Aunque el negacionismo incluso se burle, un tridente combinado de efectos de la crisis climática está golpeando a España este verano. Las miles de muertes atribuibles al calor, el cuarto de millón de hectáreas carbonizadas en incendios forestales y la sequía que han confluido estos meses estivales evidencian la peor cara de la emergencia.

La secuencia que reflejan los datos de calor, incendios y sequía —observada también en cursos recientes como 2022 y 2025— describen el nuevo patrón que se instala a medida que el calentamiento global se hace más presente. Si por separado cada uno es un impacto severo, juntos hablan de la emergencia climática.

La ciencia lleva tiempo explicando —el primer informe interno puede situarse en 2005— cómo impacta el cambio climático en España. Dos décadas después, en 2025, el Gobierno publicó la Evaluación de riesgos e impactos derivados del cambio climático que dice: “Los peligros climáticos predominantes incluyen el aumento sostenido de la temperatura media, la intensificación de las olas de calor, la reducción de la precipitación y la mayor frecuencia de eventos extremos (inundaciones, temporales marítimos, incendios forestales)”.

La descripción se ajusta a lo vivido en lo que va de 2026.

Lo que hace ese documento del Ejecutivo es, básicamente, recoger esas explicaciones científicas sobre qué supone en España el calentamiento global acelerado del planeta provocado por las emisiones de CO₂ masivas generadas por las actividades humanas.

Sobre el incremento de temperaturas, junio de 2026 ha sido el tercero más caluroso registrado en el país, con una media 3,2ºC por encima del promedio 1991-2020. A eso le siguió el julio con mayor temperatura de los medidos (+2,6ºC sobre el mismo promedio). Este bimestre es el más caluroso de la historia y supera los anteriores récords de 2022 y 2025.

Como se ve en el gráfico, en 35 provincias españolas están soportando el peor año de su historia en cuanto a calor y en otras nueve se trata del segundo del ránking. De hecho, en lo que va de verano se han declarado cuatro olas de calor. Alguna “histórica” como han denominado en la Aemet al episodio de finales de junio pasado.

Ese escenario ha tenido sus consecuencias para la salud de las personas. En lo que va de verano —junio, julio y parte de agosto— se han registrado más de 4.200 muertes atribuibles a las altas temperaturas, según el informe de exceso de mortalidad (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III.

“El calor extremo es una de las amenazas para la salud más importantes en relación al clima en España, con repercusiones desproporcionadas en las personas mayores, lactantes, trabajadores al aire libre y otros grupos vulnerables”, advierte el informe anual Lancet Countdown sobre impactos de la crisis del clima en la salud.

El gráfico de abajo ilustra el incremento de frecuencia de estos picos de temperaturas extremas que afectan a la salud y también como son cada vez más prolongados.

Con el calor —y la falta de agua— han llegado los incendios forestales que, a mitad de agosto, habían abrasado 250.000 hectáreas, según los datos del Ministerio de Transición Ecológica, que ascienden a 290.000 en el sistema europeo de seguimiento EFFIS. Es el segundo año consecutivo en el que se supera el cuarto de millón de hectáreas de monte carbonizadas por las llamas.

Además, este 2026 se ha producido el incendio más destructivo registrado en España, el de Burgohondo (Ávila), que se unió al de la sierra oeste de Madrid, arrasando una extensión de unas 50.000 hectáreas. El anterior récord solo tenía un año: el siniestro de Larouco (Ourense) en 2025. Este verano, además, se ha declarado por segunda vez en la historia de España la emergencia nacional —la primera fue por el apagón total de abril de 2025—.

Un año más, la realidad ha confirmado que, ahora, nos enfrentamos a condiciones ambientales que favorecen las llamas y convierten los incendios en siniestros altamente destructivos: de las 291.197 hectáreas detectadas por el sistema EFFIS, 186.000 han sido en solo siete incendios (Madrid y Ávila, Niebla, Mierla, Fermoselle, Cinco Villas y Riglos).

“Se han convertido en un problema de protección civil”, ha sido la frase de esa primera mitad de verano repetida por diversos expertos. Esta nueva realidad se ve reflejada en la cifra de más de 90.000 evacuados o confinados en España por el peligro de fuego. La expansión urbanística por zonas de monte han incrementado ese riesgo.

Una posición de “vulnerabilidad crítica”

Este mismo año, una investigación de la Universidad de Oviedo constata que en España se ha dado “un incremento muy marcado de la frecuencia de desastres en los últimos veinte años, especialmente en desastres naturales climatológicos e hidrológicos, ligado a la intensificación de fenómenos extremos asociados al cambio climático”.

El trabajo de los investigadores de la universidad asturiana ha revisado 75 años de “desastres en España”, desde 1950 a 2025. Tras ese análisis, sostienen que este territorio es un punto caliente del cambio climático y que muestra “una vulnerabilidad superior” en cuanto a “gravedad del impacto, la mortalidad atribuible y la exposición de la población a los riesgos naturales”. La investigación insiste en que España “se encuentra en una posición de vulnerabilidad crítica dentro del contexto europeo”.

Y, para completar el tridente, amplias zonas de la península están padeciendo sequía. La realidad es que, por ejemplo en Galicia, tres de cada cuatro ayuntamientos están en alerta o prealerta por falta de agua. Desde abril, las precipitaciones se han convertido en muy escasas, mientras el incremento del calor evapora el agua almacenada en embalses y exige más a los cultivos.

No es un castigo divino ni una racha de mala suerte: es el resultado inevitable de haber gestionado el agua bajo la falsa premisa de que es infinita. La sequía no se gestiona cortando las duchas de la playa en agosto, sino con una correcta gestión de la demanda cuando los embalses aún tienen agua

Julio Barea — Responsable de agua en Greenpeace

Y Galicia no es un caso aislado, ya que decenas de pueblos, especialmente en el norte peninsular, territorio asumido como húmedo, están teniendo problemas para el suministro y para la ganadería. Las dificultades se extienden este verano por Asturias, La Rioja e incluso en Mallorca, donde las reservas hídricas han caído al 39% mientras se ha creado un sistema autonómico para distribuir agua en camiones durante los veranos por el bajo nivel de los acuíferos que no pueden rellenarse.

Lo que se está viendo es, por ejemplo, la necesidad de aportar agua en camiones cisterna en poblaciones de Castilla y León, Aragón o el Principado de Asturias. Y la petición de auxilio de ganaderos en Cantabria, Euskadi, La Rioja o Navarra porque, sin lluvias, no han crecido los pastos estivales para las vacas.

“No es un castigo divino ni una simple racha de mala suerte meteorológica: es el resultado inevitable de haber gestionado el agua bajo la falsa premisa de que es infinita”, señala el responsable del programa de aguas de Greenpeace, Julio Barea.

Este grupo entiende que se está manteniendo “una falsa sensación de abundancia” que se basa en presupuestos anteriores al impacto del cambio climático. “Se sigue haciendo un uso insostenible del recurso”, insiste Barea. “La sequía no se gestiona cortando las duchas de la playa en agosto, sino con una correcta gestión de la demanda cuando los embalses aún tienen agua”.

Los grupos ecologistas tienen claro que la prórroga de la central nuclear de Almaraz ha sido una cesión “a los intereses económicos de las eléctricas”. No le ven razones técnicas, insisten en que socava a las renovables y temen que sea el inicio para alargar más la vida de otras instalaciones atómicas. “Es un caballo de Troya en toda regla”, recalcan.

La decisión conocida el pasado 14 de agosto “mina la credibilidad del Gobierno”, apunta el responsable de energía y clima de Greenpeace, José Luis García, quien subraya que “nosotros confiábamos en la palabra del Ejecutivo para que se impusiese el beneficio de la sociedad, pero no ha sido así”.

La misma forma en la que se dio a conocer la decisión de Transición Ecológica —un viernes justo en mitad del mes de agosto “con la menor cobertura mediática”, dice García— muestra una “grave falta de transparencia”.

En realidad, el cierre progresivo de las centrales nucleares en España que llega hasta 2035 —a medida que caduquen sus autorizaciones— era un calendario pactado ya en 2019 con las propias empresas propietarias. En teoría, las próximas en cerrar serán Ascó I (Tarragona) y Confrentes (Valencia) en 2030. Luego vendría Ascó II en 2032 para terminar con Vandellós II (Tarragona) y Trillo (Guadalajara) en 2035.

Hay un riesgo claro de que se rompa el programa de cierre de la energía nuclear, pero no hay que darlo por hecho. Las compañías eléctricas van a por todas. Otra cosa es que lo consigan, pero la confianza en la firmeza del Gobierno se ha roto

José Luis García — Responsable de energía y clima en Greenpeace

La prolongación de Almaraz “es, primero, una traición a la ciudadanía”, califica el encargado de clima y energía en Ecologistas en Acción, Javier Andaluz. Y segundo: “Un golpe al calendario de cierre nuclear y esto el Gobierno lo sabe, aunque en la propia orden diga que la decisión no le afecta porque una decisión así no puede tomarse sin un análisis profundo sobre el conjunto del sistema”, argumenta.

¿Tres reactores en 2030?

Andaluz explica que el cierre de la central extremeña según lo planeado “permitía iniciar los trabajos de desmantelamiento de manera que no se juntara con los de Ascó y Cofrentes. Ahora —prosigue— podemos encontrarnos fácilmente con el argumento de que es muy difícil hacer desaparecer tres reactores de golpe [coincidirían en 2030] por lo que conviene prorrogar alguno más”. Para el ecologista se trata de una “maniobra para perpetuar el negocio radioactivo”.

Aunque en realidad el sector nuclear —cuyo descenso continuado ha hecho que suponga un 9% de la electricidad mundial desde que tocara el 17% en 1996— nunca ha dejado de maniobrar para remontar sus números a base de presentarse como una solución para recortar emisiones de CO₂.

La guerra en Ucrania le proporcionó una palanca para reforzar su carácter de energía verde. De hecho, apareció en la declaración final de la cumbre del clima de Dubai en 2023 y volvió a reforzarse en 2024 en Bakú. Y la Comisión Europea ya le allanó en cierto modo el camino al admitir tanto el gas como le nuclear como energías verdes.

José Luis García coincide en que “hay un riesgo claro de que se rompa ese programa de cierre de la energía nuclear, pero no hay que darlo por hecho”. Según el ecologista, “la intención de las compañías eléctricas está clara: van a por todas. Otra cosa es que lo consigan”. Con todo, García entiende que “la confianza en la firmeza del Gobierno se ha roto porque a las primeras de cambio han cedido”.

La propaganda pronuclear con la que se ha bombardeado a la ciudadanía ignora deliberadamente que el combustible nuclear también está financiando la guerra y nos hace muy dependientes de países como Rusia o Estados Unidos

Javier Andaluz — Coordinador de clima y energía de Ecologistas en Acción

Greenpeace encargó este año un estudio sobre qué supondría el alargamiento de la vida de Almaraz. Según ese trabajo realizado por sendos investigadores de las universidades Rey Juan Carlos y Politécnica de Catalunya, continuar con esa central va a suponer un encarecimiento de la factura de unos 3.000 millones de euros y va a taponar la implantación de energías renovables.

“Retrasaría de forma significativa la entrada de nueva capacidad renovable y de almacenamiento”, concluyó el estudio, ya que, al tener energía de origen nuclear disponible, se retrae o ralentiza la transición energética hacia fuentes renovables.

Un análisis que refleja en cierta medida la situación en Catalunya —donde operan tres reactores nucleares todavía—. En esa comunidad autónoma, las energías renovables retrocedieron en 2025 al cubrir un 15% de la demanda eléctrica frente al 16% del año anterior, según el Observatorio de las Energías Renovables en Catalunya. Ambos porcentajes están muy lejos del objetivo diseñado por el Govern del 50% para 2030. La caída se debió, explicó el documento, a un aumento de la demanda, un descenso de la generación eólica y un incremento “limitado” de la nueva capacidad renovable.

La portavoz del Movimiento Antinuclear Ibérico, Cristina Rois, considera que, a partir de esta decisión del Gobierno, “las empresas propietarias del negocio nuclear estarán ante una situación muy favorable para obtener nuevas prórrogas con rebaja de impuestos, como el de la ecotasa extremeña, un regalo de unos 40 millones de euros por año. Esta decisión tendrá consecuencias en todo el parque nuclear y en el dinero disponible para la gestión de residuos”.

Andaluz piensa que Transición Ecológica ha copiado “la propaganda pronuclear con la que se ha bombardeado a la ciudadanía, pero que ignora deliberadamente elementos como que el combustible nuclear también está financiando la guerra y nos hace muy dependientes de países como Rusia o Estados Unidos”.

España importa todo el uranio con el que fabrica el combustible nuclear de las centrales eléctricas, unas 200 o 300 toneladas anuales. Casi el 40% viene de Rusia. Los siguientes proveedores son Canadá (22%), Níger (19%) y Kazajistán (11%).

Lo normal es que en España llueva poco en verano, pero no tan poco y menos en el norte peninsular. Los ganaderos de la cornisa cantábrica dicen que es “lo nunca visto” y en decenas de localidades españolas en Castilla y León, Euskadi o Aragón, las personas pueden beber agua porque les llega en camiones cisterna: sus recursos propios están secos.

Es lo que ocurre desde hace una semana en el pueblo vizcaíno de Karrantza, en la tradicionalmente verde y húmeda Euskadi. Allí, ante la falta de recursos, reciben cada día 250 metros cúbicos de agua en camiones cisterna para luego distribuirlos. Será así durante todo el mes de agosto ¿Qué ha pasado? Simplemente no llueve y no se llena la balsa de la que dependen ya que este pueblo no está integrado en la línea del Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia.

La falta de agua de Karrantza no es una casualidad o un caso aislado en Euskadi: en otros 21 municipios de la zona de Urdaibai y en varias localidades alavesas han tenido que establecer restricciones este mes.

Aunque los científicos admiten “incertidumbres” a la hora de proyectar detalladamente cómo afecta el cambio climático a las lluvias en España, la interpretación común es que reduce el volumen general de agua y recorta el número de días con lluvia “suave” mientras las precipitaciones se concentran en menos tiempo e incrementan su fuerza, es decir, son más torrenciales.

“La dinámica general de la atmósfera, que es como una maquinaria, está alterada por el calentamiento global”, subraya el responsable del programa de aguas de WWF, Alberto Fernández Llop. “Cambia el régimen de precipitaciones y de los cursos fluviales al igual que el relleno de los acuíferos”, ejemplifica.

La cuestión es que, en España, a medida que subía el calor por encima de los topes (este julio ha sido el más cálido de la serie histórica), se han ido acumulando también días, semanas y meses de lluvias escasas. Se ha pasado de una situación de precipitaciones “normal” a otra muy seca para establecerse finalmente una “extremadamente seca”, siempre según las calificaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Al llegar el verano en la península ibérica, descienden las precipitaciones, pero cuando la Aemet califica un mes estival de muy seco significa que las lluvias han sido todavía menores a lo propio para estas alturas del año.

Lo duro es que estemos tomando esta situación como normal. Vemos lo que debería ser como algo excepcional como algo habitual y no podemos convertirlo en la rutina

Alberto Fernández Llop — Responsable del programa de aguas de WWF

Si el año comenzó con mucha lluvia (enero y febrero fueron muy húmedos), marzo fue normal (llovió un 80%), y desde entonces se ha marcado una tendencia descendente: abril ya fue “muy seco” (solo un 58%). Mayo fue seco (85%). La primavera, pues, momento pico de lluvias, tuvo un carácter “seco”. Junio fue calificado como “muy seco” al llover solo un 39%. Julio resultó “extremadamente seco” porque se quedó en el 26%, según los datos recogidos por las estaciones de la Aemet.

Los boletines hidrológicos del Ministerio de Transición Ecológica indican que las reservas en los embalses están altas: un 69%. Más altas que hace doce meses y 17 puntos por encima de la media de la década. Sin embargo, los municipios que no están enganchados a esa red hacen las veces de chivatos sobre las lluvias, al menos a corto plazo. Además, como los pastos de montaña veraniegos para el ganado no son un cultivo que se riegue con el agua almacenada, sin lluvia, desaparecen. Es la combinación que está mostrando este verano de 2026.

La investigadora del ciclo del agua del Centro Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF), Annelies Broekman, recuerda que “acumular agua con una pared de hormigón y tener un grifo otorga una falsa sensación de seguridad que no aborda la causa de que se sequen las fuentes”. Esta ingeniera agrónoma se refiere a que “la gestión del agua orientada a la superficie ha hecho que se olviden los acuíferos que se han ido degradando muchísimo y los manantiales y pozos dependen de esos acuíferos”. A eso se le añade, remata, “la gran impermeabilización de suelo a base infraestructuras que no deja que se empape el terreno”.

Esa falta de agua es lo que está ocurriendo en hasta 64 pueblos de la provincia de Salamanca que han tenido que recibir agua en cisterna por la escasez de líquido que se ha unido a altos niveles de contaminación en el suministro habitual por concentración de productos tóxicos como los nitratos o los pesticidas. También en Castilla y León, la Diputación de Soria ha tenido que distribuir más de 400.000 litros de agua potable solo en el mes de julio para los vecinos de nueve pueblos, entre ellos, Medinaceli.

Una situación parecida está ocurriendo en algunos valles de Huesca donde la falta de lluvias ha hecho que los cursos, manantiales y acuíferos de los que se abastecen diversas poblaciones adscritas a municipios de Jaca, Graus o Bonansa no aporten agua y se hayan enviado cisternas para el suministro humano. Allí, además, se les une que el aumento de la población turística ha añadido presión a la demanda de agua para unos pozos que no se han rellenado como solían.

Sin llegar a los camiones cisterna, también esta semana, la Xunta de Galicia ha declarado la alerta por sequía en 32 municipios. La propia ciudad de Pontevedra tiene restricciones, aunque el Ejecutivo no la ha incluido en la alerta. Detrás de esta escasez está un “importante y continuado” descenso en los caudales. La falta de lluvias se prolonga desde la primavera, explican.

“Este verano es un aviso más de la emergencia en la que estamos metidos”, insiste Llop. “Pero lo duro es que estemos tomando esta situación como normal. Vemos lo que debería ser como algo excepcional como algo habitual y no podemos convertirlo en la rutina”, añade. Sin embargo, “como adaptarse a esta situación implica cambiar muchas cosas, se expande el negacionismo porque es más cómodo. Es más fácil decirnos: ya vendrá el frío otra vez”, remata.

La ganadería pide ayudas públicas

Al mismo tiempo que los camiones llevan agua a decenas de pueblos, la misma falta de lluvia ha provocado que un ecosistema totalmente dependiente de esas precipitaciones, sufra. Los pastos de montaña no crecen si no llega líquido.

Y con ellos desaparece el alimento estival de la ganadería en Cantabria, Galicia, La Rioja, Euskadi o Asturias. Los rebaños que la trashumancia llevaba a las cumbres en verano no encuentran esa comida porque, simplemente, no crece. El sector ganadero reclama dinero público para paliar este efecto del cambio climático.

Los pastos son muy muy sensibles a los regímenes de lluvias y, además, hemos empobrecido la calidad de los suelos para poder ayudar a que con menos lluvias resistan más tiempo

Annelies Broekman — Investigadora del CREAF

“Los pastos son muy muy sensibles a los regímenes de lluvias y, además, hemos empobrecido la calidad de los suelos para poder ayudar a que con menos lluvias resistan más tiempo”, ilustra Annelies Broekman. Ella propone que, en el contexto de cambio climático, “se trata de recrear el efecto esponja de esos suelos para retener más agua: prados con especies adecuadas, que los ríos los inunden... Los pastos de montaña, por ejemplo, son muy dependientes de la nieve y ya hemos visto como decae la innivación”.

Los ganaderos cántabros han sido los más gráficos: “Las vacas se comen hasta las hojas de los árboles”, han descrito en la zona pasiega para ilustrar la falta de pastos verdes que ahora son hierba seca amarilla. El patrón se repite, por ejemplo, en La Rioja donde la Unión de Agricultores y Ganaderos ya ha pedido ayudas al Gobierno riojano para solventar lo que llaman situación “extraordinaria” porque no hay pastos naturales: subvención para los piensos y alivio en los regímenes de pastoreo.

En la misma línea que Cantabria y La Rioja, el Ejecutivo vasco se ha sentado con los ganaderos de la comunidad autónoma para acordar la compra conjunta de forraje con el que alimentar a las cabañas porque no hallan pastos naturales. Allí también están atravesando dificultades para disponer de agua con la que dar de beber al ganado en el monte.

En Galicia, además, sin lluvias se ha desplomado la propia cosecha de forraje y maíz destinado a dar de comer a las vacas, lo que ha obligado a utilizar ya en agosto las reservas de invierno. Como escasea el pasto, las explotaciones recurren a comprar pienso.

Comienza la cuenta atrás para acabar con los sobres de salsa, los minibotes de crema, las redes de mandarinas o las bridas de latas, millones de envases de usar y tirar que se convierten, casi de inmediato en basura de plástico. Este miércoles entra en vigor el nuevo reglamento europeo sobre residuos de envase, que marca el camino hasta la restricción de estos formatos en 2030.

La norma fue aprobada a finales de 2024, pero es este 12 de agosto cuando arranca el calendario para los próximos tres años. De hecho, la primera regla que debe aplicarse se refiere al contenido de químicos eternos, los PFAS, en los envases. Desde este miércoles, “no se podrán introducir en el mercado envases que estén destinados a entrar en contacto con alimentos” que presenten ciertas concentraciones de estos compuestos sintéticos.

A partir de ahora, la normativa deberá ir desplegándose. Así, para el 12 de febrero de 2027, los comercios que vendan bebidas frías o calientes para llevar deberán permitir que el consumidor lleve su propio recipiente para esa bebida. Y lo mismo para la comida: se podrá ir al comercio con el envase reutilizable. Si el cliente aporta ese recipiente, los comercios no podrán cobrar un extra, al suponer “un coste no superior y en condiciones no menos favorables que las existentes cuando vendan la unidad de venta consistente en el mismo producto en un envase de un solo uso”, dice el reglamento.

Nuevas reglas para los envases en la Unión Europea

A partir de 1 de enero de 2030

La nueva normativa prevé

que no se vendan

Envases de frutas y verduras frescas sin procesar. Las clásicas bandejas de tomates o zanahorias, por ejemplo (*)

Los alimentos y bebidas que se sirven en las cafeterías y restaurantes “que no necesitan más elaboración y suelen consumirse en el propio envase”

Porciones individuales. Como son las monodosis de, por ejemplo, salsas como el kétchup o el azúcar

Los “envases pequeños de higiene personal”, como los microbotes de gel

Bolsas de plástico “muy ligeras”

(15 micras o menos)

Bares, cafeterías o restaurantes de take away deberán permitir que los clientes lleven sus propios recipientes –adecuadamente limpios– para llevarse la comida o la bebida. También que un porcentaje de sus propios envases sean reutilizables

(*) En España, la regulación nacional ya prevé esta medida aunque no se ha implementado totalmente

GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: PARLAMENTO EUROPEO

Nuevas reglas para los envases en

la Unión Europea

A partir de 1 de enero de 2030

La nueva normativa prevé

que no se vendan

Envases de frutas y verduras frescas sin procesar. Las clásicas bandejas de tomates o zanahorias, por ejemplo (*)

Los alimentos y bebidas que se sirven en las cafeterías y restaurantes “que no necesitan más elaboración y suelen consumirse en el propio envase”

Porciones individuales. Como son las monodosis de, por ejemplo, salsas como el kétchup o el azúcar

Los “envases pequeños de higiene personal”, como los microbotes de gel

Bolsas de plástico “muy ligeras”

(15 micras o menos)

Bares, cafeterías o restaurantes de take away deberán permitir que los clientes lleven sus propios recipientes –adecuadamente limpios– para llevarse la comida o la bebida. También que un porcentaje de sus propios envases sean reutilizables

(*) En España, la regulación nacional ya prevé esta medida aunque no se ha implementado totalmente

GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: PARLAMENTO EUROPEO

Un año después, el 12 de febrero de 2028, los propios comercios de bebida y/o comida para llevar tendrán la obligación de ofrecer un recipiente reutilizable en lugar del de usar y tirar. Y no podrán vender esos productos “ni a un precio más alto ni en condiciones menos favorables”. Las microempresas quedarán exentas de estas obligaciones.

Para el 1 de enero de 2030 llegan las restricciones a determinados formatos, algunos extendidísimos:

Aunque existe un consenso internacional sobre el peligro que supone llenar de plásticos el entorno —los países acordaron en marzo de 2022 crear un tratado obligatorio para abordar el problema—, las negociaciones para redactar un texto legal llevan varias rondas de fracaso. Una vez traspasado el plazo que se había acordado, la siguiente cita para las conversaciones está prevista para marzo de 2027. La clave del problema es, precisamente, poner coto a la producción a la que se oponen los petroestados.

“Es un avance, pero se queda corto”, ha analizado el responsable de la campaña de residuos de Greenpeace, Julio Barea. El ecologista se refiere a que, según su organización, se ha “perdido una oportunidad” para atacar la raíz del problema: la producción de plástico. “Se crean normas de reducción, pero no cierran el grifo de la producción”, reflexiona, mientras “la presión de las empresas del plástico, distribución y gestores de residuos ha conseguido recortar los objetivos de reutilización y eso permite que las multinacionales nos sigan llenando el planeta de basura”.

Mientras la producción de plástico crece (si eran 370 millones de toneladas en 2018, se alcanzaron los 430 millones en 2024), los residuos forman una montaña de basura de unos 300 millones de toneladas anuales de la que una buena parte acabará antes o después en el mar. Y el reciclaje solo no está sirviendo para solucionar el problema: a nivel global está en torno al 9%, según la ONU. En España, el porcentaje de residuos urbanos reciclados está en el 43%, por debajo del nivel obligatorio del 50%, que está en vigor desde 2020.

El reglamento debería colocar, pues, la prevención y la reutilización por delante del puro reciclaje. El texto establece objetivos jurídicamente vinculantes para reducir los residuos por habitante en un 5% para 2030, un 10% para 2035 y un 15% para 2040 respecto a 2018.

La nueva norma también debe ser un impulso para la creación de sistemas de depósito, devolución y retorno (SDDR) para botellas y latas, ya que impone la obligación de alcanzar un 90% de recogida selectiva de esos envases para 2029.

El sistema SDDR consiste, básicamente, en que las botellas de plástico deberán poder devolverse en las tiendas. Así, cada botella tiene un valor económico —unos céntimos— que, a modo de fianza, adelanta el consumidor al comprar la bebida. Esa cantidad se le devuelve al cliente cuando retorna la botella al comercio. El envase se recupera así para reciclarse o reutilizarse.

En realidad, en España, ese sistema debería estar implementado en noviembre de 2026. La ley española de residuos ya preveía que se crease un SDDR, después de que el Ministerio de Transición Ecológica calculas que, en 2023, se recuperó tan solo el 40% de esos envases mediante el contenedor amarillo que gestiona Ecoembes, frente al 70% que establece la normativa estatal.

Francesc Xavier Boya (Les, Valle de Arán, Lleida, 1960) fue concejal de su pueblo durante 18 años. Un municipio de poco más de 1.000 habitantes incrustado en Los Pirineos. Puro entorno rural. Pura España que se vacía. Ahora, Boya es secretario general para el Reto Demográfico y el Consejo de Ministros acaba de aprobarle la II Estrategia Nacional para la Equidad Territorial.

La idea es que “el espacio rural sea un espacio atractivo para la vida de las personas” cuenta en una charla con elDiario.es. La fórmula que han elegido es que esas personas tengan los servicios necesarios para vivir y los medios para “un futuro vital” a, como mucho, “30 minutos”. Sobre el papel suena a estrategia válida, pero ¿cómo trasladarla a la compleja realidad española? Francesc Boya desmenuza los mecanismos que han diseñado al tiempo que reivindica el papel que juega el medio rural para salvaguardar la naturaleza, mitigar el cambio climático e integrar a las personas migrantes.

La estrategia pivota en torno a la idea de que para vivir en el medio rural los servicios deben estar a 30 minutos. ¿Media hora es la clave del reto demográfico?

Pretendemos que el espacio rural sea un espacio atractivo para la vida de las personas. En la decisión de dónde vivo pesan muchos elementos: algunos son objetivos y otros son subjetivos. En los subjetivos difícilmente podemos entrar, pero existen elementos que, al final, acaban conformando un círculo virtuoso del modelo de calidad de vida. Y la idea de los 30 minutos nos parece que es una buena fórmula: se centra en saber en cuánto tiempo tienes acceso a esas cosas que te permiten tener calidad de vida, como son la vivienda, los servicios, la adquisición de los bienes de las necesidades cotidianas, el ocio o la cultura. Un territorio que es capaz de conciliar todas esas cosas hace que la calidad de vida de una persona sea óptima.

¿Con esa fórmula creen que puede bastar para que haya personas que elijan el campo para vivir?

La posible decisión de 'me voy al entorno rural' también descansa en radicarse en una zona en la que, además de la calidad, ofrezca las oportunidades para desarrollar un proyecto vital.

Necesitamos un diseño de movilidad muy de abajo arriba, es decir, cada área funcional seguramente va a requerir un cóctel de movilidades que se complementen

¿Qué tipo de servicios han analizado que pueden acercarse al ciudadano y cuáles deberá ser el ciudadano el que se aproxime a ellos?

No hemos hecho aún una jerarquización. Hay servicios, como por ejemplo la educación, que deben estar en un pueblo y, por tanto, no a 30 minutos, sino a cinco o a diez. Hay otro tipo que tiene que estar a una distancia media porque son servicios compartidos en esa área de 30 minutos. Y luego hay servicios que a lo mejor no están a 30 minutos. Por ejemplo, no podemos tener una universidad en cada área funcional [la zonificación trazada sobre el mapa de España para desarrollar la estrategia] de este país. Los grandes hospitales seguirán estando en las ciudades. Pero la lógica está ahí: que, de alguna manera, se responda a esa necesidad que tienes en tu vida cotidiana.

Para conseguir eso la movilidad va a ser crucial.

Una movilidad de proximidad. Que tengamos garantizado que con ese transporte voy a poder acceder, por ejemplo, al centro de salud que tiene mi capital de comarca o mi núcleo de prestación de servicios. Y en eso es donde la estrategia ya plantea una primera inversión importante con las comunidades autónomas para mejorar toda esa movilidad de proximidad, que yo creo que es una de las grandes claves.

¿Cómo imagina que será esa movilidad en la que uno de los objetivos es que puedas liberarte si quieres de tu vehículo privado?

Esa es la cuestión. Necesitamos un diseño muy de abajo arriba, es decir, cada área funcional seguramente va a requerir un cóctel de movilidades que se complementen. A lo mejor puede utilizarse el taxi a demanda para un determinado espacio, porque no haya suficiente población para tener autobús, pero también el carsharing [compartir coche] y, en un punto determinado, el autobús, utilizando una aplicación informática para que pueda parar en los lugares donde realmente se necesita y no en la fórmula convencional que conocemos. La suma de todo eso, incluso incorporando también la bicicleta eléctrica o algunos otros elementos, nos dará esa fórmula que se adapte mejor a cada territorio.

La estrategia incide en que es necesario empleo de calidad en las zonas rurales. ¿Qué tipo de empleos consideramos de calidad en las zonas rurales? Porque si tengo servicios, pero no tengo empleo, me tengo que ir a buscar empleo a un sitio donde haya un trabajo.

Una estrategia de reto demográfico no puede estar sujeta a las coyunturas políticas del momento. Lo que queremos con este documento es ayudar a avanzar en un modelo que luego las comunidades autónomas evidentemente tendrán que implementar con la ayuda del propio Estado

Ese ha sido el estigma del entorno rural. Estas áreas han sido básicamente agrícolas, una economía muy importante para el medio rural, pero lo que decimos es que esa economía puede ser más diversificada. Para hacer esto debemos poner las herramientas para que jóvenes o no tan jóvenes que quieran irse al medio rural y emprender, puedan tener ecosistemas que les acojan y que les ayuden a hacer emprendimientos o a incorporarse en empresas y en ámbitos que les pueden responder a sus expectativas laborales.

Sobre el papel suena bonito, pero otra cosa es llevarlo a la realidad.

Estoy pensando en el pueblo de Arres (Lleida). Tiene 80 habitantes y en este momento allí reside la empresa Cargo Dron, que es una empresa que ha nacido al amparo de los TICs y que en este momento está entre las diez o 15 empresas de drones más importantes del Estado. Eso ha nacido en un pueblo de 80 habitantes y eso es posible hacerlo.

Mencionaba los jóvenes, porque en el reto demográfico hay una cuestión de edad.

Con las universidades hacemos otra cosa que también es muy importante y que nos está dando magníficos resultados: el Campus Rural. Esos chavales se van al entorno rural a hacer las prácticas del TFM o del TFG y tienen una experiencia de tres meses en las que el Gobierno sufraga el alojamiento y la manutención. Ahora preguntan, '¿qué hago para quedarme?'. Aquí es donde estamos trabajando para que los centros de innovación sean capaces de convertirse en auténticas plataformas para promocionar el empleo y el emprendimiento.

En buena medida, la implementación de la estrategia depende de políticas cuyas competencias son autonómicas y el panorama actual no es de mucha colaboración entre comunidades autónomas y Ejecutivo central. ¿Es un lastre?

Una estrategia de reto demográfico no puede estar sujeta a las coyunturas políticas del momento. Estamos hablando de una estrategia que necesita una mirada de más largo alcance. Ahora vivimos un momento con una coyuntura política que podríamos llamar de crispación, de poca voluntad de acuerdo. Pero es verdad también que, a veces, bajo el polvo que se puede generar alrededor de ciertos temas, hay acuerdos. La Conferencia Sectorial de Reto Demográfico ha tomado por consenso todos los acuerdos. Lo que queremos con este documento es ayudar a avanzar en un modelo que luego las comunidades autónomas evidentemente tendrán que implementar con la ayuda del propio Estado.

¿Tener o no tener nuevos Presupuestos Generales del Estado es relevante a la hora de desplegar la estrategia?

Ya se ha avanzado mucho durante un tiempo en el que no ha habido nuevos presupuestos. La inversión en reto demográfico ha sido del orden de 13.000 millones de euros. Algo más de 4.000 millones han sido dinero directo inyectado en zonas rurales y de reto demográfico.

Lo que no podemos hacer es pararnos a la espera de que las coyunturas políticas sean más o menos favorables. Tenemos que avanzar con una o con otra. Si el viento nos sopla a favor iremos más rápidos. Y, si no, las haremos al ritmo que se pueda.

Aquí también entra en juego la financiación autonómica: si se aprobara la financiación autonómica que mejora los recursos, seguramente también las comunidades autónomas estarían en mejores condiciones de afrontar determinados retos que tienen en estos ámbitos.

Hay cosas que resolver, pero hace falta sensatez, mucho trabajo y menos fuegos de artificio mientras la extrema derecha está haciendo una polarización con el medio rural, que reivindica a base de toros y caza. No tengo nada en contra de los toros y la caza, pero el medio rural es muchísimo más

¿Puede la estrategia limar el conflicto entre la transición ecológica por el cambio climático y las zonas rurales, que parece que son resistentes?

Sin duda. El sentimiento o la percepción que han tenido las personas que viven en el medio rural respecto al trato que ha recibido de las administraciones ha sido de agravio. Y eso se traslada a algunas de las instalaciones de energía renovable. Las renovables son imprescindibles porque lo que nos jugamos es la vida del planeta, pero eso también quiere decir que los territorios rurales no pueden ser únicamente territorios granero, tienen que ser territorios donde se haga pan. Es decir, que esa energía debe tener un aprovechamiento en esos territorios y servir también para mejorar la calidad de vida y las oportunidades de las personas que viven en estos espacios

Vamos, que el reto demográfico en el rural también va de sentimiento.

De alguna manera, la sociedad, no solo la administración, tiene que mirar a esos territorios con una sensibilidad que hasta ahora no teníamos, ya que ahora sabemos que, en buena medida, las ciudades, si deben ser sostenibles, lo serán porque hay un medio rural que sigue vivo y que sigue trabajando para que las ciudades sean sostenibles.

Necesitamos palancas y herramientas que de alguna manera hagan que el medio rural vea cómo la Administración está empezando a ocuparse con otra mirada. No únicamente demandando qué aporta, sino algo recíproco: qué aportas tú y qué te aporto yo. Qué aporta la sociedad a ese medio rural que es donde precisamente queremos mitigar el cambio climático.

Con todo, la sensación política es que en el medio rural es un foco de resistencia a las políticas del gobierno actual.

La sensación de agravio de la que hablaba viene de una historia traumática que España ha tenido con su entorno rural. Los grandes éxodos del medio rural hacia las ciudades fueron fruto no del azar, sino de una situación muy crítica. Esa cicatriz, en parte, no se ha cerrado bien.

Dicho esto, aquí hay cosas que resolver, desde luego, pero hace falta sensatez, mucho trabajo y menos fuegos de artificio mientras la extrema derecha está haciendo una polarización con el medio rural, que reivindica a base de toros y caza. No tengo nada en contra de los toros y la caza, pero el medio rural es muchísimo más y muchísimo más complejo.

Lo rural y lo urbano son dos caras de una misma moneda que se necesitan y que además tienen que convivir, establecer más diálogo y muchas más complicidades. Me reafirmo: si queremos mitigar el cambio climático y queremos ciudades saludables, necesitamos un rural que esté vivo, que pueda aportar todos esos recursos

Parece que lo que se impone es el discurso de lo rural contra lo urbano, que los que vivimos en una ciudad no tenemos ni idea de lo que es el campo.

Lo rural y lo urbano son dos caras de una misma moneda que se necesitan y que además tienen que convivir, establecer más diálogo y muchas más complicidades. Me reafirmo: si queremos mitigar el cambio climático y queremos ciudades saludables, necesitamos un rural que esté vivo, que pueda aportar todos esos recursos y que, al mismo tiempo, se sienta también cómodo en ese papel garante de la biodiversidad, de la calidad de los bosques, de la resiliencia contra los incendios, etcétera. Todo eso es un papel muy importante que la sociedad tiene que reconocer, y el camino para llegar a eso no es la crispación. Ni la culpabilización. Ni este discurso de la extrema derecha que no nos lleva a ninguna parte.

¿Está el medio rural mostrando lo que es y qué suponen las personas migrantes que llegan a España?

Absolutamente. En general, el medio rural acoge muy bien la inmigración porque sabe que la inmigración está salvando sus escuelas, está reabriendo los bares de pueblos que no tenían. Está contribuyendo a que mucha parte de nuestra agricultura sea viable, que no lo sería si no tuviera esa inmigración. En el medio rural la inmigración se integra mucho mejor y está mejor acogida y el resultado de esa convivencia, en general, es muy positivo.

Los que niegan el cambio climático usan ahora el calor extremo que atraviesa Europa —consecuencia de esa crisis del clima— para abastecerse de más munición en su guerra cultural: la extrema derecha europea ha echado mano del aire acondicionado.

Ha bastado que la ONU —mediante la OMS y el Programa de Medio Ambiente— sugiriera una “política matizada” para el uso del aire acondicionado y haya descrito los problemas de apostarlo todo a esta tecnología contra las altas temperaturas, para que la extrema derecha hable de “hacernos morir de calor” y promueva una campaña masiva de instalación de aparatos —sin aclarar quién o cómo financiarlos ni cómo se abonaría luego la factura eléctrica—.

El doctor en comunicación y experto en desinformación en el contexto del cambio climático Lluís de Nadal resalta que “es paradójico o más bien hipócrita que defiendan así el aire acondicionado los que no han aceptado el cambio climático y torpedean las medidas para combatirlo”.

Es paradójico o más bien hipócrita que defiendan así el aire acondicionado los que no han aceptado el cambio climático y torpedean las medidas para combatirlo

Lluís de Nadal — Doctor en comunicación y experto en desinformación en el contexto del cambio climático

Se refiere a cómo los partidos ultraderechistas están aprovechando el choque del calor extremo sin precedente en Europa para presentar la cuestión como una batalla entre “buenos, ellos, y malos, la élite que quiere matarnos para salvar el medio ambiente”, describe. “Una discusión muy efectiva que apela al sentimiento y no a la razón”.

Ante la descripción de la ONU de que en el planeta hay un montón de personas que no pueden ni acceder al aire acondicionado y que la refrigeración pasiva —ofrecida por paredes, techos, sombras, zonas verdes...— puede rebajar la temperatura en una casa “entre 0,5ºC y 8ºC”, varios líderes ultraderechistas se han puesto el sombrero climático del aire acondicionado.

El ataque ultra

Precisamente, en Francia, la líder ultra Marine Le Pen ha dicho estos días: “Es un absurdo hacer morir a la gente de calor”. Es la misma política que ha bloqueado los planes para hacer los edificios energéticamente más eficientes, que ha promovido la retirada de ayudas a las energías renovables para centrarse en la nuclear —la misma que tuvo que detenerse en plena ola de calor— y querría desmantelar los aerogeneradores instalados. “Ante las olas de calor, que van a repetirse, el aire acondicionado se ha convertido en la única solución para las residencias de ancianos, los hospitales y los colegios”, ha sostenido durante las jornadas de temperaturas disparadas.

En Alemania, los que han dado incluso un paso más allá —tanto en el tono como en la contradicción— han sido los del partido ultra AfD al asegurar que la población “está siendo sacrificada en el altar de la ideología climática predominante”. El grupo disemina la idea de que las políticas verdes impiden poner aparatos refrigeradores: “La histeria climática está llevando a más muertes relacionadas con el calor debido a errores ideológicos en la construcción como evitar la instalación de aire acondicionado”.

AfD es el mismo partido que hace solo un año hablaba de “pánico térmico” para restar importancia al número de fallecimientos atribuibles a las altas temperaturas.

“Es una estrategia burda. Una guerra cultural interesada y simplista en torno a los aires acondicionados”, analiza el profesor de la Universidad de Sevilla, Rogelio Fernández-Reyes sobre la postura de los “negacionistas del cambio climático”. Este investigador analiza cómo se construye el discurso en medios de comunicación y recuerda que los científicos del IPCC ya han subrayado que “los aparatos de refrigeración se consideran muy eficaces. Pero también se reconoce que tienen una baja viabilidad económica y social. La realidad es más compleja”.

La cuestión es que colocar el foco principalmente en instalar aparatos para cuando lleguen las olas de calor corre el riesgo de orillar las medidas para la mitigación del cambio climático, es decir, la reducción de las emisiones de gases provocadas por los combustibles fósiles. Una especie de salida que permite decir: “Ya nos defiende el aire acondicionado”.

Lo que verdaderamente ha dicho el Programa de Medio Ambiente de la ONU, organismo que evalúa la situación a nivel mundial, es que “la refrigeración está en primera línea de la adaptación al calor, pero si se hace insosteniblemente, lleva a más emisiones de gases, desigualdad y colapsos eléctricos porque la demanda durante las olas eleva el riesgo de cortes de suministro lo que pone en peligro sistemas vitales”. No es algo inventado, ya que ha sucedido en Europa durante las olas de 2026. Por eso habla de “extender la refrigeración sostenible”.

Es una estrategia burda. Una guerra cultural interesada y simplista porque la realidad ha traído una inesperada necesidad de refrigeración y el aumento de la demanda energética, pero señalar al aire acondicionado como solución única es una estrategia incompleta

Rogelio Fernández-Reyes — Investigador de la Universidad de Sevilla

En este sentido, el Instituto de Investigación Urbana de Barcelona (IDRA) detalla en un informe de este julio que, si bien la “difusión de la refrigeración explica una parte sustancial del descenso de la mortalidad por calor de las últimas décadas” la fórmula tiene sus límites: solo repartir aparatos no sirve porque hay viviendas mal aisladas o insertas en una isla de calor, dejar la medida en “manos de mercado ahonda en la desigualdad”, ya que hay quienes no pueden comprar y además “incrementa el consumo eléctrico y las emisiones”. Su conclusión es que “se trata de una respuesta de emergencia, pero no la única ni la más estructural”.

Rogelio Fernández-Reyes admite que la realidad ha puesto de manifiesto “una inesperada necesidad de refrigeración y el aumento de la demanda energética, pero señalar al aire acondicionado como solución única es una estrategia incompleta”: “Hay experiencias de multitud de mejoras tecnológicas, como el aislamiento térmico, la ventilación, toldos, ventiladores, tejados verdes, reducción del hormigón o más arboleda en la planificación urbana”.

Sin embargo, la batalla ultra ha ido ganando peso hasta el punto de que la Comisión Europea ha tenido que aclarar que no se mete en decisiones privadas como es instalar o no un aparato de aire acondicionado.

Cada vez hay más aparatos instalados

Porque la realidad es que la regulación y planes climáticos de la Unión Europea no parecen haber ejercido gran freno a la instalación de aire acondicionado. En España, el Instituto Nacional de Estadística contó que, en 2008, un 35% de las casas ya tenía uno de estos aparatos. En 2025, el sector industrial de la refrigeración ha informado de que “tres de cada cuatro” viviendas tienen aire —cosa distinta es que el 60% de los usuarios querrían encenderlo más, pero la factura eléctrica les frena—.

En Francia, la instalación ha subido hasta el 28% en el conjunto del país y llega a un 48% en las regiones del sur más expuestas a las altas temperaturas.

Cuando Fernández-Reyes subraya que existe un riesgo de “desigualdad social de poblaciones vulnerables en situación de pobreza energética” se refiere a que, no solo no pueden permitirse la instalación, sino “tampoco su mantenimiento”. Su uso intensivo supone un incremento notable en la factura de la electricidad. Entre un 30% y un 60% más dependiendo de cuánto tiempo y a qué temperatura se aplique.

Y eso se refería el Programa de Medio Ambiente Naciones Unidas al señalar: “Es menos probable que los hogares de bajos ingresos puedan tener un aparato de aire acondicionado al tiempo que se enfrentan a un mayor riesgo”.

Del Nadal resume este proceso en que “lo que debería ser un debate racional sobre cómo podemos financiar esto, la extrema derecha lo transforma en una pelea identitaria”.

El cambio climático ha cambiado las reglas de juego. La mortífera DANA del 29 de octubre de 2024 hizo patente que las inundaciones generadas por las, cada vez más, lluvias torrenciales exigen una preparación que se había retrasado. El Ejecutivo ha revisado la normativa de inundaciones para restringir el urbanismo en zonas inundables, instar a los municipios a adaptarse y generar conciencia en la población.

El nuevo decreto, ahora en elaboración, modifica las reglas sobre qué hacer en áreas no construidas y también con lo ya edificado, ya que décadas de urbanismo descontrolado han agravado los efectos de riadas como las vividas en Valencia y Albacete hace dos años. “Endurece el régimen de construcción”, resumen fuentes del Ministerio de Transición Ecológica.

El Gobierno calcula que unos 2,7 millones de personas viven en zonas de peligro de inundación de las que 700.000 lo hacen en áreas de alto riesgo. Es un desastre natural que, en promedio, se ha cobrado entre 20 y 25 vidas anuales. Y el Consorcio de Compensación de Seguros ha abonado más de 12.000 millones de euros en indemnizaciones por inundaciones entre 1987 y 2024.

Con este decreto, las reglas serán diferentes según el suelo esté encima de una zona de flujo preferente o en zona inundable ordinaria. También es distinto si el terreno es rural o urbanizado.

En las zonas denominadas de flujo preferente —las de mayor riesgo cuando se produce una riada— el decreto prevé que si se trata de suelo rural, no pueda transformarse ya nunca en suelo urbanizable a menos que sea para crear protecciones frente a las avenidas.

En caso de que sea suelo ya urbanizado no se permitirán nuevos usos residenciales, es decir, promociones de viviendas, además de impedirse la construcción de garajes, sótano o cualquier dependencia bajo la rasante.

El resto de zonas inundables, en el suelo rural tampoco estarán permitidas nuevas viviendas o infraestructuras y en la parte ya urbanizada las nuevas casas tendrán que estar construidas de manera que estén un metro por encima de la cota de inundación cuya probabilidad sea de un 0,2% en un año. “No se admiten garajes subterráneos, sótanos y cualquier edificación bajo rasante”, repite.

Sobre las viviendas u otras construcciones ya levantadas, el decreto pretende que se adapten a la nueva situación de peligro de avenida. Elementos “sencillos” como barreras o válvulas antiretorno en los inodoros (para que el agua no acceda a la vivienda por esa vía, la más habitual) pueden defender estas construcciones, señalan en Transición Ecológica.

Los ayuntamientos tendrán cinco años para adaptar su planeamiento urbanístico a las nuevas normas. “Es un tiempo razonable”, apostillan en el Ejecutivo. Si no se actualizan, “las demarcaciones hidrográficas informarán negativamente sobre cualquier actuación”.

“Prevemos que el decreto sea aprobado definitivamente en Consejo de Ministros en esta legislatura”, afirman desde el Ministerio justo cuando se inicia el periodo de información pública, previo al dictamen del Consejo de Estado y más adelante del visto bueno el Gobierno. “En torno a un año”, han resumido las mismas fuentes.

La norma va a recoger que los dueños de inmuebles en zonas inundables tengan la obligación de informar a posibles compradores de cuáles son las características de ese inmueble. “Para que puedan tomarse decisiones plenamente informadas”, aclaran en el Ministerio. La idea es que una casa, una nave, unos pisos situados en áreas peligrosas tienen un valor, un precio, diferente si los potenciales compradores conocen esa situación de riesgo.

Más medidas

El decreto no se limita a la parte urbanística. Otro de los aspectos que recogerá es que los municipios hagan un plan, no de protección civil, que ya deben estar redactados, sino de adaptación al riesgo. “No se trata solo de evacuar a la población, sino una organización previa para que los edificios estén mejor preparados”, explican fuentes de Transición Ecológica.

En este sentido, los Ayuntamientos tendrían que tener preparadas ordenanzas para cuando los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología hagan prever avenidas. “Que se puedan cerrar colegios o centros comerciales o que estos edificios públicos deban disponer de barreras temporales”.

Una de las medidas que llama la atención es la posibilidad de lo que en el Ministerio han llamado “pagos por servicios ambientales”. Se trata de que los dueños de terrenos privados —sobre todo agrícolas— puedan recibir una indemnización porque esos terrenos hagan las veces de freno de las avenidas, que laminen el agua para que pierda velocidad y esa agua no produzca una riada violenta. “No hace falta expropiar, basta con pagar ese servicio”, rematan.

España llega a la canícula —el periodo más cálido del año— soportando un calor extremo, de hecho, hasta este momento se trata del verano con más temperatura desde que hay registros. La media de 24,5ºC está 3,3 grados por encima del promedio habitual, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Esta época del año es calurosa, pero las mediciones de la Agencia reflejan un nivel severo de calor que rebasa por casi medio grado el anterior récord para el periodo 1 de junio a 15 de julio que se marcó en 2024. Es la tendencia constatada por las mediciones y consecuencia del cambio climático como han corroborado los análisis científicos.

En esta primera mitad de la estación, se han registrado ya dos olas de calor —una a finales de junio y otra al comenzar julio— además de un aviso rojo por peligro extremo activo este miércoles para la provincia de Zaragoza y Valencia. España soporta un calor intenso que no se va.

Con el calor extremo se han multiplicado los fallecimientos relacionados con las altas temperaturas: en los primeros nueve días de julio se registraron 662 muertes atribuibles a este fenómeno.

Además, al producirse las olas de calor se ha generado una secuencia casi continuada de incendios forestales debido a las condiciones meteorológicas muy propensas a propagar el fuego una vez iniciado. Entre los siniestros de esta temporada está el incendio de Los Gallardos (Almería) donde fallecieron 12 personas.

España es un país con muchísima interfaz urbano-forestal. Esto quiere decir que hay muchas viviendas en contacto íntimo con el monte lo que las convierte —a ellas y sus habitantes— en muy vulnerables a las llamas de los incendios forestales.

Un territorio con estas características y especialmente expuesto a los incendios agravados por el cambio climático necesita gestionar este riesgo aumentado. “Todos tenemos que corresponsabilizarnos y los que viven en la interfaz todavía más”, reflexiona la catedrática de la Universidad Politécnica de Catalunya y experta en riesgo e incendios, Elsa Pastor Ferrer.

El biólogo del Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (Creaf), Josep María Espelta, añade que “queda camino por recorrer y quizá una parte especialmente importante es la autoprotección: ser proactivo es un elemento clave sobre el que todavía no hemos encontrado una solución óptima”. Al hablar de ser proactivo se refiere –cuenta— “tanto a las medidas que adoptar en los terrenos y viviendas como a saber qué hacer frente a un incendio”.

No hay más remedio que entender esta situación porque ha venido para quedarse y somos nosotros los que tenemos que adaptarnos

Elsa Pastor Ferrer — Catedrática de la Universidad Politécnica de Catalunya y experta en riesgo e incendios

La superficie de esta interfaz en España no ha parado de crecer. Las investigaciones calcularon que, en 2000, sumaba algo más de un millón de hectáreas. Más adelante, al ampliarse el criterio de qué es interfaz urbano-forestal, los cálculos se han ido al 13% del territorio y, considerando como zona de contacto no solo las urbanizaciones periurbarnas, sino las construcciones más alejadas, la situación puede acercarse al 20%, dicen los expertos. Cuando se confirmen esas estimaciones, eso sumaría usos 10 millones de hectáreas.

“La interfaz ya implica a todo el territorio”, resume el biólogo del Creaf. “Como se ha visto con las construcciones diseminadas en Los Gallardos, ha desbordado la idea típica alrededor de zonas metropolitanas o urbanizaciones”.

Pastor Ferrer explica que podemos encontrarnos una interfaz “compacta como son las urbanizaciones alrededor de Madrid o Barcelona o en la costa” que hacen linde directa con el monte, otro tipo menos compacto de “zonas o comunidades urbanizadas en medio del monte con viviendas más diseminadas” y un tercer tipo de casas aún más desperdigadas o aisladas “muy separadas unas de otras como hemos visto con los cortijos de Los Gallardos”.

Impactos muy duros

“Cada una tiene sus propios retos y el peligro incrementa a medida que la interfaz es menos compacta porque el fuego puede propagarse más fácilmente lo que hace que el riesgo sea muy elevado”, apostilla la ingeniera.

El, hasta ahora, mapa de riesgo en la interfaz urbano-forestal marcaba como áreas de riesgo extremo las provincias de Girona y Madrid y de riesgo alto casi todo el litoral mediterráneo de Barcelona a Alicante. También Málaga. Sin embargo, ese mapa ha ido a peor. La catedrática de la UPC está ultimando un nuevo mapeo, pero “a menos no ha ido porque se ha construido más”.

En este sentido, la experta hace una analogía entre “las zonas inundables y las de alto riesgo de incendios forestal. Igual que no debe construirse en áreas donde pueda haber inundaciones, tampoco debería hacerse en zonas donde el fuego vaya a ser un peligro grande”. Para lo ya edificado “que es mucho” lo adecuado “sería acondicionarlas para que el impacto sea razonable, pero estamos observando impactos muy duros en áreas que deberían haberse preparado”.

El riesgo que representan los incendios en un contexto de condiciones explosivas como las que crea el cambio climático entraña un peligro como son las llamas, el humo o las pavesas, una exposición a ese peligro y un grado de vulnerabilidad. “Cada persona que vive en esas áreas tendría que pensar en cómo rebajar las variantes de ese riesgo”, cuenta Elsa Pastor.

Debemos cambiar la idea de mirar la prevención frente a los incendios como algo que viene de fuera y mirarlo desde dentro: qué podemos hacer

Josep María Espelta — Investigador del Creaf

Josep María Espelta recuerda que las fincas y zonas alrededor de las casas deben ser “franjas de protección contra incendios” donde no haya combustible “natural o artificial”.

La cuestión es que el paradigma de los incendios ha cambiado con la crisis del clima. El fuego ya no entiende de latitudes y las llamas surgen y se propagan en casi cualquier sitio. “No hay más remedio que entender esta situación porque ha venido para quedarse y somos nosotros los que tenemos que adaptarnos. Vivimos en un país que arde. Un país de incendios. Tenemos que aceptarlo y aprender todos”, reflexiona la investigadora.

“Debemos cambiar la idea de mirar la prevención frente a los incendios como algo que viene de fuera y mirarlo desde dentro: qué podemos hacer”, suma el biólogo Espelta.

La idea —insiste la catedrática— es que ha llegado el momento de que las personas que viven en esas casas lindantes con el monte “tienen que empezar a prepararse de forma más activa antes de que los bomberos actúen. Ser conscientes de cómo reducir la vulnerabilidad. Que los vecinos estén conectados y comunicados y, durante todo el año, tener preparadas las acciones”.

Un calor continuo ha ido secando el monte durante meses, al tiempo que las precipitaciones se detenían. Cuando, finalmente, han llegado las olas con temperaturas extremadamente altas, los incendios forestales han ido sucediéndose. De los siniestros simultáneos en Catalunya, a los fuegos de Huelva y Huesca, hasta el más mortífero que se recuerda en Andalucía, con 12 fallecidos y 23 personas sin localizar, en la provincia de Almería.

Los datos reflejan que, desde que el calor severo se instaló sobre la península ibérica en mayo, la superficie arrasada por el fuego ha pasado de 27.000 hectáreas a principios de ese mes, a unas 61.000, según el análisis a partir de las últimas imágenes por satélite del Sistema Europeo de Información Sobre Incendios Forestales (Effis), tomadas este mismo viernes. Un acelerón de 34.000 hectáreas que han ardido en 70 días en incendios avivados por las temperaturas extremas.

Como se aprecia en el siguiente gráfico, la superficie quemada a estas alturas del año está por encima del doble de la media de las últimas dos décadas: 61.000 hectáreas arrasadas, frente a un promedio de 25.000. A 10 de julio, solo habían ardido más bosques y montes en 2012, 2022 y 2023.

Detrás de esas cifras están las personas que, este jueves, han perdido la vida en Los Gallardos, los vecinos sin localizar en poblaciones muy dispersas y miles de evacuados —un millar de ellos solo en ese municipio— en esas comarcas almerienses.

“Nos hemos acostumbrado a hablar de récords de temperatura, de olas de calor y de incendios extremos, pero esto es una crisis en la que el cambio climático es una clave fundamental”, reflexiona la responsable de incendios en Greenpeace, Mónica Parrilla. Tras el siniestro en Almería, esta ingeniera forestal añade que “los fuegos han evolucionado de un problema ambiental y social a un problema de protección civil”.

Según los registros provisionales del Ministerio de Transición Ecológica —que van más retrasados—, al comenzar mayo, la superficie afectada por las llamas estaba un 30% por debajo de la media de la década para esa fecha. A 28 de junio, que es el último dato publicado, estaba ya un 18% por encima de ese promedio, con 43.000 frente a 36.000 hectáreas.

“En la región mediterránea, periodos pronunciadamente húmedos pueden generar una producción de biomasa por encima de la media, que lleve a tener más combustible cuando se dan otros secos, lo que resultará en incendios más extremos”, explica un análisis de las precondiciones para los incendios forestales del Instituto de Ciencia Climática y Atmosférica de Zúrich, que analizó todas las temporadas de fuego entre 2000 y 2023.

Dicho de otra manera: cuando las plantas han podido crecer mucho por las lluvias y un calor prolongado las va secando —quitando la humedad—, se crean las condiciones propicias para un fuego violento y rápido.

De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología ha estrenado este año un nuevo índice de peligro de incendio en el que, a las variables meteorológicas, le ha añadido información sobre el estado de la vegetación y la humedad del suelo.

El calor aumenta, el campo se seca

Si la ola repentina de incendios de 2025 tuvo entre sus detonantes la denominada sequía flash, este año la situación responde más al proceso habitual descrito en el trabajo de la institución suiza. El invierno en España fue, “en su conjunto, muy húmedo en cuanto a precipitaciones”, según lo calificó la Aemet. Llovió un 140% respecto a la media.

Sin embargo, a partir de entonces, se han ido encadenando semanas y semanas, básicamente, cada vez más cálidas y más secas, siguiendo el patrón que está imponiendo el cambio climático. La primavera meteorológica —marzo, abril y mayo– resultó muy cálida, la segunda más calurosa desde que hay registros. Se dio ya un episodio de temperaturas “inusualmente altas” con valores de verano. A eso se le añadió que fueron meses secos. Llovió un 25% menos que el promedio, según los datos de la Aemet.

Después llegó un mes de junio “extremadamente cálido”, el segundo más caluroso desde que hay registros, 3,2ºC por encima de lo normal y apenas llovió un 39% de lo que suele ser habitual en esta época del año. El día 21 de ese mes llegó la primera ola de calor de 2026.

Es urgente avanzar en autoprotección para que los municipios sean zonas seguras. Y, a corto plazo, invertir en prevención social, es decir, que la población sepa cómo actuar en caso de incendio

Lourdes Hernández — Experta en incendios de WWF

La cuestión es que el cambio climático está generando unas condiciones meteorológicas y del propio medio natural más propicias para que los incendios empeoren una vez que algo o alguien los enciende. En el caso del incendio de Almería, la única hipótesis que se baraja por el momento es que el fuego surgiera por la caída de un poste eléctrico. Eso sería la chispa que hace estallar la dinamita de un monte seco sometido a altas temperaturas.

A eso se le suma la expansión de la llamada interfaz urbano-forestal, en la que cada vez más viviendas se incrustan en el monte e incrementa la vulnerabilidad al fuego.

“En los incendios forestales hay un componente humano que es tan importante como lo meteorológico y el combustible”, aclara la catedrática y experta en ordenación del territorio Cristina Montiel. La investigadora subraya que “estamos en un momento complejo, porque el riesgo depende hoy aún más de la preparación, no solo del sistema de defensa, también de la sociedad”.

En este sentido, la experta en incendios de WWF, Lourdes Hernández, insiste en que “es urgente avanzar en autoprotección para que los municipios sean zonas seguras. Y, a corto plazo, invertir en prevención social, es decir, que la población sepa cómo actuar en caso de incendio”.

Mónica Parrilla aporta que “para evitar este desastre humano, ambiental, social y económico hay que reducir la siniestralidad, es decir, los incendios provocados por accidentes o negligencias, además de rebajar la vulnerabilidad del territorio por el que avanzan las llamas”. Y añade un tercer pilar: “Es imprescindible la planificación urbanística que tenga en cuenta el riesgo de incendio durante los últimos años”.

España no es un caso aislado. Tras la ola de calor “sin precedentes” en Europa, han llegado los incendios. Y con las llamas, la destrucción de miles de hectáreas, la evacuación de miles de personas y hasta la prohibición de espectadores en las cunetas del Tour de Francia —algo que solo había conseguido la pandemia de covid—.

La secuencia sigue una lógica sólida: el cambio climático, generado por los humanos, ha causado un calor extremo que, de otra manera, “habría sido virtualmente imposible”, según los científicos de la World Weather Attribution. En mayo, Europa experimentó “una inusualmente temprana e intensa ola de calor”. En junio, las temperaturas redoblaron su escalada. Ese calor no sale gratis y los incendios forestales son la siguiente etapa de esa progresión.

Al entrar en julio, las condiciones que se han generado en Portugal han hecho que los montes sean “un polvorín”, como ha explicado el primer ministro luso, Luis Neves. Allí, un incendio en el municipio de Vouzela —en el centro-norte— ha quemado unas 15.000 hectáreas. La columna de humo de la vegetación ardiendo era visible desde el espacio por los satélites Sentinel y se alargó más de 600 km sobre el Atlántico.

Al norte de España, este lunes 6 de julio de 2026 quedará como una fecha relevante en el calendario. La tercera etapa del Tour de Francia se disputó sin espectadores en las cunetas. Las autoridades francesas prohibieron a los aficionados acudir “cerca de la ruta o la línea de meta” por un incendio cercano. Hasta ahora, —aparte de razones de seguridad puntuales— solo la pandemia de covid había conseguido que la Grand Boucle se corriera sin público. Tampoco pudo circular la caravana publicitaria del Tour.

En Francia parece que está más clara la conciencia de lo que está ocurriendo: el encargado de los bomberos de los Pirineos-Orientales, Eric Belgioino, ha declarado que “el cambio climático está aquí; estamos viviendo sus consecuencias y eso que solo estamos al comienzo de julio”. También advirtió de que “esta temporada [de incendios] va a ser larga” y lanzó un mensaje a la población: “Necesitamos vuestra ayuda”.

Otros focos de fuego estos días han sido la isla croata de Hvar, la zona de Tale, en Albania, o Grecia donde las llamas de un incendio forestal alcanzaron un par de fábricas en la ciudad de Tesalónica. Las autoridades tuvieron que desalojar tres barrios y confinar a la población en otras zonas debido al humo tóxico. También en Grecia, el domingo pasado se declaró un incendio en el área ateniense de Mandra.

Portugal, España y Grecia son los tres países más castigados por los grandes incendios (GIF) relacionados con las condiciones meteorológicas derivadas de la crisis climática. Entre los tres acumulan el 57% de las cerca de ocho millones de hectáreas forestales abrasadas por los GIF entre 2000 y 2023, según los datos de Copernicus y el servicio EFFIS: 26% en Portugal, 19% en España y 12% en Grecia.

No son un problema solo de verano

La responsable de la campaña de incendios de Greenpeace, Mónica Parrilla, insiste en que “hay que abordar las causas que originan y propagan el fuego”, porque los incendios forestales “no son un problema puntual del verano, sino una crisis estructural agravada por el cambio climático, las olas de calor y el abandono del medio rural”.

La crisis climática es global, lo que quiere decir que, en realidad, no hay sitio donde escapar. Europa es el continente que más rápidamente se está recalentando por esta causa y vive periódicamente veranos con oleadas de súperincendios. En las dos últimas décadas, los satélites han detectado más de 4.000 grandes incendios forestales, los que queman, como mínimo, 500 hectáreas.

La temporada de fuego en el continente este año amenaza con ser “más larga y más destructiva”, según anunció la Comisión Europea a comienzos de junio. El peligro ha aumentado incesantemente en los últimos 50 años. De hecho, se ha doblado el territorio con riesgo alto de incendios.

En lo que va de año, en Europa, han ardido unas 118.000 hectáreas de montes en 962 incendios que han inyectado más de cinco millones de toneladas de CO₂ a la atmósfera —en un círculo vicioso que se retroalimenta con el efecto invernadero—. Esos datos están por debajo de 2025, que fue el peor año de los registros, pero están por encima de la media de la década.

Este reciente estudio sobre el índice de riesgo meteorológico de incendios (FWI) explica que “en la última década se ha constatado cómo el clima en Europa es cada vez más cálido, seco y propenso a los incendios forestales que nunca”. Y concluye que “nuevas áreas experimentan alto riesgo de incendios, como Europa central”, al tiempo que las zonas que ya soportaban peligro —como el sur del continente— tendrán que afrontar “condiciones aún más extremas”.

Mónica Parrilla considera que el nuevo contexto requiere recuperar la “sensibilización ciudadana”. En este sentido, recuerda “campañas como la mítica 'Todos contra el fuego' para reducir el número de incendios y, también, la convivencia con el fuego, porque el concepto de incendios cero no es real, pero lo que no puede ser es que un rayo ocasione daños como los de la Sierra de la Culebra 2022 o de Guardo en 2025”.

En una combinación casi infalible, las negligencias humanas cometidas durante una ola de calor como la que vive España estos días han resultado en una batería de incendios forestales de difícil extinción.

Las temperaturas extremadamente cálidas provocadas por el cambio climático —que asfixian a la población en los núcleos urbanos— comenzaron también a resecar el monte a finales de mayo, continuaron a finales de junio y se han reactivado a comienzos de julio. Un calor extremo que, en realidad, no se va e incrementa la inflamabilidad de la vegetación: las plantas resecas arden mucho más.

“No parecen causas naturales”, ha dicho este lunes la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, sobre el incendio de Soneja (Castellón), donde las llamas han penetrado en el parque natural sierra de Espadán. El Seprona investiga las causas.

En el incendio de Les Gavarres (Girona), que ha quemado más de 2.000 hectáreas, la principal hipótesis es el trabajo con una sierra radial —y las consiguientes chispas— en una carretera. “Todo apunta a unos trabajos mecánicos”, dijo el jefe regional de los agentes rurales, Jaume Bosch. Unas labores “sin permiso”, de acuerdo con la normativa antiincendios de Catalunya, añadió.

También en esta oleada de incendios de inicios de julio, el fuego que afecta al parque nacional de los Picos de Europa es sospechoso de ser intencionado.

En Aragón, las llamas que quemaron más de 2.000 hectáreas en Tamarite y Alcampell (Huesca) comenzaron por una chispa de maquinaria agrícola, según informó el delegado del Gobierno, Fernando Beltrán. El calor, la sequedad y el viento impulsaron luego el fuego.

La mano humana

Lo cierto es más del 90% de los incendios forestales en España son causados por los humanos ya sea adrede, por accidentes o una negligencia. El 70% de los siniestros investigados se atribuyen a la última categoría.

En este sentido, las normativas nacional y autonómicas regulan qué se puede y qué no se puede hacer cuando el nivel de riesgo de incendio es alto, muy alto o extremo. Hay labores que se prohíben, como la quema de restos vegetales o rastrojos, y otras que precisan condiciones especiales —como la siega de cereales de secano que debe hacerse en esta época del año—. De igual manera, los trabajos con maquinaria en infraestructuras requieren justificación y autorizaciones.

Así que las acciones humanas, que siempre han estado detrás de la mayoría de los focos del fuego, inciden ahora en un contexto en el que el cambio climático trae condiciones ambientales especialmente peligrosas: calor extremo, humedad muy baja y viento.

De hecho, adheridas a la ola de calor que se prolongará, al menos, hasta el próximo jueves, las condiciones meteorológicas van a hacer que el peligro de incendio en la Península y Baleares se agrave a lo largo de la semana con casi todo el territorio en máximos en esa jornada, según los mapas de predicción de la Agencia Estatal de Meteorología.

Fuego y cambio climático, unidos

Ya en 2007 podía leerse en el informe El futuro en llamas de la organización Greenpeace: “Los incendios forestales en España están variando. Uno de los fenómenos implicados en este hecho es el cambio climático global”. ¿A qué se refería? Precisamente, a que “es el responsable de la subida de las temperaturas, así como un aumento en la sequedad del suelo”. Y más calor “ocasiona una mayor desecación de la vegetación y, por tanto, un aumento de su inflamabilidad”.

Ante el cóctel que se ha generado, la experta en incendios forestales de WWF, Lourdes Hernández, reflexiona que “necesitamos un cambio de estrategia que vaya más allá de la extinción y aborde una gestión integral basada en la prevención”.

Esta organización ha calculado que, actualmente, se dedica el 78% de los recursos a la extinción de las llamas —entre 600 y 700 millones de euros al año, calculan— y alrededor de un 12% a la prevención, la gestión forestal y la adaptación del paisaje, que suman aproximadamente 180 millones de euros anuales.

Con la entrada de este episodio de calor extremo —consecuencia de la crisis climática generada por las emisiones de gases de las actividades humanas— se están sucediendo los siniestros. Hasta finales de junio, en España se habían carbonizado 43.000 hectáreas.

Ese volumen de destrucción a estas alturas del año está un 19% por encima de la media de la década y es el cuarto registro más alto desde 2016. Pero, en tiempo de crisis climática, la virulencia y devastación de unos pocos incendios concentrados en pocos días pueden multiplicar rápidamente la destrucción.

El año pasado, por ejemplo, a finales del mes de junio el número de hectáreas quemadas estaba en 17.500. Luego, en tan solo dos semanas de agosto, se calcinó el 90% de toda la superficie abrasada ese año. 47 de los 63 grandes incendios forestales de 2025 (los GIF) se produjeron en agosto.

WWF afirma en su reciente análisis sobre los incendios en España que “la simultaneidad de los GIF dificultan las evacuaciones y reduce la capacidad para controlar frentes al mismo tiempo lo que confirma los límites de un modelo obsoleto en el nuevo contexto climático”. Su experta Lourdes Hernández insiste en que es necesaria “la adaptación del territorio hacia mosaicos agroforestales, una planificación territorial preventiva y recursos suficientes para hacer frente a las emergencias”.

El calor extremo de finales de junio ha generado problemas, hasta hace poco, inimaginables en Europa: vías de tren inutilizables, carreteras rotas o centrales nucleares paralizadas porque no aguantan las altísimas temperaturas.

“Solo es un anticipo” de lo que el cambio climático le va a hacer, por ejemplo, al transporte, según ha explicado la Comisión Económica para Europa de la ONU en un informe publicado esta semana. La crisis del clima “someterá a carreteras, trenes, puertos, aeropuertos y vías navegables a fenómenos meteorológicos cada vez más extremos durante las próximas décadas”.

La Agencia Europea del Medio Ambiente analizó en 2024 que “Europa no está preparada para sus crecientes riesgos climáticos”. Las medidas de adaptación “no siguen el ritmo” que impone la emergencia, expuso. Junio de 2026 ha sido un ejemplo palpable.

Lo vivido durante las jornadas de calor severo parecía imposible hace pocos años. Un recordatorio de la aceleración de la crisis climática. Un escenario de infraestructuras fallidas: retrasos y cancelaciones de trenes. Autovías cortadas y carreteras literalmente derretidas. Las temperaturas extremas vuelven a partir de este fin de semana.

Los sistemas de transporte son vitales para el buen funcionamiento de nuestras sociedades y economías por lo que las interrupciones pueden tener consecuencias dramáticas para las comunidades y suponer enormes costes financieros

Tatiana Molcean — Secretaria ejecutiva de la Comisión Económica de Naciones Unidas

La National Rail (NR) británica, por ejemplo, detectó catenarias caídas, deformación de las vías y fuegos en los márgenes de su red. Tanto la NR como la operadora LNER pidieron a sus clientes que no viajaran en sus trenes si no era “estrictamente” necesario.

Al otro lado del canal de la Mancha, el director de los ferrocarriles franceses, Jean Castex, admitió que su red había sido “fuertemente impactada” por el calor: tuvieron que cancelar hasta 71 trenes intercity al día. En Bélgica y Austria rebajaron la velocidad de los convoyes y suspendieron unos 100 trayectos diarios. También la red de alta velocidad Eurostar ha cancelado trayectos y reducido la velocidad debido a las altas temperaturas.

El efecto quizá más llamativo ha sido la deformación de los raíles que, al soportar un calor excesivo se dilatan más de lo previsto sin espacio suficiente y, de esta manera, se comban. Pero las temperaturas extremas también han generado fallos en los sistemas eléctricos que alimentan los convoyes. Por no decir los fallos de los aires acondicionados en los vagones, según han descrito los diferentes operadores europeos.

Asfalto licuado

Una de las imágenes más descriptivas de la ola de calor de finales de junio ha sido la del tranvía de Leipzig (Alemania) inutilizado porque una masa oscura e informe invadía los raíles. El calor intenso derritió el asfalto que une los rieles a la calzada, lo que provocó que se suspendiera el sistema. Ese betún se licuó y se expandió por las ranuras de las vías y, al semisolidificarse de nuevo, bloqueó el paso de los convoyes. La empresa pidió ayuda a los ciudadanos para quitar ese material.

Aunque ha captado menos atención, la red de tranvías de la ciudad de Núremberg tuvo que cortarse por padecer el mismo fenómeno.

Además, en varias autopistas germanas, al dilatarse las losas de la carretera sin espacio suficiente terminaron por levantarse y obligar al cierre de tramos de estas vías principales. En las carreteras de Meurthe et Mosela, en Francia, se derritieron seis kilómetros de asfalto. En Gran Bretaña tuvieron que cubrir con arena o polvo de roca diversos tramos de carreteras porque las vías se habían reblandecido por el calor.

“Consecuencias dramáticas”

Los fallos en las infraestructuras de movilidad no son una anécdota. Suponen un revés económico y ciudadano de primer nivel. En este sentido, la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica de Naciones Unidas, Tatiana Molcean, ha explicado que “los sistemas de transporte son vitales para el buen funcionamiento de nuestras sociedades y economías, por lo que las interrupciones pueden tener consecuencias dramáticas para las comunidades y suponer enormes costes financieros”.

En su informe, describen cómo estas disrupciones disparan “efectos en cascada”, que no se limitan a retrasarse al acudir a una cita. Por ejemplo: en un episodio de calor extremo en el que se agudizan los problemas de salud y la necesidad de acudir a urgencias hospitalarias, una carretera inutilizada, precisamente, por ese calor, puede dificultar el acceso a centros sanitarios.

Los ingenieros de la Universidad Politécnica de Madrid, Emilio Ortega y Belén Martín Ramos, analizaron los efectos del cambio climático en las carreteras y ferrocarriles españoles en 2020. Entonces explicaron que “hasta la fecha, los estándares de construcción de carreteras y ferrocarriles tienden a basarse en condiciones climáticas promedio”. Justo lo que está alterando aceleradamente el calentamiento global, lo que “compromete” estas infraestructuras.

Su análisis concluyó que “el impacto del cambio climático en las infraestructuras analizadas, aunque presente, es relativamente bajo y no afectaría a trayectos críticos” aunque si subrayaron “un incremento importante de los costes de mantenimiento de las infraestructuras de transporte”.

Así que los responsables de carreteras y ferrocarriles no pueden aducir que lo que ha ocurrido les haya pillado por sorpresa. No es que no hubiera avisos tanto del peligro como de la falta de preparación que se arrastraba en la UE. La evaluación del riesgo climático de la Agencia Europea de Medio Ambiente de 2024 ya señalaba que la red de carreteras estaba climáticamente obsoleta porque “fue diseñada con los estándares del pasado”.

Respecto al calor severo, el asfalto aplicado en las vías de Europa central y del norte ha estado pensado durante décadas para paliar el efecto de las heladas. En cambio, el utilizado en España tiene añadidos para evitar que se deforme si no se alcanzan, sobre el asfalto, temperaturas superiores a los 70 °C.

Reactores parados

Al margen de los transportes, el pico de calor ha quebrado la capacidad de algunas centrales nucleares para generar electricidad justo cuando más necesidad estaban atravesando sus poblaciones. En la primera potencia europea en electricidad nuclear, Francia, un reactor tuvo que detenerse y otros redujeron su actividad porque el agua de los ríos que utilizan para refrigerarse estaba demasiado caliente y, al salir de la planta, rebasaba la temperatura legal permitida.

Lo mismo ocurrió en la central de Paks, en Hungría, lo que ha hecho que el Gobierno, para poder atender a la demanda creciente de electricidad —con la que alimentar aparatos de aire acondicionado durante los días en los que los termómetros se han ido a 40 °C— decretara una excepción temporal sobre la temperatura máxima del agua de refrigeración: podrán utilizar excepcionalmente líquido más cálido.

El agua del Danubio en la planta húngara llegó a alcanzar los 30 ºC al salir de nuevo al río. La operadora ya ha dicho que, aun con estas excepciones, tendrá que reducir su producción en 40 megavatios más.

Las aguas del mar nunca han estado tan calientes en junio. El 21 de ese mes, la superficie marina tocó, de manera global, los 20,86ºC, según los servicios de Cambio Climático y de Vigilancia Marina de Copernicus, dos equipos de control independientes. La cifra supone un nuevo récord y podría indicar el camino hacia un terreno inexplorado.

Ese día se superó el anterior pico de temperatura, de 20,83 ºC, que se había establecido en 2023 y que se repitió en 2024. “Se prevé que este récord tenga consecuencias tanto para los patrones meteorológicos como para el clima global y los ecosistemas marinos”, recuerdan los científicos.

“Este nivel de calentamiento sin precedentes del océano extrapolar global para esta época del año, refleja tanto el cambio climático como el inicio de un fenómeno de El Niño”, explican sendos servicios de vigilancia.

El director del servicio de Cambio Climático de Copernicus, Carlo Buontempo, advierte de que esta situación tan cálida en los mares “podría indicar el inicio de una nueva fase que nos lleve a territorio inexplorado”.

Se da la circunstancia de que, este año, se está desarrollando el fenómeno natural de El Niño: una acumulación de agua cálida en el océano Pacífico ecuatorial que influye en los patrones de lluvias y sequías en buena parte del planeta, lo que incrementa el peligro de fenómenos extremos, según ha recordado la Organizacion Meteorológica Mundial. “El Niño va a verter más gasolina al fuego del cambio climático”, ha dicho el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.

“Un océano más cálido tiene repercusiones de gran alcance”, resume el aviso de Copernicus. Cuando el agua del mar está tan caliente, aumenta la evaporación al tiempo que la atmósfera se mantiene cálida durante más tiempo. Todo eso se traduce en más energía a disposición de las tormentas. Esta combinación aumenta el riesgo de que, al darse las condiciones necesarias para ellas, las precipitaciones sean más extremas y eleven las posibilidades de inundaciones.

Además, un océano con más temperatura aumenta el nivel del mar, que va subiendo por las zonas costeras, y contribuye a que se funda el hielo marino. Con esas aguas, los ecosistemas quedan alterados: las especies que necesitan aguas más frías deben emigrar o desaparecer y las variedades de los trópicos se expanden.

El investigador del Instituto Español de Oceanografía del CSIC, Carlos García-Soto, explica que “impactos como olas de calor marinas, sequías, inundaciones, incendios o pérdidas agrícolas, que tradicionalmente tendían a distribuirse de forma más escalonada en el tiempo y entre regiones, pueden producirse de manera cada vez más simultánea”. En una valoración para el Science Media Center de España, el científico reitera que esta situación “aumenta la presión sobre los ecosistemas y sobre la capacidad de respuesta de nuestras sociedades”.

Con estos datos en la mano y la previsión de que El Niño de este año sea de alta intensidad, Copernicus avanza que es probable que las temperaturas globales alcancen nuevos récords en los próximos meses, tanto en el océano como en la atmósfera superficial.

El alivio ha sido efímero. Cuando el calor extremo apenas ha abandonado la península ibérica —y penetra en Europa del este—, otro pico de temperaturas “por encima de lo normal” acecha España, ha advertido la AEMET. De oeste a este, Europa es el continente que más se está recalentando debido al cambio climático provocado por los humanos: si el planeta ha acumulado 1,4 °C extra desde el año 1900, Europa va por los 2,5 °C, según el servicio de vigilancia de la UE, Copernicus.

La última ola de calor no se ha extinguido, sino que se ha desplazado hacia países como Hungría, Polonia, Rumanía, República Checa o los Balcanes. En Budapest se alcanzan los 40 ºC mientras la demanda de electricidad para los aires acondicionados ha generado apagones. En Eslovaquia han superado su récord de temperatura al llegar a los 40,5 °C. Las autoridades de varios de estos países piden a la población que se quede en casa durante las horas más cálidas del día.

La Agencia Estatal de Meteorología ya ha avisado de que los termómetros van a dispararse más allá de lo propio para esta época del año y que rebasarán los 40 °C. Las mínimas no caerán por debajo de los 20 °C, provocando noches tropicales. España, Francia, Alemania, Hungría... En realidad es Europa la que “se recalienta más aceleradamente. El doble que la media planetaria”, informa Copernicus.

Las razones de que Europa acumule calor más rápidamente hay que buscarlas en una combinación de situación geográfica, alteración de los patrones meteorológicos por el cambio climático y pérdida del manto de nieve, al tiempo que el aire más limpio deja pasar más radiación solar.

En los últimos 30 años, los europeos han visto cómo la temperatura media ha subido unos 0,56 ºC cada década. Si bien la zona de la Tierra que más calor acumula es el Ártico —0,75 ºC cada diez años—, ningún otro continente, ni Australasia, ni Asia ni América, pueden compararse en ritmo de subida de temperaturas globales.

Y el calor extremo no se limita a un registro en los mercurios, sino que se traduce en peores condiciones de vida y riesgo para la salud.

Solo en 2025, el 41% de Europa tuvo que soportar más días de estrés térmico severo que la media histórica, según los datos del Índice de Confort Térmico de Copernicus. Ese umbral está trazado en una sensación térmica —que combina temperatura, humedad, viento y radiación solar— de 32 ºC. En España hubo más de 50 días extras de estrés severo. Aquí también se experimentaron más jornadas que la media de estrés muy severo, es decir, cuando la sensación llega a los 38 ºC. En el sur de España y Portugal se llegó a superar el umbral del estrés extremo, situado en una sensación térmica de 46 ºC.

En el caso de las temperaturas mínimas, el mismo índice muestra que, el año pasado, “la península ibérica y las áreas costeras del Mediterráneo registraron hasta 30 noches tropicales más que el promedio”, subraya el servicio de monitoreo europeo. Las noches tropicales son aquellas en las que el termómetro no baja de 20 ºC. Una situación muchas veces superada en España, donde se habla ya de noches tórridas (+25 ºC) e infernales (+30 ºC).

Así que el calor extremo ha hecho presa en los países europeos con un precio en muertes atribuibles de unos 60.000 fallecimientos anuales, según la Unión Europea. Un calor extraordinario que los científicos atribuyen recurrentemente al cambio climático inducido por las actividades humanas a base de inyectar gases de efecto invernadero en la atmósfera. ¿Cómo? Principalmente mediante la quema de combustibles fósiles: carbón, petróleo y gas.

Los motivos

“Los cambios en la circulación atmosférica han favorecido que haya más olas de calor en Europa y más intensas”, indican los analistas. Lo que explican los científicos es que, al debilitarse la corriente en chorro —los vientos en el hemisferio norte que circundan el planeta— y crearse ondas grandes, se generan cúpulas cálidas bloqueadas y terminan por bombear aire más caliente y seco africano hacia el continente.

Además, a medida que las temperaturas globales han ido escalando, los glaciares y la cobertura de nieve en Europa se han derretido. Entre marzo de 1982 y 2009, la masa de nieve en el hemisferio norte disminuyó un 7%. El manto que aguantaba en el mes de junio cayó un 50% para 2012. Circunscrito a Europa “ha disminuido aún más, pero con una gran variación interanual”, indica la UE. Las nevadas en los Alpes son un tercio menos que hace un siglo.

Sin esa capa blanca encima del terreno se pierde el efecto albedo: el blanco rebota la radiación solar, mientras que lo oscuro la absorbe. Eso significa más calor acumulado.

Y ese mismo fenómeno de la eliminación del albedo es uno de los motivos que provocan que el Ártico se funda a toda velocidad y, como parte de Europa se extiende por esas latitudes, el continente se ve afectado por la zona del planeta con un incremento de temperaturas más acusado.

El último elemento que mencionan los investigadores sobre el incremento rápido de calor en Europa es la reducción de ciertos contaminantes en el aire: “La normativa de calidad de aire ha reducido la concentración de aerosoles que rebajan la cantidad de radiación solar que llegar a la superficie”. También la cobertura de nubes disminuye a medida que la contaminación desciende. Así que el aire más limpio deja pasar más radiación, es decir, más calor.

Mientras el Mundial de fútbol avanzaba, la atención se ha centrado básicamente en las alineaciones, los goles y los resultados. Quién se clasificaba y quién caía eliminado. Pero, a medida que se ha desarrollado la competición, los efectos del cambio climático que sobrevuelan este evento deportivo global se han dejado sentir en forma de peligro para la salud de jugadores y aficionados.

Durante la fase de grupos que terminó el fin de semana, se han disputado encuentros en condiciones extremas. Se han retrasado partidos por riesgos meteorológicos y cientos de aficionados han necesitado asistencia médica por el calor severo, según ha analizado ONU-Clima.

En España, el pasado 21 de junio, tuvo que suspenderse la emisión pública y al aire libre de un partido de la selección española prevista en la icónica plaza de Colón de Madrid por las altas temperaturas generadas por una ola de calor. Una derivada, menor y a miles de kilómetros, de cómo el cambio climático está distorsionando esta Copa del Mundo.

La ONU ha hecho un análisis de los eventos meteorológicos extremos provocados por el calentamiento global que están impactando en un evento tan masivo como el Mundial de fútbol. De momento, durante la fase de liguillas, dos partidos —el Uruguay-Arabia Saudí disputado en Miami y el Suecia-Túnez en Monterrey —soportaron un calor más allá del que el sindicato de futbolistas FIFPRO considera umbral para suspender: 28ºC de bulbo húmedo —un indicador que tiene en cuenta la humedad—.

Además, otros cuatro encuentros se salvaron porque los estadios tenían aire acondicionado —con su consecuente gasto energético—. 25 partidos se han jugado en días en los que había peligro de valores altos de temperatura de globo y bulbo húmedos.

La misma ONU ha aclarado que “no se trata de tiempo caluroso, sino que el calor, la humedad, la radiación solar y el viento combinados conllevan un gran estrés para los deportistas y fans”.  La propia final que se jugará en Nueva Jersey (al lado de Nueva York), dos cuartos de final y el partido por el tercer y cuarto puesto son partidos “en riesgo de superar el umbral de calor”, recuerda la organización.  

El experto en calor de la Universidad de Sydney, Ollie Jay, explica que, en condiciones atmosféricas como esas, “el cuerpo puede acumular calor, lo que incrementa la temperatura, y cuando nos damos cuenta puede incluso ser demasiado tarde”. Jay añade que “si, además, hay mucha humedad, se hace más difícil activar el único mecanismo que el cuerpo humano tiene para refrigerarse: crear sudor y evaporarlo”.

El seleccionador inglés, Thomas Tuchel, ha admitido que este calor “es un obstáculo” y que han necesitado especialistas en estrategias de refrigeración para que los jugadores se adaptaran a esas condiciones.

Ahora que han comenzado los partidos eliminatorios el riesgo crece porque, como ha subrayado el investigador en psicología y salud del deporte, Michael Tipton, “en los encuentros definitivos los jugadores son más propensos a forzar los límites”.

Primer retraso en medio siglo

El 22 de junio de 2026 es una fecha con significado climático. Se certificó el primer retraso de un partido de la Copa del Mundo de fútbol desde 1974 debido a causas meteorológicas. El Francia-Irak se pospuso durante dos horas debido a las lluvias torrenciales y el peligro del aparato eléctrico relacionado.

Precisamente el incremento de intensidad de las precipitaciones es uno de los efectos constatados del cambio climático: el calentamiento global evapora agua, carga la atmósfera de humedad y así se ceban eventos meteorológicos extremos.

ONU-Clima informa de que los episodios de lluvias torrenciales en el noreste de Estados Unidos han crecido un 60% desde 1958, “el mayor incremento regional de todo el país”, según los datos del propio gobierno estadounidense.

Precisamente, las tasas de precipitación por horas en Pennsylvania —donde se jugó ese partido– han subido un 28% en los últimos 50 años.

Los aficionados

Aunque en una competición como esta los jugadores son el centro de atención, y de hecho se ha suscitado una gran polémica por las llamadas pausas de hidratación (que en realidad son pausas publicitarias para recaudar más) en estadios a 22 grados por el aire acondicionado, los aficionados también están soportando el calor extremo. Ellos están mucho tiempo expuestos al calor extremo que se soporta al aire libre, haciendo colas, en las zonas de aficionados, yendo hacia los estadios o de regreso.

Solo en el partido inaugural, el 11 de junio, más de cien personas tuvieron que ser atendidas en la fanzone de la ciudad de Houston. Cuatro de ellas necesitaron hospitalización por un golpe de calor.

Toronto, otras de las ciudades sede del Mundial, vio cancelada la emisión pública de un partido de la selección de Canadá, en esta ocasión, por el riesgo de tormenta torrencial, lo mismo que pasó en Houston después del episodio de los golpes de calor. El mismo evento en Atlanta tuvo que ser recortado por las alertas.

El secretario ejecutivo de ONU-Clima, Simon Stiell, ha insistido en que el impacto del cambio climático en el Mundial es un aviso en toda regla y, al mismo tiempo, una oportunidad para impulsar la acción climática. Stiell ha resumido que “si las personas que aman el fútbol alzan la voz para protegerlo de los impactos climáticos, como este calor extremo, esto supondría un punto de inflexión”.

Del veto total a una restricción descafeinada. Europa ha aprobado finalmente vetar el uso de munición de caza de plomo para evitar el vertido de 14.000 toneladas anuales de metal tóxico a la naturaleza. Pero, en el proceso, se ha sacado de la norma las balas usadas para caza mayor y se ha prolongado en varios años la moratoria para que los cazadores se acostumbren a la nueva normativa.

Más de tres años después de que la Agencia de Productos Químicos (ECHA) recomendara prohibir este material por seguridad, los países han votado a favor de la última propuesta de la Comisión Europea que salvaba la munición de más calibre y otorgaba una prórroga de cinco años (en lugar de tres) durante la que podrán seguir usándose cartuchos con perdigones de plomo. Un grupo de más de 140 científicos había contrapuesto que “los riesgos” que implica el plomo justificaba aprobar la normativa “sin moratorias ni excepciones”.

Sin embargo, las presiones del sector cinegético y de un grupo de estados de la Unión han terminado por derivar en una restricción más aguada. España, finalmente, ha votado a favor de esta versión, según confirman fuentes del Ministerio de Transición Ecológica: “Responde a nuestra voluntad de compatibilizar los objetivos ambientales con la realidad de los sectores implicados, evitando efectos no deseados que puedan dificultar la aceptación y la eficacia de las medidas”.

En el seno del Ejecutivo han convivido dos posturas: por un lado, el Ministerio de Agricultura ha sostenido alargar la vida de la munición de plomo, y por el otro, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, explicó en Bruselas que “la protección del medio ambiente no debe ralentizarse”. En Transición Ecológica afirman que hubieran “preferido una propuesta más ambiciosa, pero bloquear el acuerdo supondría renunciar a avances concretos en la reducción de la liberación de plomo en la naturaleza”.

Con todo, los cazadores, aunque parcialmente satisfechos cuando se introdujeron las modificaciones, han tratado de abortar cualquier prohibición hasta el final. Esta misma semana, cuando debía tomarse la decisión, la Federación Española de Caza exigía al Gobierno “que frene la prohibición del plomo”. En su postura insisten en que no hay “aval científico ni alternativa” al metal tóxico que termina abandonado en los ecosistemas e ingerido por la fauna.

En este esfuerzo, el sector cinegético ha rescatado estos días una orden ministerial de Estados Unidos para comparar la gestión de la administración de Donald Trump con la de la Unión Europea. Han alabado la orden 3447 —en realidad se redactó en enero pasado– diseñada para “la expansión de la caza y la pesca eliminando barreras innecesarias”, según informó la secretaría del Interior estadounidense.

Esta orden específica impide la restricción de la munición de plomo en zonas federales de protección natural, a menos que haya “una evidencia específica para cada lugar y cada especie de que el plomo produce un impacto directo en las poblaciones”. Es decir, exige un estudio particular para cada área y cada especie en esa área. En la práctica, hace imposible impedir la munición de plomo.

¿De verdad no hay alternativa?

Los argumentos de los cazadores se basan en que no existe una evidencia de los daños provocados por el tóxico plomo —a pesar del dictamen de la Agencia Europea de Productos Químicos— y que, si no pueden disparar plomo, no pueden disparar otra cosa. De hecho, la Federación de Caza hace mención a una encuesta encargada por la Federación Europea de Tiro Deportivo que indicaba que “uno de cada cuatro cazadores dejará de cazar si la prohibición del plomo se hace realidad”.

Sin embargo, la asociación europea Birdlife —que sostiene la necesidad de impedir el vertido venenoso de plomo en los ecosistemas— califica esto como “mito”. Y añade: “La munición no de plomo ya está disponible y se usa cada vez más. Alternativas como el acero y el cobre están en el mercado y algunos países como Dinamarca ya han abandonado exitosamente el plomo”.

Sobre la queja de que esas alternativas son demasiado caras —“se pone en riesgo los cotos de caza social”, dicen los cazadores—, la Agencia de Productos Químicos estimó que estas nuevas municiones podrían suponer un gasto extra de 30 euros al año para los cartuchos y 10 euros al año para el uso de balas. Para poder ponderar ese incremento, cada cazador se gasta en su actividad un promedio de 2.400 euros anuales, según ha calculado la Federación Europea de Cazadores. Con esos datos, el precio de no envenenar supondría una subida del 1,25% y 0,4% respectivamente.

Las temperaturas alcanzadas durante esta ola de calor en España y Europa “habrían sido prácticamente imposibles” en esta época del año sin el efecto del cambio climático, según la evaluación rápida de los científicos de la World Weather Attribution.

En los últimos días, más de 90 millones de europeos han soportado temperaturas por encima de los 35ºC y unos 350 millones, de más de 30ºC. El calor extremo ha golpeado a España, Francia, Gran Bretaña, Alemania y todavía se extenderá hacia el este del continente durante las próximas jornadas.

El análisis de la WWA revela que el 45% de las 854 ciudades de, al menos, 50.000 habitantes evaluadas ha alcanzado durante este episodio sus récords de estrés térmico: la mezcla de temperaturas y humedad que condiciona la capacidad del cuerpo para refrigerarse mediante la transpiración. En España, esos máximos se han concentrado en la cornisa cantábrica, donde han enfrentado jornadas con 40ºC, una situación altamente anómala para la que ni la población ni las ciudades están preparadas.

Las emisiones fósiles son directamente responsables de los trastornos que la población está padeciendo esta semana en sus casas, escuelas o lugares de trabajo

Theodore Keeping, — Investigador sobre meteorología extrema del Imperial College de Londres

Lo que detallan estos científicos es que este nivel de calor y humedad era impensable hace solo 50 años y que “hay que culpar inequívocamente al cambio climático”. Es decir: “Lo imposible se ha vuelto ahora posible”.

El investigador sobre meteorología extrema del Imperial College de Londres, Theodore Keeping, recuerda que “el conocimiento científico sobre cómo el cambio climático está empeorando las olas de calor está muy asentado: las emisiones fósiles son directamente responsables de los trastornos que la población está padeciendo esta semana en sus casas, escuelas o lugares de trabajo”.

Keeping avisa además de que “la velocidad del cambio es asombrosa. Cada pocos años estamos viendo como los récords en Europa saltan por los aires”. Mientras, su compañera en la misma institución, Friederike Otto, insiste en que “los científicos sonamos como un disco rayado, pero somos nosotros, los humanos, los culpables de la situación debido al cambio climático, no se trata de fenómenos como El Niño”.

De hecho, el informe incluye una conclusión : “El análisis revela que la oscilación de El Niño no ha tenido ninguna influencia en este aumento de la temperatura”.

Muertes por calor

Lo que sí subraya este equipo es que es el cambio climático ha hecho que las sofocantes temperaturas nocturnas que se han medido estos días sean ahora “cien veces más probables que hace justo 23 años, durante la letal ola de calor europea de 2003”. Sobre las máximas diurnas, los analistas consideran que ahora “son diez veces más probables que en aquel momento”.

La ola de calor extremo que azota Europa lleva claramente la huella del cambio climático. Mientras la humanidad no deje de quemar cantidades colosales de carbón, petróleo y gas, las olas de calor extremas no dejarán de agravarse

Simon Stiell — Responsable de cambio climático en la ONU

El pico térmico en el continente ha dejado un rastro de fallecimientos. El Ministerio de Sanidad ha calculado que hasta 212 muertes son atribuibles al calor extremo medido entre el domingo y el miércoles. En Francia, 48 personas fallecieron ahogadas al bañarse para intentar rebajar la temperatura.

A la luz de estos datos, la responsable del Centro Climático de la Cruz y Media Luna Rojas, Carolina Pereira, subraya que “la gente en Europa es ahora mucho más consciente del riesgo por calor al que se enfrenta, pero la conciencia por sí sola no es suficiente. Muchas personas todavía viven y trabajan en sitios no diseñados para estas temperaturas”.

El responsable de cambio climático en la ONU, Simon Stiell, ha dejado claro este jueves que “la ola de calor extremo que azota Europa lleva claramente la huella del cambio climático”. Y ha insistido en que “mientras la humanidad no deje de quemar cantidades colosales de carbón, petróleo y gas, las olas de calor extremas no dejarán de agravarse”.

A rebufo del éxito de las manifestaciones contra el equipo Israel Protech por la matanza en Gaza durante la última Vuelta Ciclista a España, un grupo de ONG internacionales de Derechos Humanos ha pedido a la Unión Ciclista Internacional que vete a la formación UAE del inminente Tour de Francia, que comienza el 4 de julio en Barcelona. Señalan que el equipo es un vehículo de sportwashing para los Emiratos Árabes Unidos (EAU), estado denunciado ante la ONU por su presunta relación con el genocidio silenciado en Sudán.

El equipo UAE es el primer conjunto del ránking internacional y en sus filas pedalea el ciclista número uno, el esloveno Tadej Pogacar, favorito absoluto para ganar el Tour de Francia. También la mejor ciclista española, Paula Blasi. El conjunto fue creado para “representar a todos los Emiratos Árabes” y supone “un símbolo del éxito deportivo” de este estado, según publicita la propia estructura. “Está financiado y patrocinado por compañías estatales de los EAU”, aclaran estas organizaciones: las aerolíneas emiratíes o la rama de inversión de la Compañía de Petróleos de Abu Dhabi (XRG).

“Hay pruebas irrefutables de que el gobierno de Emiratos Árabes Unidos es el financiador principal de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAS) que están cometiendo un genocidio en Sudán en lo que la ONU ha llamado 'el mayor desplazamiento humano y la peor crisis humanitaria'”, argumentan estas organizaciones —entre las que están FairSquare o Bahrain Institute for Rights and Democracy— en una carta dirigida a la UCI.

Se refieren a la campaña de destrucción de las comunidades no árabes en la región sudanesa de Darfur llevadas a cabo por las FAS y en la que un informe de la ONU ha hallado “signos que apuntan al genocidio”.

Además de crímenes de guerra, la misión de la ONU en Sudán apuntó al posible asesinato de un grupo étnico protegido y la imposición de condiciones de vida calculadas para provocar la destrucción física del grupo, al completo o parcialmente.

El ejemplo de La Vuelta

El Tour de Francia de 2026 comienza en la ciudad de Barcelona y durante tres etapas discurrirá por carreteras españolas. El ciclismo ha servido recientemente de altavoz para denunciar casos de blanqueo mediante equipos deportivos. El año pasado, la Vuelta Ciclista a España se convirtió en el escenario de una ola de protestas contra la participación del equipo Israel Premier Tech porque la formación —que pertenecía a un multimillonario amigo de Benjamin Netanyahu— servía de blanqueo a un estado que estaba provocando un genocidio en la franja de Gaza.

Las manifestaciones en varias etapas en España crecieron hasta conseguir cortar la carrera en su última jornada de Madrid y generó una corriente de opinión a favor del pueblo palestino. El equipo Israel ha terminado por desaparecer como marca ciclista.

El texto de la carta contra el UAE afirma que “un informe de Human Rights Watch descubrió que un contratista privado colombiano ha sido desplegado en Sudán para luchar junto a las FAS con el aparente apoyo de EAU”. El gobierno emiratí ha negado esta relación, aunque “existen pruebas abundantes (…) sobre cómo EAU ha utilizado rutas a través de Chad, Libia, Etiopía y República Centroafricana para filtrar suministros incluyendo armas y combatientes del FAS”, insisten las ONG.

De hecho, el Gobierno sudanés ha presentado una demanda contra los emiratos ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) debido a supuestas violaciones por parte de este país de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.

El país africano sostiene que los EAU “son cómplices del genocidio de los masalit al dirigir y proporcionar un amplio apoyo financiero, político y militar a la milicia rebelde”. La solicitud de Sudán hace referencia a “genocidio, asesinato, robo de propiedades, violación, desplazamiento forzoso, allanamiento de morada, vandalismo de propiedades públicas y violación de los derechos humanos” que ha podido llevarse a cabo, afirma, gracias al “apoyo directo prestado” por los EAU, según consta en la denuncia sudanesa.

Con este panorama, las organizaciones pro Derechos Humanos consideran que las carreras de la UCI sirven de “medio prominente para la promoción internacional de los EAU. Las mejores competiciones ciclistas se han convertido en una plataforma pública que el estado emiratí está utilizando para proyectar una imagen positiva que contrasta con la violencia y la represión que caracteriza su poder”.

Código ético: cuidar la reputación del ciclismo

El código ético de la UCI recoge que la institución permanecerá políticamente “neutral”, pero siempre reconociendo su “responsabilidad a la hora de salvaguardar la integridad y la reputación del ciclismo en todo el mundo”.

En este sentido, la carta también habla de la necesidad de que la UCI revise las licencias que concede a los equipos porque el UAE no es el único grupo “financiado o promovido por gobiernos acusados de serias violaciones de los Derechos Humanos”. Sin ir más lejos, en el Tour va a participar el Bahrein Victorious, un estado que, según señala esta carta “desde 2011 ha reprimido a los disidentes, arrestado a los líderes de la oposición, disuelto los partidos políticos en su contra y acabado con la libertad de expresión”.

Baréin y Emiratos Árabes Unidos están calificados como países “no libres” según el índice de Freedom House. El primero ocupa el puesto 104 de 140 en el ránking de derechos de las mujeres de Amnistía Internacional y el segundo el 69 del listado del Foro Económico Mundial sobre brecha de género —el mejor de su área regional—.

El Gobierno de los Emiratos subraya que son el 15º país en el Índice de Desarrollo Humano de la ONU, aunque ese análisis mide el nivel de riqueza, educación y esperanza de vida.

La cúpula de gases inyectados por los humanos a la atmósfera atrapa la radiación del sol y el planeta se abrasa. Fue el 20 de mayo cuando la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) explicó que España padecía un calor fuera de lo común. Desde ese momento, las altas temperaturas han castigado casi sin descanso. Aquel calor inusual “de verano” en plena primavera duró hasta el 2 de junio. Para el 21 de este mes, se declaró una ola de calor que subía el nivel de severidad un punto más.

“Aunque relevante por lo temprano, estos eventos son consistentes con el rápido calentamiento y la creciente frecuencia e intensidad de las olas de calor en Europa, que es el continente que se recalienta más rápidamente”, explican en el servicio de vigilancia por satélite de la Unión Europea Copernicus. Es decir, a medida que el cambio climático avanza, “Europa se recalienta y las olas ocurren antes y más allá del verano”, como ha acreditado el panel internacional de expertos IPCC.

La cuestión es que la crisis del clima provocada por los humanos instala ya un calor extremo que llega pronto y no se marcha. En el caso de este último pico térmico, la Aemet ha avisado de que durará, al menos, hasta el miércoles, pero que el alivio será todavía con “temperaturas altas”. Tras un par de días más suaves, la previsión es que el calor vuelva a apretar.

“Este año, en mayo ya nos queríamos morir de calor”, recuerda la experta en adaptación al cambio climático de Greenpeace, María José Caballero. “Y, cuando las temperaturas extremas llegan de golpe, no da tiempo a que el cuerpo se acostumbre, por eso necesitamos la adaptación de las ciudades, porque si sales a la calle puede que no lo cuentes”, detalla.

En este sentido, los responsables de salud pública han explicado que la primera ola del verano suele ser la más lesiva por dos motivos: por un lado, el cuerpo no está adaptado; por otro, hay un grupo mayor de personas vulnerables susceptibles de ser afectadas. Según el sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria (MoMo), este mayo se han registrado 101 muertes atribuibles al calor, la mayor cifra en ese mes.

La subida de temperaturas que ahora toca techo es una constante progresiva y 2026 es prueba de ello. En realidad, toda la primavera de este año ha sido “extremadamente cálida”, según los datos de la Aemet: del marzo “normal” se pasó al abril más cálido nunca registrado y un final de mayo que hizo al mes “muy cálido”. La estación fue la segunda con mayor temperatura media medida en España.

El aviso de la India

Como la crisis climática es planetaria, existen ejemplos claros que alertan de lo que ocurre. Antes que en Europa, una ola de calor severa ha arrasado India en “un aviso para el futuro”, según ha analizado la investigadora sobre clima, sostenibilidad y geopolítica del Carnegie Endowment for International Peace, Kayly Ober.

Ahora en Europa, los termómetros están disparados en Alemania, Bulgaria, Gran Bretaña, Grecia o Italia. En Francia soportan una segunda ola de calor y en el país hablan de niveles parecidos a los de 2003 cuando se documentaron 15.000 fallecimientos. La noche del lunes al martes ha sido la más calurosa desde que tienen registros. Este episodio en el país galo ha impactado también en otra cuenta: desde el 18 de junio, han fallecido 40 personas ahogadas, que el primer ministro, Sébastien Lecornu, calificó como “las primeras víctimas de esta crisis”.

En la India, las temperaturas ya dejaron miles de muertos —las autoridades no han podido precisar la cifra, pero un reciente estudio de la Universidad de Berkeley ha calculado que una ola de calor de cinco días en India se asocia a 30.000 fallecimientos—. En el país asiático, en mayo y junio, se ha podido ver a la gente desplomándose mientras hacían fila para votar en unas elecciones en Bengala o un hombre que fallecía mientras subía a un autobús para asistir a una boda.

La polarización política que lo invade todo también afecta a algo que debería verse como política de salud pública porque el calor extremo no entiende de ideologías

María José Caballero — Experta en adaptación al cambio climático de Greenpeace

El escenario es generalizado y se ha convertido en la norma: “Las olas de calor sin precedente se convierten en rutinarias no solo en India, sino en todo el planeta”, ha concluido Kayly Ober. “Sería sabio que los gobiernos trabajaran en la mitigación y la adaptación al cambio climático”.

Alertas rojas

El calor extremo de junio de 2026 ha ocasionado que, en Euskadi, el Gobierno vasco haya lanzado esta semana una alerta roja porque los termómetros tocan los 40ºC. Es la quinta vez en toda su historia que toma esta medida y la primera durante un mes de junio. Todas las alertas rojas por calor registradas en Euskadi hasta ahora se han activado desde el año 2022.

De hecho, esta ola está golpeando especialmente al norte de la península ibérica. “Es donde más necesario resulta prepararse porque allí precisamente la población está menos acostumbrada”, explica María José Caballero.

Sin embargo, “aunque los ayuntamientos se van dando cuenta de que es necesario, hay pocas ciudades que lo tengan muy en cuenta”, detalla la portavoz ecologista. En la parte positiva destaca a “Barcelona, que es pionera”, y en la negativa “a Madrid, donde parece que no se quiere ver, que fuera algo en contra de su propia ideología”. Según su análisis: “La polarización política que lo invade todo también afecta a algo que debería verse como política de salud pública, porque el calor extremo no entiende de ideologías”.