Andalucía vuelve a las urnas seis meses después de votar mayoritariamente al PP de Juanma Moreno en las autonómicas del 17 de mayo, que alumbraron el primer Gobierno de coalición PP-Vox. La comunidad más poblada de España, con 6,8 millones de habitantes, es la que más diputados aporta al Congreso (61). Sus votos, junto a los de Catalunya, siempre han sido decisivos para decantar al inquilino de la Moncloa.

Ningún dirigente extrapola el resultado de las andaluzas a las generales del próximo 29 de noviembre (29N), porque las dinámicas de votación son distintas. Pero venimos de unas andaluzas atípicas, disfrazadas de legislativas, en las que Pedro Sánchez se volcó personalmente en la campaña de María Jesús Montero y -admiten en el PSOE- fue el responsable de que los socialistas aguantaran el golpe y sumaran votos en unas autonómicas por primera vez desde 2018 (59.000 más), cuando perdieron el Gobierno andaluz después de 37 años en el poder.

“Vamos a la revancha de las andaluzas”; “Vamos a unas generales bis”, musitan voces de todos los partidos en liza, sin apenas tiempo para descansar desde la última campaña electoral. “El 29N son son unas elecciones constituyentes”. “Para el PP, las andaluzas fueron un plebiscito contra Pedro Sánchez y ganamos”, dice un dirigente del PP-A con un pie en Madrid.

Pero el presidente de la Junta se tienta la ropa. Este lunes, durante un foro en el Diario Sur de Málaga, ha pedido a su partido que “no se confíe” ante las encuestas que apuntalan una victoria del PP y una mayoría holgada para cogobernar con Vox en España. “El voto en las generales es más ideológico que en las autonómicas y las locales. La gente vota en bloque, no pesa tanto la persona del candidato. Vamos a intentar humanizar lo más posible estas elecciones”, ha dicho.

La palabra clave es “bloques”. Las andaluzas fulminaron la singularidad de Juanma Moreno, ahora es un presidente autonómico del PP que cogobierna con la ultraderecha, como sus compañeros de Extremadura, Aragón y Castilla y León.

Los socios en Andalucía han empezado la legislatura con un perfil muy bajo, sin roces ni volantazos. Ambos se han conjurado para preservar un perfil bajo, pero el adelanto electoral les obliga a pelear por el mismo espacio político y, esta vez, el PP de Moreno está atado al pacto suscrito con Vox: “la prioridad nacional” de su aliado, que pide “deportar a todos los inmigrantes de España”.

Hasta la crisis migratoria de Ceuta, la consigna de la dirección nacional del PP era evitar sobresaltos en los gobiernos autonómicos que comparte con Vox. Pero la entrada irregular de 80.000 personas en la ciudad autónoma y los errores en la gestión del Gobierno de Sánchez han apuntalado un marco de debate público más propicio para la ultraderecha.

El otro, el impacto social del desahucio de Maricarmen, los decretos fallidos de vivienda, y las movilizaciones en la calle, es el “momentum” que esperaba la izquierda. “La ideología” que tanto temía el presidente andaluz se ha desbordado a derecha e izquierda.

Adelante, el factor imprevisible

La frase de Moreno denota preocupación en las filas. El dirigente popular ha convertido en anatema el término “ideológico”. Lo usa constantemente con un sesgo peyorativo, como algo exclusivo de las izquierdas, como un sinónimo de desorden, caos y polarización, frente a la moderación y la estabilidad que apadrina el PP.

La famosa vía andaluza con la que se presentó a las últimas elecciones, el camino intermedio para sortear el choque de trenes entre PSOE y Vox.

Pero el ganador de las andaluzas viene con la lección aprendida: un factor desestabilizante le arrebató la mayoría absoluta, un partido con sólo dos diputados en el Parlamento, sin grupo propio, que había transitado del hiperliderazgo de Teresa Rodríguez -el líder de Podemos Andalucía- hacia un perfil desconocido para el gran público, un joven profesor con gafas, José Ignacio García.

Adelante Andalucía desbarató el tablero de las autonómicas sin que nadie lo viera venir: eligió una ruta propia, alejada del guirigay de la “unidad de las izquierdas”, tras romper su alianza previa con IU y Podemos, una vía a medio camino entre el desplante arrogante contra la ultraderecha de Vox y la crítica severa al Gobierno progresista de PSOE y Sumar.

Moreno nunca lo tuvo como un rival directo, al contrario, le insufló oxígeno político convencido de que le serviría para dispersar aún más el voto de las izquierdas, para así recoger los restos de votos por obra y magia de la Ley d'Hont.

No funcionó. Ocurrió al revés: Adelante pasó de dos a ocho diputados, fue la formación que más creció (más que PSOE y PP juntos), sorpasó a la coalición Por Andalucía (Sumar-Podemos) y también a Vox en dos provincias clave, Sevilla y Cádiz. Nadie lo esperaba.

En el entorno del presidente de la Junta creen que Adelante fue quien “frustró la mayoría absoluta de PP” y, seis meses después, leen en sus sondeos internos que la formación que hoy lidera García “sigue creciendo mucho”. “Van a entrar en el Congreso sí o sí”, dicen.

Todos los partidos consultados por este periódico dan por hecho la entrada de Adelante en la Cámara Baja. El ascenso del soberanismo andaluz, 22 años después de que desapareciera el último diputado del Partido Andalucista (PA) en el Congreso. Un soberanismo andalucista, de izquierdas y anticapitalista, una rara avis, que aspira a condicionar desde el sur al Gobierno (como ERC y Junts desde Catalunya, como Bildu o PNV desde Euskadi, como el BNG desde Galicia).

“Un partido atrapalotodo, populista, que ha quitado votantes a PP y Vox ocultando que es anticapi, y ha quitado votantes al PSOE, ocultando que provienen de las filas de sus socios, Podemos e IU”, dice, muy cabreado, dirigente popular, próximo a Moreno.

El fenómeno de Adelante Andalucía es lo que más va a cambiar la campaña electoral de los partidos respecto al 17M. Ya está ocurriendo en el arranque de la legislatura, donde PP y Vox se han arrojado contra los andalucistas, denunciando sus alianzas “con los terroristas de ETA”, en referencia a Bildu. En apenas un mes han sido más duros con Adelante que en los últimos cuatro años.

Adelante Andalucía tiene una base electoral propia, consolidada, pero también ha sabido atraer a votantes desencantados con el Gobierno de Sánchez, y a votantes cabreados de las filas Vox. García ha podido combinar los golpes durísimos a los dirigentes ultra, con la mano tendida a sus simpatizantes, sobre todo a los jóvenes. “No se les puede llamar fascistas. Esa no es la respuesta a alguien que está cabreado porque no tiene casa ni trabajo y su salario es un mojón”, explicaba hace unos meses a este periódico.

Con todo, este trasvase de votos no está del todo acreditado en las encuestas postelectorales de las andaluzas, aunque sí parece claro que la base social de Adelante está en una generación de jóvenes, entre 25 y 40 años, una franja donde ahora mandan PP y Vox, pero donde el voto es más volátil.

“La gente cabreada con los políticos sí pasa de un extremo a otro”, admite un dirigente de Izquierda Unida. Esa generación sí está golpeada por la crisis de la vivienda, jóvenes muy ideologizados, que pueden marcar la diferencia en las próximas generales, tras el revolcón del desahucio de Maricarmen. “Los acampados en las calles impugnan el sistema de partidos y el Congreso. No sé si al final votarán todos los que se manifiestan, pero si lo hacen, están más cerca de Adelante que del PSOE”, dice una dirigente andalucista.

Este lunes, cuando Pedro Sánchez anunció la disolución de las Cortes, Adelante Andalucía no tenía aún candidato a las generales, pero su marca está consolidada y su líder se ha apresurado a confirmar que presentará listas en las ocho provincias (en 2023 sólo se presentaron por Cádiz y no lograron).

Su cabeza de cartel no será ni Teresa Rodríguez ni García (él mismo se ha descartado), pero lanzarán el nombre esta misma semana. En los próximos días convocarán asambleas exprés para votar internamente sus ocho listas electorales porque, como el resto de fuerzas nacionalistas, Adelante no presenta candidato como tal a la Presidencia del Gobierno de España. También tienen que reunir un mínimo de avales en cada provincia para formalizar su candidatura a tiempo (un 0,1% del censo): 6.673 en toda Andalucía.

Una de las bazas de Adelante es la posibilidad de clarificar su apuesta electoral antes que el conglomerado de izquierdas del Frente Amplio, aún en construcción, y con la difícil tarea de despejar su negociación con Podemos, de celebrar unas primarias abiertas, cerrar la candidatura, las listas y la estrategia de campaña, en tiempo récord. Hace tiempo que el pulso de las izquierdas va a contrareloj, probablemente desde el 15M.

Aunque García y Rodríguez presumen en público de haber “cuadruplicado su resultado” y “duplicado sus diputados sin haberle quitado ninguno a Por Andalucía” (Sumar, IU, Podemos), lo cierto es que entre ellos aún saltan chispas. Se disputan el mismo espacio progresista. Unos son “la izquierda pura e inútil”, “otros la izquierda dócil y de moqueta”.

Por separado tienen ahora 13 escaños (8+5), juntos sumaron 17 y, mucho antes de empezar las uniones y desuniones electorales, la irrupción de Podemos (15) llevó el espacio a la izquierda del PSOE a 20.

“La política no es aritmétrica, es geometría”, dijo Teresa Rodríguez, el domingo, en Salvados. También dijo que “las habas están contadas”. En efecto, la cota máxima que ha alcanzado la izquierda en Andalucía, en época del bipartidismo, no ha pasado de esos 20-21 escaños (de 109).

En Adelante Andalucía no hay debate: concurren en solitario, no se sienten interpelados ni por Gabriel Rufián ni por Pedro Sánchez ni por Antonio Maíllo. García está convencido de que su formación “ensancha el espacio progresista”. “Si hubiéramos ido juntos en las andaluzas, habríamos sacado menos de 13 escaños”, dice.

Movilización de derechas, movilización de izquierdas

Las elecciones de Andalucía aportan un espejo al que mirarse. Aunque el resultado no sea extrapolable, marcan tendencias que difícilmente habrán cambiado en apenas seis meses y, además, desmienten algunas de las premisas que han barajado los ministros de Sánchez para animarle al adelanto electoral. Por ejemplo, la movilización de las izquierdas.

La exvicepresidenta y candidata socialista, María Jesús Montero, señaló la abstención como el “principal rival” del PSOE y pidió una movilización masiva. La tuvo: la participación en las andaluzas del 17M fue histórica (un 64,8%, sólo dos puntos por debajo de las generales de 2023), uno de los más altos de la serie, tratándose de unas autonómicas que no coincidían con las legislativas. La izquierda se movilizó, pero la derecha también.

La izquierda se movilizó en varias direcciones, convirtiendo al partido andalucista fundado por Teresa Rodríguez en la gran sorpresa de la jornada. La derecha también se movilizó, pero en ese arco ideológico, el estirón del PP de Moreno fue mucho mayor que el de Vox (150.000 votos más, alcanzando un techo histórico de 1,7 millones de papeletas).

La ultraderecha subió un escaño; los populares perdieron cinco. Cosas de la Ley d'Hont. “A veces nos beneficia y otra nos perjudica”, sentenció el presidente la misma noche electoral, en un ambiente de funeral agridulce en la sede del PP-A.

A los de Moreno hoy les preocupa más Vox que el tirón de Pedro Sánchez en las urnas. Creen que el aura de resistencia del presidente del Gobierno “está amortizada”. “Está acabado”, avisan. Los populares no ocultan que encaran estas generales de la mano de Vox, “en bloque”. Aunque ellos pierdan diputados respecto al 23, “la suma de ambos será mayor”, avisan.

Entre los dirigentes provinciales del PSOE, el adelanto electoral ha sido muy aplaudido. Coinciden con el análisis del PP en una cosa: “Es la única ventana de oportunidad que nos queda”, dicen. Claro que la euforia instalada ahora mismo tiene más que ver con que las generales serán antes que las municipales, con suficiente margen de por medio para que el resultado, bueno o malo, permita a los alcaldes socialistas hacer una campaña centrada en temas locales, y no en la figura de Sánchez.

Evitar el superdomingo y la cercanía a los comicios municipales de mayo de 2027 era una demanda explícita del partido, que el presidente ha escuchado.

Los populares reconocen que el “momentum Maricarmen” tensiona al electorado progresista, pero creen que “dos meses en política es un mundo”. “Ha convocado por una cosa muy concreta, pero cuando pase el soufflé y empecemos a hablar de qué se ha hecho y qué no se ha hecho sobre vivienda en ocho años, la gente va adquirir conciencia. Sánchez ha reventado ya todas las expectativas de la gente de izquierda moderada, un millón de votantes del PSOE se ha pasado a la derecha”, dice un diputado del PP andaluz, próximo a Moreno. Aun así, admite que el presidente del Gobierno “no se va a desplomar”, porque el suelo del PSOE “es sólido”, y porque “ha decidido aglutinar en torno a sí a todo el voto progresista, del voto nacionalista al de extrema izquierda”.

Un secretario provincial del PSOE replica que es esencial introducir el debate de las competencias, “que la gente sepa que en las manos de los gobiernos autonómicos del PP estaba el dinero y la gestión de la vivienda, y no hicieron nada”. “Han recibido fondos del Gobierno como nunca para hacer viviendas y han torpedeado el plan y la ley estatal”, avisa.

José Ignacio García sostiene que el adelanto electoral le viene muy bien a Adelante Andalucía, porque aún puede impulsarse sobre el recuerdo de voto de las andaluzas. También cree que las movilizaciones por la vivienda son un punto de inflexión social, aunque “la derechización sociológica no ha acabado”. “En las marchas yo he escuchado : aquí estamos los antifascistas. El estallido social por la vivienda no sólo representa a la vivienda, hay un suspiro de alivio ante el avance de los ultra en todo el mundo. El pueblo de izquierdas, que va desde el votante del PSOE a gente que no vota, ha sentido liberación, como si llevase tiempo aguantándose las ganas de gritar en ese grupo de amigos en los que ahora los fachas hablan sin complejos”, advierte.

La paradoja de Adelante Andalucía es que lo que le hizo fuerte en las autonómicas le debilita en las generales. “Nuestro hándicap es el debate estatal”, admite García. Adelante tiene varias identidades solapadas y la campaña que preparan para el 29N pretende poner el foco más en “la cuestión de clase social que en el perfil soberanista”. “No nos vamos a presentar como la voz de Andalucía en Madrid”, como hicieron en 2023. “Vamos a decir que somos la mejor fórmula para quitarle votos y apoyo social a las derechas, como hemos demostrado en las andaluzas”, concluye.

Banderas rojas, estrellas rojas de cinco puntas. Banderas blancas y verdes de Andalucía, banderas de la República, banderas de Palestina. La hoz y el martillo. Banderas de Adelante Andalucía, insignias del PSOE, de Izquierda Unida, pegatinas de CCOO y de UGT. “El pueblo unido jamás será vencido”; “Sevilla será la tumba del rentismo”; “Aquí están los antifascistas”.

El problema de la vivienda en España es transversal. El malestar social que atraviesa el país es transversal. Pero las movilizaciones no lo son. La multitud que este viernes se ha manifestado en el centro de Sevilla -unos 15.000 según el Sindicato de Inquilinas; 2.500 según la Subdelegación del Gobierno- representa indudablemente opciones políticas de izquierdas.

Medio centenar de personas se ha quedado al cuidado de las casi 100 tiendas de campañas que se concentran en las Setas desde el martes pasado, en señal de presión, y que decidirán en asamblea si permanecen allí o levantan el campamento y hacen un llamamiento a la huelga general.

En la manifestación había dirigentes del PSOE andaluz, de la coalición Por Andalucía (IU, Sumar, Podemos...) y de Adelante Andalucía en la comitiva que ha discurrido entre las Setas, en el casco norte de Sevilla, y el Palacio de San Telmo, sede de la Junta, entre familias, muchos jóvenes, chavales empujando sus bicicletas, carritos de bebé, abuelos con sus nietos, líderes sindicalistas, líderes vecinales, riders con el puño en alto y la mochila a la espalda... todos expresando su indignación tras ver caer los dos decretos de vivienda en el Congreso. “Aquí somos más inquilinos que caseros, pero también hay pequeños propietarios”, dice María José, del Sindicato de Inquilinas.

España vive un momento político complejo en el que el Gobierno de turno, formado por la coalición PSOE-Sumar, está celebrando, de alguna manera, la conflictividad social que se ha desatado por el traumático desahucio de Maricarmen, una anciana de 87 años, y que amenaza con una huelga general.

No hay precedentes de que una huelga general sea una buena noticia para un Gobierno, sin embargo, en la cúpula del PSOE andaluz, hoy comandada por la exvicepresidenta María Jesús Montero, creen que la coyuntura política que ha abierto el caso de Maricarmen y la votación del Congreso (el no de PP, Vox y Junts), abre una “ventana de oportunidad única”. Aquí quieren elecciones el 29 de noviembre, empezando por los alcaldes y candidatos socialistas, que llevan meses pidiendo a sus jefes orgánicos que le pidan a Pedro Sánchez que aleje las generales de las municipales lo más posible.

La multitud que hoy avanza por el centro de Sevilla, colorista, festiva, pacífica, afea a todas las instituciones su inoperancia para embridar el problema más capilar que sufre el país, según el CIS, enquistado después de ocho años de gobiernos progresistas. En la última década, los salarios se han revalorizado un 25%; el precio del alquiler un 80%.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez se siente interpelado, pero no le tiemblan las piernas. Aquí, en la manifestación, no se oyen gritos de “Perro Sánchez”, aquí se grita contra el alcalde de Sevilla, el popular José Luis Sanz, y contra el presidente de la Junta, Juanma Moreno, por “permitir VPO a 350.000 euros”. De hecho, la marcha no camina hacia la sede del Gobierno en Andalucía, sita en la Plaza de España, sino a la sede de la Junta, en el Palacio de San Telmo.

“¡Los fondos buitres sois vosotros! ¡Vosotros sois los invasores!”, gritan un grupo de jóvenes, sujetando pancartas de cartón en alto. No hace ni cuatro meses que Andalucía celebró elecciones, con una participación histórica para unas autonómicas (casi un 65%), que dio al PP-A el mejor resultado de su historia (el más votado en las ocho provincias, a dos escaños de la mayoría absoluta), y propició el primer Gobierno andaluz PP-Vox.

Esas 15.000 personas que se han manifestado hoy en Sevilla, presumiblemente, acudieron a votar hace cuatro meses. La izquierda no fue derrota por la abstención ni por la desmovilización general. La “mayoría social”, a la que alude el Gobierno de Sánchez al interpelar a la oposición en políticas de vivienda, la “mayoría social” en Andalucía votó a Juanma Moreno.

El PSOE encaró las andaluzas como un “referéndum por la sanidad pública”, esperando espolear a su electorado con la indignación masiva que provocó la crisis de los cribados de cáncer de mama, y ahora se aferran a unas generales en clave de “referéndum por la vivienda”. “¡Aquí está la clase obrera! ¡Bonilla estamos en la lucha!”, grita la multitud. Una hora y media después de salir de las Setas, la cabeza de la comitiva ha llegado a su destino, dos kilómetros más allá. La marcha ha ido creciendo por el camino, sumando gente, y se planta ante el edificio barroco donde Moreno tiene su despacho con una imagen que hacía tiempo no se veía en las calles de Sevilla.

“El único hecho diferencial es Maricarmen. Es la chispa lo que ha cambiado el paisaje”, dice un alto dirigente del Gobierno de Moreno. En el entorno del presidente andaluz tenían muy claro que Junts tumbaría los dos decretos. O tenían más información o más intuición que Montero, convencida 24 horas antes de que al menos el primer decreto de vivienda, el más negociado con los independentistas catalanes, saldría adelante.

El caso de Maricarmen ha sacudido la política andaluza. A pesar de haber firmado un acuerdo de Gobierno con Vox que garantiza una estabilidad de cuatro años, el presidente de la Junta se ha visto obligado a improvisar nuevas medidas en materia de vivienda, empujado por el nuevo marco de la política nacional.

El jueves anunció en el Parlamento un nuevo bono joven de alquiler, idéntico al que regula el Gobierno central, y sufragado con fondos estatales. Moreno no teme al PSOE en Andalucía, pero tiene pánico a la “ideología”. No hay un solo día que no advierta en sus discursos contra el pulso ideológico, como quien menta al hombre del saco, para espantarlo. La ideología es la pulsión de las izquierdas. El conflicto social por la vivienda viene a impugnar un sistema que ha convertido un derecho constitucional en un valor de mercado, de especulación. En este momento raro de la política en España, la pregunta es: ¿quien representa hoy ese sistema? ¿El Gobierno o la oposición?

El Palacio de San Telmo en Sevilla, sede de la Junta de Andalucía, ha sido este jueves escenario de una mini cumbre entre el Gobierno andaluz de Juanma Moreno y el ceutí de Juan Jesús Vivas, donde ambos presidentes han escenificado la relación privilegiada entre ambos territorios ante la crisis humanitaria y migratoria que golpea a la ciudad autónoma desde hace dos meses, cuando entraron ilegalmente 80.000 personas desde Marruecos.

Los dos presidentes, en un acto protocolario en el Salón de los Espejos, han anunciado acuerdos de sus respectivos gobiernos y de ambas cámaras de comercio, en materia de internacionalización de proyectos empresariales, universidades, innovación, turismo, cultura, deporte, comunicaciones y transporte. Pero nada sobre inmigración.

En el turno de preguntas, los periodistas le han preguntado si no habían abordado ningún compromiso en materia migratoria, habida cuenta que Andalucía y Ceuta tienen suscrito un convenio de colaboración, vigente desde 2021, para “agilizar” el traslado de menores extranjeros no acompañados en caso de “contingencia migratoria” como la que sufre la ciudad autónoma. Ni Vivas ni Moreno han hecho referencia a ese acuerdo en su exposición inicial y, cuando les han preguntado, ambos se han reafirmado en su negativa a invocar el convenio.

“Hemos utilizado y puesto en marcha [el convenio] contra un fenómeno migratorio normal, pero esto no es un fenómeno migratorio normal. Es una invasión, una violación de la soberanía territorial de España”, ha subrayado Moreno. El presidente Vivas, en la misma línea, ha destacado que “la inmigración es una consecuencia de lo que ha ocurrido, no es la causa”, y ha insistido en que sería “equivocado” cambiar “el foco” sobre la gravedad del problema, que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tildó el primer día de “invasión de la soberanía territorial de España”.

Andalucía y Ceuta tienen firmado un convenio de colaboración para “agilizar” la acogida e integración de menores extranjeros no acompañados en esta comunidad y aliviar así la “crisis migratoria” que ya sufría entonces la ciudad autónoma. Se trata de un “instrumento de cooperación interautonómico”, que fuera “estable en el tiempo”, y que a día de hoy sigue “en activo y está desarrollándose”, reconocen en la Junta.

Sin embargo, ambos presidentes han rechazado explícitamente invocar ese convenio para el traslado provisional de los niños que entraron en la incursión irregular de 80.000 inmigrantes a Ceuta que tuvo lugar hace justo dos meses -unos 2.500 siguen allí, según el Gobierno central-, que serían acogidos por la Junta de Andalucía mientras se tramitan sus expedientes.

El encuentro ha tenido lugar en el Salón de los Espejos, espacio privilegiado de San Telmo para visitas oficiales, donde ambos han visibilizado un tándem que escenifica el vínculo especial de Andalucía con Ceuta, recogidos en ambos Estatutos de Autonomía. “Andalucía jamás os dejará solos. Esta es tu casa”, ha comenzado Moreno, en un encuentro en el que han participado miembros de ambos gobiernos, pero también representantes del mundo empresarial de Ceuta y Andalucía.

Moreno ha pedido “no dejar que se apague el foco” sobre la crisis migratoria de Ceuta, denunciando el “caos” que vive la ciudad autónoma, que aún acoge a unos 10.000 inmigrantes que entraron de forma irregular hace justo dos meses. El presidente de la Junta ha ofrecido “apoyo y colaboración”, pero no ha hecho mención al convenio de colaboración para “contingencias migratorias”.

El presidente de la Junta ha anunciado una batería de acuerdos suscritos entre ambos gobiernos en materia de proyección empresarial, turismo, transporte y comunicaciones, cultura, deporte, innovación y universidades. Ninguna propuesta en materia migratoria. La Junta pondrá a disposición de las empresas de Ceuta la Agencia Trade, para promover internacionalmente proyectos de actividad económica.

Moreno también ha anunciado acuerdos entre ambas cámaras de comercio y en materia de turismo una promoción conjunta para atraer turistas a ambos lados del estrecho, una mejor conectividad entre el puerto de Málaga y Ceuta (vía helicópteros), y estudian subvenciones para el pasaje del ferry que conecta Andalucía con la ciudad autónoma.

En su turno, Vivas ha hecho un recordatorio tremendo de la situación que persiste en su ciudad: “Ceuta vive una de las situaciones más difíciles de su historia reciente. Hace dos meses sufrimos una invasión con la entrada masiva de 90.000 personas, usando la inmigración como un arma. La situación sigue siendo absolutamente insostenible. Continúan allí unas 15.000 repartidas en campamentos de acogida y esto está teniendo un impacto demoledor. Es un deterioro gravísimo de la seguridad, de los servicios fundamentales, educación y sanidad, deteriora nuestra convivencia y estamos en alerta en cuanto a la seguridad nacional”, ha dicho.

El presidente ceutí ha denunciado que sus ciudadanos han visto “mermados” sus derechos fundamentales. “Hemos perdido parte de libertad, vivimos en una olla a presión. El día a día de Ceuta parece una crónica de sucesos: altercados, reyertas, delitos, violencias. Es insoportable. No estamos dispuesto a que esto sea así. La única manera de volver a la normalidad es mediante el retorno a Marruecos de todos los que entraron de forma ilegal”, ha sentenciado.

Juanma Moreno y Juan Jesús Vivas han encabezado este jueves una minicumbre de Andalucía y Ceuta, en una visita oficial del presidente ceutí al Palacio de San Telmo en Sevilla, sede de la Junta, junto a miembros de sus respectivos gobiernos y de ambas cámaras de comercio. Ambas delegaciones han suscrito acuerdos de colaboración en materia de internacionalización de proyectos empresariales, universidades, innovación, turismo, cultura, deporte, comunicaciones y transporte. Pero nada sobre inmigración.

Desde enero de 2024, los gobiernos de Andalucía y Ceuta tienen firmado un convenio de colaboración para “agilizar” la acogida e integración de menores extranjeros no acompañados en esta comunidad y aliviar así la “crisis migratoria” que ya sufría entonces la ciudad autónoma.

Se trataba de un “instrumento de cooperación interautonómico”, que fuera “estable en el tiempo”, y que a día de hoy sigue “en activo y está desarrollándose”, reconocen en la Junta. Sin embargo, ambos presidentes han rechazado explícitamente invocar ese convenio para el traslado provisional de los niños que entraron en la incursión irregular de 80.000 inmigrantes a Ceuta que tuvo lugar hace justo dos meses -unos 2.500 siguen allí, según el Gobierno central-, que serían acogidos por la Junta de Andalucía mientras se tramitan sus expedientes.

Moreno y Vivas han coincidido hoy en que lo ocurrido en Ceuta no es un problema migratorio, sino “una invasión de la integridad territorial de España”, para justificar que ninguno de los dos haya invocado ese acuerdo de colaboración. “La inmigración no es la causa, es la consecuencia de una invasión territorial. Tenemos que poner el foco ahí para que no se vuelva a repetir”, ha dicho Vivas. “No podemos tratar esto como un fenómeno migratorio normal, porque no es normal, es una invasión”, ha abundado Moreno.

El presidente andaluz y ceutí han comparecido juntos en el Palacio de San Telmo minutos después de que el Gobierno anunciara la visita de los reyes de España a Ceuta y Melilla, los días 13 y 14 de octubre, justo después del Día de la Fiesta Nacional. Vivas ha recibido la noticia esta mañana en una llamada del propio Felipe VI. “Es la quinta vez que el rey me llama. No hay ninguna autoridad del Estado más implicada con Ceuta que el rey”, ha subrayado, tras insistir en que el presidente Pedro Sánchez no quiso atenderle los días previos a la entrada irregular de 80.000 inmigrantes, y subrayar que después de la crisis “sólo me llamó una vez”.

Vivas declaró el miércoles ante la jueza de la Audiencia Nacional que investiga la crisis migratoria de Ceuta, para enumerar cronológicamente las llamadas que hizo al Gobierno antes, durante y después de la entrada masiva desde Marruecos, y denunciar que Moncloa le derivó al exdelegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, y que Sánchez no le cogió el teléfono hasta el día 30 a las cuatro de la tarde, cuando ya habían entrado los 80.000 inmigrantes en la ciudad autónoma.

La Moncloa ha desmentido el relato de horas que Vivas expuso ante la jueza, según el cual, su director de gabinete llamó a Presidencia del Gobierno ocho veces sin obtener respuesta los días previos a la entrada masiva. Según fuentes del Ejecutivo consultadas por elDiario.es, el Gobierno ha examinado las comunicaciones registradas en los teléfonos del Presidente, su director de gabinete, su director adjunto y sus correspondientes secretarías, y traslada un balance de nueve llamadas con el Gabinete del Presidente Vivas. “Todas fueron diligentemente atendidas en el acto o minutos después, algo que puede comprobarse en la secuencia completa”, apuntan esas fuentes.

“Andalucía jamás os dejará solos”

El encuentro ha tenido lugar en el Salón de los Espejos, espacio privilegiado de San Telmo para visitas oficiales, donde ambos han visibilizado un tándem que escenifica el vínculo especial de Andalucía con Ceuta, recogidos en ambos Estatutos de Autonomía. “Andalucía jamás os dejará solos. Esta es tu casa”, ha comenzado Moreno, en un encuentro en el que han participado miembros de ambos gobiernos, pero también representantes del mundo empresarial de Ceuta y Andalucía.

Moreno ha pedido “no dejar que se apague el foco” sobre la crisis migratoria de Ceuta, denunciando el “caos” que vive la ciudad autónoma, que aún acoge a unos 10.000 inmigrantes que entraron de forma irregular hace justo dos meses. El presidente de la Junta ha ofrecido “apoyo y colaboración”, pero no ha hecho mención al convenio de colaboración para “contingencias migratorias”.

El presidente de la Junta ha anunciado una batería de acuerdos suscritos entre ambos gobiernos en materia de proyección empresarial, turismo, transporte y comunicaciones, cultura, deporte, innovación y universidades. Ninguna propuesta en materia migratoria. La Junta pondrá a disposición de las empresas de Ceuta la Agencia Trade, para promover internacionalmente proyectos de actividad económica.

Moreno también ha anunciado acuerdos entre ambas cámaras de comercio y en materia de turismo una promoción conjunta para atraer turistas a ambos lados del estrecho, una mejor conectividad entre el puerto de Málaga y Ceuta (vía helicópteros), y estudian subvenciones para el pasaje del ferry que conecta Andalucía con la ciudad autónoma.

En su turno, Vivas ha hecho un recordatorio tremendo de la situación que persiste en su ciudad: “Ceuta vive una de las situaciones más difíciles de su historia reciente. Hace dos meses sufrimos una invasión con la entrada masiva de 90.000 personas, usando la inmigración como un arma. La situación sigue siendo absolutamente insostenible. Continúan allí unas 15.000 repartidas en campamentos de acogida y esto está teniendo un impacto demoledor. Es un deterioro gravísimo de la seguridad, de los servicios fundamentales, educación y sanidad, deteriora nuestra convivencia y estamos en alerta en cuanto a la seguridad nacional”, ha dicho.

El presidente ceutí ha denunciado que sus ciudadanos han visto “mermados” sus derechos fundamentales. “Hemos perdido parte de libertad, vivimos en una olla a presión. El día a día de Ceuta parece una crónica de sucesos: altercados, reyertas, delitos, violencias. Es insoportable. No estamos dispuesto a que esto sea así. La única manera de volver a la normalidad es mediante el retorno a Marruecos de todos los que entraron de forma ilegal”, ha sentenciado.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este jueves el segundo Real Decreto de vivienda que aprobó el martes el Consejo de Ministros, cuyo efecto es la prórroga automática de 263.222 contratos de alquiler en Andalucía, que iban a expirar en 2026, 2027 y 2028. La norma tendrá un fuerte impacto en la comunidad con más pisos turísticos de España, pero el efecto quizá sólo dure 24 horas.

Mientras el decreto esté en vigor -a falta de la convalidación del Congreso en la sesión extraordinaria del viernes- los inquilinos de esos hogares, en torno a medio millón de andaluces, están a salvo de una hipotética subida unilateral y sin limitación del precio del alquiler por parte de sus caseros.

Casi la mitad de esos contratos prorrogables (el 48,9%) están precisamente en las ciudades andaluzas más tensionadas por el turismo masivo, la falta de viviendas en venta y la escasez de alquileres a precio asequible: 74.050 contratos se prorrogan hoy en Málaga, la ciudad de España donde más ha crecido la oferta de pisos turísticos en los últimos años; seguida de Sevilla, con 54.866 contratos.

Por detrás, están Granada, con 40.069 contratos; Cádiz, con 35.757 contratos; Almería, con 20.876 contratos; Córdoba, con 15.745 contratos; Huelva con 11.359 contratos y Jaén, con 10.500 contratos, según la estimación del Gobierno central del número de personas que podrá beneficiarse de la prórroga obligatoria de los alquileres del segundo decreto de vivienda.

El debate sobre los desahucios y la imposibilidad de acceso a la vivienda de los jóvenes ha acaparado la agenda de todos los partidos de la oposición al Gobierno de Juanma Moreno, que tiene bloqueada la Ley estatal de Vivienda, y recién aprobada su propia ley autonómica que discurre en sentido contrario. Andalucía se ha negado a declarar zonas tensionadas en las grandes urbes donde el mercado turístico desbocado forcejea con las familias que no encuentran piso a un precio razonable, o que tienen que mudarse de sus barrios porque el avance de los pisos turísticos ha encarecido sus alquileres.

Desde el lunes por la noche, previa al Consejo de Ministros que aprobó los dos decretos de vivienda, hay centenares de personas acampadas en céntricas plazas de Sevilla y Málaga, precisamente las dos ciudades donde más contratos de alquiler están a punto de expirar en los próximos meses.

Allí es donde tiene un mayor impacto la prórroga obligatoria que recoge el segundo decreto que entra hoy en vigor, aunque las expectativas que pueda generar en los más de 260.000 beneficiarios en Andalucía pueden estrellarse con la frustración el viernes, si la norma no cuenta con el apoyo mayoritario del Congreso.

El presidente del PP y líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ya ha anunciado que su grupo votará en contra. El PSOE andaluz, que pilota la exministra de Hacienda María Jesús Montero, y la coalición Por Andalucía, que encabeza el líder federal de IU, Antonio Maíllo, han interpelado este miércoles a Moreno, desde el Parlamento, para que empuje a los diputados andaluces en la Cámara Baja a apoyar los dos decretos de vivienda “por humanidad”.

Las izquierdas son muy críticas con la política de vivienda del Gobierno andaluz, ahora constituido en una coalición de PP y Vox. Montero acusa a la Junta de haber “dejado sin gastar” 1.600 millones de euros consignados en los Presupuestos de la Consejería de Vivienda, entre 2019 y 2025. Preguntado sobre esto, la portavoz de la Junta y consejera de Hacienda, Carolina España, ha optado por no confirmar ni desmentir las cifras, asegurando que “no tenía los datos”.

El decreto también establece que el propietario que decida no prorrogar el contrato con el mismo precio que tenía tendrá que indemnizar al inquilino “con una cantidad equivalente, al menos, al importe de doce mensualidades de renta de una vivienda de análogas características a la arrendada”, que se calculará con la base del sistema de referencia estatal “y en ningún caso podrá ser inferior al importe equivalente a una mensualidad de renta por cada año que el arrendatario haya residido en la vivienda”. Esta indemnización se abonará en el momento en que se entregue la vivienda.

La prórroga forzosa que entra hoy en vigor afecta a todos los contratos de alquiler que venzan antes del 31 de diciembre de 2028. El Gobierno estima que son, en toda España, unos 1.895.676 contratos (751.166 de 2026: 809.899 de 2027 y 334.611 que vencerán en 2028). El Instituto Nacional de Estadística (INE) señala que de media en cada hogar hay 2,5 personas, de modo que el total de beneficiarios ascendería a cinco millones de personas, que podrán prorrogar sus contratos con el mismo precio y condiciones que tienen ahora.

Este último decreto, el segundo texto que PSOE y Sumar acordaron y que el Gobierno no tiene garantías de que salga adelante ya que el apoyo de Junts está en el aire, convierte los alquileres en indefinidos, frente a la prórroga hasta 2028 que dicta el que ya está en vigor. El que ya está en vigor, publicado este miércoles, sí tiene más posibilidades de salir adelante en el pleno extraordinario del Congreso de este viernes.

La norma contiene un único artículo que modifica la Ley de Arrendamientos Urbanos y establece que, una vez llegado el fin del contrato de arrendamiento de las vivienda o alguna de sus prórrogas, y transcurridos al menos cinco años en el caso de particulares y siete con personas jurídicas, si ninguna de las partes ha comunicado la voluntad de no extender el contrato (seis meses, en el caso del propietario, y dos, en el del inquilino), “el contrato se prorrogará obligatoriamente por plazos sucesivos de cinco años, o siete años si el arrendador fuese persona jurídica”.

Si, antes de la entrada en vigor de este decreto, el casero ya había comunicado por escrito al inquilino su intención de no renovarle el contrato de alquiler, podrá seguir adelante sin ser penalizado con la indemnización. En caso de que el contrato expire en los próximos seis meses, desde la aprobación del decreto, el casero también podrá comunicar la rescisión del contrato con un preaviso de cuatro meses, sin tener que pagar la indemnización.

La Inspección de Trabajo ha abierto una investigación a partir de la denuncia interpuesta el pasado julio por los trabajadores de la Agencia de la Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), adscrita a la Consejería del ramo, que acusan a la dirección de someter a sus técnicos a una “desprotección jurídica y patrimonial” por negarles un seguro de responsabilidad civil profesional que cubra su defensa ante cualquier litigio penal derivado de accidentes laborales en las obras públicas de las que son responsables.

El presidente del comité intercentros de AVRA, Juan Pedro Buendía, registró la denuncia el pasado 21 de julio en la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Jaén, con la firma de las cuatro secciones sindicales (CCOO, UGT, CSIF y UIPA). El escrito, al que ha tenido acceso este periódico, se apoya en dos documentos clave: una resolución de la propia dirección de la Agencia pública de Vivienda de Andalucía, de 2014, que atestigua que en ese momento sus técnicos de obra sí estaban cubiertos por una póliza específica.

Dos años después, AVRA prescindió de ese seguro y metió a su plantilla bajo el paraguas de un aseguramiento generalista que tienen todos los empleados públicos de la Junta de Andalucía.

El segundo documento clave, adjunto a la denuncia, es un informe fechado el pasado mes de mayo que elaboró ex profeso la Dirección de Patrimonio, adscrita a la Consejería de Hacienda, en respuesta a una “consulta” de la dirección de la Agencia “sobre el alcance del aseguramiento de la responsabilidad civil profesional de su personal técnico”. El escrito concluye que la póliza general de la Junta no protege a los técnicos de AVRA en caso de denuncias por negligencias involuntarias en sus obras, obligándoles a asumir su propia defensa legal en un proceso penal.

Empresa y trabajadores llevan meses litigando por este asunto, sin que el Gobierno de Juanma Moreno haya accedido, hasta ahora, a restituirles una póliza de responsabilidad civil que consideran “obligatoria”, en virtud del artículo 66 de su Convenio Colectivo. La dirección de AVRA asegura que la administración “no está obligada”, pero también reconoce que está en conversaciones con la plantilla y que lo está valorando. “Se está estudiando la posibilidad de incorporar la contratación de un seguro específico para el personal técnico interviniente en cada obra”, confirman fuentes de la consejería a elDiario.es

El conflicto se agravó hace unos meses, cuando una aparejadora de AVRA fue imputada por un juez tras un accidente mortal en una promoción de viviendas públicas de Sevilla de la que ella era responsable directa. El 13 de marzo de 2025, un hombre de 38 años falleció aplastado por un muro mientras trabajaba en las obras de un complejo de apartamentos de la capital andaluza, propiedad de la Agencia. La directora de la obra, personal laboral de AVRA, fue citada como investigada en una causa por un supuesto delito de homicidio por imprudencia, y se enfrenta a penas de cárcel e inhabilitación para el desempeño de su profesión.

Es esta muerte en el tajo la que destapa la “desprotección jurídica” de los técnicos de AVRA ante litigios penales como éste, que no cubre el seguro genérico de la Junta de Andalucía. A partir de este caso, todas las secciones sindicales de la Agencia de Vivienda unen sus fuerzas para interponer una denuncia ante el Ministerio de Trabajo y reclamar la apertura de una investigación por la “quiebra absoluta de las coberturas” y la falta de “defensa jurídica” de sus técnicos de obra, presentando como prueba clave el informe de la propia Junta de Andalucía que reconoce las “exclusiones técnicas” en el seguro generalista de sus empleados públicos.

El oficio de la Dirección General de Patrimonio, al que ha tenido acceso este periódico, confirma que quedan excluidos del seguro de la Junta “las responsabilidades que deban ser objeto de cobertura mediante seguros de suscripción obligatoria”; “excluye la responsabilidad decenal” (deja fuera a los agentes de la construcción, como promotores, constructores y arquitectos); se limita al “periodo de vigencia contractual” (no cubre reclamaciones formuladas con posterioridad al cese, baja o jubilación del responsable de obra) y emplea una “formulación genérica” y poco específica sobre “los riesgos que asume el colectivo técnico de AVRA”.

El documento reconoce que “la modalidad de aseguramiento” actual de la Junta de Andalucía está “delimitada por las exclusiones recogidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas”, entre las que figura “de manera expresa (...) la responsabilidad civil decenal, así como las responsabilidades que deban ser objeto de cobertura mediante seguros de suscripción obligatoria”.

La Inspección de Trabajo ha empezado a “recopilar información” sobre la denuncia de los trabajadores de la Agencia pública de Vivienda de Andalucía, por el “riesgo económico y patrimonial desproporcionado” al que están sometidos sus técnicos –expuestos a multas y a inhabilitación para el ejercicio de sus puestos–, “vulnerando el marco normativo de la Ley de Función Pública de Andalucía y la legislación de edificación”, confirman fuentes del Ministerio.

Los inspectores tienen ahora que valorar si la Junta de Andalucía está “incumpliendo” el Convenio Colectivo de los arquitectos y aparejadores que visan las promociones públicas de vivienda, si dicta un “acta de infracción” contra AVRA y le ordena “la inmediata formalización de las pólizas de seguro de responsabilidad civil profesional exigidas”.

A pesar de todo, el departamento que pilota la consejera Rocío Díaz sostiene que “la Administración no está obligada a contratar un seguro decenal de responsabilidad civil de los técnicos”. La Consejería de Vivienda ha rehusado aclarar en cuántas obras públicas trabajan sus técnicos en este momento en toda Andalucía. Los sindicatos calculan que hay unas 70 actuaciones en marcha de cierta envergadura, pero recuerdan que su responsabilidad civil no afecta sólo a las promociones de vivienda nueva, también a reparaciones menores de los pisos de alquiler propiedad de la Junta, que rondan los 40.000.

Entre 2012 y 2015, Andalucía se situó a la vanguardia de las políticas públicas en materia de vivienda en una España aplastada por la gran recesión, donde la gente se arrojaba por las ventanas cuando venían a desahuciarlas de sus casas. 2012, el año en que el PSOE perdió las elecciones andaluzas por primera vez en su historia, la crisis habitacional tocó techo: 500 desahucios diarios, unos 70.000 en total.

Durante tres meses, entre septiembre de 2013 y enero de 2014, un Gobierno de coalición de PSOE e Izquierda Unida tramitó medio millar de solicitudes de expropiación de viviendas a entidades bancarias, al amparo de la conocida como 'ley antidesahucios', para evitar que familias vulnerables fueran desalojadas de sus casas.

Todo lo que está pasando ahora mismo en España ya pasó antes en Andalucía: el problema, los protagonistas, las reivindicaciones y las dificultades para aprobarlas. En este mismo momento, otro Gobierno de coalición de izquierdas se tambalea, como un trapecista en el alambre, buscando el equilibrio imposible entre propietarios e inquilinos.

Una parte de España -representada por miles de personas acampadas en la Puerta del Sol de Madrid- contiene el aliento, pendiente del Consejo de Ministros de este martes, donde PSOE y Sumar se han citado para aprobar un decreto de vivienda que revierta la terrible imagen internacional de un país tras el desahucio de Maricarmen: una anciana de 87 años, con discapacidad en la mitad de su cuerpo, que llevaba 70 años en su casa sin dejar de pagar un solo mes, expulsada por un fondo buitre que compró su piso y le subió un 250% el alquiler.

La encrucijada del Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios a la izquierda tiene un precedente andaluz, muy útil para calibrar las expectativas y el mayor o menor riesgo de frustración. ¿Qué va a ocurrir? “Ojo, porque en la puerta de la casa de Maricarmen está en juego una legislatura, no ésta, sino la que viene”, avisa, desde Sevilla, el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo.

Maíllo era el líder recién llegado de IU en Andalucía, cuando la presidenta de la Junta, Susana Díaz, expulsó a los suyos del Gobierno de coalición acusándoles de una “deriva radical”. Meses antes, la consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés (IU), había desobedecido una orden de la presidenta, al realojar a familias que llevaban meses ocupando pisos en un edificio vacío propiedad de Ibercaja. Díaz le retiró a su consejera las competencias para adjudicar VPO, para devolvérselas 48 horas después, escenificando la mayor crisis política de un Gobierno progresista de coalición.

Juanma Moreno: “Menos ideología y más gestión”

Las discrepancias sobre políticas de vivienda tuvieron mucho que ver con la ruptura de aquella alianza de izquierdas (eso, y el tacticismo de Susana Díaz, que adelantó las elecciones un año para cortocircuitar el ascenso de un nuevo fenómeno político a su izquierda: Podemos).

Ahora España está instada, de sopetón, en un debate social que lleva enquistado décadas: la vivienda en este país no cumple su función social, por tanto, no cumple con los requisitos que aparece en la Constitución.

PP y Vox se han autoexcluido de este debate, aunque los populares gobiernan 11 comunidades autónomas y tienen las competencias en materia de vivienda. Han boicoteado la ley estatal del Ejecutivo de Sánchez, porque la consideran excesivamente intervencionista, se han negado a declarar zonas tensionadas (para topar el precio de los alquileres).

Los populares apuestan por fórmulas que no solivianten el mercado inmobiliario ni el turismo, como bajar impuestos a quienes aún pueden comprarse una casa (1,2 millones de contribuyentes andaluces está exento de hacer la declaración de la renta, porque sus ingresos no llegan al mínimo): “El problema se empieza a resolver cuando se construye más”, asegura el presidente andaluz, Juanma Moreno, que este lunes ha participado en el acto de la primera piedra de una promoción de viviendas de alquiler “a precio asequible” en Sevilla, una colaboración público privada con dinero del promotor, de las administraciones y de fondos europeos.

Es el mayor proyecto de vivienda pública y privada de Andalucía -691 pisos a alquiler asequible-, cofinanciado con fondos europeos, la participación del Gobierno central, la Junta y el Ayuntamiento, junto con la promotora. Dadas las circunstancias, Moreno ha preferido estar en la presentación de este proyecto en Sevilla que en Madrid, donde Alberto Núñez Feijóo se ha rodeado de sus barones territoriales para intentar resituar el debate público en un marco más propicio a sus intereses políticos: la corrupción del PSOE, la gestión del Gobierno ante la crisis migratoria en Ceuta.

“El problema de la vivienda en España necesita menos ideología y más gestión”, ha sentenciado Moreno. Un minuto antes que él, el CEO de la promotora Lagoon Living, Javier Braza, ha dicho prácticamente lo mismo: Dejémonos de ideologías. No demonicemos al sector privado. Hace falta un pacto de Estado por la vivienda“.

Pero España está lejos de un pacto de Estado. De cualquier tipo de pacto de Estado. La vicepresidenta primera del Gobierno y exlíder de Sumar, Yolanda Díaz, acaba de pedir explícitamente que la gente se movilice contra el Gobierno del que forma parte. A la parte socialista del Ejecutivo le ha indignado, como le indignó en 2023 cuando hizo exactamente lo mismo otra ministra, Ione Belarra, líder nacional de Podemos, también acusando a sus socios de “arrastrar los pies” en materia de vivienda.

Este momento álgido del Gobierno de coalición de izquierdas tiene reminiscencias del pasado. Basta retroceder a la legislatura 2012-2015 en Andalucía, cuando se gestó el primer Ejecutivo de PSOE-IU. La legislatura en la que los comunistas se estrenaron en la Junta asumiendo las competencias en materia de vivienda, cuando aprobaron la polémica 'ley antidesahucios'.

Elena Cortés (IU): “Con nuestra ley llegamos hasta donde quisimos llegar”

La ley que vino a cambiar el paradigma del debate público sobre vivienda, al regular por primera vez la “expropiación temporal de su uso” a personas jurídicas (bancos, fondos de inversión), “en una España donde la gente se tiraba por la ventana cuando venían a desalojarlas de sus casas”, recuerda la autora material de aquella ley, la exconsejera andaluza de Vivienda, Elena Cortés.

En una entrevista telefónica con elDiario.es, Cortés reconoce que todo lo que está sucediendo ahora le está “removiendo cosas por dentro”, porque los paralelismos con la encrucijada en la que hoy se encuentra el Gobierno de Sánchez son evidentes. La Ley de la Función Pública de la Vivienda de Andalucía se popularizó en los medios como 'ley antidesahucios', porque venía a responder de urgencia al drama de impagos hipotecarios que había dejado la gran recesión de 2008.

Pero el nombre original que se eligió no era casual: emanaba de la propia Constitución, para subrayar que la vivienda debía tener una “función social” y que la propiedad privada debía estar limitada por dicha función, así lo reconoce el artículo 33 de la Carta Magna. “Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto en las leyes” (art. 33.3).

En 2013, el Gobierno andaluz, entonces presidido por José Antonio Griñán, aprobó por la vía de urgencia un ambicioso decreto ley que le permitía sancionar a las entidades bancarias por no sacar sus casas vacías al mercado –entonces se estimaban un millón de viviendas vacías en Andalucía– y la expropiación temporal para evitar desahucios.

“Aquella norma sacudió el debate público y puso a IU por encima del PSOE en todos los titulares de prensa”, recuerda un miembro socialista de aquel Gobierno, que reconoce que sus socios “supieron capitalizar el 100%” de aquella ley que “opacó todo lo demás que se estaba haciendo en ese momento”. “En los telediarios se hablaba de la expropiación de casas en Andalucía, pero aquello, aunque luego lo tumbara la Justicia, se corrigió mucho jurídicamente para que pudiera salir: el acierto fue expropiar el uso, no el inmueble en sí”.

En efecto, la Justicia terminaría tumbando aquella ley, aunque los mismos jueces reconocieron en la sentencia que “era necesaria una acción normativa absolutamente inmediata” en una España sacudida por la crisis financiera y la burbuja inmobiliaria, con las órdenes de levantamiento disparadas. La política nacional –sobre todo los partidos de la izquierda tradicional (PSOE e IU)– aún estaba desnortada por la indignación social del 15M.

El PP de Arenas se abstuvo; el Gobierno de Rajoy recurrió

La presión social era tan elevada, que incluso el PP de Javier Arenas (que venía de ganar las elecciones andaluzas de 2012, pero no pudo gobernar) no se atrevió a votar en contra del decreto en el Parlamento. Se abstuvo.

Los populares andaluces se quedaron en tierra de nadie. Pero, al poco de aprobarse el decreto antidesahaucios, el Gobierno de Mariano Rajoy lo recurrió ante el Tribunal Constitucional y logró que se paralizase cautelarmente. Estuvo en vigor apenas unos meses: se habían iniciado 18 expedientes de expropiación de viviendas a bancos –la norma sólo se activaba a petición expresa de las familias que iban a ser desahuciadas– y dejó en espera 520 solicitudes. Ninguna prosperaría, porque año y medio después los jueces tumbaron parcialmente la ley y declararon nulos los artículos más ambiciosos.

“Nosotros sí llegamos hasta donde quisimos llegar con aquella ley”, dice Cortés. La exconsejera andaluza de Vivienda recuerda que el proyecto de ley llegó al Consejo de Gobierno “avalado por un informe jurídico específico”, con el objetivo de “exprimir al máximo las competencias autonómicas en materia de vivienda”, y siguiendo el mismo recorrido que, años atrás, hizo la Ley de la Reforma Agraria para regular la expropiación de tierras baldías, sobre todo latifundios.

El Constitucional asestó un golpe duro a la ley, pero no la suspendió en su totalidad. Sin embargo, el siguiente Gobierno de Susana Díaz dio un volantazo en política de vivienda: metió la norma antidesahucios en un cajón y llevó al Parlamento andaluz una Ley de Tanteo y Retracto –sustituyó la expropiación por la compra preferente de viviendas a los bancos antes de que desahuciasen a sus inquilinos–, aprobada con los votos del PSOE y su nuevo socio (Ciudadanos), la abstención del PP y de Podemos, y el único rechazo de IU.

En diciembre del año pasado, el Parlamento andaluz aprobó la nueva Ley de Vivienda del Gobierno de Juanma Moreno, con los únicos votos favorables del PP y su mayoría absoluta. La norma derogó todas las leyes anteriores de gobiernos progresistas.

“Al PSOE le presionan en los despachos, a la izquierda le presiona la calle”

A Elena Cortés no le suena raro que la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, haga hoy un llamamiento a la movilización de la gente para presionar al mismo Gobierno del que forma parte, horas antes del Consejo de Ministros clave para aprobar el decreto de vivienda. “No es contradictorio, al revés, es necesario: todos los gobiernos reciben presiones, el PSOE las recibe en los despachos, y la izquierda transformadora la recibe de la calle. El capital sabe cómo meterse en los despachos: yo llevaba una semana de consejera de Vivienda, y el primer empresario que recibí me preguntó: ¿a quién le doy el maletín con dinero? La concentración en la Puerta del Sol es lo que da fuerza a Sumar para negociar con el PSOE. Ojalá yo hubiera tenido una manifestación así en Plaza Nueva entonces. La movilización ayuda mucho”, asegura.

La sentencia que tumbó la 'ley andaluza antidesahucios' puso el derecho a la propiedad privada por encima de la función social de la vivienda. El drama de Maricarmen ha reabierto el debate sobre dónde residen las competencias en materia de vivienda, con el Gobierno central y las comunidades del PP intercambiando acusaciones.

En enero de 2014, el Constitucional que tumbó la ley andaluza antidesahucios consideró que la política de vivienda forma parte de la “regulación económica” de un país y, por tanto, es competencia del Estado, aunque la gestionen las comunidades. El Tribunal de Garantías no consideró este asunto al nivel de otras políticas delegadas, como la sanidad o la educación.

El Gobierno de Pedro Sánchez está ultimando su decreto –presionado por sus socios de izquierdas– sabiendo que su malísima sintonía con los tribunales puede echarle por tierra una norma tan ambiciosa como la que están exigiendo los acampados en la Puerta del Sol. Pero, al tratarse de una norma de rango estatal, no corre el mismo riesgo de la andaluza, de ser paralizada de forma cautelar por invasión de competencias.

Cortés está convencida de que la jueza podía haber impedido el desahucio de Maricarmen. “El primer artículo de la Constitución dice que España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho. El legislador no eligió ese orden al azar: un Estado social no puede desahuciar a una anciana de 87 años con discapacidad que siempre ha pagado su alquiler. La ley tiene que atender al Estado social”, sentencia.

El PP señala a Cándido Conde-Pumpido como uno de los grandes riesgos para la democracia española y la separación de poderes. Enemigo número uno ya desde su época de fiscal general con José Luis Rodríguez Zapatero, hoy es un supuesto enviado de Pedro Sánchez para controlar el Tribunal Constitucional (TC), órgano que preside desde enero de 2023. Los de Alberto Núñez Feijóo tienen en su mano echarle. Podrían haberlo hecho hace meses, antes de la inminente sentencia sobre la aplicación de la ley de amnistía a Carles Puigdemont. Pero han usado su mayoría absoluta en el Senado para lo contrario: mantenerlo en su cargo, al menos, un año extra.

La Constitución establece que los 12 magistrados del tribunal de garantías son elegidos, por tercios, por el Gobierno y las dos cámaras de las Cortes Generales. Cada organismo los designa por separado, teóricamente para favorecer una composición más plural. Pumpido forma parte de la terna que eligió el Senado hace ya una década, y desde diciembre del año pasado tiene su mandato caducado. Algo que él mismo ha denunciado. Están en su misma situación la magistrada del bloque progresista María Luisa Balaguer, así como los conservadores Ricardo Enríquez y José María Macías.

La renovación de la cuota del Senado debería ser sencilla, a priori. El PP controla la Cámara Alta con mayoría absoluta, y solo necesita repartirse los nombramientos con el PSOE. Dos para cada uno, como marca la tradición bipartidista. El mecanismo establece que son los parlamentos autonómicos los que remiten sus propuestas, que luego deben pasar el tamiz del Pleno.

Pero la institución que preside Pedro Rollán ha ampliado una y otra vez el plazo. En junio, el Parlamento de Cantabria pidió una prórroga porque el 15 de septiembre, tres meses después, se celebraba la fiesta de la Virgen de la Bien Aparecida. Un motivo que la mayoría del PP en la Mesa del Senado dio por bueno, con el rechazo del PSOE.

El órgano de gobierno de la Cámara Alta planteó entonces una nueva fecha tope para que las cámaras autonómicas envíen sus nombres: el 30 de septiembre. A dos semanas de esa fecha, el Parlamento de Andalucía, controlado por PP y Vox, ha pedido también una extensión del plazo. Y el Senado, con la oposición del PSOE, ha dado su visto bueno.

Es la segunda vez que Andalucía reclama una prórroga este mismo año. La anterior fue ante las elecciones autonómicas celebradas en mayo. De hecho, la fracasada cadena de convocatorias ideada por el PP para lograr la mayoría en Extremadura, Aragón y Castilla y León fue la primera de las justificaciones que buscaron para prolongar artificialmente el mandato de los actuales magistrados del TC.

El motivo esgrimido ahora es que los diputados no han tenido tiempo para negociar las designaciones, pese a que el Parlamento andaluz se constituyó el pasado 11 de junio. “La actividad normal” de la nueva legislatura “no comenzó a desarrollarse hasta el presente mes de septiembre” y los grupos parlamentarios aún no habían contado “con el tiempo suficiente para llegar a acuerdos acerca de la propuesta de candidaturas a magistrados del TC”, alega la presidenta de la asamblea autonómica, la popular Ana Mestre, en un escrito dirigido a la Cámara Alta.

La petición hubiera sido aprobada en todo caso con los votos del PP y de Vox, que comparten el Gobierno presidido por Juan Manuel Moreno. Pero el PSOE, que ocupa dos asientos en la Mesa, tampoco se opuso. El vicepresidente segundo de la Mesa, el socialista Fernando López Gil, reconoce que el portavoz de su grupo en el Senado y exlíder del PSOE andaluz, Juan Espadas, le llamó para pedirle explicaciones cuando llegó el escrito de Mestre anunciando otra prórroga en la presentación de candidaturas a jueces del Constitucional por “acuerdo de la Mesa”.

En conversación con este periódico, López Gil explica que “fue una decisión unilateral de la presidenta del Parlamento, no hubo acuerdo sobre este asunto porque no se votó en la Mesa”. “La presidenta lo presentó como algo ya hecho de lo que daba cuenta al resto de miembros. El PP suele meter asuntos en el orden del día media hora antes, y esta vez nos la coló”, asegura. Tras recibir la llamada de Espadas, el diputado socialista se dio cuenta y trasladó su “indignación” a la presidenta de la Cámara y al letrado mayor por no haber sometido a votación este asunto. El PSOE está convencido de que es una “estrategia de dilación” del PP para retrasar la renovación de magistrados del Constitucional.

En un escrito dirigido a la Mesa el pasado miércoles, López Gil deja constancia por escrito de su queja: “Los miembros del Grupo Socialista en ningún momento manifestaron su acuerdo ni prestaron su conformidad con la decisión que ha sido comunicada al Senado (...) En consecuencia, solicitamos se proceda a la rectificación del acuerdo correspondiente a este punto”, reza el escrito.

Fuentes parlamentarias explican que en la Mesa de la Cámara “no se votan los acuerdos, se enuncian” y si nadie se opone se entiende como aprobados sin más: “Si alguien muestra su oposición se hace constar en el acta, pero nunca en el acuerdo”. En las actas de aquel día no consta ninguna discrepancia ni desacuerdo.

Ratificado en 24 horas

El Senado se dio mucha prisa y ratificó la decisión en 24 horas. Rollán convocó de urgencia una reunión extraordinaria de la Mesa de la Cámara Alta. El acta de la cita, celebrada el pasado 10 de septiembre, sostiene que se amplía el plazo “hasta el día 30 de noviembre de 2026, a las 18.00 horas”. Pese al retraso, de casi un año, el presidente del Senado aseguró “que percibe voluntad y compromiso en los parlamentos autonómicos para alcanzar los acuerdos necesarios para la designación de los candidatos”, según el acta, y que “hasta el momento, ninguna asamblea, salvo el Parlamento Vasco, ha sido capaz de designar candidatos”. Navarra ya ha elegido también su terna, Yolanda Valdeolivas y Francisco José Bastida, pendiente de ratificación por el Pleno de su asamblea la semana que viene, informa Rodrigo Saiz.

En la reunión, el presidente del Senado manifestó “su esperanza de que, antes de que finalice el año, puedan iniciarse las comparecencias de los candidatos designados”. Es decir, que Rollán da por hecho que los cuatro magistrados, incluido Conde-Pumpido, seguirán en sus cargos en 2027.

Las fechas son relevantes porque el PP no está pensando en el corto plazo, sino en un futuro control total del Tribunal Constitucional. Un objetivo para el que necesita que se celebren las elecciones generales y lograr un control total de las cámaras junto a Vox.

Los ocho magistrados que se eligen en las Cortes Generales requieren de una mayoría cualificada de tres quintos de cada Cámara, lo que ha obligado históricamente al entendimiento entre el PP y el PSOE, con momentos de participación de otros partidos. En el caso del Senado, tres quintos equivalen a 159 senadores. El PP tiene 142 (ha perdido alguno tras cederlos a Vox para lograr sus pactos autonómicos). Vox tiene cinco. Esos 12 senadores de diferencia explican el bloqueo al que la derecha somete al máximo órgano de interpretación de la Constitución española.

El PP cree tener en su mano lograr esos 159 escaños de la mano de sus socios ultras, lo que le permitiría no tener que compartir los nombramientos con el PSOE, revertir la actual mayoría progresista y elegir al futuro presidente del Tribunal Constitucional.

La Agencia de Vivienda y Rehabilitación de la Junta de Andalucía (AVRA) carece del seguro de responsabilidad civil profesional para proteger jurídicamente a sus empleados públicos –arquitectos técnicos, aparejadores– ante cualquier litigio penal como consecuencia de accidentes laborales en las promociones de obra pública que mantiene activas en toda la comunidad.

El Gobierno andaluz prescindió de la póliza específica que cubría a los responsables de obras de AVRA, para meterles bajo el paraguas de un seguro generalista que tienen todos los empleados públicos de la Junta. Pero un informe ad hoc de la Dirección de Patrimonio, adscrita a la Consejería de Hacienda, reveló el pasado mayo que esa póliza no protege a los técnicos de AVRA, obligados a asumir su propia defensa legal en caso de verse envueltos en un proceso penal.

Esa “desprotección jurídica”, denunciada al unísono por todos los sindicatos de AVRA, sorprendió al colectivo y a la propia dirección de la Agencia de Vivienda hace un año, a raíz de un accidente mortal que ha derivado en la investigación judicial en curso por un supuesto delito de homicidio por imprudencia.

El pasado 13 de marzo de 2025, un hombre de 38 años falleció aplastado por un muro mientras trabajaba en las obras de un complejo de viviendas públicas de Sevilla, propiedad de la Agencia de Vivienda de la Junta de Andalucía. La directora de esa obra (aparejadora) y personal laboral de AVRA, está imputada, y la responsable de su ejecución, está citada como testigo, confirman fuentes del ente público.

En el juicio, previsto para principios de noviembre, la empleada pública de la Junta se enfrenta a penas de cárcel e inhabilitación para ejercer su profesión. Cuando la Fiscalía o los tribunales investigan a funcionarios o trabajadores públicos, es el seguro de responsabilidad civil de la Junta de Andalucía el que se encarga de su representación jurídica y le asigna abogados. Los profesionales del Servicio Andaluz de Salud (SAS), por la especificidad de su oficio, tienen una póliza especial para defenderse de denuncias por posibles negligencias médicas, que son muy comunes.

Los sindicatos de AVRA sostienen que sus técnicos y responsables de obra tenían un seguro profesional similar, “obligatorio”, según el artículo 66 de su Convenio Colectivo, pero la Junta prescindió de esta póliza específica, “alegando recortes de gastos superfluos”, y les incluyó en el aseguramiento general para el resto de funcionarios.

La Consejería de Vivienda no ha aclarado en qué momento prescindió de la póliza de responsabilidad profesional para los técnicos de AVRA, aunque fuentes de la Agencia señalan 2016 como el año en el que se adhieren al seguro único de la Junta. Una resolución de la dirección de AVRA, de 31 de julio de 2014, recoge que, en ese momento, todo su personal sí estaba cubierto jurídicamente por el aseguramiento de la Administración ante posibles litigios penales. “Los terceros perjudicados [en obras públicas] deben dirigirse obligatoriamente contra la Administración y nunca pueden ejercer la acción de responsabilidad civil ante la jurisdicción civil contra el empleado público por actos derivados de su actividad profesional”, dice la orden, que los sindicatos consideran “plenamente vigente”

“La resolución de 2014 reconoce de forma expresa la 'situación de precariedad no deseable' en la que el proceso penal sitúa a los empleados y mandata a AVRA a asumir en primera instancia las indemnizaciones por responsabilidad civil, el pago de fianzas judiciales y la totalidad de los gastos de defensa jurídica (abogados, peritos, procuradores) en causas penales por razón del servicio, salvo sentencia condenatoria firme por dolo o culpa grave”, esgrimen los sindicatos de la Agencia, que han adjuntado esta resolución a la denuncia registrada ante la Inspección de Trabajo.

La imputación de una empleada de la Consejería de Vivienda por el accidente mortal en una promoción pública ha destapado una situación anómala que tiene tensionado a todo el personal técnico de la agencia desde hace meses. La dirección de AVRA admite el problema pero circunscribe su afectación a “69 personas, incluyendo los jefes técnicos”.

Los sindicatos, en cambio, denuncian que la “desprotección jurídica” afecta a “muchos más, no sólo entre el personal en activo, sino de los que ya están jubilados o incluso han muerto, porque el seguro profesional cubría a los técnicos hasta diez años después de entregada la obra”. “Al eliminar esa póliza, hay extrabajadores de AVRA que quedan desprotegidos y expuestos a un litigio penal en caso de denuncias por negligencias”, explican.

“El seguro de responsabilidad civil no sólo es para la dirección de obra en sí, también existe responsabilidad en la emisión de informes técnicos, o incluso en valoraciones, en trabajos de oficina. En realidad todos los trabajadores de AVRA tenemos responsabilidad en nuestras tareas, aunque las más graves, evidentemente, son las relacionadas con los accidentes en obra”, explican desde CSIF, que sostienen que el cálculo de trabajadores afectados por la falta de seguro profesional “se queda corto”.

En una respuesta por escrito a este periódico, la Consejería de Vivienda defiende que todo su personal “está cubierto por el seguro de responsabilidad civil contratado por la Junta de Andalucía y vigente en la actualidad”. Pero, acto seguido, reconoce que “la Agencia está manteniendo reuniones con los representantes sindicales y el personal técnico sobre este asunto y está estudiando la posibilidad de incorporar la contratación de un seguro específico para el personal técnico interviniente en cada obra”.

A pesar de todo, el departamento que pilota la consejera Rocío Díaz subraya que “la Administración no está obligada a contratar un seguro decenal de responsabilidad civil de los técnicos”. La falta de acuerdo entre los trabajadores de AVRA y la dirección hizo que el pasado mes de julio el comité intercentros de la empresa pública, con la firma de todos sus sindicatos, registrase una denuncia ante la Inspección de Trabajo reclamando la apertura de una investigación por la “quiebra absoluta de las coberturas” y la falta de “defensa jurídica” de sus técnicos de AVRA, a partir de las “exclusiones técnicas desveladas” en el seguro de la Junta de Andalucía.

La Junta admite que su póliza “excluye” ciertas responsabilidades

La imputación de la directora de obra en la promoción de viviendas de Sevilla donde falleció un operario, en marzo del año pasado, reveló la “desprotección jurídica y patrimonial” de todos los técnicos de AVRA que, en consecuencia, debían “asumir en primera instancia las indemnizaciones por responsabilidad civil, el pago de fianzas judiciales y la totalidad de los gastos de defensa jurídica en causas penales”, según consta en la denuncia, a la que ha tenido acceso elDiario.es.

Antes de denunciarlo a las autoridades laborales, la plantilla de AVRA había trasladado su preocupación a la dirección de la Agencia. La dirección de la Agencia confirmó que el seguro obligatorio específico ya no existía, pero trató de tranquilizar a la plantilla asegurándoles que el personal técnico “estaba integrado” bajo el paraguas de protección jurídica de la Junta de Andalucía, que tiene un seguro más amplio. Pero eso no convenció a la plantilla, convencida de que la póliza generalista no cubría los riesgos inherentes a su profesión.

Los trabajadores denuncian que se está incumpliendo el artículo 66 de su Convenio Colectivo, “que exige expresamente el aseguramiento de las responsabilidades derivadas de la dirección de obra, dirección de ejecución, redacción de proyectos, coordinación de seguridad y salud y demás actividades análogas, garantizando obligatoriamente la defensa jurídica del personal y la cobertura de la responsabilidad civil derivada de la vía penal, civil (tanto la de carácter leve como la grave) y la responsabilidad de carácter profesional”.

La dirección de AVRA admitió ante los representantes sindicales de la empresa que existían “dudas jurídicas” y, para resolver el conflicto interno, elevó una consulta por escrito da la Dirección General de Patrimonio, adscrita a la Consejería de Economía y Hacienda, “sobre el alcance del aseguramiento de la responsabilidad civil profesional de su personal técnico”.

El pasado 25 de mayo, el director general de Patrimonio, Joaquín Gallardo, confirmó por escrito los peores temores del personal técnico de AVRA respecto a su actual inseguridad jurídica: el actual seguro de responsabilidad civil/patrimonial de la Junta de Andalucía no ofrece una protección jurídica válida a los directores de obra pública, porque el pliego de condiciones contiene “exclusiones técnicas” que les afectan de lleno.

El informe de Patrimonio, al que ha tenido acceso este periódico, confirma que quedan excluidos del seguro de la Junta “las responsabilidades que deban ser objeto de cobertura mediante seguros de suscripción obligatoria”; “excluye la responsabilidad decenal” (deja fuera a los agentes de la construcción, como promotores, constructores y arquitectos); se limita al “periodo de vigencia contractual” (no cubre reclamaciones formuladas con posterioridad al cese, baja o jubilación del responsable de obra) y emplea una “formulación genérica” y poco específica sobre “los riesgos que asume el colectivo técnico de AVRA”.

El documento reconoce que “la modalidad de aseguramiento” actual de la Junta de Andalucía está “delimitada por las exclusiones recogidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas”, entre las que figura “de manera expresa (...) la responsabilidad civil decenal, así como las responsabilidades que deban ser objeto de cobertura mediante seguros de suscripción obligatoria”.

El conflicto interno ha conciliado a todas las secciones sindicales de la Agencia de Vivienda –CCOO, UGT, CSIF y UITA– que firman la denuncia ante la Inspección de Trabajo y adjuntan el oficio de la Dirección General de Patrimonio para subrayar la “quiebra absoluta de las coberturas” y la falta de “defensa jurídica” de sus técnicos, a partir de las “exclusiones técnicas desveladas” en el seguro de la Junta de Andalucía, como reconoce el citado informe.

La denuncia, que firma el presidente del comité intercentros de AVRA, plantea el “riesgo económico y patrimonial desproporcionado” al que están sometidos estos trabajadores –expuestos a multas y a inhabilitación para el ejercicio de sus puestos–, “vulnerando el marco normativo de la Ley de Función Pública de Andalucía y la legislación de edificación”.

El escrito solicita a la Inspección de Trabajo la apertura de una investigación “de manera urgente” para constatar el “flagrante incumplimiento del Convenio Colectivo” de AVRA y las “graves deficiencias reconocidas oficialmente por la Dirección General de Patrimonio, requiriendo a la empresa la inmediata formalización de las pólizas de seguro de responsabilidad civil profesional exigidas” y procediendo al “acta de infracción”.

La Consejería de Vivienda ha rehusado aclarar en cuántas obras públicas trabajan sus técnicos en este momento en toda Andalucía. Los sindicatos calculan que hay unas 70 actuaciones en marcha de cierta envergadura, pero recuerdan que su responsabilidad civil no afecta sólo a las promociones de vivienda nueva, también a reparaciones menores de los pisos de alquiler propiedad de la Junta, que rondan los 40.000.

La directora de la obra donde tuvo lugar el accidente mortal, personal laboral de AVRA, se encuentra “muy afectada” y ha rehusado valorar su situación judicial. Este periódico se ha puesto en contacto también con su abogado, que tampoco ha aclarado si sus honorarios los paga su representada o si, como sostienen trabajadores de la Agencia, se ha hecho cargo la dirección hasta que se resuelva el conflicto sobre la falta de póliza de seguro profesional.

El pasado 4 de julio, Juanma Moreno y Manuel Gavira comparecieron juntos, por primera vez, para firmar un acuerdo de Gobierno de coalición PP-Vox en Andalucía, que incluía 150 medidas, entre ellas, un replanteamiento general de las subvenciones públicas a sindicatos, ONG y ayudas a la cooperación internacional.

“Se acabaron las mariscadas a costa de los andaluces. Los recursos públicos deben destinarse exclusivamente a atender las necesidades de los ciudadanos”, dejó escrito ese día el líder regional de Vox, que días después juraría el cargo como vicepresidente primero de la Junta y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local.

A Gavira se le ha vuelto ese tuit en contra, como un boomerang lanzado con la furia de las redes sociales, al trascender que su propio departamento -la Empresa Pública para la Gestión del Turismo de la Junta- contribuyó con 18.000 euros (IVA incluido) a costear la polémica gala privada que tuvo lugar el pasado jueves en la Plaza Virgen de los Reyes, a los pies de la Giralda de Sevilla.

A la cena privada, donde se sirvió de segundo “una mariscada”, asistieron como invitados de honor el presidente de la Junta, Juanma Moreno, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y tres altos cargos de Vox: el secretario general de Desregulación de la Junta, Juan Antonio Aguado, la diputada nacional Reyes Romero y la senadora María Pastor. El evento consistió en la celebración de los 20 años de vida de la revista de sociedad Escaparate, y tuvo el patrocinio del Ayuntamiento y de la Junta, ambas administraciones del PP, que aportaron 36.000 euros brutos, dos contratos menores de 18.000 euros cada uno.

El asunto ha levantado una polvareda política, no sólo porque una cena privada para 400 invitados de la alta sociedad sevillana se haya pagado con dinero público, sino porque el Consistorio hizo uso de una cláusula excepcional de la ordenanza municipal de ocupación de espacios públicos del Conjunto Histórico, que permitió saltarse la prohibición expresa de celebrar eventos privados en las plazas Virgen de los Reyes y Virgen del Triunfo, espacios contiguos a la Giralda, la Catedral, los Reales Alcázares y el Archivo General de Indias, monumentos Patrimonio de la Humanidad desde 1987.

La oposición de izquierdas ha llevado la polémica al Pleno del Ayuntamiento -donde se ha topado con la contradicción de que el anterior alcalde, el socialista Antonio Muñoz, autorizó y participó el mismo evento en otra céntrica plaza de Sevilla (San Francisco, también próxima a la Giralda)- y al Parlamento de Andalucía.

Aquí, los diputados de PSOE, Adelante Andalucía y Por Andalucía han criticado la “hipocresía” de los miembros de Vox, por denunciar las “mariscadas hasta que son ellos las que se las comen”. “Parrillada de primer plato y mariscada de segundo”, ha subrayado el parlamentario de Por Andalucía, Rafael Sánchez Rufo. “Los bien pagados. Los de las mariscadas. En Vox no tienen ninguna credibilidad. Maldita hemeroteca”, abunda la portavoz socialista, María Márquez. “Ahora les gustan los sillones y las galas para famosos, ricos y horteras”, ha dicho el líder de Adelante Andalucía, José Ignacio García.

En su turno, el portavoz adjunto de Vox en el Parlamento andaluz, Rodrigo Alonso, ha tratado de explicar el viraje de su partido en este asunto. “Esto no tiene la menor importancia. Todas las consejerías dan un dinero en promoción, se ha hecho como siempre se viene haciendo. Esto no choca contra nuestros postulados y nuestros principios, de que hay que dedicar el dinero público para lo verdaderamente importante, para nada”, ha subrayado Alonso.

El diputado almeriense ha dicho que “con todo lo que está cayendo en el mundo, que el gran problema sean 18.000 euros... Con el gasóleo a 1,80 euros, y con explotaciones agrarias que se están planteando ni plantar ni recolectar, esto no tiene ningún tipo de importancia”.

La empresa responsable de esta polémica gala se llama 'Sevilla por la gracia de dios, S.L' y ha recibido en años anteriores contratos similares por parte del Ayuntamiento y de la Junta de Andalucía. El director de la revista Escaparate y promotor de la gala y la entrega de premios, Mario Niebla, ha cifrado el coste total del evento en 150.000 euros, de los que en torno al 20% lo habrían pagado las dos administraciones en calidad de promotores. El evento, con 400 invitados, también contaba con el patrocinio de 23 marcas y otras 24 entidades colaboradoras.

En declaraciones a los medios, Niebla ha asegurado que fue el propio alcalde de Sevilla quien le propuso celebrar la gala en la Plaza Virgen de los Reyes, y que la Diputación de Sevilla, que preside el líder del PSOE en la provincia, Javier Fernández de los Ríos, también colaboró cediéndole sus instalaciones de la Casa de la Provincia, en la misma plaza, como “camerinos y aseos para que los músicos que actuaron en el evento”.

Desde la Diputación de Sevilla matizan que esa propuesta de cesión, por escrito, no llegó a firmarse porque el promotor del evento no lo aceptó. “La Casa de la Provincia fue solicitada por la entidad interesada, pero no fue utilizada para los Premios Escaparate ni para ninguna actividad relacionada con dicho evento. Las instalaciones cerraron al público a las 21:00 horas y permanecieron cerradas hasta la mañana siguiente, sin que fueran empleadas como vestuario, zona de apoyo logístico ni para ningún otro fin vinculado a los Premios Escaparate. En consecuencia, no hubo uso efectivo alguno de la Casa de la Provincia por parte de la organización ni de los participantes del evento”, sostiene la institución en un comunicado.

El pasado noviembre, todos los partidos de la oposición al Gobierno votaron en el Parlamento a favor de la creación de una comisión de investigación sobre el escándalo de los cribados de cáncer de mama, la crisis política que más ha zarandeado a Juanma Moreno desde que es presidente. La mayoría absoluta del PP tumbó la iniciativa.

Diez meses después, el PP ya no tiene mayoría absoluta, pero cuenta con un socio de Gobierno, Vox, que este miércoles ha confirmado que votará en contra de la misma iniciativa que entonces apoyó. PSOE, Adelante Andalucía y Por Andalucía han registrado hoy en el Parlamento la misma propuesta para crear esa comisión de investigación sobre los diagnósticos tardíos de cáncer de mama, que afectaron a más de 2.000 mujeres (según cifras de la Junta) y se cobró el cese de la consejera de Salud y todo su equipo.

La iniciativa conjunta de las izquierdas nace de una petición expresa de AMAMA, la asociación de mujeres con cáncer de mama de Sevilla que destapó el escándalo, y que pidió a todos los grupos que fueran de la mano. Su presidenta, Ángela Claverol, ha acompañado esta mañana hasta la puerta del registro de la Cámara a la portavoz socialista, María Márquez, el líder de Adelante, José Ignacio García, y el de Por Andalucía, Antonio Maíllo.

Pero, a la vez que entraba en registro la propuesta de creación de una comisión de investigación por la crisis de los cribados, el portavoz adjunto de Vox en la Cámara, Rodrigo Alonso, dejaba claro el viraje de 180 grados que ha dado su partido tras entrar en el Gobierno de coalición con el PP. En la negociación entre ambos partidos, Moreno llegó a ofrecer a la ultraderecha la creación de una comisión de investigación sobre los cribados si consentían en ser un socio externo y quedarse fuera del Consejo de Gobierno.

Pero Vox exigió entrar y ahora, con su líder como vicepresidente primero de la Junta y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, han desistido de fiscalizar la gestión de la crisis de los cribados de cáncer que tanto denunciaron desde la oposición. “Nosotros no somos muy de comisiones de investigación”, ha explicado Alonso en rueda de prensa, tras asegurar que “ya sabemos lo que pasó” y que su partido no se prestará “al postureo” de los partidos de izquierdas.

“Vox siempre ha exigido que haya transparencia, que se diga cuál fue el fallo. Pero los partidos de la izquierda van a manosear todo lo posible este tema para sacar rédito político, y no nos vamos a prestar a eso. En diez meses ya se ha descubierto dónde estaban los fallos y ya se han puesto sobre la mesa las respuestas. En su día tenía sentido, ahora ya no”, ha abundado Alonso. Preguntado por qué, entonces, su grupo seguía exigiendo a Moreno explicaciones sobre la crisis de los cribados hace tres meses, en campaña electoral, el diputado almeriense ha aclarado que la fórmula en la que estaban pensando en ese momento no era ya una comisión de investigación parlamentaria.

La próxima semana se cumple un año desde que estalló el escándalo de los cribados de cáncer de mama, la mayor crisis política que ha golpeado al Gobierno de Moreno, con cientos de mujeres en las calles, mostrando sus pechos cortados, y gritando “Bonilla dimisión”. El presidente de la Junta cesó a la consejera de Salud, Rocío Hernández, y a todo su equipo, y perimetró la crisis en una sola unidad del hospital Virgen de Rocío de Sevilla, el más grande de Andalucía.

Las izquierdas también han presentado una propuesta de declaración institucional en solidaridad de las víctimas de la crisis de los cribados, frente al PP, que propuso antes un mismo posicionamiento político del Parlamento sobre la crisis migratoria de Ceuta. El portavoz popular en la Cámara, Toni Martín, ha criticado al PSOE por volver a traer “el manoseado cribado de cáncer de mama”. Martín ha recordado que los socialistas centraron toda su campaña electoral en este asunto y el resultado fue “el mínimo histórico” para este artido. “Han manoseado a mujeres con cáncer de mama y han hecho mucho daño a una asociación, instrumentalizando este asunto”, concluye.

El PSOE andaluz está desplegando una batería de iniciativas parlamentarias para exigir al Gobierno de Juanma Moreno que cumpla con sus “obligaciones y compromisos” con la ciudad autónoma de Ceuta, que sufre una crisis humanitaria y migratoria sin precedentes desde hace mes y medio.

Una de esas propuestas es la presentación de una queja formal contra la Junta ante el Defensor del Pueblo Andaluz y de la Infancia, anunciada este martes por la secretaria general de los socialistas, María Jesús Montero, para que “investigue el incumplimiento” del convenio suscrito con el Gobierno ceutí para “agilizar” el traslado de menores migrantes a Andalucía en caso de “contingencia migratoria”, como la que está viviendo la ciudada autónoma.

El convenio bilateral se firmó en 2021, fue renovado en enero de 2024, es un compromiso “estable en el tiempo” y está “vigente” hasta 2028. Ambas administraciones firmaron un marco de colaboración para el acogimiento y la integración de menores extranjeros no acompañados llegados a Ceuta, con el objeto de descongestionar los servicios asistenciales de la ciudad autónoma en caso de llegadas masivas, como la que se produjo en 2021 con la entrada irregular de unos 10.000 inmigrantes (1.500 niños).

El Gobierno de Moreno se ha apeado de ese convenio, que es un acuerdo de voluntad política con Ceuta, por varias razones: primero, porque el presidente ceutí, el popular Juan Jesús Vivas, no lo ha invocado para aliviar la presión migratoria que está sufriendo su ciudad (con 2.000 menores filiados y en torno a mil deambulando por las calles, según la estimación del Ministerio de Infancia); segundo, porque Moreno cree que acoger a esos niños en Andalucía, aunque fuera de forma provisional, provocaría un “efecto llamada” que perjudicaría a Ceuta, “que vería llegar a 200.000 menores más”. Y tercero, porque “la Comisión Europea desactivaría el espacio Schengen si los inmigrantes pisasen suelo continental”, un argumento que Moreno dio en sede parlamentaria, pero que no es exacto (no hay ninguna directriz europea que sostenga esta tesis, aunque sí ha habido presiones políticas de Bruselas y otros países miembros que han acusado a España de provocar un “efecto llamada” con su procedimiento de regularización masiva de inmigrantes).

Así las cosas, a Montero le han preguntado este martes en el Parlamento cómo valora que el presidente Vivas, el principal interesado en descongestionar la presión migratoria que sufre su ciudad, no haya invocado el convenio bilateral que tiene suscrito con Andalucía, una región que acoge ahora a 1.800 menores -a 31 de agosto- y con una capacidad ordinaria de acogida de 3.009 plazas.

“Yo conozco muy bien a Vivas, he negociado con él y, ¿quién le ha visto y quién le ve? Vivas está más al servicio de Génova [sede nacional del PP] que de la ciudadanía ceutí. El problema migratorio golpea a Ceuta, el primer impulsor del cambio legal [la reforma de la Ley de Extranjería] fue Vivas, porque sabía que tenía que hacer uso de ese artículo. Hemos visto una mutación en él, de colaboración a confrontación. No salgo de mi asombro, no le pega al Gobierno de Ceuta confrontar con el Gobierno de España por el simple interés partidista, y tarde o temprano lo pagará el gobierno de Ceuta, no se puede alimentar el odio, la confrontación y el racismo”, ha dicho Montero.

Las plazas que tiene Andalucía y las que debería tener

La capacidad ordinaria de acogida es una fórmula que estableció el Gobierno en un Real Decreto para reubicar solidariamente a los niños extranjeros entre las comunidades autónomas en función de su población. Es decir, no son las plazas disponibles que tiene Andalucía, sino las que “debería tener” en función de esa fórmula.

Según ese cálculo, Andalucía aún podría acoger a 1.200 menores más, pero la Junta rechaza esa fórmula de reparto (aunque también se niega a confirmar el número de menores que tiene acogidos y el número de plazas reales de las que dispone).

La consejera de Igualdad, Dolores López, ha reiterado este martes que “Andalucía tiene sus recursos por encima de su capacidad. Hemos sobrepasado la capacidad de los recursos. El Gobierno de Pedro Sánchez nos reventó el sistema”, pero ha eludido dar el número actualizado de menores acogidos y las plazas con las que cuenta su red de acogida.

Juanma Moreno firmó hace tres meses un acuerdo de Gobierno con Vox que recoge explícitamente el rechazo a acoger más niños extranjeros: “No más MENAS”, dice el texto, aunque acto seguido subraya que la Junta siempre cumplirá la “legalidad vigente”. La Ley de Extranjería, tras la reforma del artículo 35 el año pasado, obliga a las comunidades a un acogimiento proporcional de niños inmigrantes. El Ejecutivo andaluz presentó un recurso contra esa reforma, pero ha venido cumpliendo con la ley y Moreno ha asegurado que lo seguirá haciendo, porque su acuerdo de Gobierno con Vox así lo establece.

Sin embargo, los menores no acompañados que están deambulando por Ceuta no entran ahora mismo en ese escenario, porque aún no se han tramitado sus expedientes: para conocer su situación personal, ver si es posible el reagrupamiento familiar en Marruecos o garantizar un traslado con todos sus derechos a la península, en caso de no ser viable el regreso con sus padres.

Estos niños se encuentran en una situación provisional, para la cual, la ministra de Infancia, Sira Rego, ha invocado los convenios bilaterales de Ceuta con otras comunidades, como Andalucía, o con ONGs especializadas en este asunto. Una fórmula para descongestionar los ya muy tensados servicios públicos de la ciudad autónoma, pero que ha encontrado un rechazo en bloque de todas las regiones del PP (Sólo Navarra, gobernada por el PSOE, se ha ofrecido).

En el PSOE andaluz son conscientes que la crisis migratoria de Ceuta, dilatada en el tiempo, está achicharrando al Gobierno de España, más que a otras administraciones. Montero, como en el entorno del presidente Pedro Sánchez, acusan al PP y a sus gobiernos regionales de querer “cronificar” el problema. En las encuestas -la última el CIS- el Ejecutivo central es el gran damnificado político de esta crisis, pero el principal beneficiario no es el PP, sino Vox.

“Han querido convertir esta crisis migratoria tan compleja para hacer populismo, mimetizan el discurso con Vox. No se puede actuar con la situación de esta manera, si fuera por ellos, aquí sin cumplimiento legal, lo que proponen es meter a todos en algún sitio sin ningún derecho internacional, y el Gobierno trabaja para que retornen a su lugar de origen, pero con todas las garantías”, ha zanjado Montero.

Un día después de que elDiario.es revelara la filtración del temario de las oposiciones de Canal Sur, la dirección de la RTVA ha difundido a primera hora de este lunes la convocatoria ya firmada a través de la intranet de la empresa. Horas después, la ha subido también al Portal de Transparencia. El documento, al que ya tienen acceso todos los trabajadores del ente público, todavía no se ha publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

RTVA se ha adelantado así a la publicación de las bases en el BOJA, que constituye la apertura oficial del procedimiento, según explican expertos en Derecho Administrativo. La dirección ha eludido responder, a preguntas de este periódico, cuál es el motivo por el que se ha optado por difundir la convocatoria este lunes, sin esperar a que estas sean accesibles a través del boletín oficial.

La versión ahora difundida coincide sustancialmente con el documento interno al que tuvo acceso este periódico y que llevaba en posesión de trabajadores desde, al menos, comienzos de septiembre. La principal diferencia es que el definitivo incorpora la fecha de la resolución –15 de septiembre– y la firma del director general de la RTVA, Juan de Dios Mellado.

La decisión de hacer pública la convocatoria antes de su publicación en el BOJA ha generado dudas entre los representantes sindicales, que siguen reclamando explicaciones a la dirección después de que trascendiera que las bases y el temario de las primeras oposiciones de Canal Sur en casi 20 años llevaban semanas circulando dentro y fuera del ente público. Desde el Comité Intercentros cuestionan la gestión de la empresa dada la “incertidumbre” que ha suscitado.

Los sindicatos no se explican por qué, si la empresa podía difundir por adelantado la convocatoria en el Portal de Transparencia, la dirección ha esperado hasta ahora para hacer pública una documentación que ya estaba firmada desde hace una semana. Fuentes sindicales atribuyen la decisión a un intento de “acallar” el revuelo interno provocado por la filtración del temario antes de su publicación oficial, y esperan poder aclarar las incógnitas en la reunión de la mesa de contratación prevista para este martes 22 de septiembre.

Cronología: un anuncio que coincidió con la filtración

El Consejero de Presidencia, Antonio Sanz, anunció la convocatoria para cubrir 228 plazas en la cadena pública el 7 de septiembre en una entrevista en Canal Sur. El anuncio, que despertó gran espectación en el sector audiovisual andaluz, coincidió con que las bases habían sido remitidas al Consejo de Administración de RTVA para su aprobación.

Al día siguiente, el director general de la RTVA informó que, esa misma semana, el Consejo de Administración aprobaría los documentos que se habían acordado con los sindicatos en la última reunión de la mesa de contratación, celebrada el pasado 30 de julio. A dicha documentación solo podían acceder los miembros del Consejo y las organizaciones sindicales que participan en la negociación. Pero por esas fechas de principios de septiembre, las bases –junto con los anexos relativos al temario y los requisitos– ya estaban circulando dentro y fuera de la empresa.

Una semana después, el 16 de septiembre, Juan de Dios Mellado firmó el documento para su publicación oficial en el BOJA. El documento, ya fechado y firmado por el director general, se ha incorporado a la intranet de la empresa y al Portal de Transparencia la mañana de este lunes, 24 horas después de la información destapada por elDiario.es Andalucía.

Este periódico ha preguntado a la Consejería de Presidencia si la filtración de las bases conlleva alguna consecuencia que pueda perjudicar el procedimiento; si la Consejería o la RTVA han pausado la convocatoria cuando supieron que los temarios se habían filtrado a principios de septiembre; si se han tenido que rehacer algunos documentos tras hacerse públicos y si temen que la convocatoria pueda ser impugnada. Desde el departamento que dirige Antonio Sanz han contestado: “Pregunta a quien lo haya filtrado”.

Dudas en torno a la impugnación

Las consecuencias que puede tener la difusión de unos documentos internos que todavía no se han publicado oficialmente genera dudas entre sindicatos y trabajadores. Algunos representantes sindicales temen que pueda ser motivo de impugnación, mientras que otros van a exigir que se paralice la publicación hasta que se investigue y esclarezca el episodio de la filtración.

En cuanto al hecho de que la RTVA se haya anticipado a la publicación, expertos en Derecho Administrativo consultados por este periódico explican que el organismo público puede adelantar la publicación en su correspondiente Portal de Transparencia sin que ello “vicie de nulidad el procedimiento”, siempre que vaya seguido de la publicación en el boletín oficial.

Otra experta en Función Pública consultada indica que la convocatoria solo adquiere validez con su publicación en el boletín oficial y que es entonces cuando puede ser objeto de impugnación. Respecto a la difusión anticipada de RTVA, considera que “no es lo habitual” y que éticamente es cuestionable, aunque no necesariamente incumpla la legalidad si ha pasado el procedimiento negociador con las organizaciones sindicales.

La filtración del temario plantea, sin embargo, una cuestión diferente. Según los expertos consultados, el acceso anticipado a los contenidos podría tener relevancia si quienes conocieron las bases con semanas de antelación disponen de más tiempo para preparar los ejercicios que el resto de aspirantes. En ese caso, si el plazo entre la publicación oficial y la celebración de los exámenes fuera reducido, podría plantearse si se han garantizado las mismas condiciones de igualdad para todos los participantes.

La dirección de la RTVA publicó los documentos oficiales en la intranet a primera hora de la mañana del lunes —sobre las 8:30, según fuentes de la plantilla—. Unas horas después, pasado el mediodía, los trabajadores se percataron de que también figuraban ya en el Portal de Transparencia de la RTVA.

Este movimiento ha vuelto a plantear dudas sobre las garantías en el procedimiento y en el acceso a la información entre los trabajadores de Canal Sur y el resto de aspirantes a las 228 plazas convocadas. Dudas que los sindicatos van a poner sobre la mesa en la reunión de este martes.

La polémica desatada por la gala privada celebrada el pasado jueves en la Plaza Virgen de los Reyes, a los pies de la Giralda de Sevilla, va camino del salón de Plenos del Consistorio y del Parlamento andaluz, donde la oposición de izquierdas exigirá la factura con el dinero público que ha sufragado esa “cena de lujo” a la que fueron invitados el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, y el presidente de la Junta, Juanma Moreno, entre los 400 asistentes.

Ambas administraciones, gobernadas por el PP, eran patrocinadores de este evento privado, los 20 años de vida de la revista Escaparate, que se celebró en un espacio público y privilegiado del Casco Antiguo de Sevilla, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. La aportación conjunta del Ayuntamiento y de la Junta asciende a 36.000 euros brutos (IVA incluido) a través de ambos contratos menores.

La delegación de Turismo y Cultura adjudicó este contrato a dedo por casi 15.000 euros más IVA a la empresa 'Sevilla por la gracia de dios, S.L'; y la Empresa Pública para la Gestión del Turismo de la Junta, que ahora dirige Vox dentro del Gobierno de coalición de Moreno, adjudicó un contrato similar por la misma cantidad en concepto de “patrocinio” para la XX edición de los premios, según consta en el Portal de Contratación de la Junta (donde también aparecen los contratos de ediciones anteriores).

El director de la revista Escaparata y promotor de la gala y la entrega de premios, Mario Niebla, ha cifrado el coste total del evento en 150.000 euros, según avanzó a el diario El País, de los que en torno al 20% lo habrían pagado el Ayuntamiento y la Junta en calidad de promotores. El evento, al que acudió una nutrida representación de la alta sociedad sevillana, también contaba con el patrocinio de 23 marcas y otras 24 entidades colaboradoras.

Aunque la oposición de izquierdas ha cargado duramente contra ambas administraciones, del PP, lo cierto es que el Ayuntamiento de la capital hispalense ya había sufragado estas galas privadas en ediciones anteriores, también en otros espacios públicos de la ciudad, como la Plaza de San Francisco, próxima a la Giralda, y con la participación y asistencia del exalcalde socialista, Antonio Muñoz.

A Muñoz, que acaba de ser confirmado candidato a las municipales de 2027, le han llovido las críticas por criticar ahora lo que él mismo hizo siendo regidor de Sevilla. El matiz al que se aferran fuentes socialistas es que la ordenanza municipal de ocupación de espacios públicos del Conjunto Histórico prohibe expresamente la ocupación de las plazas Virgen de los Reyes y Virgen del Triunfo para el desarrollo de eventos y actividades, espacios contiguos a la Catedral, los Reales Alcázares y el Archivo General de Indias, monumentos Patrimonio de la Humanidad desde 1987.

Pero el artículo 3 de dicha ordenanza introduce algunas excepciones, como los rodajes cinematográficos o publicitarios, las fiestas tradicionales, los mítines electorales y las “actividades que por sus características (corta duración, carecer de instalaciones o precisar instalaciones de escasa entidad) o por cualquier otra circunstancia concurrente, permitan una previsión razonable de no producir una incidencia relevante sobre el espacio en que tengan lugar o su entorno”, en las que se enmarcaría la polémica cena del jueves.

A preguntas de este periódico, el Consistorio hispalense se negó la semana pasada a aclarar cuánto pagó como “coorganizador” de la cena privada celebrada a los pies de la Giralda, pero este lunes, la concejal de Turismo y Deporte, Angie Moreno, ha confirmado la cifra y explicado que fue la empresa pública municipal de turismo, Contursa, la que propuso el uso de la plaza Virgen de los Reyes como “reconocimiento” a los 20 años de la revista Escaparate.

En términos similares ha justificado su asignación la Consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, que dirige el vicepresidente segundo de la Junta y líder regional de Vox, Manuel Gavira. El partido ultraderechista es socio del Gobierno de Juanma Moreno y ha apoyado los presupuestos municipales de Sanz en el Ayuntamiento de Sevilla. Vox no ha cuestionado públicamente la celebración de esta gala privada cofinanciada con fondos públicos.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, sí le ha repordado a Gavira, a través de su cuenta en X (antes Twitter), la frase con la que anunció la retirada de subvenciones a sindicatos y ONGs, que recoge el pacto de Gobierno suscrito con Moreno hace tres meses. “Se acabaron las mariscadas a costa de los andaluces”. “El que firma el pago de la cena”, ha añadido Puente.

Niebla aseguró este lunes que la Diputación de Sevilla, que preside el líder del PSOE en la provincia, Javier Fernández de los Ríos, también había colaborado con esta gala privada, “cediendo sus instalaciones próximas a la Plaza del Triunfo como camerinos y aseos para que los músicos que actuaron en el evento”.

Sin embargo, desde la Diputación de Sevilla desmienten categóricamente esta afirmacióin: “La Casa de la Provincia fue solicitada por la entidad interesada, pero no fue utilizada para los Premios Escaparate ni para ninguna actividad relacionada con dicho evento. Las instalaciones cerraron al público a las 21:00 horas y permanecieron cerradas hasta la mañana siguiente, sin que fueran empleadas como vestuario, zona de apoyo logístico ni para ningún otro fin vinculado a los Premios Escaparate. En consecuencia, no hubo uso efectivo alguno de la Casa de la Provincia por parte de la organización ni de los participantes del evento”, sostiene la institución.

La Diputación asegura que desconocía la actividad para la que se solicitó el uso de sus instalaciones como “vestuario para artistas y aseo”. “Por tratarse de una Casa Palacio, se establecieron condiciones de uso especialmente rigurosas: tanto la sala polivalente (SUM) como el aseo quedarían destinados única y exclusivamente a los artistas, sin que en ningún caso las instalaciones de la Casa de la Provincia pudieran utilizarse como espacio de apoyo general o de acceso para asistentes al evento”.

En una ocasión anterior, el mismo promotor de los premios Escaparate solicitó el uso de la Iglesia de San Luis de los Franceses para la celebración de un desfile de modelos en el interior del monumento. Al conocerse entonces el contenido y características de la actividad propuesta, la solicitud fue expresamente denegada.

El pasado 31 de agosto, un mes después de la entrada ilegal de 80.000 inmigrantes en Ceuta desde Marruecos, Andalucía contabilizaba 1.800 menores extranjeros en sus casas de acogida.

La cifra es inferior a la que había registrado ocho meses antes, el 31 de agosto de 2025, cuando la Junta enumeró a 1.954 niños migrantes (154 menos), según los datos oficiales que maneja la Consejería de Servicios Sociales, Familias e Igualdad. La presión migratoria en Andalucía -principalmente en pateras que cruzan el Estrecho- es fluctuante, pero en el último medio año ha experimentado un leve retroceso.

Esos 1.800 menores extranjeros atendidos en Andalucía -un dato que la Junta ha evitado hacer público- revelan que la capacidad ordinaria de acogida de esta comunidad está al 59,8%, esto es, con margen aún para atender a otros 1.200 niños migrantes de los más de 2.000 filiados en Ceuta. El Real Decreto de capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de menores extranjeros, aprobado el pasado junio, estableció una fórmula para reordenar el reparto desigual la presión migratoria por comunidades.

La capacidad ordinaria es un término clave porque calcular cuántos niños debe acoger cada región en función de su población y sus recursos, es decir, la fórmula sirve para detectar dónde era más deficitaria la solidaridad, y cuáles estaban más saturadas y podían reclamar más financiación al Estado. En ese cálculo, a Andalucía le correspondía -por volumen de población- disponer de 3.009 plazas para menores migrantes.

De ahí que el Ministerio de Infancia, que pilota Sira Rego, considere que esa comunidad tiene aún margen para aliviar la presión en Ceuta y acoger a más niños de forma provisional mientras se tramitan sus expedientes. Según los datos oficiales a los que ha tenido acceso este periódico, Andalucía tiene ocupada casi el 60% de su capacidad ordinaria de acogida y aún podría recibir a unos 1.200 menores más.

Hasta ahora, la Junta había evitado hacer públicos los datos de niños extranjeros atendidos por sus Servicios Sociales, porque su rechazo no tiene tanto que ver con números y capacidad como con una estrategia conjunta de todas las comunidades del PP (incluida Ceuta) que pasa por concentrar toda la presión en el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

El presidente de la Junta, que firmó hace tres meses un pacto de Gobierno con Vox rechazando explícitamente la acogida de niños migrantes (“No más MENAS”), ha explicado esta semana su negativa a cooperar con Ceuta con diversos argumentos: primero, que el presidente ceutí, el popular Juan Jesús Vivas, no ha invocado el convenio bilateral suscrito con Andalucía para “agilizar” el traslado de niños a esta comunidad en caso de “contingencia migratoria” (vigente desde 2024).

Segundo, que recibir a esos niños en la península provocaría un “efecto llamada” en la propia ciudad autónoma, con “200.000 menores más”. Tercero, que “la Comisión Europea ha advertido que esos migrantes no pueden pisar suelo continental, porque si lo hacen, se desactiva automáticamente el espacio Schengen”.

Esto último ha sido desmentido por las autoridades europeas. No hay ninguna directriz comunitaria que desactive el espacio Schengen en caso de entrada de inmigrantes, aunque políticamente la situación de Ceuta sí ha puesto a España en contra de la mayoría de países miembros, y ha generado tensiones especialmente con Italia y Dinamarca, que acusan a Sánchez de incentivar la inmigración irregular con su proceso de regularización masiva.

La oposición de izquierdas en bloque está presionando a Moreno sobre este flanco, recordándole que la acogida de menores no acompañados es competencia de Ceuta y de Andalucía, y que está en manos de ambos barones del PP aliviar la presión migratoria en la ciudad autónoma hasta que se resuelvan los expedientes individuales de cada niño.

El jueves, el presidente andaluz ofreció un nuevo argumento durante una entrevista en Onda Cero: “¿Usted aceptaría acoger a menores que ahora mismo están en Ceuta sin un refugio?”, le preguntaron. Moreno respondió lo siguiente: “El Gobierno de España tiene la capacidad legal de trasladar menores a la península. Ya lo ha hecho, y Andalucía tiene un recurso presentado cuando hizo aquel primer reparto, nos dijeron que teníamos que asumir 600 menores, pero a Cataluña y al País Vasco, cero. En Andalucía estamos por encima del 100% [de capacidad], porque nosotros seguimos acogiendo a menores no acompañados, los que van llegando en las pateras”.

En efecto, el reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería sirvió precisamente para eso: que la reubicación de menores migrantes no dependiera de la voluntad solidaria de las comunidades, sino que esa solidaridad fuera obligatoria. Es el Gobierno quien puede, ahora con la nueva ley, forzar a las comunidades a acoger un número X de niños extranjeros, en función de su capacidad ordinaria.

Pero no puede mover a esas personas sin tramitar primero sus expedientes y garantizar sus derechos. Es en ese impasse en el que la ministra Rego propuso a las comunidades acuerdos bilaterales para repartir la presión migratoria de Ceuta entre todos, de forma temporal. Es a eso a lo que se ha cerrado en banda Moreno (Navarra sí ha ofrecido esa ayuda), a pesar de tener un convenio suscrito con la ciudad autónoma, desde 2024, que ambos territorios han usado en el pasado sin que se desate la polémica.

Al ser preguntado si es el pacto PP-Vox en Andalucía y el rechazo taxativo al acogimiento de menores lo que tiene maniatado al presidente de la Junta, Moreno explicó que “el acuerdo dice que voluntariamente no sumamos más menores no acompañados, pero la ley la cumplimos”. “Los que llegan a través de pateras tenemos la obligación de acogerlos, y lo hemos hecho. Esta misma semana, la pasada y la anterior”, ha subrayado, que defiende que Ceuta no se apoyo en Andalucía para aliviar su carga migratoria, porque “en que esas personas pongan un pie en la península, que es su objetivo, Ceuta se convierte en el punto de entrada a Europa. Y eso puede atraer un efecto llamada y otra invasión”.

El debate de solidaridad con Ceuta en el Parlamento andaluz ha degenerado en un estallido de insultos y expresiones malsonantes entre PP y Vox, socios del Gobierno de Juanma Moreno, y la bancada de las izquierdas. No han pasado ni 48 horas desde que se inició la primera sesión de control de la legislatura, tras las elecciones del 17 de mayo, y el ambiente político es irrespirable.

En parte, porque el horizonte no son los próximos cuatro años de legislatura, que mencionó reiteradamente Moreno el día antes, tratando de desincentivar a sus ya de por sí desmoralizados adversarios del PSOE. El horizonte son las próximas elecciones generales. Sus señorías están en precampaña, en plena guerra dialéctica, y la primera línea de confrontación es la crisis de Estado que vive Ceuta, probablemente la peor que ha encarado el Ejecutivo de Pedro Sánchez en ocho años.

“¡Aquí no cabe la moderación!”, ha anunciado la diputada de Vox María Eiberle, al abrir el debate sobre la situación de Ceuta. Una frase que sirve tanto de presentación como de epitafio de la recién estrenada legislatura en Andalucía.

El arranque del curso político, bajo el primer Gobierno de coalición PP-Vox, recuerda mucho a aquella legislatura del año 2019, cuando se estrenó el primer Ejecutivo de Moreno -poniendo fin a 37 años de socialismo en el poder- y la ultraderecha irrumpió en la primera institución española. Ambos factores, inéditos, convirtieron las primeras sesiones del Parlamento en tormentas políticas, con cruces de insultos y palabras gruesas entre la bancada de la izquierda destronada y la llegada de los diputados ultra. “¡Fascistas!”; ¡Planchabragas!“, se decían entonces, a micrófono abierto.

Algo parecido ha ocurrido este jueves en la Cámara andaluza que, tras evaporarse la mayoría absoluta de Juanma Moreno, ha sufrido un abrupto retorno al pasado: de aquel espacio zen bajo el efecto narcotizante de una política hipotensa [58 diputados del PP]al volcán en erupción que acostumbramos a ver en el Congreso.

Los insultos cruzados han vuelto a poblar el diario de sesiones, incluso en boca de un vicepresidente de la Junta, flamante consejero de Turismo y Justicia, Manuel Gavira, que aún no se ha ajustado el traje institucional y sigue ejerciendo como portavoz del grupo ultra, pero desde el sillón verde del Gobierno. “Los puteros son ustedes”, le ha soltado el vicepresidente Gavira a la bancada socialista en su primera intervención desde la tribuna, cuando el PSOE ha denunciado que las unidades de valoración a víctimas de la violencia de género han recaído en manos de Vox, “un partido negacionista”.

“Puteros”, “sinvergüenzas”, “nazis”, “idiotas”, “racistas”, “machistas”, “hipócritas”. La segunda sesión del Pleno empezó por la mañana, temprano, con las primeras preguntas de la oposición a Gavira. Ahí fue cuando los socialistas se refirieron a Vox como un partido de “machistas y racistas”, y el vicepresidente de la Junta les llamó “puteros”.

El PSOE protestó, exigió que se retirase el exabrupto del diario de sesiones, la presidenta de la Cámara, la popular Ana Mestre, consintió a cambio de borrar también los duros calificativos que los socialistas habían dedicado a su socio de Gobierno. Más adelante volvió a ocurrir: Mestre silenció el micrófono del diputado socialista Mario Jiménez, cuando tildó de “sinvergüenzas” a sus señorías del PP por intentar hacer ingobernable Ceuta y reventar la situación“, pero lo dejó pasar cuando el portavoz popular, Toni Martín, le respondió en su turno con el mismo calificativo.

El PSOE de María Jesús Montero, el más vilipendiado por una mayoría parlamentaria abiertamente conservadora (PP y Vox suman 68 diputados de 109), elevó un escrito de queja a la presidenta de la Cámara acusando su “imparcialidad”. “Vox no ha pedido que se retire del diario de sesiones el calificativo de machistas y racistas, no se dan por aludidos, quien lo ha hecho en su nombre es la presidenta del Parlamento”, mascullaron los socialistas. Ni unos ni otros consintieron borrar sus insultos del diario de sesiones, lo hizo Mestre “de oficio” y en clave salomónica.

En ese ambiente belicista -con Moreno y Montero fuera de la Cámara, acompañando la visita de Pedro Sánchez al proyecto de hidrógeno verde en Huelva- se llegó al debate sobre la crisis migratoria de Ceuta, una proposición no de ley impulsada por Vox. Se preveía un duelo convulso, porque la semana previa PSOE, Adelante Andalucía y Por Andalucía habían vetado una iniciativa similar del PP, aduciendo que era un subterfugio para atizar al Gobierno.

Las proposiciones no de ley son meros posicionamientos políticos del Parlamento, a veces sobre asuntos que competen al Ejecutivo central, y donde afloran las contradicciones de los grupos que van a rebufo. Aquí, PP y Vox buscaban retratar las contradicciones de las izquierdas, obligándoles a votar un texto que brindaba apoyo público a Ceuta, a la par que exigía dimisiones de ministros y tiraba por tierra la política inmigratoria del Gobierno.

La iniciativa de Vox que se ha debatido -cercenada por los grupos de izquierdas- conjugaba esas dos facetas: reafirmación de la soberanía española de Ceuta y Melilla, rechazo a las pretensiones de Marruecos sobre el territorio español y la condena a las declaraciones de ministros marroquíes... Se apeó la crítica al Gobierno de España por su tibieza en el conflicto con el reino alauita y la petición de cese del ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska. Aun así, el tono bronco del debate no invita a la izquierda a votar a favor. Estos suelen ser debates trampa: votar sí es alinearse con la derecha, votar no es rechazar en bloque toda la iniciativa, incluida las partes de más consenso, por ejemplo, reafirmar la soberanía española de Ceuta.

Pero aquí importa más el debate que el resultado. La discusión la abrió la diputada de Vox María Eiberle, que planteó el debate como un pulso entre españoles buenos y malos. Ahí es donde sentenció la muerte de la “moderación” -entiéndase, la vía andaluza de Moreno-. “O con Marruecos o con España; o con las mafias y las ONG que trabajan para ellas o con los españoles; o con los invasores o con los españoles. La izquierda andaluza pertenece a la mafia del traidor Sánchez”, dijo.

El discurdo de Eiberle, leído, tocó techo cuando denunció que “ponerle camas nuevas a los inmigrantes en Ceuta” era una “traición” a España. El primero en recoger el testigo fue el coordinador federal de IU y portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, que comparó el hostigamiento de Vox con “los nazis”. “Usted lleva un crucifijo colgado del cuello pero se ha olvidado de la compasión cristiana que representa”, le dijo Maíllo, afeándole que no hubiera mencionado a los 141 inmigrantes que murieron en el mar intentando cruzar la frontera.

Así es la imagen que ofreció el Parlamento de Andalucía, “extensión de Ceuta”, en palabras del presidente Juanma Moreno. “¡Aquí no cabe la moderación!”, ha proclamado su socio de Gobierno, instándole a ponerse cómodo en el nuevo “frente común contra el traidor Pedro Sánchez”. Ya se lo había anticipado Gavira tres meses antes de convertirse en su vicepresidente primero: “¡Vamos a polarizar mucho! Quieren llenar España y Andalucía de moros”.

Con todavía miles de extranjeros hacinados en Ceuta -unos 3.000 menores- Andalucía y el resto de comunidades gobernadas por el PP se han negado a acoger provisionalmente a esos niños para descongestionar la ciudad autónoma, cargando toda la responsabilidad sobre el Ejecutivo central. Tampoco el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, ha echado mano del convenio bilateral que tiene firmado con Moreno desde 2024 para casos de contingencia migratoria como ésta. Las izquierdas andaluzas les acusan de “boicotear” las soluciones que ofrece el Gobierno para intentar aliviar la crisis.

En paralelo, el Parlamento Europeo estaba aprobando, a esa hora, una iniciativa impulsada por los populares y la ultraderecha (rechazada por socialdemócratas, liberales e izquierdas) para denunciar “la instrumentalización de los migrantes irregulares es una herramienta de guerra híbrida”, defender que la “soberanía e integridad territorial de Ceuta y Melilla deben respetarse”, para “alertar por el efecto llamada de la regularización a gran escala en España, que envía el mensaje equivocado”, y para exigir a España que “debe aplicar el Pacto sobre Migración y Asilo y cooperar con Marruecos para la readmisión de migrantes”.

La primera sesión de control al nuevo Gobierno de Juanma Moreno, tras las elecciones andaluzas del 17 de mayo, no vislumbra el comienzo de una legislatura de cuatro años, sino los últimos coletazos de un mandato, el de Pedro Sánchez.

La oposición de izquierdas quiere que el Parlamento andaluz ejerza sus funciones estatutarias, es decir, que fiscalice al Ejecutivo de Moreno y le obligue a rendir cuentas por el pacto suscrito con Vox hace tres meses (firmado diez minutos antes de su investidura). Pero el presidente, despojado ya de su mayoría absoluta, ha regresado de las vacaciones con más ganas de hablar de Ceuta, donde reconoce la tumba del sanchismo, que de Andalucía. “El pacto con Vox es buenísimo”, mascullan en su entorno, vaticinando una legislatura “con muchas reformas legislativas” en este mandato, porque juntos suman una amplísima mayoría.

“Ceuta es una extensión de Andalucía, y como comunidad hermana no vamos a dejar que suceda lo que está sucediendo allí. Vamos a hablar muchas veces de Ceuta aquí, éste va a ser su Parlamento, porque somos hermanos”, ha proclamado el dirigente popular desde la tribuna, aplaudido desde el escaño contiguo por su vicepresidente primero y líder regional de Vox, Manuel Gavira. Pero hablar de Ceuta también es hablar de inmigración, un terreno propicio para la ultraderecha que hoy el PP de Moreno ya no puede eludir.

Sólo han pasado tres meses desde que se constituyó el Parlamento andaluz. Todavía es complicado ver cómo los diputados de PP y Vox (juntos suman dos tercios de la Cámara) trabajan al unísono, se lanzan elogios, se felicitan y se cuidan mucho de no dañar un matrimonio de convivencia que aspiran a perpetuar cuatro años, y a extender al conjunto del país tras las elecciones generales. Su espacio de confort es la crítica descarnada al PSOE y a Pedro Sánchez, a quien llaman “traidor” y “sinvergüenza”.

Moreno ha ofrecido este miércoles el Parlamento andaluz como “una extensión” de la Asamblea de Ceuta, aunque allí el presidente popular, Juan Jesús Vivas, dejó fuera de su gobierno a la ultraderecha, consciente de que el 45% de su población es musulmana, y convive históricamente con cristianos, judíos e hindúes. De modo que es una “extensión” rara, porque el socio del PP en el Parlamento andaluz habla despectivamente de “moros”, desprecia la “fiesta del cordero”, denuncia la “islamización” de sus barrios, y acaba de firmar un acuerdo para suprimir el programa educativo de cultura y lengua árabe, que imparten 1.800 alumnos en Andalucía.

El debate ceutí en el Parlamento andaluz, por tanto, se ha centrado en los errores de gestión del Gobierno de Sánchez ante la entrada irregular de 80.000 inmigrantes a finales de agosto. El PP está convencido, esta vez sí, de que esta crisis se lleva por delante al presidente más vilipendiado por los suyos. “Los ciudadanos no van a tragar con esto. Esta crisis es transversal”, ha subrayado el presidente en su cara a cara con la jefa de la oposición, la exvicepresidenta y líder del PSOE-A, María Jesús Montero. También entre los alcaldes socialistas hay quien piensa de esta manera: “Lo de Ceuta ha atravesado la barrera ideológica, es muy fuerte”, admiten.

El problema de hablar de Ceuta en el Parlamento andaluz es que arrastra consigo un debate sobre inmigración, un marco mental donde Vox se hace fuerte y donde Moreno siempre se ha movido con pies de equilibrista. El dirigente popular viene de una mayoría absoluta que le permitía afear a los de Santiago Abascal la criminalización sistemática que hacían de la población extranjera, incluido niños. “Me quita el sueño el ideario de Vox”, dejó dicho hace apenas tres meses.

El propio pacto de Gobierno suscrito con la ultraderecha reproduce ese malabarismo dialéctico: en la misma frase un rechazo rotundo a la acogida de menores extranjeros no acompañados -“No más MENAS”- y un recordatorio explícito de que Andalucía siempre cumplirá con “la legalidad vigente”.

El acogimiento de menores en Andalucía

¿Qué hay de la legalidad vigente en la crisis migratoria de Ceuta, donde aún se contabilizan unos 3.000 menores migrantes? El Ministerio de Infancia ha propuesto el traslado provisional de esos niños a la península mientras se tramitan sus expedientes, bien a través de convenios bilaterales entre el Gobierno ceutí de Juan Jesús Vivas (PP) y otras comunidades, bien a través de acuerdos con ONG. El Ejecutivo de Moreno no necesita ningún acuerdo de colaboración con Vivas, porque ya tiene firmado un convenio desde 2021 -renovado en 2024- para ayudar a la descongestión de menores en la ciudad autónoma en caso de “contingencia migratoria”.

Pero ni Vivas ha invocado ese convenio ni Moreno se lo ha ofrecido. Hasta ahora, ninguno de los dos gobiernos populares ha explicado públicamente por qué no han explotado esa fórmula -ya usada en el pasado- como muestra de ese “hermanamiento” entre Andalucía y Ceuta. Fuentes próximas al presidente de la Junta explican que “si Ceuta manda aquí a esos menores, en tres meses tiene a 200.000 allí, porque el efecto llamada es brutal”.

Moreno ya había usado la expresión “efecto llamada” -repetida hasta la saciedad en el Parlamento, pero hasta ahora sólo por Vox- para referirse a la crisis migratoria de Ceuta, pero en referencia a los adultos. “Si los ciudadanos migrantes, esas personas que han cruzado la frontera de manera irregular consiguen su objetivo de pasar a la Europa continental, evidentemente el efecto llamada será enorme. Por tanto, tendremos una nueva sacudida en la frontera de Ceuta y probablemente otra invasión”, dijo el pasado 7 de septiembre en Madrid, durante un desayuno informativo de Vivas.

Algo así ha repetido este miércoles en la Cámara. “La Comisión Europea ha advertido que esos migrantes no pueden pisar suelo continental, porque si lo hacen, se desactiva automáticamente el espacio Schengen”, ha asegurado, para denunciar la “soledad” de Pedro Sánchez en política migratoria frente a la mayoría de miembros de la Unión Europea.

En realidad, la propia legislación española y comunitaria desglosa el tratamiento de la población inmigrante en suelo europeo, sus derechos y obligaciones, distinguiendo entre adultos y menores. Y entre aquellos que tienen derecho a asilo y los que no. No caben todos en la afirmación del presidente Moreno, como tampoco caben en el anuncio que hicieron los ministros de Interior y de Exteriores -Fernando Grande Marlaska y José Manuel Albares- cuando aseguraron que todos volverían por donde habían entrado. Cosas del Estado de derecho.

Pero en una sesión de control no hay duelos con florete, ahí se matan moscas a cañonazos. La realidad es que el Parlamento andaluz es una representación de bloques -izquierdas contra derechas- donde la mayoría conservadora consigue pronunciar más críticas por minuto contra Pedro Sánchez que contra Juanma Moreno.

PSOE, Adelante Andalucía y Por Andalucía le han exigido hoy al presidente de la Junta que rinda cuentas por su gestión, que explique, para empezar, los detalles del acuerdo de Gobierno suscrito con Vox, con 150 medidas que aún no han sido fiscalizadas por este Parlamento. La semana pasada, las izquierdas en bloque rescataron un artículo en desuso del reglamento de la Cámara para vetar un debate propuesto por el PP sobre la crisis de Ceuta, donde los de Moreno colaron una durísima e indisimulada censura a Sánchez.

Pese a todo, la legislatura andaluza ha empezado hablando de Ceuta. “Han dejado colgada a una ciudad española y sus ciudadanos. Una ciudad de 80.000 habitantes le tiene que dar respuesta a una invasión, claramente una invasión”, ha planteado Moreno, desde la indignación. El presidente andaluz se ha cuidado mucho de no cargar las palabras contra los menores ni contra la población inmigrante. Ese papel lo ha representado, como venía haciéndolo antes de las autonómicas, el portavoz de Vox, que ha llegado a hablar de “esas niñas y niños que están siendo violados” por inmigrantes.

La Cámara discurre en dos pistas, las derechas a un lado; las izquierdas al otro. Así será hasta las elecciones municipales y generales de 2027. El equipo de Moreno no cree que Sánchez pase del mes de marzo. El diputado Javier Cortés, nuevo portavoz parlamentario de Vox, le ha dicho al presidente que hoy conforman juntos “un frente común contra el Gobierno traidor”.

El dirigente popular ha hecho como si no le oyera, tampoco le ha bailado el agua al discurso xenófobo que ha soltado para hablar de Ceuta. Moreno está encapsulado hacia adentro, plegado hacia lo institucional, como si el ideario ultra de sus socios fuera un zumbido molesto dentro del Consejo de Gobierno. “El Gobierno de Juanma Moreno tenía un corazón así de grande, pero el Gobierno de Juan Manolo Moreno tiene un corazón francamente pequeño. Rinda cuentas a Andalucía”, le ha espetado Montero, enfrentándole una y otra vez a sus contradicciones, antes y después de pactar con Vox.

Hace un año y medio, en la primavera de 2025, Izquierda Unida (IU) propuso al resto de formaciones de izquierdas en Andalucía (incluida Podemos) la posibilidad de celebrar unas primarias abiertas para elegir al mejor candidato de todo el espacio progresista para las elecciones andaluzas. El 3 de abril de 2025, el Partido Comunista de Andalucía (PCA), fuerza motriz de IU, entregó a las ejecutivas de esos partidos un borrador con la propuesta de reglamento de primarias conjuntas.

El pasado domingo, la dirección estatal de Podemos confirmó el nombre de Irene Montero como su candidata oficial a las próximas elecciones generales. En el acto, ella misma lanzó la idea de someterse a unas primarias abiertas, “a las que se pueda presentar cualquier persona”, para elegir el mejor cartel electoral de toda la izquierda confederal en España. Sobre el papel, el planteamiento teórico de Podemos y el del resto de fuerzas que antaño orbitaba alrededor de Sumar empiezan a confluir.

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha celebrado este martes el “giro” estratégico que dio Podemos en el acto del pasado domingo. “Lo de Irene Montero es cero novedad: ya se había propuesto, ya se había presentado... Lo que es novedad es el giro que han dado: de no estar abierto a un proceso de debate político a estarlo, lo cual es una noticia positiva”, ha explicado durante una entrevista en el programa Acento Andaluz, de 7 TV Andalucía, presentado por el periodista Fernando Pérez Monguió.

“Valoro el giro que ha dado Podemos, porque es un giro en toda regla de alguien que decía que no se sentaba con nosotros porque formábamos parte de un Gobierno de la guerra a alguien que dice: oye, estoy aquí. Yo creo que han dado un salto de responsabilidad que hay que celebrar, nos alegramos de que la gente abrace las tesis que uno defiende”, ha subrayado el líder federal de IU.

En las elecciones andaluzas del pasado 17 de mayo, Maíllo fue el candidato de la coalición de izquierdas Por Andalucía, que también integró a Podemos a muy última hora. En su doble vertiente política -federal y andaluza-, el dirigente de IU ha recordado que su formación lleva “dos años diciendo que el nuevo frente amplio que se construya debe ser por método democrático y con primarias si no hay acuerdo” sobre el cartel electoral entre los partidos que conforman la coalición. “Por tanto, fantástico en ese procedimiento democrático”, ha insistido, sobre las primarias abiertas planteadas también por Irene Montero.

Maíllo ha querido ir más allá del debate interno y de nombres y ha pedido “hablar de políticas”. “Me preocupa que sea un proyecto creíble, fiable, claramente identificable”, ha subrayado, para destacar que “a pesar de que no hay nombre ni candidato, tenemos un suelo, que sin duda alguna va a subir, y que va a ser determinante para la posibilidad de la renovación de un Gobierno progresista en España”.

El pasado marzo, el Consejo Federal de IU, máximo órgano de decisión entre asambleas, aprobó una resolución para instar al resto de partidos de la coalición progresista -Movimiento Sumar, Comuns y Más Madrid- a “acelerar los procesos para elegir al sustituto o sustituta de Yolanda Díaz” como nuevo candidato de este espacio político a las elecciones generales.

“En política, los espacios vacíos no proceden”, aseguró entonces Maíllo, que aún no había dado el salto para ser candidato en las andaluzas, pero sí aspiraba a llegar a esos comicios con un nuevo referente de la izquierda confederal en España que acompañara al futuro candidato de la confluencia de izquierdas.

Han pasado seis meses, los partidos en la órbita de Sumar no han ocupado aún el hueco que dejó la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo (que anunció su renuncia a repetir como cabeza de cartel el 25 de febrero). En cambio, Podemos ha tomado la iniciativa esta semana, con el inicio del curso político, colocando a Irene Montero por delante. Maíllo se ha reafirmado este martes en la necesidad de resolver cuanto antes el asunto del candidato y la marca. “Tenemos que hacerlo este mes o en octubre”, dice.

IU está pensando abordar las primarias conjuntas para elegir al candidato de toda la izquierda en las próximas generales con el mismo esquema que dibujó hace año y medio para el reglamento de primarias de Por Andalucía, aunque aquellas nunca llegaron a celebrarse porque los partidos integrantes apostaron en bloque por el nombre del propio Maíllo como cartel electoral (todos excepto Podemos, que se sumó a la coalición a posteriori, cuando el resto ya había pactado las listas electorales).

“Nosotros planteamos unas primarias para estimular el espacio político”, ha subrayado el dirigente cordobés. “La fórmula más transparente, si se diera el caso, sería un censo nuevo en el que nos tendríamos que apuntar todos, no que cada organización dice que tiene tantos, no. Cada uno animaríamos a nuestra gente a que se adscribiera, y también a personas a nivel independiente. Los mecanismos de primarias tienen sentido si son mecanismos de movilización, no de tensión. Ojalá se pueda llegar a un consenso sobre la candidatura”, ha sentenciado.

“El problema de Rufián es que no descapulla”

Preguntado por el líder de ERC Gabriel Rufián como posible candidato de consenso de toda la izquierda confederal en las generales, Maíllo ha respondido, medio en broma, medio en serio: “El problema de Rufián es que no descapulla. Él tiene que decidir si da el paso para ser un líder federal”.

El coordinador federal de IU ha reconocido el valor del dirigente independentista catalán por agitar el debate de la unidad de las izquierdas para hacer frente al ascenso de PP y Vox en las generales, pero asegura que nunca han hablado en persona sobre este asunto -“escribirme un WhatsApp no es hablar”- y que no cree que se desmarque de ERC.

El reglamento de las primarias abiertas que diseñó IU para Andalucía proponía crear una plataforma web para la marca de la confluencia de izquierdas, y que cada partido movilizase a sus bases para que se registrara, con nombre y apellidos, todo el que quisiera votar al candidato de la coalición a la presidencia, así como la lista de candidatos en cada circunscripción provincial.

Se pensó así, como explica ahora Maíllo, para estimular la participación de la militancia de todos los partidos integrantes, que cada uno movilizase a sus simpatizantes y afiliados para que se implicasen en las primarias, con la idea de generar “un clima de activación del electorado de izquierdas que sirva como impulso para la campaña electoral”.

El documento, adelantado en su día por elDiario.es, incluía una propuesta detallada sobre el método de votación de los candidatos. Se haría mediante el denominado método Dowdall, conocido porque fue el que utilizaron en su momento candidaturas populares como la de Ahora Madrid. Este sistema otorga un punto completo al primer nombre de cada lista, medio punto al segundo, un tercio al tercero, un cuarto al cuarto y así sucesivamente hasta completar todos los nombres de la lista. El sistema tiene una única corrección de género para garantizar que haya paridad en todas las listas. 

Que Irene Montero y Antonio Maíllo coincidan en el esquema de primarias conjuntas para lanzar una candidatura unitaria en las generales es un avance, pero no está exento de matices respecto al procedimiento. En Andalucía ya supuso un problema la idea de crear un censo nuevo “partiendo de cero”, porque los morados creían que se menospreciaba a sus inscritos.

Además, IU y Podemos no ponderan igual los votos. Los primeros utilizan para sus procesos internos un sistema puramente proporcional, mientras que los segundos utilizan el denominado método Desborda, una actualización del clásico Borda, que premia más a los ganadores que el sistema Dowdall. 

El Partido Popular era reticente a entrar de lleno en el debate “técnico” de la reforma del sistema de financiación autonómica, pactada entre el Gobierno de Pedro Sánchez y ERC, porque suponía evidenciar la falta de consenso entre sus once gobiernos autonómicos sobre una propuesta de modelo alternativo.

El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso trató la semana pasada de impedir que el debate territorial saltara de pantalla, arengando al resto de presidentes autonómicos del PP a dar plantón al Consejo de Política Fiscal y Financiera donde iba a votarse la reforma, forzando así al Ministerio de Hacienda a suspender el encuentro e impedir que la tramitación de la propuesta avanzara por el camino pedregoso hacia el Congreso.

El llamamiento al boicot de Ayuso no fue escuchado por sus compañeros. En el Gobierno de Juanma Moreno afean a la presidenta madrileña que, con este bandazo “ineficaz”, desviara el foco de la “derrota política” del Gobierno ese día, que logró sacar adelante su reforma con el voto en contra del 87% de las comunidades, solo con el apoyo de Cataluña y Canarias.

Andalucía comparte la estrategia de confrontación de Díaz Ayuso contra el Gobierno de Sánchez —mandato unívoco de Génova— pero el estilo de Juanma Moreno no es la “deslealtad institucional”, mascullan en su entorno. La consejera andaluza de Hacienda y vicepresidenta tercera de la Junta, Carolina España, acudió al encuentro con el ministro Arcadi España para trasladarle su 'no' rotundo a la propuesta de reforma, insistiendo en que “es un traje a medida para el independentismo catalán, pactado bilateralmente con ERC de espaldas al resto de comunidades”.

De los 21.000 millones adicionales que Hacienda prevé añadir a la caja común, Andalucía recibiría 4.846 millones más de los que ahora ingresa (23% del total), una cifra sensiblemente superior a la destinada a Cataluña (4.686 millones), y superior a la reclamación aprobada por el Parlamento andaluz en 2018 con los votos de PSOE y PP.

La Junta rechaza el nuevo modelo porque, según sus cálculos, bajaría varios escalones en financiación por habitante (siendo la comunidad más poblada) y siempre por debajo de la media nacional. “Andalucía recibiría 244 euros menos por habitante ajustado que Cataluña, una diferencia que se eleva a 418 euros respecto a Cantabria, 248 euros frente a Madrid y 223 euros respecto a Baleares”, advierten desde la consejería.

Pero antes de entrar en la reunión, la Junta de Andalucía había dejado por escrito sus alegaciones técnicas a la propuesta de reforma del modelo de financiación, y esas primeras alegaciones son interesantes porque dan un paso adelante en el debate: trascienden el discurso machacón esgrimido hasta ahora por Juanma Moreno, más allá del “pecado original” del pacto preferente para Cataluña, y desnudan que Andalucía sí tiene una propuesta alternativa.

Una de esas contrapropuestas del Gobierno de Moreno entronca precisamente con las reivindicaciones que María Jesús Montero, la exministra de Hacienda responsable de la reforma del modelo, hizo como consejera andaluza del ramo en 2018, cuando llevó al Parlamento el primer rediseño formal del modelo de financiación autonómica, aprobado por la Cámara con el voto sorpresivo y sorprendente de Juanma Moreno, entonces líder de la oposición y líder del PP andaluz con poco predicamento en su propio partido.

Decía entonces la exministra —y luego vino a reafirmarlo Moreno ya como primer presidente andaluz del PP— que Andalucía necesitaba urgentemente estrechar el desfase existente entre su población de derecho (la real, la empadronada) y la población ajustada (recalculada a partir de elementos de corrección, como el número de personas mayores o de nacidos; la dispersión poblacional, etc. que influyen en el gasto de los servicios).

En Andalucía, como en la Comunidad Valenciana, el problema actual de infrafinanciación no emana solo del actual modelo, sino de esa brecha entre la población real y la ajustada. En el caso andaluz, en 2018, Montero puso cifra a ese desfase: 220.000 andaluces que no computaban para el Estado en términos de reparto financiero, es decir 220.000 andaluces “que contribuyen al Estado con sus impuestos sin recibir nada a cambio”, dijo entonces.

El primer consejero de Hacienda de Moreno, Juan Bravo, hoy vicesecretario general del PP y portavoz de Hacienda en el Congreso, hizo suya esa misma premisa y actualizó la cifra en 2021: 197.879 andaluces, calculando que serían necesarios 556 millones de euros para corregir ese desequilibrio entre la población real y la ajustada.

Esto, que siempre se ha dicho en voz alta en Andalucía, encontraba la complicidad de otros territorios infrafinanciados, como Valencia, Murcia y Castilla La Mancha, con cuyos presidentes Moreno firmó sendos acuerdos bilaterales para pedir al Gobierno una reforma del modelo.

En esos acuerdos, firmados entonces por barones del PSOE y del PP, se anticipaban las contrapropuestas que la Junta ha trasladado por escrito al Ministerio de Hacienda, casi seis años después. Esas propuestas ya chocaban de frente con las reivindicaciones dispares de otras comunidades como Galicia, Castilla y León, Aragón o Extremadura, que tienen su agujero financiero localizado en otros factores, como la despoblación o la dispersión de sus habitantes.

Alberto Núñez Feijóo, entonces presidente de la Xunta, abanderó en el norte de España otro frente común de estas comunidades con singularidades comunes, y una propuesta de reforma del modelo contraria a los intereses de Andalucía. Moreno también firmaría un pacto con Feijóo para exigir al Gobierno la reforma del modelo, pero el documento no pasaría de ahí, sin ahondar en reclamaciones específicas sobre la población ajustada.

Las alegaciones que Andalucía envió al Ministerio de Hacienda hace unos días insisten en sus reivindicaciones pero, por primera vez, introducen por escrito un planteamiento que confronta con los intereses de esas otras comunidades hoy gobernadas por el PP: “en ningún caso se debe de aceptar una propuesta de población ajustada que implique una desviación de más del 1% respecto a su población de derecho”, ha trasladado la Consejería andaluza de Hacienda al Ministerio, descubriendo por primera vez una alternativa concreta.

El ministro España se congratula de que la Junta de Andalucía haya entrado, al fin, en un debate de números, y anticipa que esta propuesta golpea de frente las expectativas de una mejor financiación para Castilla y León, Galicia, Aragón y Extremadura, todas en manos del PP.

El 1% de la población real de Andalucía, según los datos del INE actualizados a 1 de julio de 2026, son 87.780 personas, un desvío notablemente inferior al que calculó Bravo en 2021, y que admitiría implícitamente un recorte del 50% de los recursos adicionales que se reclamaron entonces (esos 556 millones de euros).

El informe de la Cámara de Cuentas

Las alegaciones de la Junta tienen importancia política, primero porque meten al Gobierno de Moreno de lleno en un debate de cifras y cálculos sobre población y sobre el coste de sus servicios públicos, es decir, sobre la arquitectura misma del Estado. De esto va la película. Y la Junta ha entrado en esta película —que hoy dirige el Gobierno de Sánchez— porque arrastra desde hace años un problemón gordo que no tiene Ayuso en Madrid: una “infrafinanciación” que deja a la comunidad más poblada de España entre 4.000 y 5.000 millones por debajo de lo que le correspondería para costear eficientemente sus servicios públicos: sanidad, educación, dependencia...

La “infrafinanciación” de Andalucía con el actual modelo de reparto de fondos, caduco desde 2014, es un consenso de todas las fuerzas políticas del Parlamento, suscrito así en un documento aprobado en 2018, poco antes de que el PSOE perdiese el poder tras 37 años ininterrumpidos gobernando.

Esta semana, la Cámara de Cuentas ha realizado un informe de fiscalización sobre los resultados para Andalucía del sistema de financiación de las comunidades de régimen común, insistiendo en que “los recursos del Fondo de Garantía” de servicios públicos fundamentales “solo cubrieron el 78,48% del gasto liquidado, generando una insuficiencia de 4.333,15 millones de euros anuales” en esta comunidad.

“En términos per cápita, el déficit de financiación de los servicios esenciales para Andalucía se mantuvo de forma estructural a lo largo de toda la serie, aunque con una tendencia descendente: desde 971,07 euros por habitante en 2009 hasta 560,73 euros en 2023, con una media anual de 514,53 euros por habitante”, se puede leer también en el documento.

El órgano de fiscalización de la Junta de Andalucía denuncia que ese déficit de recursos tiene que ver con una mala ponderación de variables de la población ajustada, que hace que el cálculo de gasto en sanidad, educación y servicios sociales no sea correcto. Es decir, que hay un desajuste notorio entre el número de habitantes que necesitan y demandan esos servicios públicos y la capacidad de estos para dar respuesta a todos.

La Cámara de Cuentas también censura, en consonancia con la tesis del Gobierno de Moreno, “el diseño y reparto” de los mecanismos complementarios de financiación: Fondo de Suficiencia Global y Fondos de Convergencia, que considera “limitados”. Pero también cuestiona la política fiscal de Moreno —esa bajada masiva de impuestos, bandera del PP en las últimas tres elecciones andaluzas— que ha mermado los ingresos de la Junta para sostener los servicios públicos por debajo de la media nacional.

“La capacidad tributaria normativa de Andalucía se sitúa por debajo de la media de las comunidades de régimen común durante todo el período analizado, con un índice medio per cápita de 82 sobre una media de referencia de 100”. “Todas las comunidades autónomas de régimen común, con una única excepción, presentan un índice de capacidad superior al de Andalucía, que ocupa así la penúltima posición del conjunto”, reza el documento.

A Moreno le interesa hablar seriamente de la reforma del modelo de financiación, más allá de discutir que el marco inicial de debate lo ha construido el PSOE a imagen y semejanza de Cataluña, a partir de un pacto bilateral con sus socios de ERC. Y en ese debate técnico, Andalucía ha empezado a concretar sus contrapropuestas al modelo originalmente diseñado por Montero, hoy jefa de la oposición en el Parlamento regional.

La Comisión de Ética del PSOE andaluz ha validado este lunes el nombre de los 48 alcaldables que han presentado su candidatura a las municipales de 2027 sin un rival alternativo dentro del partido (33 hombres y 15 mujeres), entre ellos los aspirantes de Sevilla, Granada, Málaga y Cádiz. En las otras cuatro capitales (y otros siete municipios de más de 20.000 habitantes) se celebrarán primarias, al haber concurrido más de un aspirante a cabeza de cartel.

Hace cuatro años, el entonces secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, definió las primarias de su partido para elegir a los mejores candidatos a las alcaldías en las elecciones municipales de 2023 como “un revulsivo para ganar”. Se celebraron procesos internos en importantes plazas, como Córdoba, Cádiz, Los Palacios y Écija (estas dos últimas en la provincia de Sevilla).

El pasado julio, tras la debacle electoral de las autonómicas, la actual líder de los socialistas andaluces y vicesecretaria general del PSOE federal, María Jesús Montero, hizo un llamamiento a sus compañeros para que evitasen a toda costa enfrentamientos internos de cara a las primarias de 2027: “Cuanto menos primarias, mejor”, dijo, durante un Comité Director, máximo órgano de decisión entre congresos.

Los estatutos del PSOE abocan a celebrar procesos internos para elegir candidato a alcalde en siete de las ocho capitales andaluzas, todas excepto Jaén, la única donde ya gobiernan y donde repite el regidor Julio Millán como cabeza de cartel (Millán se hizo con la Alcaldía a mitad de mandato, tras una moción de censura contra el alcalde del PP, Agustín González, apoyada por el partido Jaén Merece Más).

Así lo explicó entonces Montero, sin embargo, la sopresa la ha dado este mismo lunes la capital jiennense, donde se ha registrado in extremis la precandidatura de Carlos Alberca, uno de los miembros del equipo de Gobierno de Millán en el Ayuntamiento, que se presenta para disputar el cartel electoral a su jefe. En teoría, los estatutos del PSOE establecen que las primarias no son obligatorias en las plazas donde ya gobiernan los socialistas, no obstante, fuentes de la dirección regional aclaran que fue el propio Millán quien quiso someterse voluntariamente a unas primarias, y la ejecutiva federal “se lo ha permitido”.

El calendario del PSOE-A para presentar precandidaturas se ha cerrado este lunes a mediodía y los socialistas han escuchado, parcialmente, el llamamiento de su secretaria general. La petición de Montero ha funcionado, significativamente, en Sevilla capital, donde se rumiaban algunos aspirantes alternativos a la candidatura ampliamente anunciada del exalcalde Antonio Muñoz, que perdió el bastón de mando en los comicios de 2023 frente al popular José Luis Sanz.

La exvicepresidenta del Gobierno tenía especial interés EN evitar el enfrentamiento orgánico en la capital andaluza, aún con rescoldos de la última guerra interna entre quienes apoyaron a Susana Díaz y quienes respaldaron a Pedro Sánchez en las primarias convulsas de 2017 a la secretaría general del PSOE. La semana pasada, Montero expresó claramente su apoyo público a Muñoz, desincentivando así la batalla interna por parte de algún otro aspirante de peso.

Muñoz también ha contado siempre con el respaldo explícito de su jefe directo, el secretario provincial del PSOE y presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández de los Ríos. Aún así, hasta el último momento ha habido movimientos bajo radar para disputarle esa candidatura al exaldalde (algunos apostaban por Susana Díaz, aunque ella no ha terminado de dar el paso).

En Sevilla capital, por tanto, no habrá primarias, pero Montero no ha logrado desactivar el proceso interno en otras 11 plazas importantes donde el ruido interno es mayor, como Córdoba capital -que tendrá hasta tres aspirantes-, Almería; Huelva; Jaén; Roquetas de Mar (Almería), Baza y Motril (Granada); Linares (Jaén) y Vélez-Málaga, Benalmádena y Fuengirola (en la provincia malaqueña). En todos estos municipios confrontan dos compañeros.

En la capital malagueña, el secretario provincial del PSOE, Josele Aguilar, decidió el mes pasado no optar a la alcaldía del Ayuntamiento -frente al incombustible regidor popular Francisco de la Torre- y cedió ese puesto al portavoz municipal, Mariano Ruiz. El nombre de Aguilar llevaba meses sonando, tanto en su entorno como en la dirección regional, como la única excepción a la tesis de Montero, que había pedido a sus cargos públicos y orgánicos “dedicación exclusiva” y no solapamiento de puestos. El también diputado malagueño asumió que la dirección del PSOE provincial era incompatible con ejercer la oposición a De la Torre en el Ayuntamiento.

En Cádiz, el único precandidato del PSOE ya proclamado provisionalmente cabeza de lista es Óscar Torres León, portavoz socialista en el Ayuntamiento; y Raquel Ruz Peis, también vocal de su grumo municipal en el Consistorio de Granada. En las otras cuatro capitales, la militancia tendrá que elgir entre dos aspirantes en Almería (Fátima Herrera Amate y Antonio Jesús Ruano); tres en Córdoba (María Victoria Fernández Domínguez, José Antonio Romero Pérez y Ángel Ortiz Rodríguez); dos en Huelva (Enrique Gaviño Pazó y Javier Mendo Rascado) y dos en Jaén (Julio Millán Muñoz y Carlos Alberca Martínez).

La recogida de avales para las primarias será del 9 al 16 de septiembre; la campaña del 17 al 25 y la primera votación será el día 26. La segunda vuelta se votaría el 3 de octubre, según el calendario difundido por el PSOE-A.

El PSOE gobierna en 351 ayuntamientos de 785

En 2023, los socialistas contaban con 450 alcaldías en los 785 municipios de Andalucía. Para las municipales de mayo de 2027, el PSOE andaluz parte con gobiernos en 351 ayuntamientos -aunque no en todos ostenta la Alcaldía- y tiene 3.780 concejales. Es la representación más exigua de poder municipal que ha tenido en su historia, precisamente donde los socialistas siempre habían sido más fuertes. Hoy el PP, aupado en el peso político de Juanma Moreno y su gobierno, tiñe de azul prácticamente todo el territorio: siete de las ocho capitales, toda la Costa del Sol y seis de las ocho diputaciones provinciales (todas excepto Sevilla y Jaén).

Además de las cuatro capitales con candidatos ya validados por el partido, entre los 48 alcaldables proclamados provisionalmente están, en la provincia de Almería, los de Adra (María Teresa Piqueras Valarino); Níjar (Esperanza Pérez Felices) y Vera (Pedro Francisco Gallardo García); en Cádiz los de Jerez de la Frontera (José Antonio Díaz Hernández); Algeciras (Francisco Fernández Marín); El Puerto de Santa María (Ana Saray Sánchez García); Sanlúcar de Barrameda (Víctor Mora Escobar); Arcos de la Frontera (Ana Carrera Armario); Puerto Real (Carlos Salguero Gilabert) y Barbate (Javier Rodríguez Cabeza); Los Barrios (Daniel Perea González); Cónil (Juan Antonio Caballero Nieto) y Chipiona (Luis Manuel Rivera Maestre).

En Córdoba, están confirmados los precandidatos de Lucena (Francisco de Paula Algar Torres); Palma del Río (Carlos Manuel Muñoz Ruiz); Puente Genil (José Antonio Gómez Morales). En Granada, los precandidatos confirmados de Almuñécar (Antonio Josué Díaz Rodríguez); Las Gabias (Fidel Guerrero García) y Loja (Antonio María García Morales). En Huelva, serían en Aljaraque (Jesús González Márquez); Almonte (Macarena Robles Quintana); Ayamonte (Natalia María Santos Mena); Cartaya (Josefa Inmaculada González Bayo) e Isla Cristina (José Alejandro Pérez Boa).

En Jaén, están confirmados en Andújar la exconsejera y expresidenta del PSOE andaluz (Micaela Navarro) y en Úbeda (Francisco Lozano); en Málaga, en Alhaurín de la Torre (David Márquez García), en Alhaurín el Grande (José María Díaz Bravo), en Coín: Salvador Javier Rojas Merino, enRincón de la Victoria: Antonio Sánchez Fernández, en Estepona: Enma María Molina Fernández, en Marbella: Isabel Pérez Ortiz, en Nerja: Patricia Gutiérrez Román, en Ronda: Francisco Jesús Cañestro Aranda, en Torrox: María Nieves Ramírez Moreno, y en Mijas: José González Pérez.

Y en Sevilla provincia, están confirmados el alcaldable de Utrera: Juan Borrego Romero, de Écija: Rosa Isabel Pardal Castilla, de Coria del Río: David Díaz García, de Tomares: Antonio Manuel Morcillo Martínez, de San Juan de Aznalfarache: Inmaculada Muñoz Carvajal, de Mairena del Alcor: Pedro Madroñal Navarro y de Bormujos: Diego Ramos Sánchez