Decenas de miles de hectáreas carbonizadas son una bomba ecológica de efectos retardados cuyo detonador es un episodio de lluvias torrenciales. Justo lo que ha ocurrido en los montes abrasados de Ávila, escenario del incendio forestal más grande de España: aguas negras, avenidas y erosión.

Varios pueblos abulenses de esa zona abrasada este verano han restringido el consumo de agua del grifo por riesgo de contaminación. Mijares, Casavieja, Piedralaves vieron los arroyos negros de ceniza arrastrada por una lluvia violenta.

Con aquellas llamas todavía vivas, el decano en Madrid del Colegio Oficial de Ingeniería Forestal, Carlos Madrigal, advertía del peligro en diferido de un incendio de esas dimensiones: las cenizas acabarán en los ríos, la pérdida de vegetación que sujete el suelo hará que quede desnudo al pasar el agua. “Riesgo de desastre ecológico”, avisó.

Los fuegos asociados a las altas temperaturas y a las sequías están siendo de gran magnitud. Eso hace que toda la vegetación se calcine y sin protección para el suelo combinado con la pendiente, provoca una erosión mas fuerte

Sara Marañón, — Experta en ecología y edafología del CREAF

Cuanto más severo es un incendio, más daño provocarán luego las precipitaciones torrenciales. La experta en ecología y edafología del CREAF, Sara Marañón, explica que “los fuegos asociados a las altas temperaturas y a las sequías están siendo de gran magnitud lo que puede apreciarse por las cenizas que deja que son ya blancas. Eso hace que toda la vegetación se calcine y, sin protección para el suelo combinado con la pendiente, provoca una erosión más fuerte”.

Tan fuerte como para que, de promedio, la pérdida de suelo pueda crecer hasta un 150% si coinciden en el mismo año incendios y lluvias de alta intensidad, según constató un estudio del Centro de Ciencia y Tecnología Forestal de Catalunya y el CREAF de 2020. Si la media de pérdida en la región mediterránea está en 15 o 16 toneladas por hectárea de suelo forestal, esa coincidencia implica una pérdida de entre 42 y 43 toneladas.

Sara Marañón subraya la relevancia del nuevo contexto de fuego y precipitaciones violentos: “Todo asociado al cambo climático”. Ese contexto aúna los nuevos incendios inextinguibles que aprovechan las condiciones meteorológicas extremas generadas por el calentamiento global y el incremento de las tormentas debido a la crisis del clima certificadas por los datos recogidos por la Aemet.

La investigadora del CREAF aclara que “el fuego es algo natural a lo que los ecosistemas mediterráneos se han adaptado y las lluvias torrenciales son típicas, pero con el cambio climático los incendios son muy fuertes y superan la capacidad de regeneración natural del ecosistema y, al mismo tiempo, se están propiciando tormentas muy intensas como hemos visto en Catalunya con tres mensajes esAlert en una semana. Ese es el escenario de mayor erosión”.

Las llamas hacen que el suelo quemado esté desnudo ante la lluvia que puede así disgregarlo. A eso se le une que ese mismo suelo no puede absorber el agua que corre libre por la superficie erosionando a su paso. En este sentido, un suelo que ha alcanzado temperaturas elevadísimas se convierte en una pista por la que el agua alcanza más y más velocidad.

“El calor extremo transforma las propiedades del suelo y genera una capa hidrófoba”, cuenta Sara Marañón. Esto significa que el “terreno se vuelve impermeable” lo que, con la pendiente propia de un monte, acentúa la escorrentía.

Esto implica, según explicaron investigadores de la Universidad de Salamanca, que “los incendios forestales disminuyen la capacidad de los ecosistemas para regular las inundaciones y la purificación del agua en el periodo inmediatamente posterior”. En este sentido, el trabajo indica que “el riesgo puede aumentar si el incendio alcanza gran severidad y se producen precipitaciones intensas. La combinación de ambos factores puede ocasionar inundaciones y degradación de la calidad del agua”.

Y la escorrentía de agua se lleva todo pendiente abajo. “El fuego hace que se pierdan volatilizados muchos nutrientes del suelo, aunque algo queda en las cenizas”, continúa la experta del CREAF, “pero, sin la materia orgánica que protege el suelo, la capa hidrófoba y la inclinación, el agua arrastra esos nutrientes y la capa con mayor actividad microbiana. El suelo se queda infértil”.

Agente de desertificación

España padece un problema grave de desertificación y —además del viento y la actividad agrícola— la erosión generada por el tándem incendios-agua es uno de sus agentes principales. El país encabeza el ránking europeo de la degradación del suelo y más de la mitad de su superficie está desertificada.

Este proceso de degradación constituye una “amenaza silenciosa” que hace desaparecer la capa inmediatamente inferior de la superficie terrestre que sirve “como medio natural para el crecimiento de las plantas”, como explica la FAO.

Y, como ha evidenciado el caso de los pueblos de Ávila, el problema no se limita a las zonas específicas que ven cómo se erosionan. Los restos y sedimentos que arrastra el agua al pasar por la superficie desprotegida no desaparecen, sino que son trasladados a zonas no deseadas como, por ejemplo, los embalses. Allí se acumulan lo que incrementa el riesgo de que los depósitos se colmaten.

Además, los nutrientes que se van así del monte —“que podrían servir para que las plántulas crecieran en las montañas quemadas”, dice Marañón— van disueltos en el agua lo que deriva en la conocida eutrofización: la proliferación de microalgas que desequilibra los ecosistemas y puede terminar en la desaparición del oxígeno acuático como atestiguó el colapso ecológico del Mar Menor.

Los estudios sobre el terreno han evidenciado que, si se quiere paliar este problema, es necesario un trabajo durante el primer año tras el incendio en el que no conviene utilizar maquinaria pesada —porque el suelo está especialmente vulnerable—, no removerlo, cubrirlo con materiales naturales o dejar los troncos quemados y derribados como barrera contra el agua y fuente de nutrientes. Esa madera genera un microclima para que las nuevas plantas broten al tiempo que las protege de ser comidas por herbívoros y hace las veces de refugio para otros animales que diseminan nuevas semillas. El futuro bosque.

Aunque son la causa principal de cambio climático, los gobiernos pagan ahora mucho más en subvenciones al petróleo, el gas o el carbón que el año en el que se firmó el Acuerdo de París. O dicho de otra manera: destinan actualmente mucho más dinero público a financiar la producción y uso de los combustibles fósiles que provocan la crisis que ese acuerdo pretende atajar.

Si en ese 2015 las subvenciones directas llegaron 330.000 millones de dólares, cinco años después, en 2020, los subsidios directos sumaron 450.000 millones. Para 2024 —tras pasar por un pico de un billón en 2022— llegaron a 730.000 millones, según los datos del Fondo Monetario Internacional. Este 2026, “las subvenciones directas van camino de alcanzar otra vez el billón de dólares y podrían llegar a 1,4 billones si el barril de crudo costara 110 dólares”, según ha calculado el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

A pesar del diagnóstico científico, la dependencia del petróleo o el gas se ha dejado sentir implacablemente desde que estalló la guerra en Ucrania (2022) y le siguió el ataque de EEUU e Israel a Irán en Oriente Próximo (2026).

Así que, esta misma semana, el Gobierno ha decidido prorrogar las ayudas directas a la gasolina y el diésel en España —además de limitar la tarifa del gas—. La subvención consiste en una rebaja fiscal en el Impuesto Especial de Hidrocarburos: 20 céntimos en el precio de estos carburantes en octubre, de 13 en noviembre y de 6 en diciembre.

Cuando tienes el poder dentro del sistema energético creado durante más de cien años y acaparas las ayudas, es muy difícil que las energías alternativas entren en el mercado

Pep Canadell — científico jefe del Centro de Investigaciones Científicas de Australia

El científico jefe del Centro Nacional de Investigación Científica de Australia (CSIRO), Pep Canadell, explica que “cuando tienes el poder dentro del sistema energético creado durante más de cien años y acaparas las ayudas, es muy difícil que las energías alternativas entren en el mercado”. Hay que tener en cuenta que la situación en el mundo es bastante diferente a España —que tiene diversas fuentes de energía— “en muchas partes los combustibles fósiles son el 80% o más de la energía”, aclara Canadell que también es director ejecutivo de Global Carbon Budget.

Detrás de las ayudas en España está el temor a la inflación. De hecho, el IPC escaló hasta el 4,9% en septiembre empujado por el precio de los combustibles. El coordinador del área de energía y clima en Ecologistas en Acción, Javier Andaluz, afirma que “de alguna forma, estas reducciones contienen el descontento de la población y evitan una presión social mayor para que las energéticas ajusten sus precios cuando bajan sus costos como sí hacen cuando incrementan los precios”. Y añade: “Vemos que grandes corporaciones tienen beneficios millonarios que apenas son gravados por lo que son las clases populares las que absorben el impacto del alza de los combustibles fósiles”.

Ambos conflictos bélicos han servido para que las petroleras den la vuelta a la imagen de los combustibles fósiles: de causa de un gran problema mundial como es el cambio climático a solución para tener seguridad energética. Y, a caballo de ese relato, las petroleras baten récords de beneficios en 2026.

Detrás de todas estas ayudas públicas encontramos que, en 2025, las emisiones mundiales de CO₂ por usar combustibles fósiles marcaron un nuevo récord histórico: 38.100 millones de toneladas. Un incremento del 1,1%. Ese y otros gases son los que, al acumularse en la atmósfera, atrapan el calor del sol, generan el calentamiento global del planeta y, de ahí, la alteración del clima que ya padecemos: olas de calor, sequías, tormentas más violentas, inundaciones o incendios forestales inextinguibles.

Cada vez que llega una crisis energética se repite el mismo dilema para los gobiernos. “Las subvenciones están pensadas para proteger a los consumidores al mantener los precios más bajos, pero conlleva un coste sustancial”, explican los análisis del FMI. No solo fiscales, al exprimir los presupuestos, sino que también “empeoran el cambio climático y la salud”.

Además, repite el FMI, “no están bien orientados hacia las rentas más bajas ya que el 20% de los hogares más pobres solo reciben 20 céntimos de cada dólar destinado a subvencionar combustibles”.

“Claro que hay buenas razones para estos subsidios —opina Pep Canadell— pero miles de millones cada año colocan al petróleo, el gas o el carbón en una situación de ventaja competitiva muy grande. Se está produciendo una transformación energética, pero el ritmo así es muy lento”.

La presión del 'petrolobby'

El responsable de clima, energía y transporte de Greenpeace, José Luis García Ortega, considera que el Gobierno “ha cedido a las presiones del lobby de los combustibles fósiles” y aboga por que ese dinero se destinara “a apoyar a la población para defenderse de la dependencia de los combustibles fósiles. Las subvenciones a la gasolina y el gasoil deberían usarse para ayudar al transporte público, por ejemplo ampliando el alcance del abono único, de manera que la gente no necesite utilizar tanto combustible fósil”.

Es muy difícil contener precios cuando vivimos en una demanda continuamente alcista de combustibles fósiles. Por eso pedimos planes que, por ejemplo, reduzcan el tráfico para rebajar la demanda global. Eso eliminaría gases de efecto invernadero y reduciría los costes

Javier Andaluz — coordinador de Energía y Clima en Ecologistas en Acción

La capacidad de la industria del petróleo y el gas para influir en las políticas públicas —petroestados como Arabia Saudí incluidos— ha quedado patente al ver que las palabras combustibles fósiles no aparecieron en todo el texto del Acuerdo de París y solo se consensuó pedir una “transición lejos” de estos productos en la cumbre del clima de Qatar en 2023.

El informe de la Comisión Europea sobre subvenciones a la energía publicado este septiembre confirma que “queda mucho por hacer si la Unión Europea quiere mantener su compromiso de dejar estos subsidios completamente en 2050”. Los 27 dedicaron en 2024 unos 97.000 millones de euros a subvencionar estos combustibles. Es menos que en el pico de 2022, pero muy por encima de la media 2015-2019 situada en 60 millones (un salto del 60%).

“Es muy difícil contener precios cuando vivimos en una demanda continuamente alcista de combustibles fósiles”, reflexiona Javier Andaluz. “Por eso pedimos planes que, por ejemplo, reduzcan el tráfico para rebajar la demanda global de carburantes. Eso eliminaría gases de efecto invernadero y reduciría los costes de los combustibles fósiles”.

Sin embargo, la reducción de uso no aparece en el horizonte: “Se pretende regular con medidas que son un poco café para todos y que, al final, incentivan su uso. Además, ayudan a las clases con rentas más altas —que son las que pueden consumir más fósiles— y hacen que mantengan esa demanda alta y, por tanto, continúe la escalada de precios”.

Y con la escalada de precios se atornilla las ayudas públicas a la causa de la crisis del clima. “Las grandes energéticas están haciendo ahora una cantidad de dinero tan grande que les permite hacer inversiones muy fuertes en infraestructuras para seguir extrayendo combustibles fósiles”, ilustra el director del CSIRO. “Y son inversiones a muy largo plazo, 50 o 60 años que seguirán funcionando mientras haya un comprador. Y eso les asegura el futuro”.

La pelea entre partidos de la derecha por rentabilizar políticamente la caza hace que una actividad cuya pérdida de interés ha generado una regresión y un “colapso demográfico” constatados esté recibiendo respiración asistida en forma de atención y recursos públicos constantes.

Hace solo unos días, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, afirmó que creará una Escuela de Caza a la que destinará 80.000 euros. En 2024, en esta región se expidieron 13.000 licencias (para una población de siete millones). Entre sus objetivos declarados: promover la caza entre los jóvenes. Porque matar animales por diversión es cada vez menos atractivo.

Es la última asistencia derivada de la disputa PP-Vox por la apropiación política (la issue ownership) de este sector convertido en catalizador electoral para la derecha. Un empujón que se une a las ventajas económicas para sacarse licencia o la promoción entre los escolares de la caza llevadas a cabo por múltiples gobiernos de comunidades autónomas.

La realidad es que cada vez menos personas quieren disparar a animales para entretenerse. Las partidas de caza no seducen a nuevas generaciones. El resultado es un declive inapelable. Actualmente tienen licencia un 45% menos de personas que hace 50 años. Este hundimiento “está ligado al descenso constante de incorporación de jóvenes que ha caído un 89% en el mismo periodo”, describe esta investigación liderada por el Instituto Pirenaico de Ecología del CSIC (IPE).

Las alternativas recreativas son enormes. Incluso si se busca contacto con la naturaleza y actividades que inyecten adrenalina, a esa emoción de la caza. Y como compite con otras muchas opciones, ahora la prevalencia es pequeña

José D. Anadón — investigador del Instituto Pirenaico de Ecología - CSIC

Si en 2008 se contaban un millón de permisos cinegéticos, quince cursos después, en 2023 (últimos datos completos) la cifra se situó en 610.000. De hecho, hoy no puede ponerse la última cifra de caída ya que los datos oficiales de licencias están incompletos. Las comunidades autónomas —competentes en materia de caza y pesca— remiten cada curso (con dos años de decalaje) los datos al Ministerio de Transición Ecológica para incluirse en el Anuario de Estadística Forestal. Para este curso, a pesar de que “se han hecho varios recordatorios”, ni Castilla y León ni Euskadi han remitido la información, explican en el Ministerio para la Transición Ecológica.

Así que no puede calibrarse completamente la tendencia. Lo que sí refleja el Anuario recientemente publicado es que la segunda región con más permisos, Andalucía, ha perdido 2.600 licencias (un 2,3%). Todas las comunidades excepto Galicia han bajado. Alguna acusadamente. Castilla-La Mancha, Aragón, Canarias (16,7%), Cantabria, Catalunya, Madrid, Comunidad Valenciana (9,3%), Extremadura, Baleares, La Rioja, Principado de Asturias y la Región de Murcia (21,7%).

Si se suman las licencias sin Castilla y León y Euskadi, en 2024 cayeron un 3,3% respecto al año anterior.

El responsable de la investigación del IPE, José D. Anadón, explica que el “colapso de la población cazadora” se debe a la falta de entrada de nuevos practicantes. La causa principal es que la caza ya no atrae. “Es una población envejecida. La mayoría por encima de los 60 años”, evidencia el investigador.

“En la década de 1960, la población cazadora era muy grande. En cada casa de un pueblo había una escopeta y un cazador” describe Anadón. “Por un lado, era la manera de aportar proteína a la dieta y, por otro, constituía una de las pocas actividades recreativas para esa población”.

Sin embargo, con el éxodo rural, la situación cambió y se pasó de una “caza de supervivencia a una caza recreativa”. En este sentido, “el padre que llega a una ciudad sí transmitió la caza a la primera generación, pero la segunda ya no lo hace”, detalla el científico. Esas personas ya no adquieren ese hábito “porque las alternativas recreativas son enormes. Incluso si se busca contacto con la naturaleza y actividades que inyecten adrenalina, esa emoción de la caza. Y como compite con otras muchas opciones, ahora la prevalencia es pequeña”. Y, además, remata: “No se trata de un deporte barato. Obliga a una destreza y entrenamiento difíciles en una ciudad”.

Con esos números en la mano, el presidente de la Real Federación Española de Caza, Joan Escandell, repite que el gran “reto” del sector es “el relevo generacional”. En el mismo sentido, el presidente del lobby cinegético Fundación Artemisán, Luis Fernando Villanueva, pidió —por ejemplo— que parte del dinero que, según sus cálculos, genera el sector, sea invertido en solucionar los problemas de la caza. Entre los primeros, “el relevo generacional”.

Las reclamaciones parecen no caer en saco roto. En Castilla-La Mancha la licencia es gratuita para los empadronados. También es gratis para menores en Galicia desde 2026. En Cantabria, en mayo pasado, el Gobierno decidió que las licencias serían gratis durante cinco años —ya lo eran para menores—. En Madrid se bonifica el 70% del coste para menores. Andalucía les descuenta el 50%. En Catalunya es gratis para jóvenes entre 14 y 25 años y las mujeres. En los presupuestos de 2026, la Junta de Extremadura incluyó la gratuidad de la licencia a partir del pasado 5 de agosto.

La Generalitat Valenciana ha reducido a la mitad el precio público de las licencias anuales de caza individuales y este verano anunció más descuentos para permisos conjuntos con varios años de validez

Y a la hora de buscar cantera cazadora, también proliferan iniciativas sustentadas por los ejecutivos autonómicos. En Andalucía se desarrolla el programa Huellas amparado por la Consejería de Educación, en Extremadura está el Programa de promoción del deporte (Proades) que incluye la actividad Caza y Naturaleza para 1.000 alumnos de Primaria. En la Comunidad Valenciana, la Generalitat inyecta 250.000 euros para “extraescolares” en las sedes de la federación de caza. En la Región de Murcia, PP y Vox aprobaron un pacto por la caza que incluía impulsar las clases extraescolares para fomentar la práctica entre los menores.

El investigador del IPE tiene “una percepción” sobre cómo cierta ola de “vuelta al imaginario tradicionalista” podría estar incidiendo en la caza: “Intuyo que entre los más jóvenes se ve la actividad de otra manera, más ligado a una moda, y eso podría frenar la caída aunque no haría volver a la situación ni siquiera de hace 30 años”. Y remata: “Algo similar a lo que puede estar pasando con los festejos taurinos, que tampoco da para crear toda una cultura taurina”.

A medida que los espectáculos con cetáceos van desapareciendo del mundo, España se convierte en un aparcadero de delfines y ballenas en cautividad ya que ese tipo de eventos todavía están permitidos por la ley.

Estas semanas se ha formado una polémica por el traslado de dos orcas desde Francia a Tenerife. En la ciudad francesa de Antibes se ha cerrado el parque Marineland y en la isla canaria funciona a pleno rendimiento el Loro Parque, donde ya disponen de cuatro ballenas de esta especie: Tekoa, Morgan, Teno y Adán.

El Gobierno autonómico ha dado el visto bueno a la llegada de los animales, pero diversas organizaciones animalistas afirman que ese transporte incumplirá la ley y recuerdan que existe un informe de la Autoridad Científica CITES desaconsejando la instalación de los ejemplares. La empresa de Loro Parque ha reclamado judicialmente el acceso al dictamen: “No parece creíble que se pretenda cuestionar nuestra labor a través de un informe inexistente ”, ha dicho su presidente Wolfgang Kiessling.

Con todo, este proceso es solo el tercero en apenas unos meses de los que han llevado diversos cetáceos desde diferentes puntos del globo hasta España. En julio de este año, ocho delfines mulares del mismo Marineland de Antibes llegaron al Selwo Marina de Benalmádena.

Además, a finales de agosto, dos belugas y otros cuatro delfines volaron siete horas desde Canadá a Valencia porque el parque Marineland de Ontario, en el que llevaban años, cerraba sus instalaciones. El traslado formaba parte de una operación más amplia para recolocar hasta 30 de estas ballenas árticas ante la amenaza de eutanasia.

Lo que subyace como denominador común de estos traslados es el declive de un negocio que se basaba en los espectáculos con cetáceos: básicamente las orcas y los delfines haciendo acrobacias. Sin estos animales como actores, los parques han ido echando el cierre.

Sin acrobacias no hay negocio

En el caso del acuario canadiense, el parque se declaró en quiebra tras el desplome en la venta de entradas al entrar en vigor una ley que vetaba los espectáculos, la cría en cautividad y la tenencia de nuevos cetáceos. También influyó el historial de muertes de animales asociadas a las malas condiciones de las instalaciones: fallecieron más de 20 cetáceos incluida la última orca en cautividad de Canadá. Las autoridades de bienestar animal de Ontario certificaron el mal estado de los animales.

En Francia, la legislación animal también ha prohibido los espectáculos con cetáceos. La empresa de Antibes adujo que el 90% de sus visitantes compraban su entrada para ver a las orcas y los delfines realizar sus trucos y piruetas. El recinto también arrastraba denuncias de organizaciones animalistas sobre el mal estado de las instalaciones donde vivían estos animales.

En ambos casos, una vez el negocio —cuyo espectáculo de delfines y ballenas era la clave— declinó, los animales perdieron su valor y las instalaciones se han cerrado.

“En España tenemos el marco normativo ideal para que los parques se presenten como salvadores porque la ley no prohíbe espectáculos y tampoco les obliga a grandes cosas. Sin embargo, la situación es grave porque no hay capacidad para todos los animales. Es lo que está pasando en el Loro Parque con las orcas que, por primera vez, se determina que el espacio no es el adecuado”, afirma el portavoz de la Fundación Franz Weber, Rubén Pérez.

Loro Parque contrapone que son “la única alternativa viable en Europa, con instalaciones acreditadas internacionalmente, personal altamente cualificado y un historial impecable en el cuidado de orcas”. En Franz Weber insisten en que “los trasladados cuestan mucho dinero así que querrán rentabilizar esas llegadas a base de exhibiciones, experiencias vip, etc”.

Pero, no todo termina cuando se decide trasladar a los animales. Los delfines que viajaron hasta Benalmádena, por ejemplo, iban a estar en España de manera temporal mientras se adecuaban las instalaciones de otro centro en Francia. Con los cetáceos ya en el Selwo, la empresa francesa anunció que no invertiría en la renovación: “Hemos decidido no continuar con el proyecto”. Ese proyecto se cuantificó en 45 millones de euros. El futuro de los cetáceos es incierto ahora.

Peor fue la cosa con las belugas que llegaron a Valencia. Una de las trasladadas, Jelly Bean, murió de manera repentina el 17 de septiembre.

Ecosistema de acuarios comerciales

España lidera desde hace tiempo el negocio del espectáculo con ballenas y delfines en la Unión Europea. La nueva ley de bienestar animal de 2023 no ha cambiado la situación: la normativa dice que, en el caso de los cetáceos, “la cría y mantenimiento en cautividad estará limitada a finalidades de investigación y conservación. Su uso en espectáculos solo podrá realizarse bajo supervisión de sus cuidadores y profesionales relacionados”.

Con ese contexto, todavía persiste un ecosistema donde los acuarios comerciales ofrecen espectáculos al público en los que los protagonistas son los trucos de los animales. Al menos ocho centros hacen de España la líder de la Unión Europea en cuanto a cetáceos en cautividad.

Actualmente, la mayoría de estas instalaciones pertenecen a grupos internacionales y se concentran en áreas de turismo costero masivo. Corporaciones como Aspro-Ocio que gestiona el Aqualand de Adeje (Tenerife), el Palmitos Park de Gran Canaria, el Marineland de Calvià (Mallorca) y el de Palafolls (Catalunya).

Otro grupo es Parque Reunidos que controla, el Selwo Marina de Benalmádena y el Aquópolis de Costa Dorada (Tarragona). Gestionaba el Zoo Aquarium de Madrid cuyos delfines fueron trasladados a China en 2025. También es el dueño del acuario de Antibes del que han salido varios delfines hacia España y de donde procederían las orcas destinadas en principio a Tenerife.

El grupo Loro Parque tiene el parque de Tenerife. Además, Global Omnium gestiona el Oceanogràfic de Valencia y el Grupo Santa María dirige el Mundo Mar de Benidorm (Alicante)

Estos traslados “no solucionan el problema, solo lo agravan” analiza la Fundación pro derechos de los animales Faada. “Supone seguir perpetuando un modelo de negocio basado en su cautividad y explotación con fines lucrativos”.

¿Alternativas?

Sobre la opción de transportar ejemplares, Loro Parque dice que “siempre ha estado y estará dispuesto a ayudar a los animales que necesiten un hogar ante la alternativa de la eutanasia planteada en Francia. La mejor solución para garantizar la vida y el bienestar de los animales es su traslado a las instalaciones de Loro Parque”.

“La alternativa no es sencilla ni igual en todos los casos”, cuenta Rubén Pérez, “porque no hay muchos santuarios donde albergar cetáceos”. Para las belugas, explica, “hay un espacio en Islandia” y para “las orcas en Nueva Escocia”. Para los delfines “existe el refugio de San Paolo en Italia”. El común denominador es que los animales viven en aguas más o menos abiertas —aunque acotadas— y no se someten a espectáculos o programas de cría.

Faada por su parte reclama que los estados de la UE “avancen hacia el fomento, impulso y financiación de los santuarios marinos para cetáceos procedentes de la cautividad”.

Lluvias violentas que generan una avenida de residuos que arrastra innumerables partículas plásticas. Y todo desemboca en el mar. Las riadas que provocan las precipitaciones torrenciales exacerbadas por el cambio climático vierten más microplásticos al mar de lo que se creía. “Amplifican este oculto, pero masivo conducto de contaminación”, concluye una investigación internacional recientemente aparecida en la revista Science.

Este equipo ha calculado que, solo en 2022, los ríos vertieron más de 260.000 toneladas de microplásticos al océano. Son una parte importante de la basura plástica que llega desde tierra adentro, la “contaminación que más rápido crece y la más difícil de revertir”.

“Hay que ser prudente con una cifra concreta”, explica la investigadora del Instituto de Investigaciones del Mar de la Universidad de Cádiz, Carmen Morales Caselles. “Todavía existe bastante incertidumbre sobre cuánto plástico queda retenido en las cuencas y en los propios ríos, cuánto se removiliza posteriormente y cuánto atraviesa realmente los estuarios y llega al medio marino”.

Sin embargo, añade, “refuerza la idea de que la llegada de plásticos desde los ríos al mar no es un flujo constante y que determinados eventos pueden movilizar en muy poco tiempo una cantidad importante del material acumulado en la cuenca”.

Hay mirar el ciclo de vida completo de los plásticos y entender que esta problemática no puede abordarse de forma aislada porque está conectada con las otras dimensiones de la triple crisis planetaria: cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación

Carmen Morales Caselles — Instituto de Investigación del Mar de la Univerisdad de Cádiz

Los microplásticos son partículas de entre 1 y 5.000 micras —una milésima de milímetro—. “Debido a su extendida presencia y larga vida, suponen una amenaza persistente para los ecosistemas. Se estima que entre 10 y 40 millones de microplásticos se vierten anualmente al medio ambiente”, describe esta investigación.

Lo que ha hecho el trabajo es calcular cuánto y cómo toda esa basura viaja por los ríos hasta terminar en la costa. “Nuestro estudio refuerza la idea de que los ríos contribuyen significativamente a la contaminación marina global por microplásticos”, explican los autores. El flujo representa hasta una cuarta parte del vertido total de plásticos desde los ríos hacia el océano y entre el 9 % y el 33 % de la entrada total de microplásticos en el medio marino.

Morales Caselles recuerda que “la necesidad de mirar el ciclo de vida completo de los plásticos y de entender que esta problemática no puede abordarse de forma aislada, porque está conectada con las otras dimensiones de la triple crisis planetaria: cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación”.

El Sur Global es la principal víctima de estos vertidos y el sureste asiático el punto más caliente. El Yangtsé (China) es la mayor fuente individual de microplásticos hacia el océano. Entre los más afectados se menciona el río Irawadi (Birmania) por ser uno de los que transporta mayores volúmenes, el Baram (Malasia), señalado por contener cargas masivas de basura microplástica comparables con ríos más largos debido a la densidad de población que atraviesa o el río Obi (Rusia) debido a que, aunque es muy septentrional, la escorrentía por las lluvias y la erosión lo convierten en sensible.

También aparece el Amazonas que, a pesar de ser uno de los mayores exportadores globales, presenta concentraciones más bajas por su caudal y porque la vegetación intercepta la basura. En este sentido, los científicos certifican que “la vegetación [de ribera] puede ayudar a retener los plásticos mientras que las superficies urbanizadas favorecen la escorrentía del agua y el transporte de los plásticos hacia los ríos”.

Con todo, y a escala nacional, los ríos españoles, por ejemplo, están invadidos al completo, según los análisis de proyectos como la Red de seguimiento de microplásticos en ríos y zonas costeras.

Los investigadores explican que no se trata de una corriente constante sino mediante “pulsos”. Los ríos van acumulando los microplásticos y sus componentes degradados que llegan desde las ciudades, los cultivos o las carreteras y luego los “liberan” a golpes que contaminan las costas y las cadenas alimentarias marinas rápidamente en cortos periodos de tiempo.

Esta manera de contaminar tiene amplias consecuencias para los ecosistemas costeros y marinos, ya que las altas concentraciones de basura, aunque sea un tiempo breve, pueden tener “efectos tóxicos agudos en el medio acuático”.

Y el gatillo de la riada de basura se dispara cuando caen tormentas violentas cuya agua busca luego su camino natural por los cursos fluviales. De ahí la relación con la crisis del clima.

Porque las lluvias torrenciales se han incrementado debido al calentamiento global. Las altas temperaturas intensifican la evaporación, es decir, añaden humedad a la atmósfera lo que “puede suponer combustible para las precipitaciones”, según explican los científicos. En España estos eventos se han multiplicado por cuatro.

En el origen de esta afluencia tóxica se sitúa, subrayan los investigadores, “el uso total de plástico” además de la gestión de la basura. Un uso que no para de crecer. Si este material —sobre todo en su forma de usar y tirar— estaba en el punto de vista ambiental en torno al año 2019, la pandemia de covid sirvió para relanzar su imagen. Desde entonces, las cifras de producción escalan año a año.

Este trabajo publicado en Science lo dice claramente: a menos que la producción de plástico se “recorte de manera más obligatoria y la gestión de los residuos mejore rápidamente”, las precipitaciones cada vez más extremas y frecuentes debido al calentamiento global “pueden amplificar este flujo de contaminación masiva”.

Sin embargo, la fábrica mundial de plástico, lejos de frenarse, se ha acelerado. Si en 2018 llegó a los 338,4 millones de toneladas, en 2024 se colocó en los 430,9 millones, según los datos de la patronal Plastics Europe. Un 78,5% más en seis años.

A la cabeza está China con un 34% de la producción mundial seguido por EEUU que fabrica en torno al 13%. Luego le sigue el resto de países de Asia con un 21% y Oriente próximo —nutrido por los países petroleros como Arabia Saudí o Emiratos Árabes Unidos— con un 8,3% del total.

El 89% de lo que se produce es de origen fósil y solo un 9% es reciclado, admite la patronal. Origen fósil porque se fabrica a partir de los hidrocarburos que se extraen del subsuelo: petróleo y gas.

El tratado global que no llega

“Sin un mayor control en la fabricación de plástico —y el manejo de desechos— el incremento de lluvias extremas puede intensificar esos pulsos de vertidos y empeorar la contaminación por microplásticos del mar”, insisten los investigadores en sus conclusiones finales.

En este sentido, los países parecieron prestar atención a las advertencias al comprometerse en 2022 a la creación de un tratado internacional vinculante para poner coto a la polución plástica. Sin embargo, la redacción final del texto ha fracasado.

En 2024 los países fueron incapaces de cumplir con su compromiso de acordar un tratado en dos años. Las conversaciones se suspendieron. Medio año después, en agosto de 2025, se repitió la historia. El principal escollo fue abordar el recorte de la producción de plástico nuevo.

Esta investigación demuestra que no podemos tener un tratado centrado únicamente en la gestión de los residuos: el problema es mucho más complejo y tiene múltiples dimensiones“, reflexiona la experta en plásticos Carmen Morales. Con todo, las negociaciones están actualmente en el limbo a la espera de fecha para que los países vuelvan a sentarse.

El fenómeno de El Niño de gran intensidad que se ha formado este año en el Pacífico ecuatorial va a subir entre 1,2ºC y 2,1ºC la temperatura global en “amplias zonas del planeta”. Ese calor severo pondrá en riesgo hasta 450.000 vidas, según un análisis del Climate Impact Lab de la Universidad de Chicago.

El Niño —un proceso natural generado en el Pacífico— comenzó en junio pasado y está previsto que afecte al hemisferio norte hasta la próxima primavera. El fenómeno consiste en un parón de los vientos que barren las aguas superficiales cálidas del océano por lo que se genera un tapón que impide el ascenso de aguas frías más profundas. Ahí se forma una especie de calefactor planetario.

Como esa subida de temperatura se solapa con el calentamiento global acumulado por la costra de gases de efecto invernadero inyectados a la atmosfera, estos científicos calculan que “habrá un 44% más de días de calor extremo de los que se esperaría en un año normal”.

Daño a la salud

Este pronóstico avisa de que durante los próximos meses, mucha población mundial va a soportar el calor que se proyecta para dentro de más de 20 años debido al cambio climático.

“El Niño nos está llevando hacia el futuro al exponernos a temperaturas que no serían normales en las próximas dos décadas”, han dicho los analistas del Climate Impact Lab.

Con unos termómetros disparados, el mismo análisis indica que “se perderán 450.000 vidas solo en la primera mitad de este El Niño”. El trabajo lo compara con las 6.800 muertes o desaparecidos atribuidos a la riada de Nepal causada por el derretimiento de un glaciar.

De hecho, los científicos de la Universidad de Chicago se muestran pesimistas al decir que “estas cifras pueden ser incluso mayores, ya que las altas temperaturas se alargarán durante julio y julio de 2027”. Las zonas más vulnerables se concentran en el Sur Global. El trabajo menciona el Sahel, el sureste de Asia, India y Brasil.

Con esos números encima de la mesa, el Climate Impact Lab reclama un programa de acciones preventivas. Dentro de su inventario de adaptación incluye las alertas por calor extremo a la población, los refugios climáticos y áreas de hidratación. También la protección de los trabajadores y utilizar el sistema de salud para ayudar a las personas a soportar el calor.

Once activistas climáticos de Greenpeace de ocho países que bloquearon 12 horas la entrada de un buque cargado de gas fósil al puerto de Sagunto en 2021 se sientan en el banquillo este 23 de septiembre con una posible condena de cinco años de cárcel pendiendo de sus cabezas. “No recordamos una petición semejante”, explican los activistas.

Cinco años después de aquella acción y pocos días antes de la vista, uno de los procesados, Ernesto Baeza, cuenta a elDiario.es que no hicieron “nada malo”: “Es necesario que pongamos nuestro granito de arena así que, en ese momento, no lo dudé y probablemente volvería a hacerlo. No me arrepiento”.

Baeza tiene la sensación de que todo el caso se ha ido engordando según avanzaba el tiempo. “Cuando hicimos la acción me sentí parte de un gran mundo, pero luego nos avisaron de que la cosa se complicaba porque el asunto iba por el lado penal”. Finalmente, la Fiscalía los acusa de un delito de desórdenes públicos agravados y solicita que los encierren cinco años.

No hice nada malo. Es necesario que pongamos nuestro granito de arena así que, en ese momento, no lo dudé y probablemente volvería a hacerlo. No me arrepiento

Ernesto Baeza — Activista de Greenpeace

Ahora, este consultor informático ha tenido que “pedir una semana libre del trabajo para estar en el juicio. He intentado no comerme demasiado la cabeza durante estos años, pero a medida que se acerca la fecha y ves lo que dice la Fiscalía se nota el nerviosismo y la tensión”.

La organización Greenpeace encuadra este proceso en la creciente represión que vive el movimiento de protesta climático: “Solo en España, desde 2020, hasta 30 activistas se han visto envueltos en distintos procedimientos”, recuentan. Un fenómeno que se está esparciendo según la crisis climática empeora y las acciones de protesta son más visibles.

El catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad de Bristol, Oscar Berglund, ha resumido recientemente para el think tank Carnegie Endowment for International Peace los hallazgos de su investigación sobre los métodos de criminalización del movimiento ambiental. Las fórmulas engloban la creación de nuevas leyes antiprotesta, el uso torticero de legislación preexistente, la presión policial y la denigración del movimiento.

Si se trasladan estos puntos a la realidad española, el mismo Berglund ya subrayó que en Alemania y España se están aplicando leyes, en principio, pensadas para combatir el crimen organizado contra los grupos ambientalistas. Los activistas de Greenpeace que van a ser juzgados —por su parte— se quejan de que los agentes de policía están “inflando” en sus atestados los hechos y, a partir de ahí, se endurecen los procesos penales. Sobre el menosprecio a los activistas, durante las olas de calor de este 2026 se ha podido ver al Partido Popular recuperar su estrategia de burla.

“Una combinación de actores estatales y corporativos ha hecho que la represión de las protestas ambientales se convierta en un fenómeno extendido por todo el mundo”, ha advertido Oscar Berglund en su resumen.

Francisco del Pozo es un veterano del activismo verde. Con muchas campañas a sus espaldas, este año ha tenido que afrontar tres procesos judiciales por acciones de protesta. “Después de 12 años de protesta, esto asusta”, confiesa a elDiario.es. “A principios de año mi familia y yo estábamos bastante atemorizados. Al final intentas explicar que estamos en buenas manos y que todo está muy hinchado, pero tienes que vivir con ello encima. Es una espada de Damocles”.

Ya que nos comemos este juicio, me gustaría que una sentencia favorable ayude a los activistas del futuro. Que un juez deje clara la exageración policial. Es fundamental para que el futuro activismo no sufra este calvario

Francisco del Pozo — Activista de Greenpeace

Del Pozo rememora que aquella acción de 2021 “era un bloqueo old school. No era nada loco y colaboramos con las autoridades para que no hubiera daños. El buque con gas de fracking se quedó parado y luego entró en el puerto cuando nos fuimos. Fue algo llamativo, pero sin más, por eso nos ha extrañado la severidad de las penas. De hecho, los compañeros de otros países —vinieron de Italia, Filipinas, Brasil, Chile...— no han entendido nada”.

La Guardia Civil terminó por abordar el barco y detener al capitán del buque de Greenpeace Esperanza que se jubilaba con esa última acción.

El activista reflexiona que “ya que nos comemos este juicio, me gustaría que una sentencia favorable ayude a los activistas del futuro. Que un juez deje clara la exageración policial. Es fundamental para que el futuro activismo no sufra este calvario”.

Preocupación en la ONU

La preocupación sobre la escalada de represión no se limita a la ONG o los académicos. El relator de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, dijo este mismo verano: “Es chocante que las personas que defienden el futuro de nuestros hijos estén siendo perseguidas con normas pensadas para los grupos criminales o terroristas”. Y especificó que “mientras muchos países europeos se enorgullecen de sus ambiciosos objetivos ambientales y climáticos, nuevas leyes criminalizando la protesta pacífica entran en vigor”.

Greenpeace recuerda que “la última vez que activistas de la organización ingresaron en la cárcel fue en 2013 en la Rusia de Vladímir Putin”. Era una protesta “también contra los combustibles fósiles en el Ártico”. Según este grupo, “cada vez que tocamos el sector de los combustibles sabemos que la respuesta va a ser dura”.

Lo que se ha constatado es que esta oleada de presión ha provocado un enfriamiento entre los activistas, es decir, miedo —le han puesto la etiqueta de chilling effect—. “Desde luego que sí”, admite Francisco el Pozo. “Porque si sigues activo, si en lugar de una multa van por lo penal, te tienen bailando durante años. Y lo mismo les ocurre a los compañeros de Futuro Vegetal, de Extinction Rebellion o de los grupos por la vivienda... te meten la ansiedad en el cuerpo y te quitan de la primera línea. De esa manera se adelgaza el colectivo activista. Y funciona”.

Ernesto Baeza es optimista en cuanto al juicio “porque tenemos apoyo”. En cuanto al activismo, “a lo largo de la historia hay momentos de represión y luego de grandes victorias. Pero esto de ahora nos obliga a desarrollar la inventiva y crear mecanismos para no callar”.

Uno de los principales problemas en la gestión de los escasos recursos hídricos en España es la sobreexplotación de los acuíferos. Resumidamente: extraer de estos almacenes subterráneos más líquido del que reponen. Hay una parte de ese uso intensivo que se hace legalmente, pero otra porción se realiza a base de bombear agua sin permiso. Un robo del agua.

La organización WWF ha estudiado seis puntos agudos donde se extrae agua “con indicios de ilegalidad” para regar parcelas “potencialmente” irregulares. Se trata de los acuíferos de Almonte-Marismas —los que alimentan Doñana—, el Alto Guadiana que surte a Daimiel, Los Arenales en Castilla y León, Campo de Cartagena al lado del Mar Menor, Baza en Granada y el eje sureste del Segura.

Todos tienen en común que, en los últimos años, “han asistido a una transformación de unos cultivos tradicionales de secano a una agricultura industrializada de regadío superintensivo”, dice WWF. “No son ejemplos aislados, sino una muestra de un problema mucho más generalizado”, explica la responsable del programa de aguas de WWF, Teresa Gil

Un posible delito ambiental “extendido e impune” añade Gil. Sirve de ilustración sobre lo complicado de la situación, el reciente sobreseimiento del caso de la extracción ilegal de agua mediante pozos en fincas de la Casa de Alba. El juez argumentó que no se ha acreditado que ese bombeo sin permiso haya perjudicado al acuífero o el medio ambiente.

La presión del regadío sobre los acuíferos españoles (datos 2024)

Cultivos en parcelas

con indicios de

ilegalidad (ha)

Extracciones

de agua en posible

ilegalidad (hm3)

ACUÍFERO

Alto Guadiana (Daimiel)

Los Arenales

Sureste (Segura)

Baza

Almonte-Marismas (Doñana)

Campo de Cartagena (Mar Menor)

39.244

16.481

15.229

4.100

3.379

3.271

69,71

67,42

48,85

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1

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Bilbao

A Coruña

El Acuífero de

los Arenales

(Castilla y León)

Barcelona

2

Madrid

El Alto

Guadiana

Valencia

El Sureste

(Albacete,

Almería y

Alicante)

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Campo de

Cartagena

(Mar Menor)

Baza

(Granada)

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Málaga

Almonte-Marismas

(Huelva)

5

GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: WWF.

La presión del regadío sobre los acuíferos

españoles (datos 2024)

Cultivos en parcelas

con indicios de

ilegalidad (ha)

Extracciones de

agua en posible

ilegalidad (hm3)

ACUÍFERO

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Alto Guadiana (Daimiel)

Los Arenales

Sureste (Segura)

Baza

Almonte-Marismas (Doñana)

Campo de Cartagena (Mar Menor)

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16.481

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El Alto

Guadiana

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GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: WWF.

Aun así, los datos de este análisis demuestran que, cuando hay voluntad y se hace algo, la situación se modifica (para mejor). En Doñana y el Mar Menor, sus planes de acción (que suman 1.300 millones de euros de presupuesto) han derivado en una disminución del problema. En el Alto Guadiana, del que viven Las Tablas de Daimiel, el plan de actuaciones anunciado por el Ministerio de Transición Ecológica continúa estancado. “Es el epicentro”, avanzan los de WWF.

Almonte-Marismas

La situación: el trabajo admite que ha habido un “descenso significativo de la superficie de cultivos de frutos rojos en posible situación de ilegalidad”. A su juicio esto demuestra un “esfuerzo” de las Administraciones y las fuerzas de seguridad para rebajar los cultivos ilegales. Al mismo tiempo alertan de que lo que ha crecido son los cultivos leñosos, muchos de ellos olivos en régimen intensivo (que necesitan riego continuado).

“En Doñana se han producido progresos en el control” sin embargo, apuntan, el “problema del uso ilegal del agua persiste en la zona de estudio”, ya que en torno al 20 % de la superficie regada con recursos de las masas de agua subterráneas del acuífero de Almonte-Marismas presenta indicios de estar en situación de ilegalidad.

El robo: los cálculos de WWF dicen que en el entorno de Doñana —plantados sobre las masas de agua subterránea de las que depende el parque nacional— hay unas 3.330 hectáreas de cultivos con visos de irregularidad. Para alimentar esas explotaciones, analizan, se sacan sin permiso de los acuíferos más de 13 hectómetros cúbicos.

El impacto ambiental: la organización advierte de que, según su análisis, hay un grado de incertidumbre sobre la situación real de Doñana que provoca que cualquier previsión sea de “baja aplicabilidad en el terreno práctico”. Con todo recuerda que la Estación Biológica de Doñana ha certificado la desecación de las lagunas temporales que se han visto ocupadas por vegetación “típicas de suelos alejados del nivel freático”, es decir del nivel del acuífero y que la laguna de Santa Olalla se ha secado completamente tres años seguidos por la sequía.

Campo de Cartagena

La situación: tras el shock de la sopa verde que alertaba del colapso ecológico el Mar Menor, el diagnóstico estaba claro: había una explotación insostenible del territorio por el uso intensivo del agua para el regadío. En los últimos cuatro años, pues, “ha habido una mejora significativa” gracias al un “control más estricto de las administraciones” y “una mejor gestión de los usuarios”, dice este informe. Con todo, todavía hace falta “mantener y consolidar las medidas de control”, concluyen, porque sigue sacándose agua irregularmente allí.

El robo: la teledetección de parcelas fuera de los mapas con derechos de uso del agua muestra una superficie de cultivos con indicios de estar al margen de la norma de 3.271 hectáreas. La cantidad de agua bombeada desde el subsuelo sin permiso llega a los 14,63 hm³, según el trabajo de WWF. La identificación de parcelas corresponde a explotaciones de cultivos hortícolas de temporada, cítricos, cultivos leñosos tipo almendro u olivos e invernaderos.

El impacto ambiental: es uno de los más célebres. El uso intensivo de agua sobre cultivos cargada de fertilizantes termina por desaguarse en la laguna costera del Mar Menor. Esa entrada masiva de nutrientes —los restos del fertilizante— provoca un estallido de microalgas Esa es la sopa verde. La proliferación de fitoplancton bloquea la entrada de la luz del sol al fondo de la laguna y causa muertes masivas de las praderas marinas. Esa biomasa muerta en descomposición consume el oxígeno disuelto en el agua (anoxia). Sin ese oxígeno ocurren grandes mortandades de peces y otra fauna acuática.

Alto Guadiana

La situación: WWF lo llama el “epicentro” del robo del agua y califica la situación de “al borde del suicidio hídrico”. Sobre esas masas de agua subterránea se ha creado una estructura ambientalmente insostenible: de entrada, la Confederación Hidrográfica del Guadiana calcula que la extracción legal de agua para permitir que los acuíferos se recuperen debería toparse en 199 hm³ al año. Las extracciones para el regadío suman 370 hm³. Un déficit estructural de más de 170 hm³.

El robo: las parcelas presuntamente ilegales llegan a las 39.000 ha. “Es un 22% de la superficie total regada”, pondera el estudio. El riego asociado a esas explotaciones llega a los 69 hm³ en 2024. “La existencia de riegos con indicios de ilegalidad es uno de los factores principales que explican el déficit”, argumenta WWF.

Una gran parte de los que se explota son cultivos leñosos que, para que sobrevivan en Castilla-La Mancha necesitan riegos. “Especialmente las vides en espaldera y los almendros en régimen intensivo”, aclara el análisis. La gran superficie dedicada a estos cultivos conlleva la sobreexplotación del acuífero.

El impacto ambiental: los humedales de La Mancha necesitan el agua subterránea. Las fuertes precipitaciones han cubierto una buena parte de las Tablas de Daimiel en 2025 y 2026 después de que, sin lluvia, el parque estuviera al borde de secarse por completo —tanto que necesitó trasvases de urgencia desde el Tajo y bombeo extra desde pozos en 2023 y 2024—.

La cuestión es que las aguas superficiales de las Tablas y las subterráneas de los acuíferos están desconectadas debido a la bajada del nivel bajo tierra. Sin esa conexión, el líquido no brota, es decir, no alimenta al humedal.

Los Arenales

La situación: aunque ha disminuido un poco respecto a 2019 (un 5% menos de superficie), el regadío “en posible situación de ilegalidad” todavía es “relevante” y supone un “impacto directo sobre el balance hídrico y el estado de las masas de agua subterráneas”, diagnostica el informe de WWF.

En esta zona de Castilla y León puede observarse, por un lado, cómo se concentra el problema en la masa de agua Tierras de Medina y La Moraña mientras allí donde se han creado comunidades de usuarios de aguas subterráneas se ha constatado “una disminución significativa del uso ilegal”.

El robo: las cifras muestran 16.400 hectáreas (un 21% del total) de cultivos con sospecha de ser irregulares y un volumen de extracciones igualmente fuera de norma de 67 hm³. Como el índice de explotación de este sistema de acuíferos compuesto por tres masas diferenciadas está en 1,24, si se le resta el volumen sacado sin permiso ese índice se quedaría en 1,0, es decir, se extraería lo que reciben los acuíferos al año. “La posible ilegalidad es un factor material que contribuye a la situación de desequilibrio del sistema”.

El impacto ambiental: actualmente, en Tierras de Me­dina y La Moraña, “se identifican más de 30 zonas húmedas en estado de desconexión”, recuentan los ecologistas. Y en la zona de Tierra de Pinares más de 20 zonas podrían beneficiarse de una recuperación de niveles “si disminuyeran las extracciones”.

Sureste

La situación: el objetivo era estudiar áreas de la Cuenca del Segura que habían quedado fuera del radar ante la urgencia de la situación en Campo de Cartagena y el Mar Menor. Se han delimitado tres zonas: Albacete, Alicante y Almería. El estudio subraya que hay un “crecimiento insostenible” del regadío presumiblemente ilegal en la provincia de Albacete.

El robo: se considera que hay unas 15.200 hectáreas con indicios de ilegalidad. La mayoría, como se decía, en Albacete donde suman 11.000 ha fuera de la cartografía regulada. Después está Almería con 3.700 hectáreas. En Alicante aparecen 226 ha. En total son un 20% del total regado en esas tres provincias. El principal cultivo es el viñedo.

Respecto al agua que se extrae para esas parcelas, la estimación es que se beben unos 48,8 hm³, supuestamente, sin permiso.

El impacto ambiental: WWF informa de que se han detectado parcelas con indicios de ilegalidad dentro de zonas de especial protección. Y señalan explotaciones al norte de la Laguna de Petrola que es un de importancia para las aves.

Baza

La situación: “desconocido y preocupante” robo del agua, lo califica este trabajo. El estudio se fija en siete masas de agua subterránea en la comarca de Baza (Granada). De hecho, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha desplegado un plan específico de inspección para esta comarca.

Con todo, WWF señala que sus análisis difieren mucho de algunos de los presentados por Confederación para ciertos acuíferos: en el de Sierra de las Estancias, la Confederación considera que hay un índice de explotación de 0,6 y la organización estima que llega al 2.0, es decir, un 200%. “Es un indicio de una altísima sobreexplotación”.

El robo: casi el 62% de la superficie regada presenta indicios de estar en situación irregular, en tolal 4.100 ha de las 6.600 irrigadas en la comarca. Los cultivos afectados van desde los olivares a los frutos secos pasando por los invernaderos y los hortícolas. El agua captada para estas explotaciones llega a los 8,3 hm³.

El impacto ambiental: una sobreexplotación como la que apunta el trabajo de WWF “podría llevar al agotamiento de los recursos en un plazo de tiempo relativamente corto”.

La contaminación del aire y el cambio climático se retroalimentan. Si los gases contaminantes exacerban la alteración del clima, el calor extremo y los grandes incendios forestales están a su vez empeorando la calidad del aire que respiramos, según subraya el último Boletín de la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

Tanto las olas de calor cada vez más severas y frecuentes como los incendios forestales gigantescos, ambos fenómenos extremos multiplicados por el cambio climático, han incrementado los niveles de contaminantes como las micropartículas (PM 2,5), el ozono troposférico (O3), los aerosoles y el dióxido de nitrógeno (NO2). “Dañan la salud, los ecosistemas y el propio clima”, recuerda la OMM en su informe.

El codirector del departamento de Cambio Climático, Salud y Medio Ambiente del Instituto de Salud Carlos III, Julio Díaz, considera que “este informe de la OMM viene a confirmar algo en lo que llevamos trabajando tiempo: el calor y la contaminación están unidos”.

El investigador del ISCIII explica que “sabemos ahora que el anticiclón de las Azores es más intenso y extenso. Y que la llegada de aire sahariano con polvo en suspensión es más frecuente e intensa. En ambos casos, se produce una situación de bloqueo atmosférico que impide que los contaminantes se dispersen lo que supone un aumento de las concentraciones de NO2, de PM y de O3”.

A eso se le está añadiendo “la alta toxicidad del humo de los incendios”, dice la OMM. “Al tiempo que la normativa en lugares como Europa o América del Norte ha reducido la emisión de PM desde la industria o el tráfico, la exposición de la población a este contaminante ha crecido llegando a serias consecuencias para la salud”.

Así, en 2025, las concentraciones de PM 2,5 en Canadá o Rusia y África central fueron superiores a la media debido a los incendios. El noroeste de España también “fue un punto caliente de PM por los fuegos excepcionales”.

Termómetro y ozono

A medida que el termómetro se dispara, la polución crece. La OMM detalla que “la combinación de las altas temperaturas, el bloqueo atmosférico y la intensa radiación solar promueve la formación de O3 por lo que, durante las olas de calor, se elevan sus niveles como han demostrado los estudios más recientes en EEUU, sureste de Asia y Europa”. Si vives en una ciudad la cosa empeora, ya que “el fenómeno de la isla de calor lo amplifica aún más”. Y, como recuerda la misma organización, este gas se asocia a un “aumento de la mortalidad y reducción de la esperanza de vida debido, principalmente, a las enfermedades respiratorias”.

En este sentido, las olas de calor de 2025 dispararon los niveles de este gas nocivo en España a máximos de la década, según los cálculos que hizo Ecologistas en Acción con datos de medición oficiales. El que en su momento fue el verano más caluroso registrado en España provocó que casi el 100% de la población respirara aire con concentración de O3 más allá del umbral de seguridad marcado por la Organización Mundial de la Salud. El verano de 2026 ha sido aún más caluroso.

“Es previsible que, mirando hacia el futuro, los peligros relacionados con el ozono troposférico se intensifiquen”, concluye el informe de la OMM.

No podemos hablar solo de la temperatura porque, al mismo tiempo, los niveles de NO2, O3 o PM llegan a valores muy altos. Sería demasiado simplista pensar que solo el calor causa la mortalidad durante las olas de calor

Julio Díaz — Codirector del departamento de Cambio Climático, Salud y Medio Ambiente del Instituto de Salud Carlos III

El mismo boletín insiste en que existe una “fuerte evidencia de la interconexión entre la calidad el aire y el clima incluidos los efectos que la contaminación tiene sobre la salud. Es importante abordar la polución atmosférica y el cambio climático como fenómenos relacionados”.

Díaz está muy de acuerdo: “Son procesos sinérgicos que se influyen mutuamente”, pero, con todo esto sobre la mesa, el temor es que “el calor tape el resto”.

Desde el punto de vista de la salud “no podemos hablar solo de la temperatura porque, al mismo tiempo, los niveles de NO2, O3 o PM llegan a valores muy altos. Sería demasiado simplista pensar que solo el calor causa la mortalidad durante las olas”, subraya el investigador. “El impacto de la contaminación es a veces incluso superior en esos episodios”.

Díaz cuenta que, según los cálculos que han realizado en el Instituto de Salud Carlos III, hasta un 18% de las muertes que se atribuyen al calor se deben más bien a los daños de respirar aire contaminado. “Poner tanto foco sobre el calor no debería restar atención a la contaminación”, aclara.

Hay que tener en cuenta, además, que las potenciales víctimas del calor y los contaminantes atmosféricos son los mismos: los grupos de personas más vulnerables al padecer patologías previas que empeoran cuando la temperatura es excesiva y cuando el aire está cargado de tóxicos.

Alerta por calor y la calle llena de coches

En este sentido, este grupo de investigación ha recalculado las temperaturas que, desde un punto de vista de la salud, deberían activar las alertas por calor en cada provincia teniendo en cuenta el daño que provocan los contaminantes.

El trabajo indica que, si hay una parte de la mortalidad durante picos de calor que es provocada por la concentración de contaminantes en el aire, atribuir esa parte a las temperaturas esconde las causas y, por lo tanto, impide tomar medidas específicas. Según su análisis, de media, esa temperatura de activación subiría unos 0,4 °C en el país.

“La importancia radica no solo en el aspecto cuantitativo —el número de alertas que se lanza—sino también en la preparación de la población y la implementación de acciones de prevención”, explica esta investigación recientemente publicada.

“La temperatura mínima sube, pero —al mismo tiempo— indica que, en esos momentos, habría que tomar medidas para paliar la polución del aire”, concluye Julio Díaz. Medidas que no se están abordando como el uso de la mascarilla o la reducción de tráfico de coches en las ciudades. “Que no ocurra que las administraciones digan que mejor quedarse en casa mientras las calles siguen llenas de coches”.

Justo cuando los impactos del cambio climático se están haciendo más potentes y dañinos, las grandes petroleras se han hecho con el discurso: la industria fósil ha impuesto su visión sobre el petróleo al conseguir trasladar la idea de que no vivimos una crisis del clima, sino un problema de seguridad energética, según el análisis de cobertura mediática de la investigadora de la Universidad Pompeu Fabra Silvia Díaz Pérez.

Este cambio ha hecho que el petróleo —un combustible fósil cuyo uso emite gran cantidad de gases de efecto invernadero, un tercio del total mundial cada año— sea presentado como solución a esa necesidad de energía, en lugar de como responsable del problema del cambio climático y sus consecuencias.

En este 2026, “por primera vez desde 2018, el marco que gana la disputa por el petróleo en la prensa es el de la industria: necesidad y seguridad energética desplazan a la culpa climática. El término se ha dado la vuelta”, describe el análisis. El trabajo de relaciones públicas de la industria ha dado sus réditos, ya que “ha habido una erosión sostenida en el tiempo, hasta que en 2026 se ha cruzado el umbral a favor de las visiones de la industria”.

La industria domina el relato del petróleo

Evolución del Índice de Dominancia Narrativa (NDI) 2018-2026

-1 indica dominio del movimiento climático y 1 dominio de la industria fósil

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Ya amagó con Ucrania en 2022 y revirtió. En 2026 el cruce es el más pronunciado del registro

GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: RELAT.

La industria domina el relato del petróleo

Evolución del Índice de Dominancia Narrativa (NDI) 2018-2026

-1 indica dominio del movimiento climático y 1 dominio de la industria fósil

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Ya amagó con Ucrania en 2022 y revirtió. En 2026 el cruce es el más pronunciado del registro

GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: RELAT.

Imponer el relato no es algo inocuo como han demostrado las investigaciones de ciencias políticas: determina cuál es el problema urgente establece los límites del debate y justifica unas políticas u otras. Ahora, ha cedido el marco de “culpa” o responsabilidad y ha tomado la delantera el de “necesidad”, con sus implicaciones.

La investigación de Silvia Díaz utiliza un índice de dominancia narrativa (NDI) basado en la revisión de los titulares informativos. Así, para cada concepto analizado —el petróleo, el gas, las renovables, la captura de carbono etc.— puede detectarse qué actor consigue definir su significado en la prensa: el movimiento climático (valores hasta -1) o la industria fósil (valores hasta 1).

En el caso del petróleo, su índice NDI ha pasado de -0,84 en 2018, es decir, la visión del movimiento climático dominaba, a -0,67 en 2024 y el salto que ha cruzado y cambiado las tornas: 0,24 en 2026. Con la guerra en Ucrania, en 2022, se vio un primer repunte de las posturas de la industria que ha dado el sorpasso este curso.

En el otro lado, los cálculos científicos han mostrado que para mantener el calentamiento global del planeta por debajo del límite de seguridad del 1,5 °C extra al final de siglo no debería extraerse más de la mitad del petróleo aun bajo tierra.

La investigación ha revisado más de 60.000 titulares de informaciones sobre clima y energía —no el cuerpo completo— de 56 medios internacionales diferentes entre 2018 y agosto de 2026. También 44.000 posts de cuentas del movimiento climático en X y Bluesky. La investigadora monitoreó las cuentas de diez petroleras y asociaciones patronales: ExxonMobil, Chevron, Shell, bp, TotalEnergies, Eni, API, FuelsEurope, OGCI y GasNaturally.

Durante este cambio de tornas, se ha producido la guerra en Ucrania primero y el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán después –con el cuello de botella instalado en el estrecho de Ormuz–. Y, al mismo tiempo, las petroleras han multiplicado sus ingresos de manera más que notable.

La mayor petrolera del mundo, la saudí Aramco, ha declarado unos beneficios de 28.000 millones de euros para el segundo trimestre de 2026, un 33% más que el mismo periodo del año anterior. La estadounidense ExxonMobil, por su parte, dobló los beneficios y llegó a 12.500 millones de euros. Su compatriota Chevron se disparó a los 10.000 millones, lo que supone un 380% más. La británica Shell llegó a los 8.400 millones de euros (u 12% más).

A la española Repsol tampoco le ha ido mal: declaró unos beneficios de 2.200 millones de euros, lo que supone multiplicar casi por cuatro los resultados de un año antes.

Así que, cuando las repercusiones del cambio climático se están haciendo más evidentes —y graves—, la industria de los combustibles fósiles ha conseguido desplazar la percepción de cuál es el problema: del calentamiento global se ha pasado a la crisis energética. Y de paso, ha multiplicado sus ingresos.

Campos en disputa

El tema de petróleo es el asunto más en disputa entre el movimiento climático y la industria, según las conclusiones de este trabajo. Es decir, todavía “puede cambiar de manos”. El Big Oil ya domina claramente el campo del gas —que es visto como una solución sostenible y casi siempre lleva el apellido de “natural” aunque es un combustible fósil—.

El clima pierde fuerza a la hora de hablar de la energía

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Porcentaje en el que el clima es el marco en el que se encuadra la cobertura mediática por año.

Del 74% (2019) (el año de las movilizaciones masivas) al 24% (2026).

GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: RELAT.

El clima pierde fuerza a la hora de hablar

de la energía

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Porcentaje en el que el clima es el marco en el que se encuadra la cobertura mediática por año.

Del 74% (2019) (el año de las movilizaciones masivas) al 24% (2026).

GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: RELAT.

La invasión rusa en Ucrania hizo que el discurso gasístico, que ya era favorable a la industria, prácticamente quedara sellado como necesidad para asegurar la energía. La visión de la industria también es la que prevalece en cuanto al uso del hidrógeno como combustible y los procesos de captura de carbono.

El movimiento climático aún es el actor principal a la hora de hablar de energías renovables, pero, indica la investigación, “se cuestiona desde dentro” con discursos sobre el “extractivismo verde” o la “justicia” a la hora de repartir cargas y beneficios de la implantación de renovables.

Lo que analiza la investigadora es que el movimiento climático ha dejado “desierto” el relato sobre soluciones en el campo energético, por lo que la industria “ha podido ocupar el espacio con el gas, la captura de carbono y el hidrógeno como respuesta”.

La cuestión es que, en 2019, el clima era el “marco maestro desde el que se interpretaba la energía”, subrayan las conclusiones, y eso ya no ocurre. En 2026, ese marco ha sido desplazado por seguridad, suministro y crisis energética. Ese desplazamiento “cambia estructuralmente la ventaja narrativa: dentro del marco climático los fósiles aparecen como problema, pero dentro de energy security pueden reaparecer como solución”.

“Las petroleras no necesitan negar el cambio climático ni su responsabilidad. Han conseguido aprovechar las guerras —primero con el gas y luego con el petróleo— para reposicionar sus productos: ahora lo verdaderamente importante es la calefacción y el precio de la gasolina”, reflexiona Silvia Díaz en conversación con elDiario.es.

En España, la nuclear

En España —donde se analizan 60.463 titulares de clima y energía en 26 medios españoles—, la lucha por el relato se centra en la energía nuclear. “Es un campo en disputa”, explica Silvia Díaz. Es el tema sobre el que se genera más volumen de información en los medios nacionales y se impone la visión de la industria eléctrica “no en abstracto, sino argumentando las consecuencias de cerrarla”. La central de Almaraz marca los tiempos de la disputa por este tema.

El relato de la nuclear y las renovables en España

Energía nuclear

Energía renovable

APAGÓN

28/4/2025

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2026

La nuclear cambia de marco en 2019 y no vuelve a bajar del cero; desde 2024 se consolida. Las renovables no cruzan en ningún momento, pero en el año del apagón el marco del movimiento pierde fuelle: de −0,40 a −0,19, sin recuperar después su nivel anterior

GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: RELAT.

El relato de la nuclear y las renovables

en España

Energía nuclear

Energía renovable

APAGÓN

28/4/2025

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+0,84

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La nuclear cambia de marco en 2019 y no vuelve a bajar del cero; desde 2024 se consolida. Las renovables no cruzan en ningún momento, pero en el año del apagón el marco del movimiento pierde fuelle: de −0,40 a −0,19, sin recuperar después su nivel anterior

GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: RELAT.

Así, en realidad, el relato nuclear en los medios en España es dominado por la industria desde, al menos, 2019. “Podría ser como respuesta al pico del movimiento climático de aquel año”, analiza la investigadora. Luego, el apagón general de abril de 2025 le otorgó más volumen al relato de la industria: le dio la mitad de todo su volumen total de informaciones entre 2019 y 2025 sin que cambiara el enfoque. Entre 2024 y 2025 el dominio industrial crece 23 puntos más, “el mayor desplazamiento de cualquier concepto en los nueve años de la serie”.

En 2026, se ha sustanciado el permiso del Ejecutivo para prolongar la vida de la central de Almaraz que debía cerrar, según el acuerdo con la dueña, en 2027 y 2028. El Gobierno ha aducido “el conflicto” en Oriente Próximo.

A la hora de informar sobre las energías renovables, el movimiento climático ha perdido un tercio de la ventaja que tenía respecto a la industria en cuanto a dominar el relato. El apagón del 28 de abril de 2025 le hizo mucho daño al cebar un discurso sobre la incapacidad de estas tecnologías para satisfacer toda la demanda “y no la ha recuperado nunca”.

Las conclusiones sobre España es que “no va con retraso respecto de la serie internacional”, sino que hay una “disputa distinta, con la misma gramática”, explica la investigadora. “El movimiento climático ha perdido terreno en la información sobre energía nuclear, sobre gas y sobre las renovables”.

No estaba previsto, pero el shock ha permitido desempolvarlo. El superincendio que arrasó 28.000 hectáreas en Madrid ha servido a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, para rescatar la idea de atravesar una zona de alta protección ambiental con una autovía: el desdoblamiento de la M-501, la carretera de los pantanos, hasta el límite de la comunidad —a las puertas de su pueblo, Sotillo de La Adrada—.

Ayuso pretende anunciarlo en el debate del estado de la región, este jueves, pero ya ha hecho público que ha comenzado “el estudio con el que prolongar el desdoblamiento de la M-501 hasta el final de la Comunidad de Madrid”, ha escrito en X. Todavía no hay detalles del procedimiento ni de los trámites a seguir, pero esa vía no ha estado exenta de polémica.

En realidad, el Plan de Carreteras de la Comunidad de Madrid 2025-2032 —que comenzó a elaborarse en 2023 y se aprobó en 2026— no contemplaba en ningún momento el desdoblamiento de esta carretera, que supone convertirla en autovía totalmente. De hecho, en algunos foros vecinales de la zona se reclamaba esa actuación: “Habría que cortar la carretera en la rotonda de Navas, ya verás cómo escucharían”, se leía en mensajes fechados el pasado verano.

En lugar de centrarse en la recuperación pretende meterle más presión y más tráfico en un modelo que ha evidenciado sus problemas con el incendio de este verano: más construcción, más planes urbanísticos, más turismo masivo

Francisco Segura — Experto en infraestructuras de Ecologistas en Acción

Sin embargo, con la polémica del ático adquirido en secreto todavía persiguiéndola y con el incendio que arrasó la sierra oeste aún en el recuerdo —Ayuso ha llegado a decir que el dinero que se ingrese por la venta de ese inmueble se destinará a la recuperación del área, cosa que no puede hacerse de manera directa—, la presidenta madrileña ha avanzado que acometerá este proyecto.

El desdoblamiento ha sido un viejo anhelo del PP de Madrid. Hasta el punto de saltarse la ley para llevarlo a cabo: la parte actualmente operativa fue declarada ilegal por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en febrero de 2008 por no contar con los trámites de salvaguarda ambiental. El Supremo ratificó la sentencia en febrero de 2011. Además, el Tribunal de Justicia Europeo condenó al Reino de España por incumplir las leyes ambientales debido a este desdoblamiento.

Si la expresidenta Esperanza Aguirre echaba mano de la seguridad vial y, a su juicio, de la alta siniestralidad de la vía convencional para multiplicar carriles sin el estudio previo de impacto ambiental obligatorio, Ayuso alude sin ambages al dinero: que “la zona oeste y Ávila” [donde ella no tiene competencia económica alguna] sean “sinónimo de zona de prosperidad y futuro”. Su pueblo, Sotillo de La Adrada, precisamente pertenece a la provincia de Ávila.

“Es un ejemplo de libro de doctrina del shock”, explica el experto en infraestructuras de Ecologistas en Acción Francisco Segura. Él, que ha seguido de cerca todo el periplo del desdoblamiento de la M-501 desde inicios de siglo, entiende que “la gente está noqueada por un desastre tan tremendo —en parte responsabilidad de la propia Ayuso, que tiene a los bomberos en condiciones inaceptables— que, para intentar solucionar, mete una gran infraestructura”.

La M-501, conocida como la carretera de los pantanos, discurre por el corazón de la zona de especial conservación Encinares de los ríos Alberche y Cofio. Convertir la carretera en autovía fue primero idea de Alberto Ruiz-Gallardón, quien pudo materializar los primeros 12 kilómetros. Pero los informes ambientales que mostraban el daño que causaría el proyecto frenaron el plan para prolongarla.

Ya en 2003, Esperanza Aguirre se convirtió en presidenta de la Comunidad de Madrid y retomó el plan, pero un nuevo informe científico del CSIC volvía a alertar de los daños ambientales. Sin embargo, Aguirre declaró la autovía de interés general, lo que le eximió de evaluación ambiental. Los consejeros de Transportes e Infraestructuras durante este periplo fueron Francisco Granados y María Dolores de Cospedal. Esas decisiones fueron las que provocaron más tarde las sentencias que declararon ilegal la carretera.

Las obras comenzaron en septiembre de 2006. El asunto tomó tintes algo esperpénticos cuando el hallazgo de unos excrementos presuntamente de lince ibérico hicieron que la entonces ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona (PSOE) pidiera paralizar el proyecto. Hubo informes cruzados de ADN para asegurar o negar que se trataba de esta especie pero, finalmente, nada detuvo a las excavadoras.

Los trabajos terminaron en julio de 2008. La Comunidad de Madrid tuvo que, primero, autorizar un “reequilibrio” de la concesión, es decir, pagar más a la empresa adjudicataria del proyecto porque debió invertir más de lo previsto, justificó el Consejo de Gobierno y, más tarde, abonar otros 6,8 millones de euros por sentencia judicial por obligar a terminar el proyecto antes de lo establecido.

Se olvidaron de la “vida de los madrileños”

Al poco de poner en marcha la autovía, en junio de 2009, la misma Esperanza Aguirre se comprometió a llevar el desdoblamiento hasta el final: “La vida de los madrileños es lo principal. Vamos a desdoblar este tramo de la M-501 porque los vecinos lo necesitan”.

Lo que vino después fue más bien la secuencia de varapalos judiciales que declararon ilegal la carretera y llegaron a ordenar que se restituyera la zona a su estado anterior. Lo que hizo la Comunidad de Madrid fue aprobar un estudio ambiental “previo”, más de seis años después de que empezaran a circular coches.

A pesar de esas declaraciones acerca de proteger la vida de los ciudadanos, lo cierto es que la crisis económica de 2010 enterró un proyecto muy costoso y con muchas aristas ambientales por limar. El actual plan de carreteras del equipo de Ayuso no entendía que ese desdoblamiento fuera algo por lo que mereciera la pena invertir el presupuesto y el esfuerzo necesarios. Hasta que se cruzaron el ático y las llamas.

“Se trata de una zona supersensible”, aclara Francisco Segura. “En lugar de centrarse en la recuperación, pretende meterle más presión y más tráfico en un modelo que ha evidenciado sus problemas con el incendio de este verano: más construcción, más planes urbanísticos, más turismo masivo”.

La vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen, ha avanzado este miércoles en el Congreso que España ha atravesado “61 días en olas de calor”. Son dos meses con temperaturas más altas de lo que es normal incluso en el verano. Supone un nuevo récord.

Sara Aagesen ha dado este dato facilitado por la Aemet en una comparecencia a petición propia ante el Pleno para dar cuenta de las actuaciones frente a la emergencia climática, la campaña de incendios y los mercados energéticos. “Nunca antes se había registrado algo así. España ha batido el récord de días bajo ola de calor”, ha dicho la vicepresidenta.

De hecho, ha afirmado Aagesen, con los datos recopilados hasta ahora, “2026 es el año más caluroso medido nunca”. “Se han perdido más de 5.000 vidas por el calor”, ha incidido. También ha subrayado que, en las dos últimas décadas, se han verificado “los 12 cursos con mayor temperatura”. Al mismo tiempo, “ha sido el verano más seco”. El cambio climático ha hecho 20 veces más probables las condiciones extremas que “han favorecido los incendios”.

Aagesen ha aprovechado todo esto para volver pedir el apoyo para el pacto de Estado contra la emergencia climática que ha elaborado su Ministerio y recabar el apoyo de los grupos políticos. “Un reciente informe de la ONU habla de la superación temporal del límite de 1,5ºC y hace una llamada a que esa superación sea el menor tiempo posible y que se revierta. También pide que nos preparemos para los impactos. Por encima de 1,5 °C nadie gana: economía, sociedad y política, todos perdemos”, ha dicho la ministra.

“¿Qué más necesitan para alcanzar un pacto?” Ha preguntado a sus señorías. “Todavía estamos a tiempo, lo dice la ciencia, hay una ventana de oportunidad. Los ciudadanos merecen algo más que decir que el clima siempre ha cambiado y que en verano siempre ha hecho calor”.

También ha recordado que el mar Mediterráneo se ha calentado más que nunca hasta alcanzar los 28,54ºC en sus aguas. “Otro de esos récords que no les gusta oír”, ha insistido Aagesen.

La vicepresidenta tercera ha anunciado que ha iniciado una “nueva ronda de contactos” con todos los grupos para dialogar sobre este pacto. “Denme el nombre de alguien de su grupo y hoy mismo lo llamaré” ha dirigido al Partido Popular. “Díganme qué les preocupa, qué proponen y estaré encantada de escucharles”.

Ahora que está activo el nuevo reglamento de envases que intenta reducir los desechos, resalta que, cada año en España, se generan más de 20 millones toneladas de basura. Una bola gigante de envoltorios, telas, vidrio, desperdicios domésticos, metal o plásticos. Y, cada año, más de 10 millones de esas toneladas —o 10.000 millones de kilos — acaban amontonadas en los vertederos. Otra parte se incinera y solo en torno al 40% se recicla de alguna manera.

Aunque la normativa en vigor sobre reciclaje pretende “proteger el medio ambiente y la salud humana”, España es incapaz de cumplir con los objetivos marcados por esa ley. Según el último dato publicado este año por el Ministerio de Transición Ecológica, el porcentaje de residuos municipales reciclados en 2023 se sitúa en el 43%, cuando ya debería estar —desde 2020— en el 50%. De hecho, la normativa indica que desde 2025 el porcentaje debe ser del 55%, aunque todavía no es posible saber qué comunidades cumplen con esa tasa porque los datos van con dos años completos de decalaje —ahora se conocen los de 2023—.

En marzo de 2023, un grupo de 26 organizaciones ecologistas denunciaron al Reino de España ante la Comisión Europea por el incumplimiento de los objetivos legales recogidos en la directiva de la UE. Desde entonces, tampoco se ha conseguido alcanzar el nivel indicado.

El periodista Oliver Franklin Wallis —que recorrió el mundo investigando cómo se gestionan los residuos— alertaba en una conversación con elDiario.es de que el problema de la montaña de basura que generamos pasa desapercibido porque se ha instalado la noción de que “tiras las cosas a la basura y desaparecen para siempre”. Pero, en realidad, no se evaporan.

La mayoría termina en un basurero y, de lo que oficialmente se recicla, casi la mitad corresponde a la transformación de residuos orgánicos en abono agrícola (compost). Sin embargo, la propia ley especifica que, a partir de 2027, una gran fracción del compost que actualmente se cuenta como reciclaje no va a servir porque proviene de basura común (la del contenedor gris) de la que, mecánicamente, se intentan separar los desechos orgánicos. Solo computará lo que vaya desde el contenedor marrón.

El experto en gestión de residuos de Greenpeace, Julio Barea, resume que “incumplimos la normativa porque hay un problema estructural”. “Por un lado —indica— está el asunto de la materia orgánica, que sale muy barato tirarla al vertedero, y, por otro, el fiasco del contenedor amarillo para envases que no ha funcionado”.

Barea detalla sobre la materia orgánica: “Habría que recuperarla toda porque representa casi el 40% de la basura diaria en las casas y, si no, acaba en vertederos o incineradoras con los problemas que comporta: los lixiviados de agua contaminada o las emisiones de gases de efecto invernadero como el metano... son una asignatura pendiente porque todavía faltan municipios de más de 5.000 habitantes que tengan ese contenedor específico”.

Si se mira el mapa de España, con datos de 2023, el panorama de incumplimiento estaba ampliamente repartido. Solo Catalunya, la Comunidad Valenciana, Extremadura y Navarra alcanzaban aquel año el porcentaje del 50% que ordenaba la normativa. Luego viene La Rioja (un 48%) y Castilla-La Mancha con un 47%, Euskadi con un 45% y Cantabria con un 40%.

No llegan al 40%, pero lo rozan Aragón, Baleares y Andalucía. A la cola se encuentran Madrid (un 32%), Canarias (30%), la Región de Murcia (30%) y Galicia y Asturias con un 24%.

Se da la circunstancia que, en la situación actual y de acuerdo con las proporciones de reciclaje que remiten las comunidades autónomas, cuando entre en vigor la parte de la ley que dejará fuera el compost a base de restos que se sacan de la basura general (normalmente muy mezclados con otros materiales como plásticos, telas o cristales) ninguna comunidad autónoma llegaría al porcentaje obligatorio marcado por la regulación.

En este sentido, Andalucía, por ejemplo, declara 993.000 toneladas de ese tipo de compost por solo 81.000 de origen separado y la Comunidad Valenciana, más de 700.000 por unas 58.000 que viene de recogida segregada. En Castilla-La Mancha y la Región de Murcia, casi todo el compost que aparecen en las estadísticas oficiales proviene de esa separación mecánica desde restos generales. Todo ese maquillaje estadístico ahora permitido no va a funcionar.

Mirando las estadísticas oficiales se comprueba que el sistema de recogida separada, al menos tal y como está hasta ahora, no funciona muy bien: tres cuartas partes de la basura generada al año se recoge mezclada. En 2023, sumaron unos 16 millones de toneladas por los menos de cinco que fueron recogidos separadamente.

Julio Barea propone que se utilice la tasa de basuras para reducir la generación de residuos: “Que pague más quién más genere o las empresas que más basura generen igual que pasa con la luz o el gas” y, sobre todo “establecer unas cuotas obligatorias de reutilización, es decir, no apostarlo todo al reciclaje, sino que termine con la dinámica del usar y tirar”.

El reciclaje se está haciendo una bola de difícil digestión en muchas partes de la Unión Europea, ya que la media continental está en el 48%. Sin embargo, hay países que sí están cumpliendo. Entre ellos, como se ve en el gráfico, están Alemania, Eslovenia o Países Bajos.

2026: hitos de economía circular

Este 2026 tiene varios hitos en el ámbito del reciclaje y la gestión de basura que, a la luz de los datos, tanto le está costando a España. Si el 12 de agosto comenzó a ser efectivo el reglamento que, progresivamente, debería acabar con el uso de minibotes, sobres de salsas y otros envases de un solo uso, solo tres meses después debería comenzar a operar un sistema de retorno de botellas de plástico (y latas) obligatorio por el fracaso del contenedor amarillo que no cumplió tampoco con el porcentaje de recogida de estos envases marcado por la ley.

Este contenedor (gestionado por la entidad Ecoembes) no alcanzó el objetivo de recuperar el 70% de las botellas puestas en el mercado por las empresas. Fue precisamente el cálculo realizado por el Ministerio de Transición Ecológica para 2023 —el curso cuyas últimas estadísticas sobre reciclaje se conocen — el que mostró que el sistema se quedaba muy corto: llegaba al 40% del volumen total.

Este sistema llamado SDDR tendrá que estar operativo en noviembre de este año, ya que la ley de residuos indica que si el contenedor amarillo no llegaba al 70%, en dos años debía activarse un sistema para que los usuarios puedan devolver la botella y recibir a cambio un pequeño reembolso de lo que pagaron por el producto.

Mientras el calor extremo, provocado por el cambio climático, funde este año el hielo del Ártico a ritmo de récord, la explotación comercial de sus aguas se ha puesto a funcionar a toda máquina y los cargueros se han lanzado a atravesar el océano deshelado por las altas temperaturas.

No se trata de un verano cualquiera en el que los buques de hidrocarburos aprovechan una ventana de oportunidad para navegar por el Ártico.“Es una nueva fase”, ha dicho este lunes el ministro de Exteriores ruso Sergei Lavrov, marcada por la llegada del carguero chino Xin Xin Hai al puerto ruso de Murmansk, el 19 de agosto, con 500 contenedores llenos de piezas para automóviles y repuestos. Fue el primer carguero que llegó a Rusia desde Asia por la ruta marítima del norte o ruta de la seda ártica —la NSR, por sus siglas en inglés—. “Un acontecimiento histórico”, según Lavrov.

Solo unos días antes, otro carguero chino, el Dubai Tower, zarpó de Ningbo rumbo a Felixstowe, el mayor puerto de contenedores del Reino Unido. Se estrenaba así la ruta semanal por la NSR planeada por la naviera Sea Legend Shipping que ya ha recibido los permisos de navegación de la autoridad que controla esa travesía, la corporación de energía atómica rusa, Rosatom.

Sea Legend Shipping es la misma compañía que fletó el carguero Istambul Bridge cargado de productos para la “campaña de Navidad” en Europa en noviembre pasado. Se trataba de un viaje piloto para establecer la línea regular.

El deshielo del Ártico abre las rutas comerciales

Ruta marítima del norte (NSR)

San Francisco

San Francisco

Shanghái

CHINA

ESTADOS

UNIDOS

RUSIA

CANADÁ

GROENLANDIA

Murmansk

Círculo polar

ártico

Roterdam

Roterdam

Suez

Extensión de hielo marino a 31 de agosto de 2026

Línea de la media de la extensión de hielo 1981-2010

N

700 km

GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: NSIDC Y ELABORACIÓN PROPIA

Rutas comerciales del Ártico

Ruta marítima del norte (NSR)

San Francisco

Shanghái

CHINA

EE. UU.

CANADÁ

RUSIA

GROENLANDIA

Murmansk

Roterdam

Roterdam

Suez

Línea de la media de la extensión de hielo 1981-2010

Extensión de hielo marino a 31 de agosto de 2026

N

1300 km

GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: NSIDC Y ELABORACIÓN PROPIA

“Es difícil saber a ciencia cierta si esto es un punto de no retorno, pero, desde luego, genera mucha preocupación”, explica la analista jefe de la Clean Arctic Alliance Sian Prior. “Estamos viendo unos cambios muy grandes en el Ártico en los últimos años y este aumento del tráfico marítimo es lo que podríamos esperar para el futuro”.

Desde luego el propósito declarado del presidente ruso Vladimir Putin es aprovechar, no revertir, la desaparición del hielo Ártico por efecto del cambio climático. “Tenemos el objetivo de que la navegación por esta ruta sea posible el año entero”, dijo este jueves en el Foro Económico Oriental.

Este curso, el océano Ártico se ha congelado menos que nunca y el hielo generado se está derritiendo a alta velocidad, según las observaciones por satélite. La máxima extensión de la capa helada se registró el 15 de marzo pasado y fue la más exigua registrada en los 48 años de datos satelitales: 14,29 millones de kilómetros cuadrados. El anterior pico negativo fue el año pasado, con 14,3 millones.

A su vez, el ritmo de deshielo acelera: los tres millones de kilómetros cuadrados fundidos en julio, por ejemplo, hicieron que “la extensión de la banquisa (las placas de hielo flotante) sea muy pequeña” y en niveles “muy similares a los de 2024 y 2025”, según el análisis del Centro de Investigación Climática de Alaska. Y “la primera mitad de agosto se vieron cambios radicales en la extensión del hielo del Ártico en el lado del Pacífico”. En esos momentos atracaba el Xin Xin en el puerto ártico de Rusia.

Todo esto indica que la temporada de navegación de 2026 por el paso NSR se va a prolongar durante varias semanas más. De hecho, el derretimiento del hielo marino ha prolongado la navegación: si en el año 2000 rondaba los 30 días —a veces no era navegable en todo el año— actualmente ronda entre los 135 y 150 días.

Este 2026 ve así cómo se ha establecido ya un “servicio regular con cargueros circulando todas las semanas a lo largo de la temporada de navegación”. Lo que hace solo 25 años parecía impensable —utilizar las entonces casi impenetrables aguas del Ártico como ruta comercial— se vuelve rentable gracias a la destrucción generada por el calentamiento global provocado por los humanos.

No decimos que no haya navegación, pero estamos hablando de establecer rutas comerciales permanentes con el consecuente aumento de emisiones de carbono negro que exacerba el calentamiento y la fundición del hielo sin aportar beneficios a las comunidades locales

Sian Prior — Analista jefe de la Clean Arctic Alliance

Aunque navieras principales como la suiza MSC —que es la líder mundial de transporte de contenedores— o la francesa CMA-CGM hayan reiterado recientemente que rechazan utilizar esta ruta, la instalación de servicios comerciales permanentes por el océano Ártico ha metido una marcha más.

Por un lado, India ya ha anunciado que planea realizar tránsitos comerciales por la NSR en 2027. Por otro, la República de Corea ha iniciado un viaje de prueba comercial este año. El 22 de agosto, zarpó de Busán el portacontenedores Pan Star con destino, también, a Felixstowe. El Gobierno surcoreano considera públicamente que la NSR “está destinada a convertirse en una alternativa”.

La investigadora Sian Prior explica que “no decimos que no haya navegación —hay buques necesarios—, pero aquí estamos hablando de establecer rutas comerciales permanentes, con el consecuente aumento de emisiones de carbono negro que exacerba el calentamiento y la fundición del hielo, sin aportar beneficios a las comunidades locales”.

La desaparición del hielo ártico no se restringe a las latitudes del círculo polar sino que dispara consecuencias globales: genera más calor en el planeta al desaparecer un refrigerador mundial, provoca que la corriente en chorro se destense, lo que puede traducirse en trenes de borrascas que llegan muy al sur como se experimentó en España este invierno, y hace que la Tierra absorba más radiación solar al evaporarse el efecto albedo.

Prior analiza que, “mientras el mundo intenta descarbonizarse, vamos a seguir viendo un incremento del tráfico y del interés comercial en el Ártico” y remata: “Al mismo tiempo va a haber cada vez menos hielo antes de que pudiera producirse un recongelamiento que, además, llevará décadas”.

La temperatura global del planeta va a superar “en los próximos años” el límite de seguridad de 1,5 grados sobre los niveles preindustriales, según el último informe de situación de la ONU, publicado este miércoles. Ese umbral es el que se trazó en el Acuerdo de París contra el cambio climático como objetivo para finales del siglo XXI.

Los cálculos del Programa de Medio Ambiente de la ONU (UNEP) hablan de un cercano pico de las temperaturas que oscila entre los 1,8 grados centígrados y los 2 grados por encima de lo que se registraba antes del comienzo de las emisiones masivas de CO₂ a la atmósfera de las actividades humanas, especialmente por el uso de combustibles fósiles como el carbón y el petróleo.

“Este verano de calor abrasador, incendios salvajes e inundaciones mortales son una advertencia de lo que nos espera”, reitera el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, tras conocer las conclusiones del informe.

“Una acción insuficiente ha hecho que superar los 1,5 grados sea inevitable”, puede leerse en el análisis, que lamenta que “décadas de advertencias científicas y compromisos no han conseguido una rápida reducción de emisiones de gases de efecto invernadero”. El resultado de todo esto es que el calentamiento global de la Tierra —que genera la alteración del clima mundial— “se acerca y va a superar ese umbral”.

El trabajo también explica que aunque se rebase el límite en el corto plazo, la situación puede revertirse para llegar a tiempo de contener el calentamiento extra del planeta dentro de los niveles establecidos en el Acuerdo de París.

Este overshooting, como lo denominan los técnicos, “llevará los riesgos climáticos y los impactos a nuevos y peligrosos picos”, ilustra el informe. Entre estos impactos, detalla los eventos meteorológicos extremos (como las sequías o las tormentas torrenciales que derivan en riadas violentas) o el riesgo de inundación por la subida del nivel del mar en las zonas costeras y las islas.

“El informe hace sonar una vez más la alarma sobre la urgencia de una acción rápida para reducir los impactos más severos del cambio climático”, analiza el investigador del Barcelona Supercomputing Center (BSC) Raffaele Bernardello en declaraciones a Science Media Center (SMC). También “ofrece un relato detallado de lo que se requiere y de las posibles consecuencias de seguir retrasando una acción coordinada a nivel mundial”.

En este sentido, el calentamiento global más allá de los límites de seguridad provoca, explican los expertos, “cruzar puntos de inflexión difíciles de revertir en escala temporal humana”. Entre esos puntos de inflexión se cuentan la pérdida del bosque amazónico, la caída de la corriente de circulación del Atlántico (la AMOC) o el derretimiento del hielo marino.

La directora ejecutiva de UNEP, Inger Andersen, resume la situación: “No podemos esperar nada bueno si nos mantenemos por encima de los 1,5 grados extra. Debemos asegurarnos de que esta superación es lo más pequeña y breve posible”.

La ventana de oportunidad

Los mismos científicos de la ONU explican que “si actuamos ahora, podemos limitar ese overshoot y que decline”. Para ello, es precisa “una respuesta inmediata que afronte los impactos y rebaje las emisiones” además de gestionar los riesgos y trabajar a largo plazo para conseguir que la temperatura, tras elevarse, baje.

Con todo, este informe recuerda que la senda para conseguir esto pasa, sí o sí, por conseguir las emisiones netas cero, “un objetivo que no puede evitarse”. Conseguir que, a finales de siglo XXI, la temperatura global de la Tierra no supere los 1,5 grados extra respecto a la era preindustrial implica incluso emisiones negativas y extraer carbono de la atmósfera.

El meteorólogo superior del Estado de la Asociación Meteorológica Española, Ernesto Rodríguez, subraya al SMC que existe esperanza “siempre y cuando la superación del límite de 1,5 grados no sea superior a unas pocas décimas de grado (0,2–0,3 ºC) y limitado en el tiempo”.

196 países están reunidos en la capital de Mongolia para tratar frenar la desertificación del planeta. Ulán Bator está a 10.000 kilómetros de España, pero la degradación del suelo que allí se trata es un problema cercanísimo: más de la mitad de la superficie española está desertificada, según el cálculo más reciente del Centro Conjunto de Investigación de la Comisión Europea (JRC, por sus siglas en inglés).

España encabeza el ránking de la desertificación en la Unión Europea por delante de Chipre (45%) y Grecia (36%). El mismo trabajo —publicado este mes de agosto— calcula que, en este país, cerca de 20 millones de personas, en torno a un 43%, viven perjudicadas por este fenómeno.

El catedrático de Análisis Geográfico de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina, cuenta que este problema “pasa muy desapercibido. Hay trabajo en niveles técnicos, pero la inversión para evitar sus efectos es poca. Hay buena disposición, pero pocas acciones para la recuperación de suelos”.

El investigador añade que, además, “los incendios pavorosos que estamos viendo empeoran la degradación que luego con las lluvias recrudece la erosión del suelo. Y el proceso no va a ir a menos, sino a más. Tanto por el cambio climático como por la degradación causada por los humanos”.

En la Unión Europea, hay unos 530.000 kilómetros cuadrados afectados por este fenómeno —que la ONU llama “amenaza silenciosa” porque comienza mucho antes de que se haga patente— , pero un millón más de kilómetros cuadrados presentan un elevado riesgo de desertificación, según los escenarios futuros de aridez. “Muchas de estas tierras están fuera del territorio actualmente considerado como árido”, apostilla el trabajo del JRC.

En el Atlas de la desertificación de España (publicado a finales de 2025 por la Universidad de Alicante) se muestra como algunas provincias tienen un porcentaje de desertificación muy elevado: así Murcia llega al 91%, Albacete al 84% al igual que Almería. En Las Palmas el nivel llega al 81%, en Valladolid al 79%, en Alicante al 79%,Valencia tiene un 71% como Zaragoza y Toledo llega al 70%.

En los últimos tiempos el factor humano quizá ha pesado más que los ambientales. Porque en la parte ambiental, ya sabemos que en España hay muchas zonas áridas y que la parte física no va a ir a mejor, pero la presión humana no la aliviamos

Jorge Olcina — Catedrático de Análisis Geográfico y coautor del Atlas de la Desertificación en España

Desertificación no es únicamente el avance o la conversión de tierras en un desierto de arena. En realidad, se trata de la degradación de los suelos áridos tanto por efecto de condiciones climáticas como de acciones humanas. “Para desencadenar procesos de degradación se requiere una actividad humana inadecuada, es decir, la que utiliza los recursos naturales por encima de su tasa de regeneración”, describe el Atlas de universidad alicantina.

Olcina, que es uno de los autores del Atlas, apunta: “En los últimos tiempos el factor humano quizá ha pesado más que los ambientales. Por ejemplo, estamos en un segundo boom inmobiliario en zonas de la costa y archipiélagos y eso influye mucho en la conservación del suelo. Porque en la parte ambiental, ya sabemos que en España hay muchas zonas áridas y que la parte física no va a ir a mejor, pero la presión humana no la aliviamos”.

Un tercio más de sequías desde el año 2000

“La sequía y la degradación de las tierras cuestan unos 900.000 millones de dólares —unos 770.000 millones de euros— cada año y afecta a un 40% del territorio del planeta, además de a 3.200 millones de personas”, explica la Convención de la ONU para la Lucha contra la Desertificación, la UNCCD. “Las sequías se han incrementado casi en un tercio desde el año 2000”, añade el organismo.

Del 17 al 28 de agosto, los estados que participan en esta Convención —entre ellos España— se reúnen en la capital de Mongolia para intentar implementar medidas conjuntas que contrarresten el avance de la desertificación por el planeta.

La jefa de la UNCCD, Yasmine Fouad, ha recordado que estos procesos de degradación del suelo “no son lejanas preocupaciones medioambientales, sino que ya están afectando a la producción de alimentos y al agua de la que dependemos”. La egipcia subraya que “unas tierras saludables son el pilar para disponer de alimentos saludables y sociedades estables”.

Las tierras áridas, las más propicias para degradarse a base de sequía, erosión, construcciones y contaminación, son aquellas en las que las precipitaciones anuales no llegan a cubrir el 65% de la demanda de agua de la atmósfera y las plantas.

La misma Convención de la ONU ha advertido de que estos suelos empobrecidos han avanzado cuatro millones de kilómetros cuadrados en los últimos 30 años. Y uno de los puntos donde se observa “una expansión significativa” es “toda la cuenca mediterránea” en la que se incrusta España.

La desertificación avanza donde se pierde suelo

El suelo es la capa inmediatamente inferior a la superficie terrestre que sirve “como medio natural para el crecimiento de plantas”, define la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Esta capa es fina, entre los 15 y 25 centímetros, pero proporciona alimento, biomasa y materias primas, además de regular los ciclos del agua y el carbono. Su deterioro abre la puerta a la erosión, a la pérdida de ese mismo suelo que deriva luego en la degradación y, acaba en la desertificación.

Una decadencia que supone un problema de primera magnitud para España, donde el 74% del territorio es susceptible de desertificarse por ser, en mayor o menor medida, árido. Nueve millones de hectáreas tienen riesgo alto o muy alto, según la Estrategia nacional contra la desertificación.

Y es un problema porque desencadena todo una secuencia de perjuicios. Por un lado, reduce los recursos hídricos del país y acelera la sobreexplotación de acuíferos. También la salinización de estos recursos de agua. Por otro, incrementa la vulnerabilidad de España ante el cambio climático, ya que reduce la capacidad del suelo de absorber carbono —que termina así en la atmósfera, engordando la capa de gases de efecto invernadero—. Este empobrecimiento empeora los sistemas forestales.

Y no termina ahí la cosa: la pérdida de suelos y su cubierta vegetal empeora los efectos de las sequías y de las inundaciones, ya que, sin suelo, el agua en una avenida corre a más velocidad, con mayor potencial de destrucción.

Aunque el negacionismo incluso se burle, un tridente combinado de efectos de la crisis climática está golpeando a España este verano. Las miles de muertes atribuibles al calor, el cuarto de millón de hectáreas carbonizadas en incendios forestales y la sequía que han confluido estos meses estivales evidencian la peor cara de la emergencia.

La secuencia que reflejan los datos de calor, incendios y sequía —observada también en cursos recientes como 2022 y 2025— describen el nuevo patrón que se instala a medida que el calentamiento global se hace más presente. Si por separado cada uno es un impacto severo, juntos hablan de la emergencia climática.

La ciencia lleva tiempo explicando —el primer informe interno puede situarse en 2005— cómo impacta el cambio climático en España. Dos décadas después, en 2025, el Gobierno publicó la Evaluación de riesgos e impactos derivados del cambio climático que dice: “Los peligros climáticos predominantes incluyen el aumento sostenido de la temperatura media, la intensificación de las olas de calor, la reducción de la precipitación y la mayor frecuencia de eventos extremos (inundaciones, temporales marítimos, incendios forestales)”.

La descripción se ajusta a lo vivido en lo que va de 2026.

Lo que hace ese documento del Ejecutivo es, básicamente, recoger esas explicaciones científicas sobre qué supone en España el calentamiento global acelerado del planeta provocado por las emisiones de CO₂ masivas generadas por las actividades humanas.

Sobre el incremento de temperaturas, junio de 2026 ha sido el tercero más caluroso registrado en el país, con una media 3,2ºC por encima del promedio 1991-2020. A eso le siguió el julio con mayor temperatura de los medidos (+2,6ºC sobre el mismo promedio). Este bimestre es el más caluroso de la historia y supera los anteriores récords de 2022 y 2025.

Como se ve en el gráfico, en 35 provincias españolas están soportando el peor año de su historia en cuanto a calor y en otras nueve se trata del segundo del ránking. De hecho, en lo que va de verano se han declarado cuatro olas de calor. Alguna “histórica” como han denominado en la Aemet al episodio de finales de junio pasado.

Ese escenario ha tenido sus consecuencias para la salud de las personas. En lo que va de verano —junio, julio y parte de agosto— se han registrado más de 4.200 muertes atribuibles a las altas temperaturas, según el informe de exceso de mortalidad (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III.

“El calor extremo es una de las amenazas para la salud más importantes en relación al clima en España, con repercusiones desproporcionadas en las personas mayores, lactantes, trabajadores al aire libre y otros grupos vulnerables”, advierte el informe anual Lancet Countdown sobre impactos de la crisis del clima en la salud.

El gráfico de abajo ilustra el incremento de frecuencia de estos picos de temperaturas extremas que afectan a la salud y también como son cada vez más prolongados.

Con el calor —y la falta de agua— han llegado los incendios forestales que, a mitad de agosto, habían abrasado 250.000 hectáreas, según los datos del Ministerio de Transición Ecológica, que ascienden a 290.000 en el sistema europeo de seguimiento EFFIS. Es el segundo año consecutivo en el que se supera el cuarto de millón de hectáreas de monte carbonizadas por las llamas.

Además, este 2026 se ha producido el incendio más destructivo registrado en España, el de Burgohondo (Ávila), que se unió al de la sierra oeste de Madrid, arrasando una extensión de unas 50.000 hectáreas. El anterior récord solo tenía un año: el siniestro de Larouco (Ourense) en 2025. Este verano, además, se ha declarado por segunda vez en la historia de España la emergencia nacional —la primera fue por el apagón total de abril de 2025—.

Un año más, la realidad ha confirmado que, ahora, nos enfrentamos a condiciones ambientales que favorecen las llamas y convierten los incendios en siniestros altamente destructivos: de las 291.197 hectáreas detectadas por el sistema EFFIS, 186.000 han sido en solo siete incendios (Madrid y Ávila, Niebla, Mierla, Fermoselle, Cinco Villas y Riglos).

“Se han convertido en un problema de protección civil”, ha sido la frase de esa primera mitad de verano repetida por diversos expertos. Esta nueva realidad se ve reflejada en la cifra de más de 90.000 evacuados o confinados en España por el peligro de fuego. La expansión urbanística por zonas de monte han incrementado ese riesgo.

Una posición de “vulnerabilidad crítica”

Este mismo año, una investigación de la Universidad de Oviedo constata que en España se ha dado “un incremento muy marcado de la frecuencia de desastres en los últimos veinte años, especialmente en desastres naturales climatológicos e hidrológicos, ligado a la intensificación de fenómenos extremos asociados al cambio climático”.

El trabajo de los investigadores de la universidad asturiana ha revisado 75 años de “desastres en España”, desde 1950 a 2025. Tras ese análisis, sostienen que este territorio es un punto caliente del cambio climático y que muestra “una vulnerabilidad superior” en cuanto a “gravedad del impacto, la mortalidad atribuible y la exposición de la población a los riesgos naturales”. La investigación insiste en que España “se encuentra en una posición de vulnerabilidad crítica dentro del contexto europeo”.

Y, para completar el tridente, amplias zonas de la península están padeciendo sequía. La realidad es que, por ejemplo en Galicia, tres de cada cuatro ayuntamientos están en alerta o prealerta por falta de agua. Desde abril, las precipitaciones se han convertido en muy escasas, mientras el incremento del calor evapora el agua almacenada en embalses y exige más a los cultivos.

No es un castigo divino ni una racha de mala suerte: es el resultado inevitable de haber gestionado el agua bajo la falsa premisa de que es infinita. La sequía no se gestiona cortando las duchas de la playa en agosto, sino con una correcta gestión de la demanda cuando los embalses aún tienen agua

Julio Barea — Responsable de agua en Greenpeace

Y Galicia no es un caso aislado, ya que decenas de pueblos, especialmente en el norte peninsular, territorio asumido como húmedo, están teniendo problemas para el suministro y para la ganadería. Las dificultades se extienden este verano por Asturias, La Rioja e incluso en Mallorca, donde las reservas hídricas han caído al 39% mientras se ha creado un sistema autonómico para distribuir agua en camiones durante los veranos por el bajo nivel de los acuíferos que no pueden rellenarse.

Lo que se está viendo es, por ejemplo, la necesidad de aportar agua en camiones cisterna en poblaciones de Castilla y León, Aragón o el Principado de Asturias. Y la petición de auxilio de ganaderos en Cantabria, Euskadi, La Rioja o Navarra porque, sin lluvias, no han crecido los pastos estivales para las vacas.

“No es un castigo divino ni una simple racha de mala suerte meteorológica: es el resultado inevitable de haber gestionado el agua bajo la falsa premisa de que es infinita”, señala el responsable del programa de aguas de Greenpeace, Julio Barea.

Este grupo entiende que se está manteniendo “una falsa sensación de abundancia” que se basa en presupuestos anteriores al impacto del cambio climático. “Se sigue haciendo un uso insostenible del recurso”, insiste Barea. “La sequía no se gestiona cortando las duchas de la playa en agosto, sino con una correcta gestión de la demanda cuando los embalses aún tienen agua”.

Los grupos ecologistas tienen claro que la prórroga de la central nuclear de Almaraz ha sido una cesión “a los intereses económicos de las eléctricas”. No le ven razones técnicas, insisten en que socava a las renovables y temen que sea el inicio para alargar más la vida de otras instalaciones atómicas. “Es un caballo de Troya en toda regla”, recalcan.

La decisión conocida el pasado 14 de agosto “mina la credibilidad del Gobierno”, apunta el responsable de energía y clima de Greenpeace, José Luis García, quien subraya que “nosotros confiábamos en la palabra del Ejecutivo para que se impusiese el beneficio de la sociedad, pero no ha sido así”.

La misma forma en la que se dio a conocer la decisión de Transición Ecológica —un viernes justo en mitad del mes de agosto “con la menor cobertura mediática”, dice García— muestra una “grave falta de transparencia”.

En realidad, el cierre progresivo de las centrales nucleares en España que llega hasta 2035 —a medida que caduquen sus autorizaciones— era un calendario pactado ya en 2019 con las propias empresas propietarias. En teoría, las próximas en cerrar serán Ascó I (Tarragona) y Confrentes (Valencia) en 2030. Luego vendría Ascó II en 2032 para terminar con Vandellós II (Tarragona) y Trillo (Guadalajara) en 2035.

Hay un riesgo claro de que se rompa el programa de cierre de la energía nuclear, pero no hay que darlo por hecho. Las compañías eléctricas van a por todas. Otra cosa es que lo consigan, pero la confianza en la firmeza del Gobierno se ha roto

José Luis García — Responsable de energía y clima en Greenpeace

La prolongación de Almaraz “es, primero, una traición a la ciudadanía”, califica el encargado de clima y energía en Ecologistas en Acción, Javier Andaluz. Y segundo: “Un golpe al calendario de cierre nuclear y esto el Gobierno lo sabe, aunque en la propia orden diga que la decisión no le afecta porque una decisión así no puede tomarse sin un análisis profundo sobre el conjunto del sistema”, argumenta.

¿Tres reactores en 2030?

Andaluz explica que el cierre de la central extremeña según lo planeado “permitía iniciar los trabajos de desmantelamiento de manera que no se juntara con los de Ascó y Cofrentes. Ahora —prosigue— podemos encontrarnos fácilmente con el argumento de que es muy difícil hacer desaparecer tres reactores de golpe [coincidirían en 2030] por lo que conviene prorrogar alguno más”. Para el ecologista se trata de una “maniobra para perpetuar el negocio radioactivo”.

Aunque en realidad el sector nuclear —cuyo descenso continuado ha hecho que suponga un 9% de la electricidad mundial desde que tocara el 17% en 1996— nunca ha dejado de maniobrar para remontar sus números a base de presentarse como una solución para recortar emisiones de CO₂.

La guerra en Ucrania le proporcionó una palanca para reforzar su carácter de energía verde. De hecho, apareció en la declaración final de la cumbre del clima de Dubai en 2023 y volvió a reforzarse en 2024 en Bakú. Y la Comisión Europea ya le allanó en cierto modo el camino al admitir tanto el gas como le nuclear como energías verdes.

José Luis García coincide en que “hay un riesgo claro de que se rompa ese programa de cierre de la energía nuclear, pero no hay que darlo por hecho”. Según el ecologista, “la intención de las compañías eléctricas está clara: van a por todas. Otra cosa es que lo consigan”. Con todo, García entiende que “la confianza en la firmeza del Gobierno se ha roto porque a las primeras de cambio han cedido”.

La propaganda pronuclear con la que se ha bombardeado a la ciudadanía ignora deliberadamente que el combustible nuclear también está financiando la guerra y nos hace muy dependientes de países como Rusia o Estados Unidos

Javier Andaluz — Coordinador de clima y energía de Ecologistas en Acción

Greenpeace encargó este año un estudio sobre qué supondría el alargamiento de la vida de Almaraz. Según ese trabajo realizado por sendos investigadores de las universidades Rey Juan Carlos y Politécnica de Catalunya, continuar con esa central va a suponer un encarecimiento de la factura de unos 3.000 millones de euros y va a taponar la implantación de energías renovables.

“Retrasaría de forma significativa la entrada de nueva capacidad renovable y de almacenamiento”, concluyó el estudio, ya que, al tener energía de origen nuclear disponible, se retrae o ralentiza la transición energética hacia fuentes renovables.

Un análisis que refleja en cierta medida la situación en Catalunya —donde operan tres reactores nucleares todavía—. En esa comunidad autónoma, las energías renovables retrocedieron en 2025 al cubrir un 15% de la demanda eléctrica frente al 16% del año anterior, según el Observatorio de las Energías Renovables en Catalunya. Ambos porcentajes están muy lejos del objetivo diseñado por el Govern del 50% para 2030. La caída se debió, explicó el documento, a un aumento de la demanda, un descenso de la generación eólica y un incremento “limitado” de la nueva capacidad renovable.

La portavoz del Movimiento Antinuclear Ibérico, Cristina Rois, considera que, a partir de esta decisión del Gobierno, “las empresas propietarias del negocio nuclear estarán ante una situación muy favorable para obtener nuevas prórrogas con rebaja de impuestos, como el de la ecotasa extremeña, un regalo de unos 40 millones de euros por año. Esta decisión tendrá consecuencias en todo el parque nuclear y en el dinero disponible para la gestión de residuos”.

Andaluz piensa que Transición Ecológica ha copiado “la propaganda pronuclear con la que se ha bombardeado a la ciudadanía, pero que ignora deliberadamente elementos como que el combustible nuclear también está financiando la guerra y nos hace muy dependientes de países como Rusia o Estados Unidos”.

España importa todo el uranio con el que fabrica el combustible nuclear de las centrales eléctricas, unas 200 o 300 toneladas anuales. Casi el 40% viene de Rusia. Los siguientes proveedores son Canadá (22%), Níger (19%) y Kazajistán (11%).

Lo normal es que en España llueva poco en verano, pero no tan poco y menos en el norte peninsular. Los ganaderos de la cornisa cantábrica dicen que es “lo nunca visto” y en decenas de localidades españolas en Castilla y León, Euskadi o Aragón, las personas pueden beber agua porque les llega en camiones cisterna: sus recursos propios están secos.

Es lo que ocurre desde hace una semana en el pueblo vizcaíno de Karrantza, en la tradicionalmente verde y húmeda Euskadi. Allí, ante la falta de recursos, reciben cada día 250 metros cúbicos de agua en camiones cisterna para luego distribuirlos. Será así durante todo el mes de agosto ¿Qué ha pasado? Simplemente no llueve y no se llena la balsa de la que dependen ya que este pueblo no está integrado en la línea del Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia.

La falta de agua de Karrantza no es una casualidad o un caso aislado en Euskadi: en otros 21 municipios de la zona de Urdaibai y en varias localidades alavesas han tenido que establecer restricciones este mes.

Aunque los científicos admiten “incertidumbres” a la hora de proyectar detalladamente cómo afecta el cambio climático a las lluvias en España, la interpretación común es que reduce el volumen general de agua y recorta el número de días con lluvia “suave” mientras las precipitaciones se concentran en menos tiempo e incrementan su fuerza, es decir, son más torrenciales.

“La dinámica general de la atmósfera, que es como una maquinaria, está alterada por el calentamiento global”, subraya el responsable del programa de aguas de WWF, Alberto Fernández Llop. “Cambia el régimen de precipitaciones y de los cursos fluviales al igual que el relleno de los acuíferos”, ejemplifica.

La cuestión es que, en España, a medida que subía el calor por encima de los topes (este julio ha sido el más cálido de la serie histórica), se han ido acumulando también días, semanas y meses de lluvias escasas. Se ha pasado de una situación de precipitaciones “normal” a otra muy seca para establecerse finalmente una “extremadamente seca”, siempre según las calificaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Al llegar el verano en la península ibérica, descienden las precipitaciones, pero cuando la Aemet califica un mes estival de muy seco significa que las lluvias han sido todavía menores a lo propio para estas alturas del año.

Lo duro es que estemos tomando esta situación como normal. Vemos lo que debería ser como algo excepcional como algo habitual y no podemos convertirlo en la rutina

Alberto Fernández Llop — Responsable del programa de aguas de WWF

Si el año comenzó con mucha lluvia (enero y febrero fueron muy húmedos), marzo fue normal (llovió un 80%), y desde entonces se ha marcado una tendencia descendente: abril ya fue “muy seco” (solo un 58%). Mayo fue seco (85%). La primavera, pues, momento pico de lluvias, tuvo un carácter “seco”. Junio fue calificado como “muy seco” al llover solo un 39%. Julio resultó “extremadamente seco” porque se quedó en el 26%, según los datos recogidos por las estaciones de la Aemet.

Los boletines hidrológicos del Ministerio de Transición Ecológica indican que las reservas en los embalses están altas: un 69%. Más altas que hace doce meses y 17 puntos por encima de la media de la década. Sin embargo, los municipios que no están enganchados a esa red hacen las veces de chivatos sobre las lluvias, al menos a corto plazo. Además, como los pastos de montaña veraniegos para el ganado no son un cultivo que se riegue con el agua almacenada, sin lluvia, desaparecen. Es la combinación que está mostrando este verano de 2026.

La investigadora del ciclo del agua del Centro Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF), Annelies Broekman, recuerda que “acumular agua con una pared de hormigón y tener un grifo otorga una falsa sensación de seguridad que no aborda la causa de que se sequen las fuentes”. Esta ingeniera agrónoma se refiere a que “la gestión del agua orientada a la superficie ha hecho que se olviden los acuíferos que se han ido degradando muchísimo y los manantiales y pozos dependen de esos acuíferos”. A eso se le añade, remata, “la gran impermeabilización de suelo a base infraestructuras que no deja que se empape el terreno”.

Esa falta de agua es lo que está ocurriendo en hasta 64 pueblos de la provincia de Salamanca que han tenido que recibir agua en cisterna por la escasez de líquido que se ha unido a altos niveles de contaminación en el suministro habitual por concentración de productos tóxicos como los nitratos o los pesticidas. También en Castilla y León, la Diputación de Soria ha tenido que distribuir más de 400.000 litros de agua potable solo en el mes de julio para los vecinos de nueve pueblos, entre ellos, Medinaceli.

Una situación parecida está ocurriendo en algunos valles de Huesca donde la falta de lluvias ha hecho que los cursos, manantiales y acuíferos de los que se abastecen diversas poblaciones adscritas a municipios de Jaca, Graus o Bonansa no aporten agua y se hayan enviado cisternas para el suministro humano. Allí, además, se les une que el aumento de la población turística ha añadido presión a la demanda de agua para unos pozos que no se han rellenado como solían.

Sin llegar a los camiones cisterna, también esta semana, la Xunta de Galicia ha declarado la alerta por sequía en 32 municipios. La propia ciudad de Pontevedra tiene restricciones, aunque el Ejecutivo no la ha incluido en la alerta. Detrás de esta escasez está un “importante y continuado” descenso en los caudales. La falta de lluvias se prolonga desde la primavera, explican.

“Este verano es un aviso más de la emergencia en la que estamos metidos”, insiste Llop. “Pero lo duro es que estemos tomando esta situación como normal. Vemos lo que debería ser como algo excepcional como algo habitual y no podemos convertirlo en la rutina”, añade. Sin embargo, “como adaptarse a esta situación implica cambiar muchas cosas, se expande el negacionismo porque es más cómodo. Es más fácil decirnos: ya vendrá el frío otra vez”, remata.

La ganadería pide ayudas públicas

Al mismo tiempo que los camiones llevan agua a decenas de pueblos, la misma falta de lluvia ha provocado que un ecosistema totalmente dependiente de esas precipitaciones, sufra. Los pastos de montaña no crecen si no llega líquido.

Y con ellos desaparece el alimento estival de la ganadería en Cantabria, Galicia, La Rioja, Euskadi o Asturias. Los rebaños que la trashumancia llevaba a las cumbres en verano no encuentran esa comida porque, simplemente, no crece. El sector ganadero reclama dinero público para paliar este efecto del cambio climático.

Los pastos son muy muy sensibles a los regímenes de lluvias y, además, hemos empobrecido la calidad de los suelos para poder ayudar a que con menos lluvias resistan más tiempo

Annelies Broekman — Investigadora del CREAF

“Los pastos son muy muy sensibles a los regímenes de lluvias y, además, hemos empobrecido la calidad de los suelos para poder ayudar a que con menos lluvias resistan más tiempo”, ilustra Annelies Broekman. Ella propone que, en el contexto de cambio climático, “se trata de recrear el efecto esponja de esos suelos para retener más agua: prados con especies adecuadas, que los ríos los inunden... Los pastos de montaña, por ejemplo, son muy dependientes de la nieve y ya hemos visto como decae la innivación”.

Los ganaderos cántabros han sido los más gráficos: “Las vacas se comen hasta las hojas de los árboles”, han descrito en la zona pasiega para ilustrar la falta de pastos verdes que ahora son hierba seca amarilla. El patrón se repite, por ejemplo, en La Rioja donde la Unión de Agricultores y Ganaderos ya ha pedido ayudas al Gobierno riojano para solventar lo que llaman situación “extraordinaria” porque no hay pastos naturales: subvención para los piensos y alivio en los regímenes de pastoreo.

En la misma línea que Cantabria y La Rioja, el Ejecutivo vasco se ha sentado con los ganaderos de la comunidad autónoma para acordar la compra conjunta de forraje con el que alimentar a las cabañas porque no hallan pastos naturales. Allí también están atravesando dificultades para disponer de agua con la que dar de beber al ganado en el monte.

En Galicia, además, sin lluvias se ha desplomado la propia cosecha de forraje y maíz destinado a dar de comer a las vacas, lo que ha obligado a utilizar ya en agosto las reservas de invierno. Como escasea el pasto, las explotaciones recurren a comprar pienso.

Comienza la cuenta atrás para acabar con los sobres de salsa, los minibotes de crema, las redes de mandarinas o las bridas de latas, millones de envases de usar y tirar que se convierten, casi de inmediato en basura de plástico. Este miércoles entra en vigor el nuevo reglamento europeo sobre residuos de envase, que marca el camino hasta la restricción de estos formatos en 2030.

La norma fue aprobada a finales de 2024, pero es este 12 de agosto cuando arranca el calendario para los próximos tres años. De hecho, la primera regla que debe aplicarse se refiere al contenido de químicos eternos, los PFAS, en los envases. Desde este miércoles, “no se podrán introducir en el mercado envases que estén destinados a entrar en contacto con alimentos” que presenten ciertas concentraciones de estos compuestos sintéticos.

A partir de ahora, la normativa deberá ir desplegándose. Así, para el 12 de febrero de 2027, los comercios que vendan bebidas frías o calientes para llevar deberán permitir que el consumidor lleve su propio recipiente para esa bebida. Y lo mismo para la comida: se podrá ir al comercio con el envase reutilizable. Si el cliente aporta ese recipiente, los comercios no podrán cobrar un extra, al suponer “un coste no superior y en condiciones no menos favorables que las existentes cuando vendan la unidad de venta consistente en el mismo producto en un envase de un solo uso”, dice el reglamento.

Nuevas reglas para los envases en la Unión Europea

A partir de 1 de enero de 2030

La nueva normativa prevé

que no se vendan

Envases de frutas y verduras frescas sin procesar. Las clásicas bandejas de tomates o zanahorias, por ejemplo (*)

Los alimentos y bebidas que se sirven en las cafeterías y restaurantes “que no necesitan más elaboración y suelen consumirse en el propio envase”

Porciones individuales. Como son las monodosis de, por ejemplo, salsas como el kétchup o el azúcar

Los “envases pequeños de higiene personal”, como los microbotes de gel

Bolsas de plástico “muy ligeras”

(15 micras o menos)

Bares, cafeterías o restaurantes de take away deberán permitir que los clientes lleven sus propios recipientes –adecuadamente limpios– para llevarse la comida o la bebida. También que un porcentaje de sus propios envases sean reutilizables

(*) En España, la regulación nacional ya prevé esta medida aunque no se ha implementado totalmente

GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: PARLAMENTO EUROPEO

Nuevas reglas para los envases en

la Unión Europea

A partir de 1 de enero de 2030

La nueva normativa prevé

que no se vendan

Envases de frutas y verduras frescas sin procesar. Las clásicas bandejas de tomates o zanahorias, por ejemplo (*)

Los alimentos y bebidas que se sirven en las cafeterías y restaurantes “que no necesitan más elaboración y suelen consumirse en el propio envase”

Porciones individuales. Como son las monodosis de, por ejemplo, salsas como el kétchup o el azúcar

Los “envases pequeños de higiene personal”, como los microbotes de gel

Bolsas de plástico “muy ligeras”

(15 micras o menos)

Bares, cafeterías o restaurantes de take away deberán permitir que los clientes lleven sus propios recipientes –adecuadamente limpios– para llevarse la comida o la bebida. También que un porcentaje de sus propios envases sean reutilizables

(*) En España, la regulación nacional ya prevé esta medida aunque no se ha implementado totalmente

GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: PARLAMENTO EUROPEO

Un año después, el 12 de febrero de 2028, los propios comercios de bebida y/o comida para llevar tendrán la obligación de ofrecer un recipiente reutilizable en lugar del de usar y tirar. Y no podrán vender esos productos “ni a un precio más alto ni en condiciones menos favorables”. Las microempresas quedarán exentas de estas obligaciones.

Para el 1 de enero de 2030 llegan las restricciones a determinados formatos, algunos extendidísimos:

Aunque existe un consenso internacional sobre el peligro que supone llenar de plásticos el entorno —los países acordaron en marzo de 2022 crear un tratado obligatorio para abordar el problema—, las negociaciones para redactar un texto legal llevan varias rondas de fracaso. Una vez traspasado el plazo que se había acordado, la siguiente cita para las conversaciones está prevista para marzo de 2027. La clave del problema es, precisamente, poner coto a la producción a la que se oponen los petroestados.

“Es un avance, pero se queda corto”, ha analizado el responsable de la campaña de residuos de Greenpeace, Julio Barea. El ecologista se refiere a que, según su organización, se ha “perdido una oportunidad” para atacar la raíz del problema: la producción de plástico. “Se crean normas de reducción, pero no cierran el grifo de la producción”, reflexiona, mientras “la presión de las empresas del plástico, distribución y gestores de residuos ha conseguido recortar los objetivos de reutilización y eso permite que las multinacionales nos sigan llenando el planeta de basura”.

Mientras la producción de plástico crece (si eran 370 millones de toneladas en 2018, se alcanzaron los 430 millones en 2024), los residuos forman una montaña de basura de unos 300 millones de toneladas anuales de la que una buena parte acabará antes o después en el mar. Y el reciclaje solo no está sirviendo para solucionar el problema: a nivel global está en torno al 9%, según la ONU. En España, el porcentaje de residuos urbanos reciclados está en el 43%, por debajo del nivel obligatorio del 50%, que está en vigor desde 2020.

El reglamento debería colocar, pues, la prevención y la reutilización por delante del puro reciclaje. El texto establece objetivos jurídicamente vinculantes para reducir los residuos por habitante en un 5% para 2030, un 10% para 2035 y un 15% para 2040 respecto a 2018.

La nueva norma también debe ser un impulso para la creación de sistemas de depósito, devolución y retorno (SDDR) para botellas y latas, ya que impone la obligación de alcanzar un 90% de recogida selectiva de esos envases para 2029.

El sistema SDDR consiste, básicamente, en que las botellas de plástico deberán poder devolverse en las tiendas. Así, cada botella tiene un valor económico —unos céntimos— que, a modo de fianza, adelanta el consumidor al comprar la bebida. Esa cantidad se le devuelve al cliente cuando retorna la botella al comercio. El envase se recupera así para reciclarse o reutilizarse.

En realidad, en España, ese sistema debería estar implementado en noviembre de 2026. La ley española de residuos ya preveía que se crease un SDDR, después de que el Ministerio de Transición Ecológica calculas que, en 2023, se recuperó tan solo el 40% de esos envases mediante el contenedor amarillo que gestiona Ecoembes, frente al 70% que establece la normativa estatal.