“Es legal”, me contestó con una media sonrisa el presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Emilio Moya, cuando le pregunté en 2017, en medio de un acto protocolario del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, cómo era posible que hubiera designado al juez Salvador Alba como presidente del tribunal que habría de juzgar el caso Faycán, el mayor escándalo de corrupción del Partido Popular en Canarias en la época de José Manuel Soria. Alba ya estaba imputado por varios delitos y a punto de que se le abriera juicio oral por haber conspirado contra la magistrada Victoria Rosell, causa por la que acabó siendo condenado a seis años y medio de prisión. Es legal, esa es la clave, y si no es legal, somos jueces y estamos blindados, añado de mi propia cosecha.

Al presidente de la Audiencia Provincial no le animó en ningún momento velar por la apariencia de imparcialidad, a lo que está obligado. Y es evidente que en aquellos momentos, Alba no era el juez que podía transmitir a la ciudadanía una más sólida impresión de independencia e imparcialidad. Principalmente porque su intento de perjudicar a Rosell tenía relación directa con beneficiar a José Manuel Soria, que competía con la magistrada en las elecciones generales de 2015 para acceder al Congreso de los Diputados. 

Le daban igual las críticas que pudiera recibir, al presidente de la Audiencia de Las Palmas, que había sido viceconsejero de Justicia con el PP, lo que le importaba es que nadie le hiciera un reproche legal. También le daba igual el peligro cierto, luego confirmado, de que la causa en la que Alba estaba incurso desembocara en un auto de apertura de juicio oral y tuviera que ser suspendido como juez por el Consejo General del Poder Judicial en medio de la tramitación de aquel juicio y la publicación de su sentencia. Era legal, y punto. El desenlace, que es largo de contar y que supuso que el presidente Moya tuviera que entrar en el despacho de Alba a recuperar la causa, lo tienes aquí minuciosamente contado.

Los jueces y juezas gozan en España, como no podía ser de otro modo, de un blindaje lógico por imperativo de una ley específica, la Ley Orgánica del Poder Judicial. No pueden estar sujetos a instrucciones de ningún tipo; no pueden ser trasladados, suspendidos, separados ni jubilados sino por alguna de las causas previstas en la ley. Salvo algunas excepciones que no están en la ley y que hemos conocido en casos muy concretos, como aquel modo chiripitifláutico de retirar al juez Ruz para que la causa de Bárcenas y su sucesivo caso Kitchen cayera en manos de García-Castellón.

El caso de Alba es un lawfare de manual y, como tal, una excepción absoluta por haber sido, de momento, el único descubierto, investigado y condenado. Desgraciadamente, solo fue condenado él, aunque no estuvo solo en absoluto, como ocurre con todos los demás.

Es imposible un caso de lawfare con un juez actuando en solitario. Es imposible que el juez Juan Carlos Peinado pueda haber llegado tan lejos solo. Su desmadrada instrucción del caso de Begoña Gómez no habría caminado nada sin el respaldo de la Audiencia Provincial de Madrid, que, a pesar de haberle afeado algunos de sus disparates, no ha llegado a donde tenía que llegar, a anular la mayor parte de la causa por clamorosas vulneraciones de los derechos de las personas investigadas y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Dictar auto de apertura de juicio oral sin esperar por un informe que parecía decisivo de la UCO, de la Guardia Civil, no se le ocurre ni a un juez en prácticas. Prácticas que él no hizo.

Es legal todo lo actuado por la juez de Badajoz Beatríz Biedma, a pesar de los reparos jurídicos que han manifestado públicamente la Fiscalía y la defensa del hermano de Pedro Sánchez, que ni siquiera era secretario general del PSOE cuando consiguió un empleo en la Diputación de Cáceres.

Como fue legal lo que hizo el juez José Escalonilla, el que investigó una trama que se llamó Neurona y que trataba de demostrar la corrupción de Podemos. Todo quedó archivado y Escalonilla ascendido por escalafón a la Audiencia Provincial de Madrid porque todo lo que hizo fue legal. Por el camino, claro, Podemos se dejó una parte de su reputación gracias al denodado esfuerzo periodístico de los medios de comunicación que informaron pormenorizadamente de las investigaciones sesgadas y macarrónicas de Escalonilla. Pero no lo llamemos lawfare, todo es legal.

Como también es legal lo que ha hecho la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia, que ha obligado a una jueza de instrucción a mandar a juicio a la exconsejera de la Generalitat Mónica Oltra en contra del propio criterio dos veces manifestado por su antecesor, el juez instructor, manifestados en sus autos de archivo, y en contra de la Fiscalía, que tampoco aprecia el delito que denunciaron unas organizaciones ultras al parecer con mucho predicamento. Otro caso de lawfare del que se habla poco y que ha arrastrado durante años a esta dirigente política por el fango de los medios de comunicación de la derecha.

Del mismo modo que es legal lo que podríamos denominar lawfare inverso, consistente en sacudirle de encima a determinados dirigentes del Partido Popular enojosas causas penales que podrían haberles supuesto un disgusto.

Tenemos algunos casos de rabiosa actualidad, como la Kitchen, que ahora celebra su juicio oral sin la presencia en el banquillo de las más altas instancias del PP gracias a que el juez que instruyó la segunda parte de la causa no consideró de ninguna manera que Rajoy y Cospedal fueran a tener conocimiento de aquel montaje policial para hacer desaparecer las pruebas de la financiación ilegal del partido. El descarte de García-Castellón fue bendecido por la Sala de lo Penal de la Audiencia, por lo que todo fue legal.

Por supuesto que el lawfare existe. Por supuesto que hay jueces, fiscales y agentes de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en estas operaciones. Por supuesto que hay partidos políticos no solo interesados, sino implicados a título lucrativo y a título propositivo. Y, sin duda, medios de comunicación perfectamente alineados, adiestrados, untados… porque sin ellos el lawfare no funcionaría. Es necesario que las personas, los partidos, las familias… sufran el escarnio público del insulto y la condena sin juicio y sin pruebas para que se pueda extender de manera efectiva la sensación de que si no gobierna la derecha este país es una mierda.

Estamos asistiendo cada día con más saña a descripciones periodísticas verdaderamente hiperbólicas, como llamar “trama” a toda instrucción, aunque esté en fase embrionaria, o “botín” a las joyas por aparecer “escondidas” en una caja fuerte en vez de mostrarse con toda su brillantez en un tendedero. 

Es una pena que el PSOE haya tardado tanto en descubrirlo, que le hayan tenido que condenar a un fiscal general del Estado para empezar a verbalizarlo con toda su crudeza. Es una pena que no haya mecanismos más severos para desenmascarar a los agentes que intervienen en estos procesos perversos. Pero la ciudadanía debe exigir que estas cosas cambien para que los que tanto reclaman respeto por los poderes del Estado empiecen por respetarse a sí mismos.

Posiblemente sea yo uno de los periodistas que más sabe de lawfare en España, aunque me habría gustado no haber adquirido esos conocimientos de la manera que los estoy sufriendo aún. En unos días vuelvo a comparecer ante la Audiencia Provincial de Madrid para dilucidar qué órgano me va a enjuiciar por los delitos de revelación de secretos, odio y acoso que presuntamente cometí cuando el periódico que dirijo publicó todas las andanzas del juez delincuente Salvador Alba Mesa. Él y su esposa, la letrada de la Administración de Justicia Teresa Lorenzo Establier, piden para mí 22 años de cárcel y 422.000 euros de indemnización. Me quieren callado para siempre, pero no lo van a conseguir. Son los coletazos del único lawfare de España con condena. 

Como dicen los cubanos tan sabiamente, lo que ocurre conviene, y ya que me ha tocado ver, oír y tocar un lawfare por dentro, lo saludable es desentrañar lo que veo en el mundo de la política, los medios y la judicatura española cuando estallan con tanto descaro estos asuntos que estamos viviendo cada día con más intensidad.

La visita del Papa a las Islas Canarias será un acontecimiento histórico. Mucho más allá de lo que va a significar para el resto del país. Esta no es una aclamación chauvinista, ni una reafirmación nacionalista barata. León XIV ha aceptado venir a las Islas porque con ellas podrá hacer que se visibilice hacia el mundo su posicionamiento ante uno de los fenómenos más cruciales de cuantos está viviendo la humanidad en estos momentos: la inmigración.

El Papa quiere reiterar desde Canarias los mensajes que ha venido lanzando estos últimos meses, pero quiere estar rodeado de personas migrantes, las que han venido en pateras y cayucos y las que han venido en vuelo regular y han decidido quedarse en Canarias, en España, en Europa para iniciar una vida mejor. Por eso visitará Las Raíces, en La Laguna, y el muelle de Arguineguín, en Mogán, lugares señeros de la Ruta Canaria, la más mortífera de todas las conocidas, con 365 personas que se han quedado por el camino.

Aquí, en Arguineguín, donde se produjo en 2020 un hacinamiento de hasta 2.500 personas que condujo a duras críticas al Gobierno, el Papa será recibido por la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno y el director general de Puertos de Canarias, José Gilberto Moreno, según decidió hace unas semanas el Obispado de Canarias en contra de algunas opiniones que lo desaconsejaban por la actitud que la primera autoridad municipal ha mostrado históricamente contra la inmigración, frontalmente contraria a la del pontífice.

Por sus hechos ya la conocemos de sobra

Las hemerotecas están plagadas de declaraciones y decisiones de la alcaldesa de Mogán que hacen aconsejable que el Papa dirija hacia ella sus mensajes de conciliación, como ha hecho con Donald Trump por sus inhumanas políticas migratorias.

El numerito más señero de cuantos ha protagonizado Onalia Bueno quizás haya sido el de alquilar tres guaguas para trasladar a 227 inmigrantes desde Arguineguín hasta la Delegación del Gobierno, en Las Palmas de Gran Canaria (65 kilómetros) cuando la Policía Nacional decidió descongestionar el muelle dejando en la calle y sin atención a esas personas una vez fue verificado su estado de salud.

Emulaba de este modo a quien fuera su líder ideológico, José Manuel Soria, que en 2001, siendo alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, desalojó del parque de Santa Catalina a un amplio grupo de migrantes que dormían al raso, los metió en un avión y los mandó a Madrid sin encomendarse a nadie y sin avisar a las autoridades de esa comunidad autónoma.

Tenía la razón la alcaldesa en cabrearse con el ministro del Interior por provocar esa desatención a esos migrantes, pero su gesto de trasladarlos en guagua a la Delegación del Gobierno, más que una protesta era un nuevo gesto de desembarazarse de un asunto que le irrita sin disimulo.

Onalia Bueno nunca quiso que Arguineguín, y por extensión todo el municipio de Mogán, fuera lugar de llegada de las embarcaciones en las que huyen de la pobreza, de la persecución y la muerte las personas migrantes. Lo dejó muy claro desde el principio y lo elevó a la máxima categoría del imposible institucional cuando en 2023 llegó a proclamar en un pleno de su Ayuntamiento que iba a pedirle al Gobierno de Canarias que echara del puerto de Arguineguín a las dos embarcaciones de Salvamento Marítimo que tienen allí su base para rescatar a los cayucos que piden ayuda en la mar.

El motivo humanitario que arguyó es que esas labores perjudican la actividad comercial y turística del municipio, y eso no puede ser. Se refería en concreto a los barcos turísticos de recreo que veían dificultada su operatividad al encontrarse que los atraques estaban ocupados por esas embarcaciones de salvamento y, a veces, por algún cayuco. No dejó muy claro la alcaldesa si molestaba más el cayuco o las dos patrulleras oficiales, pero por el tono de sus críticas mucha gente adivinó claramente la intencionalidad xenófoba de los comentarios porque se detuvo bastante en la palabra “suciedad”.

Esa posición la volvió a manifestar cuando montó en cólera al enterarse de que para dar cobijo a los muchos inmigrantes que llegaron aquel año terrible de la pandemia, el Gobierno se vio obligado a contratar hoteles -cerrados por la falta de turistas- para que aquellas personas no se quedaran en la calle tras abandonar el puerto de Arguineguín. 

En noviembre de 2020 dio un ultimátum tanto a los hoteleros como al Gobierno para que sacaran de su municipio a esas personas con la amenaza directa de sancionar a las empresas con fuertes multas por dañar la imagen turística de su municipio, en aquellos momentos con todas las camas disponibles por razones obvias.

Como dato curioso, la rueda de prensa que convocó para informar al mundo de su decisión de perseguir a quienes alojaran inmigrantes, se celebró dos meses después de haber sido detenida por la Guardia Civil por la presunta trama de compra de votos en las elecciones municipales de 2015 y 2019, que por supuesto ganó. La alcaldesa vinculó su detención y la operación de la Guardia Civil a “la defensa de los derechos humanos” que ella hacía desde su cargo y sus críticas a la política migratoria del Gobierno español.

Sus actuaciones contra el alojamiento a inmigrantes la condujo incluso a convocar a la ciudadanía moganera a manifestarse frente a esos hoteles para coaccionar a sus propietarios. Cuando se dio cuenta de su desatino dijo que, en realidad, aquella manifestación, que se celebró el 27 de noviembre de 2020, el año de la pandemia, fue convocada por una supuesta plataforma vecinal que actuó espontáneamente en respuesta al rechazo de su alcaldesa a los inmigrantes en el municipio. 

Los gritos proferidos en aquella manifestación contra las personas migrantes fueron propios de un pueblo racista y xenófobo, contrario a los más básicos principios cristianos. Parte de ese mismo pueblo acudirá ferviente a recibir a Su Santidad, seguro.

No pagar ni los entierros

Por no quererlos, Onalia Bueno no quería a los inmigrantes ni siquiera muertos. En septiembre de 2023 dijo que su Ayuntamiento no iba asumir ni un enterramiento más porque, a su entender, al haber muerto en el mar, debía ser el Estado el que asumiera los costes y la búsqueda de nichos disponibles, que los suyos eran para sus vecinos. El reglamento de Política Sanitaria Mortuoria establece que deben ser los ayuntamientos los que se hagan cargo de los gastos de los entierros por beneficencia de las personas sin recursos fallecidas dentro de su término municipal. El coste por enterramiento iba de 600 a 1.000 euros, y por ahí no quería pasar tampoco la alcaldesa.

La prioridad española referida también a los nichos.

La visión del fenómeno de la inmigración que tiene la alcaldesa que va a recibir con una genuflexión al Papa se asemeja mucho al de Donald Trump, en Estados Unidos, y a la de Vox, en España, justo los modelos que rechaza León XIV y que están en el origen de elegir Canarias como una de las estaciones de su visita a España. Quizás hubiera sido más acertado el muelle de La Restinga, en El Hierro, que ha sufrido similar presión humana y asistencial y cuyas autoridades y ciudadanía han respondido de una manera mucho más civilizada que la que ha capitaneado la alcaldesa Onalia Bueno.

Que el Partido Popular ha aprendido mucho de la corrupción, de eso no hay duda. Tanto como para saber sortear los casos que le incumben diciendo que son cosas del pasado, de hace tres o cuatro legislaturas, cuando Núñez Feijóo ni siquiera había nacido. Lo que no habíamos confirmado hasta ahora es que haya aprendido tanto como para colocar al frente de una de sus directivas locales a un acreditado experto en corrupción, de esos de seis sentadillas en el banquillo de los acusados, con la Fiscalía pidiendo para él mucha prisión y mucha más inhabilitación… 

Ocurrió este sábado en Las Palmas de Gran Canaria, en un acto presidido por el secretario general nacional de la formación, Miguel Tellado, un espíritu de moderación y consenso, que se acercó por estas tierras asirocadas a investir presidente de la gestora del PP de Gran Canaria nada menos que al diputado nacional Carlos Sánchez Ojeda. Comisión Transitoria de Gobierno del PP de Gran Canaria la han llamado, porque ya es sabido que los nombres largos, y a ser posible compuestos y con guiones por medio y tal, dan más apariencia de nobleza, tradición y raigambre.

Había más testigos de excepción en ese fastuoso evento, además de Tellado. Estaba el presidente regional del PP, Manuel Domínguez, un ser muchas veces indescifrable que sufre en silencio su pacto de gobierno con Fernando Clavijo y que, en ocasiones, va más allá que él y en otras, se retrae, coloca las manos delante de su ombligo en señal de recogimiento, y se hace unas fotos en plan interesantón para que sigamos creyendo que sigue ahí trabajando como un sacrificado e incansable servidor público.

El sábado Domínguez otorgó a Tellado el título de “casi canario” porque “ha venido por aquí más veces que Ángel Víctor Torres de ministro”, lo cual no solo es mentira, sino una adulación tan innecesaria como empalagosa porque Tellado a él lo iba a querer igual sin soltar esa patujada.

Pero en ese acto del hotel Santa Catalina, al que Barceló llama ahora Santa Catalina, a Royal Hideaway Hotel, había más personalidades que hicieron grande al PP y que luego lo hundieron en el escándalo.

Por ejemplo, estaba José Manuel Soria, otro gran experto en corrupción, quien con su presencia no solo avalaba el nombramiento de Carlos Sánchez como nuevo jefe de centuria -dicho sea para resumir-, sino que también acudía a relacionarse con las altas esferas del Partido Popular para que no olviden que se sigue dedicando al poder y los negocios desde el mundo de la empresa, después de dejar en 2016 el poder y los negocios desde el mundo de la política por los chingones papeles de Panamá y todo lo que colgó de ellos.

Soria, como ya es sabido, se dedica ahora a asesorar a grandes empresas del más variado pelaje, desde las del mundo de la automoción -verbigracia Volkswagen-, a las que ayudó mucho en la crisis del dieselgate, al de las energías renovables, a las que estuvo a punto de hundir para siempre desde el mismo Ministerio de Industria, Energía y Turismo con el hachazo que provocó al sector siguiendo “instrucciones de arriba”, según contó a este periódico en una ocasión uno de sus más directos colaboradores.

Soria compartía consejo de ministros con Cristóbal Montoro, es bueno recordarlo siempre, el que ahora está siendo investigado por un juzgado catalán (en Madrid no se atreven a esas cosas) por presuntamente dejar que una empresa suya cobrara unas comisiones por arreglarle unos impuestos a empresas del sector energético que regulaba su colega el canario.

La experiencia corrupta de Carlos Sánchez

Pues bien, a lo que íbamos. Entre Tellado, Domínguez y Soria vinieron a bendecir ante el mundo el mayor ascenso orgánico de un acreditado especialista en corrupción, que se ha sentado más de media docena de veces en el banquillo, que ha resultado absuelto en seis de ellas y condenado solo en una ocasión, precisamente la única vez que el asunto que lo llevó ante un tribunal no estaba directamente relacionado con su desempeño como político.

Es posible que se trate del político español que en más ocasiones ha estado incurso en investigaciones judiciales por casos de corrupción. Al menos la IA, esa de las ratas de Clavijo, no ha detectado otro con más casos, lo cual conduce a pensar que en el PP no consideran posible que Sánchez (Carlos) vuelva a meter la pata una vez más.

A Carlos Sanchez le cogieron la matrícula en un par de ocasiones en el Ministerio Fiscal. La ocasión más escandalosa fue la que protagonizó siendo concejal de Urbanismo en Santa Brígida, cuando se descubrió que había conseguido (con o sin querer) que su propio ayuntamiento dejara de cobrarle los tributos entre 2002 y 2004, en connivencia (eso llegó a decir la acusación) con el entonces concejal de Hacienda y posteriormente alcalde, Antonio Díaz. El fiscal Miguel Pallarés pidió para Sánchez nueve meses de prisión y cuatro años de inhabilitación para empleo o cargo público, y para su compañero Díaz, 16 años y medio de prisión y 53 años de inhabilitación para cargo público por hasta ocho delitos diferentes.

Fue absuelto Sánchez porque el tribunal no encontro ninguna prueba que lo relacionara en las instrucciones que Antonio Díaz dio como edil de Hacienda para que se paralizase cualquier cobro ejecutivo contra las personas incluidas en su lista de privilegiados elusionistas, con e de elusión fiscal. La verdad judicial frente a la verdad material.

Algo parecido le pasó al flamante presidente provisional de la Comisión Transitoria de Gobierno del PP de Gran Canaria con otro asunto que lo llevó al banquillo de los acusados, la concesión de una licencia para construir 27 chalets en una zona de La Atalaya que incluía un pedazo de suelo rústico. Pero tuvo la suerte de que la jueza que lo juzgó junto a dos técnicos municipales apreció que no hubo delito porque había informes que avalaron algunas de las decisiones contra las que un perseverante vecino, cabreado por el estropicio ambiental y urbanístico, luchó hasta el final.

Como concejal de Urbanismo no dejó de tentar a la Justicia. Se le relacionó con el caso Brisan, de facturas falsas en la misma época y en el mismo jacarandoso ayuntamiento, y de él, un juez abrió una pieza separada para investigar el que se llamó el caso del mamotreto de El Monte, un complejo de chalets con su parking subterráneo que aún hoy, veinte años después, sigue dando problemas. Un juez le atribuyó en esa causa prevaricación, fraude y exacciones ilegales, tráfico de influencias y malversación de caudales, pero también resultó absuelto.

Y de remate, cómo no, Sánchez estuvo involucrado en el caso Unión, uno de los mayores escándalos de corrupción de Canarias, localizado en Lanzarote. La famosa Unidad contra el Crimen Organizado (UCO) de la Guardia Civil le atribuyó un papel fundamental en el intento de uno de los principales encartados en aquella trama, Luis Lleó, de vender al Gobierno de Canarias un inmueble de su propiedad en la Marina de Naos (Arrecife), para que fuera destinado a edificio de usos múltiples. ¿Quién era el receptor de esas gestiones en el Gobierno regional? Pues nada más y nada menos que José Manuel Soria, por entonces consejero de Economía y Hacienda y vicepresidente del Ejecutivo.

Las sospechas que recayeron sobre Carlos Sánchez cifraron en 200.000 el importe de la comisión que se llevaría por la operación. Por entonces, año 2008, ya había constituido la sociedad Explotación y Gestión de Inversiones Siglo XXI, dedicada precisamente a eso, al sector inmobiliario. De esa empresa sigue siendo a día de hoy partícipe único, según su declaración de bienes en el Congreso de los Diputados. 

Pero del caso Unión también se libró.

Ninguno de estos escándalos disuadió al PP de Canarias de la conveniencia de dejar de contar con Carlos Sánchez para la política. Es más, cuando los primeros delitos que se le atribuyeron afloraron, lo hicieron consejero de Hacienda del Cabildo de Gran Canaria y portavoz de los populares.

Luego, con las aguas más calmadas, lo auparon a diputado nacional, donde ha pasado sin pena ni gloria y donde sigue a día de hoy ocupando escaño.

Hasta que ahora han decidido ponerlo a trabajar para que sea el que levante el PP en Gran Canaria. O lo hunda.

Canarias acaba de desaprovechar una oportunidad histórica para colocarse en el mapa de la modernidad, de la europeidad, de la vanguardia. De salir del aldeanismo en el que muchas de las autoridades que nos han gobernado y todavía nos gobiernan se empeñan en meternos y en dejarnos para que creamos que ellas mismas serán las que un día nos saquen. Les conviene que nos sintamos un pueblo inferior, sometido, doblegado por el yugo de la metrópoli, un pueblo incapaz de valerse por sí mismo y dar ejemplo al resto del planeta. 

Es lo que ha ocurrido con la desgraciada gestión política del Gobierno regional con la crisis del hantavirus y el traslado del barco donde se detectó este brote hasta la isla de Tenerife. Es “el modo canario de hacer política”, del que presumen Fernando Clavijo y su tropa de desquiciados y sectarios asesores. 

El episodio vivido la noche del pasado sábado en el puerto de Granadilla fue la guinda que coronaba la sucesión indecente y peligrosa de despropósitos que ha protagonizado este gobierno canario desde que estalló esta crisis. El destino, que es muy terco, quiso que fuera ese puerto el escenario del desenmascaramiento final de la profunda torpeza que adorna al presidente de Canarias. Granadilla es, conviene recordarlo, una de las manifestaciones más elocuentes de la corrupción de Coalición Canaria: un puerto inservible, levantado en una zona inadecuada con el único propósito del enriquecimiento de dirigentes y empresarios del régimen que previamente compraron todos los terrenos anexos para promover un gran polígono industrial al socaire de un puerto que pagaron todos los españoles.

Por primera vez en su historia de despropósitos, Granadilla va a servir para algo: para una operación sanitaria y humanitaria de importancia global y, a su vez, para que el resto del mundo señale a Canarias por la vergüenza que provocan sus dirigentes públicos.

Ver a Clavijo anunciando que su gobierno prohibía la entrada del Hondius porque las operaciones de desalojo del buque iban a tardar un día más de lo inicialmente previsto, fue, hasta ese momento, el espectáculo más bochornoso protagonizado por un presidente de Canarias. Pero, a continuación, saber que mantuvo por WhatsApp una discusión con la ministra de Sanidad, Mónica García, sobre la capacidad natatoria de las ratas aportando como gran prueba científica un contenido generado por inteligencia artificial superó cualquier previsión sobre la incapacidad manifiesta de este señor para seguir gobernándonos.

Sostiene Clavijo, en un alarde más de negligencia, que el barco puede tener ratas de las que contagian el virus objeto de esta crisis sanitaria, y que cuanto más tiempo pase fondeado en Granadilla, más peligro habrá de que alguna salte al agua y se venga nadando a la orilla para contagiarnos a todos mortalmente. Olvida Clavijo que el contagio cero se produjo en la Patagonia a través de excrementos de unos ratones concretos que se quedaron allá y que los dos pasajeros del buque fueron a ver aves, no ratones, y que por lo tanto, no se llevaron a ninguno al barco.

Sin ampararse en ningún informe científico, sin más aval que su propia ignorancia y la de la pandilla de indocumentados que le rodean, Clavijo ha transmitido a la población de Canarias una alarma absolutamente irresponsable con el único objeto de convertirse en el héroe defensor de la salud de la gente.

Desgraciadamente, la deriva irresponsable del presidente canario no comenzó con los lamentables episodios del sábado. Su negativa a que el buque viniera a Canarias aduciendo los mismos peligros de manera injustificada quedará para los anales de la irresponsabilidad institucional y de la carencia más absoluta de solidaridad y de empatía.

Se empeñó en que la decisión de traer el barco a las Islas era una imposición de Pedro Sánchez para joder a los canarios. Como todo el mundo sabe, menos él, fue una decisión legal y humanitaria acordada a partir de las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que determinó que Cabo Verde, donde inicialmente estuvo fondeado el Hondius, no cuenta con los recursos sanitarios necesarios para manejar una emergencia epidemiológica de este calado que, descontrolada, podría haber afectado a toda África, y a continuación, al resto del mundo.

Por su cercanía geográfica, era Canarias el punto más cercano para atender la emergencia, y lo que debía llenarnos de orgullo y de sello de modernidad se convirtió de repente en motivo de vergüenza por la reacción absurda de nuestras autoridades. Cabo Verde tiene un PIB per cápita de 5.000 euros, frente a los 25.800 de Canarias. Invierte en Sanidad 157 euros por persona y año, frente a los 1.764 de Canarias. Los números cantan, pero la experiencia científica y hospitalaria, y las capacidades para cumplir con los protocolos, más todavía.

Aquí lo explicamos para personas interesadas en deshacer tanto bulo y callar a tanto hablamierda.

En vez de ofrecernos desde el primer momento como puerto, de levantar la bandera de la hospitalidad de la que siempre presumimos, Canarias eligió el camino de la insolidaridad y del rechazo a la acogida humanitaria como si fuéramos unos desalmados. Presumimos de ser un territorio europeo en medio del Atlántico, un hub tricontinental, la avanzadilla de Europa en África… y cuando tenemos que arrimar el hombro le decimos al mundo que lo mejor es Cabo Verde.

Para colmo, mandamos un mensaje al turismo muy preocupante: no estamos capacitados para atenderles en caso de que los turistas enfermen, y si se demostrase que en realidad sí que lo estamos, no queremos atenderles, así que vuelvan por donde han venido.

Tenerife es lo primero

Fernando Clavijo es un político con muy poca visión. Su alcance se limita a lo que pueda ocurrir en las próximas elecciones, que precisamente son el año que viene. Gobierna Canarias pese a haber perdido las elecciones gracias al respaldo del Partido Popular (que también se ha sumado a la mascarada) y a la Agrupación Socialista Gomera del poliédrico Casimiro Curbelo, que de momento no ha llegado tan lejos como hizo con la crisis del volcán de La Palma, cuando sugirió que lo mejor era movilizar a los cazas del Ejército del Aire y disparar misiles sobre la colada de lava para desviarla. 

La crisis del hantavirus se disparó realmente para Coalición Canaria en el momento en el que se decidió que el barco se dirigiera a Tenerife. Hasta ese momento, Clavijo no se había quejado de la falta de comunicación con el Gobierno de Pedro Sánchez, ni había tenido la desafortunada ocurrencia de proclamar al mundo que la sanidad canaria no está preparada para estas vicisitudes. Ahora ya sabemos cuántas fueron las llamadas que recibió de varios ministros y ministras, la información que manejó, lo conforme que estaba con la coordinación institucional… hasta que se mencionó la isla de Tenerife.

En Tenerife es donde tiene Coalición Canaria su mayor granero de votos, donde nació la Agrupación Tinerfeña de Independientes, el auténtico germen insularista que, con la suma de otras once parecidas inquietudes, dio lugar al partido que lleva casi 35 años de vida, la mayoría en el machito. Por eso, llevar ese barco a Tenerife supuso desde el principio para Clavijo y los ideólogos que le asesoran una oportunidad para agitar el avispero de las bajas pasiones y retomar la confrontación contra el Gobierno del Estado.

Cuando se entra en esa dinámica de desaforada confrontación se utilizan todas las herramientas, incluidas las que menos convienen al desaforado. Porque lo que se disputan Coalición Canaria y el Partido Popular en las próximas elecciones, particularmente en la isla de Tenerife, es un puñado de diputados autonómicos con Vox y perder a la única representante que tiene en el Congreso de los Diputados. Sí, aunque pueda parecer increíble, hay muchos votantes de Coalición Canaria que son de extrema derecha, que han heredado las palpitaciones de ATI desde las postrimerías del franquismo, que luchan denodadamente para que no se retire el monumento a Franco de la Avenida de Anaga, en Santa Cruz de Tenerife… Y a esos votantes va dirigida esta diatriba que tanto se parece a la que ha agitado estos días Santiago Abascal.

Por el mismo motivo se han sumado a esta chaladura el vicepresidente del Gobierno, Manuel Domínguez, que a su vez es presidente del Partido Popular de Canarias, y la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, de CC, que también ha alarmado peligrosamente a la población con su discurso insolidario y plagado de falacias, exacerbando un sentimiento que a ATI siempre le ha resultado rentable políticamente: Tenerife, lo primero; Madrid nos agravia; Gran Canaria nos expolia… Porque, efectivamente, de paso, ya que están cabalgando a lomos de este caballo de fanatismo desbocado, han aprovechado para cargar contra autoridades grancanarias atribuyéndoles falsamente haber movido sus influencias para esquivar el buque.

Da igual la imagen grotesca que se ha transmitido de Canarias, convenientemente amplificada por los medios de comunicación de titularidad autonómica y los convenientemente alimentados con el presupuesto regional. De ser un pueblo hospitalario, abierto y cariñoso, hemos pasado a parecer insolidarios y rancios, además de desinformados y groseros.

Desgraciadamente para este pueblo, Fernando Clavijo sabe que no está solo. Le sigue como un ejército fiel un buen grupo de estómagos agradecidos, los que siempre han estado con el piquito abierto cuando gobierna Coalición Canaria y las garras afiladas haciendo todo lo posible para que retome el poder las pocas veces que lo ha perdido. Además de una amplia tropa de medios de comunicación que no quieren perder las prebendas que llegan puntualmente del presupuesto de la comunidad autónoma cada vez que llega Coalición Canaria a repartirlo sectariamente.

Pero con esta crisis del hantavirus, y especialmente con el papelón del sábado por la noche desde Granadilla, el presidente de Canarias ha firmado el final de su carrera política. Los mismos que todavía hoy le aplauden y le jalean le retirarán más pronto que tarde el respaldo cuando alcancen a apreciar el daño reputacional que va a suponer para Canarias la negligencia de este presidente y de todo el equipo que le ha seguido en esta deriva suicida hasta el final.

Están siendo semanas aciagas para el buen nombre de la justicia en España. Al atrabiliario auto de apertura de juicio oral del juez Peinado siguió la elocuente conferencia del juez de Violencia sobre la Mujer David Yehiel Maman Benchimolen en el Colegio de Abogados de Madrid, donde parece que algunas de sus señorías se sienten muy cómodas y dejan fluir su verbo. Ahora, con los juicios simultáneos sobre el caso mascarillas -en el Supremo- y el caso Kitchen -en la Audiencia Nacional- estamos asistiendo a unas representaciones de las que habría que esperar que saliera un fortalecimiento de ese poder del Estado, pero por el modo que están teniendo el presidente y la presidenta, respectivamente, de esos tribunales, yo no me haría muchas ilusiones. De entrada, habría que remitirse a cómo fueron las instrucciones de ambas causas. La de las mascarillas, en el Supremo, donde se sienta un exministro y ex secretario de Organización del PSOE, fue rapidísima, vamos a pensar que porque el alto tribunal español está mucho más descargado de tarea que otros. Tiene otra cualidad muy destacada, que es la presencia en el banquillo de un empresario corruptor, Víctor de Aldama, que, por lo que dice la Fiscalía Anticorrupción, ha colaborado con la investigación se supone que aportando unas pruebas que está costando convertir en solventes. Gracias a esa presunta colaboración, el fiscal jefe de ese departamento, Anticorrupción le ha otorgado grandes beneficios: de entrada, la libertad de la que no gozan los demás acusados, y eso a pesar de que es el principal encartado en otra trama, la de los hidrocarburos, por la cual le birló al Estado casi 200 millones de euros en IVA. Pero, ya ven, mientras los demás están en prisión por riesgo de fuga o de destrucción de pruebas, De Aldama está libre y tan campante repartiendo acusaciones, siempre en la misma dirección, que es una de la calle Ferraz, y las mismas cabezas, altos cargos del PSOE, empezando por el presidente del Gobierno y algunos de sus ministros. Mientras dispare por ahí no habrá presidente de tribunal que lo llame al orden o a que se ciña al procedimiento, ni fiscal que pida para él la pena que le corresponde como el gran corruptor que es de esa trama de las mascarillas. 

Lo de Ángel Víctor Torres

Víctor de Aldama ha decidido liberar al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática de la pesada losa acusatoria que colocó sobre él al señalarlo como receptor de comisiones corruptas, ora en forma de mordidas de hasta 50.000 euros, ora como beneficiario de los favores de unas señoras con las que habría compartido meublé en la calle de Atocha. A pesar de no haber presentado ni una sola prueba durante todo el tiempo durante el cual duró esa chaflamejada, este corrupto ha gozado no solo del respaldo de la Fiscalía Anticorrupción, sino también de todos los medios de la derecha española, que han relatado con todo lujo de detalles unos hechos que jamás ocurrieron. Y no solo eso, se permitieron incluso anunciar su publicación con semanas de antelación dando por buena la palabra de este impresentable que estos días, ante el Tribunal Supremo, se ha permitido decir que Pedro Sánchez es el cabecilla de la trama sin que ese asunto esté en la causa que se está enjuiciando y sin que el presidente del tribunal, el que estuvo tan diligente contra los testigos incómodos en el juicio contra el ex fiscal general del Estado, lo haya interrumpido para reconducirlo. Espero que Ángel Víctor Torres ejerza (si no lo ha hecho ya) acciones contra Víctor de Aldama, y que la justicia y la fiscalía que tenemos no vuelvan a protegerlo como han hecho con él tan vergonzosamente.

Lo del juez Ruz

Lo ocurrido con la otra instrucción, la del caso Kitchen, ha sido muy comentado por diversos medios informativos y tertulias radiofónicas y televisivas. Un juez muy agradecido al PP, y con motivos, García Castellón, blindó a la cúpula de ese partido para que el escándalo de la policía corrupta no le afectara. No voy a contar lo que está tan trillado. Pero sí algo que está pasando desapercibido: lo que pasó con el juez Pablo Ruz, que estaba al frente de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional cuando se empezó a investigar lo que todavía se llamaba caso Bárcenas. Según ha declarado ante el tribunal el inspector jefe de la UDEF Manuel Morocho, ahí empezaron las presiones de la superioridad policial, alentada desde el Ministerio del Interior en manos del PP. Ni a Morocho ni al juez Ruz los dejaron trabajar para profundizar en el espionaje ilegal que se promovió para intentar evitar que los papeles y las grabaciones que tenía el extesorero del PP pudieran incorporarse a la causa que llevaba aquel juzgado, el que pudo concluir con éxito la operación Gürtel, por la que fue condenado el PP como responsable a título lucrativo, mira tú qué cosas. Al juez Ruz lo acabaron desplazando de la Audiencia Nacional, donde se encontraba como sustituto, para mandarlo de nuevo a su juzgado de Móstoles. Para acojonarlo le soplaron al oído que su padre iba a tener problemas con Hacienda, y el hombre entendió el recado. El siguiente recado se lo dieron al juez García Castellón, que por entonces se encontraba disfrutando de un relajado destino en el extranjero gracias a la generosidad del Consejo General del Poder Judicial, ese que el PP tuvo engrilletado tantos años. Le dijeron que tenía que volver a su plaza de la Audiencia Nacional, donde, ¡oh sorpresa!, le cayó la pieza separada llamada caso Kitchen, que es el que instruyó y el que estos días se repasa (de aquella manera) en un tribunal de la Audiencia Provincial.

Perdonen que hable de mi libro

Tengo motivos de sobra para decir que la justicia en España es un cachondeo, como diría aquel famoso alcalde de Jerez, Pedro Pacheco, al que condenaron por semejante atrevimiento. La única condena penal que tengo en mi historial fue fruto de una trama muy bien orquestada para intentar acabar con un periodista de provincias incómodo con el poder político, entonces en manos, cómo no, del Partido Popular. José Manuel Soria se querelló contra mí precisamente por un Top Secret en el que contamos cómo fue el caso La Favorita, por el que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, cuando él era alcalde, hizo un pase con el empresario Santiago Santana Cazorla, para que este comprara una vieja fábrica tabaquera (La Favorita, del famoso y asesinado Eufemiano Fuentes) por un precio y el ayuntamiento se lo comprara a él por siete millones más. La operación coincidió con un viaje a Suiza del concejal de Hacienda y con una cuenta en ese paraíso fiscal a nombre de la empresa que hacía la operación. La querella se tramitó por injurias y calumnias y una jueza paracaidista, puesta en aquel juzgado de lo Penal para condenarme, me condenó. Mi recurso cayó en la Sección VI de la Audiencia Provincial de Las Palmas, y un tal Salvador Alba Mesa, actuando de ponente, ratificó la sentencia añadiéndole de su cosecha unos cuantos versos dedicados. Ya por entonces el juez Alba tenía ambiciones personales de altas miras, y una de ellas, mira tú qué cosas, era conseguir una plaza en la Audiencia Nacional, sin despreciar en absoluto que lo hicieran vocal del Consejo General del Poder Judicial, al que también optó. Y para eso, el querellante, mi querellante, José Manuel Soria, era una pieza trascendental. Como lo fue, por ejemplo, para que el Consejo General del Poder Judicial nombrara presidente al actual presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro Miranda, justo cuando, en su calidad de presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, presidía un juicio por corrupción contra el portavoz de Economía del PP canario, Jorge Rodríguez, en un caso destapado por Canarias Ahora. Rodríguez es casualmente ahora el abogado de Salvador Alba Mesa en la causa que se sigue contra mí en la Audiencia Provincial de Madrid, ante la que me tendré que sentar en cuestión de meses para responder a la petición de 22 años de cárcel formulada por ese mismo juez delincuente y su señora esposa, la letrada de la Administración de Justicia Teresa Lorenzo Establier. Me acusan de revelación de secretos por contar las aventuras y desventuras de este exjuez corrupto, además de endosar dos delitos más: odio y acoso. He llegado hasta la apertura de juicio oral sin que Alba y su abogado hayan presentado el menor indicio de prueba contra mí después de que él fuera condenado por maniobrar a favor de José Manuel Soria, una vez más, perjudicando a la que en 2015 fue adversaria del ministro de los papeles de Panamá a las elecciones generales, Victoria Rosell, mi pareja. Todavía estoy esperando un comunicado de condena de la Asociación profesional de la Magistratura, la APM, de la que Alba llegó a ser presidente para las Islas Canarias. Un comunicado como el que emitieron cuando miembros del Gobierno y miles de personas criticamos el auto del juez Peinado. Pero ya se sabe, tenemos una justicia a la que le cuesta sacudirse las rémoras del pasado y que está mayoritariamente ejecutando la orden de que el que pueda hacer, que haga.

No corren buenos tiempos para el buen nombre de la justicia. Bueno, en realidad, nunca han corrido buenos tiempos para el buen nombre de la justicia. Pero ahora que determinadas asociaciones de jueces y juezas, determinados partidos políticos y abundantes todólogos, todos ellos y ellas con debilidad por la derecha, se escandalizan por las críticas que ese poder del Estado recibe, parece conveniente recordar algo que parecía indiscutible: que todas las resoluciones judiciales son criticables y sus autores se tienen que aguantar. Con jota. El de las resoluciones extrañas, incluso estrafalarias e injustas, es un asunto muy recurrente, sobre todo para periodistas que hemos visto burros volando en las sedes judiciales de aquí o de allá. Pero hoy vamos a referirnos a uno que sigue dejando secuelas porque su sonoro carpetazo por parte del Tribunal Supremo está sufriendo una mala digestión. Me refiero al caso Reparos, uno de los dos que condujeron a Fernando Clavijo a aforarse ante el más alto tribunal de la patria y hacerse en el mismo lote con los servicios de José Antonio Conseguidor Choclán. Resulta enternecedor que un presunto nacionalista se vea obligado a creer más en la justicia que se imparte en la metrópolis que la que pueda impartir un juez o una jueza en su propia tierra, donde se supone que habrían de tenerse más en cuenta todas esas cosas de las circunstancias territoriales, la idiosincrasia, o lo que su propio partido ha dado en llamar “el modo canario de hacer política”. O quizás haya sido por eso por lo que el actual presidente hizo que el Parlamento canario lo nombrara senador por la Comunidad Autónoma y lo aforara ante el todopoderoso Manuel Marchena, que también es canario y tiene su propio modo de impartir justicia. Debe haber influido también de manera decisiva que unos meses antes de aforarse se aprobara la reforma del Estatuto de Autonomía, en la que se incluyó la desaparición del aforamiento para las autoridades autonómicas. Es decir, Clavijo no iba a poder ser investigado o juzgado en su caso por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) al que su partido eligió para tan alta empresa.

La desidia de la Fiscalía

De todos los asuntos turbios en los que se vio envuelto Fernando Clavijo durante su etapa como concejal y luego alcalde de La Laguna, el caso Grúas y el caso Reparos fueron los que más se le atragantaron. El caso Grúas se lo despachó rapidito Manuel Marchena en el Supremo en 2020 echando por tierra la exposición razonada que envió el juez de Instrucción 2 de La Laguna y el fiscal, que apreciaban delitos de prevaricación y malversación en lo que había hecho aquel concejal de Seguridad y luego primera autoridad municipal con la empresa (que tenía a un amigo dentro) que se había hecho con el servicio previa privatización: prestarle 120.000 euros de dinero municipal para rescatarla. Los demás implicados en este asunto quedaron inmediatamente exonerados en aplicación del contagio supremo, que basó el archivo en que el Ayuntamiento había actuado basándose en un informe de dos catedráticos de la Universidad de La Laguna. El caso Reparos era un poco más enrevesado y se le puso cuesta arriba a Clavijo especialmente desde que la Fiscalía Anticorrupción en Santa Cruz de Tenerife, cuanto estaba a cargo de María Farnés Martínez, decidió intervenir por petición expresa del denunciante, Santiago Pérez, cansado de la desidia con la que actuaba el fiscal encargado del Juzgado de Instrucción 4 de esa ciudad, contagiado quizás por la quietud (vamos a decirlo así) de la jueza titular de esa plaza. Pérez denunció que Clavijo y su sucesor en la alcaldía, José Alberto Díaz, además de algunos de sus lugartenientes, aprobaron en esos dos mandatos casi 200 decretos para levantar otros tantos reparos de la intervención, y de ese modo, según la denuncia, beneficiar a determinadas empresas que sacaban suculentas tajadas de una excepcionalidad que, siempre según la causa penal, no era tal. Coalición Canaria nunca le quiso dar mucha importancia a este asunto, y el demoledor informe de 120 folios de la fiscal María Farnés Martínez lo contestaron acusándola de pro gubernamental. Hasta que la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife empezó a revocar los autos de archivo de la jueza y a ordenar que siguiera adelante con la instrucción. Hasta el momento se lo ha ordenado dos veces. Así que, lo mejor, al igual que el caso Grúas, era ponerse en manos del Supremo, que se lo archivó exclusivamente para él en 2023. La causa, sin embargo, continúa a día de hoy viva para el exalcalde Díaz y ocho personas más, que ocupaban la Junta de Gobierno del consistorio porque el denunciante ha vuelto a presentar un tercer recurso contra el tercer intento de archivo.

El denunciante, fuera de la política institucional

Las primeras ayudas a Clavijo vinieron de sus socios naturales en Canarias, los del PP, el partido que presume de tener el control de una puerta de esa sala de lo Penal del alto tribunal español. Allí, en manos de Manuel Marchena, Clavijo no se tuvo ni que sentar en el banquillo. Sin escuchar a la acusación particular, el Supremo archivó el asunto con unos argumentos muy singulares: “Las resoluciones adoptadas por el entonces alcalde (casi un centenar), aunque pueden ser irregulares, no fueron arbitrarias”. Y para que esas irregularidades puedan ser consideradas delito de prevaricación “se requiere que la resolución sea arbitraria, es decir, que roce lo groseramente ilegal por responder al mero capricho o voluntarismo de quien la dicta, a quien no importa su mayor o menor ajuste a una legalidad que desprecia”, dice literalmente la resolución. Las siguientes ayudas vinieron del PSOE, aunque cueste creerlo. Clavijo pidió a Ferraz, con quien negociaba el apoyo de Coalición Canaria a Pedro Sánchez, que ordenara a Santiago Pérez retirar la denuncia contra los compañeros que se quedaban en el barco del caso Reparos. Y como Pérez se negó a hacerlo, el tal Cerdán hizo que se quedara fuera de las listas al Senado, donde ocupaba plaza, en las elecciones de 2023. Ante esa posición del denunciante, a la tropa imputada no le quedaba otra que atenerse a la vía judicial de modo que, utilizando el archivo del Supremo respecto de Clavijo, la causa quedara archivada también en La Laguna. Así que se activó la Fiscalía Anticorrupción en Madrid, esa en la que manda el tal Luzón, el que tiene tan contento a Víctor de Aldama. Luzón ordena a sus subordinados de que se opongan al tercer recurso de Pérez contra el archivo y encarga el primer escrito de oposición nada menos que a su lugarteniente, Antonio Romeral, el que tiene tan contento a Cristóbal Montoro. La fiscalía, al igual que los abogados de las personas que siguen imputadas, intenta que se aplique en Canarias la misma tesis del Supremo, amparada en otra innovación: “el tronco común”, que viene siendo una variante de la doctrina del árbol envenenado, pero en esta ocasión a favor del reo. Obviando, naturalmente, que cada uno de los casi 200 decretos investigados tiene identidad propia, cada uno de ellos puede ser constitutivo de delito de prevaricación y de malversación sin necesidad de tronco común ni nada que se le parezca, por lo tanto, han de ser analizado individualmente. Es la misma tesis que sostiene la Audiencia Provincial. Ya no está María Farnés Martínez en Canarias. La nueva fiscal general se la ha llevado a la Fiscalía del Supremo. Le sustituyó primero en la Fiscalía Anticorrupción en Santa Cruz de Tenerife y ahora opta a ocupar su plaza de fiscal superior Jaime Serrano-Jover González, que casualmente tiene los mismos apellidos que la magistrada Ana Serrano-Jover González, que intentó desde Instrucción 4 de La Laguna archivar por dos veces el caso Reparos, lo que le impidió la Audiencia Provincial.

El decreto más grosero, el de Urbaser

Para archivar el caso Reparos respecto de Clavijo, el Supremo puso el listón muy bajo. Dijo que tiene que ser muy grosera la resolución administrativa para poder hablar de algo más que una “irregularidad”, término que no existe en el Derecho Administrativo. Así que si hablamos de grosería, hay un ejemplo muy elocuente en esta instrucción: las ampliaciones del contrato de limpieza y recogida de residuos urbanos a la empresa Urbaser, que lo llevaba prestando desde 2008. Hubo dos prórrogas, una firmada por Clavijo y la otra por su sucesor, José Alberto Díaz, un contrato de 150 millones de euros, más o menos lo que viene costando actualmente la Televisión Canaria. En ambos casos, el Ayuntamiento inició el procedimiento de adjudicación una semana antes de que venciera la segunda y última prórroga y se le pidió a la empresa que siguiera prestando el servicio en las mismas condiciones. Pero una de esas condiciones -aquí empiezan las groserías- imponía a Urbaser que la flota del servicio de limpieza debía pasar a ser del Ayuntamiento, exigencia que no sólo no se cumplió sino que a) el Ayuntamiento le siguió pagando por el mantenimiento de los camiones y b) el Ayuntamiento exoneró a Urbaser de la obligación de renovar 32 de los 46 vehículos que componían la flota. Por falta de groserías que no sea.

Fernando Clavijo quiere enterrar para siempre en el olvido los cuatro años que pasó casi de secano entre su primer mandato como presidente de Canarias (2015-2019) y este que ahora perpetra desde 2023. No quiere caer en errores que le lleven a volver a perder las elecciones y que le impidan repetir en 2027. Se trata de seguir al precio que sea, incluso pactando con el PSOE, que algún predicamento tiene en las filas socialistas un pacto así con Coalición Canaria, no se vayan a creer.

Por eso Clavijo ha abierto varios frentes para garantizarse al menos un ecosistema propicio, particularmente entre los medios de comunicación, una faceta a la que su núcleo duro en Presidencia del Gobierno dedica la mayor parte de sus esfuerzos, incluso intelectuales.

La Televisión Canaria es la piedra filosofal de esa estrategia, no solo por el férreo control que se ejerce desde Presidencia sobre sus Informativos, su personal directivo y todos sus contenidos, sino porque a través de la contratación con grandes productoras se influye notablemente en la línea editorial de las cabeceras más veteranas del lugar. Lo explicó hace unos días de una manera muy directa en Mírame TV la activista Emma Colao: “El Gobierno de Canarias está comprando la verdad pública,a través del dinero público, de grandes medios de comunicación con capacidad de borrar por completo el discurso social”. 

¿Periodistas? ¿Para qué?

Desde que regresó a la presidencia, Clavijo lo tuvo claro: no hacen falta periodistas para dirigir un medio de comunicación público. Ni siquiera gestores de acreditada solvencia. Basta con uno o varios comisarios políticos con el mismo objetivo: la manipulación y el sectarismo, lo que desde el Gobierno y los dos partidos que lo sustentan llaman “el modo canario de hacer política”. La televisión pública de Canarias la dirige personalmente el viceconsejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno, Alfonso Cabello (Santa Cruz de Tenerife, 1977), que como más cercano antecedente profesional relacionado con el mundo de los medios fue, entre 2011 y 2014, director de negocio de Prisa en Canarias. A él corresponde negociar con los medios de comunicación titulares de productoras audiovisuales el reparto del presupuesto que tiene Televisión Canaria para contrataciones externas. Prensa Canaria (La Provincia y El Día), a través de Videre, e Inforcasa (Canarias7), a través de Videoreport, se llevan la mayor parte de la tarta, mientras que Plató del Atlántico (Diario de Avisos) parece conformarse con ser el tercer convidado porque tiene otros proyectos audiovisuales (cine, básicamente) que le desaconsejan hipotecarse con el Gobierno. Con el viceconsejero ejerciendo de amo y señor de la tele, el papel que le tocó desempeñar a la administradora general que nombró el gobierno al principio del mandato, María Méndez, fue el de mera gestora: firmar las nóminas, acudir a las presentaciones y poco más. Para colmo, Méndez, no llegó con ambiciones políticas especiales, ni participaba de la cacería que se ordenaba desde presidencia contra las productoras con medios de comunicación desafectos al régimen, por lo que se hizo necesario imponerle un comisario político, César Toledo, al que colocaron en el ente público amparado por un puesto de nueva creación que denominaron “director de medios y contenidos”. María Méndez se mandó a mudar de inmediato y el Gobierno le faltó tiempo para sustituirla por Toledo, el más dañino responsable de RTVC de la historia del ente. Que se dice pronto, con todo lo que ha pasado por esa casa.

A grito pelado

Experto en comportamiento no verbal, César Toledo hace todo lo contrario de lo que preconiza en sus cursos de autoayuda: grita como un descosido, como si no hubiera un mañana. Grita a todo el mundo que se le ponga por delante, da igual el cargo que quiera que ocupe. Lo hizo, por ejemplo, con Candelaria Delgado, que era la directora de Producto cuando él aterrizó en RTVC. Sus primeros encontronazos se saldaban siempre con “tú a mí no me chillas”, de Delgado dirigiéndose al nuevo virrey. Y él seguía chillando. Y como no había manera de que la directiva se plegara a ese modo de actuar, la acabó despidiendo, con las consiguientes demandas y las también consiguientes derrotas en los tribunales de lo Social. Pero no solo ha perdido la casa históricas directivas como Candelaria Delgado. También han puesto tierra de por medio Óscar Fernández, director de Producción, o Paloma Martín, directora de Planificación y Gestión, que ha regresado a su puesto en la Administración autonómica. Reyes González, jefa de contratación de toda la vida, tampoco ha podido soportar más el mal ambiente y se recupera en su casa. Muy sonada fue la dimisión de Paco Luis Quintana, director de Informativos y una de las caras más reconocibles de la cadena, cuyo puesto ha sido ocupado por Marta Cairós, designada a dedo, es decir, sin cumplir con los preceptos legales que obligan a un concurso público. También han sido apartados periodistas históricos como Armando Vallejo o Jesús Perdomo, sencillamente porque no eran del gusto del administrador general. El jefe de Realización, Sergio Bratche, dimitió la semana pasada y alegó lo mismo que han alegado todos los que se han ido voluntariamente: “Razones personales”. Toledo ha preferido quedarse sin equipo directivo a trabajar con uno que no fue puesto por él.

El ruido de las audiencias

La última queja del Comité Intercentros de Televisión Canaria ha sido la censura informativa, muy al modo de la tele pública gallega y otras experiencias sectarias de la España peninsular. Lo que no interesa al Gobierno, no se cuenta. Así, el preaviso de huelga en la radio pública canaria no se ha incluido en ningún informativo de la cadena. Todo se tapa con grandes fastos o con comunicados diarios sobre las audiencias, una pantalla tras la cual todo parecía valer hasta que el propio administrador general reconoció en la Comisión de Control de RTVC que, bueno, que a lo mejor los audímetros no son la cosa más precisa que habita entre nosotros y que puede que los datos estén un poco inflados. Que a la televisión pública de Canarias, con programación cien por cien local, le acaba ganando algunos días la televisión pública estatal es, como mínimo, para hacérselo ver. Y atentos porque el socio de Clavijo en el Gobierno, el Partido Popular de Manolo Domínguez, también quiere su cuota de protagonismo: ha conseguido imponer en la programación un inminente programa de debate político en el momento procesal más oportuno. Se lo han encomendado a Macaronesia Comunicación. 

Auditorio-Teatro, el desenlace

La vida continúa fuera de la tele, no se vayan a creer. Por ejemplo, en la Fundación Auditorio Teatro de Las Palmas de Gran Canaria, sumida en un proceso de relevo al frente de la dirección. Tilman Kuttenkeuler será relevado de modo inminente a través de un concurso cuyo plazo de presentación de candidaturas ha terminado sin que se conozca con exactitud quiénes se han presentado. Sí se sabe que el director general saliente no se marcha en son de paz y que, muy en desacuerdo con los modales, ha hecho dos cosas que en principio parecen contradictorias: recurrir las bases del concurso y presentarse al concurso con esas mismas bases. El Ayuntamiento prefiere sustituirlo por otra persona para darle al auditorio Alfredo Kraus y al teatro Pérez Galdós, según parece, un impulso que sintonice más con la candidatura de Las Palmas de Gran Canaria a la capitalidad europea de la cultura 2031. Eso, teóricamente, ahuyentaría los fantasmas de quienes, por el perfil de algunos de los supuestos candidatos, temen un mayor peso de la faceta congresos frente a la faceta programación cultural. Veremos.

Los que conocemos a José Manuel Soria desde que dio el salto a la política, a mitad de la década de los años noventa (sí, del siglo pasado), siempre supimos que su retirada obligada de la política no iba a suponer el abandono total de esa actividad. Desde que la descubrió y la combinó con los negocios de la manera que lo hizo, supo que eran dos actividades complementarias: poder es dinero, dinero es poder.

Por eso, su dimisión en abril de 2016 como consecuencia de la aparición de su nombre en los Papeles de Panamá y la posterior constatación (por parte de Canarias Ahora) de que tenía una empresa familiar en el paraíso fiscal de Jersey, significó solamente la inversión del mayor peso de la política por los negocios, es decir, el Soria empresario sobre el Soria político, pero sólo en apariencia. Porque la política sigue estando entre las actividades necesarias del exministro Soria para que sus actividades empresariales (automoción, turismo, residencias de mayores, renovables…) puedan alcanzar el éxito.

Es uno de los valores que aprecian quienes se hacen con sus servicios porque saben que sigue teniendo acceso franco al poder tanto en Canarias como en algunos despachos peninsulares gracias no solo a su amplia agenda de contactos sino también a la reputación que le precede como gestor generoso con quienes son generosos con él. Soria, por poner un ejemplo, tiene acceso directo a Fernando Clavijo, presidente de Canarias, al que ha tenido la ocasión de pedirle un par de favores relacionados con sus representados; y por razones obvias, al vicepresidente de la Comunidad, Manuel Domínguez, que es además presidente del Partido Popular de Canarias, del que Soria fue líder y caudillo indiscutible durante más de dos décadas. 

El Ayuntamiento de Mogán como núcleo irradiador

A su manera y con sus capacidades y sus coeficientes, Manolo Domínguez sabe que a Soria le sigue atrayendo mucho el poder, por eso le sugirió en 2023 ser candidato a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, ignorando que los puestos políticos de designación electoral ya están muy lejos de las apetencias del exministro y exalcalde de esa misma ciudad y que, en todo caso, solo aceptaría puestos de mucho relumbrón sólo relacionados con el mundo de las finanzas, como trató de conseguir por la puerta de atrás con el Banco Mundial desde los cuales se comprendan sus inclinaciones actuales. También tiene acceso Soria a ciertas decisiones del que fuera su partido del alma, como la de qué hacer con la polémica y polifacética creadora de contenidos Onalia Bueno, alcaldesa de Mogán, a la que avala para que regrese al PP en cuanto ella quiera, no solo para tratar de repetir con éxito a ese cargo, sino para, desde él, optar a ser presidenta del Cabildo de Gran Canaria. El partido ha visto con buenos ojos la idea y ha llegado a insinuar a Bueno que a lo mejor podrían hacer con ella en Mogán lo que se hace desde hace años en San Bartolomé de Tirajana con el alcalde Marco Aurelio Pérez, que es tan del PP como líder de Asociación de Vecinos, formación por la que suele concurrir a la alcaldía con bastante éxito. Bueno se lo piensa mientras algunas voces muy atrevidas tratan de amenazarla con rescatar del ostracismo al que fuera su alcalde, su jefe y su todo, Francisco González, defenestrado a raíz del escándalo del caso Góndola, que a él le adelgazó (políticamente) y a ella le engordó (políticamente, también). Paquirrín, como se le conoce desde entonces, anda diciendo a quien le quiera escuchar que sólo hará algo por su partido si el candidato es su hijo, actualmente asesor en la Consejería de Educación. Mogán se ha convertido en el epicentro de muchas cosas que pasan en la política de Canarias gracias a la personalidad poliédrica de su alcaldesa, que ya tiene trabajando en su ayuntamiento a dos sobrinos de José Manuel Soria y a uno de los más firmes candidatos a dirigir la Fundación Auditorio Teatro (Alfredo Kraus, Pérez Galdós, respectivamente), Zoilo Alemán, que tras haber abandonado por la vía más expeditiva el Palacio de Congresos de Meloneras, se ha hecho un máster en Contratación Pública y ha elegido ese consistorio tan pintoresco para hacer las prácticas. ¿Dónde mejor? Si se le pregunta al interesado si es el favorito para sustituir a Tilman Kuttenkeuler, se va por peteneras: “De momento no sé qué haré porque estoy en proceso de selección muy avanzado para una empresa que se va instalar en Gran Canaria, pero tendría que irme un año y medio a Madrid”.

Desconcierto en Moncloa: nadie encuentra al candidato progresista al TSJC

Los teléfonos echaban humo los días posteriores a que se cerrara el plazo de admisión de candidaturas para la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Por defectos formales en la convocatoria (una corrección de errores), el Consejo General del Poder Judicial amplió las fechas, lo que hizo pensar en algunos despachos que a los dos candidatos iniciales se sumaría un tercero o una tercera que tuviera marchamo progresista. Pero no fue así. Al actual presidente, Juan Luis Lorenzo Bragado, le salió como opositor el actual presidente del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria (decano, antes de la majadería de Bolaños del cambio generalizado de nomenclatura que nos ha jodido a todos los periódicos el tamaño de los titulares). Juan Avello es de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria asociación de jueces, conservadores ellos, que le joden la vida al Gobierno un día sí y el otro también con sus jacarandosos comunicados y comentarios en redes sociales. Pero Avello es un tipo moderado que no ha destacado por excéntricas, llamativas o comprometidas actuaciones sino más bien por todo lo contrario. Así que la primera foto era entonces la de un vitorino (de la también conservadora Asociación Francisco de Vitoria) contra otro conservador. Hasta que apareció el tercer candidato en liza, Jaime Borrás Moya, que no está afiliado a ninguna asociación judicial y que presenta como más llamativa actividad en su curriculum el ejercicio del ilusionismo, previa autorización de compatibilidad del Consejo General del Poder Judicial, donde aún resuenan las chanzas sobre su apellido y la famosa marca de juegos Magia Borrás. Complementariedades aparte, la condición de no afiliado de este juez ilusionista hizo sospechar a los más incautos que se trataba de la apuesta progresista, porque a esos incautos les parecía muy improbable que en el actual escenario no se le ocurriera a nadie de la asociación Jueces y Juezas para la Democracia presentarse a tan atractivo e influyente puesto. Hasta en Moncloa creyeron que Borrás era la persona a apoyar en los cenáculos correspondientes, ignorantes de que en el Consejo General del Poder Judicial también hay repartos territoriales e ideológicos. Es decir, que si a Euskadi le toca presidencia progresista -por poner un ejemplo al azar-, Canarias se tiene que esperar a la próxima ocasión, si es que algún día llegara o llegase. Ante este lindo panorama, el favorito para presidir el alto tribunal canario es Juan Avello, quebrando nuevamente la costumbre no escrita de que un presidente de TSJ que se tercie aguanta como mínimo dos mandatos, es decir, una década completita, y que habrá que esperar otros cinco años a ver si le toca a los magistrados y magistradas progresistas proponer a uno de los suyos a tan altos destinos. Para eso tendrán que estar nuevamente a expensas de que la parte conservadora de la parte contratante se avenga a cumplir en el CGPJ con la misma diligencia que la parte progresista cuando la conservadora no tiene la sartén por el mango. Y el mango también.