La tragedia de Grenfell: el incendio de 2017 que alertó sobre el uso de materiales inflamables en fachadas

En el oeste de Londres, la torre Grenfell, una mole de 24 plantas, ha pasado años cubierta por lonas blancas y un cartel en la cúspide con un corazón verde y el mensaje “siempre en nuestros corazones”. El mural alrededor de una valla de protección recuerda a las 72 personas que murieron por el incendio que destruyó parte del edificio de protección oficial el 14 de junio de 2017. 

Fue el peor incendio en un edificio residencial en Londres desde los bombardeos alemanes en la Segunda Guerra Mundial y las víctimas siguen luchando para recibir todas las indemnizaciones acordadas y que responsables públicos y privados sean castigados. Entre los inquilinos de 120 pisos de uno y dos dormitorios había personas de pocos recursos y comunidades vulnerables. El edificio, gestionado como propiedad pública de los distritos de Chelsea y Kensington, ofrecía alquileres a precios más asequibles no muy lejos de Notting Hill, una de las zonas más caras de la ciudad y de Europa. 

Entre los supervivientes y familiares de víctimas, entre ellas personas con discapacidad y niños, hoy quedan hasta 900 afectados. Parte de los inquilinos eran del Ayuntamiento y otra parte caseros privados que habían podido comprar esos pisos por la liberalización del Gobierno de Margaret Thatcher.

La fachada

El Gobierno británico sigue retrasando la demolición de la torre mientras continúa la investigación oficial y la batalla legal contra varias empresas y las autoridades públicas por su actuación antes y después del incendio. La catástrofe se atribuye, en parte, a la falta de regulación y controles suficientes pese a las advertencias sobre los peligros del aislante utilizado para la fachada. 

De madrugada, el fuego empezó por un fallo eléctrico de una nevera en el cuarto piso y se propagó rápidamente por la fachada con una velocidad y una violencia que abrumó a los bomberos durante varios días. Se calcula que el edificio estuvo ardiendo más de 60 horas. Las autoridades tardaron meses en aclarar cuántas personas habían muerto allí.

Grenfell Tower era una construcción de estilo brutalista de 1974, pero el foco está puesto en unas obras de renovación que empezaron en 2012 con la instalación de nuevas ventanas y paneles para mejorar el aislamiento térmico que ofrecía una empresa francesa subsidiaria de la estadounidense Arconic. 

El exterior del edificio tenía una amalgama de polietileno, un compuesto sintético metido entre dos capas de aluminio que hoy está prohibido en el Reino Unido para cualquier tipo de revestimiento exterior, después de una nueva regulación en 2018 y otra más restrictiva en 2022. En la presentación de las últimas restricciones, el Gobierno se refería explícitamente a “una prohibición completa del tipo de material de amalgama metálica que fue utilizado en Grenfell Towell” para los muros externos de “todos los nuevos edificios o edificios que pasen por obras, sin importar la altura o el uso”. 

Desde 2023, los edificios residenciales de al menos siete pisos o 18 metros de altura deben estar registrados con la identificación de materiales de riesgo. Se han localizado ya cientos de edificios de riesgo y el Gobierno da ayudas y préstamos para retirar paneles inflamables, pero los propietarios se quejan de que los subsidios son insuficientes. 

Los detalles del material utilizado en los paneles de la fachada del edificio incendiado de Valencia no están confirmados.

Desde la tragedia de Grenfell, algunos países europeos como Francia y Alemania han revisado sus protocolos contra incendios, incluido el uso de materiales de revestimiento. La Comisión Europea presentó una regulación en 2022 para armonizar los materiales de construcción que se utilizan en la UE.

Compensaciones

En mayo de 2023, es decir, casi seis años después del incendio de Grenfell, el Alto Tribunal del Reino Unido aprobó el acuerdo de los afectados con 14 empresas y el Ayuntamiento que incluye una indemnización de 150 millones de libras (unos 175 millones de euros) para repartir entre 900 supervivientes en el primer proceso civil. Como se trata de un acuerdo extrajudicial, se desconoce cómo se ha repartido ese dinero y cuánto pagará cada empresa. 

Hace unas semanas, como parte del acuerdo, supervivientes y familiares de las víctimas se juntaron dentro de un ejercicio de “justicia reparadora” para compartir sus traumas. Acudieron representantes del Ayuntamiento y 24 ejecutivos de varias empresas implicadas en la construcción y mantenimiento, pero no de Arconic. En la sesión de finales de enero, se dejó una mesa vacía con el nombre de la empresa para que quedara constancia de su ausencia.

En 2021, durante la investigación oficial, una ejecutiva comercial británica de Arconic reconoció que sabía que el material utilizado no era resistente al fuego.

Este enero, el hombre en cuyo piso empezó el incendio, un conductor que llevaba 25 años viviendo en Grenfell, dio su testimonio a través de un actor. Aunque no fue su culpa, Behailu Kebede dijo que no quería ir en persona a la reunión por “profundo dolor y vergüenza”. Dijo que se sentía “roto por dentro” y que nunca olvidaría a los muertos.

Las víctimas sobre todo reclaman castigos con penas de cárcel para responsables de empresas privadas y autoridades públicas por las negligencias a las que atribuyen la tragedia.

La investigación oficial espera publicar su informe final este verano, y con esa información, la Fiscalía puede presentar cargos en un proceso penal que podría empezar en 2025.

Quejas previas

Grupos de inquilinos se habían quejado años antes del incendio de factores de riesgo en el edificio y dudaban de las últimas obras, pero la empresa pública gestora no sólo había desoído las quejas, sino que había amenazado con denunciar por “difamación” a los que protestaban.

En noviembre de 2016, una asociación de vecinos llamada Grenfell Action Group había denunciado las “condiciones peligrosas” en que se encontraba el edificio y decía que “sólo un hecho catastrófico” mostraría la “ineptitud e incompetencia” del casero, la empresa pública para la gestión de inquilinos de Kensington y Chelsea (KCTMO, por sus siglas en inglés) y que hoy existe como “un cuerpo residual para un sólo propósito, que es ayudar y rendir cuentas ante la investigación pública y otros procedimientos legales de la tragedia de Grenfell”, según explica en su web. La autoridad sobre las viviendas de protección oficial ha pasado directamente al Ayuntamiento de estos distritos.

Las organizaciones centradas en defender a inquilinos se quejaron del “desprecio” a las quejas especialmente de las personas más vulnerables que vivían en Grenfell. 

“No se trata sólo de los niveles dickensianos de desigualdad que vemos en la ciudad de manera diaria, o incluso la atrocidad del incendio de Grenfell”, escribía Pilgrim Tucker, activista a favor de los vecinos, en el Guardian. “Es la manera en que los inquilinos de las viviendas de protección son tratados como problemas que hay que gestionar, sino que tengan voz y con poco respeto”.

Ahora algunos supervivientes de Grenfell comparan su lucha con la de los responsables de las oficinas de correos que fueron condenados de manera injusta por fraudes que no habían cometido. “El problema de la falta de rendición de cuentas e incompetencia entre la élite es que a muy a menudo se desprecia o se mira hacia otro lado”, dijo Shah Aghlani, cuya madre y cuya tía murieron en el incendio, en una rueda de prensa en enero tras la reunión de las víctimas. “Vemos sin parar que gente que está a cargo y bajo cuya vigilancia pasan desastres se va de rositas”.