El juez de Madrid Arturo Zamarriego, el primero que empezó a investigar a la exmilitante del PSOE Leire Díez en 2025, ha aceptado que el caso se unifique en la Audiencia Nacional, donde el magistrado Santiago Pedraz instruye unas pesquisas por hechos similares, aunque en el marco de una causa más amplia y con más investigados. Así consta en una resolución fechada este 11 de agosto, a la que ha tenido acceso elDiario.es.

Díez estaba siendo investigada tanto en este juzgado de Madrid como en la Audiencia Nacional por su supuesta participación en una trama conspiranoica que trabajó para frenar investigaciones judiciales y que buscó extender su influencia a la Guardia Civil, cuyos mandos están detrás de algunas de las causas que atañen al entorno del partido y del Gobierno.

Tras esta decisión, el juez Zamarriego suspende el volcado y análisis del soporte de grabación del fiscal Ignacio Stampa y su conversación con Leire Díez. Esa diligencia estaba programada para que fuera realizada por agentes de la Unidad de Acústica de la Brigada Provincial de Policía Científica el próximo 20 de agosto.

El pasado junio, el juez Pedraz reclamó a Zamarriego que le remitiera esa causa para unificar y asumir las dos causas abiertas en este momento. Según el juez de la Audiencia Nacional Leire Díez y el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán llevaron a cabo acciones para “desestabilizar” aquellas investigaciones judiciales que pudieran afectar al Gobierno o al PSOE.

Zamarriego, por su parte, ve indicios de que Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset buscaban, a través de esa “información comprometida”, la posibilidad de “anular o malbaratar” investigaciones judiciales en “casos relevantes” que podrían afectar a políticos y empresarios, tras dos denuncias presentadas por los fiscales Ignacio Stampa y José Grinda, con quienes Díez se habría reunido para pedir información.

La causa de Zamarriego partió de una denuncia presentada por la organización ultracatólica HazteOír por una reunión en la que Leire Díez habría ofrecido favores al empresario Alejandro Hamlyn, investigado por fraude de hidrocarburos, a cambio de información.

El Juzgado de Instrucción 20 de Madrid ha abierto juicio oral contra seis hombres que lanzaron huevos y hostigaron a cuatro diputados del PSOE en las inmediaciones del Congreso antes del debate en el que Pedro Sánchez fue investido presidente del Gobierno tras las elecciones de 2023. En resolución, fechada el 27 de julio y a la que ha tenido acceso elDiario.es, la magistrada impone una fianza solidaria para todos los encausados de 40.000 euros para asegurar las responsabilidades civiles que se fijen en una eventual sentencia condenatoria.

La Fiscalía solicita 24 meses de multa con una cuota diaria de 12 euros para cada acusado, lo que supone aproximadamente 8.640 euros para cada uno, además del pago de las costas. La petición es de 12 meses de multa a razón de una cuota diaria de 12 euros por el delito de desórdenes públicos y tres meses de multa a razón de esa misma cuota diaria por cada uno de los cuatro delitos leves de falta de respeto a la autoridad que les atribuye.

Los cuatro parlamentarios afectados, que ejercen la acusación particular, elevan la petición a seis años de prisión y diez meses de multa con una cuota diaria de 20 euros (6.000 euros) para cada uno de los acusados. Les atribuyen delitos de desórdenes públicos; atentado contra la autoridad con el subtipo agravado, dado que los denunciantes eran diputados en el ejercicio de sus funciones constitucionales; y atentado contra agente de la autoridad, por la resistencia mostrada frente a los agentes de policía que les escoltaban. Además, reclaman ser indemnizados con 10.000 euros cada uno.

“Asquerosos traidores os tendrían que matar”

Los hechos se remontan a la mañana del 16 de noviembre de 2023, cuando los socialistas vascos Daniel Senderos Oraá y María Luisa García Gurrutxaga, el valenciano Vicent Sarrià Morell y el aragonés Herminio Rufino Sancho estaban desayunando en un bar situado en las inmediaciones del Congreso.

Según el relato de la Fiscalía, los seis acusados, que habían quedado en ese lugar para mostrar su rechazo a la sesión de investidura que se celebraría esa misma mañana, entraron al establecimiento de forma paulatina. Al percatarse de que eran diputados del PSOE, empezaron a increparlos e insultarlos con expresiones como “traidores, lo vais a pagar”, “hijos de puta, cabrones, esto lo vais a sufrir durante cuatro años”, “asquerosos traidores os tendrían que matar” o “agacha la cabeza mientras yo esté aquí, perro de mierda”, según recoge el escrito de la fiscal.

Ante los insultos, uno de los diputados llamó a la Policía. Pese a ello, la presencia de los agentes no impidió que siguieran los improperios, según los escritos de calificación de las acusaciones. Los acusados acabaron saliendo del local, pero esperaron fuera a los diputados.

Tras su salida, les continuaron gritando consignas como “rojos de mierda” y “prepararos que esto va a ser así cuatro años”, les escupieron e incluso les lanzaron piedras. Uno de ellos les arrojó huevos al grito de “perros del Estado”. Tanto el café como los huevos impactaron en tres de los diputados y en un agente de la Policía. Además, otro de los acusados se dirigió con la mano en alto “con la intención de agredirles”, aunque fue “parado” por uno de los policías desplegados, que tuvieron que ser escoltados hasta alcanzar el cordón de seguridad del Congreso.

“Si no es por la Policía, no salimos”, dijo el diputado Herminio Rufino Sancho al ser preguntado ese día después de que trascendieran los incidentes. Desde la tribuna del Congreso, el portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, denunció que haya políticos que “alimenten a los que luego dicen 'a por ellos', dan vivas a Franco, asaltan las sedes socialistas o lanzan huevos contra los diputados”. “A todos, ánimo y fuerza. No nos van a callar”, defendió López, lo que motivó el aplauso de la bancada socialista a sus compañeros.

La Fiscalía Provincial de Madrid ha remitido a un juzgado de Madrid cuatro denuncias presentadas en las últimas semanas en relación con la adquisición por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid de un ático de lujo en el barrio de Chamberí de Madrid por 6,3 millones de euros. Así consta en un decreto fechado este lunes, al que ha tenido acceso elDiario.es, y en el que el teniente fiscal José Luis García-Juanes ordena el archivo de las diligencias “preprocesales” abiertas en el Ministerio Público al constatar que esos hechos “están siendo ya objeto de investigación judicial”.

Se trata de las diligencias abiertas después de que el partido extraparlamentario Iustitia Europa presentara el pasado jueves una denuncia ante los Juzgados de Instrucción de Madrid para que se investigara la adquisición de ese inmueble, que iba a utilizarse para “reuniones” y que finalmente será puesto en venta por 6,69 millones. La compra se llevó a cabo a través de la empresa pública Planifica Madrid. El asunto ha recaído en el juzgado de instrucción número 8 de Madrid, que ya ha abierto diligencias aunque no se ha pronunciado sobre la admisión de la denuncia, de acuerdo a las fuentes consultadas.

La resolución de la Fiscalía fundamenta el archivo de las diligencias “preprocesales” abiertas en el artículo 5 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y en la Circular 2/2022 de la Fiscalía General del Estado, que establecen el carácter subsidiario de la investigación del Ministerio Fiscal respecto a la judicial. Según esta regulación, los fiscales deben cesar de inmediato en sus diligencias en cuanto tengan conocimiento de la existencia de una causa judicial en curso para evitar “cualquier duplicidad”. Por ello, los “escritos y documentación” de los denunciantes serán remitidos al citado juzgado.

Según el decreto, en la Fiscalía Provincial de Madrid se han recibido en las últimas semanas denuncias de tres particulares y del PSOE, que denunció al consejo de administración de la empresa pública Planifica Madrid tras el escándalo del ático por posibles delitos de prevaricación y malversación. Tal y como adelantó elDiario.es, en la transacción se exigió a la parte vendedora del inmueble un acuerdo de confidencialidad con carácter previo a la adquisición.

Por su parte, la denuncia de Iustitia Europa solicitaba que se investigara si la operación pudo constituir malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa, administración desleal de patrimonio público o cualquier otro delito que resulte de la instrucción.

La formación exigía que se requiriera el expediente completo de compra, los informes de necesidad, tasación, legalidad urbanística, financiación, así como los acuerdos de Planifica Madrid. También solicitaba que se investigara la posible intervención de la Consejería de Presidencia y se solicitara documentación sobre las obras de la Real Casa de Correos, la comisión inmobiliaria, los costes fiscales y la posterior decisión de venta.

La exmilitante del PSOE Leire Díez ha reclamado a la Audiencia Provincial de Madrid que permita investigar si miembros de la Guardia Civil buscaron su nombre en bases de datos reservadas o hicieron seguimiento de sus reuniones con un comandante imputado en el ‘caso Koldo’ antes de que se abriese ninguna causa judicial contra ella. Así consta en el recurso que su defensa ha presentado contra la decisión del juez de Madrid Arturo Zamarriego de negar estas diligencias al considerarlas “inútiles”.

La abogada de Leire Díez, Eva Bejarano, sostiene que el rechazo del juez Zamarriego vulnera de forma flagrante el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva. Díez está siendo investigada tanto en este juzgado de Madrid como en la Audiencia Nacional por su supuesta participación en una trama conspiranoica que trabajó para frenar investigaciones judiciales y que buscó extender su influencia a la Guardia Civil, cuyos mandos están detrás de algunas de las causas que atañen al entorno del partido y del Gobierno.

Los mensajes y audios intervenidos revelan los intentos de la trama presuntamente dirigida por el ex ‘número tres’ del PSOE Santos Cerdán y Leire Díez por desacreditar o inquietar el trabajo de jueces, fiscales o policías. Es un extremo que evidencia también la intensa agenda de reuniones que esta última mantuvo con personajes muy variopintos a partir de abril de 2024, cuando Santos Cerdán le encargó desplegar una estrategia que tenía un plan dual. Por un lado, neutralizar las citadas causas judiciales. Y, por otro, destapar a la “policía patriótica” en la época del PP para mostrar cómo sus oscuras maniobras tuvieron a Pedro Sánchez como blanco y reforzar así su posición política.

La exmilitante sostiene, sin embargo, que esas reuniones formaban parte de una investigación periodística y que el caso se ha construido sobre grabaciones ilegales, manipuladas, cortadas y modificadas de conversaciones privadas en un despacho de abogados junto a miembros de las fuerzas de seguridad, con el único fin de desprestigiarla.

Para sustentar esa tesis, su defensa reclama a la Audiencia Provincial de Madrid que permita solicitar que el Delegado de Protección de Datos de la Guardia Civil aporte un registro detallado de cualquier consulta o búsqueda efectuada con los términos “Leire” o “María Leire Díez Castro” (y sus variantes), especificando la dirección IP de acceso, la fecha, los términos utilizados y la identidad del funcionario responsable.

También, que el instituto armado aporte cualquier informe, acta o dación de cuentas que obre en su poder sobre las reuniones que Leire Díez mantuvo los días 10 y 16 de marzo de 2025 con Rubén Villalba, un comandante que permanece imputado en el caso Koldo por facilitar teléfonos seguros a la trama del empresario Víctor de Aldama, del asesor Koldo García y del exministro José Luis Ábalos.

La Fiscalía actuará si hay comunidades autónomas que rechazan, muestran reticencias o retrasan la recepción de los menores que le corresponden por reparto solidario tras la crisis de Ceuta. Así lo recoge un decreto firmado este viernes por la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, que recoge instrucciones precisas para garantizar la “protección” de estos niños y adolescentes en los territorios de origen y de destino de los traslados.

El texto establece que, en caso de rechazo, el fiscal delegado de menores del territorio de destino hará un requerimiento urgente bajo la advertencia legal de las “posibles responsabilidades que pudieran deducirse” en virtud del real decreto sobre menores migrantes no acompañados y, en su caso, ejercerá las “acciones que correspondan”.

El Gobierno anunció esta semana una partida extraordinaria de 25 millones de euros dedicados a la atención de los niños y adolescentes que se encuentran solos en Ceuta. No obstante, todavía se está filiando a los menores y no hay una distribución adjudicada.

El PP asume que las autonomías cumplirán la ley para el reparto de menores de Ceuta, pero la futura distribución solidaria de los niños y adolescentes en la red de acogida de las comunidades autónomas anticipa un conflicto en los territorios en los que gobierna en coalición con Vox (Andalucía, Aragón, Extremadura y Castilla y León). Vox ocupa las vicepresidencias de las cuatro, además de ostentar competencias de servicios sociales en varias de ellas, y ya ha manifestado su negativa.

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, afirmaba este miércoles que todos los ejecutivos en los que esté Vox se opondrán “a todo reparto de menas que plantee el Gobierno de Sánchez” porque “lo ocurrido en Ceuta es una invasión”. Desde el Gobierno han recordado que, en cualquier caso, las comunidades no pueden negarse y lo único que sí podrían hacer es recurrir cada expediente, algo que podría retrasar los traslados unos pocos días.

Pautas de actuación

En este contexto, la fiscal general ha firmado un decreto con pautas de actuación para coordinar a los fiscales delegados de menores. El protocolo establece obligaciones específicas de información y coordinación entre las fiscalías de los territorios de origen y de destino de los traslados.

Así, el fiscal del lugar de procedencia tiene el deber de informar detalladamente a la fiscalía de destino sobre la identidad de los menores reubicados, especificando de forma clara si su expediente de determinación de edad ya está concluido o si continúa en trámite.

La fiscalía del territorio de destino, por su parte, debe abrir diligencias preprocesales o un expediente gubernativo para vigilar y controlar que la autonomía correspondiente presta una atención inmediata y asegura una acogida idónea para los menores. Además, el fiscal mantendrá en todo momento la función de vigilancia y control sobre estas medidas.

En caso de que la comunidad de destino “rechace o muestre reticencias” para acoger a los menores que le corresponden por reparto o se niegue a facilitar información sobre el recurso residencial de acogida, se realizará un requerimiento bajo la advertencia legal de las “posibles responsabilidades que pudieran deducirse” en virtud del real decreto sobre menores migrantes no acompañados y, en su caso, ejercerá las “acciones que correspondan”.

El juez José Luis Calama, instructor de la causa abierta contra José Luis Rodríguez Zapatero, ha ordenado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que realice un “estudio exhaustivo” sobre la evolución accionarial de la aerolínea Plus Ultra, cuyo rescate con 53 millones de euros en la pandemia está en el origen de las pesquisas.

En una providencia fechada este martes 4 de agosto, a la que ha tenido acceso elDiario.es, el instructor atiende la petición de la Fiscalía Anticorrupción. La fiscal del caso, Elena Lorente, pidió esclarecer el “impacto” que la entrada de inversores de origen venezolano en el accionariado y órganos de gestión de la compañía —iniciado a partir de 2017— pudo tener en la concesión del rescate que la aerolínea solicitó durante la pandemia del coronavirus y que el Gobierno le concedió en 2021.

La fiscal define como “particularmente significativos” los cambios accionariales que supusieron la entrada en el capital social y en los órganos de gestión de “personas de origen venezolano”. Entre ellas, Rodolfo Reyes, quien era accionista mayoritario de la compañía durante la tramitación del rescate y cuyos mensajes constituyen relevantes indicios contra Zapatero.

La Fiscalía considera de “gran trascendencia” para la causa desgranar la historia registral de la sociedad desde su constitución en agosto de 2011 por los dos socios fundadores españoles, Fernando González Enfedaque y Julio Martínez Sola. Este último, invstigado en el caso, presentó su dimisión el pasado julio.

El juez Juan Carlos Peinado, instructor del caso contra Begoña Gómez, acata la petición de la Fiscalía Europea y acepta enviarle la investigación que abrió el pasado junio dentro de ese caso pero dirigida únicamente contra el empresario Juan Carlos Barrabés. La decisión tiene su origen en la reciente resolución de la Audiencia Provincial de Madrid, que excluyó al empresario del juicio con jurado que afrontará la esposa de Pedro Sánchez.

Esta nueva línea de investigación se centraba en un contrato de Red.es adjudicado a la UTE formada por la empresa de Barrabés (Innova Next) y la consultora KPMG. Se trata de una licitación que tuvo un presupuesto base de 4.053.500 euros y que contó con financiación de fondos de la Unión Europea. Ese hecho determina la competencia de la Fiscalía Europea, encargada de proteger los intereses financieros de la Unión.

El pasado junio, Peinado optó por abrir esta nueva línea de investigación tras recibir un decreto de la Fiscalía Europea en el que se detallaba que la adjudicación objeto de investigación “podría ser constitutiva de un delito de prevaricación y de fraude a los intereses de la Unión”.

Basándose en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, los fiscales europeos afirmaban que la adjudicación “se habría obviado la inexistencia de un libro blanco” que era requisito necesario para concursar, según recogían los pliegos. Ese expediente no contó con ninguna carta de recomendación firmada por la mujer de Pedro Sánchez.

Juan Manuel Serrano, quien fuera jefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE y expresidente de Correos, ha solicitado al juez Santiago Pedraz, instructor del caso Leire Díez, que anule la incautación y el clonado de su teléfono móvil y le devuelva el terminal. En un escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, la defensa de Serrano alega que agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil intervinieron su móvil sin “autorización judicial” antes de que tuviera la condición de investigado y exige la destrucción de los datos extraídos.

Su defensa presentó el escrito después de que el juez le citara para el próximo 18 de agosto para que “verifique” el clonado que la Guardia Civil hizo de su móvil. El exdirigente cuestiona que los agentes incautaran su teléfono el pasado 27 de mayo, cuando todavía no tenía la condición de investigado —que sí tiene del pasado julio—. Y denuncia, además, que la UCO clonó el móvil sin cumplir el mandato del juez Pedraz para que se hiciera en su presencia y acompañado de su abogado.

Así, la defensa de Serrano considera que la intervención del móvil no tiene cobertura legal al haberse producido fuera de los límites formulados por el auto judicial y que eso equivale a “una restricción del secreto de las comunicaciones no amparada por autorización judicial válida”, lo que debe derivar en la nulidad y la “inutilización probatoria de las grabaciones, transcripciones o hallazgos obtenidos al margen de la autorización”. Además, califica de “chocante” que Pedraz no ordenara la inmediata devolución del móvil después de que la UCO lo interviniera el pasado mayo.

El magistrado, que investiga los intentos de la presunta trama para, por un lado, hacerse con adjudicaciones públicas de manera irregular y, por otro, para torpedear procedimientos judiciales que afectan al PSOE y al entorno del presidente del Gobierno, imputó a Serrano el pasado julio. Tras recibir un atestado de la UCO, el juez tiene indicios para relacionar a Serrano con los integrantes de la organización criminal, sobre todo con el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y con la exmilitante socialista Leire Díez.

En su resolución, el juez detallaba las presuntas actuaciones irregulares que se le atribuyen en su etapa al frente de Correos y pone el foco en la “irregular” contratación en esa empresa pública de la 'fontanera' del PSOE y en que se sucedieron “distintas actuaciones de características semejantes a las denunciadas respecto de otras entidades públicas de la SEPI”.

Pedraz explicaba que tras nombrar a Leire Díez “llevó a cabo distintos procesos de contratación que permiten sostener que se llevaron a cabo con apartamiento de la normativa pública, en beneficio de la misma o de terceros (Vicente Fernández) y, todo indicaría, que se contaba con la aquiescencia de Juan Manuel Serrano.

La Audiencia Nacional ha abierto diligencias previas sobre la entrada a nado de decenas de miles de personas en Ceuta desde Marruecos ocurrida la semana pasada. En el marco de esas pesquisas previas, el tribunal especial ha solicitado a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional que realice un informe para averiguar si se trató de “una acción concertada o dirigida por alguna organización o grupo criminal”.

En un auto fechado el 31 de julio, la titular del Juzgado Central de Instrucción 3, María Tardón, solicita también que identifiquen “a quienes hubieran podido participar en tales acciones”. Una vez recibido este informe, la magistrada decidirá si es competente para asumir la investigación penal tras una denuncia del partido político Iustitia Europa.

En su denuncia, el partido señalaba hechos que podrían ser constitutivos de delitos contra la Seguridad del Estado, contra la Nación, de favorecimiento de la inmigración ilegal y tráfico de personas, de organización criminal y de omisión del deber de perseguir delitos. E iba dirigida “contra las personas físicas, integrantes de organizaciones criminales, funcionarios, autoridades, agentes, estructuras estatales o paraestatales extranjeras y autoridades de Marruecos o Españolas que resulten identificados”.

La denuncia pedía librar oficios al Ministerio del Interior, al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Departamento de Seguridad Nacional y Ministerio de Defensa para obtener informes de entradas, análisis de redes sociales y posibles injerencias extranjeras; así como requerir a la Guardia Civil las grabaciones de cámaras térmicas y radares de la frontera del Tarajal.

El auto de la jueza opta únicamente por reclamar a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras para que realice el citado informe con “carácter previo” a resolver sobre la competencia penal de la Audiencia Nacional sobre los hechos denunciados.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado imputar a otras 25 personas en el caso Leire, causa en la que investiga no solo las artimañas de la trama para acabar con procedimientos judiciales que afectaban al PSOE y al entorno de Pedro Sánchez sino también los presuntos amaños en contratación pública para favorecer a determinadas empresas. El juez toma esta decisión después de que así lo solicitara la Fiscalía Anticorrupción, y entre los nuevos imputados está la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), María Belén Gualda, y otros altos directivos de esa sociedad por su vinculación con el rescate público de la mercantil alavesa Tubos Reunidos.

Los indicios recabados a lo largo de la investigación apuntan a la existencia de una dinámica continuada de intermediación ilícita en la contratación pública, según resalta la Fiscalía en un nuevo informe. Los principales investigados Vicente Fernández (expresidente de la SEPI), el empresario Antxon Alonso, la exmilitante socialista Leire Díez y el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán “habrían actuado como nexo de influencia entre intereses privados y decisores públicos, incidiendo en la adopción de resoluciones administrativas, el resultado de procedimientos de contratación pública o la canalización de ayudas financieras, en beneficio propio o de terceros”. Para ello necesitaban “la necesaria e ilícita cooperación de terceras personas”, entre las que están los 25 nuevos imputados, pertenecientes bien al sector público, bien al sector privado.

Anticorrupción recuerda que los indicios recabados apuntan a cinco operativas que están relacionadas con la entidad pública Mercasa, con Enusa, con la sociedad pública Parque Empresarial del Principado de Asturias SL -participada por Sepides-, con Tubos Reunidos y con el grupo empresarial Forestalia. Todos los nuevos investigados tienen relación con esas entidades y con la SEPI. El Ministerio Público incide, como en anteriores informes presentados en la causa, que el grupo investigado habría actuado de forma coordinada mediante reuniones presenciales, comunicaciones telefónicas y mensajería segura “para la consecución de objetivos comunes, con vocación de permanencia” y para obtener “un rédito económico de origen ilícito”.

En el caso de Gualda, la Fiscalía la relaciona con el rescate público de Tubos Reunido en 2021 que se cifró en 115 millones de euros. Explica que, durante la investigación, se han detectado pagos efectuados por la acerera a favor de la mercantil Mediaciones Martínez SL -vinculada a la trama- por importe total de 114.950 euros. Esos pagos responderían, indiciariamente, “a las gestiones realizadas por los integrantes del autodenominado grupo 'Hirurok' en beneficio de aquella entidad, orientadas a la obtención de financiación procedente del denominado rescate articulado a través de la SEPI”.

El rescate de Tubos Reunidos

De hecho, la Fiscalía explica que, de los mensajes intervenidos a los miembros de la trama, pudo conocerse que la organización criminal investigada trabajó en favor de ese rescate, y que hablaban entonces de que Tubos Reunidos contaba con los informes favorables de las unidades de la SEPI, de los asesores externos y del Ministerio de Industria, “y el compromiso de su presidenta, Belén Gualda González con el CEO de Tubos Reunidos Francisco Irazusta para que su solicitud fuera aprobada por el consejo gestor del fondo” en una fecha determinada. De la mercantil alavesa, el juez ha decidido imputar también a Irazusta al entender que de las conversaciones recabadas se desprende que la trama facilitó “información relevante sobre la tramitación del expediente por cauces ajenos a los previstos oficialmente”.

Tras la aprobación por parte del Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) el 13 de julio de 2021 de la operación de apoyo financiero a Tubos Reunidos, se dio un intercambio de mensajes entre los principales investigados de los que se desprende “que dicha concesión habría tenido lugar gracias a su intervención y a sus relaciones personales con diversas autoridades públicas”.

“Esta conclusión se ve reforzada por los mensajes intercambiados con posterioridad (...) en los que Vicente Fernández enfatizaba la relevancia del supuesto encuentro entre Antxon Alonso y el PNV en la resolución del asunto, al haberse producido la aprobación tan solo una semana después”, explica el Ministerio Público. En otro mensaje cruzado, esta vez entre Vicente Fernández e Irazusta, ambos hablaron de la necesidad de concretar una contratación recurrente para Servinavar (empresa de Alonso y también vinculada a la trama) a modo de “agradecimiento” por la labor de los principales investigados.

Ya en noviembre de 2021 mantuvieron una reunión, según recogen los documentos intervenidos, con Irazusta y Jesús Pérez Rodríguez Urrutia -también de Tubos Reunidos- en la que se cerró la “colaboración”. Vicente Fernández, en un mensaje posterior recogía la oferta de la acerera: una cuota mensual de 5.000 euros con Mediaciones Martínez por trabajos de prospección de mercado. La UCO ha localizado 21 facturas referentes a esos trabajos. El importe facturado fue de 127.050 euros, de los cuales habrían sido efectivamente abonados 114.959 euros.

Además de Irazusta, el juez ha imputado de esa mercantil a Pérez Rodríguez Urrutia y al entonces director ejecutivo Carlos López de las Heras, éste último porque habría garantizado “la retribución de las ilícitas gestiones realizadas” por los investigados. A ellos se suma el entonces director corporativo de la SEPI Ángel Santiago Mesa, la directora de participadas de la SEPI y responsable de la tramitación del expediente de Tubos Reunidos Rosario Martín Manzanedo, y Miguel Ángel Figueroa Teva, que fue director de Participadas III entre 2018 y 2021 y que también remitió a Vicente Fernández información sobre la situación de Tubos Reunidos.

De hecho, los investigadores indican que ya desde finales de 2020 hubo contactos de Vicente Fernández con estos miembros de la SEPI “con el fin de recabar y contrastar información sobre el estado de la tramitación”. Y que el expresidente de la SEPI también medió con el fin de gestionar un crédito puente destinado a asegurar el cumplimiento de los requisitos de viabilidad de Tubos Reunidos.

A pesar de las gestiones previas, el 15 de junio de 2021, y una vez se celebró la reunión del Consejo Gestor, Figueroa Teva informó a Vicente Fernández de que la entonces secretaria de Estado de Energía Sara Aagesen -miembro nato de ese consejo gestor del FASEE- había manifestado su oposición a la aprobación de la operación, aparentemente por razones de carácter ecológico. Esto podía truncar el rescate y por eso la trama abrió la vía política con el PNV por medio de Antxon Alonso y Santos Cerdán. La Fiscalía recoge que se celebraron en ese marco una serie de reuniones a nivel político en las que habría participado Belén Gualda con el fin de agilizar la tramitación de la concesión de la ayuda temporal por parte del fondo FASEE. Finalmente, el Consejo Gestor del Fondo aprobó el 13 de julio de 2021 la prestación de esta ayuda, en forma de crédito participativo, operación que sería finalmente autorizada por el Consejo de Ministros el 20 de julio de 2021.

Tras la concesión, la trama realizó una suerte de seguimiento del asunto que se formalizó con Tubos Reunidos en varios contratos posteriores que buscaban la renegociación de las condiciones del préstamo, la reducción del coste de la deuda, la reducción de intereses, o el aplazamiento de la amortización anticipada del rescate con ocasión de la venta de un inmueble propiedad de la mercantil ubicado en Sestao.

Sobre esa venta hubo de nuevo contactos políticos de la trama con el gobierno vasco, en particular con Mikel Torres, actual vicelendakari. En noviembre de 2024, según el informe, el propio Santos Cerdán habría accedido a mantener una reunión con representantes de Tubos Reunidos en la sede de Ferraz. Finalmente, la SEPI dio su visto bueno a que la venta no tuviera que ser destinada a la amortización del préstamo público, y por estas gestiones Vicente Fernández habría recibido de la empresa vasca 40.000 euros.

El infome de la Fiscalía recoge, por otro lado, que en el requerimiento realizado en la sede del PSOE en Ferraz se intervinieron diversas evidencias, entre ellas una agenda con anotaciones manuscritas relativas a Tubos Reunidos, “vinculadas a la autorización del aplazamiento de la amortización parcial anticipada de la deuda con la SEPI”. Indica el Ministerio Público que esas anotaciones pondrían de manifiesto que Santos Cerdán habría tenido conocimiento de las pretensiones de Tubos Reunidos así como del papel desempeñado por los distintos investigados en relación con la obtención de la autorización correspondiente.

No habrá cese de Gualda

Fuentes jurídicas personadas en la causa ponen el foco en que en atestados de la UCO previos no se apuntaba a participación alguna de Gualda en esos esfuerzos de la trama por acelerar el rescate de Tubos Reunidos. Señalan, asimismo, que en el auto de la Audiencia Nacional de diciembre de 2025 que recogía la denuncia de Fiscalía, el nombre de Gualda no aparecía entre los denunciados.

Además, recuerdan que en un reciente informe del Ministerio Público de mayo de 2026 se apuntaba que la trama intentó interferir en la elección del presidente de la SEPI, algo que no lograron porque “el 03 de marzo de 2021 se nombró a Belén Gualda como nueva presidenta”. Tampoco consiguieron, según ese mismo informe, que bebe de atestados de la UCO previos, colocar a Leire Díez como jefa de gabinete de Gualda con el objetivo de “recuperar el control de la SEPI”. Existe al respecto un mensaje entre Vicente Fernández e Ibon Valentín Aperribay -de la empresa SAPA- en el que hablaban de las dificultades que ponía Gualda para enrolar a Leire Díez en su equipo, y contaban con reconducir la situación.

El Gobierno ha descartado este lunes el cese de la presidenta de la SEPI, María Belén Gualda. Fuentes del Ejecutivo aseguran que la integridad de Gualda no está cuestionada y asumen con “normalidad” la imputación para que pueda dar explicaciones y que se garanticen sus derechos de defensa. También defienden la “pulcritud” del expediente de Tubos Reunidos y la “honestidad” del resto de trabajadores investigados.

Estas mismas fuentes destacan que el funcionamiento del FASEE, que fue quien aprobó el rescate de Tubos Reunidos, ha contado con el control y la fiscalización oportuna. En concreto, recuerdan que la Intervención General del Estado auditó la gestión del fondo y el cumplimiento de la normativa aplicable, dando su opinión favorable a sus cuentas en todos los ejercicios. Que la Comisión Europea avaló en julio de 2020 la normativa que regula el FASEE. Que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha avalado en una sentencia de junio de 2024 el régimen de ayudas a otorgar por ese fondo. Y que el Tribunal de Cuentas ha avalado, en su informe publicado el pasado 27 de septiembre del 2024 todas las ayudas concedidas por el FASEE. En su informe concluía que la “SEPI aplicó adecuadamente la normativa en cuanto al cumplimiento de estos requisitos y a sus condiciones de financiación”.

La exconcejala del PP que denunció al alcalde de Móstoles por acoso sexual y laboral ha ratificado este lunes ante la jueza sus acusaciones. Según fuentes del caso, la mujer ha comparecido durante unas tres horas en el juzgado de la localidad que investiga a Manuel Bautista. Ha respondido a las preguntas que le han formulado la magistrada, el fiscal y el abogado de la defensa del alcalde.

Ante la jueza, la exedil ha repetido las acusaciones contra el regidor que figuran en la querella que presentó el pasado febrero, en la que le atribuyó delitos de acoso sexual, acoso laboral, delito contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos. 

La exconcejala de Móstoles denunció internamente un supuesto caso de acoso sexual que, por su negativa a acceder a las peticiones de Bautista, se convirtió en acoso laboral. Lo hizo ante el PP de Madrid, con cuyos principales dirigentes se reunió al menos en tres ocasiones, siempre con la excepción de Ayuso, quien no encontró un hueco en su agenda durante meses para recibirla personalmente. 

Ayuso sí recibió al alcalde, apuesta personal suya, apenas cinco días después de tener por escrito la petición de ayuda de la víctima. Pero el PP de Madrid no activó los protocolos ni abrió ningún expediente. Tampoco su Comité de Derechos y Garantías. Las reuniones fueron con el secretario general autonómico, Alfonso Serrano, y la responsable de Organización, Ana Millán, números dos y tres del partido, respectivamente. La última de las entrevistas del PP de Madrid con la concejala se produce el 2 de octubre de 2024. En esa cita, Millán amenazó a la denunciante con llevarla a los tribunales.

20 días después, la concejala remitió su denuncia a la dirección nacional, al margen de la dirección madrileña y a través de la Vicesecretaría de Organización nacional que entonces dirigía Carmen Fúnez. El partido cerró la investigación sin entrevistarla personalmente. El instructor recabó información directa de ella por correo electrónico. Con Bautista, sin embargo, sí hablaron personalmente.

Clonar un teléfono móvil, una tablet o un ordenador no equivale a abrir un cajón con papeles. Estos dispositivos concentran una ingente cantidad de información personal cuya difusión indiscriminada puede suponer un “atropello” a la intimidad. Es lo que ha denunciado esta semana el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero tras la filtración de miles de mensajes privados que intercambió durante los últimos tres años con su secretaria y de sus agendas personales de los años 2024 y 2025.

En el registro realizado el pasado mayo en su despacho, la Policía se incautó de casi medio centenar de elementos entre agendas en papel, carpetas, pendrives, discos duros… Los agentes también clonaron el teléfono de Gertrudis Alcázar, asistente de Zapatero desde hace más de dos décadas. Ahí estaban alojadas las conversaciones que los investigadores cruzaron con el contenido de las agendas y otra documentación y que sustentan el último informe del caso. Esa ingente cantidad de información —incorporada como anexo al citado informe— acabó después, en bruto, en manos de las 15 defensas y las 10 acusaciones populares que están personadas en el procedimiento y terminó llegando a los medios. 

Su difusión generalizada abre de nuevo el debate sobre las filtraciones de sumarios judiciales y, más concretamente, de información contenida en ellos sin relevancia para la investigación. La ley prevé un trámite específico de “expurgo” en el caso de las escuchas telefónicas, pero no para el clonado de móviles u ordenadores. No obstante, juristas consultados por elDiario.es apuntan que es “responsabilidad directa” del juzgado separar qué es relevante para la investigación para impedir que información sobre temas familiares, sanitarios o inocuos que es ajena al procedimiento acabe llegando al público. 

Así, defienden que el instructor del caso, José Luis Calama, debería haber ordenado una criba de toda esa información antes de volcarla a la plataforma que utiliza la Audiencia Nacional para compartir documentación con las partes. “Es responsabilidad del juzgado impedir que esto suceda, aunque las partes personadas también tienen que tomarse en serio la reserva de las investigaciones”, sostiene el catedrático de Derecho Penal Manuel Cancio. “El magistrado o el letrado de la Administración de Justicia deberían haber estado más atentos para evitar que todo el volcado del teléfono se pusiera a disposición a las partes”, añade Juan Luis Gómez Colomer, catedrático de Derecho Procesal. 

La Ley de Enjuiciamiento Criminal prevé como principio general que solo consten en el sumario las diligencias “cuyo resultado fuere conducente al objeto del mismo”. Sin embargo, los expertos remiten a la reforma realizada en 2015, que previó el trámite de expurgo para la interceptación de comunicaciones telefónicas y telemáticas. Sin embargo, el legislador no contempló un procedimiento equivalente para otras medidas también muy intrusivas como el registro de teléfonos móviles, discos duros u ordenadores.

Esa reforma introdujo la obligación de pedir autorización judicial para volcar estos dispositivos, pero no dice nada sobre cómo se debe cribar y destruir la información irrelevante extraída de ellos, según explica la profesora de Derecho Procesal Paloma Arrabal, quien ha realizado varios trabajos sobre la incorporación a causas judiciales del contenido de este tipo de elementos en los que se almacena información de forma masiva. “Esa previsión existe para la interceptación de comunicaciones, pero sería deseable que se hiciese para todas las diligencias de investigación”, añade esta experta. 

Ante la ausencia de un marco legal específico, las fuentes consultadas afirman que el procedimiento habitual consiste en poner el contenido del volcado a disposición de la defensa del investigado y de la Fiscalía para que se pronuncien sobre qué información debe conservarse e incorporarse a las actuaciones y cuál debe ser eliminada. Tras ello, corresponde al juez adoptar la decisión definitiva. Sostienen que ese paso habría evitado la difusión generalizada de información sobre Zapatero sin relación con la investigación. 

Para ello, algunos magistrados optan por abrir, dentro del procedimiento, lo que se conoce como “pieza separada de expurgo”, un compartimento estanco en el que se analiza la documentación incautada y se delimita qué es útil para la causa y qué debe excluirse. Esa pieza se mantiene en secreto mientras se realiza la criba. Así ha operado recientemente el juez Santiago Pedraz en la causa contra la exmilitante socialista Leire Díez a petición de la defensa de esta última. 

Este viernes, el abogado de Zapatero pidió precisamente al juez Calama la apertura de un cauce similar al que únicamente pueda acceder la Fiscalía y la parte afectada para “que se pueda eliminar todo aquello que tenga carácter personal y sea ajeno al objeto de la causa”. Su abogado denunció que en los anexos filtrados figuraba hasta la contraseña de la cuenta de correo de Zapatero y otros datos relevantes y privados como sus números de teléfono o de cuentas bancarias. 

Ante la ausencia de una regulación específica, el Tribunal Supremo ha ido delimitando en algunas de sus resoluciones el alcance de este tipo de diligencias que afectan al derecho al entorno digital. Por ejemplo, ante el intento de la defensa de Álvaro García Ortiz de anular el registro de su despacho, los jueces de la Sala de lo Penal afirmaron que en los registros de teléfonos u ordenadores hay que tomar “cautelas” a posteriori para “evitar excesos” y que se debe “limitar el examen a los contenidos de interés y blindar todo lo restante”. En esta ocasión únicamente fueron aportados a la causa los mensajes de la fiscal jefa provincial de Madrid que tenían vinculación con el procedimiento. 

No ha ocurrido así en otros casos, donde datos de índole privada han llegado al público después de no ser cribados en los juzgados. Le ocurrió recientemente al exministro José Luis Ábalos, del que se difundieron sus audios con el que fuera su asesor eligiendo mujeres. A Iñaki Urdangarin, entonces duque de Palma, del que trascendió que estampaba el autógrafo “em...Palma...do” en sus mensajes de negocios. O al diputado de ERC Lluís Salvadó al que llegaron a intentar expedientar en el Parlament después de que se incorporara a la causa sobre el referéndum una conversación de tono machista y racista. También el ex ‘número dos’ de Interior con el PP Francisco Martínez denunció el volcado íntegro en el caso Kitchen de sus conversaciones de WhatsApp. 

Investigaciones sobre filtraciones

A la espera de ver qué responde al último escrito de la defensa de Zapatero, el juez Calama anunció el jueves que tomará medidas tras lo ocurrido. Acordó pedir a los juzgados de Madrid que abran una causa para investigar las filtraciones e identificar a sus responsables dada “la gravedad de los hechos”, si bien se trata de investigaciones con un recorrido muy limitado. 

El Tribunal Constitucional tiene en el cajón un caso relacionado con este tipo de filtraciones en sumarios que se encuentran secretos con informes de unidades policiales conocidos antes por el gran público que por los investigados. Los magistrados tienen pendiente de admitir o inadmitir a trámite la queja de los acusados del caso de los ‘Comités de Defensa de la República’ (CDR) del procés contra la negativa de los tribunales madrileños a investigar dónde estuvo el coladero de información de la Audiencia Nacional por el que se filtró la información de su caso. Esta deliberación sobre la admisión a trámite de los recursos todavía está pendiente tras más de un año de tramitación. 

El catedrático Manuel Cancio considera un “escándalo permanente” y una “anomalía” el hecho de que en España los sumarios se filtren íntegramente a los medios de comunicación de forma continua. Sostiene que esta situación contrasta con la de países como Alemania, donde la fase de investigación preliminar recae en la Fiscalía y es completamente reservada. 

En España, por el contrario, la existencia de múltiples partes personadas provoca que la información se filtre casi en tiempo real con las consecuencias que ello acarrea por la creación de juicios paralelos y mediáticos, dice este experto. “Eso perturba muchísimo el desarrollo del proceso”, añade Cancio, quien sostiene que las filtraciones se manejan “mediática y políticamente”. Colomer, por su parte, afirma que detrás de estas filtraciones suele haber “razones puramente económicas, para sacar dinero; o políticas, dado que se busca hacer daño”. 

Como propuesta para impedir estas filtraciones y facilitar su persecución, los expertos proponen una medida ya muy habitual en los juzgados: incluir “marcas de agua” de los documentos que dejen rastro sobre quién está moviendo la documentación. “Es una forma interesante de rastrear de dónde sale la información”, dice Arrabal. Esta fue precisamente una de las medidas reclamadas esta semana al juez por la defensa de Zapatero.

La cuestión de las filtraciones tiene implicaciones también en materia de libertad de prensa, dado que publicar documentos filtrados de interés público supone un ejercicio legítimo del derecho a la información. La Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que “las diligencias del sumario serán secretas hasta que se abra el juicio oral”, si bien el Tribunal Constitucional ha reiterado que eso no significa que no se pueda informar cuando se trata de asuntos de relevancia. 

A este respecto, Cancio se opone a cualquier intento de prohibir o criminalizar a la prensa, dado que esto chocaría frontalmente con la libertad de expresión. A su juicio, el foco debe ponerse en la ética del periodista —que no debería publicar datos íntimos sin relevancia penal— y en los juzgados y partes personadas en el proceso, que tienen que “tomarse en serio” el “deber de reserva” sobre los procedimientos. 

La defensa del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha presentado un nuevo escrito en el juzgado en el que reclama al juez José Luis Calama que saque de la causa el último informe policial aportado al caso, centrado en sus negocios en Bolivia.

Su abogado, Víctor Moreno Catena, argumenta que ese atestado contiene “hechos ajenos a los investigados” y que han sido “analizados como resultado de una investigación prospectiva y no autorizada”. El documento pone la lupa sobre los negocios del expresidente del Gobierno en Latinoamérica y le acusa de cobrar 200.000 euros a cambio de usar su influencia en favor de una empresa en Bolivia. 

En el registro realizado el pasado mayo en su despacho, la Policía se incautó de casi medio centenar de elementos entre agendas en papel, carpetas, pendrives, discos duros… Los agentes también clonaron el teléfono de Gertrudis Alcázar, asistente de Zapatero desde hace más de dos décadas. Ahí estaban alojadas las conversaciones que los investigadores cruzaron con el contenido de las agendas y otra documentación y que sustentan ese informe. 

Esa ingente cantidad de información —incorporada como anexo al citado informe— acabó después, en bruto, en manos de las 15 defensas y las 10 acusaciones populares que están personadas en el procedimiento y terminó llegando a los medios, algo que la defensa del expresidente considera un “atropello” a su intimidad. En consecuencia, reclama al magistrado que adopte medidas para evitar la “difusión indiscriminada” de datos personales del expresidente y de otros investigados. 

En concreto, solicita que se abra una “pieza separada de expurgo” para que la Fiscalía y la defensa revisen el material incautado en los registros policiales y eliminen cualquier dato de carácter estrictamente personal antes de que las demás partes tengan acceso a él, así como que se incorporen marcas de agua a los informes y los anexos documentales que se suben a la plataforma informática para evitar y disuadir las filtraciones. 

Además, la defensa del exdirigente socialista sostiene que no se puede abrir una “causa general” contra él y reclama que la investigación se limite a los hechos acotados en su auto de imputación. Así, reclama al juez que ordene a la Policía que limite su investigación exclusivamente a los hechos que fueron delimitados en el auto de 18 de mayo de 2026 que supuso la imputación de Zapatero, centrado en su supuesta relación con el rescate de la aerolínea Plus Ultra y sus supuestos trabajos de consultoría para Análisis Relevante, la sociedad del empresario que pagó cientos de miles de euros tanto a él como a sus hijas. 

La defensa del expresidente también solicita al juez que prohíba de forma “expresa” a los agentes de la UDEF la utilización de información masivamente obtenida de Zapatero o de terceros para investigar cualquier actividad personal o profesional realizada por él más allá de la delimitada en el citado auto. 

En un segundo escrito, el abogado del exdirigente socialista recurre la decisión del juez de permitir que las acusaciones populares personadas en el procedimiento principal se incorporen a la causa por las joyas incautadas en el despacho. “Respetuosamente entendemos que no se ha ponderado adecuadamente – o no se explicita— la legitimación que puedan tener tales acusaciones populares (asociaciones, partidos políticos y particulares) en la presente pieza, pues los hechos y delitos investigados tienen una naturaleza y alcance radicalmente distinto a los de la pieza principal”, señala.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha declinado la invitación formulada por los ultracatólicos de HazteOir y el partido minoritario Iustitia Europa para participar en una jornada sobre acusaciones populares. En una misiva fechada el 25 de junio, a la que ha tenido acceso elDiario.es, Bolaños esgrime motivos de agenda y señala que le habría gustado participar en el evento para explicar cómo, a su juicio, estas organizaciones llevan a cabo “persecuciones basadas en motivos ideológicos”. 

HazteOir, Iustitia Europa y otros colectivos vinculados a la extrema derecha impulsan en solitario los casos contra la mujer y el hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Han reclamado para ambos elevadas condenas de prisión: 24 años en el caso de Begoña Gómez y seis años en el de David Sánchez.

Además, ambas organizaciones ejercen la acusación popular en las causas en las que se investiga a los ex secretarios de Organización del PSOE Santos Cerdán y José Luis Ábalos, en el procedimiento abierto contra José Luis Rodríguez Zapatero y en las pesquisas sobre las supuestas maniobras urdidas por la exmilitante Leire Díez para torpedear investigaciones que afectan al partido y al Gobierno. 

En la carta, el ministro acusa directamente a ambas organizaciones de “desnaturalizar” una institución concebida originalmente para la defensa del interés general y de utilizarla con el “único propósito de hostigar a representantes políticos progresistas y a sus familias”. Bolaños afirma que estas entidades están “pervirtiendo la figura de la acusación popular con el único objetivo antidemocrático” de llevar a cabo dichas persecuciones. Por todo ello, el ministro concluye que organizaciones como estas “no deberían estar legitimadas para impulsar determinadas acciones judiciales”.

Además, Bolaños expone que, ante este escenario, el Gobierno considera “urgente” modificar el desarrollo del artículo 125 de la Constitución para evitar que la acción popular se utilice para fines ajenos al proceso penal, “tal y como sucede actualmente”. 

En la carta, el ministro alude a la reforma de la acción popular que ha planteado el Ejecutivo. Esa reforma, que se encuentra en tramitación en el Congreso, limita la acusación popular al vetar a los partidos políticos y sindicatos, restringirla a determinados delitos —sí están incluidos los de corrupción— y exigir un “vínculo legítimo” con la causa en cuestión para poder ejercerla. La voluntad del Gobierno es tramitar ahora esta reforma, pero, si finalmente es aprobada, no entrará en vigor hasta el 1 de enero de 2028, por lo que no afectará a los casos en curso.

“En definitiva, estaría encantado de decirles que están ustedes pervirtiendo la figura de la acusación popular con el único objetivo antidemocrático de perseguir a personas progresistas y a sus familias, lo que hace urgente una reforma legal de esta institución en los términos propuestos por el Gobierno. Esas son las razones por las que considero que organizaciones como las que ustedes representan no deberían estar legitimadas para impulsar determinadas acciones judiciales mediante el ejercicio de la acción popular”, concluye el ministro en su carta. 

La causa de la Audiencia Nacional en la que está imputado José Luis Rodríguez Zapatero ha alcanzado una nueva dimensión después del último informe policial aportado al juez José Luis Calama. El atestado, al que ha tenido acceso elDiario.es, pone la lupa sobre los negocios del expresidente del Gobierno en Latinoamérica y le acusa de cobrar 200.000 euros a cambio de usar su influencia en favor de una empresa en Bolivia. Se trata de sospechas que van más allá de su supuesta relación con el rescate millonario de la aerolínea Plus Ultra en España y sus supuestos trabajos de consultoría para Análisis Relevante, la sociedad del empresario que pagó cientos de miles de euros tanto a él como a sus hijas. 

La tesis del juez Calama es que esos pagos de Análisis Relevante eran facturas simuladas para canalizar los fondos que cobraba la trama a compañías con intereses en obtener ayudas públicas o favores, como Plus Ultra. En su declaración ante el juez, Zapatero defendió que hay un trabajo real detrás; tanto suyo, que realizaba informes de consultoría; como de sus hijas, que se encargaban de maquetarlos. Sin embargo, el último atestado policial aportado al sumario ahonda en la tesis de que el expresidente camuflaba bajo falsos contratos de asesoría supuestas gestiones con “altas esferas políticas”. 

En este caso, la UDEF le acusa de haber cobrado 200.000 euros del conglomerado peruano Grupo Gloria, propietario de Soboce, una cementera boliviana que había sido condenada a pagar más de 100 millones de dólares a otra empresa por competencia desleal. Esos 200.000 euros habrían llegado a Zapatero a través de la “sociedad interpuesta” Focus Social Research, de origen peruano, con quien firmó un contrato de consultoría. Pero el atestado sostiene que el expresidente no hizo trabajo de asesoría alguno, sino que se desplazó a Bolivia en septiembre de 2024 para reunirse “con altas esferas políticas” del país.

Los investigadores se basan, para ello, en el contenido de las agendas del expresidente que los agentes se llevaron de su despacho el pasado mayo y de los mensajes incautados a su secretaria Gertrudis Alcázar, también imputada. Esos mensajes apuntan a que negociaba facturas, borradores de contrato y pagos con una directiva del Grupo Gloria y con otra intermediaria, la exembajadora boliviana Carmen Almendras; y que agendó reuniones con mandatarios del país tras mantener conversaciones con ambas. 

La UDEF concluye que estos hechos son una prueba más de que “aprovechando sus contactos y ascendencia pública internacional”, Zapatero se dedicaría al “ejercicio de influencias de carácter ilícito en beneficio de distintos clientes”. 

En el entorno del expresidente defienden que ese trabajo fue “una actividad de consultoría legal por completo”, y que además no tiene nada que ver con el objeto de la causa abierta en la Audiencia Nacional, centrada en si influyó en el rescate con dinero público de la aerolínea Plus Ultra, algo que ha negado de forma reiterada. “Sería inaceptable hacer una investigación prospectiva de la tarea profesional del expresidente”, denuncian estas fuentes al entender que este nuevo informe se nutre de mensajes con su secretaria que nada tienen que ver con el préstamo a la aerolínea. 

La sospecha de los investigadores, sin embargo, es que ese contrato escondía un mecanismo para vehicular los pagos por ejercer su influencia sobre el entonces presidente boliviano Luis Arce y otras autoridades y solucionar el litigio millonario que afectaba a la empresa cementera. En febrero de 2025, unos meses después de la visita de Zapatero, el Tribunal Supremo de Bolivia condenó a la cementera a pagar 107 millones de dólares a la empresa rival. Pero tres meses después, otro tribunal dejó sin efecto la orden de pago. En la actualidad, el Tribunal Constitucional está pendiente de confirmar o revocar ese amparo.

La Policía no acusa directamente a Zapatero de haber conseguido que los tribunales de Bolivia dieran la razón a esta empresa de la que cobraba, pero sí superponen ambos hechos de forma cronológica. “Se desprende que Zapatero solicita la intermediación del presidente Arce ante el Procurador General, si bien la intermediación la haría directamente el ministro Siles por indicación del propio Arce”. Luis Arce fue presidente de Bolivia entre noviembre de 2020 y noviembre de 2025, pocos meses después de esa supuesta intermediación. César Siles, por su parte, fue ministro de Justicia de Bolivia hasta su dimisión en junio de ese año.

Las agendas íntegras de Zapatero

El último informe de la UDEF aportado al procedimiento tiene dos fuentes principales, según citan los propios investigadores: las agendas de Zapatero correspondientes a los años 2024 y 2025 y las conversaciones de WhatsApp y correo electrónico que su secretaria mantuvo tanto con sus contactos en Latinoamérica como con el propio expresidente. El entorno del expresidente del Gobierno ha mostrado su malestar en las últimas horas por la aportación íntegra de esas agendas y conversaciones al procedimiento, y su posterior publicación, sin que haya existido un expurgo previo por parte de la UDEF. Desde el PSOE también han cargado contra esa difusión porque son, en su mayoría, mensajes privados: “Utilizar una investigación para exponer aspectos de la vida privada ajenos al procedimiento genera indefensión y desborda los límites que deben proteger cualquier actuación judicial”.

La documentación aportada al sumario por la unidad policial en forma de anexos revela, por ejemplo, que Zapatero reaccionó a la detención el pasado diciembre de su amigo Julio Martínez Martínez, el empresario que le pagó a través de Análisis Relevante 490.780 euros a Zapatero y 239.755 a la empresa de sus hijas entre 2020 y 2024. Los mensajes muestran que a partir de entonces empezó a recopilar información sobre su actividad profesional como consultor, así como sobre las conferencias y cursos en los que había participado desde 2020. “¿De cuánto es la primera factura de AR?”, preguntó a su secretaria en alusión a Análisis Relevante cinco días después de la detención del empresario.

Las agendas y conversaciones recogen información relacionada con sus trabajos en Bolivia, pero su aportación en bruto al procedimiento ha dejado al descubierto todas y cada una de sus citas de 2024 y 2025 así como conversaciones privadas con su secretaria sobre la actualidad política, gestiones sobre transportes y la salud de familiares. 

El contenido de estos documentos revela sus relaciones con grandes empresarios españoles: Ángel Escribano (Indra), Carlos Torres (BBVA) o Mario Ruiz-Tagle (Iberdrola), entre muchos otros. Y también figuran reuniones con otros políticos, no solo del PSOE, como Irene Montero, Pablo Bustinduy y Yolanda Díaz. 

El caso que investiga a Zapatero avanza en la Audiencia Nacional y el juez Calama ha puesto en marcha varias diligencias clave para las próximas semanas. El empresario Julio Martínez Martínez está llamado a declarar el próximo 21 de julio en calidad de investigado. Además, el juez también ha imputado a Alba y Laura, las hijas del expresidente, y a la secretaria Gertrudis Alcázar.

El informe de la UDEF recién incorporado al proceso sobre los negocios de Zapatero en Bolivia fue redactado el 22 de junio, varios días después de que el expresidente compareciera como investigado ante el juez Calama. A lo largo del interrogatorio el magistrado intentó preguntar al político por este contrato con Focus Social Research, pero Zapatero se negó a contestar: “No voy a decir nada más de esto. Tengo un contrato de asesoramiento y ya está”, afirmó.

El avance de las pesquisas determinará si el instructor pone en marcha más diligencias sobre los negocios internacionales de Zapatero no relacionados con Plus Ultra ni con Análisis Relevante y su amigo Julio Martínez Martínez. 

Begoña Gómez ha acudido este miércoles a los juzgados de la Plaza de Castilla de Madrid para entregar su pasaporte. La entrega de esa documentación forma parte de la batería de medidas cautelares impuestas por el juez Juan Carlos Peinado a petición de las acusaciones ultras que sustentan la causa.  

La mujer del presidente del Gobierno ha accedido a la sede judicial en coche por el garaje después de que lo autorizara la presidenta del Tribunal de Instancia de Madrid, María Jesús del Barco, para así prevenir incidentes que pudieran poner en riesgo su integridad física. Su equipo de seguridad presentó un informe en el que subraya que “existe un ambiente hostil y de rechazo social evidente, lo que da lugar a que en ocasiones se produzcan interpelaciones, insultos a través de megafonía, con exhibiciones diversas pancartas”. 

Peinado acordó el pasado sábado enviar a juicio a Begoña Gómez, así como imponerle otras medidas cautelares, como la prohibición de salir de España o la obligación de comparecer cada 15 días en sede judicial. La decisión del magistrado soliviantó al Gobierno y al PSOE, donde mantienen que la iniciativa de Peinado “constata la persecución, la obsesión y la desproporción” de un magistrado que ha llevado a cabo una instrucción “que carece de todo sentido jurídico y que solo atiende a motivos políticos”, según una nota distribuida a los medios por el propio Ejecutivo. 

La entrega del pasaporte se ha producido apenas unas horas después de que Pedro Sánchez compareciera en el Congreso para dar explicaciones sobre el aluvión de causas judiciales que asedian al Gobierno y mantienen la legislatura al borde del bloqueo. “Para mí no es fácil hablar de ellos. Porque afectan a las personas que más quiero. Y porque sé, sin el más mínimo grado de duda, que se construyen sobre acusaciones infundadas y un patrón de acoso y derribo similar al que hemos visto desplegar en otros países occidentales”, ha dicho Sánchez sobre su hermano, que fue juzgado recientemente; y su pareja.

Los escoltas podrían “facilitar” la fuga, según Peinado

En su auto, el Peinado justificó que el hecho de que Begoña Gómez tenga escolta policial y, por tanto, esté siempre acompañada por autoridades no impide el riesgo de que huya de España. Apuntaba, incluso, que los policías podrían ayudarle a fugarse. “Lo que no cabe duda es que, esos agentes en un momento determinado, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, sean precisamente, quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo, para facilitar esa fuga, que haga imposible, que la acusada se encuentre a disposición de la justicia”.

Tras trascender el auto, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, elevó una queja a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, por el “grave cuestionamiento de la profesionalidad de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”. El pasado lunes, la Comisión Permanente del CGPJ instó a la autoridad disciplinaria del órgano a investigar si Peinado incurrió en una infracción por hacer esta afirmación en su auto.

El 11 de diciembre de 2025 el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid acordó la detención de tres personas en el marco de una causa que giraba en torno a la aerolínea Plus Ultra. Una de ellas era el empresario Julio Martínez, amigo personal del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y administrador de una consultora denominada Análisis Relevante para que también había trabajado el exmandatario.

Ahora, gracias al chat que mantenían el expresidente y su secretaria Gertrudis Alcázar, y al que ha tenido acceso elDiario.es, ha trascendido que cinco días después de que se produjera esa detención y tras la declaración de Julio Martínez ante el juez tras ese arresto -quedó en libertad con retirada de pasaporte-, el expresidente pidió a su empleada que le buscara “de cuándo es la primera factura de AR”. “24 de junio de 2020, de un diálogo que hiciste con Miguel”, le respondió Gertrudis Alcázar tan solo un minuto después.

Al día siguiente, bien temprano, el expresidente volvía a escribir a su secretaria -a la que la UDEF asigna un papel relevante en esa presunta trama que se investiga y que se dedicaría al tráfico de influencias-. “Buenos días. Mira a ver cuantos viajes hice a Venezuela del 20 al 25”, le inquirió. Una hora después tenía la respuesta: “8 de 2020 a 2025 de los cuales 3 han sido procesos electorales”.

Zapatero estaba recopilando datos que tenían relación con sus trabajos de consultor y que pudieran tener relación con Julio Martínez. De hecho se interesó por saber el porcentaje de IRPF que se le aplicaba. Gertrudis tenía todo en la cabeza y les respondió: “En las facturas el 15%, el final en el irpf está en torno al 40%”. Puesto que el expresidente no tenía claro si era la cifra adecuada, preguntó si ese era “el máximo”, a lo que le contestó que sí, “42,93% (23,04% estatal + 19,89% autonómico)”.

En esos días, el expresidente también canceló varios encuentros y comidas programadas, aunque del literal de los mensajes no queda claro que el motivo fuera la investigación abierta a su amigo y las detenciones realizadas. Una de esas citas era con la líder de Podemos, Ione Belarra. Además, arrancó contactos con periodistas que le solicitaban información sobre su relación con el detenido. “Confirma el inmobiliario. Confirma que no hice absolutamente ninguna gestión ante nadie. Y que tengo una larga amistad con Julio Martínez”, explicaba a Gertrudis.

Ya el 19 de diciembre de 2025, Zapatero se preparaba para tener toda la información que le pudiera afectar por la trama en la que acabó, meses después, siendo imputado por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama: “Buenos dias. Vamos preparando: Viajes desde 2020 , con detalle actividad de los facturados. Porcentaje ingresos de AR (Análisis Relevante) en los últimos diez años”. Ante las dudas de Gertrudis, Zapatero indicaba que quería lista de “todos” los viajes y “más especificados con agenda los de AR” . Gertrudis le preparó un excel con todo lo que le requería.

El minuto a minuto de ese chat, que incluye hasta datos tan personales como las medicinas que toma el expresidente Zapatero, si salía a correr o el estado de salud de familiares y conocidos, refleja también una aparente primera reacción a la detención de su amigo. Era 15 de diciembre y ante la reflexión de Gertrudis que le dijo estar “preocupada no por los datos sino por la intencionalidad como se cuentan y por las lobas”, él le respondió que “todo eso va a ser inevitable”: “Hay que asumir que tenemos una temporada por delante ácida”.

Tiempo después, ya en febrero de 2026, Zapatero pedía “hacer un expurgue de reuniones, actos, charlas almuerzos, zooms” que tuvieran cierto interés “para nuestro tema” desde 2020. También solicitaba “preparar una relación selectiva de conferencias o paneles internacionales”. “Los 20 más representativos empezando por Harvard y Oxford”, añadía.

Zapatero declaró ante Calama el pasado 17 de junio en calidad de investigado y, tras más de dos horas de un interrogatorio que fue capitalizado por el magistrado, el expresidente salió de la cita sin medidas cautelares a pesar de que la Fiscalía había pedido que se le retirara el pasaporte. Con todo, y según el auto de Calama de ese mismo día, el expresidente no logró convencerle con sus explicaciones y sostuvo, por tanto, que los indicios siguen intactos.

Entre los miles de chats que han visto la luz este miércoles, fruto de una conversación constante con su secretaria para que agendara reuniones, consta también una cita con el ministro de Justicia Félix Bolaños y el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán previsiblemente el 24 de abril de 2025. Cerdán acabó siendo imputado en el caso de obra pública que inicialmente investigaba el Supremo y entró en prisión provisional a finales de junio. Ya el 19 de mayo de 2025 también se fija otra reunión en la que participarían tanto Zapatero como el diputado socialista leonés Javier Alfonso Cendón y Santos Cerdán.

Desde el PSOE han lamentado que se hayan filtrado numerosos mensajes privados de Zapatero sobre temas ajenos a la investigación judicial, así como citas de su agenda. “Es una cacería incompatible con las garantías que exige una democracia”, han señalado fuentes del partido. El Gobierno, en el mismo sentido, ha mostrado su “preocupación” por la frecuencia con que se dan filtraciones de este tipo en las causas judiciales: “Se trata de información que no guarda relación con el objeto de las investigaciones y que vulnera la privacidad y los derechos de las personas afectadas”, añaden.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha citado a declarar como investigado el próximo 21 de julio a las 9 de la mañana al empresario alicantino Julio Martínez Martínez, administrador único de Análisis Relevante, la sociedad que hizo pagos de miles de euros a José Luis Rodríguez Zapatero y a la empresa de sus hijas. El juez le atribuye el rol de “lugarteniente principal y figura visible” de la “estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias” presuntamente liderada por el expresidente del Gobierno.

El nombre de Martínez Martínez trascendió al ámbito público el pasado diciembre, cuando fue detenido en el marco de una investigación iniciada para analizar si el rescate de la aerolínea Plus Ultra sirvió para lavar dinero de Venezuela y que ha acabado con la imputación de Zapatero. En el epicentro de esa presunta red está su empresa Análisis Relevante, que cobró más de 300.000 euros de Plus Ultra, compañía rescatada en la pandemia, y a su vez pagó 490.780 euros a Zapatero y 239.755 a la empresa de sus hijas entre 2020 y 2024. 

Cuando fue detenido, los agentes de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) encontraron en su domicilio 300.000 euros en billetes que atribuyó a la venta de una vivienda no declarada a Hacienda. La Policía halló también un contrato por el que cobraría de Plus Ultra una comisión del 1% (530.000 euros) en caso de que se lograra el rescate. El juez sospecha que el empresario acabó cobrando ese dinero a través de una offshore en Dubái cuya creación atribuye a Zapatero a partir de unos indicios que, por el momento, están por atar. Hacienda ha confirmado que no hay constancia de ese pago en España. 

El auto del juez Calama también atribuye a Martínez Martínez el rol de intermediario en distintos asuntos en Venezuela, donde Zapatero ha ejercido de actor reconocido del Gobierno español para mediar en la situación política y conseguir la liberación de presos políticos. El juez apunta que consiguió permisos excepcionales de vuelo para que Plus Ultra operara en Venezuela durante la pandemia gracias a la mediación de Zapatero. También intercambiaba “cartas de intención” sobre negocios millonarios de petróleo, buques, compraventa de oro y divisas que hacía llegar a la oficina del “Presidente Zapatero”.

El Tribunal Supremo ha decidido por unanimidad condenar a 24 años y tres meses de cárcel al exministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, por el conocido como 'caso Mascarillas' de corrupción. El tribunal también impone 19 años y 8 meses de prisión a su antiguo asesor, Koldo García, y cuatro años y medio a Víctor de Aldama. El empresario, que según el Ministerio Público obtuvo un beneficio con la venta de mascarillas de 3,7 millones de euros, no tendrá que entrar en la cárcel después de que los jueces, teniendo en cuenta su confesión, hayan suspendido la ejecución de su condena a cambio de no volver a delinquir y hacer trabajos para la comunidad.

La sentencia del Tribunal Supremo considera probados casi todos los aspectos de la acusación que ejerció la Fiscalía Anticorrupción sobre esta trama corrupta que anidó en el Ministerio de Transportes, sobre todo durante la pandemia. Los tres, dice el Supremo, vieron una “oportunidad” en que Ábalos fuera ministro y constituyeron una “organización” para “obtener un común beneficio económico”.

Hubo ilegalidades en la adjudicación de hasta 13 millones de euros en contratos de suministros de mascarillas salidos de Puertos del Estado y ADIF a Soluciones de Gestión, una empresa vinculada a Aldama, quien se lucró con comisiones que a su vez entregó a los otros dos acusados. La sentencia afirma que Aldama canalizó las comisiones percibidas a través de dos sociedades por un importe de 6,6 millones de euros; y que Ábalos y su exasesor le pidieron 2 millones y 500.000 euros, respectivamente, que el comisionista incluyó en sus previsiones de gastos.

También considera probado que Ábalos recibió diversas dádivas a cambio: 10.000 euros al mes por gastos además de la contratación de dos mujeres de su entorno en empresas públicas y el pago de un piso a una de ellas. Finalmente consideran delictivo el alquiler de un piso a cambio de “gestiones relacionadas” con la emisión de una nota de prensa sobre el rescate de Air Europa y la concesión de una licencia de hidrocarburos.

Al empresario Víctor de Aldama los siete magistrados de la Sala de lo Penal le imponen cuatro años y medio, por lo que reducen la petición que solicitaba la Fiscalía en su escrito de acusación siguiendo así el camino que les marcó tanto el PP como el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, que consideraban que, dada su colaboración con el esclarecimiento de los hechos, era merecedor de ampliar la reducción de la pena.

Los jueces de la Sala de lo Penal atribuyen delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación al exministro de Transportes. En su caso la condena supera los 24 años de cárcel pero el cumplimiento efectivo entre rejas, explica el Tribunal Supremo en su resolución, no podrá pasar de los 15 años y 8 meses. Koldo García, de la misma manera, pasará un máximo de 15 años en la cárcel aunque su condena sea de casi dos décadas.

Jessica Rodríguez, “un plan de actuación” de Ábalos

Sobre la contratación de Jessica Rodríguez, la sentencia da por probado que Ábalos, “aprovechándose de la privilegiada situación por su condición de ministro concibió y desarrolló un plan de actuación, consistente en desplegar toda su influencia para que ella fuera contratada por alguna empresa pública integrada en la estructura del Ministerio o que prestara sus servicios a alguna de estas con la finalidad de que percibiera un sueldo sin que tuviera que desempeñar, como contraprestación, ninguna actividad laboral”. 

En esta ocasión, Ábalos se ayudó de Koldo García “como solía”, según recoge el fallo. En primer lugar, García le habría encontrado el trabajo y después se habría encargado de “eludiera o sorteara” los controles y no tuviera que acudir a su puesto. 

La sentencia deja claro que Koldo García implicó en los hechos a Isabel Pardo de Vera, presidenta de Adif entonces, pero que ella es “no juzgada en esta causa”. “Se decidió que la empresa contratante sería la sociedad estatal de Ingeniería y Consultoría (INECO)”, dependiente de Adif. Cuando acabó el contrato con Ineco, Koldo García volvió a recurrir a Pardo de Vera para que fuera contratada en otra empresa pública, Tragsa. 

Hay otra persona que participó en la corruptela y que no es juzgada en el Supremo, según se encarga de señalar el tribunal. En este caso se refiere a Joseba García, hermano de Koldo, al el grupo utilizó para que Jessica Rodríguez pudiera decir que trabajaba directamente a las órdenes de este en Ineco.

Jessica Rodríguez recibió 34.450 euros brutos como salario y ADIF nunca mostró “reserva alguna o se mostrará disconformidad con relación al desarrollo del contrato”. A los tres días de acabar el contrato con Ineco, Jessica Rodríguez fue contratada en Tragsa. Para ello, Pardo de Vera dio instrucciones a otro cargo del Ministerio que tampoco fue juzgado en el Supremo. 

Cuando los responsables de Tragsa pidieron explicaciones por la falta de asistencia al trabajo de Jessica Rodríguez fue el ministro en persona quien indicó a Pardo de Vera que su amiga no fuera molestada, como así ocurrió, según relata el fallo. De Tragsa, Rodríguez cobró 9.500,4 euros netos. 

La sentencia se detiene en explicar que el Ministerio de Transportes hizo pública una nota de prensa para “tranquilizar” a los acreedores de Air Europa en plena pandemia y que eso ocurrió por las gestiones de Víctor de Aldama, que cobraba más de 12.000 euros al mes de la compañía. La nota se redactó e hizo pública “con la colaboración de Koldo García y el conocimiento y asentimiento de José Luis Ábalos”.

Ábalos disfrutó nueve días de un chalet en Marbella con su familia “en pago a las gestiones realizadas en relacion con el rescate de Air Europa”, añade el fallo.

El chalet de La Alcaidesa, cohecho pero no tráfico de influencias

La sentencia absuelve a los acusados del delito de tráfico de influencias por las gestiones realizadas para que Villafuel, una empresa de Claudio Rivas, obtuviera una licencia de hidrocarburos. En el trámite habrían participado Carmen Pano –quien asegura que llevó dinero en efectivo a Ferraz– y su hija Leonor, antigua novia de Aldama, así como el empresario juzgado.

El Supremo se refiere aquí al tráfico de influencias, en una jurisprudencia de máxima actualidad por casos como el de José Luis Rodríguez Zapatero. Explica que no trataron de influir a los funcionarios que debían conceder la licencia porque Koldo García consiguió una reunión en Industria y el trámite debía hacerse ante Energía. 

Sin embargo, los jueces consideran acreditado que Ábalos disfrutó durante nueve meses del chalet en La Línea de la Concepción como pago a sus gestiones para que Villafuel obtuviera la licencia y, en consecuencia, es condenado por cohecho activo. 

Todo comenzó cuando parecía que se iba a conceder la licencia pero al fracasar, Rivas cortó la luz y el agua del chalet. Ábalos ordenó que le robaran el suministro a los vecinos para asegurar el agua y la luz hasta que se repusiera. José Luis Aldama, que estaba en el centro de la gestión con Ábalos, es condenado por cohecho activo. 

El origen de la trama, según la sentencia

La sentencia del Tribunal Supremo hace una breve introducción de la trayectoria de los acusados. De Koldo García dice que llegó a conductor de Ábalos porque así se lo recomendó el entonces secretario de Política Territorial del PSOE, el navarro Santos Cerdán. “Más allá de un vínculo puramente profesional, Koldo García ofrecería también a José Luis Ábalos un compromiso militante y una plena disponibilidad a sus necesidades como nuevo secretario de Organización del partido”, cuenta el fallo. 

El Supremo no llega tan lejos como el primer instructor del caso Cerdán, Leopoldo Puente, que instauró la tesis de que la decisión de colocar a Koldo García al lado de Ábalos fue un plan reconstituido por Santos Cerdán para articular la trama de corrupción, pero avisa que existe una “organizción criminal” en la que participan terceros que no han sido juzgados en el Supremo.

Enseguida se fraguó una relación de confianza entre Koldo García y Ábalos y este le nombró uno de los cinco asesores de confianza que podía contratar y además le situó en el consejo rector de Puertos delEstado y después en el de Renfe. “Convertido más en asistente que en asesor, desempeñó para José Luis Ábalos un buen número de tareas de muy diversa índole, tanto profesionales como personales”, recogen el fallo. 

“Fue la mano derecha de José Luis Ábalos durante su mandato al frente del ministerio, hasta el punto de que, tanto en el propio MITMA como en el seno de otras administraciones públicas se sobreentendía que Koldo Garcia era el fiel transmisor de sus decisiones. También, Koldo García manejó las distintas fuentes de dinero en efectivo de José Luis Ábalos que, en ocasiones, se confundían con las propias”, añade el fallo. 

El fallo dice que tras los dos viajes a México en los que participó Aldama dentro de la delegación española encabezada por el ministro de Transportes, “pronto vieron los acusados la oportunidad de obtener un común beneficio económico”. 

“Con tal ánimo de enriquecimiento –prosigue–, los tres convinieron que, aprovechando el cargo que ostentaba José Luis Ábalos en el Gobierno de España, y también en el Partido Socialista, este podría favorecer , a cambio del correspondiente beneficio económico del que todos participarían, la contratación con la Administración Pública en cuantas ocasiones hubiera oportunidad, por empresas cuyos intereses captaría y promovería Víctor de Aldama, así como facilitar a este el acceso preferente a la Administración para la realización de las gestiones que precisara para sí mismo o para las referidas empresas”.

La condena que pedía la Fiscalía

El juicio quedó visto para sentencia el pasado 6 de mayo tras 14 jornadas y después de que pasaran por el plenario decenas de testigos. Ábalos y su mano derecha se enfrentaban a una petición por parte de la Fiscalía de 24 y 19 años y medio de cárcel, respectivamente.

La Fiscalía y la acusación popular que lideraba el PP defendieron que los acusados aprovecharon la pandemia para enriquecerse ilícitamente gracias a contratos adjudicados por entidades dependientes del Ministerio a la empresa de la trama, Soluciones de Gestión. La tesis era que Ábalos y Koldo García facilitaron información previa y privilegiada a Aldama, lo que permitió adjudicarse contratos de mascarillas de Puertos del Estado y Adif por valor de 36,7 millones de euros.

Luzón sostuvo en el juicio que para esas adjudicaciones irregulares fue determinante el pago recurrente por parte de Aldama de una suerte de sueldo mensual de 10.000 euros en efectivo que abonó a Koldo García para que lo repartiera con su jefe. La Fiscalía considera que esos pagos mensuales que se habrían mantenido entre octubre de 2019 y julio de 2022 fueron el “núcleo” del delito de cohecho que atribuye a los tres investigados. Tanto el exministro como su asesor negaron en el plenario haber recibido ese tipo de pago por parte de Aldama.

La resolución que dictó el juez José Luis Calama a finales de mayo ya apuntaba a que esto acabaría ocurriendo: Alba y Laura Rodríguez Espinosa deberán declarar como imputadas ante la Audiencia Nacional. Constan como administradoras solidarias de la sociedad Whathefav SL, y la UDEF considera que ese fue uno de los instrumentos utilizados para canalizar fondos hacia el entorno del expresidente en el marco de la presunta trama dedicada al tráfico de influencias que lideraba el exlíder socialista.

¿Pero qué indicios hay de la presunta actividad irregular de esa empresa 'nacida' para el marketing? El informe de la UDEF que dio pie al registro de su sede asegura que Whathefav habría generado “facturación ad hoc destinada a dotar de cobertura formal determinados movimientos financieros o mercantiles”. Y que, analizado su trabajo, se percataron de que no aportaban “un valor técnico especial” porque, simplemente, ponían 'bonitos' informes que les llegaban de Análisis Relevante —la consultora de Julio Martínez, amigo de su padre— y los enviaban a un listado que era facilitado y elaborado por el propio Zapatero. La nada, en opinión de la Policía.

Calama, en el auto que trascendió este jueves —un día después de que Zapatero declarara como imputado— indica que concurren “indicios racionales” de que participaron en el entramado dada “su posición orgánica” en la empresa. Recordaba que en el caso de administradores de sociedades presuntamente instrumentales, como es el caso de Alba y Laura Rodríguez Espinosa, la conexión deriva de la propia estructura societaria. Y es que “quien ostenta la representación formal es el responsable de la actuación de la persona jurídica y de la adopción de decisiones que permiten o facilitan su operativa”.

La UDEF, Anticorrupción y el juez tienen sobre la mesa pagos a Whathefav SL por un valor superior a 800.000 euros. Quienes les pagaban eran Análisis Relevante e Inteligencia Prospectiva, la sociedad vinculada a los hermanos Amaro Chacón. Ambas empresas estaban vinculadas a los negocios de Zapatero, y en su declaración del pasado miércoles el expresidente no logró dar explicaciones convincentes que justificaran ya no solo qué trabajo hizo realmente él para cobrar (por ejemplo) 490.000 euros de la empresa de su amigo Julio Martínez, sino tampoco qué función cumplían las hijas para facturar por simples trabajos de maquetación.

Según los audios a los que ha tenido acceso elDiario.es, Zapatero en su interrogatorio reconoció que las había “apoyado” pero defendió su trabajo y recordó que esa empresa se creó en 2019. “Tienen una empresa, trabajan bien, y quiero subrayar que por ser quienes son nunca contrataron con la Administración Pública”, argumentó.

El magistrado también se interesó por el más de medio millón de euros que la agencia de Laura y Alba Rodríguez Espinosa recibió de otra sociedad, Inteligencia Prospectiva, propiedad de dos hermanos venezolanos y que también hizo pagos a Análisis Relevante. Aseguró que no intervino “absolutamente para nada” en la relación comercial que forjaron sus hijas con dicha sociedad ni revisó las condiciones de esos acuerdos.

Para la UDEF, Alba y Laura Rodríguez Espinosa pilotaban “un centro de redistribución de flujos económicos” en el entramado y sustenta esta aseveración en que gran parte de los fondos de la agencia acababa en cuentas bancarias personales de ambas en las que el propio Zapatero figuraba como autorizado. En concreto, Laura ingresó 247.191,06 euros en casi cinco años, entre abril de 2021 y diciembre de 2025. Alba se hizo con 199.904,25 en casi tres años, entre abril de 2023 y diciembre de 2025.

Otro indicio que pesa en su imputación es un clásico en los casos en los que se investiga un delito de blanqueo: las facturas genéricas. Los investigadores explican que Whathefav SL emitía sus facturas bajo el concepto genérico de “servicios agencia” y “sin figurar mayor detalle o concreción respecto de las prestaciones realizadas”.

Las cantidades de Whathefav

Si hubiera que dibujar un circuito del dinero, habría que empezar el trazo en la empresa epicentro de la trama, Análisis Relevante, una consultora que el juez considera “pieza instrumental” carente de toda “lógica empresarial” y de la que las hijas de Zapatero habrían cobrado 239.755 euros. Consta un contrato firmado el 1 de junio de 2020 entre ambas sociedades para supuestos servicios de marketing, posicionamiento en Internet y logística de eventos.

Las hijas de Zapatero constituyeron su empresa en septiembre de 2019, pero sus inicios no fueron nada halagüeños. Las hermanas cerraron el primer ejercicio fiscal con pérdidas de poco más de 3.000 euros. La creación de Análisis Relevante tuvo un efecto directo en la economía de ambas. En 2020, Whathefav ya facturaba 155.791,66 euros. La cuenta de resultados dio positivo: 31.948,23 euros. Además de tener a Análisis Relevante como principal proveedor, los medios de comunicación añadían un extra a la facturación. La Razón fue el primero, pero luego se sumarían El Español, El Plural, Público o Neox.

Pero los pagos de Análisis Relevante cobran otra dimensión después de que la fiscal del caso, Elena Lorente, haya apuntado a que la agencia de las hermanas Rodríguez Espinosa se “benefició”, a través de la sociedad de Julio Martínez, de los pagos procedentes de Plus Ultra, la aerolínea rescatada y que presuntamente contó con los esfuerzos y la influencia del expresidente.

A los pagos de Análisis Relevante se suman los de Inteligencia Prospectiva, otra consultora con sede en un piso en Madrid, sin actividad empresarial, y propiedad de dos hermanos venezolanos, los Amaro Chacón. En cuatro años abonó a Whathefav 561.440 euros. El juez sacó a colación esa cifra, pero Zapatero dijo que no tuvo nada que ver con eso y que sus hijas les conocían porque eran de su edad: “Ellos fueron los que decidieron contratar a Whathefav”.

Y ya, en otra escala, los investigadores también ponen el foco en otro pago de 20.000 euros con fecha del 27 de abril de 2020 a la empresa de las hijas de Zapatero por parte del empresario venezolano Danilo Diazgranados, también investigado en este caso. La UDEF y la ONIF han constatado que ese pago no figura en la información tributaria de la agencia de las hermanas correspondiente al ejercicio 2020.

Con estos datos, las hijas de Zapatero deberán afrontar una declaración que, como ya ocurriera con su padre, será capitalizada por el juez Calama. El magistrado ya demostró ante el expresidente que no le hace falta apoyarse en la fiscal del caso para sacar adelante los interrogatorios. Está por ver si, al contrario de lo que hiciera su padre, ellas optan por la vía de declarar solo a su abogado o la de acogerse a su derecho a no responder a nadie.