Los cazadores han decidido, para influir a su favor en las regulaciones públicas, minar los trabajos científicos que no les cuadran. Y para ello están señalando reciente y públicamente a una de las investigadoras cuyas conclusiones científicas no les agradan.

La elegida es Beatriz Arroyo, la actual directora del Instituto de Investigación de Recursos Cinegéticos (IREC), un organismo cuya titularidad comparten el CSIC, la Universidad de Castilla-La Mancha y esa comunidad autónoma. El argumento principal para descalificar su labor investigadora es que la doctora en Biología participa en el comité científico asesor de la SEO/Birdlife.

El señalamiento comenzó el pasado 22 de abril en un portal de Internet llamado Cazaflix que titulaba: “Beatriz Arroyo, directora del IREC y vinculada a SEO/Birdlife: el nombre que se repite en los principales frentes contra la caza”. En ese texto se dice que estar en el comité científico de “una de las organizaciones ecologistas más activas contra las distintas prácticas cinegéticas” cuestiona su trabajo.

Este comité externo reúne a “ornitólogos de reconocido prestigio” y funciona para el “asesoramiento” de la SEO, explica la organización. Lo cierto es que Arroyo es miembro desde 2008 como informa públicamente el IREC. La bióloga sacó su plaza de investigadora en 2013. Y ejerce de directora desde 2023.

Percibo cierta frustración porque las recomendaciones científicas ahora no les favorecen, aunque otras sí lo hacen. Yo hago ciencia para una caza sostenible. Trabajo para que haya caza también dentro de 20 años, no con criterio cortoplacista

Beatriz Arroyo — Directora del Instituto de Investigación de Recursos Cinegéticos (IREC)

El 14 de mayo, la revista Jara y Sedal —propiedad del mismo grupo que el portal Cazaflix— publicó una noticia que decía: “Beatriz Arroyo firma un nuevo estudio que propone restringir la caza de perdiz con reclamo”. El propio texto reconoce que no se pide eliminar, sino acotar la actividad (crear un radio de seguridad de 600 metros) porque es un factor negativo para la cría de águila perdicera. Y también admite que la noticia no es la conclusión del estudio, sino que sea firmado por Arroyo, “después de que Cazaflix ya señalara su presencia en [otros] frentes”.

La publicación cazadora afirma que la novedad es que un estudio así podría servir de “base científica para restringir” este tipo de caza “con fuerte raíz cultural en España”. “No se trata de aprovechamiento cinegético —describe Jara y Sedal—, sino de una tradición transmitida durante generaciones”.

La tradición supone una modalidad que busca matar machos de perdiz durante su época de celo en enero y febrero y consiste en que el cazador coloca una jaula con un ejemplar masculino de perdiz en un claro a pocos metros de donde se oculta con el arma. Al escuchar el canto del reclamo, otros machos de perdiz acuden allí para defender su territorio. Una vez que el ejemplar silvestre llega a la jaula, el cazador le dispara desde su puesto.

Estas informaciones han servido de contenido para que directivos federativos de la caza arremetan contra Arroyo públicamente: el mismo 14 de mayo, el presidente de la Federación Andaluza de Caza, José María Mancheño, dijo que el IREC es “un ejemplo de estudios científicos orientados a perjudicar a la caza, sin más”.

Arroyo —que subraya que no quiere “entrar en polémicas que no son constructivas”— explica a elDiario.es que percibe en este señalamiento “cierta frustración porque las recomendaciones científicas ahora no les favorecen, aunque otras sí lo hacen. Yo hago ciencia para una caza sostenible. Trabajo para que haya caza también dentro de 20 años, no con criterio cortoplacista”.

En este sentido, en 2013, Arroyo firmó un paper en el que se señalaban varios beneficios que la gestión cinegética de cotos de venados deparaban a la abundancia de perdiz roja. En otros trabajos explicaba que ciertas prácticas de mantenimiento de cotos favorecían la vegetación y hábitats para especies cazables y no cazables.

En un artículo cofirmado por Miguel Delibes-Mateos y Beatriz Arroyo —que entonces ya era miembro del comité asesor de SEO/Birdlife— puede leerse: “La investigación sobre el impacto de la caza en la biodiversidad ha mostrado que esta actividad puede ser un fuerte impulsor de la biodiversidad”.

Piden la dimisión

Pero los cazadores están en desacuerdo con diversas decisiones políticas basadas en investigaciones recientes. El sector se opone a que se elimine la munición de plomo como ha recomendado la Agencia Europea de Elementos Químicos (ECHA) porque contamina con metal tóxico los ecosistemas. Se opusieron a la moratoria temporal de la caza de la tórtola, llevada a cabo por la Comisión Europea por el mal estado de la especie, pretenden recuperar la caza de pájaros cantores declarada contraria a la ley europea de aves y no quieren oír hablar de reducir la caza de codornices.

Así que, para las elecciones andaluzas, el sector cinegético elaboró una lista de peticiones que “asumen como propias aquellos partidos que apoyen y defiendan la caza”. Hablaban de retomar prácticas como la de los pájaros cantores (silvestrismo) y “defender” a los cazadores de “cualquier intento que persiga perjudicar, prohibir o restringir la caza”. Y remataban con colocar a “la ciencia como motor de decisiones”.

Una respuesta en X por parte de la cuenta oficial del IREC —en la que habló de “panfleto”— a esta propuesta de la federación de caza tras los ataques a la investigadora Arroyo ha servido para cargar contra el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page (PSOE), y pedir además al CSIC la dimisión de la directora del Instituto.

La científica, que también matiza que “todo se magnifica en las redes sociales”, resume que lo peor “es que insistan en que las recomendaciones se hacen sin base científica porque detrás de ellas hay mucha base científica, muchas horas de trabajo y un equipo internacional de expertos”.

Escarmiento público. Este jueves se ha celebrado el primer juicio en España contra unos activistas climáticos en el que se pide pena de prisión: 21 meses para nueve personas de los grupos Futuro Vegetal, XR y Rebelión Científica por un supuesto delito contra el patrimonio por verter agua con témpera roja sobre la fachada del Congreso de los Diputados el 30 de marzo de 2023.

El fiscal del caso ha admitido en la sala que el objetivo de solicitar cárcel –aunque luego pudieran no ingresar– es “prevenir que no se repita. Que no vuelvan a hacerlo porque, si no, se puede pagar una multa y ya está”. Los “daños” a los que se refiere la Fiscalía han supuesto una factura de 5.800 euros (con la mano de obra de los operarios incluida) que los acusados ya han consignado.

“El objetivo era llamar la atención sobre la crisis climática y los impactos sobre el planeta y la salud de las personas”, ha declarado una de las acusadas, Paula Martínez Hidalgo. Y “exigir” que se lleven a cabo las políticas “que indica la ciencia”.

Este juicio se incrusta en un proceso de presión creciente sobre los activistas climáticos en España a medida que sus acciones de protesta eran más disruptivas. Se pasó de la imagen de una adolescente Greta Thunberg en manifestaciones a jóvenes pegándose al marco de un cuadro, cortando el tráfico o arrojando pintura a fachadas.

Y esa presión policial, fiscal y judicial se ha traducido en un arco que ha mutado desde las multas a las peticiones de prisión e incluso a la imputación por parte de un juez del grupo Futuro Vegetal como organización criminal. Ese supuesto prevé cárcel de tres a ocho años.

La dinámica ha generado un efecto desaliento sobre el activismo climático, como han reconocido en diversas ocasiones los propios grupos ecologistas. Un activista con pena de prisión, aunque esté suspendida, arrastra un lastre que casi lo inhabilita para protestas más llamativas como la juzgada.

“El mismo grupo ya había actuado en el Congreso”, ha argumentado el Ministerio Público este jueves. Se refería a que la acción fue reivindicada a posteriori por los colectivos Futuro Vegetal y Rebelión Científica y lo relacionaba con una la protesta similar que tuvo lugar en abril de 2022.

Aquellos hechos siguen su propio proceso judicial con otras personas implicadas. La Fiscalía también ha pedido en ese caso 21 meses de cárcel. “Erre que erre, había que volver al Congreso”, ha descrito el fiscal para justificar el castigo. “5.000 euros es el resultado de la protesta”, remataba con el gesto de comillas al pronunciar la palabra “protesta”.

“No somos vándalos. Actuamos para prevenir un daño mayor porque los ecosistemas de los que dependemos están colapsando. No hablamos solo de un bien histórico, como el Congreso, sino de nuestro sustento vital”, ha recordado en el estrado otra de las acusadas, Belén Díaz.

Acción coordinada

La petición de pena de prisión es la misma para los nueve a pesar de que cinco de ellos no lanzaron ninguna pintura. Uno desplegó una pancarta en las escalinatas del edificio, otro se puso una bata de protesta, otra habló con un agente de Policía –a esta última, los policías le atribuyen una labor de “distracción”–. Con todo, la Fiscalía ha dibujado a todos como parte de un dispositivo organizado para causar los daños: “La policía lo ha dejado muy claro. Tenían de antemano repartidos los papeles”, ha dicho el fiscal.

En realidad, los agentes de la Policía Nacional que estuvieron en el Congreso ese día han aportado testimonios así:

– Abogado defensor: ¿Entonces hubo personas que no tiraron témpera?

– Policía nacional: Puede ser. Imagino que sí. No sé decirle.

– Acaba de decir que hubo gente que no lanzó...

– No le sé decir.

Otro agente ha resumido que “todas las personas allí estaban haciendo algo”. Con eso, el fiscal sostiene que la acción fue algo planificado y ejecutada entre todos y que todos merecen la pena de prisión.

Ese grupo operativo de acción organizada tiene entre sus miembros sentados en el banquillo un padre en paro, una madre con dos hijas y una hipoteca, un médico, una ambientóloga y una persona con incapacidad total reconocida, según se ha informado durante la vista judicial.

Los acusados han reiterado que su acto era un acto de protesta pacífica y sin violencia. “En el marco de emergencia climática reconocida en el que estamos, ¿es tolerable arrojar pintura al Congreso de los Diputados o nos hemos pasado?” Ha preguntado uno de los abogados defensores. “¿Se afectó a la seguridad ciudadana? No ¿Se molestó? Puede ser”, ha rematado.

Molestia o no, lo cierto es que los nueve activistas esperan ya una sentencia tras las acusaciones sustentadas, como se ha especificado en la vista, en la ley de Protección de la Seguridad Ciudadana de 2015, la ley mordaza.

De hecho, España es uno de los únicos tres países democráticos junto a EEUU y Alemania, que utilizan leyes contra el crimen organizado para reprimir activistas climáticos. Todo ello incrustado en un creciente esfuerzo global por “criminalizar las protestas climáticas y ambientales”, como detectó una investigación específica de la Universidad de Bristol.

“Los daños a los ecosistemas de los que vivimos son irreversibles” –ha reflexionado la ambientóloga Belén Díaz– no puede irse con una limpiadora karcher a repararlos. Simplemente no se puede. Entonces ¿qué podemos hacer?“, ha cerrado en su turno de última palabra antes de que la jueza decretase el visto para sentencia.

España vierte un 20% más de contaminantes de nitrógeno a sus aguas que en 2010. Solo Portugal y Dinamarca presentan unos datos similares en la Unión Europea. De hecho, al menos 13 estados miembro han reducido este tipo de polución derivada de la ganadería y la agricultura intensivas, según el último informe sobre vertidos industriales de la Agencia Europea del Medio Ambiente (EEA en inglés).

El análisis de la Agencia muestra que, en la Unión Europea, estos vertidos que provienen básicamente de los desechos del sector primario han caído un 16% en esos 14 años, mientras que en España han crecido un quinto.

Detrás de esta contaminación está en buena parte la sobrefertilización de los cultivos “íntimamente relacionada con la intensificación de la agricultura”, explica la ecóloga del Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF), Estela Romero. Los desechos ganaderos también contribuyen al problema.

La situación en España, aunque se han aplicado medidas, es regular porque sigue habiendo un notable exceso de nitrógeno que termina en el suelo, en el agua y los acuíferos

Estela Romero — Ecóloga del Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF)

“La situación en España, aunque se han aplicado medidas, es regular porque sigue habiendo un notable exceso de nitrógeno que termina en el suelo, en el agua y los acuíferos”, resume la investigadora a elDiario.es.

Sobrefertilizar es, en palabras llanas, echar más nutrientes de los que las plantas son capaces de absorber con el objetivo de obtener cosechas más copiosas. “Los cultivos son frecuentemente sobrefertilizados y sobrerregados para conseguir más rendimiento, lo que conlleva un alto riesgo de filtraciones”, según describe este análisis sobre la dinámica del nitrógeno en los cultivos del mediterráneo.

“Estamos pagando una política de apoyo al uso de nitratos porque la producción es la única manera de que a los agricultores les salgan las cuentas”, analiza el responsable del programa de aguas de WWF, Alberto Fernando Llop. “Como les pagan muy poco por kilo, tienen que producir mucha cantidad para compensar”.

En las cuencas de España y Turquía se constata una alta entrada de nitrógeno y fósforo para fertilización al tiempo que bajas tasas de exportación, es decir, salida de esos compuestos por el mar. Romero ha calculado que se aplican unos 3.500 kg de nitrógeno por km² al año y que el 75% de lo añadido queda retenido en suelos y aguas.

El nitrógeno que entra y no sale hacia el mar se queda en los ecosistemas ya sea acumulado en los suelos o infiltrado en los acuíferos (más una parte que se elimina). En zonas áridas o semiáridas (como el 75% del territorio español) donde hay menos escorrentía y mucha regulación hidrológica, es decir, muchos embalses, se retiene más nitrógeno.

De esta manera, los embalses actúan como “trampas de nutrientes”, explica la investigadora del CREAF. Y eso se ve en cuencas como la del Ebro, el Júcar o el Segura.

Más fertilizante no asegura más producción

Y lo peor es que esta sobrefertilización, en realidad, es muchas veces inútil desde el punto de vista agrícola. “En regiones con escasez de agua, los cultivos se saturan de nitrógeno rápidamente”, explica el estudio encabezado por el investigador del CEIGRAM de la Universidad Politécnica de Madrid, Luis Lasaletta. Y el exceso de este compuesto y los vertidos contaminantes “pueden ocurrir incluso con tasas de fertilización bajas”.

Esto rompe la idea de que a más fertilizante mejor cosecha. Hay un punto de saturación a partir del cual no se produce más, pero sí se acumula el excedente de nitrógeno.

En las últimas seis décadas el cultivo de arroz, soja, maíz y trigo a nivel mundial ha sobrefertilizado los campos: una parte importante del nitrógeno, fósforo y potasio aportados no lo han absorbido las plantas y se han quedado en los ecosistemas generando “un importante impacto en el medio ambiente”, según ha calculado un reciente estudio del CREAF y el CSIC publicado en Nature Communications.

Este trabajo muestra que hay zonas del planeta, como Asia, donde el uso de fertilizantes “puede ser descontrolado y excesivo”, mientras en Europa, tras mucha sobrefertilización, “se gestionan mejor aunque aún se aplican en exceso”. De hecho, Estela Romero explica que, en Francia, los suelos han acumulado tanto fósforo extra que ahora “no es necesario aplicarlo”.

Bomba ambiental a largo plazo

La sobrefertilización es una bomba ambiental. Su principal daño es que causa la denominada eutrofización, un tipo de “contaminación grave del agua”, como describe el Ministerio de Transición Ecológica.

El ciclo mortal es el siguiente: el exceso de nutrientes provoca estallidos de algas. La capa espesa y oscura de estas algas que cubre el agua impide que la luz penetre. Eso causa que la vegetación del fondo de un río o un lago muera. Las bacterias descomponen toda esa materia orgánica muerta y consumen gran cantidad de oxígeno. Sin oxígeno (anoxia), la zona se convierte en una zona muerta donde peces, moluscos o crustáceos no pueden vivir más.

Reducir la dependencia de fertilizantes también es importante por motivos estratégicos. Dependemos de importaciones de fertilizantes y, como se ha evidenciado con las recientes crisis de suministro, esto puede poner en riesgo la seguridad del sistema agroalimentario

Josep Peñuelas — Investigador del CSIC en el CREAF

Además, la contaminación por nitrógeno en el suelo supone un peligro de legado tóxico a largo plazo. El riesgo de los daños que causa se prolonga en el tiempo aunque se reduzcan los inputs de nitrógeno. La investigación de Estela Romero dice: “Podemos estar posponiendo y extendiendo en el tiempo los problemas de contaminación como se constata en muchos países europeos que actualmente tienen bajos niveles de calidad de agua debido a las prácticas agrícolas del pasado. Puede dificultar la consecución del buen estado de las masas acuáticas durante décadas”.

Josep Peñuelas, investigador del CSIC en el CREAF y coautor del estudio de Nature, concluye que “reducir la dependencia de fertilizantes también es importante por motivos estratégicos. En el caso de Europa dependemos de importaciones de fertilizantes y, como se ha evidenciado con las recientes crisis de suministros vinculadas a conflictos geopolíticos, esto puede poner en riesgo la seguridad del sistema agroalimentario”.

España es incapaz de depurar la inmensa cantidad de aguas residuales que genera. Los constantes vertidos a ríos, acuíferos o la costa de agua llena de impurezas hace que, recurrentemente, la Comisión Europea lleve casos a la justicia (y los magistrados acaben condenando a España).

La última vez que han sacado los colores al país fue recientemente, a finales de abril, cuando Bruselas señaló otros 52 municipios donde no se cumple la normativa de “recogida, tratamiento y control”, pero es que “se trata de un problema extendido que está por todo el país”, explica el responsable del programa de aguas de WWF Alberto Fernández Llop.

De esta última remesa de infracciones, un funcionario de la Comisión desgrana a elDiario.es, aunque sin concretar localidades, que son 16 aglomeraciones urbanas en Andalucía, 13 en las Canarias –de las que cinco en Tenerife, tres en Fuerteventura, tres en La Palma y una en El Hierro y La Gomera–, seis en Castilla y León, cinco en Asturias, otras cinco en Balears (cuatro en Mallorca y una en Ibiza), cuatro en Castilla-La Mancha, dos en Galicia y una en la Comunitat Valenciana.

Llop subraya como una de las claves del problema que “a la hora de invertir nadie quiere coger el toro por los cuernos y asumir el desgaste político de pagar”. A eso se le suma que “la cuestión es difusa debido a que, en ocasiones, no se sabe quién debe asumir la responsabilidad”. Por ejemplo, “no sirve de nada tener una depuradora que ha construido alguien y ya está. Hay que mantener esa infraestructura. Y eso también es dinero, pero como los vertidos acaban en el río y los peces y los bosques de ribera no hablan, ni tienen voz, ni votan pues no generan alarma social”.

La dimensión

España genera al año unos 20.000 hm³ de aguas residuales –con materia orgánica e inorgánica nociva proveniente de las actividades humanas–. “Realmente, es difícil imaginar y visualizar la magnitud de esa cantidad”, admite el propio Censo Nacional de Vertidos. Esa agua equivale a un tercio de la capacidad de todos los embalses españoles juntos o llenar seis veces el pantano más grande de España, el de la Serena.

Hay que asumir que somos grandes productores de agua residual. El volumen que se consume se ha convertido en un símbolo de estatus, pero esa agua hay que depurarla y sin embargo a la falta de inversión se le une que no se está haciendo pagar al que contamina

Alberto Fernández Llop — Responsable de la campaña de agua de WWF

El panorama que describe el censo muestra que las cinco demarcaciones hidrográficas con más volumen de vertido concentran más del 54 % de las aguas residuales generadas. Entre ellas, la del Ebro ronda los 3.000 hm³, la de Galicia-Costa supera los 2.000 hm³, las del Cantábrico Occidental y el Segura se aproximan a esa cantidad y la del Tajo supera los 1.600 hm³. Aunque los vertidos industriales son los más abundantes (75% del total), las condenas y multas contra España se deben, sobre todo, a la falta de tratamiento de las aguas urbanas.

Los vertidos contaminan todo tipo de aguas. El 1,1% llega a los acuíferos subterráneos. El 43% se tiran a ríos o lagos y más de la mitad se vierten directamente al mar o sobre la costa.

No es un capricho

Depurar no es un capricho verde: los vertidos al agua causan daños ecológicos evidentes, pero también están afectando al consumo humano en España. Lo que se vierte puede filtrarse al suministro de las poblaciones. Sin ir más lejos, un grupo de municipios del norte de Segovia y sur de Valladolid tienen problemas recurrentes de niveles excesivos de arsénico en el suministro de agua que tienen que beber sus vecinos. Más de 200.000 personas viven en áreas con problemas de contaminación en el agua que sale de sus grifos.

“Hay que asumir que somos grandes productores de agua residual”, reflexiona Fernández Llop. “El volumen que se consume se ha convertido en un símbolo de estatus, pero esa agua hay que depurarla y, sin embargo, a la falta de inversión se le une que no se está haciendo pagar al que contamina”, insiste el ecologista. Se refiere a que pocos municipios hacen pagar por los gastos de depuración “porque el desgaste político, electoral, de exigir ese pago no lo quiere ningún alcalde”.

Ya desde 2004 sabemos que uno de los problemas para tener buena calidad de las aguas es que se depura mal. Es un poco desesperante porque parece que a las administraciones les merece la pena seguir incumpliendo la normativa y que se pague la multa

Julio Barea — Coordinador de aguas de Greenpeace

La problemática historia de España con sus aguas residuales viene de antiguo. “Ya desde 2004 sabemos que uno de los problemas para tener buena calidad de las aguas es que se depura mal”, cuenta el coordinador de aguas de Greenpeace, Julio Barea. “Es un poco desesperante porque parece que a las administraciones les merece la pena seguir incumpliendo la normativa y que se pague la multa”.

Esta situación ha provocado, hasta el momento, tres grandes sentencias europeas. La primera data de abril de 2011 cuando se constató el incumplimiento de las normas establecidas en una directiva de 1991 en 43 aglomeraciones urbanas (de más de 15.000 habitantes cada una). El límite para implementar las medidas de depuración se había trazado en el año 2000.

La segunda sentencia fue en 2018 por no cumplir con el primer fallo de siete años antes. Esta vez se condenó a pagar 12 millones de euros más otros 10,9 millones cada semestre mientras no se solventara la situación. A pesar de restar un porcentaje a esa cantidad según se iban poniendo en marcha las infraestructuras, la multa sigue viva.

Lejos de atajarse la situación, el 18 de diciembre de 2025, los magistrados europeos volvieron a condenar a España por el mismo asunto. Otras 32 aglomeraciones urbanas incumplían alguna de las obligaciones de depuración. Y en 49 no se controlaban los vertidos para comprobar que se respetaban los niveles de sustancias autorizados. No hay multa, pero es el primer paso para que, en caso de reiteración, la Comisión Europea repita la jugada de 2018 y pida sanción económica para España.

Julio Barea resume que “parece un problema que pasa desapercibido para la mayoría, pero quienes lo padecen lo tienen muy presente”. Con todo, concluye, “los vertidos de agua infecta hacen que se pierda un patrimonio natural como son los ríos, que nos los cargamos y no pasa nada”.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha afrontado la crisis del buque del hantavirus recién diezmada por el abandono de la institución de EEUU y Argentina. Precisamente Argentina es uno de los probables focos del contagio inicial de este caso. Y EEUU se ha visto obligado repatriar a 17 ciudadanos desde Tenerife, a uno de ellos con medidas especiales por haber dado un positivo leve, aunque finalmente ha acabado dando negativo.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom, ha considerado que la crisis del hantavirus demuestra la necesidad de un dispositivo internacional de salud como es la organización que dirige: “A los virus no les importan nuestras políticas, ni nuestras fronteras ni las excusas que podamos tener”, ha recordado estos días. “La mejor inmunidad que tenemos es la solidaridad”, ha subrayado también.

Por eso Adhanom ha creído que este brote podría amortiguar los ataques frontales que la internacional ultraderechista encabeza por Donald Trump y Javier Milei dirigen a la OMS. E incluso, reconsiderar su salida. Ambos gobiernos ya se han apresurado a volver a despreciar a la OMS.

El exfuncionario de la organización y exdirector general de la Agencia de Calidad y de Ordenación Profesional, Cohesión y Alta Inspección del Sistema Nacional de Salud, Alberto Infante, cuenta a elDiario.es que “estas dos administraciones han decidido colocar sus prejuicios por encima de la evidencia de la ciencia y la sensatez. Son poco permeables a lo racional por lo que no cabe esperar a corto plazo que cambien de criterio”.

Este caso demuestra que si no hubiera una OMS, habría que inventarla. La situación de cambio climático, de patrones de distribución de enfermedades y una población que viaja más y a hábitats donde antes no se llegaba, hace más necesario un mecanismo de gobernanza y afrontamiento de los riesgos a escala global

Alberto Infante — Exdirector general la Agencia de Calidad y de Ordenación Profesional, Cohesión y Alta Inspección del Sistema Nacional de Salud,

Con todo, la realidad es que la organización trabaja este 2026 con un presupuesto un 20% menor: ha pasado de 5.300 a 4.200 millones de dólares. La caída ha sido provocada por los 600 millones que EEUU ha dejado de aportar y agravada por los recortes derivados del viraje de muchos estados miembro hacia el gasto en armamento. “A pesar de nuestros esfuerzos, hemos llegado a un punto en el que no tenemos otra opción que reducir nuestros programas y empleados”, llegó a admitir por escrito Adhanom.

Alberto Infante sostiene que “este caso demuestra que si no hubiera una OMS, habría que inventarla”. El médico argumenta que “la situación de cambio climático, de patrones de distribución de enfermedades y una población que viaja más, más veces y a hábitats donde antes no se llegaba, hace más necesario un mecanismo de gobernanza y afrontamiento de los riesgos a escala global”.

En este sentido, el epidemiólogo del Fisabio, Salvador Peiró, explica que “aunque países con buenos sistemas de salud pública, como la Unión Europea, Gran Bretaña, Australia o Nueva Zelanda, no necesiten a la OMS directamente en sus territorios, si la necesitan para reducir los riesgos procedentes de otros países con sistemas más deficitarios”.

El Reglamento Sanitario Internacional

La operación del MV Hondius ha implicado la llegada de un experto de la OMS al buque “para colaborar en la evaluación médica”, la coordinación del “envío de 2.500 kits de diagnóstico desde Argentina a laboratorios de cinco países para reforzar la capacidad de realización de pruebas” además de elaborar “las orientaciones operacionales” para el desembarco en Tenerife.

“Este suceso pone de manifiesto la razón de ser del Reglamento Sanitario Internacional” al que están suscritos los países de la OMS como España, subraya el organismo de la ONU. Este reglamento es “el conjunto de normas que definen los derechos y obligaciones de los países a la hora de responder a situaciones de salud pública con capacidad para cruzar fronteras”. Se trata de un “instrumento de derecho internacional legalmente vinculante”, aclara la OMS.

En el mundo actual, con extraordinaria movilidad, la función de escudo de la OMS es muy importante. Y por el otro lado, cuanto peor sea el sistema de salud pública de un país, más papel interno les hace la organización

Salvador Peiró — Epidemiólogo del Fisabio

“El reglamento es una de las fortalezas de la OMS y ha permitido tener unas estipulaciones convenidas gracias a las que se ha podido afrontar esta crisis del hantavirus de manera relativamente rápida y con un mecanismo estipulado y previsible”, aclara Alberto Infante. Así se estableció cuál debía ser el primer puerto de arribada, cómo accedían los expertos y los pasos que había que seguir después. “Ha dado mucha seguridad a las autoridades y al público en un caso con tanta exposición mediática”.

Salvador Peiró resume que la función de escudo exterior de la OMS “en el mundo actual, con extraordinaria movilidad, es muy importante. Y por el otro lado, cuanto peor sea el sistema de salud pública de un país, más papel interno les hace la OMS”. Además, la OMS “realiza toda una serie de trámites necesarios como la clasificación de causas de muerte, la definición de algunas enfermedades o la homogeneización de estadísticas entre países que, si no, no podrían ni mirarse”.

Sin arrepentimiento de los ultras

Así que el mismo director general de la OMS, a la luz de los hechos, vio en esta crisis sanitaria internacional una oportunidad para convencer a EEUU y Argentina de volver al organismo del que, al fin y al cabo, se están beneficiando sin aportar. “Creo que reconsiderarán sus decisiones porque pueden ver lo importante que es la universalidad para la seguridad sanitaria”, ha expresado en público.

No hay caso: el presidente de EEUU, Donald Trump, ha insistido en que, lejos de arrepentirse de decretar el día de su toma de posesión la salida de su país de la OMS, está satisfecho: “Me alegro”, ha dicho desde el despacho oval. “Le estábamos dando 500 millones de dólares al año y no nos estaban tratando muy bien. Estaban haciendo diagnósticos equivocados”.

En Argentina —aparte de negar que el contagio del Hondius surgiera en su territorio— el Gobierno de Javier Milei ha arremetido contra la organización: “La OMS vuelve a anteponer la política a la evidencia e intenta usar un evento sanitario extraordinario para condicionar una decisión soberana de la Argentina”.

El hospital de la Comunidad de Madrid Enfermera Isabel Zendal está “especializado en la atención de emergencias durante situaciones de catástrofes y brotes de patógenos emergentes”, según su memoria oficial. En palabras de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, se trata “del mejor hospital de pandemias del mundo”. Sin embargo, los 14 españoles que llegarán en avión desde el crucero del hantavirus pasarán de largo la infraestructura, simplemente, porque no está preparada.

Estos ciudadanos irán al Hospital General de la Defensa Gómez Ulla donde sí cuentan con una unidad de aislamiento adecuada. No es la única en la comunidad madrileña. El hospital Carlos III también dispone de este servicio.

Construir el hospital Zendal, a golpe de ampliación de presupuesto, costó finalmente cerca de 200 millones de euros cuando se había planeado por 50. Un esfuerzo que contrasta con el dato de que, en todo 2023, el centro registrara el ingreso de un paciente diario. El día de la inauguración, Díaz Ayuso lo calificó como “único en el mundo”, un hito “sin precedentes en Europa” y “un hospital para España, abierto al resto de las comunidades autónomas”. Sin embargo, la misma política ha visto con malos ojos que 14 españoles que viajaban en el crucero del brote de hantavirus lleguen a la Comunidad de Madrid: “No estoy de acuerdo”, ha dicho desde su gira oficial por México.

Los viajeros aterrizarán en el aeropuerto Madrid-Barajas, en realidad, muy cerca del Zendal —esa proximidad fue uno de los aspectos subrayados por Ayuso al estrenar el edificio: “Está situado junto a un aeropuerto internacional”—. Y, según el plan, marcharán al hospital Gómez Ulla en el distrito madrileño de Carabanchel.

El denominado por la Comunidad de Madrid “mejor hospital de pandemias”, como lo llamó la presidenta en un acto público montado ex profeso para conmemorar el segundo año de su inauguración, dispuso el “cierre de las camas de hospitalización” en una de sus alas el 28 de septiembre de 2024, según su memoria de actividades más reciente. Sí afirma disponer de 12 camas de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), 24 camas de Unidad de Cuidados Respiratorios Intermedios (UCRI) y 192 camas de hospitalización convencional.

La memoria de 2024 refleja la siguiente actividad: 266 ingresos y 331 altas en la Unidad de Rehabilitación Funcional y 120 “canalizaciones” en el centro de día para ELA, es decir, derivaciones desde otros centros sanitarios.

Con todo, aunque el Zendal tenía poco más de dos años de vida y se autodefine como “centro sanitario monográfico creado para dar respuesta a crisis pandémicas”, en 2024 dos de los tres pabellones del centro empezaron a remodelarse para una futura transformación en “centro de neuro-rehabilitación”, según indica la documentación oficial.

Así que el hospital de emergencias pensado para brotes víricos no sirve para el caso del hantavirus. Y, además, a la presidenta madrileña no le ha gustado que ingresen a estas personas en un centro sanitario dentro de la comunidad autónoma. En el acto institucional de aniversario del centro, Ayuso resumió que “gracias a su impresionante estructura, se obró el milagro reconocido por tantos madrileños y por distintas instituciones entre ellas la Unión Europea”.

Lo que sí ha considerado oportuno el Gobierno de la Comunidad de Madrid es remitir una carta al Ministerio de Sanidad —luego distribuida a los medios de comunicación— para pedir que se rastree a nueve ciudadanos navarros que viajaron en otro momento en el buque en el que posteriormente surgirían los contagios de hantavirus entre los nuevos pasajeros. La consejera Fátima Matute se hace eco de una información periodística, a pesar de que los propios viajeros han informado de que no coincidieron con el grupo afectado y que abandonaron antes ese barco.

No se trata de la primera vez que llegan a España, y también a la Comunidad de Madrid, españoles provenientes de un foco de infección. En 2020, los 21 ciudadanos que llegaron desde la ciudad china de Wuhan pasaron de manera casi automática una cuarentena de 14 días en el mismo Hospital General de la Defensa. Allí fueron observados para ver si desarrollaban síntomas de covid.

El caso del ébola

Ni siquiera esta veintena era el primer caso. En 2014, los sacerdotes españoles Miguel Pajares y Manuel García Viejo, infectados de ébola en Liberia y Sierra Leona, fueron repatriados junto a la religiosa Juliana Bohi —que finalmente dio negativo en los análisis—. Todos ingresaron en el hospital Carlos III de Madrid. El centro tuvo que reacondicionarse de urgencia para restablecer la unidad de aislamiento ya que, solo ocho meses antes, el Gobierno de la Comunidad de Madrid había decidido dentro de su plan de recortes desmontar el centro como referencia en enfermedades infecciosas y convertirlo en hospital de media estancia.

Por cierto, en ese momento, el Gobierno regional de Madrid que también presidía el Partido Popular expresó “toda su colaboración con el Ministerio de Sanidad” para acoger a los sacerdotes infectados con ébola. Entonces, el Ministerio de Sanidad estaba dirigido por Ana Mato (PP) dentro del Gobierno de Mariano Rajoy. Posteriormente, se produjo el primer contagio persona a persona en el mundo fuera de África al infectarse una de las sanitarias que atendió al misionero García Viejo.

Ahora, la Comunidad de Madrid informa de que esa Unidad de Aislamiento de Alto Nivel ha convertido al Carlos III en “el centro de España con mayor experiencia acumulada en este área”.

Mientras tanto, el 30 de octubre de 2024, el Ejecutivo de la Comunidad anunciaba que abriría “a mediados del próximo año [2025] el nuevo Centro de Neurorrehabilitación Funcional Integral en el Hospital Enfermera Isabel Zendal”. Un día después afirmaba que allí iba a instalarse además “un Instituto Experimental de Neurotecnología de Salud del Cerebro”.

Sin ninguna de esas instituciones funcionando, el pasado 7 de marzo, el Ejecutivo regional de Madrid re-anunció el Instituto Experimental de Neurotecnología e informó de que había participado en un congreso de radiología “con el objetivo de conocer las últimas propuestas tecnológicas en materia de imagen y radiodiagnóstico para su incorporación al [otra vez] futuro Centro de Neurorrehabilitación Funcional” que se había avanzado en 2024 para estar listo a mediados de 2025.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo (CC), decidió iniciar una pelea con el Gobierno de Pedro Sánchez por la llegada del crucero donde se detectó un brote de hantavirus al archipiélago. A su rebufo, se han unido el Partido Popular y Vox. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho que no está de acuerdo con que los pasajeros españoles sean trasladados a un hospital de Madrid y la portavoz popular Ester Muñoz ha criticado “la manera de gestionar las crisis”. “Hay un barco con un virus mortífero. ¡A Canarias!”, ironizó Santiago Abascal durante un mitin.

A pesar de que el propio Clavijo ha repetido que hace falta “sosiego, tranquilidad y calma”, ha deslizado que el virus del barco es de una variante muy contagiosa o una nueva cepa más peligrosa. “Hay muchas incógnitas”, ha dicho. E incluso ha sacado a relucir la pandemia del coronarivus: “Desgraciadamente, tenemos un precedente con el covid-19. No puedo permitir que [el barco] entre en Canarias”. La diputada nacional de su partido, Cristina Valido, ha añadido después que, “desgraciadamente, todos tenemos episodios muy recientes”.

“La toma de decisiones en eventos sanitarios siempre se hace en un contexto de incertidumbre y la única arma es la mejor ciencia disponible”, explica el catedrático de Medicina Preventiva de la Universidad Miguel Hernández, Ildefonso Hernández Aguado. “Por eso, la crítica destructiva hecha sin base técnica es una de las prácticas políticas más denostables porque crean una desconfianza que, además, se prolonga en el tiempo”.

El Partido Popular también ha optado por utilizar el recuerdo del covid para ligarlo al caso del hantavirus, a pesar de que los científicos han aclarado que no son comparables. La portavoz parlamentaria popular, Ester Muñoz, ha afirmado que “esto es el caos absoluto. Es la manera de gestionar las crisis y las pandemias que ya hemos conocido en otras ocasiones”.

Ya el miércoles, el vicesecretario de políticas autonómicas del PP, Elías Bendodo, pidió públicamente que se “aparte” de la gestión del hantavirus a la ministra de Sanidad, Mónica García, con el argumento de que “es un desastre”.

“Lo primero que hay que hacer es mantener la calma, salirse de sensacionalismos, escándalos y peleas”, pide la presidenta de la Asociación Madrileña de Salud Pública, Pilar Serrano. “El patógeno es muy conocido, sabemos lo que hay que hacer y se está haciendo: ni Canarias ni España corren peligro”. La epidemióloga aclara que “no puede hacerse ninguna comparación con los albores de la covid. Esos comentarios hacen mucho daño”.

La mejor ciencia a la que hace referencia Hernández —que fue director general de Salud Pública en el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero— supone estudiar cómo han sido los anteriores brotes de la infección —en este caso el hantavirus—, cuál es la letalidad del virus, su nivel de contagio y sus vías de transmisión. En resumen: la acumulación de conocimiento sobre la enfermedad.

Pilar Serrano insiste en que, por lo que se ha estudiado desde hace tiempo, estos patógenos “no tienen la capacidad de generar pandemia porque los brotes son autolimitados y por no poder casi transmitirse entre humanos”. Según su análisis, una alarma exagerada es contraproducente porque “la posibilidad de transmisión comunitaria es bajísima. No es que no haya que hacer nada, claro, pero exagerar no sirve”.

En este sentido, el catedrático emérito de sanidad animal, Juan José Badiola, ha reforzado a Europa Press la idea de que el hantavirus es un patógeno “peligroso”, pero que sus variantes “son bien conocidas” y que “no veo riesgo de pandemia ni muchísimo menos”.

La toma de decisiones, en definitiva, “no es una ciencia exacta porque entran en juego muchos factores y, en general, siempre manda el principio de precaución ante cualquier riesgo para la salud”, abunda Hernández. “Hay elementos técnicos suficientes para tomar esas decisiones”. Pilar Serrano añade que “las personas afectadas se tienen que atender y ser tratadas porque el virus tiene una letalidad relevante y los profesionales deben estar protegidos. Y hay que vigilar. Pero, por favor, un poco de tranquilidad”.

El epidemiólogo, por su parte, recuerda que el menoscabo de las autoridades sanitarias genera daños que se prolongan en el tiempo y afloran cuando surgen nuevos casos como el actual. “Se nota a la hora de ver cómo se desconfía de las vacunas o se critica tanto si las medidas son estrictas como si parecen una falta de acción. Se mina la confianza y luego es difícil recuperarla”.

El antídoto

Para evitar este problema, el médico recuerda que debería ponerse en marcha cuanto antes la prevista Agencia Estatal de Salud Pública. Una institución que también fue pasto de la batalla política, ajena a la sanidad.

El organismo obtuvo el visto bueno del Congreso en junio de 2025, a la segunda y tras caer en primera instancia por una vendetta política del PP que nada tenía que ver con esta materia: alteraron su voto porque no se había cambiado el orden del día como el grupo pretendía para votar otra regulación. PP y Vox se aliaron a pesar de haber votado sí en comisión. “Te quedas sin tu chiringuito”, le espetaron a la ministra Mónica García. La ley había mandado crear la agencia en 2011.

“Al ser en cierta forma independiente y un organismo que presenta los hechos y hace recomendaciones para que los políticos tomen decisiones, es menos vulnerable a la crítica ventajista”, analiza Ildefonso Hernández. Por eso, remata, “Donald Trump odiaba a Anthony Fauci [el epidemiólogo jefe de EEUU durante la covid]. Porque era una voz autorizada e independiente”.

¿Minerales cruciales a cambio de agua tóxica? La búsqueda de materias primas críticas en la que está inmersa Europa pone en riesgo la salud del agua de la que dependemos. La “simplificación para la concesión de permisos y las evaluaciones ambientales” que planifica Bruselas lleva aparejada la “reducción de los requisitos de protección ambiental o la rebaja de los mecanismos de control de las autorizaciones”, según analizan científicos y ambientalistas. Y una de las potenciales víctimas es la normativa de protección del agua.

“A todos los que amamos los ríos nos duele ver el trabajo de 20 años en riesgo de irse por la borda”, dice la investigadora sobre agua y cambio global del Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF), Annelies Broekman. La normativa —añade— “fue revolucionaria por colocar como principio de eficacia la salud ambiental y sirve para preservar la fuente de la que depende toda la vida, no solo la humana. Porque todo depende de la salud de las masas de agua. Eso no puede sustituirse con ninguna tecnología”.

Aunque la Comisión no ha dejado ver muchos detalles sobre qué planea hacer, los cambios en la directiva Marco del Agua han levantado una nube de preocupación. Según la directora adjunta del Instituto de Ecología y Medio Ambiente del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia, Agathe Euzen, “el objetivo de la reforma es relajar o limitar las restricciones que impone la directiva, sobre todo para facilitar la extracción minera en Europa”.

A todos los que amamos los ríos nos duele ver el trabajo de 20 años en riesgo de irse por la borda. La directiva sirve para preservar la fuente de la que depende toda la vida, no solo la humana. Porque todo depende de la salud de las masas de agua. Eso no puede sustituirse con ninguna tecnología

Annelies Broekman — Investigadora del Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF)

Porque lo que hay en buena medida detrás de esta desregulación es la necesidad de 34 materias primas críticas de las que 17 son consideradas “estratégicas” por los países de la UE, como el cobre, el cobalto, el litio o el tungsteno. “Son vitales para los sectores de la energía limpia, digital y de defensa”, explica la Comisión. Europa es muy dependiente de las importaciones y este plan prevé que, en 2030, al menos el 10% del consumo sea interior, así como que el 40% sean transformadas, el 25% recicladas y que ningún país acapare más del 65% de las ventas de un material a la UE.

El plan contempla la apertura o reapertura de 47 minas en el continente, siete de ellas en España, cuyos dueños son gigantes mundiales, ultrarricos y directivos multados por la CNMV. Y, para impulsar el proyecto, argumentan, hay que facilitar la vida a las mineras, lo que genera un caso que amenaza con romper el equilibrio entre actividades y ecosistemas.

La industria: “Son pasos en la buena dirección”

La responsable del programa de agua de WWF, Teresa Gil, desgrana que “el primer riesgo es debilitar el principio de no deterioro, el alma de la directiva Marco del Agua”. Según su análisis, “si se rebajan los requisitos para autorizar determinadas actividades, pueden afectarse estos ecosistemas acuáticos desde ríos, acuíferos, humedales o estuarios”. En segundo lugar, señala que se vayan a “ampliar las excepciones por las que se puede dañar un ecosistema para llevar a cabo un proyecto”. Eso abre un abanico para que “no haya que justificar tanto esas excepciones y que se hagan actividades sin todas las garantías”.

Gil afirma que los principales lobbistas son las empresas mineras: “Sabemos que compañías como Boliden [la que estuvo detrás del desastre ecológico con el vertido tóxico al Guadiamar que llegó a Doñana en 1998] están teniendo reuniones bilaterales para que las modificaciones vayan en su beneficio más que en el beneficio público”.

Precisamente, la patronal minera europea Euromines ve con buenos ojos la desregulación de la normativa de aguas: “Son pasos en la buena dirección para desbloquear las autorizaciones de la industria extractiva”. A juicio de las empresas mineras, se debe “mejorar las excepciones, ampliar los plazos y tener objetivos ambientales menos restrictivos”. También instan a redactar una “definición pragmática del concepto deterioro”.

El investigador de la Fundación Nueva Cultura del Agua, Leandro del Moral, aclara que “partimos de una situación problemática: el estado global de las aguas en España, como en el conjunto de Europa, ha empeorado. No solo no han mejorado en estos últimos seis años, sino que han empeorado. Esta es una realidad objetiva”.

Con la legislación que hay actualmente puede haber actividad minera. No se está diciendo que no haya, sino que se realice en el marco de unas garantías ambientales y de salud humana

Teresa Gil — Resonsable del programa de aguas de WWF

Se refiere a que alrededor del 60% de las masas europeas ya sean subterráneas o superficiales presentan un mal estado. En España son el 40%. “Si con las medidas actuales que son más rigurosas no se ha avanzado, si se flexibilizan, si se debilitan, si se amplían las exenciones, lógicamente no se va a mejorar la recuperación. Es de perogrullo”.

Ahora ya es posible extraer

Gil específica que, “con la legislación que hay actualmente, puede haber actividad minera. No se está diciendo que no haya, sino que se realice en el marco de unas garantías ambientales y de salud humana”.

Y Leandro del Moral añade que los usos urbanos e industriales no solo están permitidos, sino que pueden autorizarse “incluso cuando deterioran el estado de las aguas”. Lo que ocurre —prosigue— “es que deben justificar una necesidad pública superior y demostrar la inexistencia de alternativas”. El catedrático reflexiona que lo que se pretende “es suavizar o simplificar los mecanismos para autorizar usos humanos, sociales o económicos que tienen impacto sobre las aguas y sobre el medio ambiente”.

Euromines va más allá: exige que se detenga la incorporación como norma de lo que el Tribunal de Justicia Europeo dictaminó que debe entenderse como “deterioro del agua”. Los magistrados entendieron en 2015 —a cuenta del dragado del río Weser en Alemania— que bastaba con que un indicador oficial empeorara, aunque no hubiera un daño generalizado, para considerar que ha habido deterioro.

Y, como actualmente está en proceso un proyecto legislativo para incorporar ese concepto a la directiva europea, las empresas quieren que eso se detenga porque socavaría las medidas para mejorar sus actividades.

Partimos de una situación problemática: el estado global de las aguas en España, como en el conjunto de Europa, ha empeorado. No solo no han mejorado en estos últimos seis años, sino que han empeorado. Esta es una realidad objetiva

Leandro del Moral — Investigador de la Fundación Nueva Cultura del Agua

Annelies Broekman contrapone a los argumentos de la industria que “ya hemos visto cómo la minería rompe las masas de agua”. La ingeniera detalla la “ruptura de vetas de los acuíferos, de la conectividad entre aguas subterráneas y superficiales o cómo se secan fuentes, aunque sean muy lejanas. Y lo que queda está supercontaminado”. La legislación actual, reitera, “no permite ese nivel de destrozo. Sería ilegal. Por eso tienen que desaparecer los condicionantes ambientales y con ellos el bien común”.

Aunque el proceso de modificación está yendo a alta velocidad, todavía quedan trámites por cubrir. De hecho, más de 270 entidades científicas y académicas han avisado del “claro retroceso” que supone esta potencial modificación de la legislación. El Gobierno de España ha expresado que, “aunque requiere algún ajuste puntual, no resulta oportuno ni conveniente reducir las exigencias ambientales en una eventual revisión”, según una carta remitida por la Dirección General del Agua a la Fundación Nueva Cultura del Agua.

“Hacerlo debilitaría la resiliencia hídrica de Europa y abriría la puerta a presiones sectoriales que prioricen los beneficios económicos a corto plazo”, sentencia el Ejecutivo en su misiva. Al final del trámite se verá qué parte ha prevalecido.

Dinero público para buscarle clientes a un espectáculo en decadencia. Quizá una persona muy aficionada a Instagram podría hacerse a la idea de que, de un tiempo a esta parte, hay hordas de personas, en especial jóvenes, acudiendo en masa a ver corridas de toros. El relato está ahí, pero la realidad de los datos dice lo contrario: cada vez va menos gente a las plazas. Y el porcentaje de españoles que reniega de la tauromaquia se mantiene firme, por encima del 75%.

Este viernes, primero de mayo, la organización taurina Chenel y Oro —con la colaboración de la Comunidad de Madrid— organiza el denominado 'Día del niño en Las Ventas'. Un evento pensado para menores de 16 años. “Gimkana infantil” hasta los 12 y “toreo de salón” para el resto, dice el programa. Es un intento más por revertir el desinterés mayoritario y progresivo que generan los toros en España: tratar de que los más jóvenes miren con buenos ojos las corridas.

Hay una estrategia clara de introducción de los menores en la tauromaquia de una forma paralela o parecida a lo que ocurre con la caza. No parece muy lógico que un menor vaya a ver violencia explicita sobre animales, pero ahora se hace pasar como algo normal

Rubén Pérez — Fundación Franz Weber

“Hay una estrategia clara de introducción de los menores en la tauromaquia de una forma paralela o parecida a lo que ocurre con la caza”, cuenta el portavoz de la Fundación Franz Weber, Rubén Pérez. Ambas actividades comparten practicantes envejecidos, falta de renovación y caída sostenida de aficionados. “No parece muy lógico que un menor vaya a ver violencia explicita sobre animales, pero ahora se hace pasar como algo normal”, señala.

En este sentido, el Comité de Derechos del Niño de la ONU ha expresado en su informe sobre España 2026 su “preocupación por que los niños sigan presenciando la violencia y muerte de los participantes durante las fiestas taurinas”. También ha recomendado recientemente que “se establezca la edad mínima de 18 años para participar en eventos, festivales y escuelas taurinas sin excepción”. El Comité reitera que debería informarse de “los efectos negativos que tiene en los niños, incluidos los espectadores, la violencia asociada a las corridas de toros”.

Mensajes en vano: la Fundación Franz Weber contabilizó más de 400 espectáculos en 2024 en los que se “impulsó el acceso de niños”. En la Comunitat Valenciana, un menor de 15 años sufrió una cornada grave durante unos bous al carrer en agosto de aquel año. No fue el único y eso que el reglamento de la Generalitat impide la participación a menores de 16 años.

Para el curso siguiente, Rubén Pérez calcula que “pueden ser el doble porque prácticamente todas las ferias a partir de un tamaño medio —no hace falta que sea San Isidro o Sevilla— incluyen promociones para menores. Desde descuentos fuertes a la gratuidad para los más pequeños”, avisa.

No es solo descuentos en taquillas. Diferentes escuelas taurinas están orientadas a menores. Inclusos se han organizado campus específicamente publicitados “para niños y niñas de 8 a 14 años”. El partido animalista PACMA denunció en enero pasado que, en Madrid, las clases prácticas de los alumnos a partir de 14 años eran “espectáculos donde los animales son heridos y matados en presencia de público”.

La Junta de Andalucía de Juan Manuel Moreno Bonilla (PP) ha llegado a decir que “lo mismo que no se puede prohibir el acceso de menores a museos, tampoco se puede prohibir el acceso a la tauromaquia” y a asegurar que las corridas “pueden generar en el menor una conciencia ecológica y de empatía con el entorno animal”.

“Hay una especie de negacionismo y competencia entre PP y Vox para ver quién es más taurino”, concluye Rubén Pérez.

Hay una conversión de la tauromaquia en una guerra cultural por parte de PP y VOX, de hecho, desde hace veinte años. Y, paradójicamente se da cuando la afición a la tauromaquia es cada vez menor y más circunscrita a un perfil muy minoritario

Joaquim Rius — Catedrático de la Universidad de València

Porque, “efectivamente, hay una conversión de la tauromaquia en una guerra cultural por parte de PP y VOX,”, explica a elDiario.es el catedrático de la Universidad de València, Joaquim Rius, que señala que ocurre desde hace tiempo. Y “paradójicamente”, subraya el investigador, esta guerra se da “cuando la afición a la tauromaquia es cada vez menor y más circunscrita a un perfil muy minoritario”.

La decadencia en cifras

¿Cuánto menor? Alrededor de un 20% menos en 10 años. Los que acudieron a un espectáculo han caído de 3,2 millones en 2014 a 2,5 en 2024, según la 'Encuesta de hábitos y prácticas culturales en España'. Si en 2014 el 9,5% de la población acudió a algún espectáculo taurino, en 2024 fue el 8%. Pero si se especifican las corridas de toros, el descenso ha sido desde un 6,9% a un 5,9%.

Lógicamente, si hay menos afición, hay menos espectáculos. En 2007 se celebraron 953 corridas de toros en España. En 2024 fueron 376, según las estadísticas del Ministerio de Cultura. Es un 40% menos. A eso se le une el rechazo de gran parte de la población a las corridas de toros: las encuestas de la Fundación BBVA sobre “las percepciones de la naturaleza y los animales” muestran que un 75% de los ciudadanos ve inaceptable el uso de animales en estos espectáculos taurinos.

Así que la promoción entre menores de los toros por parte de gobiernos autonómicos, ayuntamientos o diputaciones provinciales —como el 'Día del niño en Las Ventas' de este 1 de mayo— es un salvavidas público a una actividad en decadencia a la que, especialmente los partidos de la derecha, han asignado el estatus de “manifestación de la españolidad”, según describe el catedrático Rius en un recentísimo estudio que investiga el paso de la tauromaquia de “práctica cultural a guerra cultural”.

Así, la tauromaquia ha conseguido algunas victorias a pesar de su declive. Una es “el posicionamiento de cierta parte de la intelectualidad española y de la derecha nacionalista y extrema derecha (PP y Vox) a favor de la tauromaquia como herramienta política”, según describe el investigador.

Aunque el Partido Popular comenzó a usar los toros como herramienta política —impulsó en 2013 la declaración por ley de la tauromaquia como Bien de Interés Cultural que, a la luz de los datos, ha servido más para esta batalla cultural que para impulsar la afición—, la cosa se “ha radicalizado con la irrupción del partido de extrema derecha VOX”. Sus políticas han servido para “presentar la tauromaquia, que consideran como inherentemente española, como víctima de una conspiración”, según las explicaciones de Joaquim Rius.

Construcción de enemigos más que fomento

Esta lucha que es al mismo tiempo competencia entre ambas formaciones políticas es constante. Sin ir más lejos, el presidente andaluz Moreno Bonilla presentaba la I Estrategia Andaluza de Tauromaquia el pasado 15 de abril, en vísperas de las elecciones autonómicas. Pocos días después, este lunes, el Senado aprobó una moción presentada por Vox para “proteger el toro de lidia” y “promover el turismo del toro bravo”. El PP tuvo que votar a favor.

Ese mismo día se entregaba en el Antiguo Salón de Sesiones de la Cámara Alta el ahora llamado premio nacional de tauromaquia, promovido por el Senado, actualmente con mayoría absoluta del PP, la fundación Toro de Lidia y algunas comunidades autónomas. Este premio se organizó tras la decisión del Ministerio de Cultura de suprimir el galardón oficial.

El catedrático Joaquim Rius concluye en su investigación que, en gran medida, “la tauromaquia ha dejado de ser una práctica cultural para pasar a ser esencialmente una batalla cultural, en la que su finalidad es más la construcción de enemigos políticos que el fomento de la práctica”.

Poco a poco, sesión a sesión, se está aguando la normativa sobre munición de caza en Europa que pretendía proteger los ecosistemas de acumular miles de toneladas de plomo tóxico cada año. Las toneladas que suman los perdigones y balas que se quedan en el campo todas las temporadas.

La últimas modificaciones del proyecto que se presentan este mes a los estados miembro para debatir el 29 de abril ya han descartado que las restricciones se apliquen a las balas y contempla ampliar los años en los que podrá seguir usándose cartuchos de plomo hasta que el sector se ponga al día: de tres a cinco.

En el inicio, la Agencia Europea de Sustancias Químicas (ECHA) recomendó en una evaluación técnica la prohibición de esta munición para impedir el vertido de, al menos, 630.000 toneladas de metal pesado en 20 años. La Comisión Europea tardó dos años en hacer suyas las indicaciones: su propuesta de reglamento llegó en febrero de 2025, justo acaba de cumplir un año.

Ahora, la Comisión ha cambiado el proyecto de normativa para tratar de contentar a los opuestos. El último borrador que prevé discutirse y, en su caso, votarse no solo ha excluido las balas de la restricción –ahora solo contempla los perdigones–, sino que también han aceptado reabrir “la extensión del periodo de transición”. Aun así, todavía hay estados que “consideran que no es el momento adecuado para imponer ningún coste o cambio a la industria de la munición”, según las actas de las reuniones.

Fuentes del Ministerio de Transición Ecológica cuentan que su postura no ha cambiado y la intención es abogar por la “mayor ambición” que se recogía en la versión original del borrador. Esto significa que la representación española tratará, dicen, de que “se aplique la restricción también a la munición de caza mayor” y que se mantenga “el periodo de adaptación inicial”.

A pesar de que todas las modificaciones son favorables a las peticiones de los cazadores, la Federación Española de Caza todavía lo califica como “insuficiente”. La RFEC afirma que “los plazos siguen sin ser realistas”. Tampoco les gusta que pueda revisarse en un futuro la exclusión de las balas de esta normativa: “Puede ser un arma de doble filo”, dice la RFEC.

De cara a la votación y adopción final del reglamento, los cazadores consideran que el plazo transitorio no debería ser “menor a diez años”.

La opinión y deseos del sector cinegético contrasta con el análisis científico. De hecho más de 140 investigadores españoles de instituciones como el CSIC, la Estación Biológica de Doñana y las Universidades Complutense, la Rey Juan Carlos, la de Murcia, la de Granada, la de Córdoba o la de Santiago de Compostela afirman en un escrito que las “muchas evidencias” recogidas sobre “los riesgos que representa para la salud pública y ambiental el uso del plomo en la caza, tiro deportivo y pesca” hacen que debiera aprobarse el reglamento de restricción “sin moratorias ni excepciones”.

En este sentido explican que “el plomo acumulado año tras año no va a desaparecer, seguirá siendo plomo y una vez se haya disgregado el perdigón no hará más que contaminar suelos, aguas y la red trófica”. Por eso entienden que las dilataciones y moratorias son un riesgo: “Cuanto más se tarde en prohibir el uso del plomo en la munición de caza, más contaminado estará nuestro medio ambiente, ya que la descontaminación de estos suelos será casi imposible”.

Así que cada temporada de prórroga son miles de toneladas extra de metal pesado tóxico que se acumula en los ecosistemas y perdura de manera casi perenne. En este sentido es ilustrativo el caso de la duna llamada el Cerro de los Ánsares en el Parque Nacional de Doñana. En ese gran arenero elevado todavía persisten un par de toneladas de perdigones de plomo fruto de las cacerías de gansos, a pesar de las campañas de limpieza, a mano, que se repiten año tras año. Desde que se detuvo la caza allí, hace 40 años, se ha conseguido extraer unos 300 kilos, perdigón a perdigón.

El presidente de la Federación de Caza, Josep Escandell, critica al Gobierno por mantener la postura más restrictiva con la munición y proteccionista con el medio ambiente. “Es incomprensible”, ha dicho, porque “ignora la necesidad de disponer de grandes cantidades de munición para el control de especies como el conejo o el jabalí, y las condiciones de nuestra caza, que se desarrolla en terrenos donde alternativas como el acero pueden suponer un problema de seguridad”.

“Control de especies” significa batidas de caza para reducir las poblaciones justificadas por los daños que provocan a sectores económicos como la agricultura o la ganadería. En el caso del jabalí sirvió para que el Ministerio de Agricultura propusiera precisamente excluir la munición de plomo aplicada a estas batidas de la normativa europea.

De hecho, la reducción de poblaciones de jabalí mediante batidas de caza ha ganado impulso debido al episodio de peste porcina detectado en la sierra Collserola (Barcelona) en noviembre de 2025. El miedo a que afectara al potente sector del porcino intensivo hizo que las comunidades autónomas sacaran normativas más favorables a los cazadores.

Este es el argumento fuerza de los cazadores: “No hay alternativa aún al plomo” para sus actividades a lo que los científicos contestan que, si bien es “razonable un periodo de adaptación”, ya existen en el mercado “alternativas seguras y efectivas que están siendo usadas por cazadores de todo el mundo, incluida España”.

El negocio de la aviación comercial no puede sobrevivir sin emitir grandes cantidades de CO₂, el principal gas de efecto invernadero que causa la crisis climática. Al ser dependiente de un combustible fósil, el queroseno, derivado del petróleo, en cuanto han llegado los problemas por la guerra en Irán, las aerolíneas han vuelto a pedir ayudas de dinero público para su sector.

Lo que la patronal europea A4E pide a la Comisión Europea, entre otras cosas, es que se eliminen impuestos sobre su actividad, que se paralice el mecanismo ideado para que contengan sus emisiones de CO₂ en la UE y que los ingresos del mercado de carbono –regido por el lema: 'quien contamina paga'– se inviertan en su sector. También que los gobiernos se olviden, de momento, de los planes que había en marcha para que afrontaran nuevas tasas por su impacto ambiental.

La Comisión, por su parte, ha aclarado este lunes que “el mensaje está claro: no hay escasez de combustible de aviación en este momento. Sabemos que la situación no es la ideal y nuestro papel es prepararnos para diferentes escenarios y la disponibilidad de fuel para los aviones es una prioridad”.

Al mismo tiempo, la aviación global provoca entre el 2% y el 3% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Tras el parón provocado por la covid, no han hecho más que incrementarse a grandes saltos. En 2024, crecieron un 8% y, para 2025, volvieron a crecer y superar el nivel prepandemia. Los aviones emiten ya, aproximadamente, 1.000 millones de toneladas de CO₂ (1Gt de gases invernadero).

No podemos seguir subvencionando a un sector que ya está dopado. Así perpetuamos el negocio adicto al petróleo. Lo que ocurre ahora con la guerra en Irán no es accidental, sino la consecuencia de una adicción que se evidencia cada vez que hay una crisis

Cristina Arjona — Responsable de movilidad en Greenpeace

A pesar de estas cifras, la aviación como sector no está obligado a rendir cuentas a nadie por sus emisiones. Si los estados del mundo se comprometieron a limitar sus emisiones para frenar el calentamiento global con el Acuerdo de París de 2015, la aviación internacional está fuera de la regulación internacional. Su sistema de reducción de emisiones es voluntario y diseñado por la Organización de Aviación Civil Internacional donde participan las propias empresas.

“Es inadmisible porque ya llueve sobre mojado”, opina la responsable de movilidad de Greenpeace, Cristina Arjona. Se refiere a que, por ejemplo, las aerolíneas no pagan impuestos por su combustible. Tampoco hay IVA para los vuelos internacionales y los domésticos, como, por ejemplo, en España, gozan de un IVA reducido del 10% en lugar del 21%.

Récord de beneficios a costa de daño ambiental récord

Estas ventajas fiscales de la aviación suponen un ahorro para las compañías de miles de millones de euros cada año. La organización Transport&Environment calculó que, en 2022, las exenciones de impuestos sumaron 4.600 millones de euros solo en España.

Estos privilegios se han sustentado en los planes para impulsar la conectividad y el turismo y evitar dobles imposiciones en la aviación internacional. “España es el segundo país que más dinero pierde en impuestos del sector aéreo de toda la UE, por detrás de Francia y por delante de Alemania e Italia”, concluía el análisis.

La patronal europea de aerolíneas ha defendido que los impuestos a la aviación “restringen los beneficios sociales y económicos que esta industria puede generar y, por lo tanto, imponer costes significativos a la sociedad”.

Todo este esquema no les ha funcionado mal a las aerolíneas. En 2025, Iberia obtuvo un beneficio récord de 1.300 millones de euros (un 27% más), y el grupo al que pertenece, IAG (en el que también está British Airways) llegó a los 3.300 millones de euros de beneficio neto. El grupo Lufthansa informó de un beneficio operativo de 2.000 millones y el formado por KLM-Air France llegó a los 1.750 millones de euros de beneficios. La compañía Qatar Airlines marcó un récord absoluto con 2.000 millones de beneficio. LATAM Airlines informó de una ganancia neta de 1.235 millones de euros. Ryanair ganó 1.610 millones.

Con todo, varios ejecutivos de esta patronal ya han dicho públicamente que si el precio del queroseno sube sostenidamente, terminarán pasando el coste a los viajeros, es decir, subirán los precios de los billetes. Al mismo tiempo, el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas, Javier Gándara, acaba de calcular que las empresas españolas incrementarán su negocio este verano y que no ve riesgo de combustible.

¿Alternativas?

“No podemos seguir subvencionando a un sector que ya está dopado. Así perpetuamos el negocio adicto al petróleo”, explica la portavoz ecologista. Según su análisis, “lo que ocurre ahora con la guerra en Irán no es accidental, sino la consecuencia de una adicción que se evidencia cada vez que hay una crisis. No deberíamos asistir más a unas aerolíneas que se niegan a pagar impuestos, incluso por el combustible fósil que consume”.

Es esta adicción al petróleo la que provoca que el sector tenga muchas dificultades para ser sostenible desde el punto de vista climático. La industria menciona repetidamente los combustibles sintéticos (SAF) como su llave hacia la descarbonización, pero la Agencia Internacional de la Energía ha advertido de que su aplicación es exigua (menos del 1%) cuando debería llegar al 10% en 2030. También ha analizado que gran parte de los recortes emisiones que la industria de la aviación prevé conseguir en 2050 con esos combustibles dependen de tecnologías que todavía están en fase de prototipo.

El daño que provoca la aviación es un impacto que unos pocos privilegiados generan al planeta: aproximadamente el 1% de la población mundial es responsable del 50% de todas las emisiones de CO₂ generadas por los aviones. Los efectos del cambio climático se dejan sentir en todo el planeta y, con especial virulencia, sobre las poblaciones económicamente más débiles.

“No hablamos de dejar de hacer cosas o hundir el sistema, sino cambiar hacia alternativas que nos ayudan a reducir la dependencia de los combustibles fósiles”, aclara Cristina Arjona. Desde reducir vuelos innecesarios “que se hacen por consumo rápido o de negocio que podrían solventarse con reuniones online” hasta “mejorar las conexiones ferroviarias con, por ejemplo, trenes nocturnos que han desaparecido” o incluso “un impuesto progresivo a los billetes, sobre todo para que paguen más en la clase business”.

Acosado por los pesticidas y atrapado a miles por su canto durante años, el jilguero, el pájaro más vistoso de España, lleva años declinando. Como son muchos parecen inagotables, pero sus poblaciones van para abajo. Salvarlos supone cuidar de lo cotidiano.

“Es ubicuo”, explica el técnico de SEO/Bird life, Luis Martínez, para explicar su popularidad mientras pasea por el parque forestal de Valdebebas en la ciudad de Madrid. Un vecino casi universal. De hecho, se trata de una de las aves más comunes y reconocibles. Tanto como para lucir numerosos nombres. Si no te suena jilguero, a lo mejor lo conoces por colorín, cardelina, sirguero, golorito o sietecolores. Son todos el mismo Carduelis carduelis. El pájaro del cardo.

Su popularidad le hace ser un ejemplo perfecto para ilustrar las amenazas que los pájaros afrontan derivadas de las actividades humanas: desde la destrucción de sus hábitats hasta la captura indiscriminada. Su defensa es la protección de lo cercano. Por eso ha sido elegido el ave del año 2026 por la SEO/Birdlife.

No dejarse engañar por los números

Esta historia se genera en un parque periurbano madrileño, pero valdría lo mismo hablar de un solar en Sevilla u otro jardín cualquiera. También cuadra en las llanuras de cultivo en Ciudad Real o campos abiertos de Castilla y León. En Canarias y en las Balears.

“No hay que esperar a que la especie esté ya en peligro de extinción para protegerla”, comenta Luis Martínez mientras prepara el telescopio para fisgar alguna pareja de jilgueros. “Lo suyo es poner medidas cuando se detecta que las poblaciones pueden estar reduciéndose”. Estos pajaritos, por su propia naturaleza, suman millones de ejemplares. A simple vista, a nadie –no interesado– puede parecerle que jilgueros (o serines, gorriones y verderones) puedan atravesar una mala racha. Parece contraintuitivo hablar de declive si puedes estimar que hay 15 millones de estos pájaros.

Sin embargo, no hay que dejarse engañar. “Tenemos el ejemplo de la paloma migratoria americana, apunta Martínez. La Ectopistes migratorius fue en su momento el ave más abundante de Norteamérica –se estima que había entre 3.000 y 5.000 millones de estas palomas–, pero, en tan solo un siglo se extinguió. Martha, el último ejemplar, murió en el zoológico de Cincinnati el 1 de septiembre de 1914.

La caza comercial masiva y la degradación de su hábitat unidas a una pobre variedad genética acabaron con una especie en 100 años cuando tenían en sus alas una historia evolutiva de decenas de miles. Estaban adaptadas a vivir en grandes bandadas, pero, cuando sus grupos se hicieron más pequeños de manera brusca, no pudieron soportarlo. Su caso ha demostrado que, incluso las poblaciones grandes y estables están en peligro por cambios ambientales repentinos.

El jilguero, según SEO, ha padecido un declive del 20% entre 2002 y 2023. No es el único. La Agencia Europea del Medio Ambiente (EEA en inglés) ha advertido de que “entre 2002 y 2023, el índice de los 168 pájaros más comunes ha caído un 15% en la Unión Europea”. El desplome insiste, es mucho más acusado en las especies agrarias –como el jilguero– que llega al 42%. “Parece improbable que esta situación se revierta para 2023. Los estados miembro deben reforzar las medidas actuales y poner en marcha nuevas para asegurarse su recuperación”.

Los pájaros son mucho más que unas plumas vistosas o un canto armonioso. “Juegan un papel crucial en el funcionamiento de los ecosistemas”, explica EEA. “Proporcionan una variedad de servicios que van desde el control de plagas a la dispersión de semillas al tiempo que contribuyen al ciclo de los nutrientes”.

Una investigación publicada en 2025 en la revista Science demostró que la extinción de aves evapora roles muchas veces insustituibles en los ecosistemas. El trabajo calculó que la humanidad ha provocado hasta ahora la desaparición de unas 600 especies de aves y que, en los próximos dos siglos, las actividades humanas pueden extinguir otras 1.300 variedades en lo que supone “una devastación masiva de biodiversidad”.

Luis Martínez detalla que los jilgueros padecen la agricultura intensiva, por el uso masivo de pesticidas y fertilizantes que destruyen sus hábitats y fuentes de alimento, además de haber sido uno de los trofeos de caza favoritos de los silvestristas (los aficionados a los pájaros cantores).

Los pesticidas les dejan sin comida, pero además, la agricultura intensiva que hace que todos los campos se pongan en cultivo al mismo tiempo y no deja espacio para parcelas en barbecho donde crecen las plantas que luego generan las semillas que comen, también les afecta.

El silvestrismo, por su parte, está parado por prohibición legal desde 2019. La Comisión Europea advirtió a España de que debía parar esta variedad cinegética que atrapa pájaros indiscriminadamente en redes colocadas en sus zonas de paso. Sin embargo, los cazadores no se han resignado y reclaman recuperar su actividad sin cortapisas. Continúa además activo un mercado negro de pajaritos cantores como el jilguero que alimenta un tráfico ilegal de aves nacional e internacional.

El parque de Valdebebas por el que vuelan estos jilgueros urbanos es un conjunto variado de matorrales, lavandas, almendros, olmos o encinas, mezclados con hierbas silvestres y toda su variedad de flores y semillas. En primavera están verdísimos. Luego pasarán a marrón y amarillo.

Este paseo genera un contraste mental con las praderas verdes uniformes de césped que permanecen como el paradigma de jardín y parque ideales en las ciudades. En realidad, son un paisaje de biodiversidad más bien pobre obtenido a precio de joya: el mantenimiento y la exigencia de agua a mansalva son un alto coste.

“Hay que entender que el marrón también es un color de la naturaleza, subraya Luis Martínez. ”Y, quizá, el que permite la biodiversidad“.

La vigilancia meteorológica ha indicado que, a estas alturas del año, parece probable que se active en 2026 el fenómeno de El Niño. “Existe un 60% de probabilidades”, según indicaciones de la Agencia Meteorológica de EEUU, la NOAA. También ha añadido que podría tratarse de un Niño “muy fuerte durante el invierno del hemisferio norte”.

La Agencia estadounidense ha dicho en su revisión de abril que las condiciones actuales favorecen una ENSO-neutral hasta abril-junio. Esto significa que, durante ese periodo, no habría ni Niño ni Niña, las dos variaciones contrarias de la Oscilación del Sur, la ENSO. “En mayo-julio es probable que surja El Niño”, añade, con un 60% de probabilidades.

El Niño es un fenómeno natural combinado entre la atmósfera y el océano. En la parte ecuatorial del planeta, el agua más superficial del mar (en este caso el Pacífico oriental) está más caliente, ya que le da el sol más continuamente. En circunstancias neutras, los vientos alisios que soplan de este a oeste arrastran esas aguas cálidas de las costas de Perú o Chile hacia el lado opuesto del Pacífico (las costas de Nueva Guinea e Indonesia).

Al barrerse la capa superficial más cálida, se permite, además, que aflore desde las profundidades agua más fría –crucial para la pesca ya que portan muchos nutrientes que favorecen a los peces–. En la zona donde llega el agua caliente se favorece la lluvia. Cuando los vientos son muy débiles o incluso se paran, el agua más caliente se queda quieta. Eso hace que haya una gran masa de agua caliente que influye en las temperaturas. También tapona la subida de agua profunda más fresca lo que redunda en más calor.

La cuestión es que dentro del boletín de la NOAA se incluye que hay probabilidades de que El Niño de 2026 sea de alta intensidad. “La posibilidad de El Niño muy fuerte depende grandemente de la continuación de las anomalías de los vientos del oeste a través del Pacífico ecuatorial hasta los meses de verano del hemisferio norte, lo cual no es seguro”. Esto ha servido para que se le cuelgue la etiqueta de Superniño.

En realidad, con los pronósticos actuales, “hay de un 20% a 25% de probabilidad de que se trate de un evento muy fuerte de cara al otoño”, ha aclarado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Eso implica que el agua del océano se fuera a más de 2ºC extra. “Las consecuencias podrían ser importantes por las modificaciones de patrones en olas de calor y sequías en algunas zonas e inundaciones en otras”, detalla la AEMET.

Cuando se desencadena El Niño, el planeta se recalienta más. Eso se suma a las temperaturas globales extras consecuencia del cambio climático provocado por los humanos. Calor sobre calor. De ahí se ha manejado la idea de que, si hay un Niño muy fuerte, el verano puede llegar a registros muy severos.

Sin embargo, la AEMET ha querido matizar que, en cuanto a las temperaturas de verano en España, “lo más probable es que El Niño no tenga apenas influencia, pues estará en su fase incipiente”. Es decir, cuando este fenómeno esté actuando a pleno rendimiento y genere más calor, habrá pasado el verano y su efecto más agudo no se sume a la canícula en España.

De hecho, la misma Agencia ha insistido en que, aunque lo más normal es que sí se registre un Niño, “todavía es pronto para hablar de un Superniño y es difícil aún conocer las consecuencias que podría tener a escala global”. Incluso todavía no está definido cuál es el escenario del verano en España, pero repiten que la influencia de este fenómeno este año “será probablemente pequeña”.

Cada vez que se encienden los medidores, la evidencia se impone: el aire que respiran los alumnos y alumnas al entrar, salir o estar en sus escuelas es nocivo para su salud. En esta ocasión, los datos recopilados por Ecologistas en Acción dicen que, de los más de 400 centros escolares analizados en 54 localidades, el 96% tienen niveles de dióxido de nitrógeno (NO2) por encima de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Las mediciones culminadas en 2026 se unen a las otras cuatro campañas coordinadas por la organización. La cinco oleadas reflejan que solo 20 escuelas de las 985 en las que se analizó el aire de sus entornos cumplen las recomendaciones de la OMS. El NO2 provoca en los niños y niñas problemas respiratorios y perjudica la capacidad de atención, según han constatado diversos estudios.

Para este año, solo 17 escuelas se quedan por debajo de los 10 microgramos/m3 de aire que es la concentración máxima indicada por la OMS. Y 163 (un 39% del total) respetan el umbral revisado por la Unión Europea de 20 microgramos que será obligatorio a partir de 2030.

En la misma línea, el 60% de los centros analizados superan ese tope e, incluso, el 2% se fue por encima de los 40 microgramos que es el nivel máximo legal actual.

A las lecturas del aire exterior en los alrededores de edificios, se les ha añadido algunas catas del interior en 34 escuelas. Ahí, el 80% tenían una concentración de contaminación más allá del umbral OMS. “Es un reflejo de los elevados niveles de NO2 en el entorno que llegan a entrar al interior”, exponen las conclusiones de este trabajo de ciencia ciudadana.

Los núcleos urbanos analizados en esta campaña –y en las anteriores– pueden verse en el mapa creado por Ecologistas en Acción. Para 2026, los voluntarios han pasado por centros de Barcelona, Bilbao, Donostia, Logroño, Murcia, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Santander, Salamanca o Palma, entre otros.

Los resultados agregados de estas cinco campañas muestran una situación que obliga a una “urgente acción local para reducir la contaminación que respiran niñas y niños”, afirman los ecologistas.

Cuando se mira el panorama general dibujado por la acumulación de datos desde 2022, solo el 22 % de los centros analizados en todas las campañas cumplen los límites de la nueva directiva europea y en uno de cada diez centros escolares no se cumple la actual normativa vigente.

Lo que ocurre en los entornos escolares no deja de ser una prolongación de lo que pasa en el resto de ámbitos. La contaminación del aire en España conlleva “uno de los principales riesgos ambientales para la salud”, como recuerda el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).

“La evidencia científica demuestra que incluso niveles bajos de exposición conllevan impactos perjudiciales”, ha apuntado el ISCIII en su monografía específica sobre polución del aire. Entre los impactos generales se cuentan “el aumento de la morbimortalidad por causas circulatorias, respiratorias, endocrinas, mentales y del sistema nervioso”.

Su conclusión es que “cada año se producen 62.000 ingresos anuales urgentes a corto plazo atribuibles a la contaminación, lo que representa el 2,5% de todos los ingresos urgentes que se producen en España”.

¿Qué está detrás?

El principal foco de dióxido de nitrógeno en las ciudades es el tráfico. Por eso, Ecologistas reitera que “para preservar la salud infantil” debería “pacificarse el 100% de los entornos escolares mediante la restricción del tráfico motorizado”.

En este sentido cabría limitar la velocidad a 20 km/h, crear caminos escolares y carriles bici “seguros” para poder llegar a la escuela, limitar el aparcamiento además de “monitorizar los niveles de contaminación atmosférica y acústica”.

Y, lógicamente, esto implica “priorizar el transporte público, el compartido, en bicicleta y peatonal”, insiste la organización, para facilitar el acceso a los centros escolares con menos necesidad de utilizar el coche privado de combustión de cuyos tubos de escape salen los gases contaminantes.

La cuestión del aire contaminado por el tráfico en los colegios es una preocupación, al menos de las familias, desde hace años. En 2021 saltó la revuelta escolar en Barcelona que cada dos semanas sacaba a las calles a escolares y progenitores para reclamar la reducción del tráfico y unos accesos al centro más seguros, con más espacio y menos ruido.

De hecho, los expertos del ISCIII han estudiado que el ruido cerca de los colegios en ciudades como Madrid, puede llegar a ser un factor todavía más perjudicial que la contaminación en menores de 14 años y eso que el NO2 y las micropartículas (PM) ya “tienen una afectación importante”.

Con todo, desde Barcelona, la revuelta escolar saltó también a Madrid donde consiguió algunos logros como la ampliación de aceras en algún centro educativo. A la luz de los datos recogidos en este trabajo, queda mucho aire por limpiar.

Tapices sintéticos. Macrodiscotecas. Viviendas de lujo. Casi cualquier cosa vale para intentar mantener la rentabilidad económica de las montañas. Si el cambio climático causado por los humanos hace que escasee la nieve sobre la que se sustenta el negocio del esquí, afloran ideas para seguir adelante, casi siempre, a costa del medio ambiente.

Es lo que parece estar sucediendo en el Sistema Central –una de las principales víctimas del calentamiento global–. Tanto en la sierra de Guadarrama como en la de Ayllón han brotado planes para tratar de prolongar como sea el esquí o incentivar el turismo masivo y el urbanismo asociados a las estaciones.

En Guadarrama, y en un monte justo al lado del parque nacional, como la Justicia ha fallado finalmente que la estación de esquí de Navacerrada en su vertiente de Segovia tiene que desmantelarse para iniciar la recuperación ambiental, se ha desempolvado un plan para incrementar el uso de las pistas en la parte madrileña, aunque allí nieva menos y nunca ha habido cañones para fabricar manto blanco. ¿Cómo? Poniendo tapetes sintéticos por los que deslizarse.

La manera de rescatar la idea tras la decisión definitiva del Tribunal Supremo ha sido montar una reunión entre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la cabeza visible de la plataforma Hijos del Guadarrama, María Jesús Martín-Merino, para explicar lo que llaman Navacerrada 365.

En realidad, el “proyecto” se hizo público el 1 de julio de 2025. Y decía que “apuesta por un puerto de Navacerrada abierto todo el año”. El alcalde de la localidad, Jorge Herrero (PP), avaló la idea. “Esquí alpino, de fondo y en tapiz”. También “nuevos espacios de aparcamiento” en un lugar que padece atascos masivos durante los inviernos. El tapiz plástico pensado para instalar sobre la ladera de la montaña tiene 30.000 m² y 360 de longitud.

Díaz Ayuso –que ha utilizado la estación como campo de lucha contra el Gobierno de Pedro Sánchez (dueño del suelo) que quiere recuperar los ecosistemas de la montaña– se vio con los promotores el 6 de abril. Eso sirvió para aparecer profusamente en medios de comunicación que presentaron 365 como una novedad de “pistas verdes” o el “renacer” de Navacerrada.

El aviso de que la crisis del clima iba a impactar especialmente en la economía de las montañas sonó hace décadas. Ya en una investigación del año 2002 podía leerse: “Como una industria que se verá severamente afectada por el cambio climático, el turismo [de nieve] tendrá que centrarse en las estrategias de mitigación, por ejemplo, menores emisiones de gas del tráfico de los turistas”. Y añadía que “detrás de los costos para el turismo están las personas directamente afectadas que perderán sus formas de vida. Ellos no podrán adaptarse tanto como los turistas que pueden, simplemente, ir a otros sitios”.

Los jueces anulan las viviendas 'premium'

En la sierra de Ayllón, en la estación de La Pinilla, el responsable de Ecologistas en Acción, Claudio Sartorius, ha recibido hace apenas un mes la sentencia favorable del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que anula el plan de la empresa gestora para levantar allí diez viviendas de lujo. “El proyecto se les viene abajo sin el plan urbanístico porque la nieve es una ruina”, cuenta ahora a elDiario.es. “No es que no puedan fabricar nieve –que tampoco tienen permiso para usar el agua de la Confederación Hidrográfica– es que la que se fabrica no dura”.

La estación de esquí segoviana nació a finales de la década de los 60 para una promoción urbanística de miles de viviendas. “Con la nieve parecía que el modelo funcionaba, pero al dejar de caer, decayó. Ahora vemos casas decrépitas y bloques fantasma”, rememora el ecologista.

Pensé: si paro esto, paro lo que viene detrás. Sin el plan urbanístico, el proyecto se les viene abajo porque la nieve es una ruina

Claudio Sartorius — Responsable de Ecologistas en Acción en Segovia

De hecho, al decaer el negocio, la estación pasó a manos públicas y ser gestionada por la Diputación de Segovia junto a la Junta y Caja Segovia. Finalmente, vendieron la instalación al Ayuntamiento de Riaza por una peseta en el año 2000.

Como los números del esquí seguían sin salir, el Consistorio privatizó la gestión de La Pinilla a una empresa por un canon de 150.000 euros anuales que es la actual promotora de estos proyectos.

Cuando Sartorius vio el proyecto de viviendas premium pensó: “Si paro esto, paro lo que viene detrás”. E interpuso el recurso judicial que ha terminado ganando. Lo que “venía detrás” era “llenar de casitas la montaña hasta la cumbre flanqueando las pistas”.

Sin embargo, no es la única iniciativa que afecta a un monte a 300 metros del espacio protegido Sierra Norte de Guadalajara y pegado a la zona de especial conservación Sierra de Ayllón. La empresa dio a conocer a principios de este año que quiere construir una gigantesca pista de baile de 12.000 personas y 7.000 m² en plena montaña. En las instalaciones ya se han celebrado sesiones musicales multitudinarias, pero el plan es tener un domo de conciertos contra el que han alegado organizaciones como Plataforma Ecologista o Salvemos el Pico del Lobo.

Son solo tres ejemplos con fecha muy reciente sobre las ideas que brotan más de dos décadas después de que asomaran los avisos científicos sobre el riesgo que el calentamiento global generado por los humanos suponía para este modelo económico instalado en las cumbres. No son los únicos ni la única cadena montañosa española implicada.

Sin ir más lejos, en los emblemáticos Pirineos, surgió un plan para unir varias estaciones de esquí situadas en los valles Aragón y Tena –Formigal, Candanchú y Astún–. El proyecto pretendía la construcción de una telecabina de 4,3 km con 37 torres a través del canal Roya. También contemplaba la creación de una carretera de evacuación y dos estaciones intermedias.

Al plantearse una fuerte oposición de diversos grupos sociales, con manifestaciones incluidas, por el momento, el Gobierno de Aragón ha desistido de la idea. “Podría reactivarse o modificarse con futuras decisiones políticas y administrativas”, alertan desde Greenpeace. Los ecologistas pretenden la declaración de parque natural de la zona para su conservación legal.

Cada año, en invierno y primavera, en cuanto asoma algo de calor y sopla el viento del sur, el norte de España arde. Decenas de incendios simultáneos, la mayoría provocados por humanos para generar pasto y clarear el monte para el ganado, calcinan centenares de hectáreas esta semana en Asturias, Cantabria y Galicia. “Este monte no se quema, lo queman”, sentencia al reflexionar sobre ello el delegado de SEO/Birdlife en Asturias Nicolás López.

En Cantabria, el Gobierno regional ha contabilizado más de 140 incendios solo en los primeros nueve días de abril. El 75% de los fuegos de esa región en la última década se concentran en febrero y marzo y casi todos son “intencionados” por las “prácticas ganaderas”, informa el Ejecutivo, es decir, los ganaderos prenden el monte.

En Asturias se han sucedido más de 30 focos sobre cuyo origen, el Principado ha dicho: “No se producen de manera natural”. En Galicia ya se ha registrado un gran incendio forestal que ha carbonizado 750 hectáreas.

El efecto ecológico de que se quemen esos montes año tras año es devastador. Lo primero es que, con el fuego, se empobrece el suelo lo que luego lleva a la erosión y a que, en las zonas que se queman recurrentemente en primavera, al final solo quede pedregal

Alfredo F. Ojanguren — Profesor de Zoología de la Universidad de Oviedo

Cuando arden Las Médulas o grandes masas de árboles, la desolación se generaliza. Con el crepitar de llamas gigantescas de muchos metros, la formación de incendios inextinguibles o la aparición de nuevos monstruos ígneos como los pirocúmulos, la opinión pública y las administraciones ponen el grito en el cielo. En el caso de estos incendios tempranos, que destruyen el monte bajo, el foco pasa de puntillas.

Suelo degradado, destrucción de hábitats

Sin embargo, “el efecto ecológico de que se quemen esos montes año tras año es devastador”, explica el profesor de Zoología de la Universidad de Oviedo, Alfredo Ojanguren. “Lo primero es que, con el fuego, se empobrece el suelo lo que luego lleva a la erosión y a que, en las zonas que se queman recurrentemente en primavera, al final solo quede pedregal”.

A lo que se refiere Ojanguren es un fenómeno descrito con claridad por los investigadores: “Los incendios incrementan significativamente la escorrentía y la pérdida de suelo con valores hasta 30 veces superiores en comparación con áreas no quemadas”, según detalla esta ponencia del último Congreso Nacional Forestal. También “registran altas tasas de erosión durante lluvias intensas”, añade.

Es una idea que remacha la experta en incendios forestales de WWF, Lourdes Hernández: “Los incendios eliminan la cubierta vegetal protectora y, dado el terreno montañoso de –por ejemplo– Cantabria, intensifican los procesos de erosión y de escorrentía lo que altera el funcionamiento ecológico de los ecosistemas”.

Al hablar de suelo no se trata de cualquier piso o superficie, sino la capa fina de entre 15 y 25 centímetros capaz de proporcionar alimento, biomasa y materias primas, además de regular los ciclos del agua y el carbono. Su deterioro abre la puerta a la desertificación. La degradación del suelo es un problema en la Unión Europea con especial atención a España. El ciclo, fuego-erosión-degradación es una de las causas diagnosticadas.

Hernández amplía además que, al quemarse repetidamente las mismas zonas, “se acumula la degradación. El bosque pierde capacidad de regeneración y se consolidan formaciones vegetales cada vez más pobres e inflamables”. Y esto provoca “un círculo vicioso difícil de romper, que incrementa el peligro año a año”, remata la experta.

Fernández Ojanguren, doctor en Biología, aclara que “este tipo de quemas se centran en zonas no arboladas como laderas cubiertas por monte bajo, brezos, tojos, escobas... Se trata de un hábitat esencial, no solo para esa vegetación que arde, sino para muchas especies de animales que dependen de ello”.

En época reproductora causan gravísimos daños no solamente a las especies de aves, sino que conllevan una destrucción de todos los invertebrados, de flora, de bancos de semillas y de individuos de especies que no pueden desplazarse y que estaban saliendo ahora de su letargo invernal para acabar calcinados

Nicolás López — Delegado de SEO/Birdlife en Asturias

Nicolás López explica que estos incendios “en época reproductora como es ahora mismo causan gravísimos daños. No solamente a las especies de aves que están criando, sino que conllevan una destrucción de todos los invertebrados, de flora, de bancos de semillas y de individuos de especies que no pueden desplazarse y que estaban saliendo ahora de su letargo invernal para acabar calcinados”.

En este sentido, un reciente informe sobre afecciones del fuego a la biodiversidad detectó que los incendios en Cantabria en 2025 afectaron entre 8% y el 15% del territorio donde vive el urogallo, especie en peligro crítico de extinción, o hasta el 17% del desmán de los pirineos, en el mismo máximo nivel de peligro.

Ojanguren completa el periplo por el daño ambiental describiendo que los fuegos rompen un proceso llamado “sucesión ecológica”. El monte bajo ardido es un “estado intermedio entre los pastizales y un bosque que se compone de especies de arbustos que luego dan a paso a árboles. Estos incendios pretenden revertir ese proceso de sucesión ecológica”.

Criminalización vs. intención ganadera

El sector ganadero, mediante diversas asociaciones, ha protestado porque se les “criminalice” como responsables de estos incendios. En contraposición, las fiscalías de medio ambiente de estas comunidades han reiterado en muchas de sus memorias anuales cómo las prácticas ganaderas y agrícolas de las quemas han estado detrás del fuego.

Los fiscales lo han dejado por escrito con citas como “destaca que casi todos [los incendios] están relacionados con una motivación unívoca, a saber, la de regeneración de terrenos para pastos”. Una idea repetida en las fiscalías del norte de España: en Cantabria, por ejemplo, “destaca que perdura, a lo largo de los años, la práctica consistente en utilizar el fuego por parte de los ganaderos para regenerar pastos”. En Asturias se describe que los incendios están “generalmente provocados para generar pastos”.

Estos incendios no son episodios aislados, sino un problema crónico reflejo de fuertes conflictos sociales, económicos y territoriales cada vez más enquistados. Centrarse solo en apagar incendios no funciona porque el verdadero problema está en un sistema territorial y socioeconómico en desequilibrio

Lourdes Hernández — Experta en incendios de WWF

Hernández reflexiona que “estos incendios no son episodios aislados, sino un problema crónico reflejo de fuertes conflictos sociales, económicos y territoriales cada vez más enquistados” y que “centrarse solo en apagar incendios no funciona porque el verdadero problema está en un sistema territorial y socioeconómico en desequilibrio”. También pide que se realice “una gestión participada y compartida” entre las administraciones y los ganaderos para garantizar la actividad y la biodiversidad.

Con todo, Nicolás López insiste en que “no hay que dejar de destacar que el 100% de estos incendios son provocados porque, al menos en Asturias, no ha habido ninguna tormenta eléctrica para producir incendios fortuitos y que hay una impunidad total: no hay sentencias”.

La presidenta de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), María José Rallo del Olmo, ha dimitido de su cargo. El Boletín Oficial del Estado publica este jueves el cese que coincide con el nuevo estatuto de la agencia. A partir de ahora, según este documento, la presidencia recaerá en el secretario de Estado, puesto actualmente ejercido por Hugo Morán.

Rallo del Olmo ha estado al cargo de la AEMET desde diciembre de 2023. Durante su mandato se generó un conflicto laboral dentro de la institución que llegó al borde una huelga antes de Semana Santa que amenazaba con trastocar la temporada turística, ya que el paro hubiera influido en la operatividad de los aeropuertos.

Finalmente, el 27 de marzo, los trabajadores ratificaron el acuerdo al que habían llegado la dirección y los sindicatos. De hecho los representantes de CCOO y Csif han escrito cartas de despedida a Rallo del Olmo en la que indican que “a pesar de las diferencias, se está avanzando” o reconocen su “papel en el acuerdo histórico del pasado 27 de marzo”.

Con el nuevo estatuto, si la presidencia de la Aemet es ejercida por quien sea en ese momento secretario o secretaria de estado, la parte ejecutiva del organismo la llevará a cabo una dirección general propuesta por la presidencia (la secretaria de Estado) y aprobada por un Consejo Rector.

Un electroshock positivo. La guerra en Irán que asfixia el suministro de combustibles fósiles ha hecho más evidente que transformar el transporte, las calefacciones o la industria en eléctricos puede salvar el planeta del colapso climático y cortar la sed de petróleo que atenaza periódicamente a Europa y España.

“El mundo no ha vivido nunca una disrupción del suministro energético de esta magnitud”, ha dicho recientemente el director de la Agencia Internacional de la Energía, Fatih Birol. En una entrevista en Le Figaro, ha afirmado que la actual crisis petrolera causada por los ataques de EEUU e Israel sobre Irán “es más grave que las de 1973, 1979 y 2022 juntas”.

Un 66% de los productos petrolíferos consumidos en Europa se dedican al transporte, según la Agencia Internacional de la Energía. España no se escapa de esta tendencia: solo entre gasolina, gasóleo y queroseno para aviones se comen el 60%. “En 2025 el consumo de productos petrolíferos alcanza 60,17 millones de toneladas y aumenta un 1,4% respecto a 2024, siendo el mayor consumo desde 2011”, explica la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores).

Al mismo tiempo, el transporte que consume el petróleo que debe importarse es “el único sector en el que las emisiones de CO₂ siguen siendo superiores a las de 1990. Es responsable de casi el 30% de las emisiones de la UE”. Tres cuartas partes de ese gas provienen del transporte por carretera (el que usa gasolina y diésel).

De hecho, en España no solo es el principal emisor de CO₂ del país, sino que está creciendo “debido principalmente al aumento de las emisiones del transporte por carretera”, expone el Inventario Nacional, aunque la navegación (5%) y la aviación (7%) nacionales también incrementaron sus emisiones en 2024.

Con esta situación, “el transporte sigue siendo el principal problema climático de Europa”, describe el último informe de la organización Transport&Environment (T&E). En 2025, las emisiones de gases del sector en general se estancaron. Las de los coches se estabilizaron y las de la aviación crecieron.

“Mientras que las emisiones de automóviles se estancan en los países rezagados, el elefante en la habitación es el crecimiento en las de la aviación que anulan las ganancias en otros campos”, concluye el análisis.

Hay dos caminos para Europa, que no produce petróleo, capitular o acelerar la energía verde. Seguir siendo dependiente de las importaciones de petróleo y gas y pagando cualquiera que sea el precio que ponga el mercado o apostar por una energía verde y autóctona

William Todts — Director ejecutivo de Transport&Environment

El director ejecutivo de T&E, William Todts, lo tiene claro: “Hay dos caminos para Europa, que no produce petróleo, capitular o acelerar la energía verde”. Lo primero implica “seguir siendo dependiente de las importaciones de petróleo y gas y pagando cualquiera que sea el precio que ponga el mercado”. Lo segundo “apostar por una energía verde y autóctona”.

El déjà vu de la crisis del petróleo

“El transporte es uno de los sectores que más contribuye a la crisis climática y uno de los que más está costando descarbonizar”, cuenta el coordinador del área de movilidad en Ecologistas en Acción, Pablo Muñoz. “Y, además de las dificultades para la electrificación, en los últimos años se constata una intensificación acelerada de la movilidad, tanto de mercancías como de personas, a todos los niveles”. Y, de momento, esa movilidad se basa en combustibles fósiles.

Para cortar ese circuito nefasto de miles de millones de euros que une los combustibles fósiles y los efectos devastadores de la crisis del clima, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) prevé una electrificación general de la economía del 35% para 2030. El actual nivel de electrificación en España está en el 24%, según Eurostat.

Esto significa que un tercio de la energía que se utilice en España (desde los edificios a los coches pasando por las fábricas) sea a base de electricidad, no de quemar combustibles. Y que esa electricidad se genere de manera limpia. La Agencia Internacional de la Energía considera que los países desarrollados (como España) tendrían que alcanzar un 40% en ese 2030.

Red Eléctrica dice que el sector del transporte es “donde hay un mayor potencial de descarbonización basado en la electrificación masiva”. En otras palabras, la electrificación es actualmente pobre, ya que está en el 5% mientras que la industria ronda el 30% y los edificios entre el 40% y el 45%.

El PNIEC baraja como principales herramientas el uso de combustibles alternativos y la extensión del coche eléctrico. Plantea llegar a los 5,5 millones de vehículos para 2030 (el 18% del parque) cuando ahora rondan los 600.000 (entre 1,5% y el 2% del total).

Existe el riesgo de crear la ilusión de que es posible un sistema de transporte ecológico al margen de la drástica reducción de la movilidad, de la reorganización urbanística, de la relocalización de la economía y de la preeminencia del transporte público y del no motorizado

Pablo Muñoz — Coordinador del ára de movilidad en Ecologistas en Acción

“Países con ventas altas de vehículos eléctricos han visto fuertes reducciones en sus niveles de emisiones de carbono, pero han sido contrarrestadas por el incremento en países como España donde esas ventas son todavía demasiado bajas”, puntualiza Todts.

Pablo Muñoz contrapone que, si bien es cierto que el coche eléctrico “emite menos gases de efecto invernadero y contribuye a mejorar la calidad del aire, existe el riesgo de crear la ilusión de que es posible un sistema de transporte ecológico al margen de la drástica reducción de la movilidad, de la reorganización urbanística, de la relocalización de la economía y de la preeminencia del transporte público y del no motorizado”.

Según su análisis, descarbonizar el transporte pasaría por “un modelo en el que las formas de desplazamiento activo y transporte colectivo con cero emisiones y basado en energías renovables sean la prioridad. El papel del vehículo privado motorizado debe ser mínimo”. En resumen: no puede simplemente cambiarse el parque de vehículos de combustión por el mismo número de eléctricos porque “no resolvería el consumo de recursos, la ocupación del espacio público o los accidentes”.

Mientras, el estrangulamiento en el estrecho de Ormuz sigue ahogando el tránsito de gas y petróleo. “Tengo una sensación de déjà vu. De que ya hemos estado aquí antes”, ha descrito el director de T&E. Ciertamente, episodios parecidos golpean recurrentemente a Europa: la guerra en Ucrania en 2022, la primavera árabe en Libia en 2011, la primera guerra del golfo en 1990, la revolución iraní y la consiguiente guerra con Irak (1978-1981) o el corte de suministro de la OPEP a occidente por la guerra del Yom Kipur (1973). En todas estas crisis, el petróleo se restringió y los combustibles –la materia prima de las emisiones de gases invernadero– dispararon su precio.

Porque al final, “el dinero de los europeos va a los bolsillos de la industria petrolera”, remata Todts que ha calculado que estas compañías sacarán de Europa “30.000 millones de euros más de beneficios por la guerra”.

Las cosechas mundiales de 2026 están, ahora en marzo y abril, al borde del precipicio. Una escasez de alimentos sobrevuela el mundo por el ataque de EEUU e Israel a Irán. Al final de una cadena que comienza con el cierre del transporte de fertilizantes por el estrecho de Ormuz asoma un descenso en la producción de comida y un incremento “de la presión migratoria sobre Europa a lo largo de 2027”, según un documento de análisis interno de Moncloa al que ha tenido acceso elDiario.es.

La guerra en Oriente Próximo se ha notado muy rápidamente en los carburantes por la dependencia que todavía persiste de los combustibles fósiles: el petróleo y el gas. El Gobierno –entre otras cosas– ha subvencionado el precio de la gasolina y el diésel. Pero la aventura estadounidense en Irán tiene efectos retardados. “A medio plazo los fertilizantes pueden subir los precios agrícolas”, dice el documento.

Aunque el ministro de Agricultura, Luis Planas, ya pidió a los eslabones de la cadena alimentaria “cuidado para evitar que las familias paguen el incremento de precios” –la siempre temida por cualquier ejecutivo inflación–; el análisis interno de Moncloa apunta a una crisis más global.

“En el peor momento posible”

Porque una agricultura intensiva basada en productos químicos derivados de los combustibles fósiles tiene ahora sus consecuencias: si la producción agrícola se lleva el 15% del uso del petróleo y gas, según la FAO, buena parte de ese consumo está dedicado a la fabricación de fertilizantes. Y el conflicto desatado por Donald Trump y Benjamin Netanyahu ha interrumpido simultáneamente la producción y la exportación de fertilizantes del Golfo pérsico “en el peor momento posible del calendario agrícola”, analizan en el Ejecutivo, que es “la temporada de siembra en el hemisferio norte”.

La realidad es que lo que no se fertilice ahora en primavera, se pierde. No puede recuperarse. “La cosecha del hemisferio norte 2026 se está decidiendo ahora y el defecto será visible en las estadísticas de producción global a partir de agosto”, explica el documento del Ejecutivo.

“Para los países africanos que dependen de las importaciones de fertilizantes, esta crisis llega en un momento especialmente delicado –explica la ONG International Fertilizer Developing Center–. De ahora a julio, muchos países entran en su periodo principal de siembra cuando la demanda de fertilización llega a su pico”. La organización juzga “urgente” la disponibilidad de estos productos para evitar “disrupciones en las cosechas de 2026”.

Pero la escasez de fertilizantes ya está desplegada. Por el estrecho de Ormuz transitaba, aproximadamente, un tercio del comercio de estos productos químicos. Catar es conocido por ser un gran suministrador de gas, pero también es el principal exportador de urea –el fertilizante sintético nitrogenado más utilizado obtenido con gas fósil–. Desde el inicio de los bombardeos contra Irán el 28 de febrero, las salidas de fertilizantes por el estrecho se han desplomado como se ve el siguiente gráfico.

Este país ha paralizado la producción de urea tras los ataques a su planta de gas de Ras Laffan llevados a cabo por Irán como respuesta a los bombardeos de Israel y EEUU. Su Gobierno estima que reparar la planta puede llevar tres años.

Al mismo tiempo otros productores importantes de fertilizantes como Bangladés, India y Pakistán han tenido que reducir su fabricación por la escasez de gas licuado que les llegaba, precisamente, desde Catar. “El precio de la urea ha subido un 47% en tres semanas y podría duplicarse”, calcula el Gobierno español. No se trata de una estimación particular de la administración española, ya que la misma FAO reitera que sus proyecciones indican “que los precios globales de los fertilizantes podrían estar en una media entre un 15% y un 20% más altos en la primera mitad de 2026 si la crisis persiste”.

De hecho el economista jefe de la FAO, Máximo Torero, coincide con esta evaluación: “No se trata únicamente de un shock energético, sino que se trata de un shock sistémico que afecta los sistemas agroalimentarios”, ha dicho.

Así que, aunque el precio de los combustibles es lo que se lleva principalmente la atención, “uno los golpes más severos lo padece la seguridad alimentaria y la producción agrícola”, ha insistido Torero. “Los agricultores hacen frente a una doble crisis. Por un lado, deben asumir el encarecimiento de los fertilizantes y, por otro, en respuesta a esto fertilizan menos o plantan cultivos menos demandantes”. Y además aclara que “incluso una reducción modesta en la aplicación de fertilizantes puede resultar en una reducción desproporcionada en la cosecha, sobre todo allí donde ya se usaban poco de base”.

“Una caída significativa de rendimientos agrícolas en los países más dependientes de importaciones del Golfo Pérsico, como el Sahel, Yemen, Egipto, Pakistán o Bangladés elevaría los precios de los alimentos en el cuarto trimestre de 2026 y la presión migratoria sobre Europa a lo largo de 2027”, explica la evaluación interna del Ejecutivo.

El documento desarrolla que “el choque va de los fertilizantes a la cosecha global, de la cosecha a los alimentos, de los alimentos a la inestabilidad política en economías frágiles, y de la inestabilidad a los flujos migratorios hacia Europa”.

El ministro Planas ha acudido este lunes a Bruselas para instar a la Comisión Europea a activar algún tipo de plan para garantizar el abastecimiento y contener los precios.

En un estudio para el Banco de España sobre Crisis alimentarias y migración forzada, Federico Carril-Caccia, Jordi Paniagua y Marta Suárez-Varela concluyen que “incluso después de tener en cuenta otros determinantes, las crisis alimentarias tienen un impacto directo en los flujos migratorios internacionales”. Según su análisis, “las menos severas tienden a incrementar la migración internacional, mientras que las más severas tienden a impulsar los flujos hacia países en vías de desarrollo”.

La relación entre escasez de alimentos y migración forzada es directa. El Informe global de la crisis alimentaria coordinado por la ONU calcula que la falta de comida obligó a desplazarse a 95 millones de personas en 2024 de los que 24 millones buscaron refugio o asilo fuera de sus países de origen. Fue un 5,5% más que un año antes. Desde 2013, la cantidad de personas desplazadas en países con crisis alimentaria ha pasado de 44 a esos 95 millones. Un salto de más del 100% en algo más de una década.

Agricultura dependiente de los fósiles

La cuestión es que la llamada Revolución Verde que multiplicó la cantidad de alimentos disponibles a partir de 1960-70, se desarrolló no únicamente por la selección genética de los cultivos sino a base de “triplicar la aplicación de fertilizantes inorgánicos”. Entre 2000 y 2020 el uso de fertilizantes en el mundo subió un 49% según la FAO: de 150 a 189 millones de toneladas. “Una contribución significativa a la alimentación mundial”, lo denomina esta organización.

La otra cara de la moneda ha sido la dependencia de estos combustibles fósiles para producir alimentos y, además, la carga de calentamiento global que ha impuesto esta fórmula intensiva de cultivar.

El método intensivo que confía en los fertilizantes sintéticos para incrementar las cosechas ha disparado las emisiones del gas de efecto invernadero denominado óxido nitroso (N2O). Se ha generado un conflicto entre la manera en la que se alimenta la población y el clima. De hecho, el nivel de emisiones hace muy difícil cumplir los objetivos del Acuerdo de París contra el cambio climático, según evidenció una investigación internacional que revisó el N20 inyectado por la agricultura y la ganadería a la atmósfera.

La potencia de efecto invernadero de este compuesto y su larga duración en la atmósfera (superior a los cien años) le convierten en el tercer agente responsable del calentamiento global y, por tanto, del cambio climático en la Tierra.

El Gobierno y otras formaciones políticas han ido saliendo en cascada para condenar los gritos islamófobos que se escucharon este martes en el estado de Cornellá-El Prat durante el partido de la selección española de fútbol contra el combinado nacional de Egipto. En las gradas se escucharon gritos de “musulmán el que no bote”, unos cánticos no minoritarios que ya están investigando los Mossos d'Esquadra.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado en X su apoyo “a los deportistas que lo sufrieron” y su “aplauso a quienes, con su respeto, nos ayudan a ser un país mejor”. “El episodio de ayer en Cornellà es inaceptable y no debe repetirse. No podemos permitir que una minoría incívica empañe la realidad de España, un país plural y tolerante. La selección de fútbol y su afición, también”.

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha llegado a afirmar este miércoles que “los insultos y cánticos racistas nos avergüenzan como sociedad” mientras que el portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufían, ha añadido que lo que “molestan son los musulmanes pobres”. La dirigente de Podemos, Irene Montero, también ha dicho que es “escuchar esos cánticos” es “una verguenza” y ha añadido que lo ocurrido deriva de que se “han visto en la tele y la política a mucha gente 'respetable' diciéndoles que ese odio es 'sentido común'”.

Tras estas reacciones, el Partido Popular ha salido a decir por boca de su portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, que lo acontecido en el partido del martes es “lamentable y condenable”. El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol (PP), ha repetido que “igualmente inaceptable burlarse de una religión ya que es una ofensa a sus creyentes y a mi tanto me da que sean musulmanes o católicos”.

Los primeros en reaccionar tras los cánticos, fueron los miembros del Gobierno relacionados con el deporte. El presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, publicó después del partido un texto que decía: “Todo lo que sé sobre la moral de los hombres lo aprendí en el fútbol, dijo Camus. El deporte es radicalmente incompatible con la xenofobia, con el odio. No podemos relativizar los gritos racistas que hemos escuchado hoy en el España-Egipto. La intolerancia es intolerable”.

La titular de Educación, Milagros Tolón, también acudía a las redes sociales para expresar que “el deporte es esfuerzo, trabajo y talento, pero también respeto, solidaridad y convivencia. El odio, el racismo y la xenofobia no tienen cabida en los estadios ni en nuestra sociedad”.

Este miércoles, el Ministerio de Educación ha lanzado un comunicado en el que subraya que “estos comportamientos son absolutamente inaceptables y no representan, en ningún caso, a la inmensa mayoría de la afición española, que entiende y vive el deporte como un espacio de respeto y convivencia”.

Se da la circunstancia de que España organizará el mundial de fútbol de 2030 junto a un país oficialmente musulmán como es Marruecos. Es más, una de las máximas figuras de la selección española de fútbol, Lamine Yamal, es de origen marroquí y musulmán. Su cara este martes tras el partido era “un poema”, según las crónicas deportivas.

“Lo que ocurrió anoche en Cornellà no nos representa. Son grupos ultras jaleados por la política ultra. Y nos avergüenzan”, ha declarado también el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. El político ha añadido que “España, con su presidente a la cabeza, defiende la paz, la integración y la convivencia. Es un orgullo de país. El odio y el racismo no tienen cabida en el deporte ni en nuestra vida. Quien calla es cómplice”.