Clonar un teléfono móvil, una tablet o un ordenador no equivale a abrir un cajón con papeles. Estos dispositivos concentran una ingente cantidad de información personal cuya difusión indiscriminada puede suponer un “atropello” a la intimidad. Es lo que ha denunciado esta semana el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero tras la filtración de miles de mensajes privados que intercambió durante los últimos tres años con su secretaria y de sus agendas personales de los años 2024 y 2025.

En el registro realizado el pasado mayo en su despacho, la Policía se incautó de casi medio centenar de elementos entre agendas en papel, carpetas, pendrives, discos duros… Los agentes también clonaron el teléfono de Gertrudis Alcázar, asistente de Zapatero desde hace más de dos décadas. Ahí estaban alojadas las conversaciones que los investigadores cruzaron con el contenido de las agendas y otra documentación y que sustentan el último informe del caso. Esa ingente cantidad de información —incorporada como anexo al citado informe— acabó después, en bruto, en manos de las 15 defensas y las 10 acusaciones populares que están personadas en el procedimiento y terminó llegando a los medios. 

Su difusión generalizada abre de nuevo el debate sobre las filtraciones de sumarios judiciales y, más concretamente, de información contenida en ellos sin relevancia para la investigación. La ley prevé un trámite específico de “expurgo” en el caso de las escuchas telefónicas, pero no para el clonado de móviles u ordenadores. No obstante, juristas consultados por elDiario.es apuntan que es “responsabilidad directa” del juzgado separar qué es relevante para la investigación para impedir que información sobre temas familiares, sanitarios o inocuos que es ajena al procedimiento acabe llegando al público. 

Así, defienden que el instructor del caso, José Luis Calama, debería haber ordenado una criba de toda esa información antes de volcarla a la plataforma que utiliza la Audiencia Nacional para compartir documentación con las partes. “Es responsabilidad del juzgado impedir que esto suceda, aunque las partes personadas también tienen que tomarse en serio la reserva de las investigaciones”, sostiene el catedrático de Derecho Penal Manuel Cancio. “El magistrado o el letrado de la Administración de Justicia deberían haber estado más atentos para evitar que todo el volcado del teléfono se pusiera a disposición a las partes”, añade Juan Luis Gómez Colomer, catedrático de Derecho Procesal. 

La Ley de Enjuiciamiento Criminal prevé como principio general que solo consten en el sumario las diligencias “cuyo resultado fuere conducente al objeto del mismo”. Sin embargo, los expertos remiten a la reforma realizada en 2015, que previó el trámite de expurgo para la interceptación de comunicaciones telefónicas y telemáticas. Sin embargo, el legislador no contempló un procedimiento equivalente para otras medidas también muy intrusivas como el registro de teléfonos móviles, discos duros u ordenadores.

Esa reforma introdujo la obligación de pedir autorización judicial para volcar estos dispositivos, pero no dice nada sobre cómo se debe cribar y destruir la información irrelevante extraída de ellos, según explica la profesora de Derecho Procesal Paloma Arrabal, quien ha realizado varios trabajos sobre la incorporación a causas judiciales del contenido de este tipo de elementos en los que se almacena información de forma masiva. “Esa previsión existe para la interceptación de comunicaciones, pero sería deseable que se hiciese para todas las diligencias de investigación”, añade esta experta. 

Ante la ausencia de un marco legal específico, las fuentes consultadas afirman que el procedimiento habitual consiste en poner el contenido del volcado a disposición de la defensa del investigado y de la Fiscalía para que se pronuncien sobre qué información debe conservarse e incorporarse a las actuaciones y cuál debe ser eliminada. Tras ello, corresponde al juez adoptar la decisión definitiva. Sostienen que ese paso habría evitado la difusión generalizada de información sobre Zapatero sin relación con la investigación. 

Para ello, algunos magistrados optan por abrir, dentro del procedimiento, lo que se conoce como “pieza separada de expurgo”, un compartimento estanco en el que se analiza la documentación incautada y se delimita qué es útil para la causa y qué debe excluirse. Esa pieza se mantiene en secreto mientras se realiza la criba. Así ha operado recientemente el juez Santiago Pedraz en la causa contra la exmilitante socialista Leire Díez a petición de la defensa de esta última. 

Este viernes, el abogado de Zapatero pidió precisamente al juez Calama la apertura de un cauce similar al que únicamente pueda acceder la Fiscalía y la parte afectada para “que se pueda eliminar todo aquello que tenga carácter personal y sea ajeno al objeto de la causa”. Su abogado denunció que en los anexos filtrados figuraba hasta la contraseña de la cuenta de correo de Zapatero y otros datos relevantes y privados como sus números de teléfono o de cuentas bancarias. 

Ante la ausencia de una regulación específica, el Tribunal Supremo ha ido delimitando en algunas de sus resoluciones el alcance de este tipo de diligencias que afectan al derecho al entorno digital. Por ejemplo, ante el intento de la defensa de Álvaro García Ortiz de anular el registro de su despacho, los jueces de la Sala de lo Penal afirmaron que en los registros de teléfonos u ordenadores hay que tomar “cautelas” a posteriori para “evitar excesos” y que se debe “limitar el examen a los contenidos de interés y blindar todo lo restante”. En esta ocasión únicamente fueron aportados a la causa los mensajes de la fiscal jefa provincial de Madrid que tenían vinculación con el procedimiento. 

No ha ocurrido así en otros casos, donde datos de índole privada han llegado al público después de no ser cribados en los juzgados. Le ocurrió recientemente al exministro José Luis Ábalos, del que se difundieron sus audios con el que fuera su asesor eligiendo mujeres. A Iñaki Urdangarin, entonces duque de Palma, del que trascendió que estampaba el autógrafo “em...Palma...do” en sus mensajes de negocios. O al diputado de ERC Lluís Salvadó al que llegaron a intentar expedientar en el Parlament después de que se incorporara a la causa sobre el referéndum una conversación de tono machista y racista. También el ex ‘número dos’ de Interior con el PP Francisco Martínez denunció el volcado íntegro en el caso Kitchen de sus conversaciones de WhatsApp. 

Investigaciones sobre filtraciones

A la espera de ver qué responde al último escrito de la defensa de Zapatero, el juez Calama anunció el jueves que tomará medidas tras lo ocurrido. Acordó pedir a los juzgados de Madrid que abran una causa para investigar las filtraciones e identificar a sus responsables dada “la gravedad de los hechos”, si bien se trata de investigaciones con un recorrido muy limitado. 

El Tribunal Constitucional tiene en el cajón un caso relacionado con este tipo de filtraciones en sumarios que se encuentran secretos con informes de unidades policiales conocidos antes por el gran público que por los investigados. Los magistrados tienen pendiente de admitir o inadmitir a trámite la queja de los acusados del caso de los ‘Comités de Defensa de la República’ (CDR) del procés contra la negativa de los tribunales madrileños a investigar dónde estuvo el coladero de información de la Audiencia Nacional por el que se filtró la información de su caso. Esta deliberación sobre la admisión a trámite de los recursos todavía está pendiente tras más de un año de tramitación. 

El catedrático Manuel Cancio considera un “escándalo permanente” y una “anomalía” el hecho de que en España los sumarios se filtren íntegramente a los medios de comunicación de forma continua. Sostiene que esta situación contrasta con la de países como Alemania, donde la fase de investigación preliminar recae en la Fiscalía y es completamente reservada. 

En España, por el contrario, la existencia de múltiples partes personadas provoca que la información se filtre casi en tiempo real con las consecuencias que ello acarrea por la creación de juicios paralelos y mediáticos, dice este experto. “Eso perturba muchísimo el desarrollo del proceso”, añade Cancio, quien sostiene que las filtraciones se manejan “mediática y políticamente”. Colomer, por su parte, afirma que detrás de estas filtraciones suele haber “razones puramente económicas, para sacar dinero; o políticas, dado que se busca hacer daño”. 

Como propuesta para impedir estas filtraciones y facilitar su persecución, los expertos proponen una medida ya muy habitual en los juzgados: incluir “marcas de agua” de los documentos que dejen rastro sobre quién está moviendo la documentación. “Es una forma interesante de rastrear de dónde sale la información”, dice Arrabal. Esta fue precisamente una de las medidas reclamadas esta semana al juez por la defensa de Zapatero.

La cuestión de las filtraciones tiene implicaciones también en materia de libertad de prensa, dado que publicar documentos filtrados de interés público supone un ejercicio legítimo del derecho a la información. La Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que “las diligencias del sumario serán secretas hasta que se abra el juicio oral”, si bien el Tribunal Constitucional ha reiterado que eso no significa que no se pueda informar cuando se trata de asuntos de relevancia. 

A este respecto, Cancio se opone a cualquier intento de prohibir o criminalizar a la prensa, dado que esto chocaría frontalmente con la libertad de expresión. A su juicio, el foco debe ponerse en la ética del periodista —que no debería publicar datos íntimos sin relevancia penal— y en los juzgados y partes personadas en el proceso, que tienen que “tomarse en serio” el “deber de reserva” sobre los procedimientos. 

La defensa del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha presentado un nuevo escrito en el juzgado en el que reclama al juez José Luis Calama que saque de la causa el último informe policial aportado al caso, centrado en sus negocios en Bolivia.

Su abogado, Víctor Moreno Catena, argumenta que ese atestado contiene “hechos ajenos a los investigados” y que han sido “analizados como resultado de una investigación prospectiva y no autorizada”. El documento pone la lupa sobre los negocios del expresidente del Gobierno en Latinoamérica y le acusa de cobrar 200.000 euros a cambio de usar su influencia en favor de una empresa en Bolivia. 

En el registro realizado el pasado mayo en su despacho, la Policía se incautó de casi medio centenar de elementos entre agendas en papel, carpetas, pendrives, discos duros… Los agentes también clonaron el teléfono de Gertrudis Alcázar, asistente de Zapatero desde hace más de dos décadas. Ahí estaban alojadas las conversaciones que los investigadores cruzaron con el contenido de las agendas y otra documentación y que sustentan ese informe. 

Esa ingente cantidad de información —incorporada como anexo al citado informe— acabó después, en bruto, en manos de las 15 defensas y las 10 acusaciones populares que están personadas en el procedimiento y terminó llegando a los medios, algo que la defensa del expresidente considera un “atropello” a su intimidad. En consecuencia, reclama al magistrado que adopte medidas para evitar la “difusión indiscriminada” de datos personales del expresidente y de otros investigados. 

En concreto, solicita que se abra una “pieza separada de expurgo” para que la Fiscalía y la defensa revisen el material incautado en los registros policiales y eliminen cualquier dato de carácter estrictamente personal antes de que las demás partes tengan acceso a él, así como que se incorporen marcas de agua a los informes y los anexos documentales que se suben a la plataforma informática para evitar y disuadir las filtraciones. 

Además, la defensa del exdirigente socialista sostiene que no se puede abrir una “causa general” contra él y reclama que la investigación se limite a los hechos acotados en su auto de imputación. Así, reclama al juez que ordene a la Policía que limite su investigación exclusivamente a los hechos que fueron delimitados en el auto de 18 de mayo de 2026 que supuso la imputación de Zapatero, centrado en su supuesta relación con el rescate de la aerolínea Plus Ultra y sus supuestos trabajos de consultoría para Análisis Relevante, la sociedad del empresario que pagó cientos de miles de euros tanto a él como a sus hijas. 

La defensa del expresidente también solicita al juez que prohíba de forma “expresa” a los agentes de la UDEF la utilización de información masivamente obtenida de Zapatero o de terceros para investigar cualquier actividad personal o profesional realizada por él más allá de la delimitada en el citado auto. 

En un segundo escrito, el abogado del exdirigente socialista recurre la decisión del juez de permitir que las acusaciones populares personadas en el procedimiento principal se incorporen a la causa por las joyas incautadas en el despacho. “Respetuosamente entendemos que no se ha ponderado adecuadamente – o no se explicita— la legitimación que puedan tener tales acusaciones populares (asociaciones, partidos políticos y particulares) en la presente pieza, pues los hechos y delitos investigados tienen una naturaleza y alcance radicalmente distinto a los de la pieza principal”, señala.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha declinado la invitación formulada por los ultracatólicos de HazteOir y el partido minoritario Iustitia Europa para participar en una jornada sobre acusaciones populares. En una misiva fechada el 25 de junio, a la que ha tenido acceso elDiario.es, Bolaños esgrime motivos de agenda y señala que le habría gustado participar en el evento para explicar cómo, a su juicio, estas organizaciones llevan a cabo “persecuciones basadas en motivos ideológicos”. 

HazteOir, Iustitia Europa y otros colectivos vinculados a la extrema derecha impulsan en solitario los casos contra la mujer y el hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Han reclamado para ambos elevadas condenas de prisión: 24 años en el caso de Begoña Gómez y seis años en el de David Sánchez.

Además, ambas organizaciones ejercen la acusación popular en las causas en las que se investiga a los ex secretarios de Organización del PSOE Santos Cerdán y José Luis Ábalos, en el procedimiento abierto contra José Luis Rodríguez Zapatero y en las pesquisas sobre las supuestas maniobras urdidas por la exmilitante Leire Díez para torpedear investigaciones que afectan al partido y al Gobierno. 

En la carta, el ministro acusa directamente a ambas organizaciones de “desnaturalizar” una institución concebida originalmente para la defensa del interés general y de utilizarla con el “único propósito de hostigar a representantes políticos progresistas y a sus familias”. Bolaños afirma que estas entidades están “pervirtiendo la figura de la acusación popular con el único objetivo antidemocrático” de llevar a cabo dichas persecuciones. Por todo ello, el ministro concluye que organizaciones como estas “no deberían estar legitimadas para impulsar determinadas acciones judiciales”.

Además, Bolaños expone que, ante este escenario, el Gobierno considera “urgente” modificar el desarrollo del artículo 125 de la Constitución para evitar que la acción popular se utilice para fines ajenos al proceso penal, “tal y como sucede actualmente”. 

En la carta, el ministro alude a la reforma de la acción popular que ha planteado el Ejecutivo. Esa reforma, que se encuentra en tramitación en el Congreso, limita la acusación popular al vetar a los partidos políticos y sindicatos, restringirla a determinados delitos —sí están incluidos los de corrupción— y exigir un “vínculo legítimo” con la causa en cuestión para poder ejercerla. La voluntad del Gobierno es tramitar ahora esta reforma, pero, si finalmente es aprobada, no entrará en vigor hasta el 1 de enero de 2028, por lo que no afectará a los casos en curso.

“En definitiva, estaría encantado de decirles que están ustedes pervirtiendo la figura de la acusación popular con el único objetivo antidemocrático de perseguir a personas progresistas y a sus familias, lo que hace urgente una reforma legal de esta institución en los términos propuestos por el Gobierno. Esas son las razones por las que considero que organizaciones como las que ustedes representan no deberían estar legitimadas para impulsar determinadas acciones judiciales mediante el ejercicio de la acción popular”, concluye el ministro en su carta. 

La causa de la Audiencia Nacional en la que está imputado José Luis Rodríguez Zapatero ha alcanzado una nueva dimensión después del último informe policial aportado al juez José Luis Calama. El atestado, al que ha tenido acceso elDiario.es, pone la lupa sobre los negocios del expresidente del Gobierno en Latinoamérica y le acusa de cobrar 200.000 euros a cambio de usar su influencia en favor de una empresa en Bolivia. Se trata de sospechas que van más allá de su supuesta relación con el rescate millonario de la aerolínea Plus Ultra en España y sus supuestos trabajos de consultoría para Análisis Relevante, la sociedad del empresario que pagó cientos de miles de euros tanto a él como a sus hijas. 

La tesis del juez Calama es que esos pagos de Análisis Relevante eran facturas simuladas para canalizar los fondos que cobraba la trama a compañías con intereses en obtener ayudas públicas o favores, como Plus Ultra. En su declaración ante el juez, Zapatero defendió que hay un trabajo real detrás; tanto suyo, que realizaba informes de consultoría; como de sus hijas, que se encargaban de maquetarlos. Sin embargo, el último atestado policial aportado al sumario ahonda en la tesis de que el expresidente camuflaba bajo falsos contratos de asesoría supuestas gestiones con “altas esferas políticas”. 

En este caso, la UDEF le acusa de haber cobrado 200.000 euros del conglomerado peruano Grupo Gloria, propietario de Soboce, una cementera boliviana que había sido condenada a pagar más de 100 millones de dólares a otra empresa por competencia desleal. Esos 200.000 euros habrían llegado a Zapatero a través de la “sociedad interpuesta” Focus Social Research, de origen peruano, con quien firmó un contrato de consultoría. Pero el atestado sostiene que el expresidente no hizo trabajo de asesoría alguno, sino que se desplazó a Bolivia en septiembre de 2024 para reunirse “con altas esferas políticas” del país.

Los investigadores se basan, para ello, en el contenido de las agendas del expresidente que los agentes se llevaron de su despacho el pasado mayo y de los mensajes incautados a su secretaria Gertrudis Alcázar, también imputada. Esos mensajes apuntan a que negociaba facturas, borradores de contrato y pagos con una directiva del Grupo Gloria y con otra intermediaria, la exembajadora boliviana Carmen Almendras; y que agendó reuniones con mandatarios del país tras mantener conversaciones con ambas. 

La UDEF concluye que estos hechos son una prueba más de que “aprovechando sus contactos y ascendencia pública internacional”, Zapatero se dedicaría al “ejercicio de influencias de carácter ilícito en beneficio de distintos clientes”. 

En el entorno del expresidente defienden que ese trabajo fue “una actividad de consultoría legal por completo”, y que además no tiene nada que ver con el objeto de la causa abierta en la Audiencia Nacional, centrada en si influyó en el rescate con dinero público de la aerolínea Plus Ultra, algo que ha negado de forma reiterada. “Sería inaceptable hacer una investigación prospectiva de la tarea profesional del expresidente”, denuncian estas fuentes al entender que este nuevo informe se nutre de mensajes con su secretaria que nada tienen que ver con el préstamo a la aerolínea. 

La sospecha de los investigadores, sin embargo, es que ese contrato escondía un mecanismo para vehicular los pagos por ejercer su influencia sobre el entonces presidente boliviano Luis Arce y otras autoridades y solucionar el litigio millonario que afectaba a la empresa cementera. En febrero de 2025, unos meses después de la visita de Zapatero, el Tribunal Supremo de Bolivia condenó a la cementera a pagar 107 millones de dólares a la empresa rival. Pero tres meses después, otro tribunal dejó sin efecto la orden de pago. En la actualidad, el Tribunal Constitucional está pendiente de confirmar o revocar ese amparo.

La Policía no acusa directamente a Zapatero de haber conseguido que los tribunales de Bolivia dieran la razón a esta empresa de la que cobraba, pero sí superponen ambos hechos de forma cronológica. “Se desprende que Zapatero solicita la intermediación del presidente Arce ante el Procurador General, si bien la intermediación la haría directamente el ministro Siles por indicación del propio Arce”. Luis Arce fue presidente de Bolivia entre noviembre de 2020 y noviembre de 2025, pocos meses después de esa supuesta intermediación. César Siles, por su parte, fue ministro de Justicia de Bolivia hasta su dimisión en junio de ese año.

Las agendas íntegras de Zapatero

El último informe de la UDEF aportado al procedimiento tiene dos fuentes principales, según citan los propios investigadores: las agendas de Zapatero correspondientes a los años 2024 y 2025 y las conversaciones de WhatsApp y correo electrónico que su secretaria mantuvo tanto con sus contactos en Latinoamérica como con el propio expresidente. El entorno del expresidente del Gobierno ha mostrado su malestar en las últimas horas por la aportación íntegra de esas agendas y conversaciones al procedimiento, y su posterior publicación, sin que haya existido un expurgo previo por parte de la UDEF. Desde el PSOE también han cargado contra esa difusión porque son, en su mayoría, mensajes privados: “Utilizar una investigación para exponer aspectos de la vida privada ajenos al procedimiento genera indefensión y desborda los límites que deben proteger cualquier actuación judicial”.

La documentación aportada al sumario por la unidad policial en forma de anexos revela, por ejemplo, que Zapatero reaccionó a la detención el pasado diciembre de su amigo Julio Martínez Martínez, el empresario que le pagó a través de Análisis Relevante 490.780 euros a Zapatero y 239.755 a la empresa de sus hijas entre 2020 y 2024. Los mensajes muestran que a partir de entonces empezó a recopilar información sobre su actividad profesional como consultor, así como sobre las conferencias y cursos en los que había participado desde 2020. “¿De cuánto es la primera factura de AR?”, preguntó a su secretaria en alusión a Análisis Relevante cinco días después de la detención del empresario.

Las agendas y conversaciones recogen información relacionada con sus trabajos en Bolivia, pero su aportación en bruto al procedimiento ha dejado al descubierto todas y cada una de sus citas de 2024 y 2025 así como conversaciones privadas con su secretaria sobre la actualidad política, gestiones sobre transportes y la salud de familiares. 

El contenido de estos documentos revela sus relaciones con grandes empresarios españoles: Ángel Escribano (Indra), Carlos Torres (BBVA) o Mario Ruiz-Tagle (Iberdrola), entre muchos otros. Y también figuran reuniones con otros políticos, no solo del PSOE, como Irene Montero, Pablo Bustinduy y Yolanda Díaz. 

El caso que investiga a Zapatero avanza en la Audiencia Nacional y el juez Calama ha puesto en marcha varias diligencias clave para las próximas semanas. El empresario Julio Martínez Martínez está llamado a declarar el próximo 21 de julio en calidad de investigado. Además, el juez también ha imputado a Alba y Laura, las hijas del expresidente, y a la secretaria Gertrudis Alcázar.

El informe de la UDEF recién incorporado al proceso sobre los negocios de Zapatero en Bolivia fue redactado el 22 de junio, varios días después de que el expresidente compareciera como investigado ante el juez Calama. A lo largo del interrogatorio el magistrado intentó preguntar al político por este contrato con Focus Social Research, pero Zapatero se negó a contestar: “No voy a decir nada más de esto. Tengo un contrato de asesoramiento y ya está”, afirmó.

El avance de las pesquisas determinará si el instructor pone en marcha más diligencias sobre los negocios internacionales de Zapatero no relacionados con Plus Ultra ni con Análisis Relevante y su amigo Julio Martínez Martínez. 

Begoña Gómez ha acudido este miércoles a los juzgados de la Plaza de Castilla de Madrid para entregar su pasaporte. La entrega de esa documentación forma parte de la batería de medidas cautelares impuestas por el juez Juan Carlos Peinado a petición de las acusaciones ultras que sustentan la causa.  

La mujer del presidente del Gobierno ha accedido a la sede judicial en coche por el garaje después de que lo autorizara la presidenta del Tribunal de Instancia de Madrid, María Jesús del Barco, para así prevenir incidentes que pudieran poner en riesgo su integridad física. Su equipo de seguridad presentó un informe en el que subraya que “existe un ambiente hostil y de rechazo social evidente, lo que da lugar a que en ocasiones se produzcan interpelaciones, insultos a través de megafonía, con exhibiciones diversas pancartas”. 

Peinado acordó el pasado sábado enviar a juicio a Begoña Gómez, así como imponerle otras medidas cautelares, como la prohibición de salir de España o la obligación de comparecer cada 15 días en sede judicial. La decisión del magistrado soliviantó al Gobierno y al PSOE, donde mantienen que la iniciativa de Peinado “constata la persecución, la obsesión y la desproporción” de un magistrado que ha llevado a cabo una instrucción “que carece de todo sentido jurídico y que solo atiende a motivos políticos”, según una nota distribuida a los medios por el propio Ejecutivo. 

La entrega del pasaporte se ha producido apenas unas horas después de que Pedro Sánchez compareciera en el Congreso para dar explicaciones sobre el aluvión de causas judiciales que asedian al Gobierno y mantienen la legislatura al borde del bloqueo. “Para mí no es fácil hablar de ellos. Porque afectan a las personas que más quiero. Y porque sé, sin el más mínimo grado de duda, que se construyen sobre acusaciones infundadas y un patrón de acoso y derribo similar al que hemos visto desplegar en otros países occidentales”, ha dicho Sánchez sobre su hermano, que fue juzgado recientemente; y su pareja.

Los escoltas podrían “facilitar” la fuga, según Peinado

En su auto, el Peinado justificó que el hecho de que Begoña Gómez tenga escolta policial y, por tanto, esté siempre acompañada por autoridades no impide el riesgo de que huya de España. Apuntaba, incluso, que los policías podrían ayudarle a fugarse. “Lo que no cabe duda es que, esos agentes en un momento determinado, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, sean precisamente, quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo, para facilitar esa fuga, que haga imposible, que la acusada se encuentre a disposición de la justicia”.

Tras trascender el auto, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, elevó una queja a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, por el “grave cuestionamiento de la profesionalidad de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”. El pasado lunes, la Comisión Permanente del CGPJ instó a la autoridad disciplinaria del órgano a investigar si Peinado incurrió en una infracción por hacer esta afirmación en su auto.

El 11 de diciembre de 2025 el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid acordó la detención de tres personas en el marco de una causa que giraba en torno a la aerolínea Plus Ultra. Una de ellas era el empresario Julio Martínez, amigo personal del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y administrador de una consultora denominada Análisis Relevante para que también había trabajado el exmandatario.

Ahora, gracias al chat que mantenían el expresidente y su secretaria Gertrudis Alcázar, y al que ha tenido acceso elDiario.es, ha trascendido que cinco días después de que se produjera esa detención y tras la declaración de Julio Martínez ante el juez tras ese arresto -quedó en libertad con retirada de pasaporte-, el expresidente pidió a su empleada que le buscara “de cuándo es la primera factura de AR”. “24 de junio de 2020, de un diálogo que hiciste con Miguel”, le respondió Gertrudis Alcázar tan solo un minuto después.

Al día siguiente, bien temprano, el expresidente volvía a escribir a su secretaria -a la que la UDEF asigna un papel relevante en esa presunta trama que se investiga y que se dedicaría al tráfico de influencias-. “Buenos días. Mira a ver cuantos viajes hice a Venezuela del 20 al 25”, le inquirió. Una hora después tenía la respuesta: “8 de 2020 a 2025 de los cuales 3 han sido procesos electorales”.

Zapatero estaba recopilando datos que tenían relación con sus trabajos de consultor y que pudieran tener relación con Julio Martínez. De hecho se interesó por saber el porcentaje de IRPF que se le aplicaba. Gertrudis tenía todo en la cabeza y les respondió: “En las facturas el 15%, el final en el irpf está en torno al 40%”. Puesto que el expresidente no tenía claro si era la cifra adecuada, preguntó si ese era “el máximo”, a lo que le contestó que sí, “42,93% (23,04% estatal + 19,89% autonómico)”.

En esos días, el expresidente también canceló varios encuentros y comidas programadas, aunque del literal de los mensajes no queda claro que el motivo fuera la investigación abierta a su amigo y las detenciones realizadas. Una de esas citas era con la líder de Podemos, Ione Belarra. Además, arrancó contactos con periodistas que le solicitaban información sobre su relación con el detenido. “Confirma el inmobiliario. Confirma que no hice absolutamente ninguna gestión ante nadie. Y que tengo una larga amistad con Julio Martínez”, explicaba a Gertrudis.

Ya el 19 de diciembre de 2025, Zapatero se preparaba para tener toda la información que le pudiera afectar por la trama en la que acabó, meses después, siendo imputado por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama: “Buenos dias. Vamos preparando: Viajes desde 2020 , con detalle actividad de los facturados. Porcentaje ingresos de AR (Análisis Relevante) en los últimos diez años”. Ante las dudas de Gertrudis, Zapatero indicaba que quería lista de “todos” los viajes y “más especificados con agenda los de AR” . Gertrudis le preparó un excel con todo lo que le requería.

El minuto a minuto de ese chat, que incluye hasta datos tan personales como las medicinas que toma el expresidente Zapatero, si salía a correr o el estado de salud de familiares y conocidos, refleja también una aparente primera reacción a la detención de su amigo. Era 15 de diciembre y ante la reflexión de Gertrudis que le dijo estar “preocupada no por los datos sino por la intencionalidad como se cuentan y por las lobas”, él le respondió que “todo eso va a ser inevitable”: “Hay que asumir que tenemos una temporada por delante ácida”.

Tiempo después, ya en febrero de 2026, Zapatero pedía “hacer un expurgue de reuniones, actos, charlas almuerzos, zooms” que tuvieran cierto interés “para nuestro tema” desde 2020. También solicitaba “preparar una relación selectiva de conferencias o paneles internacionales”. “Los 20 más representativos empezando por Harvard y Oxford”, añadía.

Zapatero declaró ante Calama el pasado 17 de junio en calidad de investigado y, tras más de dos horas de un interrogatorio que fue capitalizado por el magistrado, el expresidente salió de la cita sin medidas cautelares a pesar de que la Fiscalía había pedido que se le retirara el pasaporte. Con todo, y según el auto de Calama de ese mismo día, el expresidente no logró convencerle con sus explicaciones y sostuvo, por tanto, que los indicios siguen intactos.

Entre los miles de chats que han visto la luz este miércoles, fruto de una conversación constante con su secretaria para que agendara reuniones, consta también una cita con el ministro de Justicia Félix Bolaños y el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán previsiblemente el 24 de abril de 2025. Cerdán acabó siendo imputado en el caso de obra pública que inicialmente investigaba el Supremo y entró en prisión provisional a finales de junio. Ya el 19 de mayo de 2025 también se fija otra reunión en la que participarían tanto Zapatero como el diputado socialista leonés Javier Alfonso Cendón y Santos Cerdán.

Desde el PSOE han lamentado que se hayan filtrado numerosos mensajes privados de Zapatero sobre temas ajenos a la investigación judicial, así como citas de su agenda. “Es una cacería incompatible con las garantías que exige una democracia”, han señalado fuentes del partido. El Gobierno, en el mismo sentido, ha mostrado su “preocupación” por la frecuencia con que se dan filtraciones de este tipo en las causas judiciales: “Se trata de información que no guarda relación con el objeto de las investigaciones y que vulnera la privacidad y los derechos de las personas afectadas”, añaden.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha citado a declarar como investigado el próximo 21 de julio a las 9 de la mañana al empresario alicantino Julio Martínez Martínez, administrador único de Análisis Relevante, la sociedad que hizo pagos de miles de euros a José Luis Rodríguez Zapatero y a la empresa de sus hijas. El juez le atribuye el rol de “lugarteniente principal y figura visible” de la “estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias” presuntamente liderada por el expresidente del Gobierno.

El nombre de Martínez Martínez trascendió al ámbito público el pasado diciembre, cuando fue detenido en el marco de una investigación iniciada para analizar si el rescate de la aerolínea Plus Ultra sirvió para lavar dinero de Venezuela y que ha acabado con la imputación de Zapatero. En el epicentro de esa presunta red está su empresa Análisis Relevante, que cobró más de 300.000 euros de Plus Ultra, compañía rescatada en la pandemia, y a su vez pagó 490.780 euros a Zapatero y 239.755 a la empresa de sus hijas entre 2020 y 2024. 

Cuando fue detenido, los agentes de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) encontraron en su domicilio 300.000 euros en billetes que atribuyó a la venta de una vivienda no declarada a Hacienda. La Policía halló también un contrato por el que cobraría de Plus Ultra una comisión del 1% (530.000 euros) en caso de que se lograra el rescate. El juez sospecha que el empresario acabó cobrando ese dinero a través de una offshore en Dubái cuya creación atribuye a Zapatero a partir de unos indicios que, por el momento, están por atar. Hacienda ha confirmado que no hay constancia de ese pago en España. 

El auto del juez Calama también atribuye a Martínez Martínez el rol de intermediario en distintos asuntos en Venezuela, donde Zapatero ha ejercido de actor reconocido del Gobierno español para mediar en la situación política y conseguir la liberación de presos políticos. El juez apunta que consiguió permisos excepcionales de vuelo para que Plus Ultra operara en Venezuela durante la pandemia gracias a la mediación de Zapatero. También intercambiaba “cartas de intención” sobre negocios millonarios de petróleo, buques, compraventa de oro y divisas que hacía llegar a la oficina del “Presidente Zapatero”.

El Tribunal Supremo ha decidido por unanimidad condenar a 24 años y tres meses de cárcel al exministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, por el conocido como 'caso Mascarillas' de corrupción. El tribunal también impone 19 años y 8 meses de prisión a su antiguo asesor, Koldo García, y cuatro años y medio a Víctor de Aldama. El empresario, que según el Ministerio Público obtuvo un beneficio con la venta de mascarillas de 3,7 millones de euros, no tendrá que entrar en la cárcel después de que los jueces, teniendo en cuenta su confesión, hayan suspendido la ejecución de su condena a cambio de no volver a delinquir y hacer trabajos para la comunidad.

La sentencia del Tribunal Supremo considera probados casi todos los aspectos de la acusación que ejerció la Fiscalía Anticorrupción sobre esta trama corrupta que anidó en el Ministerio de Transportes, sobre todo durante la pandemia. Los tres, dice el Supremo, vieron una “oportunidad” en que Ábalos fuera ministro y constituyeron una “organización” para “obtener un común beneficio económico”.

Hubo ilegalidades en la adjudicación de hasta 13 millones de euros en contratos de suministros de mascarillas salidos de Puertos del Estado y ADIF a Soluciones de Gestión, una empresa vinculada a Aldama, quien se lucró con comisiones que a su vez entregó a los otros dos acusados. La sentencia afirma que Aldama canalizó las comisiones percibidas a través de dos sociedades por un importe de 6,6 millones de euros; y que Ábalos y su exasesor le pidieron 2 millones y 500.000 euros, respectivamente, que el comisionista incluyó en sus previsiones de gastos.

También considera probado que Ábalos recibió diversas dádivas a cambio: 10.000 euros al mes por gastos además de la contratación de dos mujeres de su entorno en empresas públicas y el pago de un piso a una de ellas. Finalmente consideran delictivo el alquiler de un piso a cambio de “gestiones relacionadas” con la emisión de una nota de prensa sobre el rescate de Air Europa y la concesión de una licencia de hidrocarburos.

Al empresario Víctor de Aldama los siete magistrados de la Sala de lo Penal le imponen cuatro años y medio, por lo que reducen la petición que solicitaba la Fiscalía en su escrito de acusación siguiendo así el camino que les marcó tanto el PP como el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, que consideraban que, dada su colaboración con el esclarecimiento de los hechos, era merecedor de ampliar la reducción de la pena.

Los jueces de la Sala de lo Penal atribuyen delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación al exministro de Transportes. En su caso la condena supera los 24 años de cárcel pero el cumplimiento efectivo entre rejas, explica el Tribunal Supremo en su resolución, no podrá pasar de los 15 años y 8 meses. Koldo García, de la misma manera, pasará un máximo de 15 años en la cárcel aunque su condena sea de casi dos décadas.

Jessica Rodríguez, “un plan de actuación” de Ábalos

Sobre la contratación de Jessica Rodríguez, la sentencia da por probado que Ábalos, “aprovechándose de la privilegiada situación por su condición de ministro concibió y desarrolló un plan de actuación, consistente en desplegar toda su influencia para que ella fuera contratada por alguna empresa pública integrada en la estructura del Ministerio o que prestara sus servicios a alguna de estas con la finalidad de que percibiera un sueldo sin que tuviera que desempeñar, como contraprestación, ninguna actividad laboral”. 

En esta ocasión, Ábalos se ayudó de Koldo García “como solía”, según recoge el fallo. En primer lugar, García le habría encontrado el trabajo y después se habría encargado de “eludiera o sorteara” los controles y no tuviera que acudir a su puesto. 

La sentencia deja claro que Koldo García implicó en los hechos a Isabel Pardo de Vera, presidenta de Adif entonces, pero que ella es “no juzgada en esta causa”. “Se decidió que la empresa contratante sería la sociedad estatal de Ingeniería y Consultoría (INECO)”, dependiente de Adif. Cuando acabó el contrato con Ineco, Koldo García volvió a recurrir a Pardo de Vera para que fuera contratada en otra empresa pública, Tragsa. 

Hay otra persona que participó en la corruptela y que no es juzgada en el Supremo, según se encarga de señalar el tribunal. En este caso se refiere a Joseba García, hermano de Koldo, al el grupo utilizó para que Jessica Rodríguez pudiera decir que trabajaba directamente a las órdenes de este en Ineco.

Jessica Rodríguez recibió 34.450 euros brutos como salario y ADIF nunca mostró “reserva alguna o se mostrará disconformidad con relación al desarrollo del contrato”. A los tres días de acabar el contrato con Ineco, Jessica Rodríguez fue contratada en Tragsa. Para ello, Pardo de Vera dio instrucciones a otro cargo del Ministerio que tampoco fue juzgado en el Supremo. 

Cuando los responsables de Tragsa pidieron explicaciones por la falta de asistencia al trabajo de Jessica Rodríguez fue el ministro en persona quien indicó a Pardo de Vera que su amiga no fuera molestada, como así ocurrió, según relata el fallo. De Tragsa, Rodríguez cobró 9.500,4 euros netos. 

La sentencia se detiene en explicar que el Ministerio de Transportes hizo pública una nota de prensa para “tranquilizar” a los acreedores de Air Europa en plena pandemia y que eso ocurrió por las gestiones de Víctor de Aldama, que cobraba más de 12.000 euros al mes de la compañía. La nota se redactó e hizo pública “con la colaboración de Koldo García y el conocimiento y asentimiento de José Luis Ábalos”.

Ábalos disfrutó nueve días de un chalet en Marbella con su familia “en pago a las gestiones realizadas en relacion con el rescate de Air Europa”, añade el fallo.

El chalet de La Alcaidesa, cohecho pero no tráfico de influencias

La sentencia absuelve a los acusados del delito de tráfico de influencias por las gestiones realizadas para que Villafuel, una empresa de Claudio Rivas, obtuviera una licencia de hidrocarburos. En el trámite habrían participado Carmen Pano –quien asegura que llevó dinero en efectivo a Ferraz– y su hija Leonor, antigua novia de Aldama, así como el empresario juzgado.

El Supremo se refiere aquí al tráfico de influencias, en una jurisprudencia de máxima actualidad por casos como el de José Luis Rodríguez Zapatero. Explica que no trataron de influir a los funcionarios que debían conceder la licencia porque Koldo García consiguió una reunión en Industria y el trámite debía hacerse ante Energía. 

Sin embargo, los jueces consideran acreditado que Ábalos disfrutó durante nueve meses del chalet en La Línea de la Concepción como pago a sus gestiones para que Villafuel obtuviera la licencia y, en consecuencia, es condenado por cohecho activo. 

Todo comenzó cuando parecía que se iba a conceder la licencia pero al fracasar, Rivas cortó la luz y el agua del chalet. Ábalos ordenó que le robaran el suministro a los vecinos para asegurar el agua y la luz hasta que se repusiera. José Luis Aldama, que estaba en el centro de la gestión con Ábalos, es condenado por cohecho activo. 

El origen de la trama, según la sentencia

La sentencia del Tribunal Supremo hace una breve introducción de la trayectoria de los acusados. De Koldo García dice que llegó a conductor de Ábalos porque así se lo recomendó el entonces secretario de Política Territorial del PSOE, el navarro Santos Cerdán. “Más allá de un vínculo puramente profesional, Koldo García ofrecería también a José Luis Ábalos un compromiso militante y una plena disponibilidad a sus necesidades como nuevo secretario de Organización del partido”, cuenta el fallo. 

El Supremo no llega tan lejos como el primer instructor del caso Cerdán, Leopoldo Puente, que instauró la tesis de que la decisión de colocar a Koldo García al lado de Ábalos fue un plan reconstituido por Santos Cerdán para articular la trama de corrupción, pero avisa que existe una “organizción criminal” en la que participan terceros que no han sido juzgados en el Supremo.

Enseguida se fraguó una relación de confianza entre Koldo García y Ábalos y este le nombró uno de los cinco asesores de confianza que podía contratar y además le situó en el consejo rector de Puertos delEstado y después en el de Renfe. “Convertido más en asistente que en asesor, desempeñó para José Luis Ábalos un buen número de tareas de muy diversa índole, tanto profesionales como personales”, recogen el fallo. 

“Fue la mano derecha de José Luis Ábalos durante su mandato al frente del ministerio, hasta el punto de que, tanto en el propio MITMA como en el seno de otras administraciones públicas se sobreentendía que Koldo Garcia era el fiel transmisor de sus decisiones. También, Koldo García manejó las distintas fuentes de dinero en efectivo de José Luis Ábalos que, en ocasiones, se confundían con las propias”, añade el fallo. 

El fallo dice que tras los dos viajes a México en los que participó Aldama dentro de la delegación española encabezada por el ministro de Transportes, “pronto vieron los acusados la oportunidad de obtener un común beneficio económico”. 

“Con tal ánimo de enriquecimiento –prosigue–, los tres convinieron que, aprovechando el cargo que ostentaba José Luis Ábalos en el Gobierno de España, y también en el Partido Socialista, este podría favorecer , a cambio del correspondiente beneficio económico del que todos participarían, la contratación con la Administración Pública en cuantas ocasiones hubiera oportunidad, por empresas cuyos intereses captaría y promovería Víctor de Aldama, así como facilitar a este el acceso preferente a la Administración para la realización de las gestiones que precisara para sí mismo o para las referidas empresas”.

La condena que pedía la Fiscalía

El juicio quedó visto para sentencia el pasado 6 de mayo tras 14 jornadas y después de que pasaran por el plenario decenas de testigos. Ábalos y su mano derecha se enfrentaban a una petición por parte de la Fiscalía de 24 y 19 años y medio de cárcel, respectivamente.

La Fiscalía y la acusación popular que lideraba el PP defendieron que los acusados aprovecharon la pandemia para enriquecerse ilícitamente gracias a contratos adjudicados por entidades dependientes del Ministerio a la empresa de la trama, Soluciones de Gestión. La tesis era que Ábalos y Koldo García facilitaron información previa y privilegiada a Aldama, lo que permitió adjudicarse contratos de mascarillas de Puertos del Estado y Adif por valor de 36,7 millones de euros.

Luzón sostuvo en el juicio que para esas adjudicaciones irregulares fue determinante el pago recurrente por parte de Aldama de una suerte de sueldo mensual de 10.000 euros en efectivo que abonó a Koldo García para que lo repartiera con su jefe. La Fiscalía considera que esos pagos mensuales que se habrían mantenido entre octubre de 2019 y julio de 2022 fueron el “núcleo” del delito de cohecho que atribuye a los tres investigados. Tanto el exministro como su asesor negaron en el plenario haber recibido ese tipo de pago por parte de Aldama.

La resolución que dictó el juez José Luis Calama a finales de mayo ya apuntaba a que esto acabaría ocurriendo: Alba y Laura Rodríguez Espinosa deberán declarar como imputadas ante la Audiencia Nacional. Constan como administradoras solidarias de la sociedad Whathefav SL, y la UDEF considera que ese fue uno de los instrumentos utilizados para canalizar fondos hacia el entorno del expresidente en el marco de la presunta trama dedicada al tráfico de influencias que lideraba el exlíder socialista.

¿Pero qué indicios hay de la presunta actividad irregular de esa empresa 'nacida' para el marketing? El informe de la UDEF que dio pie al registro de su sede asegura que Whathefav habría generado “facturación ad hoc destinada a dotar de cobertura formal determinados movimientos financieros o mercantiles”. Y que, analizado su trabajo, se percataron de que no aportaban “un valor técnico especial” porque, simplemente, ponían 'bonitos' informes que les llegaban de Análisis Relevante —la consultora de Julio Martínez, amigo de su padre— y los enviaban a un listado que era facilitado y elaborado por el propio Zapatero. La nada, en opinión de la Policía.

Calama, en el auto que trascendió este jueves —un día después de que Zapatero declarara como imputado— indica que concurren “indicios racionales” de que participaron en el entramado dada “su posición orgánica” en la empresa. Recordaba que en el caso de administradores de sociedades presuntamente instrumentales, como es el caso de Alba y Laura Rodríguez Espinosa, la conexión deriva de la propia estructura societaria. Y es que “quien ostenta la representación formal es el responsable de la actuación de la persona jurídica y de la adopción de decisiones que permiten o facilitan su operativa”.

La UDEF, Anticorrupción y el juez tienen sobre la mesa pagos a Whathefav SL por un valor superior a 800.000 euros. Quienes les pagaban eran Análisis Relevante e Inteligencia Prospectiva, la sociedad vinculada a los hermanos Amaro Chacón. Ambas empresas estaban vinculadas a los negocios de Zapatero, y en su declaración del pasado miércoles el expresidente no logró dar explicaciones convincentes que justificaran ya no solo qué trabajo hizo realmente él para cobrar (por ejemplo) 490.000 euros de la empresa de su amigo Julio Martínez, sino tampoco qué función cumplían las hijas para facturar por simples trabajos de maquetación.

Según los audios a los que ha tenido acceso elDiario.es, Zapatero en su interrogatorio reconoció que las había “apoyado” pero defendió su trabajo y recordó que esa empresa se creó en 2019. “Tienen una empresa, trabajan bien, y quiero subrayar que por ser quienes son nunca contrataron con la Administración Pública”, argumentó.

El magistrado también se interesó por el más de medio millón de euros que la agencia de Laura y Alba Rodríguez Espinosa recibió de otra sociedad, Inteligencia Prospectiva, propiedad de dos hermanos venezolanos y que también hizo pagos a Análisis Relevante. Aseguró que no intervino “absolutamente para nada” en la relación comercial que forjaron sus hijas con dicha sociedad ni revisó las condiciones de esos acuerdos.

Para la UDEF, Alba y Laura Rodríguez Espinosa pilotaban “un centro de redistribución de flujos económicos” en el entramado y sustenta esta aseveración en que gran parte de los fondos de la agencia acababa en cuentas bancarias personales de ambas en las que el propio Zapatero figuraba como autorizado. En concreto, Laura ingresó 247.191,06 euros en casi cinco años, entre abril de 2021 y diciembre de 2025. Alba se hizo con 199.904,25 en casi tres años, entre abril de 2023 y diciembre de 2025.

Otro indicio que pesa en su imputación es un clásico en los casos en los que se investiga un delito de blanqueo: las facturas genéricas. Los investigadores explican que Whathefav SL emitía sus facturas bajo el concepto genérico de “servicios agencia” y “sin figurar mayor detalle o concreción respecto de las prestaciones realizadas”.

Las cantidades de Whathefav

Si hubiera que dibujar un circuito del dinero, habría que empezar el trazo en la empresa epicentro de la trama, Análisis Relevante, una consultora que el juez considera “pieza instrumental” carente de toda “lógica empresarial” y de la que las hijas de Zapatero habrían cobrado 239.755 euros. Consta un contrato firmado el 1 de junio de 2020 entre ambas sociedades para supuestos servicios de marketing, posicionamiento en Internet y logística de eventos.

Las hijas de Zapatero constituyeron su empresa en septiembre de 2019, pero sus inicios no fueron nada halagüeños. Las hermanas cerraron el primer ejercicio fiscal con pérdidas de poco más de 3.000 euros. La creación de Análisis Relevante tuvo un efecto directo en la economía de ambas. En 2020, Whathefav ya facturaba 155.791,66 euros. La cuenta de resultados dio positivo: 31.948,23 euros. Además de tener a Análisis Relevante como principal proveedor, los medios de comunicación añadían un extra a la facturación. La Razón fue el primero, pero luego se sumarían El Español, El Plural, Público o Neox.

Pero los pagos de Análisis Relevante cobran otra dimensión después de que la fiscal del caso, Elena Lorente, haya apuntado a que la agencia de las hermanas Rodríguez Espinosa se “benefició”, a través de la sociedad de Julio Martínez, de los pagos procedentes de Plus Ultra, la aerolínea rescatada y que presuntamente contó con los esfuerzos y la influencia del expresidente.

A los pagos de Análisis Relevante se suman los de Inteligencia Prospectiva, otra consultora con sede en un piso en Madrid, sin actividad empresarial, y propiedad de dos hermanos venezolanos, los Amaro Chacón. En cuatro años abonó a Whathefav 561.440 euros. El juez sacó a colación esa cifra, pero Zapatero dijo que no tuvo nada que ver con eso y que sus hijas les conocían porque eran de su edad: “Ellos fueron los que decidieron contratar a Whathefav”.

Y ya, en otra escala, los investigadores también ponen el foco en otro pago de 20.000 euros con fecha del 27 de abril de 2020 a la empresa de las hijas de Zapatero por parte del empresario venezolano Danilo Diazgranados, también investigado en este caso. La UDEF y la ONIF han constatado que ese pago no figura en la información tributaria de la agencia de las hermanas correspondiente al ejercicio 2020.

Con estos datos, las hijas de Zapatero deberán afrontar una declaración que, como ya ocurriera con su padre, será capitalizada por el juez Calama. El magistrado ya demostró ante el expresidente que no le hace falta apoyarse en la fiscal del caso para sacar adelante los interrogatorios. Está por ver si, al contrario de lo que hiciera su padre, ellas optan por la vía de declarar solo a su abogado o la de acogerse a su derecho a no responder a nadie.

El futuro judicial de Begoña Gómez y el de los otros dos investigados —su asistente de La Moncloa, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés— queda ahora en manos de la instancia que revisa las decisiones de los jueces de instrucción. En este caso, dependerá del juicio de los tres magistrados de la sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid encargados de resolver los recursos presentados contra la instrucción de Juan Carlos Peinado. Durante los más de dos años que dura la investigación, esos tres jueces han resuelto 20 recursos anulando una decena de resoluciones del juez.

Este tribunal ha avalado una parte importante de las pesquisas de Peinado, pero también ha corregido algunos de sus excesos. Le ordenó cerrar varias líneas de investigación abiertas —como el rescate de Air Europa— por basarse en meras conjeturas, o levantar la imputación de cuatro investigados –el rector de la Complutense, un directivo del IE, el actual Delegado del Gobierno en Madrid y la secretaria general de Presidencia– o anular el registro que ordenó en el domicilio y las empresas del empresario Juan Carlos Barrabés cuando estaba ingresado en el hospital aquejado de una grave enfermedad. “No se puede obtener la verdad real a cualquier precio. No todo es lícito en el descubrimiento de la verdad. Solo aquello que es compatible con la defensa del elemento nuclear de los derechos fundamentales, así la dignidad, la intimidad, etcétera dentro de los parámetros fijados en la ley (…) La resolución no justifica los motivos que llevan a registrar el domicilio (…) tampoco se justifica la necesidad de que el registro se practique a la media hora de la firma del auto, y todo ello considerando que se limitan los derechos del investigado, quien se encontraba ingresado en el Hospital 12 de octubre, tampoco se comprende una medida tan extensa y desproporcionada a los fines de la instrucción (…) Son producto de un juicio de inferencia absolutamente ilógico y arbitrario”, le advirtieron ya entonces los magistrados de la Audiencia Provincial.

El Tribunal Supremo rechazó con un portazo la exposición razonada donde Peinado pretendía la imputación del ministro de Justicia, Félix Bolaños: “No se aprecia ni un mínimo respaldo indiciario”. Entre la decena de recursos que estos magistrados tienen que resolver ahora están los que impugnan la decisión del juez de derivar el procedimiento por la vía del jurado popular, o su última decisión de abrir juicio oral por el procedimiento del jurado e imponer medidas cautelares a Begoña Gómez —retirada del pasaporte y comparecencias ante el juzgado dos veces al mes—. La motivación del juez para justificar el riesgo de fuga —que los policías que la escoltan diariamente o sus jefes superiores pueden ayudar a huir a la mujer del presidente— desencadenó una denuncia del ministro del Interior ante el Consejo General del Poder Judicial. Su presidenta, Isabel Perelló, propuso a la comisión permanente abrir expediente disciplinario al juez por estos hechos. Ese órgano debatirá hoy la propuesta.

Las diligencias del caso Begoña Gómez arrancaron con una denuncia del pseudosindicato ultra Manos Limpias contra la esposa de Pedro Sánchez basándose en diversas informaciones de prensa sobre un supuesto tráfico de influencias, sin acreditar, más un bulo sobre una subvención pública a una empresa de la mujer del presidente. La investigación amagó con transformarse en macrocausa cuando Peinado llegó a investigar a Begoña Gómez por media docena de aspectos de su vida profesional desde que su marido fue elegido presidente del Gobierno. Desde sus másteres y su cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense –con la que colaboraba desde 2012, antes de que Sánchez fuera siquiera líder del PSOE– hasta su puesto en el Africa Center del IE pasando por su relación con el empresario Juan Carlos Barrabés o su supuesta vinculación con el rescate de Air Europa a través de una supuesta amistad con su entonces consejero delegado Javier Hidalgo y Globalia.

Muchas de estas ramificaciones fueron cerradas a golpe de auto por la Audiencia Provincial de Madrid. En el caso de Air Europa, hicieron falta varias resoluciones de este tribunal para que Peinado, a regañadientes, dejara de encargar informes a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para saber si Begoña Gómez había presionado a su marido para rescatar esta aerolínea. También forzaron el cierre de la rama de la investigación que tenía que ver con el trabajo de Begoña Gómez para el IE, quedando entonces de manifiesto que Peinado había retorcido la declaración de Juan José Güemes, directivo del centro y exconsejero con Esperanza Aguirre, para buscar ilegalidades en la contratación de la pareja del presidente.

“Fue la empresa la que quiso contar con los servicios de la señora Gómez”, dijo la Audiencia Provincial a Peinado. También fue archivada la parte de la causa que abrió Peinado contra el rector de la UCM, Joaquín Goyache, investigado por los dos masters y la cátedra extraordinaria que Begoña Gómez llegó a tener en esa universidad. La imputación, dijeron los jueces, “carece de fundamento” por la “ausencia de datos objetivos incriminatorios” contra él. Las reiteradas imputaciones de testigos por lo que habían dicho cuando estaban obligados a contestar y a decir la verdad también fueron cuestionadas por el tribunal supervisor.

El juez Peinado llegó a citar a Pedro Sánchez como testigo y le tomó declaración en el Palacio de la Moncloa aunque la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite al presidente declarar por escrito “sobre los hechos de que tenga conocimiento por razón de su cargo”. Aunque Gómez estaba imputada por un delito de tráfico de influencias, que solo puede cometer porque su marido es presidente del Gobierno, el juez justificó su decisión en que quería interrogar a Sánchez sobre “cuestiones de las que no haya tenido conocimiento por razón de su cargo” y logró interrogarle en un despacho de Moncloa, aunque sin ningún resultado. El presidente se acogió a su derecho a no declarar y, pese a ello, el juez Peinado facilitó el vídeo de ese testimonio fallido a las partes. La Audiencia Provincial se lo afeó: “Carecía de cualquier utilidad la entrega de dicha declaración, ya que en dicha diligencia el presidente del Gobierno se acogió a su derecho a no declarar, por lo que la entrega y publicación de dicho acto carecía de sentido, debiendo permitirse a las partes se instruyeran sin necesidad de entregar copia porque el citado contenido carecía de interés ya que solo contenía determinados formalismos”.

La tormentosa instrucción llegó a provocar incluso que las acusaciones populares de ultraderecha pidieran al juez que motivara mejor sus autos para evitar que prosperaran los recursos de la defensa de Gómez y el resto de imputados. Hazte Oír, Vox o Manos Limpias, presentes en la causa, recurrieron en reforma tras la imputación de la asistente de Begoña Gómez con una censura insólita al juez instructor, exigiéndole que aportara “mayor argumentación, todo ello con el propósito de evitar riesgo innecesario de futuras nulidades que pudieran poner en peligro la progresión de la causa”.

Peinado llegó a sancionar con una multa de 5.000 euros al abogado Antonio Camacho, defensor de Gómez, por hacer declaraciones a los periodistas a las puertas del juzgado. La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid revocó la sanción.

El juez Juan Carlos Peinado ha decidido enviar a juicio a Begoña Gómez, retirarle el pasaporte y obligarle a comparecer quincenalmente ante el juzgado cinco días después de su comparecencia el lunes en los juzgados de la Plaza de Castilla. El magistrado ha tomado la decisión después de que durante esa vista una de las acusaciones populares del caso, el grupo ultracatólico HazteOir, solicitara precisamente que le fuera retirado el pasaporte y que fuera obligada a comparecer cada 15 días en el juzgado. También impone idénticas medidas a la exasesora de Gómez en Moncloa, Cristina Álvarez, pero no al empresario Juan Carlos Barrabés. La comparecencia quincenal no podrá ser en cualquier juzgado, sino que tendrá que ser en el de Peinado, situado en la Plaza de Castilla de Madrid.

La petición de HazteOir, que dirige la acción popular, se produjo al término de la audiencia preliminar. Fue el último acto previo al juicio al que se dirigen la mujer del presidente del Gobierno y los otros dos procesados si no lo impide la Audiencia Provincial de Madrid, la instancia que revisa las decisiones de los jueces de instrucción, como Peinado. En una vistilla celebrada a continuación se abordó la cuestión de las medidas cautelares.

La decisión de Peinado contrasta con la adoptada por el juez José Luis Calama sobre el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, al que decidió no poner ninguna medida cautelar por su condición pública, similar a la de Gómez. En su auto, Calama aseguró que “el investigado es una persona de pública notoriedad, circunstancia que dificulta de manera evidente que pueda situarse en una posición de localización o sustraerse discretamente al procedimiento”.

“Su visibilidad pública y manifiesto arraigo en el territorio, unidos a la ausencia de cualquier indicio de intención evasiva, excluyen razonablemente la existencia de un riesgo de fuga real y actual. Tampoco se aprecia riesgo de ocultación o destrucción de fuentes de prueba, pues los elementos relevantes ya han sido intervenidos y la investigación no depende de actuaciones que el investigado pudiera obstaculizar. En este contexto, la imposición de comparecencias apud acta o la retención del pasaporte con prohibición de salida del territorio nacional no resulta necesaria, al no existir un riesgo procesal que requiera ser conjurado mediante tales medidas. Su adopción supondría una restricción injustificada del derecho a la libertad personal y a la libre circulación, incompatible con el principio de proporcionalidad”, consideró Calama.

Peinado, en cambio, considera que “el criterio de ponderación lógico es presumir que a mayor gravedad de la pena, más intensa puede ser la tentación de la huida y mayor el perjuicio que, en caso de materializarse la fuga, sufriría la finalidad de preservar la acción de la justicia”, en el caso de Begoña Gómez como en el de su exasesora. Así, Peinado considera que “las graves responsabilidades penales, todavía en sede indiciaria, así como los posibles contactos con otros posibles miembros de la organización aún no conocidos, pero que pudieran facilitar su sustracción, acrecientan el riesgo de fuga, que en ningún caso queda enervado por el hipotético arraigo alegado por todos ellos, no constando en muchos de ellos, como decimos, otros medios lícitos de vida más allá de su vinculación criminal”.

Los escoltas podrían “facilitar” la fuga, según Peinado

Es más, para el juez el hecho de que Gómez tenga escolta policial y, por tanto, esté siempre acompañada por autoridades no impide el riesgo de que la esposa del presidente huya de España. Cree, incluso, que los policías podrían ayudarle a fugarse. “Lo que no cabe duda es que, esos agentes en un momento determinado, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, sean precisamente, quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo, para facilitar esa fuga, que haga imposible, que la acusada se encuentre a disposición de la justicia”.

En su auto, Peinado ordena mandar a juicio a Begoña Gómez, a la que atribuye los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares, apropiación indebida y malversación de caudales públicos. Son los mismos delitos que le atribuye a Álvarez. A Barrabés, en cambio, le atribuye tráfico de influencias y corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares.

Respecto a la esposa del presidente del Gobierno, Peinado considera que “habría venido aprovechando su proximidad al Presidente del Gobierno para impulsar su proyección profesional en el entorno de la Universidad Complutense de Madrid, obteniendo para ello una interlocución singular con responsables de una universidad pública, con empresas patrocinadoras y con entidades del sector tecnológico, al tiempo que recababa apoyo, financiación, colaboración y respaldo institucional y empresarial para la creación, desarrollo y expansión de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva y de los proyectos surgidos en su seno”.

En ese mismo marco, añade el auto, “la investigación ha permitido constatar la integración funcional de Juan Carlos Barrabés en el proyecto académico de la Cátedra al mismo tiempo que sociedades de su grupo resultaban beneficiadas por adjudicaciones públicas avaladas o apoyadas por Begoña Gómez, así como la captación de financiación y ventajas de empresas con intereses o vínculos con el sector público, extremo que, en su conjunto, presenta rasgos susceptibles de integración en los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios”.

Sobre Álvarez, el juez Peinado asegura que “no actuaba como mera acompañante ocasional” sino como “asistente y apoyo logístico permanente de la actividad profesional y académica” de Begoña Gómez pese a tratarse de “actuaciones completamente ajenas a las funciones institucionales de la Presidencia del Gobierno, que era quien abonaba su sueldo”. Un puesto en el que Jaime de los Santos, hoy alto cargo del PP de Alberto Núñez Feijóo, llegó a ser denominado por la prensa como “chico para todo” de la esposa de Mariano Rajoy, Elvira Rodríguez, por llevar sus bolsas durante jornadas de compras de ropa.

El magistrado citó personalmente este lunes a la mujer del presidente y el resto de acusados bajo la amenaza de que, en caso de no presentarse, podrían ser “conducidos por la fuerza pública”. Su argumento era que, ante las altas penas a las que se exponen, “se podría adoptar alguna medida cautelar de naturaleza personal que evite o minimice el riesgo” de que se fuguen. Junto a Gómez está imputada su asistente, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés, aquejado de una grave enfermedad y al que se ha podido ver acceder con dificultad a los juzgados de Plaza Castilla, ayudado por un bastón.

La defensa de Begoña Gómez daba por hecho que en esta ocasión se abordaría la posibilidad de que se tomara algún tipo de medida cautelar contra ella, como la retirada del pasaporte, por lo que sí ha asistido, a diferencia de lo que hizo en anteriores ocasiones. En estas citaciones estuvo representada por su abogado, posibilidad que incluye la Ley del Jurado y que aclara una circular de la Fiscalía General del Estado de 1995.

El escrito en el que las acusaciones ultras pedían 24 años de cárcel para Begoña Gómez por delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida ya daba pistas al respecto al solicitar al juez que tomara medidas como la retirada del pasaporte o las comparecencias quincenales en el juzgado. Formulaban esta petición ante el “evidente y fundado riesgo de fuga” derivado de “la gravedad de las penas solicitadas”. 

El juez Peinado rechazó prácticamente todas las diligencias que las partes habían pedido que se celebraran en la audiencia preliminar de este lunes. Por ejemplo, la defensa de Barrabés solicitó la declaración de más de una veintena de testigos, pero el juez determinó que escucharles no era “imprescindible” para decidir sobre la procedencia de abrir juicio. También rechazó que se abordaran los últimos informes periciales que ha presentado la defensa de Begoña Gómez, que sí están incorporados al procedimiento. 

Begoña Gómez y la Complutense

Parte de la investigación impulsada por el juez Juan Carlos Peinado gira en torno a la actividad profesional de Begoña Gómez en la Complutense. Según el juez, desde la llegada de Pedro Sánchez, primero a la Secretaría General del PSOE y, sobre todo, al Gobierno, “se tomaron determinadas decisiones públicas favorables” a la cátedra que Begoña Gómez codirigió en esa Universidad gracias a su “posición relacional”.

En esta línea, las acusaciones populares lideradas por HazteOir defienden que Begoña Gómez se valió de la influencia derivada de ser la esposa del presidente para favorecer a empresas de Barrabés en adjudicaciones públicas e impulsar de forma irregular la creación de la Cátedra de Transformación Social Competitiva que codirigió en la Universidad Complutense de Madrid. 

Durante la vista de este lunes, Camacho ha defendido que la vinculación de Gómez con ese campus comenzó en 2012, cuando Pedro Sánchez “no ostentaba responsabilidad pública alguna”, que fue ella quien “inventó” el término “Transformación Social Competitiva” que dio nombre a la dirección de la cátedra extraordinaria que asumió en 2020 o que ese cargo no conllevaba “retribución económica alguna”. 

La Fiscalía se ha expresado en términos similares. En sus escritos, el fiscal José Manuel San Baldomero ha criticado que el juez Peinado haya tachado de “irregular, corrupta y delictiva” cualquier actividad realizada por la esposa de Pedro Sánchez “forzando la conexión de actividades profesionales o cotidianas e institucionales como si de una trama u organización criminal se tratara”. Y también ha atacado el mantra de los negocios privados de Begoña Gómez, que cobró 34.314 euros en una década de colaboración con la Complutense. “No parece que el lucro sea sospechoso ni disparatado”, dejó por escrito el fiscal.

Sobre la supuesta apropiación indebida del software vinculado a la cátedra, las acusaciones ultras defienden que “se apropió y puso bajo su poder de control y disposición” el programa en perjuicio de la Complutense porque no lo entregó a pesar de que estaba obligada a ello.

La defensa de Begoña Gómez viene subrayando, sin embargo, que el convenio de la cátedra preveía crear una plataforma tecnológica gratuita propiedad de la Complutense. Y que las empresas colaboradoras ingresaron directamente las aportaciones económicas en el patrimonio de la universidad, así como que fue la propia Complutense quien licitó los contratos necesarios. Además, la defensa ha insistido en que el software nunca llegó a finalizarse ni a usarse debido a que la Complutense canceló la cátedra, por lo que ni Begoña Gómez se lucró ni la Universidad sufrió ningún perjuicio patrimonial.

El aval de los jueces de la Sección 23

La Sección 23 de la Audiencia Provincial ha corregido algunos aspectos de la instrucción de Peinado, como su insistencia en investigar la supuesta participación de Begoña Gómez en el rescate de Air Europa, pese a los informes de la UCO que descartaban tal posibilidad. Sin embargo, los magistrados de la instancia superior han avalado los indicios de delito de malversación presentados por Peinado. Ese delito arrastra a los demás para que todos sean juzgados por un tribunal popular.

En diciembre pasado, los jueces de la Sección 23 llegaron a argumentar que el puesto de la asistente Cristina Álvarez siempre había sido ocupado por un experto en protocolo, una afirmación que contrasta con la realidad de los perfiles de los asistentes de otras esposas de presidentes del Gobierno.

La causa que el juez Juan Carlos Peinado impulsa desde hace más de dos años contra Begoña Gómez se mantiene en tensión a la espera de una decisión clave del magistrado: si abre juicio oral contra ella y si le impone algún tipo de medida cautelar. El juez deshoja desde hace días la margarita después de que las acusaciones populares de corte ultra solicitaran que retirase el pasaporte a la esposa del presidente del Gobierno o que le impusiera la obligación de comparecer cada 15 días en el juzgado. Mientras tanto, y después de tener que aclarar su propia providencia, el magistrado abre una nueva investigación al empresario Juan Carlos Barrabés después de meses de diligencias acotadas por la Audiencia Provincial de Madrid.

Peinado convocó a la esposa del presidente del Gobierno el pasado 15 de junio para un trámite que se ha visto obligado a repetir: la comparecencia previa a enviar su caso a un tribunal del jurado. La Audiencia Provincial de Madrid reprochó al magistrado el pasado mes de febrero que hubiera enviado a Begoña Gómez a juicio sin hacer ni siquiera una lista de los indicios que empujaban esa decisión. Este es el segundo intento del magistrado en dejar todo en manos de un tribunal compuesto por ciudadanos, a falta de que la Audiencia Provincial resuelva los recursos pendientes.

Gómez acudió a una comparecencia a la que los imputados no suelen estar obligados a ir, pero lo hizo bajo la advertencia de Peinado de ser detenida si no acudía por su propio pie. Allí su abogado, Antonio Camacho, acusó directamente al juez de impulsar un “procedimiento fantasma” para “erosionar” al Gobierno de Pedro Sánchez. Las acusaciones populares, capitaneadas por el grupo ultracatólico HazteOir, hicieron la petición que el magistrado aún no ha contestado: retirar el pasaporte a Gómez, limitando de forma efectiva su movilidad internacional, y obligar a la esposa del presidente del Gobierno a fichar cada 15 días en los juzgados.

El magistrado mantiene la incógnita sobre si impondrá cautelares a Begoña Gómez después de haberlo rechazado en diversas ocasiones y después de que la esposa del presidente del Gobierno, como el resto de acusados, haya acudido a todas las citaciones judiciales. Por el camino sí ha tenido tiempo de anunciar la apertura de una nueva pieza separada del caso por un contrato público adjudicado a una Unión Temporal de Empresas (UTE) de la que formaba parte una empresa de Juan Carlos Barrabés, uno de los investigados del caso. Peinado necesitó una segunda providencia para aclarar que esa parte del proceso, llegado desde la Fiscalía Europea, se dirige solo contra Barrabés y no contra Begoña Gómez, que no tuvo ningún tipo de participación en el proceso según se desprende de la documentación.

El futuro judicial de Begoña Gómez y el de los otros dos investigados —su asistente de la Moncloa Cristina Álvarez y el empresario Carlos Barrabés— quedará ahora en manos de la instancia que revisa las decisiones de los jueces de instrucción. En este caso, de los tres magistrados de la sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid encargados de resolver los recursos presentados contra la instrucción de Peinado. 

En los casi dos años y medio que ha durado la investigación, este tribunal ha avalado parte de sus pesquisas, pero también ha corregido algunos de sus excesos, como cuando le ordenó cerrar varias líneas de investigación abiertas, levantar la imputación de tres investigados o anular el registro que ordenó en el domicilio y las empresas de Barrabés cuando estaba ingresado en el hospital aquejado de una grave enfermedad. “No se puede obtener la verdad real a cualquier precio. No todo es lícito en el descubrimiento de la verdad”, le advirtieron ya entonces los magistrados. Entre la decena de recursos que estos magistrados tienen que resolver están los que impugnan la decisión del juez de derivar el procedimiento por la vía del jurado popular.

De Barrabés a su asistente en Moncloa

Las diligencias arrancaron con una denuncia del pseudosindicato ultra Manos Limpias contra la esposa de Pedro Sánchez basándose en un bulo y diversas informaciones de prensa sobre Begoña Gómez. La investigación amagó con transformarse en macrocausa cuando Peinado llegó a investigar a Gómez por media docena de aspectos de su vida profesional. Desde sus másters y su cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense –con la que colaboraba desde seis años antes de que su marido fuera siquiera alto cargo del PSOE– hasta su puesto en el Africa Center del IE pasando por su relación con el empresario Juan Carlos Barrabés o su supuesta relación con el rescate de Air Europa a través de Javier Hidalgo y Globalia.

Muchas de estas ramificaciones fueron cerradas a golpe de auto por la Audiencia Provincial de Madrid. En el caso de Air Europa hicieron falta varias resoluciones de este tribunal para que Peinado, a regañadientes, dejara de encargar informes a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para saber si Begoña Gómez había presionado a su marido para rescatar esta aerolínea. También forzaron el cierre de la rama de la investigación que tenía que ver con el trabajo de Begoña Gómez para el IE, quedando entonces de manifiesto que Peinado había retorcido la declaración de Juan José Güemes, directivo del centro y exconsejero con Esperanza Aguirre, para buscar ilegalidades en la contratación de Gómez.

“Fue la empresa la que quiso contar con los servicios de la Sra. Gómez”, dijo la Audiencia Provincial a Peinado. También fue archivada la parte de la causa que abrió Peinado contra el rector de la UCM, Joaquín Goyache, investigado por los dos másters y la cátedra extraordinaria que Begoña Gómez llegó a tener en esa universidad. La imputación, dijeron los jueces, “carece de fundamento” por la “ausencia de datos objetivos incriminatorios” contra él. Las reiteradas imputaciones de testigos por lo que habían dicho cuando estaban obligados a contestar y a decir la verdad también fueron cuestionadas por el tribunal supervisor.

El caso ha llegado a las puertas del tribunal del jurado –a la espera de lo que tenga que decir la Audiencia Provincial– con tres líneas de investigación abiertas. Una se centra en el empresario Juan Carlos Barrabés y las “cartas de apoyo” de Begoña Gómez. Misivas vendidas por Manos Limpias en su denuncia inicial como una presión ejercida por la esposa del presidente del Gobierno para que Barrabés consiguiera jugosos contratos públicos y que resultaron ser idénticas a las firmadas por 32 personas más, entre otras la directora de la Agencia de Empleo del Ayuntamiento de Madrid. 

Peinado considera que Begoña Gómez usó su empadronamiento en La Moncloa para potenciar su actividad profesional y pone como ejemplo su labor en la Complutense, que llevaba en marcha desde 2012 y por la que cobró 40.000 euros a lo largo de una década, a razón de 4.000 euros por año. También entiende que, como parte de este plan, Begoña Gómez usó a su amiga y asistente en Moncloa, Cristina Álvarez, para asuntos privados como las gestiones de su trabajo en la UCM. Un puesto en el que Jaime de los Santos, hoy alto cargo del PP de Alberto Núñez Feijóo, llegó a ser denominado por la prensa como “chico para todo” de la esposa de Mariano Rajoy, Elvira Rodríguez, por llevar sus bolsas durante jornadas de compras de ropa. En paralelo, Peinado también acusa a Begoña Gómez de apropiarse de manera ilegal de un software que diversas empresas crearon para su cátedra extraordinaria.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero fue tajante ante el juez instructor de la Audiencia Nacional al referirse a la supuesta sociedad off shore que la presunta trama habría planeado crear en Dubai para cobrar la comisión del 1% que habría pactado con Plus Ultra a cambio de lograr que prosperara el rescate público de la aerolínea: “Jamás en mi vida he oído hablar de una sociedad off shore”.

En el audio de la declaración de Zapatero ante el juez José Luis Calama, al que ha tenido acceso elDiario.es, el magistrado se muestra muy interesado por concretar qué personas asistieron a finales de enero de 2021 a una comida en la marisquería Portonovo. Esa comida fue reservada de manera presencial por un escolta del expresidente ante la imposibilidad de que la secretaria, Gertrudis Alcazar, lograra mesa por teléfono. El juez, que alabó la relación calidad precio del sitio, haciendo ver que ha sido cliente, le preguntó al expresidente si recordaba haber asistido.

Zapatero, que en un inicio respondió que “puede ser” que esa cita tuviese lugar, luego dijo que no recordaba quién asistió a la misma, pero cuando el juez le preguntó por quién sería el segundo comensal, indicó que pudo ser Tomás Guerrero, persona de la órbita del PSOE que conoció al hilo de su interés por la comida halal y que era experto en finanzas.

El juez le recordó que para la investigación es “muy importante” concretar quién asistió a esa comida porque en un mensaje del día siguiente a ese ágape, Guerrero y Julio Martínez Martínez —su amigo y persona clave en la trama por ser el administrador de la empresa Análisis Relevante— ya hablaban de la creación de esa sociedad off-shore en Dubai.

Zapatero respondió al juez que repasaría su agenda de esos días porque su secretaria Gertrudis es muy minuciosa con sus citas. Pero indicó al respecto que ese asunto de la conexión de la comida con la creación de una sociedad fue de lo que más le sorprendió al leer el auto de imputación. “Una de las cosas que cuando leí el auto de imputación más me sorprendió. Se dice que yo di directrices para la creación de sociedades offshore, yo no he hablado nunca en vida con nadie de una sociedad offshore y ni sé lo que es”, indicó. Después de su declaración, la defensa del exdirigente presentó un escrito con una “autorización universal voluntaria” para que el juez Calama pueda comprobar que no tiene ningún tipo de dinero o activo en el extranjero a su nombre.

Calama le insistió en que comprobara en las agendas el dato porque la hipótesis es que se creó esa sociedad en Emiratos Árabes Unidos (“que no son precisamente muy colaboradores con la justicia española”) para que otra sociedad de Julio Martínez, Idella Consulenza, cobrara “la mordida” por el rescate público.

“Eso es muy pertinente que lo compruebe y sea exhaustivo. Es uno de los temas importantes”, le dijo. El juez le explicó en hasta dos ocasiones que le resultaba llamativo que su oficina cerrara la comida y que luego él no fuera y dejó caer que otra opción podría ser la de que, aunque no asistiera, sí supiera de lo que se iba a tratar en la misma.

Cabe recordar que la UDEF considera que fue idea del expresidente la creación de esa offshore. La Policía lo deduce de un correo incautado y fechado un día después de esa comida en el que Guerrero hace referencia a una conversación mantenida “ayer” y le traslada a Julio Martínez Martínez la documentación necesaria para constituir la sociedad. Para la UDEF, lo que comentaron Guerrero y Martínez el día anterior tuvo que producirse necesariamente en esa comida con Zapatero.

“No tuve ninguna intervención. No hablé con nadie, absolutamente con nadie, del sector público sobre el rescate de Plus Ultra. Y eso es una verdad incuestionable”. Así respondió el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero al juez José Luis Calama en su interrogatorio de este miércoles en la Audiencia Nacional, según el audio de esa declaración, al que ha tenido acceso elDiario.es.

El rescate de 53 millones de euros concedido a la aerolínea Plus Ultra en la pandemia está en el origen de las pesquisas y fue uno de los asuntos en los que se centró el interrogatorio del magistrado. Mensajes intervenidos a otros investigados incluyen “referencias constantes” de directivos de Plus Ultra a recurrir a lo que llamaban la “vía Zapatero” para sortear las dificultades en la tramitación de la ayuda. Les exponen mostrándose confiados en que el expresidente diera un “toque técnico desde arriba”, alardeando de tener al “pana Zapatero detrás” y admitiendo su disposición a pagar mordidas.

Ante el juez, Zapatero defendió que él no había ejercido “absolutamente ninguna influencia” en el citado rescate y mantuvo que “toda” su “actividad profesional” se ha desarrollado “conforme a la legalidad”. Admitió únicamente haber hablado en una ocasión con el directivo de Banco Santander Juan Manuel Cendoya para que recibiera a ejecutivos de la aerolínea en una “gestión parecida” a la que ha hecho por “muchísima gente”.

No firmó un contrato con Análisis Relevante

En el centro de las pesquisas están los supuestos trabajos de consultoría que realizó para Análisis Relevante, la consultora de su amigo Julio Martínez Martínez, y por los que cobró medio millón de euros. La tesis de los investigadores es que, en realidad, cobró a cambio de mediar en el rescate de Plus Ultra y otras prácticas de tráfico de influencias, un extremo que Zapatero negó tajantemente. “Es un lenguaje que rechazo radicalmente”, respondió cuando el magistrado le preguntó por las alusiones de otros imputados al supuesto cobro de una “mordida”. 

El juez se interesó en varias ocasiones por el “rastro formal” de esos trabajos. Ahí, Zapatero admitió que nunca firmó un contrato con Análisis Relevante —dijo que operaban bajo “un acuerdo” dada la “confianza” que tenían—, que recibía “verbalmente” los encargos de informes de consultoría y que no sabía lo que iba a cobrar cuando recibía los encargos porque el “acuerdo” era que cobraría una “cantidad global” de en torno a 90.000 euros al año.

Plus Ultra, que opera la línea Madrid-Caracas, tenía contratado a su amigo Julio Martínez Martínez como una especie de conseguidor para resolver sus problemas en Venezuela. La aerolínea le pagó de forma directa o indirecta más de 900.000 euros entre 2020 y 2024. En ese mismo período de tiempo, la consultora de este empresario abonó más de 700.000 euros a la familia del expresidente: 490.780 a Zapatero y 239.755 a Whathefav, la agencia de marketing de sus hijas. 

Zapatero defendió que esos cobros eran “en proporción al trabajo” realizado: “Yo he dedicado muchísimo tiempo y trabajo a las tareas de Análisis Relevante en apoyo de sus clientes, en reuniones, viajes, asesoramiento, etcétera”.

Sobre la empresa de sus hijas: “Sí, he apoyado a mis hijas y trabajan bien”

El expresidente explicó ante el juez que propuso a Julio Martínez Martínez que sus hijas “prestaran una colaboración formal con Análisis Relevante”. “Sí, he apoyado a mis hijas”, dijo. “En mi opinión trabajan bien, tienen trabajadores y precisamente por ser quienes son nunca han concursado a una administración pública”, añadió. Y explicó que su función era dar apoyo en marketing, comunicación digital y encargarse de la maquetación e infografía de los informes estratégicos elaborados para los clientes.

El juez también se interesó por el más de medio millón de euros que la agencia de Laura y Alba Rodríguez Espinosa recibió de otra sociedad, Inteligencia Prospectiva, propiedad de dos hermanos venezolanos y que también hizo pagos a Análisis Relevante. Aseguró que no intervino “absolutamente para nada” en la relación comercial que forjaron sus hijas con dicha sociedad ni revisó las condiciones de esos acuerdos.

Los audios de la declaración del expresidente ante el juez también evidencian cómo este último intentó preguntar al exdirigente socialista por las joyas halladas en su despacho, que le han llevado a abrir una pieza separada del caso Plus Ultra y a acusar a Zapatero de contrabando y delito fiscal.

“Vale, y ahora vamos a las dichosas joyas. Que ya sé que creo que se ha recurrido. Sí, bueno, como sabe, el recurso no es suspensivo. Sobre esto. ¿Quiere prestar declaración o no quiere prestar declaración?”, le preguntó Calama a Zapatero. Este le contestó: “No, No deseo prestar declaración por el recurso que se ha presentado”. Su defensa había pedido que en la declaración del miércoles no se abordara el asunto de las joyas para lograr más tiempo para explicar su procedencia. De hecho, Zapatero pretende explicarse ante el juez al respecto cuando recopile todos los datos.

Se desvincula de los chats que le consideran el “pana” de Plus Ultra

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, negó varias veces en su declaración como imputado que interviniera de alguna manera para que el ejecutivo rescatara con más de 50 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra. A lo largo del interrogatorio, el juez Calama expuso los chats intervenidos a otros investigados que se referían a él como “nuestro pana Zapatero”. “Tenemos chats donde de manera clara están diciendo que usted ha intervenido, o podría haber intervenido, llegan a decir ”nuestro pana Zapatero está detrás“, afirmó el juez.

La respuesta de Zapatero fue desvincularse de esos chats, una de las pruebas polémicas del caso al proceder de Estados Unidos. “Yo no puedo hacerme responsable de lo que digan terceros, algunos son personas a las que no conozco”.

Un informe de la Agencia Tributaria revela que Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, facturó un total de 4,4 millones de euros a través de sus dos empresas a Quirón Prevención entre 2021 y 2023. Se trata de operaciones facturadas por sus sociedades Maxwell Cremona y Masterman & Whitaker por servicios de consultoría en los que Hacienda ha hallado “indicios de simulación” al canalizar el empresario parte de esos ingresos a través de la segunda de esas empresas, a la que la Agencia Tributaria ya calificó de “pantalla”.

Las cantidades, IVA incluido, se desglosan en un millón de euros en 2021, casi dos millones en 2022 y finalmente 1,4 millones en 2023, los tres años analizados. Varios artículos de prensa se hicieron eco en la primavera de 2021 de la relación sentimental entre Díaz Ayuso y González Amador, aunque sin precisar el momento en que había comenzado la relación.

Hacienda desvela también en este documento que el departamento de Grandes Contribuyentes está investigando a Helios Healthcare, la matriz del gigante sanitario Quirón, por su condición de representante ante Hacienda de todo el grupo. Asimismo, hay comprobaciones de Hacienda sobre Quirón Prevención en relación con el Impuesto sobre Sociedades (2020 -2023), IVA (2021-2023) y retenciones e ingresos a cuenta (2021-2023).

No obstante, la Agencia Tributaria solicita al juez que investiga a González Amador que suspenda el procedimiento inspector contra ambas al constatar que puede estar relacionado con la causa en la que mantiene imputado al empresario por delitos de corrupción en los negocios y administración desleal. Hacienda argumenta que el resultado de estas actuaciones inspectoras depende de los hechos que se declaren probados en la investigación penal.

La Ley General Tributaria prohíbe a la Inspección suspender los procedimientos por iniciativa propia en estos casos. Es obligatorio que la orden provenga del órgano judicial. Por ello, Hacienda solicita formalmente al juzgado que ordene la paralización parcial de la inspección tributaria para que se detenga “exclusivamente” la parte que afecta a la comprobación de los servicios realizados por Maxwell Cremona y Masterman & Whitaker. 

Dos investigaciones penales abiertas

Los tribunales mantienen abiertas dos investigaciones penales distintas en torno a González Amador, su facturación y su relación con este grupo sanitario, cuyos hospitales recibieron casi 5.000 millones de euros de la Comunidad de Madrid entre 2021 y 2024.

Por un lado, el comisionista tiene pendiente de juicio la causa por el fraude fiscal de más de 350.000 euros que perpetró, supuestamente, durante la pandemia usando un entramado de facturas falsas. Un caso revelado por elDiario.es y en el que la Fiscalía y la Abogacía del Estado piden tres años y nueve meses de cárcel para el empresario por dos delitos de fraude fiscal.

La segunda causa abierta contra él, y todavía en fase de instrucción en el juzgado de Antonio Viejo en la Plaza de Castilla de Madrid, tiene que ver con su relación con Quirón Prevención y con uno de sus directivos: Fernando Camino. El juez acaba de encargar a la UCO, después de varios meses con la causa paralizada, un informe sobre las cuentas bancarias del empresario. Esta segunda ramificación del caso investiga la compra por parte del empresario por medio millón de euros de una sociedad sin apenas valor de la mujer de Camino. Y si no fue una compra, sino el pago encubierto de una comisión.

Las investigaciones penales se han solapado con las inspecciones de Hacienda sobre González Amador, Fernando Camino, el grupo Quirón y las empresas de la pareja de Díaz Ayuso.

En diversos escritos e informes presentados en los últimos días, la Agencia Tributaria ha pedido autorización al juez para suspender sus inspecciones mientras siga la investigación penal para evitar duplicidades y descoordinación. “El resultado de dichas actuaciones inspectoras depende de los hechos que se declaren probados por la Jurisdicción Penal”.

El magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha emitido un nuevo auto en el que, además de imputar a las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero, responde a la defensa del expresidente que de momento no considera pertinente ampliar la comisión rogatoria enviada a EEUU para obtener más detalle sobre cómo se clonó el móvil del empresario venezolano vinculado a Plus Ultra Rodolfo Reyes en 2021.

Fue el pasado 5 de junio cuando Calama acordó enviar a EEUU una solicitud de cooperación internacional para obtener el visto bueno de las autoridades judiciales del país norteamericano para poder utilizar en un eventual juicio el contenido del móvil de ese empresario. Resulta que los mensajes que contenía ese terminal fueron clave para imputar a Zapatero y para solicitar la entrada y registro en su oficina, donde se encontraron joyas tasadas de manera preliminar en 1,3 millones de euros.

Tras esa resolución, la defensa del expresidente, dirigida por el letrado Víctor Moreno Catena, envió un escrito al juez en el que planteaba sus dudas sobre la obtención y la correcta custodia del contenido del teléfono móvil de Reyes.

Entre otras cosas, pedía que se reclamara a EEUU la resolución judicial o administrativa que autorizó la incautación y el clonado del teléfono, así como los detalles del procedimiento abierto contra Reyes en EEUU. A nivel técnico, exigía conocer qué autoridad realizó el volcado, qué software se empleó y, sobre todo, que se aportaran los mecanismos de verificación —como códigos hash y actas de desprecinto— con los que se pudiera determinar si las conversaciones sufrieron algún tipo de manipulación.

Pero el juez explica ahora que mientras no se reciba contestación de EEUU dando luz verde para que el contenido pueda ser utilizado como fuente de prueba “no es posible efectuar una valoración fundada” de la necesidad de esas peticiones de la defensa.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado dirigir la investigación del 'caso Plus Ultra' contra las hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, Alba y Laura Rodríguez Espinosa, así como contra su secretaria, Gertrudis Alcázar. El magistrado toma esta decisión a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, que en un escrito del martes pasado pidió a Calama que les tomase declaración en calidad de investigadas.

En el auto en el que acuerda estas diligencias, el instructor sostiene que citarlas como investigadas —y no como testigos— tiene como objetivo proteger sus derechos constitucionales y ofrecerles las máximas garantías procesales. Todavía no hay fecha para su declaración. El juez la señalará en otra resolución aparte.

En relación con las hijas, Calama afirma que existen “indicios racionales” de que su agencia de marketing, Whathefav, era una sociedad instrumental que era utilizada para “la canalización, ocultación o facilitación” de operaciones relevantes para los hechos que se investigan. El juez ya ordenó a la Guardia Civil registrar sus oficinas el pasado mayo.

Según la investigación, la agencia de Alba y Laura Rodríguez Espinosa cobró 800.000 euros de empresas vinculadas a los negocios de su padre. Análisis Relevante, la consultora de Julio Martínez Martínez, amigo del expresidente, les pagó 239.755 euros. E Inteligencia Prospectiva, propiedad de dos hermanos venezolanos, más de medio millón. Ambas son dos sociedades fallidas, según la Oficina Antifraude. Nada hacían y nada, por tanto, tenían que subcontratar, sospechan el juez y Anticorrupción. 

Respecto a la secretaria Gertrudis Alcázar, el juez apunta que los “indicios de su participación directa en los hechos” ya figuraban en el auto en el que imputó a Zapatero, donde también autorizó el registro de la oficina en la que trabaja. El instructor recuerda que esa resolución apuntaba a su “papel operativo esencial” como gestora de la cuenta de correo presidentezapatero@presidentezapatero.com desde la oficina de la calle Ferraz. Esa cuenta es identificada como “el principal canal de comunicación interna de la red”.

Los investigadores hallaron correos en los que la secretaria solicita indicaciones sobre facturas y los conceptos que deben consignarse, lo que a juicio de juez apunta a la existencia de “una concertación previa sobre el contenido, la descripción y el importe de las facturas, lo que revela la ausencia de una prestación real subyacente”.

En su auto, el juez rechaza la mayoría de las diligencias propuestas por la acusación popular unificada y la de Zapatero, sin perjuicio de que según avance la investigación pudiera valorarse su pertinencia, utilidad y necesidad.

El Partido Popular, que representa a las acusaciones populares del caso, había solicitado la citación como investigados del exministro de Transportes José Luis Ábalos, de su asesor Koldo García o la del ex secretario de Estado de Transportes Pedro Saura como testigo, si bien el juez lo ha rechazado.

También rechaza la imposición de una fianza por el importe de la deuda impagada por Plus Ultra, cuyo rescate durante la pandemia está en el origen de este procedimiento. A este respecto, el juez recuerda que en esta causa no se investiga el procedimiento administrativo de concesión de esa ayuda pública, sino las conductas concretas que pudieron influir en la concesión de dicha ayuda en cuanto pudieran ser constitutivas de tráfico de influencias, así como el posible blanqueo vinculado al desvío de fondos canalizados a través de esa financiación pública.

La Agencia Tributaria mantiene abierta una investigación a Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención y quien habría favorecido desde otra empresa el pelotazo de casi 2 millones de euros que disparó la carrera empresarial de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, en los inicios de la pandemia. 

Según un informe al que ha tenido acceso elDiario.es, la Agencia Tributaria inició en junio de 2025 una comprobación sobre el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) del ejercicio 2020 de este empresario. Al constatar que esos hechos ya están siendo investigados por un juzgado de Madrid, lo pone en conocimiento del magistrado Antonio Viejo para que paralice ese procedimiento inspector. 

Los hechos investigados se centran en la compraventa de participaciones de Círculo de Belleza SL, una empresa sin empleados. En septiembre de 2020, apenas un mes después de que la pareja de Ayuso cobrase el segundo plazo de la comisión de 2 millones, el directivo de Quirón Prevención le vendió a su mujer, Gloria Carrasco, el 20% de esa sociedad. Lo mismo hizo el hermano de la mujer, quien también le vendió su 20%. Poco después, esta farmacéutica de León vendió a la pareja de Ayuso el 100% de la sociedad por 499.836 euros. 

Estos hechos centran la imputación por corrupción en los negocios y administración desleal a la que se enfrenta González Amador en el mismo juzgado que ya le ha enviado al banquillo por fraude fiscal y falsificación de documentos.

La anterior jueza del caso y el actual instructor, la Fiscalía y la acusación popular, que ejercen el PSOE y Más Madrid, consideran acreditado de forma indiciaria que González Amador pagó medio millón de euros por una sociedad de la esposa de Fernando Camino que apenas facturaba 30.000 al año y que ese desorbitado precio fue la forma de encubrir el reparto de la comisión de las mascarillas y el resto del material de protección. 

El caso Zapatero dio este miércoles una vuelta de tuerca tras la declaración del expresidente socialista, que no logró cambiar las sospechas del juez sobre los indicios de delito. Según el instructor, esos indicios siguen intactos después de que José Luis Rodríguez Zapatero tuviera la primera oportunidad de aclarar si el relato contenido en el auto de imputación se basaba en meras conjeturas.

El juez José Luis Calama respondió en dos direcciones después de escuchar casi dos horas al exdirigente: por un lado, evitó convertir el acto en un espectáculo, lo que habría ocurrido en caso de imponer medidas cautelares a alguien que tiene imposible fugarse y, por otro, dejó claro que Zapatero no dio una sola explicación razonable que descarte las sospechas previas de que cobró a cambio de mediar en el rescate de Plus Ultra y otras prácticas de tráfico de influencias.  

Las tablas perjudican al expresidente. Los informes de la UDEF presentan inferencias de tal magnitud que conducen a la imputación de varios delitos a Zapatero, quien trasladó a través de su entorno que el contenido de los mismos le provocaba indignación. En la Audiencia Nacional tuvo la oportunidad de presentar documentación y ofrecer explicaciones precisas que diluyeran la fe de la Fiscalía Anticorrupción y el juez Calama en las tesis policiales. Pero no lo hizo, según concluye el juez instructor en el auto donde descarta imponerle medidas cautelares y, al tiempo, deja claro que no ha creído sus explicaciones. 

Hay dos asuntos capitales de los que Zapatero se marchó de la Audiencia Nacional sin dar explicaciones suficientes, según refieren fuentes de la investigación: qué trabajos hizo que justifiquen el medio millón de euros que le pagó Análisis Relevante –la consultora de su amigo Julio Martínez Martínez– y el papel de sus hijas en la supuesta trama investigada, que cobraron 800.000 euros de empresas vinculadas a sus negocios.

Los dos aspectos resultan clave porque la Audiencia Nacional cree que Zapatero cobraba de Análisis Relevante por unos informes inexistentes que, en ocasiones, se presentaban incluso como “verbales”. De esta forma, él y su pagador, Julio Martínez Martínez, habrían disimulado el verdadero motivo de los desembolsos, la intercesión del expresidente en el rescate de Plus Ultra por medio del tráfico de influencias, así como en otras operaciones de compañías con intereses en obtener ayudas públicas o favores. 

Plus Ultra, que opera la línea Madrid-Caracas, tenía contratado a Julio Martínez Martínez como una especie de conseguidor para resolver sus problemas en Venezuela. La aerolínea le pagó de forma directa o indirecta más de 900.000 euros entre 2020 y 2024. En ese mismo período de tiempo, la consultora de este empresario abonó más de 700.000 euros a la familia del expresidente: 490.780 a Zapatero y 239.755 a Whathefav, la agencia de marketing de sus hijas. 

Ante el juez, Zapatero defendió que no ejerció ninguna influencia para favorecer que la aerolínea lograra el rescate de 53 millones de euros en plena pandemia. Respecto a los pagos que recibió de Análisis Relevante, dijo que eran a cambio de trabajos de asesoría y que cobraba por ellos a final del año de forma conjunta, si bien no aportó documentación u otro tipo de pruebas que sustentara su relato. También ha entregado un escrito con su “consentimiento expreso” a comprobar que no tiene activos fuera de España.

El segundo aspecto que quedó sin dilucidar y que aboca a una próxima investigación a las hijas de Zapatero –el PP, como acusación popular, ya ha pedido que se las investigue– son precisamente los 239.755 euros que la empresa de ambas recibió de Análisis Relevante. Y también el más de medio millón de euros que su agencia recibió de otra sociedad, Inteligencia Prospectiva, propiedad de dos hermanos venezolanos y que también hizo pagos a Análisis Relevante. Tanto esta última sociedad como Inteligencia Prospectiva son dos empresas fallidas, según la Oficina Antifraude. Nada hacían y nada, por tanto, tenían que subcontratar, sospechan el juez y Anticorrupción. 

Las fuentes de la investigación consultadas por elDiario.es trasladan la sensación de que Zapatero llegó a desentenderse durante el interrogatorio de cualquier explicación que tuviera que ver con la facturación de las empresas de sus hijas. Sostienen que el expresidente se habría dedicado, en este tema, a “soltar lastre” y que sean las hermanas quienes ofrezcan explicaciones si son llamadas a declarar. 

Las conclusiones provisionales de los investigadores pasan porque Zapatero no realizó servicios reales a la consultora de su amigo y que, por tanto, resulta difícil que pueda explicar la “confusión” entre los pagos por sus supuestos trabajos y los que hacía la agencia de sus hijas, indican las fuentes consultadas por este medio. 

Las mismas fuentes consideran “muy significativo” que Zapatero no haya dado explicaciones sobre las joyas halladas en la caja fuerte de su oficina —ha pedido al juez unos días para poder precisar el origen de las mismas— y cuyo valor supera los 1,3 millones de euros, según la tasación encargada por la Policía. Aluden a que, aunque puede faltar documentación, hay preguntas como quién se las entregó, cómo y dónde cuyas respuestas no necesitaban mayor preparación. Zapatero ha trasladado su intención de que en el plazo de una semana o diez días haya podido recabar todas las explicaciones al origen supuestamente lícito de esas joyas. 

El juez se desmarca de Anticorrupción 

El auto de este miércoles evita la asunción de la tesis policial que consideraba a Zapatero el jefe de una organización concertada para delinquir. En todo caso, la resolución sobre las medidas cautelares debe ser necesariamente más concreta que la que motiva una imputación. De hecho, resume los principales indicios que ya figuraban en el primer auto y no se detiene, siquiera, en precisar por qué delitos se investiga en este momento a Zapatero. 

En este sentido, el texto advierte de que la investigación todavía puede crecer de forma que consolide los indicios contra el expresidente, pero también en el sentido contrario, demostrando su inocencia. No obstante, subraya que la información encontrada en los móviles incautados el pasado noviembre cuando estalló el caso, sumados al que se le clonó en Estados Unidos a Rodolfo Reyes, antiguo dueño de Plus Ultra, en 2021, son indicios que apuntan a Zapatero. 

A ello suma el juez Calama la “utilización de múltiples sociedades mercantiles indiciariamente instrumentales”, sin especificar a cuáles se refiere, y las joyas encontradas en su despacho, de las que el magistrado reitera que no se ha “acreditado su origen ni su correspondiente liquidación tributaria y aduanera”.

A diferencia de lo que ocurrió con la imputación, el juez Calama optó por discrepar este miércoles de la Fiscalía. La representante de Anticorrupción, Elena Lorente, solicitó la retirada de los pasaportes, también el diplomático, de Zapatero y la obligación de que compareciera cada quince días en un juzgado.

Pero en su auto el juez se esmeró en rechazar esa petición, a la que se sumó el PP, que dirige la acusación popular. El magistrado alegó que la vigencia de los indicios contra Zapatero no justifican unas medidas que tienen como finalidad no hacer un juicio preventivo del investigado, sino garantizar que no se va a fugar ni a destruir pruebas. En cambio, el Ministerio Público defendió estas medidas como “justificadas” y “coherentes” durante la vista celebraba, según trasladan fuentes fiscales.

El juez José Luis Calama tiene una conclusión provisional de la declaración como investigado este miércoles de José Luis Rodríguez Zapatero: el expresidente no ha disipado las sospechas contra él que le valen la imputación formal por cuatro delitos, entre ellos el de tráfico de influencias. Así lo afirma el magistrado en el auto en el que descarta que se le impongan medidas cautelares. Esos indicios, viene a decir el magistrado, son independientes de las exigencias que recoge la ley para la adopción de medidas cautelares que impidan el riesgo de fuga o la destrucción de pruebas.

En el capítulo de indicios contra Zapatero, el auto aporta importantes novedades de en qué situación aprecia el magistrado que está la causa. Calama considera que hay indicios de que el dinero del rescate de Plus Ultra pudo pasar en parte por las cuentas del expresidente del Gobierno después de que él negara haber influido en su concesión.

También advierte de que la información encontrada en los móviles incautados en noviembre, sumado al que se le clonó en Estados Unidos a Rodolfo Reyes, antiguo dueño de Plus Ultra, en 2021, son indicios que apuntan a Zapatero. A ello suma el juez Calama la “utilización de múltiples sociedades mercantiles indiciariamente instrumentales”, sin especificar a cuáles se refiere, y las joyas encontradas en su despacho, de las que el magistrado dice que no se ha “acreditado su origen ni su correspondiente liquidación tributaria y aduanera”.

El párrafo del auto del juez dice literalmente lo siguiente de los indicios contra el expresidente: “Destacan el contenido de los dispositivos intervenidos en las distintas entradas y registros autorizados en esta causa con fecha 09.11.2025 [fase de la operación en la que fue detenido Julio Martínez; la trazabilidad de diversas transferencias entre las cuentas bancarias de José Luis Rodríguez Zapatero en relación con fondos procedentes de la ayuda pública concedida por el Gobierno a la mercantil Plus Ultra, y la utilización de múltiples sociedades mercantiles indiciariamente instrumentales para canalizar estos pagos; el análisis preliminar del contenido del dispositivo puesto a disposición de la jurisdicción española por las autoridades judiciales de Estados Unidos; y el hallazgo en su oficina de piezas de joyería cuyo valor supera 1.300.000 euros, sin que, a día de hoy, se haya acreditado su origen ni su correspondiente liquidación tributaria y aduanera”.

Por otra parte, el magistrado reconoce el “carácter embrionario” de la investigación y admite que “puede evolucionar en el sentido de consolidar” los indicios ya recabados contra Zapatero o, por contra, para disiparlos a través de diligencias de investigación que contrarresten de manera eficiente aquella suficiencia“.

Entre los indicios que pesan sobre la figura de Zapatero, el juez indica que consta el análisis preliminar del contenido del dispositivo del empresario Rodolfo Reyes que fue puesto a disposición de la policía española en marzo de 2026 por la Homeland Security Investigations (HSI) norteamericana. Y ahora, incluye un matiz al respecto en el auto porque ya sí habla que el contenido de ese teléfono móvil fue “puesto a disposición de la jurisdicción española por las autoridades judiciales de Estados Unidos”.

El juez defiende su decisión de no adoptar medidas cautelares contra Zapatero en que el riesgo de que se fugue o destruya pruebas sea “actual, específico y acreditado, no una inferencia genérica basada en la gravedad del delito o en la alarma social”.

La representante de Anticorrupción, tras escuchas a Zapatero responder solo a su defensa y, durante más tiempo, al juez, decidió solicitar la retirada del pasaporte y la imposición de comparecencias quincenales en el juzgado. Esta petición fue apoyada por el PP, que ejerce la dirección letrada de la acusación popular. En el seno de esta hubo discrepancias, ya que algunas de ellas, como HazteOir solicitaron al juez que enviara a Zapatero a prisión provisional.

Discrepancia entre el juez y la Fiscalía

El juez rebate a la Fiscalía Anticorrupción por primera vez desde que se hizo cargo del procedimiento al rechazar las medidas cautelares que el Ministerio Público solicitaba. 

“El investigado es una persona de pública notoriedad, circunstancia que dificulta de manera evidente que pueda situarse en una posición de ilocalización o sustraerse discretamente al procedimiento. Su visibilidad pública y manifiesto arraigo en el territorio, unidos a la ausencia de cualquier indicio de intención evasiva, excluyen razonablemente la existencia de un riesgo de fuga real y actual”, razona el juez. 

Calama añade que tampoco aprecia “riesgo de ocultación o destrucción de fuentes de prueba, pues los elementos relevantes ya han sido intervenidos y la investigación no depende de actuaciones que el investigado pudiera obstaculizar”.