No estoy muy seguro de si fue Gabriel Rufián o Román Rodríguez a quien primero oí hablar de la necesidad de la confluencia de izquierdas. De aglutinar esa dispersión tradicional de votos situada a la izquierda del PSOE para contribuir en mayor medida a una mayoría que pudiera frenar el advenimiento de la derecha y la ultraderecha. Román Rodríguez, fundador de Nueva Canarias, culo inquieto donde los haya, viene de muchas experiencias en la materia, de haber conseguido alianzas tanto con el PSOE como con Coalición Canaria para lo mismo, para tener voz en las instituciones del Estado, es decir, en Madrid. Un político con la política en la sangre que sabe de traiciones y de desgastes, de nadar y guardar la ropa, de poderosos y miserables, de trampas y campeonatos. De los que presume de “leerse los papeles”, de los que anda todo el día con encuestas y proyecciones demoscópicas para asegurarse y asegurar a sus interlocutores que no está diciendo tonterías cuando plantea lo que plantea.

Por eso le creí la primera vez que me dijo que ya tenía muy avanzadas conversaciones con Izquierda Unida, con Podemos, con Sumar, y con otras fuerzas de izquierda insulares y que las primeras respuestas habían sido muy positivas. Era una aproximación inicial que le garantizaba, según sus estimaciones, una plaza para el Congreso de los Diputados por Las Palmas, y la posibilidad, algo más complicada, de alcanzarla también por Santa Cruz de Tenerife, siempre que se sumara a la iniciativa el partido de Alberto Rodríguez, Drago Canarias.

Román Rodríguez y su gente hablaron con todo el mundo, incluidas las dirigentes nacionales de Podemos y Sumar, y se confabularon para encontrar un candidato o una candidata “sin mochila” que pudiera encabezar la candidatura, alguien que no pudiera ser discutido no ya por las fuerzas participantes, sino por la ciudadanía.

Por lo que se sabe ahora, las negociaciones se tornaron al final más duras de lo que se presagiaban cuando se iniciaron, debe ser porque las urgencias traen consigo exigencias imprevistas. O no tan imprevistas. Porque lo que pasa en Madrid, siempre Madrid, tiene su traslación a negociaciones ultraperiféricas y se intenta presionar a fuerzas de ámbito nacional con un “mira lo que te puedo hacer en Canarias”. La amplitud de miras de los responsables en Canarias de Izquierda Unida, de Sumar y de Podemos permitieron finalmente que la confluencia se hiciera realidad.

Lo que se ha traducido finalmente en que Román Rodríguez haya sabido sacar tajada de nuevo de su iniciativa, de su capacidad de estratega y de su perseverancia: será Nueva Canarias la que encabece la candidatura de Unidad del Pueblo Canario con su secretario general y portavoz en el Parlamento autonómico, Luis Campos, la persona que le sustituyó al frente del proyecto cuando vinieron los peores momentos, cuando se le rebelaron los alcaldes y los concejales afines a Teodoro Sosa y a Óscar Hernández, líderes de dos formaciones coaligadas (Bloque Nacionalista Rural y Roque Aguayro) que se cansaron del megaliderazgo de Román Rodríguez y eligieron acercarse al de Fernando Clavijo con unas condiciones que a van a ver si se cumplen.

Haciendo de la necesidad virtud, Nueva Canarias-Bloque Canarista, que es como se llama en realidad, se presenta ahora a unas elecciones en el momento más delicado de su corta historia, convirtiendo la desbandada de Teodoro Sosa y de Óscar Hernández en su primera prueba de fuego para testar ante la militancia y el cuerpo electoral el respaldo que cada cual tiene.

Unos se presentan como alternativa canaria de izquierdas y los otros dentro de la Mesa de Unidad Canaria que lideran Coalición Canaria y Municipalistas Primero Canarias y la que se ha sumado casi dos decenas de pequeños partidos municipales para dar el mayor realce posible al acontecimiento de esa particular confluencia.

Teodoro Sosa, alcalde de Gáldar, se ha prestado a ser el número uno al Congreso de los Diputados de esa Mesa de Unidad Canaria en un escenario no del todo favorable que podría dejarlo desnudo ante su propia organización y debilitado ante su padrino, Coalición Canaria. Dada la escasa edad de su organización, todavía no es contemplado con seriedad por las encuestas, salvo por las del Instituto Perfiles, la consultora de cabecera que maneja constantemente Fernando Clavijo para convencer a sus acólitos y aspirantes a serlo. Clavijo le ha dicho a Teodoro Sosa que tiene todas las papeletas para salir, que encabezará una candidatura muy atractiva para el público nacionalista, soberanista y progresista, y que la organización y toda su maquinaria mediática y empresarial, se van a volcar para que su estreno en la escena nacional sea todo un éxito.

Pero le fallan algunas patas fundamentales, como Fuerteventura, donde Asamblea Majorera, que tienen su corazoncito, no entiende nada de lo que está pasando, como que la candidatura por la provincia de Las Palmas, que incluye además de Gran Canaria, a Lanzarote y Fuerteventura, esté encabezada por dos personas de la isla capitalina. Que no se creen esa autoafirmación de Municipalistas Primero Canarias de ser un proyecto más amplio que el que se extiende más allá de los ombligos de sus promotores.

Un handicap al que hay que sumar la animadversión que despierta Coalición Canaria en Gran Canaria por motivos históricos, los mismos que propiciaron el nacimiento y auge de una fuerza como Nueva Canarias cuando Román Rodríguez la creó en 2005 precisamente como una escisión de la casa autoproclamada nacionalista madre.

Frente a Clavijo

Pues sí, frente a Clavijo, el acuerdo de frente amplio de Canarias, ya registrado bajo el nombre de Unidad del Pueblo Canario, tiene como principal responsable, como principal hacedor, a Román Rodríguez, y por eso será su secretario general quien ocupe la primera plaza de la candidatura y, en el caso de salir, los dos primeros años de legislatura en una nueva aplicación del pacto de time-sharing que también uso Nueva Canarias en 2019-2023 cuando pactó lo mismo que ahora pero con Coalición Canaria para tener un acta más en el Congreso de los Diputados. Y en aquella ocasión, la rentabilidad también se la llevó Nueva Canarias gracias al concurso de un diputado muy hábil, Pedro Quevedo, del que todo el mundo se acuerda, lo que no ocurre con quien ocupó el escaño canario la segunda mitad de la legislatura, María Fernández, que otra vez va de dos, pero en esta ocasión de la confluencia con Primero Canarias.

La Mesa de Unidad Canaria, con su correspondiente llamamiento a la voz canaria en Madrid, la obediencia isleña y esas cosas, es un mecanismo clásico por el que Coalición Canaria trata de recuperar predicamento en Gran Canaria. Sabe que el escaño está en estos momentos un poco lejos pero no imposible. Y, en peor de los casos, restará posibilidades a su eterno rival, que es Nueva Canarias, que es Román Rodríguez, objetivo que también persigue Municipalistas Primero Canarias.

Porque ocupar un escaño en la Carrera de San Jerónimo no estuvo nunca entre los afanes de Teodoro Sosa y Óscar Hernández, los promotores de Primero Canarias. Su objetivo principal es el Cabildo de Gran Canaria y el mayor número de alcaldías de la isla y, en segundo lugar, el Parlamento de Canarias. Arriesgar a uno de sus principales valores electorales a fracasar en este intento sólo será posible gracias al acuerdo que han alcanzado con Coalición Canaria por el que, ocurra lo que ocurra, Teodoro Sosa podrá optar sin discusión a la candidatura a la presidencia del Cabildo.

Ha sido necesaria una semana de discusiones para despejar estas dudas después de que Fernando Clavijo se lanzara a bendecir la candidatura del alcalde de Gáldar sin guardar la debida compostura.

En el frente de la izquierda la cosa también tiene directa dependencia con Coalición Canaria. Es Coalición Canaria la que está manteniendo viva la llama de Drago Canarias para que no flaquee y para que se presente en solitario en las dos circunscripciones electorales para las elecciones generales del 29 de noviembre. Y si la Mesa de Unidad Canaria tiene escasas posibilidades de obtener escaño, ya te podrás imaginar las que tiene la gente de Alberto Rodríguez, siempre según lo que dicen actualmente las encuestas.

A Alberto Rodríguez se le invitó por varias vías a que se sumara a Unidad del Pueblo Canario, pero no dio ni siquiera una oportunidad al diálogo, a sentarse alrededor de una mesa a conocer las condiciones y las opciones. Su negativa fue inmediata: nos presentamos en solitario y punto.

De momento, Rodríguez y los suyos siguen copando espacios de actualidad en la radio y la televisión públicas de Canarias como si formaran parte de una fuerza parlamentaria con opciones nacionales. Tienen sólo dos concejales como toda representación institucional pero se les presenta en RTVC y en otros medios privados, como la cadena Ser, como una fuerza decisiva. Y claro que puede ser decisiva, pero solo para desarticular opciones de las demás fuerzas de izquierdas.

Al ruido contribuímos otros medios cuando nos mostramos críticos con ese apadrinamiento de Coalición Canaria sobre Drago y al descaro con el que Drago acepta el apadrinamiento por lo que supone de alcanzar notoriedad, de momento con escasos resultados.

La recurrente participación de Alberto Rodríguez como reputado analista político en el programa de Televisión Canaria La Retranca no termina de cuajar, ni para él ni para Televisión Canaria. La última entrega de ese remedo de programa político se saldó con un escuálido 1% de audiencia media, lo que despertó la conmiseración y la sorna, como demuestra esta pieza de Diario de Avisos. 

Fue tan patética la intervención de Alberto Rodríguez tratando de desprestigiar por godas todas las opciones de izquierdas ajenas a la suya que hasta fue al plató pertrechado con elementos habitualmente usados por los candidatos para los debates televisivos, como varios cartones-pluma con recortes de prensa. Entre ellos, vaya por dios, uno de Canarias Ahora, el medio al que Drago tiene vetado por considerarnos seguramente muy godos y muy desafectos al amado líder.

Se le olvidó contar todo lo que deben él y su partido a algunas de esas formaciones de obediencia española, como el salario de uno de los integrantes de su staff que hasta que se disolvieron las Cortes era pagado por Sumar, partido godo con el que concurrió a las elecciones generales de 2023.

A Coalición Canaria le viene muy bien Drago porque en la circunscripción de Santa Cruz de Tenerife los votos que obtenga servirán para impedir que Unidad del Pueblo Canario se acerque a un escaño. Izquierda Unida, Sumar y Podemos no gozan del predicamento que tiene el partido del ex secretario de Organización nacional de Podemos, pese su amplia e histórica implantación. 

Todo se complicará, además con la irrupción de Vox, que en las pasadas elecciones no se presentó en Santa Cruz de Tenerife por un error administrativo. Coalición Canaria parece tener asegurada el acta para Cristina Valido siempre y cuando alcance el mínimo exigido, pero tiene que contar ahora con la pérdida de votos hacia Vox, que también los teme. A ver si no a qué viene su negativa casi enfermiza a desmantelar el monumento a Franco en Santa Cruz de Tenerife.

En la circunscripción de Las Palmas, las encuestas apuntan a la posibilidad de que Vox crezca, pero a costa del Partido Popular, que volverá a ser derrotado por el PSOE en ambas provincias. En Las Palmas hay una posibilidad no muy remota de que entre Unidad del Pueblo Canario y otra más remota todavía de que lo haga la Mesa de Unidad Canaria.

Pero cualquier cosa puede pasar desde ahora hasta el día 29 de noviembre. Las campañas electorales ya no son lo que eran, y aquel 3% de fluctuación que se estimaba que podían hacer variar la intención de voto en los tiempos analógicos, ahora pueden provocar un vuelco con la ayuda de fenómenos paranormales, la intromisión de una potencia extranjera a través de redes sociales o una cagada monumental de Núñez Feijóo. De las habituales.

La convocatoria sobrevenida de elecciones generales el 29 de noviembre no ha cogido con el paso cambiado a Fernando Clavijo. Hace meses que ha logrado encaminar algunas de las soluciones que su partido, Coalición Canaria, ha decidido aplicar para combatir el natural desgaste de más de tres décadas de ejercicio de poder y el ascenso de otras fuerzas políticas que puedan laminar su respaldo electoral. Desde que lidera CC, Clavijo ha visto cómo el proyecto se ha estancado y ha empezado a retroceder, por lo que él y su equipo saben que esa tendencia es imparable y que hay que adoptar algunas medidas atípicas para invertirla porque no se pueden permitir otro cuatrienio en la oposición como el que sufrieron con el Pacto de las Flores. Al fin y al cabo, CC es un partido creado desde el poder y sin poder corre el peligro cierto de desintegrarse.

Tres décadas de historia parece un plazo suficiente para renovar el proyecto nacionalista, para abandonar viejos discursos heredados del insularismo original ensolerado al calor del tardofranquismo de la UCD a la que pertenecían sus más señeros fundadores, a los que hay que reconocerles la ocurrencia del invento y que haya terminado calando entre la ciudadanía que Coalición Canaria es un partido nacionalista. Y progresista. 

La leve renovación del discurso y de algunas caras ha venido acompañada de una nueva estrategia de confluencia con partidos que puedan suplir las carencias allí donde se detectan. Bajo el paraguas de “confluencia nacionalista” o “confluencia soberanista”, CC destá abriendo brechas en los partidos más directamente concernidos en su espacio o en alternativas a la gobernabilidad de Canarias.

En el primer caso, el de la confluencia nacionalista, que no es la primera vez que se intenta, CC ha conseguido hacerle un siete a Nueva Canarias en su núcleo mismo alentando de todas las maneras que se alientan estas cosas en política la creación de un partido que remede a los de Román Rodríguez con el que hacer a continuación una alianza electoral.

Gran Canaria es uno de los agujeros negros de Coalición Canaria. Una de esas plazas donde hace tiempo que están encendidas todas las alarmas, donde han flaqueado las fuerzas de tal manera que ya van cuatro legislaturas autonómicas con tan solo un diputado en esa circunscripción, en la que se eligen nada menos que quince.

En Gran Canaria, CC ha intentado de todo, desde coaligarse con Unidos por Gran Canaria, el partido de los Bravo de Laguna, que no puede pasar precisamente ni por nacionalista ni por progresista, con quien concurrió en 2019, hasta atraerse a la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, que tampoco es lo más progre de la huerta y con la que el idilio duró apenas unos meses 

Así que había que seguir intentándolo. 

De ese modo fue como dieron con Municipalistas Primero Canarias, que surge al calor de la ruptura interna de esa bestia parda de CC, Nueva Canarias, ruptura que es convenientemente canalizada aprovechando los egos y la ambición del poder siempre tan presentes en la política.

Pero llegado el primer rubicón, el de las elecciones generales del 29-N, ya han surgido las primeras tiranteces. La cabeza visible de Primero Canarias, Teodoro Sosa, alcalde de Gáldar, ha sido inmediatamente catapultado al puesto número uno de la lista al Congreso de los Diputados por Las Palmas. Pero no ha sido catapultado por su partido sino por Fernando Clavijo, que, sin que nadie se lo pidiera, se lanzó públicamente a elogiar la figura de Sosa como si estuviera todo acordado entre ambas fuerzas políticas.

Cierto es que ya estaba decidido concurrir juntos, que esa es la filosofía y el propósito por el que se crea una marca blanca, pero sin que estuviera formalmente decidido el cabeza de cartel, el presidente del Gobierno da el paso y genera la primera crisis. 

No hay una sola encuesta, salvo que Perfiles le haya hecho una específica a Clavijo, que otorgue un diputado seguro a la confluencia CC-Prica en la provincia de Las Palmas. Teodoro Sosa es muy conocido en Gran Canaria, pero no tiene predicamento alguno en las otras dos islas de la provincia, Lanzarote y Fuerteventura.

Así las cosas, lanzarlo a darse un talegazo en el primer intento de la alianza electoral parecería bastante arriesgado si no fuera porque en realidad está todo bien medido.

Está en el manual de Coalición Canaria poner a los enemigos en su sitio. Y a los amigos también. Mandar a Teodoro Sosa a las elecciones generales tiene dos objetivos. Si se diera el milagro y saliera elegido diputado por Las Palmas, impresionante resultado y la confirmación de que la fórmula funciona. Pero a su vez, costaría mucho a Prica imponerlo también de número uno al Cabildo de Gran Canaria en las elecciones de mayo de 2027 dada la necesidad de alimentar tantas bocas hambrientas. Pero en el caso de que fracasara en su intento, en función del tamaño del patinazo, quedaría debilitada su figura como valor electoral, lo que también habría de ser aprovechado por su querido y dilecto socio.

Porque lo que pretende CC no es ocupar plaza de diputado o diputada por Las Palmas, que sabe que es un imposible. Lo que pretende es que María Fernández sea respaldada por Primero Canarias al Cabildo de Gran Canaria. Al fin y al cabo, ya tienen la candidatura a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, en la figura del majorero Marcial Morales, y algo hay que dejarle a los pobres de CC.

Ante esta pirueta de Clavijo, los de Teodoro Sosa se han revuelto provocando la primera tirantez en la marca blanca. Quieren madurar mejor el nombre de la persona que vaya al Congreso por Las Palmas. Y la reacción de CC ha sido convocar este mismo lunes, Día de la Hispanidad, para este mismo martes a su Consejo Político Insular de Gran Canaria “para abordar el escenario político ante la convocatoria de elecciones generales, previstas para el próximo 29 de noviembre”, según la convocatoria enviada a la prensa. Como si no hubiera pasado nada, como si Clavijo no hubiera dado ya el pistoletazo de salida ungiendo a Teodoro Sosa como el candidato.

Drago cumple con su cometido

Mientras, del lado de la alternativa soberanista, Drago Canarias ya ha hecho pública su posición ante las elecciones generales del 29-N. Irá en solitario tras haber desechado la oferta del frente amplio, que en Canarias se promovió mucho antes que en el resto del país de la mano precisamente de Nueva Canarias. Los de Alberto Rodríguez no quieren saber nada de confluir con las demás izquierdas (Sumar, Podemos, Izquierda Unida, Sí se Puede…) porque no las considera de pura raza y porque ir junto a ellas no contribuiría al encargo que tiene encomendado desde la casa madre del soberanismo: que la izquierda no sume para que Coalición Canaria con el PP puedan seguir gobernando.

Ya resulta incluso patético el esfuerzo del clavijismo por promocionar al líder de Drago Canarias en Televisión Canaria. Es el único “analista” (así lo presentan) que tiene silla fija en el programa de debate político de la cadena, La Retranca, donde la semana pasada estuvo acompañado por otra analista sin medio de comunicación, Melisa Rodríguez, que llegara a ser dirigente nacional de Ciudadanos cuando ese partido -otro invento para otra causa- ocupó espacios políticos de mucha influencia. Completaban el plantel tres periodistas, estos sí: uno de la Cope, el otro de la cadena Ser (la cadena Ser que no falle nunca) y un tercero de Libertad Digital, el digital de Jiménez Losantos, para que no faltara de nada.

Esa fórmula tan sectaria no termina de cuajar porque el programa, que presenta Mayer Trujillo, no tiene apenas audiencia. La semana pasada solo alcanzó un 2% de media.

Hablando de Televisión Canaria. Otra de las sonadas jugadas de Clavijo de la semana pasada fue promover a la condición de candidato al Senado nada menos que a su viceconsejero de Presidencia, Alfonso Cabello, el director general de RTVC en la sombra. Cabello y Clavijo saben que esa plaza en el Senado es imposible, lo que conduce automáticamente a abonar la tesis de que alguien está pensando en promocionar a este viceconsejero a otros menesteres, para lo cual habría que darlo a conocer más de lo que ya es conocido, incluso en el resto de España, porque fue el interlocutor más conciliador en aquella famosa crisis del hantavirus, la de las ratas abandonando el barco y contagiándonos a todos de manera fulminante.

Escribo esto en plena jornada de reflexión. En plena jornada de reflexión de Pedro Sánchez, y puede que cuando se publique él ya haya tomado una decisión sobre la convocatoria de elecciones el 29 de noviembre (DM). Ha sido un fin de semana muy intenso, fuertemente marcado por la decisión tomada en el Congreso de los Diputados sobre los decretos de vivienda, lo que ha desembocado en la confirmación pública de que la gente está cansada y cabreada por la falta de soluciones a sus problemas reales, que no son ni los datos macroeconómicos, que nos sitúan a la cabeza de los países europeos, ni el empeño de la derecha durante tantos años por recuperar el poder por encima de cualquier otra consideración.

Mientras en las calles de Canarias se manifestaban este sábado miles de personas, en la sede de la Federación Insular de Vela de Gran Canaria, Coalición Canaria reelegía a Fernando Clavijo como candidato a las elecciones autonómicas de 2027. Y lo hacía mirando de reojo a La Moncloa y, por supuesto, proclamando que al presidente y aspirante a repetir le duele Canarias: “Si hay elecciones anticipadas, que vengan. Mientras otros se pelean, nosotros hablamos de Canarias. A nosotros nos duele y sentimos Canarias”, se recoge en el comunicado de CC enviado a los medios.

Y si tenemos que hablar de Canarias, debemos necesariamente hablar de la vivienda, que es de lo que van a ir las próximas elecciones. Y debemos fijar el marco previo, de dónde partimos para luego ver hacia dónde deberíamos ir. En Canarias, insisto, que es lo que le duele a Clavijo y lo que nos interesa como personas que vivimos aquí y lo que ha hecho que las calles vuelvan a llenarse de gente para protestar por la realidad que padece tantísima gente.

El marco lo puso este sábado una manifestante en Santa Cruz de Tenerife en un directo de Televisión Canaria que los mandarines de la cosa no pudieron esquivar porque, insisto, era en directo: “Coalición canaria, y se lo digo mirándoles la cara [la manifestante miró entonces a cámara], no entiendo cómo tienen la poca vergüenza de ser la representación de los canarios (...) en el Parlamento y literalmente no hacer nada. Serán coalición alemana porque coalición canaria no. Bórrense ese nombre porque no, no lo son para nada”.

El problema de la vivienda viene de lejos, como de lejos viene Coalición Canaria, constituida en 1993 y desde entonces ininterrumpidamente al frente del Gobierno regional salvo el paréntesis de 2019-2023 del Pacto de las Flores. Casi siempre en compañía del Partido Popular con quien votó no el viernes al segundo de los decretos que se sometían a la consideración del Congreso. Y las competencias, como se ha repetido mucho estos últimos días, las tienen principalmente las comunidades autónomas, por lo tanto, las nuestras, nuestras competencias, están aquí. O deberían.

El balance no puede ser más descorazonador porque hasta que regresó a la presidencia Clavijo en 2023, en Canarias se habían construido unas 275.000 viviendas de las que apenas 12.000 fueron de protección oficial, con un freno espectacular a partir de 2014, un año antes de que él llegara. En la actual legislatura, en la que ha resucitado de manera evidente la reclamación de este derecho y ya con este presidente al que tanto le duele Canarias, se han incorporado al parque público de viviendas tan solo 248.

Porque el Gobierno canario, participado también por el PP, ha abrazado la construcción como solución milagrosa para resolver el problema. Construir y construir. Y con la misma fórmula de “agilizar trámites”, es decir “reducir la burocracia”, que no es otra cosa que levantar controles para que los amigos de los atajos con corbata y puro puedan hacer de las suyas con la contratación pública. Pero no ha sido hasta julio pasado cuando el Parlamento ha aprobado la ley que regula este invento que, según la versión gubernamental,“permitirá acortar los tiempos de tramitación, incrementar el suelo disponible para vivienda protegida y asequible e incorporar nuevos instrumentos que faciliten su construcción con todas las garantías jurídicas”.

Lo de las garantías jurídicas es una broma de mal gusto teniendo en cuenta que al frente del Gobierno se sitúa un presidente que acaba de ser severamente reprendido por el Consejo Consultivo por hacer lo mismo que hizo como concejal y como alcalde de La Laguna con la prórroga de contratos sin sustento legal alguno, lo que se llamó el caso Reparos que acabó con Clavijo aforándose como senador ante el Supremo para que tití Marchena se lo archivara.

Los expertos que han analizado tanto esta ley como el decreto del que proviene alertan sobre la cesión de suelos públicos para la construcción de vivienda protegida. Porque el legislador, al que también le debe doler Canarias una barbaridad, imbuido por su fervor por el sector de la construcción y su empresariado, olvidó la necesidad de que esos nuevos núcleos poblacionales dediquen esos suelos a infraestructuras públicas como colegios, parques y centros de salud. Pero ese es otro problema que ya resolveremos dentro de 40 años.

Los empresarios de la construcción han agradecido tan apasionadamente a Clavijo este detalle de centrar la solución del problema de la vivienda casi exclusivamente en la construcción que han terminado por no presentarse a algunos concursos de los que se han convocado porque las ventajas todavía les parecían pocas. El Gobierno ha tenido que reformular concursos elevando las cuantías (dinero público de ese que no duele) para conseguir adjudicarlos.

De las 2.086 viviendas que han salido a licitación entre los años 2023 y 2026 por parte del Instituto Canario de la Vivienda (Icavi), algo más del 42% han quedado desiertas, lo que se traduce en casi 900 casas sin hacer. Las que han salido adelante son 1.209 que están, se supone, en ejecución, y hay otras 1.819 que se encuentran planificadas, sin que hayan comenzado las obras, según el Observatorio Canario de la Vivienda.

Si diéramos por buenos los datos ofrecidos por Clavijo este sábado, es decir, que va a dejar encaminadas 6.000 nuevas casas cuando llegue 2027, necesitaríamos seis legislaturas y media para atender la actual demanda. 

Es evidente que la construcción no soluciona ni a corto ni a medio plazo el problema. Y se agravará si, como vaticinan algunos, se nos viene encima un gobierno con Vox en los ministerios de desregulaciones y prioridades nacionales. 

Hace unos días, ese lumbrera de José María Figaredo, responsable de las cosas de Economía de Vox, se reunió con lo más selecto del Ibex para contarles cuál es la solución que tiene ese partido para acabar con el problema de la vivienda: deportar a 1.500.000 habitantes. Los empresarios no lo dejaron terminar ante el tamaño del disparate, pero ese es el mensaje que está calando en determinados segmentos de la sociedad: que son los inmigrantes los culpables de que haya tantas pocas casas disponibles.

Un discurso que en parte ha adoptado el PP de Canarias reclamando que se controlen las fronteras y que descienda la llegada de migrantes a las islas, a la vez que incendia las relaciones con Marruecos para conseguirlo. La Armada ya le dejó claro a Vox que todas aquellas personas que estén en alta mar en aguas internacionales o en aguas españolas deben ser rescatadas en base al derecho marítimo internacional. O sea, no se les puede torpedear para acabar con la inmigración.

211.000 viviendas vacías

¿Y si movilizamos las 211.000 viviendas vacías (datos INE) que hay en Canarias? Le tuvimos que preguntar al Gobierno a través del portal de transparencia para enterarnos de cuántas de ellas ha conseguido incorporar en los últimos diez años y la respuesta fue muy decepcionante: solo una. Una. Y no fue gracias a los planes del actual Ejecutivo, sino en 2023 dentro del plan 2020-2025.

Pero a este panorama tan desalentador de la vivienda, tenemos que añadir un factor que agrava el problema que adelantó este periódico. Una investigación de la Fundación CIVIO ha revelado que al menos 14.200 de las 36.650 viviendas de protección oficial construidas en Canarias desde 1991 perderán su régimen de protección antes de 2030. Casi todas son VPO de promoción privada cuya protección expira de manera automática a los 30 años, de acuerdo con la Ley de Vivienda de Canarias de 2003, momento en el que pasan al mercado libre.

A esa cifra podrían sumarse otras 5.700 viviendas, también promovidas por entidades privadas, que pueden perder su régimen de protección de forma anticipada mediante un proceso de descalificación voluntaria antes de alcanzar el plazo máximo.

Hay 37.000 personas reclamando una vivienda en Canarias, según datos oficiales. Y a esas personas, el Gobierno de Fernando Clavijo les está respondiendo con acciones claramente insuficientes.

La apariencia de imparcialidad de Rosa Rodríguez

Si a eso añadimos su decisión de boicotear la ley nacional de vivienda en aspectos tan relevantes como el tope de alquileres en zonas tensionadas, podemos concluir que Clavijo y su equipo no solo no han acertado ni una, sino que hacen todo lo posible por no acertar.

Ha tardado dos años para empezar a tramitar la solicitud de Las Palmas de Gran Canaria para su declaración como zona tensionada, una medida que en lugares como Catalunya ya produce resultados esperanzadores. Ha tenido que estallar esta crisis social de la vivienda para que el departamento correspondiente, Visocan, haya iniciado el expediente de información pública.

La excusa sostenida hasta ahora parece haber decaído sin que el fondo de la cuestión haya cambiado, o al menos nadie lo ha explicado adecuadamente. Un informe del Colegio de Economistas de Las Palmas, alegando que la capital de la isla no cumplía con los requisitos para su declaración como zona tensionada, ha sido hasta ahora esa excusa. No hay un informe nuevo, solo ha cambiado el medio ambiente popular.

Pero si nos remitimos a ese informe tan decisivo (hasta ahora) del Colegio de Economistas de Las Palmas, es necesario recordar quién lo firmaba: Rosa Rodríguez, la que fuera mano derecha de José Manuel Soria en materia de política económica durante los años más duros del neoliberalismo del PP en Canarias. Ocupó cargos de mucha relevancia tanto en el partido como en las instituciones donde estaba o influía el exministro de Rajoy, incluida Enagás, donde estuvo como “consejera independiente” entre 2013 y 2021 (160.000 euros al año) por imposición de Soria.

Vamos a ir atando cabos. A través de Grant Thornton Canarias, de la que es socio principal junto a Salvador Cuyás, José Manuel Soria se dedica en estos momentos a representar intereses empresariales en diversas actividades, incluidas el turismo, la construcción, la automoción y el mundo inmobiliario. Por lo que habría sido un gran inconveniente que Rosa Rodríguez hiciera un informe con el que se pudiera declarar zona tensionada Las Palmas de Gran Canaria.

Los jueces y juezas están obligados a observar no solo imparcialidad en sus resoluciones, sino cuidar la apariencia de imparcialidad para que los justiciables no tengan la más mínima duda de la rectitud de sus actuaciones. Una obligación, la de abstenerse llegados esos casos, que no siempre se cumple, como estamos viendo en algunas causas muy llamativas que se cuecen en la villa y corte, como el de la jueza María Tardón. Pero quizás sería conveniente que instituciones como el Colegio de Economistas de Las Palmas, cuyo decano, Alcibiades Trancho, se desvive defendiendo la calidad de sus informes, se rijan también por esa necesaria apariencia de imparcialidad que, desde luego, la señora Rodríguez no mostró cuando echó por tierra en un informe encargado por el Gobierno regional la petición de Las Palmas de Gran Canaria de ser declarada zona tensionada por lo que va a suponer para los intereses de muchas de las empresas a las que representa su padrino José Manuel Soria.

En este caso los justiciables eran nada menos que 381.868 habitantes.

La entrega de Clavijo al mundo empresarial es cada vez más evidente. Le están financiando incluso sus marcas blancas para que Coalición Canaria no pase a ser residual en islas como Gran Canaria. De ese modo es imposible que este gobierno se atreva a promover el tantas veces prometido debate sobre la turistificación y el reparto más justo de la riqueza que genera una industria que supone más o menos el 37% de nuestro PIB.

El modo canario de hacer política consiste en echar la culpa al Gobierno de España cuando algo sale mal, aunque las competencias las tenga Canarias. O sea, siempre.

El Parlamento de Canarias se ha convertido, gracias al Partido Popular, en la primera cámara autonómica en instar al Gobierno de Pedro Sánchez a que no elabore nunca más una lista de periodistas con señalamiento concreto de la ideología de cada uno de ellos y del medio en el que trabaja. Ya saben que una lista así, con esos datos, elaborada por una periodista del gabinete de prensa del Ministerio del Interior, fue filtrada hace algunas semanas de modo y manera que todo el mundo se enteró primero y se escandalizó después al constatar cómo operan todos los gabinetes de prensa, absolutamente todos, unos con más disimulo que otros, para que sus jefes y jefas conozcan a quiénes se enfrentan cuando acuden a platós de televisión, estudios de radio o entrevistas en prensa de cualquier tipo.

Pero aquella lista se convirtió de inmediato en una buena oportunidad para a) meterle un dedo en el ojo a Pedro Sánchez y otro a Grande-Marlaska, b) hacer un brindis por la libertad de expresión y el derecho a la información libre y de calidad y c) retratar a los que se opusieran u opusiesen a la iniciativa por su actitud contraria a algo tan elemental.

La proposición no de ley (PNL) de defensa del periodismo en el Parlamento de Canarias la defendió mi colega Rebeca Paniagua, del PP, que está haciendo un buen papel de modernización de esa formación política, en muchas ocasiones anclada en modales antiguos o con ganas de reeditarlos. Y cuando me mandó la iniciativa la publicamos, como publicamos a continuación la enmienda que planteó el PSOE, que reclamaba extender esa defensa de la libertad de expresión y el respeto a los periodistas a la plantilla de Radio Televisión Canaria, tan en manos de los vaivenes de los comisarios políticos, actualmente los de Coalición Canaria y el PP.

Se cabreó Rebeca Paniagua con esa enmienda del PSOE, que fue rechazada por la Cámara, por considerar que la gente de Nira Fierro lo que pretendía era tapar las vergüenzas del Gobierno en vez de defender lo que hay que defender. Así que sus señorías, las que estuvieron presentes en el salón de plenos (59), votaron todas a favor de la iniciativa del PP.

Repasando lo que se dijo en ese pleno por parte de todos los portavoces políticos, resulta muy llamativa la preocupación extrema de sus señorías por los periodistas que ejercen mayormente en la villa y corte, y su desprecio más absoluto por los que lo intentamos aquí.

Escuchar a Melody Mendoza, de la Agrupación Socialista Gomera decir que las instituciones “no necesitan conocer si un periodista es de izquierdas o de derechas, si es afín o crítico con un gobierno” ya que “una democracia fuerte necesita periodistas libres”, resulta bastante rechazable. Porque su jefe de filas, Casimiro Curbelo, dio órdenes de retirar cualquier tipo de campaña institucional del Cabildo de La Gomera en Canarias Ahora después de que publicáramos el incidente que protagonizó con su hijo a la salida de un karaoke en Santa Cruz de Tenerife. Y desde entonces, cero euros.

La también periodista Vidina Espino, en estos momentos diputada de Coalición Canaria después de transfugarse desde Ciudadanos, elevó la calidad del debate proclamando que “la libertad de prensa no se defiende cuando el periodista publica algo que a mí me gusta, se defiende precisamente cuando publica algo que me puede ser incómodo”. Su trayectoria en la Comisión de Control de RTVC no avala sus soflamas porque una vez comenzada esta legislatura desaparecieron por completo sus diatribas contra la manera de comportarse el Gobierno con el ente público. Se ha convertido en una cómplice más del comisario político puesto al frente por Clavijo.

Es una pena que ambas periodistas, Vidina Espino, por CC, y Rebeca Paniagua, por el PP, no pregunten a las integrantes de la Mesa de la Cámara qué está pasando con el resumen de prensa que cada día se envía a sus señorías por parte de la agencia Metropolis, contratada para tal fin a razón de más de 30.000 euros al año. Deberían haberse percatado hace tiempo de la ausencia casi absoluta de noticias de Canarias Ahora que, cuando se incluyen, lo hacen bajo la cabecera de elDiario. Lo que equivaldría a referirse al Diario de Avisos como El Español, a Canarias7 como ABC o a La Provincia y El Día como Prensa Ibérica.

Metrópolis, la agencia de cabecera de CC

Metropolis, agencia de cabecera de Coalición Canaria, se cabreó mucho cuando, en el ejercicio de la libertad de prensa que se encumbró esta semana en el Parlamento, publicamos diversos conflictos laborales que sufría y cómo era y sigue siendo utilizada por los nacionalistas para contratar periodistas en gabinetes de prensa institucionales sin recurrir a procedimientos oficiales. Y con una suerte de concatenación de contratos menores directamente o a través de su filial Más Canarias que ya quisieran para sí muchas empresas. Por ejemplo, del Parlamento se lleva tres de esos por un importe total de 40.000 euros, a sumar a los 33.000 del seguimiento de medios.

Este mismo domingo, sin ir más lejos, el resumen de prensa digital que llegó a sus señorías no incluía ninguna noticia de Canarias Ahora ni de elDiario.es, pero sí de Tusnoticiasalminuto, Mundonews o Demócrata, además de otras cabeceras locales, justo el día en el que nuestro periódico, siempre con una fuerte carga de contenidos políticos, sociales y económicos, publicaba asuntos de mucha trascendencia, como el conflicto de la patronal tinerfeña con los sindicatos por el absentismo laboral, una entrevista con el líder nacional de COAG sobre la crisis agrícola canaria o varios reportajes sobre la crisis de la vivienda.

Nuestras quejas a la Mesa de la Cámara por este comportamiento poco profesional, antiético y perjudicial para las arcas públicas por el flagrante incumplimiento de contrato que supone, han sido sistemáticamente rechazadas después del correspondiente informe del gabinete de prensa del Parlamento, que siempre concluye que no son ciertas nuestras apreciaciones.

Opacar nuestro trabajo ante líderes de opinión como son los diputados y diputadas, los trabajadores de la Cámara y cuantas personas puedan tener acceso al resumen de prensa oficial del Parlamento supone automáticamente la pérdida de tráfico para nuestro periódico, lo que se traduce en internet en daño económico por su traslación automática al posicionamiento y, en definitiva, a la publicidad.

Es un daño económico que se produce por simple venganza, lo cual está siendo permitido por el mismo Parlamento que se pronunció con tanta solemnidad esta semana en defensa de la libertad de prensa. Y dos huevos duros.

Una vendetta que viene de lejos

Los ataques a Canarias Ahora desde Coalición Canaria con la complicidad de su socio del PP no se ha limitado solo a esta vendetta en el clipping de prensa del Parlamento. Desde que tomó posesión del Gobierno este pacto, los ingresos por publicidad institucional hacia nuestro periódico descendieron drásticamente en justa correspondencia con las amenazas que en los meses previos a las elecciones de 2023 recibimos de muchos mariachis de esos que llevan décadas viviendo alborozados y dando brincos alrededor del poder y que conocen perfectamente los mecanismos que se usan para castigar a los medios de comunicación que no les aplauden sus piruetas.

Como publicamos en su momento, el hostigamiento comenzó nada más tomar posesión en 2023, y sin disimulo. Agentes especializados en la materia, como el diputado José Alberto Díaz-Estébanez, anunciaban urbi et orbi que se nos iba a acabar el chollo, que estábamos muertos. Y acto seguido, efectivamente, sufrimos un recorte drástico en publicidad institucional y los programas de televisión que había defendido nuestra productora con el máximo de profesionalidad, desaparecieron por completo de la parrilla.

Nuestros intentos por normalizar las relaciones comerciales con las instituciones gobernadas por Coalición Canaria y el PP se han tropezado en demasiadas ocasiones con el sectarismo, cuando no con el miedo de algunos profesionales que no quieren ni que se nos vea hablando con ellos. Es el caso de una responsable de prensa de un Cabildo insular gobernado por Coalición Canaria y el PP. Tras valorar la propuesta que nuestra responsable de Publicidad le había enviado, esa profesional nos transmitió la respuesta más frustrante que podíamos esperar: “Es que ustedes son Canarias Ahora”.

Al castigo publicitario e institucional se ha sumado también la persecución periodística, porque también hemos desaparecido de las mesas de debate en la radio y en la televisión públicas todos los periodistas de esta casa, sustituidos de la manera que ya hemos contado aquí por los palmeros del clavijismo, reforzados un día sí y el otro también por esa nueva hornada de marcas blancas de Coalición Canaria que encabeza en número de apariciones estelares el líder de Drago, Alberto Rodríguez.

La persecución a Canarias Ahora y a sus periodistas ha llegado a niveles verdaderamente lamentables. Como cuando nos convocaron a participar en la mesa “Niños y niñas migrantes: vulnerabilidad y atención integral”. Cuando se estaban gestionando los billetes para los desplazamientos a Tenerife, dejaron de contestar a los correos electrónicos y diez días antes de las jornadas observamos cómo desaparecía del cartel de participantes el nombre de la periodista de Canarias Ahora que había sido invitada. La explicación que nos ofrecieron fue la siguiente: “Tras revisar la línea del evento y los diferentes perfiles” se reestructuraron las intervenciones porque preferían a una persona de Tenerife que haya sido “joven migrante”.

De esto tampoco saben nada sus señorías del Parlamento de Canarias porque ninguno de estos comportamientos antidemocráticos y atentatorios contra la libertad de prensa y de expresión lo han protagonizado ministros de Pedro Sánchez, que es el pim-pam-pum que se lleva ahora.

Hace tiempo que no esperamos nada de este Parlamento que se atrevió en 2007 a señalarnos, a través de una comisión de investigación, como autores intelectuales del caso Eólico en el que estaban metidos José Manuel Soria y su hermano Luis. Ninguno de nuestros intentos de solicitud de amparo ante la Cámara ha prosperado, y ahí sigue en sus archivos una acusación falsa sostenida por los votos de Coalición Canaria y el PP pese a las clarificadoras sentencias y el peso inapelable de la verdad.

Nosotros seguiremos clamando por que se respete nuestra línea informativa y editorial, por que nos dejen trabajar en paz accediendo a la contratación pública que nos corresponde por nuestra audiencia, y que se nos conteste cuando reclamamos información y transparencia. Hemos superado con deportividad que ni siquiera nos nominaran para el Premio Canarias de Comunicación el año pasado, cuando cumplimos 25. Seguiremos esperando. De momento, la única distinción nos ha llegado de fuera, de la Unió de Periodistes Valencians, que nos otorgó en 2024 su Premio Libertad de Expresión.

Nuestro principal premio, sin embargo, es el que cada día nos entregan los miles de lectores que nos siguen y que creen en nuestro trabajo. No necesitamos declaraciones solemnes y grandilocuentes, nos basta con que nos dejen trabajar en paz.

Se acelera la degradación de la Radio Televisión Canaria, y lo que nos queda por ver desde ahora hasta las próximas elecciones autonómicas. Porque para ese cometido Fernando Clavijo puso al frente de los dos medios públicos a un comisario político, César Toledo, al que elevó el rango a la categoría de administrador general porque lo de “único” no era suficiente para él o podía prestarse a confusión.

Lo ocurrido esta semana en el programa La Retranca, llamado a ser el espacio de referencia política de la cadena televisiva autonómica, da la medida del poco respeto que los actuales regidores del ente tienen por la audiencia, por el rigor y por los principios legales que se rigen para la gestión de estos medios públicos y por los que han de velar sus profesionales. 

La cosa prometía cuando anunciaron que para abordar el problema de la vivienda, que en Canarias es especialmente grave por la turistificación y la falta de planificación y de acción de las autoridades responsables, acudiría al plató nada menos que el empresario desokupa Roberto Cristian Pérez, dueño de EZ Property Solutions, que fue detenido el año pasado por la Guardia Civil por conducirse de modo violento en el desempeño de sus pregonadas soluciones para desalojar gente.

Lo pregonaron con bombo y platillo en un comunicado de prensa, en el que se explicaba que debatiría en el plató con la activista antidesahucios Inma Évora, que desgraciadamente se prestó a blanquear al empresario a pesar de las advertencias previas que recibió. Aplicó, según dijo, su tesis es que el miedo ha de cambiar de bando. lo que no consiguió en esta ocasión porque no solo fue intimidada en directo por su contertulio, que pretendió descalificarla a gritos por haber sido contratada en una ocasión para un asesoramiento por la empresa pública de vivienda Visocan, sino que también se ocupó de que los cinco gorilas que le acompañaron a los estudios de la televisión la abordaran para hacer comentarios sobre su pelo y su físico.

Es bastante desafortunada y descabellada la idea de elevar a la calidad de experto en vivienda a un violento de la desokupación, pero seguramente en la cabeza del que la tuvo se instaló un doble dígito de audiencia en la creencia de que una bronca en directo, con insultos y descalificaciones, al estilo de los clásicos programas del corazón devenidos a simples vísceras, iba a dar un impulso al programa. 

Les debió parecer una idea estupenda extender la tesis de que hay más ocupación de la que se denuncia, que las leyes no funcionan y que el Gobierno de progreso en España favorece más a los okupas que a los propietarios, por muy pequeños que estos sean.

Pero no les funcionó en el terreno de las audiencias porque, a pesar de venir de un registro muy potente del programa que le antecedió en la parrilla, Una hora menos, La Retranca volvió a caer por debajo del 4% de share.

Tampoco fue buena idea permitir que el invitado acudiera a las instalaciones de la productora en la que se hace el programa acompañado por cinco armarios de cuatro puertas. Alguien tenía que habérselo dicho al invitado porque es evidente que la presencia de esos profesionales desokupas no respondía a su deseo de llevarle a Roberto Cristian los polvos anti brillo y la americana de forzudo que se puso, sino la de intimidar a cualquiera que tuviera la tentación de dudar de su testimonio y de sus dos bemoles. Empezando por su contrincante en el debate, a la que, efectivamente, lograron intimidar.

Vetar a una tertuliana para poner a Alberto Rodríguez

Pero ese pretendido programa de debate y análisis político con el que Televisión Canaria castiga a la poca audiencia que lo sigue cada jueves, tuvo otro episodio bastante elocuente que refleja nuevamente a las claras el descaro con el que Clavijo manda dirigir ese medio público.

En el mismo comunicado en el que se había anunciado el cara a cara sobre vivienda entre el violento desokupa y la activista de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Tenerife se anunciaba que estaría en el plató como analista la tinerfeña María González, que ha adquirido gran prestigio nacional por su participación en programas como La Sexta Xplica.

María González venía a romper de algún modo la tendencia del programa de sentar a la mesa de análisis a una gran mayoría de comentaristas del régimen, de la factoría de la Cadena Ser, mayormente, como Paco Pomares, Jorge Bethencourt, Juan García Luján o Lourdes Santana y Marta Cantero… Porque se trata de una analista de clara tendencia progresista a la que incluso se señala como sanchista por algunos medios.

Alguien debió levantar el teléfono al conocer que se iba a producir esa presencia en la mesa sin que estuviera para compensarla algún peso pesado de la cuadrilla tertuliana habitual. Así que a pocas horas de que se encendieran los focos del plató, llegó la orden de desconvocarla y sustituirla de inmediato por el político Alberto Rodríguez, líder de Drago Canarias, el agente electoral de Coalición Canaria contra la izquierda y el nacionalismo de izquierdas, especialmente en la isla de Tenerife.

A María González la avisaron cuando faltaban solo dos horas para tomar su avión rumbo a Tenerife y la explicación que le dieron es que se iba a abordar un asunto de Aena y sus problemas con la legalidad vigente en materia tributaria y, claro, eso una mujer de izquierdas no lo iba a saber tratar como lo sabría tratar un hombre de izquierdas como Alberto Rodríguez.

El comunicado publicado en la web de RTVC fue modificado enseguida y sustituido el nombre de María González por el de Alberto Rodríguez, por supuesto sin ofrecer explicación alguna.

Ya iniciado el programa, una vez sentado en su butaca habitual, el líder de Drago tardó tan solo unos minutos en pronunciar las tres palabras mágicas por las que está presente tanto en los medios de comunicación públicos como en algunos privados como la Ser en Canarias: “Ángel Víctor Torres”. Lo hizo con ocasión de la crisis de Ceuta, que por supuesto se abordó tomando como referencia tan solo el testimonio de la líder vecinal más radical de la ciudad, sin contraste de ningún tipo. Ni falta que hace, claro.

La radio y la televisión públicas de Canarias continúan con su degeneración imparable y la tendencia no se va a corregir ahora que se acercan elecciones. La opinión de la plantilla no se tiene en cuenta para nada, como volvió a quedar demostrado ante la polémica generada por la presencia del empresario desokupa en ese debate televisado en directo. El comité intercentros emitió un comunicado con criterios puramente profesionales pidiendo que se cancelara y fue ignorado por completo.

Como le viene siendo constantemente en todas las extemporáneas y airadas decisiones que se vienen tomando en relación con la dirección de los servicios informativos de ambos medios.

Tampoco parece servir de nada la comisión de control que opera en el Parlamento de Canarias en la que se sientan algunas señorías que se desgañitaban en la legislatura pasada si aparecía en algún programa una entrevista con algún político de izquierdas. Ahora disfrutan de su comisariado político y de la televisión más contaminada de la historia de la autonomía.

No hemos podido ofrecerles en Canarias Ahora las necesarias explicaciones del administrador general, César Toledo, ni del director del programa La Retranca, Mayer Trujillo, que tienen en sus respectivos teléfonos móviles mensajes míos reclamándoles su versión, como corresponde. Pero eso les da igual porque están en lo que están y porque saben que la mayoría de los tradicionales medios informativos del archipiélago no se harán eco ni de esta ni de ninguna otra polémica porque tienen garantizada su cuenta de resultados con las producciones televisivas millonarias que tienen contratadas, a razón de unos 11 millones al año. 

Han pasado 21 años y no parece que haber contado la historia con todo lujo de detalles haya contribuido a evitar que se repita. José Manuel Soria López era presidente del Cabildo de Gran Canaria cuando aceptó la invitación de un empresario noruego -al que tramitaba expedientes de importancia trascendental- para viajar con él en su jet privado a pescar salmón a Noruega. Fue el llamado caso Salmón, que fue archivado por la justicia alegando que no hubo delito de cohecho porque aquel avión iba a volar de todos modos aunque Soria, su mujer y el hijo de ambos no lo hubieran abordado. 

En un pleno del Cabildo, con la altanería que siempre le caracterizó, Soria reconoció públicamente la existencia de aquel viaje, que tuvo una escala en Salzburgo para presenciar un concierto de su prestigioso festival de música, y que tres meses antes el empresario turístico, en nombre de Anfi del Mar, le había pedido la tramitación de una declaración de interés general para la urbanización Anfi Tauro.

No hemos aprendido nada. El mismo político que actuó de ese modo quiere que, para mejor proveer, al frente de la primera corporación grancanaria se pongan dos de sus ahijados: la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, y el actual diputado nacional y exconcejal de Urbanismo de Santa Brígida Carlos Sánchez. Lo dijo esta pasada semana durante una entrevista en Onda Guanche en la que se sintió tan a gusto que no le importó enseñar todas sus cartas empresariales, que siguen siendo políticas. O a la inversa, que nunca se sabe.

Carlos Sánchez se sentó en el banquillo de los acusados en media docena de ocasiones por su gestión al frente de lo público, como consta en las hemerotecas, y siempre salió triunfante, vaya usted a saber por qué, a pesar de los acontecimientos que protagonizó, algunos de ellos tan llamativos como dejarse perdonar los impuestos municipales de Santa Brígida cuando era concejal de Urbanismo o autorizar unos chalets en suelo rústico en el barrio de La Atalaya. Sólo consta una condena y se produjo en su faceta como empresario por incumplir un contrato de compraventa.

Ha alternado el mundo de los negocios con el de la política, y según consta en su declaración de bienes e intereses ante el Congreso de los Diputados, este último año obtuvo dividendos por importe de 25.000 euros de Bio Carburos, S.L., de la que es administrador mancomunado, y unos ingresos de 45.000 euros por “rendimiento laboral” provenientes de la empresa madrileña especializada en mantenimiento de carreteras y todo tipo de infraestructuras públicas Imesapi, habitual contratista del Cabildo de Gran Canaria. A Imesapi se le acaba de adjudicar, por ejemplo, la iluminación exterior de la Casa de Colón por casi 300.000 euros. 

No le ha ido peor en el PP, que lo acaba de hacer presidente en Gran Canaria por decisión de su dirección ejecutiva regional, sin pasar por congreso de ningún tipo, si es que existen, es decir, sin el respaldo de las bases, si es que existen.

Paquirrín y Onalia Bueno: “Somos humanos y tenemos ilusiones”

Onalia Bueno tiene una biografía mucho más abrupta que la de Carlos Sánchez. Porque la alcaldesa de Mogán cayó en desgracia en el PP al estallar el caso Góndola, y eso que el empresario al que se iba a beneficiar (y se benefició) con aquella operación era el mismo que el de Anfi Tauro, Santiago Santana Cazorla, por entonces socio de Bjorn Lyng cuando ya se batía en retirada antes de morir.

Cuando estalló aquel escándalo, Onalia Bueno era la mano derecha y el ojito derecho del alcalde de Mogán, Francisco González, que en una rueda de prensa el 8 de abril de 2008, en el hotel Iberia, de Las Palmas de Gran Canaria, describió a la perfección por qué él y ella habían llegado a aquel trance político-empresarial. Paquirrín, como se le conocía, responde a los periodistas por las conversaciones entre ambos detectadas por la Policía, particularmente por una en la que alcalde y primera teniente de alcalde, hablan de los negocios que quieren montar a partir de su desempeño en la política:

“A ver: se habla de una conversación con mi amiga Onalia en la que hablamos de que algún día tengamos que dejar la política y pensando en nuestro futuro teníamos pretensiones de hacer unos pinitos en el mundo privado. Eso es muy lícito: no estamos en China ni en Cuba, estamos en España… Y si digo ”tenemos que aprovechar la situación en la que estamos“ es porque estamos en una situación de privilegio, conocemos a mucha gente, tenemos muchos contactos, lo que no quiere decir que me tenga que aprovechar del Ayuntamiento”.

Este revelador discurso también incluyó un mensaje a la Policía, contra la que el PP canario, con José Manuel Soria a la cabeza, cargaron duramente por las detenciones del caso Góndola que afectaron a Paquirrín, a Onalia y al empresario Santiago Santana Cazorla, entre otras personas. En esa gloriosa rueda de prensa, el entonces alcalde de Mogán lanzó un mensaje a la Policía para que no estuviera “perdiendo el tiempo y que se dedique a cosas más importantes como garantizar la seguridad de los ciudadanos y no a perseguir a los políticos, sobre todo si son del Partido Popular”. Y se atrevió a decir que era capaz de relatarle las parcelas que él y Onalia Bueno querían comprar, una de ellas en Arguineguín, “frente a la boutique Tere”.

“Es que somos humanos y tenemos ilusiones”, resumió Francisco González los sentimientos que le embargaban en pleno escándalo de Góndola a él y a Onalia Bueno.

A pesar de que José Manuel Soria protegió a Paquirrín González y dejó fuera de las listas a Onalia Bueno en 2007, la estrella del exalcalde se fue apagando poco a poco mientras la de la actual alcaldesa adquirió fulgor a medida que rompía con su compañero del alma y montaba su propio partido lejos del PP. A Ciuca y Juntos por Mogán, los partidos por los que se ha presentado, y tras un breve flirteo con Coalición Canaria, en el que llegó a ser su fulgurante secretaria de Políticas Municipales, Bueno ha registrado ahora un nuevo partido, Bueno para Gran Canaria, que es la fórmula con la que parece que se va a presentar al Cabildo junto al PP.

Su historial judicial es mucho más abultado que el de su inminente socio Carlos Sánchez. Pero a diferencia de aquel, se ha sentado pocas veces en el banquillo pese a lo escandaloso de los casos en los que se ha visto envuelta y que ya le han acarreado dos detenciones policiales. Además de los tejemanejes urbanísticos de Góndola, causa con la que se pretendían operaciones beneficiosas para Anfi del Mar, la misma empresa del viaje del Salmón, Onalia Bueno ha tenido problemas muy graves con la compra de votos para conseguir la reelección en la alcaldía. Pero ha tenido la inmensa suerte del tradicional relajo de los juzgados de San Bartolomé de Tirajana. Sólo el caso Góndola pasó por la mano de once jueces, once, hasta que acabó archivado -seguramente por aburrimiento- a manos de una jueza sustituta diecisiete años después de su apertura. Seguro que tuvo mucho que ver la destreza del despacho de Choclán.

Nada de eso parece haber retraído al PP para recuperar a la que fuera su alcaldesa gondolera. Pesa mucho su tirón electoral en el municipio, por encima incluso del rechazo que provoca en una buena parte de la organización por los sustos que puede volver a dar en cualquier momento por su forma de conducirse.

Pero esos modales y esa ausencia de respeto por la legalidad vigente seducen a otras muchas personas influyentes, como José Manuel Soria, que ahora se derrite en elogios hacia ella. El exministro conoce perfectamente el poder que tiene un cabildo, particularmente el de Gran Canaria, con un peso específico muy importante en materia de turismo, de carreteras, de medio ambiente, de políticas sociales… actividades de las que él ahora se ocupa como asesor e introductor de muchas empresas nacionales y extranjeras a través de su empresa Sorben Partners y de la consultoría internacional en la que se ha integrado como socio local, Grant Thornton Cuyás & Soria. 

Si Carlos Sánchez y Onalia Bueno han sido capaces de protagonizar hechos políticamente tan despreciables en sus diferentes cometidos en Santa Brígida y Mogán, es muy difícil imaginárselos ejerciendo con rectitud al frente de una institución tan influyente y tan apetitosa como el Cabildo de Gran Canaria. Y eso fascina a José Manuel, que les puede explicar con todo lujo de detalles cómo montar un caso Salmón y que los jueces te dejen escapar porque el avión iba a volar de todas formas a Noruega.

Aquí estaremos para contar a nuestros lectores todo lo que ocurra, si consiguen llegar al poder.

Cuando empecé en este oficio en 1982 a los fascistas españoles se les acababa de ir de las manos su nostalgia. Era octubre, a principios de mes. Acudí al aeropuerto de Gran Canaria, enviado por mi periódico, Canarias7, a cubrir una rueda de prensa del candidato a La Moncloa por el PSOE, Felipe González. Estaba pletórico, convencido de su inminente victoria, contando a los presentes lo que iba a hacer después de formar gobierno. Yo le pregunté por la eventualidad de que pudiera no ganar o no gobernar. Y me contestó expeditivamente que no contemplaba un plan B, que iba a arrasar. Y así fue: el PSOE obtuvo nada menos que 202 diputados y comenzó entonces una era felipista que duró casi catorce años.

González y el PSOE emplearon para aquella campaña un eslogan muy potente: “Por el cambio”. Y efectivamente, el régimen franquista se resistía a dar paso a los nuevos tiempos y aquel intento de golpe de estado de 1981 fue la principal demostración y seguramente lo que acabó empujando a muchísima gente a alejarse definitivamente de la UCD y apostar por el PSOE. El cambio significaba no solo pasar página respecto al franquismo y todos sus fantasmas, sino también remover de muchísimos puestos decisivos de las administraciones, de las fuerzas armadas y de las de seguridad del Estado a todos aquellos que no aceptaban la decisión democrática de los españoles de dar paso a los nuevos tiempos. ESA asignatura, por lo que se está viendo ahora, sigue pendiente porque a aquellos golpistas los han sucedido otros y hay más calentando en el banquillo.

Paradójicamente, el cambio es la terminología propagandística que está empleando la ultraderecha internacional para imponer el retroceso en derechos que se nos viene encima. Me impactó muchísimo una película que vi recientemente, Anniversary, en la que se avanzan escenarios fácilmente creíbles si tenemos en cuenta los ingredientes que están aportando los líderes de la internacional fascista, con Trump a la cabeza. El manual que rige en esa película se titula precisamente El Cambio.

Ya saben de lo que hablan: de acabar con la inmigración y con los inmigrantes; de eliminar cualquier política de lucha contra el cambio climático o contra la violencia de género; de la ley de la selva para la educación, la sanidad, la igualdad… Y para imponer eso les estorbamos los periodistas. Al menos los periodistas honrados, los que mantienen su compromiso original con este oficio: verdad, objetividad, contraste, fidelidad a las fuentes y defensa de los derechos, empezando por el de la libertad de expresión y a la información veraz.

Es necesario que esto se cuente para que nadie se llame a engaño. Y que se cuente con todos sus elementos y con todos sus matices. Y eso solo lo pueden hacer los buenos periodistas. Pero esos periodistas estorban porque basta con contar lo que hacen donde ya gobiernan los extremistas y lo que dicen donde quieren gobernar para alarmar a una buena parte de la población, la poca que mantiene cierta inquietud por estar bien informada.

La irrupción de determinados programas de marcado carácter informativo en la parrilla de Televisión Española y el éxito que están cosechando entre la audiencia les ha provocado la alarma. Creían que con los tradicionales magazines de Ana Rosa Quintana, Nacho Abad y Susanna Griso; con shows como el de Pablo Motos o aquelarres como el de Iker Jiménez, la población ya estaba suficientemente informada de lo que tiene importancia.

Pero, de repente, profesionales como Silvia Intxaurrondo, Jesús Cintora, Gonzalo Miró, Adela González, o hasta hace poco Javier Ruiz, irrumpieron en millones de hogares españoles con una verdad distinta a la que se había convertido en indiscutible, e inmediatamente ellos y sus equipos de profesionales son señalados por el Partido Popular y por Vox como apesebrados de Pedro Sánchez y su Gobierno. No soportan que pueda establecerse entre la opinión pública española un relato distinto que el que les interesa y, en vez de acudir a esos platós a los que se les invita a rebatir lo que cuentan, calientan la calle para que se les ataque como hemos visto estos días que han sido atacados.

La verdad estropea sus planes

En realidad les jode la verdad y por eso atacan a los periodistas que intentan acercarse a ella todo lo que se pueda y ofrecerla a sus telespectadores, a sus oyentes, a sus lectores. Porque la verdad estropea sus planes y revela lo que realmente esconden.

Ha ocurrido prácticamente en toda España, incluida Canarias, que no está exenta de energúmenos fanáticos, envueltos en la bandera de España, eso sí, capaces de atacar a reporteros que salen a la calle a hacer su trabajo honradamente, contando lo que está sucediendo, el número de personas según cada fuente, los gritos que se profieren, las pancartas que se agitan, las banderas en presencia… Y las agresiones que sufren sencillamente por trabajar para un medio de comunicación público cuyos responsables han decidido sencillamente cumplir con su obligación.

Es verdad que al respeto a la profesión periodística no contribuyen mucho unos cuantos colegas que no solo no condenan estas agresiones y estos insultos, sino que además se dedican constantemente a soliviantar a las masas para que no cambien de actitud y perseveren. A esos colegas debemos sumar esa pléyade de cantamañanas divulgadores de contenidos que ven incrementar sus ingresos en la misma proporción que el número de borregos que les siguen y el tamaño de burradas que sueltan en sus correspondientes plataformas.

Repasando estos días los papeles del 23-F desclasificados por el Gobierno me tropecé con el relato que los servicios de inteligencia de entonces (1982) hicieron de un incidente protagonizado durante el juicio a los sediciosos por el periodista Miguel Ángel Aguilar. Trabajaba entonces para El País, pero cubría el juicio para la Asociación de la Prensa de Madrid. En la sesión del 5 de abril testificaba el general Sáenz de Santamaría, militar leal a la Constitución, que tuvo la ocurrencia de llamar “rehenes” a las personas recluidas en el Congreso de los Diputados por los golpistas. Estos se sintieron ofendidos y, muy airados, se levantaron profiriendo improperios y amenazando con abandonar la sala de vistas a pesar de las advertencias del presidente del tribunal, que llegó a sugerir al testigo que retirara la expresión para no ofender a los acusados. El golpismo campando a sus anchas.

Miguel Ángel Aguilar, fuera de la sala de vistas, presumió de ser amigo de Sáenz de Santa María y defendió su argumento: que los diputados y diputadas secuestrados en el Parlamento por el teniente coronel Tejero eran rehenes, como no podía ser de otro modo. Solo eso le valió que le increpara el público presente y llevara a sus acompañantes a sacarlo de allí por el peligro que podía correr. La historia se repite.

El golpe de Tejero, Armada, Milans del Bosch y compañía fracasó porque hubo una mayoría de medios de comunicación, incluidos algunos tradicionalmente muy conservadores, que no lo respaldaron. Pero no son esas las circunstancias que se dan en estos momentos porque a cabeceras conservadoras como ABC, El Mundo o El Confidencial, y esa ristra de medios ultras como El Español de Pedrojota, OKDiario, Libertad Digital, El Debate o The Objetive se suman poderes del Estado desesperados (jueces, fiscales, policías, guardias civiles…) que no disimulan su fervor por que vuelva a gobernar la derecha, sola o en compañía de la ultraderecha.

Entusiasmados por la financiación que parte de las instituciones que gobierna el PP, esos medios olvidan que cuando los fascistas están envalentonados, arrasan con todo, y los periodistas somos un objetivo fácil de batir porque no llevamos armas, la policía tarda en venir a protegernos (cuando viene), muchos jueces se suman a la causa y nuestra existencia mortifica a más personas que están deseando que desaparezcamos del mapa para vivir en un mundo instalado en la mentira y la mamarrachez.

Pero, como ocurrió entonces, en 1982, cuando todavía pretendían hacernos creer que el golpe era necesario y hasta saludable, ahora se les está yendo la euforia de las manos. Y basta con que los periodistas, los de Radiotelevisión Española y los demás, contemos lo que están haciendo y lo que pueden ser capaces de hacer, lo que hacen en otros países del mundo donde han conseguido llegar al poder, lo que hacen en las comunidades autónomas donde ya gobiernan, aunque sea disimuladamente, para que la gente se de cuenta de que nos quieren devolver a los tiempos del palo y tentetieso.

No hemos llegado hasta aquí para rendirnos. En Canarias Ahora hemos sufrido la persecución de personas muy poderosas y corruptas que han empleado en ocasiones los mecanismos del Estado para apabullarnos y no nos hemos rendido. No lo vamos a hacer ahora porque contamos con miles de lectores y lectoras que nos apoyan y a los que les pedimos también que corran la voz.

Lo ha vuelto a hacer el equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, liderado por José Manuel Bermúdez, de Coalición Canaria, y Carlos Tarife, del Partido Popular, asistidos en la banda de la extrema derecha por el portavoz “nacionalista” (y dos piedras) José Alberto Díaz-Estébanez, que está a un tris de hacerse de Vox. La ocasión, la convocatoria por parte de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) de una manifestación este miércoles para protestar por los sucesos de Ceuta y, teóricamente, mostrar su solidaridad con ese pueblo, que vive momentos de tensión muy preocupantes.

Es conveniente recordar que la convocatoria parte de la presidenta de la FEMP y alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, del PP de toda la vida, que la lanzó sin encomendarse a su junta directiva, algo que hubiera sido muy saludable teniendo en cuenta la cantidad de sensibilidades de todo tipo que se agolpan en una organización de 7.410 entidades locales, entre ayuntamientos, diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares.

Pero si hubiera que dar por buenas las intenciones de la convocatoria, la solidaridad con la ciudad autónoma de Ceuta, de ellas colgaron luego los enunciados de las convocatorias en las que cada alcalde o alcaldesa ha aprovechado para hablar de su libro.

Así, la alcaldesa de Mogán, nuestra musa Onalia Bueno, lanzó para la ocasión un vídeo en redes sociales bastante bochornoso en el que mezcló la llegada de cayucos al puerto de Arguineguín en 2020 con la crisis provocada en Ceuta, obviando no sólo las evidentes diferencias entre ambas y esquivando contar cuál fue su comportamiento insolidario y racista de entonces, como relata muy bien en este artículo mi compañera Teresa Cárdenes.

En Arrecife, su alcalde, Yonathan de León, del Partido Popular, tampoco quiso perder la oportunidad de meterle un dedo en el ojo a la oposición y el Gobierno socialista y lanzar todo tipo de soflamas, mayormente coincidentes con las que lanza la entidad que refuerza la convocatoria de la FEMP en Lanzarote, Hazte Oír, que le está cogiendo el gustillo a pinchar en sus algaradas callejeras conejeras (no majoreras).

En Puerto del Rosario el consistorio fue mucho más prudente, seguramente por la presencia del PSOE en el gobierno municipal. Y la declaración lanzada por su Junta de Gobierno tras acordar respaldar la manifestación es un ejemplo de responsabilidad y compromiso institucional, además de un llamamiento a la mesura en momentos tan delicados para la política y los derechos humanos.

Pero donde a Coalición Canaria volvieron a saltársele los plomos fue en Santa Cruz de Tenerife. En su comunicado oficial de convocatoria se entrecomillan declaraciones de su alcalde, José Manuel Bermúdez (CC), que, como mínimo, perjudican las políticas del Gobierno de Fernando Clavijo para con Marruecos. Aunque trata de revestir su declaración de preocupación por los derechos de las personas migrantes, Bermúdez no se resiste a hacer una peligrosa incursión en la geopolítica y en las relaciones bilaterales de España y Marruecos. Así, entre otras proclamas, suelta que “la solidaridad con Ceuta debe ir acompañada de una defensa inequívoca de la legalidad, de la integridad territorial del Estado y de unas reglas claras que garanticen que situaciones como esta no puedan volver a producirse sin una respuesta firme y coordinada de las instituciones”. No deja claro que lo ocurrido haya sido una agresión a España del país de donde procedieron las 70.000 personas que entraron a Ceuta hace ya un mes.

Pero el que vuelve a bordarlo es el portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y concejal de Hacienda, además de diputado regional y parlanchín profesional en diversas tertulias retro, José Alberto Díaz-Estébanez. En el mismo comunicado del consistorio en el que se convoca a la gente a manifestarse el miércoles, el que fuera también concejal de Hacienda en el escándalo de Las Teresitas suelta estas perlas: “Existe una preocupación evidente ante la falta de reglas claras y de compromisos inequívocos frente a un vecino capaz de utilizar distintos medios para alcanzar sus objetivos. Canarias y Ceuta sabemos que vivimos en espacios geográficos con una enorme complejidad y que la estabilidad, la seguridad y la defensa de nuestros territorios no pueden depender de la improvisación ni de respuestas tardías”. Por eso, a su entender, la concentración a cuyo frente se va a colocar junto a su alcalde, “tiene también un profundo significado político. No se trata únicamente de expresar solidaridad, que es imprescindible, sino de recordar que Ceuta es España y que sus ciudadanos tienen derecho a saber que, cuando atraviesan una situación extraordinaria, no van a quedarse solos ni a depender de decisiones que llegan cuando el daño ya está hecho”.

Tanto Bermúdez como Estébanez, con la ayuda impagable de Carlos Tarife, atacan al Gobierno de España y sus relaciones con Marruecos sin percatarse que también se llevan por delante la estrategia de Fernando Clavijo, líder de su partido y presidente del Gobierno canario, de encontrar puntos de encuentro con el vecino en aquellas materias en las que es competente la Comunidad Autónoma de Canarias. Solo en esta legislatura, Clavijo ha viajado tres veces a Marruecos con el fin de establecer lazos de amistad en materias aparentemente inocuas pero con las que Clavijo trata de transmitir al país vecino que Canarias quiere sumarse al nuevo escenario abierto desde que España accedió a reconocer la soberanía marroquí sobre el Sahara que aún no ha sido convenientemente explicada. Como seguramente no llegarán a ser convenientemente explicadas las causas y la identidad de los responsables de los sucesos de Ceuta de los pasados 30 y 31 de julio.

En esos viajes a Marruecos, siempre según la versión oficial del Gobierno de Canarias, se ha tratado de fortalecer algo que el ejecutivo llama “eje Atlántico” para afianzar “una relación basada en la buena vecindad, la cooperación institucional y el interés común”. De la importancia que Canarias da a estas relaciones puede ser reflejo el tamaño de la expedición que viajó el pasado mes de enero: además de la consejera de Universidades, el director general de Relaciones con África, y los rectores de las dos universidades públicas de Canarias, viajaron los presidentes de las dos autoridades portuarias canarias; el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Pedro Ortega, el presidente de la Asociación Industrial de Canarias (ASINCA), Virgilio Correa, la delegada de Proexca en Marruecos, Elvira Butler; el presidente del Club Deportivo Tenerife Femenino, Sergio Batista, así como el presidente de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas, Juan José Arencibia, y el presidente de la Federación Canaria y Tinerfeña de Fútbol, Alejandro Morales, entre otros.

Tras esa última visita, el presidente canario llegó a afirmar que gracias al trabajo continuado “se han ido tejiendo conexiones, esos puentes necesarios para dejar de hablar de que Canarias tiene una oportunidad por su posición en el Atlántico Medio y convertirlo en una realidad”.

No solo dentro de su partido tiene un problema de verborrea Clavijo. Su socio y vicepresidente, Manolo Domínguez, no se ha querido quedar fuera de la fiesta. En unas recientes declaraciones a Libertad Digital, el también presidente del PP canario ha dicho que “el Gobierno de Sánchez se ha tomado a broma la relación con Marruecos. Si hubiera habido desde el principio diálogo y respeto, estaríamos en otra situación. Pero, cuando tú eres el rey de Marruecos y ves enfrente a una persona como Pedro Sánchez, con el que puedes hacer lo que te da la gana, aprovechas la situación. Hay que cambiar la relación con Marruecos para que haya respeto por ambas partes”.

Debe pesar mucho en el ánimo de estos políticos de estrategia restringida la presencia en la ecuación de Ángel Víctor Torres, ministro plenipotenciario del mando único para la crisis de Ceuta y seguro repetidor a la presidencia del Gobierno canario en 2027. Al que las encuestas, dicho sea de paso, siguen colocando como ganador a pesar de la crisis que ahora ha de comerse.

Mientras tanto, Fernando Clavijo, en la línea de la prudencia y del fortalecimiento de su “eje atlántico” ha transmitido un mensaje evidentemente conciliador. Desde el primer minuto habló de “establecer una política de carácter diplomático con Marruecos”, no sin dejar de manifestar su preocupación por los sucesos.

Me van a permitir que hoy hable de mí. Y que empiece agradeciendo a tantísimas personas que me han transmitido su solidaridad y su ánimo ante el absurdo judicial que estoy viviendo desde hace casi cuatro años, desde que el exjuez delincuente Salvador Alba Mesa y su esposa, la letrada de la Administración de Justicia (secretaria judicial) Teresa Lorenzo Establier me interpusieran una querella sencillamente por contar con todo el detalle del que hemos sido capaces en Canarias Ahora el que puede considerarse primer caso de lawfare con condena en España.

La reciente decisión de la Audiencia Provincial de Madrid de desbaratar parte de la disparatada instrucción judicial alivia bastante pero no disipa mi indignación por tener que responder como acusado sencillamente por haber informado de unos hechos gravísimos. No hay fecha aún para sentarme en el banquillo en el Juzgado de lo Penal 11 de Madrid para responder por los delitos de revelación de secretos y acoso, una vez descartado el de odio y la agravante de enriquecimiento ilícito que figuran en el escrito de acusación por los que tuve que depositar una fianza de 422.000 euros.

Alba no inició con esta querella su cacería contra mí. Desde el momento en el que su condena fue ratificada por el Tribunal Supremo en noviembre 2021, empezó su cruzada para tratar de descalificar lo que publicamos sobre sus andanzas para ir amoldando de ese modo la historia real a su alocada tesis de que la víctima de lo que ocurrió fue él y no la magistrada Victoria Rosell, a la que persiguió para tratar de agradar a quien le había prometido todo su apoyo para hacerlo vocal del Consejo General del Poder Judicial: José Manuel Soria, por entonces ministro en el gobierno de Mariano Rajoy.

No disimuló nunca en absoluto su convicción de que si todo se hubiera hecho sigilosamente, sin que se enterara la opinión pública, no habría habido escándalo porque sus excesos se podían haber reconducido o directamente tapado. No contaba con la existencia de una grabación que lo delataba, y mucho menos con que pudiera haberse entregado a un periodista (yo) para que fuera publicada en un periódico de circulación nacional (eldiario.es) y estallara uno de los mayores escándalos judiciales de este país.

Tampoco contaba con que a su comportamiento se le hiciera un seguimiento periodístico estricto y riguroso: cómo se escondía de las notificaciones del Consejo General del Poder Judicial, cómo se fue de vacaciones a las Maldivas habiendo presentado un sospechoso parte de baja médica y dejando a medias la sentencia del mayor caso de corrupción del PP canario, cómo alegó una enfermedad que le impedía volar el día antes de tener que ingresar en prisión, quiénes eran los médicos que se prestaban a esas trapisondas, su presencia con posado incluido en un mitin de Ortega Smith, o en una cena privada con Santiago Abascal; o cómo trató de extender su mierda grabando a otros compañeros de profesión para aparentar que él no era peor que ninguno…

Los periodistas, imprescindibles

Como lawfare de alta calidad que se precie, no faltaron en este los medios de comunicación que respaldaron a Alba, incluso algunos hasta el final, cuando ya se habían confirmado los delitos. El diario El Mundo, el más destacado, se tragó todas las resoluciones de Alba sin el más mínimo contraste hasta que apareció la grabación, y Confilegal llegó tan lejos que su director, Carlos Bellver, llegó a ejercer de jefe de prensa del exjuez delincuente redactando incluso una nota de prensa que este distribuyó. Bellver ha asumido hasta el final las tesis de Alba, escribiéndole incluso el prólogo del libro que escribió ya condenado.

Para que no quede duda del cariño que Alba me profesa, en ese libro me describe así: “Es un aficionado al periodismo que publica una especie de web que se llama canariasahora.com, en la que se dedica a poner a parir a todas aquellas personas, políticos, empresarios, jueces, que por alguna razón tienen la osadía de contrariar sus ideas o sus acciones. Un tipo de mediana estatura, algo rechoncho y con aspecto de seminarista. Es un auténtico sicario del periodismo. Solo utiliza su medio de comunicación para extorsionar, chantajear o hundir mediáticamente a cualquiera que se le ocurra”.

Así aparezco descrito en las primeras páginas de la presunta novela Injuria, el libro que escribió cuando ya estaba siendo buscado por las fuerzas del orden para que ingresara en prisión a cumplir la condena de seis años y medio que se le impuso por delitos tan graves como la prevaricación, el cohecho y la falsedad en documento judicial. La editorial que se hizo cargo de esa obra, Cajón de sastre, incluyó en su sinopsis la tesis que Alba defendió desde que se descubrió la conspiración que lideró contra la magistrada Victoria Rosell: “Es una historia real. Lo que el lector tiene en sus manos es un relato de lo ocurrido y de lo que jamás debe volver a ocurrir. Una historia de injusticia, de envidias y odios. Una historia de venganza desproporcionada envuelta en un halo de hipocresía. Intrigas judiciales, manipulación de tribunales y jueces”.

Es exactamente su tesis victimista, el relato contrario al lawfare que él protagonizó. Pero la perseguida ya no es Victoria Rosell, la candidata de Podemos al Congreso de los Diputados en las elecciones de diciembre de 2015, que competía con José Manuel Soria, que acabó ganando por 9.000 votos. Ahora el perseguido soy yo porque aquella conspiración la perdió porque la pudimos contar y porque no quiere que se siga hablando de él, que contemos que intentó colegiarse como abogado en el colegio de Las Palmas para ejercer como si nada hubiera pasado y transitar los mismos pasillos y las mismas salas de vistas que la que fuera entonces su víctima.

No quiere que existan periódicos ni periodistas que se atrevan a contar que una parte de la justicia está corrompida y que algunos de sus colegas no han aprendido la lección porque alguno de ellos podría tener que ayudarle en el futuro como algunos de ellos le trataron de ayudar en el pasado.

Es muy jodido sentirse perseguido injustamente por la justicia. Porque es la justicia la que le ha hecho caso a este delincuente y la que me sienta en el banquillo después de una instrucción que no resistiría el más elemental examen de primero de Derecho Procesal. La misma justicia que ha condenado por el mismo delito de revelación de secretos por el que voy a juicio nada menos que al fiscal general del Estado, la que no piensa levantar el pie del acelerador hasta que gobiernen los suyos.

No nos vamos a callar, no me voy a callar. No tengan duda. Ni vamos a plegarnos para conseguir una sentencia favorable porque estamos convencidos de que tenemos la razón y que nos la tienen que dar.

Seguiremos informando del Salvador Alba Mesa y de Teresa Lorenzo Establier cada vez que consideremos que sus actos son noticiables y de interés para la comunidad. Caiga quien caiga.

“Yo soy el accionista mayoritario”. Con esas palabras definió su posición política Fernando Clavijo en diciembre de 2016 ante la que era su socia y vicepresidenta, la socialista Patricia Hernández, en los momentos en los que se quebraba el pacto entre Coalición Canaria y el PSOE tras un buen ramillete de desencuentros. Hernández trataba de hacer ver al por primera vez presidente de la autonomía que no debía estar conduciendo de la manera que lo hacía, es decir, imponiendo a su socio decisiones que no se habían discutido en el seno del Gobierno y, lo que es peor, puenteando a los consejeros y consejeras socialistas haciendo valer su condición de líder del partido con más diputados en la cámara regional.

Clavijo no puede presumir ahora de tener más diputados que nadie porque en 2023 le ganó el PSOE, pero sí puede recordar a su socio, el Partido Popular, un día sí y el otro también, que tiene cuatro más y que sigue siendo, por tanto, el accionista mayoritario del cortijo. Y ya sabe el PP, porque la política canaria está plagada de antecedentes estrambóticos, que si los populares se ponen flamencos, Clavijo es capaz de echarlos y ponerse a gobernar con el apoyo del PSOE, partido en el que hay algunos dirigentes bastante predispuestos.

Teóricamente debería estar siendo bastante incómodo mantener un Gobierno como el canario, con dos partidos que solo parecen estar de acuerdo en que hay que permanecer juntos, sea como sea, porque no es que haya frío ahí fuera, sino que se avecina temporal en 2027 y no es bueno estar desguarnecido cuando se produzca.

Por eso el PP ha aguantado con estoicismo el desplante del presidente Clavijo con el modelo de financiación autonómica, pactado a espaldas de la consejera de Hacienda, Matilde Asian, y del mismísimo vicepresidente del Ejecutivo, Manuel Domínguez, que ya sabemos que pinta poco, pero que tiene su corazoncito.

Aunque se haya tratado de ocultar, Domínguez ni siquiera se personó en el último Consejo de Gobierno, o al menos no llegó a tiempo para la foto de rigor, con lo que al hombre le gusta una fotografía.

Su consejera de Hacienda, que lo es también de toda Canarias, optó por pedirse dos días de vacaciones, los pasados martes y miércoles, de modo que no tuviera que pasar el mal trago de acudir a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera a votar a favor de lo que su partido quiere que se vote en contra. Es de esperar que los dos días le sean descontados efectivamente de sus vacaciones, porque de lo contrario estaríamos ante un flagrante caso de absentismo laboral, de esos que anda denunciando con pésima fortuna el presidente nacional de su partido.

Resultó de tal envergadura la ruptura de Canarias con el consenso pepero y, por lo tanto, la jugada de los ministros España y Torres, que el partido de Feijóo pidió con urgencia la desconvocatoria de la reunión porque habría dado lugar a un problema interno en el partido ante la evidencia de que el nuevo sistema va a sacar a algunas autonomías como la valenciana o la andaluza del agujero de financiación que vienen sufriendo desde hace años.

No es la primera gran discrepancia entre estos dos socios tan bien avenidos. La migración lleva años provocando serias tiranteces por la posición del PP de negarse a aplicar la ley y asumir los cupos de acogida de menores migrantes no acompañados que corresponden a cada autonomía. Manolo Domínguez dice que hace lo que puede, que viene a ser exactamente nada, para convencer a sus colegas de otros territorios para que se dejen de zarandajas, mientras se recrudece tanto dentro de su partido como en su socio natural, Vox, el discurso antimigratorio con todas sus derivadas racistas y de odio.

La fuerza del socio débil

Pero volviendo a Canarias, el accionista mayoritario del cortijo sigue exprimiendo a su gusto la debilidad actual que presenta el PP y lo que se le viene encima. Las encuestas siguen insistiendo en que el partido de Núñez Feijóo va a sufrir un llamativo estancamiento en Canarias, cuando no un retroceso a manos de Vox, tanto en las generales como en las autonómicas del año que viene. Y esa tormenta hay que enfrentarla desde dentro de las instituciones pagando el precio que sea, incluido el de la humillación y el puenteo al que se le viene sometiendo.

Clavijo, por su parte, conoce esa debilidad del PP y por eso la explota tan descarnadamente. Se le ha abierto una pequeña fisura por la isla de La Gomera, a pesar de la estrecha amistad que sigue teniendo con Casimiro Curbelo, pero está convencido de que puede aguantar lo que queda en el convento sin necesidad de mayores crisis que las ya vividas.

Porque si fuera a aplicar la plantilla que Coalición Canaria ha aplicado en otras ocasiones, hace ya tiempo que debía haber dado puerta al PP. Es bueno recordar que a Jerónimo Saavedra lo echó de la presidencia del Gobierno su vicepresidente, Manuel Hermoso, por unos comentarios godos de Carlos Solchaga sobre la reforma del REF. Y que a Patricia Hernández el mismísimo Clavijo se vio obligado a destituirla tras varios desplantes relacionados con el déficit sanitario (que el presidente intentó gestionar puenteando el consejero de entonces) y por el reparto del famoso Fondo de Desarrollo de Canarias a través de los cabildos, lo que condujo incluso a que los consejeros socialistas se levantaran y se mandaran a mudar en medio de un consejo de gobierno para no tenerlo que votar en contra.

Nos queda un final de legislatura que vendrá cargado de gestos como el que esta pasada semana protagonizó desde sus escaños en la oposición el PP en Telde. Lejos de abordar asuntos tan importantes para la ciudadanía como la grave contaminación que sufre el litoral de ese municipio por la política negligente del consistorio, los concejales populares elevaron al pleno una moción reclamando la dimisión de Pedro Sánchez. Sólo votaron a favor de esa iniciativa los concejales del grupo proponente y los de Vox. Se van configurando las futuras alianzas.

Podía haberse ahorrado el viaje a Gran Canaria la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, que se limitó el jueves a cumplir estrictamente con su obligación de dar posesión al nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Isabel Perelló vino, presidió el acto, pronunció exclusivamente la fórmula protocolaria y, con la misma, se marchó. Ni siquiera obsequió al respetable con un discurso que pudiera animar a pensar que, a pesar de lo que estamos viendo en determinados juzgados y tribunales españoles, particularmente los de Madrid, hay vida inteligente en la Justicia española, que los casos aislados no se están extendiendo, que los mecanismos de revisión y disciplinarios funcionan adecuadamente y que el corporativismo y la sumisión a los poderes tradicionales de la derecha son cosas del pasado.

Ese silencio tan llamativo se extendió también a la prensa, a la que tampoco atendió la señora Perelló, con lo que nos quedamos con las ganas de preguntarle por la última ocurrencia de una buena parte del Consejo General del Poder Judicial, con su Promotor de la Acción Disciplinaria al frente, de restringir al máximo las posibilidades de la ciudadanía de denunciar comportamientos inadecuados de los profesionales de la Judicatura.

Sin embargo, es más que probable que la numerosa y abigarrada concurrencia asistente a la toma de posesión agradeciera a la señora presidenta del Supremo que decretara el formato corto del acto, porque en la sala de vistas del viejo Palacio de Justicia de la Plaza de San Agustín, en Las Palmas de Gran Canaria, no cabía un alfiler y el calor llegó a ser por momentos sofocante.

El que sí habló fue el verdadero protagonista del acto, el nuevo presidente del TSJ de Canarias, Juan Avello, a cuyo alrededor parece difícil encontrar alguna persona a la que le caiga mal. Bueno sí, hay una: su antecesor, Juan Luis Lorenzo Bragado, que compitió sin éxito con él por repetir en ese cargo y que tuvo el feo gesto de no constituirse en el solemne acto de toma de posesión sin ni siquiera disculparse. Lorenzo Bragado lo intentó todo para ganar a Avello, incluso remitir al Consejo General del Poder Judicial, en los minutos de descuento y cuando ya se sabía que había sido derrotado, un informe en el que trataba de demostrar que su sustituto es un absentista de esos que persigue Feijóo porque se había escaqueado de algunas reuniones de la Sala de Gobierno del TSJC y se tomó algunas vacaciones fuera del habitual mes de agosto. Y, con esos antecedentes no iba a ser un digno sucesor. La estallada fue doble, por consiguiente.

Adornan a Juan Avello algunas virtudes muy lejanas al escaqueo y al silencio corporativista. Más bien todo lo contrario. A la mañana siguiente a su toma de posesión concedió cuatro entrevistas a otros tantos medios de comunicación y cumplimentó y se dejó cumplimentar por todo lo cumplimentable. El don de gentes y la comunicación activa no son desde luego la solución a todas las amenazas que se ciernen sobre la judicatura, pero ayudan más que el silencio y el corporativismo.

Hay que desearle suerte al nuevo presidente del TSJC porque la va a necesitar. Se va a desempeñar en una plaza muy mal amañada, con algunas inercias muy poco edificantes y con una tradición a echar burros a volar en las salas con más tronío que no animan precisamente a la esperanza de que esto vaya a cambiar de inmediato.

Desgraciadamente para lo que Avello representa a partir de ahora, una sentencia adelantada este fin de semana por Canarias Ahora demuestra a la perfección lo que se cuece en las altas instancias de la justicia en Canarias. Un renombrado magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, de nombre Francisco José Gómez-Cáceres, vio cómo el supremo le anulaba una sentencia por eludir su obligación de motivar el fallo y, por el contrario, rendirse ante los encantos de los argumentos de una de las partes “de forma acrítica y mecánica”. El ponente -no se sabe muy bien si con la aquiescencia de la sala o por sus santos conocimientos- se limitó a cortar y pegar lo que sostenían los demandantes, a los que dio la razón sin explicar por qué, pero añadiendo de su propia cosecha, como única aportación original a la resolución judicial, un elogio a “la brillantez, claridad y solidez” de su escrito.

Esta extravagancia podría quedarse en eso, en un caso aislado, si no fuera por quién es el autor, quién la parte elogiada, copiada y pegada, y por quién o quiénes están detrás de ese recurso por el cual se pretende revertir un contrato de asesoramiento jurídico al Ayuntamiento de Pájara. Nada más y nada menos que el prestigioso y conocidísimo despacho de abogados Montero-Aramburu, del que forma parte destacada un viejo conocido de las salas de justicia de Canarias donde los burros vuelan: Rafael Fernández Valverde.

Rafael Fernández Valverde atesora una brillantísima carrera profesional, la mayor parte de ella ejercida en Canarias, donde lo fue casi todo: juez de instrucción, de primera instancia, de menores… pero sobre todo de la jurisdicción Contencioso-Administrativa, de la que llegó a presidente de la sala correspondiente en el TSJ de Canarias. Luego dio el salto al Consejo General del Poder Judicial, del que fue vocal; a la Audiencia Nacional y finalmente al Tribunal Supremo… Para reengancharse finalmente en el despacho de abogados Montero-Aramburu.

Es evidente que para ese despacho tan prestigioso el asesoramiento jurídico al Ayuntamiento de Pájara tiene una importancia capital, y no solamente por los 1,2 millones de euros que supone por tres años más uno de prórroga, sino especialmente por los millonarios intereses urbanísticos que se mueven en uno de los municipios turísticos más importantes de Canarias. Y Aramburu asesora a muchos empresarios del sector.

El burro volador

Pero el burro volador al que quiero referirme en este caso hizo sus evoluciones en la Sala de lo Civil y Penal del TSJ de Canarias a finales de los ochenta, cuando Lorenzo Olarte Cúllen, recientemente fallecido, ejercía como presidente del Gobierno. Él, su consejero de Economía, Luis Hernández, y el de Sanidad, Julio Bonis, todos ellos por entonces en el CDS y sin atisbos de convertirse en nacionalistas cuatro años más tarde, se vieron envueltos en un escándalo judicial conocido por el nombre de caso Puerto Marena. Pidieron más de 1.000 millones de pesetas de crédito a la Caja de Ahorros para hacer una urbanización turística y la operación resultó tan fallida que hasta tuvo sospechas de fraude fiscal por presunto impago del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales.

La operación la denunció el político comunista Antonio González Viéitez, quien vivió en sus propias carnes, en compañía del abogado José Manuel Rivero, cómo operaba lo que otro histórico letrado de Las Palmas, Pedro Limiñana, bautizó una vez como “la mafia judicial canaria”.

Dada la condición de aforados de varios de los encausados, el procedimiento cayó en manos de la Sala de lo Civil y Penal del TSJC, que designó instructor a un veterano, José Joaquín Díaz de Aguilar, que se tomó muy en serio aquella instrucción hasta que se tropezó con la cruda realidad. Díaz de Aguilar tuvo incluso que sufrir la humillación profesional de tener que acudir al despacho de Presidencia del Gobierno en la Plaza de los Patos, en Santa Cruz de Tenerife, y observar cómo Olarte se instalaba en una tarima por encima del resto de los presentes y al magistrado instructor se le reservaba una mesa ridícula a un plano claramente inferior.

De aquella declaración, el magistrado salió con la firme convicción de que tenía que dictar auto de procesamiento contra Lorenzo Olarte, para lo cual hizo una consulta con un veterano del TSJC para poder armar una resolución solvente sobre el presunto delito de fraude fiscal. El experto era Rafael Fernández Valverde, que desde 1990 ya era presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal canario.

Inmediatamente después de que se evacuara esa consulta y de que se aireara cuáles eran las intenciones del instructor, Lorenzo Olarte movió sus fichas y ordenó a sus abogados que promovieran un expediente de recusación acusándolo de ser camarada de González Viéitez, no solo por haber formado parte ambos de la Junta Democrática, sino porque el nombramiento de Díaz de Aguilar para el TSJC fue promovido y apoyado en el parlamento por el político comunista. “Es un viejo zorro político metido a juez”, dijo de él Lorenzo Olarte para avalar su estrategia.

Lo curioso no fue solo comprobar los canales de información de los que disfrutaba Olarte, sino cómo, en cuestión de días, una vez iniciado el expediente de recusación, Díaz de Aguilar se veía obligado a apartarse, tomaba las riendas de la instrucción el magistrado Manuel Alcaide, que de inmediato archivaba la causa contra Olarte y los otros encausados. Pero tan sólo 24 horas después del archivo, se resolvía desfavorablemente la recusación. Es decir, Díaz de Aguilar habría estado capacitado para investigar al presidente Olarte, pero el sistema se lo había impedido.

Juan Avello parte con la ventaja de que, desde 2018, no hay políticos aforados en Canarias. Se recogió en la reforma del Estatuto de Autonomía gracias a la única aportación brillante de Ciudadanos, y hasta el momento ha funcionado tan razonablemente bien para el alto tribunal canario que el único investigado desde entonces sólo se zafó de sus imputaciones acogiéndose al magnánimo manto de Manuel Marchena en el Supremo, es decir, aforándose como senador: caso Clavijo.

Por lo tanto, un problema menos que tiene el nuevo presidente del TSJC. Pero tendrá que seguir lidiando con otros burros voladores que todavía se posan con descaro en las gárgolas del vetusto Palacio de Justicia de la Plaza de San Agustín.

Se acabó la espera. Llegan las elecciones. Las tan ansiadas elecciones. Serán en 2027, se cumplan o no los anuncios y los renuncios de Pedro Sánchez, sencillamente porque tocan ese año. La discusión de precisión se centra ahora casi exclusivamente en saber en qué mes concreto del primer cuatrimestre se celebrarán las generales porque el presidente del Gobierno ha descartado el super domingo electoral: las adelantará a las autonómicas (donde toque, como Canarias) y a las locales (en toda España) el 23 de mayo.

En los partidos políticos, naturalmente, no se habla de otra cosa. Las encuestas y sus trackings son la herramienta habitual de cada semana para el diagnóstico y las acciones correspondientes, y el frenesí ya se ha apoderado de la actividad pública de casi todos esos partidos.

Esta semana, sin ir más lejos, ha estado en Canarias Alberto Núñez Feijóo con su habitual gracejo para presentar a sus candidatos a las dos capitales provinciales: Poli Suárez para Las Palmas de Gran Canaria, y Carmen Pérez, para Santa Cruz de Tenerife. En ambos casos se pronunciaron las soflamas de rigor, esas que se elaboran en los laboratorios de ideas de los grandes partidos y que no siempre tienen el éxito perseguido.

Por ejemplo, Carmen Pérez, actual concejala de Empleo, Comercio y Turismo, ha proclamado en las redes sociales lo siguiente: “Alberto Núñez Feijóo me ha designado candidata a la alcaldía de Santa Cruz de Tenerife para liderar el cambio en nuestra ciudad”. Independientemente de lo democrático y participativo del proceso de elección de la candidata, llama mucho la atención que su primer mensaje sea que va a promover “un cambio” en la capital tinerfeña, donde el PP gobierna con Coalición Canaria, ahora y cada vez que ha sido necesario, es decir, siempre. No deja en buen lugar a quien hasta ahora era y sigue siendo la cabeza visible del partido en esa ciudad, Carlos Tarife, primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, que nunca fue el lápiz más afilado del estuche, es verdad, y que empezó a cubrirse de gloria el día que posó con un consolador tamaño king-size entre las manos haciéndose el moderno ¡en un sex shop!

Lo mandan, a Tarife, al Parlamento de Canarias, dicen que para ejercer de portavoz, lo cual va a mejorar notablemente la calidad de los debates en la cámara autonómica canaria.

Para Las Palmas de Gran Canaria, “el presidente Feijóo”, como gusta a la muchachada pepera llamar al líder del partido, ha designado al secretario general del PP en Canarias y actual consejero de Educación del Gobierno regional, Poli Suárez. O Poli Díaz (el Potro de Vallecas), como lo llamó “el presidente Feijóo” en Televisión Canaria provocando una vez más el revuelo y el relajo en las redes sociales, siempre dispuestas a amplificar sus cada vez más frecuentes patinazos. El eslogan elegido para la ocasión en Las Palmas de Gran Canaria ha sido “Recuperar la ilusión”, que se puede traducir como que después de dos mandatos en la oposición, ya va siendo hora, ¿no?

Mientras que la de Carmen Pérez es una candidatura de circunstancias, condicionada siempre a los resultados que obtenga Coalición Canaria y que ambas fuerzas puedan volver a sumar sin Vox, la de Poli Suárez, el Potro de Moya, es una apuesta fuerte por una plaza que el PP quiere recuperar a toda costa para tratar de reeditar aquellos años de las mayorías absolutas de José Manuel Soria pero con otro talante, porque Poli Suárez es otra cosa bien distinta.

Tentaron a Evaristo Quintana

Sin embargo, la mecha por la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria no la encendió ninguno de los grandes partidos con opciones de ocuparla, el PSOE o el PP, sino Coalición Canaria a través de su filial en la isla, Primero Canarias (Prica), que tuvo la habilidad de presentar antes que nadie a Marcial Morales como candidato. Un golpe político de mucho efecto y mucho nivel que allana las posibles reticencias y rivalidades dentro de CC porque, al fin y al cabo, el que fuera presidente del Cabildo de Fuerteventura y alcalde de Puerto del Rosario, además de consejero de Políticas Sociales del Gobierno canario, lo fue siempre por el partido de Clavijo. Nadie ha rechistado por tanto dentro de esas filas, donde perdió de repente toda opción la polémica presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, que habrá de disputar ahora el segundo o el cuarto puesto, los que le corresponden a CC, con María Fernández, directora general de Transportes.

Pero Morales no fue la primera opción de Primero Canarias, cuyos dirigentes barajaron varias opciones antes de proponerlo como candidato a la alcaldía. Teodoro Sosa, su presidente, tenía en mente otro perfil más mediático y popular, el periodista de la cadena Ser Evaristo Quintana, que ha admitido a este periódico que llegó a recibir esa oferta, aunque ahora le resta importancia. Pero lo cierto es que Sosa llegó a proponerlo ante los empresarios que están patrocinando su movimiento de respaldo a Fernando Clavijo.

Pero la jugada maestra de Marcial Morales se convirtió de repente en innegociable y las dos organizaciones están cerrando filas para intentar que Coalición Canaria recupere algo de oxígeno en un ayuntamiento que se le ha negado siempre, incluso en los momentos más prósperos de José Carlos Mauricio, que estuvo a punto de ser alcalde a principios de siglo a través de un pacto de time sharing en el que se incluía el PP, que lo traicionó en el último minuto. Fue de tal calibre el toletazo que en las siguientes elecciones ni siquiera salió él elegido, y eso que iba de cabeza de lista.

Los empresarios que siguen de cerca el proceso de formación de listas de los distintos partidos políticos con opción de gobierno han saludado con mucha satisfacción los movimientos escenificados hasta ahora. Que el PP y Coalición Canaria se fortalezcan en Las Palmas de Gran Canaria con dos candidatos menos planos que los anteriores se puede traducir también en lo que más les importa, que es el Gobierno de Canarias, sobre el que se ciernen muchas incertidumbres cara a este 2027.

Esos empresarios, que podemos localizar en sectores tan destacados como el portuario y el de la automoción, están respaldando todas estas operaciones abiertamente. Saben de lo agradecido que es Fernando Clavijo cuando se le apoya y que siempre le dan lo que le piden. Ya lo comprobaron cuando en 2015 colocó a dos consejeros impuestos por ellos sin ni siquiera conocerlos de antemano. Y quieren repetir la jugada en todas las administraciones posibles, pero fundamentalmente la autonómica.

Como inspirador de una parte de ese empresariado, muy vinculado al sector de la automoción por la vía de su pertenencia al consejo de administración de Domingo Alonso Group, es José Manuel Soria, que aunque no se trata con otros empresarios impulsores de la operación, necesita buena sintonía con el poder para que todos sus negocios, vehiculizados a través de su empresa de asesoramiento, puedan prosperar adecuadamente.

Las encuestas y los últimos acontecimientos los tienen alarmados porque saben que la actual suma de CC-PP-Agrupación Socialista Gomera podría no alcanzar los 36 diputados necesarios para gobernar. Y no solo porque Casimiro Curbelo haya enseñado ya sus colmillos y sus capacidades para pasarse al adversario si no se le hace caso. Sino porque el crecimiento que presenta Vox en esas encuestas se produce a costa de la caída del PP y de Coalición Canaria, lo que podría obligar a tener que contar con la ultraderecha para mantener a Clavijo en la presidencia.

Una fatalidad que, para estos empresarios y esos partidos, no es de índole ideológica, ni mucho menos, sino porque una aceptación de CC a incluir en el Gobierno a un partido antinacionalista sería el principio de su fin. Poca gente lo entendería, y mucho menos la filial grancanaria, que lleva a gala su condición izquierdista para intentar captar los votos de Nueva Canarias, partido del que se escindió.

Mientras, el PSOE sigue muy bien posicionado. La última encuesta de Perfiles, conocida la semana pasada, arroja datos muy significativos: el 37% de las personas encuestadas dice que el Pacto de las Flores fue un gobierno mejor que el actual, frente al 18% que sostiene lo contrario, que el de Clavijo es mejor. Al resto, ya se sabe, los dos les parecen igual de buenos que igual de malos.

Pero la reedición de un pacto de las flores tampoco cuenta ahora mismo, siempre según las encuestas, con los números necesarios. El PSOE volvería a ganar las elecciones con Ángel Víctor Torres a la cabeza, candidato que sigue siendo el más valorado. Pero todo está pendiente de que se pueda componer un frente popular a su izquierda y que la movilización lo haga posible. El actual escenario nacional parece que anima a los promotores de la iniciativa porque la sensación de golpismo judicial y el miedo que empieza a levantarse alrededor de la ultraderecha, que vuelve a enseñar la patita en los gobiernos autonómicos del PP, puede servir de revulsivo.

La resistencia se hace fuerte en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Es la única institución democrática que sigue batallando por preservar el monumento a Franco que se levanta en la Avenida de Anaga en contra de la Ley de Memoria Democrática estatal y de Memoria Histórica de Canarias. Y dentro de la resistencia municipal capitalina, una dura pugna para ver quién defiende el conjunto monumental con más pasión. Importan poco los argumentos, cada vez más débiles: cuando ya ha arrancado la cuenta atrás de los seis meses que tiene el consistorio para desmontarlo y llevarlo a unos almacenes, o fundirlo y venderlo al peso, o crear un museo submarino y exponerlo bajo el mar, como sugirió en su día el portavoz de Izquierda Unida Ramón Trujillo… lo que interesa es demostrar a cierta parte de la ciudadanía quién defiende este vestigio franquista con más frenesí irracional.

Se han alineado en el pleno municipal de Santa Cruz todos los planetas para que tengan voz en este asunto los más señeros defensores de este vestigio franquista, empezando por su alcalde, José Manuel Bermúdez, y el portavoz de su partido, Coalición Canaria, José Alberto Díaz-Estébanez, que compiten en feroz desafío con la tercera teniente de alcaldesa, Zaida González, del Partido Popular, y el concejal de Vox, Luis Sosa-Tolosa del Valle, que dedica el tiempo libre que le dejan las tareas municipales a presidir la Asociación para la Investigación y Protección del Patrimonio Histórico San Miguel Arcángel, a la que no se conoce otra actividad que la defensa del monumento a Franco por todos “sus valores”, de vez en cuando el artístico.

Lejos han quedado aquellos tiempos en los que el portavoz de CC en la Corporación era Juanjo Martínez, que desde que se encendió la polémica se mostró favorable a retirarlo, aun reconociendo que aquella no era una postura unánime en su partido. Y lejos ha quedado también (nueve años atrás) la decisión de la junta de gobierno municipal, con Bermúdez a la cabeza pero con la presencia de casi todos los mismos protagonistas de la vida política actual (Carlos Tarife, Zaida González…) de encargar un estudio sobre los vestigios franquista de Santa Cruz a la experta Maisa Navarro.

Lo hizo Bermúdez para esquivar un pleito judicial, y a cambio se vio frente a la cruda realidad ya conocida por todo el mundo: que la capital tinerfeña es una de las ciudades españolas con más vestigios franquistas porque sus sucesivos gobernantes jamás han sentido la obligación de irlos retirando, aunque fuera al golpito.

El destino quiso que el informe se acabara y se entregara al ayuntamiento en el breve espacio de tiempo en el que ocupó la alcaldía Patricia Hernández, del PSOE, poco antes de que una moción de CC con el PP y la famosa tránsfuga Evelyn Alonso, devolvieran a la normalidad del modo canario el reparto de poder en la ciudad.

La alcaldesa, que no había encargado el informe pero le comprometía, quería la implicación de toda la Corporación, de modo que convocó a todos los grupos políticos para decidir qué hacer. Llamativamente, sólo obtuvo la unanimidad en aquellos momentos (principios de 2020) en torno a que el monumento a Franco debía ser retirado, con las únicas dudas planteadas por parte del PP y Ciudadanos, que propusieron como alternativa su traslado a otro lugar para no perder la escultura. Luego llegó la pandemia y la moción de censura… Y se jodió el Perú.

Regresó Bermúdez al poder y con él, un cambio absoluto de planteamiento alimentado por factores externos que el alcalde quiso conjugar a su favor. Que el catálogo autonómico de vestigios franquistas empezara por la ciudad de Santa Cruz de Tenerife le sirvió para volver a agitar una de las banderas favoritas del insularismo de Coalición Canaria: el agravio a Tenerife, la ofensa desde la pérfida Canaria, el envidioso secarral que con tanto denuedo describió quien sigue siendo a día de hoy inspirador de tantas excusas, don Pepito, José Rodríguez Ramírez, director-editor de El Día en los años más gloriosos.

Don Pepito nunca llevó muy bien aquello de tener antepasados canariones, concretamente de la ciudad de Arucas, aunque siempre supo sobreponerse a aquella mancha de sus ancestros con proclamas cada vez más radicales contra Gran Canaria.

Tantos años después de su muerte y de que su periódico haya pasado a otras manos, el mensaje de don Pepito sigue vivo en muchos dirigentes públicos de la isla que explotan aún esos sentimientos sabedores de que una parte de la población aún los abraza. Como hizo en el último pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz la concejala del PP Zaida Rodríguez, que esgrimió ante la ciudadanía como argumentos de peso los comentarios de la gente que ella misma escogió de su cuenta en Facebook para defender la permanencia del monumento a Franco: “Si estuviera en Las Palmas de Gran Canaria se nombraría de otra manera”. “La historia no se cambia, que nos estamos quedando sin nada y lo único que prevalecerá será lo que hacen los políticos que de bueno, nada, y será la historia de las nuevas generaciones. Viva España”. “Se lo llevarán también para Las Palmas de Gran Canaria, como el crucero Canarias, que como lo quitan de la calle del edificio de Méndez Núñez, ah, que por qué no quitan el edificio de Méndez Núñez…”

Algo más técnico, al menos en apariencia, ha estado estos días el alcalde José Manuel Bermúdez, quien con sus estudios de Derecho en la mano ha pregonado en algunos medios de comunicación que el monumento sólo se tocará con lo que dice la ley “como está escrita, no como la interpreta el ministerio”. Según su criterio, los juristas del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática saben menos que él y están dejando que Ángel Víctor Torres actúe con motivaciones ideológicas. En Canal 4 de Tenerife, llegó a decir que una opción es organizar visitas al monumento del tipo que las que se hacen al campo de concentración de Auswitch, “donde yo he estado”, enfatizó, para explicarle a la gente lo que no puede volver a suceder: “un golpe de estado ilegítimo”.

Pero no aclara la primera autoridad municipal chicharrera cuáles son los argumentos jurídicos que le avalan, entre otras cosas porque no tiene ni un solo argumento jurídico que le avale. Ni un informe de los servicios correspondientes del consistorio que le permitan afirmar sin riesgo a caer en la demagogia que lo que mueve al Gobierno de España, y más específicamente al ministro Ángel Víctor Torres, es la ideología y no una ley democráticamente aprobada. Los mismos argumentos que emplean los fascistas que se niegan a aceptar la resignificación de Cuelgamuros.

Los antepasados fascistas

Tanto a Bermúdez como a muchos de sus correligionarios de CC, así como al PP y a Vox sí que les anima la ideología a mantener vivo este debate sobre los vestigios franquistas. En el fondo se consideran guardianes de las esencias del chicharrerismo más acendrado, el que va desde preservar el monumento a Franco por considerarlo parte de sus esencias a no permitir bajo ningún concepto que el estadio del CD Tenerife se traslade a otra ciudad, aunque sea a La Laguna, otra de las polémicas en las que también ha intervenido acaloradamente Bermúdez estas últimas semanas.

Pero hay una parte del discurso de Bermúdez de defensa del monumento a Franco que va más allá de la ideología chicharretista. Hay un punto franquista que afloró en el último pleno de la Corporación, con todas las intervenciones conservacionistas recordando la alegoría a los “25 años de paz”, al requiebro sobre la verdadera motivación de una cuestación popular que tuvo mucho de coacción fascista. “No es un vestigio franquista”, proclamó el alcalde. “No se parece a Franco”, vino a concluir la concejala popular que defendía las tesis del grupo de gobierno, a lo que remataba el portavoz de CC, Díaz-Estébanez coincidiendo con el de Vox en que la obra tiene valor artístico y que allá la administración que decida demolerla.

Es conveniente recordar, llegados a este punto, el pasado franquista de la familia del alcalde Bermúdez Esparza, que nació en Las Palmas de Gran Canaria en 1966 por el deseo de su madre de estar junto a la suya en un momento tan importante. Su madre y su padre, los abuelos de Bermúdez, vivían en la Casa del Coño, que viene siendo otro vestigio franquista a resignificar o remover en Las Palmas de Gran Canaria. Porque ese edificio lleva el nombre de José Antonio en homenaje a Primo de Rivera, el líder de la Falange Española. Se trata de un edificio de 12 plantas levantado a finales de los cincuenta y principios de los sesenta para dar vivienda a los beneficiarios del régimen, mayormente miembros del sindicato vertical. Su nombre popular de Casa del Coño le fue dado por la vecindad por ser esa, “¡ya coño!”, la expresión que se pronunciaba al contemplar edificio tan enorme, el más grande entonces de la capital grancanaria.

Bermúdez ha aclarado a este periódico que no nació en ese edificio sino en la cercana Clínica de Santa Catalina y que en la Casa del Coño vivían sus abuelos. Por lo tanto, lo más cerca que podemos llegar en nuestras apreciaciones es que en ese edificio tan emblemático solo vivió los primeros días de su existencia antes de viajar a Santa Cruz de Tenerife junto a su madre.

Los abuelos de Bermúdez tenían derecho a esa casa porque él, Pedro Esparza Martín, fue alcalde de la villa de Agaete poco después de proclamado el nuevo régimen tras el golpe de estado de 1936. Era un joven muy activo que poco después de ser designado por las autoridades franquistas, marchó al frente peninsular a batallar a favor del bando golpista.

Antes, en agosto de 1936 participó en un acto de exaltación franquista que la prensa del momento (en concreto el diario Acción) narraba así: “Con un entusiasmo inenarrable, inspirado y alentado por el elemento fascista, al mando de su Capitán, el Delegado Gubernativo y Alcalde de Agaete, Sr. Esparza Martín, y secundado por el pueblo, se izó ayer la gloriosa bandera española en el Ayuntamiento, Cuartel de Falange, Estación Telegráfica y Casino La Luz” (...) “Los gritos de arriba España grande, Viva España, Viva el General Franco etc. etc. nos ensordecían imaginando vivíamos un mundo nuevo”.

Este alcalde fascista no le hizo mucho caso a su padre, el bisabuelo de José Manuel Bermúdez, Augusto Esparza Arteche, secretario judicial de la villa de Agaete, a cuyo nombre y también como alcalde hay todavía una calle allí, Alcalde Esparza Arteche. Como tampoco el actual alcalde de Santa Cruz de Tenerife hizo caso a su padre cuando le dijo que lo mejor era labrarse un futuro profesional en vez de meterse con 18 años en política. Y desde entonces.

Algunos testigos presenciales pudieron comprobar el pasado lunes el grado de tensión que se masca en el ambiente político canario a un escaso año vista de las elecciones municipales. El consultor político Iván Redondo presentaba su libro, El manual, en el Club La Provincia ante un selecto grupo de personas invitadas, muchas de ellas nacionalistas, que solo relajaron el rictus cuando el interviniente accedió a contemplar como fuerza con “potencialidad” la del reencuentro del nacionalismo “desde abajo” que encarnan -se supone- Coalición Canaria y Municipalistas Primero Canarias. Se pusieron tensos cuando recordó que todas las encuestas, tanto las privadas como las públicas, auguran a día de hoy una victoria electoral del PSOE en las autonómicas de Canarias, y Redondo lo notó, así que añadió que esa reunificación podría “competir” por esa primera plaza.

No es ese pronóstico lo más discutible de esta parte del discurso de Iván Redondo, sino la procedencia de esa reunificación nacionalista: “desde abajo”. Pretender que la creación de un nuevo partido político, constituido a partir de una ruptura con otro y cimentado sobre cargos públicos de una amplia trayectoria, tenga una procedencia desde la base hacia la altura es forzar un poco el discurso. Partido por dos.

El historial político e institucional de los que dirigen esa reunificación nacionalista “desde abajo” es tan extenso que aconsejaría modificar algunos parámetros del discurso para no parecer ridículos. Y no sólo desde el punto de vista conceptual. La líder más veterana de la política de Canarias, de toda la política de Canarias, es uno de los iconos del nacionalismo isleño. Se llama Ana Oramas, y lleva en política la friolera de 47 años, el 70% de su vida. Empezó como concejala en Santa Cruz de Tenerife en 1979 y ahora es la vicepresidenta primera del Parlamento canario. El portavoz del grupo nacionalista en esa misma Cámara, José Miguel Barragán, del mismo partido, ya ha cumplido 45 años en lo público, lo que supone un 70% de sus 63 años de vida.

Pero ni Oramas ni Barragán estaban en el acto de Iván Redondo, así que es probable que eso confundiera al experto. Pero sí estaba en primera fila Fernando Clavijo, presidente regional, que, a sus 55 años, lleva 23 en política (el 41%); o Teodoro Sosa, alcalde de Gáldar, que ya ha cumplido los 50, de los cuales, 27 los ha dedicado a la vida pública, más de la mitad de su vida. Lo mismo que el actual alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, compañero de Sosa en la fundación de Primero Canarias, que a sus 62, ha dedicado 35 a la política (un 56,4%).

Sosa y Hernández invocaron en su momento la necesidad de renovación en Nueva Canarias como la causa principal del cisma que encabezaron y que desembocó en su nuevo partido, seguramente sin contemplar que algún día alguien recordaría que el líder al que se enfrentaron, Román Rodríguez, lleva en la política 33 de sus 70 años, es decir, un 47% de su vida, cuatro años más que Sosa y dos menos que Hernández.

Nada que objetar, por supuesto, a que un grupo de personas constituya un partido a partir de una crisis interna de otro, por muy forzada o postiza que pueda parecer desde fuera. Ni que aprovechen la palanca que supone hacerlo desde las instituciones, a modo y manera que hizo en 2005 su líder defenestrado, Román Rodríguez, cuando encabezó la creación de Nueva Canarias tras ocupar la presidencia del Gobierno bajo las siglas de Coalición Canaria.

Lo que realmente podría ser reprochable es que bajo esa estratagema se tratara de esconder inicialmente y con un éxito dudoso el verdadero fin del proyecto: confluir en todo lo que se pueda con Coalición Canaria. No para ir en alianza electoral a unas generales para la obtención del tan cacareado grupo parlamentario canario en las Cortes, que también, sino para afianzar a Fernando Clavijo (o a quien le suceda) en el poder a cambio de asegurarse sus dirigentes lo propio en Gran Canaria, y no en todas sus instituciones.

Exactamente recorrer el sentido inverso que se recorrió hace 21 años para salir de la dinámica derechista de CC, que no solo no se ha suavizado estos años, sino que se ha radicalizado, como puede comprobarse a poco que se analice la evolución de los servicios públicos y la poca capacidad para resolver problemas como el de la vivienda, la preservación del territorio, la dependencia o la movilidad en Canarias teniendo récord de recaudación presupuestaria.

Arucas como símbolo

Se trata, por tanto, de consolidar a Coalición Canaria, como atestigua el primer acuerdo público que han firmado estas dos fuerzas presuntamente nacionalistas. Ha ocurrido en la ciudad de Arucas, adonde acudieron los líderes y lideresas de ambos partidos para escenificar un acuerdo que las partes contratantes locales, es decir, los concejales tránsfugas de Nueva Canarias, se han tenido que comer con papas. Basta con leer el comunicado conjunto emitido por ambos firmantes y ver las fotografías que ellos mismos distribuyeron para comprobar que este ha sido un acuerdo tomado en las alturas, no en las bases, dividido entre dos.

En la mesa, un solo dirigente aruquense que ni siquiera es concejal y sí alto cargo del Gobierno canario, José Gilberto Moreno, director de Puertos Canarios y vicesecretario insular de Identidad y Estrategia de Coalición Canaria en Gran Canaria. El resto, dirigentes de fuera de la ciudad. Por no estar, ni siquiera acudió al acto el concejal de Primero Canarias (Prica, a partir de ahora, por ahorrar) y ex de Nueva Canarias Marcelo Afonso, que está en el grupo de gobierno con el PSOE en calidad de tránsfuga de calidad. Sí estaba en la primera fila pero sin derecho ni a voz ni a foto el único concejal de CC en la ciudad, José Eduardo Marrero.

La mesa la completaban, por parte de Prica, el alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa; el secretario de Organización, Samuel Henríquez, y la alcaldesa de Ingenio, Vanesa Martín. Y por parte de CC, además de José Gilberto Moreno, Pablo Rodríguez, secretario general de Gran Canaria y consejero de Obras Públicas, y María Fernández, directora general de Transportes y vicesecretaria general.

En el público, dos presencias muy significativas de lo que promete ser este acuerdo. Por un lado, Froilán Rodríguez, exalcalde e histórico dirigente de la izquierda nacionalista canaria por cuanto fue uno de los más significados dirigentes de Ican, el germen de Nueva Canarias. Lo llevaron como símbolo de que se puede gobernar una ciudad así con un programa de izquierdas. Y de otro, Juan José Cardona, alcalde de Las Palmas de Gran Canaria con el Partido Popular, donde fue mano derecha de José Manuel Soria tanto en ese ayuntamiento como en el Cabildo de la isla, ejecutando las políticas correspondientes. Ahora es personal de confianza de Fernando Clavijo en calidad de asesor en la Presidencia del Gobierno. Muy de izquierdas este nacionalismo, sí.

La única ausencia destacable y no oficialmente disculpada fue la de Óscar Hernández, presidente de Prica, cuya presencia había sido anunciada por los servicios de prensa del partido.

No es casual que para esta puesta en escena, la del abierto apoyo de Prica a Coalición Canaria, es decir, al candidato Fernando Clavijo, se haya celebrado en un hotel en el centro histórico de Arucas, la ciudad de la que es natural y de la que fue alcalde Ángel Víctor Torres, el candidato que quita el sueño a sus adversarios políticos porque todas las encuestas lo siguen dando como el más valorado y ganador de las elecciones autonómicas si se celebraran ahora mismo.

Un enjambre ideológico

A partir de este acontecimiento queda clara cuál va a ser el recorrido del nuevo y prometedor partido. El enjambre ideológico en el que se ha metido va a resultar muy complicado de digerir. Por un lado, va a respaldar en las próximas elecciones autonómicas y locales a un partido de derechas que ahora mismo gobierna con el Partido Popular, su socio natural salvo excepciones paulinistas. Y, por si ese apoyo ya explícito fuera poco, su contribución a generar un estropicio en el voto progresista de Gran Canaria va a restar muy probablemente representación suficiente para reeditar algo que pueda parecerse al pacto de las flores (PSOE, Nueva Canarias, Podemos, ASG).

Pero ese enjambre también lo tiene en sus propias filas porque en ellas ya se está revolcando con partidos como Ciuca, con una amplia trayectoria de corrupción que, al menos en Telde, requerirá muchas explicaciones.

Pero todo vale en pos de esa presunta reunificación del nacionalismo canario. O casi todo.

Porque a Teodoro Sosa sí cabe atribuirle que fuera él quien le pusiera bola negra a la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, que era secretaria de Política Municipal de Coalición Canaria cuando empezaron los escarceos con lo que luego se ha configurado como Prica. Ya venía ella marcada por su intento de moverle la silla a Pablo Rodríguez para quedarse con la marca CC de Gran Canaria, pero apareció el alcalde de Gáldar y se puso él en su lugar como socio fiable.

La polémica alcaldesa optó entonces por recluirse en sus cuarteles de invierno, retomar su proyecto de partido propio Bueno para… (incluido para ella) y arrimarse al Partido Popular con sus 5.000 votos garantizados (no tienen por qué ser todos comprados) en una nueva demostración de lo moldeable que son las ideologías en estos determinados espectros de la política canaria. A Bueno le habría parecido igual de bueno ir con CC que con el PP, porque cualquier partido que sea bueno para Bueno es bueno para Gran Canaria. Y dos piedras.

Las encuestas

Las encuestas, tanto públicas como privadas a las que se refirió Iván Redondo el lunes pasado reducen un poquito la presunta potencialidad que él mismo otorgó a Prica: no más de 20.000 votos, un 2% del electorado, de los que en torno a 15.000-17.000 estarían en Gran Canaria. Pero el estropicio al voto progresista que provocaría su concurrencia estaría hecho, como ocurre en la provincia de Santa Cruz de Tenerife con el proyecto de Alberto Rodríguez, Drago Verdes Canarias, que podrá alcanzar otros 20.000 votos, 15.000 de ellos en la isla de Tenerife. Otra cosa es que el estropicio beneficie a Coalición Canaria, porque como bien dijo Redondo el lunes pasado, a veces dos más dos puede ser uno y medio.

Pero los líderes de Prica garantizarían sus candidaturas. A la espera de lo que decida Antonio Morales, que se ha situado de momento en terreno neutral, Teodoro Sosa será con toda probabilidad el candidato al Cabildo, con el Parlamento como alternativa, puesto este último que también apetece a Óscar Hernández, después de tantos años en Agüimes. Y los líderes locales que desembarcaron de Nueva Canarias se supone que conservarán sus expectativas, salvo que, como el caso de Arucas, sean postergados por los acuerdos “nacionales” de la nueva formación en la que se han integrado.

Pero el principal objetivo, el que ha llevado a determinados empresarios grancanarios a respaldar abiertamente a Prica, empieza a manifestarse públicamente para que quede claro: garantizar la continuidad de Coalición Canaria, a ser posible con el PP, para que solo cambie lo que no les perjudique y en un contexto de discusión sobre el modelo turístico, crisis de vivienda o regulación ambiental, la vida siga igual.

Queda un año por delante. Para algunos va a ser agotador. Sobre todo explicando la prioridad nacional canaria.

Es un hecho demostrable que la colonización de la televisión pública canaria por el pensamiento clavijista único se ha acelerado con la llegada del nuevo administrador general, César Toledo. Parecía imposible superar las marcas registradas por sus antecesores, pero los datos objetivos están ahí para quien quiera fijarse en ellos.

Esta colonización da la razón a los estrategas de Presidencia del Gobierno que un día recomendaron puentear a la anterior administradora general, María Méndez, colocando a Toledo en un puesto de nueva creación al que, para no llamarle Comisariado Político, lo bautizaron con el rimbombante y nada sutil Dirección de Medios y Contenidos. María Méndez, que tiene más dignidad que algunos que ocuparon antes su puesto, entendió el recado y se mandó a mudar. Lo que tardaron los dueños de la tele en elevar a César Toledo al rango máximo fue mínimo.

La censura de asuntos como la reivindicación del personal (con huelga convenientemente silenciada para la visita del Papa) no sorprende a nadie, ni siquiera a los propios trabajadores, y el veto a determinados partidos políticos adversarios directos o indirectos de Coalición Canaria ya lo asumen esos partidos con tanta naturalidad que ni se quejan. O se quejan poco.

Lo ocurrido hace unos días en el programa de debate político La Retranca, donde un tertuliano del régimen insultó a un senador del PSOE que se atrevió a afear a la dirección del programa falta de pluralidad, y la pirueta a la semana siguiente de tratar de colocar al insultado como responsable de que lo insultaran, ha vuelto a hacer sonar las alarmas sobre el modo en el que Clavijo está dirigiendo una televisión que él mismo, personalmente, sin mediar Alfonso Cabello (su viceconsejero para todo), recordó que “es del Gobierno”. Y punto.

Me he molestado en diseccionar programa a programa la identidad de cada uno de los analistas, tertulianos, comentaristas y todólogos invitados a cada uno de ellos y el resultado deja en pañales a otras televisiones autonómicas sectarias, como Telemadrid o la televisión pública gallega.

Ya les adelanto que en cualquier mesa o plató en los que se abra la puerta a una persona opinadora, sea un programa de parrilla o un especial por la crisis de Venezuela o el debate del estado de la nacionalidad en el Parlamento, allí habrá siempre al menos un tertuliano adicto al régimen, todos ellos, por más señas, tertulianos fijos de la misma emisora, la Cadena Ser en Canarias. Un dato este que es muy relevante porque, como todo el mundo sabe -empezando por la Cadena Ser en Madrid- esta emisora mantiene en Canarias una línea editorial de entrega absoluta a Coalición Canaria, y más concretamente a Fernando Clavijo, y radicalmente enfrentada al PSOE y a partidos que puedan incomodar al del presidente del Gobierno, particularmente Nueva Canarias.

Tan estrecha sintonía se gestó en la primera legislatura de Fernando Clavijo como presidente (2015-2019) y ya entonces el líder de Coalición Canaria marcó tanto el territorio con la Ser que se ocupó personalmente de que a su directora en Canarias, Lourdes Santana, no le faltara de nada, incluido el Premio Canarias de Comunicación, dotado entonces con 20.000 euros. Sin disimulo. Por los servicios prestados.

Hay políticos y políticas que llevan años sin pisar un estudio de la cadena Ser, ni siquiera ocupando puestos de alta representación popular o institucional. Quizás sea el de Patricia Hernández, exalcaldesa y actual portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, el ejemplo más elocuente: desde 2020 hasta la fecha solo ha sido entrevistada en la Ser de Canarias una sola vez, “siete minutos y por teléfono” en la campaña de 2023, como relata ella misma. Tampoco se queda atrás Santiago Pérez, ex dirigente socialista, senador, consejero de cabildo y concejal de La Laguna, que pagó caro su atrevimiento de denunciar a Clavijo en las dos causas penales que consiguió que le archivara el Supremo cuando se aforó, el caso Grúas y el caso Reparos. Hace más de diez años que no se le da voz a pesar de haber sido duramente criticado en antena por sus opinadores durante todo este tiempo.

Román Rodríguez, fundador y hasta el otro día presidente de Nueva Canarias, también es anatema en esa radio. Y no ha sido por falta de voluntad sino por falta de invitación. El lugar del nacionalismo progresista lo ocupa en su programación Alberto Rodríguez.

Las quejas en Podemos son similares. La cadena no acude a sus convocatorias de prensa (solo una en tres años) y su líder regional y diputada nacional, Noemí Santana, no ha sido entrevistada en lo que va de legislatura. La única excepción es Gemma Martínez Soliño, que es concejala en el gobierno municipal de Las Palmas de Gran Canaria, y acude una vez por semana a una tertulia sobre la ciudad con los grupos municipales.

Nada que objetar a la línea editorial que quiera mantener en Canarias la Cadena Ser, bueno fuera. Lo que es criticable es que su brigada de opinadores se haya convertido en el núcleo irradiador de toda la opinión que se emite en la televisión pública de Canarias, que esa sí la pagamos entre toda la ciudadanía. Y las pruebas están al alcance de cualquiera. 

Aquí van.

1.- De buena tinta. 

Este es un programa que marca la línea editorial de la cadena. No en vano se emite después del Telenoticias 2, el de la tarde-noche. Está producido por Galera Norte, cuyo administrador es Elías Bacallado junior y en cuya lista de socios figura el periodista Jorge Bethencourt, uno de los más destacados caudillos de la brigada clavijista. Es el programa que mejor paga a sus tertulianos, 500 euros por participación.

Aunque tiene una nómina muy amplia de periodistas, los que más repiten son, además de Jorge Bethencourt, Francisco Pomares y Juan García Luján, todos tertulianos fijos de la Ser. Aunque el más recurrente es Alfonso González Jerez, columnista de Prensa Ibérica (El Día) y uno de los más combativos defensores de Coalición Canaria, partido para el que ha trabajado directamente o a través de alguna empresa pública como Emmasa, la responsable del agua de Santa Cruz de Tenerife. Janire Alfaya, periodista de la Ser, también figura en esta lista de opinadores, pero de momento ha logrado mantener un criterio libre, en muchas ocasiones distinto al de sus compañeros. Sus intervenciones, naturalmente, son muchas menos.

Completan el panel de comentaristas de De buena Tinta Mayer Trujillo (director de La Radio Canaria y del programa La Retranca), Roberto González (conductor de Las Mañanas de Herrera, en Cope Canarias), Selene Melián (de Radio Marca), Juan Manuel Bethencourt, Ángeles Arencibia y los trabajadores de la casa Noemí Galván y Tomás Galván. 

2.- La Retranca. 

Concebido como el programa político estrella de la cadena, está producido por Macaronesia Producción en lo que constituye su primera experiencia de televisión en directo. Se dio a conocer como la asesoría encargada de llevarle las redes sociales al vicepresidente del Gobierno, Manuel Domínguez, del PP, que luego la apadrinó como productora para que Clavijo / Alfonso Cabello /César Toledo le otorgaran un programa de televisión, que es este. Se nota la mano del PP por la identidad de algunos de sus tertulianos, como ocurrió recientemente con la portavoz del partido en el Parlamento regional, Luz Reverón, aunque para ese programa, el del 4 de junio, la persona anunciada inicialmente fue Rebeca Paniagua, diputada de ese partido pero periodista.

El programa se emite desde un plató montado en una nave en Tegueste y cuesta a la cadena 30.000 euros por entrega. Cada invitado cobra 200 euros.

Es, con diferencia, el programa con mayor sesgo ideológico de toda la cadena, aun contando de modo recurrente con la presencia de Alberto Rodríguez, líder de Drago Canarias, que sirve a los directivos de Televisión Pública como coartada para presumir de pluralidad cuando en realidad acude con la intención de darle mucha proyección a su opción soberanista y de izquierdas con el objetivo nada disimulado de arañar votos y prestigio al PSOE y Nueva Canarias. 

El sesgo conservador lo marca la analista Melisa Rodríguez, quien fuera destacada dirigente nacional de Ciudadanos, hoy retirada de la política pero dedicada al mundo de la joyería y la comunicación, según su propia presentación. Esta contertulia ha participado cuatro veces de las siete emisiones producidas hasta ahora. Pero la dirección del programa no ha tenido recato en cargar más ese sesgo conservador con invitados como Jorge Marichal (14 de mayo) y la mencionada Luz Reverón (4 de junio).

La única concesión progresista en esa mesa de debate fue la presencia de la abogada Loueila Sid Ahmed Ndiaye, experta en migraciones (11 de junio), a la que acompañaron, además del recurrente Alberto Rodríguez, Juan García Luján y Jorge Bethencourt, ambos tertulianos fijos de la Ser.

De las siete entregas emitidas hasta ahora, en todas las mesas de debate ha habido siempre dos personas de la cadena Ser, y en dos ocasiones, su directora, Lourdes Santana, en persona (14 y 28 de mayo).

Después de Alberto Rodríguez, con cinco presencias, los tertulianos que han repetido más veces están vinculados a la Cadena Ser: Juan García Luján, jefe de prensa de Santa Lucía de Tirajana, y Janire Alfaya, que han estado en el programa tres veces, frente a las dos de Jorge Bethencourt y dos de Francisco Pomares, que no podía faltar y el protagonista de primer altercado. 

Completan la nómina de analistas Antonio Salazar (director de La Gaveta), que ha acudido dos veces; Ángeles Arencibia (jefa de prensa de la Fundación Juan Negrín), que ha estado una vez en La Retranca, las mismas que el periodista de El Día Miguel Ángel Autero.

3.- Hay que verlo. 

Este magazine de tarde es el segundo intento de esta segunda presidencia de Clavijo de controlar esa franja horaria después del estrepitoso fracaso que supuso Conecta Canarias (CC), que entregó a una productora sin experiencia, Etiazul. El programa tuvo muchos momentos memorables, pero seguramente el más comentado fue aquel en el que la presentadora, ejecutando órdenes que le llegaban por el pinganillo, retiró la palabra a Francisco Pomares cuando trató de vincular mascarillas con comisiones y con el presidente de la UD Las Palmas.

Hay que verlo es una coproducción de la ya mencionada Galera Norte (De buena tinta) y La Cometa, vinculada a Sigma Dos e introducida en Canarias de la mano de José Manuel Soria. La Cometa es la productora del exitoso formato Mañaneros 360, en Televisión Española.

En lo que estrenan este julio el plató que han acondicionado en una nave industrial de Taco (La Laguna) han estado compartiendo plató con Videre (Prensa Ibérica), que produce Ponte al Día, un magazine de mañana. 

No falta una comentarista de actualidad de la Cadena Ser, en este caso Puchi Méndez, pero entre los todólogos fijos se encuentra nada más y nada menos que el único que tiene Coalición Canaria en Arucas, el abogado José Eduardo Marrero, ex de Ciudadanos, cuyo futuro político no está muy claro desde que este jueves su partido firmara una alianza electoral con Primero Canarias para 2027 y más allá.

3.- Buenos Días Canarias

Veterano programa de producción propia donde se nota mucho menos la larga mano de la brigada opinadora de Clavijo, quizás porque todavía no han tenido tiempo de fijarse en él o porque solo pagan 60 euros por asistencia. Tiene mucha más pluralidad, pero no se libra de analistas como Francisco Pomares, que en lo que va de junio ya ha acudido en dos ocasiones.

4.- Debate sobre el Estado de la Nacionalidad

Los programas informativos especiales no se libran de la larga mano de la manipulación ideológica que impera en Televisión Canaria.

El debate sobre el Estado de la Nacionalidad, celebrado del 10 al 12 de marzo pasado, no iba a ser una excepción. Así que, además del amplio despliegue técnico y de periodistas de la casa cubriendo informativamente el acontecimiento, la cadena decidió montar “dos mesas de análisis político” para analizar, interpretar y explicar a la ciudadanía lo que en el Parlamento pasaba esos dos días. Las mesas estuvieron formadas las siguientes personas: Marta Cantero, directora de Contenidos de la Cadena Ser en Canarias, Jorge Bethencourt, Francisco Pomares y Silvia Fernández, periodista de Canarias7, la única ajena a la emisora de Prisa en Canarias. 

Y por si esas dos mesas fueran pocas, tras el discurso del presidente del Gobierno, retomaron desde el plató los analistas Francisco Pomares y Jorge Bethencourt.

Ya por la tarde, el panel de analistas se completó con la directora de la Cadena Ser en Canarias, Lourdes Santana, a la que se añadió a la periodista tinerfeña Chicha Arozarena, ex trabajadora de Radio Nacional de España.

En total, cuatro periodistas de la brigada opinadora de la Cadena Ser, entre ellas su directora regional y su jefa de Contenidos, frente a dos de otros medios.

5.- Venezuela, a debate

Ocurrió el 1 de enero, con motivo de la crisis que vivió Venezuela con motivo del ataque del ejército de Estados Unidos y el secuestro de Nicolás Maduro y su esposa. A tal fin, Televisión Canaria hizo un despliegue ideológico claramente marcado por el anti chavismo y la defensa de la acción de Donald Trump, aunque en los comunicados de prensa previos la frase central fue “una casa en la que caben todas las opiniones”. Es cierto que el programa incluyó un cara a cara entre un detractor del chavismo y un defensor del régimen bolivariano y que hubo conexiones externas con variadas voces, pero al regresar al plató ya en el tramo central y final del programa, las opiniones no iban a ser tan plurales.

Así que, para la ocasión, la dirección dispuso de nuevo la presencia de la directora de la Cadena Ser en Canarias, Lourdes Santana, y la de su más estrecho consultor editorial, Francisco Pomares, para que formaran la “mesa de análisis” junto al periodista Antonio Salazar, que nunca ha escondido su ideología neoliberal. Completaba el panel Ángeles Arencibia.

En total, seis opinadores de la Cadena Ser en Canarias, incluyendo su directora regional y su directora de Contenidos, copan cada día con más presencia los espacios más destacados de la televisión pública de Canarias para fijar la posición del Gobierno de Fernando Clavijo, tanto en los asuntos de ámbito regional como los nacionales e internacionales.

La presencia de analistas de partidos políticos ha sido de representantes ajenos al PSOE, Nueva Canarias o Podemos, para potenciar a Drago como contrapeso a todos ellos, al PP y a Coalición Canaria. En el terreno de lo exótico debemos situar a una ex dirigente del desaparecido Ciudadanos, cuyos principios ideológicos reman en la misma dirección de la dirección de la cadena.

Si a este sesgo ideológico se le suma la nueva era de informativos impuesta por el nuevo administrador general de RTVC, es fácil deducir que Fernando Clavijo no se conforma con los medios afines, casi todos en Canarias, sino que quiere una radio y una televisión públicas absolutamente sumisas. Sin fisuras.

Hay muchas cosas que Fernando Clavijo le debe a Manuel Marchena, el poderoso presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Las más conocidas son, sin duda, los correspondientes archivos de los casos Grúas y Reparos, las causas penales por las que el presidente de Canarias se hizo senador por la Comunidad Autónoma entre 2019 y 2023, convirtiendo en digno de estudio su caso por el récord que supone que a un solo aforado le archiven dos asuntos en una sola legislatura y de un modo tan chiripitifláutico.

Pero hay un tercer tributo que Clavijo debería estarle rindiendo a Marchena: la implacable condena y posterior persecución que el magistrado hizo del que fuera diputado de Podemos Alberto Rodríguez, al que no solo la Sala Segunda condenó con el único testimonio en contra de un policía, sino sobre el que el poderoso magistrado proyectó a continuación un seguimiento de ejecución de sentencia que también merece ser repasado en las facultades de Derecho. 

Efectivamente, que Alberto Rodríguez perdiera su condición de diputado de la manera que lo hizo, en una sucesión de atolondradas decisiones de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, del PSOE, que se rindió a las exigencias de Manuel Marchena frente al criterio de los servicios jurídicos de la Cámara, convirtió al político canario en una víctima evidente del sistema. Lo que reforzó posteriormente el Tribunal Constitucional al anular la condena por su desproporción.

Y de aquellos polvos, estos lodos.

Porque, de inmediato, Alberto Rodríguez renegó de un montón de gente, de amistades, de complicidades y de algunas convicciones para echarse al monte de la intransigencia frente a los que consideró que le habían abandonado ante aquella tesitura. Lo malo es que en esa transición revisionista que hizo, se llevó por delante a mucha gente que lo apoyó hasta que no pudo soportar su narcisismo.

Y cuando parecía que se transformaría en un antisistema, cabreado con los partidos políticos y con todos los poderes constitucionales del Estado, su transición fue hacia la búsqueda urgente del poder, con algunos de los mismos métodos que tanto repudió. Se trata de hacer política utilitarista: si no puedes cargarte al sistema, aprovéchalo.

De repente, aquel Alberto Rodríguez que en 2015 ejemplificó en la familia de Ana Oramas la perversión de los poderes burgueses que representa Coalición Canaria, cuando contó en un mitin cómo a su abuela le tiraban al suelo el dinero que se había ganado ejerciendo como costurera, se ha convertido en un instrumento muy efectivo para combatir a los adversarios de Fernando Clavijo (y de Ana Oramas). Y defender, por lo tanto, a los poderes burgueses y corruptos contra los que se desgañitó cuando sus rastas se convirtieron en el símbolo institucional de la contestación del 15-M.

Ya restablecido de aquella crisis que le provocó dejar el escaño en el Congreso de los Diputados y la secretaría de Organización de Podemos, Rodríguez montó Drago Canarias, un proyecto que se define como soberanista de izquierdas, con un ideario muy amplio que va desde una mayor protección del territorio a lo que él ha llamado recientemente la prioridad nacional canaria, una reinterpretación con adaptaciones muy poco afortunadas de la prioridad nacional de Vox (que poco a poco va adaptando y asumiendo el PP) según la cual aquí ya no cabe más gente y hay que limitar a tres meses la estancia de todas aquellas personas que entren con visado de turista o permiso temporal. Rodríguez se hizo un lío enorme explicándolo, lo que provocó el regocijo y hasta el jolgorio en la prensa ultra del país, que casi empieza a considerarlo uno de los suyos.

Antes lo había hecho Clavijo. Desde que sacó dos concejales en La Laguna en 2023, Alberto Rodríguez y su gente se han convertido en un fetiche para Coalición Canaria. Les gustó cómo trató de poner firmes al alcalde de la ciudad, el socialista Luis Yeray Gutiérrez, cuando durante la negociación para un pacto progresista para la ciudad le largó a la cara una frase que pasará a la posteridad: “Tú déjame a mí la alcaldía y tú encárgate de llevar el ayuntamiento”. Con dos concejales de 27.

Rodríguez se negó a firmar un pacto con el PSOE (10 concejales) y Unidas se Puede (2), lo que provocó que Luis Yeray Gutiérrez acabara pactando con Coalición Canaria (siempre el mal menor), lo que a continuación trasladó la polémica al grupo mixto, donde debían entenderse Alberto Rodríguez con el líder local de Unidas se puede, Rubens Ascanio, y el portavoz de Vox, Manuel Rodríguez. El acuerdo que firmaron por exigencia de Drago Canarias otorgó la portavocía del grupo a Vox para que Drago pudiera asumir la liberación de su concejala, Carmen Peña, mientras que Unidas se puede, con más votos y los mismos concejales que los otros dos integrantes del grupo mixto, se quedara con la liberación de uno de sus ediles al 75%. 

Rodríguez renunció a cualquier cosa que favoreciera al PSOE y también a la versión local de su antiguo partido, pero se quedó con una concejala liberada. Y el poder, para Coalición Canaria.

Con la ayuda de la cadena Ser y Televisión Canaria

Aquel no fue sin embargo el primer servicio a Coalición Canaria. Durante la campaña para las elecciones autonómicas de 2023, Alberto Rodríguez fue utilizado como ariete contra el PSOE en todos los espacios de debate electoral que se lo permitían y donde CC lo lograba colocar. Los más llamativos fueron los organizados por la cadena Ser en Canarias. La emisora más seguida en la comunidad autónoma y que, en consecuencia, históricamente recibe más fondos del Gobierno canario, no disimulaba su deseo de que Fernando Clavijo regresara al poder. Y eso que el pacto de las flores (PSOE, Nueva Canarias, Podemos y Agrupación Socialista Gomera) había mantenido una alta colaboración publicitaria.

La Ser metió con calzador en los debates que organizó a Alberto Rodríguez a pesar de que su partido, que se acababa de crear, no tenía representación parlamentaria, y sigue sin tenerla. Las protestas de los responsables de campaña no sirvieron de nada. Allí estuvo la bestia parda ejerciendo de mirlo blanco de Coalición Canaria, atacando tanto al PSOE como a Nueva Canarias y a Podemos, para conseguir debilitar las alianzas progresistas y fortalecer consecuentemente a los de Clavijo.

Alberto Rodríguez se presentó acto seguido a las elecciones generales de julio de aquel 2023 bajo la coalición que lideró Sumar, pero a pesar de sus más de 52.000 votos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, no logró obtener escaño. Pero, eso sí, de aquel acuerdo con el partido de Yolanda Díaz, Drago Canarias sacó su correspondiente tajada económica: desde entonces y hasta la fecha, el salario de su jefe de prensa lo paga Sumar, lo que obliga al comunicador a tener que acudir de vez en cuando a Madrid a algún curso que justifique qué grupo parlamentario es el que le paga.

Un amplio cuestionario enviado el viernes a primera hora a ese departamento de Prensa de Drago Canarias no ha sido contestado a la hora de publicar este boletín. En él se le preguntaba por esta colaboración y por la que Alberto Rodríguez mantiene con los medios de comunicación públicos de Canarias, particularmente la Televisión Canaria. No podemos saber si cobra y cuánto cobra.

De las seis emisiones que hasta ahora ha tenido el programa de Televisión Canaria La Retranca, que pretende convertirse en el programa de referencia de debate político de la cadena, Alberto Rodríguez ha aparecido como tertuliano en cuatro. Nada cabría objetar a que una persona de izquierdas pueda sentarse a debatir con contendientes como Melisa Rodríguez, exdiputada nacional de Ciudadanos, ya retirada al menos formalmente de la política. Salvo por el hecho de que la presencia del líder de Drago es pregonada por los gestores de la cadena como la voz de la izquierda en ese plató.

De manera que la voz de la izquierda en ese programa que quiere ser referente la encarna un cargo público que, en cada ocasión que se presenta, denosta al PSOE, partido que jamás tiene quien le defienda porque el resto de tertulianos es, en su mayoría, de la plantilla de tertulianos de la cadena Ser en Canarias (Francisco Pomares, Jorge Bethencourt, Juan García Luján…). Y eso que en estas seis primeras entregas se ha abordado la crisis de credibilidad y de corrupción del partido en el gobierno seis veces, seis.

La confluencia a la que se negó Román Rodríguez

Gracias a Alberto Rodríguez, Fernando Clavijo y los suyos tienen cubierto, especialmente en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, el flanco izquierdista de la operación supervivencia que tienen diseñada. Se trataba inicialmente de dinamitar cualquier posibilidad de que una eventual coalición por la izquierda pudiera llegar a sumar lo suficiente como para que Ángel Víctor Torres, o quien coloque el PSOE en la candidatura autonómica en 2027, pueda contar con los apoyos para reeditar un pacto de las flores.

Pero ahora se ha ampliado la encomienda: se trata de conseguir la confluencia del nacionalismo tantas veces reclamada a Román Rodríguez y tantas veces denegada por el fundador de Nueva Canarias. Porque es en la provincia de Las Palmas, particularmente en la isla de Gran Canaria, donde más debilidades presenta Coalición Canaria. 

De ahí el caballo de Troya introducido en Nueva Canarias por los alcaldes de Gáldar, Teodoro Sosa, y de Agüimes, Óscar Hernández, líderes de Municipalistas Primero Canarias.

Cuando empiezan a sonar ya los tambores de víspera electoral, se desatan las colocaciones y las recolocaciones, Alberto Rodríguez ya se ha acercado a Agüimes, no a potenciar su opción soberanista de izquierdas, sino a proponer a la gente de Primero Canarias “un nuevo proyecto político soberanista y de carácter progresista”. De prosperar la idea, Coalición Canaria no solo se aseguraría una fuerza alternativa a Nueva Canarias que le restara lo suficiente como para no poder contribuir a un nuevo pacto de las flores, sino que reventaría el ya avanzado proyecto de una candidatura unida de la izquierda en Canarias para el Parlamento nacional y el canario. Drago Canarias es, por el momento, la única fuerza de esa órbita que ha dicho que no.

En la operación está Fernando Clavijo y su grupo de pensadores agrupados en su entorno en presidencia del Gobierno. Ninguno de ellos se acuesta sin consultar con su biblia de Perfiles, el instituto que les tiene al corriente de las vicisitudes demoscópicas de la región. Encuestas que comentó el presidente con Alberto Rodríguez en una reunión secreta que ambos mantuvieron recientemente y que ambos se han negado a confirmar o a desmentir a este periódico. 

Nos quedaremos con las ganas de saber qué opinaría la abuela de Alberto Rodríguez viéndolo ahora conchabado con los que le tiraban el dinero al suelo después de hacerle sus apaños en la ropa.

A unos pocos metros de la terraza de la calle Domingo J. Navarro en la que hace unos días me tomé un café con José Luis Mena, se encontraba casualmente Guillermo Reyes, el polémico concejal de Urbanismo de los años más oscuros del Ayuntamiento de Telde, cuando estallaron escándalos como el caso Faycan (2003-2007) y gobernaban de la mano Ciudadanos por el Cambio (Ciuca) y el Partido Popular. Fue un mandato tenebroso, con el alcalde y casi todos sus concejales detenidos en una secuencia interminable de sucesos de los que los teldenses parecen haberse olvidado ya porque, 20 años después, ahora mismo, están los mismos partidos al frente de la Corporación. Y, por lo que parece, con muchas ganas de repetir determinadas hazañas.

Porque para lo que me quería ver José Luis Mena era para contarme que tiene la intención de reincorporarse a ese Ayuntamiento de Telde a partir del 1 de julio, una vez cumplidas sus penas de prisión y, teóricamente, rehabilitado y listo para su reinserción social. Le pregunté por los motivos de pretender volver al lugar del crimen, con los escabrosos recuerdos que debería guardar de aquellos años en aquellas oficinas municipales; con un próspero despacho de derecho urbanístico en pleno funcionamiento y con cientos de ojos posados en su cogote a ver qué es lo que piensa hacer allí.

Me dijo que, a sus 62 años, tiene derecho a jubilarse en una plaza de trabajador público, más que nada por la paga de jubilación, pero también insinuó que acude a una llamada de las fuerzas vivas de Telde, empezando por el grupo de gobierno y siguiendo por la oposición, que reclaman la presencia de alguien como él que desbloquee una gran cantidad de asuntos administrativos que no avanzan por la demostrada carencia que tiene ese Ayuntamiento -al igual que muchos otros- de personal legalmente cualificado para gestionar complejos expedientes.

Mena se sorprendió de que a pocos metros de donde hablábamos se encontrara Guillermo Reyes, a quien en cierta medida culpó de muchas de las cosas que a él le ocurrieron y que a aquel poderoso dirigente de Ciuca apenas le rozaron. Debió ser una casualidad.

La larga sombra de Guillermo Reyes

Estábamos muy cerca del Gobierno Militar de Las Palmas, donde ocurrió uno de los episodios más pintorescos de la historia política insular que fue la antesala de la operación Faycan. El fallecido Fernando Ortiz Wiott, quien fuera alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, contó a alguien ante ese significado edificio cómo sufrió un intento de chantaje de los prebostes urbanísticos teldenses cuando ejercía de abogado y representaba los intereses de su familia, incluidos los inmobiliarios. Y se lo contó a alguien lo suficientemente relacionado como para que se activaran los servicios españoles de inteligencia, que acabaron pidiendo al Ejército las grabaciones de las cámaras de seguridad de ese día.

No hizo falta la aplicación de métodos muy sofisticados para conocer lo que denunciaba quejosamente Ortiz Wiott: le habían pedido 120.000 euros por una licencia urbanística para construir unos dúplex, y tal cantidad debía satisfacerse en el despacho de una persona dedicada al mundo sindical. El asunto, que estuvo en manos de la Policía, nunca llegó a judicializarse porque la familia prefirió someterse a los designios del urbanismo teldense, ese al que ahora José Luis Mena quiere regresar.

Tendrá que ser mediante una contratación peculiar que el Ayuntamiento no quiere dar a conocer, a pesar de haberle requerido información mediante correo electrónico el pasado día 8 mediante un cuestionario. Porque funcionario no puede volver a ser, según un decreto municipal emitido el 3 de agosto de 2015 en el que se dice claramente que José Luis Mena Santana perdió su condición de funcionario a partir de una condena (tres años y seis meses de prisión, con inhabilitación por el mismo espacio de tiempo) por falsedad documental de la Audiencia Provincial de Las Palmas en 2014.

Fue su primera condena, la del caso Alisios, cuando falsificó un informe técnico poniéndole una fecha anterior a su realización para incorporarlo al expediente correspondiente y poder autorizar una promoción en el barrio costero de La Garita.

Luego vino el caso Grupo Europa, donde fue condenado a cinco años y cuatro meses por recibir sobornos y falsificar documentos para facilitar a la empresa así llamada la construcción de viviendas donde no se podía.

Y, para que no faltara de nada en este historial judicial de Mena, también se sentó en el banquillo de los acusados en el macrojuicio por la pieza principal del caso Faycan, que estuvo presidido por el juez Salvador Alba, cuando ya estaba siendo investigado por una batería de delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones y por los que resultó condenado a seis años y medio de prisión. Alba no pudo terminar el juicio, como era de esperar, pero emitió un voto particular que en esencia fue respetado por sus compañeros de sala excepto en lo que se refería a la responsabilidad civil del partido Popular, que finalmente se confirmó con la correspondiente condena.

En este caso, Mena fue absuelto, como todos los acusados que no se conformaron con unas condenas a propuesta de la Fiscalía.

Un clamor

Asegura Mena que su regreso es un clamor, una petición a la que se ha sumado incluso la oposición. Y me dio un nombre, el del exalcalde Aureliano Francisco Santiago Castellano, de Nueva Canarias. Con él hablé a continuación para que me confirmara tal extremo. Y me lo negó.

Pero sí es cierto que este exfuncionario se ha reunido con muchísimas personas para tratar de allanar el camino a su reincorporación al Ayuntamiento de Telde. Y Paco Santiago fue una de esas personas. Según su versión, lo recibió en un sitio público, una asociación de vecinos, y fue una conversación amable, como corresponde a dos personas que se conocen desde hace muchos años y al talante conciliador que siempre ha caracterizado al exalcalde. Le animó a que hiciera lo que considerara conveniente, que ejerciera su derecho a la reinserción, pero en ningún caso le pidió que volviera a Urbanismo.

Sí reconoce Paco Santiago que el Ayuntamiento desde el punto de vista de la gestión administrativa es actualmente un desastre, que sufre una grave paralización.

Y es a eso a lo que se aferra Mena para explicar que el grupo de gobierno acepte su vuelta a la oficina de Urbanismo, justo ahora que se avecina una revisión del planeamiento municipal, con todas las circunstancias que suelen acompañar ese procedimiento administrativo.

Preguntado si cerrará su despacho de gestiones urbanísticas si se produjera su reincorporación, Mena fue tajante: lo mantendrá abierto pero renunciará a cualquier cliente que le pida que le represente en asuntos de la ciudad de Telde.

Parecía imposible igualar, y mucho menos superar, los registros de inmundicia dejados en la Autoridad Portuaria de Las Palmas por elementos como Luis Hernández, José Manuel Arnáiz o Javier Sánchez-Simón. Pero la actual presidenta, Beatriz Calzada, promete dejarlos a todos ellos como auténticos aficionados. Su gestión, su nefasta gestión, demuestra lo equivocados que estaban los que decidieron un día que había que compartir con las administraciones autonómicas la designación de esos cargos, puestos mayormente para el chanchullo y el tributo al partido de turno, al que le toca colocar a los suyos y a las suyas, aprovechándose de la “plena autonomía de gestión” que les concede la Ley de Puertos del Estado y la Marina Mercante. En fin.

El ejemplo más práctico de para qué sirve un presidente o presidenta de autoridad portuaria lo vivimos muy de cerca con la crisis del hantavirus, es decir, con la gestión del crucero MV Hondius en el puerto tinerfeño de Granadilla. Fernando Clavijo se puso flamenco anunciando al mundo, a pocos metros de varios ministros y del presidente de Puertos del Estado, que había dado instrucciones para que no se autorizara la entrada del barco en el puerto. 

Se supone que las instrucciones las habría cursado al presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, en este caso Pedro Suárez López de Vergara, de la cuota del Partido Popular, con quien gobierna Coalición Canaria. No sabemos con precisión hasta dónde llegaron las presuntas órdenes de Fernando Clavijo, si llegó a llamar a Suárez o alguien por el camino le avisó de que se dejara de boberías, que los presidentes de autoridades portuarias no pueden llegar tan lejos. Ni falta que les hace, que están para otras cosas.

Ya sabemos cómo acabó el órdago del presidente canario, tragándose sus palabras y sustituyendolas por un discurso de agravio y de oprobio metropolitano. Lo se siempre.

Fijado el marco competencial, volvamos a Las Palmas. Beatriz Calzada, secretaria de Organización de Coalición Canaria en Gran Canaria, es la número dos del partido en la isla después de ese portento de la gestión que es Pablo Rodríguez, consejero de Obras Públicas y Vivienda, sí, “y Vivienda”. Desde que llegó a la Autoridad Portuaria de Las Palmas, esta presidenta no solo se ha saltado toda la normativa respecto a la contratación de personal sino que, para que parezca que no pasa nada, aplica una táctica constante de oscurantismo que trata de escamotear con la apariencia de transparencia que desarrolla dejándose entrevistar por medios de comunicación en pay per view, es decir, pagando al peso las entrevistas con dinero de los contribuyentes.

Entre otras cosas trata de tapar un flagrante incumplimiento de una sentencia judicial que condenó a la directora de Recursos Humanos por acoso laboral sin que, por el momento, se haya actuado como ordenaba esa resolución judicial. Creyó que indemnizando a la víctima con un pastizal de dinero público las aguas iban a calmarse y que no habría más denuncias. Y ya van al menos siete.

No erradica el problema, que es la jefa de Recursos Humanos, autora del delito, según la sentencia, sino que la protege y la mantiene en su puesto, contra la que se han dirigido todas esas denuncias por acoso.

Tiene en su poder un demoledor informe que tuvo que encargar por imposición de la Inspección de Trabajo en el que se le viene a decir que la política de personal es una bomba a punto de estallar y que la culpable es ella por no actuar. Pero no actúa y nadie le indica que debe hacerlo de inmediato porque goza de autonomía respecto a Puertos del Estado, del apoyo del consejo de administración del organismo y del Gobierno de Canarias, lo que les convierte a todos ellos en cómplices.

También tiene en su poder una demoledora auditoría sobre la gestión económica y de contratación de Fundación Puertos de Las Palmas que esconde convenientemente y que a día de hoy no conocen ni siquiera los vocales del consejo de administración de la Autoridad Portuaria. O al menos la desconocen los que no son de su cuerda política pero que se sientan en ese órgano como representantes de las instituciones públicas. Nosotros se la hemos pedido (a ella y a Puertos del Estado) pero no hay manera de conocerla.

Y por si esos informes fueran pocos, también tiene (o debería tenerlo) uno del comité de empresa, fechado en mayo pasado, que relata casos concretos de nepotismo que tienen como beneficiarias a personas de Coalición Canaria o vinculadas con altos cargos de Coalición Canaria.

Son estas:

Angélica Muñoz, su mano derecha, su jefa de gabinete. Periodista, ha pasado por diversos puestos de trabajo vinculados a instituciones de la mano de Coalición Canaria, desde el Ayuntamiento de Telde a la vicepresidencia del Gobierno con Pablo Rodríguez, pasando por el grupo de consejeros de CC en el Cabildo de Gran Canaria. Es un cargo de confianza, con lo cual, poco que objetar, salvo por el nada desdeñable dato de que fue la persona que, aparentando ser una técnica, puso su firma en el informe de adjudicación por 440.000 euros de un contrato de publicidad para la agencia Kinewa Ideas del País, S.L. Junto a la suya, la firma del director de Puertos de Las Palmas, Francisco Trujillo.

Pero, ¿qué es Kinewa?

Pero, ¿qué es Kinewa? Pues es la empresa de la que era CEO Betsabé Morales Perdomo, que dimitió como tal tres días después de que Beatriz Calzada fuera designada presidenta de la Autoridad Portuaria para ser nombrada, previa defenestración traumática de su antecesora, gerente de la Fundación Puertos de Las Palmas contraviniendo todas las exigencias legales propias de una fundación del Estado.

¿Y por qué es tan importante Betsabé Morales Perdomo? Pues porque, casualmente, es la secretaria de Acción Electoral de Coalición Canaria en Gran Canaria.

Nira Pulido es la secretaria de Identidad (sic) de Coalición Canaria en Gran Canaria y figurante número siete de la lista de ese partido al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en 2023. Trabaja en la Autoridad Portuaria de Las Palmas desde marzo de 2024 como “técnica económica financiera”, plaza que obtuvo mediante un proceso selectivo que a los sindicatos del organismo huele a chamusquina. Solo se presentaron dos personas, ella y otra más, pese a que se pretendía abrir una bolsa de trabajo; se concedieron sólo tres días para cumplimentar las candidaturas y ella derrotó a su contrincante por el doble de puntos.

María Leticia Padilla Macabeo. Es hermana de Luis Padilla Macabeo, director general de Relaciones con África del Gobierno de Canarias. Según la denuncia sindical, se le incorporó a la Autoridad Portuaria de Las Palmas sin proceso alguno de selección.

Por no hablar del director de Puertos de Las Palmas, Francisco Trujillo, designado como tal en flagrante fraude de ley por haber entrado en el organismo sin cumplir los mínimos requisitos y sostenido en el tiempo (antes incluso de la era Calzada) a pesar de las numerosas advertencias, convenientemente sorteadas por la actual presidenta.

Por si todo este panorama fuera poco, la presidenta y el director de la Autoridad Portuaria de Las Palmas han publicado una convocatoria para jefe de auditoría y control interno que tiene todo el olor, el color y el sabor de ser otro caso de nepotismo. Pero, si me lo permiten, este me lo voy a guardar para comentarlo cuando se perpetre, que va a ser más interesante.

“Es legal”, me contestó con una media sonrisa el presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Emilio Moya, cuando le pregunté en 2017, en medio de un acto protocolario del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, cómo era posible que hubiera designado al juez Salvador Alba como presidente del tribunal que habría de juzgar el caso Faycán, el mayor escándalo de corrupción del Partido Popular en Canarias en la época de José Manuel Soria. Alba ya estaba imputado por varios delitos y a punto de que se le abriera juicio oral por haber conspirado contra la magistrada Victoria Rosell, causa por la que acabó siendo condenado a seis años y medio de prisión. Es legal, esa es la clave, y si no es legal, somos jueces y estamos blindados, añado de mi propia cosecha.

Al presidente de la Audiencia Provincial no le animó en ningún momento velar por la apariencia de imparcialidad, a lo que está obligado. Y es evidente que en aquellos momentos, Alba no era el juez que podía transmitir a la ciudadanía una más sólida impresión de independencia e imparcialidad. Principalmente porque su intento de perjudicar a Rosell tenía relación directa con beneficiar a José Manuel Soria, que competía con la magistrada en las elecciones generales de 2015 para acceder al Congreso de los Diputados. 

Le daban igual las críticas que pudiera recibir, al presidente de la Audiencia de Las Palmas, que había sido viceconsejero de Justicia con el PP, lo que le importaba es que nadie le hiciera un reproche legal. También le daba igual el peligro cierto, luego confirmado, de que la causa en la que Alba estaba incurso desembocara en un auto de apertura de juicio oral y tuviera que ser suspendido como juez por el Consejo General del Poder Judicial en medio de la tramitación de aquel juicio y la publicación de su sentencia. Era legal, y punto. El desenlace, que es largo de contar y que supuso que el presidente Moya tuviera que entrar en el despacho de Alba a recuperar la causa, lo tienes aquí minuciosamente contado.

Los jueces y juezas gozan en España, como no podía ser de otro modo, de un blindaje lógico por imperativo de una ley específica, la Ley Orgánica del Poder Judicial. No pueden estar sujetos a instrucciones de ningún tipo; no pueden ser trasladados, suspendidos, separados ni jubilados sino por alguna de las causas previstas en la ley. Salvo algunas excepciones que no están en la ley y que hemos conocido en casos muy concretos, como aquel modo chiripitifláutico de retirar al juez Ruz para que la causa de Bárcenas y su sucesivo caso Kitchen cayera en manos de García-Castellón.

El caso de Alba es un lawfare de manual y, como tal, una excepción absoluta por haber sido, de momento, el único descubierto, investigado y condenado. Desgraciadamente, solo fue condenado él, aunque no estuvo solo en absoluto, como ocurre con todos los demás.

Es imposible un caso de lawfare con un juez actuando en solitario. Es imposible que el juez Juan Carlos Peinado pueda haber llegado tan lejos solo. Su desmadrada instrucción del caso de Begoña Gómez no habría caminado nada sin el respaldo de la Audiencia Provincial de Madrid, que, a pesar de haberle afeado algunos de sus disparates, no ha llegado a donde tenía que llegar, a anular la mayor parte de la causa por clamorosas vulneraciones de los derechos de las personas investigadas y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Dictar auto de apertura de juicio oral sin esperar por un informe que parecía decisivo de la UCO, de la Guardia Civil, no se le ocurre ni a un juez en prácticas. Prácticas que él no hizo.

Es legal todo lo actuado por la juez de Badajoz Beatríz Biedma, a pesar de los reparos jurídicos que han manifestado públicamente la Fiscalía y la defensa del hermano de Pedro Sánchez, que ni siquiera era secretario general del PSOE cuando consiguió un empleo en la Diputación de Cáceres.

Como fue legal lo que hizo el juez José Escalonilla, el que investigó una trama que se llamó Neurona y que trataba de demostrar la corrupción de Podemos. Todo quedó archivado y Escalonilla ascendido por escalafón a la Audiencia Provincial de Madrid porque todo lo que hizo fue legal. Por el camino, claro, Podemos se dejó una parte de su reputación gracias al denodado esfuerzo periodístico de los medios de comunicación que informaron pormenorizadamente de las investigaciones sesgadas y macarrónicas de Escalonilla. Pero no lo llamemos lawfare, todo es legal.

Como también es legal lo que ha hecho la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia, que ha obligado a una jueza de instrucción a mandar a juicio a la exconsejera de la Generalitat Mónica Oltra en contra del propio criterio dos veces manifestado por su antecesor, el juez instructor, manifestados en sus autos de archivo, y en contra de la Fiscalía, que tampoco aprecia el delito que denunciaron unas organizaciones ultras al parecer con mucho predicamento. Otro caso de lawfare del que se habla poco y que ha arrastrado durante años a esta dirigente política por el fango de los medios de comunicación de la derecha.

Del mismo modo que es legal lo que podríamos denominar lawfare inverso, consistente en sacudirle de encima a determinados dirigentes del Partido Popular enojosas causas penales que podrían haberles supuesto un disgusto.

Tenemos algunos casos de rabiosa actualidad, como la Kitchen, que ahora celebra su juicio oral sin la presencia en el banquillo de las más altas instancias del PP gracias a que el juez que instruyó la segunda parte de la causa no consideró de ninguna manera que Rajoy y Cospedal fueran a tener conocimiento de aquel montaje policial para hacer desaparecer las pruebas de la financiación ilegal del partido. El descarte de García-Castellón fue bendecido por la Sala de lo Penal de la Audiencia, por lo que todo fue legal.

Por supuesto que el lawfare existe. Por supuesto que hay jueces, fiscales y agentes de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en estas operaciones. Por supuesto que hay partidos políticos no solo interesados, sino implicados a título lucrativo y a título propositivo. Y, sin duda, medios de comunicación perfectamente alineados, adiestrados, untados… porque sin ellos el lawfare no funcionaría. Es necesario que las personas, los partidos, las familias… sufran el escarnio público del insulto y la condena sin juicio y sin pruebas para que se pueda extender de manera efectiva la sensación de que si no gobierna la derecha este país es una mierda.

Estamos asistiendo cada día con más saña a descripciones periodísticas verdaderamente hiperbólicas, como llamar “trama” a toda instrucción, aunque esté en fase embrionaria, o “botín” a las joyas por aparecer “escondidas” en una caja fuerte en vez de mostrarse con toda su brillantez en un tendedero. 

Es una pena que el PSOE haya tardado tanto en descubrirlo, que le hayan tenido que condenar a un fiscal general del Estado para empezar a verbalizarlo con toda su crudeza. Es una pena que no haya mecanismos más severos para desenmascarar a los agentes que intervienen en estos procesos perversos. Pero la ciudadanía debe exigir que estas cosas cambien para que los que tanto reclaman respeto por los poderes del Estado empiecen por respetarse a sí mismos.

Posiblemente sea yo uno de los periodistas que más sabe de lawfare en España, aunque me habría gustado no haber adquirido esos conocimientos de la manera que los estoy sufriendo aún. En unos días vuelvo a comparecer ante la Audiencia Provincial de Madrid para dilucidar qué órgano me va a enjuiciar por los delitos de revelación de secretos, odio y acoso que presuntamente cometí cuando el periódico que dirijo publicó todas las andanzas del juez delincuente Salvador Alba Mesa. Él y su esposa, la letrada de la Administración de Justicia Teresa Lorenzo Establier, piden para mí 22 años de cárcel y 422.000 euros de indemnización. Me quieren callado para siempre, pero no lo van a conseguir. Son los coletazos del único lawfare de España con condena. 

Como dicen los cubanos tan sabiamente, lo que ocurre conviene, y ya que me ha tocado ver, oír y tocar un lawfare por dentro, lo saludable es desentrañar lo que veo en el mundo de la política, los medios y la judicatura española cuando estallan con tanto descaro estos asuntos que estamos viviendo cada día con más intensidad.

La visita del Papa a las Islas Canarias será un acontecimiento histórico. Mucho más allá de lo que va a significar para el resto del país. Esta no es una aclamación chauvinista, ni una reafirmación nacionalista barata. León XIV ha aceptado venir a las Islas porque con ellas podrá hacer que se visibilice hacia el mundo su posicionamiento ante uno de los fenómenos más cruciales de cuantos está viviendo la humanidad en estos momentos: la inmigración.

El Papa quiere reiterar desde Canarias los mensajes que ha venido lanzando estos últimos meses, pero quiere estar rodeado de personas migrantes, las que han venido en pateras y cayucos y las que han venido en vuelo regular y han decidido quedarse en Canarias, en España, en Europa para iniciar una vida mejor. Por eso visitará Las Raíces, en La Laguna, y el muelle de Arguineguín, en Mogán, lugares señeros de la Ruta Canaria, la más mortífera de todas las conocidas, con 365 personas que se han quedado por el camino.

Aquí, en Arguineguín, donde se produjo en 2020 un hacinamiento de hasta 2.500 personas que condujo a duras críticas al Gobierno, el Papa será recibido por la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno y el director general de Puertos de Canarias, José Gilberto Moreno, según decidió hace unas semanas el Obispado de Canarias en contra de algunas opiniones que lo desaconsejaban por la actitud que la primera autoridad municipal ha mostrado históricamente contra la inmigración, frontalmente contraria a la del pontífice.

Por sus hechos ya la conocemos de sobra

Las hemerotecas están plagadas de declaraciones y decisiones de la alcaldesa de Mogán que hacen aconsejable que el Papa dirija hacia ella sus mensajes de conciliación, como ha hecho con Donald Trump por sus inhumanas políticas migratorias.

El numerito más señero de cuantos ha protagonizado Onalia Bueno quizás haya sido el de alquilar tres guaguas para trasladar a 227 inmigrantes desde Arguineguín hasta la Delegación del Gobierno, en Las Palmas de Gran Canaria (65 kilómetros) cuando la Policía Nacional decidió descongestionar el muelle dejando en la calle y sin atención a esas personas una vez fue verificado su estado de salud.

Emulaba de este modo a quien fuera su líder ideológico, José Manuel Soria, que en 2001, siendo alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, desalojó del parque de Santa Catalina a un amplio grupo de migrantes que dormían al raso, los metió en un avión y los mandó a Madrid sin encomendarse a nadie y sin avisar a las autoridades de esa comunidad autónoma.

Tenía la razón la alcaldesa en cabrearse con el ministro del Interior por provocar esa desatención a esos migrantes, pero su gesto de trasladarlos en guagua a la Delegación del Gobierno, más que una protesta era un nuevo gesto de desembarazarse de un asunto que le irrita sin disimulo.

Onalia Bueno nunca quiso que Arguineguín, y por extensión todo el municipio de Mogán, fuera lugar de llegada de las embarcaciones en las que huyen de la pobreza, de la persecución y la muerte las personas migrantes. Lo dejó muy claro desde el principio y lo elevó a la máxima categoría del imposible institucional cuando en 2023 llegó a proclamar en un pleno de su Ayuntamiento que iba a pedirle al Gobierno de Canarias que echara del puerto de Arguineguín a las dos embarcaciones de Salvamento Marítimo que tienen allí su base para rescatar a los cayucos que piden ayuda en la mar.

El motivo humanitario que arguyó es que esas labores perjudican la actividad comercial y turística del municipio, y eso no puede ser. Se refería en concreto a los barcos turísticos de recreo que veían dificultada su operatividad al encontrarse que los atraques estaban ocupados por esas embarcaciones de salvamento y, a veces, por algún cayuco. No dejó muy claro la alcaldesa si molestaba más el cayuco o las dos patrulleras oficiales, pero por el tono de sus críticas mucha gente adivinó claramente la intencionalidad xenófoba de los comentarios porque se detuvo bastante en la palabra “suciedad”.

Esa posición la volvió a manifestar cuando montó en cólera al enterarse de que para dar cobijo a los muchos inmigrantes que llegaron aquel año terrible de la pandemia, el Gobierno se vio obligado a contratar hoteles -cerrados por la falta de turistas- para que aquellas personas no se quedaran en la calle tras abandonar el puerto de Arguineguín. 

En noviembre de 2020 dio un ultimátum tanto a los hoteleros como al Gobierno para que sacaran de su municipio a esas personas con la amenaza directa de sancionar a las empresas con fuertes multas por dañar la imagen turística de su municipio, en aquellos momentos con todas las camas disponibles por razones obvias.

Como dato curioso, la rueda de prensa que convocó para informar al mundo de su decisión de perseguir a quienes alojaran inmigrantes, se celebró dos meses después de haber sido detenida por la Guardia Civil por la presunta trama de compra de votos en las elecciones municipales de 2015 y 2019, que por supuesto ganó. La alcaldesa vinculó su detención y la operación de la Guardia Civil a “la defensa de los derechos humanos” que ella hacía desde su cargo y sus críticas a la política migratoria del Gobierno español.

Sus actuaciones contra el alojamiento a inmigrantes la condujo incluso a convocar a la ciudadanía moganera a manifestarse frente a esos hoteles para coaccionar a sus propietarios. Cuando se dio cuenta de su desatino dijo que, en realidad, aquella manifestación, que se celebró el 27 de noviembre de 2020, el año de la pandemia, fue convocada por una supuesta plataforma vecinal que actuó espontáneamente en respuesta al rechazo de su alcaldesa a los inmigrantes en el municipio. 

Los gritos proferidos en aquella manifestación contra las personas migrantes fueron propios de un pueblo racista y xenófobo, contrario a los más básicos principios cristianos. Parte de ese mismo pueblo acudirá ferviente a recibir a Su Santidad, seguro.

No pagar ni los entierros

Por no quererlos, Onalia Bueno no quería a los inmigrantes ni siquiera muertos. En septiembre de 2023 dijo que su Ayuntamiento no iba asumir ni un enterramiento más porque, a su entender, al haber muerto en el mar, debía ser el Estado el que asumiera los costes y la búsqueda de nichos disponibles, que los suyos eran para sus vecinos. El reglamento de Política Sanitaria Mortuoria establece que deben ser los ayuntamientos los que se hagan cargo de los gastos de los entierros por beneficencia de las personas sin recursos fallecidas dentro de su término municipal. El coste por enterramiento iba de 600 a 1.000 euros, y por ahí no quería pasar tampoco la alcaldesa.

La prioridad española referida también a los nichos.

La visión del fenómeno de la inmigración que tiene la alcaldesa que va a recibir con una genuflexión al Papa se asemeja mucho al de Donald Trump, en Estados Unidos, y a la de Vox, en España, justo los modelos que rechaza León XIV y que están en el origen de elegir Canarias como una de las estaciones de su visita a España. Quizás hubiera sido más acertado el muelle de La Restinga, en El Hierro, que ha sufrido similar presión humana y asistencial y cuyas autoridades y ciudadanía han respondido de una manera mucho más civilizada que la que ha capitaneado la alcaldesa Onalia Bueno.