El juicio celebrado en el Tribunal Supremo contra el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama quedó este miércoles visto para sentencia. Tras 14 jornadas, las declaraciones de decenas de testigos y casi veinte horas de interrogatorios a los tres acusados, su futuro queda ahora en manos de los siete magistrados del Tribunal Supremo que tendrán que pronunciarse sobre si cometieron los graves delitos que les atribuyen las acusaciones. 

El que fuera ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE y su mano derecha se enfrentan a una petición por parte de la Fiscalía de 24 y 19 años y medio de cárcel, respectivamente. Para el empresario, la petición del fiscal es más de tres veces inferior a la de Ábalos, el exministro que sucumbió supuestamente a sus sobornos —“era quien mandaba y pagaba”, según la Guardia Civil— y le favoreció en contratos públicos.

El fiscal ha aplicado a Aldama la atenuante de confesión de culpa, pero ha mantenido que es “posible” solicitar una atenuante mayor, la muy cualificada que reclama el PP, y que podría implicar que el empresario no entrara en prisión después de que intentara escalar la trama hacia el PSOE y Sánchez con acusaciones sin pruebas. 

elDiario.es detalla a continuación los asuntos que han centrado el juicio: 

Los contratos de mascarillas

La Fiscalía y la acusación popular que lidera el PP han defendido que los acusados aprovecharon la pandemia para enriquecerse ilícitamente gracias a contratos adjudicados a empresas dependientes del Ministerio. En la crisis del coronavirus se autorizó la contratación de productos sanitarios mediante un procedimiento de emergencia sin concurrencia de ofertas, sin límite de precios y sin acreditación de solvencia o de experiencia en el sector. Pero su tesis es que Ábalos y Koldo García facilitaron información previa y privilegiada a Aldama, lo que permitió a la trama adjudicarse contratos de mascarillas de Puertos del Estado y Adif por valor de 36,7 millones de euros. Pese a ello, este asunto no fue ni mucho menos central en sus interrogatorios. 

Antiguos altos cargos de Transportes y de esas empresas confirmaron el acceso constante del empresario a la zona restringida del Ministerio, si bien ninguno declaró haber recibido presiones para contratar con la empresa vinculada al comisionista. El que fuera secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares, sí señaló que fue el empresario el que le dijo que el pedido debía ser de ocho y no de cuatro millones de mascarillas, que es uno de los elementos que, según la Fiscalía, muestran el grado de influencia de Aldama. Además, el entonces subsecretario de Transportes, Jesús Manuel Gómez García, achacó esa modificación a Koldo García. La defensa del exministro atribuyó al comisionista haber incluido un criterio “malicioso” a ese cambio que se debió, a su juicio, a una “una decisión política, legítima y normal”. 

Las acusaciones defienden que Ábalos y Koldo García recibieron mordidas por estos contratos, pero ese extremo no fue confirmado por el empresario. Aldama admitió que su proximidad al ministro le sirvió para saber que se iban a adjudicar estos contratos y moverse para buscar socios con los que hacerse con el material, pero dijo que no entregó a Ábalos y Koldo García una parte concreta de los 3,7 millones de euros que se embolsó. “Yo no tengo un concepto de pagar comisiones por las mascarillas”, explicó el empresario, quien definió como “un todo” las prebendas que supuestamente pagó a Ábalos y su escudero. 

El pago recurrente de 10.000 euros

Cuando se produjeron los contratos de mascarillas, Aldama aseguró que llevaba más de un año pagando supuestamente un sueldo en efectivo de 10.000 euros al mes a Koldo García, quien lo repartía con su jefe, según su relato. La Fiscalía considera que esos pagos mensuales que se habrían mantenido entre octubre de 2019 y julio de 2022 son el “núcleo” del delito de cohecho que atribuye a los tres investigados. Según Aldama, esa cantidad eran los “gastos fijos” de Ábalos. Y se refirió a ese montante como “algo insignificante”, un “regalo” que iba aparte del resto de mordidas que supuestamente habría pagado a ambos y que elevó a “entre 3,5 y 4 millones de euros”. 

Respecto a los 10.000 euros mensuales, la Fiscalía otorga total relevancia a la declaración de una empleada de un socio de Aldama que confirmó que entregó 20.000 dólares a Joseba García, hermano del exasesor, en Punta Cana. Este confirmó que recogió los sobres, pero mantuvo que lo hizo por encargo del empresario y que desconocía el contenido porque estaban cerrados. También aseguró que había viajado al país caribeño por amor, en una explicación calificada de “torpe” por el fiscal. 

La abogada de Koldo García, recordó, sin embargo, que Joseba García viajó a Santo Domingo, no a Punta Cana, lo que evidencia que el objetivo no era recoger dinero. La letrada también explicó que Koldo García se hacía cargo de gastos de Ábalos porque el ministro estaba casado y tenía una relación extramatrimonial, no porque hiciera de custodio del dinero que les proporcionaba Aldama. 

Tanto Ábalos como Koldo García negaron el cobro de mordidas. En el caso del exministro, la investigación ha acreditado que manejó en cinco años hasta 95.000 euros sin rastro bancario. Una cantidad que el exdirigente socialista opuso a los millones de euros a los que aludió Aldama. “El gran caso de corrupción de las mascarillas. Me han encontrado 95.000 euros. No ha habido forma de encontrarme más”, sostuvo a preguntas del fiscal, que en su informe sacó a relucir el audio en el que el propio Koldo García le reprochaba haberse gastado 470.000 euros en dos años.

Además, las pesquisas revelaron un “incremento patrimonial notable” y no justificado en Koldo García y su entorno familiar directo. Cuando fue detenido, los agentes encontraron en su casa 24.000 euros en efectivo. Ante el tribunal, el exasesor dijo que todo era legal. Aseguró que parte procedía de las liquidaciones de gastos del PSOE, que a veces le hacía reembolsos en billetes de 500, a los que él y su entorno se referían como “chistorras”. El exgerente del PSOE negó que se abonaran gastos con billetes de 500, 200 o 100 euros. 

Los inmuebles de Madrid

La Fiscalía también ha puesto el foco en varias operativas inmobiliarias a favor del exministro. Por un lado, sostiene que Aldama asumió el pago de 2.700 euros al mes de un apartamento de lujo en la Plaza de España de Madrid para su expareja Jésica Rodríguez. Y que desembolsó, a través de un testaferro, más de 82.000 euros entre marzo de 2019 y septiembre de 2021. Paralelamente, sostiene que Ábalos y Aldama simularon un contrato de alquiler con opción a compra de un piso en el Paseo de la Castellana por un precio de venta muy inferior al de mercado. A su juicio, era un negocio irreal que encubría una “fiducia de garantía” para asegurar que el exministro cobraría las comisiones pactadas. 

Ante el tribunal, Ábalos defendió que fue Luis Alberto Escolano, un socio de Aldama, quien abonó el piso de Jésica Rodríguez dado que quería tener un piso de empresa para alojar a gente y hacer reuniones. Defendió que ellos solo buscaban algo temporal porque su intención era trasladarse al inmueble del Paseo de la Castellana. Respecto a este último, mantuvo que el contrato no era ficticio y que Aldama le “estafó” porque el inmueble estaba alquilado y no llegó a tener ni las llaves. 

El fiscal, sin embargo, considera que ese apartamento es la otra gran “dádiva” del procedimiento. “Es un pago en claro beneficio de Ábalos y Koldo García era cooperador necesario. No era para reuniones de negocios. No hay una mínima evidencia documental de ello”, rebatió el representante de Anticorrupción. 

El chalé de Cádiz y la licencia de hidrocarburos

La Fiscalía sostiene que Koldo García intermedió ante el jefe de gabinete de la ministra de Industria para que la empresa Villafuel, controlada por Claudio Rivas —socio de Aldama—, lograse una licencia de operador mayorista de hidrocarburos. Como recompensa por estas gestiones supuestamente impulsadas con el conocimiento de Ábalos, los empresarios compraron a través de sociedades interpuestas un chalé en Cádiz que había sido elegido por el exministro y que firmaron después un contrato de alquiler para cederle la propiedad. 

La realidad es que el Ministerio de Industria no tenía las competencias legales para otorgar autorizaciones sobre hidrocarburos. El expediente dependía realmente del Ministerio para la Transición Ecológica, que denegó la licencia en diciembre de 2021 al considerar que no se acreditaba la capacidad financiera. Villafuel logró obtener el título casi un año después, en septiembre de 2022, tras subsanar los requisitos técnicos y cuando Koldo García ya había sido apartado del proceso y Ábalos llevaba más de un año fuera del Gobierno.

Según Aldama, los empresarios dejaron de pagar la casa cuando constataron que la licencia no llegaba, mientras que el empresario que la financió, Claudio Rivas, optó por guardar silencio ante el tribunal. Ábalos, por su parte, explicó que su intención era alquilar algo en la costa y, si le encajaba y le venía bien, comprar. Además, mantuvo que pagó una mensualidad y dos meses de fianza. Pero “cambiaron las circunstancias” —fue cesado y se separó de mujer—, no se hizo pago del resto de las cantidades y lo desahuciaron.

El rescate de Air Europa y la nota de prensa

Anticorrupción acusa a Ábalos de haber intervenido, a petición de Aldama, para favorecer a Air Europa durante las negociaciones de su rescate a través de la publicación de un argumentario enviado a varios periodistas para tranquilizar a sus acreedores. Su tesis es que en agradecimiento por estas gestiones, el comisionista sufragó en agosto de 2020 el alquiler de un chalé en Marbella para Ábalos y su familia. Y que, para ello, entregó 8.000 euros en efectivo a la esposa de Koldo García para hacer frente al pago. 

Según Javier Hidalgo, exCEO de Globalia, lo que necesitaban en realidad era el documento oficial que la SEPI acabó publicando un mes después de ese argumentario, el 9 de septiembre de 2020, y donde se hablaba ya de un rescate público. “Esa comunicación formal es la que yo mando a los acreedores”, explicó el empresario, que negó haber pagado mordidas al exministro. Aldama aseguró que, aunque la intención de Koldo García era que él sufragara esas vacaciones, él se negó porque ya les daba mucho dinero por otros conceptos. Ábalos, por su parte, mantuvo que los gastos de ese chalé fueron abonados a escote por él y por otros familiares que se alojaron allí. 

El nepotismo en el Ministerio de Transportes

La Fiscalía sostiene que Ábalos se sirvió de su posición para que, a través de la presión ejercida por Koldo García, se contratara de manera arbitraria a Jésica Rodríguez en las públicas Ineco y Tragsatec. Anticorrupción destaca que la mujer percibió unos 44.000 euros públicos sin llegar a desempeñar ninguna tarea. Es un patrón de presunto favoritismo y presiones que, según las acusaciones, también se empleó para lograr la contratación de Claudia Montes, otra mujer de su entorno, en la empresa pública Logirail. 

Sobre esas contrataciones, Ábalos aseguró que él solo le envió el currículum a Koldo García, pero que no pidió que las contrataran en empresas públicas. Y sugirió que Jésica Rodríguez fue coaccionada por Aldama cuando declaró que cobró sin ir a trabajar. Claudia Montes sostuvo que sí trabajó, pero superiores suyos declararon ante los magistrados que estuvo a punto de ser despedida porque faltaba al trabajo. 

Una decena de testigos vinculados a las diferentes empresas públicas afectadas por esos enchufes han corroborado que en la contratación de ambas hubo singularidades y que en ambos casos hubo llamadas y avisos para que no se las molestara. Un ex alto cargo de Logirail declaró que cuando denunció ante sus superiores que Claudia Montes no iba a trabajar recibió amenazas de Koldo García, mientras que la responsable de Jésica Rodríguez en Tragsatec dijo que cuando elevó una queja similar, sus superiores le recomendaron que “la dejara en paz”. 

El Tribunal Supremo ha solicitado a la Fiscalía que realice su informe sobre las peticiones de indulto presentadas a favor del ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, informan a elDiario.es fuentes jurídicas. El alto tribunal da curso al procedimiento tras haber recibido el 21 de abril el llamado informe de conducta de la subdelegación del Gobierno en Madrid.

Ese documento es un requisito recogido en la ley del indulto, que dice en su artículo 24 que el tribunal sentenciador pedirá “informe sobre la conducta del penado al Jefe del establecimiento en que aquel se halle cumpliendo la condena, o al Gobernador de la provincia de su residencia, si la pena no consistiese en la privación de libertad”, como ocurre en este caso. Después, prevé que solicitará el informe a la Fiscalía y a la parte agraviada, que en este procedimiento es el empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. 

Tras recabar la posición de la Fiscalía, el tribunal determinará si hay elementos que justifiquen la concesión de esta medida de gracia, regulada por una ley de 1870 y contemplada en la Constitución. García Ortiz fue condenado a dos años de inhabilitación por la filtración de la confesión del empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso y procesado por dos delitos fiscales. 

El Ministerio de Justicia activó a finales del pasado enero el procedimiento para estudiar las primeras peticiones de indulto presentadas a favor de García Ortiz y solicitó al Tribunal Supremo, que es el órgano sentenciador, el informe preceptivo. Un mes después, el 25 de febrero, el alto tribunal envió su petición de informe a la Subdelegación del Gobierno, que tardó casi dos meses en responder. Su respuesta llegó el 21 de abril. Las fuentes jurídicas consultadas sostienen que se trata de los “plazos habituales” de trámites de indulto. 

Con todo lo recabado —informe de conducta y de la Fiscalía—, el Tribunal Supremo fijará su posición que, no obstante, no es vinculante porque la decisión final corresponde al Consejo de Ministros a propuesta del ministro de Justicia, Félix Bolaños. 

El indulto total depende del Supremo

Aunque el indulto es una prerrogativa del Ejecutivo, el perdón total —que supone la remisión de todas las penas no cumplidas— está supeditado a que haya un informe favorable del órgano sentenciador. En este caso, de los magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que condenaron a García Ortiz a dos años de inhabilitación y a pagar las cantidades económicas que el ex fiscal general ya ha abonado ante el Tesoro Público. 

Sí existiría la posibilidad de un indulto parcial, que supone el perdón de alguna o algunas de las penas impuestas, o de parte de todas todavía no cumplidas. La legislación establece también que se considera también indulto parcial la conmutación de la pena o penas impuestas en otras menos graves.

En todo caso, el posible indulto a García Ortiz no le permitirá recuperar todo el dinero que ya ha abonado a la pareja de Ayuso tras la condena de dos años de inhabilitación. La ley del indulto excluye la obligación de responder civilmente, lo que deja fuera la indemnización de 10.000 euros para el empresario y comisionista que recoge la sentencia. Respecto a la pena de multa de 7.200 euros que García Ortiz también ha consignado ya, esa norma detalla que solo se le devolverá si lo recoge “expresamente” el decreto del Gobierno. 

Además, aunque el Ejecutivo le concediera la medida de gracia total, se da por seguro que el ex fiscal general no regresará a la cúpula del Ministerio Público, donde le sustituyó Teresa Peramato. También seguirá abierta la vía del recurso de amparo que ya ha presentado ante el Tribunal Constitucional, donde su defensa buscará revertir la condena por la filtración de la confesión del empresario, procesado por dos delitos fiscales. 

Fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es afirman que el recurso de amparo ante el tribunal de garantías mantendría el sentido si el indulto es parcial, al quedar “una parte de las penas en pie”. Pero también en caso de perdón total porque “esa totalidad no puede abarcar la indemnización”. 

Posible recurso de González Amador

Algunas fuentes jurídicas consultadas dan por hecho que el informe de la Sala de lo Penal del Supremo será contrario al indulto, por lo que solo podrá ser parcial. Así, estas fuentes auguran que la inhabilitación podría quedarse en seis o 12 meses en lugar de los 24 que fijó la sentencia. Se da por hecho que García Ortiz no regresará en ningún caso a dirigir el Ministerio Público, lo que limita las consecuencias prácticas del indulto en un caso como este, en el que no hay pena de cárcel. 

Otras fuentes creen que el posible indulto —aunque sea parcial— sí puede suponer su blindaje en su nuevo destino en la Fiscalía de la Sala de lo Social del Supremo ante las impugnaciones que ya han empezado a llegar a la Fiscalía General. Entre ellas, la del propio González Amador, que ha recurrido el decreto por el que Peramato permitió el regreso a la carrera de García Ortiz con el argumento de que la pena por un delito doloso conlleva la pérdida de la condición de fiscal, por lo que reclama su expulsión. 

Está por ver, además, si el empresario también recurrirá la concesión del indulto si finalmente se produce aunque fuentes del Supremo explican que su hipotético recurso no frenaría la ejecución del indulto. El Supremo ha establecido en su jurisprudencia que quien ha ejercido en un proceso la acusación particular —como es el caso de González Amador— tiene un interés legítimo en que la pena se cumpla y, por tanto, tendría la necesaria legitimación para poder impugnar el indulto.

El exministro José Luis Ábalos ha optado por ejercer su derecho a la última palabra ante los siete magistrados que decidirán sobre los graves delitos que le atribuyen las acusaciones. Durante alrededor de media hora, el que fuera también secretario de Organización del PSOE ha lanzado un alegato en el que ha cargado contra el juez instructor que le sentó en el banquillo, los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que firman los atestados que le incriminan y el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, quien solicita para él 24 años de cárcel. “Mis respuestas le daban igual”, ha dicho en referencia al interrogatorio al que le sometió el pasado lunes. 

El exministro se ha mostrado también como víctima de una “causa general” que ya estaba “predeterminada” y de los “juicios paralelos” que han surgido para “intoxicar” y “viciar” procesos judiciales como este que ha enjuiciado el Tribunal Supremo. “Es imposible defenderse”, ha afirmado. Ábalos también ha respondido al fiscal jefe Anticorrupción, que por la mañana aludió a la “desolación” que le produce que las empresas públicas estén “colonizadas, casi parasitadas por el poder político”. “Dos contratos de plazas temporales a los que no se les permite consolidar… ¿Eso es colonizar el sector público?”, ha dicho Ábalos en relación con las dos mujeres vinculadas a él que fueron contratadas en empresas públicas que dependían del Ministerio de Transportes.

El exministro también ha tenido palabras para Víctor de Aldama, el empresario que presuntamente le corrompió y que se ha visto beneficiado de una contundente rebaja en la petición de penas contra él debido a su supuesta colaboración con la Justicia. Ábalos ha sostenido que ve bien que el empresario se haya “arrepentido”, pero ha lamentado los “daños colaterales” que ha conllevado su confesión. “No le he hecho mal a este señor. Le doy vueltas a la cabeza en la celda sobre qué mal le he podido hacer para que me haga tanto daño”, ha reflexionado ante los magistrados.

Y ha explicado que entiende que cuando entró en prisión el empresario, la vía que le quedó fue la de aprovechar “el marco político y la polarización excesiva” para, en ese clima, encontrar una “gran ventaja” de politizarar el asunto y apuntar contra el Gobierno. “Con el tiempo, algunas de esas personas no aparecen imputadas, a excepción de Santos Cerdán. El resto no aparece”, ha puntualizado.

Ante el tribunal, Ábalos ha defendido que hacía uso de esta última palabra porque se juega “la poca vida” que le queda y ha enfatizado que no quería hablar de sentimientos para no ser acusado de “victimismo”. Después, ha apuntado que en el proceso se le ha “anulado su derecho a la defensa” cuando tuvo que declarar sin abogado en instrucción. En esa declaración, ha recordado, se le invitó por parte del instructor Leopoldo Puente a colaborar con una confesión, y ha lamentado que “al juntarse la hipótesis de culpabilidad con la posibilidad de confesión, se estaba ante un proceso inquisitorial”.

El exasesor Koldo García también ha hecho uso de su derecho a la última palabra. Ha acusado al abogado del PP —que lidera la acusación popular— de ofrecerle “colaborar, mintiendo y engañando a todos los españoles” para “no entrar en la cárcel”. “A mí también me ofreció el abogado del Partido Popular que colaborara, claro, mintiendo y engañando a todos los españoles. Yo estoy en la cárcel, lo he perdido absolutamente todo y he dicho que no voy a mentir”, ha asegurado Koldo García.

Previamente, el abogado de Ábalos, Marino Turiel, ha defendido que los contratos de mascarillas que han sido objeto de investigación fueron legales, los ha calificado de “impecables”, y ha incidido en que los presuntos pagos mensuales de 10.000 euros de Aldama al ministro y a su asesor no han sido probados. “No hay rastro en las actuaciones de las entregas de dinero”, ha explicado, para acto seguido mostrar su sorpresa por la “hipersensibilidad” de las acusaciones a la hora de solicitar “rebajas de penas sustanciales” para el comisionista por colaboraciones que no lo merecen.

Asimismo, ha defendido ante los magistrados del Tribunal Supremo que, desde el inicio, el proceso “ha tenido una connotación política” porque las contrataciones en pandemia para la compra de material sanitario eran “un tema cerrado que no admitía discusiones jurídicas” hasta que “de forma sorpresiva prospera la denuncia del PP de Madrid” que se transforma en una querella de la Fiscalía Anticorrupción.

Ha apuntado que, una vez abierta la investigación, comenzó “un sonido de fondo en relación a Koldo García” al que se le da el papel de “adlátere de Ábalos” y empieza el “runrún de la eventual participación del ministro” que viene impulsada por una auditoría del Ministerio dirigido por Óscar Puente que sirve de “catalizador” del proceso.

Además, ha incidido como ya hiciera a lo largo del plenario en que la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil “parece bastante prospectiva” y ha lamentado que se les ha privado de poder acceder a los dispositivos que han servido de apoyo para los informes policiales que han servido como esqueleto para armar la acusación contra el exministro. Busca así poner el foco en que se ha dado una irregularidad en ese punto porque el propio Supremo indicó en un auto que sí debían tener acceso a esas evidencias.

Y, a su juicio, no se les ha dado acceso a esas evidencias porque de se intenta “ocultar” para que no sea evidente que se vulneró la inmunidad parlamentaria de Ábalos porque fue objeto de investigación antes de ser suspendido por el Congreso de los Diputados.

Además, ha afeado que la Fiscalía haya hablado de situaciones de colonización de la Administración por una organización criminal cuando sólo se habla de “dos contratos controvertidos” en lo que asegura que no hubo irregularidad y que fueron “impecables”. “Es una especie de maldición genérica: el ministro corrupto urbi et orbe que se convierte en un ser indeseable”, ha apostillado. 

Turiel se ha esforzado por tumbar una a una las presuntas dádivas que habría recibido de Aldama más allá de esos 10.000 euros, y se ha fijado en la figura de Jésica Rodríguez, la expareja del ministro, para aseverar que era “un gancho del señor Aldama”. “Existe una relación mercantilizada, ha dicho, indicando que el alquiler de Plaza España era del interés del empresario y por eso se ”oculta“ tras su socio Alberto Escolano.

La abogada de Koldo García carga contra la UCO

La sesión de la tarde la ha inaugurado Leticia de la Hoz, la abogada de Koldo García, quien desplegó un extenso informe en el que también puso en entredicho los informes de la UCO que incriminan a su cliente. La letrada aseguró que los investigadores de la unidad de élite de la Guardia Civil se apoyaran en “valoraciones” para armar la acusación contra su cliente con frases como “hizo lo más grande” y mantuvo que no existen indicios de que el exasesor recibiera mensualmente la cantidad de 10.000 euros del empresario Víctor de Aldama.

La abogada negó que su cliente formara parte de la supuesta organización criminal y añadió que, como mucho, “pasó de refilón” por la misma. Así, indicó que quien sí tenía un grupo criminal era Aldama, a quien acusó de haber ido “adaptando su relato al de la UCO”. Además, la letrada recordó que su cliente todavía no ha recuperado todos los dispositivos que le fueron incautados cuando fue detenido en febrero de 2024. A su juicio, eso les ha privado de elementos de defensa porque no ha podido contrastar si están contextualizados los mensajes que aparecen en los informes de la Guardia Civil y que le incriminan. “Venimos a este juicio como cordero al matadero”, aseveró.

Por otro lado, De la Hoz afirmó que sería un “fraude de ley” que se aplicara a Aldama la atenuante muy cualificada por su colaboración con la Justicia, tal y como ha reclamado la acusación popular que lidera el PP y ha respaldado el fiscal jefe Anticorrupción. En caso de ser estimada por los magistrados, esa atenuante podría permitir al empresario eludir la prisión.

La letrada afirmó que el empresario que se embolsó más de tres millones de euros por los contratos de mascarillas bajo sospecha “tiene ánimo espurio” y destacó las “contradicciones en sus manifestaciones”. “No contribuye al fin de la organización porque la organización ya no existe cuando colabora con la Justicia. No arroja luz sobre los integrantes. Se exige que haya abandonado la causas delictivas, pero sigue con ello”, sentenció.

El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, encargado de impulsar la causa sobre las presuntas irregularidades en el Ministerio de Transportes en la etapa de José Luis Ábalos, ha expuesto este miércoles su informe final ante el tribunal que juzga desde el pasado abril al que fuera ministro y secretario de Organización del PSOE, a su antiguo asesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama. En su exposición, el representante del Ministerio Público ha defendido que es “posible” rebajar aún más la pena al comisionista —tal y como ha hecho la acusación popular que lidera el PP— si bien no ha explicado por qué no lo reclamó este lunes cuando expuso sus conclusiones ante los magistrados. 

Aldama enfrenta una petición de pena máxima por parte del fiscal de siete años de cárcel, más de tres veces menos que Ábalos (24 años), el exministro que sucumbió supuestamente a sus sobornos —“era quién mandaba y pagaba”, según la Guardia Civil— y le favoreció en contratos públicos. El fiscal ha aplicado a Aldama la atenuante de confesión de culpa, pero ha mantenido que es “posible” solicitar una atenuante mayor, la muy cualificada que reclama el PP, y que podría implicar que el empresario no entrara en prisión.

En este sentido, el fiscal Luzón ha defendido que la declaración de Aldama sí ha sido “determinante y decisiva” para “avanzar en muchos aspectos de la investigación” lo que, a su juicio, hace “admisible apreciar la atenuante privilegiada”. Ha mantenido que la declaración del empresario se ve “plenamente corroborada” en todo lo que la Fiscalía considera probado, si bien ha dejado caer que no otorga credibilidad a todas sus afirmaciones y que hay elementos que “no se han tenido en cuenta”.

Esencialmente, cuando Aldama apuntó a Pedro Sánchez. “No se trata de establecer un número uno, dos o tres. No era número uno el presidente del Gobierno como con notable desahogo le atribuye ese papel Víctor de Aldama”, ha afirmado el fiscal. Aun así, el representante del Ministerio Público ha defendido que “recompensar a quien sale del entorno criminal y lo denuncia” es esencial para combatir la corrupción y que no se imponga la “ley del silencio”.

“Demoledora” prueba de cargo

En paralelo, el fiscal Luzón ha defendido que hay una prueba de cargo “abundantísima, demoledora” contra los investigados, ha destacado el “enorme valor” de los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que les incriminan y ha calificado de “inconsistentes” e incluso “patéticas” las explicaciones dadas por el entorno del exministro y su asistente para justificar los ingresos bajo sospecha. Como ejemplo se ha referido a la “tediosa explicación” de la reclamación por el coche defectuoso que justificaría reuniones periódicas durante más de un año entre Joseba García —hermano de Koldo— y Aldama.

El representante de Anticorrupción se ha referido ampliamente al pago de 10.000 euros al mes que el empresario pagó supuestamente entre octubre de 2019 y julio de 2022 a Koldo García, quien lo repartía con su jefe, según su relato. Esa dádiva es, a su juicio, el “núcleo” del delito de cohecho que atribuye a los tres investigados.

El fiscal ha enfatizado que esas entregas quedan acreditadas con el testimonio de una de las trabajadoras de una empresa vinculada a Aldama en República Dominicana que confirmó que entregó 20.000 dólares a Joseba García, hermano del exasesor, en República Dominicana. Luzón ha calificado esa declaración de “veraz y determinante” y de “torpes” las excusas de Joseba García para justificar sus viajes a ese país para recepcionar efectivo.

A esto, ha sumado que esas cantidades se vinculan con el incremento patrimonial tanto de Koldo García como de Ábalos y con “la palmaria confusión patrimonial” de ambos. Sobre el asesor ha señalado que del análisis de sus cuentas y bienes se ha comprobado una “afluencia oculta de ingresos” y ha puesto el foco en el flujo y traspaso de dinero entre Koldo García y su hermano, que ejercía de “testaferro”.

Además, ha tirado por tierra el esfuerzo de la defensa del asesor por tratar de justificar que ese incremento patrimonial son “sobres del PSOE” por liquidaciones de gastos a través de “confusos papeles rellenados por Koldo, huérfanos de detalle y que nada demuestran”. Para Luzón, esas compensaciones de gastos tendrían un efecto “neutro” en el patrimonio de ambos salvo que “se apropiara de indemnizaciones de terceros” o falseara tiques.

“Nada explica el incremento patrimonial de Koldo García”, ha puntualizado para añadir que “encaja en la lógica de los pagos” que el cobro subrepticio de cantidades por parte del asesor de manos de Aldama acabaran también en manos del ministro: “No tiene sentido que Aldama pague solo al subordinado del ministro y que no tengan por destino a quien tiene el dominio del hecho y de las decisiones de las que se va a beneficiar. Es impensable”.

Y ha abundado en ese trasiego de efectivo entre Ábalos y Koldo García al indicar que existía una doble contabilidad y que constan 94.800 euros que el ministro no compensó a Koldo García. Sobre esa cantidad sobre la que Ábalos ironizó que era todo lo que le habían encontrado en diez años, el fiscal ha mantenido que el ministro no precisaba de sus cuentas para tener dinero disponible. Y ha sacado a relucir el audio en el que el propio Koldo García le reprochó haberse gastado 470.000 euros en dos años.

Así, ha resuelto que “los incrementos de efectivo de Ábalos abonan [la tesis de] la fuente oculta de ingresos” y, en definitiva, para Luzón ni el exministro ni su asesor han podido responder a esa pregunta que se hacían “las vecinas del 17”: “De dónde saca para tanto como destaca”.

El piso y el enchufe de la expareja

La otra gran “dádiva”, según el fiscal Luzón, fue el pago de 2.700 euros al mes de un apartamento de lujo en la Plaza de España de Madrid para Jésica Rodríguez, expareja de Ábalos. Aldama desembolsó, a través de un testaferro, más de 82.000 euros entre marzo de 2019 y septiembre de 2021, de acuerdo a las conclusiones del representante de Anticorrupción. “Es un pago en claro beneficio de Ábalos y Koldo García era cooperador necesario. No era para reuniones de negocios. No hay una mínima evidencia documental de ello”, ha aseverado el fiscal, que también ha rebatido en este punto las explicaciones dadas por Ábalos.

Respecto a la colocación de esta mujer en dos empresas públicas en las que cobró sin trabajar, el representante de Anticorrupción ha mantenido que está “plenamente acreditado que Koldo García por cuenta de Ábalos ejerció una presión moral eficiente” sobre la entonces presidenta de Adif Isabel Pardo de Vera para que fuera contratada. En este punto, el fiscal ha cargado contra la “corte servil” de funcionarios y empleados públicos que, a su juicio, protegieron a Jésica Rodríguez.

En contraposición, ha ensalzado a la “empleada íntegra” de Tragsatec que denunció internamente que la joven no iba a trabajar. El fiscal ha aseverado que le produce “desolación” que las empresas públicas estén “colonizadas, casi parasitadas por el poder político”. Y ha defendido que estas compañías estatales “no pueden ser espacio para la colocación discrecional”. “No pueden ser el refugio, el aparcamiento de políticos o el sustento de familiares, amigos o amigas, entre las que se incluyen la eufemísticamente llamadas sobrinas”, ha aseverado.

Contratos de mascarillas

El fiscal ha defendido que los acusados aprovecharon la pandemia para enriquecerse ilícitamente gracias a contratos de mascarillas adjudicados a empresas dependientes del Ministerio. Así, ha destacado que si bien no hubo ni prevaricación ni malversación en esos contratos sí ha puntualizado que el procedimiento “se ajustó” a los intereses de Aldama y sus socios. Así, ha defendido que tanto el exministro como su asesor tuvieron “un papel decisivo” en esos contratos .

En este sentido, ha destacado que los testimonios escuchados durante el juicio dan cuenta “de la distorsión y el exceso de atribuciones” del asistente en todo el proceso de compra, y ha alabado el trabajo de las auditoras del Ministerio de Transportes de Óscar Puente. En cuanto al papel de Ábalos, ha señalado que ejerció “control” en esa gestión, y que esto queda demostrado en dos episodios. Por un lado, cuando modifica la orden para que se adquieran ocho y no cuatro millones de mascarillas “para maximizar el beneficio de Aldama con la operación”. Y, por otro, cuando ante el retraso en la entrega del material por parte de la empresa de la trama decidió seguir adelante.

En la parte final de su informe, que se ha alargado durante casi dos horas, el fiscal Luzón ha defendido que los acusados “se enfrentan a penas graves porque graves son las conductas que se les imputan”. Y ha lanzado una crítica a las “actuaciones” de los “poderes públicos” que “normalizan o minimizan las conductas de corrupción o descalifican a quienes tiene la responsabilidad de perseguirlas”. Ha asegurado que la “corrupción organizada desde un Ministerio” disminuye la confianza de los ciudadanos en “las instituciones democráticas que estos delincuentes pervierten”. “La corrupción carcome nuestro sistema y solo una reacción contundente puede frenarla”, ha sentenciado.

“No, no. Erratas ortográficas no había ninguna que corregir”, dijo con media sonrisa el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, cuando el presidente del tribunal le preguntó sobre los cambios en su escrito de conclusiones. En realidad, añadió, no eran cambios sustanciales los que había hecho, pero sí que afectaban al relato de hechos porque lo ampliaba. Pero si por Luzón hubiera sido, las conclusiones que defenderá este miércoles en el Supremo para exigir una condena para el exministro José Luis Ábalos, para su asesor Koldo García y para el empresario Víctor de Aldama, serían diferentes. Habría incluido mayores rebajas de pena para el empresario comisionista porque considera que, además de que sus manifestaciones son “relevantes y veraces”, han sido ratificadas y completadas en la vista oral.

Después de que el pasado lunes trascendiera que la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, logró que Luzón no modificara su escrito de conclusiones para incluir la atenuante muy cualificada que permitiera minorar la petición de cárcel para Aldama, este miércoles se pasa de pantalla. Llega el momento de los informes finales y el juicio se aproxima al 'visto para sentencia'.

El fiscal jefe anticorrupción Alejandro Luzón será quien abra la sesión con su informe y, según las fuentes fiscales consultadas por elDiario.es, se ceñirá a desgranar y valorar las pruebas recabadas a lo largo de la instrucción y de la vista oral intentando no extenderse demasiado. Lo esperable. Pero habrá sorpresa en su exposición porque hará especial mención al papel trascendental que ha jugado Aldama para la causa y, de alguna manera, defenderá que a su juicio sí merecía una mayor rebaja en la pena de la que ha quedado plasmada en su informe.

En su escrito de acusación -previo a la vista oral y que siempre es susceptible de ser modificado por el devenir del juicio- solicitaba siete años de cárcel para Aldama aplicándole la atenuante de confesión del delito que permitía rebajar las penas: Cuatro años por organización criminal, tres años por un delito continuado de cohecho activo y una multa de 3,7 millones de euros por el delito de aprovechamiento de información privilegiada.

El cálculo se mantiene. Pero el lunes, en la exposición de la prueba documental, se pudo constatar que Luzón sí tocó el relato de manera que hacía hincapié en las aportaciones de Aldama durante la causa. Como muestra un botón, destacaba que el comisionista sostuvo que habría reintegrado los pagos realizados por el entorno de Koldo García del alquiler del piso que disfrutó en Plaza de España la expareja de Ábalos, Jésica Rodríguez.

También se fijaba el fiscal en que determinadas aseveraciones del comisionista se han visto respaldadas por la prueba pericial y documental practicada. Así, incluyó que la pericial caligráfica confirmó en el plenario que la letra manuscrita que aparecía en un listado sobre obra pública que aportó Aldama era, tal y como sostuvo, del propio Koldo García.

Y añadía Luzón que se han incluido en la causa audios relativos al caso que se sigue en la Audiencia Nacional contra Santos Cerdán sobre posibles mordidas a cambio de adjudicaciones públicas. Explicaba que en el plenario se trató la pericial acústica y electrónica de los mismos, y dice que esos audios (grabados en secreto por Koldo García y localizados por la Guardia Civil en el registro de su domicilio) encajan con lo declarado por Aldama durante el juicio.

“Mantiene y completa” su reconocimiento

Pero quizá la frase clave que añadió Luzón a su escrito sea la que reza: “El reconocimiento de los hechos ha sido mantenido y completado en su declaración prestada en calidad de acusado el pasado 29 de abril de 2026 en este juicio oral”.

Con esas modificaciones incluidas en su escrito de conclusiones definitivas y con la exposición que realice este miércoles, las fuentes consultadas esperan que esas “manifestaciones relevantes” de Aldama puedan influir en los siete magistrados que componen el tribunal sentenciador de manera que opten por una mayor rebaja de pena para el comisionista. Entienden que la Sala puede valorar y decidir si aplica la atenuante muy cualificada.

En caso de que entraran a deliberar ese aspecto, muletas no les faltan a los magistrados. La acusación popular, cuya dirección letrada ostenta el PP, ya solicitó el lunes que se aplicara la atenuante muy cualificada por su confesión y colaboración con la justicia, y acomodó las penas que pedía para el comisionista de manera que ningún delito superara los dos años de cárcel. En el caso de que la condena se ajustara a lo que pide el PP, el tribunal tendrá la última palabra a la hora de decidir si pisa cárcel con delitos individuales que no llegan a esos dos años. Y eso teniendo en cuenta que la suma de los siete delitos que le imputan suman cinco años y dos meses de prisión.

Y dado que este juicio ofrece contrastes difíciles de encajar, en el otro extremo está la postura de la defensa de Koldo García, que el lunes indicó en el plenario, con cierta sorna, que si se modificaba la petición de pena para Aldama debía ser para aumentarla porque la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ubica al comisionista como el jefe real de la trama: “Quien paga manda”.

La acusación popular que dirige el PP ha modificado sus conclusiones y ha pedido rebajar aún más la pena para el empresario Víctor de Aldama. Ha solicitado que se aplique una atenuante muy cualificada de confesión tras su declaración ante el Tribunal Supremo, en la que lanzó graves acusaciones sin pruebas sobre una supuesta financiación ilegal del PSOE y fue incluso más allá al tratar de implicar directamente al presidente del Gobierno. 

En total, su petición ha pasado de siete años a cinco años y dos meses. La clave, no obstante, es que la pena solicitada por ninguno de los delitos supera los dos años, por lo que no implicaría su entrada en prisión. El letrado del PP, Alberto Durán, ha explicado que en su decisión pesa la colaboración ofrecida por el comisionista, ya que, a su juicio, “ha facilitado el descubrimiento de otras actuaciones delictivas relacionadas con obra pública”. Para el exministro José Luis Ábalos y su antiguo asesor, Koldo García, la acusación popular mantiene su petición de 30 años de cárcel.

Por otro lado, la Fiscalía mantiene la petición de siete años de cárcel para el empresario al que le aplica una atenuante de confesión. Al abordar este asunto con la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ésta le manifestó que consideraba que no había elementos para rebajar aún más la pena, explican a elDiario.es fuentes fiscales. Finalmente, el fiscal Luzón ha mantenido su petición de pena inicial, tal y como ha explicado ante los magistrados que deberán dictar sentencia. También ha mantenido las peticiones de 24 años de cárcel para Ábalos y de 19 años y medio de prisión para el exasesor Koldo García.

El artículo 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) establece que “los miembros del Ministerio Fiscal pondrán en conocimiento del Fiscal General del Estado los hechos relativos a su misión que por su importancia o trascendencia deba conocer”. Además, el artículo 27 de esa misma norma establece que los fiscales pueden exigir la convocatoria de la Junta de Fiscales de Sala en caso de discrepancia con la “orden o instrucción” recibida del fiscal general. 

Fuentes fiscales han señalado a elDiario.es que la decisión de mantener la calificación inicial se ha adoptado de forma unitaria en el seno del Ministerio Fiscal y que no ha existido una orden por parte de Peramato en el sentido de mantener las calificaciones previas de los delitos.

En su escrito de calificación —presentado el pasado noviembre—, Luzón valoraba la “información relevante” aportada por Aldama, a quien su confesión le sirvió para salir de la cárcel, donde había entrado por su implicación en otro caso, un millonario fraude con hidrocarburos. 

En ese informe, el fiscal aludía a los “pantallazos” que aportó y en los que figuraba un listado de obras de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes donde aparece una relación de contratos que estarían “pre-adjudicados” a determinadas empresas que “habrían adquirido el compromiso de pago de comisiones si resultaban adjudicatarias”, así como unas notas manuscritas que atribuyó a Koldo García y donde se reflejaban hasta seis contratos supuestamente amañados. 

Ábalos carga contra la UCO y Aldama

Las partes detallaron sus conclusiones tras escuchar al principal investigado, el exministro Ábalos. El que fuera secretario de Organización del PSOE se sentó este lunes ante los siete magistrados del Tribunal Supremo que deben decidir si es inocente o culpable con el convencimiento de que su caso está juzgado desde hace tiempo y que el veredicto será una “condena clara”.

Así lo afirmó él mismo en un extenso interrogatorio en el que cargó contra el “sesgo permanente” de los informes de la Guardia Civil que le incriminan y en el que pasó algunos apuros al tratar de justificar los movimientos de sus cuentas bancarias y los miles de euros en gastos de índole personal que abonó quien fuera su mano derecha, Koldo García, al que los investigadores atribuyen el rol de “custodio y gestor” de su dinero. 

La investigación ha acreditado que Ábalos manejó en cinco años hasta 95.000 euros sin rastro bancario. Una cantidad que el exdirigente socialista opuso a los “entre 3,5 y 4 millones de euros” en comisiones que Aldama afirmó que había pagado al exministro y a quien fuera su mano derecha. “El gran caso de corrupción de las mascarillas. Me han encontrado 95.000 euros. No ha habido forma de encontrarme más”, sostuvo a preguntas del fiscal.

Las pesquisas también han arrojado otras llamativas revelaciones, como el hecho de que entre 2018 y 2023 “desaparecieran” las retiradas en efectivo de sus cuentas al tiempo que se registraba “un aumento significativo de los ingresos en metálico”. Es un “patrón” que cambió a partir de 2024, con el estallido del caso y la detención de Koldo García. 

Ante el tribunal, Ábalos ha explicado que la gente cada vez tiene “menos efectivo” y que son habituales los abonos con tarjeta. Además, ha justificado que, en su posición de ministro, apenas necesitaba dinero líquido. “Me recogían en casa, me llevaban al ministerio, el café no me costaba nada. El almuerzo, o ibas invitado o invitabas tú a cargo del ministerio. No pagaba yo”, ha detallado. 

Asimismo, ha cuestionado que la UCO le imputara como dinero de origen desconocido el montante que le pagaba Koldo García por el alquiler de un piso de su propiedad en el centro de Madrid. En este sentido, ha insistido en que la Guardia Civil le imputa como ingresos en efectivo 14.940 euros en 2020, si bien 7.600 euros corresponden al citado alquiler y otros 4.000 euros a un alquiler vacacional de una casa que tenía en usufructo abonados por Joseba García, el hermano de quien era su mano derecha en Transportes.

El cuestionamiento de los informes que le incriminan fue una constante en su declaración. A respuestas de su abogado, Marino Turiel, incidió en la “intencionalidad” de esos atestados. Aseguró, en este punto, que el teniente coronel de la UCO, Antonio Balas, reconoció que no había consultado si los contratos bajo sospecha de su expareja en empresas públicas eran ajustados a derecho. O recordó el error de la UCO al atribuirle la compra de un inmueble por 2,1 millones en Colombia cuando costó 751 euros.

En paralelo, Ábalos trató de atacar la credibilidad de Aldama tras su declaración de la semana pasada. A preguntas de la Fiscalía, Ábalos sugirió que el empresario manipuló una supuesta carta remitida en julio de 2019 con el sello del Ministerio de Transportes al entonces presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, donde se situaba al comisionista como “enlace”. 

Según Ábalos, Aldama robó “papel oficial” y una “carpeta de protocolo” del Ministerio de Transportes para “adornar la farsa” y dar “solemnidad” a esa misiva, que el empresario ha esgrimido como una suerte de “credencial” para entablar conversaciones con Venezuela en representación del Gobierno de España. En este sentido, Ábalos sostuvo que cualquier correspondencia del ministro no va sellada: “lleva la firma y listo”. Y que, en este caso, no va firmada por él. Además, sobre el contenido, rebatió que “un ministro no puede encargar a un particular ninguna representación con delegaciones tan extensas”. 

Por último y sobre si, como dice la acusación, actuaba formando un binomio con su asesor, enfatizó que ambos tenían “vida propia” con sensibilidades y trayectorias “muy distintas” a pesar de que se les presenta en la causa como “un duo”. Pero recordó que Koldo García siempre estuvo “muy afanado en estar encima” y que si algo tienen en común es la “lealtad”. “Veo que algunos se han decepcionado porque no nos hayamos matado o traicionado”, sentenció.

El exministro José Luis Ábalos declara este lunes en el juicio que se celebra en el Tribunal Supremo y en el que se expone a una condena de hasta treinta años de cárcel. En el primer tramo de su comparecencia, el que fuera secretario de Organización del PSOE, ha cargado contra el empresario Víctor de Aldama, al que ha acusado de moverse en la “impostura permanente”. Asimismo, ha sostenido que tiene la creencia de que su expareja Jésica Rodríguez fue coaccionada cuando declaró en este mismo órgano que cobró un sueldo de dos empresas públicas sin ir a trabajar y de que el comisionista ha “arreglado algo” con ella. 

A su vez, ha lamentado que su condena está “clara” porque el caso, muy mediatizado, está “juzgado desde hace tiempo” a pesar de que la Guardia Civil ha podido localizar únicamente 95.000 euros sin rastro bancario en cinco años. “El gran caso de corrupción de las mascarillas. Me han encontrado 95.000 euros. No ha habido forma de encontrarme más”, ha sostenido a preguntas del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón.

Aun así, ha tratado de atacar la credibilidad de Aldama, que trasladó a sede judicial las acusaciones sin pruebas sobre la financiación ilegal del PSOE que llevaba meses lanzando en los medios de comunicación y aseguró que les había pagado “entre 3,5 y 4 millones de euros” en comisiones al exministro y a su asesor Koldo García. A preguntas de la Fiscalía, Ábalos ha sugerido que Aldama manipuló una supuesta carta remitida en julio de 2019 con el sello del Ministerio de Transportes al entonces presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, donde se situaba al empresario como “enlace”. 

Según Ábalos, Aldama robó “papel oficial” y una “carpeta de protocolo” del Ministerio de Transportes para “adornar la farsa” y dar “solemnidad” a esa misiva, que el empresario ha esgrimido como una suerte de “credencial” para entablar conversaciones con Venezuela en representación del Gobierno de España. En este sentido, Ábalos ha sostenido que cualquier correspondencia del ministro no va sellada: “lleva la firma y listo”. Y que, en este caso, no va firmada por él. Además, sobre el contenido, ha rebatido que “un ministro no puede encargar a un particular ninguna representación con delegaciones tan extensas”. 

Por otro lado, Ábalos ha rebajado el papel de Aldama en el viaje a México de diciembre de 2018 que Anticorrupción considera que es uno de los episodios que apuntan al grado de influencia del empresario sobre el exministro y su asesor. Así, ha explicado que el empresario “no organizó el viaje” y participó únicamente en una visita protocolaria al Senado que gestionó un amigo suyo que era senador y en una reunión en el Estado de Oaxaca. “En lo demás no estuvo”, ha sostenido.

Además, ha dicho que ese viaje tuvo como objetivo completar una visita que había realizado el presidente del Gobierno para restablecer relaciones con el nuevo presidente de México, “que tenía actitud reacia a los intereses españoles”; y el proyecto de un nuevo aeropuerto que gestionaba la empresa pública Ineco. 

Respecto a su expareja Jésica Rodríguez, Ábalos ha afirmado que fue coaccionada para declarar en su comparecencia ante el tribunal que nunca trabajó para Ineco y Tragsatec a pesar de haber sido contratada. “Dijo que no iba a trabajar sin que nadie le preguntara eso, y que había elegido el apartamento [que supuestamente le pagó la trama]. Lo dijo motu proprio y dijo que no conocía a Aldama cuando yo la conocí por él”, ha explicado. “Ella no dice eso si no se le ha coaccionado”, ha añadido.

Además, tras afirmar que se ha convertido en “carne de meme” por esa relación, ha enfatizado que nadie se autoinculpa de algo “si previamente no le han dicho que no le va a pasar nada”. Ha recordado que ella se preocupó de fichar todos los días en esas empresas y por eso no puede entender que ahora diga que no trabajó si no es porque tras una campaña de desgaste contra ella fue coaccionada. “Les aseguro que no hay motivo ninguno para decir que no conoce a Aldama, salvo que haya algún asunto que hayan arreglado”, ha subrayado.

Los inmuebles que acorralan al exministro

A preguntas del fiscal, Ábalos también ha tratado de debilitar los indicios que apuntan a que se benefició directa o indirectamente de tres inmuebles a cambio de su intercesión en contratos y que tienen como denominador común la presencia de Aldama.

Sobre el pago del alquiler del apartamento de lujo de Jésica Rodríguez, el exdirigente socialista ha defendido que fue Luis Alberto Escolano, un socio del comisionista, quien lo abonó dado que quería tener un piso de empresa para alojar a gente y hacer reuniones. Los mensajes intervenidos a los investigados evidencian que fue ese empresario quien pagó ese alquiler, si bien la Fiscalía considera que se trata de un soborno de Aldama para conseguir un trato preferente del ministro.

Ábalos también ha sido preguntado por el contrato de arrendamiento con opción a compra de un piso en el Paseo de la Castellana de Madrid, una de las principales arterias de la capital, por un precio de venta de 750.000 euros que firmó con Aldama. El exministro ha defendido que fue una “estafa”, que nunca le dieron las llaves y que fue “engañado” porque el inmueble estaba tenía inquilinos y nunca lo pudo ocupar.

El fiscal le ha preguntado si ese contrato encubría una fiducia de garantía de un crédito por el cobro de comisiones ilegales, tal y como ha sostenido Aldama y han aceptado como cierto las acusaciones. “Lo de la fiducia me parece de necesidad desesperada de colaborar con la Justicia (...). Que se me digan qué comisiones y qué acciones permitieron liberar esta fantasiosa fiducia…”, ha respondido Ábalos. “Hay otro procedimiento en el que está investigado en el cobro de comisiones ilegales”, ha contestado el fiscal. Y Ábalos le ha reprochado entonces que estos hechos no deberían ir en este procedimiento. “Todo conectado, sí”, ha tratado de zanjar el representante de la Fiscalía Anticorrupción.

Respecto al disfrute de un chalet en Cádiz en 2021 comprado por otro socio de Aldama, el fiscal ha evidenciado la contradicción de por qué encargó a Koldo García que buscara chalets en compraventa si su pretensión era únicamente alquilar una vivienda. Ábalos ha explicado que su intención era alquilar y, si le encajaba y le venía bien, comprar. Además, ha mantenido que pagó una mensualidad y dos meses de fianza. Pero “cambiaron las circunstancias” —fue cesado y se separó de mujer—, no se hizo pago del resto de las cantidades debidas y se produjo un desahucio.

Los contratos de mascarillas

En cuanto a su papel en la adquisición de mascarillas por parte de Puertos del Estado y Adif en plena pandemia con Soluciones de Gestión, la empresa de la trama, el exministro ha señalado ante el Tribunal Supremo que cuando surgió la necesidad de adquirir material sanitario en marzo de 2020 él lo transmitió a su equipo y que lo habló con Koldo García, su asesor.

Así, ha negado que lo hablara directamente con el empresario Víctor de Aldama. Si bien ha matizado que dado que siempre estaba en el Ministerio es probable “que supiera de esa necesidad” o que escuchara su conversación con su asesor. Además, ha enfatizado que en ese momento “se necesitaba ayuda de todo el mundo” y que no conoció ninguna oferta de Soluciones de Gestión, la empresa de la trama, con anterioridad a la orden que firmó para la adquisición de mascarillas. De hecho, entendía por lo que le aseguró su asesor que había varias ofertas presentadas y que la elegida se ajustaba a la condición impuesta de pago a la entrega del material.

Por otro lado, ha indicado que se pasó de aprobar la compra de cuatro a ocho millones de mascarillas a Soluciones de Gestión con Puertos del Estado porque era la idea que él tenía desde el inicio y no por imposición de Aldama, y ha recordado que él siempre tuvo en mente comprar no solo para 15 días, que era lo que se extendía el Estado de Alarma, sino para más. Y por eso cambió la orden de cuatro a ocho, habida cuenta que cuando firmó la primera no fue consciente de que sólo se preveía para quince días.

Petición de hasta 30 años de cárcel

Ábalos, que fue secretario de Organización del PSOE, comparece como principal acusado después de que Koldo García rechazara haber cobrado 10.000 euros mensuales de Víctor de Aldama y afirmara que pagó mensualidades del alquiler de Jésica Rodríguez porque ella amenazó a Ábalos con contar a la prensa su relación extramatrimonial. También reconoce que en ocasiones actuaba sin conocimiento del ministro.

La Fiscalía Anticorrupción solicita 24 años de cárcel para Ábalos y 19 años y medio para Koldo García por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, aprovechamiento de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación. Además, reclama el pago de una multa de 3,8 millones de euros.

Las acusaciones populares que encabeza el PP reclaman, por su parte, 30 años de cárcel para el exministro y su exasesor, mientras que para el empresario piden la misma pena que el fiscal.

José Luis Ábalos se enfrenta a la que quizá sea la jornada clave en el juicio que se celebra en el Tribunal Supremo contra él, contra su exasesor Koldo García y contra el empresario Víctor de Aldama. Este lunes tiene lugar su declaración como acusado, todo un exministro y ex secretario de Organización del PSOE. Y, aunque según reza la Ley de Enjuiciamiento Criminal los encausados tienen derecho a mentir en el interrogatorio, Ábalos pretende realizar una comparecencia sólida para profundizar e insistir en lo que ya comenzó a hacer en la última sesión del juicio Koldo García, desacreditar la versión ofrecida por el comisionista.

Pero las fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es explican que no solo entrará a combatir argumentos incluidos en los escritos de acusación, sino que irá más allá y expondrá, en la medida de lo posible y cuando pueda colocar el mensaje, que el conocido como 'caso Mascarillas' es en realidad un montaje orquestado por el PP desde el principio.

Así, Ábalos tratará de explicar que todo nace de una investigación tangencial en otra causa relativa a un fraude de hidrocarburos en el que un investigador de la UCO (que acabó trabajando para Seguridad de una consejería del gobierno de Isabel Díaz Ayuso) se interesó por la figura de Koldo García, un asesor que realizaba movimientos extraños. Y que esas suspicacias fueron transformadas en una denuncia del PP de Madrid ante la Fiscalía Anticorrupción que nació como represalia o venganza por la investigación abierta (y luego cerrada) al hermano de la presidenta madrileña.

Con todo, estas fuentes opinan que, a estas alturas, poner sobre la mesa la carta de una operación política del PP no es suficiente para librarse de una eventual condena de 24 años de cárcel, por mucho que la Kitchen esté de actualidad. Saben que el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, no se aparta de su guion establecido en el escrito de acusación y por eso la defensa de Ábalos, explican, ha trabajado en nutrir de argumentos al exministro para enfrentarse a un (presumiblemente) duro interrogatorio del Ministerio Público. Porque sí, Ábalos, como ya hiciera Koldo García, quiere enfrentarse al interrogatorio de Luzón.

De hecho, el del fiscal será el interrogatorio principal y en él el exministro tratará de dejar algunas cosas claras, como por ejemplo los desfases dinerarios. Así, Ábalos explicará que, si bien es cierto que había flujo de dinero entre él y su hombre de confianza, siempre hubo por su parte una voluntad de resarcimiento y retorno. Además, tratará de dar respuesta lógica al desfase de dinero no justificado por rastro bancario que la Unidad Central Operativa (UCO) cifra en más de 95.000 euros.

Así pues, el dinero tendrá relevancia, como ya ocurriera en la declaración de Koldo García que indicó que para quitarle líos de la cabeza a su ministro (al que dijo que estará “eternamente agradecido”) él se encargaba de muchas cosas: pensiones alimenticias, pagos vacacionales, llevarle las cuentas de los tiques a liquidar por el partido...

En este sentido, cabe recordar que una de las piezas fundamentales para que el puzzle de la acusación cuadre es probar que el binomio Koldo-Ábalos cobró desde octubre de 2019 cantidades mensuales de 10.000 euros de manos de Aldama. En su declaración, el comisionista se ratificó. Y el fiscal considera claves un par de viajes del hermano de Koldo, Joseba García, a República Dominicana en los que recogió sobres con 10.000 dólares (hecho que se apoya en una de las testigos que trabajaba para empresas vinculadas a Aldama). Frente a esto, Koldo negó tajantemente ese extremo, y por ende se espera que el exministro siga la misma senda.

“Hace lo más grande”

Pero más allá del tema monetario, Ábalos y su defensa tratarán de atacar el papel que atribuyó el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Balas al exministro en la estructura de la presunta organización criminal. Para Balas, el ministro tenía una función “instrumental” para el jefe real de la trama, Aldama, y le asignó un rol fundamental porque, y dijo textualmente, “hace lo más grande” y por eso “cobra lo que cobra”.

La defensa tratará de desactivar a Balas partiendo de los dos contratos estrella que se investigan desde el inicio: las adjudicaciones a la empresa Soluciones de Gestión de las compras de hasta 13 millones de mascarillas a través de dos empresas públicas dependientes de Transportes, esto es Puertos del Estado y Adif. El abogado del exministro, Marino Turiel, se empleará a fondo para que cale la idea de que esa contratación no fue decidida por Ábalos habida cuenta que el Ministerio se desvinculó de las mismas dejándolas en manos de las dos empresas públicas.

Otro punto clave que incluye el escrito de acusación de Luzón es la decisión que se adoptó el 21 de marzo de 2020 de pasar de una orden de compra de cuatro millones de mascarillas a otra de ocho millones, y en tan solo 38 minutos. Aldama señaló que esa decisión fue impuesta por él dado que era lo pactado con anterioridad, y un testigo indicó que el propio ministro dijo que era lo que había. Por su parte, Koldo García le quitó relevancia al asunto explicando que si le hubieran puesto delante de las narices 16 millones de mascarillas hubiera dicho que adelante porque en ese momento de crisis se trataba de adquirir material sanitario en un mercado que, según testigos que han pasado por el plenario, o estaba “roto” o no existía.

Con estos mimbres, Ábalos, según las fuentes, tirará por el camino de en medio y sostendrá que la decisión inicial de adquirir solo cuatro millones partió de una programación realizada por un alto funcionario, que quien eligió esa cifra lo hizo por prudencia y de manera unilateral y que el comisionista trastoca la realidad cuando dice que era lo pactado de inicio, y para ello es probable que contrapongan su declaración del pasado miércoles con la que hizo en instrucción.

Por otro lado, Ábalos también se deberá esforzar en desmentir lo que sostuvo el comisionista con relación al chalé de La Alcaidesa, que según la investigación pudo ser una dádiva de una trama de hidrocarburos a cambio de que el ministro les ayudara a obtener una licencia de operadora para la mercantil Villafuel. Aldama explicó que ese chalé que adquirió la mercantil Have Got Time (vinculada a un socio suyo) fue entregado a Ábalos bajo la fórmula de un alquiler con opción a compra para revestir la operación de una aparente legalidad, y que por eso mismo el ministro abonó fianza y algún mes de renta. Para la defensa del exministro esa fórmula carece de sentido porque si vas a regalar algo a alguien no le cobras un alquiler y no inicias un proceso de desahucio con posterioridad.

Villa Parra y el melón de Jésica Rodríguez

Otro punto clave a desmontar por el letrado del exministro es su presunto papel en el mandato de elaborar una nota de prensa para que el Ministerio de Transportes se posicionara a favor del rescate público de Air Europa. Para ello, Ábalos se apoyará en la declaración en calidad de testigo del que fuera secretario de Estado en 2020, Pedro Saura, que indicó que la iniciativa de redactar y difundir una suerte de nota de prensa a determinados periodistas en agosto de ese año fue suya. Y que él la lideró.

Sobre la presunta dádiva recibida por Ábalos, unas vacaciones pagadas en un chalé denominado Villa Parra, Koldo García señaló en su declaración que si bien coincidió en el tiempo, en realidad no tenía que ver ese alquiler vacacional con Air Europa, y que el wasap en el que le indicaba al ministro que le salía gratis por las molestias ocasionadas se refería en realidad a que él costearía parte de las vacaciones para resarcir desperfectos en el piso de La Latina de Ábalos.

No obstante, el melón quizá más desagradable para el exministro será el asunto Jésica Rodríguez, la joven odontóloga con la que estuvo saliendo un tiempo y a la que se le pagó un alquiler de lujo en Plaza de España. Según la investigación, quien se hizo cargo de esa renta mensual fue Alberto Escolano, socio y 'mano derecha' de Aldama. Si bien, antes de que la propiedad decidiera echar a la joven del piso en 2022, Koldo García también se hizo cargo de algunas mensualidades.

Frente a esta realidad, Ábalos sostendrá que nunca supo que Aldama pudiera estar moviendo los hilos para que Escolano pagara ese piso a su pareja, y que supuso que esa ubicación era eventual hasta que se pudieran hacer con algo más estable (presumiblemente un piso en el Paseo de la Castellana que también ha sido objeto de investigación). Pero se irá más allá, y es probable que el letrado del ministro ponga sobre la mesa que existía una relación mercantil entre Aldama y Jésica Rodríguez, lo que justificaría que, a pesar de que la joven cortó con el ministro, el entorno del empresario, es decir Escolano, siguió pagando el alquiler durante meses.

En cuanto al hecho de que Koldo pagara también varios meses, él mismo lo encuadró en una decisión personalísima ante las amenazas de Jésica Rodríguez de sacar a la luz la relación extramatrimonial que tuvo con Ábalos si no se atendía convenientemente sus necesidades.

Silencio sobre la financiación del PSOE

Y es que esa será otra de las grandes bazas que blandirá la defensa de Ábalos: que Koldo García era un ente con vida propia que por su naturaleza estaba dispuesto a mover hilos para cualquiera que se lo pidiera y todo sin que tuviera que ser necesariamente conocido por su 'jefe' el ministro. El propio asesor declaró que tomaba decisiones o realizaba gestiones sin conocimiento de Ábalos, y la defensa se apoyará en eso para alejar al ministro de determinadas acciones. Aunque las fuentes jurídicas señalan que no se hurgará en esa herida máxime después de la declaración “leal” que realizó el pasado jueves Koldo: El ministro no sabía todo lo que hacía su asesor, pero eso no quiere decir que lo que hiciera fuera irregular o delictivo.

Sobre lo que no se prevé que el ex secretario de Organización del PSOE hable durante su interrogatorio es sobre la acusación realizada por Aldama de que tanto él como Koldo García le utilizaron como “nexo” entre la formación socialista y constructores para canalizar hacia el partido mordidas a cambio de obra pública. Koldo García negó la mayor señalando que el PSOE “no recibe dinero de nadie”, pero Aldama indicó que entregó a ambos entre 3,5 y 4 millones de euros, a veces en tandas de hasta 250.000 euros y siempre en efectivo.

Las fuentes consultadas prevén que el fiscal no saque ese tema, como tampoco se lo sacó a Koldo García, dado que hay una pieza secreta en la Audiencia Nacional en la que se investigan las cuentas del PSOE. Además, el ministro no va a responder ni a las preguntas de la acusación popular (dirigida por el PP) ni a la defensa de Aldama. Por eso, solo estaría en la mano del letrado de Ábalos preguntar por esas supuestas cantidades recaudadas en 'B' para el PSOE. Y eso, dicen, no va a ocurrir.

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, no ha revalidado en el cargo de fiscal superior de la Comunidad de Madrid a Almudena Lastra, la fiscal que apuntaló con su declaración en el juicio la condena de Álvaro García Ortiz. Tras oír al Consejo Fiscal este jueves, la máxima representante del Ministerio Público ha optado por que ese puesto lo ocupe a partir ahora la otra aspirante, la fiscal Isabel Martín, quien forma parte de la Secretaría Técnica, la sala de máquinas de la Fiscalía General del Estado, desde 2018. 

Peramato, que llegó a la institución afirmando que contaría con “todos” para tratar de “sanar” la “profunda herida” generada por la condena a su predecesor por la filtración del correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha optado por no mantener en su puesto a una fiscal que tuvo un papel relevante en los acontecimientos que tuvieron lugar los días 13 y 14 de marzo de 2023 después de que elDiario.es revelara que la Fiscalía había denunciado a Alberto González Amador por fraude fiscal. 

En el juicio celebrado en el Tribunal Supremo, Lastra fue considerada la testigo más valiosa de las acusaciones por haber intuido que la filtración procedía de la Fiscalía General. Ante los magistrados, relató cómo en esas horas frenéticas sospechó claramente que la filtración procedía del organismo que dirigía García Ortiz: “Le dije: ¿has filtrado los correos?”. Después, reprochó a sus colaboradores que enviaran los correos al fiscal general: “¡Los van a filtrar!”. Explicó que era su sospecha, pero también reconoció que hablaba por intuición y sin pruebas al admitir que lo dijo “sin saber si lo habían filtrado o no”. 

No obstante, el tribunal utilizó su testimonio como un indicio incriminatorio. Los magistrados argumentaron que sus palabras demostraban que los propios subordinados del entonces fiscal general expresaron “recelos” a su actuación, advirtieron del peligro de revelar los datos y le reprocharon la filtración. Lastra fue afiliada a la Unión Progresista de Fiscales (UPF), de la que Peramato fue presidenta, aunque se dio de baja hace algunos años por su desacuerdo con algunos nombramientos. También fue vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y estuvo en la Secretaría Técnica cuando Cándido Conde Pumpido era fiscal general del Estado durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. 

Cambios en Madrid y el Supremo

En su lugar, Peramato ha optado por colocar al frente de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid a la fiscal Isabel Martín, que tiene un puesto mucho menos antiguo que Lastra en el escalafón. Hasta ahora, Martín era responsable de formación de la carrera fiscal. Estuvo afiliada a la conservadora y mayoritaria Asociación de Fiscales, aunque se dio de baja en 2025, explican fuentes fiscales. Antes de llegar a Madrid, Martín fue fiscal jefe de área de Melilla, entre otros destinos.

Peramato ha destacado su “alto nivel de competencia técnica, rigor profesional y su acreditada capacidad para afrontar responsabilidades de especial complejidad y exigencia, además de sus aptitudes de gestión y su conocimiento de las relaciones interinstitucionales”. También ha puesto en valor “su plan de actuación para transformar la Fiscalía Superior de Madrid bajo los principios de excelencia, cohesión y servicio público”.

Por otro lado, la fiscal general ha optado por ascender al Tribunal Supremo a otra antigua colaboradora de su predecesor, Pilar Rodríguez, que era hasta ahora la fiscal provincial de Madrid. Rodríguez llegó a estar imputada en la causa contra García Ortiz, aunque la Sala de Apelación del Supremo archivó la causa contra ella. Sí declaró como testigo en el juicio, cuando se puso de manifiesto la tensa relación que mantiene con Lastra. 

Rodríguez defendió que “no hubo clandestinidad” al rendir cuentas a sus superiores sobre los correos que centraban la acusación contra el fiscal general. Y calificó de “exabrupto” la acusación de Lastra de una supuesta filtración. “Jamás me represento que nadie del Ministerio Fiscal vaya a proceder a hacer una filtración”, añadió. 

Tras la decisión tomada por Peramato, Rodríguez recalará ahora en la Fiscalía de lo Social del Tribunal Supremo, donde también tiene ahora su puesto García Ortiz. Rodríguez, que estaba en el cargo desde 2018, fue fiscal adscrita de Criminalidad Informática y entre 2004 y 2009 fue asesora en la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, durante el Ejecutivo de Zapatero. 

La nueva fiscal de sala jefa de la Inspección Fiscal será María José Osuna, que en la actualidad era fiscal jefa de la Fiscalía de Tarragona. Los nombramientos también mantienen a Pilar Martín Nájera como fiscal de Sala jefa de la Sección Civil de la Fiscalía del Tribunal Supremo y a Pedro Crespo como fiscal de sala jefe de la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional.

De Martín Nájera, Peramato ha destacado su “constante voluntad de mejora y evolución y su plan de actuación, en el que propone varias medidas para colocar a la Fiscalía del Tribunal Supremo como referente doctrinal nacional en el ámbito civil”. Y de Crespo, la fiscal señala su “profundo conocimiento de la Fiscalía” del Constitucional y de las materias de las que se ocupa. Además, “ha valorado su plan de actuación, en que propone cambios para la adecuación de la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional al siglo XXI, con modificaciones encaminadas a la transparencia y pluralidad del órgano y a potenciar la especialización de sus miembros”.

Entre la batería de nombramientos de este jueves está también el de la fiscal Pilar Fernández como ‘número dos’ de la Fiscalía de Galicia. Fernández, que estaba destinada en la Fiscalía Provincial de Madrid en el área de Menores, es la mujer de García Ortiz. 

Fuentes de su equipo explican que, con esta nueva ronda de nombramientos, Peramato acaba de conformar su equipo de confianza tras los nombramientos de Julio Cano como fiscal jefe de la Secretaría Técnica y de Víctor Pillado como teniente fiscal de este mismo órgano. En la primera batería de designaciones optó por ascender a antiguos colaboradores de su predecesor, aunque también nombró a perfiles no asociados o próximos a la asociación conservadora. 

De los 22 nombramientos realizados este jueves seis son afiliados a la Unión Progresista de Fiscales (UPF), según fuentes fiscales. Estas mismas fuentes afirman que la fiscal general ha tratado de mantener un equilibrio en los nombramientos que se han basado en criterios de mérito y capacidad y que se ha buscado garantizar la paridad en las tenencias de las fiscalías de las comunidades autónomas.

Han tenido que pasar siete horas de interrogatorio para que por fin Koldo García, quien fuera asesor ministerial de José Luis Ábalos, respondiera a una pregunta que sobrevolaba la sala del Tribunal Supremo desde el arranque de la sesión. “¿Ha tenido conocimiento de que Aldama haya entregado dinero al PSOE?”, ha preguntado la letrada Leticia de la Hoz, ante lo que el exasesor y exchofer de Ábalos ha sido tajante: “El PSOE no coge dinero de nadie”.

Esta es sólo una de las ocasiones en las que Koldo García ha combatido lo que el pasado miércoles declaró el empresario Víctor de Aldama, que sostuvo que fueron Koldo y Ábalos quienes le propusieron hacer las veces de “nexo” entre empresarios adjudicatarios de licitaciones y el Partido Socialista para canalizar mordidas que luego serían introducidas en la formación vía donativos. Así, el asesor ha negado que Aldama paseara como pedro por su casa por el Ministerio de Transportes, que le viera a él charlando por teléfono con Pedro Sánchez de forma coloquial y tuteándole, que supiera que detrás de la oferta de Soluciones de Gestión estaba Aldama o que le abonara algún gasto por el alquiler del piso de Jésica Rodríguez, la expareja de Ábalos.

Por otro lado, también ha negado de forma tajante los 10.000 euros mensuales que el empresario Víctor de Aldama indicó que pagaba al binomio Ábalos-Koldo mensualmente desde octubre de 2019, ni los diferentes regalos que el comisionista sostiene que pagó al exasesor ministerial (un coche, una moto y una intervención médica). Koldo García ha negado la mayor en su declaración ante el Tribunal Supremo en calidad de acusado, ofreciendo un relato diametralmente opuesto al del conseguidor.

A lo largo de la mañana, y en respuesta a las preguntas del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, quien fuera hombre de confianza tanto en la Secretaría de Organización del PSOE como en el Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos ha ido entrando en cada uno de los hitos acusatorios por los que la acusación le solicita 19 años y medio de prisión. Y siempre con un mantra que ha repetido en innumerables ocasiones: siempre que podía ayudar, lo hacía.

Con esa premisa, ha señalado -no sin algún que otro encontronazo con el fiscal al que ha acusado de “no buscar su inocencia”- que en el contrato para la adjudicación de la compra de mascarillas a la empresa epicentro de la trama (Soluciones de Gestión) no tuvo nada que ver, aunque sí estuvo en el proceso de recepción en Barajas de las mismas porque lo que quería era “que se sacaran rapidito para que llegaran donde se necesitaban” y que si esa mercantil vinculada al Grupo Cueto tuvo conocimiento de esa licitación antes de que se publicara la orden ministerial fue porque “medio mundo sabía que los gobiernos, las comunidades autónomas y los ministerios buscaba material sanitario”.

Así, ha acotado su trabajo a la búsqueda intensa de empresas para traer material sanitario (ha indicado que vio varias ofertas) y ha explicado que no recordaba por qué se pasó de querer comprar 4 millones a 8 millones en 36 minutos para Puertos del Estado. “Pero si me hubieran ofrecido 16 millones los habría traído”, ha sentenciado para incidir en que él en realidad “no decidía nada” sobre esos temas y se limitaba a “traspasar” información que le llegaba de empresas a no ser que ofertaran “salvajadas” porque en esa época había “200.000 estafas”. Además, ha indicado que desde un inicio desconocía la relación de Aldama con Soluciones de Gestión y que si le consultaba asuntos sobre esa operación fue porque estaba “agobiado” y sabía que el empresario le podía ayudar con la logística porque trabajaba de consejero en Air Europa.

“¿Sabía que Aldama cobró millones por esos contratos de mascarillas?” , ha preguntado su letrada, a lo que ha contestado que se ha enterado en el proceso judicial.

La figura de Jésica Rodríguez

Sobre la figura de Jésica Rodríguez, el asesor ha explicado que la conoció a través del empresario Víctor de Aldama -otra de las contradicciones con el empresario- y, aunque él no lo ha querido confirmar en una suerte de 'respeto' por la joven, tanto la defensa de Ábalos como la suya propia la han calificado de “señorita de compañía”. Lo que sí ha afirmado Koldo García es que se vio obligado a pagar algunas mensualidades del piso de Plaza de España en el que vivía ella de alquiler porque la joven llegó a amenazar con ir a “la opinión pública para contar ciertas cosas personales” si no se solucionaban sus problemas.

Con todo, ha negado haber conocido que la mayoría de las mensualidades fueran abonadas por orden del empresario encausado, porque él siempre pensó que era otro empresario (a la postre socio del propio Víctor de Aldama) , Alberto Escolano, quien le hacía el favor de cederle ese piso a la joven y al ministro de manera “eventual” hasta que encontraran otro lugar. Y ha enfatizado que nunca se le reintegró cantidad alguna por parte de Aldama en relación a ese piso.

También ha negado haber tenido conocimiento de que Jésica Rodríguez no trabajara en realidad en la empresa pública Ineco a pesar de estar contratada, y ha sostenido que pensó “que teletrabajaba”. “Yo no he dicho a nadie que no vaya a trabajar”, ha enfatizado después de reconocer que sí que habló con la entonces presidenta de Adif Isabel Pardo de Vera para que moviera el contrato de la pareja del ministro y que la decisión de que trabajara y estudiara a la vez fue algo que comentó con Ábalos.

Por otro lado, ha rechazado que tuviera participación en un segundo contrato de Rodríguez, esta vez en Tragsatec (“no tenía ni idea de que había trabajado en Tragsatec”). Y también ha negado que realizara ninguna gestión amenazante para que en esa segunda empresa la molestaran.

Sobre la contratación de una segunda mujer, militante socialista, en Logirail, ha indicado que habló con el entonces presidente de Renfe Isaías Taboas después de que Ábalos le pidiera que mirara a ver si Claudia Montes podía optar a algún empleo dado que siempre había necesidad de contratar personal en ese tipo de empresas. Y ha negado que realizara presiones para que no tuviera problemas en ese puesto de trabajo.

“Sentido común”

En general, la jornada de este jueves ha sido positiva para Ábalos ha dejado claro que en muchas ocasiones funcionaba por libre y siempre con la intención de “quitarle cosas de la cabeza al ministro”. Esa “proactividad” ha sido celebrada por la defensa de quien fuera secretariode Organización del PSOE.

Pero la declaración de Koldo García también ha evidenciado un intento de las defensas por desacreditar lo que Aldama sostuvo ayer ante el plenario. Si bien ha reconocido que lo conoció por medio de su hermano Rubén Aldama, ha negado que él le preguntara por cuestiones como el PRI (“no sé que es eso”) en el marco de las presuntas relaciones internacionales con México para establecer empresas españolas allí, o que fuera el presidente del Gobierno quien preguntara por el empresario para verle en un mitin (“apliquemos el sentido común”). También ha negado haber hablado delante de Aldama con Pedro Sánchez, con quien ha señalado que no habló después de que llegara a La Moncloa.

En cuanto a las posibles gestiones que pudo realizar para la trama de los hidrocarburos para obtener una licencia de operadora para Villafuel, sólo ha reconocido que facilitó, por petición de Aldama, una reunión con el jefe de Gabinete de Industria José Ignacio Díaz Bidart. Y ha desligado ese asunto del alquiler con opción a compra del chalé de La Alcaidesa en Cádiz, que según la investigación pagó como dádiva la trama de Villafuel para el ministro. “Ábalos intentaba irse de vacaciones (...) , lo que hice y lo que he hecho siempre es empezar a buscar tipos de vivienda en toda Andalucía”, ha explicado acotando el asunto a su afán por facilitarle la vida al ministro.

Sobre los supuestos esfuerzos de Koldo García y Ábalos para que el Ministerio publicara una nota de prensa que remara a favor de un rescate público de la aerolínea Air Europa, el asistente ministerial ha señalado que Aldama en esos días era muy insistente pero ha indicado que quien tomó la decisión al respecto fue el entonces secretario de Estado Pedro Saura. Además, ha sido tajante al desvincular esa nota de prensa de las vacaciones del ministro en un chalé cercano a Marbella, Villa Parra, a pesar del mensaje que le mandó al ministro con ese 'esto te va a salir gratis por las molestias'. Koldo ha señalado que decidió pagar de su bolsillo las vacaciones de Ábalos porque le debía dinero por desperfectos en el piso de la La Latina que le alquilaba.

Reconoce las 'chistorras'

Por otro lado, y a preguntas de su defensa, Koldo García ha afirmado que el PSOE le pagó liquidaciones de gastos en metálico y que en ocasiones le abonaron los mismos en billetes de 500 euros (ha salido a colación de 14 liquidaciones entre las que hay una que reflejaba '500+500'). Además, por primera vez ha reconocido que denominaba a ese tipo de billete 'chistorras', tal y como recogen los informes de la UCO, aunque también ha incidido en que a veces hablaba de chistorras reales que bajaba desde Navarra.

En este sentido, ha explicado que no solo recibía dinero en metálico del partido por razón de su cargo sino también de agentes de Información de la Guardia Civil que le pedían el favor de que les cambiara los mismos por otros de menor valor (“yo me movía bien”). Y ha sumado a esto que en los alquileres vacacionales que gestionaba también cobraba en ocasiones por turistas extranjeros en ese tipo de billete. Con todo, ha negado haber usado los términos 'soles' y 'lechugas', ha sido tajante al decir que Aldama no le entregó billetes de 500 euros y ha subrayado que siempre pensó que todo era legal.

Por otro lado, ha explicado que estaba en disposición de aportar más liquidaciones del PSOE que no están reflejadas en la documentación entregada por el partido al tribunal (habla de 7.000 euros de más solo en 2018). Y ha señalado que él llevaba los gastos que debían justificar en tres sobres: Uno del Ministerio, otro de la Secretaría de Organización y otro de Ábalos.

La defensa ha empleado bastante tiempo en justificar el incremento inmobiliario y monetario de la familia de Koldo García y ha rescatado para el juicio otra serie de ingresos, como la indemnización que recibió de Mapfre de 70.000 euros después de sufrir un accidente con un jabalí o cobros de alquileres que se abonaban en efectivo.

El empresario Víctor de Aldama aprovechó este miércoles su extensa declaración en el Tribunal Supremo para ir mucho más allá del mero reconocimiento de los hechos que recogen los escritos de las acusaciones que lo han llevado al banquillo. En una clara confirmación de la estrategia de colaboración con la Justicia que le permitió salir de prisión hace un año y medio, el comisionista trasladó a sede judicial las graves acusaciones sobre la financiación ilegal del PSOE que lleva meses lanzando en los medios de comunicación y fue incluso más allá al tratar de implicar directamente al presidente del Gobierno.

“Si hay una jerarquía, y yo obviamente estoy en la banda organizada, el señor presidente está en el escalafón uno; el señor Ábalos, en el dos; el señor Koldo García, en el tres, y yo, en el cuatro”, dijo sin apuntar ni una sola prueba, tal y como le afearon las defensas del exministro José Luis Ábalos y de quien fuera su asesor. Para apuntalar el supuesto conocimiento del presidente del Gobierno sobre los movimientos de la trama aludió a una fotografía que se tomó con él en un mitin poco después de la llegada del PSOE al Gobierno, cuando todavía no se había puesto en marcha la maquinaria corrupta que supuestamente anidó en el Ministerio de Transportes en la etapa de Ábalos. 

Según la versión de Aldama, el presidente se dirigió a él diciéndole textualmente: “Muchas gracias por todo. Sé lo que estás haciendo”. En realidad, lo que había hecho hasta entonces era gestionar una reunión de Ábalos en España con el gobernador de Oaxaca, un estado del sur de México donde él había hecho negocios. También aseguró que Pedro Sánchez pidió a Ábalos que intentara amañar un contrato ferroviario de Renfe a favor de la una empresa valenciana y conseguir así dinero con el que financiar al partido y a la Internacional Socialista. Sin embargo, Sánchez no empezó a presidir esa organización hasta noviembre de 2022, cuando Ábalos llevaba ya más de un año fuera del Gobierno. 

Aldama reconoció que si sabía que Sánchez estaba al tanto de las entregas de dinero en efectivo por parte de los constructores al partido era porque Koldo García se lo había dicho. Y que optó por creer ese extremo porque en una ocasión vio cómo Koldo García llamaba al presidente, al que tuteaba y se dirigía por su nombre de pila. La abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, le recordó que las agendas de los 27 teléfonos que manejó su cliente constan en el sumario y aseguró que en ellas no aparece el contacto del jefe del Ejecutivo. 

El empresario sacó a relucir relevantes nombres del Gobierno y del PSOE e incluso disparó contra Begoña Gómez al afirmar que tuvo que retirar su oferta por un complejo en el lujoso Barrio de Salamanca de Madrid porque la mujer del presidente del Gobierno “lo quería para ella”. Después, a preguntas de su letrado, matizó que el Instituto de Empresa, la universidad privada en la que trabajaba, tenía intereses en esos terrenos. 

Aldama hizo estas afirmaciones sin que el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, pusiera límites a su declaración a pesar de que se trata de cuestiones que exceden las conclusiones que las acusaciones han dejado en los escritos en los que piden elevadas condenas de cárcel para Ábalos y Koldo García. En el caso de Aldama, la Fiscalía le pide siete años, menos de la mitad de lo que le correspondería por los delitos que le atribuye. Y está por ver si su declaración sirve para rebajar aún más esa petición. Aldama negó que hubiera un pacto con el Ministerio Público a preguntas del abogado de Ábalos, Marino Turiel.

Tras la declaración del empresario investigado, el PSOE emitió un comunicado para rechazar de plano todas y cada una de las acusaciones vertidas por Víctor de Aldama en sede judicial. En concreto, desde Ferraz desterraron la hipótesis de una financiación ilegal del partido, la declaración más grave de cuantas ha realizado ante el Supremo el empresario acusado de corrupción.

“Hoy ha declarado Aldama en el Tribunal Supremo. Dos años después, la realidad sigue siendo la misma: acusaciones sin acreditar porque no hay delito que acreditar. Mentira tras mentira. Estamos ante una estrategia conocida: en su derecho de defensa, el engaño es su principal herramienta. Señalar sin pruebas y generar ruido donde no hay delitos”, trasladó el partido. 

En ese mismo texto, el PSOE adelantó que pedirá amparo al Supremo para defenderse de los ataques de Aldama. “El PSOE ya solicitó amparo al Tribunal Supremo para actuar frente a estas injurias. Lo volveremos a hacer. No vamos a permitir que se nos difame impunemente. No existe financiación ilegal en el PSOE. Solo existen las mentiras de Aldama”.

“Nexo” con las constructoras

Aunque sin pruebas, Aldama alentó la sospecha sobre la financiación irregular de los socialistas al vincular sus tratos corruptos con Ábalos y Koldo García con presuntos pagos al partido. De hecho, el comisionista explicó que, en un inicio, la mecánica puesta en marcha tenía como objetivo alimentar las cuentas de la formación y que él actuaba como una suerte de recaudador del dinero de las constructoras dado que el entonces asesor le pidió que hiciera de “nexo” con ellas, entre las que citó a Levantina, Latania y Azvi.

Aldama admitió que fue consciente de que recaudar mordidas de empresarios era algo “ilegal” y que no se sintió “del todo cómodo, pero tampoco incómodo”. “Al final, soy empresario, veo la oportunidad, y lo que quiero es seguir trabajando y que me sigan dando cosas que al final es por lo que estaba haciendo todo el esfuerzo y poniendo todos mis contactos encima de la mesa para ganarme su confianza”, aseveró. Según su testimonio, solo entre 2019 y 2020 entregó 1,8 millones de euros al PSOE: “Si miran las cuentas del partido y hay un pico importante de donaciones en esa época se podrá ver por dónde venía el dinero”.

Durante las siete horas y media que duró su declaración en el Alto Tribunal sostuvo, además, que canalizó hacia Koldo García y el ministro entre 3,5 y 4 millones de euros. Y que llegó al acuerdo con el asesor de que aportaría a él y al ministro una suerte de nómina de 10.000 euros a repartir para que hicieran frente a pagos recurrentes como el colegio de sus hijos u otros gastos corrientes. A estos pagos sumó otros “regalos que se daban asiduamente”, como un tratamiento médico para la pareja de Koldo García, al que también compró un todoterreno “barato” y una motocicleta. 

También confirmó que financió las vacaciones del ministro en Marbella en el verano de 2020, aunque desligó esa operación de los esfuerzos de Ábalos en favor del rescate de Air Europa. O que, a través de un socio, sufragó el apartamento de lujo en el que vivía Jésica Rodríguez, la expareja del ministro Parte de esas dádivas habrían corrido a cuenta de sus propios beneficios, como los más de tres millones de euros que se embolsó en apenas unas horas con los contratos de mascarillas que centran la causa. 

Si bien no corresponde a este caso, el comisionista puso sobre la mesa, además, que gracias a sus conexiones con Juan Guaidó —líder opositor que se autoproclamó presidente de Venezuela— habría apalabrado unos cupos de petróleo que iban destinados a financiar la Internacional Socialista como premio al apoyo de España a su figura. Y sostuvo que, dado que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero alertó al Gobierno de Nicolás Maduro de estos movimientos en favor de Guaidó, el Ejecutivo de Sánchez tuvo que enmendarse a sí mismo y volver a dar su apoyo a Maduro. Aldama explicó que no dio crédito a este cambio, pero logró igual nuevos cupos, esta vez de PDVSA, siempre según su versión.

La defensa ataca “las contradicciones” de Aldama 

Por su parte, la defensa de Koldo García basó su interrogatorio en tratar de minar la credibilidad de Aldama y en hacer ver al tribunal que existían contradicciones e incoherencias entre el testimonio de este miércoles y lo manifestado cuando el caso estaba en investigación. “Mi credibilidad está en los informes de la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil)”, respondió visiblemente molesto el empresario. El presidente Martínez Arrieta intervino para avisar de que valorar la credibilidad del acusado es tarea del tribunal. 

Así, la letrada indicó, por ejemplo, que no había concordancia sobre el tiempo que habría estado pagando 10.000 euros mensuales a Ábalos y su asesor. Durante la investigación dijo que “año, año y pico”, desde “antes de octubre de 2019” y hasta “después” de julio de 2021. Este miércoles en el Supremo dijo que hasta 2022. Tras las explicaciones del comisionista, el propio presidente del tribunal señaló que no había contradicción en ese punto.  

La letrada de Koldo García, también apuntó a posibles incoherencias en relación con el papel de Ábalos en el rescate de Air Europa, porque entendía que el empresario había sostenido que no se había reunido con el exministro para abordar la nota de prensa que se envió a medios apoyando ese préstamo público. Pero Aldama aclaró que “obviamente” sí se reunió con él. 

Donde sí logró encontrar un fallo en la declaración de Aldama fue en el asunto de las gestiones de la trama para lograr la licencia de operadora de hidrocarburos para Villafuel, una empresa en la que tenía intereses uno de sus socios. El comisionista explicó que en un principio se buscaba ese permiso para la mercantil Have Got Time, pero que esa vía se truncó porque esa sociedad estaba vinculada a la operadora Gaslow que tenía “un tema en la Audiencia Nacional”. Y que por eso se buscó la licencia para Villafuel en una reunión en Industria a finales de 2020. Sobre ese punto, la letrada apuntó que el dato no era cierto porque el litigio de Gaslow en la Audiencia Nacional se abrió en 2022. 

La defensa del ministro, dirigida por Marino Turiel, con un interrogatorio menos brusco que el de la de Koldo García, consiguió que el empresario reconociera que si llamaba ‘el jefe’ a Ábalos no era porque tuviera una jerarquía en la trama sino porque coloquialmente usaba esa jerga después de escuchar al asesor referirse así a su superior. Esto difumina en cierto modo la tesis de la Fiscalía que en su escrito de acusación indicó que ese alias era usado en el contexto de la organización criminal. El propio teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Balas indicó que el líder real de la trama era Aldama porque, dijo, “quien paga manda”. 

Turiel también consiguió establecer que, en realidad, el papel del exministro en el logro de que se ‘filtrara’ una nota de prensa a medios económicos apoyando desde el Ministerio de Transportes el rescate público de Air Europa fue relativo. Aldama recordó que Ábalos se puso en el asunto de la nota “de perfil” a pesar de que sí estaba comprometido con el rescate de esa empresa que consideraba sistémica. Además, desvinculó esa nota de prensa del pago de unas vacaciones en Marbella: “En este caso concreto yo no pago [las vacaciones] por la nota”.

El empresario Víctor de Aldama ha tratado de implicar a Pedro Sánchez en el presunto amaño de obras para financiar al PSOE al que ha aludido en su declaración en el juicio que se celebra en el Tribunal Supremo. “Si hay una jerarquía, el señor presidente del Gobierno estaba en el escalafón 1, Ábalos en el 2, Koldo García en el 3 y yo en el 4 porque todo lo sabía el presidente”, ha afirmado durante el interrogatorio del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, que se ha extendido durante cuatro horas. 

El comisionista no ha aportado pruebas del supuesto conocimiento que Sánchez tendría de sus tratos con Ábalos y Koldo García, a los que ha afirmado que llegó a entregar “entre 3,5 y 4 millones de euros” en comisiones después de que la mano derecha del ministro le pidiera que fuera el “nexo” para que constructoras que licitaban con el Ministerio de Transportes donaran dinero al PSOE a través de grandes cantidades en efectivo. Tras trascender esta declaración, los socialistas han anunciado que pedirán amparo al Supremo por las “injurias” de Aldama: “No permitiremos que nos difame”, recogen en un comunicado.

El comisionista ha buscado reforzar su afirmación sobre la presunta implicación de Sánchez en la trama aludiendo a un encuentro con Sánchez en un teatro tras un mitin del PSOE en 2019, donde ambos se tomaron una fotografía. Aldama ha asegurado que Sánchez le dijo, textualmente: “Muchas gracias por todo. Sé lo que estás haciendo”.

No obstante, según su propio testimonio, en ese momento únicamente había gestionado un viaje a España del gobernador de Oaxaca (México), quien se reunió con Ábalos para abordar cuestiones relacionadas con los intereses de empresas españolas en ese país. Es decir, no se habían iniciado los presuntos tratos corruptos con constructoras con intereses en el Ministerio de Transportes. 

Aldama ha reiterado que Koldo García le dijo que Pedro Sánchez sabía de esas entregas de constructores al partido. Y ha afirmado que en una ocasión vio cómo Koldo García llamaba al presidente, al que tuteaba y se dirigía a él como Pedro. También ha afirmado que le hablaba de forma coloquial diciéndole incluso que “le iba a reventar la cabeza” lo que, a su juicio, evidenciaba la estrecha relación que Koldo García mantenía con el presidente del Gobierno.

En la segunda parte del interrogatorio, a preguntas del abogado del PP, que ejerce la acusación popular, Aldama ha tratado de nuevo de implicar a Sánchez. El empresario ha asegurado que el presidente del Gobierno llamó a Ábalos para pedirle que intentaran amañar un contrato ferroviario de Renfe a favor de la empresa valenciana Stadler y conseguir así dinero con el que financiar el partido y la Internacional Socialista. El empresario ha asegurado que él y Koldo García viajaron a Valencia en tres ocasiones a ver al presidente de la compañía, que llegó a quejarse incluso al ministro, y que él acabó saliéndose de la operación.

Es la primera vez que el empresario, imputado en varios sumarios, vincula directamente el amaño de obras con la financiación de los socialistas. Según ha asegurado, llegó a entregar en el despacho del ministro cantidades abultadas de efectivo, que habrían llegado a los 250.000 euros.

Las presuntas mordidas de las constructoras que él se encargaba de recaudar iban en paralelo al pago de la suerte de nómina de 10.000 euros al mes que entregó a Ábalos y Koldo García desde octubre de 2019 y que, según las acusaciones, le permitía pedir favores y asegurarse un trato preferente en un Ministerio que manejaba un presupuesto anual de más de 10.000 millones de euros y en otros departamentos de la Administración.

“[Koldo García] habla siempre de la palabra ayuda pero, obviamente, no es ninguna ayuda. Me dijo: 'Podemos ayudarles para que ellos [las constructoras] se lleven la licitación, que al final se la van a llevar, pero si les ayudamos, pues podemos tener un rendimiento y a nosotros nos hace falta para la financiación del partido'”, ha afirmado. 

El Tribunal Supremo impulsó una línea de investigación que indaga en la existencia de una trama de amaño de obras ubicada en el corazón del Ejecutivo y del partido cuya dimensión está todavía por determinar, si bien por el momento no ha aparecido ningún indicio de que ese presunto amaño de obras tenga relación con la financiación ilegal del PSOE.

Aldama ha admitido que fue consciente en ese momento de que recaudar mordidas de empresarios era algo “ilegal”, si bien ha reconocido que no se sintió “del todo cómodo, pero tampoco incómodo”. “Al final, soy empresario, veo la oportunidad, y lo que quiero es seguir trabajando y que me sigan dando cosas que al final es por lo que estaba haciendo todo el esfuerzo y poniendo todos mis contactos encima de la mesa para ganarme su confianza”, ha aseverado.

Sobre el pago mensual de 10.000 euros a Koldo García y a Ábalos, ha afirmado que surge tras una reunión con el asesor en el que le dice que 'el jefe' —como se refería al ministro— tenía que afrontar pagos de su exmujer, del colegio de los hijos, y otros asuntos. Tras realizar un cálculo, llegan a esa cifra. Ante el tribunal, Aldama ha reconocido que se comprometió a pagar esa cifra todos los meses.

Ha explicado que mantuvo el pago de esas mensualidades, que entregaba en sobres, hasta finales de 2022, cuando Ábalos llevaba más de un año fuera del Ministerio. Y ha indicado que a esas cantidades sumaba las otras que le entregaban las constructoras para el ministro. Como detalle, ha recordado que cuando llevaba grandes cantidades de efectivo, “por ejemplo 250.000 euros”, metía el dinero en una mochila Montblanc con la que subía al despacho del ministro al que accedía por su ascensor personal. “En esa mochila llevaba dinero”, ha recordado para luego sumar que en la mochila metía el dinero en una bolsa de Carrefour que el ministro se guardaba en un cajón sin contarlo.

El fiscal Luzón ha querido saber de dónde sacaba tanto efectivo. El empresario ha incidido en que, por un lado, procedía de las constructoras que se quedaban con las licitaciones. Y que él ponía por su cuenta y riesgo a modo de “siembra” para lograr notoriedad que le ayudara en sus negocios. Al hilo, ha puntualizado que dado que las cantidades en efectivo no eran fáciles de conseguir llegó a pedir a Koldo García que le facilitara otra fórmula que permitiera pagos por transferencia. Y ahí se acordó que abonara el alquiler del piso de Plaza de España de Jésica Rodríguez, la expareja de Ábalos.

El empresario también ha admitido que “alardeó” de su relación con Ábalos cuando solo le había visto una vez. Y ha asegurado que en México pagó “señoritas” para que el ministro se relajara durante un viaje a México que tenía como objetivo promover los intereses de empresas españolas en ese país y que Anticorrupción considera que es uno de los episodios que apuntan al grado de influencia de Aldama sobre el exministro y su asesor. Ábalos ha defendido que Aldama no formaba parte de la delegación.

Aldama empezó a colaborar en noviembre de 2024, cuando estaba en prisión por su implicación en otro caso, un millonario fraude con hidrocarburos. Entonces, compareció de forma voluntaria en la Audiencia Nacional, donde durante varias horas disparó ante el juez Ismael Moreno contra relevantes nombres del Gobierno y el PSOE, a los que acusó de cobrar sobres repletos de dinero, entre otras prebendas. Afirmó por primera vez que él mismo había pagado 250.000 euros en comisiones al exministro y 100.000 a su mano derecha. 

Tras Aldama, está previsto que declaren Koldo García y Ábalos, quienes tratarán de desvirtuar las conclusiones de los informes de los investigadores que apuntan a sospechosos incrementos patrimoniales de ambos gracias al cobro de mordidas —“chistorras”, “soles” o “lechugas”, que era como llamaban a los distintos billetes en la jerga de la trama—. Ambos han escuchado atentamente la declaración de Aldama mientras tomaban notas en sendos cuadernos.

“Señoría, es que no quiero adelantar mi estrategia de defensa”. Es el mantra que ha repetido por activa y por pasiva Leticia de la Hoz, la abogada encargada de la defensa de Koldo García, a lo largo de las diez sesiones que se han celebrado en el Tribunal Supremo por el ‘caso Mascarillas’. Pero ahora, a las puertas del “visto para sentencia”, ha llegado el momento de que las defensas pongan sobre la mesa todos sus argumentos para tratar de convencer a la mayoría de magistrados. En realidad, salvo sorpresa mayúscula y a pesar del suspense pretendido por la abogada, no se esperan grandes giros de guion. La sala de vistas del Alto Tribunal no es un plató de cine y, por tanto, no hay ‘deus ex machina’ que valga. 

De esta forma, lo que todas las partes esperan que ocurra este miércoles es que el empresario Víctor Aldama corrobore lo que ha venido sosteniendo desde que tiró de la manta en noviembre de 2024, mientras que José Luis Ábalos y Koldo García deberán hacer un esfuerzo ímprobo por persuadir a los siete miembros del tribunal de que no recibieron pagos ilegales a cambio de comprar sus voluntades. Tarea titánica tras la declaración maratoniana —14 horas en una sola sesión— del teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Balas y su equipo. 

Quien abrirá la tanda de declaraciones será el empresario, el “nexo corruptor”. Las fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es indican que Aldama afronta con tranquilidad su comparecencia como acusado, dado que en realidad le bastaría con asentir a toda pregunta que le lance el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón. Pero explican que se ha preparado para este momento de manera concienzuda de la mano de su abogado, José Antonio Choclán, que “saltarán chispas” –signifique esto lo que quiera significar– y que dejará titulares en un testimonio que prevén extenso. Algunas fuentes contemplan que su interrogatorio dure toda una jornada. 

Con todo, lo que seguro va a ocurrir es que el comisionista va a volver a confesar, pero esta vez ante un tribunal, que buscó corromper a todo un ministro. Y que lo consiguió gracias a que, entre otras prebendas, pagó desde octubre de 2019 una suerte de nómina de 10.000 euros al mes a repartir entre Ábalos y Koldo García. Esa influencia lograda a base de supuestas 'chistorras' —billetes de 500 euros en la jerga de la trama— fue utilizada para diferentes encargos y hasta se buscó las mañas para comprarle un chalé en Cádiz a su 'instrumento' político pero a cuenta de otro empresario.

De esta manera, se espera que desgrane cada uno de los episodios que recoge el fiscal Luzón en su escrito de acusación. Esto pasa por explicar qué participación tuvo en el pago del alquiler del piso de la expareja de Ábalos, Jésica Rodríguez, que se ubicaba en plena Plaza de España (Madrid) y por el que uno de sus socios (más bien testaferro, según la UCO) pagó 2.700 euros mensuales durante dos años y medio. En total, más de 82.000 euros. 

También deberá aclarar si en 2020, y después de los supuestos esfuerzos del ministro por difundir una nota de prensa que empujara a favor del rescate público de Air Europa, sufragó unas vacaciones al exministro en Marbella. Y si un año después, y gracias a que Ábalos medió (con cero éxito) para que otra subtrama se hiciera con una licencia de operadora del sector de los hidrocarburos, le obsequiaron con un chalé en Cádiz, cerca de la lujosa urbanización de Sotogrande. 

Más allá de esos capítulos, lo fundamental y lo que debe atornillar bien la Fiscalía en el interrogatorio a Aldama es el pago de los 10.000 euros mensuales, porque esa fue la llave que permitió al comisionista abrir de par en par la puerta del Ministerio de Transportes en plena pandemia y lograr para Soluciones de Gestión los contratos millonarios para la adquisición de mascarillas. 

Las fuentes jurídicas consultadas señalan que Luzón no irá más allá de estos hechos en el interrogatorio a Aldama. No le interesa, no está en su guion. Pero reconocen que es más que probable que el comisionista, reconvertido en una suerte de ariete de la derecha patria gracias a las redes sociales, aproveche el turno de su defensa para entrar en cuestiones políticas y dejar migas de pan que afecten a otros procedimientos. En cuanto a las preguntas que le pueda formular la defensa del ministro, las fuentes afirman que no serán muchas, pero sí “contundentes”. Y en cuanto a la defensa de Koldo García, como ha ocurrido a lo largo del juicio, la imprevisibilidad será su bandera. 

Una vez concluya el interrogatorio de Aldama será el turno de Koldo García. Y, previsiblemente, sólo contestará a su defensa en lo que algunas de las partes ya califican de “entrevista pactada”. Nada nuevo, ya ocurrió lo mismo con Joseba García (hermano de Koldo) y con Patricia Uriz (su exmujer). Pero si algo caracteriza al exasesor es su imprevisibilidad y la estrategia de la letrada bien puede saltar por los aires si a Koldo le da el barrunte. En las últimas jornadas del juicio se le ha visto muy inquieto y participativo. 

Ábalos declarará el último y, según las fuentes consultadas, es previsible que ‘tire’ de galones políticos –todo un exministro– y responda tanto a su defensa como al Ministerio Fiscal. Algunas partes apuntan a que hará disertaciones largas y que rechazará las preguntas de la acusación popular, por aquello de que la dirige el PP. 

Ábalos y Koldo: “Defensas incompatibles”

Si la vía Aldama sobre los delitos descritos por Luzón en el escrito de acusación pasa por asentir y confirmar, en contraposición, las defensas de Ábalos y Koldo García tratarán de desvirtuar las conclusiones de esos informes de los investigadores que apuntan a sospechosos incrementos patrimoniales de ambos. En su extensa declaración de este lunes, los agentes de la UCO de la Guardia Civil señalaron que el exasesor, su mujer y su hermano ingresaron 387.000 euros en sus cuentas “sin ninguna justificación” entre 2020 y 2022. Cuando fue detenido, los agentes encontraron en su casa de Polop 24.000 euros en efectivo. Y cuando declaró en la fase de instrucción, defendió que tener cantidades de dinero en casa era una “costumbre” que había heredado de sus padres. 

Hasta ahora, la estrategia de su letrada ha pasado por intentar convencer al tribunal de que el dinero en efectivo del que disponía su cliente procedía de las liquidaciones de gastos que pasaba al PSOE y no de las presuntas dádivas a cambio de favores. De hecho, la pasada semana, durante el interrogatorio al exgerente del partido trató de evidenciar el descontrol que existía en la formación a la hora de autorizar los pagos en metálico contra facturas presentados por dirigentes y empleados. La letrada exhibió nueve hojas de liquidaciones de gastos supuestamente abonados a su cliente que aparecían incompletas y cuyos importes no tienen reflejo presuntamente en la contabilidad del partido auditada por el Tribunal de Cuentas.

Respecto a Ábalos, la investigación ha acreditado que manejó en cinco años hasta 95.000 euros sin rastro bancario. Es un dinero que utilizó para sufragar la pensión alimenticia de uno de sus hijos, pagar joyas y flores a una de sus exparejas o costear el salario de la empleada del hogar. Ha habido también otras llamativas revelaciones, como el hecho de que entre 2018 y 2023 “desaparecieran” las retiradas en efectivo de sus cuentas al tiempo que se registraba “un aumento significativo de los ingresos en metálico”. Es un “patrón” que cambió a partir de 2024, con el estallido del caso y la detención de Koldo García, a quien las acusaciones adjudican el rol de pagador o gestor financiero del exministro. 

Pero más allá de esa pelea por justificar los incrementos patrimoniales, la clave de este jueves será si el “binomio Ábalos-Koldo” sigue yendo de la mano y con una estrategia de no agresión hacia una sentencia que muchas de las partes ya auguran condenatoria. Fuentes de las acusaciones explican que desde un inicio estaba claro que las defensas de ambos eran “incompatibles”, y lo cierto es que en las últimas jornadas ha quedado patente que la defensa del exministro quiere que cale la idea de que Koldo García hacía y deshacía por cuenta propia, sin necesidad de que Ábalos tuviera conocimiento de todos sus movimientos. 

En el otro extremo del ‘ring’, la defensa del exasesor pretende que el futuro penológico de ambos siga ligado. Y ya ha dejado caer un par de advertencias durante el juicio para que Ábalos no se mueva mucho en la fotografía final. Llegado el momento, el asesor bien podría afirmar que todo paso que dio y todo mensaje que envió fue por mandato de su superior. Y ahí Ábalos puede salir perdiendo.

La Fiscalía reclama el archivo definitivo de la causa contra Begoña Gómez tras la decisión del juez Juan Carlos Peinado de proponer que vaya a juicio por delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida. En su escrito de calificación, el fiscal José Manuel San Baldomero expone las razones por la que considera que la mujer del presidente del Gobierno y los otros dos investigados deben ser absueltos. 

“Elementos corroboradores después de dos años e innumerables diligencias, ninguno”, defiende el representante del Ministerio Público en un escrito en el que recupera los mismos argumentos que ya expuso hace unos días en el recurso contra la decisión del magistrado de sentar a Begoña Gómez ante un tribunal formado por ciudadanos. El fiscal acusa al magistrado de basarse en “hipótesis meras o alambicadas teorías sobre tramas de corrupción” para proponer sentar en el banquillo a Begoña Gómez. También considera que mezcla delitos para intentar sostener la acusación, lo que a su juicio “contribuye a la irracionalidad” del auto con el que puso fin a dos años de investigación. 

Respecto al delito de tráfico de influencias, recuerda que para que exista este delito debe haber una “presión moral” eficiente sobre un funcionario y un beneficio económico que no se da en este caso, dado que la cátedra que Begoña Gómez codirigió en la Universidad Complutense y que centra la imputación por este delito no era remunerada. Además, descarta que la reunión en la Moncloa con el rector Joaquín Goyache fuera un acto intimidatorio. Sobre las cartas de recomendación al empresario Juan Carlos Barrabés, argumenta que carecen de relevancia penal porque fueron meras “cartas de interés” idénticas a las que firmaron otras 35 entidades, entre las que se encontraban empresas como Microsoft o IBM, y administraciones como el Ayuntamiento de Madrid. 

En relación con el delito de corrupción en los negocios, el recurso rebate la tesis del juez de que el dinero captado para la cátedra fuera una “fachada” para que las empresas financiadoras obtuvieran ventajas en adjudicaciones públicas. Afirma que se trata de “una mera conjetura, una hipótesis carente de base, surgida de la nada (...) para tratar de justificar algo que no se sostiene racionalmente, y tratar de buscar de alguna forma un nexo con el sector privado de los negocios”. Y que el fiscal considera jurídicamente insostenible aplicar este delito a la financiación de una cátedra en una universidad pública, ya que este artículo del Código Penal está diseñado para proteger la competencia en el sector privado. 

Sobre la supuesta apropiación indebida del software vinculado a la cátedra, el representante del Ministerio Público sí apunta un argumento novedoso al hacer alusión a la llamada ‘doctrina Botín’. Advierte que, dado que la propia Complutense que es la presunta perjudicada no está ejerciendo la acción penal y la Fiscalía pide el archivo, las acusaciones populares no tienen legitimidad jurídica para sentar a alguien en el banquillo por este delito. 

La 'doctrina Botín' tiene su origen en una sentencia del Tribunal Supremo en 2007, cuando el expresidente del Banco Santander, Emilio Botín, y tres directivos más de la entidad fueron acusados de perpetrar cesiones de crédito supuestamente irregulares. Los jueces archivaron el caso explicando que estos banqueros no podían ser juzgados sólo a petición de la acusación popular, que ejercía la Asociación para la Defensa del Inversor y los Clientes (ADIC), mientras que la Fiscalía pedía el archivo sin existir una acusación particular. Un año después el mismo Supremo suavizó su doctrina con la condena por desobediencia al político Juan María Atutxa y estableció que la fuerza de la acusación popular en solitario podía provocar la apertura de un juicio oral si el delito investigado afecta a intereses colectivos.

El juez también dedicaba parte del auto a tratar de evidenciar cómo la asesora Cristina Álvarez actuó como asistente privada de Begoña Gómez, lo que, a su juicio, constituye un delito de malversación. A este respecto, el fiscal argumenta que la acusación popular tiene una “intensidad desorbitada” al poner en entredicho todo el sueldo de la asesora. Y reitera que “no consta cuál es el perjuicio para el erario público por las actividades desempeñadas al margen y por exceso de las suyas propias. Aunque el propio hecho de acompañamiento a la esposa del presidente del gobierno en su día a día hace que resulte más difícil deslindar cuáles son esos excesos o actividad adicional, y cuáles son inherentes o paralelos a los propios de su función”. 

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha puesto en marcha la maquinaria disciplinaria contra el juez David Maman Benchimol, encargado de instruir la denuncia de una mujer por violación contra el anterior director adjunto operativo de la Policía, José Ángel González. Maman Benchimol declaró en una ponencia organizada por el Colegio de la Abogacía de Madrid que se han otorgado muchas “ventajas” a las mujeres que denuncian violencia, y que van “a la caza de la orden” de protección.

El Promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, una suerte de fiscal para los jueces, ha acordado este lunes incoar una diligencia informativa para estudiar las quejas recibidas en relación con las manifestaciones realizadas por Maman Benchimol, ha informado el CGPJ.

David Maman Benchimol es el magistrado titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 8 de Madrid, y solamente un día después de que la agente de Policía denunciara a González por varios delitos –entre ellos, agresión sexual con penetración–, cargó contra las mujeres que denuncian este tipo de delitos: “Muchas de ellas (las denunciantes) es que se ve enseguida que no tienen demasiado sentido, que eso se ve, porque se intenta forzar una vía, que si yo voy a tardar 24 horas en obtener una orden de protección, ¿por qué voy a esperar meses?”.

El órgano de gobierno de los jueces tiene competencias para exigir responsabilidad disciplinaria a jueces y magistrados si su conducta se desvía de una serie de principios tasados entre los que están la independencia, la imparcialidad o el respeto a las partes. Las sanciones por faltas cometidas en el ejercicio de sus cargos pueden ir de simples advertencias o multas económicas a traslados forzosos, suspensiones y expulsiones. 

Fuentes del órgano explican que la apertura de diligencias informativas es solo un primer paso, que puede derivar o no en la apertura de un expediente disciplinario y en una hipotética sanción. Se abren cada vez que se recibe una queja, que son más de medio centenar al año. A esa apertura de diligencias sigue un primer trámite destinado a comprobar la veracidad de los hechos denunciados. Después, el promotor tendrá que decidir si propone la apertura de un expediente y da traslado a la Comisión Disciplinaria o si, por el contrario, archiva las diligencias, lo que requiere el examen de la Comisión Permanente.

El juez, según informó laSexta, subrayó en la citada charla sobre las denuncias de las mujeres: “Ese es el tema, es a la caza de la orden. Pero es que yo lo entiendo, porque se ha otorgado tantas ventajas a una mujer para interponer denuncia... Se le da asistencia jurídica gratuita aunque tenga un millón de euros en la cuenta, se le da abogado de oficio según entra, ¿pero qué pierde?”.

El mismo medio explicaba que en la charla, que abordaba los “Criterios de competencia en materia penal y civil” y se celebró el pasado 18 de febrero de este año, David Maman Benchimol también abordó el tema del divorcio y la custodia de los hijos: “Va pasando el tiempo, auto de medidas provisionales... Como no se ha resuelto el recurso de apelación, tal, no podemos dar la guardia y custodia compartida, y así se eterniza. Y mientras tanto, ese niño, pues poco a poco, la madre le va haciendo el correspondiente lavado de coco y ese niño se va separando del padre progresivamente. Y luego, es muy difícil recuperar ese tiempo perdido”.

Maman Benchimol siguió haciendo referencia a la custodia de los hijos de las mujeres víctimas de violencia, y calificó a la mujer como “enemiga acérrima de la custodia compartida”: “No entiendo yo todavía por qué esa animadversión de la mujer a la guarda y custodia compartida, cuando el Supremo ha dicho 300 millones de veces que es la guarda y custodia deseable”. Según laSexta, el magistrado insistió en que “la casa y el factor económico” influyen, porque “ya no le va a pagar la pensión” (el hombre, en caso de tener custodia compartida). “Solo ella se considera una buena madre y desconfía permanentemente del otro padre”, declaraba el juez, porque, según él, las mujeres piensan: “Sí a mí me ha maltratado, al niño también lo va a maltratar”. “Ella tiene esa idea en la cabeza y no se fía de él”, afirmó Maman Benchimol.

El juez añadió que las mujeres deberían valorar más la custodia compartida por la “libertad” que les da “no tener al niño toda la semana con ella”. El magistrado también se refirió a las mujeres trans como un “hombre con apariencia de mujer, un transexual”. Maman Benchimol auguró que en un futuro llegarán casos de “violencia de mujer a mujer” porque “la ley no dice que el autor tenga que ser hombre”, y rechazó que los magistrados deban recibir este tipo de casos.

El juez encargado del caso del exDAO cuenta con una carrera judicial de más de 30 años, y en 2011 se especializó en violencia contra la mujer. Fue tres años después cuando consiguió su plaza como titular en el Juzgado de Violencia Sobre la Mujer número 8 de Madrid. David Maman Benchimol no ha querido dar explicaciones sobre estas declaraciones, según han confirmado a laSexta fuentes del TSJ de Madrid. Sin embargo, agrupaciones feministas sí han criticado las palabras del magistrado. A través de un comunicado, Madres Protectoras de Madrid denunció la violencia institucional que sufren las mujeres en los tribunales, y que las sentencias provocan una desprotección de esos menores y las revictimiza.

El procedimiento contra los jueces

En los asuntos de interés mediático o de especial relevancia lo “primero” que se hace es contactar con el propio juez o magistrado y se le adelanta por email o por el medio más efectivo que se encuentre el contenido del acuerdo por el que se le abren las diligencias.

En 2024, el último año del que hay datos, se abrieron 617 diligencias informativas, según recoge la memoria de la unidad de actuaciones disciplinarias. Además, se iniciaron 24 expedientes disciplinarios, de los que 11 acabaron en multa económica o separación del servicio, principalmente por retrasos en la tramitación y resolución de procedimientos. Los 13 restantes fueron archivados, en su mayor parte porque no se acreditó que los hechos fueran susceptibles de reproche disciplinario o porque se trataba de jueces sustitutos que ya no formaban parte de la bolsa cuando se analizaron los hechos. 

En 2024, el tiempo medio de tramitación de una diligencia informativa, desde la apertura hasta que se propone la apertura del expediente o el archivo, fue de 97 días. Además, en caso de apertura de expediente, su ejecución se prolonga durante meses.

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que suscriben los principales informes del caso que ha llevado al banquillo a José Luis Ábalos, el exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama han asestado este lunes un duro golpe al exministro y quien fuera su mano derecha en el Ministerio de Transportes al ratificar ante el Tribunal Supremo las conclusiones de sus investigaciones. En un interrogatorio que se ha alargado durante casi diez horas, ambos han desgranado la mecánica de sobornos supuestamente urdida por Aldama y de la que se habrían beneficiado Ábalos y Koldo García.

El teniente coronel Antonio Balas ha señalado que quien mandaba realmente en la presunta organización criminal investigada en el 'caso Koldo' era el empresario a pesar de que los investigados se refirieran a Ábalos como 'el jefe'. “Quien paga manda, (...) y realmente quien manda es Aldama”, ha indicado a preguntas del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón. No obstante, tanto Balas como el comandante que suscriben los principales informes del caso han insistido en el papel “fundamental” de Ábalos para la trama, dado que sin él no podrían haber hecho “casi ninguna de las acciones” emprendidas. Han resaltado, además, que ni el ministro ni su asesor “se mostraron reacios en ningún momento” a las órdenes e indicaciones de Aldama.

A pesar de que la defensa de Ábalos ha tratado de desvirtuar la tesis de que el ministro tuviera que ver con la trama o perteneciera a la misma (“¿En qué momento un cohechado entra a formar parte de una organización?”), los miembros de la UCO han sido tajantes al señalar que el exdirigente socialista entra a formar parte de la trama “en el momento en el que se integra”.

Y ante la pregunta de qué es lo que hizo el ministro en el seno de esa organización criminal, Balas ha respondido con una frase contundente: “Hace lo más grande”. “Es quien tiene la capacidad, quien abre los negocios, quien tiene capacidad de poder llevar a Aldama y sus socios a sitios donde no pueden, (...) es un miembro cualificado y por eso cobra lo que cobra, y le dan lo que le dan, y cuando exige le pagan”, ha apostillado. Respecto a Koldo García, los agentes han destacado que “se movía extremadamente bien en diferentes ambientes y tenía acceso muy importante a todos los niveles”.

En otro momento del interrogatorio, Balas ha comentado que el nivel de influencia de Ábalos y Koldo García era tal que la trama pudo “permear en diferentes administraciones” y que tuvieron “acceso rápido y directo en otros estamentos de muy alto nivel” en referencia a otros ministerios, si bien los testimonios de otros testigos que han comparecido ante el tribunal en las semanas precedentes han revelado el fracaso de otras gestiones de la trama en otros departamentos de la Administración.

Como ejemplo ha puesto el caso del rescate de Air Europa, cuando intentaron que primero se canalizara el préstamo a través del ICO, dependiente del Ministerio de Economía y por eso “interaccionan con Nadia Calviño”, la entonces ministra. Durante su extensa declaración también han puesto el foco en otro episodio: el viaje fallido de Delcy Rodríguez a España en enero de 2020 cuando era vicepresidenta de Venezuela, que los agentes han utilizado para sacar a colación al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Balas ha recordado que Aldama elaboró una carta y que la misma llega al ministro. Luego, ha relatado, Ábalos le envió un mensaje a Koldo García con una captura de pantalla de una conversación con Pedro Sánchez referida a ese viaje oficial. Para Balas esto demuestra que la organización criminal “accede incluso al presidente”. “Es decir (la trama) lo consigue, el acceso a altas instancias es total”, ha enfatizado. Durante la investigación, el juez instructor rechazó citar a Sánchez y Calviño como testigos con el argumento de que no aportarían “nada nuevo”.

Los otros del caso

Más allá de esas figuras capitales de la trama, la UCO ha explicado que se percataron de que todos los miembros de la organización se valían de otros en una suerte de cascada de testaferros. Así, “Ábalos se valía de Koldo García, su alter ego, porque (el ministro) no va a pedir dinero, ni pasar un curriculum”, mientras que el asesor se valía de su hermano Joseba García, a quien empleaba para cuestiones en las que no se quería exponer.

Además, ha señalado que la exmujer de Koldo, Patricia Uriz, también participaba como cónyuge y tenía reparto de tareas; Alberto Escolano hacía las veces de testaferro cualificado de Aldama; y lo mismo ocurría con los conocidos como 'mosqueteros' (por el nombre del grupo de wasap que compartían) que eran empleados del empresario y los interponía para conseguir sus fines.

A este subgrupo pertenecería también, según ha resaltado la UCO, el agente de la Guardia Civil que proporcionaba a la organización criminal teléfonos desechables que usaban hasta que consideraban que “corrompidos”, momento en el que eran renovados. Son las conocidas como cafeteras o cafés, a las que se referían los miembros de la trama.

Las bolsas faraday y la cadena de custodia

Antes de entrar de lleno en esas vinculaciones, los agentes de la UCO que se encargaron del volcado y custodia de los terminales y dispositivos informáticos que se incautaron al exministro y a su asesor han defendido su trabajo señalando que es “imposible” que se haya dado una modificación de las evidencias con posterioridad. Al hilo, han recodado que una vez que se requisan dispositivos móviles son introducidos en bolsas faraday, que los protegen de accesos remotos, y que cada evidencia es archivada en precintos numerados que hacen imposible que se rompa la cadena de custodia.

A lo largo de la jornada de este lunes, las defensas han planteado dudas sobre el proceder de los investigadores, como el hecho de que existan informes de la UCO sobre el patrimonio de Ábalos y de Koldo García pero no de la tercera pata de la trama, el empresario Víctor de Aldama. Los agentes han explicado que, si bien se ha investigado también su patrimonio, lo relevante lo han incluido en informes del caso porque era suficiente.

A esto han sumado otros detalles como que los investigadores abrieran un sobre que tenía como destinatario el ministro cuando aún no había perdido el aforamiento ni constaba como acreditado. Sobre ese hecho, los agentes han especificado que tuvieron conocimiento de que había documentación que enviaba Koldo García y que les pareció sospechoso (“supusimos que era algo relevante para la causa”), por lo que procedieron a abrirlo. Marino Turiel, el letrado de Ábalos, les ha recordado que ese sobre era para un diputado.

Por otro lado, y a preguntas de Fiscalía, los agentes han indicado que desde septiembre y octubre de 2019 arrancaron presuntamente los pagos de Aldama a los otros dos investigados y han explicado que los primeros mensajes que hacen mención a las “chistorras” (lo que consideran que eran billetes de 500 euros) provienen del teléfono de Patricia Uriz.

En este sentido, han mantenido que las aportaciones para “mantener la maquinaria engrasada” era de 10.000 euros mensuales y que el propio Joseba García viajó a República Dominicana para recoger dinero en efectivo. “Las conversaciones son muy evidentes”, han señalado.

Sobre esos pagos, el abogado del ministro ha tratado de sembrar la duda de que Ábalos cobrara dado que era Koldo García quien recibía el dinero, mientras que la abogada del asesor ha puesto el foco en que cuando la trama se refería a pagos a 'K' bien podría referirse a otras personas, como alguien al que ha identificado como Koldo Ibarra y del que ha dicho que era una suerte de 'blanqueador' que usaba el empresario Aldama.

Las mascarillas y los enchufes en empresas públicas

Los investigadores han insistido en que esa relación propició que, durante la pandemia, Ábalos y su colaborador facilitaran a Aldama información privilegiada sobre las necesidades del Ministerio de Transportes para adquirir material sanitario. El teniente coronel Balas ha afirmado ha definido que esos contratos de mascarillas son el “paradigma” de lo que pretendía Aldama con el citado pago “recurrente” de sobornos.

A juicio de las acusaciones, esa suerte de nómina que el empresario pagó a fondo perdido y desde octubre de 2019 fue la llave que permitió a Aldama tener información privilegiada de los contratos millonarios que se iban a realizar desde el Ministerio de Transportes en marzo de 2020. Aldama se embolsó más de 3,7 millones de euros en apenas unos días gracias a su labor de intermediación en esos contratos.

Los investigadores han explicado que, cuando se produjeron esas adjudicaciones, Aldama ya llevaba varios meses haciéndose cargo del alquiler de la vivienda de una expareja de Ábalos, Jésica Rodríguez. El teniente coronel Balas ha asegurado que Aldama abonó esos fondos porque entendía que así compraba “la voluntad del ministro”.

En respuesta a preguntas de la defensa, ha explicado que fue el socio de Aldama, Alberto Escolano, quien abonaba las cantidades mensuales porque el empresario desde 2019 entendía que esto le servía como “contraprestación” para pagar el nivel de acceso a Ábalos. “Ese nivel de acceso vale lo que hayan estipulado, porque así Aldama puede pedir según paga”, ha recordado, para añadir que el empresario esperaba que esa dádiva y otras se realizaban con la esperanza de que en un futuro le iba a dar “un lucro económico”.

La extensa declaración también ha abordado otros asuntos, como el nepotismo ejercido en las empresas de la órbita del Ministerio de Transportes. Los agentes han señalado que Jésica Rodríguez fue contratada en las empresas públicas Ineco y Tragsatec, y que en ese 'enchufe' tuvo “un rol destacado” la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera. Así, han puesto sobre la mesa mensajes cruzados entre ella y el asesor ministerial Koldo García y han apuntado que a pesar de que se quería buscar un contrato directo en la primera de las empresas, Ineco, la joven odontóloga tuvo que pasar una entrevista “condicionada” a pesar de que intentó zafarse de la misma.

Han puesto el foco en que, de acuerdo a un mensaje de Jésica Rodríguez, ella pidió al asesor que le dijera a Ábalos que llamara a quien tuviera que llamar. También han recordado un wasap de Jésica Rodríguez con Joseba García, hermano del asesor y su supuesto supervisor en Ineco, en el que ella se quejaba de la nómina que recibía. El teniente coronel Balas ha explicado que ella se quejó de ser mileurista y de que “los rojos comunistas” se llevaban su dinero. “Se queja de que cobra poco por no ir a trabajar”, ha sentenciado.

Respecto a la otra mujer supuestamente enchufada, la la militante del PSOE Claudia Montes, el teniente coronel ha sostenido que pasó “en horas” de estar casi despedida a ser supervisora. “Claudia Montes podía hacer lo que quisiera ahí”, ha señalado el investigador a preguntas de la acusación popular que dirige el PP.

El juicio contra José Luis Ábalos, el exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama entra en su recta final. A la espera de que los acusados ofrezcan sus propias explicaciones ante los magistrados a partir del próximo miércoles, los interrogatorios a testigos clave que se han sentado esta semana ante el Tribunal Supremo ya han evidenciado ciertos roces entre las defensas del exministro y quien fuera su mano derecha en el Ministerio de Transportes. 

Ábalos y Koldo García, que han llegado incluso a compartir celda en la prisión de Soto del Real, han mantenido hasta el momento una suerte de pacto de no agresión que alcanzará su prueba de fuego la próxima semana, cuando se evidenciará si ese acuerdo se mantiene o si afloran reproches, contradicciones o intentos de trasladar responsabilidades. Está previsto que los tres investigados sean interrogados a partir del miércoles. Después, acusaciones y defensas harán sus informes, en los que intentarán convencer al tribunal basándose en las pruebas practicadas. 

Entre tanto, los movimientos de las defensas de ambos sí han apuntado a la existencia de una cierta pugna sobre el alcance de la relación con Aldama, a quien la Guardia Civil define como el “nexo corruptor” de la trama. De acuerdo a algunas de sus intervenciones, la estrategia del abogado de Ábalos, Marino Turiel, pasa por encapsular la figura de Aldama en torno a Koldo García. Y tratar de desvincular al exministro de las frecuentes visitas del empresario al Ministerio de Transportes. Las acusaciones consideran que esas visitas son un indicio de la “interlocución privilegiada” lograda por el comisionista gracias al presunto pago sistemático de sobornos. 

Así lo evidenció el interrogatorio a Ana María Aranda, la que fuera secretaria personal de Ábalos en el Ministerio. La defensa del exministro incidió en a quién iba a ver fundamentalmente el empresario en esas visitas. La testigo afirmó que siempre veía a Aldama con el asesor y “nunca” con el ministro. En la misma línea, el que fuera jefe de gabinete del exministro, Ricardo Mar, afirmó a preguntas de Turiel que no presenció ninguna reunión entre Aldama y Ábalos en las dependencias del Ministerio de Transportes.

Sin embargo, el intento de Ábalos de presentar a su exasesor como un verso suelto que operaba a sus espaldas encontró una rápida respuesta. Leticia de la Hoz, abogada de Koldo García, contraatacó preguntando a la secretaria si ella podía recibir instrucciones “concretas y directas” de Koldo García que fueran en contra de las indicaciones del ministro. La respuesta negativa de la testigo apuntala la tesis de la defensa de Koldo: él no tenía autonomía de poder frente a su jefe.

Estas fricciones y el cruce de interrogatorios chocan frontalmente con el escenario que dibuja la Fiscalía Anticorrupción. Para la acusación no es posible aislar el paso de Aldama por el Ministerio de Transportes culpando exclusivamente al asesor. Según el Ministerio Público, Koldo García actuaba en la práctica como el “alter ego” de Ábalos. La Fiscalía sostiene que existía un “convenio criminal” con un cuidadoso reparto de papeles: el exministro aportaba la máxima autoridad y su influencia directa cuando era precisa, mientras que Koldo García era el “fiel transmisor” de las decisiones de su jefe, parapetándose habitualmente tras su figura. De hecho, la tesis del fiscal es que el exasesor actuaba “de facto como testaferro de su superior en las actividades delictivas”.

La tesis de que Ábalos desconocía los tratos de Koldo García con Aldama en los pasillos del Ministerio también es rebatida por los flujos de dinero. La Fiscalía da por acreditado que Aldama entregaba 10.000 euros mensuales en efectivo a Koldo García como peaje para garantizar su acceso a la Administración, y subraya que “tales entregas de efectivo a Koldo García fueron efectuadas en ocasiones en presencia de José Luis Ábalos, pues el importe (...) estaba destinado a ser repartido entre ambos”.

Además, según la investigación judicial, Ábalos también aparece como beneficiario directo de presuntas dádivas. Entre ellas, el pago del alquiler del piso de lujo de quien era su pareja, a la que también colocó en empresas públicas a las que no iba a trabajar; el uso de un chalé en la costa andaluza que fue elegido por él mismo y que sufragó la empresa de un socio de Aldama que tenía intereses en el sector de los hidrocarburos o las vacaciones en otro chalé de Marbella pagado con fondos proporcionados por el comisionista. 

El abismo al que se asoma Ábalos 

Con esta tesis acusatoria, y ante la posibilidad de una condena de 24 años de cárcel, es más que probable que el exministro no quiera asomarse a ese abismo penal de la mano de su 'chico para todo': lo lógico, y lo que explican fuentes jurídicas, es que la defensa de Ábalos trate de combatir la idea de que Koldo y el exministro conformaban una suerte de binomio inseparable. 

Así, la tesis de que Koldo García en su etapa en el Ministerio pudo tener 'vida propia' y por tanto desarrolló una actuación sustancialmente unilateral fundamentada en esa voluntad por ayudar a todo el mundo, es una baza que puede jugar Ábalos de cara a apartarse de asuntos que se han dirimido en el juicio, como el logro para la trama de los hidrocarburos de una reunión con el que fuera jefe de gabinete de Industria Juan Ignacio Díaz Bidart. 

Diferentes partes que participan en el proceso consideran que el propio Koldo García puede llegar a reconocer en su interrogatorio que no siempre actuó “con conocimiento del ministro”, tal y como sostiene la Fiscalía. Si bien otras fuentes consultadas apuntan a que eso es improbable porque el asesor se mantendrá en sus trece de no reconocer ni siquiera los mensajes de WhatsApp en los que se apoya la investigación de la UCO. Desde el inicio ha denunciado no haber tenido acceso a los mismos para poder hacer una pericia sobre su autenticidad. 

Pero, en caso de buscar esa separación de intereses, la defensa de Ábalos podría sostener en su informe que, en realidad, la relación estrecha era entre Aldama y Koldo García, y que esto lo habría aprovechado el empresario para corromper a un asesor que se dejaba querer. Asesor que, por otro lado, sabía que tenía influencia política porque, tal y como ha quedado claro en el juicio, todo el mundo entendía que hablaba por boca del ministro.

En todo caso, este fin de semana es crucial para las defensas de Ábalos y Koldo García porque tienen que trabajar en la estrategia de los últimos días. Así, ambos letrados pasarán tiempo en la cárcel de Soto del Real con sus clientes para preparar sus declaraciones y ahí puede llegar el momento de poner las cartas sobre la mesa. Esto puede abocar a una ruptura total entre ambos que les lleve a afrontar los días decisivos del juicio por separado y enfrentados. 

Clave en esa estrategia será el turno en el que cada defensa intervenga para hacer el informe definitivo ante los magistrados del Tribunal Supremo. Si ya se conocía que Ábalos declarará el último, ahora ha trascendido que su defensa también será la última en hacer su informe, lo que en caso de optar por alejarse de lo que hiciera o deshiciera Koldo García en el Ministerio puede ser una ventaja porque no habrá posibilidad de contrarréplica por parte de la letrada Leticia de la Hoz. 

Mientras, Aldama queda fuera de esta batalla porque, tras colaborar con el Ministerio Público confesando delitos e implicando al resto de acusados, no le queda más que esperar a que fructifique una posible rebaja aún mayor de la pena que piden para él. En juego está no llegar, ni siquiera, a pisar la cárcel. 

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, defiende que se limitó a poner de relieve un “hecho objetivo” en sus últimas declaraciones públicas sobre el juez Juan Carlos Peinado a raíz de la decisión de sentar en el banquillo a Begoña Gómez. Así consta en una carta remitida por el ministro a la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, que le acusó a través de otra misiva de ejercer un “señalamiento personal” con el magistrado y calificó de “inadmisible” sus palabras.

Tras trascender el auto por el que Peinado pretende llevar a juicio a la esposa de Pedro Sánchez por cuatro delitos carentes, por ahora, de base probatoria, Bolaños aseguró que esa causa “avergüenza” a muchos ciudadanos y a jueces y fiscales. “Ha hecho un daño irreparable”, apuntó. Y añadió: “Mi confianza es que un tribunal superior e independiente revocará estas decisiones y tomará medidas ajustadas a derecho”. 

“Claro que se puede opinar sobre resoluciones judiciales. Eso es la democracia. El ministro de Justicia no tiene limitado su derecho fundamental a la libertad de expresión. Al revés, si cabe, tendrá una preocupación mayor y una opinión, si cabe, más cualificada, porque conoce la materia. Y les aseguro que es muy compartida por una amplísima parte de la sociedad española y por una muy buena parte también de la carrera judicial, que está preocupada por cómo algunas decisiones judiciales pueden afectar al buen nombre de la justicia”, añadió un día después, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. 

E insistió en que lo que esperaba el Ejecutivo era que instancias superiores corrijan la deriva de Peinado: “Quiero manifestar mi confianza absoluta en la justicia, en los tribunales superiores, que de hecho en la práctica ya han dado multitud de resoluciones judiciales en este procedimiento y han revocado parcialmente muchas otras que no eran ajustadas a derecho, que eran contrarias a nuestro ordenamiento”.

En su carta, a la que ha tenido acceso elDiario.es, el ministro defiende que con esas palabras se limitó a poner de relieve “un hecho objetivo y extraordinario”. Y afirma que alrededor de una quincena de resoluciones dictadas por este magistrado en el procedimiento contra Begoña Gómez han sido anuladas parcial o totalmente por la Audiencia Provincial y el Tribunal Supremo, que frenó el intento del juez de implicarle a él mismo en la causa. No obstante, la Audiencia Provincial también ha avalado otras de sus decisiones, como la investigación por malversación por las funciones de la asistente que lleva la agenda de Begoña Gómez. 

Además, en la carta el ministro recuerda que el Consejo General del Poder Judicial tiene pendiente resolver denuncias y quejas que afectan a Peinado. “Esta circunstancia no puede calificarse de habitual, muy al contrario, es muy anormal. Estoy plenamente convencido de que ninguno de los más de 900 jueces/zas y magistrados/as miembros de la asociación judicial Francisco de Vitoria ha dirigido una instrucción en la que se haya producido algo parecido. Subrayar esto no implica descalificación personal alguna, sino realizar una valoración de una realidad incuestionablemente excepcional”, defiende en su carta.

Finalmente, Bolaños afirma que la independencia judicial en España está “absolutamente garantizada”. Y recuerda que los propios jueces españoles puntúan su independencia personal con un 9,2 sobre 10, según una encuesta realizada por la Red Europea de Consejos del Poder Judicial. “Obviamente, esta independencia judicial y la separación de poderes en nuestro país no se ven ni mínimamente afectadas por cualquier declaración pública”, añade el ministro, que concluye reiterando su respeto por la función jurisdiccional y su disposición a mantener un diálogo institucional “leal y constructivo”. 

En su misiva, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, que se define como independiente, argumentaba que si bien es legítimo que el Gobierno discrepe de las resoluciones judiciales, el ministro de Justicia tiene un deber especial de “prudencia, contención y respeto” hacia otro poder del Estado. Y consideraba que Bolaños vulneró este deber al ampararse en la libertad de expresión para lanzar lo que consideran “ataques personales”. También le instaban a poner fin a lo que definen como una “dinámica de confrontación”. 

La defensa de Begoña Gómez ha presentado un informe pericial ante el juzgado de Juan Carlos Peinado que trata de respaldar el modelo de cátedra como el que la mujer del presidente del Gobierno codirigió en la Universidad Complutense. Así, el informe concluye que el 75% de los programas codirigidos en ese centro cuentan con la participación de una persona externa y que eso “resulta plenamente coherente con la naturaleza de estas enseñanzas y con la normativa que las regula”. 

El informe, que ha sido elaborado por el catedrático Antonio Manuel López Hernández, afirma que en las aulas y cátedras extraordinarias “es habitual que participen profesionales no vinculados a la Universidad pero que tienen experiencia en el sector que constituye el objeto de su actividad, ocupando la contraparte privada en la alianza”. De hecho, afirma que en 12 de las cincuenta cátedras extraordinarias actualmente existentes en la Complutense una de las personas que figura como codirectora no mantiene vinculación contractual con la Universidad, lo que permite entender que se trata de profesionales procedentes de otras instituciones públicas o privadas. 

El juez Peinado sostiene la tesis de que Begoña Gómez utilizó la cátedra extraordinaria para lucrarse, hacer contactos y proyectar su carrera profesional. El informe confronta esa idea al concluir que la dirección de estas cátedras “nunca se constituyen como un cauce para la mejora de la carrera profesional”. El perito define esta labor como una actividad “sustancialmente altruista”, cuyo objetivo es aportar experiencia a la sociedad, y recalca que la dirección de estos estudios “no está normalmente retribuida”. 

“No tendría ningún sentido pensar que una cátedra de esta naturaleza como, por ejemplo, la cátedra Inditex de la Universidad de A Coruña, se ha constituido para favorecer la carrera profesional del presidente de esa sociedad o que una de las cátedras extraordinarias de la Complutense financiada por la ONCE se crease para fortalecer el currículum profesional del presidente de esa organización”, subraya el informe. 

En el caso de Begoña Gómez, al no ser funcionaria, solo podía cobrar un máximo de 15.000 euros al año por los dos másteres que impartía en ese centro. Además, nunca cobró por la codirección de la cátedra. No podía hacerlo por no ser funcionaria de la Universidad, tal y como han acreditado diferentes testigos. Pese a ello, el juez dice en el auto en el que propone sentarla en el banquillo que esa cátedra “sirvió como un medio de desarrollo profesional privado para la investigada” y que “recibió una remuneración por dicha actividad”. 

El informe también rebate la acusación de que Begoña Gómez se apropió para su “patrimonio personal” de los fondos privados que captaba para la cátedra. La financiación inicial de la cátedra contó con el patrocinio de Reale Seguros, que hizo una aportación única de 60.000 euros; y la Fundación la Caixa, que se comprometió a una aportación anual de 15.000 euros. Además, Indra (128.442 euros), Google (110.000 euros) y Telefónica (50.000 euros) sufragaron un software ligado a la cátedra. 

A este respecto, el informe pericial subraya que la administración y gestión de los fondos económicos que aportan las empresas no recae en los directores privados, sino “exclusivamente a las unidades administrativas de la propia Universidad”. En concreto, a las Gerencias y Unidades de Asuntos Económicos de las Facultades, Centros o Institutos a los que se adscriben las cátedras. “La gestión económica se realiza de acuerdo con la normativa financiera de la Universidad y bajo la supervisión de sus órganos competentes”, añade el documento. 

En su último auto, el juez sostiene que esa captación de fondos privados no respondía a una dinámica ordinaria de patrocinio universitario, sino que podría ser la “fachada” de una “retribución encubierta” por futuras ventajas privadas o comerciales indebidas que estarían “relacionadas” con las adjudicaciones públicas a las que se presentan estas compañías.

Sobre esta cuestión, el informe contextualiza que las cátedras son, por definición, un modelo de “colaboración público-privada” pensado para atraer financiación externa. Y subraya que es habitual que la persona vinculada al ámbito privado sea quien articula la relación con los patrocinadores, capta los recursos y contribuye al diseño de los contenidos y líneas de actuación de la cátedra, mientras que la Universidad, a través de la figura del codirector o de los órganos académicos correspondientes, “asume la función pública, garantizando el control institucional, la adecuación académica de las actividades y la correcta gestión de los recursos conforme a la normativa universitaria”. 

La desmemoria ha inundado la declaración de María Dolores de Cospedal ante el tribunal que juzga la Operación Kitchen, igual que lo hizo minutos antes en la testifical de Mariano Rajoy. Hasta tal punto que las grabaciones que obran en la causa no son recordadas por la exsecretaria general del PP, quien llegó a estar imputada. Cospedal ha dicho que no recuerda haber hablado nunca por teléfono con Villarejo pese a que una de sus llamadas es recogida en una grabación del comisario, incorporada a la causa, en la que ella dice, en relación con los papeles de Bárcenas: “Por eso te estoy llamando. Eso de la libretita sería mejor poderlo parar”.

La citada conversación se produjo en el verano de 2013. Cospedal ha dicho que tampoco recuerda haber prometido a Villarejo que hablaría en 2017 con el ministro de Economía y con el fiscal general, cuando ella era ministra de Defensa, para intentar solucionar los problemas judiciales y con el Sepblac (Servición de Prevención del Blanqueo de Capitales del Banco de España), que ya entonces se cernían sobre el comisario. Esa grabación está incorporada igualmente a la causa, si bien ni el juez García Castellón, ni su sucesor, Antonio Piña, decidieron valorarla como le había pedido Asuntos Internos.

La ceremonia de la confusión en la declaración de Cospedal ha arrancado ya al principio de su declaración. Cospedal ha dicho que cuando conoció al comisario este era un policía “en excedencia con empresas y recién condecorado por el ministro [socialista] del Interior”. Se refiere a una medalla roja que no puede ser concedida a policías en excedencia. Además, había vuelto de su excedencia a la Policía en 1993, un total de 16 años antes del encuentro en el que ambos se conocen en el despacho de Cospedal en la sede nacional del PP en la calle Génova.

Niega “encargos” a Villarejo: “Le hice preguntas, son cosas distintas”

La ex secretaria general del PP ha negado que hiciera “encargos” al comisario José Manuel Villarejo. “Le hice preguntas, pero no encargos, que son cosas distintas”, ha afirmado a preguntas de la abogada del PSOE, Gloria de Pascual, que ejerce la acusación popular.

No obstante, la exdirigente del PP sí ha reconocido que mantuvo “ocho o nueve” reuniones con el policía. Habitualmente, esos encuentros tenían lugar en su despacho porque lo veía en su condición de secretaria general, salvo una vez que se encontraron “cinco minutos” en una cafetería en una zona céntrica. “No tenía amistad con esta persona, ni me tomaba copas, ni nada por el estilo”, ha aseverado.

Durante su declaración ha argumentado que se citó con Villarejo porque “tenía magníficas relaciones con la prensa” y podía ayudarle a saber cómo se estaban produciendo filtraciones relacionadas con un sumario que afectada a Rita Barberá. “Me dijo que intentaría enterarse”, ha sostenido Cospedal.

Además, la exdirigente del PP también ha afirmado que en esa época en el PP tenían la sospecha de que el PP estaban siendo espiados o seguidos por parte de alguien que tenía que ver con el Ministerio del Interior y que “eso salió en una conversación”. Por otro lado, Cospedal ha afirmado que cuando empezó a tener contacto con él en 2009, Villarejo no estaba en activo en la Policía, si bien su excedencia acabó en 1993.

Tanto Cospedal como su exmarido, el empresario Ignacio López de Hierro, llegaron a estar investigados en el proceso de instrucción pero la causa fue sobreseída provisionalmente para ambos. Al principio de la vista oral, el PSOE, que ejerce la acusación particular, pidió suspender el juicio para volver a imputar a Cospedal, una cuestión que fue rechazada por el tribunal.