Se acabó la espera. Llegan las elecciones. Las tan ansiadas elecciones. Serán en 2027, se cumplan o no los anuncios y los renuncios de Pedro Sánchez, sencillamente porque tocan ese año. La discusión de precisión se centra ahora casi exclusivamente en saber en qué mes concreto del primer cuatrimestre se celebrarán las generales porque el presidente del Gobierno ha descartado el super domingo electoral: las adelantará a las autonómicas (donde toque, como Canarias) y a las locales (en toda España) el 23 de mayo.

En los partidos políticos, naturalmente, no se habla de otra cosa. Las encuestas y sus trackings son la herramienta habitual de cada semana para el diagnóstico y las acciones correspondientes, y el frenesí ya se ha apoderado de la actividad pública de casi todos esos partidos.

Esta semana, sin ir más lejos, ha estado en Canarias Alberto Núñez Feijóo con su habitual gracejo para presentar a sus candidatos a las dos capitales provinciales: Poli Suárez para Las Palmas de Gran Canaria, y Carmen Pérez, para Santa Cruz de Tenerife. En ambos casos se pronunciaron las soflamas de rigor, esas que se elaboran en los laboratorios de ideas de los grandes partidos y que no siempre tienen el éxito perseguido.

Por ejemplo, Carmen Pérez, actual concejala de Empleo, Comercio y Turismo, ha proclamado en las redes sociales lo siguiente: “Alberto Núñez Feijóo me ha designado candidata a la alcaldía de Santa Cruz de Tenerife para liderar el cambio en nuestra ciudad”. Independientemente de lo democrático y participativo del proceso de elección de la candidata, llama mucho la atención que su primer mensaje sea que va a promover “un cambio” en la capital tinerfeña, donde el PP gobierna con Coalición Canaria, ahora y cada vez que ha sido necesario, es decir, siempre. No deja en buen lugar a quien hasta ahora era y sigue siendo la cabeza visible del partido en esa ciudad, Carlos Tarife, primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, que nunca fue el lápiz más afilado del estuche, es verdad, y que empezó a cubrirse de gloria el día que posó con un consolador tamaño king-size entre las manos haciéndose el moderno ¡en un sex shop!

Lo mandan, a Tarife, al Parlamento de Canarias, dicen que para ejercer de portavoz, lo cual va a mejorar notablemente la calidad de los debates en la cámara autonómica canaria.

Para Las Palmas de Gran Canaria, “el presidente Feijóo”, como gusta a la muchachada pepera llamar al líder del partido, ha designado al secretario general del PP en Canarias y actual consejero de Educación del Gobierno regional, Poli Suárez. O Poli Díaz (el Potro de Vallecas), como lo llamó “el presidente Feijóo” en Televisión Canaria provocando una vez más el revuelo y el relajo en las redes sociales, siempre dispuestas a amplificar sus cada vez más frecuentes patinazos. El eslogan elegido para la ocasión en Las Palmas de Gran Canaria ha sido “Recuperar la ilusión”, que se puede traducir como que después de dos mandatos en la oposición, ya va siendo hora, ¿no?

Mientras que la de Carmen Pérez es una candidatura de circunstancias, condicionada siempre a los resultados que obtenga Coalición Canaria y que ambas fuerzas puedan volver a sumar sin Vox, la de Poli Suárez, el Potro de Moya, es una apuesta fuerte por una plaza que el PP quiere recuperar a toda costa para tratar de reeditar aquellos años de las mayorías absolutas de José Manuel Soria pero con otro talante, porque Poli Suárez es otra cosa bien distinta.

Tentaron a Evaristo Quintana

Sin embargo, la mecha por la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria no la encendió ninguno de los grandes partidos con opciones de ocuparla, el PSOE o el PP, sino Coalición Canaria a través de su filial en la isla, Primero Canarias (Prica), que tuvo la habilidad de presentar antes que nadie a Marcial Morales como candidato. Un golpe político de mucho efecto y mucho nivel que allana las posibles reticencias y rivalidades dentro de CC porque, al fin y al cabo, el que fuera presidente del Cabildo de Fuerteventura y alcalde de Puerto del Rosario, además de consejero de Políticas Sociales del Gobierno canario, lo fue siempre por el partido de Clavijo. Nadie ha rechistado por tanto dentro de esas filas, donde perdió de repente toda opción la polémica presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, que habrá de disputar ahora el segundo o el cuarto puesto, los que le corresponden a CC, con María Fernández, directora general de Transportes.

Pero Morales no fue la primera opción de Primero Canarias, cuyos dirigentes barajaron varias opciones antes de proponerlo como candidato a la alcaldía. Teodoro Sosa, su presidente, tenía en mente otro perfil más mediático y popular, el periodista de la cadena Ser Evaristo Quintana, que ha admitido a este periódico que llegó a recibir esa oferta, aunque ahora le resta importancia. Pero lo cierto es que Sosa llegó a proponerlo ante los empresarios que están patrocinando su movimiento de respaldo a Fernando Clavijo.

Pero la jugada maestra de Marcial Morales se convirtió de repente en innegociable y las dos organizaciones están cerrando filas para intentar que Coalición Canaria recupere algo de oxígeno en un ayuntamiento que se le ha negado siempre, incluso en los momentos más prósperos de José Carlos Mauricio, que estuvo a punto de ser alcalde a principios de siglo a través de un pacto de time sharing en el que se incluía el PP, que lo traicionó en el último minuto. Fue de tal calibre el toletazo que en las siguientes elecciones ni siquiera salió él elegido, y eso que iba de cabeza de lista.

Los empresarios que siguen de cerca el proceso de formación de listas de los distintos partidos políticos con opción de gobierno han saludado con mucha satisfacción los movimientos escenificados hasta ahora. Que el PP y Coalición Canaria se fortalezcan en Las Palmas de Gran Canaria con dos candidatos menos planos que los anteriores se puede traducir también en lo que más les importa, que es el Gobierno de Canarias, sobre el que se ciernen muchas incertidumbres cara a este 2027.

Esos empresarios, que podemos localizar en sectores tan destacados como el portuario y el de la automoción, están respaldando todas estas operaciones abiertamente. Saben de lo agradecido que es Fernando Clavijo cuando se le apoya y que siempre le dan lo que le piden. Ya lo comprobaron cuando en 2015 colocó a dos consejeros impuestos por ellos sin ni siquiera conocerlos de antemano. Y quieren repetir la jugada en todas las administraciones posibles, pero fundamentalmente la autonómica.

Como inspirador de una parte de ese empresariado, muy vinculado al sector de la automoción por la vía de su pertenencia al consejo de administración de Domingo Alonso Group, es José Manuel Soria, que aunque no se trata con otros empresarios impulsores de la operación, necesita buena sintonía con el poder para que todos sus negocios, vehiculizados a través de su empresa de asesoramiento, puedan prosperar adecuadamente.

Las encuestas y los últimos acontecimientos los tienen alarmados porque saben que la actual suma de CC-PP-Agrupación Socialista Gomera podría no alcanzar los 36 diputados necesarios para gobernar. Y no solo porque Casimiro Curbelo haya enseñado ya sus colmillos y sus capacidades para pasarse al adversario si no se le hace caso. Sino porque el crecimiento que presenta Vox en esas encuestas se produce a costa de la caída del PP y de Coalición Canaria, lo que podría obligar a tener que contar con la ultraderecha para mantener a Clavijo en la presidencia.

Una fatalidad que, para estos empresarios y esos partidos, no es de índole ideológica, ni mucho menos, sino porque una aceptación de CC a incluir en el Gobierno a un partido antinacionalista sería el principio de su fin. Poca gente lo entendería, y mucho menos la filial grancanaria, que lleva a gala su condición izquierdista para intentar captar los votos de Nueva Canarias, partido del que se escindió.

Mientras, el PSOE sigue muy bien posicionado. La última encuesta de Perfiles, conocida la semana pasada, arroja datos muy significativos: el 37% de las personas encuestadas dice que el Pacto de las Flores fue un gobierno mejor que el actual, frente al 18% que sostiene lo contrario, que el de Clavijo es mejor. Al resto, ya se sabe, los dos les parecen igual de buenos que igual de malos.

Pero la reedición de un pacto de las flores tampoco cuenta ahora mismo, siempre según las encuestas, con los números necesarios. El PSOE volvería a ganar las elecciones con Ángel Víctor Torres a la cabeza, candidato que sigue siendo el más valorado. Pero todo está pendiente de que se pueda componer un frente popular a su izquierda y que la movilización lo haga posible. El actual escenario nacional parece que anima a los promotores de la iniciativa porque la sensación de golpismo judicial y el miedo que empieza a levantarse alrededor de la ultraderecha, que vuelve a enseñar la patita en los gobiernos autonómicos del PP, puede servir de revulsivo.

La resistencia se hace fuerte en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Es la única institución democrática que sigue batallando por preservar el monumento a Franco que se levanta en la Avenida de Anaga en contra de la Ley de Memoria Democrática estatal y de Memoria Histórica de Canarias. Y dentro de la resistencia municipal capitalina, una dura pugna para ver quién defiende el conjunto monumental con más pasión. Importan poco los argumentos, cada vez más débiles: cuando ya ha arrancado la cuenta atrás de los seis meses que tiene el consistorio para desmontarlo y llevarlo a unos almacenes, o fundirlo y venderlo al peso, o crear un museo submarino y exponerlo bajo el mar, como sugirió en su día el portavoz de Izquierda Unida Ramón Trujillo… lo que interesa es demostrar a cierta parte de la ciudadanía quién defiende este vestigio franquista con más frenesí irracional.

Se han alineado en el pleno municipal de Santa Cruz todos los planetas para que tengan voz en este asunto los más señeros defensores de este vestigio franquista, empezando por su alcalde, José Manuel Bermúdez, y el portavoz de su partido, Coalición Canaria, José Alberto Díaz-Estébanez, que compiten en feroz desafío con la tercera teniente de alcaldesa, Zaida González, del Partido Popular, y el concejal de Vox, Luis Sosa-Tolosa del Valle, que dedica el tiempo libre que le dejan las tareas municipales a presidir la Asociación para la Investigación y Protección del Patrimonio Histórico San Miguel Arcángel, a la que no se conoce otra actividad que la defensa del monumento a Franco por todos “sus valores”, de vez en cuando el artístico.

Lejos han quedado aquellos tiempos en los que el portavoz de CC en la Corporación era Juanjo Martínez, que desde que se encendió la polémica se mostró favorable a retirarlo, aun reconociendo que aquella no era una postura unánime en su partido. Y lejos ha quedado también (nueve años atrás) la decisión de la junta de gobierno municipal, con Bermúdez a la cabeza pero con la presencia de casi todos los mismos protagonistas de la vida política actual (Carlos Tarife, Zaida González…) de encargar un estudio sobre los vestigios franquista de Santa Cruz a la experta Maisa Navarro.

Lo hizo Bermúdez para esquivar un pleito judicial, y a cambio se vio frente a la cruda realidad ya conocida por todo el mundo: que la capital tinerfeña es una de las ciudades españolas con más vestigios franquistas porque sus sucesivos gobernantes jamás han sentido la obligación de irlos retirando, aunque fuera al golpito.

El destino quiso que el informe se acabara y se entregara al ayuntamiento en el breve espacio de tiempo en el que ocupó la alcaldía Patricia Hernández, del PSOE, poco antes de que una moción de CC con el PP y la famosa tránsfuga Evelyn Alonso, devolvieran a la normalidad del modo canario el reparto de poder en la ciudad.

La alcaldesa, que no había encargado el informe pero le comprometía, quería la implicación de toda la Corporación, de modo que convocó a todos los grupos políticos para decidir qué hacer. Llamativamente, sólo obtuvo la unanimidad en aquellos momentos (principios de 2020) en torno a que el monumento a Franco debía ser retirado, con las únicas dudas planteadas por parte del PP y Ciudadanos, que propusieron como alternativa su traslado a otro lugar para no perder la escultura. Luego llegó la pandemia y la moción de censura… Y se jodió el Perú.

Regresó Bermúdez al poder y con él, un cambio absoluto de planteamiento alimentado por factores externos que el alcalde quiso conjugar a su favor. Que el catálogo autonómico de vestigios franquistas empezara por la ciudad de Santa Cruz de Tenerife le sirvió para volver a agitar una de las banderas favoritas del insularismo de Coalición Canaria: el agravio a Tenerife, la ofensa desde la pérfida Canaria, el envidioso secarral que con tanto denuedo describió quien sigue siendo a día de hoy inspirador de tantas excusas, don Pepito, José Rodríguez Ramírez, director-editor de El Día en los años más gloriosos.

Don Pepito nunca llevó muy bien aquello de tener antepasados canariones, concretamente de la ciudad de Arucas, aunque siempre supo sobreponerse a aquella mancha de sus ancestros con proclamas cada vez más radicales contra Gran Canaria.

Tantos años después de su muerte y de que su periódico haya pasado a otras manos, el mensaje de don Pepito sigue vivo en muchos dirigentes públicos de la isla que explotan aún esos sentimientos sabedores de que una parte de la población aún los abraza. Como hizo en el último pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz la concejala del PP Zaida Rodríguez, que esgrimió ante la ciudadanía como argumentos de peso los comentarios de la gente que ella misma escogió de su cuenta en Facebook para defender la permanencia del monumento a Franco: “Si estuviera en Las Palmas de Gran Canaria se nombraría de otra manera”. “La historia no se cambia, que nos estamos quedando sin nada y lo único que prevalecerá será lo que hacen los políticos que de bueno, nada, y será la historia de las nuevas generaciones. Viva España”. “Se lo llevarán también para Las Palmas de Gran Canaria, como el crucero Canarias, que como lo quitan de la calle del edificio de Méndez Núñez, ah, que por qué no quitan el edificio de Méndez Núñez…”

Algo más técnico, al menos en apariencia, ha estado estos días el alcalde José Manuel Bermúdez, quien con sus estudios de Derecho en la mano ha pregonado en algunos medios de comunicación que el monumento sólo se tocará con lo que dice la ley “como está escrita, no como la interpreta el ministerio”. Según su criterio, los juristas del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática saben menos que él y están dejando que Ángel Víctor Torres actúe con motivaciones ideológicas. En Canal 4 de Tenerife, llegó a decir que una opción es organizar visitas al monumento del tipo que las que se hacen al campo de concentración de Auswitch, “donde yo he estado”, enfatizó, para explicarle a la gente lo que no puede volver a suceder: “un golpe de estado ilegítimo”.

Pero no aclara la primera autoridad municipal chicharrera cuáles son los argumentos jurídicos que le avalan, entre otras cosas porque no tiene ni un solo argumento jurídico que le avale. Ni un informe de los servicios correspondientes del consistorio que le permitan afirmar sin riesgo a caer en la demagogia que lo que mueve al Gobierno de España, y más específicamente al ministro Ángel Víctor Torres, es la ideología y no una ley democráticamente aprobada. Los mismos argumentos que emplean los fascistas que se niegan a aceptar la resignificación de Cuelgamuros.

Los antepasados fascistas

Tanto a Bermúdez como a muchos de sus correligionarios de CC, así como al PP y a Vox sí que les anima la ideología a mantener vivo este debate sobre los vestigios franquistas. En el fondo se consideran guardianes de las esencias del chicharrerismo más acendrado, el que va desde preservar el monumento a Franco por considerarlo parte de sus esencias a no permitir bajo ningún concepto que el estadio del CD Tenerife se traslade a otra ciudad, aunque sea a La Laguna, otra de las polémicas en las que también ha intervenido acaloradamente Bermúdez estas últimas semanas.

Pero hay una parte del discurso de Bermúdez de defensa del monumento a Franco que va más allá de la ideología chicharretista. Hay un punto franquista que afloró en el último pleno de la Corporación, con todas las intervenciones conservacionistas recordando la alegoría a los “25 años de paz”, al requiebro sobre la verdadera motivación de una cuestación popular que tuvo mucho de coacción fascista. “No es un vestigio franquista”, proclamó el alcalde. “No se parece a Franco”, vino a concluir la concejala popular que defendía las tesis del grupo de gobierno, a lo que remataba el portavoz de CC, Díaz-Estébanez coincidiendo con el de Vox en que la obra tiene valor artístico y que allá la administración que decida demolerla.

Es conveniente recordar, llegados a este punto, el pasado franquista de la familia del alcalde Bermúdez Esparza, que nació en Las Palmas de Gran Canaria en 1966 por el deseo de su madre de estar junto a la suya en un momento tan importante. Su madre y su padre, los abuelos de Bermúdez, vivían en la Casa del Coño, que viene siendo otro vestigio franquista a resignificar o remover en Las Palmas de Gran Canaria. Porque ese edificio lleva el nombre de José Antonio en homenaje a Primo de Rivera, el líder de la Falange Española. Se trata de un edificio de 12 plantas levantado a finales de los cincuenta y principios de los sesenta para dar vivienda a los beneficiarios del régimen, mayormente miembros del sindicato vertical. Su nombre popular de Casa del Coño le fue dado por la vecindad por ser esa, “¡ya coño!”, la expresión que se pronunciaba al contemplar edificio tan enorme, el más grande entonces de la capital grancanaria.

Bermúdez ha aclarado a este periódico que no nació en ese edificio sino en la cercana Clínica de Santa Catalina y que en la Casa del Coño vivían sus abuelos. Por lo tanto, lo más cerca que podemos llegar en nuestras apreciaciones es que en ese edificio tan emblemático solo vivió los primeros días de su existencia antes de viajar a Santa Cruz de Tenerife junto a su madre.

Los abuelos de Bermúdez tenían derecho a esa casa porque él, Pedro Esparza Martín, fue alcalde de la villa de Agaete poco después de proclamado el nuevo régimen tras el golpe de estado de 1936. Era un joven muy activo que poco después de ser designado por las autoridades franquistas, marchó al frente peninsular a batallar a favor del bando golpista.

Antes, en agosto de 1936 participó en un acto de exaltación franquista que la prensa del momento (en concreto el diario Acción) narraba así: “Con un entusiasmo inenarrable, inspirado y alentado por el elemento fascista, al mando de su Capitán, el Delegado Gubernativo y Alcalde de Agaete, Sr. Esparza Martín, y secundado por el pueblo, se izó ayer la gloriosa bandera española en el Ayuntamiento, Cuartel de Falange, Estación Telegráfica y Casino La Luz” (...) “Los gritos de arriba España grande, Viva España, Viva el General Franco etc. etc. nos ensordecían imaginando vivíamos un mundo nuevo”.

Este alcalde fascista no le hizo mucho caso a su padre, el bisabuelo de José Manuel Bermúdez, Augusto Esparza Arteche, secretario judicial de la villa de Agaete, a cuyo nombre y también como alcalde hay todavía una calle allí, Alcalde Esparza Arteche. Como tampoco el actual alcalde de Santa Cruz de Tenerife hizo caso a su padre cuando le dijo que lo mejor era labrarse un futuro profesional en vez de meterse con 18 años en política. Y desde entonces.

Algunos testigos presenciales pudieron comprobar el pasado lunes el grado de tensión que se masca en el ambiente político canario a un escaso año vista de las elecciones municipales. El consultor político Iván Redondo presentaba su libro, El manual, en el Club La Provincia ante un selecto grupo de personas invitadas, muchas de ellas nacionalistas, que solo relajaron el rictus cuando el interviniente accedió a contemplar como fuerza con “potencialidad” la del reencuentro del nacionalismo “desde abajo” que encarnan -se supone- Coalición Canaria y Municipalistas Primero Canarias. Se pusieron tensos cuando recordó que todas las encuestas, tanto las privadas como las públicas, auguran a día de hoy una victoria electoral del PSOE en las autonómicas de Canarias, y Redondo lo notó, así que añadió que esa reunificación podría “competir” por esa primera plaza.

No es ese pronóstico lo más discutible de esta parte del discurso de Iván Redondo, sino la procedencia de esa reunificación nacionalista: “desde abajo”. Pretender que la creación de un nuevo partido político, constituido a partir de una ruptura con otro y cimentado sobre cargos públicos de una amplia trayectoria, tenga una procedencia desde la base hacia la altura es forzar un poco el discurso. Partido por dos.

El historial político e institucional de los que dirigen esa reunificación nacionalista “desde abajo” es tan extenso que aconsejaría modificar algunos parámetros del discurso para no parecer ridículos. Y no sólo desde el punto de vista conceptual. La líder más veterana de la política de Canarias, de toda la política de Canarias, es uno de los iconos del nacionalismo isleño. Se llama Ana Oramas, y lleva en política la friolera de 47 años, el 70% de su vida. Empezó como concejala en Santa Cruz de Tenerife en 1979 y ahora es la vicepresidenta primera del Parlamento canario. El portavoz del grupo nacionalista en esa misma Cámara, José Miguel Barragán, del mismo partido, ya ha cumplido 45 años en lo público, lo que supone un 70% de sus 63 años de vida.

Pero ni Oramas ni Barragán estaban en el acto de Iván Redondo, así que es probable que eso confundiera al experto. Pero sí estaba en primera fila Fernando Clavijo, presidente regional, que, a sus 55 años, lleva 23 en política (el 41%); o Teodoro Sosa, alcalde de Gáldar, que ya ha cumplido los 50, de los cuales, 27 los ha dedicado a la vida pública, más de la mitad de su vida. Lo mismo que el actual alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, compañero de Sosa en la fundación de Primero Canarias, que a sus 62, ha dedicado 35 a la política (un 56,4%).

Sosa y Hernández invocaron en su momento la necesidad de renovación en Nueva Canarias como la causa principal del cisma que encabezaron y que desembocó en su nuevo partido, seguramente sin contemplar que algún día alguien recordaría que el líder al que se enfrentaron, Román Rodríguez, lleva en la política 33 de sus 70 años, es decir, un 47% de su vida, cuatro años más que Sosa y dos menos que Hernández.

Nada que objetar, por supuesto, a que un grupo de personas constituya un partido a partir de una crisis interna de otro, por muy forzada o postiza que pueda parecer desde fuera. Ni que aprovechen la palanca que supone hacerlo desde las instituciones, a modo y manera que hizo en 2005 su líder defenestrado, Román Rodríguez, cuando encabezó la creación de Nueva Canarias tras ocupar la presidencia del Gobierno bajo las siglas de Coalición Canaria.

Lo que realmente podría ser reprochable es que bajo esa estratagema se tratara de esconder inicialmente y con un éxito dudoso el verdadero fin del proyecto: confluir en todo lo que se pueda con Coalición Canaria. No para ir en alianza electoral a unas generales para la obtención del tan cacareado grupo parlamentario canario en las Cortes, que también, sino para afianzar a Fernando Clavijo (o a quien le suceda) en el poder a cambio de asegurarse sus dirigentes lo propio en Gran Canaria, y no en todas sus instituciones.

Exactamente recorrer el sentido inverso que se recorrió hace 21 años para salir de la dinámica derechista de CC, que no solo no se ha suavizado estos años, sino que se ha radicalizado, como puede comprobarse a poco que se analice la evolución de los servicios públicos y la poca capacidad para resolver problemas como el de la vivienda, la preservación del territorio, la dependencia o la movilidad en Canarias teniendo récord de recaudación presupuestaria.

Arucas como símbolo

Se trata, por tanto, de consolidar a Coalición Canaria, como atestigua el primer acuerdo público que han firmado estas dos fuerzas presuntamente nacionalistas. Ha ocurrido en la ciudad de Arucas, adonde acudieron los líderes y lideresas de ambos partidos para escenificar un acuerdo que las partes contratantes locales, es decir, los concejales tránsfugas de Nueva Canarias, se han tenido que comer con papas. Basta con leer el comunicado conjunto emitido por ambos firmantes y ver las fotografías que ellos mismos distribuyeron para comprobar que este ha sido un acuerdo tomado en las alturas, no en las bases, dividido entre dos.

En la mesa, un solo dirigente aruquense que ni siquiera es concejal y sí alto cargo del Gobierno canario, José Gilberto Moreno, director de Puertos Canarios y vicesecretario insular de Identidad y Estrategia de Coalición Canaria en Gran Canaria. El resto, dirigentes de fuera de la ciudad. Por no estar, ni siquiera acudió al acto el concejal de Primero Canarias (Prica, a partir de ahora, por ahorrar) y ex de Nueva Canarias Marcelo Afonso, que está en el grupo de gobierno con el PSOE en calidad de tránsfuga de calidad. Sí estaba en la primera fila pero sin derecho ni a voz ni a foto el único concejal de CC en la ciudad, José Eduardo Marrero.

La mesa la completaban, por parte de Prica, el alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa; el secretario de Organización, Samuel Henríquez, y la alcaldesa de Ingenio, Vanesa Martín. Y por parte de CC, además de José Gilberto Moreno, Pablo Rodríguez, secretario general de Gran Canaria y consejero de Obras Públicas, y María Fernández, directora general de Transportes y vicesecretaria general.

En el público, dos presencias muy significativas de lo que promete ser este acuerdo. Por un lado, Froilán Rodríguez, exalcalde e histórico dirigente de la izquierda nacionalista canaria por cuanto fue uno de los más significados dirigentes de Ican, el germen de Nueva Canarias. Lo llevaron como símbolo de que se puede gobernar una ciudad así con un programa de izquierdas. Y de otro, Juan José Cardona, alcalde de Las Palmas de Gran Canaria con el Partido Popular, donde fue mano derecha de José Manuel Soria tanto en ese ayuntamiento como en el Cabildo de la isla, ejecutando las políticas correspondientes. Ahora es personal de confianza de Fernando Clavijo en calidad de asesor en la Presidencia del Gobierno. Muy de izquierdas este nacionalismo, sí.

La única ausencia destacable y no oficialmente disculpada fue la de Óscar Hernández, presidente de Prica, cuya presencia había sido anunciada por los servicios de prensa del partido.

No es casual que para esta puesta en escena, la del abierto apoyo de Prica a Coalición Canaria, es decir, al candidato Fernando Clavijo, se haya celebrado en un hotel en el centro histórico de Arucas, la ciudad de la que es natural y de la que fue alcalde Ángel Víctor Torres, el candidato que quita el sueño a sus adversarios políticos porque todas las encuestas lo siguen dando como el más valorado y ganador de las elecciones autonómicas si se celebraran ahora mismo.

Un enjambre ideológico

A partir de este acontecimiento queda clara cuál va a ser el recorrido del nuevo y prometedor partido. El enjambre ideológico en el que se ha metido va a resultar muy complicado de digerir. Por un lado, va a respaldar en las próximas elecciones autonómicas y locales a un partido de derechas que ahora mismo gobierna con el Partido Popular, su socio natural salvo excepciones paulinistas. Y, por si ese apoyo ya explícito fuera poco, su contribución a generar un estropicio en el voto progresista de Gran Canaria va a restar muy probablemente representación suficiente para reeditar algo que pueda parecerse al pacto de las flores (PSOE, Nueva Canarias, Podemos, ASG).

Pero ese enjambre también lo tiene en sus propias filas porque en ellas ya se está revolcando con partidos como Ciuca, con una amplia trayectoria de corrupción que, al menos en Telde, requerirá muchas explicaciones.

Pero todo vale en pos de esa presunta reunificación del nacionalismo canario. O casi todo.

Porque a Teodoro Sosa sí cabe atribuirle que fuera él quien le pusiera bola negra a la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, que era secretaria de Política Municipal de Coalición Canaria cuando empezaron los escarceos con lo que luego se ha configurado como Prica. Ya venía ella marcada por su intento de moverle la silla a Pablo Rodríguez para quedarse con la marca CC de Gran Canaria, pero apareció el alcalde de Gáldar y se puso él en su lugar como socio fiable.

La polémica alcaldesa optó entonces por recluirse en sus cuarteles de invierno, retomar su proyecto de partido propio Bueno para… (incluido para ella) y arrimarse al Partido Popular con sus 5.000 votos garantizados (no tienen por qué ser todos comprados) en una nueva demostración de lo moldeable que son las ideologías en estos determinados espectros de la política canaria. A Bueno le habría parecido igual de bueno ir con CC que con el PP, porque cualquier partido que sea bueno para Bueno es bueno para Gran Canaria. Y dos piedras.

Las encuestas

Las encuestas, tanto públicas como privadas a las que se refirió Iván Redondo el lunes pasado reducen un poquito la presunta potencialidad que él mismo otorgó a Prica: no más de 20.000 votos, un 2% del electorado, de los que en torno a 15.000-17.000 estarían en Gran Canaria. Pero el estropicio al voto progresista que provocaría su concurrencia estaría hecho, como ocurre en la provincia de Santa Cruz de Tenerife con el proyecto de Alberto Rodríguez, Drago Verdes Canarias, que podrá alcanzar otros 20.000 votos, 15.000 de ellos en la isla de Tenerife. Otra cosa es que el estropicio beneficie a Coalición Canaria, porque como bien dijo Redondo el lunes pasado, a veces dos más dos puede ser uno y medio.

Pero los líderes de Prica garantizarían sus candidaturas. A la espera de lo que decida Antonio Morales, que se ha situado de momento en terreno neutral, Teodoro Sosa será con toda probabilidad el candidato al Cabildo, con el Parlamento como alternativa, puesto este último que también apetece a Óscar Hernández, después de tantos años en Agüimes. Y los líderes locales que desembarcaron de Nueva Canarias se supone que conservarán sus expectativas, salvo que, como el caso de Arucas, sean postergados por los acuerdos “nacionales” de la nueva formación en la que se han integrado.

Pero el principal objetivo, el que ha llevado a determinados empresarios grancanarios a respaldar abiertamente a Prica, empieza a manifestarse públicamente para que quede claro: garantizar la continuidad de Coalición Canaria, a ser posible con el PP, para que solo cambie lo que no les perjudique y en un contexto de discusión sobre el modelo turístico, crisis de vivienda o regulación ambiental, la vida siga igual.

Queda un año por delante. Para algunos va a ser agotador. Sobre todo explicando la prioridad nacional canaria.

Es un hecho demostrable que la colonización de la televisión pública canaria por el pensamiento clavijista único se ha acelerado con la llegada del nuevo administrador general, César Toledo. Parecía imposible superar las marcas registradas por sus antecesores, pero los datos objetivos están ahí para quien quiera fijarse en ellos.

Esta colonización da la razón a los estrategas de Presidencia del Gobierno que un día recomendaron puentear a la anterior administradora general, María Méndez, colocando a Toledo en un puesto de nueva creación al que, para no llamarle Comisariado Político, lo bautizaron con el rimbombante y nada sutil Dirección de Medios y Contenidos. María Méndez, que tiene más dignidad que algunos que ocuparon antes su puesto, entendió el recado y se mandó a mudar. Lo que tardaron los dueños de la tele en elevar a César Toledo al rango máximo fue mínimo.

La censura de asuntos como la reivindicación del personal (con huelga convenientemente silenciada para la visita del Papa) no sorprende a nadie, ni siquiera a los propios trabajadores, y el veto a determinados partidos políticos adversarios directos o indirectos de Coalición Canaria ya lo asumen esos partidos con tanta naturalidad que ni se quejan. O se quejan poco.

Lo ocurrido hace unos días en el programa de debate político La Retranca, donde un tertuliano del régimen insultó a un senador del PSOE que se atrevió a afear a la dirección del programa falta de pluralidad, y la pirueta a la semana siguiente de tratar de colocar al insultado como responsable de que lo insultaran, ha vuelto a hacer sonar las alarmas sobre el modo en el que Clavijo está dirigiendo una televisión que él mismo, personalmente, sin mediar Alfonso Cabello (su viceconsejero para todo), recordó que “es del Gobierno”. Y punto.

Me he molestado en diseccionar programa a programa la identidad de cada uno de los analistas, tertulianos, comentaristas y todólogos invitados a cada uno de ellos y el resultado deja en pañales a otras televisiones autonómicas sectarias, como Telemadrid o la televisión pública gallega.

Ya les adelanto que en cualquier mesa o plató en los que se abra la puerta a una persona opinadora, sea un programa de parrilla o un especial por la crisis de Venezuela o el debate del estado de la nacionalidad en el Parlamento, allí habrá siempre al menos un tertuliano adicto al régimen, todos ellos, por más señas, tertulianos fijos de la misma emisora, la Cadena Ser en Canarias. Un dato este que es muy relevante porque, como todo el mundo sabe -empezando por la Cadena Ser en Madrid- esta emisora mantiene en Canarias una línea editorial de entrega absoluta a Coalición Canaria, y más concretamente a Fernando Clavijo, y radicalmente enfrentada al PSOE y a partidos que puedan incomodar al del presidente del Gobierno, particularmente Nueva Canarias.

Tan estrecha sintonía se gestó en la primera legislatura de Fernando Clavijo como presidente (2015-2019) y ya entonces el líder de Coalición Canaria marcó tanto el territorio con la Ser que se ocupó personalmente de que a su directora en Canarias, Lourdes Santana, no le faltara de nada, incluido el Premio Canarias de Comunicación, dotado entonces con 20.000 euros. Sin disimulo. Por los servicios prestados.

Hay políticos y políticas que llevan años sin pisar un estudio de la cadena Ser, ni siquiera ocupando puestos de alta representación popular o institucional. Quizás sea el de Patricia Hernández, exalcaldesa y actual portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, el ejemplo más elocuente: desde 2020 hasta la fecha solo ha sido entrevistada en la Ser de Canarias una sola vez, “siete minutos y por teléfono” en la campaña de 2023, como relata ella misma. Tampoco se queda atrás Santiago Pérez, ex dirigente socialista, senador, consejero de cabildo y concejal de La Laguna, que pagó caro su atrevimiento de denunciar a Clavijo en las dos causas penales que consiguió que le archivara el Supremo cuando se aforó, el caso Grúas y el caso Reparos. Hace más de diez años que no se le da voz a pesar de haber sido duramente criticado en antena por sus opinadores durante todo este tiempo.

Román Rodríguez, fundador y hasta el otro día presidente de Nueva Canarias, también es anatema en esa radio. Y no ha sido por falta de voluntad sino por falta de invitación. El lugar del nacionalismo progresista lo ocupa en su programación Alberto Rodríguez.

Las quejas en Podemos son similares. La cadena no acude a sus convocatorias de prensa (solo una en tres años) y su líder regional y diputada nacional, Noemí Santana, no ha sido entrevistada en lo que va de legislatura. La única excepción es Gemma Martínez Soliño, que es concejala en el gobierno municipal de Las Palmas de Gran Canaria, y acude una vez por semana a una tertulia sobre la ciudad con los grupos municipales.

Nada que objetar a la línea editorial que quiera mantener en Canarias la Cadena Ser, bueno fuera. Lo que es criticable es que su brigada de opinadores se haya convertido en el núcleo irradiador de toda la opinión que se emite en la televisión pública de Canarias, que esa sí la pagamos entre toda la ciudadanía. Y las pruebas están al alcance de cualquiera. 

Aquí van.

1.- De buena tinta. 

Este es un programa que marca la línea editorial de la cadena. No en vano se emite después del Telenoticias 2, el de la tarde-noche. Está producido por Galera Norte, cuyo administrador es Elías Bacallado junior y en cuya lista de socios figura el periodista Jorge Bethencourt, uno de los más destacados caudillos de la brigada clavijista. Es el programa que mejor paga a sus tertulianos, 500 euros por participación.

Aunque tiene una nómina muy amplia de periodistas, los que más repiten son, además de Jorge Bethencourt, Francisco Pomares y Juan García Luján, todos tertulianos fijos de la Ser. Aunque el más recurrente es Alfonso González Jerez, columnista de Prensa Ibérica (El Día) y uno de los más combativos defensores de Coalición Canaria, partido para el que ha trabajado directamente o a través de alguna empresa pública como Emmasa, la responsable del agua de Santa Cruz de Tenerife. Janire Alfaya, periodista de la Ser, también figura en esta lista de opinadores, pero de momento ha logrado mantener un criterio libre, en muchas ocasiones distinto al de sus compañeros. Sus intervenciones, naturalmente, son muchas menos.

Completan el panel de comentaristas de De buena Tinta Mayer Trujillo (director de La Radio Canaria y del programa La Retranca), Roberto González (conductor de Las Mañanas de Herrera, en Cope Canarias), Selene Melián (de Radio Marca), Juan Manuel Bethencourt, Ángeles Arencibia y los trabajadores de la casa Noemí Galván y Tomás Galván. 

2.- La Retranca. 

Concebido como el programa político estrella de la cadena, está producido por Macaronesia Producción en lo que constituye su primera experiencia de televisión en directo. Se dio a conocer como la asesoría encargada de llevarle las redes sociales al vicepresidente del Gobierno, Manuel Domínguez, del PP, que luego la apadrinó como productora para que Clavijo / Alfonso Cabello /César Toledo le otorgaran un programa de televisión, que es este. Se nota la mano del PP por la identidad de algunos de sus tertulianos, como ocurrió recientemente con la portavoz del partido en el Parlamento regional, Luz Reverón, aunque para ese programa, el del 4 de junio, la persona anunciada inicialmente fue Rebeca Paniagua, diputada de ese partido pero periodista.

El programa se emite desde un plató montado en una nave en Tegueste y cuesta a la cadena 30.000 euros por entrega. Cada invitado cobra 200 euros.

Es, con diferencia, el programa con mayor sesgo ideológico de toda la cadena, aun contando de modo recurrente con la presencia de Alberto Rodríguez, líder de Drago Canarias, que sirve a los directivos de Televisión Pública como coartada para presumir de pluralidad cuando en realidad acude con la intención de darle mucha proyección a su opción soberanista y de izquierdas con el objetivo nada disimulado de arañar votos y prestigio al PSOE y Nueva Canarias. 

El sesgo conservador lo marca la analista Melisa Rodríguez, quien fuera destacada dirigente nacional de Ciudadanos, hoy retirada de la política pero dedicada al mundo de la joyería y la comunicación, según su propia presentación. Esta contertulia ha participado cuatro veces de las siete emisiones producidas hasta ahora. Pero la dirección del programa no ha tenido recato en cargar más ese sesgo conservador con invitados como Jorge Marichal (14 de mayo) y la mencionada Luz Reverón (4 de junio).

La única concesión progresista en esa mesa de debate fue la presencia de la abogada Loueila Sid Ahmed Ndiaye, experta en migraciones (11 de junio), a la que acompañaron, además del recurrente Alberto Rodríguez, Juan García Luján y Jorge Bethencourt, ambos tertulianos fijos de la Ser.

De las siete entregas emitidas hasta ahora, en todas las mesas de debate ha habido siempre dos personas de la cadena Ser, y en dos ocasiones, su directora, Lourdes Santana, en persona (14 y 28 de mayo).

Después de Alberto Rodríguez, con cinco presencias, los tertulianos que han repetido más veces están vinculados a la Cadena Ser: Juan García Luján, jefe de prensa de Santa Lucía de Tirajana, y Janire Alfaya, que han estado en el programa tres veces, frente a las dos de Jorge Bethencourt y dos de Francisco Pomares, que no podía faltar y el protagonista de primer altercado. 

Completan la nómina de analistas Antonio Salazar (director de La Gaveta), que ha acudido dos veces; Ángeles Arencibia (jefa de prensa de la Fundación Juan Negrín), que ha estado una vez en La Retranca, las mismas que el periodista de El Día Miguel Ángel Autero.

3.- Hay que verlo. 

Este magazine de tarde es el segundo intento de esta segunda presidencia de Clavijo de controlar esa franja horaria después del estrepitoso fracaso que supuso Conecta Canarias (CC), que entregó a una productora sin experiencia, Etiazul. El programa tuvo muchos momentos memorables, pero seguramente el más comentado fue aquel en el que la presentadora, ejecutando órdenes que le llegaban por el pinganillo, retiró la palabra a Francisco Pomares cuando trató de vincular mascarillas con comisiones y con el presidente de la UD Las Palmas.

Hay que verlo es una coproducción de la ya mencionada Galera Norte (De buena tinta) y La Cometa, vinculada a Sigma Dos e introducida en Canarias de la mano de José Manuel Soria. La Cometa es la productora del exitoso formato Mañaneros 360, en Televisión Española.

En lo que estrenan este julio el plató que han acondicionado en una nave industrial de Taco (La Laguna) han estado compartiendo plató con Videre (Prensa Ibérica), que produce Ponte al Día, un magazine de mañana. 

No falta una comentarista de actualidad de la Cadena Ser, en este caso Puchi Méndez, pero entre los todólogos fijos se encuentra nada más y nada menos que el único que tiene Coalición Canaria en Arucas, el abogado José Eduardo Marrero, ex de Ciudadanos, cuyo futuro político no está muy claro desde que este jueves su partido firmara una alianza electoral con Primero Canarias para 2027 y más allá.

3.- Buenos Días Canarias

Veterano programa de producción propia donde se nota mucho menos la larga mano de la brigada opinadora de Clavijo, quizás porque todavía no han tenido tiempo de fijarse en él o porque solo pagan 60 euros por asistencia. Tiene mucha más pluralidad, pero no se libra de analistas como Francisco Pomares, que en lo que va de junio ya ha acudido en dos ocasiones.

4.- Debate sobre el Estado de la Nacionalidad

Los programas informativos especiales no se libran de la larga mano de la manipulación ideológica que impera en Televisión Canaria.

El debate sobre el Estado de la Nacionalidad, celebrado del 10 al 12 de marzo pasado, no iba a ser una excepción. Así que, además del amplio despliegue técnico y de periodistas de la casa cubriendo informativamente el acontecimiento, la cadena decidió montar “dos mesas de análisis político” para analizar, interpretar y explicar a la ciudadanía lo que en el Parlamento pasaba esos dos días. Las mesas estuvieron formadas las siguientes personas: Marta Cantero, directora de Contenidos de la Cadena Ser en Canarias, Jorge Bethencourt, Francisco Pomares y Silvia Fernández, periodista de Canarias7, la única ajena a la emisora de Prisa en Canarias. 

Y por si esas dos mesas fueran pocas, tras el discurso del presidente del Gobierno, retomaron desde el plató los analistas Francisco Pomares y Jorge Bethencourt.

Ya por la tarde, el panel de analistas se completó con la directora de la Cadena Ser en Canarias, Lourdes Santana, a la que se añadió a la periodista tinerfeña Chicha Arozarena, ex trabajadora de Radio Nacional de España.

En total, cuatro periodistas de la brigada opinadora de la Cadena Ser, entre ellas su directora regional y su jefa de Contenidos, frente a dos de otros medios.

5.- Venezuela, a debate

Ocurrió el 1 de enero, con motivo de la crisis que vivió Venezuela con motivo del ataque del ejército de Estados Unidos y el secuestro de Nicolás Maduro y su esposa. A tal fin, Televisión Canaria hizo un despliegue ideológico claramente marcado por el anti chavismo y la defensa de la acción de Donald Trump, aunque en los comunicados de prensa previos la frase central fue “una casa en la que caben todas las opiniones”. Es cierto que el programa incluyó un cara a cara entre un detractor del chavismo y un defensor del régimen bolivariano y que hubo conexiones externas con variadas voces, pero al regresar al plató ya en el tramo central y final del programa, las opiniones no iban a ser tan plurales.

Así que, para la ocasión, la dirección dispuso de nuevo la presencia de la directora de la Cadena Ser en Canarias, Lourdes Santana, y la de su más estrecho consultor editorial, Francisco Pomares, para que formaran la “mesa de análisis” junto al periodista Antonio Salazar, que nunca ha escondido su ideología neoliberal. Completaba el panel Ángeles Arencibia.

En total, seis opinadores de la Cadena Ser en Canarias, incluyendo su directora regional y su directora de Contenidos, copan cada día con más presencia los espacios más destacados de la televisión pública de Canarias para fijar la posición del Gobierno de Fernando Clavijo, tanto en los asuntos de ámbito regional como los nacionales e internacionales.

La presencia de analistas de partidos políticos ha sido de representantes ajenos al PSOE, Nueva Canarias o Podemos, para potenciar a Drago como contrapeso a todos ellos, al PP y a Coalición Canaria. En el terreno de lo exótico debemos situar a una ex dirigente del desaparecido Ciudadanos, cuyos principios ideológicos reman en la misma dirección de la dirección de la cadena.

Si a este sesgo ideológico se le suma la nueva era de informativos impuesta por el nuevo administrador general de RTVC, es fácil deducir que Fernando Clavijo no se conforma con los medios afines, casi todos en Canarias, sino que quiere una radio y una televisión públicas absolutamente sumisas. Sin fisuras.

Hay muchas cosas que Fernando Clavijo le debe a Manuel Marchena, el poderoso presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Las más conocidas son, sin duda, los correspondientes archivos de los casos Grúas y Reparos, las causas penales por las que el presidente de Canarias se hizo senador por la Comunidad Autónoma entre 2019 y 2023, convirtiendo en digno de estudio su caso por el récord que supone que a un solo aforado le archiven dos asuntos en una sola legislatura y de un modo tan chiripitifláutico.

Pero hay un tercer tributo que Clavijo debería estarle rindiendo a Marchena: la implacable condena y posterior persecución que el magistrado hizo del que fuera diputado de Podemos Alberto Rodríguez, al que no solo la Sala Segunda condenó con el único testimonio en contra de un policía, sino sobre el que el poderoso magistrado proyectó a continuación un seguimiento de ejecución de sentencia que también merece ser repasado en las facultades de Derecho. 

Efectivamente, que Alberto Rodríguez perdiera su condición de diputado de la manera que lo hizo, en una sucesión de atolondradas decisiones de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, del PSOE, que se rindió a las exigencias de Manuel Marchena frente al criterio de los servicios jurídicos de la Cámara, convirtió al político canario en una víctima evidente del sistema. Lo que reforzó posteriormente el Tribunal Constitucional al anular la condena por su desproporción.

Y de aquellos polvos, estos lodos.

Porque, de inmediato, Alberto Rodríguez renegó de un montón de gente, de amistades, de complicidades y de algunas convicciones para echarse al monte de la intransigencia frente a los que consideró que le habían abandonado ante aquella tesitura. Lo malo es que en esa transición revisionista que hizo, se llevó por delante a mucha gente que lo apoyó hasta que no pudo soportar su narcisismo.

Y cuando parecía que se transformaría en un antisistema, cabreado con los partidos políticos y con todos los poderes constitucionales del Estado, su transición fue hacia la búsqueda urgente del poder, con algunos de los mismos métodos que tanto repudió. Se trata de hacer política utilitarista: si no puedes cargarte al sistema, aprovéchalo.

De repente, aquel Alberto Rodríguez que en 2015 ejemplificó en la familia de Ana Oramas la perversión de los poderes burgueses que representa Coalición Canaria, cuando contó en un mitin cómo a su abuela le tiraban al suelo el dinero que se había ganado ejerciendo como costurera, se ha convertido en un instrumento muy efectivo para combatir a los adversarios de Fernando Clavijo (y de Ana Oramas). Y defender, por lo tanto, a los poderes burgueses y corruptos contra los que se desgañitó cuando sus rastas se convirtieron en el símbolo institucional de la contestación del 15-M.

Ya restablecido de aquella crisis que le provocó dejar el escaño en el Congreso de los Diputados y la secretaría de Organización de Podemos, Rodríguez montó Drago Canarias, un proyecto que se define como soberanista de izquierdas, con un ideario muy amplio que va desde una mayor protección del territorio a lo que él ha llamado recientemente la prioridad nacional canaria, una reinterpretación con adaptaciones muy poco afortunadas de la prioridad nacional de Vox (que poco a poco va adaptando y asumiendo el PP) según la cual aquí ya no cabe más gente y hay que limitar a tres meses la estancia de todas aquellas personas que entren con visado de turista o permiso temporal. Rodríguez se hizo un lío enorme explicándolo, lo que provocó el regocijo y hasta el jolgorio en la prensa ultra del país, que casi empieza a considerarlo uno de los suyos.

Antes lo había hecho Clavijo. Desde que sacó dos concejales en La Laguna en 2023, Alberto Rodríguez y su gente se han convertido en un fetiche para Coalición Canaria. Les gustó cómo trató de poner firmes al alcalde de la ciudad, el socialista Luis Yeray Gutiérrez, cuando durante la negociación para un pacto progresista para la ciudad le largó a la cara una frase que pasará a la posteridad: “Tú déjame a mí la alcaldía y tú encárgate de llevar el ayuntamiento”. Con dos concejales de 27.

Rodríguez se negó a firmar un pacto con el PSOE (10 concejales) y Unidas se Puede (2), lo que provocó que Luis Yeray Gutiérrez acabara pactando con Coalición Canaria (siempre el mal menor), lo que a continuación trasladó la polémica al grupo mixto, donde debían entenderse Alberto Rodríguez con el líder local de Unidas se puede, Rubens Ascanio, y el portavoz de Vox, Manuel Rodríguez. El acuerdo que firmaron por exigencia de Drago Canarias otorgó la portavocía del grupo a Vox para que Drago pudiera asumir la liberación de su concejala, Carmen Peña, mientras que Unidas se puede, con más votos y los mismos concejales que los otros dos integrantes del grupo mixto, se quedara con la liberación de uno de sus ediles al 75%. 

Rodríguez renunció a cualquier cosa que favoreciera al PSOE y también a la versión local de su antiguo partido, pero se quedó con una concejala liberada. Y el poder, para Coalición Canaria.

Con la ayuda de la cadena Ser y Televisión Canaria

Aquel no fue sin embargo el primer servicio a Coalición Canaria. Durante la campaña para las elecciones autonómicas de 2023, Alberto Rodríguez fue utilizado como ariete contra el PSOE en todos los espacios de debate electoral que se lo permitían y donde CC lo lograba colocar. Los más llamativos fueron los organizados por la cadena Ser en Canarias. La emisora más seguida en la comunidad autónoma y que, en consecuencia, históricamente recibe más fondos del Gobierno canario, no disimulaba su deseo de que Fernando Clavijo regresara al poder. Y eso que el pacto de las flores (PSOE, Nueva Canarias, Podemos y Agrupación Socialista Gomera) había mantenido una alta colaboración publicitaria.

La Ser metió con calzador en los debates que organizó a Alberto Rodríguez a pesar de que su partido, que se acababa de crear, no tenía representación parlamentaria, y sigue sin tenerla. Las protestas de los responsables de campaña no sirvieron de nada. Allí estuvo la bestia parda ejerciendo de mirlo blanco de Coalición Canaria, atacando tanto al PSOE como a Nueva Canarias y a Podemos, para conseguir debilitar las alianzas progresistas y fortalecer consecuentemente a los de Clavijo.

Alberto Rodríguez se presentó acto seguido a las elecciones generales de julio de aquel 2023 bajo la coalición que lideró Sumar, pero a pesar de sus más de 52.000 votos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, no logró obtener escaño. Pero, eso sí, de aquel acuerdo con el partido de Yolanda Díaz, Drago Canarias sacó su correspondiente tajada económica: desde entonces y hasta la fecha, el salario de su jefe de prensa lo paga Sumar, lo que obliga al comunicador a tener que acudir de vez en cuando a Madrid a algún curso que justifique qué grupo parlamentario es el que le paga.

Un amplio cuestionario enviado el viernes a primera hora a ese departamento de Prensa de Drago Canarias no ha sido contestado a la hora de publicar este boletín. En él se le preguntaba por esta colaboración y por la que Alberto Rodríguez mantiene con los medios de comunicación públicos de Canarias, particularmente la Televisión Canaria. No podemos saber si cobra y cuánto cobra.

De las seis emisiones que hasta ahora ha tenido el programa de Televisión Canaria La Retranca, que pretende convertirse en el programa de referencia de debate político de la cadena, Alberto Rodríguez ha aparecido como tertuliano en cuatro. Nada cabría objetar a que una persona de izquierdas pueda sentarse a debatir con contendientes como Melisa Rodríguez, exdiputada nacional de Ciudadanos, ya retirada al menos formalmente de la política. Salvo por el hecho de que la presencia del líder de Drago es pregonada por los gestores de la cadena como la voz de la izquierda en ese plató.

De manera que la voz de la izquierda en ese programa que quiere ser referente la encarna un cargo público que, en cada ocasión que se presenta, denosta al PSOE, partido que jamás tiene quien le defienda porque el resto de tertulianos es, en su mayoría, de la plantilla de tertulianos de la cadena Ser en Canarias (Francisco Pomares, Jorge Bethencourt, Juan García Luján…). Y eso que en estas seis primeras entregas se ha abordado la crisis de credibilidad y de corrupción del partido en el gobierno seis veces, seis.

La confluencia a la que se negó Román Rodríguez

Gracias a Alberto Rodríguez, Fernando Clavijo y los suyos tienen cubierto, especialmente en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, el flanco izquierdista de la operación supervivencia que tienen diseñada. Se trataba inicialmente de dinamitar cualquier posibilidad de que una eventual coalición por la izquierda pudiera llegar a sumar lo suficiente como para que Ángel Víctor Torres, o quien coloque el PSOE en la candidatura autonómica en 2027, pueda contar con los apoyos para reeditar un pacto de las flores.

Pero ahora se ha ampliado la encomienda: se trata de conseguir la confluencia del nacionalismo tantas veces reclamada a Román Rodríguez y tantas veces denegada por el fundador de Nueva Canarias. Porque es en la provincia de Las Palmas, particularmente en la isla de Gran Canaria, donde más debilidades presenta Coalición Canaria. 

De ahí el caballo de Troya introducido en Nueva Canarias por los alcaldes de Gáldar, Teodoro Sosa, y de Agüimes, Óscar Hernández, líderes de Municipalistas Primero Canarias.

Cuando empiezan a sonar ya los tambores de víspera electoral, se desatan las colocaciones y las recolocaciones, Alberto Rodríguez ya se ha acercado a Agüimes, no a potenciar su opción soberanista de izquierdas, sino a proponer a la gente de Primero Canarias “un nuevo proyecto político soberanista y de carácter progresista”. De prosperar la idea, Coalición Canaria no solo se aseguraría una fuerza alternativa a Nueva Canarias que le restara lo suficiente como para no poder contribuir a un nuevo pacto de las flores, sino que reventaría el ya avanzado proyecto de una candidatura unida de la izquierda en Canarias para el Parlamento nacional y el canario. Drago Canarias es, por el momento, la única fuerza de esa órbita que ha dicho que no.

En la operación está Fernando Clavijo y su grupo de pensadores agrupados en su entorno en presidencia del Gobierno. Ninguno de ellos se acuesta sin consultar con su biblia de Perfiles, el instituto que les tiene al corriente de las vicisitudes demoscópicas de la región. Encuestas que comentó el presidente con Alberto Rodríguez en una reunión secreta que ambos mantuvieron recientemente y que ambos se han negado a confirmar o a desmentir a este periódico. 

Nos quedaremos con las ganas de saber qué opinaría la abuela de Alberto Rodríguez viéndolo ahora conchabado con los que le tiraban el dinero al suelo después de hacerle sus apaños en la ropa.

A unos pocos metros de la terraza de la calle Domingo J. Navarro en la que hace unos días me tomé un café con José Luis Mena, se encontraba casualmente Guillermo Reyes, el polémico concejal de Urbanismo de los años más oscuros del Ayuntamiento de Telde, cuando estallaron escándalos como el caso Faycan (2003-2007) y gobernaban de la mano Ciudadanos por el Cambio (Ciuca) y el Partido Popular. Fue un mandato tenebroso, con el alcalde y casi todos sus concejales detenidos en una secuencia interminable de sucesos de los que los teldenses parecen haberse olvidado ya porque, 20 años después, ahora mismo, están los mismos partidos al frente de la Corporación. Y, por lo que parece, con muchas ganas de repetir determinadas hazañas.

Porque para lo que me quería ver José Luis Mena era para contarme que tiene la intención de reincorporarse a ese Ayuntamiento de Telde a partir del 1 de julio, una vez cumplidas sus penas de prisión y, teóricamente, rehabilitado y listo para su reinserción social. Le pregunté por los motivos de pretender volver al lugar del crimen, con los escabrosos recuerdos que debería guardar de aquellos años en aquellas oficinas municipales; con un próspero despacho de derecho urbanístico en pleno funcionamiento y con cientos de ojos posados en su cogote a ver qué es lo que piensa hacer allí.

Me dijo que, a sus 62 años, tiene derecho a jubilarse en una plaza de trabajador público, más que nada por la paga de jubilación, pero también insinuó que acude a una llamada de las fuerzas vivas de Telde, empezando por el grupo de gobierno y siguiendo por la oposición, que reclaman la presencia de alguien como él que desbloquee una gran cantidad de asuntos administrativos que no avanzan por la demostrada carencia que tiene ese Ayuntamiento -al igual que muchos otros- de personal legalmente cualificado para gestionar complejos expedientes.

Mena se sorprendió de que a pocos metros de donde hablábamos se encontrara Guillermo Reyes, a quien en cierta medida culpó de muchas de las cosas que a él le ocurrieron y que a aquel poderoso dirigente de Ciuca apenas le rozaron. Debió ser una casualidad.

La larga sombra de Guillermo Reyes

Estábamos muy cerca del Gobierno Militar de Las Palmas, donde ocurrió uno de los episodios más pintorescos de la historia política insular que fue la antesala de la operación Faycan. El fallecido Fernando Ortiz Wiott, quien fuera alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, contó a alguien ante ese significado edificio cómo sufrió un intento de chantaje de los prebostes urbanísticos teldenses cuando ejercía de abogado y representaba los intereses de su familia, incluidos los inmobiliarios. Y se lo contó a alguien lo suficientemente relacionado como para que se activaran los servicios españoles de inteligencia, que acabaron pidiendo al Ejército las grabaciones de las cámaras de seguridad de ese día.

No hizo falta la aplicación de métodos muy sofisticados para conocer lo que denunciaba quejosamente Ortiz Wiott: le habían pedido 120.000 euros por una licencia urbanística para construir unos dúplex, y tal cantidad debía satisfacerse en el despacho de una persona dedicada al mundo sindical. El asunto, que estuvo en manos de la Policía, nunca llegó a judicializarse porque la familia prefirió someterse a los designios del urbanismo teldense, ese al que ahora José Luis Mena quiere regresar.

Tendrá que ser mediante una contratación peculiar que el Ayuntamiento no quiere dar a conocer, a pesar de haberle requerido información mediante correo electrónico el pasado día 8 mediante un cuestionario. Porque funcionario no puede volver a ser, según un decreto municipal emitido el 3 de agosto de 2015 en el que se dice claramente que José Luis Mena Santana perdió su condición de funcionario a partir de una condena (tres años y seis meses de prisión, con inhabilitación por el mismo espacio de tiempo) por falsedad documental de la Audiencia Provincial de Las Palmas en 2014.

Fue su primera condena, la del caso Alisios, cuando falsificó un informe técnico poniéndole una fecha anterior a su realización para incorporarlo al expediente correspondiente y poder autorizar una promoción en el barrio costero de La Garita.

Luego vino el caso Grupo Europa, donde fue condenado a cinco años y cuatro meses por recibir sobornos y falsificar documentos para facilitar a la empresa así llamada la construcción de viviendas donde no se podía.

Y, para que no faltara de nada en este historial judicial de Mena, también se sentó en el banquillo de los acusados en el macrojuicio por la pieza principal del caso Faycan, que estuvo presidido por el juez Salvador Alba, cuando ya estaba siendo investigado por una batería de delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones y por los que resultó condenado a seis años y medio de prisión. Alba no pudo terminar el juicio, como era de esperar, pero emitió un voto particular que en esencia fue respetado por sus compañeros de sala excepto en lo que se refería a la responsabilidad civil del partido Popular, que finalmente se confirmó con la correspondiente condena.

En este caso, Mena fue absuelto, como todos los acusados que no se conformaron con unas condenas a propuesta de la Fiscalía.

Un clamor

Asegura Mena que su regreso es un clamor, una petición a la que se ha sumado incluso la oposición. Y me dio un nombre, el del exalcalde Aureliano Francisco Santiago Castellano, de Nueva Canarias. Con él hablé a continuación para que me confirmara tal extremo. Y me lo negó.

Pero sí es cierto que este exfuncionario se ha reunido con muchísimas personas para tratar de allanar el camino a su reincorporación al Ayuntamiento de Telde. Y Paco Santiago fue una de esas personas. Según su versión, lo recibió en un sitio público, una asociación de vecinos, y fue una conversación amable, como corresponde a dos personas que se conocen desde hace muchos años y al talante conciliador que siempre ha caracterizado al exalcalde. Le animó a que hiciera lo que considerara conveniente, que ejerciera su derecho a la reinserción, pero en ningún caso le pidió que volviera a Urbanismo.

Sí reconoce Paco Santiago que el Ayuntamiento desde el punto de vista de la gestión administrativa es actualmente un desastre, que sufre una grave paralización.

Y es a eso a lo que se aferra Mena para explicar que el grupo de gobierno acepte su vuelta a la oficina de Urbanismo, justo ahora que se avecina una revisión del planeamiento municipal, con todas las circunstancias que suelen acompañar ese procedimiento administrativo.

Preguntado si cerrará su despacho de gestiones urbanísticas si se produjera su reincorporación, Mena fue tajante: lo mantendrá abierto pero renunciará a cualquier cliente que le pida que le represente en asuntos de la ciudad de Telde.

Parecía imposible igualar, y mucho menos superar, los registros de inmundicia dejados en la Autoridad Portuaria de Las Palmas por elementos como Luis Hernández, José Manuel Arnáiz o Javier Sánchez-Simón. Pero la actual presidenta, Beatriz Calzada, promete dejarlos a todos ellos como auténticos aficionados. Su gestión, su nefasta gestión, demuestra lo equivocados que estaban los que decidieron un día que había que compartir con las administraciones autonómicas la designación de esos cargos, puestos mayormente para el chanchullo y el tributo al partido de turno, al que le toca colocar a los suyos y a las suyas, aprovechándose de la “plena autonomía de gestión” que les concede la Ley de Puertos del Estado y la Marina Mercante. En fin.

El ejemplo más práctico de para qué sirve un presidente o presidenta de autoridad portuaria lo vivimos muy de cerca con la crisis del hantavirus, es decir, con la gestión del crucero MV Hondius en el puerto tinerfeño de Granadilla. Fernando Clavijo se puso flamenco anunciando al mundo, a pocos metros de varios ministros y del presidente de Puertos del Estado, que había dado instrucciones para que no se autorizara la entrada del barco en el puerto. 

Se supone que las instrucciones las habría cursado al presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, en este caso Pedro Suárez López de Vergara, de la cuota del Partido Popular, con quien gobierna Coalición Canaria. No sabemos con precisión hasta dónde llegaron las presuntas órdenes de Fernando Clavijo, si llegó a llamar a Suárez o alguien por el camino le avisó de que se dejara de boberías, que los presidentes de autoridades portuarias no pueden llegar tan lejos. Ni falta que les hace, que están para otras cosas.

Ya sabemos cómo acabó el órdago del presidente canario, tragándose sus palabras y sustituyendolas por un discurso de agravio y de oprobio metropolitano. Lo se siempre.

Fijado el marco competencial, volvamos a Las Palmas. Beatriz Calzada, secretaria de Organización de Coalición Canaria en Gran Canaria, es la número dos del partido en la isla después de ese portento de la gestión que es Pablo Rodríguez, consejero de Obras Públicas y Vivienda, sí, “y Vivienda”. Desde que llegó a la Autoridad Portuaria de Las Palmas, esta presidenta no solo se ha saltado toda la normativa respecto a la contratación de personal sino que, para que parezca que no pasa nada, aplica una táctica constante de oscurantismo que trata de escamotear con la apariencia de transparencia que desarrolla dejándose entrevistar por medios de comunicación en pay per view, es decir, pagando al peso las entrevistas con dinero de los contribuyentes.

Entre otras cosas trata de tapar un flagrante incumplimiento de una sentencia judicial que condenó a la directora de Recursos Humanos por acoso laboral sin que, por el momento, se haya actuado como ordenaba esa resolución judicial. Creyó que indemnizando a la víctima con un pastizal de dinero público las aguas iban a calmarse y que no habría más denuncias. Y ya van al menos siete.

No erradica el problema, que es la jefa de Recursos Humanos, autora del delito, según la sentencia, sino que la protege y la mantiene en su puesto, contra la que se han dirigido todas esas denuncias por acoso.

Tiene en su poder un demoledor informe que tuvo que encargar por imposición de la Inspección de Trabajo en el que se le viene a decir que la política de personal es una bomba a punto de estallar y que la culpable es ella por no actuar. Pero no actúa y nadie le indica que debe hacerlo de inmediato porque goza de autonomía respecto a Puertos del Estado, del apoyo del consejo de administración del organismo y del Gobierno de Canarias, lo que les convierte a todos ellos en cómplices.

También tiene en su poder una demoledora auditoría sobre la gestión económica y de contratación de Fundación Puertos de Las Palmas que esconde convenientemente y que a día de hoy no conocen ni siquiera los vocales del consejo de administración de la Autoridad Portuaria. O al menos la desconocen los que no son de su cuerda política pero que se sientan en ese órgano como representantes de las instituciones públicas. Nosotros se la hemos pedido (a ella y a Puertos del Estado) pero no hay manera de conocerla.

Y por si esos informes fueran pocos, también tiene (o debería tenerlo) uno del comité de empresa, fechado en mayo pasado, que relata casos concretos de nepotismo que tienen como beneficiarias a personas de Coalición Canaria o vinculadas con altos cargos de Coalición Canaria.

Son estas:

Angélica Muñoz, su mano derecha, su jefa de gabinete. Periodista, ha pasado por diversos puestos de trabajo vinculados a instituciones de la mano de Coalición Canaria, desde el Ayuntamiento de Telde a la vicepresidencia del Gobierno con Pablo Rodríguez, pasando por el grupo de consejeros de CC en el Cabildo de Gran Canaria. Es un cargo de confianza, con lo cual, poco que objetar, salvo por el nada desdeñable dato de que fue la persona que, aparentando ser una técnica, puso su firma en el informe de adjudicación por 440.000 euros de un contrato de publicidad para la agencia Kinewa Ideas del País, S.L. Junto a la suya, la firma del director de Puertos de Las Palmas, Francisco Trujillo.

Pero, ¿qué es Kinewa?

Pero, ¿qué es Kinewa? Pues es la empresa de la que era CEO Betsabé Morales Perdomo, que dimitió como tal tres días después de que Beatriz Calzada fuera designada presidenta de la Autoridad Portuaria para ser nombrada, previa defenestración traumática de su antecesora, gerente de la Fundación Puertos de Las Palmas contraviniendo todas las exigencias legales propias de una fundación del Estado.

¿Y por qué es tan importante Betsabé Morales Perdomo? Pues porque, casualmente, es la secretaria de Acción Electoral de Coalición Canaria en Gran Canaria.

Nira Pulido es la secretaria de Identidad (sic) de Coalición Canaria en Gran Canaria y figurante número siete de la lista de ese partido al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en 2023. Trabaja en la Autoridad Portuaria de Las Palmas desde marzo de 2024 como “técnica económica financiera”, plaza que obtuvo mediante un proceso selectivo que a los sindicatos del organismo huele a chamusquina. Solo se presentaron dos personas, ella y otra más, pese a que se pretendía abrir una bolsa de trabajo; se concedieron sólo tres días para cumplimentar las candidaturas y ella derrotó a su contrincante por el doble de puntos.

María Leticia Padilla Macabeo. Es hermana de Luis Padilla Macabeo, director general de Relaciones con África del Gobierno de Canarias. Según la denuncia sindical, se le incorporó a la Autoridad Portuaria de Las Palmas sin proceso alguno de selección.

Por no hablar del director de Puertos de Las Palmas, Francisco Trujillo, designado como tal en flagrante fraude de ley por haber entrado en el organismo sin cumplir los mínimos requisitos y sostenido en el tiempo (antes incluso de la era Calzada) a pesar de las numerosas advertencias, convenientemente sorteadas por la actual presidenta.

Por si todo este panorama fuera poco, la presidenta y el director de la Autoridad Portuaria de Las Palmas han publicado una convocatoria para jefe de auditoría y control interno que tiene todo el olor, el color y el sabor de ser otro caso de nepotismo. Pero, si me lo permiten, este me lo voy a guardar para comentarlo cuando se perpetre, que va a ser más interesante.

“Es legal”, me contestó con una media sonrisa el presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Emilio Moya, cuando le pregunté en 2017, en medio de un acto protocolario del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, cómo era posible que hubiera designado al juez Salvador Alba como presidente del tribunal que habría de juzgar el caso Faycán, el mayor escándalo de corrupción del Partido Popular en Canarias en la época de José Manuel Soria. Alba ya estaba imputado por varios delitos y a punto de que se le abriera juicio oral por haber conspirado contra la magistrada Victoria Rosell, causa por la que acabó siendo condenado a seis años y medio de prisión. Es legal, esa es la clave, y si no es legal, somos jueces y estamos blindados, añado de mi propia cosecha.

Al presidente de la Audiencia Provincial no le animó en ningún momento velar por la apariencia de imparcialidad, a lo que está obligado. Y es evidente que en aquellos momentos, Alba no era el juez que podía transmitir a la ciudadanía una más sólida impresión de independencia e imparcialidad. Principalmente porque su intento de perjudicar a Rosell tenía relación directa con beneficiar a José Manuel Soria, que competía con la magistrada en las elecciones generales de 2015 para acceder al Congreso de los Diputados. 

Le daban igual las críticas que pudiera recibir, al presidente de la Audiencia de Las Palmas, que había sido viceconsejero de Justicia con el PP, lo que le importaba es que nadie le hiciera un reproche legal. También le daba igual el peligro cierto, luego confirmado, de que la causa en la que Alba estaba incurso desembocara en un auto de apertura de juicio oral y tuviera que ser suspendido como juez por el Consejo General del Poder Judicial en medio de la tramitación de aquel juicio y la publicación de su sentencia. Era legal, y punto. El desenlace, que es largo de contar y que supuso que el presidente Moya tuviera que entrar en el despacho de Alba a recuperar la causa, lo tienes aquí minuciosamente contado.

Los jueces y juezas gozan en España, como no podía ser de otro modo, de un blindaje lógico por imperativo de una ley específica, la Ley Orgánica del Poder Judicial. No pueden estar sujetos a instrucciones de ningún tipo; no pueden ser trasladados, suspendidos, separados ni jubilados sino por alguna de las causas previstas en la ley. Salvo algunas excepciones que no están en la ley y que hemos conocido en casos muy concretos, como aquel modo chiripitifláutico de retirar al juez Ruz para que la causa de Bárcenas y su sucesivo caso Kitchen cayera en manos de García-Castellón.

El caso de Alba es un lawfare de manual y, como tal, una excepción absoluta por haber sido, de momento, el único descubierto, investigado y condenado. Desgraciadamente, solo fue condenado él, aunque no estuvo solo en absoluto, como ocurre con todos los demás.

Es imposible un caso de lawfare con un juez actuando en solitario. Es imposible que el juez Juan Carlos Peinado pueda haber llegado tan lejos solo. Su desmadrada instrucción del caso de Begoña Gómez no habría caminado nada sin el respaldo de la Audiencia Provincial de Madrid, que, a pesar de haberle afeado algunos de sus disparates, no ha llegado a donde tenía que llegar, a anular la mayor parte de la causa por clamorosas vulneraciones de los derechos de las personas investigadas y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Dictar auto de apertura de juicio oral sin esperar por un informe que parecía decisivo de la UCO, de la Guardia Civil, no se le ocurre ni a un juez en prácticas. Prácticas que él no hizo.

Es legal todo lo actuado por la juez de Badajoz Beatríz Biedma, a pesar de los reparos jurídicos que han manifestado públicamente la Fiscalía y la defensa del hermano de Pedro Sánchez, que ni siquiera era secretario general del PSOE cuando consiguió un empleo en la Diputación de Cáceres.

Como fue legal lo que hizo el juez José Escalonilla, el que investigó una trama que se llamó Neurona y que trataba de demostrar la corrupción de Podemos. Todo quedó archivado y Escalonilla ascendido por escalafón a la Audiencia Provincial de Madrid porque todo lo que hizo fue legal. Por el camino, claro, Podemos se dejó una parte de su reputación gracias al denodado esfuerzo periodístico de los medios de comunicación que informaron pormenorizadamente de las investigaciones sesgadas y macarrónicas de Escalonilla. Pero no lo llamemos lawfare, todo es legal.

Como también es legal lo que ha hecho la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia, que ha obligado a una jueza de instrucción a mandar a juicio a la exconsejera de la Generalitat Mónica Oltra en contra del propio criterio dos veces manifestado por su antecesor, el juez instructor, manifestados en sus autos de archivo, y en contra de la Fiscalía, que tampoco aprecia el delito que denunciaron unas organizaciones ultras al parecer con mucho predicamento. Otro caso de lawfare del que se habla poco y que ha arrastrado durante años a esta dirigente política por el fango de los medios de comunicación de la derecha.

Del mismo modo que es legal lo que podríamos denominar lawfare inverso, consistente en sacudirle de encima a determinados dirigentes del Partido Popular enojosas causas penales que podrían haberles supuesto un disgusto.

Tenemos algunos casos de rabiosa actualidad, como la Kitchen, que ahora celebra su juicio oral sin la presencia en el banquillo de las más altas instancias del PP gracias a que el juez que instruyó la segunda parte de la causa no consideró de ninguna manera que Rajoy y Cospedal fueran a tener conocimiento de aquel montaje policial para hacer desaparecer las pruebas de la financiación ilegal del partido. El descarte de García-Castellón fue bendecido por la Sala de lo Penal de la Audiencia, por lo que todo fue legal.

Por supuesto que el lawfare existe. Por supuesto que hay jueces, fiscales y agentes de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en estas operaciones. Por supuesto que hay partidos políticos no solo interesados, sino implicados a título lucrativo y a título propositivo. Y, sin duda, medios de comunicación perfectamente alineados, adiestrados, untados… porque sin ellos el lawfare no funcionaría. Es necesario que las personas, los partidos, las familias… sufran el escarnio público del insulto y la condena sin juicio y sin pruebas para que se pueda extender de manera efectiva la sensación de que si no gobierna la derecha este país es una mierda.

Estamos asistiendo cada día con más saña a descripciones periodísticas verdaderamente hiperbólicas, como llamar “trama” a toda instrucción, aunque esté en fase embrionaria, o “botín” a las joyas por aparecer “escondidas” en una caja fuerte en vez de mostrarse con toda su brillantez en un tendedero. 

Es una pena que el PSOE haya tardado tanto en descubrirlo, que le hayan tenido que condenar a un fiscal general del Estado para empezar a verbalizarlo con toda su crudeza. Es una pena que no haya mecanismos más severos para desenmascarar a los agentes que intervienen en estos procesos perversos. Pero la ciudadanía debe exigir que estas cosas cambien para que los que tanto reclaman respeto por los poderes del Estado empiecen por respetarse a sí mismos.

Posiblemente sea yo uno de los periodistas que más sabe de lawfare en España, aunque me habría gustado no haber adquirido esos conocimientos de la manera que los estoy sufriendo aún. En unos días vuelvo a comparecer ante la Audiencia Provincial de Madrid para dilucidar qué órgano me va a enjuiciar por los delitos de revelación de secretos, odio y acoso que presuntamente cometí cuando el periódico que dirijo publicó todas las andanzas del juez delincuente Salvador Alba Mesa. Él y su esposa, la letrada de la Administración de Justicia Teresa Lorenzo Establier, piden para mí 22 años de cárcel y 422.000 euros de indemnización. Me quieren callado para siempre, pero no lo van a conseguir. Son los coletazos del único lawfare de España con condena. 

Como dicen los cubanos tan sabiamente, lo que ocurre conviene, y ya que me ha tocado ver, oír y tocar un lawfare por dentro, lo saludable es desentrañar lo que veo en el mundo de la política, los medios y la judicatura española cuando estallan con tanto descaro estos asuntos que estamos viviendo cada día con más intensidad.

La visita del Papa a las Islas Canarias será un acontecimiento histórico. Mucho más allá de lo que va a significar para el resto del país. Esta no es una aclamación chauvinista, ni una reafirmación nacionalista barata. León XIV ha aceptado venir a las Islas porque con ellas podrá hacer que se visibilice hacia el mundo su posicionamiento ante uno de los fenómenos más cruciales de cuantos está viviendo la humanidad en estos momentos: la inmigración.

El Papa quiere reiterar desde Canarias los mensajes que ha venido lanzando estos últimos meses, pero quiere estar rodeado de personas migrantes, las que han venido en pateras y cayucos y las que han venido en vuelo regular y han decidido quedarse en Canarias, en España, en Europa para iniciar una vida mejor. Por eso visitará Las Raíces, en La Laguna, y el muelle de Arguineguín, en Mogán, lugares señeros de la Ruta Canaria, la más mortífera de todas las conocidas, con 365 personas que se han quedado por el camino.

Aquí, en Arguineguín, donde se produjo en 2020 un hacinamiento de hasta 2.500 personas que condujo a duras críticas al Gobierno, el Papa será recibido por la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno y el director general de Puertos de Canarias, José Gilberto Moreno, según decidió hace unas semanas el Obispado de Canarias en contra de algunas opiniones que lo desaconsejaban por la actitud que la primera autoridad municipal ha mostrado históricamente contra la inmigración, frontalmente contraria a la del pontífice.

Por sus hechos ya la conocemos de sobra

Las hemerotecas están plagadas de declaraciones y decisiones de la alcaldesa de Mogán que hacen aconsejable que el Papa dirija hacia ella sus mensajes de conciliación, como ha hecho con Donald Trump por sus inhumanas políticas migratorias.

El numerito más señero de cuantos ha protagonizado Onalia Bueno quizás haya sido el de alquilar tres guaguas para trasladar a 227 inmigrantes desde Arguineguín hasta la Delegación del Gobierno, en Las Palmas de Gran Canaria (65 kilómetros) cuando la Policía Nacional decidió descongestionar el muelle dejando en la calle y sin atención a esas personas una vez fue verificado su estado de salud.

Emulaba de este modo a quien fuera su líder ideológico, José Manuel Soria, que en 2001, siendo alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, desalojó del parque de Santa Catalina a un amplio grupo de migrantes que dormían al raso, los metió en un avión y los mandó a Madrid sin encomendarse a nadie y sin avisar a las autoridades de esa comunidad autónoma.

Tenía la razón la alcaldesa en cabrearse con el ministro del Interior por provocar esa desatención a esos migrantes, pero su gesto de trasladarlos en guagua a la Delegación del Gobierno, más que una protesta era un nuevo gesto de desembarazarse de un asunto que le irrita sin disimulo.

Onalia Bueno nunca quiso que Arguineguín, y por extensión todo el municipio de Mogán, fuera lugar de llegada de las embarcaciones en las que huyen de la pobreza, de la persecución y la muerte las personas migrantes. Lo dejó muy claro desde el principio y lo elevó a la máxima categoría del imposible institucional cuando en 2023 llegó a proclamar en un pleno de su Ayuntamiento que iba a pedirle al Gobierno de Canarias que echara del puerto de Arguineguín a las dos embarcaciones de Salvamento Marítimo que tienen allí su base para rescatar a los cayucos que piden ayuda en la mar.

El motivo humanitario que arguyó es que esas labores perjudican la actividad comercial y turística del municipio, y eso no puede ser. Se refería en concreto a los barcos turísticos de recreo que veían dificultada su operatividad al encontrarse que los atraques estaban ocupados por esas embarcaciones de salvamento y, a veces, por algún cayuco. No dejó muy claro la alcaldesa si molestaba más el cayuco o las dos patrulleras oficiales, pero por el tono de sus críticas mucha gente adivinó claramente la intencionalidad xenófoba de los comentarios porque se detuvo bastante en la palabra “suciedad”.

Esa posición la volvió a manifestar cuando montó en cólera al enterarse de que para dar cobijo a los muchos inmigrantes que llegaron aquel año terrible de la pandemia, el Gobierno se vio obligado a contratar hoteles -cerrados por la falta de turistas- para que aquellas personas no se quedaran en la calle tras abandonar el puerto de Arguineguín. 

En noviembre de 2020 dio un ultimátum tanto a los hoteleros como al Gobierno para que sacaran de su municipio a esas personas con la amenaza directa de sancionar a las empresas con fuertes multas por dañar la imagen turística de su municipio, en aquellos momentos con todas las camas disponibles por razones obvias.

Como dato curioso, la rueda de prensa que convocó para informar al mundo de su decisión de perseguir a quienes alojaran inmigrantes, se celebró dos meses después de haber sido detenida por la Guardia Civil por la presunta trama de compra de votos en las elecciones municipales de 2015 y 2019, que por supuesto ganó. La alcaldesa vinculó su detención y la operación de la Guardia Civil a “la defensa de los derechos humanos” que ella hacía desde su cargo y sus críticas a la política migratoria del Gobierno español.

Sus actuaciones contra el alojamiento a inmigrantes la condujo incluso a convocar a la ciudadanía moganera a manifestarse frente a esos hoteles para coaccionar a sus propietarios. Cuando se dio cuenta de su desatino dijo que, en realidad, aquella manifestación, que se celebró el 27 de noviembre de 2020, el año de la pandemia, fue convocada por una supuesta plataforma vecinal que actuó espontáneamente en respuesta al rechazo de su alcaldesa a los inmigrantes en el municipio. 

Los gritos proferidos en aquella manifestación contra las personas migrantes fueron propios de un pueblo racista y xenófobo, contrario a los más básicos principios cristianos. Parte de ese mismo pueblo acudirá ferviente a recibir a Su Santidad, seguro.

No pagar ni los entierros

Por no quererlos, Onalia Bueno no quería a los inmigrantes ni siquiera muertos. En septiembre de 2023 dijo que su Ayuntamiento no iba asumir ni un enterramiento más porque, a su entender, al haber muerto en el mar, debía ser el Estado el que asumiera los costes y la búsqueda de nichos disponibles, que los suyos eran para sus vecinos. El reglamento de Política Sanitaria Mortuoria establece que deben ser los ayuntamientos los que se hagan cargo de los gastos de los entierros por beneficencia de las personas sin recursos fallecidas dentro de su término municipal. El coste por enterramiento iba de 600 a 1.000 euros, y por ahí no quería pasar tampoco la alcaldesa.

La prioridad española referida también a los nichos.

La visión del fenómeno de la inmigración que tiene la alcaldesa que va a recibir con una genuflexión al Papa se asemeja mucho al de Donald Trump, en Estados Unidos, y a la de Vox, en España, justo los modelos que rechaza León XIV y que están en el origen de elegir Canarias como una de las estaciones de su visita a España. Quizás hubiera sido más acertado el muelle de La Restinga, en El Hierro, que ha sufrido similar presión humana y asistencial y cuyas autoridades y ciudadanía han respondido de una manera mucho más civilizada que la que ha capitaneado la alcaldesa Onalia Bueno.

Que el Partido Popular ha aprendido mucho de la corrupción, de eso no hay duda. Tanto como para saber sortear los casos que le incumben diciendo que son cosas del pasado, de hace tres o cuatro legislaturas, cuando Núñez Feijóo ni siquiera había nacido. Lo que no habíamos confirmado hasta ahora es que haya aprendido tanto como para colocar al frente de una de sus directivas locales a un acreditado experto en corrupción, de esos de seis sentadillas en el banquillo de los acusados, con la Fiscalía pidiendo para él mucha prisión y mucha más inhabilitación… 

Ocurrió este sábado en Las Palmas de Gran Canaria, en un acto presidido por el secretario general nacional de la formación, Miguel Tellado, un espíritu de moderación y consenso, que se acercó por estas tierras asirocadas a investir presidente de la gestora del PP de Gran Canaria nada menos que al diputado nacional Carlos Sánchez Ojeda. Comisión Transitoria de Gobierno del PP de Gran Canaria la han llamado, porque ya es sabido que los nombres largos, y a ser posible compuestos y con guiones por medio y tal, dan más apariencia de nobleza, tradición y raigambre.

Había más testigos de excepción en ese fastuoso evento, además de Tellado. Estaba el presidente regional del PP, Manuel Domínguez, un ser muchas veces indescifrable que sufre en silencio su pacto de gobierno con Fernando Clavijo y que, en ocasiones, va más allá que él y en otras, se retrae, coloca las manos delante de su ombligo en señal de recogimiento, y se hace unas fotos en plan interesantón para que sigamos creyendo que sigue ahí trabajando como un sacrificado e incansable servidor público.

El sábado Domínguez otorgó a Tellado el título de “casi canario” porque “ha venido por aquí más veces que Ángel Víctor Torres de ministro”, lo cual no solo es mentira, sino una adulación tan innecesaria como empalagosa porque Tellado a él lo iba a querer igual sin soltar esa patujada.

Pero en ese acto del hotel Santa Catalina, al que Barceló llama ahora Santa Catalina, a Royal Hideaway Hotel, había más personalidades que hicieron grande al PP y que luego lo hundieron en el escándalo.

Por ejemplo, estaba José Manuel Soria, otro gran experto en corrupción, quien con su presencia no solo avalaba el nombramiento de Carlos Sánchez como nuevo jefe de centuria -dicho sea para resumir-, sino que también acudía a relacionarse con las altas esferas del Partido Popular para que no olviden que se sigue dedicando al poder y los negocios desde el mundo de la empresa, después de dejar en 2016 el poder y los negocios desde el mundo de la política por los chingones papeles de Panamá y todo lo que colgó de ellos.

Soria, como ya es sabido, se dedica ahora a asesorar a grandes empresas del más variado pelaje, desde las del mundo de la automoción -verbigracia Volkswagen-, a las que ayudó mucho en la crisis del dieselgate, al de las energías renovables, a las que estuvo a punto de hundir para siempre desde el mismo Ministerio de Industria, Energía y Turismo con el hachazo que provocó al sector siguiendo “instrucciones de arriba”, según contó a este periódico en una ocasión uno de sus más directos colaboradores.

Soria compartía consejo de ministros con Cristóbal Montoro, es bueno recordarlo siempre, el que ahora está siendo investigado por un juzgado catalán (en Madrid no se atreven a esas cosas) por presuntamente dejar que una empresa suya cobrara unas comisiones por arreglarle unos impuestos a empresas del sector energético que regulaba su colega el canario.

La experiencia corrupta de Carlos Sánchez

Pues bien, a lo que íbamos. Entre Tellado, Domínguez y Soria vinieron a bendecir ante el mundo el mayor ascenso orgánico de un acreditado especialista en corrupción, que se ha sentado más de media docena de veces en el banquillo, que ha resultado absuelto en seis de ellas y condenado solo en una ocasión, precisamente la única vez que el asunto que lo llevó ante un tribunal no estaba directamente relacionado con su desempeño como político.

Es posible que se trate del político español que en más ocasiones ha estado incurso en investigaciones judiciales por casos de corrupción. Al menos la IA, esa de las ratas de Clavijo, no ha detectado otro con más casos, lo cual conduce a pensar que en el PP no consideran posible que Sánchez (Carlos) vuelva a meter la pata una vez más.

A Carlos Sanchez le cogieron la matrícula en un par de ocasiones en el Ministerio Fiscal. La ocasión más escandalosa fue la que protagonizó siendo concejal de Urbanismo en Santa Brígida, cuando se descubrió que había conseguido (con o sin querer) que su propio ayuntamiento dejara de cobrarle los tributos entre 2002 y 2004, en connivencia (eso llegó a decir la acusación) con el entonces concejal de Hacienda y posteriormente alcalde, Antonio Díaz. El fiscal Miguel Pallarés pidió para Sánchez nueve meses de prisión y cuatro años de inhabilitación para empleo o cargo público, y para su compañero Díaz, 16 años y medio de prisión y 53 años de inhabilitación para cargo público por hasta ocho delitos diferentes.

Fue absuelto Sánchez porque el tribunal no encontro ninguna prueba que lo relacionara en las instrucciones que Antonio Díaz dio como edil de Hacienda para que se paralizase cualquier cobro ejecutivo contra las personas incluidas en su lista de privilegiados elusionistas, con e de elusión fiscal. La verdad judicial frente a la verdad material.

Algo parecido le pasó al flamante presidente provisional de la Comisión Transitoria de Gobierno del PP de Gran Canaria con otro asunto que lo llevó al banquillo de los acusados, la concesión de una licencia para construir 27 chalets en una zona de La Atalaya que incluía un pedazo de suelo rústico. Pero tuvo la suerte de que la jueza que lo juzgó junto a dos técnicos municipales apreció que no hubo delito porque había informes que avalaron algunas de las decisiones contra las que un perseverante vecino, cabreado por el estropicio ambiental y urbanístico, luchó hasta el final.

Como concejal de Urbanismo no dejó de tentar a la Justicia. Se le relacionó con el caso Brisan, de facturas falsas en la misma época y en el mismo jacarandoso ayuntamiento, y de él, un juez abrió una pieza separada para investigar el que se llamó el caso del mamotreto de El Monte, un complejo de chalets con su parking subterráneo que aún hoy, veinte años después, sigue dando problemas. Un juez le atribuyó en esa causa prevaricación, fraude y exacciones ilegales, tráfico de influencias y malversación de caudales, pero también resultó absuelto.

Y de remate, cómo no, Sánchez estuvo involucrado en el caso Unión, uno de los mayores escándalos de corrupción de Canarias, localizado en Lanzarote. La famosa Unidad contra el Crimen Organizado (UCO) de la Guardia Civil le atribuyó un papel fundamental en el intento de uno de los principales encartados en aquella trama, Luis Lleó, de vender al Gobierno de Canarias un inmueble de su propiedad en la Marina de Naos (Arrecife), para que fuera destinado a edificio de usos múltiples. ¿Quién era el receptor de esas gestiones en el Gobierno regional? Pues nada más y nada menos que José Manuel Soria, por entonces consejero de Economía y Hacienda y vicepresidente del Ejecutivo.

Las sospechas que recayeron sobre Carlos Sánchez cifraron en 200.000 el importe de la comisión que se llevaría por la operación. Por entonces, año 2008, ya había constituido la sociedad Explotación y Gestión de Inversiones Siglo XXI, dedicada precisamente a eso, al sector inmobiliario. De esa empresa sigue siendo a día de hoy partícipe único, según su declaración de bienes en el Congreso de los Diputados. 

Pero del caso Unión también se libró.

Ninguno de estos escándalos disuadió al PP de Canarias de la conveniencia de dejar de contar con Carlos Sánchez para la política. Es más, cuando los primeros delitos que se le atribuyeron afloraron, lo hicieron consejero de Hacienda del Cabildo de Gran Canaria y portavoz de los populares.

Luego, con las aguas más calmadas, lo auparon a diputado nacional, donde ha pasado sin pena ni gloria y donde sigue a día de hoy ocupando escaño.

Hasta que ahora han decidido ponerlo a trabajar para que sea el que levante el PP en Gran Canaria. O lo hunda.

Canarias acaba de desaprovechar una oportunidad histórica para colocarse en el mapa de la modernidad, de la europeidad, de la vanguardia. De salir del aldeanismo en el que muchas de las autoridades que nos han gobernado y todavía nos gobiernan se empeñan en meternos y en dejarnos para que creamos que ellas mismas serán las que un día nos saquen. Les conviene que nos sintamos un pueblo inferior, sometido, doblegado por el yugo de la metrópoli, un pueblo incapaz de valerse por sí mismo y dar ejemplo al resto del planeta. 

Es lo que ha ocurrido con la desgraciada gestión política del Gobierno regional con la crisis del hantavirus y el traslado del barco donde se detectó este brote hasta la isla de Tenerife. Es “el modo canario de hacer política”, del que presumen Fernando Clavijo y su tropa de desquiciados y sectarios asesores. 

El episodio vivido la noche del pasado sábado en el puerto de Granadilla fue la guinda que coronaba la sucesión indecente y peligrosa de despropósitos que ha protagonizado este gobierno canario desde que estalló esta crisis. El destino, que es muy terco, quiso que fuera ese puerto el escenario del desenmascaramiento final de la profunda torpeza que adorna al presidente de Canarias. Granadilla es, conviene recordarlo, una de las manifestaciones más elocuentes de la corrupción de Coalición Canaria: un puerto inservible, levantado en una zona inadecuada con el único propósito del enriquecimiento de dirigentes y empresarios del régimen que previamente compraron todos los terrenos anexos para promover un gran polígono industrial al socaire de un puerto que pagaron todos los españoles.

Por primera vez en su historia de despropósitos, Granadilla va a servir para algo: para una operación sanitaria y humanitaria de importancia global y, a su vez, para que el resto del mundo señale a Canarias por la vergüenza que provocan sus dirigentes públicos.

Ver a Clavijo anunciando que su gobierno prohibía la entrada del Hondius porque las operaciones de desalojo del buque iban a tardar un día más de lo inicialmente previsto, fue, hasta ese momento, el espectáculo más bochornoso protagonizado por un presidente de Canarias. Pero, a continuación, saber que mantuvo por WhatsApp una discusión con la ministra de Sanidad, Mónica García, sobre la capacidad natatoria de las ratas aportando como gran prueba científica un contenido generado por inteligencia artificial superó cualquier previsión sobre la incapacidad manifiesta de este señor para seguir gobernándonos.

Sostiene Clavijo, en un alarde más de negligencia, que el barco puede tener ratas de las que contagian el virus objeto de esta crisis sanitaria, y que cuanto más tiempo pase fondeado en Granadilla, más peligro habrá de que alguna salte al agua y se venga nadando a la orilla para contagiarnos a todos mortalmente. Olvida Clavijo que el contagio cero se produjo en la Patagonia a través de excrementos de unos ratones concretos que se quedaron allá y que los dos pasajeros del buque fueron a ver aves, no ratones, y que por lo tanto, no se llevaron a ninguno al barco.

Sin ampararse en ningún informe científico, sin más aval que su propia ignorancia y la de la pandilla de indocumentados que le rodean, Clavijo ha transmitido a la población de Canarias una alarma absolutamente irresponsable con el único objeto de convertirse en el héroe defensor de la salud de la gente.

Desgraciadamente, la deriva irresponsable del presidente canario no comenzó con los lamentables episodios del sábado. Su negativa a que el buque viniera a Canarias aduciendo los mismos peligros de manera injustificada quedará para los anales de la irresponsabilidad institucional y de la carencia más absoluta de solidaridad y de empatía.

Se empeñó en que la decisión de traer el barco a las Islas era una imposición de Pedro Sánchez para joder a los canarios. Como todo el mundo sabe, menos él, fue una decisión legal y humanitaria acordada a partir de las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que determinó que Cabo Verde, donde inicialmente estuvo fondeado el Hondius, no cuenta con los recursos sanitarios necesarios para manejar una emergencia epidemiológica de este calado que, descontrolada, podría haber afectado a toda África, y a continuación, al resto del mundo.

Por su cercanía geográfica, era Canarias el punto más cercano para atender la emergencia, y lo que debía llenarnos de orgullo y de sello de modernidad se convirtió de repente en motivo de vergüenza por la reacción absurda de nuestras autoridades. Cabo Verde tiene un PIB per cápita de 5.000 euros, frente a los 25.800 de Canarias. Invierte en Sanidad 157 euros por persona y año, frente a los 1.764 de Canarias. Los números cantan, pero la experiencia científica y hospitalaria, y las capacidades para cumplir con los protocolos, más todavía.

Aquí lo explicamos para personas interesadas en deshacer tanto bulo y callar a tanto hablamierda.

En vez de ofrecernos desde el primer momento como puerto, de levantar la bandera de la hospitalidad de la que siempre presumimos, Canarias eligió el camino de la insolidaridad y del rechazo a la acogida humanitaria como si fuéramos unos desalmados. Presumimos de ser un territorio europeo en medio del Atlántico, un hub tricontinental, la avanzadilla de Europa en África… y cuando tenemos que arrimar el hombro le decimos al mundo que lo mejor es Cabo Verde.

Para colmo, mandamos un mensaje al turismo muy preocupante: no estamos capacitados para atenderles en caso de que los turistas enfermen, y si se demostrase que en realidad sí que lo estamos, no queremos atenderles, así que vuelvan por donde han venido.

Tenerife es lo primero

Fernando Clavijo es un político con muy poca visión. Su alcance se limita a lo que pueda ocurrir en las próximas elecciones, que precisamente son el año que viene. Gobierna Canarias pese a haber perdido las elecciones gracias al respaldo del Partido Popular (que también se ha sumado a la mascarada) y a la Agrupación Socialista Gomera del poliédrico Casimiro Curbelo, que de momento no ha llegado tan lejos como hizo con la crisis del volcán de La Palma, cuando sugirió que lo mejor era movilizar a los cazas del Ejército del Aire y disparar misiles sobre la colada de lava para desviarla. 

La crisis del hantavirus se disparó realmente para Coalición Canaria en el momento en el que se decidió que el barco se dirigiera a Tenerife. Hasta ese momento, Clavijo no se había quejado de la falta de comunicación con el Gobierno de Pedro Sánchez, ni había tenido la desafortunada ocurrencia de proclamar al mundo que la sanidad canaria no está preparada para estas vicisitudes. Ahora ya sabemos cuántas fueron las llamadas que recibió de varios ministros y ministras, la información que manejó, lo conforme que estaba con la coordinación institucional… hasta que se mencionó la isla de Tenerife.

En Tenerife es donde tiene Coalición Canaria su mayor granero de votos, donde nació la Agrupación Tinerfeña de Independientes, el auténtico germen insularista que, con la suma de otras once parecidas inquietudes, dio lugar al partido que lleva casi 35 años de vida, la mayoría en el machito. Por eso, llevar ese barco a Tenerife supuso desde el principio para Clavijo y los ideólogos que le asesoran una oportunidad para agitar el avispero de las bajas pasiones y retomar la confrontación contra el Gobierno del Estado.

Cuando se entra en esa dinámica de desaforada confrontación se utilizan todas las herramientas, incluidas las que menos convienen al desaforado. Porque lo que se disputan Coalición Canaria y el Partido Popular en las próximas elecciones, particularmente en la isla de Tenerife, es un puñado de diputados autonómicos con Vox y perder a la única representante que tiene en el Congreso de los Diputados. Sí, aunque pueda parecer increíble, hay muchos votantes de Coalición Canaria que son de extrema derecha, que han heredado las palpitaciones de ATI desde las postrimerías del franquismo, que luchan denodadamente para que no se retire el monumento a Franco de la Avenida de Anaga, en Santa Cruz de Tenerife… Y a esos votantes va dirigida esta diatriba que tanto se parece a la que ha agitado estos días Santiago Abascal.

Por el mismo motivo se han sumado a esta chaladura el vicepresidente del Gobierno, Manuel Domínguez, que a su vez es presidente del Partido Popular de Canarias, y la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, de CC, que también ha alarmado peligrosamente a la población con su discurso insolidario y plagado de falacias, exacerbando un sentimiento que a ATI siempre le ha resultado rentable políticamente: Tenerife, lo primero; Madrid nos agravia; Gran Canaria nos expolia… Porque, efectivamente, de paso, ya que están cabalgando a lomos de este caballo de fanatismo desbocado, han aprovechado para cargar contra autoridades grancanarias atribuyéndoles falsamente haber movido sus influencias para esquivar el buque.

Da igual la imagen grotesca que se ha transmitido de Canarias, convenientemente amplificada por los medios de comunicación de titularidad autonómica y los convenientemente alimentados con el presupuesto regional. De ser un pueblo hospitalario, abierto y cariñoso, hemos pasado a parecer insolidarios y rancios, además de desinformados y groseros.

Desgraciadamente para este pueblo, Fernando Clavijo sabe que no está solo. Le sigue como un ejército fiel un buen grupo de estómagos agradecidos, los que siempre han estado con el piquito abierto cuando gobierna Coalición Canaria y las garras afiladas haciendo todo lo posible para que retome el poder las pocas veces que lo ha perdido. Además de una amplia tropa de medios de comunicación que no quieren perder las prebendas que llegan puntualmente del presupuesto de la comunidad autónoma cada vez que llega Coalición Canaria a repartirlo sectariamente.

Pero con esta crisis del hantavirus, y especialmente con el papelón del sábado por la noche desde Granadilla, el presidente de Canarias ha firmado el final de su carrera política. Los mismos que todavía hoy le aplauden y le jalean le retirarán más pronto que tarde el respaldo cuando alcancen a apreciar el daño reputacional que va a suponer para Canarias la negligencia de este presidente y de todo el equipo que le ha seguido en esta deriva suicida hasta el final.

Están siendo semanas aciagas para el buen nombre de la justicia en España. Al atrabiliario auto de apertura de juicio oral del juez Peinado siguió la elocuente conferencia del juez de Violencia sobre la Mujer David Yehiel Maman Benchimolen en el Colegio de Abogados de Madrid, donde parece que algunas de sus señorías se sienten muy cómodas y dejan fluir su verbo. Ahora, con los juicios simultáneos sobre el caso mascarillas -en el Supremo- y el caso Kitchen -en la Audiencia Nacional- estamos asistiendo a unas representaciones de las que habría que esperar que saliera un fortalecimiento de ese poder del Estado, pero por el modo que están teniendo el presidente y la presidenta, respectivamente, de esos tribunales, yo no me haría muchas ilusiones. De entrada, habría que remitirse a cómo fueron las instrucciones de ambas causas. La de las mascarillas, en el Supremo, donde se sienta un exministro y ex secretario de Organización del PSOE, fue rapidísima, vamos a pensar que porque el alto tribunal español está mucho más descargado de tarea que otros. Tiene otra cualidad muy destacada, que es la presencia en el banquillo de un empresario corruptor, Víctor de Aldama, que, por lo que dice la Fiscalía Anticorrupción, ha colaborado con la investigación se supone que aportando unas pruebas que está costando convertir en solventes. Gracias a esa presunta colaboración, el fiscal jefe de ese departamento, Anticorrupción le ha otorgado grandes beneficios: de entrada, la libertad de la que no gozan los demás acusados, y eso a pesar de que es el principal encartado en otra trama, la de los hidrocarburos, por la cual le birló al Estado casi 200 millones de euros en IVA. Pero, ya ven, mientras los demás están en prisión por riesgo de fuga o de destrucción de pruebas, De Aldama está libre y tan campante repartiendo acusaciones, siempre en la misma dirección, que es una de la calle Ferraz, y las mismas cabezas, altos cargos del PSOE, empezando por el presidente del Gobierno y algunos de sus ministros. Mientras dispare por ahí no habrá presidente de tribunal que lo llame al orden o a que se ciña al procedimiento, ni fiscal que pida para él la pena que le corresponde como el gran corruptor que es de esa trama de las mascarillas. 

Lo de Ángel Víctor Torres

Víctor de Aldama ha decidido liberar al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática de la pesada losa acusatoria que colocó sobre él al señalarlo como receptor de comisiones corruptas, ora en forma de mordidas de hasta 50.000 euros, ora como beneficiario de los favores de unas señoras con las que habría compartido meublé en la calle de Atocha. A pesar de no haber presentado ni una sola prueba durante todo el tiempo durante el cual duró esa chaflamejada, este corrupto ha gozado no solo del respaldo de la Fiscalía Anticorrupción, sino también de todos los medios de la derecha española, que han relatado con todo lujo de detalles unos hechos que jamás ocurrieron. Y no solo eso, se permitieron incluso anunciar su publicación con semanas de antelación dando por buena la palabra de este impresentable que estos días, ante el Tribunal Supremo, se ha permitido decir que Pedro Sánchez es el cabecilla de la trama sin que ese asunto esté en la causa que se está enjuiciando y sin que el presidente del tribunal, el que estuvo tan diligente contra los testigos incómodos en el juicio contra el ex fiscal general del Estado, lo haya interrumpido para reconducirlo. Espero que Ángel Víctor Torres ejerza (si no lo ha hecho ya) acciones contra Víctor de Aldama, y que la justicia y la fiscalía que tenemos no vuelvan a protegerlo como han hecho con él tan vergonzosamente.

Lo del juez Ruz

Lo ocurrido con la otra instrucción, la del caso Kitchen, ha sido muy comentado por diversos medios informativos y tertulias radiofónicas y televisivas. Un juez muy agradecido al PP, y con motivos, García Castellón, blindó a la cúpula de ese partido para que el escándalo de la policía corrupta no le afectara. No voy a contar lo que está tan trillado. Pero sí algo que está pasando desapercibido: lo que pasó con el juez Pablo Ruz, que estaba al frente de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional cuando se empezó a investigar lo que todavía se llamaba caso Bárcenas. Según ha declarado ante el tribunal el inspector jefe de la UDEF Manuel Morocho, ahí empezaron las presiones de la superioridad policial, alentada desde el Ministerio del Interior en manos del PP. Ni a Morocho ni al juez Ruz los dejaron trabajar para profundizar en el espionaje ilegal que se promovió para intentar evitar que los papeles y las grabaciones que tenía el extesorero del PP pudieran incorporarse a la causa que llevaba aquel juzgado, el que pudo concluir con éxito la operación Gürtel, por la que fue condenado el PP como responsable a título lucrativo, mira tú qué cosas. Al juez Ruz lo acabaron desplazando de la Audiencia Nacional, donde se encontraba como sustituto, para mandarlo de nuevo a su juzgado de Móstoles. Para acojonarlo le soplaron al oído que su padre iba a tener problemas con Hacienda, y el hombre entendió el recado. El siguiente recado se lo dieron al juez García Castellón, que por entonces se encontraba disfrutando de un relajado destino en el extranjero gracias a la generosidad del Consejo General del Poder Judicial, ese que el PP tuvo engrilletado tantos años. Le dijeron que tenía que volver a su plaza de la Audiencia Nacional, donde, ¡oh sorpresa!, le cayó la pieza separada llamada caso Kitchen, que es el que instruyó y el que estos días se repasa (de aquella manera) en un tribunal de la Audiencia Provincial.

Perdonen que hable de mi libro

Tengo motivos de sobra para decir que la justicia en España es un cachondeo, como diría aquel famoso alcalde de Jerez, Pedro Pacheco, al que condenaron por semejante atrevimiento. La única condena penal que tengo en mi historial fue fruto de una trama muy bien orquestada para intentar acabar con un periodista de provincias incómodo con el poder político, entonces en manos, cómo no, del Partido Popular. José Manuel Soria se querelló contra mí precisamente por un Top Secret en el que contamos cómo fue el caso La Favorita, por el que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, cuando él era alcalde, hizo un pase con el empresario Santiago Santana Cazorla, para que este comprara una vieja fábrica tabaquera (La Favorita, del famoso y asesinado Eufemiano Fuentes) por un precio y el ayuntamiento se lo comprara a él por siete millones más. La operación coincidió con un viaje a Suiza del concejal de Hacienda y con una cuenta en ese paraíso fiscal a nombre de la empresa que hacía la operación. La querella se tramitó por injurias y calumnias y una jueza paracaidista, puesta en aquel juzgado de lo Penal para condenarme, me condenó. Mi recurso cayó en la Sección VI de la Audiencia Provincial de Las Palmas, y un tal Salvador Alba Mesa, actuando de ponente, ratificó la sentencia añadiéndole de su cosecha unos cuantos versos dedicados. Ya por entonces el juez Alba tenía ambiciones personales de altas miras, y una de ellas, mira tú qué cosas, era conseguir una plaza en la Audiencia Nacional, sin despreciar en absoluto que lo hicieran vocal del Consejo General del Poder Judicial, al que también optó. Y para eso, el querellante, mi querellante, José Manuel Soria, era una pieza trascendental. Como lo fue, por ejemplo, para que el Consejo General del Poder Judicial nombrara presidente al actual presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro Miranda, justo cuando, en su calidad de presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, presidía un juicio por corrupción contra el portavoz de Economía del PP canario, Jorge Rodríguez, en un caso destapado por Canarias Ahora. Rodríguez es casualmente ahora el abogado de Salvador Alba Mesa en la causa que se sigue contra mí en la Audiencia Provincial de Madrid, ante la que me tendré que sentar en cuestión de meses para responder a la petición de 22 años de cárcel formulada por ese mismo juez delincuente y su señora esposa, la letrada de la Administración de Justicia Teresa Lorenzo Establier. Me acusan de revelación de secretos por contar las aventuras y desventuras de este exjuez corrupto, además de endosar dos delitos más: odio y acoso. He llegado hasta la apertura de juicio oral sin que Alba y su abogado hayan presentado el menor indicio de prueba contra mí después de que él fuera condenado por maniobrar a favor de José Manuel Soria, una vez más, perjudicando a la que en 2015 fue adversaria del ministro de los papeles de Panamá a las elecciones generales, Victoria Rosell, mi pareja. Todavía estoy esperando un comunicado de condena de la Asociación profesional de la Magistratura, la APM, de la que Alba llegó a ser presidente para las Islas Canarias. Un comunicado como el que emitieron cuando miembros del Gobierno y miles de personas criticamos el auto del juez Peinado. Pero ya se sabe, tenemos una justicia a la que le cuesta sacudirse las rémoras del pasado y que está mayoritariamente ejecutando la orden de que el que pueda hacer, que haga.

No corren buenos tiempos para el buen nombre de la justicia. Bueno, en realidad, nunca han corrido buenos tiempos para el buen nombre de la justicia. Pero ahora que determinadas asociaciones de jueces y juezas, determinados partidos políticos y abundantes todólogos, todos ellos y ellas con debilidad por la derecha, se escandalizan por las críticas que ese poder del Estado recibe, parece conveniente recordar algo que parecía indiscutible: que todas las resoluciones judiciales son criticables y sus autores se tienen que aguantar. Con jota. El de las resoluciones extrañas, incluso estrafalarias e injustas, es un asunto muy recurrente, sobre todo para periodistas que hemos visto burros volando en las sedes judiciales de aquí o de allá. Pero hoy vamos a referirnos a uno que sigue dejando secuelas porque su sonoro carpetazo por parte del Tribunal Supremo está sufriendo una mala digestión. Me refiero al caso Reparos, uno de los dos que condujeron a Fernando Clavijo a aforarse ante el más alto tribunal de la patria y hacerse en el mismo lote con los servicios de José Antonio Conseguidor Choclán. Resulta enternecedor que un presunto nacionalista se vea obligado a creer más en la justicia que se imparte en la metrópolis que la que pueda impartir un juez o una jueza en su propia tierra, donde se supone que habrían de tenerse más en cuenta todas esas cosas de las circunstancias territoriales, la idiosincrasia, o lo que su propio partido ha dado en llamar “el modo canario de hacer política”. O quizás haya sido por eso por lo que el actual presidente hizo que el Parlamento canario lo nombrara senador por la Comunidad Autónoma y lo aforara ante el todopoderoso Manuel Marchena, que también es canario y tiene su propio modo de impartir justicia. Debe haber influido también de manera decisiva que unos meses antes de aforarse se aprobara la reforma del Estatuto de Autonomía, en la que se incluyó la desaparición del aforamiento para las autoridades autonómicas. Es decir, Clavijo no iba a poder ser investigado o juzgado en su caso por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) al que su partido eligió para tan alta empresa.

La desidia de la Fiscalía

De todos los asuntos turbios en los que se vio envuelto Fernando Clavijo durante su etapa como concejal y luego alcalde de La Laguna, el caso Grúas y el caso Reparos fueron los que más se le atragantaron. El caso Grúas se lo despachó rapidito Manuel Marchena en el Supremo en 2020 echando por tierra la exposición razonada que envió el juez de Instrucción 2 de La Laguna y el fiscal, que apreciaban delitos de prevaricación y malversación en lo que había hecho aquel concejal de Seguridad y luego primera autoridad municipal con la empresa (que tenía a un amigo dentro) que se había hecho con el servicio previa privatización: prestarle 120.000 euros de dinero municipal para rescatarla. Los demás implicados en este asunto quedaron inmediatamente exonerados en aplicación del contagio supremo, que basó el archivo en que el Ayuntamiento había actuado basándose en un informe de dos catedráticos de la Universidad de La Laguna. El caso Reparos era un poco más enrevesado y se le puso cuesta arriba a Clavijo especialmente desde que la Fiscalía Anticorrupción en Santa Cruz de Tenerife, cuanto estaba a cargo de María Farnés Martínez, decidió intervenir por petición expresa del denunciante, Santiago Pérez, cansado de la desidia con la que actuaba el fiscal encargado del Juzgado de Instrucción 4 de esa ciudad, contagiado quizás por la quietud (vamos a decirlo así) de la jueza titular de esa plaza. Pérez denunció que Clavijo y su sucesor en la alcaldía, José Alberto Díaz, además de algunos de sus lugartenientes, aprobaron en esos dos mandatos casi 200 decretos para levantar otros tantos reparos de la intervención, y de ese modo, según la denuncia, beneficiar a determinadas empresas que sacaban suculentas tajadas de una excepcionalidad que, siempre según la causa penal, no era tal. Coalición Canaria nunca le quiso dar mucha importancia a este asunto, y el demoledor informe de 120 folios de la fiscal María Farnés Martínez lo contestaron acusándola de pro gubernamental. Hasta que la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife empezó a revocar los autos de archivo de la jueza y a ordenar que siguiera adelante con la instrucción. Hasta el momento se lo ha ordenado dos veces. Así que, lo mejor, al igual que el caso Grúas, era ponerse en manos del Supremo, que se lo archivó exclusivamente para él en 2023. La causa, sin embargo, continúa a día de hoy viva para el exalcalde Díaz y ocho personas más, que ocupaban la Junta de Gobierno del consistorio porque el denunciante ha vuelto a presentar un tercer recurso contra el tercer intento de archivo.

El denunciante, fuera de la política institucional

Las primeras ayudas a Clavijo vinieron de sus socios naturales en Canarias, los del PP, el partido que presume de tener el control de una puerta de esa sala de lo Penal del alto tribunal español. Allí, en manos de Manuel Marchena, Clavijo no se tuvo ni que sentar en el banquillo. Sin escuchar a la acusación particular, el Supremo archivó el asunto con unos argumentos muy singulares: “Las resoluciones adoptadas por el entonces alcalde (casi un centenar), aunque pueden ser irregulares, no fueron arbitrarias”. Y para que esas irregularidades puedan ser consideradas delito de prevaricación “se requiere que la resolución sea arbitraria, es decir, que roce lo groseramente ilegal por responder al mero capricho o voluntarismo de quien la dicta, a quien no importa su mayor o menor ajuste a una legalidad que desprecia”, dice literalmente la resolución. Las siguientes ayudas vinieron del PSOE, aunque cueste creerlo. Clavijo pidió a Ferraz, con quien negociaba el apoyo de Coalición Canaria a Pedro Sánchez, que ordenara a Santiago Pérez retirar la denuncia contra los compañeros que se quedaban en el barco del caso Reparos. Y como Pérez se negó a hacerlo, el tal Cerdán hizo que se quedara fuera de las listas al Senado, donde ocupaba plaza, en las elecciones de 2023. Ante esa posición del denunciante, a la tropa imputada no le quedaba otra que atenerse a la vía judicial de modo que, utilizando el archivo del Supremo respecto de Clavijo, la causa quedara archivada también en La Laguna. Así que se activó la Fiscalía Anticorrupción en Madrid, esa en la que manda el tal Luzón, el que tiene tan contento a Víctor de Aldama. Luzón ordena a sus subordinados de que se opongan al tercer recurso de Pérez contra el archivo y encarga el primer escrito de oposición nada menos que a su lugarteniente, Antonio Romeral, el que tiene tan contento a Cristóbal Montoro. La fiscalía, al igual que los abogados de las personas que siguen imputadas, intenta que se aplique en Canarias la misma tesis del Supremo, amparada en otra innovación: “el tronco común”, que viene siendo una variante de la doctrina del árbol envenenado, pero en esta ocasión a favor del reo. Obviando, naturalmente, que cada uno de los casi 200 decretos investigados tiene identidad propia, cada uno de ellos puede ser constitutivo de delito de prevaricación y de malversación sin necesidad de tronco común ni nada que se le parezca, por lo tanto, han de ser analizado individualmente. Es la misma tesis que sostiene la Audiencia Provincial. Ya no está María Farnés Martínez en Canarias. La nueva fiscal general se la ha llevado a la Fiscalía del Supremo. Le sustituyó primero en la Fiscalía Anticorrupción en Santa Cruz de Tenerife y ahora opta a ocupar su plaza de fiscal superior Jaime Serrano-Jover González, que casualmente tiene los mismos apellidos que la magistrada Ana Serrano-Jover González, que intentó desde Instrucción 4 de La Laguna archivar por dos veces el caso Reparos, lo que le impidió la Audiencia Provincial.

El decreto más grosero, el de Urbaser

Para archivar el caso Reparos respecto de Clavijo, el Supremo puso el listón muy bajo. Dijo que tiene que ser muy grosera la resolución administrativa para poder hablar de algo más que una “irregularidad”, término que no existe en el Derecho Administrativo. Así que si hablamos de grosería, hay un ejemplo muy elocuente en esta instrucción: las ampliaciones del contrato de limpieza y recogida de residuos urbanos a la empresa Urbaser, que lo llevaba prestando desde 2008. Hubo dos prórrogas, una firmada por Clavijo y la otra por su sucesor, José Alberto Díaz, un contrato de 150 millones de euros, más o menos lo que viene costando actualmente la Televisión Canaria. En ambos casos, el Ayuntamiento inició el procedimiento de adjudicación una semana antes de que venciera la segunda y última prórroga y se le pidió a la empresa que siguiera prestando el servicio en las mismas condiciones. Pero una de esas condiciones -aquí empiezan las groserías- imponía a Urbaser que la flota del servicio de limpieza debía pasar a ser del Ayuntamiento, exigencia que no sólo no se cumplió sino que a) el Ayuntamiento le siguió pagando por el mantenimiento de los camiones y b) el Ayuntamiento exoneró a Urbaser de la obligación de renovar 32 de los 46 vehículos que componían la flota. Por falta de groserías que no sea.

Fernando Clavijo quiere enterrar para siempre en el olvido los cuatro años que pasó casi de secano entre su primer mandato como presidente de Canarias (2015-2019) y este que ahora perpetra desde 2023. No quiere caer en errores que le lleven a volver a perder las elecciones y que le impidan repetir en 2027. Se trata de seguir al precio que sea, incluso pactando con el PSOE, que algún predicamento tiene en las filas socialistas un pacto así con Coalición Canaria, no se vayan a creer.

Por eso Clavijo ha abierto varios frentes para garantizarse al menos un ecosistema propicio, particularmente entre los medios de comunicación, una faceta a la que su núcleo duro en Presidencia del Gobierno dedica la mayor parte de sus esfuerzos, incluso intelectuales.

La Televisión Canaria es la piedra filosofal de esa estrategia, no solo por el férreo control que se ejerce desde Presidencia sobre sus Informativos, su personal directivo y todos sus contenidos, sino porque a través de la contratación con grandes productoras se influye notablemente en la línea editorial de las cabeceras más veteranas del lugar. Lo explicó hace unos días de una manera muy directa en Mírame TV la activista Emma Colao: “El Gobierno de Canarias está comprando la verdad pública,a través del dinero público, de grandes medios de comunicación con capacidad de borrar por completo el discurso social”. 

¿Periodistas? ¿Para qué?

Desde que regresó a la presidencia, Clavijo lo tuvo claro: no hacen falta periodistas para dirigir un medio de comunicación público. Ni siquiera gestores de acreditada solvencia. Basta con uno o varios comisarios políticos con el mismo objetivo: la manipulación y el sectarismo, lo que desde el Gobierno y los dos partidos que lo sustentan llaman “el modo canario de hacer política”. La televisión pública de Canarias la dirige personalmente el viceconsejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno, Alfonso Cabello (Santa Cruz de Tenerife, 1977), que como más cercano antecedente profesional relacionado con el mundo de los medios fue, entre 2011 y 2014, director de negocio de Prisa en Canarias. A él corresponde negociar con los medios de comunicación titulares de productoras audiovisuales el reparto del presupuesto que tiene Televisión Canaria para contrataciones externas. Prensa Canaria (La Provincia y El Día), a través de Videre, e Inforcasa (Canarias7), a través de Videoreport, se llevan la mayor parte de la tarta, mientras que Plató del Atlántico (Diario de Avisos) parece conformarse con ser el tercer convidado porque tiene otros proyectos audiovisuales (cine, básicamente) que le desaconsejan hipotecarse con el Gobierno. Con el viceconsejero ejerciendo de amo y señor de la tele, el papel que le tocó desempeñar a la administradora general que nombró el gobierno al principio del mandato, María Méndez, fue el de mera gestora: firmar las nóminas, acudir a las presentaciones y poco más. Para colmo, Méndez, no llegó con ambiciones políticas especiales, ni participaba de la cacería que se ordenaba desde presidencia contra las productoras con medios de comunicación desafectos al régimen, por lo que se hizo necesario imponerle un comisario político, César Toledo, al que colocaron en el ente público amparado por un puesto de nueva creación que denominaron “director de medios y contenidos”. María Méndez se mandó a mudar de inmediato y el Gobierno le faltó tiempo para sustituirla por Toledo, el más dañino responsable de RTVC de la historia del ente. Que se dice pronto, con todo lo que ha pasado por esa casa.

A grito pelado

Experto en comportamiento no verbal, César Toledo hace todo lo contrario de lo que preconiza en sus cursos de autoayuda: grita como un descosido, como si no hubiera un mañana. Grita a todo el mundo que se le ponga por delante, da igual el cargo que quiera que ocupe. Lo hizo, por ejemplo, con Candelaria Delgado, que era la directora de Producto cuando él aterrizó en RTVC. Sus primeros encontronazos se saldaban siempre con “tú a mí no me chillas”, de Delgado dirigiéndose al nuevo virrey. Y él seguía chillando. Y como no había manera de que la directiva se plegara a ese modo de actuar, la acabó despidiendo, con las consiguientes demandas y las también consiguientes derrotas en los tribunales de lo Social. Pero no solo ha perdido la casa históricas directivas como Candelaria Delgado. También han puesto tierra de por medio Óscar Fernández, director de Producción, o Paloma Martín, directora de Planificación y Gestión, que ha regresado a su puesto en la Administración autonómica. Reyes González, jefa de contratación de toda la vida, tampoco ha podido soportar más el mal ambiente y se recupera en su casa. Muy sonada fue la dimisión de Paco Luis Quintana, director de Informativos y una de las caras más reconocibles de la cadena, cuyo puesto ha sido ocupado por Marta Cairós, designada a dedo, es decir, sin cumplir con los preceptos legales que obligan a un concurso público. También han sido apartados periodistas históricos como Armando Vallejo o Jesús Perdomo, sencillamente porque no eran del gusto del administrador general. El jefe de Realización, Sergio Bratche, dimitió la semana pasada y alegó lo mismo que han alegado todos los que se han ido voluntariamente: “Razones personales”. Toledo ha preferido quedarse sin equipo directivo a trabajar con uno que no fue puesto por él.

El ruido de las audiencias

La última queja del Comité Intercentros de Televisión Canaria ha sido la censura informativa, muy al modo de la tele pública gallega y otras experiencias sectarias de la España peninsular. Lo que no interesa al Gobierno, no se cuenta. Así, el preaviso de huelga en la radio pública canaria no se ha incluido en ningún informativo de la cadena. Todo se tapa con grandes fastos o con comunicados diarios sobre las audiencias, una pantalla tras la cual todo parecía valer hasta que el propio administrador general reconoció en la Comisión de Control de RTVC que, bueno, que a lo mejor los audímetros no son la cosa más precisa que habita entre nosotros y que puede que los datos estén un poco inflados. Que a la televisión pública de Canarias, con programación cien por cien local, le acaba ganando algunos días la televisión pública estatal es, como mínimo, para hacérselo ver. Y atentos porque el socio de Clavijo en el Gobierno, el Partido Popular de Manolo Domínguez, también quiere su cuota de protagonismo: ha conseguido imponer en la programación un inminente programa de debate político en el momento procesal más oportuno. Se lo han encomendado a Macaronesia Comunicación. 

Auditorio-Teatro, el desenlace

La vida continúa fuera de la tele, no se vayan a creer. Por ejemplo, en la Fundación Auditorio Teatro de Las Palmas de Gran Canaria, sumida en un proceso de relevo al frente de la dirección. Tilman Kuttenkeuler será relevado de modo inminente a través de un concurso cuyo plazo de presentación de candidaturas ha terminado sin que se conozca con exactitud quiénes se han presentado. Sí se sabe que el director general saliente no se marcha en son de paz y que, muy en desacuerdo con los modales, ha hecho dos cosas que en principio parecen contradictorias: recurrir las bases del concurso y presentarse al concurso con esas mismas bases. El Ayuntamiento prefiere sustituirlo por otra persona para darle al auditorio Alfredo Kraus y al teatro Pérez Galdós, según parece, un impulso que sintonice más con la candidatura de Las Palmas de Gran Canaria a la capitalidad europea de la cultura 2031. Eso, teóricamente, ahuyentaría los fantasmas de quienes, por el perfil de algunos de los supuestos candidatos, temen un mayor peso de la faceta congresos frente a la faceta programación cultural. Veremos.

Los que conocemos a José Manuel Soria desde que dio el salto a la política, a mitad de la década de los años noventa (sí, del siglo pasado), siempre supimos que su retirada obligada de la política no iba a suponer el abandono total de esa actividad. Desde que la descubrió y la combinó con los negocios de la manera que lo hizo, supo que eran dos actividades complementarias: poder es dinero, dinero es poder.

Por eso, su dimisión en abril de 2016 como consecuencia de la aparición de su nombre en los Papeles de Panamá y la posterior constatación (por parte de Canarias Ahora) de que tenía una empresa familiar en el paraíso fiscal de Jersey, significó solamente la inversión del mayor peso de la política por los negocios, es decir, el Soria empresario sobre el Soria político, pero sólo en apariencia. Porque la política sigue estando entre las actividades necesarias del exministro Soria para que sus actividades empresariales (automoción, turismo, residencias de mayores, renovables…) puedan alcanzar el éxito.

Es uno de los valores que aprecian quienes se hacen con sus servicios porque saben que sigue teniendo acceso franco al poder tanto en Canarias como en algunos despachos peninsulares gracias no solo a su amplia agenda de contactos sino también a la reputación que le precede como gestor generoso con quienes son generosos con él. Soria, por poner un ejemplo, tiene acceso directo a Fernando Clavijo, presidente de Canarias, al que ha tenido la ocasión de pedirle un par de favores relacionados con sus representados; y por razones obvias, al vicepresidente de la Comunidad, Manuel Domínguez, que es además presidente del Partido Popular de Canarias, del que Soria fue líder y caudillo indiscutible durante más de dos décadas. 

El Ayuntamiento de Mogán como núcleo irradiador

A su manera y con sus capacidades y sus coeficientes, Manolo Domínguez sabe que a Soria le sigue atrayendo mucho el poder, por eso le sugirió en 2023 ser candidato a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, ignorando que los puestos políticos de designación electoral ya están muy lejos de las apetencias del exministro y exalcalde de esa misma ciudad y que, en todo caso, solo aceptaría puestos de mucho relumbrón sólo relacionados con el mundo de las finanzas, como trató de conseguir por la puerta de atrás con el Banco Mundial desde los cuales se comprendan sus inclinaciones actuales. También tiene acceso Soria a ciertas decisiones del que fuera su partido del alma, como la de qué hacer con la polémica y polifacética creadora de contenidos Onalia Bueno, alcaldesa de Mogán, a la que avala para que regrese al PP en cuanto ella quiera, no solo para tratar de repetir con éxito a ese cargo, sino para, desde él, optar a ser presidenta del Cabildo de Gran Canaria. El partido ha visto con buenos ojos la idea y ha llegado a insinuar a Bueno que a lo mejor podrían hacer con ella en Mogán lo que se hace desde hace años en San Bartolomé de Tirajana con el alcalde Marco Aurelio Pérez, que es tan del PP como líder de Asociación de Vecinos, formación por la que suele concurrir a la alcaldía con bastante éxito. Bueno se lo piensa mientras algunas voces muy atrevidas tratan de amenazarla con rescatar del ostracismo al que fuera su alcalde, su jefe y su todo, Francisco González, defenestrado a raíz del escándalo del caso Góndola, que a él le adelgazó (políticamente) y a ella le engordó (políticamente, también). Paquirrín, como se le conoce desde entonces, anda diciendo a quien le quiera escuchar que sólo hará algo por su partido si el candidato es su hijo, actualmente asesor en la Consejería de Educación. Mogán se ha convertido en el epicentro de muchas cosas que pasan en la política de Canarias gracias a la personalidad poliédrica de su alcaldesa, que ya tiene trabajando en su ayuntamiento a dos sobrinos de José Manuel Soria y a uno de los más firmes candidatos a dirigir la Fundación Auditorio Teatro (Alfredo Kraus, Pérez Galdós, respectivamente), Zoilo Alemán, que tras haber abandonado por la vía más expeditiva el Palacio de Congresos de Meloneras, se ha hecho un máster en Contratación Pública y ha elegido ese consistorio tan pintoresco para hacer las prácticas. ¿Dónde mejor? Si se le pregunta al interesado si es el favorito para sustituir a Tilman Kuttenkeuler, se va por peteneras: “De momento no sé qué haré porque estoy en proceso de selección muy avanzado para una empresa que se va instalar en Gran Canaria, pero tendría que irme un año y medio a Madrid”.

Desconcierto en Moncloa: nadie encuentra al candidato progresista al TSJC

Los teléfonos echaban humo los días posteriores a que se cerrara el plazo de admisión de candidaturas para la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Por defectos formales en la convocatoria (una corrección de errores), el Consejo General del Poder Judicial amplió las fechas, lo que hizo pensar en algunos despachos que a los dos candidatos iniciales se sumaría un tercero o una tercera que tuviera marchamo progresista. Pero no fue así. Al actual presidente, Juan Luis Lorenzo Bragado, le salió como opositor el actual presidente del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria (decano, antes de la majadería de Bolaños del cambio generalizado de nomenclatura que nos ha jodido a todos los periódicos el tamaño de los titulares). Juan Avello es de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria asociación de jueces, conservadores ellos, que le joden la vida al Gobierno un día sí y el otro también con sus jacarandosos comunicados y comentarios en redes sociales. Pero Avello es un tipo moderado que no ha destacado por excéntricas, llamativas o comprometidas actuaciones sino más bien por todo lo contrario. Así que la primera foto era entonces la de un vitorino (de la también conservadora Asociación Francisco de Vitoria) contra otro conservador. Hasta que apareció el tercer candidato en liza, Jaime Borrás Moya, que no está afiliado a ninguna asociación judicial y que presenta como más llamativa actividad en su curriculum el ejercicio del ilusionismo, previa autorización de compatibilidad del Consejo General del Poder Judicial, donde aún resuenan las chanzas sobre su apellido y la famosa marca de juegos Magia Borrás. Complementariedades aparte, la condición de no afiliado de este juez ilusionista hizo sospechar a los más incautos que se trataba de la apuesta progresista, porque a esos incautos les parecía muy improbable que en el actual escenario no se le ocurriera a nadie de la asociación Jueces y Juezas para la Democracia presentarse a tan atractivo e influyente puesto. Hasta en Moncloa creyeron que Borrás era la persona a apoyar en los cenáculos correspondientes, ignorantes de que en el Consejo General del Poder Judicial también hay repartos territoriales e ideológicos. Es decir, que si a Euskadi le toca presidencia progresista -por poner un ejemplo al azar-, Canarias se tiene que esperar a la próxima ocasión, si es que algún día llegara o llegase. Ante este lindo panorama, el favorito para presidir el alto tribunal canario es Juan Avello, quebrando nuevamente la costumbre no escrita de que un presidente de TSJ que se tercie aguanta como mínimo dos mandatos, es decir, una década completita, y que habrá que esperar otros cinco años a ver si le toca a los magistrados y magistradas progresistas proponer a uno de los suyos a tan altos destinos. Para eso tendrán que estar nuevamente a expensas de que la parte conservadora de la parte contratante se avenga a cumplir en el CGPJ con la misma diligencia que la parte progresista cuando la conservadora no tiene la sartén por el mango. Y el mango también.