de un acusado o el futuro de niños”, escribió entonces Serrano en su cuenta de X (antes Twitter). El juez, que pasó de candidato estrella de Vox a ser repudiado por Abascal, había llegado a la política tras ser inhabilitado en 2011 por alterar un régimen de visitas de un menor con su padre.

El Ejecutivo andaluz no llegó a entregarle a Vox la lista de funcionarios que pedía, amparándose en la Ley de Protección de Datos. Pero, siete años después, Vox no sólo tiene en la mano los nombres de esos empleados públicos, sino las competencias sobre las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género del Instituto de Medicina Legal, adscritas a la Consejería de Justicia, que Moreno ha entregado al líder de la formación ultraderechista, el vicepresidente segundo de la Junta, Manuel Gavira.

El acuerdo suscrito entre PP y Vox que ha hecho presidente a Juanma Moreno, por tercera vez, contiene el reparto de consejerías entre ambos socios de Gobierno. La ultraderecha gestiona una sola consejería, que aglutina competencias muy dispares: Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local. Pero hasta el jueves pasado, el Consejo de Gobierno no aprobó los decretos de estructura de cada departamento, que recogen las atribuciones concretas de cada departamento.

Entre ellas, se encuentra la organización de “los equipos psicosociales de apoyo a la Administración de Justicia, incluidos los equipos técnicos de menores”; la organización, a través de sus Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, de las “unidades de valoración integral de violencia de género”; y el impulso de la elaboración de “protocolos de actuación en materia de violencia de género que requieran de la participación de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses”.

Son las atribuciones naturales de la Consejería de Justicia, pero ahora están en manos de una formación política que ha cuestionado severamente estos servicios públicos -tildándolos de “chiringuitos ideológicos”-, así como las políticas de igualdad de género en las que se enmarcan.

En la oposición, Vox ha sido muy crítico y muy duro con la gestión de algunas atribuciones de la Consejería de Justicia, que ahora gestionan. Sin embargo, en la práctica este departamento tiene un margen de gestión muy acotado, porque se trata de una “administración prestacional”, que se limitase a sufragar y mantener los medios materiales y humanos de la Justicia, pero con poco poder de decisión sobre unos poderes que competen al Ministerio del ramo.

Gavira no puede dar órdenes a los funcionarios de Justicia ni reclamarles un trabajo concreto. Tampoco, por ejemplo, puede pedir los informes forenses para determinar la edad de los menores extranjeros no acompañados, que la consejería elabora sólo a petición de la Fiscalía de Menores. Vox ha logrado colar en su acuerdo de Gobierno con Moreno el rechazo “frontal” a los niños inmigrantes -“No más MENAS”, reza el texto-, y también plantea medidas para verificar mejor la edad de esos menores, pero no está en su mano emitir los informes forenses, ni siquiera desde el departamento de Justicia.

La consejería de Gavira también gestiona los centros de internamiento de menores infractores, que le servirá a Vox para comprobar que la mayoría de internos por Violencia Juvenil son españoles, y que los extranjeros que hay no son exclusivamente magrebíes ni musulmanes, como suelen denunciar falsamente en sus comparecencias públicas.

Fuentes del PP andaluz explican que la cesión de la Consejería de Justicia a Vox -un departamento que nunca reclamaron, al menos, públicamente- restringe mucho el “despliegue ideológico” de la ultraderecha en las políticas públicas, al tratarse de competencias exclusivas del Estado, con estrecho margen de maniobra para la Junta.

No obstante, Gavira sí podría modificar los protocolos de las Unidades de Valoración de Víctimas de Violencia de Género -reguladas en un decreto andaluz- o recortarles el presupuesto para suprimir los refuerzos de personal, aunque entraría en conflicto con los sindicatos del sector, que representan a sus trabajadores, y probablemente, también chocaría con su socio de Gobierno. En ningún caso podría eliminar este servicio, dado que está blindado en una ley estatal.

Este periódico ha consultado a Vox y a la vicepresidencia de Gavira sobre sus planes para estas unidades de atención a mujeres víctimas de malos tratos, pero han eludido responder.

“Revisar y derogar las leyes ideológicas”

El acuerdo PP-Vox, de 60 páginas y 150 medidas, incluye en el penúltimo punto el rechazo a las “leyes ideológicas”, que no aparecen identificadas en el documento, aunque la ultraderecha lleva usando cuatro años este mismo término en el Parlamento andaluz para referirse a las normas y mecanismos públicos para la igualdad de género.

El texto solo compromete la derogación de la Ley andaluza de Memoria Histórica, aprobada en 2017 sin ningún voto en contra, y que en realidad está sentenciada por el PP de Moreno desde el primer acuerdo suscrito con Vox en 2019, aunque no llegó a ejecutarse. Las que aparecen sin nombrar —“se adquiere el compromiso de revisar y, en su caso, derogar”— son la Ley Trans (pionera en España al regular la identidad de género sin exigir pruebas médicas) que fue aprobada por unanimidad, con los votos y la participación activa del PP; la Ley de Lucha contra la Violencia de Género y la Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres, vinculada esta última a los derechos del colectivo LGTBI.

Además de estas leyes, se contemplaría la eliminación de cualquier otra norma autonómica basada “en el criterio de la ideología de género” —viejo sintagma negacionista de Vox contra el feminismo— desde las que vehiculan los currículos escolares y el lenguaje inclusivo en la administración, hasta las políticas sociales y entidades públicas concretas.

El Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla ha abierto una segunda investigación contra el ex CEO de la principal productora de Canal Sur, imputado en otra causa judicial por agresión y acoso sexual a una reportera, a raíz de una denuncia interpuesta por la testigo clave de dicha causa, acusándole de “amenazas y coacciones”, confirman fuentes jurídicas a este periódico.

La jueza María Elena Contreras ha incoado diligencias previas al apreciar que los hechos denunciados pueden ser constitutivos de un delito contra la administración de justicia de la corte penal internacional y obstrucción a la justicia, derivado de un delito de coacciones y amenazas contra un testigo en un procedimiento penal.

En un auto, la magistrada ha citado a declarar a la denunciante a finales de octubre en su juzgado para que “ratifique” la demanda que interpuso ante la Policía Nacional contra el ex CEO de Andalucía Digital Multimedia (ADM), empresa copropiedad del Gobierno andaluz y principal proveedor de contenidos de Canal Sur Televisión.

El procedimiento judicial abierto se encuentra en fase embrionaria, aunque la denunciante ya ha presentado un escrito para personarse como acusación particular contra el que fue su jefe directo durante varios años en ADM. La jueza Contreras, que instruye el caso, estuvo más de 20 años trabajando como jueza de violencia de género.

Gustavo Fuentes y quien fuera su número dos en la productora asociada a la Radio Televisión pública de Andalucía (RTVA) estaban citados a declarar el pasado 11 de mayo en el Juzgado de Violencia contra la Mujer número 5 de Sevilla, él como imputado por delitos sexuales contra una reportera; y ella como testigo clave propuesta por la acusación. La declaración se suspendió en el último momento -aplazada hasta el 20 de julio- porque el ex CEO de la compañía cambió de abogado cuatro días antes.

Esa misma tarde, la exdirectiva de ADM y testigo “fundamental” en la causa contra Gustavo Fuentes recibió un mensaje privado desde la cuenta de Instagram del acusado: la notificación recibida dirigía al enlace de una entrevista en vídeo en la que se hacen comentarios violentos como estos: “El sabor a metal frío de 9 milímetros en la boca”; “Un ultimátum de 24 horas para pagar deuda con traficantes”.

La víctima acudió de inmediato a una comisaría de Policía para manifestar su temor ante estas “amenazas” por parte de Gustavo Fuentes y dijo sentirse “coaccionada” en su condición de testigo en una causa contra su exjefe por delitos sexuales a una empleada, en la que debía haber declarado ante el juez ese mismo día. Al interponer la denuncia presentó una captura de pantalla de la notificación recibida desde la cuenta personal de Fuentes en Instagram y otra del vídeo recibido, confirman fuentes de la Policía Nacional.

El delito de coacciones se considera más grave que el de amenazas en el Código Penal. El primero se castiga con una pena de prisión de seis meses a tres años, mientras que el segundo puede ser castigado con una pena de prisión de tres meses a un año. Aquí, sin embargo, confluye el agravante de que el sujeto pasivo (la víctima) es testigo en un procedimiento penal, por lo que se consideraría una “amenaza cualificada” y el castigo sería mayor, explican fuentes jurídicas.

Dos causas judiciales relacionadas, pero con procedimientos distintos

Ésta sería la segunda investigación judicial que pesa sobre el ex CEO de una productora semipública, con participación mayoritaria del Gobierno de Juanma Moreno, y un papel capital en el sector audiovisual andaluz. Sin embargo, el juez de violencia de género que instruye la causa principal contra Gustavo Fuentes ha rechazado, de momento, vincular ambos procedimientos. El magistrado Francisco José de Córdoba recibió un mes antes una copia de la denuncia por coacciones que la testigo interpuso ante la Policía -al entender que existe una relación directa con su papel en esta causa-, pero el juez decidió no tomarla en consideración.

Desde el pasado mes de marzo, el juez de Violencia contra la Mujer número 5 de Sevilla investiga los presuntos delitos sexuales cometidos por el ex director general de la principal productora de Canal Sur a una de sus empleadas. De momento, ha orillado el delito de acoso laboral que también le imputaba la víctima -por considerarlo fuera de las competencias de su tribunal- y tampoco ha integrado en la causa la denuncia de la testigo “fundamental” por las supuestas amenazas recibidas desde el móvil del acusado.

La denuncia de la testigo contra Gustavo Fuentes es una derivada de la causa principal en la que está imputado, que se ha visto enrarecida por una circunstancia fuera de lo común: el ex CEO de la productora se enteró antes de que se lo notificaran oficialmente por una llamada del presidente de la compañía y alto cargo del Gobierno andaluz, Sergio Gómez Rojas-, lo que le permitió agilizar una estrategia de defensa y llevársela al juez antes de que éste tuviera conocimiento de la denuncia de la testigo, según ha confirmado este periódico de fuentes judiciales.

El mismo día que recibió el aviso del alto cargo del Gobierno andaluz, Gustavo Fuentes también acudió a la Policía para denunciar que le habían “hackeado” su cuenta de Instagram desde donde se envió el vídeo amenazante a la testigo. Acto seguido, el exCEO de ADM remitió una copia de esta denuncia al juzgado que le investiga por agresión y acoso sexual a una reportera, junto a un escrito negando haber sido él quien lo hizo, explicando que varios trabajadores de diferentes departamentos de su empresa pudieron tener acceso a sus cuentas personales, y presentando un certificado firmado por el director técnico de la productora señalando a esas personas con nombres y apellidos.

Un directivo arropado por el Gobierno de Moreno

Hasta el pasado 10 de junio, Gustavo Fuentes era un directivo de referencia y con mucho poder en sector audiovisual andaluz, muy bien relacionado con la cúpula del Gobierno de Juanma Moreno y con la dirección de la RTVA, su principal cliente.

ADM es una compañía semipública, participada por la Junta de Andalucía al 47,8% y principal proveedor de contenidos para Canal Sur, de modo que el escándalo sexual en el que se vio envuelto sacudió el panorama político y empresarial andaluz, pero no le dejó caer hasta que este periódico lo hizo público.

Fue destituido el pasado 10 de junio después de que elDiario.es revelase que un juez de Violencia de Género de Sevilla le había citado a declarar en calidad de investigado por supuestos delitos sexuales contra una reportera. Estaba denunciado desde el mes de enero, investigado por un juzgado desde febrero e imputado desde el 25 de marzo, citado a declarar inicialmente el 11 de mayo, pocos días antes de las elecciones andaluzas del 17 de mayo.

El Consejo de Administración de ADM, presidido por el director general de Sandetel y alto cargo del Gobierno andaluz, Sergio Gómez Rojas, tardó 18 horas en aprobar su “cese temporal de funciones”, que horas después se convertiría en “definitivo e irrevocable”. Gustavo Fuentes también fue destituido como presidente del Clúster Audiovisual de Andalucía (LAND), un grupo de empresas con participación y financiación de la Junta, fruto de la estrategia digital impulsada por el consejero de Presidencia y actual vicepresidente primero de la Junta, Antonio Sanz, persona de su estrecha confianza.

La denuncia contra el CEO de ADM por agresiones sexuales, acoso sexual continuado y acoso laboral adjunta siete declaraciones juradas firmadas por siete extrabajadoras y extrabajadores de la productora (algunos en cargos directivos) que corroboran la versión de la denunciante y aportan testimonios explícitos de situaciones de acoso sexual y laboral dentro de la empresa.

Gustavo Fuentes “se desenvuelve en un ambiente de impunidad auspiciado por su cargo en la empresa y por la posición de la misma en el sector audiovisual andaluz, con gran influencia sobre Canal Sur”, sostiene la acusación. Al margen de la investigación judicial, este periódico ha recabado una docena de testimonios de trabajadores y extrabajadores de ADM que describen situaciones de acoso sexual y laboral coincidentes con esta denuncia, y con las que han interpuesto otros empleados por mobbing.

La denunciante también adjunta 175 páginas de mensajes de WhatsApp “de índole sexual” enviados desde el teléfono de Gustavo Fuentes a la víctima entre 2018 y la actualidad. Esos mensajes ya han sido “cotejados” por la secretaria judicial por orden del juez, y validados como material probatorio en la causa.

Los mensajes de WhatsApp del CEO de ADM que aparecen en la denuncia incluyen insistentes propuestas de encuentros privados a la víctima: “A ver si un día de estos podemos pegarnos una escapada, aunque sea un par de horas”; “Tenemos pendiente algo más privado... pero cuando tú puedas”; y lenguaje con connotación sexual e íntima: “Cariño, tengo ganas de ti”; “Tú me debes una noche loca”; “¿A qué hora se puede hablar de cosas de mayores?”.

El pasado 20 de julio, Gustavo Fuentes declaró ante el juez de violencia de género durante casi una hora, asegurando que nunca agredió ni acosó sexualmente a la reportera denunciante, aunque admitió que tuvo un “tonteo mutuo, no consumado, pero siempre consentido”.

Media hora antes, dos testigos propuestos por la denunciante habían ratificado ante el mismo juez la “obsesión” que Gustavo Fuentes sentía hacia la víctima, y la “presión sexual” a la que la sometía. “Ella le tenía pánico, verdadero miedo”. “Cuando la conocí, era una persona poderosa, simpática, divertida, y he visto cómo cada vez se ha ido haciendo más chiquitita”, advirtieron en sede judicial.

Juan Manuel Moreno ha empezado a ensayar esta semana su estrategia para “encapsular” su pacto de Gobierno con Vox tomando distancias de la polémica generada por el proyecto para construir una mezquita en Sevilla, avalado por el Ayuntamiento.

El presidente andaluz ha dejado solo al alcalde hispalense, el popular José Luis Sanz, frente a las duras críticas de la ultraderecha, que estos días le acusa de permitir la “islamización” de los barrios de la ciudad y ha difundido imágenes suyas vestido con un turbante en la cabeza y la chilaba marroquí, generadas por inteligencia artificial.

PP y Vox, que gobiernan juntos Andalucía desde hace apenas un mes y son socios en el Ayuntamiento hispalense desde hace dos años (con dos pactos presupuestarios), hacen equilibrios para no arañar el reciente acuerdo que hizo presidente a Moreno, mientras toman posiciones para confrontar y disputarse el mismo banco de votos a nueve meses vista de la campaña para las elecciones municipales, y con el embrollo del templo musulmán como telón de fondo.

En el Palacio de San Telmo, sede de la Junta, ha “sorprendido” y “preocupa” la virulencia que han usado sus socios en este asunto, por mucho que se hayan cuidado de no salpicar la entente política que acaban de firmar con ellos. Lo que está pasando en Sevilla en torno a la futura mezquita del Polígono Sur, una iniciativa empresarial privada en suelo privado, sólo se entiende desde el metalenguaje político de PP y Vox y su estrategia de “encapsulamiento”.

El acierto terminológico, que se estrenó con éxito en el primer Gobierno andaluz de coalición PP-Ciudadanos, sustentado desde fuera por la ultraderecha, permite que en un mismo recipiente quepa el abrazo de Vox a Moreno y el insulto a Sanz. Desde dentro, funciona, porque tanto desde la dirección regional del PP como desde el grupo parlamentario ultraderechista han declarado públicamente que este tema no afecta a las “buenas relaciones” entre ambos socios de Gobierno.

Es, además, lo que ha mandatado Santiago Abascal y Alberto Núñez Feijóo desde Madrid, explican fuentes próximas al presidente Moreno. “Las relaciones entre ambos partidos, después de muchos encontronazos, pasan por su mejor momento”, tras consolidarse cuatro acuerdos de gobierno consecutivos en menos de seis meses: Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía.

Todos con un patrón común --el sintagma antiinmigrante de la “prioridad nacional”-- y un acercamiento ideológico a los planteamientos de la ultraderecha en materias clave, como el negacionismo climático y el retroceso en políticas medioambientales; la desregulación administrativa como palanca de una economía neoliberal; las rebajas fiscales; el recorte de subvenciones a sindicatos, ONGs y ayudas al desarrollo; la eliminación de las políticas memorialistas y otras “leyes ideológicas”, sobre todo en materia de igualdad de género y lucha contra la violencia machista y, de manera transversal a todas las políticas públicas, la identificación del extranjero como una suerte de parásito del Estado de bienestar español y una amenaza para la seguridad ciudadana.

La “hoja de ruta” hacia la Moncloa

Los pactos de gobierno PP-Vox en las cuatro comunidades son la “hoja de ruta” hacia la Moncloa, en las elecciones legislativas previstas para el primer semestre de 2027, si Pedro Sánchez cumple su objetivo de no adelantarlas. La convivencia pacífica de ambos partidos en estas latitudes es, por tanto, “fundamental” para no dañar las buenas expectativas de las derechas para expulsar del poder a las izquierdas, que arrojan ahora casi todas las encuestas.

“Es obvio que peleamos por el mismo espacio político”, dice un dirigente del PP nacional, pero se trata de “no encender” la chispa, arrojando la imagen de un Gobierno de coalición en discordia y con problemas de cohabitabilidad, como ocurrió en 2024, cuando Vox se salió de todos los gobiernos autonómicos y retiró su apoyo al PP por acoger en sus territorios el cupo de migrantes menores no acompañados que estableció el Ejecutivo central. Los nuevos pactos de gobierno contienen una cláusula específica para evitar que se repita este escenario: “No más MENAS”.

El martes pasado, el Ayuntamiento de Sevilla dio luz verde definitivamente al proyecto de la gran mezquita, que se ubicará en una parcela del distrito más deprimido de la capital andaluza --el Polígono Sur, a unos metros de las Tres Mil Viviendas--. De inmediato, Vox convocó a la prensa para anunciar que dejaba en suspenso su alianza municipal con el PP --y con ella, los últimos presupuestos de la legislatura-- y que recurriría a los tribunales para frenar la construcción del templo musulmán.

Por mucho que se apele al “encapsulamiento” del Gobierno de Moreno, en esa comparecencia estaba el nuevo portavoz de Vox en el Parlamento, el diputado Javier Cortés, que minutos antes había publicado en la red social X la imagen falsa del alcalde con la chilaba.

Y la primera rueda de prensa en el Parlamento andaluz que dio Manuel Gavira, ya con su condición de vicepresidente de la Junta in pectore, fue un ataque frontal a la mezquita y la supuesta “islamización” de los barrios de Sevilla. “Prioridad musulmana” lo llamó el líder andaluz de Vox, para reivindicar el término de “prioridad nacional” que aparecía en el pacto de Gobierno firmado junto a Moreno horas antes.

La bronca entre PP y Vox en el Ayuntamiento de la capital de Andalucía habría tenido más resonancia en la política nacional de no haber coincidido con los incendios devastadores que estaban arrasando España, y con el agotamiento de un curso político muy intenso. El proyecto de la mezquita, sobre el papel, es difícilmente achacable al Gobierno municipal del PP.

El alcalde ha respondido que no autorizar la construcción, estando todos los requisitos en regla, sería como “prevaricar”. “No cruzaré la línea de violar la ley”, dijo Sanz. También el pacto de Gobierno en Andalucía, con 150 medidas, está trufado de constantes alusiones a la “legalidad vigente”, como queriendo perimetrar las promesas antiinmigrante de Vox que recoge el acuerdo al marco de la legislación. “Lo que no permite la ley y no se puede hacer, no se hará”, anticipaban fuentes próximas al presidente andaluz.

Pero Vox no ha enmarcado esta polémica en el terreno de la legalidad ni de la iniciativa empresarial privada (que tanto reivindica en su discurso económico), sino en el marco mental que considera más rentable en términos políticos y electorales: el discurso del miedo, el odio y el rechazo al inmigrante. “Sevilla es judía, cristiana y musulmana desde hace siglos”, ha respondido Sanz a los envites de sus socios en el Ayuntamiento.

El propio Abascal, que ha intervenido a través de sus redes en la polémica, ha visto a su partido sustentar al Gobierno de Sevilla tras aprobar la licencia de obras para construir un Centro Cultural Islámico promovido por la Fundación Mezquita, con una inversión estimada de 10 millones de euros para la edificación de dos espacios, uno para el rezo musulmán y el otro para las actividades socioculturales.

La parcela de la futura mezquita se encuentra en un barrio con carencias históricas en materia de sanidad, educación, seguridad, transporte y políticas sociales. El Polígono Sur arrastra daños estructurales por falta de empleo, absentismo y fracaso escolar, delincuencia, narcotráfico, pobreza. Es un enclave en el extrarradio de la capital andaluza donde se constituyó, hace años, una autoridad única que concentra las tres administraciones del Estado implicadas en sacar estos barrios del pozo: el Comisionado para el Polígono Sur: Gobierno central, Junta de Andalucía y Ayuntamiento.

Es una zona donde las carencias endémicas de la población son también un aliciente para el discurso populista de la ultraderecha, que ha sabido permear en zonas rurales y barrios obreros, a base de demonizar a otros colectivos, igualmente pobres, igualmente excluidos, pero de otro color, de otro país, de otra raza y de otra religión.

En las elecciones andaluzas del pasado 17 de mayo, el PSOE fue el partido más votado en todos los barrios del Polígono Sur y las izquierdas sumaron más votos que las derechas, aunque el nivel de abstención en estos barrios fue del 47,6%. Vox fue la segunda fuerza con más apoyos en muchas calles de este distrito municipal, muy por encima del PP, que cuenta con un respaldo residual.

El nombre del presidente de la productora Andalucía Digital Multimedia (ADM) y alto cargo del Gobierno de Juanma Moreno aparece en la causa judicial que instruye el Juzgado de Violencia contra la Mujer número 5 contra Gustavo Fuentes, investigado por agresión sexual y acoso sexual continuado a una trabajadora.

En un escrito remitido al juez, el propio acusado revela que Sergio Gómez Rojas le avisó con antelación de que la testigo clave del caso le había denunciado por “coacción” y por un mensaje “amenazante” enviado desde su cuenta de Instagram. La llamada de ese alto cargo de la Junta le permitió armar una defensa -un supuesto “hackeo” del móvil- y hacérsela llegar al magistrado que le estaba investigando antes, incluso, de que tuviera noticia de la denuncia de la testigo.

Gómez Rojas es el director gerente de la Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones (Sandetel), una empresa pública adscrita a la Agencia Digital de Andalucía (ADA), que ha pasado por tres consejerías en menos de dos años: Presidencia, que comanda el vicepresidente primero de la Junta, Antonio Sanz; Industria, que lleva Jorge Paradela; y actualmente en la cartera de Inteligencia Artificial, de reciente creación, que ha recaído en el consejero José Antonio Nieto.

A preguntas de este periódico sobre la implicación de Gómez Rojas en el embrollo judicial del ex CEO de ADM, el primero ha derivado la responsabilidad sobre Sandetel en el segundo; el segundo en el tercero, y éste, que acaba de recibir las competencias digitales, también ha escurrido el bulto: “No tenemos nada que decir sobre este tema”.

La vicepresidenta y portavoz de la Junta, Carolina España, tampoco ha querido responder este jueves por sus compañeros en el Consejo de Gobierno: “Pregúntele a Nieto”, dijo, tras subrayar que el tema está “judicializado” y, por tanto, “máximo respeto a la justicia”.

Para conocer la implicación y el papel que ha tenido el Gobierno andaluz en todo el escándalo sexual que rodea a Gustavo Fuentes y la productora ADM, una empresa participada al 47,8% por la Junta, este periódico ha recurrido también al Portal de Transparencia.

Pero ha sido el propio Gómez Rojas, en calidad de director gerente de Sandetel y presidente de ADM, quien ha rehusado dar explicaciones también por esta vía, asegurando que la principal productora de Canal Sur no está sometida a la Ley de Transparencia, en tanto que es una sociedad mercantil con más accionistas privados que públicos. Concretamente un 4,4% más de capital privado. Aunque el accionista mayoritario siga siendo el Gobierno andaluz, la empresa esté asociada estratégicamente a la RTVA, y el presidente del Consejo de Administración sea el propio Gómez Rojas, designado por la Junta.

“ADM es una entidad en la que la participación pública, directa e indirecta, no alcanza el 50% de su capital social; por tanto, y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley de Transparencia, está excluido del ámbito subjetivo marcado por la norma para la aplicabilidad de las obligaciones en la misma contempladas”, reza la respuesta escrita a través del Portal de la Junta, cuando elDiario.es requirió las actas del Consejo de Administración que aprobó la “cesión temporal de las funciones” del CEO de la productora, 18 horas después de que este periódico publicase que llevaba casi tres meses imputado por delitos sexuales.

Todas las deliberaciones del Consejo de la principal productora de Canal Sur están sujetas a la “confidencialidad” y toda la documentación que manejan es “de naturaleza privada”, defiende Gómez Rojas. La Ley estatal de Transparencia, en su artículo 2.g, obliga a “las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de las entidades previstas en este artículo sea superior al 50 por 100”.

No obstante, varios expertos consultados remiten a algunas resoluciones del Consejo de Transparencia que recogen supuestos en los que la ley también afectaría a empresas con un porcentaje inferior, si se demuestra que la Administración pública tiene el “control” de la empresa, por ejemplo, “si dispone de la mayoría de los derechos de voto o ha designado a la mayor parte de los miembros del consejo de administración, o puede disponer de la mayoría de los votos en virtud de acuerdos con terceros”.

En 2019, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de España presentó un “criterio interpretativo” para clarificar el ámbito subjetivo de la Ley de Transparencia. Inicialmente la norma se refería sólo a sociedades mercantiles donde la Administración podía ostentar una participación superior al 50% del capital social, pero el nuevo criterio amplió la definición para adaptarla a una legislación posterior, que considera que existe “control” sobre esa empresa cuando una o varias entidades públicas pueden ejercer una “influencia dominante”.

El aviso del 14 de mayo, tres días antes de las andaluzas

De acuerdo a la documentación que Gustavo Fuentes ha remitido al juez que le investiga, el presidente de la productora ADM y alto cargo del Gobierno andaluz le llamó el pasado 14 de mayo, tres días antes de las elecciones andaluzas, para avisarle de que la testigo clave en la causa acababa de denunciarle ante la Policía por “coacciones y amenazas”, como adelantó elDiario.es.

Tres días antes, el 11 de mayo, el CEO de la productora y esa misma testigo -que había sido su número dos en la empresa- estaban citados a declarar ante el juez: él como investigado y ella como testimonio propuesto por la víctima de agresiones sexuales.

La declaración se anuló en el último momento y, ya por la tarde, la testigo recibió un vídeo de tono “amenazante” desde la cuenta personal de la red social Instagram de Gustavo Fuentes: “El sabor a metal frío de 9 milímetros en la boca”; “un ultimátum de 24 horas para pagar deuda con traficantes”, se escuchaba en el vídeo. Ese mismo día interpuso una denuncia ante la Policía por coacciones contra su antiguo jefe, y remitió una copia al juzgado que le estaba investigando por agresión sexual a su excompañera.

El ex CEO de la principal productora de Canal Sur se enteró de todo esto tres días después, por una llamada del alto cargo del Gobierno andaluz, que le avisó de la segunda denuncia contra él antes de que se lo notificase la Policía o un juez. Esto permitió a Gustavo Fuentes anticipar su defensa y, ese mismo día, denunció también que su móvil había sido “hackeado” y que no había enviado ningún mensaje amenazante a la testigo clave del caso.

El 21 de mayo, envió una copia de su denuncia al juez Francisco José de Córdoba, que le investiga por tres supuestas agresiones sexuales y el acoso sexual a una reportera, junto a un escrito contándole que se había enterado por Gómez Rojas.

El director gerente de Sandetel ha eludido responder a este periódico varias preguntas, entre ellas: desde cuándo estaba al corriente de que el CEO de su productora, una empresa semipública, estaba siendo investigado por un juzgado de violencia de género, y si contribuyó a la defensa de Gustavo Fuentes con aquella llamada del 14 de mayo, avisándole de que la testigo clave del caso le había denunciado por coacciones.

Cronología de los hechos: de enero a junio

Una reportera de la productora ADM, copropiedad de la Junta y asociada a la RTVA, denunció a Gustavo Fuentes por “agresión sexual”, “acoso sexual continuado” y “acoso laboral” el pasado enero. En febrero un juez de violencia de género de Sevilla abrió diligencias.

El 25 de marzo tomó declaración a la víctima y, acto seguido, citó a declarar a su jefe como imputado para el día 11 de mayo, seis días antes de las elecciones andaluzas, pero logró aplazarla tras cambiar de abogado en el último momento. El martes 7 de abril, justo después de Semana Santa, “llegó eufórico a la oficina, contando que acababa de estar con Antonio Sanz en el bar José Luis, de la Plaza de Cuba, que le había contado su situación y que estaba tranquilo: 'Quien tiene que saberlo ya lo sabe', dijo”, según varios trabajadores presentes. Ni Sanz ni ningún portavoz del Gobierno andaluz ha confirmado ni desmentido este encuentro.

Dos meses después, la mañana del martes 9 de junio, elDiario.es reveló que un juez de violencia de género investigaba a Gustavo Fuentes por delitos sexuales contra una reportera y estaba citado a declarar como imputado. La dirección de la Radio Televisión Pública de Andalucía (RTVA) se reunió de urgencia y, después de muchas horas, emitió un comunicado a las 21.30 horas descartando la dimisión de Fuentes y advirtiendo de que tampoco podía activar el protocolo antiacoso del ente público -no porque la denunciante pertenezca a una empresa asociada, la productora ADM-, sino porque ella decidió acudir a la vía judicial, sin denunciar primero internamente el caso. Ni ante la dirección de ADM ni ante Canal Sur, su principal cliente.

El Consejo de Administración de ADM, presidido por Gómez Rojas, estuvo reunido en secreto y de manera “extraordinaria” durante 18 horas. Próximo a la medianoche, difundió un comunicado anunciando el “cese temporal de las funciones” del CEO de la empresa hasta que se resolviera su situación judicial. A la mañana siguiente, los directivos de la compañía anunciaron que el cese de Gustavo Fuentes era “definitivo e irrevocable”.

El pasado 14 de mayo, tres días después de que el CEO de la productora de Canal Sur Andalucía Digital Multimedia (ADM), Gustavo Fuentes, fuera citado a declarar ante el juez como imputado por agresión y acoso sexual a una reportera, un alto cargo del Gobierno andaluz le llamó para alertarle de que había otra denuncia interpuesta contra él ante la Policía Nacional por “amenazas y coacciones” a la testigo clave de la causa en la que estaba siendo investigado.

Esa testigo “fundamental” para la acusación, que había sido su número dos en la empresa, le acababa de denunciar tras recibir un vídeo de tono “amenazante” desde la cuenta personal de la red social Instagram de Gustavo Fuentes.

El alto cargo de la Junta de Andalucía que le dio el aviso fue Sergio Gómez Rojas, director gerente de la empresa de Telecomunicaciones Sandetel (adscrita a la Consejería de Industria) y, a la sazón, presidente del Consejo de Administración de ADM. El Gobierno andaluz, a través de Sandetel, es el accionista mayoritario de la productora (con un 47,8% de participación), referente en el sector audiovisual andaluz y principal proveedora de contenidos de Canal Sur.

La llamada de este alto cargo de la Consejería de Industria permitió a Gustavo Fuentes anticipar su defensa en el caso de delitos sexuales por el que está siendo investigado en el Juzgado de Violencia contra la Mujer número 5 de Sevilla: el mismo día que recibió el aviso de Gómez Rojas, el ex CEO de ADM acudió a una comisaría de Policía para interponer una 'contradenuncia' para defenderse, asegurando que su móvil había sido “hackeado” y que él no había enviado ningún mensaje amenazante a la testigo clave del caso.

El 21 de mayo, envió una copia de su denuncia al juez Francisco José de Córdoba, que le investiga por tres supuestas agresiones sexuales y el acoso sexual a una reportera, junto a un escrito contándole que el 14 de mayo había recibido una llamada del presidente de su compañía [Gómez Rojas] para ponerle sobreaviso de una segunda denuncia contra él: la de una antigua directiva de la productora, testigo clave en su procedimiento judicial, acusándole de haberle enviado un “mensaje amenazante”, según ha podido confirmar elDiario.es de fuentes judiciales.

Este periódico se ha puesto en contacto reiteradamente con el director gerente de Sandetel y presidente de ADM y le ha trasladado una serie de preguntas que ha eludido responder. La primera: desde cuándo estaba al corriente de que el CEO de su productora, una empresa semipública, estaba siendo investigado por un juzgado de violencia de género [Fuentes está imputado desde el 25 de marzo] a raiz de la denuncia de una trabajadora por “agresión sexual”, “acoso sexual continuado” y “acoso laboral” [la denuncia es del pasado enero].

Y la segunda: si el pasado 14 de mayo, cuando alertó a Gustavo Fuentes de que la testigo clave del caso acababa de denunciarle a la Policía por supuestas amenazas y coacciones, conocía ya su imputación.

La 'contradenuncia' antes que la denuncia

Es importante el momento en que Gómez Rojas puso en alerta al CEO de la productora sobre la existencia de una segunda denuncia contra él, vinculada al caso por el que está siendo investigado, porque la denuncia de Gustavo Fuentes sobre el supuesto “hackeo” de su móvil llegó al Juzgado de Violencia de Género 5 “antes” que la propia denuncia de la testigo clave contra él por coacción y amenazas.

Es decir, el acusado se anticipó a la acusación de la testigo, dejando constancia por escrito ante el juez de que el presidente de su productora y alto cargo del Gobierno andaluz le había advertido de antemano de que era objeto de una segunda denuncia, esta vez por coacciones a la testigo “fundamental” de la causa contra él por delitos sexuales a una reportera.

En la comunicación que dirige al juez del caso, Gustavo Fuentes aseguró que llevaba mucho tiempo sin ponerse en contacto con la que fuera su número dos en la compañía, y explicó que, al revisar sus redes sociales, se dio cuenta de que a través de su cuenta de Instagram se había remitido, sin su conocimiento, un reel/video a la testigo. Según su versión, ni siquiera abrió el enlace del vídeo, no conocía, por tanto, su contenido, y en ningún caso había sido él quien lo había enviado.

Ante el temor de que pudieran haber “hackeado” su terminal móvil, donde tiene las aplicaciones de redes sociales, el exCEO de la productora de Canal Sur se personó en una comisaría de Policía para interponer una denuncia. Con esa denuncia, Fuentes también se apresura a explicar al juez que las claves de acceso a sus dispositivos y aplicaciones, incluida Instagram, están alojadas en la nube de la empresa, y sugiere que algún trabajador ha podido usar esas contraseñas para enviar el mensaje amenazante.

El investigado ha aportado a la causa un certificado de su empresa, firmado por el director técnico David Pérez, para acreditar que las contraseñas de su móvil estaban en un fichero alojado en un servidor corporativo de la empresa, incluidas las claves de acceso a su portátil, entregadas por él mismo a algunos técnicos para resolver posibles incidencias. El propio Pérez ha confirmado a este periódico que firmó ese certificado, aportando el nombre y apellidos de cinco técnicos de ADM que tuvieron acceso a ese fichero, tres siguen en la productora y otros dos ya no.

David Pérez, el técnico que firma ese certificado para corroborar la 'contradenuncia' de Gustavo Fuentes, tiene el papel más atípico de la compañía: es directivo y, a la vez, representante de los trabajadores en el centro de trabajo de ADM en Málaga. En teoría, su firma avala tanto a la dirección de la empresa como a la plantilla.

Pérez no pertenece a ningún sindicato, se postuló a unas elecciones internas, en 2017, como “independiente”. Ninguno de los más de 20 profesionales de la productora con los que ha hablado este periódico le ha consultado jamás un problema laboral y todos le consideran “el hombre que la dirección de la empresa ha puesto para que figure como representante legal de la plantilla”.

El ex CEO de la compañía, de hecho, se ha apoyado en un certificado firmado por él, en calidad de director técnico de la empresa, para defenderse de sus acusaciones, señalando a otros trabajadores y extrabajadores de la productora como hipotéticos responsables de haber enviado ese vídeo amenazante a la víctima desde su cuenta de Instagram.

Gustavo Fuentes estaba citado a declarar en calidad de imputado por delitos de agresión sexual y acoso sexual continuado a una reportera de su empresa el pasado 11 de mayo, siete días antes de las elecciones andaluzas. El ya ex CEO de la productora ADM, con participación mayoritaria de la Junta de Andalucía, cambió de abogado tres días antes, logrando aplazar su declaración ante el juez de Violencia de Género número 5 de Sevilla, que instruye el caso, y la de dos testigos citados por el magistrado para corroborar la versión de la denunciante.

Una de esas testigos tiene un papel “fundamental” para la acusación, porque durante dos años fue la número dos de Gustavo Fuentes en la productora, con su despacho adjunto al del director gerente de la empresa. Ese mismo día 11, ya por la tarde, la testigo recibió un mensaje privado de su ex jefe a través de la red social Instagram: un enlace de vídeo en la que se escucha lo siguiente: “El sabor a metal frío de 9 milímetros en la boca”; “un ultimátum de 24 horas para pagar deuda con traficantes”.

La testigo acudió a una comisaría de Policía en Sevilla para interponer una denuncia por “amenazas” y posible “coacción” de Gustavo Fuentes, contra quién debía declarar en un Juzgado de Violencia de Género ese mismo día, antes de que se aplazaran las declaraciones de ambos. Una vez interpuesta la denuncia ante la Policía, la abogada de la testigo se la remitió al juez titular que investiga la denuncia de la reportera contra el ex CEO de la principal productora de Canal Sur por varios delitos sexuales.

Sin embargo, el juez Francisco José de Córdoba recibió las alegaciones de Fuentes a esta denuncia por amenazas antes que la denuncia contra él de la testigo por supuestas coacciones en esta causa. El magistrado decidió no incluir esa denuncia de la testigo como parte de la investigación contra Gustavo Fuentes, aunque ésta podría dirimirse en otro juzgado de instrucción.

Paradela, Sanz y el silencio del Gobierno andaluz

La llamada que hizo el presidente de ADM y alto cargo de la Consejería de Industria a Gustavo Fuentes el pasado 14 de mayo compromete la versión que, hasta hoy, ha dado el Gobierno de Juanma Moreno sobre este asunto. El pasado 10 de junio, tras publicarse la noticia en elDiario.es, la portavoz de la Junta, Carolina España, no supo aclarar desde cuándo sabía que el CEO de la principal productora de Canal Sur estaba siendo investigado judicialmente por delitos sexuales.

España no ofreció una respuesta, pero dejó la pelota sobre el tejado de los dos consejeros que tienen competencia directa en este asunto, el titular de Presidencia, Antonio Sanz (de quien depende la RTVA), y el de Industria, Jorge Paradela (de quien depende Sandetel, la Agencia Digital de Andalucía (ADA) y, en última instancia, ADM).

A preguntas de los periodistas, durante un acto público en Jaén, Paradela aseguró que la fecha clave es el 7 de mayo, casi dos meses después de la imputación del CEO. “Esa sería la fecha y, en cuanto se supo, pusimos cartas en el asunto y el director de ADM está cesado en sus funciones”, dijo. El cese definitivo de Gustavo Fuentes se confirmó en un comunicado del Consejo de Administración el 17 de junio, una semana después de que elDiario.es revelase que llevaba casi dos meses siendo investigado por la Justicia por agresiones sexuales.

Sanz, en cambio, apenas ha dado explicaciones públicas sobre este tema. El hoy vicepresidente primero de la Junta y consejero de la Presidencia fue el gran padrino político de Gustavo Fuentes. En 2023 allanó su nombramiento como presidente del clúster audiovisual de Andalucía (LAND), un grupo de empresas con participación y financiación de la Junta, fruto de la estrategia digital impulsada por el propio consejero de la Presidencia, y del que fue destituido nada más revelarse su imputación.

El número dos del Gobierno andaluz ha estado presente en todos los hitos importantes desde el lanzamiento de LAND, en la presentación de proyectos audiovisuales de ADM y en fiestas privadas que Fuentes organizaba en la terraza de la compañía, según confirmaron una decena de trabajadores de la empresa.

24 horas después de la declaración judicial de Gustavo Fuentes, imputado por agresión y acoso sexual a una reportera de su empresa -la productora Andalucía Digital Multimedia (ADM)-, el grupo Adelante Andalucía ha solicitado la comparecencia en el Parlamento del Gobierno de Juanma Moreno, accionista mayoritario de la empresa, y del director general de la RTVA, asociada a la misma.

El portavoz del grupo andalucista, José Ignacio García, ha anunciado este miércoles que llevarán este asunto a la primera comisión parlamentaria de la RTVA, prevista ya para después del verano, para preguntar al vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, y al director general del ente público, Juan de Dios Mellado, desde cuándo sabían que el ya exCEO de la productora había sido denunciado por una trabajadora delitos sexuales -avalada por el testimonio de otros siete compañeros, incluido un exdirectivo- y desde cuándo sabían que estaba imputado por un juzgado de violencia de género.

“¿Desde cuándo lo sabía la Junta? ¿Cuándo supo de los saraos y los canapés de este hombre con muchos políticos? ¿Desde cuándo conocían los desmanes en este sector y qué planes tienen para que esto no se vuelva a repetir ni en esta productora ni en otras, y por supuesto en la propia RTVA?”, ha preguntado García.

Dos diputadas de Adelante Andalucía estuvieron presentes el martes en la concentración de apoyo a la reportera que denunció al directivo de ADM, a las puertas de los juzgados de Violencia contra la Mujer de Sevilla, donde estaba citado a declarar Gustavo Fuentes en calidad de investigado, y dos testigos a propuesta de la acusación, una exdirectiva, que fue su número dos en la empresa, y una amiga de la víctima, que conoció de las agresiones sexuales denunciadas el mismo día en el que se produjeron.

El caso de Gustavo Fuentes ha salpicado al Gobierno de Moreno y a la dirección de la RTVA, por ser el principal responsable de una empresa semipública, participada al 48% por la Junta de Andalucía, asociada al ente público y principal proveedor de contenidos de Canal Sur Televisión, incluido el programa buque insignia de la cadena, Andalucía Directo, con 26 años en antena.

El CEO fue denunciado el pasado mes de enero, un juez de violencia de género abrió diligencias en febrero, tomó declaración a la reportera el 25 de marzo y, ese mismo día, cito a declarar a Fuentes como imputado por un delito contra la libertad sexual y otro de acoso sexual continuado, castigado con pena de prisión de uno a cuatro años (en el primer caso) y de cinco a siete meses (en el segundo, cuando existe “prevalimiento de autoridad o superioridad laboral”).

La primera citación judicial estaba prevista para el pasado 11 de mayo, seis días antes de las elecciones andaluzas, pero se aplazó en el último momento porque tres días antes el acusado cambió de abogado.

La denuncia de la reportera de ADM, avalada por las declaraciones juradas de siete testimonios directos, y acompañada por 175 páginas de mensajes de WhatsApp “de índole sexual” enviados desde el teléfono de Gustavo Fuentes a la víctima entre 2018 y la actualidad, describe tres agresiones sexuales, aportando el lugar, la hora y testigos que escucharon lo sucedido el mismo día que ocurrió o poco después.

Estas habrían ocurrido en tres fechas distintas: en 2013, en un bar del centro de Sevilla y en el interior de un taxi; en 2022, en plena calle y dentro de un coche durante la grabación de un programa para Canal Sur en Barbate (Cádiz); y en 2023, también dentro de un vehículo en Zahara de los Atunes (Cádiz), durante la realización de otro programa.

La apertura de la investigación judicial fue revelada por elDiario.es Andalucía el pasado 9 de junio. 18 horas después, el Consejo de Administración de ADM anunció el “cese temporal de sus funciones” hasta que se aclarase el asunto. A la mañana siguiente se comunicó a los directivos de la empresa que la destitución de Gustavo Fuentes era “definitiva e irrevocable”.

Desde entonces, y al margen del procedimiento judicial, los sindicatos en Canal Sur y las fuerzas políticas en la oposición han puesto el foco en la implicación de la dirección de la RTVA y del consejero de Presidencia, persona de la estrecha confianza del exCEO imputado. Desde 2023, Gustavo Fuentes ostentaba también el cargo de presidente del clúster audiovisual de Andalucía (LAND), un grupo de empresas con participación y financiación de la Junta, fruto de la estrategia digital impulsada por el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, persona de su estrecha confianza.

A preguntas de este periódico, el exdirectivo de la productora ha negado tajantemente los hechos, ha declarado que se trata de una “denuncia falsa”, y ha asegurado que tiene “bastantes datos para corroborar mi inocencia”. Este periódico le llamó el pasado 8 de junio, antes de publicar la noticia, en ese momento se encontraba en su despacho del edificio de la sede central de ADM, en la isla de la Cartuja, en Sevilla.

Según personas presentes, salió de su despacho e informó a otros directivos de la productora que “la noticia ya va a salir”. “Llevaba semanas esperándola. En la oficina ya se sabía, todo el mundo lo sabía. Él ya nos había contado que estaba citado a declarar como investigado [el 11 de mayo, seis días antes de las elecciones andaluzas]”, cuenta un ejecutivo de ADM, corroborado por otros tres trabajadores.

“El martes 7 de abril, justo después de Semana Santa, llegó eufórico a la oficina, contando que acababa de estar con Antonio Sanz en el bar José Luis, de la Plaza de Cuba, que le había contado su situación y que estaba tranquilo: 'Quien tiene que saberlo ya lo sabe', dijo”, según estas fuentes. Nadie en el Gobierno andaluz ha aclarado desde cuándo sabía que el CEO de esta empresa semipública estaba denunciado, primero, e investigado, después, por delitos sexuales a una trabajadora.

Al día siguiente de la publicación, la portavoz de la Junta y consejera de Hacienda, Carolina España, reconoció que no sabía “exactamente” cuándo, pero acto seguido recordó que las dos empresas públicas afectadas por este caso (la Agencia Digital de Andalucía (ADA) y la RTVA) son competencia “de dos consejeros diferentes”, a los que citó por sus nombres: “están el consejero Paradela [Jorge; consejero de Industria] y el consejero Sanz [Antonio; consejero de Presidencia], no sé exactamente cómo se han enterado, no he hablado con ellos directamente”.

A preguntas de los periodistas, Paradela aseguró que la fecha clave fue el 7 de mayo, casi dos meses después de la imputación del CEO. “Esa sería la fecha y, en cuanto se supo, pusimos cartas en el asunto y el director de ADM está cesado en sus funciones”, aseguró. El problema es que la imputación de Gustavo Fuentes desencadena toda una serie de denuncias y testimonios -algunos firmados por escrito para este periódico- que dan cuenta de un “modus operandi” con sus trabajadores (sobre todo las mujeres) “déspota, cruel y violento”, que era “vox populi en el sector”.

Este martes, Gustavo Fuentes declaró durante una hora ante el juez Francisco José de Córdoba, titular del juzgado de Violencia contra la Mujer número 5 de Sevilla, asegurando que nunca agredió ni acosó sexualmente a una de sus empleadas –delitos por los que está imputado–, aunque admitió que tuvo un “tonteo mutuo, no consumado”, pero siempre “consentido”.

Media hora antes, dos testigos habían ratificado ante el juez la “obsesión” que Fuentes sentía hacia la trabajadora que lo ha denunciado, y la “presión sexual” a la que la sometía. “Ella le tenía pánico, verdadero miedo”. “Cuando la conocí, era una persona poderosa, simpática, divertida, y he visto cómo cada vez se ha ido haciendo más chiquitita”, advirtieron en sede judicial, según fuentes presentes en el interrogatorio celebrado este martes en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 5 de Sevilla.

La testigo “fundamental” para la acusación había sido número dos del exCEO en la productora, con una relación directa con él, y declaró a preguntas del juez que el acusado llegó a pedirle “que la despidiera porque se la estaba follando otro compañero”.

El Parlamento andaluz ha aprobado este miércoles la ideoneidad de los nueve candidatos propuestos por PP, PSOE y Vox como senadores por designación autonómica, que serán nombrados este jueves en el primer Pleno de la legislatura y el último de este periodo de sesiones. Cuatro serán populares, tres socialistas y dos de Vox (uno cedido por los de Juanma Moreno, tras firmar el pacto de Gobierno de coalición).

Este procedimiento solía ser un trámite pactado previamente por los grandes partidos, en el que los aspirantes elegidos por cada grupo comparecían ante la comisión parlamentaria de Nombramientos sin que el rival político les cuestionara ni les hiciera preguntas incómodas.

Pero no ha ocurrido así hoy, sobre todo con los candidatos propuestos por Vox, en especial cuando ha llegado el turno de Álvaro Zancajo, que está siendo investigado por la Oficina Andaluza contra el Fraude por supuesta incompatibilidad de su puesto como miembro del Consejo de Administración de la Radio Televisión Pública Andaluza (RTVA) y su rol de jefe de comunicación del lider nacional de Vox, Santiago Abascal.

Adelante Andalucía es quien interpuso esa denuncia hace meses y hoy su portavoz, José Ignacio García, llevaba preparadas las preguntas para zamarrear a Zancajo. También el PSOE y Por Andalucía cuestionaban públicamente su designación para el Senado, partiendo de una “incompatibilidad manifiesta” por su papel en la RTVA, donde ha cobrado un sueldo público de 60.000 euros los últimos cuatro años.

Sin embargo, ha sido el propio Zancajo quien ha admitido en su exposición inicial que siendo miembro del Consejo de Administración de Canal Sur ha estado “trabajando para Vox”, porque fue designado “a propuesta de Vox”.

En la breve presentación de su experiencia profesional ha terminado diciendo: “Luego comencé a trabajar aquí, de nuevo, en Andalucía, en Vox. Primero como responsable de comunicación en la campaña electoral de hace cuatro años y después como responsable de comunicación del grupo parlamentario Vox en Andalucía de la mano del entonces portavoz, Manolo Gavira, actual vicepresidente de la Junta. Posteriormente, como saben, seguí trabajando para Vox, volviendo a la Radio Televisión Pública Andaluza como miembro del Consejo de Administración de la RTVA, de Canal Sur, a propuesta de Vox y, por tanto, trabajando para Vox”.

Esa incompatibilidad -trabajar para un organismo público designado por el Parlamento andaluz y, a la vez, para un partido político- es lo que está investigando ahora la Oficina Antifraude. Lo que ha declarado hoy Zancajo ante la comisión de idoneidad de la Cámara no encaja con lo establecido en el artículo 15.6 de la Ley que regula la agencia pública empresarial de la RTVA: “La condición de miembro del Consejo de Administración y de representante de los trabajadores en este es incompatible con cualquier vinculación directa o indirecta con empresas publicitarias, editoriales, periodísticas, de telecomunicaciones, informáticas, de servicios de la sociedad de la información, empresas cinematográficas y agencias y gabinetes de prensa, con empresas de producción de programas, discográficas o con cualquier tipo de entidad relacionada con el suministro o la dotación de material o de programas audiovisuales, servicios conexos e interactivos a la RTVA o a sus sociedades filiales y con todo tipo de prestación de servicios o de relación laboral en activo con la RTVA o con otras entidades de radio y televisión de cualquier tecnología y ámbito de cobertura, salvo la laboral que el representante de los trabajadores ya tuviera con la RTVA al adquirir tal condición”, reza la ley.

Y remata: “Los miembros del Consejo de Administración estarán sometidos al régimen propio de las incompatibilidades de los altos cargos de la Administración de la Junta de Andalucía. Asimismo, serán incompatibles con la condición de Diputado o Diputada del Parlamento de Andalucía”.

El consejero designado por Vox en la RTVA no es el único que compagina su puesto, con salario público, con el trabajo que realiza para su partido político. También lo hacen los miembros designados por el PP y por el PSOE, aunque no se han dejado ver públicamente en cada comparecencia de su líder ante los medios, como hizo Zancajo acompañando a Abascal en las campañas electorales de Extremadura, Aragón y Castilla y León. Él es el único denunciado por incompatibilidad ante la Oficina Antifraude.

“Un fraude a los andaluces”; “un currículum brillante”

La declaración de Zanjado en la comisión parlamentaria ha soliviantado aún más a los portavoces de los grupos de izquierda. El socialista Mario Jiménez ha calificado su designación como senador por la comunidad como “un fraude a los andaluces” y ha añadido: “Veremos si más adelante no es este Parlamento el que le quita la idoneidad, sino otra instancia política porque usted hoy clara y abiertamente ha hecho una manifestación pública que constará en el acta de esta comisión de un caso flagrante de incompatibilidad manifiesta”.

La notificación de la admisión a trámite de la denuncia de Adelante Andalucía contra Zancajo ante la Oficina Antifraude es del pasado 23 de abril (antes de las elecciones andaluzas), y está firmada por el director de la OAAF, Francisco de Paula Sánchez Zamorano. Durante la campaña electoral, el candidato de Adelante Andalucía ya acusó a Zancajo de “no dedicar ni un minuto de su tiempo a ese consejo, sino que trabaja para Vox, lo cual es ilegal”, y exigió su cese en el ente público. También amagó con elevar su denuncia ante la Fiscalía si la Oficina Andaluza Antifraude “no actúa”, denunciando una “presunta financiación ilegal” de Vox.

En la denuncia, la formación andalucista señaló que la labor de Álvaro Zancajo con el partido “incumple” la ley 18/2007 de la RTVA y el reglamento de incompatibilidades del propio Consejo. Zancajo fue nombrado miembro del Consejo de RTVA en 2022, y dos años después, en 2024, empezó a desempeñar su trabajo como coordinador nacional de comunicación de Vox.

El artículo 11.3 del Reglamento del Consejo de Administración de la RTVA prescribe que “el ejercicio del cargo deberá desarrollarse en régimen de dedicación absoluta y exclusiva, siendo incompatible con cualquier otro cargo, profesión o actividad públicos o privados, incluidos la docencia y los cargos electivos de representación popular en colegios, cámaras o entidades que tengan atribuidas funciones públicas”.

García le ha preguntado hoy si se marcha al Senado para “evitar” la investigación que pesa sobre él y Antonio Maíllo, portavoz de Por Andalucía, también ha denunciado la incompatibilidad de su puesto en el partido con la RTVA, añadiendo que tampoco “tiene en absoluto la idoneidad para representar a esta comunidad”.

El diputado de Vox Ricardo López Olea ha reprochado a las izquierdas que traigan asuntos “ideológicos” a esta comisión y ha defendido que Zancajo es un “profesional brillantísimo”, por eso recibe los “ataques” de la oposción. El candidato al Senado de la ultraderecha no ha respondido a las preguntas de estos grupos, que ha calficado de “campañitas” y “falsos relatos” de la izquierda. “Esto no tiene absolutamente nada que ver con el objeto de esta comparecencia”, ha sentenciado.

El Parlamento también ha aprobado, sin unanimidad de los grupos, la idoneidad como senadores del expresidente del PP andaluz Javier Arenas, de los exsecretarios generales del PSOE andaluz Juan Espadas y Susana Díaz, expresidenta de la Junta; de la abogada María Pastor, a propuesta de Vox, que desde abril dirigía la Oficina de Atención a la Maternidad del Ayuntamiento de Sevilla con un discurso abiertamente antiabortista; y los populares Virginia Pérez y Francisco Javier Oblaré (diputados autonómicos en la anterior legislatura).

Ante la comisión consultiva de nombramientos sólo tienen que comparecer los candidatos que no sean diputados del Parlamento andaluz, lo que excluye de este trámite a Jesús Aguirre --parlamentario por Córdoba--, y a María Jesús Montero, con escaño por la provincia de Sevilla.

Gustavo Fuentes, vestido con una guayabera celeste y “aparentemente tranquilo”, declaró este martes ante un juez de violencia de género que nunca agredió ni acosó sexualmente a una de sus empleadas –delitos por los que está imputado–, aunque admitió que tuvo un “tonteo mutuo, no consumado, pero siempre ”consentido“.

El exCEO de la productora Andalucía Digital Multimedia (ADM) –empresa asociada a RTVA, copropiedad del Gobierno andaluz y principal proveedor de contenidos de Canal Sur– compareció durante casi una hora, respondiendo a las preguntas del juez titular, Francisco José de Córdoba, de la fiscal y de su propio abogado. Se negó a contestar las preguntas del letrado de la reportera que lo ha denunciado por tres agresiones sexuales –en 2013, 2022 y 2023–, por acoso sexual continuado y acoso laboral (mobbing) y quedó en libertad sin medidas cautelares.

Media hora antes, dos testigos habían ratificado ante el juez la “obsesión” que Fuentes sentía hacia la trabajadora que lo ha denunciado, y la “presión sexual” a la que la sometía. “Ella le tenía pánico, verdadero miedo”. “Cuando la conocí, era una persona poderosa, simpática, divertida, y he visto cómo cada vez se ha ido haciendo más chiquitita”, advirtieron en sede judicial, según fuentes presentes en el interrogatorio celebrado este martes en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 5 de Sevilla.

La testigo “fundamental” para la acusación había sido número dos del exCEO en la productora, con una relación directa con él, y declaró a preguntas del juez que el acusado llegó a pedirle “que la despidiera porque se la estaba follando otro compañero”.

Tanto la exdirectiva como la otra testigo –una amiga a la que confesó las agresiones sexuales el mismo día en que se produjeron– coincidieron también en relacionar el “deterioro” físico y psicológico que sufre actualmente la periodista con el estado de “miedo” y “ansiedad” que experimentó durante los años que trabajó bajo las órdenes del directivo imputado.

“Contradicciones” en línea de defensa del acusado

La estrategia de defensa de Gustavo Fuentes, según personas presentes en el interrogatorio, pasa por intentar demostrar que siempre hubo “consentimiento” de la denunciante, y para ello buscó desmontar una de las pruebas más sólidas de la acusación: las 175 páginas de mensajes de WhatsApp “de índole sexual” enviados desde el teléfono del ex director general de la productora a la víctima entre 2018 y la actualidad.

Esos mensajes ya han sido “cotejados” por la secretaria judicial por orden del juez, y validados como material probatorio en la causa, como recordó ayer el propio magistrado durante el interrogatorio. Sin embargo, el abogado de Fuentes trató de exponer que en esas conversaciones entre su cliente y la reportera hay periodos en blanco, en los que aparecen transcritos los mensajes de él, pero se han borrado las respuestas de ella, en teoría, “porque se habrían activado los mensajes temporales de WhatsApp”.

Se trata de una función de privacidad que hace que los mensajes de un chat desaparezcan automáticamente después de un tiempo determinado: 24 horas, 7 días o 90 días, y solo afectan a los mensajes nuevos, no a los enviados antes de activarlos. La representación legal de Gustavo Fuentes intenta probar ante el juez que la denunciante borró las respuestas para ocultar que, en realidad, ella consentía ese tipo de mensajes “de índole sexual” y la relación que mantenía con su superior jerárquico. Con todo, el magistrado le reiteró que los mensajes aportados como prueba por parte de la acusación ya han sido validados judicialmente.

Las mismas fuentes apuntan a que el acusado incurrió en “contradicciones” a lo largo de su declaración. Primero habría señalado que su relación con la denunciante era “estrictamente laboral”, llegando a esgrimir que por su condición de presentadora apenas frecuentaba la sede de la productora. Pero, al final de su declaración habló ya de “un tonteo mutuo, pero no consumado”.

Las testigos salieron de los juzgados a pie, acompañadas por responsables del SAVA (Servicio de Atención a las Víctimas) que atienden en los casos de violencia de género. El acusado abandonó los juzgados en coche, saliendo del parking del edificio, tras una autorización de la Guardia Civil por “por razones de seguridad”, explican fuentes del TSJA, porque había una concentración convocada a las puertas del edificio por parte del Sindicato de Periodistas para mostrar su “apoyo absoluto” a la víctima.

Una “espinita clavada” con la víctima

En todo momento, el juez Francisco José de Córdoba trató de ceñir el interrogatorio a los hechos concretos que se investigan en la causa, formulando preguntas en torno a fechas y lugares muy específicos. Dado el momento procesal incipiente de la causa, el magistrado perimetró mucho tanto las preguntas de la acusación y la defensa como las respuestas, evitando elucubraciones, juicios de valor, incluso contextualización de los hechos por los que se interrogaba.

Por ejemplo, a la exdirectiva de ADM le preguntó si había escuchado a su jefe decir en una ocasión concreta, en un restaurante específico, que “tenía una espinita clavada” por no haber podido mantener una relación íntima con la víctima. La testigo declaró que si bien no recordaba exactamente si lo había dicho ese día ni en ese sitio, confirmó que la frase se la había escuchado “muchas veces, recurrentemente, y delante de un montón de gente”.

La testigo clave ratificó así el relato de la reportera denunciante. La propia denuncia recoge que, tras sentirse rechazado continuamente en sus insinuaciones a la reportera, este llegó a “jactarse ante otros directivos y compañeros” de que era “la única mujer” que se le “ha resistido” y “la única tía” que le ha “hecho la cobra”, durante una fiesta de cierre de la primera temporada del programa A toda costa, de Canal Sur.

Las dos testigos también confirmaron ante el juez que tenían conocimiento de los episodios de violencia sexual denunciados porque la propia denunciante se los relató poco después de que sucedieran. Preguntada por esta cuestión, la amiga íntima de la denunciante consultó al magistrado si quería que entrara en detalles “desagradables”, tal y como se lo había contado en su momento la víctima y, con el visto bueno del juez, describió de manera explícita el “manoseo y baboseo” que le había trasladado su amiga con respecto al comportamiento de su jefe.

“Le babeaba encima, le chupaba con la lengua”, detalló la testigo durante su declaración, en alusión a dos de los episodios recogidos en la denuncia. Uno sufrido en 2022, en plena calle y dentro de un coche durante la grabación de un programa para Canal Sur en Barbate (Cádiz); y el último en 2023, también dentro de un vehículo en Zahara de los Atunes (Cádiz), durante la realización de otro programa.

Aunque la exdirectiva de ADM no estuvo presente durante la grabación de esos programas, donde habrían ocurrido las agresiones, sí explicó al juez que la reportera le había contado que se había sentido “muy incómoda” ante la presencia del director general cuando se personaba en los rodajes. “Me preguntaba de forma recurrente dónde estaba físicamente” la denunciante, explicó.

En un momento del interrogatorio, el magistrado le preguntó por su poder de influencia y decisión sobre el personal de la empresa, dada su condición de número dos de la productora, pero ella aseguró que sólo era sobre el papel, “la realidad es que él lo controlaba todo y decidía quién entraba y quién se marchaba de la empresa”, advirtió.

El consentimiento

La cuestión del consentimiento de la reportera que trata de demostrar la defensa de Gustavo Fuentes ya aparecía anticipada en la denuncia presentada por ella el pasado enero. En esta explica de forma reiterada por qué no denunció antes a su jefe y por qué mantuvo una comunicación aparentemente cordial con él pese a las agresiones y el acoso que describe. Si respondía a los mensajes de WhatsApp con una “cortesía forzada” hacia su superior jerárquico, sostiene el escrito, no era por “consentimiento”, sino para “no provocar una reacción adversa por parte de una persona que percibe como poderosa, insistente y potencialmente peligrosa para su estabilidad laboral y vital”.

“La ausencia de un 'no' literal no puede interpretarse como consentimiento, sino como el resultado directo del temor fundado a las consecuencias de una negativa explícita”, concluye el texto. Entre la última agresión y la presentación de la denuncia en un Juzgado de la Mujer pasó un año y medio. El Ministerio de Igualdad tiene publicados informes que confirman un tiempo de respuesta común en las víctimas de violencia de género: suelen tardar en verbalizar o denunciar su situación entre ocho años y ocho meses de media, según datos de un estudio promovido por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género.

La defensa del exdirector general de ADM ha tratado de desacreditar esa tesis. Además de sostener ante el juez que la relación fue consentida, la representación legal del acusado solicitó una copia de los informes clínicos de la denunciante, ya obrantes en el procedimiento, que acreditan un “trastorno distímico con depresión mayor y ansiedad”, así como una “pérdida de diez kilos” de peso. Su estrategia pasa por vincular ese deterioro físico y psicológico con el fallecimiento repentino de la madre de la víctima, al coincidir temporalmente con parte de los hechos denunciados.

Esa fue una de las cuestiones sobre las que el juez interrogó a las dos testigos. Quiso saber si conocían que la reportera recibía atención psiquiátrica y si el origen de esa terapia guardaba relación con la muerte de su madre. Ambas respondieron que el tratamiento estaba motivado por la situación de acoso sexual que, según les había trasladado la propia denunciante, sufría en su entorno laboral. “Como yo la he visto sufriendo con este hombre no la había visto nunca”, declaró su amiga.

En el mismo sentido se pronunció la que fuera número dos de Gustavo Fuentes. “Cuando la conocí era una persona poderosa, simpática, divertida, y he visto cómo cada vez se ha ido haciendo más chiquitita”, afirmó al describir el progresivo deterioro de la reportera bajo la “presión sexual” que, según dijo, ejercía el entonces CEO y el “miedo absoluto” que ella llegó a sentir hacia quien era su superior jerárquico en la empresa donde trabajaba.

Sobre esta respuesta, el abogado del acusado protestó y el juez consintió en que “no procede”. Tras la declaración de las testigos y el acusado, el magistrado (y el Ministerio Fiscal) decidirán en los próximos días el siguiente paso del procedimiento judicial por delitos sexuales contra Gustavo Fuentes, castigados con penas de hasta siete años de cárcel.

“Ella le tenía pánico, verdadero miedo”. “Cuando la conocí, era una persona poderosa, simpática, divertida, y he visto cómo cada vez se ha ido haciendo más chiquitita” bajo la “presión sexual” de él y el “miedo absoluto que le tenía”. Dos testigos han ratificado este martes ante el juez la “obsesión” que el exdirector general de la productora Andalucía Digital Multimedia (ADM), Gustavo Fuentes, sentía hacia la reportera que lo ha denunciado por agresiones sexuales, acoso sexual continuado y acoso laboral.

Se trata de una exdirectiva de la empresa, que ejerció como número dos del entonces CEO de la productora, y de una amiga a la que reveló las agresiones sexuales el mismo día en que se produjeron. Según fuentes presentes en el interrogatorio, las dos han confirmado ante el titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 5 de Sevilla tener conocimiento de los episodios de violencia sexual denunciados porque la propia denunciante se los relató poco después de que sucedieran. Ambas han coincidido también en relacionar el “deterioro” físico y psicológico que sufre actualmente la reportera con el estado de “miedo” y “ansiedad” que atravesó durante su etapa en ADM.

Tras las dos testigos propuestas por la víctima, ha declarado el propio Fuentes, quien llegó a los juzgados de violencia contra la mujer cuatro horas antes de la hora a la que estaba citado a declarar (12.15) en calidad de imputado por agresión sexual y acoso sexual. El abogado de la denunciante había solicitado al juez que citase a las testigos y al acusado en días distintos, para evitar que se cruzasen en el juzgado, pero el magistrado rechazó la petición. Como Gustavo Fuentes se adelantó tanto a la hora de su citación, ya se encontraba en la sala de espera, contigua al juzgado número 5, cuando las testigos llegaron por separado para declarar antes que él.

Después de responder a las preguntas del juez, de la Fiscalía y de su abogado, Fuentes abandonó el edificio poco antes de las 14:00. Lo hizo en coche directamente desde el garaje, evitando así enfrentarse a los medios que aguardaban en la puerta principal y a los miembros de la Asociación de la Prensa de Sevilla, del sindicato SPA y del comité intercentros de Canal Sur, que se concentraron frente al juzgado para mostrar su “apoyo absoluto” a la víctima y animar a denunciar situaciones de acoso sexual y laboral como la que hoy pesa sobre el exdirector general de ADM.

Interrogatorio acotado a los hechos investigados

La expectación mediática que ha generado esta citación judicial se debe a que el productor acusado de delitos sexuales no era un ejecutivo al uso, y tampoco la compañía que dirigía. ADM es una empresa semipública, participada mayoritariamente por la Junta de Andalucía (al 48%), asociada a la Radio Televisión Pública Andaluza (RTVA) y principal proveedora de contenidos de Canal Sur, cuyo buque insignia es uno de sus programas en antena desde hace 26 años (Andalucía Directo).

Según fuentes presentes en la sala, durante las declaraciones de las testigos se ha escuchado reiteradamente la palabra “improcedente” por parte del juez Francisco José de Córdoba, que, siendo garantista, trató de acotar el interrogatorio para ceñirse a los hechos concretos que se investigan. El magistrado interrumpió así en varias ocasiones, tanto las preguntas de la acusación como las repuestas de las testigos, cuando entendía que se alejaban del objeto de la causa para adentrarse en el contexto laboral o en la “posición de poder” del acusado.

Cabe recordar que el magistrado dejó fuera del procedimiento el delito de acoso laboral que también denunciaba la reportera, al considerar que excedía de las competencias de un tribunal de Violencia de Género.

Tres agresiones denunciadas

La denuncia de la reportera de ADM, avalada por las declaraciones juradas de siete testimonios directos, y acompañada por 175 páginas de mensajes de WhatsApp “de índole sexual” enviados desde el teléfono de Gustavo Fuentes a la víctima entre 2018 y la actualidad, describe tres agresiones sexuales, aportando el lugar, la hora y testigos que escucharon lo sucedido el mismo día que ocurrió o poco después.

Estas habrían ocurrido en tres fechas distintas: en 2013, en un bar del centro de Sevilla y en el interior de un taxi; en 2022, en plena calle y dentro de un coche durante la grabación de un programa para Canal Sur en Barbate (Cádiz); y en 2023, también dentro de un vehículo en Zahara de los Atunes (Cádiz), durante la realización de otro programa.

El juez ha sido muy específico en sus interrogantes y ha preguntado a las testigos por fechas exactas. Según ha podido saber este periódico de fuentes cercanas al caso, la defensa también ha llevado un documento extenso con páginas de WhatsApp impresas.

“Basta de acoso en los medios”

Mientras Gustavo Fuentes declaraba ante el juez, decenas de profesionales del sector audiovisual se concentraron a las puertas de los juzgados, al grito de “No al acoso, sexual o laboral” y “Basta de acoso en los medios”. Con estos lemas trasladaron su respaldo y “solidaridad” a la reportera que denunció al exCEO de ADM, poniendo fin a años de silencio y “sometimiento”.

En el manifiesto leído durante la concentración, el Comité Intercentros de la RTVA y Canal Sur Televisión ha advertido de que “no podemos permanecer impasibles ante situaciones de abuso y agresión como las descritas por la compañera denunciante, menos aún cuando quien las sufre trabaja en una empresa con participación pública cuyo principal cliente es Canal Sur”, como apunta el máximo órgano de representación de los trabajadores de la radiotelevisión pública andaluza.

Los convocantes han vinculado ese silencio al temor a las represalias en un sector tan atomizado como el audiovisual andaluz, “muy dependiente de los contratos con Canal Sur”. Ese “miedo a no volver a trabajar en una empresa audiovisual en Andalucía” hace que muchas personas permanezcan “calladas” ante situaciones de acoso sexual o laboral, han señalado durante la lectura del manifiesto.

Precisamente por ello, la concentración —respaldada también por las secciones sindicales de Canal Sur Radio y Televisión y por la Asociación de la Prensa de Sevilla (APS)— ha querido lanzar un mensaje a quienes atraviesan situaciones similares para que no se sientan solas y se animen a denunciar. “No podemos permitir que el miedo, el silencio, el ninguneo o el abuso de poder se conviertan en la norma en nuestros centros de trabajo”, sostiene el Sindicato de Periodistas de Andalucía, que ha reclamado “erradicar de nuestro sector la precariedad y el machismo estructural”, como “caldo de cultivo que alimenta los abusos”.

La protesta ha contado con el respaldo de formaciones políticas con representación parlamentaria como Adelante Andalucía y Por Andalucía. Desde Adelante avanzan que van a pedir la comparecencia en el Parlamento andaluz del consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, persona de estrecha confianza de Fuentes, así como que se aborde la cuestión de la denuncia directamente en la comisión de RTVA. La portavoz de Igualdad de Adelante, Leticia Blanco, considera “horrible” que no exista plan de igualdad en cualquier subcontrata, “pero que no lo haya en una empresa con participación pública es inaceptable”, añade en declaraciones a elDiario.es

En septiembre de 2010, durante la gala de presentación de la nueva programación de Giralda Televisión y en presencia de trabajadores y directivos de la cadena local de Sevilla, Gustavo Fuentes “extendió un cheque de 500 euros” a nombre de una joven periodista allí presente: “Ella es mía y vale mucho. Si no le pagáis la gala, se la pago yo”.

La denuncia que interpuso, 15 años después, aquella joven contra su jefe por agresiones sexuales, acoso sexual continuado y acoso laboral arranca con aquel primer episodio “especialmente humillante”, que “sentó las bases de una dinámica de poder y control que se prolongaría en el tiempo hasta hacerse insoportable y llegar al extremo de socavar por completo su integridad física y psíquica”.

Gustavo Fuentes, ex director general de la productora Andalucía Digital Multimedia (ADM), comparece este martes ante un juez de violencia de género de Sevilla imputado por un delito contra la libertad sexual y otro de acoso sexual continuado, castigado con pena de prisión de uno a cuatro años (en el primer caso) y de cinco a siete meses (en el segundo, cuando existe “prevalimiento de autoridad o superioridad laboral”).

La denuncia de la reportera de ADM, avalada por las declaraciones juradas de siete testimonios directos, y acompañada por 175 páginas de mensajes de WhatsApp “de índole sexual” enviados desde el teléfono de Gustavo Fuentes a la víctima entre 2018 y la actualidad, describe tres agresiones sexuales, aportando el lugar, la hora y testigos que escucharon lo sucedido el mismo día que ocurrió o poco después.

Estas habrían ocurrido en tres fechas distintas: en 2013, en un bar del centro de Sevilla y en el interior de un taxi; en 2022, en plena calle y dentro de un coche durante la grabación de un programa para Canal Sur en Barbate (Cádiz); y en 2023, también dentro de un vehículo en Zahara de los Atunes (Cádiz), durante la realización de otro programa.

“La única tía que me ha hecho la cobra”

“Yo voy a hacer abuelo a tu padre”, le dijo tras intentar besarla a la fuerza aquella primera vez, en 2013, según consta en la denuncia. Otros momentos descritos ocurrieron en presencia de testigos que aparecen, con nombres y apellidos, y pueden ser citados por el juez. En una fiesta de cierre de la primera temporada del programa A toda costa, de Canal Sur, Fuentes “se jactaba ante otros directivos y compañeros” de que [la víctima] era “la única mujer que se me ha resistido”, “la única tía que me ha hecho la cobra”, comentarios que ella tilda de “vejación sexual, humillación constante y degradación”, por hacerlos además “con carácter público”.

La apertura de la investigación judicial fue revelada por elDiario.es Andalucía el pasado 9 de junio, pero la denuncia de la reportera se registró en enero, la apertura de diligencias es de febrero y la citación judicial como imputado es del 25 de marzo, el mismo día que tomó declaración a la víctima. Hasta que se hizo público, Gustavo Fuentes tenía una de las mejores huellas digitales del sector audiovisual andaluz y nacional: aparecía en docenas de entrevistas como un “visionario” del mundo audiovisual, preconizando el futuro de la televisión, el cine y las plataformas de streaming; reconocido por liderar alianzas de la industria andaluza con los gigantes del sector, como Netflix o Movistar.

“Gustavo Fuentes, el Messi sevillano tras las cámaras”, rezaba el titular de un perfil en el medio Extradigital, en noviembre de 2023, con una foto suya junto al director general de la Radio Televisión Pública de Andalucía (RTVA), Juan de Dios Mellado. En 2023, el Gobierno de Juanma Moreno facilitó su nombramiento como presidente del clúster audiovisual de Andalucía (LAND), un grupo de empresas con participación y financiación de la Junta, fruto de la estrategia digital impulsada por el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, persona de su confianza.

“Organizaba eventos y fiestas muy vistosas, traía a gente muy potente y proyectaba una Andalucía moderna, de cine. A él le gustaba rodearse de la gente que manda y hacer ostentación de su cercanía con el poder. Pero él mandaba mucho y a los políticos les encantaba verse en sus saraos”, dice hoy uno de sus estrechos colaboradores. Ese estatus de Gustavo Fuentes es el telón de fondo tras las agresiones y las situaciones de acoso sexual y laboral que describe la denuncia. “Es preciso tomar consciencia de su posición de poder, no sólo en el sector audiovisual andaluz, sino incluso en esferas políticas institucionales de la comunidad autónoma”, subraya el texto de forma insistente.

El hoy vicepresidente primero de la Junta es el gran protagonista del álbum de fotos de Gustavo Fuentes, donde aparece prácticamente todo el Consejo de Gobierno y el staff de la RTVA. “Está muy bien relacionado dentro del sector, pero sobre todo con la cúpula de la Junta, del PP andaluz y de la dirección de la RTVA”, explican fuentes del ente público.

La reportera que terminó denunciando a su jefe en los tribunales, junto a otras cinco trabajadoras de la misma productora, habían pedido amparo seis meses antes a CCOO, describiendo al detalle las agresiones y situaciones de acoso. La denuncia muestra cómo, de manera insistente, trata de justificar el no haber sido capaz de denunciar antes a Gustavo Fuentes por miedo, no sólo a perder su empleo, sino a que su jefe usara sus contactos para ahogar cualquier posibilidad de encontrar trabajo en el muy atomizado sector audiovisual andaluz, “muy dependiente de los contratos con Canal Sur”.

“El director general de ADM no actúa únicamente como superior jerárquico interno, sino como máximo responsable de una de las escasas estructuras empresariales con verdadera capacidad de absorción de empleo, producción y continuidad profesional en el audiovisual andaluz, así como de los empresarios más influyentes de todo el sector”, advierte la denuncia.

En las quinielas para entrar en el Gobierno andaluz

El pasado 7 de junio, dos días antes de revelar la imputación del CEO de ADM por delitos sexuales, en el entorno del presidente Juanma Moreno situaban al “superproductor” en las quinielas para dirigir la RTVA, sustituyendo a Mellado, e incluso como consejero de la nueva cartera de Inteligencia Artificial y Desarrollo Digital.

18 horas después de publicarse la noticia, el Consejo de Administración de ADM aprobó la “suspensión temporal” de todas sus funciones. A la mañana siguiente, se informó internamente a los directivos de la productora de que Gustavo Fuentes “no iba a volver”, y que su cese era “definitivo e irrevocable”. El terremoto que provocaron los detalles más escabrosos de la denuncia de la reportera cimbrearon los cimientos del Gobierno de Moreno, copropietario de la productora ADM (con un 48% de participación), y de Canal Sur, su principal proveedor (con una facturación anual en torno a los cinco millones de euros).

“Es una denuncia falsa. No tienen pruebas. Niego todos los hechos. Esto no ha existido y tengo bastantes datos para corroborar mi inocencia. Estoy muy tranquilo”, había explicado el propio Fuentes a este periódico, el día antes de publicarse la noticia. Tras esa llamada, salió de su despacho e informó a otros directivos de la productora que “la noticia ya va a salir”. “Llevaba semanas esperándola. En la oficina ya se sabía, todo el mundo lo sabía. Él ya nos había contado que estaba citado a declarar como investigado [el 11 de mayo, seis días antes de las elecciones andaluzas]”, cuenta un ejecutivo de ADM, corroborado por otros tres trabajadores.

“El martes 7 de abril, justo después de Semana Santa, llegó eufórico a la oficina, contando que acababa de estar con Antonio Sanz en el bar José Luis, de la Plaza de Cuba, que le había contado su situación y que estaba tranquilo: 'Quien tiene que saberlo ya lo sabe', dijo”, según estas fuentes. Nadie en el Gobierno andaluz ha aclarado desde cuándo sabía que el CEO de esta empresa semipública estaba denunciado, primero, e investigado, después, por delitos sexuales a una trabajadora.

Al día siguiente de la publicación, la portavoz de la Junta y consejera de Hacienda, Carolina España, reconoció que no sabía “exactamente” cuándo, pero acto seguido recordó que las dos empresas públicas afectadas por este caso (la Agencia Digital de Andalucía (ADA) y la RTVA) son competencia “de dos consejeros diferentes”, a los que citó por sus nombres: “están el consejero Paradela [Jorge; consejero de Industria] y el consejero Sanz [Antonio; consejero de Presidencia], no sé exactamente cómo se han enterado, no he hablado con ellos directamente”.

A preguntas de los periodistas, Paradela aseguró que la fecha clave fue el 7 de mayo, casi dos meses después de la imputación del CEO. “Esa sería la fecha y, en cuanto se supo, pusimos cartas en el asunto y el director de ADM está cesado en sus funciones”, aseguró. El problema es que la imputación de Gustavo Fuentes desencadena toda una serie de denuncias y testimonios -algunos firmados por escrito para este periódico- que dan cuenta de un “modus operandi” con sus trabajadores (sobre todo las mujeres) “déspota, cruel y violento”, que era “vox populi en el sector”.

Fuentes “se desenvuelve en un ambiente de impunidad auspiciado por su cargo en la empresa y por la posición de la misma en el sector audiovisual andaluz, con gran influencia sobre Canal Sur”, sostiene la acusación, que remite a otras denuncias y acuerdos prejudiciales por acoso laboral en la productora.

“Reserva para unos mimos; tengo ganas de ti”

El juez Francisco José de Córdoba, titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 5 de Sevilla (de reciente creación), ya ha ordenado un “reconocimiento médico forense” de la denunciante para acreditar “el estado de salud psíquica de la víctima, secuelas y posible nexo causal” con las agresiones y el acoso sexual denunciados.

Este martes ha citado primero a dos testigos propuestas por la víctima: una exdirectiva de la empresa, que ejerció como número dos del CEO de la productora, y una amiga a la que reveló la agresión sexual el mismo día que se produjo. Luego tendrá que declarar Fuentes, en presencia de su abogado, el de la acusación y de la Fiscalía, que aún no ha ejercido ninguna actuación relevante en este procedimiento.

El acusado se enfrenta también a sus propios mensajes de WhatsApp, los que envió a la reportera con insistentes propuestas de encuentros privados, y que ella han sido “validados” como prueba de la acusación por el juez: “A ver si un día de estos podemos pegarnos una escapada, aunque sea un par de horas”; “Tenemos pendiente algo más privado... pero cuando tú puedas”; y lenguaje con connotación sexual e íntima: “Cariño, tengo ganas de ti”; “Reserva para unos mimos”; “Tú me debes una noche loca”; “Lo nuestro parece imposible, ojalá volviéramos a hace 10 años”; “¿A qué hora se puede hablar de cosas de mayores?”; “Bueno, si tú te vienes, a ver si te dejo irte otra vez jajaja”.

La víctima ya declaró ante el juez para explicar la situación de “sometimiento” que sufría y que “se retroalimentaba constantemente de la relación de jerarquía respecto del denunciado”. “La impunidad con la que actúa el señor Fuentes genera en su entorno laboral una sensación de que cualquier rechazo frontal al mismo puede ser el fin de una carrera profesional, la única opción posible es intentar evitarlo, siendo ello imposible por la propia naturaleza laboral jerárquica existente”, subraya la denuncia, que describe una “situación cronificada de acoso” que empujó a la víctima a un “cuadro depresivo” del que aún se está recuperando.

La denuncia adjunta un informe clínico de la mutua y otro informe psicológico privado, que acreditan un “trastorno distímico con depresión mayor y ansiedad” y “pérdida de diez kilos”.

Entre la primera agresión que consta en la denuncia y la última transcurrieron diez años. De aquel primer comentario “humillante” (“Yo voy a hacer abuelo a tu padre”) al acoso laboral descrito, cuando el CEO de la productora sabe que ha empezado una relación sentimental con un cámara de su propia empresa (“Para que se la folle otro que se vaya a la puta calle”), que consta en una de las declaraciones juradas.

Entre la última agresión y la presentación de la denuncia en un Juzgado de la Mujer pasó un año y medio. El Ministerio de Igualdad tiene publicados informes que confirman un tiempo de respuesta común en las víctimas de violencia de género: suelen tardar en verbalizar o denunciar su situación entre ocho años y ocho meses de media, según datos de un estudio promovido por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género.

Esos años en los que compartió un espacio de trabajo con su jefe sin denunciarlo parecen obligarla a justificarse una y otra vez en la denuncia, tratando desesperadamente de explicar que si respondía a aquellos mensajes con “cortesía forzada” a su superior jerárquico no era por “consentimiento”, sino para “no provocar una reacción adversa por parte de una persona que percibe como poderosa, insistente y potencialmente peligrosa para su estabilidad laboral y vital”.

“La ausencia de un 'no' literal no puede interpretarse como consentimiento, sino como el resultado directo del temor fundado a las consecuencias de una negativa explícita”, concluye la denuncia.

“En el otoño de 1977 llegó a la sede de Falange Española de las J.O.N.S. -calle Cuna- un joven universitario. Cursaba el último año de Historia en la Facultad de Letras. Había organizado un ciclo de conferencias en la Universidad sobre algo que para él era motivo de inquietud y objeto de amor: ESPAÑA. Se llamaba Rafael Sánchez Saus”.

Así comienza el prólogo de las Consideraciones para una propuesta inactual, una conferencia pronunciada el 10 de marzo de 1989 en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid por el profesor Rafael Sánchez Saus (Albacete; 1956), exconsejero nacional de Falange Española y candidato frustrado a la dirección nacional del partido ultraderechista con 31 años, que el miércoles fue nombrado viceconsejero de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local del nuevo Gobierno andaluz de Juanma Moreno. Su designación depende directamente del vicepresidente de la Junta y líder regional de Vox, Manuel Gavira, titular de esta cartera.

El primer Consejo del Gobierno de coalición PP-Vox, reunido el miércoles, aprobó el nombramiento de los segundos y terceros niveles jerárquicos de las 13 consejerías. La Junta difundió luego una breve biografía de cada viceconsejero. En el caso de Sánchez Saus: doctor en Historia por la Complutense, catedrático de Historia Medieval en la Universidad de Cádiz, exrector de la Universidad CEU San Pablo (de la que sigue siendo rector honorario); consejero nacional de la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP), miembro de la Real Academia de la Historia, de la Academia Hispano Americana de Cádiz y de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, así como autor de más de 20 libros.

“Puedo seguir admirando la figura de Primo de Rivera”

Uno de esos libros se titula Por qué Vox. El despertar de la derecha social en España (Editorial Homo Legens), recopilación de sus artículos en Diario de Sevilla, donde glosa las virtudes y el auge del partido de Santiago Abascal, que acaba de colocarle en el primer Gobierno andaluz del PP con la ultraderecha. En la breve reseña sobre él distribuida por la Junta a los medios de comunicación no aparece este libro ni tampoco referencias a sus orígenes políticos.

A preguntas de este periódico, el viceconsejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local explica que “aquella época forma parte de un pasado que ya está enterrado”. “Es una parte de mi memoria sentimental, pero no representa mi forma de pensar hoy y no significa nada para mi labor como viceconsejero de la Junta de Andalucía”, advierte. Sánchez Saus subraya que “nunca ha renegado” de su pasado falangista, pero insiste en que “no tiene influencia sobre mi pensamiento actual”, y apostilla: “Yo puedo seguir admirando la figura de José Antonio Primo de Rivera, pero para nada me considero ya un falangista”.

Con todo, es difícil encontrar rastro de su pasado en la Falange Española en ninguno de sus múltiples libros, entrevistas o artículos publicados. El discurso que pronunció en la Complutense en marzo de 1989, editado por un particular en Sevilla ese mismo año, es una rareza documental. El texto, al que ha tenido acceso elDiario.es, está prologado por Abelardo Linares Muñoz, jefe provincial de Falange en aquella época, quien recuerda “con júbilo” que Sánchez Saus, “siendo ya profesor de Historia en la Universidad de Cádiz, ”se afilió en otoño de 1981“ al partido ultra, en la sede de la calle Méndez Núñez de Sevilla, ”y sobre la marcha le nombré Jefe de Juveniles y Subjefe provincial“.

Años después, tras ascender en la jerarquía del partido, presentaría su candidatura a la Jefatura Nacional de Falange Española de las J.O.N.S. en el Consejo Nacional del partido celebrado el 4 de julio de 1987. “Aquello fue una operación en la que estuvimos unos pocos con idea de propugnar una actualización de la Falange, para que empezase a trabajar como un partido político con respeto a las libertades ciudadanas. Si hubiera tenido sospecha de que iba a salir elegido, no me habría presentado. Fui un candidato testimonial”, explica el hoy viceconsejero, en conversación con este periódico.

“La democracia estaba aún por descubrir”

Las actas de aquel congreso de Falange testimonian la división interna que estaba sufriendo el partido fundado por José Antonio Primo de Rivera. El nombre de Rafael Sánchez Saus aparece [con una errata en el apellido] en un fanzine autoeditado por la jefatura territorial de Falange en Galicia, en julio de 1987: “como jefe nacional del partido fue reelegido Diego Márquez Horrillo, con 145 votos, contra los 44 que consiguió Rafael Sánchez Sanz [sic]”. “También se acordó nombrar consejera nacional con carácter vitalicio a Pilar Primo de Rivera, hermana de José Antonio (...) Y al final de la asamblea se cantó el Cara al Sol, dando los gritos de rigor el jefe nacional, terminando con la evocación de José Antonio, que todos los asistentes contestaron con un vibrante ¡presente!”.

El hoy viceconsejero andaluz de Turismo recuerda que “tuvo que presentarse” a la dirección nacional de Falange, “porque el que iba a dar el paso para disputar el mando” a Márquez Horrillo -Luis López Novelle- “decidió retirarse casi el último día”. “Aquella España vivía un clima político muy diferente al actual, la democracia estaba aún por descubrir, había que asimilar el marco constitucional y sus valores”, relata sobre la España de finales de los 80. “Yo estaba en Falange por puro convencimiento, pero las líneas que defendían entonces ya eran irrelevantes. Sólo nos interesaban a cuatro gatos”, argumenta.

Después de aquel congreso y su candidatura frustrada, Sánchez Saus recuerda: “pedí la baja como militante y me desvinculé del partido”. Apenas dos años después pronunció aquella conferencia en la Universidad Complutense de Madrid, donde volvió a plantear una reflexión y propuesta para actualizar el partido “ante la situación de Falange Española, ante el estado actual y las expectativas del movimiento que constituyó el más noble intento de regeneración de la vida política y social de nuestra Patria en este siglo”.

En aquella disertación, Sánchez Saus se lamentaba de “los errores estratégicos” de Falange Española que ya había denunciado al presentar su candidatura, dos años atrás, lamentando que no habían sido “rectificados”, sino que se habían “intensificado”, conduciendo a la “quiebra económica, ideológica, organizativa y moral” del partido, hasta el punto de que “ha desaparecido virtualmente del panorama político”. En las elecciones generales de aquel año (1989), Falange obtuvo 24.025 votos, un 0,12% del escrutinio.

El viceconsejero andaluz de Turismo se muestra sorprendido de que “esté circulando una copia de aquella conferencia” suya en Madrid del año 89. “Creo que ni siquiera está en el Depósito Legal, fue una edición particular que hizo un amigo mío en Sevilla, al que le gustó mucho mi discurso, pero que tuvo muy pocos ejemplares y una circulación muy restringida”, dice. El documento es una exaltación de la ideología ultra de Falange, pero muy crítico con la deriva del partido en manos de sus dirigentes de entonces. “El mensaje falangista se ha pauperizado de tal modo que cuesta reconocer en él sombra de un pensamiento que un día deslumbró a varias generaciones de universitarios españoles”, dice.

La revista Disidencias publicó aquel mismo año un reportaje sobre el declive de la ultraderecha en España. “Los falangistas carecen de posibilidades objetivas de intervenir, ni siquiera como espantapájaros del sistema, en la vida política nacional”, decía el texto, que Sánchez Saus también cita en su conferencia, para luego añadir: “Como falangista, aunque me duela la frase, debo agradecer al redactor no sólo la claridad, sino el mismo hecho de ocuparse de nosotros, cosa que hoy nadie hace en España”.

Casi cuarenta años después, Sánchez Saus es un académico que conserva aquella narrativa nacionalcatólica en sus textos, vuelve a estar alineado con otra organización ultraderechista, es un intelectual de referencia para el partido de Santiago Abascal y autor de numerosos artículos en prensa donde abomina de la autonomía andaluza, aborrece la Ley de Memoria Histórica [“una ley de revanchistas”], es visceralmente antiabortista, alerta sobre la supuesta “islamización” de Andalucía y España, insulta a los miembros del Gobierno de Pedro Sánchez -a los que tilda de “orcos”- y despliega otros hitos de la ideología neofascista.

En uno de esos artículos [Prisioneros del odio], publicado el 6 de septiembre de 2018, habla del franquismo como “aquellas décadas que cambiaron la suerte de España a base de ofrecer pan y dignidad a los españoles”. En otro, del 3 de octubre de 2019 [El Valle y la derecha vil], define al dictador fascista como “un jefe de Estado reconocido internacionalmente de forma unánime durante 35 años, de cuya acción de gobierno en esas décadas dimana la España nueva que hizo posible la Monarquía parlamentaria, el régimen democrático y la Constitución”. O exalta al periodista y escritor falangista Rafael García Serrano, “al que se ha hecho desaparecer de la memoria, como al amor de su vida, la Falange” [Buitres; 11 de julio de 2013].

Sánchez Saus explica que desde 2005 es miembro de la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP), “muy opuesta en sus planteamientos a la Falange”, y que este rol “sí ha marcado absolutamente mis actitudes y formas de pensar en el presente”. La ACdP, con 118 años de historia, es una organización muy vinculada al ideario de la derecha ultraconservadora española, desde Vox y el ala dura del PP hasta asociaciones ultra como Hazte Oír o Neos.

Está detrás de las universidades y colegios CEU, fundada en 1909 por el jesuita Ángel Ayala, y en 2022 se hizo popular por participar en la difusión de carteles en más de 30 ciudades de España donde se podía leer: “rezar frente a una clínica abortista está genial”. En un seminario organizado por la la CEU, Sánchez Saus ya advertía, citando un texto de los años 80, contra “el acceso masivo de la mujer al trabajo y la posibilidad de la contracepción [métodos anticonceptivos] llevada a límites extremos”. “¿Estamos en condiciones de discutir estos tabúes de la sociedad actual?”

“Rechazo frontal”

El pasado miércoles, el presidente Juanma Moreno le nombró número dos en la cartera de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, que gestiona Vox, en cumplimiento de un acuerdo de Gobierno con 150 medidas que incluye el “rechazo frontal” a acoger a niños inmigrantes, la auditoría del coste segregado de los pacientes extranjeros para el Servicio Andaluz de Salud (SAS); la prohibición del burka y el niqab en espacios públicos; la eliminación de las clases de Lengua Árabe y Cultura Marroquí apelando a razones de “convivencia” en las escuelas andaluzas, el cuestionamiento de las políticas ambientales y contra el cambio climático y la derogación de la Ley de Memoria junto a otras “leyes ideológicas”, como la de Igualdad entre hombres y mujeres o la Ley de Lucha contra la Violencia de Género.

En aquella conferencia, que fue publicada ese mismo año 1989 en Sevilla por una imprenta menor, Sánchez Saus terminaba diciendo que la “vieja, entrañable y gloriosa Falange a la que tantos hemos dedicado tanto durante tanto tiempo, empezando por los que no escatimaron su sangre” (...) “ha dejado de ser un grupo político para conformar una especie de secta que presenta los caracteres principales de este género de sociedades, a saber: Huida permanente de la realidad; Refugio en el mesianismo; e Instauración de la adhesión incondicional al Jefe como forma única de control y selección”.

Juanma Moreno se ha rodeado prácticamente del mismo equipo que tenía para afrontar su primer Gobierno de coalición con Vox: repiten diez consejeros de los 13 que componen el nuevo gabinete (una menos que en el mandato anterior).

Sin embargo, la cúpula se ha reforzado con una pátina más política, con tres vicepresidencias: una de ellas en manos del portavoz andaluz de la ultraderecha, Manuel Gavira; y las otras para dos referentes del PP andaluz, personas de la estrecha confianza del presidente que repiten en sus cargos: Antonio Sanz, el todopoderoso consejero de la Presidencia, Sanidad y Emergencia; y Carolina España, titular de Economía, Hacienda y Fondos Europeos. España volverá a ser la portavoz de la Junta.

“No es un gobierno de unos contra otros, es un gobierno de estabilidad para cuatro años. Es un gobierno de gestión y de progreso”, ha descrito Moreno en su comparecencia, en el Palacio de San Telmo, donde ha insistido en reivindicar la “vía andaluza” de moderación. “No es una frase hecha. El rumbo está definido por la moderación y el respeto a quienes no piensan como nosotros”, ha subrayado.

Gavira figura como número dos en el orden de prelación del nuevo Ejecutivo, aunque no tenga el mismo peso político que los otros dos vicepresidentes ni será quien sustituya al presidente en el Consejo de Gobierno cuando Moreno esté enfermo o no pueda asistir. Esa suplencia la hará Sanz, el vicepresidente primero de la Junta, que también recupera Diálogo Social (con sindicatos y patronal) y mantiene Sanidad. Moreno delegó la cartera de Salud a su número a final de la pasada legislatura, tras el escándalo de los cribados de cáncer, que forzó la dimisión de la anterior consejera, Rocío Hernández.

El portavoz de Vox será el vicepresidente segundo y gestionará la macrocartera de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local, con un gasto anual aproximado de 1.200 millones de euros, dentro de un Presupuesto Autonómico que ronda los 52.000 millones.

El nuevo Gobierno andaluz es muy continuista: sólo tiene tres nuevas caras (una de ellas la de Vox) y sólo salen dos personas del anterior gabinete, la titular de Medio Ambiente (Catalina García) y el de Turismo (Arturo Bernal). Habrá siete mujeres y seis hombres. Repite la consejera de Educación, Carmen Castilla; la de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, Patricia del Pozo; la de Empleo, Rocío Blanco [que lleva en el gabinete desde el primer Gobierno con Ciudadanos]; la de Servicios Sociales, Familia e Igualdad, Dolores López; el de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco; y la de Vivienda, que añade competencias sobre Juventud y Ordenación del Territorio, Rocío Díaz.

El consejero Jorge Paradela pierde el área económica, y será el consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación, asumiendo la política universitaria que antes gestionaba en una cartera aparte el fallecido José Carlos Gómez Villamandos. El área de Sostenibilidad y Medio Ambiente recae en Adolfina Martínez, que hasta ahora era secretaria general de esta consejería; y habrá una consejería exclusiva de Fomento y Movilidad, que dirigirá el que era viceconsejero de este área, Mario Muñoz-Atanet. Moreno ha creado una consejería nueva, que anunció en campaña electoral, para gestionar un área de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, y que pilotará José Antonio Nieto, hasta ahora responsable de Justicia.

“Mantener el tronco común”

“He optado por mantener el tronco común del Gobierno, tienen experiencia y la base es sólida. No he querido tocar lo que funciona”, ha defendido el presidente. Moreno ha aprovechado para volver a defender el acuerdo de Gobierno que firmó con Vox la semana pasada y ha asegurado que ninguna de las 150 medidas que aparecen en el documento le ha provocado “controversia”. “No existe nada en lo que haya una controversia con lo que hemos defendido en el PP en los últimos años”, ha subrayado.

“Gavira va a ser un socio fiable. Vox no puede imponerle su ideario al PP ni el PP a Vox. Estamos sujetos a un acuerdo, lo que está dentro es lo que nos ata, ¿fuera del acuerdo habrá diferencias? Sí, las habrá. Mi obligación es encapsular al Gobierno de la confrontación partidista y electoral, lo voy a intentar a pesar de dos procesos de alto voltaje como las generales y las municipales”, dice.

Moreno ha explicado por qué hace tantas referencias a la Constitución y al Estatuto de Autonomía al referirse a su acuerdo con Vox. “Porque hay declaraciones por parte de la oposición que hace hipérboles sobre este acuerdo. Ellos han dicho que hay incumplimientos e ilegalidades, y tanto en el preámbulo como en el texto se hace referencia a la Constitución y al Estatuto, como es obvio”, dice.

Preguntado por Antonio Repullo, su número dos en el PP andaluz, el presidente ha admitido que podría haber estado “perfectamente” en su gabinete, pero que ha optado por mantenerle en su puesto orgánico para abordar los dos procesos electorales previstos para el próximo año, las legislativas y las municipales de mayo de 2027.

Moreno ha adelantado que “se van a revisar todos los impuestos a la baja”, no sólo la eliminación de las tasas medioambientales que se ha comprometido a eliminar en el pacto con Vox.

Decreto de estructura, la letra pequeña

La composición del nuevo Gobierno andaluz, que tomará posesión este mismo viernes, era el primer test del acuerdo político suscrito entre PP y Vox la semana pasada. En ese documento sólo aparece el nombre de la consejería que ostenta Gavira, con rango de vicepresidencia, más lo que parecía una pista en boca del presidente al presentar el pacto: que serán las mismas competencias que en su día gestionó su primer socio de Gobierno, el líder de Ciudadanos y también vicepresidente, Juan Marín.

El decreto de estructura del nuevo Ejecutivo será la guía para saber si, en efecto, las competencias y el presupuesto que maneje el vicepresidente de Vox son las mismas que tuvo en sus manos Marín. Gavira se hace con políticas que hasta hoy estaban repartidas por tres consejerías distintas: Simplificación administrativa (“lo que ellos llaman Desregulación”, en palabras de Moreno) estaba en la cartera de Presidencia; Turismo; y Justicia y Administración Local.

El Gobierno andaluz que nombró Moreno en el arranque de la pasada legislatura no fue el mismo que terminó el mandato. El presidente cambió piezas en el camino, sustituyó a la consejera de Fomento y Vivienda, Marifrán Carazo, para enviarla de candidata a la Alcaldía de Granada en las municipales de 2023 [terminó ganándose la plaza], y quitó a la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, para postularla en las elecciones europeas de 2024.

En ese mitad de mandato, Moreno aprovechó para resetear a la mitad del gabinete para dar un nuevo impulso a la legislatura: cambió a las titulares de Salud y de Educación -sobre todo la primera, muy desgastada por las causas judiciales abiertas por los contratos a dedo con clínicas privadas-, pero las mantuvo dentro del gabinete, cambiándolas de cartera. La única salida fulminante que el presidente forzó fue precisamente el de la nueva consejera de Salud, Rocío Hernández, destituida junto a toda la cúpula de su departamento por el escándalo de los cribados de cáncer de mama, en noviembre de 2025.

La comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, gobernado en minoría por el PP, debatirá este viernes si concede la licencia de construcción a un centro cultural islámico, con una mezquita, junto al Polígono Sur, uno de los distritos más desfavorecidos de la capital andaluza, donde se ubican las Tres Mil Viviendas.

La propuesta, aunque se trata de una iniciativa privada en suelo privado, requiere los pertinentes permisos del Consistorio, y esto ha soliviantado sobre manera a Vox, socio del alcalde José Luis Sanz (PP) para la aprobación de sus Presupuestos y, desde hace una semana, socio también del futuro Gobierno andaluz de Juanma Moreno.

El grupo municipal de Vox cargó duramente contra los populares el martes, tras conocerse detalles del proyecto, pero ha sido el propio líder de la ultraderecha en Andalucía, Manuel Gavira, a la sazón, vicepresidente 'in pectore' de Moreno, quien ha tomado las riendas de la polémica, este miércoles para trasladarla personalmente al Parlamento andaluz.

El grupo municipal de Vox ha suspendido la convocatoria de prensa que tenía prevista para dejar a Gavira todo el protagonismo sobre este asunto. El futuro vicepresidente andaluz ha anunciado que harán lo posible por “paralizar” la construcción de la mezquita y, de paso, forzando un simil extraño entre esta iniciativa privada y la famosa “prioridad nacional”, el concepto antiinmigrante que aparece en el pacto PP-Vox. “Estamos en contra de la islamización de nuestros barrios y de esta prioridad musulmana”, ha dicho.

Gavira se ha llevado consigo al Parlamento un recorte del diario Abc, con el siguiente titular: La mezquita del Polígono Sur tendrá centro médico de 'prioridad musulmana', comedor e información para turistas. “Estoy esperando que todas esas personas que decían que Vox era racista, que lo digan ahora de esto. A todos esos que decían que la prioridad nacional era ilegal, que salgan ahora y digan algo de esto”, ha retado, durante la rueda de prensa.

El futuro vicepresidente andaluz ha aprovechado la polémica sobre la mezquita en Sevilla para defender, con más énfasis, algunos de los postulados xenófobos que aparecen en su acuerdo firmado por Juanma Moreno: la prioridad nacional, que plantea discriminar a los inmigrantes en el acceso a determinadas prestaciones sociales y a la vivienda protegida; pero también la eliminación de las clases de Lengua Árabe y Cultura Marroquí, que imparten 96 escuelas andaluzas para unos 2.000 alumnos.

“Esos defensores del Plan de Lengua Árabe y Cultura Marroquí, que sepan que aquí tienen un centro para dar lengua árabe y cultura marroquí, que no hace falta hacerlo en los centros públicos educativos de toda Andalucía”, ha remarcado Gavira, señalando la página del diario Abc. “Yo lo que quiero es que todos ustedes hoy se vayan con este concepto, prioridad musulmana, y todos los que decían que Vox era racista por lo de la prioridad nacional, que lo digan de esto”, ha insistido.

Un periodista le ha recordado que el concepto “prioridad musulmana” del titular era sólo “una licencia” de la periodista que firmaba esa noticia, y le ha preguntado por qué comparaba el proyecto de una entidad privada -como la mezquita de Sevilla- con la premisa de la “prioridad nacional” que afectará a los servicios públicos, una vez asumido por el futuro Gobierno de PP y Vox.

Gavira le ha afeado que trate de darle “lecciones lingüísticas” y ha insistido en subrayar que su grupo en el Ayuntamiento de Sevilla ha puesto el asunto en manos de los servicios jurídicos del partido para tratar de “paralizar” la construcción del centro cultural islámico. “Vamos a llevar todas las acciones judiciales, políticas y administrativas necesarias para que esto no pase”, dice.

El futuro consejero de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local ha comparado las mezquitas con los “centros de MENAS [menores extranjeros no acompañados]” que gestiona la Junta de Andalucía, y ha defendido que los políticos que permiten estos proyectos “no viven” cerca de ellos. El acuerdo de Gobierno firmado por Moreno y Gavira también incluye, literalmente, la frase: “No más MENAS”, junto a un “rechazo frontal” a que la Junta acoga a más niños extranjeros.

El centro cultural islámico de Sevilla, junto al Polígono Sur, tendrá una mezquita o sala de oración de 400 metros cuadrados y celosía andalusí en su revestimiento exterior. Este proyecto, de la Fundación Mezquita de Sevilla, está a la espera de la obtención de la correspondiente licencia, a la espera de que la comisión de Urbanismo se reúna el viernes para estudiar el expediente.

En cuanto a la mezquita en sí, que ocupará un 20% de la superficie total, estará en el interior del conjunto, “con forma de triángulo, al igual que el solar donde se asentará”, con una decoración inspirada en los paños de sebka de la Giralda, esto es, los paneles arquitectónicos con forma de red de rombos o celosía tan característicos del antiguo alminar, informa Europa Press.

Al hacerse público el proyecto, el grupo municipal de Vox difundió una nota de prensa cargando duramente contra sus socios del PP: “No sabemos si el Gobierno [municipal] del PP se ha rendido al hecho de que se instale con normalidad en Sevilla una cultura que denigra a la mujer; ayer ya lo vimos rindiendo homenaje al converso Blas Infante”, decía el portavoz municipal de esta formación, Gonzalo García de Polavieja.

Polavieja se estaba refiriendo al homenaje institucional al “padre de la patria andaluza” -como viene reconocido en el Estatuto de Autonomía-, celebrado el pasado lunes en el Parlamento, y al que asistió el presidente Moreno y todos los grupos de la Cámara, excepto Vox, que siempre ha dado plantón a estos actos.

Esta vez, su ausencia fue más llamativa, porque en cuestión de horas entrará a formar parte del Gobierno autonómico y Gavira será su vicepresidente, pero él mismo ha confirmado que seguirá ausentándose de estas efemérides porque, dice, “la Andalucía que queremos no es la que representa Blas Infante [al que siempre han tildado de ”islamista“, ”nacionalista“ y ”radical“] Queremos una Andalucía q sea más España”.

Otras mezquitas frustradas en Sevilla

El vicepresidente del patronato de la Fundación Mezquita de Sevilla, Jalid Nieto, ha explicado a Europa Press que la previsión es que las obras estén listas en un periodo máximo de tres años y que antes de que finalice este 2026 puedan comenzar los trabajos. “Se trata del punto de partida de un proyecto privado --recalca-- sobre suelo que no es municipal, a diferencia de lo que ocurrió en Los Bermejales, que dio problemas”.

En efecto, el primer intento de construir una mezquita fue en ese barrio periférico de Sevilla tras un acuerdo en 2004 con el Ayuntamiento, siendo alcalde el socialista Alfredo Sánchez Monteseirín, que cedió una parcela junto a la ronda SE-30. Sin embargo, el proyecto contó con un rechazo vecinal durísimo e incluso hubo una sentencia al respecto por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Con posterioridad, parcelas de Santa Bárbara y Pino Montano fueron también opciones que estuvieron sobre la mesa.

Jalid insiste en la idea de ese carácter privado y en el hecho de que “se ajusta a la ley”. En cuanto a la mezquita, tendrá una capacidad para 400 o 500 personas, por lo que resta importancia al tamaño, dado que se trata de un proyecto “mucho más amplio y existen salas de oración similares en naves o bajos de edificios, parecido al complejo de la M-30 de Madrid, que también contiene salas de exposiciones, de reuniones y una escuela infantil”, por lo que prefiere referirse al proyecto como centro cultural islámico y no reducirlo todo a la mezquita.

La propia fundación ha sido quien ha adquirido el terreno, desechada la vía de la cesión municipal, y para hacer realidad la iniciativa cuenta con diferentes fuentes de inversión, totalmente privadas, según adelantó Abc, de modo que se garantizan que no haya trabas burocráticas y que el complejo, que tiene una altura de dos plantas --salvo la sala de oración, que tiene solo una-- pueda estar levantado en un corto espacio de tiempo en el terreno situado entre las calles Poeta Manuel Benítez Carrasco y Ronda Nuestra Señora de la Oliva, próximo al Parque Celestino Mutis.

El vicepresidente de la Fundación Mezquita de Sevilla valora, además, este emplazamiento y la posibilidad de colaborar de un modo u otro con una zona vulnerable de la ciudad, al tiempo que señala que para atraer una nueva fuente de riqueza a Sevilla, debe contener un centro de negocios e inversiones y una oficina de turismo “que pongan en relación los valores de la ciudad con todas las tierras tradicionales del Islam”.

El objetivo principal del futuro centro cultural islámico es servir como un “vibrante centro comunitario y un referente cultural islámico que satisfaga las necesidades espirituales, sociales y educativas de la comunidad musulmana sevillana”, ofreciendo un espacio para el culto, la enseñanza, el aprendizaje y la interacción intercultural. A la vez, busca “enriquecer la vida cultural de la ciudad y fomentar la convivencia armoniosa”, contribuyendo al desarrollo social y económico sostenible de Sevilla y “proyectando una imagen positiva del Islam”, como recoge dicho documento.

El presupuesto, estimado según el método simplificado del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla (COAS), supera los diez millones de euros y cubre terreno, construcción, equipamiento y operación. En concreto, la adquisición del terreno, el coste total de la construcción, los costes técnicos, licencias municipales e impuestos, que supone una partida presupuestaria de 10.868.491 euros.

La Fundación Mezquita se creó en 2004 como herramienta legal, de representación de los musulmanes de Sevilla y para la construcción y mantenimiento del centro cultural y mezquita de la ciudad. En la actualidad cuenta con un centro que sirve como 'musal-lah' (lugar de oración) y centro comunitario, un espacio, abierto y activo desde 2002 situado en la Plaza Ponce de León.

La Oficina Andaluza Antifraude (OAAF) está investigando al jefe de prensa nacional de Vox, el periodista Álvaro Zancajo, por compaginar este trabajo con su puesto en el Consejo de Administración de la Radio Televisión Pública de Andalucía (RTVA).

El órgano de fiscalización, adscrito al Parlamento andaluz, admitió a trámite la denuncia registrada por el grupo Adelante Andalucía, que acusó a Zancajo de cobrar un sueldo público de unos 60.000 euros al año mientras trabajaba para la formación ultraderechista y acompañaba a Santiago Abascal en su atención a medios por toda España.

La notificación de la admisión a trámite, a la que ha tenido acceso este periódico, es del pasado 23 de abril (antes de las elecciones andaluzas), y está firmada por el director de la OAAF, Francisco de Paula Sánchez Zamorano. Durante la campaña electoral, el candidato y portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ya acusó a Zancajo de “no dedicar ni un minuto de su tiempo a ese consejo, sino que trabaja para Vox, lo cual es ilegal”, y exigió su cese en el ente público. También amagó con elevar su denuncia ante la Fiscalía si la Oficina Andaluza Antifraude “no actúa”, denunciando una “presunta financiación ilegal” de Vox.

En la denuncia, la formación andalucista señaló que la labor de Álvaro Zancajo con el partido “incumple” la ley 18/2007 de la RTVA y el reglamento de incompatibilidades del propio Consejo. Zancajo fue nombrado miembro del Consejo de RTVA en 2022, y dos años después, en 2024, empezó a desempeñar su trabajo como coordinador nacional de comunicación de Vox.

El artículo 11.3 del Reglamento del Consejo de Administración de la RTVA prescribe que “el ejercicio del cargo deberá desarrollarse en régimen de dedicación absoluta y exclusiva, siendo incompatible con cualquier otro cargo, profesión o actividad públicos o privados, incluidos la docencia y los cargos electivos de representación popular en colegios, cámaras o entidades que tengan atribuidas funciones públicas”.

El reglamento también aclara que un consejero “tiene un deber activo de adecuación de su situación profesional y de evitación de acumulación de actividades incompatibles”. La incompatibilidad de su labor como consejero de la RTVA y jefe de prensa de Vox, denuncia Adelante Andalucía, “puede comprometer la apariencia de independencia del órgano y la confianza de la ciudadanía en la integridad del ente público”.

El escrito de la formación andalucista pedía “actuaciones de comprobación e investigación oportunas para esclarecer si, en el período comprendido desde su nombramiento de consejero hasta la actualidad, concurre una situación de incompatibilidad, conflicto de intereses o incumplimiento del deber de dedicación absoluta y exclusiva al consejo”.

Este miércoles, García ha hecho pública la apertura de investigación por parte de la Oficina Antifraude y ha afeado a Vox que empezase prometiendo que “iban a cerrar Canal Sur” y han acabado “llevándoselo calentito y pidiendo más paguitas” de Canal Sur. El grupo ultraderechista ha tenido a Zancajo como miembro del Consejo de Administración de la RTVA durante la pasada legislatura, aunque el periodista ha estado acompañando a Abascal en las campañas electorales de Extremadura, Aragón y Castilla y León.

El portavoz nacional de Vox confirmó hace unos días que existe un acuerdo paralelo entre el PP de Juan Manuel Moreno y la ultraderecha, al margen del pacto suscrito y anunciado para formar Gobierno en Andalucía. En ese segundo acuerdo estarían pactando una mayor presencia de Vox en los órganos de extracción parlamentaria, singularmente en el Consejo de la RTVA. El portavoz andaluz de la extrema derecha y futuro vicepresidente de la Junta, Manuel Gavira, no ha querido confirmar las palabras del dirigente nacional y ha apelado a la “discreción” de las negociaciones con el PP de Moreno, sin descartar que exista ese “acuerdo oculto”, como lo ha llamado.

Álvaro Zancajo, periodista vinculado a los informativos de Antena 3, fue director del Canal 24 Horas de TVE hasta la llegada al Gobierno de Pedro Sánchez y el nombramiento de Rosa María Mateo al frente del ente público. Mateo destituyó a Zancajo y este denunció a RTVE en los tribunales. En primera instancia, la cadena pública fue condenada a indemnizarle con 25.000 euros, pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anularía el fallo más tarde, dando la razón a la dirección de RTVE.

En 2020, el primer Gobierno de Juanma Moreno, en coalición con Ciudadanos y apoyado desde fuera por Vox, nombró a Zancajo jefe de informativos de Canal Sur, aunque no pertenecía al ente público. Antes de un año, el 28 de diciembre de 2020, fue destituido por el director general de la RTVA, Juan de Dios Mellado.

La Inspección de Trabajo ha abierto un expediente a la productora Andalucía Digital Multimedia (ADM), copropiedad del Gobierno de Juanma Moreno y principal proveedor de Canal Sur, por irregularidades en la elaboración de su Plan de Igualdad, aprobado un mes antes de la denuncia contra su CEO, Gustavo Fuentes, por agresión y acoso sexual a una reportera, confirman a elDiario.es fuentes del Ministerio que dirige Yolanda Díaz.

La Inspección investiga “la legitimidad para negociar el Plan de Igualdad del delegado sindical” de la productora que firmó y avaló el documento ante el Ministerio de Trabajo, en diciembre de 2025, a pesar de llevar más de cuatro años en excedencia, como adelantó este periódico. Los inspectores notifican a la compañía el motivo que justifica el acta de infracción y dan un plazo para corregirlo o presentar alegaciones.

Desde 2022, todas las empresas con más de 50 trabajadores [ADM tiene 258] están obligadas a elaborar un Plan de Igualdad que preserve la equidad laboral y salarial entre hombres y mujeres de la plantilla, la promoción femenina en puestos directivos y la prevención del acoso sexual en el trabajo. También están obligadas a registrar dicho Plan en la plataforma digital del Ministerio de Trabajo (REGCON).

Las irregularidades en el diseño y desarrollo del Plan de Igualdad, al tratarse de un imperativo legal para las empresas, conllevan sanciones de hasta 225.000 euros por parte de la Inspección de Trabajo, además de la pérdida de bonificaciones y ayudas públicas y la prohibición absoluta para contratar o licitar con las Administraciones Públicas. Sin los contratos de Canal Sur, “la facturación de ADM se vería muy resentida y la viabilidad de la empresa estaría seriamente comprometida”, admitieron a este periódico fuentes próximas al Consejo de Administración de ADM.

La principal productora de Canal Sur, referente en el sector audiovisual andaluz, registró este documento el 18 de diciembre de 2025, pocos días antes de que su director general fuera denunciado (y posteriormente imputado) por un Tribunal de Violencia de Género acusado de delitos sexuales contra una trabajadora.

La imputación de Gustavo Fuentes, revelada por este periódico, derivó en su cese como CEO de la compañía y como presidente del Clúster Audiovisual de Andalucía, un grupo de empresas con participación y financiación de la Junta, fruto de la estrategia digital impulsada por el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, persona de su estrecha confianza.

Gustavo Fuentes es quien redactó el “compromiso expreso de impulsar la redacción e implementación” del II Plan de Igualdad de ADM, “junto a la Comisión Negociadora que cuenta con la representación legal de los trabajadores”. La Inspección de Trabajo investiga ahora la validez legal de ese documento, después de que este periódico revelara que el delegado sindical que firmó el Plan, en diciembre de 2025, no había negociado ni participado en la elaboración del mismo, porque llevaba más de cuatro años en excedencia y trabajando para la Universidad de Cádiz (UCA).

“Habrán dicho: que lo firme Paco y nos quitamos el marrón de que tenga la firma de un delegado sindical, pero yo dudo que mi firma, estando en excedencia, tenga algún valor. Ya han pasado, ¿cuántos años? ¿Seis?”, confesó el antiguo delegado sindical de ADM, Francisco de Asís Miguélez, a un excompañero de la empresa, en una conversación grabada, difundida por elDiario.es.

Entre la documentación que pueden requerir los inspectores del Ministerio a la productora estarían las actas de esa Comisión Negociadora para corroborar si el Plan de Igualdad se sometió a una “negociación colectiva previa”, como exige la ley.

Miguélez también aventuró que si la productora amagaba con despedir a alguien por acoso sexual, haciendo uso del II Plan de Igualdad (con el Plan Antiacoso) que le hicieron firmar, cualquier juez podría tumbar ese despido puesto que el documento carecía de “validez legal”, al no haber sido fruto de la negociación colectiva. “Cualquiera que tenga un caso de estos y le quieran meter algo de [Plan de] Igualdad para despedirlo, con que diga que yo no he estado en la empresa estos años... Y a mí el juez me va a preguntar: ¿tú estabas ahí? Y yo le digo: No, yo estoy en la UCA, aquí está mi contrato con la UCA”, explicó.

Ese supuesto que planteó entonces el delegado sindical no tardaría en producirse. Un mes después de la firma y del registro del II Plan de Igualdad de ADM, quien fue denunciado por acoso sexual en los tribunales -y no a través de los mecanismos internos de la empresa- fue el propio director general de la compañía, que había impulsado la renovación del Plan de Igualdad, dejando en manos de su número dos, Óscar González-Barba, la “recepción de las denuncias” por acoso.

Gustavo Fuentes explicó a este periódico que fue él mismo quien activó el Protocolo Antiacoso para que abriera una investigación interna, después de recibir la citación judicial como imputado por delitos de agresión y acoso sexual a una reportera. Esa investigación interna recayó en manos del Compliance [director legal] de la productora, una figura nueva que también introdujo el II Plan de Igualdad. Un puesto para el que fue nombrado José Antonio Jiménez de León.

Jiménez de León elaboró “un informe independiente recabando testigos para comprobar la veracidad” de la denuncia contra él, pero sólo tomó declaración al denunciado, ni a la víctima -“porque ya había elegido la vía judicial ajena a la empresa”- ni a ninguno de los compañeros de trabajo que fueron testigos de los hechos denunciados, según el relato del exCEO. Tras el despido de Fuentes, la dirección “provisional” de la compañía reunió a la plantilla y anunció la reapertura de dicha investigación, admitiendo que se había “cerrado en falso”.

“Claramente irregular”

El Plan de Igualdad de una empresa es un requisito obligatorio para poder contratar con las administraciones públicas. La Inspección de Trabajo debe determinar ahora si el documento que les presentó la productora de Canal Sur fue fruto de “un proceso de diálogo social entre la empresa y la representación legal de los trabajadores, a través de la constitución de una Comisión Negociadora”, como establece el Real Decreto 901/2020, que regula los planes de igualdad. “Los planes de igualdad, incluidos los diagnósticos previos, deberán ser objeto de negociación con la representación legal de las personas trabajadoras”, reza la ley.

Las fuentes jurídicas consultadas coinciden en que “una persona sin relación laboral con una empresa no puede ejercer la representación legal de los trabajadores”, salvo que un sindicato le haya designado expresamente (que no es el caso). Miguélez se había presentado como delegado sindical por parte de UGT en las últimas elecciones internas de la productora, celebradas hace 11 años (2015). Tanto UGT como CCOO sostienen que su firma en el Plan de Igualdad de ADM, “estando en excedencia voluntaria, sin empleo ni sueldo, era claramente irregular”.

Tras la publicación de elDiario.es, la semana pasada, el antiguo delegado sindical remitió un escrito a la dirección de ADM notificando su “renuncia a la excedencia voluntaria” que disfrutaba desde hacía casi un lustro, y pidiéndoles que informasen oficialmente a la Seguridad Social de la “extinción de manera definitiva de cualquier vínculo laboral” con la productora.

El II Plan de Igualdad de ADM, con un periodo de vigencia desde el 2 de diciembre de 2025 al 1 de diciembre de 2029, cita a los dos responsables de la Comisión Negociadora mixta -empresa y plantilla- en cumplimiento de lo dispuesto en la ley: “Por parte de la empresa, María Elena Anguita, actual número dos del director de Recursos Humanos, Óscar González-Barba (muy próximo a Gustavo Fuentes); y por parte de la representación legal de los trabajadores, Francisco de Asís Miguélez Martínez, operador de cámara”, que en ese momento ya llevaba más de cuatro años fuera de la compañía.

El directivo de la productora que contactó con Miguélez para que firmar el II Plan de Igualdad fue José Ramón García-Japón, subdirector general de ADM, según confirmó él mismo a este periódico. García-Japón admite que el antiguo delegado sindical estaba “en excedencia, con un acuerdo con la empresa sin empleo ni sueldo, pero sigue cubriendo la representación de los trabajadores”. “Nuestros asesores legales dieron el visto bueno, nos han dicho que sí se puede hacer”, aseguró.

elDiario.es ha preguntado a la nueva dirección de la compañía, pilotada ahora por el número dos de Gustavo Fuentes, Óscar González-Barba, si maneja algún informe jurídico que avale la firma en el Plan de Igualdad de un delegado sindical que lleva casi cinco años de excedencia, pero no ha obtenido respuesta.

La dirección de la productora mantiene que “los firmantes” del II Plan de Igualdad fueron “los representantes legales de los trabajadores ante la autoridad laboral”, y que el Ministerio de Trabajo “autorizó la inscripción” en su plataforma, “por lo que reconoció que es totalmente legal”. El Ministerio que gestiona Yolanda Díaz alberga la plataforma de registro, es decir, da el soporte pero es cada autoridad laboral, en este caso la de la Junta de Andalucía por el ámbito de actividad de la empresa, la encargada de resolver si el registro es procedente o no.

La Consejería de Empleo del Gobierno andaluz es la autoridad laboral competente para investigar y sancionar las posibles irregularidades en el II Plan de Igualdad de la productora de Canal Sur. Fuentes de este departamento aseguran que sus técnicos “no tenían manera de saber si ADM nos ha colado un Plan de Igualdad falsificado en el registro”.

“Nuestros técnicos verifican que el nombre del representante de los trabajadores que firma el Plan es el mismo que salió elegido en las últimas elecciones sindicales, que en ADM fueron hace 11 años, y ese dato coincidía. Luego, si esa persona está en excedencia o ya no trabaja allí, nosotros no podemos saberlo porque no tenemos acceso a sus datos de la Seguridad Social”, explican desde la consejería.

Diversos sindicatos se están poniendo en contacto estos días con los trabajadores de la productora para impulsar nuevas elecciones sindicales. ADM, con 258 empleados y dos centros de trabajo (uno en Sevilla y otro en Málaga), carece de comité de empresa ni de secciones sindicales. El único delegado de personal que queda, tras la renuncia de Miguélez, es David Pérez, que se presentó a unas elecciones internas en la sede de Málaga en 2017, pero también es directivo de la compañía. Sus compañeros le identifican como “un hombre de la dirección”.

“Estoy absolutamente orgullosos de Juanma Moreno, de su resultado y de su tercer mandato como presidente”. Así despejó este lunes Alberto Núñez Feijóo las preguntas sobre el pacto con Vox que ha permitido a su partido retener la Junta de Andalucía. Un “orgullo” que hace extensivo al resto de barones autonómicos que han revalidado este año sus gobiernos, pero insuficiente para que el líder del PP lo ratifique con su presencia en las tomas de posesión de sus presidentes.

Feijóo no ha asistido a ninguna de las cuatro ceremonias de toma de posesión de los presidentes del PP de este 2026. No estuvo en abril a las de María Guardiola y Jorge Azcón en Extremadura y Aragón, respectivamente. Tampoco en junio en la de Alfonso Fernández-Mañueco en Castilla y León. Ni este pasado domingo a la de Moreno en Andalucía, donde el presidente andaluz reconoció que “los acuerdos no gustan al 100% ni a las partes que lo firman”.

La explicación de su ausencia la dio el propio Feijóo en la misma entrevista en Antena 3 en la que mostró su “orgullo” por los acuerdos con Vox. “No tiene ningún sentido que vaya a Andalucía, y no hay absolutamente nada más”, espetó a la presentadora, después de apuntar que no ha “ido a ninguna toma de posesión de ningún presidente autonómico”.

Feijóo se refiere solo a las cuatro de 2026, porque sí ha asistido como jefe del PP al menos a dos tomas de posesión de presidentes autonómicos. En 2022 acudió a Andalucía a la de Juan Manuel Moreno, al mismo al que ha plantado ahora. Ya en 2023, Feijóo podía haber elegido más de media docena de barones a los que respaldar con su presencia. Optó por Isabel Díaz Ayuso. Y en 2024 refrendó a su sucesor al frente de la Xunta, Alfonso Rueda.

Desde el equipo de Feijóo explican a elDiario.es que, como no ha ido “a ninguna de las últimas” —de este 2026—, el líder del PP no podía “ir tampoco a la de Andalucía”. Según explicó Feijóo en Antena 3, la que marcó la tendencia fue la toma de posesión de Guardiola porque “tocó un día de semana” que el líder del PP “no podía ir”.

Efectivamente, Guardiola tomó posesión como presidenta de Extremadura para un segundo mandato el 30 de abril. Era entre semana, un viernes. Ese día, Feijóo no tuvo agenda pública, según la documentación remitida entonces por el PP, lo que no es óbice para que pudiera tener agenda privada. Tampoco la tuvo el sábado ni el domingo.

Al acto en Mérida acudió el secretario general, Miguel Tellado, quien había teledirigido las conversaciones entre el PP y Vox para investir a la presidenta extremeña. Fue el pacto más complicado de alcanzar porque sentó las bases de los siguientes al incluir por primera vez la “prioridad nacional”. Guardiola ha sido la única que ha necesitado una segunda sesión de investidura para recibir el apoyo de Vox.

Tellado también asistió a la toma de posesión de Jorge Azcón. A Zaragoza le acompañó su predecesora en el cargo y actual vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra. Fue un 30 de abril, jueves, a las cinco de la tarde. Ese día había sesión plenaria en el Congreso que incluía votaciones, recuerdan desde el equipo de Feijóo para explicar su ausencia. Aquella jornada concluyó antes de la una de la tarde después del debate de dos decretos y las votaciones pendientes.

La tercera de las tomas de posesión fue la de Mañueco, el 11 de junio. Otro jueves, motivo aducido por el equipo de Feijóo para señalar también la ausencia no solo de Feijóo, sino por ejemplo de Tellado. Aquel día acompañaron al presidente de Castilla y León la vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, y la portavoz en el Senado, la abulense Alicia García. El acto de toma de posesión estaba convocado al mediodía. El pleno de aquel jueves, con votaciones, fue más largo y concluyó pasadas las dos de la tarde.

Moreno pierde autonomía

Este domingo, tal y como justificó Feijóo, optaron por enviar al acto de Moreno a “dos miembros del Comité de Dirección”, Elías Bendodo y Juan Bravo. Ambos son exconsejeros del primer Gobierno de Moreno, y abandonaron sus responsabilidades de gestión en 2022 para integrar el equipo de Feijóo en Madrid. Bendodo como coordinador general, primero, y ahora degradado a vicesecretario de Política Autonómica. Bravo es vicesecretario de Hacienda y Vivienda, después de haber perdido Economía en favor de Alberto Nadal.

Las fuentes del PP consultadas explican que Feijóo sí asistió en 2022 a la investidura de Moreno por su mayoría absoluta “en el territorio más poblado” y justo después de su aterrizaje en Madrid. “Tienen un significado”, apuntan desde Génova.

Lo mismo ocurre con las de Madrid en 2023: “La mayoría absoluta de Isabel en la comunidad autónoma en la que Feijóo vive tiene un significado”. En cuanto a la de Rueda en 2024, la explicación es la misma: “La mayoría absoluta en la Galicia pos-Feijóo tiene un significado”.

En resumen, el líder del PP solo ha ido a tres investiduras desde que llegó a Madrid, y las tres con mayoría absoluta de sus respectivos barones.

Con todo, su ausencia este domingo en el Palacio de San Telmo ha provocado marejada interna en el partido. Aunque oficialmente asumen la explicación de Génova y apuntan a cuestiones de agenda, fuentes de la dirección del PP andaluz sostienen que la relación entre la dirección nacional y la andaluza no pasan por su mejor momento.

El problema no es tanto entre Feijóo y Moreno, de cuya amistad recíproca han presumido ambos de forma habitual desde 2022. Las fuentes consultadas sostienen que esa relación personal se mantiene. Son los equipos los que tienen visiones diferentes e intereses a veces contrapuestos.

Es el caso de la “prioridad nacional”. Es público y notorio que Moreno no quería ni oír hablar de lo que él mismo llamó “eslogan vacío” y tildó de “ilegal” o “irrealizable”, aunque ahora desde la Junta se sostiene que desde el primer momento fueron conscientes de que no iban a tener más remedio que firmar lo mismo que habían firmado antes Guardiola, Azcón y Mañueco.

La pérdida de la mayoría absoluta ha supuesto también que Moreno deje de ser intocable. Desde su entorno apuntan que una parte del partido le “tenía ganas” por desmarcarse de los demás barones y dirigentes en asuntos centrales y presumir de una “vía andaluza” que ahora se ha teñido de verde Vox.

El PP andaluz asume el coste para la marca de Moreno, que tendrá ahora que limitar el alcance de la entrada de Vox en el Gobierno si quiere mantener la imagen que se ha forjado desde 2019, cuando logró arrebatar la Junta al PSOE tras perder los comicios y, también entonces, con ayuda de la ultraderecha.

El objetivo fundamental en este momento es garantizar la llegada de Feijóo a la Moncloa. Y, para eso, todos deben ir a una. Feijóo, quien asumió la dirección del PP aupado por los barones, presumió durante toda su carrera de su independencia de Madrid y abogó por dejar a sus líderes autonómicos hacer, exige ahora unanimidad interna ante el gran reto de su mandato: ser presidente del Gobierno a la segunda.

Ausencia de ministros

Desde el PP replican que “es más llamativo” que ningún ministro haya asistido a ninguna de las cuatro tomas de posesión de presidentes del PP que se han celebrado este año, incluida la de Moreno, y piden “comparar cuántos fueron” a la de Salvador Illa como presidente de la Generalitat catalana.

Aquel acto se celebró en agosto de 2024 y, efectivamente, acudieron cinco ministros: la entonces vicepresidenta primera, María Jesús Montero; el de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños; el de Industria y Turismo, Jordi Hereu; el de Cultura, Ernest Urtasun; y la de Ciencia, Diana Morant.

Desde el Gobierno aseguran a elDiario.es que “no hay un protocolo” que determina quién debe o no acudir en representación del Ejecutivo central a las tomas de posesión de otras instituciones, y sostienen que “muchas veces, se acude o no, con mayor o menor representación ministerial, en función del ‘feeling’, del cariño y de la amistad” que existe entre las personas “más allá de los cargos”.

En el caso de Moreno, las fuentes oficiales consultadas explican que la invitación de la Junta de Andalucía llegó “al correo del Ministerio de Política Territorial sin mayor cariño ni nada parecido”, y que se decidió “delegar en la secretaria de Estado, Myriam Álvarez”. Ocurrió lo mismo, recuerdan, en Castilla y León. “En otros casos”, apuntan las mismas fuentes, “se ha delegado en un director general”.

“Puede parecer poco profesionalizado”, aducen desde el Gobierno, y añaden: “Pero si viviéramos en un mundo que ya no existe, el presidente autonómico lo normal es que llame e invite” personalmente a ministros o altos cargos con los que tiene afinidad.

“Pero las relaciones no son esas ya”, explican desde el Ejecutivo. No hay más que recordar uno de los casos más llamativos recientes, cuando Isabel Díaz Ayuso prohibió la presencia del ministro de la Presidencia y de Justicia, Félix Bolaños, en los actos oficiales del 2 de mayo. Fue en 2023, en las vísperas de las elecciones autonómicas de finales de ese mismo mes. Ayuso justificó su decisión con una batería de falsedades y se erigió en poder absoluto en la región para justificar el veto: “¿Dónde queda mi voluntad como presidenta?”.

El homenaje oficial del Parlamento de Andalucía por el fusilamiento de Blas Infante -en agosto se cumplirá 90 años- se ha saltado el protocolo y el armisticio institucional que suele destilar esta efeméride, y ha mutado en un cruce de acusaciones toscas entre los portavoces de los tres grupos de izquierdas -PSOE, Adelante Andalucía y Por Andalucía- y el portavoz del PP, ante la mirada impávida del presidente de la Junta.

Juanma Moreno juró el cargo el domingo en el Palacio de San Telmo, y este lunes acudió al homenaje al “padre de la patria andaluza” -reconocido así en el Estatuto de Autonomía-, su primer acto oficial como presidente tras las elecciones del 17 de mayo. También era el primero bajo el signo del acuerdo de Gobierno firmado con Vox, que recoge, entre las 150 medidas, la derogación de la Ley andaluza de Memoria Histórica, cuya razón de ser es, entre otras cosas, la búsqueda y exhumación de las fosas de los fusilados por el franquismo, todavía con casi 50.000 desaparecidos, entre ellos el cadáver del propio Blas Infante.

De todas las medidas que el PP de Moreno ha pactado con Vox para ser investido presidente, ésta es la que más ha violentado el acto institucional de hoy, más parecido a una confrontación política que a la habitual sesión protocolaria de estos homenajes veraniegos.

Los discursos de los portavoces de izquierdas -incluso el del presidente del patronato de la Fundación Blas Infante, Javier Delmás Infante- estaban trufados de dardos a la polémica “prioridad nacional” de Vox, el término antiinmigrante asimilado ya por el PP. “Blas Infante rechazó cualquier forma de racismo, superioridad o rechazo al diferente”, dijo Delmás Infante, heredero del político, que también hizo mención a la “crisis climática”, otro de los frentes negacionista de la extrema derecha.

Incluso el plantón del grupo parlamentario Vox -que jamás ha acudido a este acto, porque rechaza el Estado de las Autonomías y se ha mofado en el pasado de la figura de Blas Infante- parecía una mayor afrenta hoy al Parlamento andaluz, por ser el primero desde que son socios del Gobierno autonómico.

Las izquierdas vienen denunciando el “desmantelamiento” de la Ley andaluza de Memoria Histórica desde 2019, cuando Moreno es investido presidente, por primera vez, con los votos de PP, Ciudadanos y Vox. Entonces ya pactó con la ultraderecha la derogación de dicha ley, que fue aprobada en 2017 sin ningún voto en contra (los populares se abstuvieron), pero este punto del acuerdo no llegó a ejecutarse ni en aquella primera legislatura, ni en la segunda, ya con mayoría absoluta.

Moreno se comprometió a derogarla para sustituirla por una Ley de Concordia -igual que ha vuelto a hacer con el acuerdo firmado la semana pasada- pero siempre que se alcanzase un consenso mayor que el que tuvo aquella Ley de Memoria. Vox siempre le acusó de haber incumplido aquel punto del pacto, de hecho, llegó a presentar hasta tres iniciativas legislativas para tumbar la citada ley y sustituirla por una “de concordia”, aunque una de ellas era una ley con un único artículo derogatorio. El PP les rechazó todas.

Ahora vuelve a suscribir aquel compromiso, esta vez con los de Santiago Abascal dentro del Consejo de Gobierno, y con el precedente de otras comunidades donde gobiernan juntos PP y Vox, que ya han derogado las políticas memorialistas (Islas Baleares). El Ejecutivo de Pedro Sánchez, a través de su secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, ya adelantó la semana pasada a preguntas de elDiario.es que si la Junta de Andalucía acaba con la ley autonómica, lo recurrirán al Tribunal Constitucional, como ya hicieron contra el Gobierno balear.

El homenaje a Blas Infante, celebrado en el patio del Parlamento andaluz junto al busto del “padre de la patria andaluza”, ha servido para que cada partido reinterprete las palabras del líder andalucista, fusilado por los franquistas en agosto de 1936, bajo el prisma de la actualidad política andaluza.

María Jesús Montero, secretaria general del PSOE andaluz, ha denunciado la “paradoja y enorme contradicción” de escuchar a Moreno defender el legado de Blas Infante, a la par que “desmonta” la Ley de Memoria, y “se abre la puerta a quien ridiculiza a Blas Infante y a quien nunca ha creído en el autogobierno andaluz”. “No puede quedarse con la bandera blanca y verde y renunciar a su contenido”, le ha espetado al dirigente popular.

En el mismo sentido se han expresado los portavoces de Adelante Andalucía y de Por Andalucía, aunque el más beligerante, el que ha subrayado que “tenía que saltarse el protocolo”, ha sido el portavoz andalucista, José Ignacio García, que ha acusado a Moreno de manosear los símbolos del andalucismo, desde la bandera blanca y verde hasta la figura de Blas Infante, a la par que pacta el nuevo Gobierno andaluz con la ultraderecha. “Fue asesinado por los padres políticos de los que estos días entran en el Gobierno andaluz”, ha dicho.

García también ha recordado que uno de los objetivos de la Ley andaluza de Memoria, que Moreno se ha comprometido a derogar, es precisamente “permitir encontrar el cuerpo de Blas Infante”, arrojado a una fosa común tras ser fusilado. Rosa María Rodríguez Ruz, diputada de la coalición Por Andalucía, se ha expresado en el mismo sentido: “Hay 50.000 personas desaparecidas en Andalucía y una de ellas es Blas Infante. Nos negamos a que el padre de la patria andaluza sea sólo una estatua”, ha afirmado.

En su turno, el portavoz del PP en el Parlamento, Toni Martín, ha devuelto la bronca a los portavoces populares, en especial a Montero, a la que ha acusado, en su rol de exministra de Hacienda, de haber “convertido a Andalucía en una tierra de segunda división”. “Este debía ser un acto de unidad en torno al legado de Blas Infante, y aquí se ha hecho utilización política, sólo he oído soflamas”, ha dicho, tras afear a la líder socialista de “radicalidad absoluta” y de haber incumplido con el legado andalucista durante los casi 40 años que gobernaron esta tierra.

Martín también ha afeado a Adelante Andalucía y a Por Andalucía que hoy reinterpreten la figura de Blas Infante como una suerte de “guerrillero, una especie de Che Guevara andaluz”, y que hayan “ensucidado” la bandera andaluza “colocándole sus símbolos”, en referencia a la estrella roja de cinco puntas.

El presidente del Parlamento andaluz, el popular Jesús Aguirre, ha hecho un llamamiento a la concordia y al entendimiento, tras haber escuchado a los partidos atizándose en plena conmemoración. Moreno ha cerrado el acto, una vez más, reivindicando la “vía andaluza del diálogo, la concordia y el entendimiento”, esa filosofía política en defensa de la moderación, que hoy todos le cuestionan tras haber asumido los postulados más radicales de la ultraderecha y meterles en el futuro Gobierno.

Moreno ha hecho un alegato en defensa de la “diversidad y la pluralidad”, de “aquellos que no piensan como tú”, pero ha vuelto a soliviantar a las izquierdas al denunciar el “vil asesinato de Blas Infante por ser demasiado humano”. Blas Infante fue fusilado por las tropas fascistas el 11 de agosto de 1936 en el kilómetro número 4 de la carretera de Carmona (Sevilla), donde cada año también se le rinde homenaje (el acto oficial se adelantó al día de su nacimiento, 5 de julio, para evitar el fuerte calor estival).

La sentencia de muerte del precursor de la autonomía andaluza fue dictada por el Gobierno de Franco cuatro años después, en 1940, pero no fue fusilado por ser “demasiado humano”, como dice Moreno, sino tras ser declarado culpable “de un caso de responsabilidad política de carácter grave”, por ser “propagandista para la constitución de un partido andalucista”, condenando también a su viuda a pagar 2.000 pesetas.

Esa condena a muerte dictada por un tribunal militar bajo la Dictadura fascista fue anulada por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero en virtud de la Ley de Memoria Histórica, de 2007, que declaró “ilegítimas las condenas y sanciones dictadas por motivos políticos, ideológicos o de creencia por cualesquiera tribunales u órganos penales o administrativos durante la dictadura(...)”.

“¿Pero qué tontería es esta?”, se ha preguntado el portavoz de Adelante Andalucía, tras escuchar las palabras de Juanma Moreno. “Lo mataron por ser de izquierdas, por ser andalucista y por ser republicano”, le ha respondido luego García, en declaración ante los medios.

“¿Qué hacemos hablando de él si no somos capaces de mantener la unidad?”, se ha lamentado Moreno en la parte final de su discurso. El presidente andaluz prevé formar gobierno este jueves o viernes, nombrando a sus 13 consejeros -12 del PP y uno de Vox. Manuel Gavira, portavoz andaluz de la ultraderecha, tendrá la cartera de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local, con rango de vicepresidencia, y habrá otras dos vicepresidencias más.