“No es aceptable una presidencia sin rumbo. No es aceptable gobernar a la deriva ni limitarse a administrar la inercia”. El líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, insistió una y otra vez en esta idea durante su intervención en el debate sobre el estado de la autonomía. En su réplica al discurso de Alfonso Rueda, Besteiro dibujó un gobierno gallego sin planificación ni proyecto propio, “entregado a controlar el relato”, a “silenciar a la oposición” –con los medios públicos como “principales censores”– y a beneficiar a “unos pocos, los de siempre”.

El portavoz socialista recordó que Rueda lleva cuatro años como presidente y 17 formando parte del ejecutivo autonómico para preguntarse “qué mejoró” y “qué problemas resolvió” en ese tiempo. “¿Qué encuentra un gallego cuando piensa en qué decisión de su gobierno le mejoró de verdad la vida? Lo que encuentra es preocupación, incertidumbre”. Y en el último año, desde el anterior debate, sólo “propaganda”.

Tema por tema, Besteiro dibujó esa inercia de la Xunta, que en primer lugar identificó con la postura “cobarde” del PP estatal ante la guerra de Irán. “No se puede ser ambiguo con la paz. No caben equilibirios cómodos. Sólo tres palabras: Non á guerra”. Un conflicto al que el Gobierno central y las comunidades autónomas han respondido con partidas amplias mientras Rueda sólo tenía “excusas”. Su plan de 157 millones es “tan triste” que incluye reformas de pantalanes o señalizaciones del Camino de Santiago.

Los socialistas propusieron en cambio un escudo social gallego y un Banco Público de Vivienda para hacer frente al principal problema de los ciudadanos, “claramente dominante sobre el resto”. Si hace un año eran 22.000 los gallegos que esperaban una vivienda pública, ese número creció en 10.000, “833 cada mes”. Mientras, la Xunta “deja más de cien millones de euros sin ejecutar” y lo fía todo a las 10.000 viviendas prometidas para 2030. “Pero estamos en 2026”.

El único ámbito en el que Besteiro admitió una posible planificación fue en el de la sanidad, donde preguntó si se planificó su “desmantelamiento”. Y si, por la mañana, Rueda habia anunciado un plan para mejorar la atención primaria, el socialista le recordó que, en ese campo, Galicia es “la segunda comunidad que menos invierte, sólo por detras del Madrid de la señora Ayuso”. Mientras, faltan facultativos –sobre todo pediatras–, sigue sin cumplirse la promesa de tener cita con el médico de familia en menos de cuatro días y la autonomia lidera la tasa de suicidios con un número “muy bajo” de especialistas en salud mental.

La carta única de Altri

Hace un año, Besteiro acusó a Rueda de formar parte de “la gran mentira que rodea a Altri”. Este miércoles, el líder socialista volvió a referirse al frustrado proyecto de macrocelulosa que la Xunta “vendió como modernidad verde” para acabar siendo “el símbolo de una política industrial opaca y sin respaldo social y técnico”. Como tampoco aquí habia plan “apostaron a una unica carta”, un “error” que fue “frenado” por “la sociedad gallega y un gobierno socialista”. Besteiro reclamó que le diese el carpetazo definitivo.

Como Galicia “le queda grande”, Rueda “no es capaz de entender ni siquiera a la Galicia urbana, la que tira de la economia y del progreso” y en la que “casualmente” no gobierna el PP. Entre las “agresiones” a las ciudades destaca la falta de coordinación entre los aeropuertos y los “globos sonda” que mandan sus portavoces, en alusión a la propuesta del Clúster de Turismo para “especializar” las tres terminales gallegas. Besteiro le preguntó, directamente, si creía que había que cerrar alguna.

Si así es como el socialista considera que actúa Rueda con las ciudades, al rural, “lo deja morir porque no cree en él”. Allí, los colegios se cierran, los médicos no se sustituyen y las líneas de transporte, desaparecen. Los incendios forestales –2025 fue el peor año de la serie histórica con una cifra que Besteiro elevó hasta las 178.000 hectáreas– son otra muestra de ese abandono. “No fue una fatalidad inevitable, fue la consecuencia de una cadena de decisiones políticas: menos prevención, menos ordenación, menos rural vivo”. Por eso, si Galicia vuelve a arder, “no será una sorpresa ni una fatalidad: será su responsabilidad”.

Besteiro cerró su discurso con una lista de catorce propuestas que contrapuso a los múltiples “bonos” del gobierno Rueda. Si el año pasado el Bono Peixe fue la principal medida del debate, en este traía bajo el brazo una ampliación del Bono Coidado. El socialista ironizó proponiéndole el Bono Presidente, con un funcionamiento “simple”: “Los ciudadanos pagamos los impuestos y el gobierno resuelve los problemas”.

Y casi como conclusión, el líder del PSdeG insistió en dar la vuelta a otro de los mantras del ejecutivo gallego: “No tiene modelo, lo que sí tiene es una marca, la marca Galicia Caridade... no confundir con Calidade”.

“Ourense en pequeñito”

El primer portavoz de la oposición en dar la réplica a Alfonso Rueda fue el diputado de Democracia Ourensana, Armando Ojea, quien ironizó con el parecido “casi idéntico” al discurso que el presidente ofreció el año pasado. Una intervención marcada por el “autobombo” y “coherente con el sesgo de su Gobierno en priorizar el litoral sobre el interior”, algo que ejemplificó con la definición que el presidente dio de Galicia como “Balcón del Atlantico”. “Este Gobierno tiene una imagen de Galicia que no es la perfecta, distorsionada de tal manera que el litoral ocupa espacio y la provincia de Ourense la tiene en pequeñito”, aseguró tras señalar que “la única vez” que Rueda nombró a su provincia fue por “algo malo”: los incendios de agosto, para mencionar la última vez que se había encontrado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El esqueleto carbonizado de un tractor de leña emerge entre la ceniza y la madera quemada. Por el suelo se desperdigan troncos de árboles, talados hace muy poco. La única nota de claridad la pone el blanco de la cinta con el logotipo de la Xunta que perimetra la zona. A falta de lo que concluya la investigación, el vehículo se perfila como el causante del primer gran incendio forestal del año en Galicia. Un fuego que partió de Padróns, en el concello de Ponteareas y que calcinó 750 hectáreas antes de ser controlado veinticuatro horas después. Las intensas lluvias impidieron que las llamas siguiesen avanzando, como sucedió hace casi una década. En octubre de 2017, un foco iniciado en la misma parroquia arrasó 9.000 hectáreas y provocó un cambio en el modo de entender estos fenómenos en la comunidad. Y aquella tampoco era la primera vez.

“Los grandes incendios forestales tienen memoria”. Juan Picos, profesor de la Escola de Enxeñaría Forestal de Pontevedra, es una de las mayores autoridades en la materia. “Y no es magia: hay razones objetivas detrás”. Desde 2018, Picos y su equipo vienen utilizando esa zona concreta como ejemplo de que el gran incendio forestal (GIF) de hoy es el padre del de mañana. “Y, normalmente, los hijos siempre son más grandes que los padres”.

“El análisis de los incendios de 2017, en Galicia y Portugal, indica que una parte significativa de los mismos recorrió áreas previamente afectadas por Grandes Incendios Forestales en el pasado”, escribía en 2019 en el documento de conclusiones del convenio de colaboración entre la Deputación de Pontevedra y la Universidade de Vigo para mejorar la gestión forestal en la provincia.

Picos explica que, tras un GIF, lo normal es que se produzca un mayor abandono del monte y ese ya es un primer factor de riesgo. Igual de normal es que la regeneración natural llegue a la vez, lo que homogeneiza el paisaje, porque todo el matorral rebrota al mismo tiempo. Al no haber un “mosaico” con distintos tipos de vegetación, es más fácil que el fuego se propague. Si, además, el incendio ha sido muy intenso y ha alcanzado temperaturas extremas, es probable que produjese daños en el suelo: pérdida de materia orgánica, erosión y una menor capacidad para almacenar agua. Por tanto, ese terreno se secará más rápido, será más propenso a manifestar antes la sequía y trasladarla a la vegetación. Así que, una vez declarado, “el incendio no elige, pero va por zonas que le son más favorables, y esta lo es especialmente”. Por eso, en grandes áreas afectadas, la propagación del siguiente foco puede ser mayor y en menos tiempo. “Tenemos zonas recalcitrantes con independencia de que la causa de ignición se repita o no”.

En octubre de 2017, tras un verano especialmente seco, el paso del huracán Ofelia desató los incendios, primero en Portugal y, después, en Galicia. Sólo en el fin de semana del 14 y el 15 se calcinaron 35.000 hectáreas, el doble de lo que había ardido el resto del año. Las llamas llegaron a correr por el centro de Vigo. El fuego iniciado también en Padróns quemó entonces 9.000 hectáreas y se extendió por el monte, siguiendo la línea de cumbres –y de los años anteriores–, hasta el concello de Ponte Caldelas.

Una oleada de ese calibre, en pleno otoño y con la campaña de incendios ya finalizada, obligaba a repensar el modelo. El Parlamento de Galicia creó una comisión especial para hacerlo. Tras recibir luz verde a su dictamen, el diputado impulsor, José González, fue nombrado conselleiro de Medio Rural y desde allí empezó a girar poco a poco hacia la prevención una política basada, hasta entonces, en un servicio de extinción que se presentaba como modelo en Europa.

Tras los incendios de 2022 –cuando, por primera vez, dos fuegos simultáneos superaron en Galicia las 10.000 hectáreas–, su departamento empezó a trabajar en una nueva ley de prevención. Pero González, demasiado reformista para algunos sectores, cayó en las luchas internas del PP tras la marcha a Madrid de Feijóo. Rueda lo desplazó a Emprego y el propio presidente, con chaleco reflectante y sin afeitar, se encargó de liderar –por encima de la actual titular, María José Gómez– la lucha contra el fuego de este verano, cuando Galicia sufrió la peor crisis de su historia y vio arder casi 120.000 hectáreas.

Las condiciones meteorológicas de este lunes eran, según Picos, muy parecidas a las de octubre de 2017, con Galicia bajo la influencia de una “mini Ofelia”: una ola de viento sahariano que dejó temperaturas por encima de los 30 grados –en Ponteareas se registraron 28º–. “Estamos en primavera y no al final del verano, la vegetación está más verde, el viento es menor pero de componente sur, llega un golpe de calor con bajas humedades, se produce una circunstancia de ignición... y el fuego siguió el mismo camino”.

Si, esta vez, el hijo se quedó más pequeño que su padre de nueve años antes, en buena medida fue gracias a las fuertes tormentas que azotaron Galicia, sobre todo a partir de medianoche, cuando la Xunta daba por estabilizado el fuego en torno a las 600 hectáreas. Antes de que descargase el agua, el viento que precede a la tempestad todavía complicó un poco más las cosas. “Meneó el avispero”, describe gráficamente Picos. El fuego generó una convección, levantó cortezas de eucalipto incandescentes y las lanzó por delante de su propio frente –lo que se conoce por paveseo– provocando nuevos focos secundarios que, como es habitual, extendieron la hipótesis de la intencionalidad.

“Romper este ciclo de susceptibilidad al fuego resulta clave y debe ser una labor prioritaria en aquellas áreas que fueron afectadas por los incendios de octubre de 2017”, concluía en el documento que presentó a la Deputación en 2019. Tras las casi 120.000 hectáreas quemadas en Galicia en 2025, hoy esa prioridad parece todavía más acuciante.

“Uno de los episodios más preocupantes contra la independencia judicial en Galicia en los últimos años”. Así define la Asociación Xustiza e Sociedade de Galicia –entidad de carácter progresista que agrupa a más de 200 juristas gallegos– el traslado forzoso de dos magistrados de la Sección Tercera del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que los aparta “de los asuntos de autorizaciónes eólicas, contratación administrativa y procedimientos de especial trascendencia pública”. La decisión, tomada “sin la existencia de criterios objetivos”, “desmantela una unidad judicial altamente especializada” y “amenaza con convertir las presiones externas en un factor determinante en la composición de los órganos jurisdiccionales”.

En un comunicado, Xustiza e Sociedade considera “gravísimos” los acuerdos adoptados el pasado 12 de marzo por la nueva presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSXG, que enviaron a la Sección Cuarta a los magistrados María Dolores López y Luís Villares. Este último, líder de En Marea entre 2016 y 2020, había sido acusado por Xunta y PP de ser “juez y parte” en causas como la paralización de los parques eólicos. Recio tomó la decisión apenas una semana después de asumir un cargo para el que había competido, precisamente, con Villares.

La asociación señala que los traslados pueden suponer “desviación de poder” porque se decidieron sin que existiesen “criterios objetivos aprobados por la Sala de Gobierno”, tal y como exige la Ley Orgánica del Poder Judicial; tampoco se dio “audiencia” a las personas afectadas, algo que, en su opinión “constituye una alteración irregular del funcionamiento jurisdiccional de la Sección y una posible vulneración de las garantías constitucionales de independencia e inamovilidad judicial”

“La Sección Tercera ha soportado durante meses presiones políticas, empresariales y mediáticas, derivadas de sus resoluciones sobre proyectos eólicos y contratación pública”. Por eso, si se une la “coincidencia temporal” entre presiones y traslados y la “ausencia de motivación reforzada”, todo junto “genera la apariencia de que la reorganización podría responder a factores ajenos al interés público”. Para la Asociación, “supone un riesgo directo para la apariencia de imparcialidad, para la confianza ciudadana en el Poder Judicial y para el funcionamiento equilibrado de una Sala especializada en asuntos de enorme relevancia”.

Reclaman la intervención del CGPJ

Xustiza e Sociedade ha enviado ya una comunicación formal a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSXG en la que “exige” la revisión “urgente” de los acuerdos del 12 de marzo, “la rectificación de las decisiones adoptadas y la plena restauración de los principios de legalidad, motivación y transparencia”.

Pero no se ha quedado ahí. También envió otra comunicación al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en la que solicita la apertura de un expediente, la suspensión cautelar de los traslados y la emisión de un informe oficial sobre la conformidad legal del procedimiento. A eso suma la demanda de “medidas correctoras o disciplinarias si se confirma desviación de poder o irregularidad”.

Para la Asociación, los traslados forzosos constituyen “uno de los episodios más preocupantes contra la independencia judicial en Galicia en los últimos años”, y eso se debe a que la “reorganización” de la Sección Tercera “desmantela una unidad judicial altamente especializada, afecta directamente a magistrados con experiencia acreditada y amenaza con convertir las presiones externas en un factor determinante en la composición de los órganos jurisdiccionales”.

“Esto es absolutamente incompatible con un Estado de Derecho sólido y digno de tal nombre”, considera la entidad y, por eso, insta tanto a la Sala como al CGPJ a “actuar con contundencia, transparencia y responsabilidad, protegiendo a los magistrados afectados y garantizando que ninguna decisión interna —ni presente ni futura— pueda interpretarse como una interferencia en la independencia judicial en Galicia”. “La Justicia no puede quedar expuesta a presiones externas. La ciudadanía merece instituciones independientes y creíbles”, concluye el comunicado.

Entre los años 2011 y 2012, la Xunta de Galicia, bajo la presidencia de Alberto Núñez Feijóo, sufragó con 44.200 euros (sin IVA) los gastos de seguridad privada y del servicio de guías contratados para los cuatro días de cada mes en los que el Pazo de Meirás se abría al público, tal y como obligaba su condición de Bien de Interés Cultural (BIC). Los acuerdos, a los que ha tenido acceso elDiario.es, fueron firmados entre la Consellería de Cultura y la hija del dictador, Carmen Franco. Feijóo aseguró entonces que el convenio no conllevaría “ningún pago ni compensación” para la familia. Hoy, Cultura asegura que se trató de “una partida puntual y no se volvió a destinar”.

El pazo había sido declarado BIC por el gobierno bipartito (PSdeG-BNG) el 30 de diciembre de 2008, cuando dirigía Cultura la nacionalista Ánxela Bugallo. Los Franco intentaron torpedear aquel proceso con la colaboración de un Feijóo que acababa de estrenarse como líder de la oposición. Después de que los herederos del dictador impidiesen a los técnicos de la Xunta acceder al inmueble para realizar la evaluación previa a la declaración como BIC, el líder del PP gallego aseguraba que no se les podía obligar a abrir Meirás a las visitas porque “no es un pazo” sino “una torre”.

Ese mismo Feijóo fue el que, en febrero de 2011 –ya como presidente gallego– alcanzó un acuerdo con la familia para garantizar la apertura al público. Lo hizo después de que el Tribunal Supremo rechazase el recurso de los Franco contra la declaración de BIC.

En el convenio se consideraba “especialmente interesante” llevar a cabo “una acción didáctica e informativa más allá de las obligaciones de apertura para sus titulares”. Una apertura que, “dada la singularidad” del pazo, “puede provocar riesgos en la seguridad”. “El hecho de que fuese residencia del anterior jefe de Estado puede convertirlo en blanco de actos violentos o molestos que lleguen a poner en peligro su integridad”, rezaba el documento.

Así, la Consellería y los todavía propietarios del Pazo mostraban su “voluntad de establecer vías de colaboración en el ámbito de la protección y promoción de este bien cultural”, en un reparto de papeles que dejaba a la Xunta “la financiación de los gastos derivados de la adopción de medidas de vigilancia y seguridad que se estimen necesarias, así como los derivados del seguro que cubra la reposicion de los daños que puedan causarse a consecuencia del programa de visitas guiadas gratuitas y la presentación de las mismas”. Los Franco, por su parte, simplemente se comprometían a abrir el pazo cuatro días al mes –algo que acabarían incumpliendo– y a mantener “en las debidas condiciones de conservación y buen estado” sus dependencias y el terreno incluido en su recinto.

El coste para las arcas públicas no debería superar “en ningún caso” los 18.000 euros, una aportacion que “sólo cubre el coste” de la actividad subvencionada y “no supone ningún ánimo de lucro ni beneficio” para ninguna de las partes. Sin embargo, en junio –menos de tres meses después del inicio de las visitas–, Cultura redactó un informe para justificar una addenda al convenio.

La expectación ante la apertura desbordó la demanda, prevista para cuatro grupos de hasta 15 personas en cada jornada, así que se optó por añadir cinco días más de visita entre el 15 de junio y el 15 de septiembre –ninguno en agosto, cuando la familia seguía veraneando en el Pazo– e incrementar un turno en esas nuevas fechas. En total, eso suponía 5.000 euros más: 1.770 para seguridad, 1.274 para el servicio de guía, 236 para la “gestión” de las visitas y 1.720 de la póliza del seguro.

En febrero de 2012, el convenio se renovó, partiendo ya de una asignación inicial de 21.200 euros. No consta, entre la documentación a la que ha tenido acceso elDiario.es, que en ese año hubiese que aumentar los días previstos de visita. 11.448 euros se destinarían a la seguridad y los 9.752 restantes a la gestión y la guía.

Un portavoz de la Consellería de Cultura asegura a elDiario.es que aquella “fue una partida puntual y no se volvió a destinar”. Preguntados por si ese montante se tendrá en cuenta frente a la demanda de compensación económica de los Franco, recordó que esa cuestión “atañe al Gobierno central como titular del inmueble” y que la Xunta “ya manifestamos nuestra intención de adherirnos a la acción judicial de la Abogacía del Estado para evitar el pago de la indemnización”.

La Televisión de Galicia (TVG) cerró el mes de marzo con una audiencia media del 7,5% de share, el segundo peor dato de su historia, sólo por delante del 7,2% obtenido en junio de 2024. El canal gallego perdió seis decimas de cuota de pantalla y sigue cayendo en el ranking de la FORTA, la federación de televisiones autonómicas, donde ahora ocupa el sexto lugar. La líder del grupo, TV3, la dobla en porcentaje de espectadores (15,3%).

En conjunto, según los datos de Kantar Media elaborados por la consultora Dos30', los canales de la FORTA perdieron medio punto durante el tercer mes del año. En el furgón de cabeza, sólo la televisión canaria mejora los datos de febrero (0,7%). Canal Sur llega a desplomarse casi dos puntos pero, aún así, continúa comodamente por encima de TVG con su 8,7% de share.

Incluso en este escenario negativo, TV3 firmó su mejor marzo desde 2020 y Aragón TV, segunda en el ranking, el de toda su historia con un 12,1%. ETB cierra el top 3 con un 9,6% que no alcanzaba desde 2021 mientras que la subida de TV Canaria hasta el 8.9% le deja su mejor registro en este período en tres lustros.

De San Marcos a San Caetano

La caída de audiencia se ha convertido en la mayor preocupación en los despachos de San Marcos, la sede de la TVG, y ha llegado incluso hasta San Caetano, el edificio de la Xunta. Tras los datos de octubre –un 7,7% y caída hasta el quinto lugar de la FORTA–, el presidente gallego, Alfonso Rueda, envió un recado a la nueva cúpula, elegida en solitario por el PP el pasado verano tras un cambio exprés en la ley: “Es la televisión de todos los gallegos y es bueno que tenga buenos datos de audiencia”. De momento, los cambios en la parrilla siguen sin dar sus frutos y se viven situaciones tan pintorescas como las del pasado domingo, cuando la emisión de la misa fue el espacio con mejor share de la jornada y líder de su franja.

Mientras, el discurso oficial se esfuerza en negar a la mayor. La cadena se agarra una y otra vez a los datos del EGM –donde aparece recurrentemente como el canal más visto en Galicia– y a los “millones” de impactos en redes sociales de sus vídeos, un contenido en el que han venido apostando por el humor grueso y los dobles sentidos con carga sexual.

La oposición, por su parte, siempre que tiene ocasión –la última vez, este martes, en la comisión de control parlamentario–le recuerda a la directora xeral, Concepción Pombo, que primero como responsable de unos informativos más que cuestionados y ahora como máxima autoridad de la corporación, está llevando a la TVG a la “irrelevancia”. Por su parte, el colectivo de trabajadores Defende a Galega –con más de 400 venres negros a sus espaldas– advertía en la red X: “La Televisión de Galicia se está acostumbrando peligrosamente a tocar fondo una y otra vez”.

“No me siento cómoda”. La directora xeral de la CSAG (antigua CRTVG), Concepción Pombo, se refugió en la “discreción” para no valorar las preguntas de la oposición sobre la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que condenó a la corporación por vulnerar los derechos fundamentales de una periodista como represalia a su participación en los venres negros, las movilizaciones que desde hace más de 400 semanas reclaman el fin de la manipulación informativa en los medios públicos gallegos.

La “gravedad” de la sentencia motivó que BNG y PSdeG introdujeran sendas cuestiones para Pombo en la comisión de control parlamentaria. “Como hablamos de la salud de una trabajadora, de derechos fudamentales y de represalias, creo que esta no es una comisión más”, afirmó la socialista Carmen Dacosta, quien pretendía que la directora xeral contestase a sus interrogantes y no se limitase, como suele hacer, a leer los folios que traía escritos. No lo consiguió.

Antes, la nacionalista Mercedes Queixas, había sintetizado el fondo de la resolución judicial: “Deja claro que en los medios públicos gallegos se represalia, se arrincona, se trata de degradar y de humillar a quien osa levantar la voz contra el uso espúreo y manipulador” de una corporación “teledirigida desde el Consello de la Xunta”.

La periodista Mónica Rosas fue enviada a la Radio Galega tras más de veinte años en la TVG en un movimiento que implicó a otros tres trabajadores; dos –Alberto Ordóñez y Nuria López–, también significados en los venres negros mientras que al tercero, David Fernández, le dijeron que era un “daño colateral”. En primera instancia, los tres casos fueron rechazados porque las juezas no consideraron que se hubiese producido una modificación sustancial de sus puestos de trabajo y, por tanto, no entraron al fondo de la cuestión: si se había producido o no la vulneración de derechos.

Tras archivar el de Ordóñez, el TSXG ha dado ahora la razón a Rosas. Queixas recordó que esta es la tercera sentencia en el mismo sentido contra la CSAG, tras la del periodista Carlos Jiménez –a quien se trató de represaliar con un expediente injustificado– y la del productor al que se cambió de turno para impedirle participar en la huelga de otoño de 2024. “¿Qué mensaje se le envía a la sociedad gallega cuando se castiga a los profesionales como si se tratase de una escuela del franquismo?”, preguntó.

“Estamos ante una forma de actuar escandalosa, indignante, vergonzosa e ilegal” ante la que la dirección “tiene que bajar la cabeza”, argumentó en su turno Dacosta, antes de añadir: “No me gustaría estar en su lugar”.

“Solamente 32 sentencias desfavorables”

En esta ocasión, a Pombo tampoco parecía gustarle. En su primera respuesta, dejó claro que no se sentía cómoda con la situación: “Hablamos de trabajadoras concretas, con derechos, con trayectorias profesionales y con procesos judiciales en curso que estoy segura de que les resultan ásperos y de que les fueron difíciles de presentar y de llevar adelante”. Por un momento, parecía que no fuese ella la representante de la parte demandada.

Aún así, como sucedió en el juicio, trató de incluir los cuatro traslados forzosos dentro de una “cuestión organizativa general” que afectó a más de 90 trabajadores –“con y sin participación en causas reivindicativas de distinta naturaleza”– y que considera respaldada “mayoritariamente” por la justicia porque, de las 279 causas juzgadas entre 2023 y marzo de 2026, “solamente” habían recibido 32 sentencias desfavorables.

En su aleccionamiento a la oposición, Pombo trató de “introducir claridad” ante las referencias a los derechos fundamentales “que usaron como sinónimo de constitucionales”. Para ella, bajo este término “lo que realmente se analiza son cuestiones organizativas ordinarias”, como cambios de turno o de horario. Eso sí, en lo que sonó a un alarde de generosidad, afirmó: “Aceptamos el derecho de los trabajadores a pedir la tutela judicial cuando lo consideren oportuno”. 

Como había anticipado la CSAG, la directora xeral ratificó que recurrirán la sentencia ante el Tribunal Supremo, con el objetivo, según dijo, “de obtener una interpretación unificada con las otras sentencias que sí fueron favorables”.

En su réplica, Queixas y Dacosta demostraron que no habían comprado su supuesta discreción. “”Es un fraude que esquive su responsabilidad en esta tema“, asevero la primera tras inquirir: ”Si no está cómoda, ¿será por que se siente responsable?“. ”Menos cómoda se encontraba la trabajadora a la que vulneraron sus derechos fundamentales como represalia“, apostilló la diputada del PSdeG.

La parlamentaria del BNG preguntó a Pombo si pensaba “persistir en esa infamia”. “Lo que le está diciendo la sentencia es que los medios públicos no son su cortijo particular”.

“La vulneración de derechos y el maltrato laboral son características que definen a los autócratas”, añadió Dacosta, quien recordó a Pombo su “obligación” de contestar a las preguntas de la oposición. “Actúa como si nosotros fuésemos trabajadores de la CSAG, pero nosotros estamos protegidas y ellos, no”. “Está dando a entender que van a seguir haciendo lo mismo”, concluyó antes de finalizar, aprovechando las fechas, para recomendarle –no sin un punto de ironía–, a falta de otra cosa, un “acto de contrición”.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, insiste en que el futuro plan de usos del pazo de Meirás no debe tener sólo en cuenta las décadas en las que fue propiedad de la familia Franco y símbolo del poder de la dictadura, sino también “la larga historia” del recinto, “especialmente la condesa de Pardo Bazán, pero no sólo eso”. “Lo que no se puede pretender es que se refleje sólo una parte”, manifestó.

En su comparecencia tras la reunión del Consello de la Xunta, Rueda señaló las críticas de quienes están en contra “de que se intente abarcar todo” y defendió la necesidad de “encontrar un equilibrio en el que creo que estará la virtud”.

La reunión del gobierno gallego del lunes pasado estudió el informe en el que basará su petición de asumir la gestión del pazo de Meirás, después de que el Tribunal Supremo confirmase la propiedad pública del inmueble. El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, respondió recordando el “poco interés” del PP en “la recuperación de este tipo de símbolos”, aunque no dudó en felicitar a Rueda “por sumarse a la celebración”. Para Blanco, la recuperación del pazo para el patrimonio público es “un símbolo claro de que existe una memoria democrática”.

El ejecutivo autonómico se ha negado a hacer público. En respuesta a la solicitud de este diario para conocer su contenido, la Consellería de Cultura señala que se trata de un documento de trabajo “que sienta las bases para seguir avanzando en el futuro” y que refleja los siguientes pasos que va a dar el Gobierno gallego. Será “una vez finalizado el trabajo técnico” cuando “se dará más información”.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, atribuyó el traslado forzoso del magistrado Luís Villares a “cambios organizativos” en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Villares, portavoz de En Marea entre 2016 y 2020, recibió duros ataques tanto del PP como del gobierno gallego tras varias sentencias emitidas por la sección tercera de la Sala del Contencioso-Administrativo y que supusieron la paralización de parques eólicos. En 2024, los populares llegaron a acusarlo directamente de ser “juez y parte” en unas causas que, en su nuevo destino, dejará de juzgar. Rueda ha admitido “desacuerdo” con los fallos en los que participó Villares pero negó haberlo criticado, “al contrario de lo que hacen otros partidos”.

En su comparecencia de este lunes tras el Consello de la Xunta, Rueda consideró una “decisión interna” el intercambio forzado de magistrados entre las secciones tercera y cuarta de la Sala de la Contencioso. En un escrito emitido apenas unos días después de tomar cargo, la nueva presidenta de la Sala, María Azucena Recio, enviaba a Villares y a su compañera María Dolores López a la sección cuarta y los sustituía por otros dos jueces procedentes de ella. En el caso de Villares, lo argumentaba en la “salvaguarda de la imparcialidad”, tras la anulación de tres sentencias por parte del Tribunal Supremo. En el del resto de afectados, lo justificaba como una posibilidad de crecimiento profesional.

Xuíces e Xuízas para a Democracia (XXpD) expresó su temor de que la medida tratase de provocar un cambio en los criterios de la sección. El BNG, por su parte, culpó “al poder de las eléctricas y los tentáculos del PP”. Rueda no quiso entrar en honduras. Admitió que su “desacuerdo” era con las sentencias de la sección –de la que Villares era sólo uno de los cuatro integrantes– a la que culpaba de un “alto número de paralizaciones que no se daba en ningún otro lugar de España”.

“Tan en desacuerdo estábamos que las discutimos en el Tribunal Supremo y nos dio la razón cuatro veces”, apuntó antes de añadir que también el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, “a una propuesta de esa propia sección”, respondió que no estaba “actuando adecuadamente”.

Así, Rueda evitó “valorar” la decision de Recio y se “remitió” a sus argumentos: que la reorganización servía para garantizar la imparcialidad de la sala. “Si esta finalidad se consigue, yo lo celebro. Creo que la justicia tiene que funcionar así”.

El presidente de la Xunta actuó en todo momento como si su partido no hubiese señalado directamente a Villares, unos “ataques mediáticos y políticos” denunciados por XXpD a los que la Sala de Gobierno del TSXG llegó a responder en julio de 2023, reclamando “respeto” a la independencia judicial “por parte de las administraciones públicas y la ciudadanía”, algo que consideraba “esencial para el normal funcionamento de las instituciones”.

Esta vez, Rueda optó por el perfil institucional y marcó distancias con “algunos partidos” que, cuando no están conformes con las decisiones judiciales, “critican directamente a los jueces o a las juezas que emiten esos pronunciamientos y no las sentencias”. Lo que no dijo fue si entre esos partidos estaba el suyo.

Los vecinos de Cacheiras (Teo), casi en el límite municipal de Santiago, están en pie de guerra contra la creación de una planta de tratamiento de residuos de construcción a unos metros de sus casas. El proyecto llega cuando todavía se están apagando los ecos de la última victoria ciudadana contra otro depósito en la antigua cantera de A Casalonga. Entonces, el ayuntamiento —gobernado por la plataforma Son de Teo y el PSOE— se opuso con firmeza al proyecto. En aquellas primeras movilizaciones, llegó a tomar parte la actual número dos del PP gallego, Paula Prado, por entonces vecina de la zona. Hoy, el consistorio popular se pone de perfil. Más allá de un cambio en el color político, lo que marca la diferencia es una reforma de la Ley del Suelo de Galicia que, desde hace poco más de dos años, permite levantar estas instalaciones en suelo rústico. Una reforma de la que nadie —o casi nadie— parecía haberse enterado.

Los presupuestos de la Xunta de 2023 fueron los primeros de Alfonso Rueda, aún interino, tras la marcha a Madrid de Alberto Núñez Feijóo. Aquellas cuentas, publicitadas un año más como “las más elevadas de la historia”, llevaban incluidas varias sorpresas, como una bonificación al impuesto de patrimonio que el nuevo presidente presentó en un foro privado y no en sus comparecencias públicas. No era la única. La ley de acompañamiento —ese coche escoba que el mismo PP que se opone a decretos ómnibus en el Congreso utiliza para eternizar a un director xeral en la CRTVG como para modificar la legislación sobre incendios forestales— abría la mano para la instalación de esta tipo de estructuras. Algo que, aparentemente, pasó totalmente desapercibido. Hasta ahora.

El artículo 35 de la Ley del Suelo de Galicia de 2016 define cuáles eran los usos y actividades permitidos en suelo rústico. Su apartado m) decía así: “Instalaciones e infraestructuras hidráulicas, de telecomunicaciones, producción y transporte de energía, gas, abastecimiento de agua, saneamiento y gestión y tratamiento de residuos siempre que no impliquen la urbanización o transformación urbanística de los terrenos por los que discurren”.

En 2018, el entonces alcalde de Teo, Rafa Sisto, remitía al Consello Consultivo de Galicia una pregunta sobre los usos autorizables en ese suelo rústico. Sisto encontraba una “fricción” entre la normativa estatal y la gallega que, a su entender, “parece querer ampliar los usos posibles”. En su respuesta, el que era presidente del órgano, José Luis Costa Pillado —muy próximo a Núñez Feijóo y actual vocal del Consejo General del Poder Judicial— entiende que los usos son “propiamente dotacionales”, es decir, “instalaciones y servicios destinados a la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos”. “Por el contrario”, continúa el informe, “una interpretación 'extensiva' del artículo 35.m) que se utilice para dar cobertura a la implantación de usos de carácter no dotacional en suelo rústico colisionaría con la necesaria interpretación restrictiva derivada de los términos” de la ley.

En 2016, el Ministerio de Medio Ambiente había emitido el decreto en el que se refundía el texto de la Ley de control y prevención de la contaminación. En él se recogía que, ante una instalación de estas características, un informe urbanístico negativo del ayuntamiento emitido antes de la autorización ambiental integrada supondría el fin del procedimiento y el archivo de las actuaciones.

Tres palabras

La ley de acompañamiento, que entró en vigor el 1 de enero de 2023, dio un vuelco a esta situación con la inclusión, de forma subrepticia, de sólo tres palabras. Añadía “públicas y privadas” al conjunto de instalaciones permitidas en suelo rústico y que, hasta ese momento —como bien interpretaba el Consello Consultivo—, se limitaban al carácter dotacional, con independencia de cuál fuese su titularidad. El camino quedaba despejado.

Entre el maremagnum de medidas incluidas en aquel texto legislativo, esta modificación pasó totalmente desapercibida. Tanto que no hubo ni siquiera una argumentación que la respaldase, ya no en público, sino en el propio texto legislativo. En otro informe del Consello, emitido tres meses después del cambio a petición del concello de Lalín (Pontevedra), el ponente Ignacio de Loyola Aranguren Pérez, era contundente: “A pesar de que, de una forma ciertamente incomprensible, la exposición de motivos de la citada ley omite todo tipo de referencia a este cambio normativo —ofrece una explicación de todos los cambios realizados excepto este—, el precepto es claro para incluir instalaciones privadas de gestión y tratamiento de residuos dentro de los usos admisibles en suelo rústico”.

La Xunta sí ha motivado el cambio en la ley a preguntas de elDiario.es. Se remite, en primer lugar, al artículo 13 del real decreto de 2015 que aprueba el texto refundida de la ley del suelo y rehabilitación urbana: “con carácter excepcional y por el procedimiento y con las condiciones previstas en la legislación de ordenación territorial y urbanística, podrán legitimarse actos y usos específicos que sean de interés público o social, que contribuyan a la ordenación y el desarrollo rurales, o que hayan de emplazarse en el medio rural”.

El reglamento que desarrolla la ley gallega señala que esas dotaciones urbanísticas son “el conjunto de instalaciones y servicios destinados a la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos; pueden ser de uso y titularidad públicos o privados”. Por último, asegura que, con esta modificación, “se aclara que también es posible implantar instalaciones e infraestructuras privadas, en la medida en que participan de ese interés social al que se refiere la norma básica estatal”.

En casos como las plantas de gestión de residuos, ese supuesto “interés social” ya fue puesto en cuestión por el Consello Consultivo. En su respuesta a Lalín —posterior a la modificación—, aseguraba que “la actividad de almacenamiento y tratamiento de residuos industriales no está relacionado con la explotación racional de los recursos naturales del suelo rústico” e, incluso, “podría considerarse incompatible” con la preservación de sus valores naturales, “pero lo cierto es que la dicción literal de la Ley lo permite”. Algo bien distinto sería, por ejemplo, un depósito de la empresa concesionaria de la traída de aguas. A eso se refería el reglamento cuando hablaba de un posible “uso o titularidad privada” sin perder el carácter dotacional de la infraestructura.

“Por mí, se instalaría en el polígono industrial”

Esa reforma casi clandestina dio al Concello de Teo la coartada que necesitaba para no oponerse a la decisión de la Xunta. Ante la indignación vecinal, que sólo conoció el proyecto una vez se había aprobado su autorización ambiental integrada, la alcaldesa, Lucía Calvo, emitía un comunicado para defender que “ni tiene ni tuvo potestad alguna para autorizar o no la gestora de residuos de la construcción”.

“Se trata de una competencia exclusiva de la administración autonómica donde el gobierno local no puede emitir ningún tipo de informe vinculante”, dice antes de citar el famoso artículo 35.m). “Conforme a la legislación ambiental, el ente autonómico únicamente pidió al Concello un informe de viabilidad urbanística de la parcela, el cual ni tan siquiera fue emitido, sin tener opción a ninguna alegación o posicionamiento”. Con la apertura legal a instalaciones privadas, el veto municipal recogido en el decreto de Medio Ambiente ya no era posible. Incluso si hubiese intentado aplicarlo.

“El Ayuntamiento quiere dejar claro que esta empresa cuenta con autorización ambiental de la Administración autonómica, no por el Concello, y así se le trasladó a los vecinos”, continúa. Según ellos mismos contaron tras ese encuentro, la indignación de los vecinos tenía otro motivo: que la alcaldesa conocía que se estaba tramitando esa autorización y no los avisó, lo que impidió que pudiesen alegar contra el proyecto dentro de plazo. El gobierno local, que sí tuvo opción, prefirió no hacerlo. Era su forma, dicen que les dijo, de defender mejor sus intereses.

La plataforma vecinal trasladó su malestar a las puertas del ayuntamiento durante la celebración de un pleno, un acto que la alcaldesa consideró “un escrache” y del que, siguiendo el manual del PPdeG —del que su amiga, y antigua vecina, Paula Prado, es el mejor ejemplo— culpó al BNG y al sindicato CIG. “Si fuera por mí, esa planta no se instalaría en este punto, sino que se ubicaría en el futuro polígono industrial”, argumentaba la propia Calvo tras la sesión. ¿Una crítica velada a la modificación impulsada por su propio partido?

Los vecinos continuarán con su lucha y estudian tanto vías políticas como judiciales para intentar frenar una instalación que, están convencidos, traerá ruidos, contaminación por polvo en suspensión —pese a las promesas de “regar” durante el verano— y un tráfico constante de camiones por unas pistas forestales por las que no caben dos vehículos en paralelo. Todo, a escasos metros de dos núcleos de población, las aldeas de Feros y A Torre, en una zona rural donde el metro cuadrado es mucho más barato que en cualquier polígono industrial y en donde, antes del cambio en la ley, una instalación como ésta no hubiese encontrado encaje. Ahora, puede ser la primera de muchas.

Seis poderosas entidades bancarias se lanzaron sobre Sandra Ortega por considerar que había avalado los préstamos por valor de 140 millones de euros que Room Mate, la compañía hotelera de Kike Sarasola, les dejó sin pagar. La mujer más rica de España —con un patrimonio estimado de 10.000 millones— se defendió desde el primer momento argumentando que ella no había suscrito esos documentos y que su firma fue falsificada por el que había sido su hombre de confianza hasta 2020, José Leyte. Por cuarta vez, un tribunal le ha dado la razón. La magistrada del Juzgado de Instancia número 58 de Madrid ha rechazado el recurso presentado por Société Generale, que se suma así a los carpetazos recibidos por las demandas de EBN, Banca March y Abanca. Todavía quedan otras dos causas pendientes, las presentadas por Bankinter y Deutsche Bank.

Société Generale y su filial SocGen Financiaciones reclamaban a la hija del fundador de Inditex —“Amancio está preocupado, igual que estaría cualquier padre”, contaron a elDiario.es fuentes de su entorno al inicio de esta ofensiva— algo más de 20 millones de euros por el aval de dos créditos a Room Mate en 2018 y 2020, cuando Rosp Corunna, la sociedad de Ortega, poseía el 30% de la propiedad de la hotelera. La sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, avala que ella no rubricó esas cartas e incluye el informe del perito calígrafo que atribuye su autoría a la persona que, desde hacía más de dos décadas, había gestionado los negocios, primero de Rosalía Mera y, después, de su hija: “Todas las firmas habían sido realizadas por una misma mano, sin lugar a dudas la de don José Leyte Verdejo”, algo que, según el escrito de la jueza, éste nunca negó, aunque aseguró hacerlo siempre con el conocimiento de su jefa.

Este hecho supuso la ruptura de Ortega con Leyte, a quien denunció por falsedad documental en un juzgado de A Coruña tras el primer intento de la banca por recuperar sus préstamos. El tribunal herculino archivó la causa por “falta de indicios de criminalidad”, tras lo que las entidades financieras renovaron una batalla judicial que, hasta el momento, ha seguido dando la razón a la administradora única de Rosp Corunna. En conversación con elDiario.es, Leyte ha evitado valorar esta nueva sentencia, que desconoce, en un proceso en el que, según dice, sólo actuó como testigo.

Descartada la autenticidad de la firma, la jueza considera que Société Generale tampoco pudo acreditar “el conocimiento y consentimiento” de los avales por parte de Ortega, defendido en solitario por Leyte. La sentencia no ahorra reproches al banco. “El perjuicio causado tiene su origen en una actuación negligente e impropia de una entidad financiera, que tiene un deber de diligencia cualificado que excede del propio de un padre de familia”, dice textualmente. Una negligencia que no sólo se limita a no haber comprobado la autenticidad de la firma; también a no hacer lo mismo con la “valoración de solvencia crediticia” de Room Mate.

Según la magistrada, ni Société ni Socgen “acreditaron” ninguna actuación con la que comprobasen o verificasen la autenticidad de la firma. “No se solicitó la firma ante notario, ni de forma presencial por la Sra. Ortega ante apoderados de las entidades crediticias, ni se realizó comunicación alguna con Rosp Corunna salvo a través del director General, el Sr. Leyte”, pese a que conocían que sus poderes limitados le impedían avalar préstamos de ese calibre. Tampoco solicitaron una reunión ni una comunicación telefónica con la administradora única.

Frente a este comportamiento, la directora del centro de empresas de Caixabank en A Coruña, “entidad que trabaja habitualmente con Rosp desde hace 20 años”, reconoció que la forma habitual de llevar a cabo este tipo de operaciones es “mediante firma presencial de Dña. Sandra Ortega y una o dos personas apoderadas de Caixabank”. “También se hace ante Notario”, añadió antes de manifestar que la propietaria de Rosp Corunna “siempre firma personalmente” y que su entidad “no flexibiliza los controles pese a que los clientes sean habituales”.

“No quiero trabajar en el ballet o la ópera, ni en cosas en las que te digan: 'Oye, mantén esto vivo por mucho que ya no le importe a nadie'”. Esas afirmaciones en una charla televisada con el también actor Matthew McConaughey le han costado muy caras a Timothée Chalamet. Hay quien dice que incluso lo han dejado sin el Oscar a mejor actor por su interpretación en Marty Supreme, un papel que lo había colocado como favorito en las quinielas a mejor actor protagonista. Conan O'Brien abrió la gala con un chiste sobre sus palabras —“Están enfadados porque dejaste fuera al jazz”—, que ya habían protagonizado un sketch de Saturday Night Live, mientras Steven Spielberg, Whooppi Goldberg o Juliette Binoche, entre otras personalidades, las criticaban. Sin embargo, en la única provincia gallega sin mar, alguien ha coincidido casi al dedillo con el novio de Kylie Jenner.

Autoproclamado como uno de los “pioneros” del monopatín en la ciudad o de participar en la carrera hasta la cumbre del Empire State Building, el alcalde de Ourense, el populista Gonzalo Pérez Jácome, sigue buscando emociones fuertes también fuera de la política. A sus 57 años decidió debutar como espectador en la ópera y sus primeras valoraciones parecen escritas por el propio Chalamet.

“Hoy asistí a La Traviata, mi primera ópera”, un evento que también publicaron otros políticos gallegos, aunque ninguno más en este tono. Tras el emoji de un bostezo, Jácome escribía en la red social X: “El género es una mezcla de concierto de música clásica en bucle, misa solemne y cine mudo (letreros con diálogos)” antes de concluír que “sobre gustos no hay nada escrito” y rematar con una frase escrita en gallego: “Eu a esto non che volvo” (“Yo a esto no vuelvo”).

Entre las respuestas, no faltaron las que echaban las manos a la cabeza: “La cultura viene pero tú corres más” o “No está hecha la miel para la nariz del asno” a las que Jácome, propietario de una tienda de instrumentos musicales, no dudaba en responder, con alguna errata: “Yo estudié música clásica, posiblemente más que tú, y no me gusta. Yo suelo tocar blues al piano pero no me gusta oír bandas de blues sino otros estlos. Tu comentario es propio de supramacistas culturales”. Otros, además de recordarle al propio Chalamet, ironizaban diciendo que eran mucho mejores la Orquesta Panorama o los DJs que contrata el ayuntamiento.

Si bien en lo que se refiere a la ópera el actor y el alcalde están de acuerdo, hay una clara diferencia en lo que respecta al ballet. O, al menos, de sus consecuencias económicas: Horas antes de su post sobre La Traviata, Jácome escribía: “Este fin de semana en Orense, todos los hoteles y restaurantes a tope, el Auditorio Municipal acoge el Congreso Nacional de Danza, zona norte”. Parece que la ocupación hotelera bien vale algún bostezo.

En julio de 2023 se celebraron las últimas elecciones generales en España, unos comicios que el expresidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, confiaba en ganar para sentarse en La Moncloa en lugar de Pedro Sánchez. Por aquel entonces, esa euforia previa se extendía por todas las agrupaciones del PP. En la localidad coruñesa de Noia, su alcalde, Santiago Freire, reenviaba al grupo de whatsapp de la directiva local una foto de Francisco Franco junto con otros renombrados golpistas: Mola, Saliquet, Queipo de Llano y Cabanellas, todos ellos de uniforme. “La última vez que hubo Generales en julio salió bien la cosa...”. Freire dejó de ser alcalde en agosto de 2025, desalojado por una moción de censura tras la que se descubrió que había gastado 30.000 euros en copas, chupitos y cenas. Este martes, el Diario Oficial de Galicia ha publicado su nombramiento como nuevo jefe territorial de Educación en la provincia de A Coruña, donde una de sus labores será velar porque se cumpla la “neutralidad ideológica” que se ha convertido en una de las obsesiones de la Consellería.

A Freire –veterinario de formación, sin relación con la administración educativa– no sólo le gusta bromear con el fascismo. Su nombre se viralizó en marzo de 2017, después de que decidiese utilizar su intervención en los actos oficiales del 8M para ejemplificar, con un humor más que dudoso, “las muchas complejidades y dificultades fisiológicas” que las mujeres “tienen con respecto al hombre”. Según él, lo que caracteriza a la mujer es que “es capaz de sangrar sin cortarse, es capaz de dar a luz sin corriente y algunos dicen que es capaz de tocar las narices sin siquiera acercarse”. La ola de condena lo obligó a tener que disculparse, pero también lo hizo a su manera, atribuyendo el tono a la retranca gallega y culpando a la oposición de difundir sus palabras “fuera de contexto”.

La carrera política de Freire fue, cuando menos, curiosa. Alcalde de Lousame (3.000 habitantes) en tres ocasiones –las dos últimas por mayoría absoluta– dejó el cargo un año después de su última victoria para presentarse al Parlamento de Galicia, la plataforma desde la que intentó dar el salto al Gobierno local de Noia, cabeza de la comarca con sus 14.000 habitantes. Lo que no conseguiría en los comicios de 2015 lo logró, meses después, con una moción de censura como la que , casi una década después, le quitó el bastón de mando a él mismo.

Los escándalos continuaron persiguiéndolo también en la oposición. elDiario.es desveló que el grupo municipal del PP, con él al frente, había pasado al Concello, entre 2018 y 2024, casi 30.000 euros en copas, chupitos y cenas, presentados como “gastos de funcionamiento” pese al reparo de la intervención municipal, que tumbó otras facturas como la impresión de papeletas electorales o el pago de un bus para el mitin de cierre de campaña de las generales de 2023, aquella que soltó la retranca de Freire.

El propio presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, preguntado por aquellos desembolsos admitió que “algunos conceptos llaman la atención”. Tanto la llamaron que el Tribunal de Contas decidió indagar. En diciembre, la Fiscalía del mismo órgano abría otra investigación, en este caso sobre subvenciones a dos clubes deportivos a los que su gobierno entregó más de 130.000 euros en 2019. Fuentes municipales confirman que ambas causas siguen abiertas.

Aferrado al acta

El nuevo gobierno local de Noia le pidió que entregase el acta de concejal, pero Freire siguió aferrado a ella a la espera de un destino mejor, como el que le ha proporcionado su partido poniéndolo al frente de Educación en la provincia con más centros y más alumnado. “El nuevo director territorial, funcionario y con una amplia experiencia en la gestión pública, cumple con los requisitos necesarios para el puesto. Por eso fue nombrado”, respondió la Consellería a las preguntas de esta redacción.

Una de las labores de Freire como jefe provincial –el cargo oficial es director territorial de A Coruña– será velar junto a la inspección por uno de los caballos de batalla de la consellería que dirige Román Rodríguez en un curso en el que se acaba de convocar la sexta jornada de huelga del profesorado: la famosa “neutralidad ideológica” tras la que oposición, sindicatos y ANPAs sólo ven el intento de la Xunta de evitar que en los centros se traten temas espinosos para el PP, como su criticada política lingüística, el genocidio de Palestina o la oposición al proyecto de macrocelulosa de Altri, al que el ejecutivo gallego acaba de dar carpetazo al menos hasta 2030. La Coordinadora Galega de ONGs para o Desenvolvemento recordó que “no se puede ser neutral con los derechos humanos”.

Por primera vez, Educación exigía incluir todas las actividades “salvo casos excepcionales y motivados” en la programación xeral anual que se presenta a principio de curso, lo que partidos y sindicatos veían como una forma de facilitar el veto a cualquier iniciativa sobrevenida que no pasase el filtro de la Xunta. Los primeros avisos ya habían llegado: en Redondela (Pontevedra), la inspección educativa, “siguiendo instrucciones de la Dirección Territorial”, pidió explicaciones a los directores de centros que llevaban años participando en el festival Artelixo. Lo hizo porque ese año había mudado su nombre por el de AltriLixo. Por su parte, el sindicato STEG denunció presiones directas desde la Consellería para frenar una charla del secretario del embajador palestino en España en un instituto de Santiago, un episodio que acabó con el director del centro en urgencias con un ataque de ansiedad“.

“Nombramiento incomprensible”

“Este hombre no tiene conocimiento del mundo educativo, ni es docente, ni tiene experiencia en la gestión de nada relacionado con este ámbito”. Por eso, Laura Arroxo, secretaria nacional de CIG-Ensino –primer sindicato entre los docentes gallegos, con el 46% de los delegados– considera “incomprensible” que se le ponga al frente de uno de los departamentos “más complicados”, con “muchísima” rotación de funcionariado provocada por la dificultad de gestionar un número tan elevado de centros, trabajadores, alumnado y familias.

Esa incomprensión por el fichaje ante el desconocimiento de la labor que le espera aumenta al conocer “sus antecedentes”, unos antecedentes que, como señala, no son nuevos en esa consellería.

En junio pasado, el sindicato pidió la dimisión del subdirector xeral de Inspección, Enrique Prado, por las ideas “puramente reaccionarias, ultraespañolistas, contrarias al marco autonómico” que expresaba en su blog. En esos textos, Prado definía al profesorado como “clase ociosa”, una idea que abrazaría el propio conselleiro Rodríguez. Según la CIG, en una visita a las obras de un instituto pontevedrés, insistió en varias ocasiones en que los docentes “trabajan poco”. Antes, en marzo de 2024, los socialistas habían denunciado que el homólogo de Freire en Pontevedra, el jefe territorial César Pérez Ares, había comparado al Gobierno de Pedro Sánchez –al que llamó “autócrata”– con el régimen nazi. Pérez, que participaba en la actividad como exdiputado, alegó que se había “tergiversado” su “discrepancia” con la Ley de Amnistía.

Existen palabras que no se pueden leer sin cantarlas. Para varias generaciones de cinéfilos, Movirecord (Mooovierecooord...) es una de ellas. El soniquete de la agencia que gestiona los anuncios en cientos de salas lleva décadas sirviendo de preludio a grandes epopeyas, intensos romances o descacharrantes comedias, historias entre las que no desentonaría la biografía de uno de los fundadores de la empresa: el hombre que nació como Jenö Grunfeld y que, a lo largo de su peripecia vital, utilizó las identidades de Eugene, Eugenio o Johnny Garry. Aunque para una persona era, simplemente, Ni. Esa persona es su nieto, el documentalista Antonio Grunfeld, quien se ha propuesto reconstruir la vida de su abuelo, aquel joven que atravesó Europa huyendo de los nazis, luchó en la Resistencia francesa, cruzó a pie los Pirineos en plena Nochebuena para refugiarse en España y acabó inaugurando el festival de publicidad de Cannes y codeándose con las élites del franquismo.

Hasta 2008, Antonio (Madrid, 1983) no imaginaba quién había sido realmente aquel vejete entrañable que, ya prácticamente ciego, con la manta sobre las piernas, escuchaba en su transistor los resultados del fútbol mientras repasaba cuántos aciertos había tenido en la quiniela. De él sabía que hablaba “muchos idiomas” y algo que, de niño, le causaba una cierta perturbación: “Que había fases de su vida que no nos quería contar a sus nietos porque había hecho cosas horribles”.

Seis años después de la muerte de Ni, Antonio acababa de finalizar su primer documental, Dachau, tras 63 años, en el que registró el regreso al campo de exterminio de nueve supervivientes del Holocausto. Visto desde hoy, parece casi un truco de guión que fuese justo entonces cuando recibió un correo electrónico desde Bruselas. Una rama de la familia lo había localizado por su apellido, tan poco frecuente en España. No tardó en acudir a visitarlos. En Bélgica, su tía le enseñó una foto que lo dejó en shock: su abuelo y su padre, vestidos con esmoquin blanco, en la alfombra roja del primer festival de publicidad de Cannes. Una cita que había inaugurado Movierecord.

Grunfeld era ajeno a todo aquello porque su padre, que los abandonó cuando él tenía siete años, nunca les contó nada de la vida de Ni. Aquel contacto con los parientes le abrió los ojos a una odisea que casi dos décadas y varias películas después –Manoliño Nguema, El secreto del bosque...–se ha decidido a afrontar en primera persona.

“Siempre pensé que habría que contarlo como ficción, porque todos los protagonistas están muertos”. Con esa idea le presentó el proyecto a OlloVivo, la productora de Gaspar Broullón y los hermanos Jorge y Pepe Coira. Fue éste último –guionista de Hierro o Rapa– quien encontró los agujeros en la narración. “Veo muchas lagunas, hay mucho que investigar y esa investigación es un documental”, recuerda que le dijo, antes de añadir: “Un documental... contigo dentro”. Grunfeld tardó meses en decidirse. “Tenía sentido. Yo no sé hacer ficción pero sí sé hacer documentales”, explicaba, como si aún estuviese autoconvenciéndose de su papel. “Además, creo que ya soy capaz de contar esta historia al nivel en que lo necesita”.

Jenö

Esa historia comienza en 1909, en una localidad del Imperio Austrohúngaro ubicada en la actual Eslovaquia, hoy sumergida bajo un embalse. Allí nació Jenö, aunque creció en Niyregihaza, al este de Hungría. Su padre, un judío que renegaba en público de su religión, era uno de los pocos comerciantes con el extranjero de aquella época, lo que les garantizaba una posición acomodada que se truncó con un “cataclismo”: la repentina muerte del hombre en Londres, en uno de sus viajes a Inglaterra.

A partir de ese momento, su herencia queda custodiada por una institución de orfandad, lo que obliga a su madre a justificar cada cantidad de dinero que necesita o cada objeto que reclama. Esos documentos, de los que se desprende un auténtico calvario para la viuda son hoy, sin embargo, “oro puro” para el documentalista. En ellos consta cómo pide una asignación para que sus hijos puedan seguir educándose en un buen colegio o por qué quiere recuperar el reloj del fallecido. “Fue durísimo para mi bisabuela, pero contar con estos documentos legales es maravilloso para mí”.

La herencia no tarde en acabarse y Jenö, como el mayor de los cuatro hermanos, tiene que buscar trabajo. Esa necesidad, unida al ascenso de los nazis, lo anima a emigrar. Su nieto ha encontrado el documento donde las autoridades húngaras enumeraban los 25 Grunfeld de la localidad para proceder a su detención. Un puñado de ellos acabarían en Auschwitz. Jenö y su hermano Rudolph huyen a Bélgica. Con el arranque de la Segunda Guerra Mundial, Zoltan, el pequeño, se les unirá. Atrás dejan a su madre y a su hermana.

Eugene

Los dos hermanos pronto encuentran trabajo en un hotel para la clase alta de Bruselas, aunque a Jenö –ahora Eugene– no le gusta: siempre piensa que su lugar debería estar del otro lado de la barra o sentado en una de esas mesas tan elegantes. Así que lo deja y uno de los clientes del hotel le ofrece un puesto de chófer en el que podría empezar al día siguiente. El joven acepta sin confesarle a su nuevo jefe un pequeño inconveniente: que no sabe conducir. Esa noche, Eugene y Rudolph alquilan un taxi y se pasan la madrugada practicando, hasta que con la luz del día consideran que está listo para su nueva labor. Grunfeld todavía desconoce quién era aquel adinerado empleador –una de las lagunas–, pero está convencido de que puede ser una de las claves que, en el futuro, explique el nacimiento de Movierecord.

Esa etapa feliz no duró demasiado. Bélgica también fue invadida por los nazis y los hermanos, ya con Zoltan, huyeron a París. Allí se integraron en la resistencia. Otro gran vacío. Esta era la época de la que Ni no quería hablar a sus nietos: aquellas “cosas horribles” las cometió luchando contra la ocupación hasta que los tres fueron detenidos. A Eugene y Rudolph los enviaron a Drancy; a Zoltan, a algún lugar del Este de Europa y nunca más se supo de él. La investigación de Grunfeld le ha permitido arrojar luz por fin sobre ese misterio familiar: Zoltan falleció en enero de 1943 en un campo de trabajo de Hungría. En ese momento, Eugene y Rudolph –bajo otro nombre– estaban encarcelados en España. Pero, para llegar allí, todavía tendrían que fugarse de otro centro de internamiento.

Drancy, en el noreste de París, era el lugar desde el que los judíos detenidos en la capital eran deportados a campos de exterminio en la Polonia ocupada, un destino del que los hermanos se libraron, según sus descendientes, con una estratagema que daba pistas sobre su carácter. Convencieron al director de la cárcel de que tenían una fortuna escondida que podrían compartir con él si les permitía ir a buscarla. El hombre picó el anzuelo y los dejó salir. Ya no volvieron.

Johnny

Rudolph y Eugene se escondieron durante tres años en un pueblo de los Pirineos franceses, Bonac-Irazein, donde sólo la familia que los acogía conocía su origen judío. Sin embargo, el 25 de diciembre de 1942, descubren que han sido descubiertos. “En la mañana de Navidad de 1942, después de una larga y salvaje noche de comer, beber y bailar casi sin parar al son de un acordeón en la sala de espera casi en ruinas y abandonada de una estación de tranvía local en Ariège, tropezando en la nieve con las piernas inestables y la cabeza recalentada por el alcohol, volví a casa para descansar un poco”. Así arranca el manuscrito en el que Eugene narra en primera persona aquel capítulo y que su nieto guarda como oro en paño.

En su casa de acogida, en lugar del esperado descanso, le esperaba la noticia de que los estaban buscando. Tenían que huir y sólo había dos opciones: tratar de pasar a España o volver a unirse a la Resistencia. La duda se resolvió cuando los dos miembros más jóvenes de la familia se ofrecieron a hacer de guías. Así, arrastrando una resaca épica, los Grunfeld se lanzaron a cruzar a pie la frontera, a trompicones, entre la nieve y las gélidas temperaturas del invierno pirenaico. Ya en territorio español, heridos y ateridos de frío, a punto de morir de congelación, son detenidos por la Guardia Civil.

Los documentos oficiales de la época los sitúan ese 1943 en el balneario de Rocallaura, en Lleida, un campo de concentración abierto en el que se hacinaban los extranjeros que, como ellos, llegaban huyendo del nazismo y ya no tenían hueco en la abarrotada prisión provincial. Allí, Eugene y Rudolph aparecen identificados como John y Robert Garry.

Rocallaura no les sirvió sólo para aprender el idioma del país al que habían llegado. La intensa vida cultural del balneario, donde los presos organizaban conferencias, recitales de poesía y hasta editaban revistas, les supuso todo un descubrimiento. Un enriquecimiento espiritual pero nada material: cuando quedaron en libertad, su única posesión conjunta era un paquete de cigarrillos.

Eugenio

Y ahí es donde surge la gran laguna: cómo aquel desharrapado pasó a convertirse en un empresario de éxito en pleno franquismo, codeándose con ministros y asistiendo a las fiestas de la alta sociedad, donde las esposas de los potentados competían por ver quién vestía la joya de mayor tamaño. Una vida que el cineasta ya no llegó a conocer.

Completar ese enorme agujero del puzzle es ahora el objetivo del director, recién llegado de visitar en Hungría los escenarios de la niñez y la adolescencia de su abuelo. En abril espera tener listo el teaser del documental para presentarlo a los programas de ayudas al desarrollo de proyectos como el suyo. “Una historia de tanta envergadura requiere investigar más, viajar más, aumentar el equipo y seguir dándole forma al enfoque narrativo”. Está convencido de que la pista belga y aquel desconocido que contrató como chófer al hombre que se hacía llamar Eugene guardan muchas de las respuestas que ansía descubrir. De aquel país era también el otro fundador de Movierecord, Jo Linten, un exiliado belga seguidor de León Degrelle. Degrelle, líder del Partido Rexista, fue colaborador de los nazis –llegó a coronel de las SS– y, tras la guerra, también encontró refugio en la España franquista, donde se convirtió en un conocido negacionista del mismo Holocausto del que había huido el socio de Linten.

“Movierecord fue un bombazo, era casi un monopolio”. La empresa nació en 1954 como grupo y doce años después su división cinematográfica se emancipó para centrarse en el negocio de las salas. Desde allí impulsarían el festival de publicidad de Cannes, precursor del actual Cannes Lions, donde el padre y el abuelo de Grunfeld posaron en aquella foto que a él le mostró en 2008 la hija de Rudolf, Gisèle. Desvinculada desde hace décadas de la familia, Movierecord, que sigue siendo líder en el sector, gestiona –según sus propios datos– 2.200 pantallas en todo el Estado ante las que, en 2024, se sentaron más de 35 millones de espectadores.

Desde aquella conversación primigenia con Pepe Coira, Antonio ya no duda de que la película tendrá que sostenerse sobre dos patas: por un lado, la vida de su abuelo y, por el otro, su propia búsqueda. Es consciente de que le obligará a “remover” la historia familiar y la “herida” de su relación con su padre, pero también que le permitirá llegar a las distintas ramas de la familia, no sólo en Bruselas, sino también en Nueva York o Tel Aviv. Aún le queda mucho trabajo por delante antes de que la cinta sea una realidad. Quizá entonces llegue a proyectarse en una gran pantalla, y justo antes de que empiece se escuche una sintonía que para él será –y nunca mejor dicho– muy familiar.

Sólo hay un lugar en toda Galicia con el topónimo Almáciga: el monte más elevado de la ciudad de Santiago, hoy un barrio popular y a menudo olvidado por los propios compostelanos. Esta atalaya natural donde se vivió uno de los últimos capítulos de la Revolta Irmandiña, aquella rebelión campesina contra los privilegios de los señores en el siglo XV, acoge hoy, siglos después, una nueva batalla cultural: la que ha desatado la derecha contra la decisión –unánime– de la comunidad educativa de rebautizar el colegio con el nombre del sitio donde está emplazado. El problema no es la nueva denominación, sino la anterior, la que desaparecería: Apóstolo Santiago.

El Apóstolo Santiago –inaugurado en 1954 como Santiago Apóstol, rótulo que aún conserva en la fachada– fue el primer grupo escolar de la ciudad. Tras él vendrían muchos otros centros que, como él, pese a su carácter público, serían bautizados con nombres de esa Iglesia que ha marcado la historia de Compostela desde la Edad Media. Cardenal Quiroga Palacios, López Ferreiro, San Clemente o Pío XII son sólo algunos ejemplos. Curiosamente, en el Pío –el mayor colegio de la ciudad, con más de 600 alumnos–, un grupo de familias mira con atención lo que sucede en la Almáciga mientras estudian una alternativa similar.

La propuesta del cambio de nombre surgió del ANPA del Apóstolo, recogiendo un intento de unos años antes que no había llegado a fructificar. Detectaron la voluntad mayoritaria entre las familias de rebautizar el colegio y conseguir aumentar la identificación simbólica con el barrio. En el informe de diez páginas que presentaron a la asamblea de padres y madres se recogía “la necesidad de dotar al centro de una identidad educativa acorde con su realidad territorial, cultural y social”. Su propuesta enumeraba argumentos históricos, geográficos, sociológicos y pedagógicos. El Consello Escolar, el máximo órgano de gobierno de la comunidad educativa, lo respaldó por unanimidad.

Nada de eso sirvió. El PP local, envuelto en una campaña contra la regidora Goretti Sanmartín (BNG) que pasa por acusarla de atacar a todos los símbolos del compostelanismo –entre los que puede encontrarse el Camino de Santiago, pero también un festival de música con menos de diez años de antiguedad–, encontró un nuevo filón que explotar. Para el portavoz municipal, Borja Verea, esa iniciativa ya no partía de un grupo de familias que buscaba una mayor identificación entre colegio y barrio: era un ataque a la identidad de la ciudad. Y, ya de paso, al Apóstol.

Más papistas que el arzobispo

Agitar el fantasma del anticlericalismo contra los gobiernos a la izquierda del PSOE es un clásico en una ciudad que vive a la sombra de la catedral. En 2015, Martiño Noriega –regidor por la marea municipalista Compostela Aberta– sufrió furibundos ataques por su decisión de no participar en la ofrenda al Apóstol aunque, curiosamente, tanto entonces como ahora, quien menos hiperventiló fue el propio Arzobispado. Así fue el inicio de un mandato que vivió hasta su final bajo un fuego constante y que, visto hoy, parecía anticipar algunas de las campañas dirigidas contra Pedro Sánchez.

En las siguientes elecciones, Noriega perdió. El voto de la derecha respaldó el regreso del exalcalde socialista Sánchez Bugallo, quien siempre había convivido con comodidad tanto con la Iglesia como con la Xunta del PP. Una vez espantado el miedo al anticristo, cuatro años después esas papeletas retornaron a casa. Bugallo –al que ocho años de ausencia habían desconectado de una ciudad que conocía como la palma de su mano– quedó segundo por la izquierda tras el BNG de Sanmartin. Dimitió para irse al Senado pero su partido no quiso entrar en un gobierno tripartito con Bloque y Compostela Aberta que habría gozado de una cómoda mayoría absoluta. Era el preludio de la implosión del PSOE local, dividido hoy entre dos concejales que mantienen las siglas y cuatro no adscritos, que serán claves en esta historia.

Sanmartin tampoco asistió a la ofrenda –Noriega fue el primer alcalde en ausentarse, pero los nacionalistas, en la oposición, ya no participaban en el acto– y los argumentos de condena renacieron de cero, como si 2015 nunca hubiese existido. Desde entonces, Verea –candidato más votado, 11 concejales, a dos de la mayoría absoluta– ha seguido excavando esa veta. Cuando se conoció la decisión de la comunidad escolar del Apóstolo, volvió a señalar a la alcaldesa al insertar esa propuesta de las familias en un “peligroso proceso de eliminación de todo lo que significa Santiago de Compostela” por parte de un gobierno que “detesta todo lo que nos hace únicos e universales” y llamó a la ciudadanía a “frenar juntos este ataque constante del BNG y Goretti Sanmartín al compostelanismo”.

El llamamiento de Verea caía en terreno abonado. La prensa de derechas llevaba días poniendo el grito en el cielo. “Qué indigencia”, escribió en sus redes sobre el cambio de nombre un periodista de ABC. Por su parte, los medios locales amplificaban la campaña de recogida de firmas de una –una– exalumna, que atacaba las connotaciones “políticas” del cambio: “Es un problema que no podemos ignorar, especialmente porque algunos hijos/as de políticos/as con ideologías independentistas y padres y/o madres afines a sus ideas asisten a 'nuestra escuela'. Parece que pretenden borrar cualquier símbolo que no esté alineado con sus creencias”. La versión original, que todavía circula por capturas de internet, añadía rojos –sin el posterior lenguaje inclusivo– a ese independentistas. “Un colegio pertenece a toda la ciudad, no a una asociación en un momento concreto”, había dicho Verea. De los 100.000 habitantes de esa ciudad, apenas algo más de 800 habían respaldado el change.org durante sus tres primeras semanas de vida.

El pleno municipal

Tras la aprobación unánime del Consello Escolar, los siguientes pasos para hacer efectivo el cambio de nombre eran la luz verde del ayuntamiento y de la Xunta. El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, preocupado hasta casi la obsesión por lo que él llama “neutralidad ideológica” en las aulas, ya había enseñado la patita: “Andar cambiando nombres genera a veces ruidos innecesarios y esconde intereses que se ocultan de otra forma”, aseguró. Contrasta con el respaldo que recibió el colegio privado compostelano San Pelayo cuando se rebautizó como Emma o cuando, en el municipio vecino de Ames, el del obispo ultraconservador Guerra Campos fue sustituido por Val da Maía (el valle donde se ubican tanto Ames como Brión). Esta última decisión, por cierto, se hizo oficial el mismo día en el que, un centenar de kilómetros al norte, el instituto Carmen Polo pasaba a denominarse Terra de Ferrol.

Sin embargo, a Rodríguez le llegó el trabajo hecho después de que el pleno municipal tumbase la iniciativa. Lo que debería haber sido casi un trámite administrativo, dado el acuerdo total en el centro, mutó en una tensa sesión. Y eso, que, al inicio, el director del colegio, Luís Martínez, puso todo su esfuerzo en explicar de forma sensata una solicitud que, insistió, no iba “contra nadie, ni contra la compostelanidad ni contra el apóstol”.

Entre sus argumentos destacó la necesidad de ubicar el centro en el barrio –como los institutos de Sar o Fontiñas– y evitar las confusiones que genera el nombre actual. No fueron pocos los que, gracias a esta polémica, descubrieron no sólo dónde estaba el Apóstolo Santiago sino también que, pese a su nombre, no se trata de un colegio religioso. Martínez defendió por ello una denominación que permita identificarlo “claramente como centro educativo público aconfesional, plural y que no cause ningún tipo de duda o equívoco entre la ciudadanía”.

BNG, Compostela Aberta y los dos ediles socialistas respaldaron la decisión unánime de la comunidad educativa. El PP se opuso, tal y como había anunciado, pero fue la sorpresiva abstención de los cuatro concejales no adscritos la que tumbó la propuesta. Según denunció Verea, al finalizar el pleno, uno de los miembros del ANPA que asistían como público tocó en el hombro al portavoz de los no adscritos, Gonzalo Muíños, para llamarle “puto sinvergüenza”.

No tiran la toalla

Para las familias, con su voto, los 11 concejales del PP y los cuatro no adscritos “desautorizaron al órgano democrático y legítimo del colegio”. “Decidieron oponerse a la voluntad unánime del Consello Escolar de nuestro centro”, aseguraron en un comunicado, ya que “no sólo bloquearon un trámite administrativo”, sino que también “ignoraron dos años de participación, diálogo y consenso” que fructificaron en una decisión del ANPA y del profesorado que “cuenta con el apoyo del barrio”.

A Verea no le gustó el tono del escrito: “Si empezamos a decir que los acuerdos adoptados por el pleno no valen cuando no nos gustan, estamos cuestionando el funcionamiento básico de las instituciones democráticas y sentando un precedente peligrosísimo”, respondió en su propio comunicado. El ANPA ha convocado una asamblea general para el próximo día 18 donde estudiarán los nuevos pasos a dar, porque no han dicho la última palabra. Será un nuevo capítulo de esta batalla que ha convertido los deseos de la comunidad educativa en un daño colateral dentro de una guerra mayor.

Todo comenzó el 15 de febrero de 2023. Aquel día, Alberto Ordóñez, redactó una de esas rutinarias noticias que cada mes informan de los avances del IPC. “Los precios subieron en Galicia en el mes de enero un 6,4%. En toda España, la subida fue del 5,9. Son los datos oficiales que hoy publicó el Instituto Nacional de Estadística”, escribió en la entradilla que tendría que leer el presentador del informativo de la Radio Galega antes de darle paso. Cuando pulsó el botón de enter, este respetado periodista económico, con más de dos décadas en la emisora autonómica, no podía imaginar que estaba a punto de verse involucrado en una cadena de traslados que tanto él como el resto de implicados siempre consideraron una clara represalia. Dos años y media docena de derrotas judiciales después, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia les ha dado la primera alegría. La Sala de lo Social ha condenado a la CSAG, la antigua CRTVG, por vulnerar los derechos fundamentales de una de sus compañeras.

Parece una obviedad recordar que el ámbito de influencia de la Radio Galega es Galicia y, por eso, con un lógico criterio periodístico, Ordóñez puso para aquella información los datos de la comunidad autónoma en primer lugar, sin valorar que eran peores que los del conjunto del Estado y que eso podía resultar incómodo para el discurso oficial. Tal y como relató después ante la jueza, su superior le pidió “de forma ambigua” que modificase la pieza para “disimular” esas malas cifras. “Ya sabes...”, contó que le dijo. El periodista, que había dejado su pieza grabada, se amparó en la cláusula de conciencia para negarse a cambiar nada. Sin embargo, cuando la noticia se emitió en antena, el paso fue muy diferente: “Dato definitivo del IPC. Los precios subieron en enero en toda España un 5,9% con respecto a hace un año. La inflación subyacente, que no cuenta ni los alimentos frescos ni los carburantes, se sitúa en el 7,5%”. Tras todos esos datos, llegaba el autonómico: “En Galicia, los precios subieron en el mes de enero un 6,4%”.

Al día siguiente, empezaba un tsunami de cambios. El subdirector de Informativos llamaba a su despacho a Ordóñez para comunicarle que, tras 23 años en la radio, se iba a la TVG, a cubrir una jubilación en el programa Vivir o mar, lejos de la actividad económica que había marcado su carrera y en un medio que desconocía. Con él se iba también a la tele Nuria López, redactora multipremiada sin experiencia en el medio televisivo y que acabaría trabajando en la página web. El cambio de cromos se completaba con dos redactores de la tele, completamente neófitos en su nuevo destino, que daban con sus huesos en la radio: David Fernández, el “daño colateral”, y Mónica Rosas, vinculada al canal desde 1998. A ella es a quien el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia le acaba de reconocer la vulneración de derechos fundamentales por parte de la corporación gallega de medios públicos, la CSAG (la antigua CRTVG).

Desde el primer momento, Ordóñez, Rosas y López denunciaron esos cambios de puesto como una represalia por su postura crítica con la manipulación informativa, que los había convertido en rostros visibles del movimiento Defende a Galega. Era habitual verlos posar cada venres negro —van ya 407— vestidos de luto junto a decenas de compañeros. Tanto ellos como el comité intercentros entendieron que se estaba enviando un mensaje a los disidentes. La respuesta fue una convocatoria de huelga que hizo caer programas de las parrillas de la radio y la televisión y que llevó las protestas hasta la puerta del Senado. Allí, en la Cámara Baja, con un escaño otorgado por designación autonómica, debutaba el expresidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que iniciaba su carrera como líder del PP en Madrid. Precisamente, a ese nuevo papel de Feijóo achaca lo que le sucedió la quinta protagonista de este juego de las sillas.

Mayte Cabezas era otro rostro histórico de la TVG. Llevaba más de 30 años en pantalla, los últimos como parte del equipo de Vivir Aquí. En 1989, días después de que ella empezase a trabajar en el canal autonómico, el padre Cabezas, guardia civil, fue asesinado por los Grapo. En 2019, Feijóo, como presidente de la Xunta, se acercó a Mayte en un homenaje para comprometerse personalmente, “de manera muy íntima y vehemente” a aprobar de inmediato una ley de apoyo a las víctimas del terrorismo. Cuatro años más tarde, sin que de esa ley siga sin saberse nada y con Feijóo ya en Madrid, el candidato popular afirmaba: “Hacer política que merece la pena pasa por recordar a las víctimas del terrorismo”. Era sábado, 11 de marzo, Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo.

Cabezas estalló en su muro de Facebook personal y respondió que Feijóo “con mayoría absoluta dio la espalda sistemáticamente a las víctimas”. “Qué sinvergüenza. Reír por no llorar”, añadía entre signos de exclamación. El lunes, cuando llegó a su puesto de trabajo, tenía esperando sobre su mesa la carta que le comunicaba su traslado inmediato a la radio. La explicación oficial aseguraría después que el motivo era la cancelación del programa, algo que estaba previsto con anterioridad. La CSAG ha llegado a respaldar esa afirmación presentando ante la Justicia unos correos electrónicos supuestamente previos a las afirmaciones de la periodista. Ni ella ni sus abogados se lo creen y han presentado una impugnación por falsedad. La admisión o rechazo de esa querella está aún en trámite en un juzgado compostelano.

El vía crucis judicial

Todos los afectados por estos cambios recurrieron a la Justicia, excepto Fernández. A él le habían dejado claro que era un “daño colateral” en esos movimientos de piezas. “Tú no estás castigado... Bueno, nadie está castigado”, declaró ante la jueza que le había dicho el subdirector de informativos, Alejandro López Carballeira, hoy ascendido a director. Hablar en favor de sus compañeros tuvo un coste para él. Como tantos otros trabajadores que habían pasado años encadenando contratos temporales, denunció a la CSAG y la Justicia lo declaró indefinido. En una decisión “sin precedentes”, según el comité, en lugar de readmitirlo, como siempre se había hecho, lo indemnizaron y lo despidieron. Y eso que, cuando lo enviaron de la tele a la radio —un medio en el que también carecía de experiencia— lo hicieron “para crear equipo y generar buen ambiente”. Pero eso fue antes de comparecer ante la jueza.

Ordóñez, Rosas, López y Cabezas denunciaron que los traslados suponían una modificación sustancial de sus condiciones de trabajo y la vulneración de sus derechos fundamentales. Las dos juezas que vieron sus casos fallaron lo mismo: que como esa modificación no existía, no era necesario entrar al fondo del asunto. Las magistradas consideraron equivalente el trabajo en la radio, en la televisión y en la página web, aunque hubiese que utilizar programas informáticos y herramientas diferentes para los que los afectados no habían recibido formación. Una de las expertas encargadas de defender la postura de la CSAG fue Ana Isabel Rodríguez, decana de la Facultade de Comunicación de Santiago en la que —junto a otros cargos de la Corporación— imparte clases López Carballeira. Entre sus argumentos, que “en la titulación oficial de Licenciado/Graduado en Periodismo no existe una especialización en función de los soportes de distribución de la información”.

Tras ese primer fracaso, que no indaga bajo la superficie de los cambios, llegan las distintas estrategias judiciales y los resultados diferentes, incluso opuestos, hasta utilizando los mismos argumentos. Ordóñez recurrió la sentencia ante el TSXG, que desestimó sus demandas y cerró el caso. Sus tres compañeras, sin embargo, se agarraron a la decisión de las juezas de no entrar al fondo de la cuestión y solicitaron, ante el mismo órgano, la anulación de la sentencia y que la causa se recondujese a la vulneración de derechos fundamentales. Con las mismas razones, la petición de Rosas y Cabezas sí fue aceptada; la de López, que recayó en otra sala, se rechazó.

La CSAG anuncia recurso

La de Mónica Rosas, con fecha de 2 de marzo y conocida este fin de semana, ha sido la primera de las sentencias favorables. Después de cinco derrotas judiciales, fue recibida con alborozo tanto por la plataforma Defende a Galega como por el comité y los trabajadores críticos con la deriva de los medios públicos. En su escrito, la Sala de lo Social hacía suyo “el reproche jurídico” a la jueza de primera instancia que suponía admitir el recurso justo antes decretar “la existencia de vulneración de los derechos fundamentales de la actora” y ordenar a la CSAG “cesar en esa conducta”.

Además, el TSXG condena a la corporación a abonar a la periodista 7.501 euros “en concepto de indemnización por daños y perjuicios morales por la vulneración de derechos fundamentales”. Una cantidad que puede parecer irrisoria tras los dos años de proceso y después de que Rosas tuviese que acogerse a una baja por trastorno de ansiedad tras un traslado que ahora la justicia considera injustificado. “Qué barato resulta violar la Constitución”, resume Matías Movilla, consejero del despacho de abogados Vento –su compañero, Ignacio Alén, llevó la demanda de Rosas– y todo un veterano en la defensa de los trabajadores de la CSAG.

Para la presidenta del comité intercentros, Raquel Lema (CUT), la sentencia es “importantísima” porque, a partir de ahora, la corporación tendrá “la obligación de justificar muy bien” cualquier decisión de traslado de trabajadores que hasta ahora utilizaba “como una excusa para las represalias”.

Este lunes, en su comparecencia semanal tras el Consello de la Xunta, el presidente Alfonso Rueda envió balones fuera y pasó la pelota a la Corporación. En su respuesta, Rueda obvió que la actual directora xeral de la CSAG, Concepción Pombo era la directora de informativos y superior directa de López Carballeira cuando se produjo la vulneración de derechos fundamentales sentenciada ahora por el TSXG. “La decisión del cambio de unidad orgánica de la demandante se tomó por el Director de Informativos de la CRTVG, Don Alejandro López Carballeira, junto con las Direcciones implicadas en dicho cambio”, escriben textualmente los magistrados.

Pombo llegó a la dirección xeral de la Corporación el pasado mes de julio, después de un cambio en la ley de medios públicos que permitió al PP designarla en solitario sin necesidad de una mayoría cualificada y pese a ser señalada como principal responsable de la manipulación informativa durante los casi ocho años que ejerció la jefatura del departamento. Cuando ascendió a lo más alto, López Carballeira heredó su puesto.

Tras el despeje de Rueda, llegaba la respuesta de la CSAG, fiel a sí misma. A través de correo electrónico, un portavoz relacionaba la demanda de Rosas con las otras tres, todas presentadas a raíz de lo que define como “reestructuración organizativa”, una “potestad de la dirección empresarial” y señala que los cuatro casos “obtuvieron sentencias favorables para la Corporación en primera instancia”. Añade que contaron con informes de la Fiscalía que, “al igual que las resoluciones judiciales, no apreciaban vulneración de derechos fundamentales”. Sin embargo, esos fallos no negaban la vulneración: simplemente, las juezas evitaban valorar si existía amparándose en que no había una modificación sustancial de las condiciones laborales.

“De los cuatro casos, éste es el único en el que el TSXG hace una lectura distinta y se aparta del criterio establecido previamente”, concluye antes de anunciar que la Corporación “recurrirá esta sentencia ante el Tribunal Supremo al entender que la reestructuración organizativa responde a una causa objetiva”.

Queda por saber si esa “lectura distinta” será la última. El caso de Mayte Cabezas está pendiente de la resolución de la querella por supuesta falsedad en los correos de la CSAG antes de seguir adelante. El de Nuria López, en punto muerto tras la decisión del TSXG de no anular su primera sentencia, podría reavivarse tras el empujón que ha supuesto el final feliz del de su compañera. Un final que aún no es definitivo, ante el anuncio de recurso de la Corporación, pero la defensa de las trabajadoras otorga muy pocas posibilidades a ese último intento. Afirman que la Sala de lo Social del Supremo apenas admite un 2% de los recursos de casación para la unificación de doctrina. Para conseguirlo, necesitarían encontrar un caso similar al de la periodista gallega en el que se justificase un desenlace diferente. Algo que no parece nada fácil.

Hay que retrotraerse a 2018 —antes de la pandemia— para encontrar un enero con una ocupación hotelera del 30% en Santiago de Compostela, el “referente” de las políticas turísticas de la Xunta. La caída de 16.000 pernoctaciones y 23 puntos con respecto al arranque de 2025, ya flojo, ha encendido las alarmas en vísperas de un año Xacobeo, el 2027, un acontecimiento marcado en rojo en el calendario del gobierno gallego. Ejecutivo autonómico y ayuntamiento se culpan mutuamente de no actuar mientras el sector, que no espera una mejora significativa en todo el primer trimestre, pone el foco en el fracaso a la hora de desestacionalizar el flujo de visitantes: durante seis meses al año, el monocultivo del Camino no da frutos.

“No crecemos, decrecemos, y esa tendencia es la que preocupa”. El presidente de la Unión Hotelera de Compostela no pone paños calientes a las cifras. Hace ocho años, cuando Santiago se quedó en el 30% de ocupación, había 111 hoteles abiertos; en 2026, sólo 74 de los 160 con los que cuenta la ciudad. Entre una fecha y otra, los costes operativos subieron “una barbaridad”: 40% el personal, 50% los suministros... Las tarifas, por su parte, sólo se incrementaron de forma significativa en la temporada alta, entre mayo y octubre, por lo que mantener el negocio abierto todo el año es algo cada vez más difícil.

Iglesias defiende que la sensación de colapso de la que cada vez se quejan más los compostelanos —sobre todo en el Casco Histórico y las calles por las que entra el Camino Francés—, sólo se vive en verano y no se debe a quienes pernoctan en la ciudad, sino a los excursionistas que la visitan durante el día y “se marchan a las 8 de la tarde”. El número de plazas hoteleras de la capital gallega ronda las 8.000 y prácticamente no se ha movido en los últimos 15 años. “Con todos ellos no llenas un concierto en la Praza do Obradoiro”.

A la espera de que el INE haga oficiales los datos de febrero, la Unión Hotelera ya confirma que estarán “en la misma línea” que el mes anterior; por su parte, marzo tampoco ha empezado bien, y eso que se cerrará con la Semana Santa, pero “las reservas para esas fechas están muy paradas”.

Aunque sin haber tocado fondo de esta manera, el escenario general no es nuevo. Santiago cerró 2025 con una media de ocupación del 64%, que fue del 78% entre mayo y octubre y apenas del 50% el resto del año. “Tenemos un grave problema: seguimos sin conseguir desestacionalizar el turismo”. Iglesias insiste en la importancia de captar congresos y eventos de empresas: “Es un visitante que gasta, compra... no viene sólo con alojamiento y desayuno, y no fuimos atractivos para él”. También reclama acciones para atraer turismo familiar en fechas como las navideñas. Este diciembre, Compostela se quedó en el 38%. Sin necesidad de mira a Vigo, señala ejemplos como Allariz, en Ourense, o Perlim, en Aveiro, que han convertido las fiestas en temporada alta.

Ni el sector ni las administraciones culpan al mal tiempo de este invierno especialmente húmedo en Galicia. “En otros sitios también llueve”, recuerda el hotelero, mirando con cierta envidia a plazas como Gijón, Santander o A Coruña, que no sufren esas oscilaciones. En enero se dio la paradoja de que Santiago perdiese 16.000 pernoctaciones mientras la ciudad herculina ganaba 14.000. ¿Hubo trasvase? “A Coruña consiguió en enero un par de congresos muy potentes que, en esas épocas del año, son gloria bendita”.

Desde el ayuntamiento se pone el foco en el cierre, el pasado mes de octubre, de la base operativa de Ryanair en el aeropuerto Rosalía de Castro. En enero pasado, había siete vuelos nacionales que han desaparecido y, por eso, la portavoz del gobierno local, Miriam Louzao, está convencida de que la situación empezará a cambiar a partir de mayo, mes para el que se esperan “mejores conexiones”, algunas ya anunciadas y a las que “a lo mejor” se suma alguna más.

Para Iglesias, la marcha de Ryanair “no es la única causa, pero sí una de las causas”. Cree que el descenso empezó a notarse ese mes, que coincidió con la entrada en vigor de otro caballo de batalla del sector, la tasa turística. Las dos circunstancias confluyeron en el arranque de “los seis meses malos”.

La Xunta, sin embargo, va más atrás, y señala que la ciudad vive una bajada “sostenida” desde junio pasado, que provocó un cierre de 2025 con un descenso del 2,3% en el número de visitantes y del 3% en ocupación. “Estamos muy preocupados”, aseguraba el director de Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles, en la emisora local de la Cope. Merelles contrapone lo sucedido en la ciudad con el conjunto de la comunidad. “En términos globales vemos que sí bajaron los visitantes [un 0,3 frente a la subida estatal del 3,4] pero crecieron las pernoctaciones, la estancia media y los ingresos hoteleros”, para él, la prueba de que la apuesta de la Xunta por el turismo de calidad “funciona”... excepto en Santiago. El “referente” de las políticas turísticas de Galicia fue, en enero, “la antítesis” de sus resultados. Y, para él, la culpa está en la “inacción” del gobierno local.

Ese gobierno local —formado por BNG y Compostela Aberta— no duda en acusar, a su vez, a la Xunta de “incomparecencia” no sólo en la gestión conjunta del tráfico aéreo en los tres aeropuertos gallegos, una cuestión que “trasciende el turismo y tiene que ver con la movilidad de los gallegos”. Su portavoz, Louzao, respondía directamente a Merelles: “Lo que no entendemos es que si realmente hay preocupación por parte del PP y la Xunta, sigan sin querer sentarse con nosotros a trabajar para poder mejorar esta situación”. “Es un poco incongruente”, concluyó.

Quienes sí se han puesto a trabajar han sido el resto de partes implicadas. Desde que arrancó el año, ayuntamiento y Unión Hotelera se reúnen una vez al mes con la vista puesta en buscar propuestas para evitar que esta situación pueda repetirse en el primer trimestre del Xacobeo. Unos encuentros en los que participan las agencias de viajes o el Convention Bureau de la ciudad, el departamento pensado para promover a Santiago como destino de congresos y convenciones, el llamado turismo MICE por sus siglas en inglés (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions). Precisamente, “Compostela é moito MICE” fue el lema con el que se presentó la capital gallega en FITUR, jugando con la sonoridad de una frase que en gallego también significa Compostela es mucho más. “Esa buena sintonía es lo más positivo que ha dejado esta situación”, resume Iglesias.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha condenado a la CSAG (antigua CRTVG) por vulnerar los derechos fundamentales de una periodista a la que cambió de puesto como represalia por su participación en los Venres Negros, las movilizaciones semanales que denuncian la manipulación informativa de los medios públicos gallegos. Otros tres trabajadores habían denunciado el miso trato.

La sentencia, ante la que sólo cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, revoca la emitida por el Juzgado de lo Social número 1 de Santiago en 2023. La jueza consideró entonces que los cambios de los redactores –entre la TVG, la Radio Galega y la página web– no supusieron una modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Por eso, consideró que no cabía “entrar a valorar la vulneración de derechos fundamentales”, algo que ahora sí ha hecho el alto tribunal gallego, que ordena a la CSAG reponer a la trabajadora en su puesto e indemnizarla con 7.501 euros por daños y perjuicios morales.

La sala considera que se vulneró la grantía de indemnidad, el derecho que impide que la empresa tome represalias contra un trabajador por participar en actividades sindicales o reivindicativas.

No es la primera vez que la corporación de medios públicos gallegos es condenada por represalias. En 2021, el mismo juzgado compostelano anuló un expediente al periodista Carlos Jiménez porque consideraba que existían “indicios acreditados de modo objetivo” para “inferir” la relación directa “con su actividad judicial y con la manifestación de su discrepancia periodística respecto a la política informativa de la corporación”. Y respondía entonces a la CRTVG: “no puede excluirse de modo indubitado el propósito de represalia en su actuación sancionadora contra el trabajador”.

“Un antes y un después” según el comité

“Supone el reconocimiento explícito de que en la CSAG hay acoso y represalias por intentar tener otros medios públicos”. Para la presidenta del comité intercentros, Raquel Lema, esta sentencia marcará “un antes y un después en la CSAG, en la profesión y en todas las empresas periodísticas”. A la espera de que la ratifique el Tribunal Supremo, entiende que “amplía lo que se conocía como garantía por indemnidad” ya no sólo ante reclamaciones de ámbito laboral, sino también por cuestiones más “abstractas” como protestar contra la manipulación informativa.

La Xunta de Galicia, a través de la Axencia de Turismo, destinó más de 250.000 euros de fondos europeos NextGeneration a subvencionar las obras de eficiencia energética de la Hospedería Vía Lucis, propiedad del Arzobispado de Santiago y ubicada a poco más de un kilómetro de la Catedral. Lo hizo a pesar de que el establecimiento carece de licencia para ejercer la hostelería, lo que llevó al ayuntamiento compostelano a ordenar la suspensión de su actividad a finales de enero tras la denuncia de un particular. Según Turismo, la Iglesia ha renunciado a la ayuda.

Fue ese mismo ciudadano quien envió escritos tanto al consistorio como a Turismo y –ante la falta de respuesta de ambas administraciones– también a la Valedora do Pobo. En ellos, denunciaba la actividad hostelera, que consideraba ilegal, pero también el hecho de que recibiese una subvención mientras la desarrollaba sin licencia, lo que lo llevó a dirigirse también a la Consellería de Facenda a través de los canales del Plan general de prevención de riesgos de gestión y medidas antifraude.

En su respuesta –en la que devuelve la pelota a Turismo como responsable de la medida–, Facenda cita la convocatoria en la que se le otorgó la ayuda a la hospedería, incluida dentro de la línea destinada a las actuaciones de eficiencia energética en empresas turísticas. Está subvencionada con los fondos europeos NextGeneration del Plan de recuperación, transformación y resiliencia.

En la resolución de esa convocatoria, en julio de 2025, aparece una subvención al Arzobispado de Santiago, aunque no indica cuál será su destino final dentro de la red de inmuebles que la Iglesia posee en la ciudad. Lo que sí se recogen son los trabajos a los que se dedicará esa aportación económica: aislamiento y sustitución de ventanas, mejora de la instalación de iluminación LED y sustitución de horno y cocina. En total, 252.790,02 euros. La cuantía máxima por proyecto era de 300.000.

La renuncia del Arzobispado

Sin embargo, a preguntas de esta redacción, Turismo confirmó que el solicitante “renunció recientemente a esta ayuda, sin que haya percibido ninguna cuantía al amparo de esta convocatoria”. A través de correo electrónico, una portavoz de la Axencia asegura que el Arzobispado solicitó la ayuda en marzo de 2025 y que, “en el momento de su concesión”, la hospedería “cumplía con todos los requisitos exigidos en la convocatoria”. Contar con una licencia municipal de actividad no era uno de ellos, pero sí estar inscrito en el REAT, el registro de actividades turísticas de la Xunta.

Esa paradoja no es nueva en Santiago, donde el ayuntamiento ha solicitado en numerosas ocasiones a Turismo que borre del REAT aquellas viviendas turísticas que carezcan del título habilitante, una batalla en la que contó con el apoyo explícito del ministro de Consumo, Pablo Bustinduy. La Xunta, sin embargo, nunca se ha mostrado dispuesta a actuar de oficio y sólo acepta estudiar cada caso de forma individual antes de tomar una decisión.

Consultado por elDiario.es, el gobierno local compostelano admitió que, en respuesta a las denuncias, se llevó a cabo una inspección en la hospedería que tuvo como resultado un expediente de reposición de la legalidad el pasado 23 de enero, precisamente, por el ejercicio de la actividad de hospedaje sin título habilitante. La consecuencia fue una suspensión de la actividad que continúa vigente. El Arzobispado, por su parte, guarda silencio.

El encanto de lo monacal

La Hospedería Vía Lucis está ubicada en la antigua Casa de Ejercicios Espirituales, en el campus sur de la Universidade de Santiago, el conocido como Campus Vida. Durante el día, puede verse el portón abierto y el material de construcción acumulado dentro. Sobre la verja conviven dos carteles: el que anuncia la subvención europea, pese a la renuncia, y el que muestra la licencia de obra del Concello de Santiago. Tal y como allí se lee, los trabajos comenzaron en mayo de 2023 y su duración estimada era de 36 meses.

Aunque el sitio web de la hospedería ha desaparecido de internet, en Google o TripAdvisor todavía pueden leerse las reseñas de los usuarios. “El sitio es espectacular, es como un convento que están reformando y llenando de habitaciones”. Otros, destacan la ubicación privilegiada, en una zona ajardinada a un paso de la Alameda y el centro urbano, con “ambiente escolar durante el día y tranquilidad por la noche”.

“El lugar está en plena renovación: antiguamente era la residencia de monjas y monjes, y hoy esas celdas se han convertido en habitaciones modernas. Si reservas, pide una renovada: tienen suelo de parquet, muebles nuevos, cama y cojín muy cómodos, y baño privado con ducha (aunque esto hace que la habitación sea un poco más compacta)”, escribía un viajero este mismo otoño.

El 29 de julio de 1990 Galicia se partió en dos como pocas veces ha sucedido. Aquella noche actuaban, al mismo tiempo, Prince en el recinto de Santa María del Mar, en A Coruña, y Madonna en Vigo, en el Estadio de Balaídos, en uno de los últimos conciertos de su gira Blond Ambition. La cita dejó una imagen que sigue siendo icónica casi cuatro décadas despues: la de la reina del pop vistiendo la camiseta celeste con el número 5 a la espalda, el que portaba el fallecido José Manuel Espinosa. Una camiseta que forma parte de la historia del Celta y que, desde entonces, permanece en “paradero desconocido”. El club vigués ha puesto en marcha una campaña para recuperarla en la quieren involucrar, incluso, a la propia cantante.

Cinco años antes de aquel concierto, en su primer gran momento de fama, Madonna había coprotagonizado Buscando a Susan desesperadamente, y así parece estar siendo también el rastreo de la prenda, que el club llevó a cabo en silencio durante años antes de hacerlo público. Tanto que –tras habilitar un enlace donde recoger cualquier información relacionada con la camiseta– y con el objetivo de “agotar todas las vías de investigación”, la presidenta del Celta ha enviado una carta abierta a la artista que suena casi como una plegaria (Like a prayer, vamos):

“Benquerida Madonna”, comienza una misiva escrita en gallego en la que Marián Mouriño le pide ayuda. “Tu imagen con nuestra camiseta se convirtió en un mito y forma parte de esa historia del Celta que también se escribe fuera del terreno de juego”. Para Mouriño no fue una simple anécdota, sino una estampa que “comenzó a brillar de otra manera con el paso de los años”.

“Entendemos mejor lo que defendías entonces: cuestionar lo establecido y hacer frente a quien pretende decirte lo que puedes o no puedes hacer. En el club que preside nos reconocemos en esa manera de estar en el mundo” y por eso tienen la “ilusión” de encontrar la camiseta. “Esta búsqueda no es un capricho; es un acto de memoria, es patrimonio emocional de nuestro club”.

La presidenta del Celta le adelanta además el “gesto” que le dedicarán desde Balaídos este viernes 6 de marzo, en uno de esos momentos que se están volviendo mágicos en Balaídos: la previa de cada partido, donde uno puede encontrarse la actuación de artistas como Mondra o Fillas de Cassandra o una exaltación del entroido (carnaval) gallego.

Esta vez, no espera un rival cualquiera, sino todo un Real Madrid. Justo antes de ese choque, a Madonna le preguntarán “con cariño” desde el estadio: “Tela ti?” (“¿La tienes tú?”). Antes de despedirse “con admiración”, Mouriño lanza una última petición en su carta abierta: “Si sabes dónde puede estar o quieres ayudarnos, por favor, contacta por mensaje privado”. ¿Habrá respuesta? Sólo quedan dos días para el acontecimiento pero, ya se sabe: Time goes by so slowly...

Uno de los escasos momentos de alivio tras la tragedia del accidente ferroviario de Adamuz tuvo como protagonista a un perro: Boro, el can mestizo que permaneció perdido durante días hasta que un grupo de bomberos forestales lo localizó sentado en un camino, no muy lejos de las vías. La operación de búsqueda del can que “también es familia”, demandada entre lágrimas por una de sus dueñas —su hermana, embarazada, estaba ingresada en la UCI— movilizó a decenas de personas y puso el foco sobre la actuación de los servicios de emergencias en incidencias relacionadas con animales. En Galicia, el protocolo del 112 sólo le permite actuar si existe peligro para las personas. Si ha caído por un barranco, dentro de una chimenea o —como Boro— se ha perdido, no se movilizarán efectivos para rescatarlo, una medida que cuenta con numerosos detractores.

Para empezar, el protocolo no gusta a buena parte de los trabajadores. Un veterano sindicalista recuerda para elDiario.es la situación que vivieron hace unos tres o cuatro años, poco después de que se adoptase ese nuevo modelo de actuación. Recibieron en la central del 112 la llamada de una mujer que pedía ayuda porque su perro se había caído por un acantilado, al lado del mar. Una hora después de decirle que no podían hacer nada por ayudarla, entró una nueva comunicación. Esta vez era Salvamento Marítimo, para notificar que habían rescatado a la misma señora, que se había caído al agua intentando salvar a su perro. Por suerte, más allá del susto, todo acabó bien para ambos.

La suerte o la precaución impidieron que el reconocido fotógrafo Pedro Armestre acabase viviendo algo parecido. En enero pasado desapareció Rayo, uno de sus gatos. Tras horas de búsqueda, los lamentos en forma de maullido que provenían de la chimenea de una de sus vecinas de Vilamaior, en el concello ourensano de Verín, le permitieron dar con su paradero. Es entonces cuando empieza su calvario buscando ayuda. “Llamo a la policía local y me dice que esa historia no va con ellos, que llame a Protección Civil. Protección Civil, tampoco...”. Como tercera opción, Armestre llamó al parque comarcal de bomberos de Verín, el único sitio en el que, según cuenta, encontró cierta empatía. “Me contestan que acudirían encantados, pero que no pueden si no tienen un aviso del 112”. Es entonces cuando marca por primera vez el número de emergencias.

“Me dicen que no van a movilizar a nadie para sacar a un gato de una chimenea”. Ya enfadado, el dueño de Rayo invoca la Ley de Bienestar Animal para argumentar que no puede acarrear sólo deberes, sino también derechos. “Me obligáis a tener a mis animales cuidados, con sus vacunas, que no se pueden quedar tres días solos en casa... tendrá que haber una contraprestación”. No sirvió de nada. “Me dijo que no era cosa suya y que no iban a movilizar a nadie”.

La preocupación de Pedro era conseguir mantener vivo a su gato, sobre todo “evitar que se deshidratase”. Le bajaron agua por el tiro de la chimenea y también una manta, esperando que se agarrase a ella y poder subirlo. No sucedió. Al día siguiente, volvió a llamar al 112, pensando que, si le atendía otra persona, podría encontrar más comprensión. Pero no funcionó. “A lo mejor, en media hora os llaman para deciros que tenéis que acudir a rescatar a un tipo con una rodilla rota en un tejado. Así me imagino que vendréis”, recuerda que replicó, muy enojado.

Finalmente, los vecinos se movilizaron para hacer aquello que rechazaban las emergencias. Entre varios, consiguieron levantar el capuchón de piedra de la chimenea y descolgar por el hueco un lazo para enganchar al gato y sacarlo. Previamente había fracasado otra idea: agujerear la base del tiro con una sierra radial para ofrecerle otra salida. Cuando el intento perforó la caldera de agua, decidieron abandonar.

Hasta que la operación finalizó con éxito, Rayo permaneció en el hueco durante tres noches, es decir, más de las 72 horas que la ley pone como límite a los dueños de felinos para dejarlos solos —si se hubiese tratado de un perro, serían solo 24 horas—. Por eso, a Armestre le queda, sobre todo, una sensación de “tomadura de pelo” ante la ley y las campañas de “marketing” en las que “siempre hay algún policía fuera de servicio que rescata una mascota”.

Los ayuntamientos piden cambios en el protocolo

“El 112 Galicia atiende incidencias relacionadas con animales siempre que exista un riesgo inminente y vital”. La respuesta de la Consellería de Presidencia —de la que depende la Axencia Galega de Emerxencias— cita así un protocolo “consensuado” con la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), la Guardia Civil y los diversos servicios de intervención. Si la situación es “grave”, como la vivida en Adamuz, “será la evaluación de las circunstancias la que determine el mejor procedimiento”. Por eso, aunque usan el condicional, en casos como el de Boro, “los equipos y recursos de intervención que acuden a rescatar heridos y víctimas podrían ser los que se encarguen también de la recogida de animales”.

La Xunta recuerda además que “las medidas de atención y protección a los animales son aplicadas por los ayuntamientos, que deben disponer de recursos para la recogida y tratamento cuando existe desprotección”. Por eso, dicen, si se recibe un aviso de este tipo, el 112 facilita el contacto “con los medios disponibles en el ámbito de la incidencia y que, por proximidad, son los que mejor conocen la zona y serían los primeros en llegar”.

Precisamente, el cuestionamiento oficial del protocolo para la actuación con animales ha llegado desde la propia Fegamp. El pasado día 20 de enero, su comisión ejecutiva pedía a la Dirección Xeral de Emerxencias crear un grupo de trabajo para actualizarlo. El detonante no fueron llas bestias, sino las facturas que llegan a los consistorios por las intervenciones de los bomberos de los consorcios provinciales —de los que dependen la práctica totalidad de los parques gallegos, a excepción de los de las ciudades, de carácter municipal— en las vías que son competencia de los ayuntamientos. Costes elevados, como lo es movilizar un vehículo con toda su dotación que, según la federación, pueden ahorrarse si, tras recibir el aviso de tráfico, el 112 avisa en primer lugar a los consistorios que pueden acudir con sus propios medios.

Eso incluye acciones como retirar da la carretera un objeto caído, porque si el problema lo provoca un animal, el servicio de emergencias ya le da traslado al ayuntamiento, tal y como admitía la Xunta. El vicepresidente de la Fegamp, el nacionalista Secundino García (alcalde San Sadurniño, A Coruña, 2.800 habitantes) considera una “disfunción” de la Ley de Bienestar Animal que la protección recaiga en los ayuntamientos, que —sobre todo, los de pequeño tamaño— carecen de medios para afrontarla. “Se hace lo que se puede, pero si el 112 llama a un ayuntamiento como el nuestro porque hay un jabalí interrumpiendo el tráfico a las doce de la noche, no va a poder ir nadie”.

“Nos hacemos cargo de animales en la carretera que resulten peligrosos para la circulación o de los que sean agresivos y puedan atacar a una persona”, relata el operador de sala, quien diferencia también el tipo de respuesta por el lugar donde se dé la alerta: “Si hay una serpiente en un domicilio, intervenimos, pero si está en tu jardín y tu jardín da al monte, olvídate”. No puede evitar otra anécdota: aquella vez en la que llamaron unas personas “extranjeras” que, paseando por un bosque gallego, se encontraron lo que definieron como “jabalís salvajes que estaban sueltos”. Un episodio, no exento de humor, que sin embargo permite abrir el capítulo de la responsabilidad: a quién corresponde si un animal invade una vía y provoca un accidente. Como señala García “un perro perdido no es un perro abandonado”, y ahí se encuentra una de tantas zonas de sombra de un rural en el que los ejemplares salvajes se mezclan con esos otros que simplemente están libres pero, cuando ocurre un incidente, dejan de tener propietario.

“Si nos limitamos a lo que son las vidas humanas, al final las estás poniendo en peligro porque serán ellas las que intenten rescatar a sus mascotas”. Él tiene un perro y dos gatos y —como sucedía con las dueñas de Boro— también los considera de la familia. Como lo era Rayo para Pedro, que recuerda el enorme disgusto que le produjo su fallecimiento, meses después de aquel complicado rescate: “Un vecino vino a decirnos que estaba muerto en la calle. Fue un día en el que había mucha actividad de cazadores por la zona y yo creo que un perro de caza le pegó un mordisco y lo mató”. Los mismos canes que, por la fuerza de ese sector, quedaron fuera de la Ley de Protección Animal “y pueden estar encerrados 360 días al año y salir cinco a cazar”.

Queda por ver si la imagen de Boro regresando con su dueña en medio de la catástrofe puede provocar una agitación similar. El Colegio de Veterinarios de Alicante ha sido el primero en reclamar un protocolo de rescate animal único para todo el Estado porque “no pueden seguir siendo los grandes olvidados en las catástrofes”. Según su presidenta, Juana Molina, el dispositivo que permitió recuperar al perro de Adamuz fue “un ejemplo de humanidad, pero también de improvisación. Es necesario que las administraciones integren su protección dentro de los planes de emergencia”.