La enorme dependencia de la economía murciana de un modelo productivo basado en la agricultura y la ganadería siempre ha generado debate en el territorio. Según un informe elaborado por el Ministerio de Agricultura, la producción porcina aumentó en la Región de Murcia un 32% en 2024, el mayor incremento por comunidades autónomas de todo el país. La cantidad de residuos generada por ese crecimiento, que asciende a cientos de miles de toneladas al año, pone en jaque la sostenibilidad del modelo productivo murciano, convirtiendo la búsqueda de alternativas menos contaminantes para procesar estos residuos en una tarea prioritaria.

La necesidad europea de desvincularse del gas ruso tras la invasión de Ucrania ha motivado tanto a España como a la Unión Europea a realizar una apuesta clara por el biogás y el biometano, que se presenta en este contexto como una alternativa para “valorizar residuos, evitar impactos ambientales y reducir las importaciones de gas fósil”, tal y como apuntan a este diario fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). El problema, admiten, se da cuando esas plantas de biogás y biometano se sitúan demasiado cerca de núcleos urbanos, generando un amplio rechazo entre la población debido, principalmente, a los malos olores.

En diferentes puntos de la Región de Murcia, vecinos y ecologistas se encuentran en pie de guerra contra los numerosos proyectos de construcción de plantas de biogás que han proliferado en los últimos años en todo el territorio de la comunidad autónoma. “Van a rodear Cartagena por un cinturón de basura tóxica”, explica a esta redacción David Avilés, especializado en conflictos socioambientales. “Fuente Álamo, Escombreras, Los Camachos…”, enumera, en referencia a zonas industriales y logísticas del entorno de la ciudad portuaria. “Cartagena va a estar rodeada por un cinturón de macroinstalaciones. Millones de toneladas, son palabras mayores”, añade, contundente.

En Fuente Álamo, por ejemplo, la cooperativa ganadera Gesalor ha invertido 50 millones de euros para construir una planta que pretende tratar dos millones de metros cúbicos de purín al año —lo que equivale a unos 80.000 camiones cisterna de residuos—, produciendo 20 millones de metros cúbicos de gas, 65.000 metros cúbicos de fertilizante y 1,5 millones de metros cúbicos de agua, según manifiestan fuentes de la propia empresa en un comunicado.

La cooperativa también planea construir una planta de características similares en Lorca. “Murcia es un territorio especialmente propicio para el biogás porque combina mucho recurso orgánico disponible (ganadero y agroindustrial), demanda de soluciones ambientales, y una economía donde la circularidad aporta ventaja competitiva”, según apuntan a este medio fuentes de la empresa, que también mencionan un contexto regulatorio alineado, ya que para 2030 se pretende multiplicar la producción, tanto a nivel europeo como nacional.

La última palabra la tienen los ayuntamientos

La capacidad de procesamiento de residuos que tienen estos macroproyectos contrasta con las 211.000 toneladas que gestionan actualmente en total las dos únicas plantas que hay en funcionamiento en la Región de Murcia, adquiridas en 2024 por Redexis Renovables. Se trata de plantas que ya estaban operativas como instalaciones de biogás y ahora están siendo adaptadas para producir biometano y conectarse a la red de gas.

Según unas declaraciones de finales de 2024 del consejero murciano de Medio Ambiente, Juan María Vázquez, la Región de Murcia tiene capacidad para albergar unas cuarenta plantas de biogás de tamaño “mediano”. Fuentes de la Consejería indican que el trabajo del organismo público consiste únicamente en determinar si las condiciones ambientales para llevar a cabo el proyecto son favorables, pero corresponde en última instancia a los ayuntamientos conceder las licencias de las obras.

De hecho, el nuevo plan urbanístico aprobado por el municipio Cartagena ha tumbado la construcción de la planta de biogás proyectada en Los Camachos, al considerar que no encaja en las premisas que se están estableciendo para el uso del suelo industrial. Del mismo modo, el pasado mes de diciembre, una consulta popular del Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas arrojó como resultado la intensa oposición de la ciudadanía a la construcción de una planta de biogás en el municipio, que terminó por rechazarse. “Los ayuntamientos tienen una cierta capacidad de regulación”, explica Pedro Luengo, coordinador y portavoz de Ecologistas en Acción en la Región de Murcia.

“Depende del tamaño y distribución del municipio, aunque directamente no digan que no quieren plantas de biogás, pueden poner una serie de condicionantes. Es una forma, por la puerta de atrás, de prohibir. Pero tampoco puedes prohibir una cosa que es legal”, señala, en declaraciones a este medio.

Malos olores y problemas de rentabilidad

La principal motivación de muchos consistorios para recelar de la construcción de plantas de biogás en sus municipios es el enorme rechazo social que generan entre la población, debido a los malos olores. “No deja de ser una caja donde metes materia orgánica a pudrirse para que se descomponga y se formen las moléculas de metano”, apunta Antonio Turiel, físico e investigador científico en el Instituto de Ciencias del Mar del CSIC, muy crítico con la estrategia del biogás en España.

Tanto este experto como Luengo sostienen que los riesgos derivados de las plantas van más allá: tránsito de camiones por carretera para trasladar los residuos, riesgo de accidentes o vertidos, generación de residuos tóxicos durante la digestión; el proceso de producir biometano es complejo y preocupa a los expertos.

La fermentación, tal y como explica Luengo, genera otros gases que pueden ser peligrosos para la salud, como el ácido sulfhídrico, un gas tóxico con un característico olor similar al de los huevos podridos. “Aunque no tengas accidentes, puedes tener escapes”, advierte. Además, la sustancia que se obtiene en el proceso, llamada digestato, contiene una alta concentración de nitrógeno y ha de ser tratada antes de usarse como fertilizante, lo que eleva los costes.

Las empresas del sector y las administraciones públicas sostienen que la rentabilidad de estas plantas no puede medirse únicamente en términos económicos, sino también por su capacidad para reducir emisiones, gestionar residuos y generar energía renovable. Redexis Renovables, por ejemplo, afirma que las plantas de biogás y biometano pueden ser una herramienta de transición energética con beneficios ambientales y socioeconómicos. Concretamente, las dos plantas adquiridas en Murcia proyectan una inyección de hasta 80 GWh anuales de gas limpio en la red de gas española, según un comunicado de la propia compañía.

Sin embargo, científicos como Turiel se muestran menos convencidos de la rentabilidad de las plantas. “Las macroplantas de biogás nunca han sido rentables. Llevan sin serlo más de veinte años. Cuando hablamos de explotaciones muy masivas, todo se tiene que transportar con camiones. Esto es lo que mata automáticamente la rentabilidad porque la conversión de la materia orgánica en metano es una fracción limitada y cuando miras el balance energético no hay ninguna manera de que esto pueda cuadrar”, asegura.

Estos problemas de rentabilidad, señala Luengo, pueden provocar que las empresas que gestionan las plantas descuiden el tratado de los residuos tóxicos que genera la producción de metano: “Eliminar el resto de gases supone costes a la empresa que no generan rendimiento. Cuando haya problemas de rentabilidad, lo primero que van a fallar son estas cosas”.

Las subvenciones al biogás

El MITECO es claro al defender de dónde surge la necesidad de instalar plantas de biogás en España, asegurando que los residuos agrícolas y ganaderos suponen un problema que es necesario solucionar. No obstante, desde el Ministerio reconocen que los purines que genera la producción porcina ya se encuentran en tratamiento y no tienen por qué convertirse en biogás, que se presenta como una alternativa más.

La inversión por parte de las empresas privadas en la producción de biogás también está motivada por las subvenciones que reciben, tanto por parte de Europa como del propio Gobierno español. En julio de 2023, 81 proyectos relacionados con el biogás obtuvieron 76,5 millones de euros por parte del MITECO del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Según el Ministerio, la mayoría de los fondos fueron a parar a Cataluña, la comunidad líder en producción porcina de España.

“España tiene la oportunidad de aprovechar el gran potencial disponible para la producción de biogás procedente del sector agropecuario, del sector agroalimentario y de la gestión de residuos, sirviéndose del gran tamaño de nuestra industria agropecuaria y agroalimentaria”, señalan fuentes del MITECO en su Hoja de Ruta del Biogás. Uno de los objetivos que se marca el Ministerio y en el que trabaja en la actualidad es lograr un marco regulatorio estable y adecuado que incida en la simplificación administrativa y en la valorización energética de la biomasa frente a otras opciones más contaminantes.

Un modelo productivo insostenible

Una de las grandes críticas a la estrategia española del biogás es su escala. Avilés argumenta que, en otros países europeos, como Alemania, las cooperativas gestionan sus propios residuos sin necesidad de la intervención de grandes empresas o fondos de inversión, respetando la circularidad.

Turiel señala que, en España, la escala de los proyectos es mucho mayor que la capacidad de producción de residuos de las comarcas. “Yo creo que el proyecto que tiene Europa es traer residuos para que vengan a pudrirse a España y que los problemas de contaminación que generan se queden aquí”, señala. Avilés lo llama “extractivismo verde”: “El norte extrae recursos del sur, se los lleva y deja la porquería”.

Pero no todo el mundo coincide con esta visión. Eduardo Piné, presidente de la Asociación Sectorial del Hidrógeno Verde y Gases Renovables de la Región de Murcia (AHMUR), argumenta que la Región de Murcia genera cada año más de seis millones de toneladas de residuos orgánicos, lo que exige la implantación de entre 48 y 56 plantas de biometano distribuidas por todo el territorio. El también CEO de Lambert Bionenergy defendía en noviembre que la cifra respondía a “una realidad matemática” y a la necesidad de tratar los residuos a escala local, sin importarlos desde fuera.

Para Luengo, el problema está en la falta de planificación por parte de la comunidad autónoma, lo que ha llevado a Ecologistas en Acción a exigir una moratoria para detener la construcción de las plantas hasta realizar “una evaluación conjunta de lo que va a suponer esto para la Región de Murcia en cuanto a impacto social y ambiental”.

Tanto Luengo como Turiel coinciden en que el problema se encuentra en un modelo productivo concebido para la exportación antes que para el consumo local. “Las macrogranjas no son sostenibles. Las plantas de biogás se están utilizando como una excusa para poder mantener las macrogranjas, cuando en realidad no se soluciona ningún problema con la producción de biogás: el residuo no desaparece, al contrario, queda más concentrado en nitrógeno”, explica el científico. Para él, la única alternativa sostenible es reducir. “No se puede producir a este volumen, no se puede concentrar en un territorio tan pequeño esta enorme cantidad de granjas de porcino. No tiene ningún tipo de sentido”, lamenta.

“El exilio nos ha marcado la vida a todos los que pertenecemos a esta generación tan extraña, a los nacidos en el Magreb sin que ninguno de nosotros supiera qué era el exilio ni por qué nuestros padres vivían tan lejos de España. Es un dolor a veces imperceptible que atraviesa a cientos de familias. Yo también soy exiliada, aunque naciera varios años después de la Guerra Civil. Siempre he dicho que soy un poco de ninguna parte, una unidad compuesta por tres países, Marruecos, donde nací y crecí, Francia, donde hice mi vida adulta, y España. Mi padre nunca quiso volver a saber nada de España. Quiso pasar página, olvidarse de todo lo que había sufrido. Pero este país, del que él fue expulsado a patadas cuando tenía 23 años, está en mis entrañas. Por eso he venido a vivir aquí: para decirles a todos los que quisieron matarlo que aquí estamos sus descendientes”.

En la casa de Cristine Hernández, en Santiago de la Ribera, los álbumes de fotos en blanco y negro apilados en las estanterías hablan por sí solos: ropas finas y sucias de polvo, tierra seca, sudor en la piel, un sol incisivo, un hombre joven y delgado que posa en la puerta de una ambulancia muy antigua, en pleno desierto. La noche del 30 de marzo de 1939, dos días después de haber huido para siempre de España desde Alicante a bordo del buque Stanbrook junto a otros 3.000 desconocidos, ese hombre, un médico extremeño llamado Arturo Hernández, observa recostado sobre la cubierta la silueta de Orán, en la prometedora Argelia francesa. En dos días de travesía por el Mediterráneo nadie ha pronunciado su nombre. Ninguna de esas personas, perseguidas todas por el franquismo, es consciente de que ese viaje que al principio no saben o no quieren llamar exilio será una pesadilla que dejará huella en todas las generaciones que vengan detrás.

Quién puede o se atreve a irse de un día para otro de su propio país, a romper con todo, con la vida que uno ha tenido siempre, con tal de no ser asesinado. Arturo Hernández cree, ingenuamente, que en Argelia nadie podrá averiguar su pasado, ni la razón por la que ha tenido que escapar a toda prisa, ni que su nombre figura ya escrito a máquina en una lista de futuros fusilados. Piensa que allí podrá estar a salvo y recuperar la libertad que después de tres años de guerra ya no sabe imaginar. “Pero se equivoca. Y solo tarda unas pocas horas en darse cuenta”, afirma Cristine, su hija, que ahora tiene 72 años.

Exiliados y prisioneros

La historiadora Victoria Fernández cifra en unas 12.000 las personas que abandonaron España rumbo al exilio en el norte de África, la mayor parte desde Cartagena y Alicante. Todas ellas fueron tratadas allí por las autoridades francesas como delincuentes. Primero fueron detenidas. Después, transportadas como ganado a decenas de campos de concentración. Aquel calvario duró cuatro años, hasta que en 1943 las tropas aliadas devolvieron la legalidad y los derechos humanos. La pregunta de por qué se trató así a los exiliados españoles sigue sobrevolando al cabo de tantísimo tiempo una de las diásporas más desconocidas de la historia reciente de España.

Tres vidas, un mismo exilio

En marzo de 1939, cuando las tropas franquistas penetran de lleno en el sureste español, tres hombres deciden dejar toda su vida atrás para exiliarse en el norte de África. Bonifacio Caparrós, Juan Alcaraz y Arturo Hernández nunca se llegaron a conocer, pero compartieron destino.

Alicante

Elche

El 28 de marzo de 1939, Hernández embarca rumbo a Orán (Argelia) junto a 3.000 personas en el buque Stanbrook

Murcia

Cartagena

Ambos parten hacia Bizerta el 5 de marzo de 1939

Caparrós, con 27 años, a bordo del buque militar Almirante Valdés

Alcaraz, con 18, en el crucero militar Miguel de Cervantes

Tras un mes retenido en la cubierta del buque sin poder bajar, pasa por campos de concentración de Argelia y Marruecos

Es sometido a trabajos forzados

Bizerta

Argel

Túnez

Orán

Jenchela

Camp

Morand

1

3

Kasserine

Melilla

2

1

Se dedica a curar a sus compañeros en cautiverio

Meheri-Zebbeus

Rabat

ARGELIA

1

Gabès

Hadjerat

Bou Arfa

3

4

MARRUECOS

TÚNEZ

Kenadsa

5

2

Colomb-Béchar

Logra sobrevivir a pesar de las torturas recibidas

En 1944, una vez liberado, Caparrós se queda a vivir en Túnez donde se reúne con su familia. Fallece en el exilio en 1955

Tras la liberación, Alcaraz se instala en Orán. Allí conoce a su mujer y forma una familia. No regresa a España hasta que Franco muere. Fallece en 2011

Una vez libre, trabaja en un hospital de Marruecos. En 1971, Hernández se muda con su familia a Francia. Muere allí veinte años después

Muchos murieron en el olvido. Sus travesías dejaron un sinfín de cicatrices que hoy, 86 años después, siguen doliendo de la misma manera

GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ

FUENTE: MAPA DE DESPLAZAMIENTOS 1939-62 / "DEL ÉXODO Y DEL VIENTO” - JUAN VALBUENA (ED.)

Tres vidas, un mismo exilio

En marzo de 1939, cuando las tropas franquistas penetran de lleno en el sureste español, tres hombres deciden dejar toda su vida atrás para exiliarse en el norte de África. Bonifacio Caparrós, Juan Alcaraz y Arturo Hernández nunca se llegaron a conocer, pero compartieron destino.

Alicante

Caparrós, con 27 años, a bordo del buque militar Almirante Valdés

El 28 de marzo de 1939, Hernández embarca rumbo a Orán (Argelia) junto a 3.000 personas en el buque Stanbrook

Alcaraz, con 18, en el crucero militar Miguel de Cervantes

Ambos parten hacia Bizerta el 5 de marzo de 1939

Cartagena

Tras un mes retenido en la cubierta del buque sin poder bajar, pasa por campos de concentración de Argelia y Marruecos

Es sometido a trabajos forzados

Bizerta

Argel

Túnez

Orán

Jenchela

Camp

Morand

1

3

Melilla

Kasserine

2

1

Meheri-Zebbeus

1

ARGELIA

Gabès

Bou Arfa

3

4

TÚNEZ

5

Colomb-Béchar

2

Kenadsa

Logra sobrevivir a pesar de las torturas recibidas

En 1944, una vez liberado, Caparrós se queda a vivir en Túnez donde se reúne con su familia. Fallece en el exilio en 1955

Tras la liberación, trabaja en un hospital de Marruecos. En 1971, Hernández se muda con su familia a Francia. Muere allí veinte años después

Una vez libre, Alcaraz se instala en Orán. Allí conoce a su mujer y forma una familia. No regresa a España hasta que Franco muere. Fallece en 2011

Muchos murieron en el olvido. Sus travesías dejaron un sinfín de cicatrices que hoy, 86 años después, siguen doliendo de la misma manera

GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ

FUENTE: MAPA DE DESPLAZAMIENTOS 1939-62 /

"DEL ÉXODO Y DEL VIENTO” - JUAN VALBUENA (ED.)

La respuesta, para la investigadora Eliane Ortega, nieta de Gerardo Bernabéu, exiliado desde Alicante a Argelia y nacida en Orán en los años cincuenta, es simple. “En España se hizo correr la mentira de que todos los republicanos eran comunistas. Los franceses tuvieron miedo ante la horda de supuestos comunistas que llegaba a su país. Se creyeron un auténtico bulo. Para evitar el peligro, los encerraron y los sometieron a trabajos forzados, torturas y palizas”. Ortega lleva más de dos décadas tratando de averiguar lo que vivieron los españoles en el Magreb en aquellos años.

Solo 24 horas después de llegar a Orán, Arturo Hernández se convierte en un prisionero anónimo. Recorre dentro de cajas de camiones abarrotadas de exiliados la inmensidad desértica de un país mucho más grande que España. Primero lo llevan a la prisión de Morand. Allí los franceses eligen su destino: será médico en los campos de Colomb-Béchar (Argelia) y Bou Arfa (Marruecos). En ambos los republicanos, cuenta Ortega, construyeron tendidos ferroviarios bajo un calor asfixiante con apenas un litro de agua al día para beber y lavarse.

Hernández muere en 1991 en Annecy, Francia, sin volver a vivir nunca en España. Tras la liberación de los campos consigue trabajo en el hospital marroquí de Uchda. En esa ciudad forma su familia. Su historia, el testimonio de su hija, son un espejo del vendaval de desgracia y desarraigo que persiguió a los españoles que cruzaron el mar para no ser encarcelados o ejecutados por Franco.

4.000 expedientes de la diáspora 

Durante su investigación, Eliane Ortega ha recopilado 4.000 expedientes de prisioneros españoles en los campos de concentración norteafricanos. Comenzó a bucear en archivos argelinos tras leer el diario de su abuelo, en el que narra paso a paso el espanto. Gente común que sufrió sin compasión el hambre, la infección, la debilidad muscular, la tortura, el esfuerzo físico extremo, el frío, el calor, la muerte. “Había campos que eran como cárceles; había explotaciones agrícolas y minas tóxicas; había campos donde se construían las vías del tren o carreteras o puentes en pelotones de 250 trabajadores; había otros concebidos directamente para matar, en los que se pegaban palizas o se enterraban prisioneros vivos”, enumera.

“Hay muchas personas –prosigue Ortega– sepultadas en estos tres países sin que sus familias lo sepan. No se puede conocer con exactitud cuánta gente murió porque no se hacían listas de defunciones. El objetivo de las autoridades era tapar lo máximo posible aquella barbaridad”.

Ortega es hija del exilio. En Orán tuvo una niñez y una adolescencia apacibles en las que evitó las penurias de la posguerra española. “Toda mi familia tiene la condición tan desagradable de ser exiliada. Es una herida abierta, muy dolorosa, que una lleva dentro. Te obligan material, sentimental, política y económicamente a dejarlo todo atrás, a cancelar tus raíces, a cambio de sobrevivir. Duele y no se puede camuflar, por mucho que pase el tiempo”, dice.

Morir en el olvido

A muchos refugiados españoles, ni siquiera después de la muerte se les acabó el exilio. Manuel López Pinal, radiotelegrafista de la Armada republicana que escapó el 5 de marzo de 1939 de Cartagena con la flota naval, compuesta por 12 buques, un submarino y 4.093 personas, murió de tifus en agosto de ese mismo año debido a las condiciones del primer campo de concentración al que lo llevaron, una mina de fosfato en Meheri-Zebbeus, en la zona central de Túnez. Murió sin saber si alguien le recordaría, si sus padres o su novia llegarían a enterarse alguna vez de su desgracia.

El rastro de alguien que muere en un campo de concentración desaparece. A día de hoy, su sobrino, Xosé Manuel López, no ha logrado encontrar sus restos, que yacen enterrados en la negrura de alguna fosa común. Lo único que conserva de él es un simple certificado de defunción del hospital más cercano al campo. “Lo recluyeron en una mina rodeada por alambre de espino, vigilada a todas horas por soldados senegaleses armados. Lo hacían dormir sobre paja llena de piojos. El agua era insalubre. Era todo tan extremo que pronto comenzaron a proliferar las enfermedades. Mi tío fue víctima de fiebres tifoideas. Hubo decenas de muertos como él”, relata.

Xosé Manuel y su familia entera perdió a Manuel López Pinal a los 27 años y desde entonces lo dan por desaparecido. “No hemos podido ni pasar el duelo. Lo hemos buscado por todas partes. Queríamos llevarle flores, sentarnos un rato a su lado, hacer nuestro propio luto. El exilio es una marca indeleble de mi infancia y de mi vida. Es convivir con la idea o la carga de que hay algo que no está resuelto. Cuando hablamos de España y de descendientes de exiliados no hablamos del pasado, porque para nosotros sigue siendo el presente”.

Sobrevivir al campo de la muerte

En la misma flota naval de la que formaba parte Manuel López Pinal, y un mes antes de que Arturo Hernández pasara a ser designado médico de los campos, curando a sus compatriotas sin apenas medios, Juan Alcaraz, miembro de la CNT, huyó de Cartagena a los 18 años en el Miguel de Cervantes, el último barco militar que escapa del puerto cuando las tropas franquistas rodean la ciudad por los costados. Fue de los pocos civiles que logró internarse entre los marinos. También hubo, apunta Victoria Fernández, 20 mujeres y sus hijos pequeños. Fueron alojadas en un antiguo manicomio medio derruido de Bizerta.

“Que mi padre consiguiera una plaza en la flota fue 'una suerte'. Y digo esta última palabra entre comillas, porque él nunca se imaginó lo que iba a vivir. En España dos de sus hermanos mayores fueron detenidos y pasaron cuatro años en la cárcel. Pero mi padre, que era muy joven y no tenía ataduras, se fue sin avisar a nadie. Él creía que iba a la Francia de la igualdad, la libertad y la fraternidad. Pero se había escapado de un infierno para meterse en otro mucho peor”, dice Jeannine Alcaraz, una de las hijas de Juan, de 79 años. Enseña una foto de su padre en uno de los campos, la mirada ya algo fatigada, incluso perdida.

Pasó primero, en Túnez, por Meheri-Zebbeus, de donde salió ileso, y por Gabès, campo ubicado a las puertas del Sáhara que el historiador tunecino Béchir Yazidi califica “de castigo”. Los franceses utilizaban vagones de trenes destinados a caballos para transportar a los detenidos españoles. En Gabès picaban piedra soportando temperaturas de más de 50 grados durante el día y bajo cero por la noche. Para las autoridades francesas, profundiza Yazidi, los exiliados no eran personas: eran despojos, figuras humanas sin identidad ni derechos.

Del desierto, Juan Alcaraz fue llevado a Argelia. Primero al campo de Khenchela, en las montañas del nordeste del país, y luego al de Kenadza, al oeste. Allí, explica Jeannine, conoció el verdadero miedo. “Mi padre, con su ímpetu de juventud, era de los que más protestaba contra las injusticias que todos estaban viviendo. Para intentar callarlo lo sometieron a torturas, como la tumba. Le obligaron a cavar un hueco en la tierra y a permanecer acurrucado en él durante siete días, sin poder moverse, alimentado de agua y pan duro”.

A Juan Alcaraz lo trasladaron después a Hadjerat. Ese nombre aún resuena con fuerza en la memoria y los apuntes de Eliane Ortega. Era conocido como el campo de la muerte. “Los altos mandos les prometían a los presos que no iban a salir vivos de allí. Les obligaban a ver cómo reventaban a latigazos a los demás”, explica la investigadora. El joven logró sobrevivir. No se sabe cómo. Nunca mencionó a su familia ni una sola palabra de todo ese periplo. El silencio es un factor común en cada exiliado que después intenta recuperar una vida ya trastocada para siempre. 

Juan Alcaraz fue camarero de bares y maître de hoteles de Orán y Francia el resto de su vida. Se mudó a Aviñón en 1964 tras la independencia argelina. No regresó a España hasta 1976, cuando Franco ya había muerto. Tenía hermanos pequeños a los que dejó en Cartagena siendo unos niños y no había vuelto a ver desde el 39. Murió en 2011, a los 91 años.

Reencuentro 11 años después

El exilio también podía engullir el porvenir de una familia entera varios años después de su comienzo. El teniente de navío Bonifacio Caparrós, cuyo hijo mayor, del mismo nombre, tiene hoy 85 años y vive en Cartagena, murió exiliado en Túnez en 1955 a los 43 años sin volver a pisar España. Estuvo cuatro años apresado en los campos de Meheri-Zebbeus y Kasserine y enfermó allí del corazón.

Caparrós eludió un seguro asesinato marchándose a bordo del acorazado Almirante Valdés. Su hijo Bonifacio, ahora parado junto al mar en el puerto de Cartagena, nació un mes después de que su padre huyera. Creció sin saber quién era ni dónde estaba. Las cartas que éste intentaba mandar a su mujer cuando estaba preso fueron censuradas por el régimen. Logró comunicarse con ellos después de la liberación, en 1943. Se quedó a vivir en Túnez capital. Encontró un empleo en un barco mercante y ahorró todo lo que pudo para traer a su familia consigo.

Durante ese tiempo, su mujer sirvió como criada a un coronel franquista. Era una parte de la humillación que el franquismo, cuenta Caparrós, hizo pasar a mujeres de los marinos huidos. En 1950 se habían cumplido 11 años desde su exilio, pero al fin lograron reencontrarse los tres en Túnez.  “Nos dimos un abrazo eterno nada más vernos. Acababa de conocer a mi padre. Estar allí era como haber ingresado en otro mundo de libertad. Recuerdo los desayunos de la pensión donde vivimos al principio, el olor del café, la consistencia del pan blanco, el sabor de la leche, del pescado o de la carne. Fue algo más sorprendente para mí, porque yo no conocía otra cosa. Fue sin duda la etapa más feliz de nuestra vida”, cuenta.

El bienestar duró pocos años. “Después de todo lo que pasó, del tiempo que tardó en reunirse con mi madre y conmigo, se puso mucho peor del corazón y murió”.

Bonifacio Caparrós fue enterrado en el cementerio de El Kram, en la capital. La familia regresó a España en 1962, tras la independencia de Túnez. El recién instaurado gobierno trasladó sus restos en el año 1970 sin dar ninguna información al respecto.

“Le destrozaron la vida por defender la democracia”

“El exilio es una cosa que te cambia el mundo, que ha impactado en la forma en que cada uno de nosotros, mis hermanos, que nacieron en Túnez, mis hijos, mis sobrinos, mis nietos, nos hemos ido abriendo camino en la vida. Toda la familia ha crecido con la pregunta de ‘dónde estará el abuelo’”, narra Bonifacio Caparrós. Esa pregunta, por fin, en el verano de 2023, encontró respuesta.

Cuando llegó a la tumba de su padre después de décadas de búsqueda, ya no una tumba, como él recordaba, sino una fosa común abandonada en la esquina de otro cementerio de la capital, Caparrós estaba nervioso. Dice que, al verla, sintió un alivio inmenso. Compró un ramo de flores en una tienda cercana al cementerio. Había traído de España una tela con los colores de la bandera republicana. La colocó junto a la placa de hormigón de la fosa en la que no hay inscrito ningún nombre.

“Sentí que tenía que dejar la bandera ahí con él. A mi padre le destrozaron la vida por defender esa bandera, esa legalidad democrática”, concluye. En el horizonte del puerto de Cartagena, un puerto bastante más luminoso que aquel de 1939, hay buques acorazados de guerra. Es imposible apreciarlo, porque lo borra la curvatura del mundo y la distancia, pero a lo lejos, a tan solo 200 kilómetros, está el Magreb de los migrantes: el Magreb de aquel exilio español.

La magistrada titular del Juzgado de Instrucción Nº2 de Cartagena ha elevado a la Fiscalía Anticorrupción y a la Fiscalía de Medio Ambiente la compra por parte del Ayuntamiento de la ciudad portuaria de un solar contaminado por altos niveles de metales pesados para la promoción de 40 viviendas sociales. La adquisición se realizó cuando el consistorio conocía, por medio de informes téncicos previos, que el suelo de la finca contenía unos niveles de contaminación que suponían, y siguen suponiendo, un peligro “no aceptable” para la salud de los vecinos.

Será el Ministerio Público el encargado de evaluar si el Ayuntamiento, y la sociedad municipal Casco Antiguo, la empresa encargada de adquirir terrenos en Cartagena, han incurrido en delitos de prevaricación, malversación y delitos contra el medio ambiente y la salud de las personas.

Los hechos se remontan al 8 de junio, fecha de la compra del solar con el objetivo de promover en él la construcción de viviendas de protección oficial y aprovechar de paso una subvención europea de 1,7 millones de euros que ha terminado siendo devuelta. Un informe de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) fechado en marzo de 2023, tres meses antes de la firma del contrato de compraventa, aseguraba que el solar debía descontaminarse “de manera urgente” para evitar el riesgo para la integridad física de los vecinos que residen alrededor. Dos años y medio después, eso es algo que todavía no ha ocurrido. Sí que se ha licitado, no obstante, y dos veces, la construcción de los inmuebles, quedando ambos concursos desiertos.

La jueza ha indicado a Anticorrupción y a Medio Ambiente que deben emitir un “informe previo sobre la relevancia penal de los hechos”, según consta en el auto judicial al que ha tenido acceso este diario. Fuentes jurídicas consultadas detallan que ahora la labor de los fiscales consistirá en examinar todos los informes técnicos y la documentación relativa a la compra de la parcela.

Una quita inferior al precio real de descontaminación

La corporación municipal, dirigida en aquel junio de 2023 y en la actualidad por el PP, tuvo constancia de la contaminación de la parcela, ubicada en Los Mateos, uno de los barrios más degradados de la ciudad, al menos tres meses antes de formalizar su compra, cuando la UPCT entregó al consistorio un estudio de caracterización del suelo de la finca en el que vienen recogidos, entre otros, valores de cadmio, plomo, mercurio y arsénico hasta 2.655, 2.373, 400 y 223 veces superiores, respectivamente, al umbral de seguridad para contaminación de suelos establecido en la Región de Murcia.

En mayo de 2023, también con carácter previo a la operación de compraventa de la finca, el Ayuntamiento supo que la cantidad de residuos hallada en su superficie suponía un “peligro no aceptable” para la salud de los vecinos que habitan en las casas colindantes, cuyas partes traseras, ventanas, puertas y garajes dan directamente a las tierras tóxicas. Así lo acreditó Hera Holding en un análisis de riesgos encargado por el propio ejecutivo municipal. Además, la parcela está a apenas 50 metros de El Hondón, un desierto de balsas de químicos a la intemperie que contaminan todo cuanto tienen a su alrededor, donde estuvo ubicada hasta 2001 una fábrica de potasas y derivados. Dicho terreno también es propiedad del consistorio, pero tampoco ha sido descontaminado.

Con toda la información ambiental y sanitaria en la mano, el Ayuntamiento siguió adelante con la adquisición de la finca de Los Mateos, que pertenecía a una promotora, Técnica de Inversiones Gamma SL, vinculada a la familia del empresario cartagenero Mariano Roca. Pagó por ella un total de 437.279 euros. Sobre esa cifra planea, asimismo, una controversia. La corporación municipal descontó 200.000 euros del precio final que abonó por la parcela —habrían sido 637.279— en concepto de quita por una futura descontaminación.

Sin embargo, Hera Holding, en un informe presentado el 1 de junio de 2023, una semana antes de la transacción, advirtió que el montante aproximado necesario para la desconaminación del suelo sería de 540.000 euros, por lo que el precio de la quita fue muy inferior al que los estudios encargados por el propio Ayuntamiento situaban.

La compra, con el Gobierno municipal en funciones

Se da la circunstancia de que la adquisición de la finca se realizó con el Gobierno municipal aún en funciones, tras las municipales del 28 de mayo de 2023. Faltaban únicamente diez días para que se produjera un cambio en los puestos de responsabilidad urbanísticos del Ayuntamiento y en la presidencia del consejo de administración de la sociedad municipal Casco Antiguo.

Aquel 8 de junio, la presidenta en funciones de dicha sociedad y la concejal provisional de Urbanismo era la exalcaldesa Ana Belén Castejón (Sí Cartagena). La primera edil era, y lo sigue siendo actualmente, Noelia Arroyo (PP).

El inicio de las diligencias de investigación y el mandato judicial a Anticorrupción viene precedido de una denuncia de la Plataforma de Suelos Contaminados de Cartagena dirigida en julio de 2025 contra Arroyo, Castejón y otros cuatro ediles de Casco Antiguo que votaron a favor de la compra del solar en Los Mateos.

“La prioridad no es la salud de los vecinos, sino el desarrollo urbanístico”

En el escrito de la demanda, la acusación señala “una secuencia de actos administrativos y decisiones mercantiles que acreditan la adquisición de los terrenos a sabiendas de su grave contaminación”.

“La prioridad, en más de dos años en que no se ha adoptado ninguna medida ambiental, no es la eliminación del riesgo tóxico y carcinogénico al que siguen expuestos los vecinos, sino cumplir con un eventual desarrollo urbanístico”, prosigue el texto.  “Con pleno conocimiento del coste real de la descontaminación —de 540.000 euros—, los responsables de Casco Antiguo, no obstante, acordaron basar la rebaja en 200.000 euros, causando un perjuicio patrimonial directo a las arcas públicas”, sostiene la denuncia.

Será ahora la Fiscalía Anticorrupción, en esta fase de diligencias previas, la que deberá investigar el caso y dar parte a la jueza, de modo que ésta inicie definitivamente la instrucción y llame a testigos a declarar o, por el contrario, archive el caso.

La fachada del Hospital Santa Lucía de Cartagena, cuyo bloque cinco fue devorado por las llamas en cuestión de minutos durante el amanecer de este miércoles sin causar víctimas ni heridos, está revestida de paneles de aluminio rellenos de polietileno, una mezcla altamente inflamable que el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, dependiente del CSIC, desaconsejó utilizar para la construcción de edificios en el año 2008. Se trata del mismo material que se encontraba cubriendo la fachada del bloque de pisos de Campanar, en Valencia, en cuyo incendio murieron 10 personas en 2024; de la Torre Ámbar de Madrid, que ardió en 2020; y de la Torre Grenfell de Londres, en una tragedia que dejó en 2017 un total de 72 muertos y que supuso un punto de inflexión en Reino Unido para revisar los materiales con los que están recubiertos los edificios.

El centro hospitalario de la ciudad portuaria, inaugurado en 2011, de forma posterior al dictamen del CSIC, se encuentra además señalado por un informe técnico de calidad de materiales del mismo instituto, así como por una moción impulsada por Podemos y aprobada en la Asamblea regional en febrero de 2025, pese a los votos en contra el PP, que instó al Gobierno regional a chequear las instalaciones del Santa Lucía para asegurar que no corría riesgo de sufrir incendios. Pero todo quedó ahí.

El Santa Lucía ha sido víctima de dos fuegos en su corta historia: el de este miércoles se une al que ocurrió en agosto de 2015, también con una furia descontrolada, que en menos de media hora calcinó otra parte de su fachada, la correspondiente al bloque uno. Ese incendio lo originó una colilla que alguien abandonó sin apagar en una sala de mantenimiento del hospital. En el suceso de hoy, fuentes del cuerpo de bomberos apuntan a una de las terrazas exteriores, y la Policía Nacional ya trabaja con la posibilidad de que otra vez haya sido una colilla la causante de las llamas. En ambos casos evitó una fatalidad la rápida actuación del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) de Cartagena, cuyo parque principal se encuentra a escasos metros del hospital.

Fuentes de la Consejería de Salud han asegurado a este diario, en un comunicado, pese a la moción de febrero que obligó al Ejecutivo a analizar exhaustivamente la fachada del centro hospitalario, que el “edificio está diseñado conforme a los criterios funcionales y constructivos en la época que se elaboró el proyecto arquitectónico”. “En la última renovación de autorización sanitaria de mayo de 2025, el hospital cumplía con las medidas de protección contra incendios y con los planes de evacuación”, han señalado desde la cartera dirigida por el consejero Juan José Pedreño.

Los paneles del Hospital Santa Lucía, al igual que los del edificio de Valencia o de Madrid que ardieron en 2024 y 2020, respectivamente, están producidos por la mercantil española Alucoil SA, de la que dos de sus directivos se encuentran imputados a raíz de la investigación de un tribunal italiano por el incendio en 2021 de la torre dei Moro en Milán. Se les acusa de poner a la venta paneles de aluminio inflamables.

Paneles con polietileno

Dichos paneles se denominan “larson pe”, según otro informe más del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, fechado en junio de 2015. El estudio cifra, como mínimo, a parte del hospital cartagenero, 14 edificios en España recubiertos con este material, entre residenciales, centros comerciales y una terminal del puerto de Barcelona. Se trata de una especie de “sándwich compuesto” de placas lacadas de aluminio con partes de polietileno de baja densidad.

En concreto, por cada dos paneles de 0,5 milímetros de aluminio, se incrusta entre ambos tres milímietros de polietileno. En la actualidad se han dejado de fabricar, pero hasta hace unos años se instalaban en fachadas ventiladas, como la del Santa Lucía, en contra de los consejos expertos del CSIC, conformando un sistema que deja una cámara letal de aire entre el muro interior y el revestimiento. Por esa cavidad, alimentada de oxígeno, puede correr el fuego a gran velocidad cuando se origina. Los paneles del hospital Santa Lucía yacen ahora carbonizados sobre la terraza mientras los bomberos tratan de limpiar y analizar el desastre. Todo se produjo en cuestión de minutos: el polietileno, altamente combustible, disparó la voracidad de las llamas.

En torno a un centenar de pacientes tuvieron que ser evacuados, las llamas llegaron a algunas habitaciones y pasillos y el humo y las cenizas penetraron en el edificio por los conductos de ventilación, según relató una trabajadora del hospital a este periódico. La situación se descontroló en apenas 10 minutos. Las 7.15 de la mañana está fijada como la hora oficial de origen del fuego. A las 7.25, diez minutos después, el 112 ya había recibido cientos de llamadas alertando de que las llamas ocupaban gran parte de la fachada del hospital. Aún era de noche en la ciudad, pero el resplandor del fuego se podía contemplar a varios kilómetros de distancia.

Un material ya cuestionado

Los paneles compuestos con núcleo de polietileno han estado en el centro del debate internacional en materia de seguridad contra incendios desde hace poco menos de una década, especialmente tras la tragedia de la Torre Grenfell en Londres, en 2017. Aquel edificio estuvo ardiendo más de 60 horas y murieron en él 72 personas, aunque la autoridades británicas tardaron meses en aclarar la cifra exacta de fallecidos.

El incendio declarado hoy en el hospital cartagenero ha reavivado las dudas sobre las actuaciones que se han llevado a cabo desde la administración pública murciana para tratar de evitar que se produzcan fuegos de forma tan veloz en edificios, sobre todo teniendo en cuenta que en 2015 el mismo Santa Lucía fue protagonista de un incendio similar.

“Negligencia política”

María Marín, diputada de Podemos, el partido que logró sacar adelante en la Asamblea murciana la moción en febrero para que el Ejecutivo garantizase la seguridad del centro hospitalario, ha exigido de nuevo “una investigación inmediata”, y ha pedido depurar “responsabilidades políticas y técnicas”, subrayando “la sustitución urgente de cualquier material inflamable” de la fachada del complejo. “Hoy ha vuelto a arder lo que sabían perfectamente que podía arder. Y esto tiene un nombre: negligencia política”. “Cuando un gobierno antepone el ahorro a la seguridad pública, está aceptando que un hospital entero quede expuesto a un incendio como el de esta mañana”, ha dicho.

El complejo sanitario de la ciudad portuaria otorga servicio a 279.000 usuarios de los municipios de Cartagena, Fuente Álamo, Mazarrón y La Unión. Alberga en su interior 630 camas. Un centenar de pacientes correspondientes a los servicios de oncología, medicina interna y neurología ya han sido realojados en otros hospitales de la Región de Murcia, según han confirmado desde la Consejería de Salud. En el Santa Lucía trabajan unas 3.000 personas.

Hasta la fecha no se ha elaborado por parte de las comunidades autónomas, tampoco en la Región de Murcia, un inventario de edificios peligrosos que catalogue y ubique todas las construcciones públicas o privadas susceptibles de arder con facilidad en caso de incendio. Es una incógnita el total de edificios que hay en el país recubiertos con este tipo de sándwiches de aluminio y polietileno.

Un incendio producido a primera hora de este miércoles en el Hospital Santa Lucía de Cartagena ha hecho saltar todas las alarmas y ha provocado la evacuación de decenas de pacientes. En cuestión de solo veinte minutos, desde las 7.15 de la mañana en que fuentes del cuerpo de bomberos de la ciudad portuaria han situado el inicio del fuego, una llamarada favorecida por el viento ha devorado una de las caras laterales del centro hospitalario, la correspondiente al bloque cinco, calcinando rápidamente gran parte de la fachada y afectando de lleno a habitaciones y pasillos de la tercera y la quinta planta. El fuego se ha producido muy cerca del área especializada en pacientes oncológicos, en medicina interna y en neurología, según han informado a este diario fuentes del propio hospital.

El incendio ha sido extinguido alrededor de las ocho de la mañana gracias a la rápida actuación de los bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) del Ayuntamiento de Cartagena, que han evitado que las llamas alcanzasen con mayor profundidad el interior del edificio. Los bomberos ya trabajan en averiguar las causas que han podido provocarlo.

Una fuente del hospital ha confirmado a este diario que entre los trabajadores y pacientes desalojados del bloque cinco cuando estaba creciendo el incendio hay “varios intoxicados por humo”, a los que han atendido en el servicio de Urgencias. Dicha fuente resalta que la ceniza y el humo penetraban al centro hospitalario a través de los conductos de ventilación. En el bloque calcinado, prosigue, había habitaciones y pasillos envueltos en llamas. “Se ha vivido una situación de auténtico caos ahí dentro. Por suerte, todo ha ocurrido cuando muchos trabajadores todavía no se habían incorporado a su turno, por lo que había poca gente. Hemos tenido que salir corriendo y dejarlo todo dentro. Hemos pasado mucho miedo”, indica.

Cuando aún era de noche, el fuego alumbraba buena parte de la ciudad portuaria y era visible a kilómetros de distancia. Inmediatamente, tras detectar las llamas y comprobar cómo el humo se iba adueñando de las plantas interiores del hospital, se ha activado el plan de autoprotección y emergencias y se han desalojado de pacientes y trabajadores las plantas segunda, tercera, cuarta y quinta. Las llamas iban avanzando a una velocidad muy rápida, por lo que los pacientes y los sanitarios del bloque cinco han sido rápidamente trasladados a otra parte del hospital para mantenerse a salvo.

La preocupación y la incertidumbre ha ido creciendo con el paso de los minutos en este amanecer en Cartagena, con vídeos e imágenes del incendio circulando a toda prisa por redes sociales. Según fuentes oficiales consultadas no se han registrado daños personales y entre las personas que se encontraban en ese momento en el hospital no hay ninguna herida por quemaduras.

Fuentes de la Consejería de Salud consultadas por este periódico han indicado que, en un primer momento, el origen del fuego parece estar “en la terraza” del bloque cinco, a falta de “realizar” las “investigaciones e indagaciones pertinentes para saber cómo se ha originado el incendio y llevar a cabo las medidas que en su caso sean precisas para evitar que esto pudiera volver a repetirse”. Los bomberos han revisado la instalación hospitalaria para comprobar que no está afectada la estructura y que es segura.

Una vez extinguido el fuego, han acudido al hospital el consejero de Salud de la Región, Juan José Pedreño, y el consejero de Presidencia, Marcos Ortuño. “Ahora la prioridad”, ha señalado Pedreño, “es la reubicación de los pacientes”. “Para ello ya se ha contactado con otros hospitales como el Rosell (Cartagena), Los Arcos (San Javier) o incluso hospitales metropolitanos de Murcia, como la Arrixaca o el Reina Sofía. Los pacientes serán reubicados y atendidos y se les seguirá prestando atención según la especialidad, la edad o la planta en la que estaban ingresados”, ha concluido el consejero. Fuentes de Salud han confirmado que los pacientes corresponden al área de medicina interna y de cuidados oncológicos, por lo que se les ubicará en aquellos hospitales que disponen de estas especialidades.

El Hospital Santa Lucía es el principal centro sanitario del Área 2 del Sistema Murciano de Salud, y atiende a una población aproximada de 279.000 habitantes, dando cobertura también a los municipios colindantes a Cartagena, como La Unión, Fuente Álamo y Mazarrón. A primera hora de la mañana, justo cuando se ha detectado el fuego, se iba a producir el cambio de turno de trabajadores administrativos y personal sanitario y la llegada de numerosos pacientes que tenían citas, análisis y pruebas médicas. El centro dispone de un total de 630 camas, y en él trabajan más de 3.000 profesionales.

Otro incendio en 2015

No es el primer incendio de estas características, rápido y violento, que se produce en este centro hospitalario en la última década. En agosto de 2015, una colilla mal apagada en una sala de mantenimiento provocó una llamarada que, como ha sucedido hoy, acabó calcinando en pocos minutos la fachada del edificio correspondiente al bloque uno. Aquel día, la rápida actuación de los bomberos también evitó males mayores.

Ambas situaciones, la de 2015 y la de hoy, han sido denunciadas por la diputada de Podemos en la Asamblea Regional, María Marín, que ha asegurado que el fuego originado este miércoles “es la consecuencia directa de años de negligencia política”. En concreto, Marín ha puesto el foco en los materiales que recubren la fachada del Santa Lucía, “un revestimiento inflamable que supone un riesgo real para pacientes y trabajadores”. La parlamentaria ha exigido “una investigación inmediata”, la “depuración de responsabilidades políticas y técnicas” y la “sustitución urgente del material inflamable”.

El PP de la Región de Murcia afronta el último año y medio de legislatura con un Ejecutivo en minoría parlamentaria y bloqueado por Vox que descarta el adelanto electoral, pero que comienza a asumir que llegará a las elecciones autonómicas de 2027 sin sacar adelante unos nuevos presupuestos.

“Este trabajo se ha culminado gracias a nosotros. Ahora esperamos que los presupuestos de 2026 se aprueben en tiempo y forma”. El pasado 23 de julio, el día en que PP y Vox aprobaron las cuentas regionales de 2025 después de que los populares acataran, una a una, todas las exigencias racistas y reaccionarias de la ultraderecha, el líder de los de Santiago Abascal en la comunidad, José Ángel Antelo, le recordó con esta frase al presidente autonómico, Fernando López Miras, que las negociaciones entre ambos estaban lejos de concluir. Lo hizo con la confianza de quien sabe que dicta las políticas de un gobierno sin necesidad de formar parte de él.

Vox estaba en aquel momento en la cúspide de su poder político en Murcia. El PP, que buscaba a toda costa sacar adelante las cuentas y darle un balón de oxígeno a su mandato, tuvo que pagar un precio demasiado alto.

Los 21 diputados populares habían dicho ‘sí’, entre otras cosas, a cerrar un centro de acogida humanitaria donde residían 47 menores; a dejar sin subvenciones públicas a sindicatos; a poner bajo sospecha a migrantes que aún no han cumplido los 18 años haciéndoles pruebas médicas; a crear un comité para favorecer la “reagrupación familiar” de migrantes en sus países de origen; a eliminar el programa de lengua árabe de los centros escolares de la comunidad y a reformar la ley de protección del Mar Menor situando el foco en las aguas residuales y no en la industria agrícola.

Transcurridos ahora cuatro meses, el partido de López Miras observa inmóvil cómo Vox cobra protagonismo, primero, en el panorama nacional, con las negociaciones para investir nuevo president de la Generalitat Valenciana; y segundo, en la propia Región, tras colocarse como segunda fuerza política en el último barómetro del Centro de Estudios Murciano de Opinión Pública (CEMOP).

La fórmula que el PP critica en Madrid

Aquellas palabras de Antelo se aparecen ante la bancada del PP como una mala premonición, con los presupuestos de 2026 y la viabilidad de lo que resta de mandato en el aire. En las filas populares barajan dos escenarios tangibles. Tal vez el menos dañino para sus intereses sería el de agotar la legislatura con los presupuestos del 2025 prorrogados. Algo que ya admitió su portavoz, Joaquín Segado, que podía suceder. “Las cuentas podrían estar vigentes lo que resta de legislatura, pues es un texto que se hizo con esa ambición”, dijo hace solo dos semanas. “No sería una tragedia”, reconoció después el consejero de Economía Luis Alberto Marín. Cada vez más miembros del partido se hacen a la idea de que así será.

Se trata de una opción que aplicaría en la Región la misma fórmula, la de la prórroga, que López Miras y su elenco llevan criticando al Ejecutivo central durante meses. “No somos Pedro Sánchez, que no ha sido capaz de presentar ni un solo proyecto de presupuestos”, reiteran a este diario fuentes del PP. Esta alternativa supondría gobernar con recursos congelados y sin margen de maniobra en una comunidad con preocupantes problemas económicos y con escasez de servicios públicos.

Economía presentará las cuentas

Hasta este año, los sucesivos gobiernos populares de la Región habían aprobado siempre los presupuestos antes de las navidades. En este mes de noviembre, fecha en que solían presentar el techo de gasto en la Cámara, el Ejecutivo trabaja, aseguran fuentes de la Consejería de Economía, en adaptar las partidas del año 2025 para ejecutarlas “lo más ágilmente posible”. 

Aunque en Economía admiten que las cuentas de 2026 se van a presentar, sobre todo para resaltar esa diferencia que les separa de Sánchez —“somos un Gobierno serio y responsable que trabaja para aprobar un proyecto para la sanidad, educación y políticas sociales”, explican—, la Consejería apunta ya a un previsible fracaso. “Si la pinza de Vox-PSOE lo bloquease, los grandes perjudicados serán los propios ciudadanos”, auguran. ¿Sería viable para los populares un sonado rechazo parlamentario a los presupuestos a solo un año de las elecciones?

Mal compañero de baile

Frente a esta opción, el PP tiene ante sí el otro escenario, ya conocido por todos, aunque cada vez más arriesgado: someterse a otras negociaciones con Vox, que convierte cada reunión con los populares en un cuerpo a cuerpo de exigencias extremistas que pretenden ir arañándoles votos. Una nueva ronda de conversaciones con la ultraderecha es algo que, ahora mismo, está lejos de suceder.

El PP ha entrado, de la mano de sus propios pactos anteriores —no solo el de los presupuestos de 2025, sino el de Gobierno de 2023—, en un callejón de bloqueo que, de tener una mínima salida, será, sí o sí, a través de los ultras. Si se materializaran esas conversaciones en un nuevo acuerdo presupuestario, los populares acabarían asumiendo de nuevo un sinfín de consignas xenófobas, antiecológicas y negacionistas, pero esta vez en pleno año clave de la carrera que planea Alberto Núñez Feijóo para llegar a la Moncloa. 

El distanciamiento progresivo entre populares y ultraderechistas es evidente en la forma en que los diputados del PP encaran las situaciones parlamentarias del recién estrenado curso político: más serios, sin complicidades ni saludos previos con nadie de la formación de Abascal. Joaquín Segado calificó el pasado miércoles la propuesta de Vox de cerrar todos los centros de menores de “indigna, populista e ilegal”. Nunca hasta ese momento había sido tan duro.

Apenas unas pocas semanas atrás, el mismo Segado se daba la mano con el portavoz adjunto ultra Rubén Martínez Alpañez e intercambiaba sonrisas con él mientras ambos firmaban cerrar el centro de menores de Santa Cruz. Incluso las fuentes del PP consultadas evitan ahora referirse directamente a Vox. “Contactaremos, como hemos hecho siempre, con todos los grupos parlamentarios de la Asamblea para intentar que haya presupuestos”, recalcan.

La ultraderecha, por su parte, tiene la sensación de que le quita votos a la formación popular haga lo que haga, de que éstos se retratan con la simple presión de las mociones y los debates en el Hemiciclo. En Murcia, la sombra de un adelanto electoral del PP al estilo de Extremadura ante la incapacidad de aprobar las cuentas está, señalan en San Esteban, “totalmente descartada”. 

“Tenemos la absoluta convicción de que Vox será la primera fuerza en la Región”, dijo confiado el propio Martínez Alpañez el pasado 2 de octubre, tras conocer que el último barómetro del CEMOP daba a la extrema derecha 13 diputados en detrimento del PP, con 18, a un mundo de la mayoría absoluta de 23. Nadie en la formación popular quiere batirse en duelo antes de lo previsto con un partido ultra que gana terreno con demasiada velocidad.

Primero, cumplir el acuerdo de 2025

Fuentes de Vox en Murcia se muestran desconfiadas con López Miras y reiteran que, si el PP pretende tener una mínima posibilidad de negociar las cuentas de 2026 con ellos, primero tienen que “cumplir por completo el pacto de presupuestos anterior y poner en marcha todos los puntos”. “Y todo significa todo”, recalcan.

Lo que le queda por implementar al partido conservador del acuerdo de julio es la reforma de la ley del Mar Menor, que se comprometieron a llevarla a cabo “antes de octubre de 2025” y ya va tarde; la ampliación del tranvía de la ciudad de Murcia; la modificación de la ley de Suelo; la eliminación de cualquier tipo de subvenciones a ONG que “colaboran con la inmigración”; la activación de los 5,5 millones del Acuerdo Marco del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento; y el rechazo al “reparto arbitrario de inmigrantes ilegales llegados a otras regiones de España”.

Una comunidad “infrafinanciada”

Más allá de la dimensión política y de los dos escenarios entre los que transita el PP, la realidad de las calles murcianas no pasa por alto para nadie. El propio consejero de Economía, Luis Alberto Marín, puso de manifiesto en una entrevista en la cadena Ser el pasado octubre la “infrafinanciación crónica que sufre la Región”, que recibe “1.670 millones de euros menos que la comunidad mejor financiada” del país. Una prórroga presupuestaria supondría retrasar mejoras en sanidad, educación, infraestructuras y servicios sociales, en una autonomía que cuenta con un tercio de las camas hospitalarias derivadas a la privada, que está a la cola de ayudas a la dependencia y que encabeza las listas nacionales de pobreza.

Haya finalmente presupuestos o no, la jugada política es complicada para los populares: si no logran aprobarlos, el desgaste de gobernar en minoría erosionará, como hasta ahora, su capacidad de atraer votantes. Si finalmente los sacan adelante, serán de nuevo la cara visible de exhaustivas jornadas de negociaciones con la extrema derecha. La Administración murciana ya visualiza que tendrá, con la prórroga, un final de legislatura al estilo que tanto han criticado en Madrid. El PP se sabe rehén de quien hasta hace poco fue su socio.

El Gobierno de la Región de Murcia pagó un total de 559.302 euros por la tierra contaminada por metales pesados y residuos tóxicos que empleó para sellar el depósito minero de El Lirio, en Cartagena. La cifra se sitúa por encima del doble de su importe inicial, presupuestado en 252.000 euros, en lo que debía ser según los pliegos técnicos un material limpio. Así consta en la documentación aportada por la Consejería de Medio Ambiente al Juzgado de Instrucción nº1 de la ciudad portuaria tras la orden de la magistrada que investiga el sellado de la instalación minera, ejecutado en 2024 por el Ejecutivo autonómico y la empresa pública Tragsa.

La justificación esgrimida por la administración murciana sobre el coste de la tierra vegetal, de un 122% más con respecto a lo que en un principio estaba previsto, se basa en el incremento del volumen que finalmente se compró, 55.000 toneladas en lugar de 35.000.

Estas variaciones de precio y volumen de la tierra, de una envergadura significativa, fueron aprobadas por el Consejo de Gobierno de la Región de Murcia con posterioridad a su suministro. Fuentes jurídicas consultadas por este diario califican esta actuación de inusual, ya que toda modificación sustancial del coste de un contrato público debe someterse a los controles administrativos con carácter previo a su ejecución. Asimismo, añaden, la ley de contrataciones del sector público no permite modificar un contrato por encima del 50% de su importe original sin volver a sacar a concurso una licitación.

El material tóxico costó a las arcas públicas, sin que se volviera a licitar, un 9% del total de los trabajos de restauración ambiental de El Lirio, que alcanzaron los 6,2 millones de euros, y que contaron con una subvención de cuatro millones del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), así como con 843.000 euros procedentes de la Unión Europea.

Dos partidas de tierra vegetal

Tragsa adjudicó en 2021 35.000 toneladas de ‘tierra vegetal de primera calidad’ a la mercantil González Soto S.A., una constructora que en los últimos tiempos es contratista habitual de la empresa pública, por 209.300 euros. La tierra fue suministrada entre los meses de febrero y julio de 2024, aunque con una gran variación en el volumen: en las certificaciones firmadas por Medio Ambiente y por Tragsa consta una primera partida de 33.000 toneladas por la que se abonaron 338.158 euros, y otra de 22.000 toneladas que costó 221.144 euros.

Una fuente cercana a los trabajos de descontaminación de El Lirio, que ha colaborado en su ejecución, explica que es usual que “en este tipo de obras tan grandes” se den “aumentos de cantidades de materiales y precios”, aunque “siempre con un motivo justificado previo, y con oscilaciones más pequeñas”. “Nunca he visto que se dispare un precio hasta más del doble del inicial”, añade.

La tierra vegetal, que según los pliegos técnicos debía ser limpia y saludable para completar la remediación ambiental del depósito minero, fue el único árido de las obras que aumentó en un porcentaje tan alto. Dadas las condiciones de contaminación que presentaba y presenta, con valores de metales pesados como plomo, arsénico y manganeso que superan con holgura los umbrales de seguridad establecidos en la Región de Murcia, y con cientos de escorias de la fundición del plomo, que liberan tóxicos con el paso del tiempo, ésta carecía, en realidad, de valor comercial alguno.

El Gobierno regional no ha dado respuesta a las preguntas planteadas por este diario para recabar su versión.

Proyecto modificado a posteriori

La modificación del proyecto donde se debía acreditar el incremento del importe y el volumen de la tierra vegetal llegó meses después de haberla comprado, en septiembre de 2024, cuando las obras ya estaban prácticamente concluidas. El nuevo proyecto fue aprobado por el Consejo de Gobierno de la Región el 31 de octubre. En él, entre otros motivos, se aduce que la superficie del terreno a descontaminar era mayor de la prevista. La tierra ya se había distribuido entre febrero y julio.

Con el suministro en marcha, en marzo de 2024, se hizo una modificación oficial del contrato licitado a González Soto. En ella se alzó el precio de la tierra hasta situarlo en 313.950 euros, una cifra aún lejos de los 559.302 a los que acabó ascendiendo finalmente. Fuentes de Tragsa consultadas detallan que “fue necesaria la modificación del espesor del perfil de la tierra vegetal durante la ejecución de los trabajos”. En el informe pericial aportado por la compañía estatal en el juzgado, donde aparecen más de un centenar de análisis que revelan su contaminación, no se menciona en ningún momento que el precio del material se incrementara.

Contaminación conocida por los responsables

El Gobierno regional y Tragsa conocían, además, antes de aumentar el gasto, que la tierra vegetal contenía una cantidad muy elevada de metales pesados. Valores de ensayos en origen encargados por la propia empresa pública en febrero de 2024 indican hasta 767 miligramos por kilogramo (mg/kg) de plomo y 36,1 de arsénico, ambos muy por encima del proyecto de decreto de Niveles Genéricos de Referencia (NGR) de la Región de Murcia para la declaración de suelos contaminados del año 2025, que fijan máximos admisibles de plomo en 115 mg/kg y límites seguros de arsénico en 13. Éste último metaloide incluso superaba umbrales industriales. Asimismo, de las muestras tomadas por Tragsa tras la finalización de las obras, el 94% presenta concentraciones de plomo por encima de lo legal.

Expertos en edafología y suelos contaminados de la Universidad de Granada y la Universidad de Barcelona concluyeron en declaraciones a este periódico que esa tierra “no puede utilizarse bajo ningún concepto en un trabajo de restauración ambiental”, y que debería declararse como “potencialmente contaminada” y retirarse del sellado de El Lirio a la mayor brevedad. El material aceptado por técnicos y responsables de las obras contiene también, aparte de escorias de la fundición del plomo, restos de asfalto, ladrillos, losas, fragmentos metálicos y plástico.

Esta realidad contrasta con la versión aportada por la fuente vinculada a las obras a la que ha consultado este diario. “Desde el primer día, antes de su suministro, —Tragsa—fue muy escrupulosa con los materiales. Llevaba muestras a laboratorios, iba al origen a inspeccionar la calidad, cualquier detalle, por mínimo que fuera. Comprobaba los camiones cuando se transportaban, los pesaba. Todo estaba controlado. Es imposible que se pasara por alto un material tóxico con esos valores, y con residuos físicos visibles en la tierra”, relata.

En los pliegos técnicos, donde se menciona que la tierra vegetal debe ser “de primera calidad”, la mercantil estatal se compromete a “controlar tantas veces como sea necesario la correcta elaboración del material”, y se reserva la potestad de rechazarla “cuando así lo aconseje la experiencia local y cuando mediante la inspección visual no cumpla con lo descrito”.

Un negocio de millones de euros

Pese a la instrucción judicial de El Lirio, González Soto S.A., según han confirmado a este diario fuentes de la propia empresa, sigue siendo contratista de Tragsa para aportar áridos en las descontaminaciones de otros vertederos mineros que se están ejecutando actualmente en la zona de Cartagena y La Unión. La constructora ganó en agosto de 2025 una licitación de 3,2 millones de euros para suministrar áridos en el depósito de El Descargador, y participa junto a varias mercantiles en otro contrato de siete millones, formalizado en febrero de 2025, para el acopio de material, tierra vegetal incluida, en instalaciones mineras de la pedanía de Llano del Beal.

En la actualidad, según ha podido comprobar esta redacción, hay camiones de González Soto que acuden con frecuencia a las obras de El Descargador repletos de material. En los pliegos técnicos de dicha restauración ambiental, redactados también por Tragsa, constan valores máximos de metales pesados a los que deben ajustarse los áridos y limita la calidad de la tierra vegetal al Real Decreto 867/2010, de 2 de julio, sobre sustratos de cultivo, que sitúa el tope de plomo tolerable en un terreno en 45 mg/kg. Este tipo de información no aparece en los pliegos de El Lirio.

Riesgo ambiental

El sobrecoste económico de la tierra tóxica de El Lirio fue de 327.302 euros respecto a lo proyectado. El coste ambiental, en un entorno protegido por la Red Natura 2000, dentro de un Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), y regulado por el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Región de Murcia (PORN), como parte del Parque Regional de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila, puede ser mayor.

En los documentos aportados al juzgado, el Ejecutivo murciano defiende la calidad de las obras bajo la premisa de que el suelo de El Lirio está sometido a un uso de tipo industrial al tratarse de una antigua instalación minera. Se da la circunstancia de que los NGR industriales son mucho más laxos, de modo que los metales pesados de la tierra vegetal estarían por debajo de ellos. Esta premisa choca frontalmente con el acuerdo rubricado entre la propia Comunidad Autónoma y el MITECO para la concesión de la subvención de cuatro millones de euros, publicado en el Boletín Oficial del Estado, que prohíbe expresamente un uso del suelo del depósito distinto al forestal en un plazo de 75 años. Esta condición fue imprescindible para financiar y hacer posible las obras.

Lo que el Gobierno autonómico calificó como “la mayor restauración ambiental minera de España” ha derivado en una causa judicial abierta que investiga indicios incriminatorios contra la administración regional y Tragsa, a raíz de una denuncia de Ecologistas en Acción por presuntos delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente y de malversación de fondos públicos. 

Menos de un mes después de que el Gobierno del PP en la Región de Murcia cerrara a cal y canto el centro de acogida de la pedanía murciana de Santa Cruz, siguiendo a rajatabla las directrices de Vox a cambio de obtener su 'sí' a los presupuestos de 2025, la asistencia humanitaria a los migrantes vuelve al centro del debate político y los populares tratan de guardar las apariencias. Hoy han rechazado frontalmente –con los votos en contra también de PSOE y Podemos– una moción de la formación ultra en la Asamblea que exigía el cierre del resto de centros que siguen acogiendo a menores no acompañados en la comunidad.

La clausura del de Santa Cruz, que proporcionaba hogar a 47 menores, fue para los de Santiago Abascal un caballo de troya ideológico que colaron en el marco político del Ejecutivo autonómico popular, pero también fue un cebo que ha demostrado ser eficaz. El PP picó el anzuelo. Le dieron la mano a Vox y ahora Vox, en contraposición, le ha agarrado el brazo. “Gracias a nosotros, ese centro de 'menas' se cerró. No nos movemos de la oposición a la inmigración ilegal. Hablamos de la seguridad de los vecinos, y de la pérdida patrimonial de los barrios de la Región”, ha señalado el número uno ultra, José Ángel Antelo, durante la defensa de su propuesta.

Vox tiene a los populares en una posición complicada porque saben que, al gobernar en minoría —dos escaños por debajo de la mayoría absoluta—, los necesitan sí o sí como sostén. Sin los apoyos puntuales de los diputados ultras a las partidas presupuestarias y los proyectos de ley que proponga el Gobierno autonómico y el PP, la legislatura en la Región se tornará frágil y podría estar avocada al fracaso. En el horizonte se encuentran ya los presupuestos de 2026. Los últimos meses en la política murciana han demostrado que exigir una sola cosa, para la formación de extrema derecha, no es suficiente. Primero fue el de Santa Cruz, pero ahora su discurso racista se ha extendido al resto de centros de menores que realizan el mismo cometido humanitario, donde no solo se alojan migrantes, sino también menores en situación de vulnerabilidad, y en contextos sociales precarios y delicados.

Los ultras utilizan este tipo de mociones para echar un pulso al PP y para sacar pecho al mismo tiempo. Detrás de esta estrategia hay un pilar sólido de datos. Vox sube a paso firme en los sondeos, y sería ya la segunda fuerza política en la Región adelantando al PSOE, según el último barómetro del CEMOP.

Sus diputados son plenamente conscientes de que arañan votos al PP cada tres meses. Eso se evidencia, por ejemplo, en la soltura y la confianza con la que Antelo ha entablado su discurso en la Cámara, dándose ya como ganador de las autonómicas de 2027. “¿Por qué los ciudadanos de la Región tienen que sufrir la inseguridad, los machetazos, los robos y las violaciones que ustedes provocan con sus malditas políticas? Están colaborando con la inmigración ilegal, financiándola y mandando un mensaje de que la Región de Murcia es un buen lugar para venir”, ha afirmado

Antelo ha llegado a asegurar, sin ninguna prueba ni dato oficial, que los centros de acogida de menores “están destrozando la convivencia en todos y cada uno de los barrios de la Región”. El líder de Vox ha acusado al PP, pero también al PSOE y a Podemos, de ser unos “traidores a la Región y a España”.

El PP descarta cerrar más centros de menores

Las afirmaciones falsas y tergiversadas de Antelo han encontrado la respuesta rápida del portavoz popular, Joaquín Segado, que ha pasado en cuestión de meses de acatar las consignas de la extrema derecha a la confrontación directa contra ella. Segado ha asegurado que el PP “no va a participar en atajos simplistas”. “Con un discurso populista e indigno, —Vox— pide cerrar todos los centros de menores, algo ilegal, imposible e inhumano. Su propuesta es irresponsable”.

“No vamos a cerrar centros sin alternativa”, ha destacado Segado. Acto seguido el portavoz popular ha tratado de suavizar la diatriba con sus homólogos de la ultraderecha arremetiendo contra la “política migratoria” del Ejecutivo central que, en palabras del diputado, “debilita las fronteras y transfiere a las comunidades un problema que es del Estado”. Para Segado, la Región de Murcia es, por consecuencia de dichas políticas migratorias, “la primera línea de la ruta mediterránea de las mafias” a la que se impone “un reparto injustificado de menores no acompañados”. “Se utiliza el Hospital Naval como puerta de atrás para traslados”, ha sostenido, en referencia al campamento provisional de acogida que el Ministerio de Inclusión estableció en Cartagena en 2023 ante la presión migratroria del Archipiélago canario.

El PP ha solicitado al Gobierno de España, aunque esta propuesta también ha sido rechazada por la Cámara, “cumplir con los procedimientos de repatriación, activar mecanismos que permitan la reagrupación familiar, verificar la edad de los supuestos menores y más financiación para las comunidades”. Los populares apuestan, esto es algo en lo que siguen estando de acuerdo con los ultras, por la política de la repatriación y por las pruebas periciales y médicas que ya se están realizando en la Región, a instancias también de Vox, para determinar si los migrantes que llegan a la comunidad son efectivamente menores.

Fuentes del PP destacan que el cierre del centro de Santa Cruz se realizó, exclusivamente, para “cumplir” el acuerdo de presupuestos rubricado con la ultraderecha. El partido, prosiguen dichas fuentes, nunca ha estado por la labor de cerrar ninguna instalación de acogida de menores en la comunidad, y no cerrará más. Las relaciones con Vox han parecido este miércoles más distantes que en toda la legislatura. Pero eso, teniendo en cuenta los antecedentes, puede cambiar en cualquier momento.

En un contexto de incertidumbre política, con Vox subiendo como la espuma en las encuestas, el partido de extrema derecha pretende seguir propagando el racismo en el Parlamento autonómico, y buscando que el PP, como ya ha hecho en varias ocasiones, lo compre. En el seno de la formación de Abascal tienen la sensación de que si los populares compran su discurso reaccionario, les consiguen quitar votos. Pero que, si lo rechazan, también les debilitan electoralmente.

Este miércoles han pinchado en hueso. Lo próximo será debatir y votar una moción para prohibir el burka y cualquier vestimenta islámica “que oculte el rostro” en los espacios públicos murcianos. “Vox se ha quedado solo en lo que le importa de verdad a la ciudadanía de la Región. Aquí se van a seguir votando propuestas contra la inmigración ilegal. El resto de diputados tiene la oportunidad de hacer lo correcto y, si no lo hacen, lo van a pagar en las urnas y en las calles”, ha amenazado Antelo al concluir su intervención, entre las sonrisas y los aplausos de los suyos.

El buque Chemical Master, que partió el 30 de octubre del puerto Ashdod (Israel), tiene previsto descargar el próximo martes 11 de noviembre en la dársena de Escombreras del puerto de Cartagena un total de 1.500 toneladas de ácido fosfórico, tal y como figura en el registro de la web de la Autoridad Portuaria de Cartagena. La carga química irá a parar a la filial de la multinacional israelí ICL ubicada en la propia ciudad murciana, donde se fabrica fertilizante. El barco hará previamente escala, en la tarde de este mismo miércoles, en el puerto de Barcelona.

Se trata del segundo barco cargado con ácido fosfórico procedente directamente de Israel que descargará el material en Cartagena en el último mes y medio, después de que lo hiciera el pasado 14 de septiembre el carguero Trans Tind. La situación ha propiciado, como en septiembre, una denuncia de la organización Boicot, Sanciones y Desinversiones (BDS) Murcia. El colectivo apunta a que tanto la carga química que lleva ahora el Chemical Master y como la llevaba en su día el Trans Tind viene directamente de territorios ocupados por el ejército israelí en el Mar Muerto.

El colectivo hace referencia, asimismo, a la petición de la Corte Internacional de Justicia para que los países adopten “medidas que impidan relaciones comerciales y de inversión que contribuyan” a la ocupación israelí y al Real Decreto-Ley aprobado por el Gobierno de España el 23 de septiembre, que prohíbe el comercio con los territorios palestinos ocupados.

“Son ya once buques, a razón de uno al mes, los que solo este año han transportado productos químicos a Cartagena desde Ashdod (Israel) de forma directa, descargando en su puerto nitrato de potasa y cloruro potásico, además del ácido fosfórico”, detalla BDS en un comunicado.

Fuentes de la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia consultadas por este diario aseguran que el carguero “todavía no ha solicitado hacer escala en Cartagena”. “Si lo hace, se le pedirá la documentación y se aplicará el protocolo”. En el caso de que la carga estuviera contemplada dentro del “decreto de medidas urgentes contra el genocidio en Gaza”, añaden, “se actuaría en consecuencia”.

En septiembre, el Servicio de Vigilancia Aduanera del Ejecutivo retuvo e inspeccionó la carga de ácido fosfórico del Trans Tind y detalló, tras la inspección, que se prolongó durante varias horas, que esta era para “uso agrícola”. No impidió la escala ni canceló la transacción.

Programa “apadrina a un soldado”

En el puerto industrial de Cartagena se encuentra una de las sedes que ICL tiene en España. La descarga del ácido fosfórico alojado en el interior del Chemical Master será facilitada, según consta en la información pública de la Autoridad Portuaria, por la mercantil Fomento y Desarrollo Agrícola S.L., cuya propietaria es también es la multinacional israelí.

BDS Murcia recuerda en su escrito que ICL “aprovecha la ocupación militar en la zona del Mar Muerto y aumenta sus beneficios derivados de la extracción de recursos como la roca de fosfatos”. “Estos recursos”, prosigue, “son luego exportados a puertos como el de Cartagena, haciendo de la ocupación militar un lucrativo negocio”. Según el portal de investigación Who Profits, la empresa tiene una concesión hasta el año 2030 para la explotación de recursos como sal, potasa y bromuro de la cuenca norte del Mar Muerto, ubicada en la Cisjordania ocupada.

ICL, además, colabora con el Ejército israelí en el programa “Apadrina a un soldado”, tal y como puede comprobarse en su página web, “destinando”, añaden desde BDS Murcia, “beneficios empresariales para el sostén de programas que retroalimentan la acción genocida de Israel” perpetrada en Gaza.

La actividad productiva de la filial de ICL en España, incluida la fábrica de Cartagena hacia la que el Chemical Master trae el ácido fosfórico, pero donde se encuentran también otras sedes sitas en Catalunya, Valencia o Mallorca, ha sido asimismo catalogada por el Observatorio de Derechos Humanos y Empresas del Mediterráneo como cómplice con la ocupación y el genocidio en curso.

“Hasta la fecha, y pese a algunos cambios en las relaciones comerciales y diplomáticas entre los Gobiernos de España e Israel, el beneficio económico en favor de las empresas israelíes vinculadas al genocidio no se ha visto mermado. Pese a la aprobación del Real Decreto-Ley de embargo a Israel, y su ratificación en el Congreso, que limita el comercio de productos procedentes de los territorios ocupados, la llegada de barcos como el Chemical Master demuestran que por el momento no existe un control real sobre el negocio que nutre la maquinaria bélica israelí”, concluye el escrito de denuncia.

La organización pacifista solicita al Ejecutivo que reformule el “Real Decreto-Ley para convertirlo en un embargo integral sin excepciones que incluya compra, venta y tránsito”. 

A las seis de la mañana la noche es todavía un océano de oscuridad en los descampados de las afueras de Torre Pacheco. A esa hora exacta, Ahmed, un jornalero marroquí de 40 años que trabaja para una de tantas empresas de trabajo temporal (ETT) de la zona, espera en una rotonda desierta, con el chaleco naranja y las botas manchadas de barro, junto a una decena de compañeros, marroquíes y centroafricanos todos. La espera, como la fatiga, parece aquí un atributo más de la vida cotidiana. Al cabo de un cuarto de hora, una furgoneta vieja que chirría al girar el volante los habrá escupido en medio del campo.

“Lo que pasa dentro de esas furgonetas de las ETT nadie lo puede saber. A veces también traen autobuses para que quepa más gente, mucha sin papeles. Las empresas se aprovechan de los trabajadores, los engañan, acuerdan contratos que después incumplen. Son el cajón de sastre de la explotación laboral del campo murciano, pero también es la forma más rápida que tienen los migrantes de encontrar un empleo”, explica a este diario Getsemaní Alcaraz, del sindicato UGT.

Decenas de furgonetas idénticas, como si ninguna tuviera marca ni matrícula, surcan cada mañana abarrotadas de jornaleros inmigrantes el laberinto de caminos y carreteras del Campo de Cartagena. Ha llegado la época de sembrar la lechuga que en los próximos meses se comerá Europa.

En esta comarca coexisten miles y miles de historias como la propia de Ahmed, todas tan parecidas entre sí, tan marcadas por el desarraigo: él llegó sin nada a Torre Pacheco en 2005 y malvivió durante largos años trabajando en los cultivos de forma clandestina y alquilando cuartos compartidos hasta que logró formalizar los papeles. Hoy, tanto tiempo después, se siente atrapado en el puesto de peón. Pero necesita trabajar, sí o sí, “aguantar lo que haga falta, por muy duro que sea”, dice. Ganar unos pocos billetes al final de la jornada, ayudar a su familia, sobrevivir.

Un julio distinto

Esta campaña de lechuga, bien lo sabe él, tiene algo distinto. En julio, igual que muchos otros jornaleros, llegó una tarde del trabajo, exhausto de recoger melón, recién bajado de otra de esas furgonetas de principios de siglo que lo trajo de vuelta al barrio de San Antonio, donde vive, y se dio de bruces con un pueblo que ya no reconocía, donde todos los magrebíes, sin distinción, estaban siendo señalados. El racismo y el rechazo visceral a la inmigración que Vox había tratado de inocular durante meses en la Región de Murcia era aquí una realidad.

“No queremos a gente así en nuestras calles. Les vamos a deportar a todos”, dijo impune el 12 de julio el líder de Vox en la Región, José Ángel Antelo, en pleno centro de Torre Pacheco. Cinco días antes, la diputada en el Congreso de la formación ultra, Rocío de Meer, había fijado la cifra concreta de personas que el partido anhela expulsar del país: ocho millones, incluyendo sus hijos. Varios grupos de Telegram compartían entonces las declaraciones de ambos políticos y fotografías de vecinos marroquíes de la localidad: “Hay que acabar con esta gentuza de mierda”; “Estamos hasta los cojones de los putos moros”.

El laboratorio del campo

La ultraderecha, liderada por Vox y legitimada en la Región de Murcia por el PP, ataca y pretende por esta vía restar libertades a la población migrante y, por ende, no de casualidad, al eslabón más débil y a la vez más imprescindible del sector primario. En estos pueblos agrícolas, reconvertidos de pronto en laboratorio político, la xenofobia sirve para sostener la economía y también para controlar el porvenir de los propios jornaleros, que llegaron a España con el cambio de milenio y han dedicado su vida a sacar adelante las cosechas.

Para todo ello, la formación ultra cuenta con la complicidad silenciosa de los grandes agricultores: ninguno salió ni ha salido aún a defender públicamente a los trabajadores de la horda de nazis que vino a perseguirlos en verano. Pero tampoco se echaron a la calle a gritar contra ellos pidiendo su deportación. La patronal sabe muy bien de dónde bebe su negocio. Cuando llegue la primavera, Murcia habrá exportado, por valor de 656 millones de euros, el 65% del total de facturación nacional de lechuga, según datos de la Consejería de Agricultura. Sin migrantes que siembren y recojan cada pieza esta industria no tendría posibilidad de existir.

Un aprovechamiento estructural

“La Región vincula su identidad a ese lema tan defendido por la clase política, ‘la huerta de Europa’, pero no hay ningún tipo de reconocimiento hacia aquellos que, con sus manos y su energía física, la hacen posible. Esa ausencia de reconocimiento, que podemos calificar de racista, demuestra que la agricultura murciana quiere trabajadores sin ciudadanía, que no planteen problemas, que sean solo pura mano de obra”, reconoce el sociólogo de la Universidad de Murcia Andrés Pedreño.

Vox juega, prosigue el investigador, con una contradicción: por un lado, perpetúa las consignas xenófobas —con sonadas medidas como la prohibición de actos islámicos en otra zona profundamente rural, Jumilla—, y por otro trabaja desde la política para los empresarios del lobby agrario. Las víctimas directas de su rechazo son indispensables para los intereses del gremio.

En esta línea ahonda Mohamed El Gheryb, presidente de la Asociación de Integración de Trabajadores Marroquíes (ATIM). “Digamos que es una relación tóxica: los agricultores necesitan migrantes con necesidades precarias de los que aprovecharse para facturar todo ese dineral que facturan. Los segundos necesitan trabajar para sobrevivir. Pero, ahora, la extrema derecha ha aprovechado los problemas derivados de las malas políticas públicas de integración para señalarlos como culpables de todos los males. Lo que buscan, realmente, es mantenerlos como una fuerza laboral sin libertades”.

40 euros el día

El Campo de Cartagena es tan inmenso que cada metro cuadrado de tierra puede esconder un testimonio crudo de sufrimiento. El termómetro marca treinta grados al sol en este mediodía de finales de octubre. Un compañero le trae agua en una botella de plástico muy usada y Ahmed le agradece el detalle en árabe. Lleva ya varias horas deslomado sobre el suelo. Hace más de una década que vive así: empalmando contratos temporales; haciendo todo el rato lo mismo.

“Mira cómo llevo la camiseta, mojada de tanto sudar, sin un minuto para poder cambiarme, haciéndome polvo la espalda. Y todo por 40 euros. Todos aquí estamos igual, desde que amanece hasta que casi se hace de noche”, cuenta. “Llegué a Torre Pacheco hace veinte años con la urgencia de trabajar y mandar dinero a mi familia. Desde entonces no he hecho otra cosa. La gente y los políticos pueden decir lo que quieran de nosotros, pero lo único que queremos es esto, seguir trabajando”.

Economía sumergida

Las estadísticas oficiales reflejan que el 60% de los trabajadores del campo en la Región de Murcia son de origen extranjero, y que su sueldo medio mensual ronda los 1.100 euros. Pero un sinfín de jornaleros como Ahmed cobra por debajo de ese salario y trabaja más horas de las que permite la ley.

En ese 60% de extranjeros solo se cuentan los que están dados de alta en la seguridad social. UGT calcula que la cifra real puede superar el 90%. Sobre el terreno, en esta mañana, los únicos nacidos en España que hay en las fincas son los jefes.

“La economía sumergida ocupa un papel demasiado importante. Hay pocas empresas que cumplan las reglas. Solo cuando salen a la luz desgracias como accidentes o acosos comprobamos las penosas condiciones en que trabajan los migrantes. Es como la punta de un iceberg. Tenemos el producto de mejor calidad de Europa, sí. Pero a costa de la dignidad de muchas personas”, destaca Gerardo Medina, de CCOO. El sindicalista denuncia la nula predisposición que hay entre los agricultores para mejorar los convenios colectivos.

El cambio del discurso

Esta reticencia no es fortuita: los empresarios del agro murciano se han mimetizado en los últimos tiempos con el discurso de Vox. La situación que describe Medina no ha cambiado, sin embargo, en los más de treinta años que los migrantes llevan siendo el capital laboral de la comarca.

El silencio de la patronal en los disturbios raciales de Torre Pacheco, que sucedieron a un paso de todas estas fincas, fue demasiado elocuente para Mohamed El Gheryb. “El que se calla ante las injusticias acaba convirtiéndose en cómplice. Los jefes no dieron la cara por quienes trabajan para ellos porque no necesitan personas que vivan tranquilas, sino esclavos que estén a sus pies”, manifiesta. Durante aquella semana, la recogida del melón no paró ni un solo segundo.

A finales de los noventa, recuerda el exalcalde del municipio Antonio León, los agricultores incluso llegaron a sacar los tractores a la calle pidiendo que se abrieran de par en par las fronteras. “Exigían flexibilizar las condiciones para que entrara más gente en España, porque las cosechas se quedaban sin recoger”. “Ahora”, observa, “esas demandas han dado un giro de 180 grados”.

Manuel Martínez representa a la patronal Asaja en la cuenca del Mar Menor. Vicente Carrión, por su parte, es portavoz de Coag. Ambos reconocen, con palabras muy parecidas, que la inmigración es clave para el crecimiento de la industria, pero afirman que debe haber un control exhaustivo en esas mismas fronteras que un día pidieron romper. Que solo es bienvenido quien tenga la predisposición de trabajar incansablemente.

“Desde que entran de manera ilegal hasta que consiguen un contrato de trabajo pasan dos o tres años. En ese intervalo la gente necesita medios para vivir, y si uno no tiene para comer puede ser capaz de cualquier cosa. Si dejas pasar una frontera, hay que dar la opción de trabajar al día siguiente”, explica Martínez.

“La solución”, continúa, “está en contratar en origen. Que vengan con acuerdos formalizados, los cumplan y vuelvan a sus países”. Este es un punto también muy reclamado por Vox. Según El Gheryb, se trata más bien de “una trampa”: “Vendría gente para trabajar, pero no habría ningún control. Les tendrían viviendo en casetas, trabajarían horas y horas y no pasaría nada, porque ni siquiera conocerían cuáles son sus derechos”.

La jaula de hierro

“Todas esas afirmaciones concuerdan con la estrategia de deshumanización de la ultraderecha”, abunda Andrés Pedreño. “Ningún empresario va a negar que se necesitan migrantes. La clave está en el cómo: sin que tengan las mismas oportunidades que el resto de ciudadanos, porque tenerlas los llevaría a acceder a otros mercados laborales, y así, la agricultura, estaría condenada”.

A diez minutos por carretera de la parcela donde Ahmed se está dejando la espalda, Said supervisa la recogida de lechuga de un manto verde donde ya no se ve la tierra. Todas las piezas que arrancan de sus raíces viajarán esta noche en camiones rumbo a Francia. Este marroquí de 48 años que, en 2006, tras un lustro de empleo indocumentado, accedió a ser encargado de peones, es otro ejemplo de lo que Pedreño denomina “jaula de hierro”: una estructura invisible hecha de precariedad y falta de políticas de integración que encierra a miles de trabajadores en los mismos puestos durante generaciones. “Y no puedes quejarte”, dice Said, “porque si te quejas y pides algo más te amenazan con echarte y hay cientos como tú dispuestos a sustituirte”.

El dueño de todas estas hectáreas de lechuga hoy tiene más de 60 hombres a su cargo. Cuando se le pregunta por la situación de sus trabajadores, y por el señalamiento racista que están recibiendo, prefiere no dar su nombre, pero sí responde: “Sin ellos sería imposible exportar lo que se está exportando. Tienen que estar aquí, tienen que seguir viniendo. Quien plantea expulsarlos no sabe de lo que habla”.

Antes de que acabe el invierno, este agricultor habrá vendido cerca de cuatro millones de ejemplares frescos de lechuga. Con el próximo amanecer regresarán todos los jornaleros. Esta desagradecida huerta no se detiene nunca.

Este periódico se ha puesto en contacto en varias ocasiones con Vox para recoger su punto de vista, pero no ha obtenido respuesta.

En la pedanía murciana de El Mirador (San Javier) los estragos de la riada que atravesó sus calles la noche del pasado 10 de octubre son visibles y diversos. Las líneas blancas de la carretera se confunden todavía con el barro seco. El muro de la casa de una familia que tuvo que ser evacuada aquella madrugada está destrozado. Un vecino camina a paso lento por la acera, cargando en cada mano una garrafa de ocho litros rebosante de agua, y las coloca en el zaguán de una casa donde una mujer, Carmen, barre el suelo con cierto aire de fatiga. Enseña los restos del recogedor antes de tirarlos al cubo de la basura: tierra roja y arcillosa, piedras, cañas. De lejos viene un fuerte olor a abono que procede de los campos de cultivo que rodean el pueblo, muchos dispuestos a orillas de la desbordada rambla de Cobatillas, cercando su cauce, debilitándolo ante la lluvia torrencial.

“Toda esta mierda vino del campo. El agua pasó muy rápida por todas las calles. Daba miedo verlo. Parecía que ese río marrón se lo iba a llevar todo por delante. Entró en casas y comercios. Pero lo que no esperábamos, porque nunca antes había pasado, es que lo peor llegara horas después, cuando todo se calmó”, dice, y mete dentro de la casa las garrafas que le ha dejado su vecino.

Los habitantes de El Mirador llevan ya sin agua potable, este martes, un total de once días. El corte afecta a unas 100.000 personas en la ribera norte del Mar Menor, desde San Javier y San Pedro del Pinatar a Los Alcázares, pasando por diversas pedanías del Campo de Cartagena pertenecientes a Murcia y a Torre Pacheco. La incidencia, larguísima, viene propiciada por la inundación con agua de escorrentía repleta de barro de la almenara de un canal de abastecimiento de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT). Los trabajos de limpieza del tramo afectado, de unos 20 kilómetros de tuberías subterráneas, precisan fuentes de la MCT a este diario, concluyeron “en la madrugada del domingo 19 de octubre”. El Delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha asegurado esta mañana que la normalidad se recuperará, al fin, “el miércoles o el jueves”.

Por el momento, en Los Alcázares y San Javier se permitió a partir de este pasado fin de semana usar el agua del grifo para higiene personal y tareas de limpieza. En El Mirador, considerada la zona cero de la dana, los vecinos solo pueden llenar la cisterna del váter. La MCT está enviando periódicamente a los laboratorios de la Consejería de Salud de la Región de Murcia el agua de los depósitos desinfectados para que ésta la analice y la decrete apta para consumo humano. 

“Nos dicen que tenemos que esperar, que pronto se solucionará, pero no nos cuentan nada más. Llevo 40 años viviendo en esta casa y no recuerdo nada igual. Me levanto todas las mañanas con la esperanza de leer en el móvil que ya tenemos agua. Pero eso no sucede. Lavamos la ropa a mano, como se hacía en estos pueblos antiguamente. Nos traen garrafas o vamos nosotros a llenarlas a las cubas, y nos duchamos con barreños de agua calentada en una olla. Jamás pensamos que esto fuese a durar tanto. Lo único que pido es poder darme una buena ducha”, explica Carmen.

“Cuando se ocupa el espacio natural del agua”

Alrededor de su casa, ubicada a un paso centro de El Mirador, se despliega un abanico infinito de tierras y fincas de cultivo del Campo de Cartagena, atravesadas, siempre, por el Trasvase Tajo-Segura, la infraestructura hormigonada que las abastece de agua de riego y que, junto a la rambla de Cobatillas, también fue desbordada con las tormentas del 10 de octubre. Hubo una conexión en ambos desbordamientos: la rambla, llena de agua, sedimentos y arrastres, se atascó en la intersección que tiene con el trasvase, justo en el punto que debe cruzarlo por debajo y seguir su curso hasta el Mar Menor. Acabó colmatándolo.

Un operario de la empresa municipal de aguas de San Javier revisa una conducción ubicada en un tramo de carretera que discurre junto al trasvase. Afloja la llave de paso de la boca y brota de ella un chorro leve. Dice que, desde el 10 de octubre, lo único que ha hecho ha sido doblar turnos y participar en las labores de descontaminación de los depósitos. Que este tramo de la rambla de Cobatillas fue la clave del siniestro, que se inundó todo y el agua se volvió incontrolable. Mira hacia el horizonte de cultivos. En medio de todos ellos está la almenara de la MCT donde la escorrentía se infiltró con una voracidad que nadie esperaba. “Cuando se ocupa el espacio natural del agua, ésta se busca otros sitios. Y al final pasa lo que pasa”, denuncia.

Cultivar en plena rambla

Pedro Conesa, otro vecino próximo a El Mirador, ya se había imaginado, con toda la lluvia que estaba cayendo aquella noche, que el nivel del cauce de Cobatillas, en esa intersección con el trasvase, iba a crecer hasta colapsar. Por ella llegaron a circular, en picos máximos, según estimaciones de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), hasta 1.300 metros por segundo de agua. Las estaciones meteorológicas registraron precipitaciones de 180 litros por metro cuadrado en la zona. Lo que históricamente había sido, relata Conesa, en ese tramo, una rambla abierta y natural, con espacio suficiente para que el agua discurriera con holgura, con el paso de los años fue comprimiéndose cada vez más, perdiendo terreno en favor de numerosas explotaciones agrícolas.

En 2021, explica, la puesta en marcha de una plantación de limoneros fue la gota que colmó el vaso. El lecho de Cobatillas había pasado de tener una anchura libre a una de poco más de 20 metros. “Por aquí ha pasado la rambla de toda la vida y nunca ha habido problemas. Pero ahora el agua de escorrentía tiene mucho menos espacio para circular por culpa del estrechamiento del cauce. Se han generado inundaciones en zonas que antes no eran inundables. La CHS no ha hecho su trabajo para evitar este desastre. La crecida fue tal que el agua, en vez de seguir hacia delante, fue en todas direcciones, y regresó también hacia atrás, hasta llegar al depósito, que en más de 40 años desde que se instaló es la primera vez que se anega”.

La almenara afectada de la MCT está en medio de los campos, sin más protección que un muro de obra no demasiado alto. La instalación se ha quedado obsoleta, teniendo en cuenta cómo se ha transformado drásticamente el territorio del entorno. Fuentes de la propia Mancomunidad achacan la incidencia a “la modificación en los últimos años de las parcelas existentes por encima del canal, que provocaron una concentración de agua de lluvia en un flujo que inundó la instalación”. “El episodio acontecido, unido a las modificaciones del terreno, no dejan otra opción que desplazar la almenara. Ya estamos trabajando en ello”, avanzan.

La ocupación del dominio público-hidráulico

El investigador en conservación de suelos y agua del Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura (CEBAS-CSIC), Víctor Castillo, advierte en declaraciones a este periódico que “las transformaciones del territorio y la intensificación de fincas agrarias en torno a ramblas pueden provocar que ante un evento extremo de lluvias se generen más escorrentías que arrastran más sedimentos porque se artificializa el paisaje”. “Los cultivos”, prosigue, “han ido ocupando el terreno natural de los cauces”.

“Si se disminuye la capacidad de evacuación de una rambla por estrechamiento al colocar otros usos del suelo a los costados, esto provoca que cuando el agua llegue un cierto caudal, el cauce va a acabar desbordando. La ocupación de zonas de dominio público-hidráulico incrementa, por tanto, los efectos de las lluvias extremas”, explica Castillo. 

“El tipo de cultivo en las parcelas también tiene su influencia”, continúa el investigador. “En el regadío, la clave reside en que el agua que cae en la tierra se intente evacuar lo antes posible porque, si se acumulase, resultaría perjudicial para los alimentos. De esta forma, las ramblas se acaban llenando mucho más. Hay un impacto claro en la transformación del suelo, sea por uso agrario, por la creación de caminos o por cualquier otra cosa. Todo ello modifica la hidrología natural del Campo de Cartagena y aumenta, sobre todo, la capacidad erosiva de los flujos”.

Los Alcázares vuelve a la normalidad

Una situación similar a la vivida en El Mirador sucedió en la dana a lo largo de buena parte de la comarca. El desbordamiento de otras ramblas como la de la Maraña sumió a Los Alcázares en una noche de máxima tensión aquel 10 de octubre. Las crecidas comenzaron a anegar las calles, aunque finalmente, para alivio de los vecinos, el agua no levantó más de unos pocos palmos del suelo.

Matilde pasea este martes junto a la rambla urbana de la pescadería. Allí los alcantarillados siguen vomitando barro hacia la orilla del Mar Menor. El municipio ha recuperado el suministro potable completo este martes a las 14 horas, al igual que San Javier. El domingo los vecinos ya pudieron ducharse, lavarse las manos y limpiar la casa con agua de sus propios grifos.

“Yo veo tercermundista toda esta situación”, explica Matilde. “Y no lo digo por llevar tanto tiempo teniendo que venir a recoger agua en garrafas del camión de abastecimiento, sino por la falta de información. No hemos sabido cuáles han sido las causas reales del corte. Pasamos más de una semana sin poder ducharnos o duchándonos en el polideportivo, días enteros sin poder limpiar, sin nada. Y once sin agua potable”.

Junto al Ayuntamiento, un bar informa a los clientes con carteles de papel escritos con rotulador azul que trabajan con agua embotellada. Dice Juan Pedro, su dueño, que los primeros días la gente no entraba ni a tomarse ni un café por miedo a estar ingiriendo agua contaminada.

En Los Alcázares, San Javier y Torre Pacheco, los consistorios han puesto en marcha servicios de información, asistencia y gestión de ayudas a los damnificados por los cortes. Cientos de personas han reclamado ya a la MCT que asuma los gastos que la incidencia está teniendo en su economía doméstica. En San Pedro del Pinatar, las autoridades sanitarias han declarado en la mañana del martes “la aptitud total” para el consumo humano del agua servida por la Mancomunidad, incluyendo la utilización para el consumo directo del grifo o la preparación de alimentos.

La ausencia absoluta de agua potable, nunca vista en la comarca, ha puesto en evidencia, explica Víctor Castillo, la debilidad manifiesta del territorio del Campo de Cartagena, a consecuencia de reducir ramblas para aprovechar al máximo la llanura y explotar el uso agrícola del suelo. “Hay que darles espacio a los cauces. Si se ocupa el terreno por donde discurre el agua, cada cierto tiempo habrá inundaciones, se llenará el caudal de sedimentos y arrastres, y volverá a suceder lo mismo”, concluye. 

Fuentes del Ejecutivo murciano consultadas ponen el foco del problema en la construcción proyectada por el Gobierno central, pero todavía no licitada, de diques de laminación en la zona de la rambla de Cobatillas. Por su parte, la ordenación del territorio de la cuenca vertiente del Mar Menor, competencia exclusiva del Gobierno autonómico e imperada por la ley de la laguna de 2020, acumula ya más de dos años de retraso. Aún no tiene fecha prevista.

Un total de 149 análisis de laboratorio realizados en la cubierta de sellado del depósito minero El Lirio, en Cartagena, cuya restauración ambiental concluyó en 2024 a cargo del Gobierno de la Región de Murcia y de la empresa pública Tragsa, evidencian que se utilizó en las obras una capa de tierra vegetal contaminada por metales pesados. Así lo constatan especialistas en suelos contaminados y edafología consultados por elDiario.es.

Los ensayos revelan que los tóxicos más abundantes en dicha tierra, que abarca una superficie de más de 70.000 metros cuadrados, y sobre la que se han sembrado 52.000 plantas, son plomo (Pb), arsénico (As) y manganeso (Mn), los tres en cantidades que sobrepasan —y multiplican— los Niveles Genéricos de Referencia (NGR) de la comunidad murciana. El Lirio se encuentra protegido por la Red Natura 2000, y esta circunstancia supone un riesgo para un ecosistema de alto valor ecológico.

Este periódico ha tenido acceso, asimismo, a informes preliminares de la tierra efectuados por Tragsa antes de que ésta fuera suministrada, que arrojan valores de hasta 767 miligramos por kilogramo de plomo (mg/kg) —cuyo nivel de seguridad está fijado en 115 mg/kg—, de 36,1 mg/kg de arsénico —su umbral seguro es 13— y de 1190 mg/kg de manganeso —con NGR 600—. 

Estos datos de la tierra eran conocidos por la Administración autonómica y la mercantil estatal con carácter previo a su utilización en el sellado. Por ella se pagó, tal y como figura en los pliegos y contratos del proyecto, un total de 313.950 euros, a precio de material “de primera calidad”.

“Esa tierra no puede utilizarse en ninguna remediación”

Para Jordi Sierra, investigador de suelos contaminados de la Universidad de Barcelona, “es inconcebible que se restaure un emplazamiento tan delicado como un vertedero de estériles mineros con materiales que contienen una contaminación tan fuerte”.

La capa de sellado presenta, además, una cantidad inabarcable de escorias de la fundición del plomo, un residuo cargado de metales pesados sometidos a procesos de liberación con el paso del tiempo. Las especies vegetales plantadas como parte final de la regeneración del depósito están creciendo a día de hoy junto a este tipo de fragmentos. El sellado de El Lirio fue catalogado por el consejero de Medio Ambiente autonómico, Juan María Vázquez, el pasado 14 de febrero, como “la mayor restauración minera de España”.

“Esa tierra no puede utilizarse, bajo ningún concepto, en un trabajo de remediación ambiental”, opina, por su parte, el profesor de Edafología de la Universidad de Granada Francisco José Martín.

Los resultados de los ensayos de la cubierta vegetal que certifican su toxicidad forman parte de un informe pericial encargado por Tragsa a Sedwick Iberia, bajo una orden del propio Ejecutivo autonómico, después de que este periódico publicara el pasado 11 de febrero una investigación sobre la contaminación del suelo que se había utilizado para rehabilitar el vertedero. El documento, al que ha accedido esta redacción, fue entregado en sede judicial en julio. Previamente, en abril, la titular del Juzgado de Instrucción 1 de Cartagena había incoado diligencias previas de investigación al admitir indicios incriminatorios contra la Administración regional y la empresa pública tras una denuncia de Ecologistas en Acción.

En la cuenca vertiente del Mar Menor

La mayoría de las 149 muestras de la cubierta recogidas en el pericial presentan niveles de toxicidad ampliamente superiores a los NGR establecidos en el Proyecto de Decreto de NGR de la Consejería de Medio Ambiente de 2025. En concreto, a los valores referentes a ‘otros usos’ del suelo, los más restrictivos, al estar El Lirio en un sistema montañoso protegido como Lugar de Interés Comunitario (LIC) de la Red Natura 2000, y al estar regulado como “suelo de protección ambiental” por el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales murciano (PORM), como parte del Parque Regional de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila. 

El depósito, además, se ubica en la cabecera de la rambla de la Carrasquilla, en plena cuenca vertiente del Mar Menor: el principal objetivo de las obras de restauración era proteger a la laguna salada de recibir metales pesados con la lluvia y el viento.

Con fondos europeos

El importe de dinero público ejecutado para acometer la remediación del depósito fue de 6,2 millones de euros. Cuatro de esos millones llegaron vía subvención del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), y 843.000 euros fueron inyectados a través de fondos europeos. El resto fue pagado por el Gobierno regional, promotor, supervisor y responsable último del proyecto.

Entregadas por la constructora González Soto S.A., los miles de toneladas de tierra vegetal ponen en evidencia la “gravedad” de que, actualmente, afirma el edafólogo José Matías Peñas, “una instalación minera identificada como peligrosa que contaminaba de metales pesados todo cuanto estaba a su alrededor siga haciéndolo tras ser sellada con un material también contaminado por metales pesados”.

Tierras en origen por encima de límites industriales

El Real Decreto 09/2005, por el que se establecen criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, define NGR como “concentración máxima de una sustancia contaminante que no conlleva riesgo superior al máximo aceptable para la salud humana o los ecosistemas”. En la Región, para ‘otros usos’ del suelo, el NGR de plomo está fijado en 115 mg/kg, el de arsénico en 13 y el de manganeso en 600.

Una serie de analíticas demuestran que la tierra vegetal seleccionada por González Soto ya estaba contaminada antes de utilizarse en la obra. En febrero de 2024, como paso previo a llevarla a El Lirio y completar la capa de sellado, compuesta también por geotextiles, gravas y arcillas, un análisis efectuado por Tragsa en un laboratorio acreditado halló cantidades de 767 mg/kg de plomo y 36,1 mg/kg de arsénico. Se multiplicaban por siete los niveles seguros del primer tóxico y por casi tres los del segundo. El arsénico incluso superaba su umbral tolerable de uso industrial, fijado en 30 mg/kg. El material iba repleto, aparte, de escorias de la fundición, trozos de asfalto, bloques de hormigón y escombros.

Las tierras fueron elegidas, según la documentación facilitada al juzgado por la empresa pública, de seis fincas del Campo de Cartagena. En esos ensayos previos aparecen también magnitudes de 209 y 357 mg/kg de plomo, 15 de arsénico y 1120 de manganeso.

“No es admisible que a estos suelos se les llame de primera calidad, cuando, precisamente, se pretende eliminar el impacto ambiental de un vertedero minero. Esos niveles de metales pesados indican que se han utilizado tierras contaminadas, o que se han mezclado residuos contaminantes con otros materiales y se han depositado en el sellado”, explica Jordi Sierra.

“Da la impresión de que se ha hecho una mezcla de suelos de distintas fincas, unas más contaminadas que otras, para diluir las concentraciones de metales pesados de tierras con valores más altos de contaminación. Es evidente que no son, en ningún caso, de primera calidad”, determina, en el mismo sentido, Francisco José Martín.

Triplicando el NGR de plomo

En enero de 2025, una vez asentada la tierra sobre la superficie ya aparentemente restaurada del depósito, Tragsa llevó a laboratorio otras 16 muestras. De toda ellas, 15, el 94%, sobrepasan el NGR de plomo, con valores de hasta 373 mg/kg, más del triple del límite seguro. El 100% supera el nivel permitido de manganeso, con cifras máximas de 1940 mg/kg. 

En marzo, como parte de la auditoría ordenada por el Gobierno regional, la empresa pública encargó a la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y el Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura (CEBAS-CSIC) que hicieran sus respectivos análisis de la cubierta. La UPCT realizó 44 ensayos, con números de plomo de hasta 295 mg/kg. La UAM llevó a cabo 39 muestreos, de los cuales el 48% supera el rango permitido de arsénico y el 61% el de plomo, con cantidades que alcanzan los 360 mg/kg. El CEBAS-CSIC recolectó 50. La mitad de ellos supera el nivel de referencia de arsénico, con máximos de 27 mg/kg. El 84% excede el de plomo, con guarismos totales de 406 mg/kg.

“Esos suelos se deberían declarar, de manera oficial, como potencialmente contaminados. Todos los datos de los análisis nos dan una idea del posible riesgo que pueden tener con el paso del tiempo. Se trata de valores anómalos que no deberían estar ahí. Las tierras utilizadas en restauraciones de este tipo deben tener buenas propiedades para que no se generen problemas a corto plazo”, incide Martín.

“Lo que se debería hacer ahora es sustituir, inmediatamente, esos materiales por otros limpios para eliminar el riesgo ambiental. Nunca antes había visto utilizarse un terreno así para sellar un lugar contaminado. Cualquier suelo limpio, cualquier tierra de cultivo decente, no daría ni de lejos esos niveles de metales y metaloides”, apunta Sierra.

Fuentes consultadas de Tragsa se limitan a afirmar, a preguntas de este diario, que “los datos de los informes validan que la tierra vegetal es apta para el uso dado”, sin entrar en más detalles.

Un suelo plagado de escorias

En el pericial de la mercantil pública se rechaza una y otra vez, asimismo, la presencia de escorias de la fundición del plomo, que saltan sin embargo a la vista a lo largo de la capa de sellado. “Tanto en la inspección como en las campañas de muestreo, la tierra vegetal presentó una apariencia sana y natural”, certifica el documento. UPCT, UAM y CEBAS-CSIC también niegan haber visto fragmento alguno.

Pero las escorias brotan cada pocos metros en El Lirio. Tienen un color negro muy característico y surcos que recuerdan a la lava solidificada. José Matías Peñas afirma que con el paso de los meses irán descubriéndose todavía más por acción de la “erosión hídrica y eólica”, y que éstas se verán sometidas a “procesos de meteorización que incrementará la carga de metales pesados del suelo”.

La tierra contaminada, dirección Mar Menor

“En la actualidad”, continúa Peñas, “ya se observa cómo, ante episodios de lluvia, la tierra se erosiona y es transportada por escorrentía a la rambla de la Carrasquilla. Esto provoca la contaminación de las aguas y los terrenos a lo largo de su recorrido hacia el Mar Menor”. En El Lirio, tras las precipitaciones recientes, la cubierta presenta signos evidentes de haber sido removida por el agua. El barro y los sedimentos se acumulan en las canalizaciones y las arquetas, y también aguas abajo, en el lecho del cauce.

Los estudios preliminares mencionan que el viento y el transporte biológico de los metales pesados a las especies vegetales eran los otros dos principales riesgos que el depósito minero exponía al entorno natural. Esos problemas, según el edafólogo, no se han eliminado. “La erosión es evidente que se está produciendo, y, con la vegetación introducida en la capa de sellado, se iniciará la transferencia de contaminantes desde el suelo hacia las plantas, lo que facilitará la entrada de los metales pesados en la cadena trófica”.

Prohibido el uso industrial

El Gobierno de la Región de Murcia y Tragsa argumentan la defensa de la calidad de las obras, en los documentos aportados al juzgado, en torno a la premisa de que el suelo de El Lirio presenta un uso de tipo industrial, y ese dictamen es avalado tanto por la Dirección General de Minas —encargada de la supervisión del sellado— como por la consejería de la que depende, la de Medio Ambiente. Es necesario recordar que los NGR de ‘uso industrial’ son mucho más laxos que los de ‘otros usos’, por lo que los baremos que arroja la tierra vegetal, en la mayoría de casos, estarían por debajo del límite.

Pero en los informes redactados por el propio Ejecutivo murciano antes del comienzo de la restauración, en concreto el proyecto y el estudio de impacto ambiental del mismo, se hacen múltiples referencias al “uso forestal” del terreno de El Lirio, a su protección biológica, a su localización dentro del PORN regional, al LIC y a la Red Natura 2000. El uso industrial no sería legal según estos mismos documentos. A su vez, el acuerdo rubricado entre la Comunidad Autónoma y el MITECO para la concesión de la subvención de cuatro millones de euros, publicado en el Boletín Oficial del Estado, prohíbe expresamente un uso del suelo del depósito distinto al forestal en un plazo de 75 años vista.

La tierra vegetal suministrada en la remediación de El Lirio debía ser, atendiendo a los pliegos contractuales, una tierra “de primera calidad, rica en materia orgánica y minerales para el correcto desarrollo de las plantas”. Pero ha resultado ser un aglomerado de escorias y tóxicos que sobrepasan las cantidades establecidas legalmente como seguras, y nadie encargado de la supervisión de los trabajos se percató de ello, a pesar de haber realizado análisis previos que alertaban de una alta presencia de metales pesados.

La clave del caso radica ahora en las próximas decisiones que tome la jueza. Está por encargar un informe pericial a la Guardia Civil, tal y como explicó en un auto el pasado abril.

Ninguna de las peticiones que elDiario.es ha hecho a la Consejería de Medio Ambiente para recoger su versión de los hechos ha sido respondida.

Los efectos de la dana ‘Alice’ a su paso por el Campo de Cartagena, en la Región de Murcia, ya están teniendo importantes consecuencias medioambientales en el punto donde desembocan todos los cauces y ramblas de la comarca. El Mar Menor está en una situación de alto riesgo tras las lluvias torrenciales del pasado 10 y 11 de octubre. Un informe de emergencia redactado por científicos del Instituto Español de Oceanografía (IEO) sitúa a la laguna al borde de sufrir un nuevo episodio de ‘sopa verde’, el fenómeno de explosión masiva de microalgas y reducción drástica de oxígeno que en 2016 causó en ella el primero de los sucesivos colapsos que ha ido arrastrando en los últimos años: la eutrofización.

“Es preocupante la tendencia de aumento de la clorofila en toda la laguna, especialmente a partir del día 12 de octubre, lo que indica un proceso de ‘bloom’ fitoplanctónico alimentado por las masivas entradas de agua dulce y nutrientes al ecosistema”, evidencia el documento, que ha sido publicado este martes. Esta proliferación de fitoplancton, abunda el texto, está provocando, además, un descenso paulatino del nivel de oxígeno en el agua.

25.000 toneladas de sedimentos entraron al Mar Menor

El IEO calcula que durante la dana entraron a la albufera alrededor de siete hectómetros cúbicos de agua, principalmente a través de la rambla del Albujón, el cauce que vierte en ella después de atravesar un sinfín de fincas de cultivo, de las que arrastra tierra, químicos y nitratos. Los científicos aclaran que esa cifra de siete hectómetros cúbicos es una estimación conservadora, y que el volumen real podría haber alcanzado hasta 15 hectómetros cúbicos, dada la precipitación media registrada en la cuenca, de 109 milímetros, con picos de hasta 182 milímetros en la zona norte, especialmente en el municipio de San Javier.

El informe estima que la entrada masiva de agua arrastró al interior del Mar Menor 25.000 toneladas de sedimentos “con una elevada carga de nitrógeno —48 toneladas—, fósforo —22 toneladas—, carbono orgánico —353 toneladas— y fosfato disuelto —7,4 toneladas—, así como unas muy elevadas cargas de nutrientes disueltos”.

Una hipoxia en la zona sur

La elevada cantidad de tierra que se sumergió en la laguna ha provocado, prosigue el texto, junto con el aumento de la clorofila y el fitoplancton, “la reducción” puntual “de las concentraciones de oxígeno disuelto hasta valores propios al estado de hipoxia”. Dicho descenso ocurrió, en concreto, en el arco sur, donde los valores llegaron a estar, desde el 11 hasta el 12 de octubre, por debajo de los 3 miligramos por litro (mg/L). Esta situación se revirtió, no obstante, a las pocas horas, pero los científicos alertan de que podrían repetirse si se consolida el mencionado 'bloom' fitoplanctónico.

El oxígeno es absolutamente imprescindible para la supervivencia de las especies acuáticas, y su caída total provocó las mortandades masivas de peces de los años 2019 y 2021.

La clorofila, al alza en toda la laguna

La otra dinámica alarmante es la de la clorofila, que “ha mantenido una tendencia de aumento” durante los últimos días en las aguas profundas de la zona sur, donde se ha llegado a superar los 3 mg/L, y también en el arco norte, donde se han sobrepasado los 2 mg/L. Fue en ambos polos donde más lluvias se registraron durante la dana. En el norte, en San Javier, llegaron a recogerse 52 milímetros en solo una hora en la noche del viernes.

El centro del Mar Menor, más alejado de las zonas de entrada de aguas, pero igualmente afectado por ellas, también ha experimentado un “proceso de desarrollo fitoplanctónico”, con valores de clorofila que ya exceden los 4 mg/L.

Los científicos temen ahora el clima estable

“El seguimiento de la evolución de esta variable es crítico en los próximos días. Todo depende de las condiciones climatológicas de contorno”, advierte el IEO. “Si son muy estables, se podría intensificar el bloom fitoplanctónico y el consumo de oxígeno. Si son algo más inestables, favorecerá la mezcla vertical de la masa de agua, disminuyendo la probabilidad de efectos dañinos para el ecosistema”.

IEO, CEBAS y Tragsa, que conforman el proyecto de monitorización del Mar Menor, denominado Belich, han anunciado que se encuentran en “modo gabinete de crisis” para “evaluar en continuo el proceso y sus efectos en el ecosistema”.

Los equipos de expertos están recogiendo numerosas muestras de la cuenca y del propio Mar Menor con el objetivo “de determinar la magnitud del evento en términos de balance de agua y nutrientes”, y, a partir de ahí, proponer “las medidas más eficaces y apropiadas para la recuperación” de la albufera.

Las ramblas siguen escupiendo agua

La dana ‘Alice’ que descargó con fuerza durante todo el 10 de octubre y la madrugada del 11 y provocó inundaciones en muchos de los municipios y pueblos ribereños, como Los Alcázares, San Javier, San Pedro del Pinatar, Los Nietos y Playa Honda, fue un reflejo exacto de lo que las lluvias torrenciales provocan en la cuenca de la laguna con asiduidad. La tierra de los campos de cultivo, incapaz de absorber el agua, la escupe por cauces que desbordan y anegan sus alrededores hasta llegar a la orilla del mar.

El sábado 11 las imágenes hablaban por sí solas: en Los Alcázares, la rambla de la pescadería, que atraviesa el centro del pueblo, corría con furia para fundirse con la masa salada. Eso mismo pasaba en el resto de la zona de influencia de la albufera. El Mar Menor había adquirido un color marrón muy intenso, causado por la enorme cantidad de sedimentos cargados con químicos y nutrientes que entraban a cada instante en él. Se llegaron a registrar picos de entrada de agua de hasta 100.000 litros por segundo.

A día de hoy, el río del Albujón sigue bajando imparable. El único punto positivo del informe del IEO es que los “picos de turbidez” y los descensos puntuales de oxígeno en la laguna han sido, por ahora, momentáneos, gracias a la extraordinaria capacidad de autorregulación que posee.

Los municipios del Mar Menor están siendo los más afectados por la dana Alice a su paso por la Región de Murcia, con el foco puesto en Los Alcázares, donde se han vivido momentos de gran tensión esta madrugada, con la entrada de agua al pueblo procedente de las tres ramblas que discurren por él. La Unidad Militar de Emergencias (UME) se ha desplegado allí a primera hora de la mañana a petición de su alcalde, Mario Pérez Cervera, según han confirmado a este periódico fuentes de la Delegación del Gobierno, pero a las once, las autoridades locales han comunicado que ya no es necesaria su presencia y el Tercer Batallón del mando militar se ha retirado. Ya no llueve, los cauces han bajado su nivel y la situación se ha calmado.

El primer edil de la localidad ha emitido un comunicado en su perfil de Facebook, con tono de alivio, informando sobre la creciente estabilidad del escenario. “Lo peor ya ha pasado. No hay daños personales. Estamos organizando los distintos equipos que van a realizar las labores de limpieza de aquellas zonas donde no hay acumulación de agua. Se sigue trabajando en otras zonas donde esa acumulación persiste. Quiero agradecer a todos los trabajadores que han formado parte del plan de Emergencias municipal, y a la responsabilidad que han demostrado los vecinos y vecinas durante esta alerta, cumpliendo a rajatabla las medidas de seguridad”, ha señalado Pérez.

El alcalde ha añadido que todos los esfuerzos están ahora destinados a que “la recuperación sea lo más rápida posible” para poder comenzar, acto seguido, “a hacer la valoración de daños”.

La noche ha sido muy larga en Los Alcázares. A las 2.45 de la madrugada el delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas Ayala, informaba de que seguía activo el dispositivo de vigilancia en el Centro Integral de Seguridad del municipio y alertaba de “la alta probabilidad de inundaciones en las próximas horas”, reclamando a los vecinos que se permaneciesen en las partes altas de sus viviendas.

El Gobierno regional había decretado con el amanecer el nivel 2 de Emergencias, requisito imprescindible para desplegar a la UME. “Todos los recursos del Estado están movilizados y trabajando para asistir a los vecinos y vecinas afectados por las inundaciones”, ha señalado esta madrugada el delegado, quien ha informado de que junto con Los Alcázares, San Javier es otro de los municipios más afectados.

“Estamos todos, y eso es lo importante”

El presidente del Gobierno, Fernando López Miras, ha comparecido este sábado para valorar los efectos de la dana en la Región de Murcia. “Para mí lo más importante es que estamos todos y las lluvias se han saldado solo con daños materiales”. Además, ha agradecido la coordinación y el trabajo de “todas las administraciones públicas”. En especial, a los alcaldes de los municipios más afectados, sus servicios de emergencias, protección civil, bomberos, policías locales “y todo el personal de la Comunidad, que desde primera hora han trabajado como un solo departamento”.

Esa coordinación, ha resaltado López Miras, “ha posibilitado el hacer frente a una emergencia que ha sido difícil de gestionar y se ha complicado por momentos”. El presidente también ha puesto en valor el papel de los vecinos, “su prudencia y responsabilidad, y por seguir las indicaciones de los canales oficiales y haber evitado desplazamientos innecesarios, que casi siempre son los que dan lugar a desenlaces tristes en situaciones como esta”.

Preocupación por el Mar Menor

López Miras ha mostrado su preocupación por la situación del Mar Menor tras el temporal: “Hasta 48.500 litros por segundo ha llegado a llevar la Rambla del Albujón en uno de sus picos máximos, pero teniendo en cuenta todas las ramblas que han llegado a desembocar en el Mar Menor ha habido picos de 100.000 litros de agua dulce con arrastres hasta la laguna salada”. El presidente ha asegurado, aun así, que los tanques de tormenta construidos por el Gobierno regional han funcionado a la perfección y han retenido 200.000 metros cúbicos, “el equivalente a 55 piscinas olímpicas”.

Al filo de las doce y media Los Alcázares vio, después de varias horas de avisos de Emergencias y de un mensaje ES-Alert que hizo restallar los teléfonos de sus habitantes, cómo las tres ramblas que pasan por la localidad comenzaban poco a poco a soltar agua por las calles de la zona cero. Para entonces los vecinos ya tenían en la cabeza, de forma irremediable, las tres inundaciones que sufrieron en 2019 en apenas cuatro meses. A lo largo de todo el viernes, y durante la noche del jueves, todos se habían ido preparando, colocando barreras y paneles rudimentarios en puertas y marcos para impedir que el agua llegara a entrar en sus casas y negocios, y desplazando coches a las zonas seguras.

Los Alcázares ha amanecido con calles como ríos de agua marrón, aunque con mucha menor intensidad que en 2019, ha puntualizado a este diario Santiago Pérez, presidente de la Plataforma de Afectados por las Inundaciones que tanto sufrieron en aquellas danas. El agua ha entrado a sótanos y garajes bajos de algunas viviendas. En ellos ya está trabajando un dispositivo desplegado por el Ejecutivo regional de 27 efectivos y 18 máquinas de achique, llevando a cabo “tareas de limpieza dearrastres, encharcamientos y desagüe”, ha informado López Miras.

“La noche ha sido larga, sobre las doce llegaba el agua de las ramblas, pero la autovía hizo de presa y hay lagunas muy grandes; está entrando al pueblo por cinco o seis sitios y está medio incomunicado, no se puede entrar ni salir por ninguna carretera. La cosa se ha descontrolado sobre las cuatro de la mañana”, ha explicado Pérez. Los caudales de las ramblas, por suerte, están comenzando a disminuir a esta hora de la mañana. Los datos de la Confederación Hidrográfica del Segura señalan que la rambla de La Maraña transporta 17.000 litros de agua por segundo y el Albujón, en su recorrido final, 32.000, cifras ambas que mitigan el riesgo de desbordamiento. En los vecinos predomina ahora la preocupación, no por el estado de las calles, sino porque sienten que nada se ha solucionado desde que el pueblo fue arrasado por las avenidas hace ya seis años.

“Las obras para protegernos han sido ineficaces”

“Desde 2016 que empezamos a sufrir este tipo de inundaciones, con ese punto álgido en 2019, las actuaciones que se han hecho han demostrado ser ineficaces. No se ha solucionado el problema. Las obras en las ramblas y los cauces no han servido para poner un remedio. En 2019 cayeron 300 litros en solo seis horas, pero ayer 100 en todo el día. Aunque caiga mucho menos, vemos cómo el pueblo sigue inundándose sin remedio. Hay una devaluación de enseres y viviendas muy grande, un deterioro de la playa, una actividad económica que, cuando sucede esto, se enfría y se paraliza. No podemos seguir así”, ha denunciado Pérez, preparándose junto con otros vecinos para ayudar en las labores de achique y para quitar el barro del asfalto y las aceras junto a las viviendas.

Los servicios de limpieza y la labor voluntaria de los vecinos tratan de devolver ahora el centro del pueblo y la zona cero a la normalidad. Por la avenida principal, cortada al tráfico, hay un reguero de cañas y barro, y también lechugas y sandías arrastradas por la voracidad del agua a su paso por los campos de cultivo.

Casas llenas de fango en Los Nietos

El Mar Menor ha sido el peor parado de la jornada. Las tormentas a los cuatro costados de la laguna han provocado inundaciones también en su arco norte, en los municipios de San Javier y San Pedro, donde los servicios de ermergencias siguen con el ojo puesto, pues están recibiendo aportes de las ramblas y hay algunas calles anegadas, y en su arco sur, en las localidades de Los Nietos, Playa Honda y Mar de Cristal. Hay zonas en las que han caído hasta 180 litros por metro cuadrado. La albufera es una balsa marrón de barro mezclado con tierra de todo el Campo de Cartagena, muy cargada de elementos químicos y nitratos, y de los desagües y escorrentías urbanas de las vías que no han podido soportar los caudales.

En concreto, de todas ellas, Los Nietos ha sido la población peor parada. Desde las tres de la tarde del viernes las calles ya estaban prácticamente tomadas por las escorrentías. La presidenta vecinal de la localidad, Nani Vergara, expresó en varias ocasiones a elDiario.es de la Región el hartazgo de que una y otra vez, con los episodios torrenciales, sean estas antiguas calles a orillas de la laguna las que más sufran las consecuencias. “Llevamos muchos años pidiendo soluciones y —las administraciones— no han hecho nada por poner remedio al problema de inundaciones del pueblo. No me entra en la cabeza que denunciemos una y otra vez que se nos inundan las casas y que nadie nos escuche. Hay que invertir dinero aquí de una vez”.

Por la noche, después de que pareciera ir remitiendo el temporal, volvió a formarse otra tormenta muy violenta sobre Los Nietos. Entonces los arroyos de las vías corrieron con más velocidad y penetraron en las viviendas y llenaron todo de fango. Este sábado las calles anegadas de agua y barro estaban repletas de unos muebles que, de nuevo, seis años después de la última dana, tendrán que ir a la basura. La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, acudió al colegio de la localidad, donde atendieron a un total de siete vecinos rescatados, alrededor de las cuatro de la madrugada. Los bomberos acometieron una veintena de rescates en el pueblo. Arroyo informó a primera hora de la mañana que los bomberos, la Policía Local y Protección Civil habían también actuado con urgencia en inundaciones en El Algar, Playa Honda, Mar de Cristal y Bahía Bella.

La Agencia Estatal de Meteorología mantiene este sábado el aviso amarillo en Mazarrón, Mar Menor y Cartagena; la alerta amarilla en la Vega del Segura ya ha sido eliminada.

La noche parecía tranquila en el Campo de Cartagena, después de que a las siete de la tarde la AEMET haya rebajado la alerta roja para establecer la naranja, cuando las lluvias han comenzado a remitir en la zona central del Mar Menor y en la ciudad de Cartagena. Pero, al filo de las nueve de la noche, en Los Alcázares se han activado de pronto las alarmas y se ha reavivado, de nuevo entre los vecinos, la pesadilla de las tres inundaciones que vivieron a finales del año 2019 y principios de 2020.

El alcalde de la localidad, Mario Cervera, ha publicado un mensaje en Facebook, vestido con la casaca de Emergencias del municipio, parado junto a la rambla, bajo una abundante lluvia. “Aunque estemos en alerta naranja debemos seguir implementando las medidas que habíamos previsto en la alerta roja. Acabo de llegar de las zonas altas del municipio y las ramblas tienen unos niveles de caudal importante. Suplico a todos los vecinos que residen en la zona cero y zonas aledañas que, en primer lugar, saquen los vehículos de esta zona, que sigan implementando las medidas de autoprotección y que eviten estar en las zonas bajas. Desde los equipos de Protección Civil estamos implementando todas las medidas para que, en el caso de que el canal no aguante el caudal de la rambla, los daños sean mínimos”.

En el mismo intervalo, la Asociación Meteorológica del Sureste (AMETSE) ha informado a través de su cuenta de X que una tormenta ha descargado 30 litros en poco más de 20 minutos en Balsicas, una de las localidades que nutren a la rambla que pasa por Los Alcázares. La rambla de la Maraña, a la altura de Balsicas, lleva ahora un caudal de 30.000 litros por segundo. AMETSE ha publicado un vídeo donde se ve esa misma rambla, casi repleta, discurrir a toda velocidad.

“La rambla del Albujón se encuentra en nivel naranja y el canal D7 presenta niveles altos. Por favor eviten todo tipo de desplazamientos. Mantengan la calma y sigan las indicaciones oficiales a través de los canales del Ayuntamiento de Los Alcázares”, ha alertado el Ayuntamiento en un comunicado.

El consistorio ha pedido a todos los vecinos de la localidad que permanezcan en las zonas altas de sus viviendas ante la llegada inminente de los aportes de agua. Aquellas que no disponen de planta alta, prosigue, pueden llamar al 112 o al 968 17 19 19 para coordinar su traslado en autobús con el servicio de Emergencias y Protección Civil.

A las once y cuatro minutos de la noche, la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno regional ha enviado un mensaje ES- Alert a todos los móviles de la zona avisando del riesgo de desbordamiento en las ramblas de Las Colonias, La Maraña y El Albujón. “No cruce cauces con su vehículo. Extreme la precaución. Evite desplazamientos, no baje a sóteanos, y en caso de inundación, suba a plantas altas”.

A las once y diez, el caudal de agua procedente de la rambla de La Maraña en su paso por Los Alcázares ya ha comenzado a desbordar “de forma controlada” por calles cercanas al polideportivo, afectando principalmente a las calles Málaga, Cuenca, Granada, Melilla, Albacete, Cáceres, Segovia y Avenida Gran Vía y Avenida Muñoz Zambudio, según ha informado el consistorio.

Poco más de dos horas antes, a las nueve menos cuarto de la noche, el delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, se ha desplazado hasta el municipio para reunirse con el alcalde y acompañar a los equipos de emergencias en el seguimiento de los caudales. “Pedimos a los vecinos y vecinas que sigan con atención las indicaciones del Ayuntamiento y del resto de autoridades”, ha señalado en un post en X.

La localidad, que ha pasado toda la jornada mirando con incertidumbre al cielo y a sus propias calles, ahora teme de verdad que el río de la rambla anegue las vías y empiece a penetrar en sus casas. Para eso, explica a este periódico Santiago Pérez, presidente de la Plataforma de Afectados por las Inundaciones que tanto sufrieron en las danas de 2019, los vecinos pasaron la noche del jueves, y parte de este mismo viernes, preparando barreras rudimentarias y tablones para impedir que el agua entre en sus casas, garajes y comercios.

“Hay miedo, la gente mayor está asustada, y sobre todo también quienes viven en zonas que se inundan muy fácilmente. Ya tenemos experiencia en algo así, pero es imposible acostumbrarse”, decía Pérez esta mañana, cuando llovía fuerte en Los Alcázares pero la rambla iba aún con poca agua. Ahora, cerca de las doce de la noche, el vecino observa desde su puerta, en la que sigue lloviendo, a un coche del Servicio de Emergencias del consistorio esgrimiendo por megáfono: “se mantienen las medidas de prevención ante posibles lluvias intensas”. “Les recordamos que mantengan las medidas de autoprotección y retiren los vehículos de los sótanos y garajes”.

Previamente, el alcalde Mario Pérez ha explicado a elDiario.es de la Región que las personas mayores y con necesidades especiales habían sido realojadas durante todo el día en el Centro de Alto Rendimiento de Los Narejos “para que estén seguras”. Los Alcázares ha solicitado, asimismo, sobre las cuatro de la tarde, apoyo a la Cruz Roja por si fuera necesario, finalmente, ubicar dos albergues provisionales.

Peligro de desbordamiento en San Javier

El municipio de San Javier también está sufriendo las consecuencias de las tormentas que no dejan de arremeter esta noche contra el arco norte del Mar Menor. El alcalde, José Miguel Luengo, ha publicado un post en Facebook indicando que “el trasvase se encuentra en su cota máxima y se está desbordando en varias zonas próximas a la pedanía de El Mirador”. “Se ruega que tomen las máximas precauciones y que todo el mundo se mantenga en sus viviendas. Ha llovido mucho en las zonas altas de la rambla de Cobatillas”, ha dicho Luengo.

A las doce de la noche, la Dirección General de Seguridad del Ejecutivo regional ha enviado otro mensaje Es-Alert a los móviles de la población de San Javier, ante el riesgo de desbordamiento del canal del trasvase y las ramblas a su paso por el municipio. Allí han caído ya 174 mm, la zona de la Región en la que más precipitación se ha acumulado este viernes.

El paso de Alice por el resto del Campo de Cartagena

La zona del Campo de Cartagena y el Mar Menor, y la propia ciudad portuaria, donde han descargado más de 125 litros por metro cuadrado, han estado sumidas, este viernes, con la dana Alice, en un tren incesante de tormentas que no ha parado desde la madrugada. Han sido, según la información proporcionada por el Ayuntamiento de Cartagena, 101 personas las que tenido que ser desalojadas de sus hogares, la mayoría pertenecientes al camping Villa Caravaning, a orillas de la laguna salada, que estaba inundándose desde esta mañana sin remedio. De ellas, 52 estaban siendo atendidas por los servicios municipales y el personal sanitario en el pabellón municipal Cabezo Beaza, a las afueras de la ciudad. En la instalación deportiva se ha producido la visita, sobre las tres y media de la tarde, del presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, en compañía de la alcaldesa, Noelia Arroyo.

Ante la situación de emergencia, la Hospitalidad Santa Teresa, un albergue social cercano al centro de Cartagena, ha abierto, asimismo, en un trabajo conjunto con los funcionarios de servicios sociales del municipio, sus puertas para ofrecer un techo a aquellas personas que puedan necesitarlo a lo largo de la tarde.

El consistorio ha alertado al filo de las cuatro que el avance convectivo de las lluvias va directo al núcleo principal de Cartagena. Las precipitaciones, desde entonces, han venido siendo constantes, porque no ha dejado de llover en ningún momento. Pero por suerte no han sido torrenciales. La rambla de Benipila, que atraviesa el núcleo central de la ciudad portuaria hasta desembocar por el oeste, contabiliza ya más de 90 mm en las últimas 12 horas. El pluviómetro de la ciudad portuaria registra 72 mm. El Gobierno regional, a través de un comunicado, ha hecho un “llamamiento a la prudencia y la responsabilidad de toda la población para que eviten desplazamientos innecesarios y se pongan a salvo”.

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha informado de que un equipo de la Confederación Hidrográfica del Segura vigila “de forma permanente y presencial el estado de los cauces mientras persista el riesgo”. “Todos los recursos del Estado están perfectamente coordinados, movilizados y actuando sobre el terreno”, ha explicado.

Con la noche cerrada sobre la comarca, es en la zona litoral del Mar Menor donde se han vivido los momentos más complicados. La laguna salada se ha convertido, esto es habitual en episodios intensos, en una balsa marrón de barro y tierra del campo que recibe aportes de agua dulce y riadas por los cuatro puntos cardinales. Por el oeste, el torrente de la rambla del Albujón sigue depositando agua y químicos agrícolas a cada segundo en una cantidad considerable, desde que en la tarde del jueves una tormenta arremetiera con fuerza sobre Torre Pacheco. 

Por el norte, en la población de San Pedro del Pinatar, con 151 mm acumulados, el asfalto había dejado de verse en las calles, que se han transformado repentinamente en ríos, con entrada masiva de agua en viviendas, garajes y locales. Aún continúa lloviendo con cierta persistencia. Hasta diez vías se han visto cortadas por la presencia masiva de agua en ellas. A la localidad se ha desplazado por la tarde el delegado Lucas para seguir de cerca la situación. Allí ha detallado que “todas las incidencias han sido atendidas” y que “no hay que lamentar daños personales”.

“Llevamos años pidiendo soluciones a las inundaciones”

Hacia el suroeste de la laguna, la localidad de Los Nietos ya alertaba sobre las tres de la tarde estar sufriendo inundaciones progresivas que han hecho desaparecer el paseo marítimo. Los vecinos se estaban acordando, desde que han visto el torrente de agua discurrir por sus avenidas, de las inundaciones masivas del 2019 en el pueblo. No ha dejado de llover en varias horas, aunque la virulencia ha ido remitiendo. “Llevamos muchos años pidiendo soluciones y —las administraciones— no han hecho nada por poner remedio al problema de inundaciones del pueblo”, ha denunciado Nani Vergara, la presidenta de la Asociación vecinal.

En el extremo sur, al comienzo de La Manga, y en la zona de Playa Honda, el agua ha penetrado con fuerza en el ecosistema y ha ocupado el ancho de la Gran Vía de la restinga en su tramo inicial, en torno a los dos primeros kilómetros. Las playas han desaparecido: todo era una escorrentía imparable que llegaba al Mar Menor. La mayor parte de esa agua dulce, que sobre la una del mediodía era de 1.800 litros entrando a la albufera por segundo, llegaba manchada de tierras de cultivo de todo el Campo de Cartagena, con el consiguiente arrastre de químicos y nitratos.

Los pluviómetros de la Aemet contabilizan a media tarde 137 mm en Cabo de Palos y , donde esta mañana se ha inundado parte del puerto y ha subido tanto el nivel del agua que los barcos se han quedado a ras de los pantalanes. Las estaciones meteorológicas de la red de la Asociación Meteorológica FrostSE registran 166 mm en La Manga, 95 mm en Los Belones y 155 mm en San Pedro del Pinatar. Ahora, el grueso de las precipitaciones se centra, de nuevo, en la zona norte del Mar Menor, en San Pedro y Balsicas.

El aviso rojo del Campo de Cartagena pasa a naranja

La AEMET ha anunciado que a las siete de la tarde de este viernes, la alerta roja en el Campo de Cartagena ha pasado a ser naranja. Esta se mantendrá naranja hasta las ocho de la mañana del sábado, hora en la que bajará a amarilla. Las comarcas de la Vega del Segura y del Valle del Guadalentín permaneceránen nivel naranja hasta las doce de la noche. A partir de ahí, la primera se mantendrá en amarillo hasta las ocho de la mañana del sábado, y la segunda dejará de estar en alerta.

Todavía permanecen cortadas al tráfico la carretera RM-F33 en El Mojón, en San Pedro del Pinatar, la RM-F5 en Cartagena y la RM-F29 en San Javier y un carril de la autovía del Mar Menor RM-19 en sentido Murcia, según informa la Consejería de Fomento murciana.

(Noticia en actualización)

El Ayuntamiento de Cartagena adquirió el 8 de junio de 2023, con el objetivo de construir en él 40 viviendas sociales y aprovechar así una subvención europea de 1,7 millones de euros que ha sido devuelta, un terreno que sabía de antemano contaminado por altos niveles de metales pesados.

La corporación municipal, dirigida entonces y en la actualidad por el PP, tuvo constancia de la contaminación de la parcela, ubicada en Los Mateos, uno de los barrios más degradados de la ciudad, al menos tres meses antes de formalizar su compra. En marzo de 2023, la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) entregó al consistorio un estudio de caracterización del suelo de la finca en el que vienen recogidos, entre otros, baremos de cadmio, plomo, mercurio y arsénico hasta 2.655, 2.373, 400 y 223 veces superiores, respectivamente, a los Niveles Genéricos de Referencia fijados en 2007 por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

En las conclusiones del informe, el edafólogo de la UPCT Ángel Faz recomienda la descontaminación urgente del suelo, dada la peligrosidad de los residuos, y apunta a la causa principal de su presencia ahí: la poca distancia que separa la parcela, poco más de 50 metros, de los terrenos de El Hondón, un desierto de balsas de químicos a la intemperie también propiedad del consistorio, donde estuvo ubicada hasta 2001 una fábrica de potasas y derivados. Si las 40 casas de Los Mateos se acabasen construyendo estarían, con el tiempo, igualmente salpicadas de metales pesados por la cercanía de dichas balsas.

En mayo de 2023, también con carácter previo a la operación de compraventa de la finca, el Ayuntamiento supo que la cantidad de residuos hallada en su superficie suponía un “peligro no aceptable” para la salud de los vecinos que habitan en las casas colindantes, cuyas partes traseras, ventanas, puertas y garajes dan directamente a las tierras tóxicas. Así lo acreditó Hera Holding en un análisis de riesgos encargado por el propio ejecutivo municipal. 

A fecha de publicación de este reportaje, más de dos años y tres meses después de la compra de la parcela, no se ha acometido en ella ningún trabajo de descontaminación. Sí se ha licitado dos veces, en cambio, la construcción de los 40 inmuebles, quedando ambos concursos desiertos.

Una quita inferior al precio real de descontaminación

Con toda la información ambiental y sanitaria en la mano, el consistorio siguió adelante con la adquisición de la finca de Los Mateos, que pertenecía a una promotora, Técnica de Inversiones Gamma SL, vinculada a la familia del empresario cartagenero Mariano Roca. Pagó por ella un total de 437.279 euros. Había antecedentes: un proyecto inmobiliario de la familia Roca, en este caso de 370 pisos, fue paralizado en 2021 en un solar cercano, igual de próximo a El Hondón, por la existencia masiva de metales pesados en él. 

La corporación municipal descontó 200.000 euros del precio final que abonó por la parcela —habrían sido 637.279— en concepto de quita por una futura descontaminación, en base a un cálculo llevado a cabo por los técnicos municipales. Sin embargo, Hera Holding, en un informe presentado el 1 de junio de 2023, una semana antes de la rúbrica definitiva de la transacción, advirtió que el montante aproximado —aunque siempre “a la baja”, detalla una fuente solvente del sector— necesario para la remediación del suelo sería de 540.000 euros. En el contrato, el Ayuntamiento eximió a la empresa propietaria de su obligación legal de reparar el daño ambiental del terreno, según ha podido constatar documentalmente este diario.

En los pliegos de las dos licitaciones del proyecto de 40 viviendas, la limpieza del terreno tóxico aparecía como el primer lote de los trabajos de promoción urbanística. Ésta figuraba por poco más de 300.000 euros, un precio muy inferior al estimado por Hera, aunque ya un 50% por encima de la quita. Ninguna empresa concursó.

“Han querido hacer casas aquí, en Los Mateos, para gente pobre, en este barrio de gente pobre, porque a los que gobiernan les da igual que los pobres vivan en sitios contaminados y enfermen. No es solo el tema medioambiental, sino sobre todo el humano. No les importamos nada”, lamenta María Ángeles Vila. Su casa está pegada a la parcela.

Se da la circunstancia de que la adquisición de la finca se realizó con el Gobierno municipal aún en funciones, tras las municipales del 28 de mayo de 2023. Faltaban diez días para que se produjera un cambio en los puestos de responsabilidad urbanísticos del Ayuntamiento y en la presidencia del consejo de administración de la sociedad municipal Casco Antiguo, la empresa pública que se encarga de promover edificaciones en la ciudad, incluida ésta.

Aquel 8 de junio, la presidenta en funciones de dicha sociedad y la concejal provisional de Urbanismo era la exalcaldesa Ana Belén Castejón (Sí Cartagena), que abandonó la vida pública y política el pasado 15 de septiembre aduciendo “motivos personales”. La primera edil era, y lo sigue siendo actualmente, Noelia Arroyo (PP).

Denuncia admitida en el Juzgado

El pasado agosto, el Juzgado de Instrucción 2 de la ciudad portuaria admitió a trámite una denuncia de la Plataforma de Suelos Contaminados de Cartagena dirigida contra Arroyo, Castejón y otros cuatro ediles de Casco Antiguo que votaron a favor de la compra del solar en Los Mateos. Los acusa de presuntos delitos contra el medio ambiente y la salud de las personas, prevaricación y malversación.

En el escrito de la demanda, al que ha tenido acceso este periódico, la acusación señala “una secuencia de actos administrativos y decisiones mercantiles que acreditan la adquisición de los terrenos a sabiendas de su grave contaminación”.

“La prioridad, en más de dos años en que no se ha adoptado ninguna medida ambiental, no es la eliminación del riesgo tóxico y carcinogénico al que siguen expuestos los vecinos, sino cumplir con un eventual desarrollo urbanístico”, prosigue el texto.

Solo cuando el proyecto de las 40 viviendas fracasó tras las dos licitaciones desiertas, el Ayuntamiento abrió para septiembre de 2025 un nuevo concurso, esta vez solo centrado en la descontaminación, a razón de 538.450 euros. Un precio ahora sí cercano al estimado por Hera, y mucho más del doble que la quita de la compra. “Con pleno conocimiento del coste real del saneamiento, los responsables de Casco Antiguo, no obstante, acordaron basar la rebaja en 200.000 euros, causando un perjuicio patrimonial directo a las arcas públicas”, sostiene la denuncia.

“Lo más grave es que hay personas que están expuestas a la contaminación, con conocimiento de las administraciones, con datos objetivos, con una alerta objetiva, y aun así no han actuado para remediarlo”, recalca Fulgencio Sánchez, portavoz de la Plataforma.

El pasado 8 de septiembre, en el pleno del Ayuntamiento, los votos en contra de PP, Vox y Sí Cartagena tumbaron una comisión de investigación para esclarecer los hechos que motivaron la compra del solar.

“Todo lo que está enfrente de El Hondón está y estará contaminado”

El estudio de caracterización del suelo entregado por la UPCT al Ayuntamiento en marzo de 2023 calcula que deberán retirarse de la parcela 4.473 metros cúbicos de residuos contaminados. A simple vista, hay restos muy visibles de cenizas de pirita, de color granate oscuro, con gran concentración de arsénico, y acopios como si fueran cenizas que deterioran todo lo que hay debajo y se dispersan con el viento.

“Cuando acudimos a la parcela ya sabíamos que iba a estar contaminada. Todo lo que hay enfrente de El Hondón lo está y lo estará mientras no se actúe primero ahí. Encontramos concentraciones de metales pesados tan altas que necesitan un tratamiento previo para que puedan almacenarse en un vertedero de residuos peligrosos. Esa parte, junto con el consiguiente traslado al vertedero, es la más cara de todo el proceso”, explica el edafólogo Ángel Faz.

Hera Holding alertó en mayo de 2023 de un “riesgo potencial y tóxico por inhalación de partículas en suspensión para los residentes de las viviendas en el entorno inmediato” a la finca, y de “un riesgo cancerígeno 39 veces superior al umbral aceptable por contacto dérmico e ingestión de suelo para potenciales receptores que accedan a la parcela desde el exterior”. El estudio detalla que el riesgo tóxico en el interior de las casas colindantes supera en un 40% el máximo tolerable para la salud. En el exterior de las mismas, la cifra crece hasta un 80%.

“—El Ayuntamiento— podía haber planeado la vivienda social en otro solar de la ciudad que no tuviese problemas. Pero fueron a comprar el contaminado. Y lo sobrepagaron con dinero público. Hemos hecho hasta 17 requerimientos de documentación relativa a la compra, al proyecto urbanístico, a los informes que avalan el precio final de la quita, pero nunca hemos tenido respuesta. En esta ciudad no hay transparencia. Por eso acudimos a la justicia”, manifiesta Fulgencio Sánchez. “Los más perjudicados, al final, acabamos siendo los de siempre”, añade. “Los vecinos”.

“Los ricos no pueden vivir entre contaminación, los pobres sí”

Junto a la parcela, conviviendo ahora, a apenas diez metros de su casa, con un cartel de ‘residuos peligrosos’ que prohíbe el paso y que fue colocado, puntualiza, a primeros de septiembre, María Ángeles Vila, de 70 años, dice que un miedo nunca antes visto se ha apoderado de todos ellos. “Temen que alguien venga, haga pruebas en su salón o en las habitaciones y les diga: ustedes no pueden vivir aquí, es peligroso, se tienen que ir”. “Por eso no denuncian”.

A Vila le detectaron, hace casi una década, cuenta, mercurio en sangre. Dos semanas atrás, continúa, un hombre de 61 años que también vivía en una de las casas adyacentes a la parcela falleció horas después de sufrir un ictus. “Cuando lo llevaron al hospital y le hicieron pruebas se dieron cuenta de que estaba invadido de cáncer. Es uno de esos casos de cáncer que entre nosotros llamamos invisible, porque cuando te quieres dar cuenta ya es tarde”.

Explica la vecina que son numerosos los diagnósticos de esta enfermedad en un barrio que solo tiene 2.000 habitantes. “Pero las estadísticas oficiales no se hacen por barrios, sino que se suavizan contando los casos de la ciudad entera”, denuncia. “Es una vergüenza que jueguen así con la vida de las personas”.

Fuentes de la Consejería de Salud murciana confirman a este periódico que no han recibido “ninguna notificación” de parte del Ayuntamiento de Cartagena alertando sobre la situación sanitaria existente en los aledaños de la finca contaminada.

Un barrio salpicado por balsas de químicos

 “Lo que más me duele es que esas 40 casas que quieren hacer en un terreno lleno de metales no son chalets para la clase alta. Los ricos no pueden vivir rodeados de contaminación, pero nosotros sí”, concluye Vila.

Los Mateos es uno de los núcleos de Cartagena más precarios. Entre sus calles desordenadas no se llega a perder de vista, en ningún momento, primero, el solar y las fachadas desconchadas que lo rodean, y más al fondo, al otro lado de la carretera general, las balsas de residuos de El Hondón, también propiedad del consistorio, que dispersan metales pesados a los cuatro costados y siguen sin descontaminarse más de 20 años después de su adquisición, cuando el Ayuntamiento, en conjunción con la Comunidad Autónoma, ideó ahí un residencial de 5.000 viviendas que nunca fue viable.

“En Cartagena, la salud de los vecinos nunca ha sido tratada como una prioridad, sino como un vehículo para conseguir un pelotazo”, asegura Fulgencio Sánchez. “Si no llegamos a denunciar, si no intervenimos esta vez, aquí nos hacen los edificios y no nos enteramos de nada”.

Ni el consistorio de la ciudad portuaria ni la concejal de Urbanismo en el momento de la adquisición de la finca, Ana Belén Castejón, han respondido a peticiones de este diario para recabar su versión de los hechos.

El ‘Furor’ (P-46), el patrullero de la Armada española escogido para asistir a la Flotilla Global Sumud —integrada por más de 50 embarcaciones— en su misión humanitaria rumbo a Gaza, en la que ha denunciado diversos ataques con drones y varias explosiones, ya está preparado en el puerto de Cartagena para su salida a mar abierto, tal y como anunció el miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York.

El patrullero permanece a esta hora de la mañana del jueves amarrado al muelle de la Curra de la ciudad murciana. Allí aguarda órdenes del alto mando para zarpar, según confirman fuentes militares a este periódico. Es considerable el ir y venir de personal militar a pie de muelle, subiendo y bajando del buque, deambulando por la cubierta, descargando camiones que llegan con materiales, preparando el operativo. Su misión será la de proporcionar asistencia y rescate a los integrantes de la flotilla en caso de que sea necesario.

El sistema de geolocalización AIS del patrullero indica que estuvo a lo largo del miércoles de maniobras cerca de aguas españolas, hasta que, a última hora de la tarde, coincidiendo con el anuncio de Sánchez, regresó de nuevo a las instalaciones del Arsenal militar de Cartagena para comenzar la puesta a punto de la operativa en Gaza.

El buque se unirá a la fragata de la marina italiana ‘Fasan’, que tiene el objetivo de garantizar asistencia a los ciudadanos italianos presentes en la flotilla y realizar posibles acciones de socorro.

El ‘Furor’ es el sexto de los Buques de Acción Marítima (BAM) de la Armada. Su construcción finalizó en 2019 en los astilleros de Navantia en Ferrol y su base y destino está desde entonces en el Arsenal de Cartagena. La fragata tiene una eslora de casi 94 metros y está equipado con un cañón Oro Melara de 76 milímetros, dos ametralladoras, un helicóptero y un dron de vigilancia. Su autonomía llega a las 8.000 millas náuticas, lo que le permite navegar grandísimas distancias sin necesidad de reabastecimiento de combustible.

Dispone de una tripulación de 46 personas, entre oficiales, suboficiales y marineros. Fuentes militares consultadas confirman que se unirá a la tripulación un equipo sanitario. La dotación solo actuará en asistencia de salvamento y rescate a la flotilla de Gaza en caso de que los acontecimientos lo requieran.

“Este es el sitio más adecuado de toda la costa de Cartagena para replantar la posidonia oceánica. Por la profundidad, que es de unos doce metros, por la abundante luz del sol que llega al fondo, con el agua tan limpia. Y porque todo lo que está sufriendo esta especie, que es mucho, se ve aquí representado”. Gastón Cedrone, responsable de proyectos científicos de la Fundación Ecomar, se asoma a la banda de una zódiac cerca de la playa de Fatares, en la montañosa costa oeste de Cartagena. Forma parte de una expedición en mar abierto de Acción Posidonia, un proyecto avalado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) e impulsado por la propia fundación, por Redeia y por LG Electronics España que busca repoblar la posidonia en el Mediterráneo. En el último año, la iniciativa se ha convertido en un perfecto ejemplo de cooperación entre entidades públicas y privadas para mejorar el medio ambiente.

En el suelo marino, en este punto exacto, que debería ser, señala Cedrone, “un paraíso de vida marina”, lo que hay son calvas de arena y trazos débiles de posidonia que se entremezclan con la nada absoluta, con un desierto. Apenas circulan peces porque tienen poco de lo que alimentarse. Todo está conectado. “Las embarcaciones que pasan por aquí, las anclas que sueltan para fondear, la pesca de arrastre. Esas prácticas están acabando con esta especie aquí y en todo el Mediterráneo. Es paradigmático: un suelo que ha tardado décadas y décadas en conformarse, como si fuera un bosque, puede ser arrasado en cuestión de segundos, con unas consecuencias nefastas”.

Acción Posidonia, que dispone de un presupuesto total de un millón de euros, está cofinanciado, al 70%, por el Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura (FEMPA) de la UE, y cuenta asimismo con la participación de instituciones como la Federación Española de Actividades Subacuáticas (FEDAS), el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (IMEDEA) y la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP).

Una hectárea de posidonia, diez de bosque amazónico

Alrededor de Gastón Cedrone, en este enclave estratégico del litoral peninsular, un equipo de cinco buzos se tira al agua sosteniendo, cada uno, un cuadrado dividido en 25 celdas exactas. En solo media hora de buceo van a replantar 100 plántulas de posidonia en el suelo devastado por la acción humana. Acción Posidonia ha repoblado ya tres hectáreas de fondo marino en la costa mediterránea entre Cartagena, Calpe, Pollença y Tossa de Mar. En esta especie vegetal, el proyecto y sus miembros lo ponen constantemente en valor, se encuentra el porvenir del equilibrio ecológico del planeta. Tan solo una hectárea de posidonia puede absorber tanto CO2 como diez hectáreas de bosque amazónico.

En la propia agua del mar, en la que ya se sumergen los buzos para depositar una planta en cada celda, es fácil percibir la otra gran amenaza de la especie: el cambio climático. A las puertas del otoño, su temperatura media ronda los 26 grados. Es una cifra bastante más alta de lo habitual en esta época del año. “El proceso de plantación”, relata Cedrone, “es algo mágico”. “Es como conformar un bosque invisible que nadie ve. Las raíces que enterramos en la arena se asientan, aunque no se aprecie, sobre una capa de sustrato natural que puede tener cientos de años, con restos de plantas muertas de otras épocas”.

Abajo, a 12 metros de profundidad, el tiempo y la vida transcurren mucho más lentos, con esa sugestión paradójica de azar y planificación que solo existe en la naturaleza. Las plántulas crecerán a un ritmo de dos centímetros al año. Se irán poco a poco coloreando de verde, favorecidas por la luz del sol que traspasa el agua. Esta zona, tan mermada, irá con el tiempo transformándose en ese paraíso que un día comenzó a perderse. Eso es la posidonia oceánica: un pulmón de oxígeno; una barrera natural que amortigua la fuerza de las olas y evita la erosión; un refugio donde conviven cientos de especies animales; un vergel que retiene el carbono con una eficacia que no existe en la superficie terrestre.

Colaboración público-privada

El reto, al principio utópico, en el que se embarcaron LG Electronics y la Fundación Ecomar con Acción Posidonia, contando con el apoyo del MITECO, de Europa, de las federaciones, las asociaciones en defensa del Mediterráneo y Redeia, es el ejemplo perfecto de cómo la unión de esfuerzos multiplica resultados. El progreso solo tiene sentido si es compartido. Ése era el objetivo de la multinacional electrónica: aunar a sociedad civil, voluntarios y administraciones públicas con la fuerza económica y las ganas de cambiar el mundo del sector privado. Todo, siempre, con el conocimiento científico en la base. 

Esta sinergia acelera la restauración de las praderas marinas, trata de sensibilizar a la ciudadanía y genera un impacto positivo y, sobre todo, duradero. “Somos conscientes de que el cambio climático va mucho más rápido de lo que parece. Si la gente supiera lo importante que es la posidonia no habría que estar protegiéndola. Cada vez que se arrastra del suelo se eliminan 40 años de evolución. Todo lo que hace esta planta es beneficioso para el medio ambiente”, asevera Jaime de Jaraíz, CEO de LG en España.

La empresa enmarca Acción Posidonia dentro de su programa Smart Green Seas con una razón de ser clara. “Nosotros pensamos que hay dos tipos de sostenibilidad”, prosigue de Jaraíz. “La sostenibilidad 1.0, que consiste en que cada persona reduzca por sí misma su impacto en el planeta, y la 2.0, que es la acción real por regenerar ecosistemas, con la ayuda inestimable de la ciencia”.

De crear conciencia social se encarga la Fundación Ecomar, liderada por la doble campeona olímpica de vela Theresa Zabell. Ella también se ha sumergido en la costa de Cartagena para replantar posidonia. Zabell dice que la clave está en formar, en compartir el conocimiento. Ecomar realiza un programa integral que combina actividades educativas para niños en colegios con sesiones divulgativas y talleres con pescadores.

El laboratorio de posidonia del MITECO

Bordeando la costa, a 20 kilómetros de Cartagena, en Portmán (La Unión), el MITECO habilitó en 2021 el vivero donde han germinado todas las plántulas de posidonia que se han depositado bajo la arena en la playa de Fatares. Su ejecución está a cargo del grupo Tragsa.

En este espacio, que es un laberinto ordenado de acuarios de agua fría y arena limpia y una balsa de nueve metros cúbicos con una toma directa de agua del mar, la posidonia oceánica crece ritmo pausado y los científicos, entre los cuales colaboran investigadores de la Universidad de Murcia, experimentan con ella. Esta infraestructura se trasladará próximamente a la localidad de Águilas, cuenta Inmaculada Ramírez, directora de la Oficina Técnica del Mar Menor, dependiente del MITECO, para conformar el Centro de Conservación y Recuperación de Especies Marinas. “La acción aquí está alineada con el Pacto de Estado Frente a la Emergencia Climática. Todo por estos bosques de posidonia, que son tan importantes para conseguir la recuperación del Mediterráneo”, asevera.

Una cadena de montaje de varios meses

Entre los acuarios en los que germinan y nacen las plantas, Sergio López, responsable del vivero, explica que, para llegar a este punto, hace falta una extensa cadena de montaje que se prolonga durante largos meses. Bajo las hojas verdes hay larvas diminutas de langostino que nadan y buscan refugio entre los grumos de arena. Habitan en un ecosistema artificial que simula milimétricamente el fondo marino. “Dentro de una pradera real, en el mar, hay crustáceos, peces, estrellas de mar, especies microscópicas”, enumera.

La cadena de montaje comienza a partir del mes de febrero, en las costas de la Región de Murcia, Almería y Alicante, con campañas de recogida de los frutos maduros que la posidonia suelta durante su ciclo vital y que acaban, con las corrientes, en tierra firme. Con cuidado se extraen de ellos las semillas y estas, acto seguido, son transportadas al vivero de Portmán y son reintroducidas en los acuarios. 

La última fase, y la de mayor importancia, consiste en buscar el lugar idóneo, en mar abierto, para replantar la especie. Las primeras posidonias criadas en este vivero, un total de 1.000, fueron llevadas a la bahía de Mazarrón en agosto de 2022. Ese número ha ido creciendo exponencialmente desde entonces. Sergio López sitúa la cifra de semillas recolectadas en 2023 en 30.000. En 2024, prosigue, 60.000. El 60% de los ejemplares replantados logra sobrevivir. Un proyecto pionero de Redeia para impulsar la repoblación de la planta sirvió de inspiración para lo que en la actualidad hace Acción Posidonia. “Aquí aprendemos con el error, con la experiencia. El proceso de germinación de cada planta en el vivero dura unos cuatro meses, hasta que las raíces son lo suficientemente fuertes como para llevarlas al mar. Entonces ocurre el traslado, el buceo, el mimo que se le pone a cada una”, describe.

Pero la ciencia siempre tiene colocado el punto de mira en el futuro. “Ahora se puede decir que trabajamos a pequeña escala”, explica el responsable. “Lo ideal, dentro de unos años, sería colocar las balsas junto al mismo mar, y germinar ahí las semillas, rápido, con agua limpia entrando de forma constante”. Se trata, continúa, de encontrar la forma natural de replantar la especie en todo el país. Por ahora, Acción Posidonia ha comenzado con tres hectáreas gracias a la labor de entidades como la Fundación Ecomar o compañías como LG Electronics España. “Dentro de un tiempo se tendrá tanta experiencia, tanto interés en repoblar la posidonia, que todo será más fácil. Por ahí pasa parte del futuro del planeta”, concluye Sergio López.

El buque Trans Tind, que llegó este domingo a Cartagena procedente de Israel y descargó 4.768 toneladas de ácido fosfórico para fabricar fertilizante, continúa todavía en el puerto de Escombreras de la ciudad murciana. Según confirman fuentes de la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia a este periódico, el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria está inspeccionando la carga desde anoche y todavía, a estas horas de la tarde del lunes, continúa haciéndolo. “La Administradora de Aduanas ordenó inmovilizar la mercancía y tomar muestras”, señalan.

El Ejecutivo, prosiguen las fuentes de la Delegación, se encuentra a la espera de tener más información de Aduanas. En la tarde del domingo, pocas horas después del atraque del barco, la Delegación murciana ya confirmó a elDiario.es que el ácido fosfórico que trajo desde Israel en su interior era “para uso agrícola”. En este sentido ha redundado el delegado del Gobierno en la comunidad, Francisco Lucas, ante las preguntas de los periodistas. “La mercancía del buque que llegó ayer a Cartagena no está dentro de mercancía sujeta a embargo. Se ha procedido a analizarla para mayor tranquilidad de la ciudadanía. La firmeza del Gobierno de España para poner fin a este genocidio es incuestionable”, ha afirmado.

“La finalidad de la mercancía es producir fertilizantes. Cuando tengamos los resultados de ese análisis, procederemos a trasladar la información”, ha añadido Lucas.

Las fuentes de la Delegación gubernamental en la Región detallaron ayer que, “para hacer parada en un puerto español, los buques tienen que cumplir todos los criterios” que regula el veto anunciado por el Ejecutivo el pasado 9 de septiembre a la importación de mercancías procedentes de los territorios ocupados por Israel, y que el Trans Tind los cumplía y que por eso se le permitió hacer escala.

“El Gobierno debe bloquear y decomisar la carga”

Por su parte, BDS Murcia, que lleva desde el pasado viernes alertando de que las 4.768 toneladas de fertilizante van a ir a parar a la filial que ICL tiene en la ciudad murciana, y que esa empresa, multinacional con sede central en Tel Aviv, se aprovecha de la ocupación de tierras en el Mar Muerto y Cisjordania para extraer minerales y luego trasladarlos a puertos como el de Cartagena, ha considerado, a través de un comunicado, “insuficiente” la medida de inspección acordada “para verificar únicamente si la mercancía es para uso agrícola o no”.

“Lo relevante no es si la carga se va a usar para fertilizantes, sino si la mercancía proveniente de Israel forma parte del comercio con la empresa israelí ICL, que se beneficia de la ocupación militar de Palestina, lo cual está demostrado y denunciado por diferentes organismos”, detalla el comunicado de la organización pacifista.

En total, este 2025, son diez los buques que han traído carga química desde el puerto israelí de Ashdod, tal y como ha hecho el Trans Tind, con destino la filial de ICL en Cartagena. Dicha multinacional colabora, además, con el programa “Apadrina a un soldado”, a través del cual destinan parte de sus beneficios empresariales a las fuerzas armadas del país presidido por Netanyahu, ejecutoras del genocidio en Gaza.

BDS Murcia exige al Gobierno en el comunicado “que bloquee y decomise la carga”, y que “prohíba futuras operaciones comerciales con empresas que participen de la economía de la ocupación”. “De lo contrario”, prosigue la organización pacifista, “está vulnerando el dictamen de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de julio de 2024, aprobado con el voto a favor de España, que exige a los países medidas para impedir relaciones comerciales y de inversión que refuercen, faciliten o mantengan la ocupación ilegal israelí”.

Las fuentes consultadas de la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia aseguraron el domingo, tras la llegada del carguero, que si la mercancía hubiera sido “para uso armamentístico” no se habría permitido “su entrada en el puerto”. Pero el dictamen de la CIJ afecta también a supuestos de comercio no armamentístico.

El Ejecutivo trasladará los resultados de la inspección del ácido fosfórico inmovilizado en Cartagena en cuanto estén disponibles.

La exalcaldesa de Cartagena Ana Belén Castejón (Pozo Estrecho, 1979) ha anunciado este lunes, en una rueda de prensa convocada de forma imprevista por su formación política, Sí Cartagena, que abandona la vida política y renuncia a su acta de concejala en el Ayuntamiento de la ciudad portuaria “por motivos personales”.

“Todos saben que yo quería anunciar mi marcha muchísimo antes. Entiendo que aquí hay que estar para las buenas y para las malas, y eso es lo que me ha hecho aguantar. Por el compromiso adquirido por más de 5.000 votos que confiaron en el proyecto. Para mí, en política, en la vida, el compromiso y la lealtad han estado siempre muy por encima de cualquier interés personal”, ha dicho Castejón, que ha asegurado que se trata de una decisión “muy meditada”.

La exregidora de la ciudad portuaria abandona la profesión de servicio público que ostentó durante más de dos décadas para poner ahora toda su atención en su entorno. “Debo dedicarme a las pequeñas cosas, que son mi familia, y, en especial, mi hija, que me necesita mucho, y a la empresa familiar”, ha manifestado.

La única concejala de Sí Cartagena en el salón de plenos de la ciudad portuaria, partido que ella misma fundó antes de las municipales de 2023, ha anunciado que esta misma tarde se decidirá quién la sucederá al frente de la formación y quién ocupará su escaño en el Consistorio. Todo indica que la persona elegida será su número dos, Juan Pedro Torralba.

Castejón ha hecho hincapié, asimismo, en que ha sufrido problemas de salud derivados de su intensa trayectoria política que también han tenido peso en la decisión final. “En esta nueva etapa, mi prioridad es y va a ser cuidar a mi familia, estar sana y ser feliz. He aprendido que cuidarse es la mejor forma de poder cuidar a los demás, mis hijos, que han vivido demasiadas ausencias por mi dedicación. Ha sido una decisión muy difícil, porque dedicarme al servicio público ha sido siempre mi pasión, mi vocación y también ha sido un honor”, ha reafirmado, emocionada.

Dos veces alcaldesa y expulsión del PSOE

Castejón comenzó su extenso recorrido en las Juventudes Socialistas con solo 25 años de edad. Era el año 2004. Rápidamente, en 2007, obtuvo su primer acta como concejala en su ciudad natal. Pasaron únicamente un par de legislaturas desde aquel hito cuando asumió los mandos del PSOE de Cartagena. Los resultaron llegaron inmediatamente: en 2015 dio un vuelco al panorama político del municipio tras dos décadas de gobiernos continuos del PP. Un pacto con el recién nacido partido local MC le dio la oportunidad de ser, primero, vicealcaldesa hasta 2017, y, a partir de ahí, la primera alcaldesa socialista de la historia de la ciudad.

En los siguientes comicios municipales, los del año 2019, el panorama, para ella, dio un giro radical. No en su puesto al frente del Consistorio, pues continuó siendo la máxima mandataria del Ayuntamiento hasta 2021. El cambio vino en la militancia, en las siglas: Castejón perpetró, en junio de 2019, un pacto de gobierno inédito, y en contra de los designios del PSOE, con el PP de Noelia Arroyo y Ciudadanos. Aquel acuerdo le valió para conservar el sillón la primera mitad de la legislatura, pero precipitó su expulsión inmediata de la formación socialista. La alcaldesa renunció acto seguido a la secretaría general del partido. Lo hizo junto con otros cinco ediles díscolos que también fueron apartados de la militancia.

Calmadas las aguas, y embarcada, como diputada libre, en el proyecto de un nuevo partido en el que ella fuera la protagonista, al que bautizó como Sí Cartagena, Castejón continuó siendo vicealcaldesa desde 2021 hasta 2023. En las últimas municipales Sí Cartagena obtuvo solo un escaño, el suyo. La exalcaldesa había perdido todo el peso político en el Gobierno municipal. De 2021 a 2023 compaginó el cargo de número dos del Ayuntamiento con las concejalías de Servicios Sociales, Igualdad y Urbanismo.

El verano de 2025, marcado por una parcela en Los Mateos

Esa cartera de Urbanismo, y el papel que Castejón realizó al frente de la misma, han marcado los últimos meses políticos de la exregidora. En junio de 2023, el Ayuntamiento rubricó la compra de una parcela contaminada en la diputación cartagenera de Los Mateos a una promotora vinculada al empresario Mariano Roca. Castejón era entonces, además de concejala de Urbanismo, presidenta de la sociedad municipal Casco Antiguo, que se encarga de comprar terrenos en el municipio. En dicha parcela el Consistorio pretendía construir 40 viviendas destinadas a uso social, pero el proyecto no fue finalmente posible. La parcela presentaba —y presenta— altos niveles de contaminación por metales pesados, y el Ayuntamiento descontó del precio final de compra una cantidad muy inferior al precio real de descontaminación del suelo.

En la última comisión de Hacienda, celebrada a principios de septiembre, Castejón votó en contra de abrir una comisión de investigación para esclarecer los hechos que motivaron la compra del terreno.

La portavoz de Podemos en la Asamblea Regional, María Marín, ha denunciado, en un post en X, que Castejón “se va por la puerta de atrás y con muchas explicaciones que dar. No es ninguna casualidad. La presión ciudadana sirve. No vamos a parar hasta conocer toda la verdad”. Marín ha asegurado que la formación morada solicitó investigar el patrimonio de la exalcaldesa y sus vínculos con la familia Roca después del “oscuro pelotazo de los terrenos contaminados de Los Mateos”.

“Mi marcha no tiene absolutamente nada que ver con eso”, ha zanjado en este sentido la propia Ana Belén Castejón al término de su última rueda de prensa como política en activo.