La Fiscalía ha presentado este viernes una denuncia en los tribunales contra la filial de TikTok en España para que se investiguen posibles delitos relacionados con la difusión en la plataforma de material de abuso sexual infantil. Además, reclama con carácter urgente e inmediato la retirada de los contenidos de abuso denunciados. 

En su escrito, la Fiscal de Sala de Criminalidad Informática de la Fiscalía General del Estado, Elvira Tejada de la Fuente, solicita a la autoridad judicial que abra una causa judicial y practique diligencias para indagar en los hechos recogidos en una investigación de Maldita.es que ha sacado a la luz cómo la plataforma expone vídeos e imágenes de pederastia sin filtros e incluso sirve para derivar a otras vías de compraventa de este material.

En 35 días de recogida y análisis de datos, los investigadores han documentado 231 perfiles que han publicado 1.183 contenidos de abuso sexual infantil explícito. En total, suman 48 millones de visualizaciones. El exhaustivo trabajo de campo de Maldita.es, que comenzó a publicarse el pasado lunes, se realizó entre el 11 de septiembre y el 15 de octubre de este año. Y pese a la legislación y las políticas internas de la plataforma, el último día de investigación el 59% de los perfiles seguían activos. 

Este miércoles, la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, designó a la Fiscal de Sala de Criminalidad Informática la investigación de los posibles delitos denunciados por el medio Maldita.es. En la denuncia se hacía constar que habían tenido conocimiento de actividades relacionadas con la publicación, difusión y venta de material de abuso infantil en la plataforma TikTok. También que desde la red social se recomiendan contenidos de esa misma naturaleza a los que se puede acceder en esa plataforma o en otras, además de transmisiones en directo con menores a cambio de compensaciones económicas.

Los denunciantes ratificaron su denuncia ante la Fiscal de Sala Coordinadora contra la Criminalidad Informática y entregaron las pruebas que sustentan su investigación. La Fiscal de Sala, tras las oportunas diligencias y comprobaciones, ha presentado este viernes la denuncia ante la autoridad judicial.

En paralelo a los trabajos de la Fiscalía, el Ministerio de Juventud e Ifancia solicitó este martes a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) el bloqueo cautelar de la plataforma, hasta que pudiera garantizar que es un espacio seguro. El organismo emitió u comunicado en el que explicaba que pedirá a TikTok que elimine los “contenidos concretos y determinados que supongan un tratamiento ilícito de datos de menores”, pero descartó la suspensión total de la actividad de la red social en España.

Este mismo viernes, varios anunciantes han confirmado la retirada de sus campañas de TikTok, hasta que la empresa esté en disposición de garantizar que este tipo de contenidos no tienen cabida en la red social. Es el caso del Banco Santander, Moeve y El Corte Inglés.

“Tan pronto se publicaron estas afirmaciones, tomamos medidas para identificar y eliminar el contenido, y presentar informes al Centro Nacional de Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC por sus siglas en inglés) cuando ha correspondido”, ha indicado a elDiario.es una portavoz de TikTok, que indica que “dado que los actores malintencionados adaptan continuamente sus tácticas”, la empresa trabaja “incansablemente” para mejorar sus “medidas de protección”.

El Tribunal de Cuentas investigará la adquisición por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid de un ático de lujo en el barrio de Chamberí por 6,3 millones de euros. El órgano fiscalizador considera que los hechos denunciados por PSOE, Más Madrid y varios particulares “pueden constituir una salida de fondos públicos (...) carente por completo de justificación legal”.

Así consta en un auto dictado por la consejera María del Rosario García Álvarez, en el que el órgano desestima la petición de archivo planteada por la Comunidad de Madrid y acuerda proponer el nombramiento de un delegado instructor para indagar en la operación. La resolución indica que los denunciantes han aportado “elementos indiciarios suficientes” para poder considerar que la compra del ático pudo ocasionar “un daño o perjuicio real y efectivo en los caudales públicos de la Comunidad de Madrid”.

En sus alegaciones, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso defendió que todos los fondos desembolsados tienen un “destino conocido, documentado y lícito” y que la operación constituyó una mera permuta dado que el ático ingresó en el patrimonio público. También subrayó que esa operación no suponía “un deterioro económico” para las arcas públicas. 

La resolución del Tribunal de Cuentas, sin embargo, subraya que en la documentación aportada por los denunciantes “se puede advertir la aparente falta de declaración de necesidad previa” que pudiera justificar esta “salida de fondos”. Destaca, en este sentido, que esa declaración fue realizada el 2 de julio de 2026, con posterioridad a compra y cuando ésta ya constaba formalizada en la escritura pública de 14 de abril de 2026, casi tres meses antes.

También apunta que el tipo de inmueble —un ático con 200 metros cuadrados de terraza— “parece objetivamente inadecuado para las actividades administrativas y de gobierno de la Comunidad que puedan amparar la inversión”. La vivienda, con 486 metros cuadrados, está situada justo enfrente del piso que la presidenta madrileña recibió como donación en vida de su padre y en la que ahora vive su madre. 

La resolución recuerda que Planifica, de acuerdo a sus estatutos, solo puede comprar inmuebles si se vinculan a la “actividad administrativa” de las consejerías u organismos autónomos de la Comunidad de Madrid. Y dice que, en este caso, hay “dudas” sobre si el ático pudo ser adquirido para otras finalidades, lo que impide la utilización de los fondos de la citada empresa pública.

En sus alegaciones, el Ejecutivo regional justificó la operación por la necesidad de “contar con un inmueble institucional de carácter residencial con una zona destinada a lugar de trabajo y un área de descanso y alojamiento ocasional para autoridades en visita oficial a la Comunidad de Madrid o las propias autoridades de la Administración regional”.

Se basó, para ello, en la memoria que realizó la Comunidad de Madrid para justificar el arrendamiento a Planifica Madrid y que contradice todas las versiones dadas por la presidenta madrileña y su equipo desde que estalló la polémica. 

En un primer momento, el Gobierno regional aseguró que el uso del inmueble iba a ser de oficinas y para celebrar “reuniones” mientras se realizaban unas obras hasta entonces desconocidas en el edificio donde tiene su despacho: la sede de la Presidencia del edificio de Correos situado en la Puerta del Sol de Madrid. Después, pasó de reivindicar la compra a poner el ático en venta, si bien hasta el momento sigue sin comprador tras quedar desiertas las dos subastas convocadas para deshacerse de él.

El auto también afirma que los denunciantes aportan ciertos indicios de que la compra podría haber causado un daño real y efectivo en los fondos públicos por haberse abonado un eventual sobreprecio respecto del valor de mercado. Se basa, para ello, en la diferencia entre el precio de compra —6.300.000 euros— y una primera tasación de 6.242.884,19 euros.

En sus alegaciones, la Comunidad de Madrid y de Planifica alegó que había una segunda tasación de Gesvalt que fijó el valor en 6.320.341,26 euros porque incorporó como superficie interior útil habitable unos 105 metros cuadrados de terraza en la que existe un cerramiento. Sin embargo, respecto a ese cerramiento, el auto dice que las denuncias también han aportado indicios de que puede no ser acorde a la legalidad urbanística, lo que puede rebajar al valor real del inmueble.

La Fiscalía respalda la apertura de la investigación y rechaza el archivo de las actuaciones. En dos pronunciamientos remitidos al Tribunal de Cuentas, el fiscal solicitó y reiteró el nombramiento de un delegado instructor al apreciar que las alegaciones del Gobierno regional “no desvirtúan, por el momento, las irregularidades denunciadas”. De este modo, el Ministerio Público concluye que concurren indicios suficientes de un presunto alcance contable susceptible de haber provocado un daño o perjuicio real y efectivo en los caudales públicos de la Comunidad de Madrid y descartó solicitar el archivo. 

“La Comunidad de Madrid quería enterrar esto sin que nadie mirara los papeles. Han puesto a los servicios jurídicos de todos los madrileños a defender que no se investigue una compra de 6,3 millones. El Tribunal de Cuentas les ha dicho que no”, afirma el abogado Francisco Javier Flores, quien presentó la primera denuncia ante el órgano fiscalizador. Este letrado afirma que “Ayuso no puede seguir diciendo que aquí no hay nada” y advierte de que “si se ha perdido un solo euro, lo pagarán de su bolsillo quienes decidieron esta compra, no los madrileños”. “Llegaremos hasta el final”, señala. 

El Ministerio del Interior rubricó hace un mes la compra de 790 sprays de pimienta como los utilizados por los antidisturbios de la Policía para rociar a manifestantes de la huelga general incluso cuando no hubo provocaciones previas, según denuncian los afectados y organizaciones como Amnistía Internacional. El titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha ordenado este jueves suprimir el empleo del gas pimienta en las actuaciones de las Unidades de Intervención Policíal (UIP), pese a que el pasado 5 de octubre su departamento firmó la adjudicación del contrato, que asciende a 71.656,20 euros, según consta en el expediente de contratación al que ha tenido acceso elDiario.es.

Las imágenes de la actuación policial rociando con un bote de spray a los manifestantes apuntan al uso del modelo MK9, destinado específicamente a los antidisturbios. Se trata de un spray que incorpora como agente activo el OC o capsaicina, un compuesto natural que se extrae de los chiles o pimientos picantes. En una de las memorias del expediente de compra, al que ha tenido acceso elDiario.es, la Policía defiende que la “concentración” de este agente en el MK9 es “óptima para incapacitar temporalmente a una persona sin causar daños permanentes, minimizando riesgos legales y sanitarios”. La Policía considera que se trata de un elemento disuasorio de “escasa peligrosidad”.

La periodista María Barrier fue una de las personas que fue reducida por la mañana con el uso del MK9. Ante los medios, Barrier denunció este miércoles: “Estábamos en primera línea sin ejercer violencia y nos han empujado contra la acera (...)”Nosotras [en referencia a ella y a la artista Samantha Hudson, entre otras] no nos podíamos echar más para atrás y la gente se ha empezado a caer en el suelo y han empezado a pegar a la gente del suelo“. ”Estábamos en primera línea y nos han echado a Laura, a Samantha y a mí directamente el spray en los ojos, el oído y las vías respiratorias“, añadió. Las mujeres explicaron que tenían que haber sido atendidas por los servicios sanitarios porque quedaron cegadas por un espacio de tiempo. Por la noche, otro vídeo muestra a los agentes rociando con gas pimienta en plena Gran Vía a un sin techo que no participaba en la protesta.

La Policía, en su memoria, insiste en que el MK9 “permitirá resolver incidentes violentos reduciendo el riesgo de lesiones graves y sin necesidad de recurrir a otros medios más agresivos o armas letales”. “Un equipamiento adecuado transmite confianza a la población, incrementando la legitimidad de las intervenciones policiales”.

“En resumen, la compra de sprays de defensa MK9 no solo responde a una solicitud de las unidades operativas, sino también a una fundada necesidad funcional y operativa; a la vez que se asegura la actualización y adecuación de los recursos del cuerpo policial, fortaleciendo la seguridad y la confianza en el desempeño de sus labores”, remata el documento interno. El plazo de entrega de los 790 sprays acaba el próximo enero.

Los sindicatos de clase denunciaron cargas “desproporcionadas” contra los piquetes a lo largo de la jornada de huelga general y Amnistía Internacional España criticó “actuaciones policiales preocupantes” en Madrid, Alicante, Castellón, Vitoria, Valencia, Málaga, Granada o Santiago. El secretario general de CCOO, Unai Sordo, se mostró perplejo ante las cargas, y presentará una demanda penal por el uso de gas pimienta contra manifestantes pacíficos en Madrid.

Por su parte, la organización defensora de los derechos humanos da cuenta de golpes con las defensas policiales a personas que protestaban pacíficamente“, el lanzamiento de spray pimienta ”de forma indiscriminada contra la multitud“ y ”numerosas personas atendidas por los servicios sanitarios y algunos traslados al hospital“.

Otros gases pimienta y lacrimógenos que seguirán en uso

El spray MK9 de los antidisturbios tiene otra modalidad, la MK3, con la misma composición, pero un tamaño menor que se destina a policías nacionales en funciones de seguridad ciudadana y que, por tanto, portan los miembros de las patrullas. Estos últimos se compran por miles frente a la adquisición de los cientos que se destinan a las UIP. El spray pimienta del MK3 seguirá siendo utilizado en intervenciones en la calle de seguridad ciudadana. Se trata de modelos similares al que introdujo la portavoz de Interior del PP en el Congreso de los Diputados, Ana Vázquez.

En la jornada de huelga general se utilizó también una tercera modalidad, gases lacrimógenenos disparados con las denominadas bocachas, las mismas escopetas que se utilizan también para lanzar botes de humo. Estos gases lacrimógenos tienen la denominación técnica de ATL (Artificios Triple Lacrimógenos), de los que se adquirieron 24.000 unidades en 2025 a través de un contrato de 2.057.000 euros que también incluía 44.000 unidades de ATF (Artificios Triple Fumígenos), más conocidos como botes de humo. La utilización de gases lacrimógenos lanzados con escopetas no será sometida a revisión, precisan fuentes de Interior.

Fuentes policiales explican que no es la primera vez que se utiliza el spray pimienta en funciones de orden público. En este sentido apuntan al uso del mismo durante los duros enfrentamientos entre manifestantes y policías con motivo de las movilizaciones de Rodea el Congreso de 2012 y años posteriores.

A última hora de la tarde del jueves, Marlaska afirmó: “Ayer se produjo una cuestión compleja de orden público en toda España; dicho esto hubo alguna de las imágenes, algunas de las actuaciones, que en un principio no gustan y no coinciden con los principios de proporcionalidad”. Marlaska añadió que el uso del gas pimienta queda suspendido hasta que se revisen los protocolos de actuación de las UIP y anunció una “investigación interna específica” de lo ocurrido. Este viernes, Interior informó de que la Dirección General de la Policía modificará el protocolo que regula el uso del espray de defensa personal para que no sea utilizado en operaciones de orden público.

Una adjudicataria próxima al PP

El procedimiento para la adquisición de las 790 unidades de spray MK9 se anunció en junio pasado. Se presentaron cuatro empresas, pero el contrato se lo llevó Falken SAU, como viene ocurriendo en la adjudicación de material antidisturbios con distintos gobiernos. La empresa es propiedad de la familia Bardisa Jordá, vinculada al Partido Popular a través de uno de los hermanos, que no pertenece a la misma y que fue diputado nacional en tres legislaturas.

Falken SAU se impuso gracias a ofertar el producto más barato, 35 euros por gas pimienta, 14,95 euros más barata que la segunda oferta más ventajosa de las cuatro presentadas.

Ante la “apreciación de oferta anormalmente baja”, la empresa argumento que es referente internacional en la fabricación de material antidisturbios, que es fabricante y distribuidor y que eso le permite reducir mucho los costes. Falken SAU también presentó las adjudicaciones de contratos a otros cuerpos de seguridad del Estado a quien hizo ventas en rangos de precios similares. Las alegaciones fueron aceptadas por el Ministerio del Interior.

La Audiencia Nacional avala que se investigue el cobro de 200.000 euros por parte del expresidente del Gobierno de la empresa Focus Social Research a cambio de su influencia en el gobierno de Bolivia. En un auto al que ha tenido acceso elDiario.es, los jueces de la Sala de lo Penal consideran que las indagaciones realizadas por la Policía Nacional sobre esos pagos “estaban plenamente amparadas por la apariencia de conexión con los hechos objeto de la causa y en modo alguno pueden tildarse de prospectivas”.

En su recurso, el abogado del expresidente, Víctor Moreno Catena, advertía al juez José Luis Calama de que no tenía “patente de corso” para indagar de forma prospectiva en cualquier actuación personal o profesional de su cliente. Y añadía que, en el caso de su cliente, lo hallado es fruto de “una entrada y registro en la que se incautó información masiva” que permite trazar “con una enorme precisión todo lo que una persona ha hecho, día a día y hora a hora, durante más de seis años”.

A su juicio, el hecho de que esa información masiva esté en la causa “no significa que pueda examinarse en su integridad en búsqueda del descubrimiento de cualquier hecho de apariencia delictiva” porque, en todo caso, el tratamiento y análisis de esa información “debe ir orientada exclusivamente a esclarecer los hechos sobre los que ya existen indicios”.

Ahora, la Sala de lo Penal señala que el informe de la UDEF de mayo en el que incluyó las operaciones de Bolivia “deja constancia en su introducción de que en las diligencias previas se investiga una organización criminal presuntamente liderada por Zapatero y dedicada al ejercicio de influencias de carácter ilícito cuyos clientes cuyos pagos pudieran haber sido justificados mediante contratos simulados de asesoría”.

“El liderazgo de José Luis Rodríguez Zapatero no se manifiesta de forma formal o pública, sino a través de su capacidad de dirección, coordinación y supervisión, evitando en lo posible la ejecución directa de las gestiones más comprometidas”, apunta el tribunal, aludiendo a ese informe.

La Sala de lo Penal remarca que, al investigarse los pagos de Focus, hay “indicios de una organización para cuya actividad presuntamente delictiva relacionada con la consecución de la ayuda pública Plus Ultra y el enmascaramiento de los rendimientos obtenidos por las gestiones orientadas a tal objetivo contaba con un entramado societario intrincado y preexistente a esos hechos”. Y también, que “estaba proyectada su expansión a Dubái, con un plan de negocios con empresas de los Emiratos Árabes Unidos y de Latinoamérica como objetivo, cuya previsión de ganancias en los cinco años siguientes era de unos tres millones de dólares”.

La incautación de tres valiosos juegos de joyas a José Luis Rodríguez Zapatero, valorados en más de un millón de euros, ha cuestionado la conducta del expresidente del Gobierno tanto o más que la trama de tráfico de influencias que centra la investigación. Sin embargo, la negativa del juez José Luis Calama a atribuirle por ello un delito de malversación, como pretendía la Fiscalía Anticorrupción, adentra la pieza judicial de las joyas en un terreno de incertidumbre. El expresidente sigue imputado en esa pieza separada por un delito fiscal, que puede haber prescrito, y otro de contrabando, acusación centrada únicamente en la sospecha de que Zapatero hubiera podido introducir en España las joyas sin declarar. 

El juez Calama abrió la pieza separada de las joyas el pasado junio, tras conocer la tasación de la joyería Ansorena: 1,3 millones de euros. La UDEF había encontrado las alhajas en una caja fuerte del despacho profesional de Zapatero en la operación de mayo, momento en el que trascendió su imputación por tráfico de influencias y otros delitos. Dentro de esa pieza principal, las joyas resultaban un indicio más de posible enriquecimiento ilícito. Pero con la apertura de la pieza separada de las joyas Zapatero pasaba a estar imputado por dos delitos más. 

La acusación por delito fiscal se fundamentaba en que Zapatero no había declarado el enriquecimiento por las joyas a la Hacienda pública. Se considera delito siempre que el fraude fiscal supere los 120.000 euros por ejercicio. Pero el Código Penal también recoge que este prescribe a los cinco años. Zapatero asegura que las joyas son un regalo del rey saudí Abdullah Bin Adulaziz Al-Saud, ya fallecido, que el monarca le hizo durante una visita oficial a España en 2007, cuando el político socialista era presidente del Gobierno. Habrían transcurrido casi 19 años desde entonces, con lo que sería imposible atribuirle un delito fiscal. 

El instructor de la causa desconfía de la explicación de Zapatero. Así lo hizo ver en una resolución de la semana pasada en la que rechazaba cursar una comisión rogatoria internacional a Arabia Saudí, como le había pedido el expresidente, para que el país árabe acreditara el origen de las joyas. La ausencia de estuches originales, documentación sobre la procedencia y otros elementos que identifican habitualmente los bienes de valor hacen pensar al magistrado que no se trata de “un regalo institucional efectuado por un jefe de Estado”.

A la desconfianza del juez en la versión de Zapatero hay que sumar la ausencia, cinco meses después del hallazgo, de indicio alguno que permita ubicar la procedencia de las joyas. Debe ser la investigación la que acredite un origen irregular y no el investigado el que demuestre que todo se realizó conforme a la legalidad. 

En este contexto adquiere relevancia la petición que el juez hizo a la Policía el pasado martes para que intente acreditar quién es el autor del punzón con el que se grabó una T, un número 18 y una K más pequeña que aparecen en las joyas. El descubrimiento podría conducir al autor del obsequio y quizá conocer si fue el pago al expresidente por alguna intermediación ilegal. O no llegar tan lejos, pero sí descubrir que las joyas se confeccionaron después de mayo de 2021. En ese caso, el expresidente las habría incorporado a su patrimonio sin declararlas al fisco en un periodo aún no prescrito y esto permitiría mantener la acusación por delito fiscal. 

La explicación de Zapatero de que fue el rey saudí quien trajo las joyas a España y se las entregó en el Palacio de La Moncloa rebate la acusación de contrabando, según la cual habría sido el expresidente quien las introdujo en el país. No hay indicio alguno de que fuera así, pero tampoco de lo contrario, al desconfiar el juez del relato del expresidente. De nuevo, la responsabilidad de demostrar que Zapatero recibió las joyas en el extranjero es de la investigación y no del acusado. 

Una ley, un código y tres sentencias que no valen para Zapatero

Ante este panorama, la fiscal Anticorrupción Elena Lorente optó por ampliar el número de delitos que el hallazgo de las joyas supondría para Zapatero. Así, en un escrito de hace dos semanas, el Ministerio Público solicitó al juez que imputara al expresidente también por malversación. Lorente citaba el Código de Buen Gobierno aprobado por el propio Ejecutivo de Zapatero en el que se instaba a las autoridades a rechazar regalos que sobrepasaran los “usos habituales, sociales y de cortesía” o que, en el caso de aceptarlos, los incorporaran al Patrimonio del Estado. 

La fiscal también aludía a la Ley 19/2013, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno que ya prohibió directamente aceptar esos regalos y que, en su defecto, obligaba a entregarlos a Patrimonio. Lorente apelaba así a un código ético de 2005, sin implicaciones legales, vigente cuando Zapatero habría recibido el regalo. Y, por otra parte, a una ley que no puede afectar a los hechos investigados porque, de ser cierta la versión de Zapatero –única hasta ahora– el texto legal se aprobó cinco años después y no podría aplicarse con efecto retroactivo. 

Para sostener su acusación por malversación, la Fiscalía Anticorrupción recurría a tres sentencias del Tribunal Supremo cuya jurisprudencia el juzgado de la Audiencia Nacional ha descartado que pueda aplicarse al caso del expresidente y sus joyas. En los casos que cita Anticorrupción, resuelve Calama, existe “una norma o negocio jurídico preexistente” que obliga a que la Administración sea el destinatario último de los fondos, lo que no ocurre con las alhajas del expresidente. 

Uno de los casos expuestos por Anticorrupción en su escrito alude a un Ayuntamiento que recibió de una congregación religiosa el superávit generado en la gestión de un hospital municipal. La finalidad de ese dinero no se determinó “ex post”, alega Calama, sino que cuando se trasladaron originalmente los fondos a los religiosos ya estaba determinada su “incorporación al patrimonio municipal y su destino a fines asistenciales públicos”. 

Anticorrupción está estudiando si recurre la decisión del juez de rechazar la malversación ante la instancia superior, la Sala de lo Penal. En cualquier caso, fuentes del Ministerio Público inciden en que la resolución del juez no vincula a las partes en su calificación de los hechos. Esto es, la Fiscalía o cualquiera de las otras acusaciones pueden seguir considerando que Zapatero cometió malversación de fondos públicos al no entregar las joyas a Patrimonio. Y llegar así hasta el momento en que el juez dicte el auto en el que propone juzgar a los investigados y describe los hechos. Será entonces cuando las acusaciones, solo en base a esos hechos, presenten sus calificaciones, o lo que es lo mismo, pidan que se juzgue a los imputados por unos u otros delitos.

Esto supondría que, pese a la opinión del juez Calama, Zapatero podría ser juzgado por malversación. Con una excepción, que el juez archive antes la pieza separada sobre las joyas porque no encuentre indicios de este delito ni de ningún otro. En ese caso, no puede haber calificación de las partes de unos hechos que han dejado de investigarse. 

Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción insiste en que es la primera que no cree la versión de Zapatero sobre el regalo del rey saudí y que lo que corresponde en este momento es determinar los hechos (origen de las joyas, quién las entregó y por qué) y luego acusar de acuerdo a esos hallazgos, si es que llegan a darse.

En el mismo sentido, fuentes próximas al caso exponen los problemas judiciales a los que se ha expuesto Zapatero por ofrecer una versión del origen de las joyas con la que acallar el escándalo que suponían su hallazgo. Es su explicación, inciden las mismas fuentes, la que permitió a la Fiscalía extender su acusación a la malversación. 

El rechazo del juez a acusar por malversación adquiere trascendencia también por las penas con las que se castiga este delito, el más grave de cuantos podrían recaer contra Zapatero por las joyas. La pena puede alcanzar los ocho años de cárcel si el valor apropiado supera los 50.000 euros, como es el caso. En el caso de contrabando, la pena mayor a la que se enfrentaría sería de cinco años, al igual que con el fraude fiscal, siempre en el peor de los supuestos. 

Después de una hora de detallada exposición, la fiscal anticorrupción Ana Cuenca se dirigió este jueves por última vez a los miembros del tribunal encargado de juzgar al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y les pidió que dictaran una sentencia “ejemplar”. “Como dice nuestro Tribunal Supremo, actos como este socavan la arquitectura democrática de nuestro Estado social y democrático de derecho y quiebran la confianza de los ciudadanos en sus instituciones públicas. Y por supuesto que nosotros no lo podemos permitir, señorías”, imploró. 

Fue el colofón del informe acusatorio de Cuenca, la fiscal encargada de impulsar las causas sobre las corruptelas en el Canal de Isabel II, la empresa pública de aguas que Ignacio González presidió entre 2003 y 2012, al tiempo que era vicepresidente autonómico. Después, a partir de 2012, sucedió en el cargo de presidente regional a Esperanza Aguirre. La exposición de la fiscal estuvo centrada en remarcar el carácter de empresa pantalla de TCT, sociedad vinculada al hermano y al cuñado de González. Según la representante de Anticorrupción, la mercantil se embolsó 294.000 euros de dinero público del Canal “a cambio de hacer nada”. 

Después, durante su turno, el abogado de Ignacio González, Esteban Mestre, contraatacó diciendo que tras seis días de juicio y la declaración de medio centenar de testigos y peritos no hay “ni una sola prueba” que avale las acusaciones contra su cliente. “Ninguno de los acusados, ningún testigo, ningún perito, ningún documento, ha respaldado que don Ignacio González haya adoptado una resolución arbitraria, haya malversado fondos públicos, haya ejercido tráfico de influencias o se haya lucrado”, defendió el letrado. 

La Fiscalía reclama cinco años de cárcel por delitos de cohecho para Ignacio González y para el resto de acusados: su colaborador Ildefonso de Miguel, su hermano Pablo González, su cuñado José Juan Caballero y el socio de estos, José Antonio Clemente. El Ministerio Público rebajó un año su petición de pena al considerar que existe una atenuante de dilaciones indebidas porque los acusados han pasado más de un lustro esperando a ser juzgados. El resto de acusaciones elevan sus peticiones hasta los siete años de prisión e incluyen delitos de tráfico de influencias, malversación o fraude. 

Los hechos enjuiciados se remontan a hace más de veinte años. En abril de 2003, la empresa pública de aguas encargó a ACS —posteriormente, Dragados— la construcción de varios jardines, un campo de fútbol y un helipuerto en la cubierta de uno de los depósitos del Canal. Un año después, la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, decidió hacer un “cambio de uso” en la zona y levantar un campo de golf tras copiar la idea en un viaje que hizo a Japón cuando estaba en la oposición, según admitió ella misma en una de las sesiones de juicio.

Esa variación en el contrato, aunque era muy relevante, se hizo sin una nueva licitación. El Canal le adjudicó directamente el modificado a Dragados, que subcontrató a la citada TCT, vinculada al hermano y al cuñado de González. Una empresa que “no tenía personal, ni experiencia, ni solvencia técnica, ni económica”, detalló la fiscal, para quien todo fue un trámite arbitrario e ilegal realizado adrede para evitar un concurso público y encubrir el pago de dádivas a los familiares de Ignacio González. De hecho, TCT tuvo que recurrir a otras sociedades para hacer los trabajos. Y a ambas les impusieron una mordida del 8%. 

“Qué curioso que una multinacional como Dragados tenga que recurrir a una empresa como TCT para buscar a alguien que haga unos trabajos que parece que no podía hacer. Y qué curioso que se avenga a perder un 8% de sus ganancias. Y qué curioso también que quienes reciben ese 8% sean los familiares del responsable del órgano de contratación”, expuso la fiscal, quien remarcó que TCT firmó la subcontratación con Dragados y con Onlygolf más de un mes antes de que el Consejo de Administración del Canal aprobara formalmente el modificado, lo que evidencia, a su juicio, que la adjudicación estaba pactada. 

Ocultación al Canal

La tesis de las acusaciones —además de la Fiscalía, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y el PSOE— es que Ignacio González y quien fuera su mano derecha en el Canal, Ildefonso de Miguel, llevaron a cabo una estrategia de ocultación ante los miembros del Consejo de Administración del ente encargados de aprobar ese modificado. 

Durante el juicio, varios consejeros aseguraron que nadie les explicó los lazos familiares de TCT con Ignacio González, que tampoco se abstuvo en una votación que fue aprobada por unanimidad. Especialmente categórica fue la exconsejera Paz González García, que fue concejala en el Ayuntamiento de Madrid con Alberto Ruiz Gallardón. Dijo que nunca se dio esa información y que, de haberse dicho, su voto habría sido otro muy diferente.

En su declaración, el propio Ignacio González afirmó que tampoco él sabía que su hermano y su cuñado estaban detrás de la empresa a la que otorgó los contratos del campo de golf. “Yo nunca tuve conocimiento de qué era TCT y no tuve ningún conocimiento hasta que después de hacerse todo el proceso y toda la adjudicación aparecieron algunas informaciones”, aseveró en una explicación que la fiscal consideró “absolutamente ridícula”. 

Su declaración contrasta con la de otros testigos, como la representante de Soto Once, una de las empresas de la UTE en la que estaba TCT y a la que se adjudicó un segundo contrato para la gestión del campo de golf. Esta testigo ratificó en el juicio su declaración policial y afirmó que en el entorno empresarial se sabía que detrás de TCT estaba el hermano de Ignacio González. También el propio contable de la empresa detalló los sistemas de reparto de beneficios en los que participaba Pablo González.

En sus conclusiones, las acusaciones aludieron también al documento de TCT que los agentes de la UCO incautaron en el domicilio de Ignacio González o a la grabación en la que, en 2017, se escucha como Pablo González dice expresamente a su hermano: “Conseguí esa adjudicación, por supuesto, gracias a tu ayuda”. El abogado del expresidente madrileño defendió que esa grabación era “una cortina de humo” e insistió en que, en ningún caso, ambos hablaban en esa ocasión de los contratos del campo de golf. 

La defensa de Ignacio González señaló a las acusaciones por, a su juicio, haber sustituido las pruebas por sospechas e imputaciones basadas únicamente en su cargo político o en sus lazos familiares. Además, su abogado remarcó que en las periciales de Hacienda y de la UCO no hay rastro de la “responsabilidad” de Ignacio González en los hechos ni de que cobrara dinero irregular. E insistió en que los acuerdos del Canal de Isabel II fueron aprobados por unanimidad en un Consejo de Administración formado por 15 miembros y que fueron respaldados por informes técnicos y jurídicos, sin que su cliente presionara o influyera en sus miembros. 

Antes de retirarse a deliberar, los tres miembros del tribunal escucharon también las críticas de las defensas a la petición de la Fiscalía de una sentencia “ejemplar”. “No estamos aquí para dar ejemplo a la sociedad”, clamó Esteban Mestre, el abogado de Ignacio González, quien dijo que se había quedado “aterrado” con el planteamiento del Ministerio Público. En términos similares se expresó el letrado del hermano y el cuñado del expresidente regional, José María de Pablo, quien mantuvo que las sentencias ejemplares pertenecen a la Edad Media. “Lo que realmente socava el Estado de Derecho es acusar sin pruebas de cargo”, defendió. 

El futuro de los cinco acusados queda ahora en manos de los tres magistrados de la Audiencia Nacional que tendrán que pronunciarse sobre si cometieron los delitos que les atribuyen las acusaciones. 

Agentes de la Policía Nacional han detenido este viernes a 14 miembros de la “cúpula” del grupo neonazi Núcleo Nacional en distintos puntos de España. Se trata de una operación coordinada por un juzgado de Gijón, que se inició a raíz de unos disturbios en la ciudad asturiana, y que se ha extendido por otras localidades, informan a elDiario.es fuentes próximas a las pesquisas. Los detenidos están acusados de delito de incitación al odio, asociación ilícita y tenencia de armas.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Asturias confirman que el Juzgado de Instrucción 4 de Gijón, en sustitución del número 1 que se encuentra vacante, ha autorizado las entradas y registros y detenciones en distintas ciudades. La magistrada ha levantado el secreto de las actuaciones tras las detenciones, aunque la operación sigue abierta.

Los agentes encargados de la investigación pertenecen a la Comisaría General de Información y reciben apoyo de brigadas de Información provinciales. Los arrestos se han producido en Madrid, Asturias, Guadalajara, Pontevedra, Burgos, Alicante y Valladolid, ciudad donde la organización tiene su sede central. Los agentes practican registros en esta y otros locales.

Uno de los detenidos es parte de la cúpula del grupo: Enrique Lemus, un histórico de la ultraderecha neonazi, y quien inscribió recientemente en el registro de partidos Noviembre Nacional (NN), el nombre elegido por Núcleo Nacional para una supuesta andadura democrática. Esta mañana, dos furgones de la policía registraban su casa de la calle Recondo de Valladolid, informa Laura Cornejo.

La cúpula del grupo ultra

Los detenidos que están determinados en la investigación como posibles miembros de la cúpula de Núcleo Nacional serán trasladados a Gijón para declarar como investigados ante la magistrada. La previsión es que eso ocurra este domingo. Los otros tres pasarán a disposición de los juzgados de guardia del partido judicial donde han sido detenidos.

La investigación judicial por parte del juzgado de Gijón partió de unas diligencias de Fiscalía de menores de principios del año 2026, tras “unos altercados en las inmediaciones del colegio jesuita La Imaculada de Gijón”, informan las citadas fuentes. La formación ultra se concentró el pasado febrero frente a la fachada de ese centro educativo. En el lateral de ese edificio hay un monumento dedicado a los 'Héroes del Simancas' que el Gobierno de Asturias quiere retirar por ser contrario a la Ley de Memoria Democrática.

Integrantes de Núcleo Nacional se concentraron para mostrar su rechazo a la retirada del monumento mientras proferían consignas neonazis y soflamas como “¡Arriba España!”, el gran grito de exaltación del franquismo. Tras esa concentración, el Ejecutivo asturiano pidió públicamente que el Ministerio del Interior adoptara las medidas necesarias para disolver la formación ultra.

El grupo neonazi anunció este verano su salto a la política a través del partido Noviembre Nacional. El partido había sido registrado en febrero por el veterano ultraderechista Enrique Lemus. Lemus, históricamente vinculado al grupo Democracia Nacional, es ahora uno de los rostros visibles de Núcleo Nacional.

En abril del año pasado, la Guardia Civil abrió una investigación a este grupúsculo que llama a la “lucha conjunta” en la calle contra la “invasión” extranjera y que participó en concentraciones ante la sede federal del PSOE. En algunas de esas concentraciones se produjeron disturbios violentos y cargas policiales.

Desconvocada la manifestación

Tras las detenciones, Núcleo Nacional ha desconvocado la manifestación que tenía prevista para este sábado 7 de noviembre desde la Plaza de España de Madrid hasta la sede del PSOE en la cercana calle Ferraz. “Frente a la represión desplegada por el Estado y su dispositivo policial, Núcleo Nacional informa que queda desconvocada la manifestación prevista para este fin de semana. Seguiremos informando por nuestros canales oficiales”, ha asegurado en sus redes sociales.

El juicio por el supuesto amaño de los contratos de construcción del campo de golf que el Partido Popular levantó en el centro de Madrid ha quedado este jueves visto para sentencia. La fiscal Ana Cuenca ha defendido en su informe de conclusiones que hay una “prueba abrumadora” para condenar a Ignacio González en su primer proceso por corrupción. La representante del Ministerio Público ha acusado al expresidente de la Comunidad de Madrid, que entonces dirigía el Canal de Isabel II, de actuar de forma “preordenada” para “permitir enriquecerse” a sus familiares “a cambio de hacer nada” y “a costa de los fondos públicos del Canal”.

La Fiscalía, que ha pedido al tribunal que dicte “una sentencia ejemplar”, ha reducido de seis a cinco años de cárcel la pena de prisión para González y el resto de acusados dado que han pasado cinco años a la espera de juicio. Durante su exposición, la representante de Anticorrupción ha dejado caer la posibilidad de querellarse contra la mujer de González, Lourdes Cavero, por “mentir descaradamente” sobre la vinculación de Dragados con las obras del jardín de la casa de ambos. 

González, que estuvo seis meses en prisión provisional tras ser detenido en 2017, está acusado de dos delitos de cohecho por presuntas irregularidades en sendas adjudicaciones de Canal de Isabel II para beneficiar supuestamente a su hermano y su cuñado en 2004 y 2006, cuando era vicepresidente del Gobierno autonómico encabezado por Esperanza Aguirre y presidía dicho ente público.

Los hechos que se están enjuiciando se remontan a hace más de veinte años. En abril de 2003, la empresa pública de aguas encargó a ACS —posteriormente, Dragados— la construcción de varios jardines, un campo de fútbol y un helipuerto en la cubierta de uno de los depósitos del Canal. Un año después, la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, decidió hacer un “cambio de uso” en la zona y levantar un campo de golf tras copiar la idea en un viaje que hizo a Japón. 

Esa variación en el contrato, aunque era muy relevante, se hizo sin una nueva licitación. El Canal le adjudicó directamente el modificado a Dragados, que subcontrató a TCT, vinculada al hermano y al cuñado de González. Una empresa que “no tenía personal, ni experiencia, ni solvencia técnica, ni económica”, ha detallado la fiscal. Y que, a su vez, tuvo que recurrir a otras sociedades —Onlygolf y Fieldturf— para hacer los trabajos. A ambas le impusieron una mordida del 8%. 

“Qué curioso que una multinacional como Dragados tenga que recurrir a una empresa como TCT para buscar a alguien que haga unos trabajos que parece que no podía hacer. Y qué curioso que se avenga a perder un 8% de sus ganancias. Y qué curioso también que quienes reciben ese 8% sean los familiares del responsable del órgano de contratación”, ha expuesto la fiscal.

Un plan “preordenado”

Durante su informe, la representante de Anticorrupción ha detallado la secuencia temporal que, a su juicio, evidencia que todo fue un plan “preordenado” para beneficiar a los familiares de González. Ha explicado que hay documentos de los meses de junio y julio de 2004 que muestran que “ya se había cerrado” ese proyecto de modificado a pesar de que “no vio la luz hasta octubre de 2005” y de que la adjudicación definitiva en el Consejo de Administración del Canal no tuvo lugar hasta el 19 de julio de 2006. 

A este respecto, la fiscal ha subrayado que, en junio, un mes antes de que se hiciera esa adjudicación definitiva, Dragados ya había cerrado con TCT su contratación. Y esta, a su vez, la subcontratación a OnlyGolf. “Fue tal el descaro y la seguridad con que actuaron los acusados que no se preocuparon en evitar dejar un rastro documental que se incautó gracias a las entradas y registros ordenadas por el instructor (...). No en vano detrás estaba quien estaba”, ha dicho la fiscal Ana Cuenca. 

Como ejemplo de lo “descaradamente preordenada” que estaba la adjudicación, la representante de Anticorrupción ha aludido a un viaje a Nueva York sufragado por OnlyGolf en mayo de 2006. A ese viaje fueron varios miembros del Canal para visitar un campo de golf urbano como el que se acabó construyendo en Madrid. El viaje se realizó en mayo de 2006, dos meses antes de la adjudicación. “Todavía no habíamos adjudicado definitivamente el modificado y ya estábamos ejecutando estos trabajos”, ha explicado la fiscal.

La representante de Anticorrupción ha afirmado que Dragados también “ganó” con ese contrato del modificado de 16 millones de euros. No obstante, ha admitido que durante los instrucción no se pudo llegar a los “responsables últimos” de la compañía y que algunos “incluso ya estaban fallecidos”, por lo que nunca se llegó a actuar contra ellos. Además, los hechos son previos a reforma que, a partir de 2010, incluyó la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

El jardín de la casa de González

La fiscal también se ha referido a la reforma del jardín de la casa de González después de que se adjudicara el contrato del Canal. Así, ha asegurado que fue Dragados quien “negoció” esa reforma con Lucía Serredi, la paisajista que los llevó a cabo. “Fue Dragados quien llegó a determinar con la paisajista que finalmente le pagarían 9.000 euros”. Ese dinero fue abonado en metálico por la mujer de González “en un momento en el que se estaban recibiendo, también en metálico, las cantidades que cobraba TCT”, ha dicho la fiscal.

Este miércoles, González negó que Dragados pagara la reforma del jardín de su chalet de Aravaca poco después de que ACS —su empresa matriz— resultara adjudicataria de las obras del campo de golf. “Yo jamás he hablado con nadie de Dragados, jamás le he pedido a Dragados nada, ni en esto, ni en el golf, ni en ninguna cosa”, respondió cuando la fiscal le dijo si podía dar una “explicación lógica” al hallazgo en su domicilio en 2017 de dos facturas emitidas a nombre de una paisajista y pagadas por Dragados correspondientes a la misma dirección en la que está ubicada su casa.

“Yo esos documentos no los reconozco (...). Dragados no intervino absolutamente para nada en el jardín de mi casa”, dijo, por su parte, Lourdes Cavero, cuando la fiscal le exhibió esas facturas en otra de las sesiones del juicio. La mujer de González compareció como testigo y, por tanto, con la obligación de verdad. La fiscal considera que mintió “descaradamente”, por lo que ha anunciado que valora querellarse contra ella por falso testimonio.

La defensa de Ignacio González dice que no hay “ni una prueba”

En su informe, el abogado de Ignacio González, Esteban Mestre, ha dicho que no hay “ni una prueba” contra él y ha pedido su absolución. El letrado ha cargado contra las acusaciones por basarse en “insinuaciones” sustentadas en el cargo que ocupaba su cliente en el Canal de Isabel II y su relación de parentesco.

“Hay muchos controles, hay muchas personas que intervienen, hay muchas instancias que podrían estar corruptas, pero que me digan cuál. Ni una sola de las personas que han venido a testificar, ni los peritos han respaldado ni esa corrupción, ni esa trama, ni la intervención de don Ignacio González en los hechos sujetos de enjuiciamiento”, ha defendido.

“En el derecho penal moderno la responsabilidad penal es personal. No se condena a familias, como en otros tiempos, ni a pueblos, ni a razas”, ha defenido el letrado, quien ha destacado que las adjudicaciones fueron adoptadas por unanimidad por un Consejo de Administración de 15 personas “de las cuales solo dos figuran aquí como acusados”.

El empresario Víctor de Aldama irá finalmente a juicio tras la demanda civil por difamación presentada contra él por el ministro de la Presidencia y de Justicia, Félix Bolaños. La plaza 8 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Madrid ha celebrado este miércoles la audiencia previa, una fase del procedimiento que tiene lugar antes de la vista oral y en la que, entre otras cuestiones, se ofrece a las partes la posibilidad de alcanzar un acuerdo y poner fin al litigio. No ha habido acuerdo, así que el comisionista se sentará en el banquillo el próximo 17 de febrero, según confirman fuentes jurídicas a elDiario.es. 

Aldama, que fue condenado por corrupción en el caso Ábalos y al que el Tribunal Supremo suspendió la entrada en prisión por su supuesta colaboración con la Justicia, acusó a Bolaños en un programa de Telemadrid de haber intentado comprar su silencio a cambio de dinero. El pasado mayo, Bolaños lo demandó por vulnerar su derecho al honor y reclamó que se condenaran “las falsedades” que a su juicio estaba difundiendo ante la prensa y en sus redes sociales “sin ninguna prueba ni fundamento, con un evidente fin espurio”. También solicitaba ser indemnizado con 70.000 euros por daños y perjuicios.

“Me ha contactado a través de mi jefe de comunicación, Ramón Bermejo, para ofrecerle mucho dinero para que yo me callara”, dijo Aldama en ese programa. Los periodistas que le rodeaban no cuestionaron aquella afirmación, remarcaron su gravedad y el presentador intentó confirmar si había sido directamente el ministro Bolaños quién había llamado a Bermejo para ofrecerle dinero. Aldama contestó: “Sí”.

El citado juzgado admitió la demanda y emplazó al empresario a presentar alegaciones y a la Fiscalía a pronunciarse sobre si la demanda debía seguir tramitándose, como finalmente ha ocurrido. En su escrito de respuesta, la defensa de Aldama se escudó en el periodista Ramón Bermejo, quien empezó a ejercer como su portavoz cuando este abandonó la prisión tras pactar con la Fiscalía Anticorrupción una colaboración con la Justicia.

Según Aldama, Bermejo llamó entre marzo y julio de 2024 a distintos números de teléfono de la sede socialista de Ferraz y de varios departamentos del Gobierno en el Palacio de la Moncloa, y que fue entonces cuando le ofrecieron dinero a cambio del silencio del empresario corrupto. Aldama aportó varias facturas que, de acuerdo a las fuentes jurídicas consultadas, reflejan llamadas efectuadas por Bermejo a las centralitas del Congreso de los Diputados y del PSOE. Son llamadas breves, de 26 segundos; 1 minuto y 13 segundos; 1 minuto y 41 segundos; o 2 minutos y 10 segundos de duración, según estas fuentes. 

En ese periodo nadie sabía que el comisionista, que entonces seguía en libertad aunque imputado en el caso mascarillas, podría tener intención de tirar de la manta. Aldama entró en prisión en octubre de 2024 por su implicación en un caso de fraude millonario en el sector de los hidrocarburos y fue ahí cuando inició su colaboración con la Justicia.

En ese escrito la defensa del empresario asegura también que en esas llamadas, según lo trasladado por Bermejo, participaron “personas mandatadas por Bolaños” como su ex jefe de gabinete Rafael Oñate y otras personas del departamento ministerial. Oñate dejó de ser jefe de gabinete de Bolaños en noviembre de 2023, meses antes de las supuestas conversaciones. En ese momento, Aldama era un empresario desconocido para el gran público del que todavía no había trascendido su papel en la causa de las mascarillas, un caso que la Fiscalía Anticorrupción investigaba entonces de manera reservada.

El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González ha asegurado este miércoles en su declaración en el juicio del caso Lezo que se celebra en la Audiencia Nacional que desconocía que su hermano y el cuñado de este estaban vinculados a la empresa a la que el Canal de Isabel II otorgó bajo su presidencia un controvertido contrato.

“Yo nunca tuve conocimiento de qué era TCT [la receptora de las adjudicaciones bajo sospecha] y no tuve ningún conocimiento [de la vinculación con sus familiares] hasta que después de hacerse todo el proceso y toda la adjudicación aparecieron algunas informaciones”, ha dicho a preguntas de la Fiscalía, que solicita para él seis años de cárcel por dos delitos de cohecho. 

Ignacio González, que fue presidente de la empresa pública de aguas entre 2003 y 2012, ha asegurado que su presencia en el Canal era “bastante esporádica” y que iba únicamente “una mañana a la semana”. Y ha reiterado que si hubiese tenido conocimiento de que había “familiares” suyos “en un contrato” habría preguntado a los servicios técnicos del Canal si era legal. “Si no cumplían los requisitos, no habría llevado el asunto al Consejo de Administración. Si hubiera sido legal, lo habría llevado, pero me hubiera abstenido”, ha asegurado. Ignacio González ha respondido a todas las partes que le han formulado preguntas salvo a la acusación popular que representa al PSOE.

“Yo no conozco a nadie, no he hablado nunca con nadie, nunca he pedido nada a nadie, nunca he intervenido a favor de nadie”, ha aseverado González, que entonces era también vicepresidente del Gobierno regional con Esperanza Aguirre. González ha explicado después que sus familiares le explicaron que su relación con la empresa “fue ya muy posterior a la adjudicación de todo este contrato” y que entraron en TCT en el año 2008, “una vez que la sociedad no tenía relación” con el Canal de Isabel II.

Los hechos que se están enjuiciando se remontan a hace más de veinte años. En 2003, la empresa pública de aguas encargó a ACS —posteriormente, Dragados— la construcción de varios jardines, estanques, un campo de fútbol y un helipuerto en la cubierta de uno de los depósitos del Canal. Pero, un año después, el Canal y la Comunidad de Madrid, con Ignacio González en ambos sitios, aprobaron una modificación del plan inicial sin ninguna justificación e incluyeron un nuevo campo de golf con césped artificial.

La investigación del juez Manuel García Castellón acreditó, sin embargo, que esas variaciones en el contrato eran tan “sustanciales” que hubieran necesitado de una nueva licitación. Y que Ignacio González y el entonces director gerente del Canal Ildefonso de Miguel “convinieron con Dragados” que el Canal le adjudicaría directamente el modificado pero con la condición de que subcontratara a la citada TCT, vinculada al hermano y a un cuñado del entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid. 

Ante el tribunal, Ignacio González ha asegurado que ese modificado “lo decidieron los órganos de gestión y de contratación”. A pesar de que entre las funciones de presidente del Canal está la elaboración del orden del día del consejo de administración del ente público, ha reiterado que él se limitaba a incluir las propuestas que hacían los “servicios técnicos”. “Jamás yo he intervenido en ninguno de los contratos ni de las propuestas que van al consejo, son los servicios técnicos los que proponen”, ha aseverado.

TCT obtuvo de la subcontrata con Dragados más de tres millones de euros, pero no podía hacerse cargo del proyecto porque “carecía de capacidad” para ello. Así que recurrió a otras dos sociedades —Onlygolf y Fieldturf—, a las que impuso una mordida del 8%. Fueron finalmente 266.972 euros para el hermano de González, su cuñado y su socio José Antonio Clemente. Recibieron ese dinero en sobres de efectivo a través de 49 entregas.

Además, TCT también fue adjudicataria, junto a otras empresas, de la gestión, explotación y ajardinamiento del proyecto en otra licitación que el juez también consideró “innecesaria e irregular”. Ambas contratos supusieron para TCT un beneficio total de 504.780 euros, según recoge la resolución judicial.

Por otro lado, Ignacio González, también ha negado que Dragados pagara la reforma del jardín de su chalet de Aravaca poco después de que ACS —su empresa matriz— resultara adjudicataria de las obras del campo de golf. “Yo jamás he hablado con nadie de Dragados, jamás le he pedido a Dragados nada, ni en esto, ni en el golf, ni en ninguna cosa”, ha respondido cuando la fiscal le ha dicho si podía dar una “explicación lógica” al hallazgo en su domicilio en 2017 de dos facturas emitidas a nombre de una paisajista y pagadas por Dragados correspondientes a la misma dirección en la que está ubicada su casa.

Ante el tribunal, Ignacio González ha recordado que su mujer ya aseguró en su declaración como testigo en este juicio que Dragados “no intervino absolutamente para nada” en el jardín de su casa y que ella se encargó de gestionar la reforma con la paisajista Lucía Serredi, a la que pagó 9.000 euros en efectivo en entregas de 1.500 euros. Durante la fase de instrucción, la paisajista dijo que fue Dragados quien le envió los presupuestos. Serredi estaba citada en el juicio pero no ha prestado declaración debido a su delicado estado de salud. La Sala acordó que se reprodujera la declaración que prestó durante la investigación. 

Copa América de Venezuela

Pablo González, hermano del expresidente regional, ha respondido únicamente a las preguntas formuladas por su abogado. Ha asegurado que no empezó a “colaborar” con TCT hasta 2006 —año en que esa empresa resultó adjudicataria de los contratos del Canal—, si bien ha asegurado que no tuvo relación alguna con ninguno de esos contratos.

Ha explicado que su colaboración con la empresa se limitó a prestar asesoramiento financiero y comercial dado que TCT estaba preparando una propuesta para la Copa América de fútbol que se celebró el año siguiente en Venezuela. Y ha insistido en que su hermano Ignacio no conocía esa colaboración y que, en ningún caso, habló con él de los contratos del Canal.

Aunque ha admitido que su socio en TCT José Antonio Clemente sí le comentó en alguna comida que “estaba en tratos” con Dragados y las “dificultades que eso conllevaba y cómo lo estaba solventando”, era algo en lo que él podía ayudar “bastante poco”. A pesar de que era un proyecto en el que, supuestamente, no estaba implicado, Pablo González sí ha detallado que es “muy habitual” que en el ámbito de la construcción una empresa —TCT, en este caso— haga de intermediaria entre el contratista principal —Dragados— y el especialista que es capaz de llevar a cabo un trabajo concreto —Onlygolf—.

A su juicio, el valor añadido que TCT aportó a Dragados fue desvelar la “existencia” de Onlygolf, que era “la única empresa en el mundo” capaz de hacer un campo de golf practicable en medio de una ciudad; así como todo el “trabajo administrativo” realizado por José Antonio Clemente.

El cuñado de Pablo González, Juan José Caballero, también ha afirmado que su vinculación con TCT empezó en 2006 y ha limitado a “algún soporte comercial muy puntual” su relación con los contratos del Canal a pesar de que eran los “más significativos” de la compañía. Pese a ello, ha admitido que Pablo González, José Antonio Clemente y él acordaron dividir las ganancias de TCT “a tercios y por partes iguales”. A preguntas de su defensa también se ha desvinculado de esas adjudicaciones. Y ha añadido: “Yo con Ignacio González no he tenido una conversación en temas profesionales nunca en mi vida. No he estado nunca en su despacho”.

José Antonio Clemente, fundador de TCT, también acusado, ha corroborado que la relación de los socios González y Caballero con la empresa comenzó en 2006 con un proyecto para la Copa América.

De Miguel responsabiliza a los técnicos del Canal

En la sesión de este miércoles también ha comparecido el exgerente del Canal de Isabel II Ildefonso de Miguel, a quien Esperanza Aguirre colocó en la empresa pública como parte de su plan para privatizar la gestión del agua de los madrileños. Durante el interrogatorio, ha reiterado que la decisión de cambiar el proyecto para levantar un campo de golf fue de Aguirre y ha mantenido que no conocía que detrás de TCT había familiares de Ignacio González.

De Miguel, que también llegó a pasar por prisión provisional por este asunto, ha descargado sobre el departamento de Contratación del Canal la responsabilidad de tramitar como “modificado” el nuevo contrato. “Contratación estudia la fórmula de hacerlo y decide que sea modificado. Cuando a mí me llega todo firmado por varias personas de distintos departamentos yo simplemente lo doy por bueno”, ha asegurado.

“¿Recibió del señor González o de cualquier otra persona alguna instrucción para favorecer a alguna empresa en el modificado?”, le ha preguntado su abogado. “No, porque además es que no tiene sentido. Un modificado es una adjudicación directa a la empresa que está ejecutando la obra”, ha respondido De Miguel, quien también ha negado que hablara de ese asunto con Dragados.

Beatriz Biedma, la magistrada que llevó a juicio al hermano de Pedro Sánchez, insiste en que la Audiencia Nacional debe investigar si hubo un plan para atentar contra ella en el marco de la presunta trama dirigida por la exmilitante Leire Díez y vinculada al PSOE. En un escrito, reclama al juez Santiago Pedraz que cite como testigo a Cintia Rocho, alias ‘La Celsa’, la jefa de un clan de Badajoz que aseguró a la Guardia Civil que el exjuez Luis Sáenz de Tejada dijo en una conversación con ella que “había que eliminar” a Biedma. 

El juez Pedraz ya rechazó hace tres semanas interrogar a Cintia Rocho. Alegó que ya había citado a declarar como investigado al exjuez Luis Sáenz de Tejada, al que habría reclutado Leire Díez para intentar apartar a Biedma del caso de David Sánchez. En su declaración en la Audiencia Nacional, Sáenz de Tejada negó “rotundamente” haber contactado con Cintia Rocho para proponerle atentar contra Beatriz Biedma. Esta última, por su parte, relató que sintió “temor” pero que no le influyó en sus resoluciones sobre David Sánchez.

La abogada de la jueza alude de nuevo a una anotación que aparece en una de las agendas de Leire Díez y en la que se decía literalmente: 'Jueza Badajoz. La Celsa. Heroína o gitano'. Según el escrito, la investigación no puede descartar la hipótesis del ataque contra ella dado que otras anotaciones de las agendas de la exmilitante sí han tenido “reflejo objetivo en la realidad”. Es el caso, afirma, de las denuncias presentadas contra ella ante la Fiscalía General del Estado o los intentos de recusación. 

Eso, a juicio de la magistrada, dota de “mayor probabilidad y credibilidad a la existencia del contacto con Cintia Rocho (...) y a las advertencias expresas de Leire Díez de que la estrategia desplegada para frenar el procedimiento iba ‘mucho más allá de acciones en medios’”. 

El escrito de la magistrada fundamenta la petición de interrogatorio en las conclusiones del informe remitido por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el pasado 6 de octubre. Ante los investigadores, Cíntia Rocho declaró haber recibido una llamada del exjuez Sáenz de Tejada en la que este tildó a la instructora de “puto grano en el culo”, dijo que había dicho que “había que eliminarla” y que “a palos aprende el burro”. Son expresiones que la mujer interpretó como la intención de infligir un daño físico a la jueza. 

Además de la citación de Cintia Rocho, la representación de Biedma pide a Pedraz que libre un oficio a la Comisaría de la Policía Nacional de Badajoz para obtener el atestado policial en el que figura identificado el titular del perfil ficticio de Facebook “José García Fernández”. Este perfil anónimo contactó con Rocho para proponerle “hacer una limpieza de los Juzgados” y guarda relación directa con Sáenz de Tejada. Ambos han llegado a aparecer juntos en grabaciones difundidas en su canal de YouTube, según Biedma.

La Abogacía del Estado se opone a la pretensión de Iustitia Europa y Vox de impedir el voto el 29-N a otros miles de descendientes de represaliados del franquismo. Se trata, en este caso, de un colectivo de 190.000 personas conformado por los hijos mayores de edad de quienes accedieron a la nacionalidad a través de la ley de nietos de 2022 y de la primera ley de memoria, aprobada en 2007. En sendos escritos, a los que ha tenido acceso elDiario.es, los servicios jurídicos del Estado subrayan que la única pretensión de los partidos que plantean esta petición es “sembrar la duda sobre la legitimidad del voto de estas personas”.

Iustitia Europa y Vox reclamaron recientemente sacar del censo electoral para las próximas elecciones generales a todas las personas recogidas en el Anexo III de la Instrucción del Ministerio de Justicia de 2022 “discutida” por el Supremo. Ahí figuran 189.578 personas cuyo derecho a ser español deriva de que su progenitor adquirió la nacionalidad por alguna de las dos leyes de memoria. Esto es, no necesitan probar el exilio ni se ven afectados por la presunción sobre la que ha puesto el foco el Alto Tribunal. 

Pero ambos partidos entienden que, como se ha suspendido el derecho al voto de sus progenitores, debe examinarse con “el mismo rigor la cadena de nacionalidad”. A este respecto, la Abogacía del Estado pone de manifiesto el hecho de que esa petición “alcanzaría incluso” a un número “indeterminado” pero “relevante” de personas que adquirieron la nacionalidad al amparo de la anterior Ley de Memoria Histórica de 2007 y cuyos expedientes están “completamente desvinculados” de la controversia sobre la presunción de exilio de la Instrucción de 2022. 

“Materialmente imposible”

En el plano organizativo, los servicios jurídicos del Estado reiteran las enormes dificultades que han tenido los consulados para sacar del censo a los 163.020 nacionalizados por la ley de nietos tras la decisión del Supremo. Y aseguran que es “materialmente imposible” hacer una criba similar con los otros 189.578 nombres que figuran en el citado Anexo III. 

Los escritos afirman que la criba de los 163.020 electores del Anexo I exigió un mes y medio de trabajo ininterrumpido en las 172 oficinas consulares de España en el extranjero, obligó a movilizar personal extraordinario, cancelar vacaciones autorizadas, trabajar en festivos y autorizar cierres temporales al público. Y reiteran que repetir esa operativa a tres semanas de los comicios y cuando la documentación electoral ya se ha enviado por correo es “materialmente incompatible con los recursos disponibles y con el mantenimiento de los servicios públicos esenciales”. 

Además, la Abogacía del Estado recuerda que ya se ha realizado el primer envío de documentación electoral a los españoles residentes en el extranjero. Una documentación que recoge la “advertencia expresa” para quienes constan en el Anexo I de que sólo podrán votar si cuentan con un certificado emitido por los consulados que demuestre que sus antepasados sufrieron persecución política. 

Por otro lado, los servicios jurídicos del Estado vuelven a poner de manifiesto que la repercusión de suspender estos sufragios es muy reducida. El Supremo afirmó en su primera resolución que la ley de nietos había propiciado un “excepcional” incremento de las personas con derecho a voto y eso podría generar un “daño irreversible”. Los jueces asumieron las cifras de los denunciantes, que basaron sus impugnaciones en el incremento global de 408.262 electores que el censo exterior había sufrido desde las elecciones de 2023. 

Pero la Abogacía del Estado recuerda que mientras que la medida cautelar inicial del Supremo se apoyó en un incremento potencial de más de 408.000 inscritos en el CERA, el universo real de afectados quedó finalmente acotado a 163.020 personas. De ellas, “poco más de 100.000” figuran en el censo “por edad, fallecimiento o falta de solicitud para ello”.

El escrito subraya que teniendo en cuenta que la participación histórica del voto exterior se sitúa en un 8,36%, la privación real de voto ya suspendido alcanzaría a unos 10.000 sufragios efectivos. Y recalca que, aún vetando el derecho al voto a los hijos de quienes accedieron a la nacionalidad por las dos leyes de memoria, la incidencia conjunta “no superaría los 20.000 votos de un censo global de más de 27 millones de electores”. 

“La eventual ampliación de las medidas cautelares se fundamenta en datos brutos de población censada, pero no en una acreditación de cuál sería su traslación efectiva al cuerpo de votantes realmente participantes. Y sin esa acreditación resulta imposible concluir que la situación denunciada posea una entidad suficiente para justificar una nueva restricción cautelar del derecho fundamental reconocido en el artículo 23 de la Constitución”, sentencia la Abogacía del Estado. 

El último enfrentamiento vivido en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a cuenta del reparto de las comisiones en las que se organiza el trabajo del órgano ahonda en la fractura interna de una institución sometida a constantes tensiones. Y lo hace, además, en un momento clave, cuando está pendiente la renovación de 15 plazas en el Tribunal Supremo, la principal instancia judicial del país. Fuentes de los grupos conservador y progresista consultadas por elDiario.es coinciden en que, al menos a corto plazo, será difícil recomponer la situación ante unas hostilidades cada vez más intensas. 

La presidenta Isabel Perelló, a la que se atribuyó una sensibilidad progresista cuando fue designada; y uno de los consejeros elegidos a iniciativa de Sumar, Carlos Hugo Preciado, votaron esta semana junto al grupo conservador un reparto de poder favorable a los vocales elegidos a iniciativa del Partido Popular. Con la nueva distribución, siete de las once comisiones tienen mayoría conservadora. Los progresistas son hegemónicos en cuatro, una más que en el reparto de hace un año, cuando Perelló y Preciado volvieron a unir sus votos con los vocales de la derecha en este mismo trámite. 

El reparto acordado ahora mantiene la mayoría conservadora en la Comisión Permanente, el núcleo duro donde se toman muchas decisiones de calado. Entre ellas, por ejemplo, si se abren expedientes disciplinarios a magistrados. Esa comisión seguirá conformada por cuatro vocales conservadores y tres progresistas. A ellos se suma la presidenta Perelló, que tiene voto de calidad en caso de empate. 

El voto de la presidenta ha permitido la apertura de expedientes disciplinarios a varios magistrados por sus exabruptos contra políticos. Unos expedientes que, por otra parte, quedaron archivados sin sanción en la Comisión Disciplinaria, donde también tiene mayoría la derecha. Perelló, sin embargo, también se ha puesto de perfil en otros asuntos de calado. Es el caso de las propuestas sobre el sistema de elección de los vocales o las arduas negociaciones para las presidencias de las salas más sensibles del Tribunal Supremo. Acabaron siendo designados los candidatos aupados por la derecha. 

Durante el próximo año, esta comisión estará formada por los conservadores José Antonio Montero, José Carlos Orga, José María Páez y José Luis Costa y por las progresistas Argelia Queralt, Lucía Avilés e Inés Herreros. Vuelve a quedarse fuera por tercer año consecutivo el vocal José María Fernández Seijo, quien ejerce como líder en la sombra del grupo progresista. Fernández Seijo es quien suele llevar el peso de las negociaciones con el otro grupo. “Buscan erosionar el grupo machacando a quien lo lidera”, dice una fuente de este bloque. 

La “tercería vía” de Preciado 

Los conservadores acudieron al pleno celebrado el pasado miércoles con una propuesta que se acabó retirando. Ni siquiera se llegó a votar. Sus diez vocales secundaron el reparto propuesto por Preciado, quien está cada vez más distanciado de los otros nueve vocales progresistas. Esa propuesta también obtuvo el respaldo de la presidenta, que adoptó un papel difícil de explicar al secundar ese esquema y también el propuesto por el resto del bloque de la izquierda. 

“No se puede defender una cosa y la contraria”, dice una fuente del grupo progresista, cuyos vocales han denunciado la existencia de una maniobra acordada que “entrega el Consejo a la derecha”. A su juicio, la lista aprobada rompe la cogobernanza y beneficia al bloque conservador en el reparto de puestos y representación. Además, consideran que se trata de una “represalia” ante su negativa a negociar de forma conjunta la renovación de las comisiones y de los nombramientos pendientes en el Supremo. 

Su tesis es que el plan del grupo conservador y de Preciado era hacer una negociación conjunta que incluyera determinadas concesiones, como la entrada de Fernández Seijo en la Comisión Permanente; a cambio de contrapartidas en los nombramientos pendientes en el Supremo. Especialmente, los ocho de la Sala de lo Penal, la que juzga a los aforados; y la de lo Contencioso-Administrativo, que últimamente ha tomado controvertidas decisiones en torno al derecho al voto de los nacionalizados por la ley de nietos. 

Tanto Preciado como los vocales conservadores niegan que hubiera un concierto previo para excluir al resto de miembros del órgano. El vocal elegido a iniciativa de Sumar defiende que actuó de forma independiente tras constatar la falta de entendimiento entre bloques. Y reitera que su propuesta, que él define como la “tercera vía”, “respeta el equilibrio de sensibilidades y la cogobernanza”. Además de las citadas mayorías, insiste en que los progresistas presiden “cinco de las once” comisiones, dado que incluye a Perelló como máxima responsable de la Permanente.  

Preciado niega que confeccionara su propuesta sin consultar a los progresistas. Afirma que hubo tres reuniones con Fernández Seijo en las que se debatió el asunto de las comisiones. Este vocal asegura que está siendo “objeto de señalamiento y persecución” por el resto de vocales progresistas desde que “se negó a seguir instrucciones del Ministerio de Justicia”.

Durante el pleno, Preciado defendió su candidatura alegando que era la más paritaria. El nuevo reparto logra la paridad en cuatro comisiones más que en el año anterior, de forma que diez de las once tienen una composición igualitaria. Además, ellas presiden seis de las once. Ese alegato soliviantó a las mujeres del grupo progresista, que acusan al vocal de Sumar de situarlas en determinados puestos sin haber consultado. “No somos títeres al servicio de los intereses de Carlos Hugo Preciado, ni la igualdad puede servir de coartada para un reparto que desatiende el equilibrio y el pluralismo”, expresaron en un duro comunicado. 

Los conservadores, por su parte, afirman que respaldaron la propuesta del vocal de Sumar y que retiraron la suya por “responsabilidad institucional” y para evitar una situación de parálisis que ahora todos asumen que se trasladará a los nombramientos. Y aseguran que había un compromiso previo de negociar de forma conjunta el reparto en las comisiones y las designaciones en el Supremo y que los progresistas se descolgaron “en el último momento”. 

Las fuentes consultadas relatan un pleno muy tenso, en el que llegó a evidenciarse un aumento de las hostilidades. “La votación puede ser legítima, pero no es honesta”, llegó a decir una vocal del bloque progresista. Después, en un comunicado, el grupo de vocales elegidos a iniciativa del PSOE y una de Sumar aseguró que “lo ocurrido compromete las condiciones de confianza y reciprocidad que necesita el Consejo para funcionar. La cogobernanza no puede abandonarse cuando se reparten las comisiones y reclamarse después cuando hacen falta acuerdos para los nombramientos”. 

Para la elección de las comisiones se necesita solo una mayoría simple de 11 votos que el grupo conservador puede lograr gracias a Preciado. Los nombramientos en la cúpula judicial requieren, sin embargo, una mayoría reforzada de 13 de los 21 votos, lo que obliga al acuerdo entre miembros de ambos bloques.

“Ahora mismo las relaciones, incluso las personales, están rotas. Las posturas están muy alejadas y son muy difíciles de conciliar”, dice una fuente del grupo conservador. Otro vocal de este sector admite que lo ocurrido no facilita las negociaciones “a corto plazo”, pero cree que con el tiempo todo se irá normalizando. “Tampoco había una enorme perspectiva positiva de acuerdo en cuanto a nombramientos. No estábamos en un escenario en el que todo fuera bien y esto lo haya quebrado, las dificultades vienen de lejos”, añade este consejero elegido en su día a iniciativa del PP. 

La tensa situación que se vive en el CGPJ pone el foco en Perelló, que ha perdido el apoyo de parte de los vocales que la auparon a la presidencia y a la que miembros de ambos grupos afean su falta de liderazgo. “La presidenta siempre está animando a que lleguemos a acuerdos, pero ella tampoco adopta una dinámica de liderazgo o de aglutinar. Su actitud es muy pasiva”, apunta un vocal conservador. “Perelló está cómoda con el traspaso de cromos, luce mucho para ella esa idea de consenso. Pero nosotros seguiremos defendiendo que los nombramientos se realicen con criterios de mérito, capacidad y representación equilibrada”, apunta un consejero progresista. 

La realidad es que en estos dos años, la política de nombramientos ha evidenciado que las cesiones del grupo progresista han blindado el enorme peso de la principal asociación de la derecha judicial, que ha copado casi el 40% de los ascensos del mandato, más que las otras tres asociaciones juntas. Por ejemplo, fue este Consejo el que aupó al Supremo a Antonio Narváez, uno de los juristas que llegó a expresar su deseo de que Alberto Núñez Feijóo llegara al Gobierno, y que ha sido ponente de los polémicos autos sobre la ley de nietos. Preciado fue el único vocal que votó en contra de su designación. 

Por otra parte, el grupo conservador ha bloqueado durante meses adjudicar uno de los puestos pendientes en la Sala de lo Penal del Supremo. La intención de los progresistas era que esa plaza hubiera sido adjudicada hace tiempo a una mujer de sensibilidad progresista, dado que es una Sala muy masculinizada y de abrumadora mayoría conservadora.

Pero la estrategia de los vocales de la derecha ha consistido en posponer las conversaciones hasta que se produjeran más vacantes por jubilación y buscar una renovación en bloque que ahora tampoco parece cercana. Fuentes de ambos grupos subrayan, por el momento, que del otro lado solo han recibido propuestas “inasumibles”.

“Esta mañana cuando me he levantado he dicho, ‘mira, hasta el tiempo llora’. Cuando he salido de casa solo había silencio, silencio, silencio”. Ana, una de las panaderas de Urda, la localidad más cercana al lugar donde se produjo el choque entre dos trenes que ha dejado por el momento 69 fallecidos, empezó a repartir este jueves el pan a sus vecinos bajo una espesa niebla. El miércoles no hubo reparto. En cuanto se enteró del accidente, cargó en su furgoneta las cinco cestas de pan que distribuye diariamente y las entregó en los bares del pueblo y en los dos pabellones dispuestos para recibir a heridos y familiares de las víctimas. 

Un día después, esta localidad de 2.500 habitantes ubicada a 70 kilómetros de Toledo trata de volver a la normalidad. Donde ayer todo era un ir y venir de ambulancias y vehículos de los equipos de emergencia hoy solo hay un “silencio tremendo”, dice Magdalena, que pasó todo el miércoles echando una mano donde se necesitaba. El pabellón del colegio donde se trasladó a los allegados de los pasajeros está cerrado a cal y canto. En una de las puertas todavía está pegado un cartel en el que puede leerse, en mayúsculas, la palabra ‘familias’. 

“Hay mucha tristeza en el pueblo, pienso mucho en la gente que estaba en los trenes y sus familiares. Eso es ya para toda la vida”, dice Ana antes de subirse a su furgoneta para seguir con el reparto de pan. Las calles de Urda están desiertas. Pasaría por un jueves normal si no fuera porque un centenar de periodistas esperan en la plaza donde está en Ayuntamiento la llegada del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que aprovechó la ocasión para cargar contra el Gobierno por “echar la culpa” del accidente a un operador del centro de control de Atocha. Más allá de la nube de periodistas, la visita del líder de la oposición apenas despierta la curiosidad de algunos vecinos. 

Mientras Feijóo atiende a los medios, una camioneta de la ONG World Central Kitchen (WCK), fundada por el chef José Andrés, carga víveres en uno de los supermercados del pueblo. Bricks de caldo de pollo, leche, bocadillos… Se dirige al Puesto de Mando Avanzado (PMA) ubicado a apenas ocho kilómetros, en el lugar del accidente. Allí un operativo de casi un millar de personas trabaja para retirar el amasijo de hierro en el que se han convertido los trenes, buscar restos biológicos de posibles víctimas y recabar las pruebas que nutrirán la investigación judicial que ya ha abierto un juzgado de Orgaz. 

En una llanura situada al borde de la carretera, la Guardia Civil y Protección Civil han instalado dos enormes carpas. También hay un vehículo del 112 de la Junta de Castilla-La Mancha. En la mañana de este jueves, el operativo de emergencia continúa plenamente desplegado en el punto del accidente ferroviario y las localidades colindantes, con más de 900 efectivos sobre el terreno.

El dispositivo cuenta con 422 agentes y 123 medios de la Guardia Civil —que incluye tres helicópteros, drones del Servicio Aéreo, Puesto de Mando Avanzado, Oficinas Móviles de Atención a la Ciudadanía, patrullas de caballería y guías caninos del Servicio Cinológico—, respaldados por 250 militares y 85 medios de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Completan la intervención 143 agentes y 26 vehículos de la Policía Nacional procedentes de las comisarías provinciales de Toledo y Ciudad Real, así como 102 miembros de Protección Civil dedicados a labores de apoyo y asistencia logística.

La agente Llanos Olivares, que ejerce tareas de portavocía, explica que parte del trabajo de la Guardia Civil está centrado en localizar restos biológicos en los trenes para tratar de localizar a las personas que aún continúan desaparecidas. Durante la mañana, el instituto armado despliega también un dispositivo aéreo contra drones intrusos al detectar “drones intrusos” sobrevolando los restos de los trenes sobre los que se está trabajando tanto en la búsqueda de pasajeros como en la investigación del siniestro.

En la zona, el ritmo es frenético. Agentes de la Guardia Civil, miembros de la UME y operarios de Renfe y Adif se acercan a la carpa instalada por WCK para coger algo de comer. Hay café, chocolate, bocadillos. Javier Sánchez, cocinero de la ONG, explica que están preparando comida para entre 700 y un millar de personas. “Nos iremos los últimos, cuando aquí no quede nadie. Nos reconforta poder ayudar dentro de nuestras posibilidades”, sostiene. 

En la zona también presta su ayuda la psicóloga Teresa Martín, especializada en la atención a los intervinientes en operativos de emergencias. Su labor es prestar asistencia psicológica a los agentes y técnicos que están participando en la búsqueda de desaparecidos. “El peso del uniforme no permite expresar emociones”, dice esta experta. Explica que, en estos momentos, su labor consiste en ayudarles con “pequeñas ventilaciones” para tratar de reducir el impacto del estrés acumulado y en darles pautas para cuando se retiren de la zona cero y sean conscientes de la “impactante” realidad vivida.

Dos tragedias ferroviarias en menos de un año. El accidente de Adamuz, en Córdoba y el de este miércoles en Urda, Toledo, han dejado el dramático saldo de más de un centenar de víctimas mortales. El pueblo de Urda, el más cercano al choque entre los trenes de Iryo y Renfe, en los que viajaban medio millar de personas, acabó de despertar con la polifonía inequívoca del desastre: un coro de ambulancias como jamás se había oído en esta población de 2.500 habitantes.

Después de una jornada de sirenas, solidaridad y agitación, Urda se sumió en el silencio al caer la noche, en ese minuto en el que se recordó a los fallecidos frente a los Ayuntamientos de toda España. En ese minuto en el que un gesto de luto callado devolvió al país al dolor del pasado 18 de enero en Adamuz.

Apenas nueve meses han pasado entre los dos accidentes. El primero todavía está siendo investigado. El de este miércoles recibió el calificativo de “inverosímil” por parte del ministro de Transportes, Óscar Puente. Las primeras pesquisas apuntan a un error humano “inexplicable”, que permitió circular al tren de Renfe por la vía en la que el Iryo permanecía detenido.

“Si ha habido negligencias se sabrá, y si ha habido fallos en el sistema de seguridad, se responderá con total contundencia”, aseguró este miércoles el presidente del Gobierno en su visita a la localidad, pocas horas después del accidente. Pedro Sánchez reconocía públicamente el daño a la confianza en la seguridad de la red de alta velocidad, una de las joyas del transporte público español.

“Si tenemos que reforzar aún más la seguridad para reconstruir la confianza en el sistema ferroviario y la alta velocidad, se hará, porque lo que no es asumible para un país como España es sufrir dos accidentes ferroviarios en la alta velocidad en un mismo año”, recalcó Sánchez.

“Todo indica a que el origen de los accidentes no tiene nada que ver”, aseguró el presidente, intentando marcar diferencias con Adamuz, el accidente que se cobró 46 víctimas mortales. Además de la investigación judicial, también indagará en las causas la recientemente creada Autoridad Independiente e Investigación Técnica de Accidentes de Transportes. Se trata de un organismo que no depende del Ejecutivo, cuyos integrantes han tenido que recibir el visto bueno del Congreso de los Diputados y cuyas pesquisas pueden prorrogarse varios meses, incluso años.

Sánchez anunció desde esa localidad toledana, ya marcada en el mapa por la tragedia, la declaración de tres días de luto. Esto “desgarra unas heridas que todavía permanecen abiertas”, ha expresado la Asociación de Víctimas de Ademuz en un comunicado. “Nuestro pensamiento y nuestro corazón están con quienes han perdido a sus seres queridos, con las personas heridas y con todas las familias que están viviendo momentos de enorme angustia e incertidumbre”, han subrayado.

Una decisión fatal

La decisión se tomó en el centro de control de Adif, en la estación de Atocha. Un operario autorizó la circulación del tren de Renfe, del AVE que circulaba hacia Sevilla, cuando el tren de Iryo estaba parado en la misma vía.

“Sobre las 8.30, el sistema de control de la estación de Urda cae por un error de comunicación en los ordenadores”, explicó el ministro a los medios de comunicación. Se trata de un sistema denominado LZB que se utiliza en esa línea de alta velocidad desde su inauguración en 1992 y que está en proceso de ser sustituido. “No porque no sea bueno, sino porque ya no se fabrica y ha entrado ya en una fase en la que no hay renovación”, ahondó Puente.

Ese fallo en el sistema afectó a un tramo de 63 kilómetros y supuso “la detención de todos los trenes que circulaban por ese tramo. Con los trenes detenidos, entra en mando del sistema el centro de control de Adif” en la estación de Atocha en Madrid, “que controla el tráfico ferroviario en esa zona concreta”, incidió el ministro.

“Hay una comunicación del centro de control con los trenes detenidos y se toma la decisión a las 8.36 [horas] de que el tren que impacta con Iryo reanude la marcha con normalidad”, señaló el responsable de Transportes. “En ese momento, ese tren tenía obligatoriamente que detenerse, no podría reanudar la marcha con normalidad porque el circuito de vía estaba ocupado por Iryo” y existía un semáforo en rojo, para evitar esa circulación. Sin embargo, “se ordena que reanude la marcha a las 8.36, el tren recorre 25 kilómetros con el tren Iryo detenido y acaba impactando, con el resultado que conocen”. Unos kilómetros en los que su velocidad habría alcanzado los 200 kilómetros por hora.

Los audios del centro de control, a los que ha tenido acceso elDiario.es, confirman que desde allí se indicó al maquinista que reanudase su camino con marcha “normal”. En los audios también se escucha cómo la maquinista de Iryo explicó a las 8.48 que no podía revisar el sistema y por eso todavía se encontraba parada. Nada parece indicar que supieran que había otro convoy yendo hacia ella. A las 8.54, el tren de Renfe chocó contra este tren.

Tragedia tras una hora de viaje

El Iryo 6076 es uno de los más madrugadores y salió poco antes de las 8 de la mañana de este miércoles de la madrileña estación de Atocha con dirección a la de Santa Justa, en Sevilla. El alcance del AVE de Renfe se produjo tras apenas una hora de trayecto, sobre las 8.48 según la compañía de origen italiano, cuando la mayoría de pasajeros o dormitaban o permanecían en sus asientos.

“Hemos notado un sonido muy fuerte y después ha sido todo un amasijo de hierros”, contaba a elDiario.es uno de los viajeros, que hacía el trayecto hacia Córdoba y consiguió salir del tren a través de una ventana rota. “Estaba dormido. Cuando abrí los ojos ya me estaba yendo hasta el asiento de delante y me di un golpe en la barbilla. Es como si hubiera vuelto a nacer. Hoy es mi segundo cumpleaños”, narraba otro joven, Diego Martín, a la espera de que su padre llegase desde Sevilla para recogerlo.

Ramón Revolo, voluntario de Protección Civil de Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real), fue uno de los primeros en acudir en ayuda de las víctimas. “Esto no se puede describir. Es una pena, un desastre”, explicaba sobrecogido, tapándose la cara en numerosas ocasiones: “Lo que hemos visto ha sido muy trágico, muchos muertos y heridos de gravedad”.

María José, vecina de la cercana localidad de Marjaliza y que se acercó al lugar del accidente a socorrer a los afectados, explicaba que una mujer inglesa le había dejado a cargo de su bebé mientras ella iba en busca de su marido, al que no localizaba: “Ha sido horrible”, reconocía visiblemente emocionada.

Horas de incertidumbre

La incertidumbre se palpaba no solo en tierras toledanas, sino también en la ciudad a la que tendrían que haber llegado tanto el Iryo 6076, con casi 150 viajeros, y el AVE 2080, con cerca de 400 pasajeros a bordo. “No sé nada de mi amiga”, contaba Joaquina desde la estación de Santa Justa. Pero a su amiga ya no le llegaban ni mensajes ni llamadas a las diez de la mañana, cuando contaba su experiencia a los medios, afectada.

Juan, que vive a caballo entre Madrid y Sevilla, lamentaba que probablemente este accidente se iba a politizar “y otra vez antes de las elecciones se aprovecharán de la muerte de personas”. “¿Y las personas que han fallecido, que están heridas, qué van a hacer con ellas?”, se preguntaba. Los partidos anunciaron que suspendían toda su agenda apenas se conoció la noticia del accidente. Todos, con una excepción: Vox, que continuó con los actos de precampaña previstos y utilizó la tragedia para atacar al Gobierno, a poco más de un mes de las elecciones generales. Santiago Abascal ha aprovechado un breve mitin en Valladolid para llamar “ministro de la muerte” a Óscar Puente y “banda criminal” al Ejecutivo.

Mientras, en el pabellón de Urda que ha recibido a buena parte de los heridos en el accidente, los últimos familiares esperaban tener noticias de los suyos. “Está allí, en el hospital de Toledo. Díselo a quien sea, le están haciendo análisis”, grita una mujer a otra. Ellas reciben buenas noticias, pero muchos solo pueden esperar que no se confirme el peor de los escenarios. Aunque no hay una cifra oficial de desaparecidos, se espera que las grúas que trabajan sin descanso para mover los coches siniestrados dejen al descubierto más cadáveres.

Antonio Gómez, otro de los viajeros, relataba cómo un raíl atravesó el coche en el que viajaba con un amigo. “He ido al vagón 7, donde estaba mi compañero, pero no lo he encontrado”, explicaba acompañado de su mujer y su hija, que se desplazaron a recogerlo. Tenían previsto acudir a Toledo a presentar la denuncia correspondiente, como muchas familias que no tienen noticias de sus allegados, y que durante todo el día inundaron las redes sociales pidiendo información sobre ellos.

Una de las personas que permanece desaparecida es la exministra Fátima Báñez, titular de la cartera de Empleo con Mariano Rajoy y presidenta de la Fundación CEOE. Báñez viajaba en el Iryo accidentado y acudía a Sevilla para participar en un acto de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA). Sin noticias de su paradero, la noticia conmocionó a la gran patronal española, que seguía “a la espera de información contrastada” y trasladaba su apoyo “y cercanía a su familia y allegados”.

Las ciudades de Castilla-La Mancha se han sumado al dolor y al duelo por las víctimas del accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Urda, Toledo, que ha dejado un balance provisional de 68 personas fallecidas y decenas de heridos.

Convocado por la Federación Española de Municipios y Provincias, una de las localidades donde se ha rendido este homenaje en recuerdo de las víctimas mortales y los heridos ha sido la plaza del Ayuntamiento de Urda. El alcalde del pueblo, Manuel Galán, ha presidido el acto iniciado a las 20:00 horas y que ha reunido un par de centenares de personas. Un grito de “no queremos más accidentes' desde el público ha abrochado el aplauso final al terminar el homenaje.

También se ha silenciado durante 60 segundos la plaza del Ayuntamiento de Toledo, de cuyo balcón cuelga desde hoy una pancarta con un gran lazo negro en señal de luto. Entre los asistentes se encontraban Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha; Milagros Tolón, ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes; Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, y Rebeca Torró, secretaria de Organización del PSOE.

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha acudido acompañado por concejales de todos los grupos políticos con representación en la Corporación municipal, tanto del equipo de Gobierno como de la oposición.

También han participado Paco Núñez, presidente del PP de Castilla-La Mancha, y Carolina Agudo, secretaria general del PP regional, entre otros.

El acto ha concluido con un gran aplauso en la plaza del Ayuntamiento, como muestra de duelo y solidaridad con las víctimas del accidente, sus familiares y todas las personas afectadas por la tragedia.

En Cuenca, Guadalajara, Albacete y Ciudad Real también se ha guardado este minuto de silencio, entre otros puntos de la región.

La espera se hace insoportable en un pabellón ubicado en la calle Escuelas del municipio de Urda (Toledo), a apenas unos kilómetros del lugar donde a las 8:48 horas de este miércoles un convoy de AVE impactó con otro de Iryo que estaba detenido. En este espacio que es poco más que una nave techada, familiares de los pasajeros aguardan noticias de sus seres queridos dando vueltas en círculos o sentados en unas sillas blancas. 

Dentro, el ambiente es de una tristeza absoluta. Algunos de los familiares salen a fumar, a hablar por teléfono o a tomar algo de aire. Y vuelven a entrar apresurados cuando una voz de mujer empieza a dar una relación de nombres por megafonía. En ese momento, todo el mundo contiene la respiración. “¿Qué más han dicho?”, pregunta alguien. “Nada, están informando de dónde se pueden poner las denuncias”, responde un joven. A consecuencia del accidente, la Guardia Civil ha habilitado puestos de recogida de denuncias en Toledo, Córdoba, Sevilla y Madrid. 

Estaba dormido. Cuando abrí los ojos ya me estaba yendo hasta el asiento de delante y me di un golpe en la barbilla. Es como si hubiera vuelto a nacer

Hay quien logra dar con la información que todos esperan: su familiar está vivo. “Está allí, en el hospital de Toledo. Díselo a quien sea, le están haciendo análisis”, grita una mujer a otra. “Nosotros somos unos afortunados”, dice la segunda mientras sale corriendo hacia el coche en dirección al centro sanitario. 

Para los demás, la espera se hace cada vez más difícil y arrecia la incertidumbre. En algunos momentos, desde fuera se escucha el llanto de algunas personas rotas por el dolor mientras son atendidas por sanitarios y psicólogos. Voluntarios y vecinos del pueblo les ofrecen mantas y comida. Alrededor de las cinco de la tarde llega la furgoneta de un cátering con comida caliente. 

Sentimos un empujón, no sabíamos bien lo que estaba pasando. Había humo y muchos cables caídos

Este municipio de 2.500 habitantes, ubicado a apenas unos kilómetros del lugar del accidente, ha habilitado dos pabellones ante la tragedia. En este, ubicado al lado del colegio, están instalados los familiares de los viajeros que están todavía desaparecidos. Las inmediaciones son un ir y venir de personas: vecinos del pueblo, efectivos policiales, psicólogos, sanitarios… Una vecina cuenta que algunos restaurantes del pueblo han cerrado para preparar comida para atender la emergencia y abastecer a todos los servicios desplazados al municipio. 

En el otro pabellón, situado junto a la piscina municipal, se han alojado durante las primeras horas los heridos leves o quienes han salido ilesos, como Tongui Biñer, que viajaba en el vagón siete del Iryo junto a su padre. Ambos iban con destino a Sevilla. “Sentimos un empujón, no sabíamos bien lo que estaba pasando. Había humo y muchos cables caídos”, dice este joven de 22 años, que logró salir del vagón por la puerta de emergencia. Todas sus pertenencias quedaron en el tren siniestrado.

“Estaba dormido. Cuando abrí los ojos ya me estaba yendo hasta el asiento de delante y me di un golpe en la barbilla. Es como si hubiera vuelto a nacer. Hoy es mi segundo cumpleaños”, dice otro joven, Diego Martín, mientras espera que su padre llegue desde Sevilla para recogerle. Renfe ha habilitado autobuses para llevar a sus destinos a los pasajeros ilesos o heridos leves como este joven, al que le han dado unos puntos en el mentón. 

Los vecinos de Urda y de municipios cercanos se han volcado con las víctimas. Muchos de ellos han acudido con sus coches a la zona del accidente y han ayudado a llevar heridos leves hasta el pueblo. Una de ellas es María José, una vecina de Marjaliza, que ha acudido a primera hora para ayudar a los afectados y afectadas. “Estamos a cargo del bebé de esta señora que ha ido a buscar a su marido. Es su abuela y nos ha dejado a su bebé”, afirma. Media hora después ha aparecido la madre del bebé, su hija, y ha tenido lugar un emotivo encuentro. En ese momento no conocían todavía el paradero del abuelo.

A última hora de este miércoles, el número de fallecidos ascendía a 68 muertos y se contabilizan un centenar de heridos, muchos de ellos graves. Más de 500 personas viajaban en el AVE y el Iryo siniestrados en el término municipal de Urda.

Los ministerios de Exteriores y Presidencia han entregado en plazo al Tribunal Supremo la relación agregada de los más de 160.000 españoles que se acogieron a la ley de nietos y a los que el Alto Tribunal pide sacar del censo de las próximas elecciones. Tal y como había adelantado elDiario.es, ambos departamentos trasladado esa documentación este miércoles, cuando se cumple la fecha límite fijada por los jueces. El pasado viernes, el Supremo amenazó con multas e incluso responsabilidad penal a los titulares de Justicia, Félix Bolaños, y Exteriores, José Manuel Albares, si no entregaban esa información en cinco días. 

La decisión del Supremo ha obligado a revisar los expedientes de más de 163.020 descendientes de represaliados que accedieron a la nacionalidad a través de esa norma. De ellos, solo podrán votar quienes logren conseguir un certificado del consulado que demuestre que sus antepasados sufrieron persecución política. Esa criba corresponde hacerla a los consulados, que han tenido que trabajar contra reloj para localizar los expedientes y agilizar las comprobaciones necesarias. 

Durante semanas, el Ejecutivo ha señalado las “dificultades” existentes e incluso ha hablado de la “imposibilidad material” de ejecutar esa orden. Las fuentes consultadas explican que, en un primer momento, en Exteriores se barajó la idea de hacer una aplicación informática que permitiera hacer ese trabajo. Sin embargo, el adelanto electoral frustró esta posibilidad. 

Los listados que aportan ambos departamentos detallan únicamente la relación de personas que accedieron a la nacionalidad española a través de la ley que abrió la puerta a un mayor número de descendientes de quienes huyeron de la Guerra Civil o se exiliaron durante la dictadura franquista. En total, se ha facilitado la relación nominal de 163.355 españoles y españolas, según explican fuentes gubernamentales, que añaden que “buena parte de ellos, previsiblemente, verán suspendido su derecho al voto tal y como han solicitado el partido político Vox y otras asociaciones de extrema derecha”. La Abogacía del Estado ha solicitado al Supremo que, al incluir datos de carácter personal, declare el listado como reservado.

La tarea de determinar cuántos de ellos figuran en el CERA, el censo de los españoles en el exterior, vigente para estas elecciones le corresponderá hacerla después a la Oficina del Censo Electoral (OCE), que depende del INE. Este organismo será el que les envíe la documentación electoral con la “advertencia expresa” de que sólo podrán votar si cuentan con el citado certificado emitido por los consulados. 

Las fuentes consultadas afirman que el número de inscritos en el CERA será más bajo que el de total de nacionalizados. Así lo evidencian las cifras analizadas por el Ministerio de Justicia, que localizó 76.600 expedientes de nacionalizados por este supuesto que tienen formato electrónico y que figuran en el registro civil informatizado porque realizaron el trámite a partir de mediados de 2024. De ellos, solo la mitad —38.188— figuran en el CERA. Fuentes de Justicia señalan que, el resto, pueden ser menores de edad, fallecidos o personas que se han trasladado a vivir a España que deberían aparecer en el censo interior. 

Además, la concesión de la nacionalidad no supone un volcado automático ni directo al censo. Obtenida esa condición, los interesados deben realizar un trámite adicional: inscribirse como residente en el Registro de Matrícula Consular. De esa inscripción es de la que deriva la incorporación al censo electoral, que solo se realiza en el caso de los mayores de edad. 

En otro informe enviado al Supremo, el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), órgano representativo adscrito al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, explicó que “una parte muy considerable de quienes acceden a la nacionalidad española por esta vía lo hace por motivos vinculados a la reparación histórica, la identidad familiar o el vínculo afectivo con España, sin llegar a formalizar dicha inscripción consular”. Las fuentes consultadas sostienen que esta circunstancia puede explicar también la diferencia entre el número de nacionalizados y el de inscritos en el CERA. 

Un millar que podrán votar

Todavía será más baja la cifra de nacionalizados por la ley de nietos que podrán votar en estos comicios, dado que solo podrán hacerlo quienes cuenten con el citado certificado del consulado que demuestre que sus antepasados sufrieron persecución política. 

En sus autos, el Alto Tribunal distingue entre dos formas de acceso a la nacionalidad. Por un lado, quienes aportaron documentos del exilio de sus antepasados. Y, por otro, quienes se acogieron a la instrucción que daba por exiliado a cualquiera que hubiera salido de España entre 1936 y 1955 y sobre la que el Supremo ha lanzado sospechas de que puede ser irregular. De acuerdo a esos autos, el primer grupo sí puede votar. Pero la decisión que han tomado los jueces es suspender preventivamente el sufragio de todos. Y dejar en manos de los consulados la tarea de cribar cada expediente.

Las fuentes consultadas explican que, por el momento, Exteriores apenas ha localizado alrededor de un millar de nacionalizados que sí aportaron documentos del exilio. Y que, por tanto, sí tienen garantizado su derecho al voto el 29N. Se trata de un número muy bajo respecto a la cifra global de nacionalizados debido a la existencia de la citada instrucción. De hecho, en algunos casos, esos documentos ni siquiera se aportaban al expediente dado que se optaba por la vía más ágil, coinciden fuentes diplomáticas. 

El Tribunal Supremo da cinco días a los ministerios de Exteriores y Presidencia para que envíen la lista de los 163.020 españoles que se acogieron a la ley de nietos a los que pide sacar del censo para las próximas elecciones, cuenten o no con documentos que acrediten el exilio de sus antepasados.  

Los mismos jueces que mantienen paralizado desde hace semanas el voto de estas personas exigen esta información a ambos departamentos del Gobierno bajo advertencia de “una multa coercitiva” o incluso “deducir el oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder”.

Los autos conocidos este viernes cuentan con el voto particular de la misma magistrada que se viene oponiendo a las decisiones del Alto Tribunal sobre el voto de los descendientes de represaliados que accedieron a la nacionalidad a través de esa norma.

Los jueces especifican que tanto el titular de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, como el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, tienen cinco días para cumplir este mandato. Si no lo hacen, advierten, se exponen a “la imposición de multa coercitiva por importe de 1.000 euros” sin cerrar la puerta a “otras responsabilidades patrimoniales”. Las resoluciones mencionan incluso la posibilidad de “deducir, en su caso, el oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder”.

91 'nietos' que pueden votar

En sus autos, el Alto Tribunal distingue entre dos formas de acceso a la nacionalidad. Por un lado, quienes aportaron documentos del exilio de sus antepasados. Y, por otro, quienes se acogieron a la instrucción que daba por exiliado a cualquiera que hubiera salido de España entre 1936 y 1955 y sobre la que el Supremo ha lanzado sospechas de que puede ser irregular. De acuerdo a esos autos, el primer grupo sí puede votar si cuenta con un certificado del consulado. Pero la decisión que han tomado los jueces es suspender preventivamente el sufragio de todos. Y dejar en manos de los consulados la tarea de cribar cada expediente. 

Hacer ese filtrado supone revisar miles de concesiones de nacionalidad. El auto revela que, a fecha 21 de octubre, la Administración únicamente ha revisado 31.390 de los 163.020 expedientes y que los cónsules han emitido solo 91 certificados. El tribunal considera “incomprensible” que la Administración General del Estado no haya facilitado aún la lista nominal de los 163.020 electores afectados, a pesar de que fue la Abogacía del Estado la que aportó esa “cifra exacta”.

Los jueces cargan duramente contra el Gobierno, al que hacen responsable de que estas personas puedan quedarse sin votar el próximo 29-N. “No se acierta a adivinar cuáles puedan ser las razones por las que no se haya facilitado a esta Sala la relación nominal de los electores, máxime cuando hay un proceso electoral convocado y, por aplicación de las medidas cautelares de suspensión impuestas, estas personas pueden verse imposibilitadas finalmente del ejercicio de su derecho al voto por la propia inacción de la Administración”, recoge uno de los autos.

Envío de papeletas

Por otro lado, el Alto Tribunal da instrucciones precisas a la Junta Electoral Central (JEC) y a la Oficina del Censo Electoral sobre cómo ejecutar sus medidas cautelares en la votación del 29-N. Así, da el visto bueno a la decisión de la JEC de remitir la documentación electoral a los 2,7 millones de electores inscritos en el censo exterior. Pero exige que ese envío recoja la “advertencia expresa” para los nacionalizados por la ley de nietos de que sólo podrán votar si cuentan con el citado certificado emitido por los consulados. 

Así, impone a la Oficina del Censo Electoral que cuando reciba la relación de los 163.020 españoles que se acogieron a la ley de nietos excluya del listado del CERA vigente para el 29-N a quienes no cuenten con el certificado. Ese listado también debe enviarse a los consulados. En el caso de que una persona no aparezca inscrita en dicho listado, los responsables consulares recibirán su voto pero no lo introducirán en la urna, sino que lo mantendrán aparte para enviarlo a la Junta Electoral Provincial competente, junto con el resto de la documentación electoral pero “debidamente diferenciada”. 

Para el escrutinio del voto de los electores inscritos en el CERA, las Juntas Electorales Provinciales deberán utilizar el listado que la Oficina del Censo Electoral les haya facilitado antes de esa fecha. “Únicamente introducirán en la urna los sobres de los electores que estén incluidos en dicho listado, debiendo guardar aparte, junto con el resto de su documentación electoral, los de quienes no lo estén, haciéndolo constar además en el acta de la sesión”, dicen los magistrados.

El despacho del exjuez Baltasar Garzón, que representa a tres afectados por la suspensión del voto a miles de nacionalizados por la ley de nietos, busca ahora la vía para que el asunto regrese al Tribunal Constitucional tras su primera negativa a intervenir. El despacho ha presentado un incidente excepcional de nulidad de actuaciones en el que denuncia que se han vulnerado derechos fundamentales, según explica en una nota de prensa. 

La presentación de un incidente de nulidad es un trámite previo y obligado para interponer un recurso de amparo ante el Constitucional. El despacho defiende que las cautelares del Supremo “no se pueden revocar una vez adoptadas” y confirmadas. En consecuencia, sólo cabe solicitar su nulidad para, después, poder acudir de nuevo al tribunal de garantías. 

En el incidente de nulidad invoca la protección judicial del derecho fundamental de participación política. Argumenta el despacho que “la suspensión del derecho de sufragio activo (voto) está excluido de nuestro ordenamiento jurídico desde el año 1995, cuando tan sólo podía imponerse de forma individualizada y justificada, nunca en masa, por sentencia penal firme”. 

Además de este derecho fundamental lesionado, se invocan otros tres. Se trata del principio de igualdad ante la ley y a no sufrir ningún tipo de discriminación, debido a que se ha suspendido el derecho a voto de extranjeros inscritos en el CERA, el censo de los españoles que residen de forma permanente en el exterior, que adquirieron la nacionalidad por la condición de exiliados con motivo de la guerra Civil y el Franquismo, pero no de aquellos que la han adquirido por idéntica vía, pero viven en España.

Además, defienden que la decisión del Supremo vulnera también el derecho a la tutela judicial efectiva. Por un lado, debido a la indefensión padecida por los afectados, que solo fueron llamados a participar en el proceso cuando la resolución de las medidas cautelares fue firme. Y, por otro, debido a “la arbitrariedad de la decisión de adopción de las medidas, al tratarse la suspensión del sufragio activo de una medida contraria a la legalidad constitucional, no guardar relaciones con la cuestión del procedimiento principal y estar fuera de la competencia del Supremo”.

El pleno del Constitucional decidió esta semana, por diez votos contra dos, inadmitir la petición del Defensor del Pueblo para reactivar de forma urgente el voto de más de 160.000 personas nacionalizadas a través de la ley de nietos. Los magistrados defendieron que el organismo presidido por Ángel Gabilondo pretendía intervenir de forma prematura en el proceso cuando todavía se está tramitando el caso ante el Supremo y no entraron a examinar el fondo del asunto.