El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha acordado tener como perjudicada en el caso Leire Díez a la jueza instructora de Badajoz que llevó a juicio a David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez. Acepta su personación como acusación particular pero por el momento sólo como víctima de un posible delito de calumnias y la cita a declarar como testigo el próximo 8 de octubre.

El magistrado sigue así el criterio de la Fiscalía Anticorrupción que en su informe, al que ha tenido acceso elDiario.es, entendía que el resto de delitos que decía la jueza Biedma haber sufrido debían quedar fuera de la investigación. En concreto, las dos fiscales se referían a la anotación que aparecería en una de las agendas de Leire Díez y en la que se decía literalmente: 'Jueza Badajoz. La Celsa. Heroína o gitano'. Explicaban que ese posible encargo a un clan de narcotraficantes para que hostigara a Biedma no está recogido en ninguno de los informes policiales previos y que “no es posible abrir una línea de investigación por cada una de las anotaciones que aparecen en las múltiples agendas” de la exmilitante.

La jueza quería que se investigara “el significado y alcance de la anotación”, que data del 25 de marzo de 2025, de la que tuvo conocimiento gracias a un medio de comunicación -Artículo 14- y que, por el nombre de 'La Celsa', estaría relacionada con investigaciones que la magistrada dirigía “sobre clanes dedicados al narcotráfico”.

Diezma explicaba así en su escrito que había tenido conocimiento de la existencia de contactos promovidos por el supuesto grupo criminal investigado en el caso Leire Díez con personas vinculadas a un conocido clan asentado en la ciudad de Badajoz “con la finalidad de actuar contra la magistrada”. Añadía que podía haber sido víctima de una operación que buscaba “la generación de hostilidad” frente a ella “o cualquier otra actuación tendente a presionarla, desacreditarla o comprometer su seguridad personal”.

El juez Pedraz, en cambio, le recuerda que la UCO de la Guardia Civil no puede comprobar la trascendencia de esa anotación “sin otros datos que le doten de relevancia” y añade que la jueza solo dice conocer de esa anotación referente al clan a través de informaciones que, en cambio, no se recogen en su escrito. “Tampoco se recoge en su denuncia que ella fuera directa conocedora u objeto de tales amenazas o coacciones en esos términos en el curso de la instrucción” en la que investigó al hermano de Sánchez.

Pedraz atempera con su decisión el discurso político que ha florecido alrededor de esa anotación: el PP y Vox en el Congreso acusaron el pasado miércoles al PSOE de querer “amedrentar” a la jueza Beatriz Biedma. De hecho, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, aludió a que las “cloacas del PSOE” habrían contactado con un clan de delincuentes -Los Rochos-: “No me diga que son bulos porque el clan ha confirmado que las cloacas de su partido le entregaron itinerarios, horarios y fotos de la juez y de sus hijos. ¿Pero sabe qué es lo más sorprendente? Que el clan de Badajoz, que es uno de los más peligrosos, que tiene en su haber delitos de todo tipo de violencia, de homicidio, le dijo a su partido que no, que no quería delinquir para el partido del presidente Sánchez”.

A juicio de Muñoz, ya se habían visto mafias intentando corromper a gobiernos, “lo que no se había visto hasta ahora son partidos de gobierno intentando corromper a mafias”. Y preguntó al ministro Félix Bolaños hasta dónde pensaba llegar el Ejecutivo para “no asumir responsabilidades por la corrupción”. El ministro reclamó dejar actuar a la Justicia: “Quien tenga que pagar por cualquier responsabilidad, que lo pague”.

Este asunto también generó un nuevo incendio entre asociaciones de jueces. Las secciones territoriales de Extremadura de la Asociación Profesional de la Magistratura, de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y de Foro Judicial Independiente suscribieron un comunicado en el que se hacían eco de las informaciones de diversos medios “sobre la existencia de presiones externas, situaciones de hostigamiento personal y familiar que tuvieron lugar con la pretensión de deslegitimar” la labor de la magistrada. De ese comunicado se desmarcó la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia, que consideró que se trataba de informaciones “procedentes de una filtración, presuntamente ilícita” y “cuya verosimilitud habrá de ser contrastada y valorada en el procedimiento judicial correspondiente”.

Pedraz , siguiendo el criterio de las fiscales también deja fuera la pretensión de Biedma de que se investigara un posible delito de descubrimiento y revelación de secretos en relación a las actuaciones dirigidas por la trama para obtener información sobre la jueza. Indica que “el hecho de que una persona busque información con el propósito de encontrar datos desfavorables, comprometedores o perjudiciales para otra puede ser relevante para determinar la finalidad de su actuación, a los efectos de tenerle por partícipe o colaborador en delito de organización criminal, (...) pero no convierte por sí misma la búsqueda de información en delito contra la intimidad”, añade.

“El juez de instrucción es el hombre más poderoso de Francia”. La frase se atribuye a Napoleón Bonaparte, quien la acuñó para evidenciar cómo el criterio de un único magistrado podía marcar los tiempos de un país y el destino de sus gobernantes. La investigación que Juan Carlos Peinado ha seguido durante los últimos dos años y medio contra Begoña Gómez sugiere que el magistrado ha asumido sin reservas el rol atribuido por el emperador francés, una controvertida figura histórica de la que es admirador. 

Peinado cuelga su toga definitivamente este domingo. Tras una trayectoria de tres décadas —accedió a la judicatura en la cuarentena y sin oposición, por el llamado cuarto turno—, se jubila al cumplir 72 años, la edad máxima que permite la ley. Y lo hace tras dejar atado y bien atado el gran caso de su carrera: la investigación a la esposa de Pedro Sánchez, a la que ha conseguido sentar en el banquillo tras una instrucción errática y en la que ha contado con la extrema derecha como muleta. 

De esa exhibición de poder a la que aludía Napoleón dan fe algunos de los principales hitos de la causa. Es el caso de su inédita incursión en el Palacio de la Moncloa para tomar declaración como testigo a Pedro Sánchez, el intento (fallido) de abrir una causa en el Tribunal Supremo contra el ministro Félix Bolaños o la exigencia de documentación al Ejecutivo bajo la amenaza de delito de desobediencia. También llegó a insinuar que los agentes que ejercen como escoltas de Begoña Gómez podrían colaborar con su huida, lo que soliviantó a unos sindicatos policiales nada habituados a la crítica de la judicatura. 

Quienes le conocen dicen que se marcha tranquilo, satisfecho con el devenir de una causa a la que se ha dedicado en tiempo y alma mientras ofrecía una atención limitada a otros casos de su juzgado. Sin embargo, lejos del aura de otros magistrados idolatrados por la derecha política y judicial, de Peinado es difícil encontrar quien resalte de él su independencia o su brillantez jurídica. Pese a ello, llevará siempre en su haber el impulso de una de las causas que más desgaste han supuesto para el Gobierno de coalición y, singularmente, para su presidente. 

Con todo, solo los sectores más radicalizados han enarbolado su figura como estandarte en la batalla judicial contra el Gobierno. La instrucción ha resultado tan controvertida que la premisa de que 'el fin justifica los medios' ha dejado al descubierto cierta incomodidad de la derecha tradicional, que no se atreve a reivindicar abiertamente unos métodos tan alejados del decoro institucional. 

Esta situación tiene un reflejo material en las decisiones de la Audiencia Provincial, que le dio el aval para investigar “todas las actividades de Begoña Gómez desde que su marido fue investido presidente del Gobierno” y construyó la base argumental en la que se apoyó el instructor para seguir adelante con la causa. Pero que también ha anulado una veintena de sus resoluciones por vulnerar derechos fundamentales de los imputados o por falta de motivación. Entre ellas, las relativas al registro del domicilio y las empresas de uno de los investigados mientras estaba muy grave en el hospital y varias imputaciones y líneas de investigación. 

En este contexto, no extrañan los vítores que ha recibido en algunas tardes de toros en Las Ventas. O las alabanzas de los exaltados que solían reunirse en las inmediaciones de los juzgados con cada hito del caso contra Begoña Gómez. Sin embargo, Peinado ha lamentado algunas veces ante su círculo más próximo su soledad ante los “ataques” recibidos. El pasado abril, sus compañeros en los juzgados de la Plaza de Castilla de Madrid, donde deja algunos amigos, suscribieron una declaración institucional para mostrarle su “apoyo” frente a las “descalificaciones” que estaba recibiendo tras la decisión de dejar al borde del banquillo a Begoña Gómez. 

Peinado sustentó esa decisión en un auto en el que llegó a comparar a Pedro Sánchez con el régimen absolutista de Fernando VII, lo que provocó la reacción en tromba del Gobierno y de otros representantes políticos. Es otro más de los exabruptos contenidos en sus resoluciones, caracterizadas por una redacción alambicada en ocasiones imposible de seguir. Por eso llamó la atención cuando, hace un año, copió párrafos enteros de un artículo de una revista jurídica para fundamentar uno de sus escritos.

Quienes han tratado con él dentro del juzgado apuntan que adopta posiciones y gestos difíciles de encajar en la neutralidad que debería regir su función. Ejemplo de esas excentricidades fueron la petición de que le organizaran un estrado en la Moncloa para estar en una situación de superioridad respecto al testigo, en ese caso el ministro de Justicia, Félix Bolaños. O la exigencia al anterior abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, de que le mirara al hablar durante una comparecencia en la que el letrado se estaba dirigiendo a las acusaciones que reclaman elevadas penas de cárcel para quien era su clienta. 

Peinado ha gozado de la protección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), donde los vocales conservadores han impuesto sus votos para impedir cualquier actuación disciplinaria contra él. El órgano de gobierno de los jueces ha archivado más de una decena de quejas presentadas por sus excesos o errores. Entre ellas, las del ministro Bolaños, quien no descarta explorar otras vías en los tribunales contra el magistrado ahora que se ha jubilado y que queda descartado el reproche disciplinario. 

De perfil tradicionalista, quienes le conocen dicen que es un gran lector, admirador del pensador Ortega y Gasset y amante de los toros y los caballos. A ello y a su familia se dedicará a partir de ahora. Aunque hay quien advierte que, ya sin el peso de la toga, está determinado también a restaurar su honor frente a quienes considera que lo han violentado en sus declaraciones públicas. En los últimos meses ha interpuesto casi una decena de demandas contra políticos y periodistas a los que reclama miles de euros. 

El Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), órgano representativo adscrito al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha presentado un escrito ante la Junta Electoral Central en el que denuncia que la decisión del Tribunal Supremo de limitar de forma cautelar el derecho al voto de los descendientes de españoles represaliados del franquismo genera una “discriminación” directa por razón del lugar de residencia. 

El órgano advierte de que las medidas cautelares del Alto Tribunal colocan en desventaja a los ciudadanos que han adquirido la nacionalidad española en el extranjero al amparo de la Ley de Memoria Democrática respecto a quienes residen en España. Según expone el CGCEE en su escrito del 24 de septiembre de 2026, mientras que un nacionalizado que vive en España conserva intacto su derecho fundamental al voto al figurar en el censo de residentes (CER), una persona con su mismo título, obtenido por idéntico procedimiento y en la misma fecha, ve congelados sus derechos electorales por residir en el extranjero.

Además, el escrito censura la “estigmatización” y los discursos que cuestionan de forma generalizada la legitimidad del sufragio exterior. Así, califica de “improcedentes” las manifestaciones que atribuyen comportamientos o motivaciones dudosas a un colectivo de más de tres millones de personas y recuerda que la ciudadanía en el extranjero forma parte plena de la comunidad política española. 

Asimismo, recalca que la ley electoral únicamente permite privar del derecho de sufragio mediante una sentencia penal firme, por lo que la aplicación administrativa de estas medidas cautelares suspende de facto una prerrogativa constitucional sin que exista condena alguna ni se haya dado trámite previo de audiencia o defensa a los afectados.

El organismo trata de desmontar también las “premisas fácticas” sobre las que el Supremo fundamentó la existencia de un riesgo de alteración electoral. En primer lugar, aclara que la concesión de la nacionalidad no supone un “volcado automático” ni directo al censo (CERA), sino que exige un trámite voluntario y diferenciado de alta en el Registro de Matrícula Consular que muchos beneficiarios no llegan a formalizar. 

En segundo lugar, subraya que el crecimiento del censo exterior responde a una tendencia histórica de más de dos décadas, que se debe a la mayoría de edad de residentes o traslados desde España, y no puede achacarse exclusivamente a la ley de nietos. Por último, recuerda que la participación del electorado en el extranjero es históricamente reducida, lo que invalida la tesis del Supremo de la supuesta incidencia decisiva en las urnas. 

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha presentado un nuevo recurso de alzada ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Esta vez, contra la decisión del órgano de denegarle el acceso al expediente completo de su queja contra el juez Juan Carlos Peinado, instructor del caso contra Begoña Gómez. El ministro sostiene que la decisión de no entregarle esa documentación le causa una “indefensión real y efectiva” porque le impide contar con todos los datos con los que acudir a otras instancias, como el Tribunal Supremo. 

En el recurso, adelantado por El País, el ministro considera “llamativo” el contraste entre los tiempos de tramitación manejados por el CGPJ en las quejas formuladas contra el juez Peinado —cuya tramitación se demoró 14 meses— y la “celeridad” desplegada para pronunciarse su primer recurso de alzada, que la Comisión Permanente analizó y acordó rechazar en apenas 18 días. 

“La conclusión que desgraciadamente se desprende es que durante meses se toleró una situación de parálisis que favorecía objetivamente que la jubilación del denunciado terminase convirtiéndose en un factor de impunidad para él”, recoge el escrito, en el que acusa directamente a “los vocales que integran el grupo conservador de la Comisión Permanente” de estar “abandonados a la molicie”. Este viernes es el último día en activo de Peinado en la carrera judicial, ya que se jubila este domingo al cumplir los 72 años. 

“La radical disparidad entre los tiempos de tramitación solo admite, en apariencia, dos posibles explicaciones: o la tramitación de la denuncia del Sr. Peinado fue demorada innecesariamente durante más de catorce meses, o mi recurso ha sido objeto de una aceleración extraordinaria para ser resuelto en unos días”, dice el escrito. A su juicio, esta situación “alimenta una percepción de un corporativismo nocivo que perjudica la imagen de la Justicia y que es difícilmente compatible con la confianza que los ciudadanos deben poder depositar en los mecanismos de control disciplinario del Poder Judicial”. 

Respecto al fondo del recurso, el ministro califica de “espigueo normativo” y de “régimen híbrido” la argumentación del CGPJ para bloquear la entrega del expediente de sus quejas contra Peinado. El Promotor de la Acción Disciplinaria alegó que las diligencias informativas son trámites “reservados”.

El ministro rebate que esa reserva legal está diseñada para proteger al juez frente a la opinión pública, pero no frente al denunciante. Al ocultarle estos documentos, la resolución impide verificar datos clave, como la fecha exacta en la que el juez tuvo conocimiento de la denuncia en su contra y que fue días antes de elevar una exposición razonada al Supremo para intentar imputar al propio Bolaños.

El caso contra José Luis Rodríguez Zapatero se mueve entre la parálisis y el desánimo, si se atiende a los intereses del expresidente del Gobierno. El último episodio es la revelación por parte de su defensa de que las joyas más valiosas de su ajuar proceden de un regalo del anterior rey de Arabia Saudí, que, por otra parte, es imposible acreditar desde hace tres meses. La ausencia de una respuesta de la monarquía saudí a la petición de Zapatero para que confirme que se produjo la dádiva fía el futuro de la pieza separada a que el juez acceda a enviar una comisión rogatoria al país y que este se decida a contestar, lo que no siempre ocurre. 

El escrito de Zapatero llega en el plazo de tres días que el juez José Luis Calama había concedido al expresidente para aportar la información que no ofreció en su declaración como investigado de junio y que tampoco había facilitado cuando fue entrevistado en TVE en julio. Por lo visto, Zapatero optó por dejar que el escándalo siguiera su curso de especulaciones y confiar en acallarlo con un documento que Riad no ha enviado. 

Ante el fracaso de sus gestiones con Arabia Saudí, la defensa del expresidente ha optado por solicitar al juez José Luis Calama que libre una comisión rogatoria internacional que recabe la confirmación del origen de las joyas.

El régimen saudí acumuló en el pasado un historial de prácticamente muy escasa colaboración con la justicia de países occidentales, entre ellos España, si bien fuentes de la Audiencia Nacional aseguran que esa dinámica ha cambiado en los últimos tiempos y que se está produciendo “reciprocidad” a raíz de demandas de información de Riad que han sido satisfechas desde Madrid.

El expresidente del Gobierno permanece investigado en una pieza separada a raíz del hallazgo de alhajas y bisutería en una caja fuerte de su despacho que han sido valoradas en 1,3 millones de euros por una prestigiosa joyería madrileña. Los delitos que se le imputan en relación con las valiosas piedras son contrabando y delito fiscal. 

Una respuesta afirmativa de la monarquía saudí habría contribuido ya de forma decisiva a que se disolviera esa acusación. Zapatero afirma en el escrito presentado en la Audiencia Nacional que el rey de ese país le entregó en su “vivienda familiar” el regalo durante la visita oficial a España los días 18 y 19 de junio de 2007. El hecho de que se tratara de un regalo recibido en el Palacio de la Moncloa descartaría el contrabando porque Zapatero no habría introducido nada en España sin declarar. Las obligaciones fiscales, que Zapatero no atendió en su momento al no tributar por una donación tan valiosa, no serían delito atendiendo a la prescripción. 

La imputación del expresidente del Gobierno por tráfico de influencias en relación con el rescate de Plus Ultra implicó un terremoto político que alcanza a cuestiones propias de identidad para la izquierda en España, por tratarse Zapatero de un referente de sus políticas. Pero también una crisis tangible para el actual presidente Pedro Sánchez, que no solo reivindica el legado de Zapatero, sino que ha implicado al anterior presidente socialista en asuntos tan relevantes como la negociación política en Catalunya y la defensa pública de su gestión al frente del actual Ejecutivo. Todavía hoy Pedro Sánchez asegura contar con Zapatero para la próxima campaña electoral. 

El descubrimiento de las joyas no debería constituir el principal problema judicial de Zapatero, según el análisis de algunos juristas. El expresidente puede asegurar que las joyas son suyas, que fueron un regalo, y que sea la Audiencia Nacional quien deba demostrar, en su caso, que no es así y que suponen el pago por actuaciones propias del tráfico de influencias que se le imputa. De no alcanzarse esas conclusiones, las joyas quedarían en el futuro como un indicio de un enriquecimiento ilícito que no prosperó hasta convertirse en prueba. 

Pero el expresidente, consciente de la trascendencia pública que adquirió de inmediato el hallazgo, se comprometió a dar explicaciones en diez días. De ello han pasado casi tres meses. En el plano político, el escrito de Zapatero no contribuye al final de la crisis. Su Gobierno aprobó en 2005 el Código del Buen Gobierno, por el que los cargos públicos no debían aceptar los regalos cuyo valor superase los usos sociales y de cortesía. Los presentes deberían ser entregados a Patrimonio Nacional.

El expresidente reconoce en su escrito que recibió las joyas en 2007, dos años después de la aprobación de la norma, y el hallazgo el pasado mayo confirma que se las quedó. Reitera lo que ya dijo en TVE que las joyas no han tenido “uso ni destino alguno”, que tampoco tiene “conciencia de su valor material”, aunque en cualquier caso discrepa abiertamente del valor de 1,3 millones que estableció la joyería Ansorena. 

Zapatero coincide en que los tres juegos de collar, pulsera, sortija y pendientes que le habría regalado el rey Abdullah suponen más del 93% del valor de todo lo requisado por la Policía, que también se incautó de otras piezas de joyería y bisutería que el expresidente atribuye a la herencia familiar tanto suya como de su mujer, Sonsoles Espinosa. 

Sobre el origen de las alhajas puede arrojar luz el informe pericial que el juez ha encargado a los gemólogos y tasadores de la joyería Yanes, distinta de la que hizo la primera tasación. Estos expertos deberán pronunciarse sobre distintos extremos de las piezas, como la posible identificación del área geográfica de creación, la identificación de los metales preciosos, su valor de reposición actual y del conjunto del lote, así como su antigüedad, entre otros extremos. Y con esos datos confrontar con las afirmaciones de Zapatero. 

En la pieza principal, la que atribuye tráfico de influencias a Zapatero, también oscila entre el estancamiento y las malas noticias para el expresidente. Su antiguo socio Julio Martínez le atribuyó en julio estar al frente de todas las mediaciones que él realizaba, sin concretar si eran delito o una labor de lobby. Los ex responsables de Plus Ultra dijeron al juez que ellos estaban convencidos de que Zapatero cobró por mediar en el rescate de la compañía, pero que no tienen pruebas de ello y que tampoco sabían cuánto.

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha decretado el archivo de las diligencias abiertas tras las denuncias formuladas por tres particulares contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por la adquisición por parte del Gobierno regional de un ático de lujo en el barrio de Chamberí por 6,3 millones de euros. 

En un decreto al que ha tenido acceso elDiario.es, la fiscal Ángeles Garrido afirma que las denuncias hacen “hipótesis elucubrativas” basadas en recortes de prensa y que no contienen “dato alguno” que permita atribuir a la presidenta los delitos de prevaricación y malversación.

La representante del Ministerio Público afirma que las denuncias realizan “inferencias” que son “tan abiertas” que resultan “inhábiles” para justificar la apertura de una investigación penal sobre la compra de este inmueble que seguirá en manos del Ejecutivo regional tras fracasar la operación puesta en marcha para venderlo en julio, justo un día después de que se conociera la adquisición a través de la prensa. La compra se llevó a cabo a través de la empresa pública Planifica Madrid.

Por otro lado, la fiscal subraya que las denuncias se basan únicamente en informaciones periodísticas para “construir una imputación penal basada en la celebración de un contrato administrativo y la compra de una vivienda de lujo”. Y recuerda, invocando doctrina de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que la remisión a noticias de prensa no justifica la apertura de una causa penal. Asimismo, el decreto señala la falta de individualización de la conducta atribuida a la presidenta y señala que las acusaciones parten de “hipótesis elucubrativas”. 

Diligencias en un juzgado de Madrid

Estas denuncias son independientes de las presentadas por Iustitia Europa, el PSOE y Más Madrid en los juzgados de Madrid. En ese caso, el juzgado ha preguntado a la Fiscalía si es competente para investigar esta compra y ha acordado formar una pieza separada para incluir la documentación aportada por los denunciantes. Entre ella, el expediente sobre la adquisición que no aclara quién decidió comenzar la búsqueda del piso y por qué se eligió uno que está en el barrio donde creció la presidenta madrileña.

La semana pasada, el Gobierno de Ayuso reconoció que el uso real que pretendía dar la administración a la vivienda era de “alojamiento”, después de haber dicho en los últimos dos meses que el inmueble se iba a utilizar para alojar oficinas de la Comunidad. La vivienda, con 486 metros cuadrados, está situada justo enfrente del piso que la presidenta madrileña recibió como donación en vida de su padre y en la que ahora vive su madre. 

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha trasladado un escrito a la Audiencia Nacional en el que atribuye la parte principal de la “colección” de joyas incautada en su despacho a un “obsequio de carácter personal” que el rey Abdullah Bin Abdulaziz Al-Saud de Arabia Saudí le entregó cuando era jefe del Ejecutivo. Según el escrito, la entrega se produjo en el Palacio de la Moncloa durante la visita oficial del monarca a Madrid los días 18 y 19 de junio de 2007.

El escrito revela que Zapatero remitió cartas el 16 de junio y el 12 de agosto de 2026 a la Jefatura de Protocolo de la Corte Real de Arabia Saudí para solicitar que confirmara la veracidad de la entrega de dicho regalo, si bien no ha obtenido respuesta. En consecuencia, reclama al juez que solicite una comisión rogatoria a Arabia Saudí para que su Corte Real certifique oficialmente que el obsequio fue entregado en la Moncloa en junio de 2007.

El escrito se refiere a tres juegos compuestos por collar, pulsera, sortija y pendientes en oro blanco, diamantes, rubíes, esmeraldas y zafiros que constituyen la parte más valiosa de las piezas intervenidas al superar el 90% del valor total. La defensa del expresidente señala que esos juegos se guardaron desde 2007 “junto a las de origen familiar y otros regalos de amigos, sin uso ni destino alguno, y sin conciencia de su valor material”. 

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que instruye la investigación abierta contra Zapatero, concedió el pasado lunes tres días a su representación legal para que aportara la documentación de las joyas que se hallaron en el registro de su despacho. Calama también reclamó un nuevo informe pericial gemológico y joyero a la joyería Yanes –distinta de la que emitió el primer informe, Ansorena– de las piezas incautadas el 19 de mayo.

Ese primer informe tasó de forma preliminar el valor de las joyas en 1,3 millones de euros. La pieza más preciada, valorada en 278.000 euros, era un collar en oro blanco de 18 kilates “cuajado de diamantes” y dos esmeraldas naturales cuyo origen es Zambia. La defensa del expresidente rechaza esa valoración. Argumenta que la joyería hizo una estimación a “valor de reposición” a precios de mercado de junio de 2026 que está orientada a pólizas de seguro y que no refleja el valor real que tenían las piezas cuando fueron entregadas hace casi dos décadas, en 2007.

“Tal crecimiento [del censo exterior] genera un peligro fundado, real y serio de poder afectar gravemente a la objetividad y transparencia del proceso electoral”. Este fue el principal argumento con el que el Tribunal Supremo acordó el pasado 8 de septiembre limitar de forma cautelar el derecho al voto de los descendientes de españoles represaliados del franquismo. A juicio de los magistrados, la ley de nietos había propiciado un “excepcional” incremento de las personas con derecho a voto y eso podría generar un “daño irreversible”.

Dos semanas después de esa decisión, el recurso en el que la Abogacía del Estado pide revertir esta decisión pone entredicho las cifras que sustentan esta polémica resolución de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal. En su fallo, los magistrados asumieron las cifras de los denunciantes —Vox y el extraparlamentario Iustitia Europa—, que basaron sus impugnaciones en el incremento global de 408.262 electores que el censo exterior había sufrido desde las elecciones de 2023. 

Las certificaciones oficiales de la Dirección General de Españoles en el Exterior aportadas por los servicios jurídicos del Estado evidencian que el volumen real de electores inscritos bajo la cuestionada “presunción general de exilio” asciende a 168.896 personas a 31 de agosto de 2026. Es menos de la mitad de la cifra que toman los jueces como referencia. 

Esta diferencia obedece a que los denunciantes tomaron como referencia el incremento global del censo exterior, donde están inscritos todos los españoles que viven de forma permanente en el extranjero. En su recurso, la Abogacía del Estado cuantifica en 369.017 los nacionalizados en virtud de esta ley a través de cuatro supuestos legales distintos, pues la norma, además de a los nietos de quienes “salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955” otorga la nacionalidad a otros descendientes de españoles.

Es el caso, por ejemplo, de los hijos de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de 1978, los hijos mayores de edad de quienes ya obtuvieron la nacionalidad por la ley de 2007 o la de 2022 o la consolidación de la nacionalidad de origen sobrevenida. 

Una influencia “ínfima”

Basándose en esa cifra de 168.896 electores nacionalizados a través de la instrucción sobre la que ha puesto el foco el Supremo, la Abogacía del Estado considera “erróneo” y “ficticio” el supuesto peligro electoral. El recurso aplica esa cifra a la participación histórica del voto exterior en las elecciones generales, que ronda el 8% y estima en 14.120 los votantes potenciales. Se trata, según estos cálculos, del 0,06 % de los votos emitidos. Es, a su juicio, una influencia “ínfima” y que, a su juicio, no permite concluir la existencia del riesgo de alteración del proceso electoral en el que el Supremo basó su decisión. 

“No existe ningún riesgo derivado del crecimiento del censo (...). Y aun en el negado caso de que existiese algún riesgo, sería tan ínfimo que no justificaría cercenar los derechos de voto de cientos de miles de personas, piedra angular de la democracia. Nadie puede predecir el sentido del voto de las personas incorporadas al censo y, en todo caso, no podría alterar el resultado electoral por pura matemática”, recoge el escrito.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado este martes por mayoría abrir un expediente disciplinario al juez David Maman, quien declaró en una ponencia organizada por el Colegio de la Abogacía de Madrid que se han otorgado muchas “ventajas” a las mujeres que denuncian violencia, y que van “a la caza de la orden” de protección. 

Maman, titular de un juzgado especializado en violencia sobre la mujer, es el juez encargado del caso contra el exDAO de la Policía Nacional José Ángel González, que fue acusado de presunta agresión sexual por una inspectora del Cuerpo. El acuerdo que supone la apertura de un expediente ha sido aprobado con el voto de calidad de la presidenta, Isabel Perelló.

La Permanente ha rechazado la propuesta del Promotor de la Acción Disciplinaria, que planteó no actuar disciplinariamente contra el magistrado al considerar que las manifestaciones objeto de queja están amparadas por el derecho a la libertad de expresión y que no son constitutivas de ninguno de los tipos disciplinarios contenidos en la ley del Poder Judicial.

Los vocales del sector conservador han anunciado la formulación de voto particular al discrepar con la decisión acordada. En ese escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, los vocales José Eduardo Martínez Mediavilla, José Carlos Orga, Isabel Revuelta de Rojas y Alejandro Abascal defienden que el magistrado hizo esas afirmaciones en un acto formativo y técnico, donde “se limitó a transmitir contenidos con relevancia pública”, que no afectaban a la intimidad de las personas ni a aspectos reservados de la sociedad. Y que, en consecuencia, “están protegidas por la libertad de expresión”.

El Consejo General del Poder Judicial ha decidido archivar de manera definitiva las quejas que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, presentó contra el juez Juan Carlos Peinado. Los cuatro vocales conservadores de la Comisión Permanente y el vocal elegido a iniciativa de Sumar Carlos Hugo Preciado han sumado sus votos para desestimar el recurso de alzada del ministro. La presidenta del órgano, Isabel Perelló, no ha votado al constatarse durante la deliberación la existencia de una mayoría de cinco vocales favorable a esa desestimación. Dos vocales progresistas han votado en contra del archivo.

Bolaños denunció la “hostilidad” y la “actitud intimidatoria” del juez cuando le interrogó como testigo en la Moncloa en el caso contra la esposa del presidente del Gobierno y cuando, después, pidió sin éxito al Tribunal Supremo que abriera una causa contra él. El magistrado exigió una tarima para poder colocarse en un plano superior al del ministro, le acusó de contestar con “evasivas” y le llegó a reprochar que sonriera. 

En el recurso contra la decisión de archivar sus quejas, Bolaños afirmaba que la actuación del órgano de gobierno de los jueces no representa los estándares de agilidad y rigor exigibles y criticaba que “bien por conservadurismo, bien por corporativismo” hubiera sido incapaz de corregir las “irregularidades” denunciadas. 

Este martes, la Comisión Permanente del organismo ha decidido avalar el archivo de las quejas firmado por el Promotor de la Acción Disciplinaria. A su juicio, ese archivo tenía “una amplia justificación” sobre por qué la actitud de Peinado durante su testifical tenía una “falta de trascendencia” como para llegar a convertirse en una sanción. Hubo una “tirantez dialéctica” pero, añade la Comisión Permanente, no una conducta sancionable.

Tampoco encuentran motivo de castigo en que el Tribunal Supremo tumbara de plano la propuesta de Peinado de imputar a Bolaños en la causa por la que Begoña Gómez va a ser juzgada. Ahora el ministro de Justicia tendrá que decidir si lleva esta negativa del CGPJ ante la sala tercera del Tribunal Supremo a través de un recurso e insistir en que Peinado pueda llegar a ser sancionado.

Dos progresistas defienden admitir el recurso de Bolaños

La decisión cuenta con el voto particular discrepante de los vocales progresistas Argelia Queralt y Bernardo Fernández, quienes sostienen que el acuerdo confunde el contenido de la función jurisdiccional, que no puede ser revisado disciplinariamente, con la forma en que el juez ejerce su autoridad sobre quienes comparecen ante él. “La independencia judicial protege la libertad del juez para decidir; no convierte en jurídicamente irrelevante la forma en que ejerce la autoridad que el Estado le confiere”, recoge su escrito.

Ambos vocales consideran que la conducta desarrollada durante la declaración no podía analizarse como una suma de incidentes aislados. A su juicio, la sucesión de reproches dirigidos al testigo por su forma de expresarse y responder, la censura de su expresión facial, la advertencia de que su condición procesal podía cambiar y el requerimiento de que aprovechara un receso para obtener de terceros una información que había manifestado desconocer debían valorarse “conjuntamente y en su contexto”.

Así, defienden que los hechos estaban objetivamente documentados mediante la grabación íntegra de la declaración y que existía una base suficiente para examinarlos en un procedimiento contradictorio. Y subrayan que “la ausencia de certeza sobre la existencia de una infracción no equivale a la ausencia de indicios suficientes para investigarla”.

Por otro lado, la Permanente respaldó el archivo de tres diligencias informativas incoadas a raíz de quejas planteadas contra Peinado. Una de ellas había sido presentada por la trabajadora de la Moncloa Cristina Álvarez, asistente de la mujer del presidente, quien también se sentará en el banquillo. 

Su letrado, José María de Pablo, puso en conocimiento del CGPJ un escrito en el que acredita, con varios pantallazos, que el digital que dirige Eduardo Inda publicó el contenido de una providencia dictada por el juez 15 horas antes de que ese documento fuera trasladado a las partes a través de LexNET, la plataforma del Ministerio de Justicia que sirve para comunicarse electrónicamente con los juzgados y tribunales. La filtración, por tanto, solo podía provenir del juzgado, según el escrito.

El vocal elegido a iniciativa de Sumar Carlos Hugo Preciado ha defendido que el asunto saliera del Consejo y se remitiera a la Fiscalía, al entender que los hechos “pueden ser constitutivos de delito”. La mayoría, sin embargo, ha optado por archivo.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) analiza este martes el recurso de alzada presentado por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, contra la decisión de archivar las quejas que presentó ante este mismo órgano contra el juez Juan Carlos Peinado, instructor del caso contra Begoña Gómez. El encargado de dar respuesta a ese recurso es el vocal conservador Carlos Orga, quien propone desestimarlo y confirmar así el cerrojazo definitivo de las denuncias presentadas, de acuerdo a las fuentes consultadas por elDiario.es. 

El pasado julio, los cuatro vocales conservadores de la Comisión Permanente y el consejero elegido a iniciativa de Sumar Carlos Hugo Preciado respaldaron la propuesta del Promotor de la Acción Disciplinaria de archivar las diligencias abiertas a raíz de las quejas de Bolaños. Esa misma Comisión Permanente decidirá este martes sobre el recurso, por lo que de mantenerse sus posiciones, las quejas quedarían archivadas definitivamente. 

De hecho, el propio Bolaños admitía en su recurso que no confiaba en que ese órgano revocara su propia decisión y anunciaba que su objetivo era agotar la vía administrativa antes de acudir a la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Su objetivo, decía, es que esa instancia hiciera “el trabajo que correspondía al CGPJ: defender y proteger el buen nombre de la judicatura”.

“Actitud intimidatoria”

Bolaños denunció la “hostilidad” y la “actitud intimidatoria” del juez cuando le interrogó como testigo en la Moncloa en el caso contra la esposa del presidente del Gobierno y cuando, después, pidió sin éxito al Tribunal Supremo que abriera una causa contra él. El magistrado exigió una tarima para poder colocarse en un plano superior al del ministro, le acusó de contestar con “evasivas” y le llegó a reprochar que sonriera. 

En el recurso contra la decisión de archivar sus quejas, Bolaños afirmaba que la actuación del órgano de gobierno de los jueces no representa los estándares de agilidad y rigor exigibles y criticaba que “bien por conservadurismo, bien por corporativismo” hubiera sido incapaz de corregir las “irregularidades” denunciadas. 

Según ha podido saber este periódico, el principal argumento de la propuesta que rechaza ese recurso es que la mayoría de los hechos denunciados forman parte del ejercicio de la función jurisdiccional y no pueden ser revisados disciplinariamente por el CGPJ. 

En la grabación del interrogatorio consta que en los primeros minutos, el juez advirtió a Bolaños de que en cualquier momento podría modificar su condición de testigo a investigado. También que le reprendió por usar expresiones como “creo que” o “en términos generales” o que le reprochó que discrepara de la calificación de determinadas respuestas como “evasivas”. Tras analizar el interrogatorio, el ponente de la resolución que analizarán los vocales no considera que el magistrado actuara con desconsideración ni cometiera un abuso de autoridad con relevancia disciplinaria.

Esa propuesta sostiene, además, que la ley del Poder Judicial establece que cuando en una resolución judicial se empleen “expresiones innecesarias o improcedentes, extravagantes, manifiestamente ofensivas o irrespetuosas”, el Consejo solo puede actuar si lo solicita el tribunal superior del juzgado en cuestión, algo que no ha sucedido en este caso.

Falta de “motivación”

A juicio de Bolaños, la resolución del Promotor que archivó sus quejas carecía de “motivación”, dado que no realizó “un análisis verdaderamente individualizado de las actuaciones denunciadas” y tampoco explicaba “por qué todas quedarían comprendidas en el núcleo irreductible de la potestad jurisdiccional”. Por ejemplo, limitó a calificar como una “situación puntual de cierta tirantez dialéctica” lo que el ministro considera que fue “una actitud objetivamente intimidatoria e injustificadamente hostil” durante el interrogatorio.

Bolaños también denunció que el Promotor no hizo una investigación “completa y eficaz” en relación con las filtraciones denunciadas por el ministro, que puso de manifiesto que algunas resoluciones de la causa fueron publicadas por los medios de comunicación antes de que fueran notificadas a las partes. A este respecto, el escrito que analizarán los vocales admite que alguna resolución llegó a los medios antes de ser notificada a las partes, pero considera que había varias personas que podían acceder a ella y que no existen indicios suficientes para atribuir la filtración al magistrado. 

En su escrito, el ministro denunció asimismo que pasaron 427 días entre que presentó la primera de las denuncias en junio de 2025 y se le notificó el archivo el pasado 5 de agosto. Todo ello a pesar de que, a su juicio, se trataba de unas pesquisas sobre “actuaciones muy concretas, perfectamente identificadas y de muy sencilla comprobación”. La respuesta a su recurso de alzada rechaza que haya habido una tramitación indebidamente lenta, de acuerdo a las fuentes consultadas. 

Otra queja de la asesora

Está previsto que este martes, la Comisión Permanente analice también otra queja por otra filtración de la causa contra Begoña Gómez. En este caso, la queja partió de la trabajadora de la Moncloa Cristina Álvarez, asistente de la mujer del presidente, quien también se sentará en el banquillo. 

Su letrado, José María de Pablo, puso en conocimiento del CGPJ un escrito en el que acredita, con varios pantallazos, que el digital que dirige Eduardo Inda publicó el contenido de una providencia dictada por el juez 15 horas antes de que ese documento fuera trasladado a las partes a través de LexNET, la plataforma del Ministerio de Justicia que sirve para comunicarse electrónicamente con los juzgados y tribunales. La filtración, por tanto, solo podía provenir del juzgado, según el escrito. Las fuentes consultadas por elDiario.es apuntan a que el Promotor también propone el archivo de estas diligencias. 

La Abogacía del Estado ha recurrido la decisión del Tribunal Supremo de limitar de forma cautelar el derecho al voto de los descendientes de españoles represaliados del franquismo. En el escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, los servicios jurídicos del Estado cuestionan los “excesos” de los magistrados, que se basaron en la existencia de un supuesto “peligro fundado, real y serio” de que el “notable” incremento del censo por la ley de nietos afectara a las elecciones para impedir votar a estos descendientes de españoles salvo que acrediten tras otro largo proceso burocrático que son familiares de exiliados.

La Abogacía del Estado denuncia que la decisión de los jueces de la Sala de lo Contencioso-Administrativo “excede los límites propios del incidente cautelar” y se pronuncia sobre la “legalidad” de una instrucción “que no ha sido impugnada en este proceso” y sobre cuya validez no se pueden pronunciar.

Se trata de la instrucción que el Ministerio de Justicia aprobó en 2022 y que presume que son exiliados “todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955”. La clave es que partido extraparlamentario Iustitia Europa y Vox no recurrieron ante el Supremo el contenido de esa instrucción, sino el acuerdo de la Junta Electoral Central que declaraba su falta de competencia para examinar su contenido.

Los jueces, sin embargo, fallaron que el “significativo” incremento del censo producido tras la “interpretación” contenida en esa instrucción “podría no ajustarse al contenido” de la propia ley de nietos. Y acordaron mantener en el censo solo a quienes puedan acreditar documentalmente que sus ascendentes fueron perseguidos o exiliados “sin aplicar dicha presunción”. 

En su recurso, la Abogacía del Estado defiende que el Supremo se ha excedido en sus competencias al abordar la validez de una instrucción que no ha sido recurrida y que es firme desde hace años. E insiste en que la sentencia que se dicte “podrá anular” el citado acuerdo de la Junta Electoral, pero “nunca podrá anular o limitar los efectos” de cada concesión de nacionalidad concedida y que no ha sido impugnada en este procedimiento.

En este sentido, recuerda que enjuiciar la validez de los títulos de concesión de la nacionalidad no es competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa, sino de la jurisdicción civil.

Además, considera que el auto impugnado excede los límites propios del incidente cautelar, pues hace un “juicio anticipado” sobre el fondo del asunto dado que impone a la Junta Electoral un comportamiento que coincide, en lo esencial, con el contenido de la pretensión de fondo de Iustitia Europa y Vox, que consistía en impedir votar a estas personas.

168.896 nacionalizados con la instrucción

Por otro lado, el recurso de la Abogacía del Estado también trata de desmontar el cálculo del tribunal, que basó la existencia de un supuesto riesgo electoral en el hecho de que desde las generales de 2023 hasta el 1 de julio de 2026 el número de electores que figura en el censo de quienes votan fuera de España se había incrementado en 408.262 personas. 

Así, los servicios jurídicos del Estado rebajan a 168.896 las personas que accedieron a la nacionalidad a través de esa presunción de exilio que recoge la instrucción para los descendientes de quienes salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. 

El recurso aplica esa cifra a la participación histórica del voto exterior en las elecciones generales, que ronda el 8% y estima en 14.120 los votantes potenciales. Se trata, según estos cálculos, del 0,06 % de los votos emitidos. Es, a su juicio, una influencia “ínfima” y que, a su juicio, no permite concluir la existencia del riesgo de alteración del proceso electoral en el que el Supremo basó su decisión. 

“No existe ningún riesgo derivado del crecimiento del censo (...). Y aun en el negado caso de que existiese algún riesgo, sería tan ínfimo que no justificaría cercenar los derechos de voto de cientos de miles de personas, piedra angular de la democracia. Nadie puede predecir el sentido del voto de las personas incorporadas al censo, y en todo caso, no podría alterar el resultado electoral por pura matemática”, recoge el escrito.

El juez Juan Carlos Peinado ha cumplido con los tiempos que se marcó para el final de su carrera profesional. Antes de su jubilación, efectiva desde el próximo 27 de septiembre, ha acordado la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, para que sea juzgada por un tribunal del jurado. Le imputa delitos de tráfico de influencias y malversación, y se sentará en el banquillo junto a su asistente en la Moncloa, Cristina Álvarez.

Peinado no ha impuesto medidas cautelares antes del juicio a las dos acusadas si bien establece “la obligación de permanecer en todo momento a disposición” del juzgado y del tribunal que les vaya a corresponder, así como de “comunicar cualquier cambio de domicilio o paradero” y de comparecer si son requeridas.

Además, como preveían fuentes de las defensas, el magistrado ha desestimado la tesis del nuevo abogado de Begoña Gómez que sostuvo en la audiencia preliminar que el escrito de acusación de HazteOir era ineficaz por cuanto recogía en su contenido datos y referencias a informes policiales de los que no debía conocer el jurado popular.

Sobre la alegación de Álvarez de que no había sido citada personalmente para la audiencia preliminar y por tanto se le había provocado indefensión, el juez responde que esa situación “ha sido creada y provocada voluntariamente por la propia acusada” porque eludió la orden de estar en todo momento a disposición del juez. Y añade que su ausencia en la vistilla “no le ha causado menoscabo alguno en su de derecho de defensa, ni perjuicio real y efectivo a sus intereses” porque tuvo representación letrada.

Sí acuerda, en cambio que se averigüe la capacidad económica de la esposa de Sánchez a través del Punto Neutro Judicial y que se libre para ello un oficio a la Agencia Tributaria para que remita las cinco últimas declaraciones de la renta. Esto lo acuerda por petición de HazteOir “a fin de concretar la multa proporcional interesada por el delito de tráfico de influencias”. El juez recuerda además que el gasto directo asumido por la Universidad Complutense de Madrid por el desarrollo del software investigado es de 113.509 euros, cantidad que reclama como actor civil.

La causa abierta por Peinado tras admitir una denuncia del pseudosindicato de funcionarios Manos Limpias ha sido avalada por la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid. Fue en julio cuando cinco magistrados de esa sección respaldaron la investigación llevada a cabo por el juez instructor contra Gómez, al menos en lo que respecta a los delitos de tráfico de influencias y malversación.

Descartaron, sin embargo, seguir el procedimiento contra ella por los delitos de corrupción en los negocios y apropiación indebida, y sacaron de este procedimiento al empresario Juan Carlos Barrabés. Contra el empresario, los magistrados acordaron seguir la investigación en procedimiento abreviado para ventilar lo relativo a la legalidad o ilegalidad de las adjudicaciones de los contratos públicos investigados.

Junto a Begoña Gómez será juzgada su asistente, Cristina Álvarez, por un presunto delito de malversación de caudales públicos, aunque solo en relación con el supuesto desvío del software de la Complutense -Transforma TSC-, por lo que la colaboradora de Gómez no será juzgada por tráfico de influencias.

El tribunal de la Audiencia Provincial sostuvo, por otro lado, que la decisión de Peinado de llevar el procedimiento por el tribunal del jurado “no puede reputarse arbitraria ni contraria a Derecho, en la medida en que identifica los delitos que, de manera indiciaria, pudieran resultar aplicables y justifica la continuación del procedimiento por dicho cauce”.

Y sobre esos indicios, los jueces de la Sección 23 afirmaron para justificar que sea juzgada por el delito de tráfico de influencias: “Parece perfectamente verosímil sostener en el caso que nos ocupa y con el canon de la simple probabilidad ahora exigible, que la investigada logró el influjo desplegado desde su privilegiada posición de esposa del Presidente del Gobierno”.

Ahora, la Audiencia Provincial debe asignar a uno de sus jueces como magistrado-presidente. Éste será el responsable de acotar el hecho justiciable, y de dictar la sentencia en la que recogerá el veredicto del jurado popular. También impondrá, en su caso, la pena y medida de seguridad que corresponda. La ley recoge que también resolverá, en su caso, sobre la responsabilidad civil del penado o de terceros respecto de los cuales se hubiera efectuado reclamación.

Peinado regresa a Fernando VII

En el auto que ha trascendido este lunes, Peinado vuelve sobre lo ya escrito en resoluciones anteriores. Así, sostiene que, con la llegada de Sánchez a La Moncloa en 2018, Begoña Gómez vivió “un cambio inmediato y significativo en su trayectoria profesional”. Para el juez, la investigada logró “el influjo desplegado desde su privilegiada posición de esposa del presidente del Gobierno” para lograr ser la directora de la cátedra extraordinaria que impartió en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), y para que esto ocurriera “de forma casi inmediata y sin verificar un mínimo control sobre la consistencia del proyecto propuesto”.

Considera, además, que su posición le facilitó acceder “a interlocuciones institucionalmente excepcionales” y que desde la llegada de su esposo a la Presidencia del Gobierno “se tomaron determinadas decisiones públicas favorables a la cátedra y al proyecto TSC, que pudo obtenerse mediante un aprovechamiento singular de su posición relacional”.

Para el juez, por mucho que se busque en la jurisprudencia una resolución que analice o interprete el tráfico de influencias, no se puede hallar un supuesto parecido al que ha investigado él. “Las conductas que provienen de palacios presidenciales, como este supuesto, parecen más propias de regímenes absolutistas, por suerte, ya olvidados en el tiempo en nuestro Estado”, indica, para volver a hacer alusión por similitud al reinado de Fernando VII.

A Gómez también le imputa el delito de malversación de caudales por el uso que hizo de su asistente “en favor de intereses estrictamente privados o particulares” porque entiende que Álvarez “habría intervenido de manera continuada en actividades ajenas a las funciones propias de su puesto”.

En cuanto a la malversación que se les imputa a ambas, el juez dice en su nuevo auto que de los hechos investigados se desprende que el software o plataforma digital surgido en el entorno de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva “fue concebido, impulsado y desarrollado bajo el paraguas institucional de la UCM con intervención de personal universitario, financiación y colaboración de diversas empresas tecnológicas y participación activa de tanto de Gómez como de Álvarez. Y añade que si bien ”se intentó inicialmente su encauzamiento por la vía institucional“ a través de un departamento de la UCM, dicho procedimiento no llegó a culminarse.

En paralelo, explica que la esposa de Sánchez “fue asegurando el control privado de los elementos identificativos y de explotación del proyecto mediante el registro de marcas vinculadas a TSC y a TransformaTSC, el alta y posterior control del dominio transformatsc.org y la constitución de la sociedad Transforma TSC, S.L.”. Y el juez explica que existe “un cconjuntoindiciario relevante acerca del destino final del software y de su desplazamiento desde el ámbito universitario al ámbito privado”.

El Gobierno: “Es incuestionable la intención política”

El Gobierno ha “condenado” la apertura de juicio oral y la ha calificado de “arbitraria”. “Condenamos la decisión del Juez Peinado de decretar la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez. Denunciamos que se trata de una instrucción arbitraria e injusta que solo responde a la persecución judicial contra Begoña Gómez por el hecho de ser la mujer del presidente del Gobierno”.

Fuentes de Moncloa aseguran que “es intolerable que, una vez más, se notifique un auto de esta causa coincidiendo con un viaje internacional del presidente del Gobierno. Así como que se haga público antes de ser notificado a las partes. Son incuestionables la intención política, el acoso y la deshumanización que han marcado toda esta instrucción”.

El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge ha acordado ampliar los delitos que investiga en la causa abierta por el abordaje de las fuerzas de Israel a la Flotilla Global Sumud que acaeció el pasado 1 de octubre de 2025, cuando se dirigía a Gaza con ayuda humanitaria. Así, al delito de detención ilegal suma los de torturas, daños, lesiones u otros delitos que pudieran haberse cometido a bordo de la embarcaciones de bandera española.

En el auto del juez, al que ha tenido acceso elDiario.es, se indica que toma esta decisión al estimar parcialmente los recursos de los querellantes, entre los que está el Partido Comunista de España e Izquierda Unida, que le indicaron que a bordo de barcos de bandera española también se produjeron torturas y daños a los activistas que participaban de la flotilla. El magistrado explica que si bien en la querella de la querella inicial ese extremo no quedaba suficientemente claro, o no era explicado, ahora sí puede acordar esa ampliación de la investigación porque los nuevos hechos ocurrieron en barcos de bandera española y por tanto entiende que sí es jurisdicción de los tribunales del país.

Por otro lado, también estima de formar parcial la petición de las acusaciones que pedían que sí investigara los hechos cometidos en buques israelíes tras la detención de los activistas. EL juez explica que aunque no puede declarar por el momento la competencia de su juzgado para esos hechos sí que puede practicar las diligencias indispensables “para identificar a los autores de los posibles delitos de torturas cometidas a bordo de los buques del Estado de Israel o en los centros de detención en el territorio de ese Estado”.

Ramatcal Eyal Zamires y Ram Rotberg

Con esta nueva resolución el juez amplía lo que ya acordó en julio, cuando admitió a trámite dos querellas presentadas para investigar al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Israelíes, Eyal Zamir, y al comandante de las Fuerzas Navales, Ram Rotberg, como presuntos responsables de un delito de detención ilegal durante el abordaje a la Flotilla Global Sumud que acaeció el pasado 1 de octubre de 2025, cuando se dirigía a Gaza con ayuda humanitaria.

En su resolución, el magistrado tomaba esta decisión en contra del criterio de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, y admitía las querellas presentadas por el Partido Comunista de España e Izquierda Unida Federal y por varios particulares, dos de los cuales viajaban a bordo de las embarcaciones de bandera española cuando ocurrió el asalto. En la parte dispositiva acordaba, entre otras diligencias, solicitar a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que se pronunciara sobre si puede investigar los hechos y que le informe de si ambos mandos israelíes ya constan como investigados en algún procedimiento judicial abierto.

Los hechos eran calificados inicialmente por los querellantes como delitos de piratería, detención ilegal, torturas y malos tratos, así como delito contra personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado. La resolución señalaba que las fuerzas israelíes abordaron varios buques en alta mar, a unas 70 millas náuticas de la costa, tomaron el control de las naves y privaron de libertad a sus tripulantes. Entre las embarcaciones afectadas había varias de pabellón español, circunstancia que, según el juez, permitía atribuir la competencia a la jurisdicción española para investigar los hechos ocurridos a bordo de esos barcos.

Según el relato de hechos que recoge el auto, “tropas del Estado de Israel” abordaron distintos buques de la denominada 'Global Sumud Flotilla', “muchos de ellos de bandera y bajo jurisdicción española, tomando por la fuerza el control de estas embarcaciones y destruyendo numerosos objetos”. Explicaba que, fruto de ese abordaje, fueron “detenidas ilegalmente las personas que conformaban la dotación de las referidas embarcaciones, en particular decenas de nacionalidad española”.

Añadía que desde la toma de control de los buques, los tripulantes de las embarcaciones “se habrían encontrado bajo situación de detención ilegal” en el centro de detención de máxima seguridad de Ketziot, en el que se habrían producido “continuadas torturas de carácter sistemático y sin asistencia legal y diplomática efectiva”. Indicaba que los dos mandos querellados “habrían tenido, indiciariamente, plena responsabilidad y dominio de los hechos imputados, en su condición de máximos responsables de las fuerzas que han protagonizado los hechos, sin cerrar el elenco de otras personas inicialmente responsables”. Y el juez sumaba al relato que las querellas también incluían “ataques con drones en Túnez y en aguas de Grecia, sin que se alegue que hubieran afectado a ninguna embarcación de bandera española”.

Tras esto, el magistrado recordaba que el Ministerio Fiscal se oponía a la admisión a trámite de ambas querellas. Explicaba que la Fiscalía entendía que el delito de piratería no se daba porque de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo se requiere un “propósito personal” de carácter privado, mientras que la motivación del abordaje sería de carácter público u oficial. En relación con los delitos de detención ilegale, torturas y malos tratos, el Ministerio Fiscal consideraba que no consta que se haya cometido ninguno de esos delitos a bordo de ninguna embarcación española.

Para De Jorge, la investigación quedaba, por tanto, limitada a los presuntos delitos de detención ilegal cometidos en barcos de pabellón español. Algo que ahora ha modificado gracias a los recursos presentados. De Jorge entiende que, de acuerdo con el Convenio de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, los buques españoles en alta mar están sometidos a la jurisdicción de España, salvo excepciones que, según el auto, no concurren en este caso.

Ya en julio, De Jorge recordaba que pudo conocer por los querellantes que se abordaron hasta seis embarcaciones españolas y, por tanto, “lo cierto es que se dan ya los elementos suficientes para entender que una parte de los hechos transcurren a bordo de embarcaciones de bandera española” más allá de que las detenciones fueran o no de nacionales. Y añadía, al hilo, que “una parte los hechos cometidos a bordo de las embarcaciones de bandera española guarda similitud con los hechos que se declararon probados en la sentencia de la Audiencia Nacional dictada en el caso del secuestro por piratas somalíes del pesquero Alakrana”.

“Como en el caso del abordaje y secuestro del Alakrana, fuerzas Israelíes abordaron las embarcaciones de bandera española, tomaron el control de las mismas y privaron de libertad a sus tripulantes. Estos hechos, con independencia del resto de los acontecimientos que se sucedieron posteriormente, son en buena medida semejantes a los del Alakrana, con la única diferencia de la finalidad o intención que movía a quienes ejecutaron el abordaje y las posteriores privaciones de libertad”, abundaba.

Explicaba que, para determinar la legalidad o ilegalidad del abordaje y de las detenciones practicadas a bordo, era necesario resaltar que el mismo “se produjo en aguas internacionales, a unas 70 millas náuticas de las costas de Palestina”. Por lo tanto, entiende que es aplicable la norma que regula la condición jurídica de los buques que se hallan en aguas internacionales: “Rige el principio de la jurisdicción exclusiva del Estado de bandera”.

En el mismo sentido, apuntaba que la detención ilegal se produjo a bordo de las embarcaciones españolas, pero desde el momento en que los tripulantes fueron trasladados a territorio de Israel comenzó una secuencia de hechos que quedaron ya desconectados de los delitos cometidos a bordo, por cuanto que transcurrieron en territorio israelí. Por consiguiente, la causa no podía extenderse a los hechos ocurridos en territorio israelí o a bordo de buques de guerra o de aquel estado ni tampoco a los querellados relacionados con los centros de detención en suelo israelí, como pedían los denunciantes.

El juez se hacía eco, además, de que en las querellas se denuncia el bloqueo y control de entrada de material y ayuda humanitaria a Gaza, “que afecta gravemente a las condiciones de vida de su población, y que ha provocado una situación de hambruna, calificada así por distintos organismos de Naciones Unidas”. Y recordaba que esas querellas mencionaban también “el pronunciamiento del Tribunal Internacional de Justicia de 22 de octubre de 2025 en el que se establecen las obligaciones humanitarias para el Estado de Israel en relación con los territorios ocupados de Palestina”.

Por otro lado, De Jorge acordó librar una exposición motivada a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, a través del Ministerio de Justicia, para poner en su conocimiento la presentación de ambas querellas, los documentos complementarios y una copia de este auto. Esta diligencia tenía por finalidad que el Ministerio Público de la Corte Penal decida si incluye los hechos relatados en las dos querellas ahora admitidas en algún procedimiento actualmente en curso.

Le pedía también que se pronunciara acerca de si los hechos cometidos a bordo de las embarcaciones de bandera española podían ser investigados por la Audiencia Nacional de manera separada e independiente de los hechos que investigue la Fiscalía de la Corte Penal relativos a posibles delitos de genocidio, crimen de guerra o contra la humanidad o bien que, en caso contrario, le requiera la inhibición. Mientras tanto, advertía el magistrado, continuaría conociendo del procedimiento y practicando las diligencias consideradas urgentes.

El juzgado de instrucción número 8 de Madrid ha preguntado a la Fiscalía si es competente para investigar la adquisición por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid de un ático de lujo en el barrio de Chamberí por 6,3 millones de euros. En un auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, acuerda también formar una pieza separada para incluir la documentación aportada por el extraparlamentario Iustitia Europa, que presentó la denuncia inicial; y el PSOE. Más Madrid también pidió formar parte del procedimiento.

La resolución está fechada el 3 de septiembre, hace más de tres semanas. Fuentes fiscales consultadas por este periódico confirman que el Ministerio Público todavía no se ha pronunciado sobre si los juzgados de Madrid son o no competentes para abrir esta investigación.

Iustitia Europa solicitó que se investigara si la operación pudo constituir malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa, administración desleal de patrimonio público o cualquier otro delito que resulte de la instrucción sobre la compra de este inmueble que seguirá en manos del Ejecutivo regional tras fracasar la operación puesta en marcha para venderlo en julio, justo un día después de que se conociera la adquisición a través de la prensa. En su denuncia no apuntó a la responsabilidad de ninguna persona en concreto.

Sí lo hizo el PSOE de Madrid, que apuntó como “posibles responsables” a los miembros del Consejo de Administración de Planifica Madrid, la empresa pública que compró la vivienda. El presidente de ese órgano es el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, quien está aforado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Ese órgano sería, por tanto, el único competente para investigarle.

Este jueves, el Gobierno de Ayuso reconoció que el uso real que pretendía dar la administración a la vivienda era de “alojamiento”, después de haber dicho en los últimos dos meses que el inmueble se iba a utilizar para alojar oficinas de la Comunidad. La vivienda, con 486 metros cuadrados, está situada justo enfrente del piso que la presidenta madrileña recibió como donación en vida de su padre y en la que ahora vive su madre. 

Además, el pasado 10 de agosto, la Fiscalía Provincial de Madrid envió a ese juzgado cuatro denuncias presentadas en las últimas semanas en relación con la adquisición de ese inmueble. 

La Fiscalía del Tribunal Supremo (TS) analiza si el expresident Carlos Mazón, que ostenta la condición de aforado al seguir de diputado autonómico del PP valenciano, cometió un presunto delito de falso testimonio en su comparecencia en la comisión de investigación sobre la dana en el Congreso el pasado 17 de noviembre.

El PSPV-PSOE se querelló contra Mazón al considerar que, a pesar de ser advertido expresamente de su obligación legal de no faltar a la verdad en su testimonio ante la comisión parlamentaria, mintió en relación con el listado de llamadas del 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 232 fallecidos, con su itinerario tras la salida del restaurante El Ventorro (en el que comió con Maribel Vilaplana en plena catástrofe), con las comunicaciones con la entonces consellera Salomé Pradas, con el conocimiento de la existencia de fallecidos y con las ayudas del Gobierno central vinculadas a la dana.

“Faltar a la verdad”, recuerda el Ministerio Público, supone que debe darse una alteración sustancial de la verdad, entendida como una contradicción inequívoca con la realidad objetiva, en el marco de las respuestas del declarante a las preguntas que se formulen, y deben dichas respuestas afectar a hechos relevantes“.

Para proceder al “análisis de si fue relevante lo declarado” por Carlos Mazón, la Fiscalía del TS ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) el auto de la Sala de lo Civil y Penal que el pasado 16 de marzo rechazó investigar al aforado Mazón por la gestión de la dana.

El Ministerio Fiscal suspende así el trámite para el dictamen sobre el contenido de la querella presentada por el PSPV-PSOE.

Otro golpe de la justicia a la acción del Ejecutivo. A solo unas horas de que arrancara el delicadísimo operativo para trasladar a un millar de migrantes desde la playa de El Trampolín a las nuevas plazas de acogida temporal en el Puerto, todo saltó por los aires. La Audiencia Nacional ordenó paralizar momentáneamente el nuevo campamento. Lo hizo en atención al recurso contencioso presentado por el Sindicato Unificado de Policía (SUP), en el que solicitaban esa medida cautelarísima -sin escuchar al Ejecutivo- y pedían dejar en suspenso la habilitación de ese espacio. Y lo hizo este miércoles por la tarde, casi a la misma hora en que concluían los trabajos de acondicionamiento de las carpas y con el Gobierno volcado en el inminente dispositivo de acogida.

La noticia, de hecho, cayó como una bomba en el seno del Gobierno y pilló por sorpresa al conjunto de equipos ministeriales implicados en el operativo y también a la propia Moncloa. “El Gobierno no puede ocultar su perplejidad ante una decisión que frena una solución operativa inmediata sobre el terreno. La medida paraliza un operativo logístico que estaba listo para ejecutarse de forma inminente, que iba a permitir alojar en total a 1.700 personas, diseñado con criterios estrictamente humanitarios y de orden público”, reaccionó el Ejecutivo.

El plan era que los primeros migrantes procedentes de El Trampolín pudieran ser acogidos en las carpas del Puerto de manera inminente, seguramente ya este mismo jueves y después de que finalizaran los últimos trabajos de preparación con la instalación de una bomba de agua a última hora de este miércoles. Pero la decisión judicial desbarató esos planes y paralizó el operativo.

“Los terrenos del Puerto son los más idóneos y cuentan con todas las garantías de seguridad para llevar a cabo el operativo. El Ejecutivo es plenamente consciente de que esta crisis es compleja, pero la complejidad no puede traducirse en inacción o parálisis institucional. Sacar a estos migrantes de las calles de Ceuta es una prioridad, garantizándoles condiciones dignas de acogida en infraestructuras adecuadas. Es la principal demanda de los ceutíes y del Gobierno de Ceuta”, trasladó a última hora del día la Moncloa en un comunicado.

Lo que apuntan los magistrados de la Sección 8 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional es que, hasta que el Ministerio de Transportes no le entregue el expediente sobre la creación de ese asentamiento, para lo que le da hasta “las 12 del día de hoy” (por el miércoles), deja en suspenso la orden ministerial que habilitaba ese espacio. Y lo que exige ahora el Gobierno es que esa acción de la justicia no condene a Ceuta a la parálisis. “Ceuta no puede esperar. Desde el Gobierno pedimos agilidad y deseamos que se actúe de forma inmediata para aportar soluciones a esta situación sobrevenida”.

En un sector del Gobierno, ya abiertamente enfrentado al Poder Judicial por el reciente bloqueo también del derecho al voto que recoge la conocida como ley de nietos, el paso de la Audiencia Nacional es recibido como “un ataque más” de la judicatura a la acción política del Ejecutivo.

Choque con la ciudad autónoma

La polémica por el emplazamiento del Puerto de Ceuta para la instalación de plazas de acogida viene de largo. Ante la urgencia de habilitar espacios en la ciudad autónoma para sacar de las calles a miles de migrantes y poder empezar sus procedimientos administrativos de asilo o expulsión, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, liderado por Óscar Puente, decidió el pasado 5 de septiembre tomar el control de la autoridad portuaria para sortear los impedimentos del Gobierno del PP de Juan Jesús Vivas.

En una orden firmada al amparo del artículo 73.3 de la Ley de Puertos del Estado, Transportes autorizó al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a instalar carpas para acoger a más de un millar de personas migrantes a pesar de la oposición de la Autoridad Portuaria, dependiente del gobierno autónomo ceutí. Una orden que permitía continuar con los trabajos de instalación de carpas temporales frenada anteriormente por responsables del Puerto de Ceuta. Y además, se autorizaba a la Secretaría de Estado de Migraciones a la utilización temporal de esta superficie de 16.000 metros cuadrados.

La decisión unilateral de Transportes llegó pocas horas después de que el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Ceuta votase en contra de ceder unos terrenos que habían sido pactados previamente entre el Gobierno central de Pedro Sánchez y el de Juan Jesús Vivas. Pero entonces llegó la denuncia del Sindicato Unificado de Policía que ha desembocado en la paralización cautelar de ese emplazamiento. Una decisión de la Audiencia Nacional que, por el momento, desbarata por completo los planes del Ejecutivo de sacar a más de mil personas de la playa del Trampolín en las próximas horas.

A medianoche de este miércoles, todos los equipos ministeriales implicados en el operativo continuaban a la espera de novedades desde la Audiencia Nacional para volver a reactivar “de manera inmediata” un plan, por ahora, frustrado.

La Audiencia Nacional ha acordado este miércoles paralizar momentáneamente el campamento instalado en el Puerto de Ceuta para acoger y atender a los migrantes que llegaron a la ciudad autónoma a finales de julio en la entrada masiva.

La resolución señala que, a raíz del recurso presentado por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) —donde se solicitaba la paralización cautelarísima, sin escuchar al Ejecutivo—, se deja en suspenso la orden ministerial que habilitaba dicho espacio. Esta medida se mantendrá hasta que el Ministerio de Transportes entregue el expediente de creación del asentamiento, para lo cual tiene de plazo hasta “las 12 del día de hoy”, en alusión a la medianoche miércoles.

En una providencia adelantada por El Español y a la que ha tenido acceso elDiario.es, los magistrados de la Sección 8 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo resaltan que antes de resolver sobre la medida cautelar del sindicato, esto es la paralización inmediata del campamento, deben requerir al Ministerio de Transportes “con la mayor urgencia” y por vía telemática la resolución u orden que habilitaba ese espacio del puerto para los migrantes habida cuenta que no consta en el BOE. “Hasta tanto se resuelva la presente medida cautelar urgente, no se puede ejecutar la resolución u orden referidas”, asevera.

La previsión del Gobierno era que a mitad de esta semana estuvieran por fin disponibles esos emplazamientos del Puerto, un lugar con capacidad para 1.700 personas que supondría un alivio, principalmente, para la playa de El Trampolín, donde miles de personas permanecen en asentamientos improvisados. El Gobierno pretendía trasladar este mismo jueves por la mañana a los primeros 800 de la playa a las nuevas carpas.

El SUP interpuso ese recurso contencioso-administrativo contra la resolución del Ministerio de Transportes que permite utilizar aproximadamente 16.000 metros cuadrados del Puerto de Ceuta para instalar un dispositivo temporal de acogida con capacidad para cerca de 1.000 personas.

En su recurso, el sindicato abogaba por alternativas de acogida que reduzcan la presión sobre la ciudad, “como la utilización temporal de un buque-hotel, frente a soluciones improvisadas en ubicaciones que pueden generar nuevos problemas de seguridad”.

El SUP aludía a los recientes incendios registrados en distintos asentamientos de Ceuta al entender que evidencian la necesidad de evaluar previamente los riesgos de incendio, evacuación y actuación ante una emergencia, tanto para las personas acogidas y los usuarios y trabajadores del puerto como para los policías que tendrán que intervenir.

La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha acordado citar como testigos tanto al presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, como al ex jefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno Gonzalo Sanz en el marco de la investigación abierta por la entrada masiva de migrantes en esa ciudad los días 30 y 31 de julio.

Además, la magistrada ha solicitado a diferentes organismos policiales y militares las alertas y análisis de riesgos que hubieran emitido en relación con los hechos, los destinatarios de los mismos y el medio utilizado para su comunicación y difusión, con expresión de la fecha y hora en que tuvieron lugar. “Resulta de particular relevancia la diligencia que tiene como finalidad reconstruir el flujo de información previo a los hechos y determinar las actuaciones desarrolladas en respuesta al riesgo detectado”, explica.

Entre esos organismos incluye a la Delegación del Gobierno en Ceuta y al Ministerio del Interior: quiere que aporten “todas las alertas, informes, comunicados, órdenes de servicio, correos electrónicos y documentación operativa relacionada con el riesgo de entrada masiva” y que detallen que respuesta se dio.

Por otro lado, la jueza, en su auto, atiende a la práctica totalidad de la batería de diligencias que ha solicitado recientemente en un informe el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso. Las considera necesarias para el esclarecimiento de los hechos y para arrojar luz sobre quién está detrás de esa entrada masiva de migrantes. Así, explica que con la finalidad de identificar el origen de la convocatoria, reconstruir el proceso de difusión y coordinación y determinar la existencia de una dirección organizada de la movilización, se reclama al Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (Cenif) que aporte su informe íntegro sobre la organización digital de esa entrada con una relación completa de números telefónicos detectados como administradores, dinamizadores, difusores o participantes relevantes.

También quiere la geolocalización y la identificación de los perfiles usados de Facebook, WhatsApp, TikTok, Instagram, Telegram y cualquier otra plataforma analizada. En este sentido, ya adelanta que será necesario emitir las pertinentes comisiones rogatorias internaciones y las órdenes europeas de investigación a las propietarias de esos datos sensibles y personales: “Meta, WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, Google, Apple y cualquier otra plataforma digital identificada durante la investigación”. Quiere dar así con los números de teléfono usados, los canales, su contenido y los perfiles utilizados entre el 1 de julio y el 15 de agosto de 2026. Para esas indagaciones concretas acuerda formar una pieza separada tecnológica que mantendrá bajo secreto.

Tardón, también quiere dar con los agentes dinamizadores que sobre el terreno pudieron alentar la entrada de migrantes en Ceuta, tal y como destacaba el informe del Cenif. Así, pide a la Comisaría General de Información y a la Unidad Central de Inteligencia Criminal de la Comisaría General de Policía Judicial que procedan “al análisis biométrico y reconocimiento facial de todas las personas identificadas en las fichas de agentes dinamizadores”. Quiere un informe individual de cada uno de los sujetos identificado. Esta diligencia se la remite, también, al CNI, al Cenif y a la Policía Científica por si pueden ayudar a la detección con sus bases de datos.

Por otro lado, sobre los uniformados que aparecen en las fotografías anexadas al informe principal de la Cenif, Tardón quiere conocer también sus identidades, el cuerpo concreto al que pertenecen, su unidad operativa, su graduación, las funciones desarrolladas y la actuación observada en cada uno de los episodios documentados. Quiere conocer, en lo posible, la cadena de mando operativa de las fuerzas marroquíes que estaba presente en la zona de Fnideq-Castillejos durante los días 29, 30 y 31 de julio de 2026.

El brazo financiero de la operación

Tanto Alonso como la jueza ven conveniente también que la UDEF elabore un informe financiero y patrimonial sobre la posible financiación de la movilización investigada. A su juicio, ese documento debe analizar los movimientos económicos relevantes detectados en la zona, la utilización de sistemas informales de transferencia de fondos (como el sistema hawala, habitual en financiación de terrorismo yihadista), la contratación de medios de transporte colectivos y cualquier otra operación que pudiera guardar relación con la logística necesaria para la movilización masiva investigada.

Y considera también necesario la elaboración de un informe relativo “a los traslados irregulares de inmigrantes desde Ceuta a la Península efectuados con posterioridad a los hechos investigados”. Quiere tener sobre su mesa la identificación de las embarcaciones utilizadas, los propietarios, patrones, y financiadores, las rutas empleadas y las personas beneficiadas por dichos traslados. Quiere también tener identificados los inmuebles, locales, garajes y viviendas utilizados como lugares de “alojamiento, ocultación o tránsito” de migrantes.

La magistrada, con el objetivo de dar con los planificadores de esa entrada masiva, acuerda que la Comisaría General de Información, la Jefatura de Información de la Guardia Civil, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (Cnif) emitan un informe en el que que arrojen luz sobre “qué personas, grupos u organizaciones pudieran disponer de capacidad real para planificar y coordinar una movilización de las dimensiones investigadas, quiénes pudieron diseñar la operación, qué vínculos pudieran existir entre los diferentes niveles de actuación”. Quiere que ese informe se extienda en analizar “las similitudes existentes entre los acontecimientos ocurridos en Ceuta con otras entradas masivas, saltos o avalanchas acaecidos en los años 2021, 2024 y 2026, así como los vínculos que pudieran existir entre ellos”.

Sobre la petición de la Fiscalía de que se cite a otros “responsables y mandos operativos”, la magistrada entiende que ese testimonio puede resultar más útil y esclarecedor una vez se disponga de los informes que ha solicitado. Por eso, solo acuerda citar como testigos a Vivas para el 30 de septiembre y al ex jefe de Gabinete para el 1 de octubre. El mismo día 1 de octubre acuerda tomar declaración también como testigo al jefe de la Policía Local de Ceuta.

Fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es destacan que en el informe presentado por el Ministerio Público en ningún momento se incluía la petición de la testifical de Vivas o del ex jefe de Gabinete, por lo que Tardón ha adoptado esta decisión sin contar previamente con el criterio del fiscal jefe Jesús Alonso.

La Junta Electoral Central acordó dividida este lunes no ir al choque con el Tribunal Supremo tras su decisión de limitar de forma cautelar el derecho al voto de los descendientes de españoles represaliados del franquismo. El órgano se limitó a acatar la decisión del Supremo sobre la ley de nietos, sin tratar de enmendar el embrollo jurídico generado, según informan elDiario.es varias fuentes conocedoras del contenido de esa reunión, que se alargó durante dos horas. 

El sector alineado con posiciones progresistas trató de dar la batalla para interponer un recurso contra la decisión que privará del ejercicio de ese derecho a miles de descendientes de españoles salvo que acrediten tras otro largo proceso burocrático que son familiares de exiliados. Pero su propuesta decayó por un ajustado resultado de siete votos a seis. En paralelo, el órgano electoral rechazó por ocho votos a cinco dar instrucciones concretas sobre cómo ejecutar la decisión del Supremo, un movimiento de parte de los vocales conservadores tras el que otros miembros del órgano ven un intento de “arreglar el desaguisado” generado. 

En relación con la impugnación ante el Supremo, a los magistrados y catedráticos de orientación conservadora se sumó en esta ocasión el presidente del órgano, Eduardo Calvo, un veterano magistrado del Supremo, que fue afiliado de la progresista Juezas y Jueces para la Democracia, y que aspira ahora a presidir la Sala del Alto Tribunal que la semana pasada falló sobre la ley de nietos. De acuerdo a las fuentes consultadas, Calvo expresó en sus intervenciones motivos a favor y en contra de recurrir y, finalmente, se decantó por la segunda opción.

Impugnar esas resoluciones habría supuesto un conflicto institucional sin precedentes con el Supremo, tribunal al que pertenecen ocho de los miembros de la Junta Electoral, órgano al que llegan tras ser elegidos por sorteo. Los otros cinco miembros de la Junta Electoral son catedráticos elegidos por el Parlamento: dos a propuesta del PP, otros dos a iniciativa del PSOE y una de Sumar. Estos tres últimos secundaron la propuesta de recurrir los autos que alientan la teoría del supuesto pucherazo de Vox y han supuesto el freno de la ley de nietos. A ellos se sumaron los magistrados del Supremo Pilar Teso, Concepción Ureste y Javier Hernández, a los que habitualmente se sitúa en el espectro progresista de ese órgano judicial. 

Antes de la votación, fueron varios los consejeros que expresaron dudas jurídicas sobre lo que consideran un “salto en el vacío” del Supremo y sobre la indefensión en la que quedan los electores a quienes se les retira cautelarmente un derecho vinculado a su nacionalidad sin ofrecerles trámite de audiencia previa. 

De acuerdo a las fuentes consultadas, algunos de estos consejeros discrepantes con la decisión del Alto Tribunal calificaron de “despropósito” y “barbaridad” la decisión del Supremo y auguraron un “sinfín de litigiosidad” como consecuencia de la “inseguridad jurídica total” que ha generado en miles de personas a las que se les niega un derecho fundamental sin la posibilidad de presentar alegaciones. De hecho, alguno de los vocales apuntó que entre los afectados hay miles que ya pudieron votar en las autonómicas y generales de 2023. Sin embargo, algunos de estos mismos consejeros asumen que ese hipotético recurso “no tenía ninguna opción de prosperar” y podría añadir más ruido a una situación ya de por sí endemoniada. 

Por otro lado, los vocales discrepantes con la posibilidad de impugnar la decisión del Supremo consideraron que la vía del recurso no era apropiada y habría supuesto un choque de trenes inédito entre ambas instituciones. En este grupo de vocales están los cuatro que el pasado julio firmaron un voto particular contra la decisión de la Junta Electoral de declararse no competente para frenar los efectos de la ley de nietos. Sus argumentos acabaron, primero, en los escritos en los que Vox y el extraparlamentario Iustitia Europa llevaron el asunto al Supremo; y, después, en las propias resoluciones del Alto Tribunal.  

Los firmantes de ese voto particular son los catedráticos de Derecho Constitucional Carlos Vidal Prado y Javier Tajadura Tejada —elegidos a iniciativa del PP— y los magistrados del Supremo Vicente Magro y Fernando Marín, a los que este lunes se sumaron sus compañeros del Alto Tribunal Fernando Cerdá y Carmen Lamela y el presidente del órgano, el citado Eduardo Calvo, para evitar el recurso a una decisión que ha vuelto a tensar la situación entre el Gobierno y el Poder Judicial. 

De hecho, aunque en la Moncloa ponen el foco en la “salvajada” del Supremo, también critican la respuesta de la Junta Electoral. “Nos sorprende mucho que atienda esa decisión del Supremo, sinceramente”, apuntan desde el Ejecutivo, donde meten prisa al alto tribunal para que solvente la cuestión cuanto antes. 

“Esperábamos que la Junta Electoral cuestionara y reprobara la decisión del Supremo. Y en cualquier caso nos parece imprescindible que se resuelva cuanto antes, porque es muy grave restringir un derecho básico de la condición de ciudadanía como es el derecho al voto”, apuntan fuentes del Gobierno. Pese a acatar la medida cautelar, la Junta Electoral mantendrá su personación en el procedimiento para defender que no tiene competencias para fiscalizar la concesión de la nacionalidad ni la instrucción del Ministerio de Justicia que amplió la aplicación de la ley de nietos y que ahora cuestionan las derechas y el Supremo.

“Cumplirse en sus términos”

Según la decisión de los jueces de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal, solo podrán seguir en el censo aquellos descendientes de españoles que acrediten tras otro largo proceso burocrático que son familiares de exiliados. Su pronunciamiento pone en el foco esa instrucción, de 2022, que presume que son exiliados “todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955”. 

Según los jueces, el “significativo” incremento del censo producido tras la “interpretación” contenida en esa instrucción “podría no ajustarse al contenido” de la propia ley de nietos. Y acordaron mantener la inscripción en el censo solo de quienes puedan acreditar con “prueba documental individualizada” de que sus ascendentes fueron perseguidos o exiliados “sin aplicar dicha presunción”. En una entrevista en Malas Lenguas de TVE, Sofía Puente, secretaria general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia y autora de esa instrucción, recordó que se viene aplicando “pacíficamente” desde 2008, también por gobiernos del PP, ya que es calcada a la que se aprobó aquel año para completar la ley de memoria histórica. 

La Junta Electoral también abordó en su reunión de este lunes cómo hacer frente al mandato del Supremo. Por ocho votos a cinco, el órgano decidió limitar su actuación a trasladar a los organismos implicados las directrices del Supremo, que deben “cumplirse en sus términos”. Esto es, trasladar a la Oficina del Censo Electoral los autos del tribunal para que se cumplan sus requerimientos, así como instar a la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares que ordene a los Registros Consulares el desglose entre los nacionalizados que han “demostrado” su condición de descendientes de exiliados y a los que se les aplicó la presunción de exilio de acuerdo a la citada instrucción. 

De hecho, las fuentes consultadas aseguran que se llegaron a eliminar algunos pasajes del borrador inicial elaborado por los letrados para que el acuerdo fuera lo más “escueto” y “apegado” posible al texto de los autos del Supremo. Cuatro de los vocales de orientación conservadora propusieron elaborar una especie de instrucción propia que ordenara notificar la decisión del Supremo individualmente a los afectados, pero la mayoría se mostró en desacuerdo. A su juicio, eso suponía “arreglar los desaguisados del Supremo”, que ha suspendido el derecho fundamental a voto de miles de personas sin darles la opción de presentar alegaciones.