Ángel Víctor Torres, el oficio de gobernar en tiempos de crisis

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en una imagen de archivo

Carlota Martínez

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Aunque el camino de Ángel Víctor Torres (Arucas, Gran Canaria, 1966) se vio frustrado por un acuerdo alcanzado entre Coalición Canaria y el Partido Popular tras las elecciones del 28 de mayo de 2023, no impidió que su trayectoria política tomara un nuevo rumbo poco después. Pedro Sánchez le llamó para incorporarse al Gobierno como ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, y desde entonces ha desempeñado con solvencia grandes responsabilidades que le han llevado a día de hoy a asumir el mando único para gestionar la actual crisis migratoria de Ceuta.

Durante estos últimos años, Torres se ha ganado la reputación de ser un experto en crisis. Y es que, si de algo puede presumir el ministro, tras sus cuatro años al frente del Gobierno de Canarias (2019-2023) y su etapa en el Gobierno de España (2023-actualidad), es de ser un buen gestor de las adversidades y de saber afrontar situaciones de crisis extremas.

A lo largo de su mandato tuvo que hacer frente al incendio forestal de Gran Canaria, la quiebra de Thomas Cook, a la pandemia de la Covid-19, que en la primera ola se cebó con especial virulencia en el Archipiélago, a la ruta canaria de 2021 y posteriormente al volcán de La Palma y los episodios extremos de calima, a lo que se suma su gestión de un Gobierno autonómico sustentado en un cuatripartito que logró mantener unido durante toda la legislatura y dirigir sin grandes conflictos públicos.

El primer gran reto de Torres: los incendios forestales de Gran Canaria

El líder del PSOE en Canarias, que formalizará su candidatura a la Presidencia de Canarias el próximo 31 de agosto, subsistió durante 2019 y 2023 a diferentes situaciones de complejidad. Puede que la pandemia de la Covid-19 fuese su mayor desafío pero entre esos años, acumuló otras grandes crisis.

La primera fue a tan solo tres meses después de los comicios. El 10 de agosto de 2019 se originó, de forma intencionada, un incendio forestal en Artenara, extendiéndose hacia Tejeda y Gáldar. El fuego fue declarado estabilizado el 13 de agosto, después de varios días de intenso trabajo de extinción en el que participaron 13 aeronaves. Lo que no sabían es que ese mismo día otro incendio arrasaría el barrio de Cazadores, en Telde. De menor magnitud, aunque no por ello menos preocupante, terminó afectando a unas 160 hectáreas.

En todo ese periodo, el entonces recién investido presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, lideró la gestión de la emergencia priorizando la seguridad de las personas y la comunicación transparente. Su estrategia pasó por evitar a toda costa víctimas mortales, lo que obligó a evacuar a más de 10.000 personas de alrededor de 50 núcleos de población. Un operativo que concluyó con cero pérdidas humanas.

Torres coordinó además junto al Gobierno central el mayor despliegue técnico visto hasta entonces en las islas, con 16 medios aéreos y más de un millar de efectivos terrestres en los momentos más críticos. A este dispositivo se sumó una comunicación constante. El presidente comparecía diariamente ante los medios para ofrecer partes técnicos junto a los expertos de extinción, trasladando la evolución de los incendios y las decisiones que se iban tomando. Una forma de gestionar la comunicación en plena crisis que, posteriormente, fue calificada como ejemplar por profesionales del sector.

El golpe de Thomas Cook

Y cuando apenas había comenzado a coger las riendas del Ejecutivo, Torres tuvo que enfrentarse a otra crisis, esta vez lejos de los montes y con el turismo como protagonista. El 23 de septiembre de 2019, la quiebra del gigante británico Thomas Cook dejó a unos 30.000 turistas afectados en Canarias y puso en jaque a un sector del que depende buena parte de la economía de las islas. La caída del turoperador, que movía alrededor de 3,5 millones de visitantes al año hacia el Archipiélago, amenazaba con convertirse en un golpe de hasta 3.000 millones de euros y ponía en riesgo miles de empleos.

Torres volvió a situarse al frente de la respuesta, esta vez coordinando con el Gobierno central y con el sector turístico un plan de choque para contener las consecuencias. La prioridad pasó por recuperar cuanto antes la conectividad aérea, dar liquidez a las empresas afectadas y proteger el empleo. Canarias consiguió además un fondo específico de 15 millones de euros para recuperar rutas y reforzar la promoción turística, mientras desde el Estado se pusieron en marcha nuevas medidas para facilitar financiación y abaratar las tasas aeroportuarias.

La crisis de Thomas Cook llegó en plena extinción de los incendios forestales y volvió a poner a prueba su capacidad para reaccionar ante situaciones inesperadas. Si en los incendios había tenido que gestionar una emergencia sobre el terreno, ahora debía hacerlo frente a un golpe económico que amenazaba directamente al principal motor de las islas. Dos escenarios muy distintos para un mismo reto: contener la crisis y evitar que sus efectos fueran a más.

La pandemia: el gran examen

El 31 de enero de 2020, otra crisis pondría a prueba su capacidad de respuesta. Canarias no solo registró el primer caso de SARS-CoV-2, sino que fue el primero detectado en España, concretamente en La Gomera. Apenas unas semanas después, el estado de alarma y el confinamiento paralizaron el país y golpearon especialmente a un Archipiélago dependiente del turismo. Torres volvió a asumir una premisa clara: salvar vidas y evitar el colapso sanitario, aunque el coste económico fuera enorme.

Con la llegada del verano, el reto pasó a ser otro. Para recuperar el turismo sin poner en riesgo los avances sanitarios, Torres apostó por convertir Canarias en un destino seguro, reforzando los controles en las fronteras y exigiendo pruebas a los turistas, mientras las nuevas olas obligaron a endurecer de nuevo las restricciones. Al mismo tiempo, su Gobierno regional puso en marcha ayudas para empresas y autónomos y medidas para sostener el empleo.

La pandemia se convirtió así en el mayor desafío de su primera etapa al frente del Gobierno de Canarias. Torres tuvo que tomar decisiones prácticamente inéditas, muchas de ellas bajo una enorme presión y con un escenario que cambiaba cada semana. Fue, también, la crisis que terminó de consolidar esa imagen de presidente acostumbrado a gestionar emergencias y que, con el paso del tiempo, acabaría valiéndole el calificativo de 'experto en crisis'.

El gran pulso migratorio

Pero si algo ha marcado la trayectoria profesional del ministro ha sido su gestión de la crisis migratoria. Una experiencia que, entre otros motivos, le ha llevado a asumir la nueva responsabilidad que acaba de afrontar en Ceuta, adonde se desplazará este mismo martes, tras el Consejo de Ministros, para trabajar codo con codo con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, previsiblemente hasta el 31 de diciembre de 2026.

En 2020, Canarias vivió una crisis migratoria que devolvió a las islas a las cifras de la llamada crisis de los cayucos de 2006. Más de 23.000 personas llegaron al Archipiélago en apenas un año, en plena pandemia y con una red de acogida que no estaba preparada para asumir semejante presión. Los hoteles que habían quedado vacíos por el desplome del turismo se convirtieron en alojamientos de emergencia y el muelle de Arguineguín terminó convirtiéndose en el símbolo de una crisis que desbordó a las administraciones.

Torres convirtió entonces la gestión migratoria en uno de los principales pulsos con el Gobierno central. Aunque el control de fronteras y la acogida de adultos correspondían al Estado, el Ejecutivo canario tuvo que asumir la tutela de los menores no acompañados mientras su red de protección se acercaba al límite. El presidente reclamó de forma reiterada el traslado de migrantes a la Península y una mayor implicación del resto de comunidades autónomas, advirtiendo de que Canarias no podía convertirse en un “muro” ni en una “cárcel a cielo abierto”. Su presión política coincidió con el colapso de Arguineguín, donde llegaron a concentrarse miles de personas, y con la posterior puesta en marcha del llamado Plan Canarias para descongestionar la acogida en las islas.

Fue una crisis que obligó a Torres a moverse entre la gestión sobre el terreno y el pulso político con Madrid, una experiencia que acabaría marcando buena parte de su etapa posterior.

Cuando la crisis se convirtió en rutina

Ángel Víctor Torres también tuvo que hacer frente a otras emergencias extraordinarias. En septiembre de 2021, la erupción del volcán Tajogaite volvió a situar al Archipiélago ante una situación inédita. Durante 85 días, la lava avanzó por el Valle de Aridane, arrasando viviendas, cultivos e infraestructuras. La prioridad fue, como siempre, proteger a la población y, gracias a la evacuación preventiva de unas 7.000 personas y al seguimiento constante de los equipos científicos y de emergencias, la erupción no dejó ninguna víctima mortal directa.

Torres volvió a funcionar como ejemplo de comunicación y gestión de emergencia, compareciendo prácticamente a diario junto a los expertos para informar sobre la evolución del volcán, aunque en esta ocasión s edio una diferencia sustancial al estar marcada por la unidad entre las distintas administraciones y por una respuesta coordinada que permitió afrontar la emergencia sin grandes disputas políticas. Pero cuando el volcán se apagó comenzó otra batalla, mucho más lenta: la reconstrucción. Las ayudas y la entrega de viviendas se demoraron más de lo esperado y la burocracia terminó generando frustración entre unos afectados que habían perdido sus casas, sus tierras y, en muchos casos, su forma de vida.

La erupción terminó así convirtiéndose en una de las grandes paradojas del mandato de Torres. La emergencia se gestionó con el precedente de salvar vidas, pero la reconstrucción quedó pendiente y el tiempo ha demostrado que no era un problema que pudiera resolverse en una legislatura. Casi cinco años después, el Valle de Aridane sigue reconstruyéndose a un ritmo más lento del que desearían los afectados. Solo alrededor del 32% de las fincas agrícolas sepultadas han vuelto a recuperarse y todavía hay familias que dependen de ayudas al alquiler o de viviendas provisionales. La inflación, el encarecimiento de las obras y la propia complejidad de recuperar un territorio sepultado por la lava se han sumado a una burocracia que ha ralentizado el proceso.

Torres no pudo cerrar esa herida durante su etapa al frente del Gobierno de Canarias, pero tampoco lo han conseguido los ejecutivos que le sucedieron. El actual Gobierno de Canarias continúa afrontando problemas que arrastra la reconstrucción desde 2021, desde la recuperación de las fincas y las viviendas hasta infraestructuras como la LP-2, cuyas obras no comenzaron hasta finales de 2025 y tienen prevista su finalización para 2027. Al mismo tiempo, Puerto Naos y La Bombilla avanzan poco a poco hacia la normalidad, aunque todavía bajo vigilancia por la presencia de gases volcánicos. La lava se apagó hace casi cinco años, pero para muchos palmeros la crisis todavía no ha terminado.

Y, entre tanta emergencia, tampoco puede olvidarse otro episodio que coincidió con el arranque de la ruta migratoria que marcaría buena parte de su mandato. En febrero de 2020, Canarias vivió uno de los fines de semana más complicados de aquellos años, cuando una calima de una intensidad que no se recordaba en cuatro décadas se sumó a fuertes vientos, mala mar e incendios forestales. Torres llegó a calificarlo como un “fin de semana de pesadilla”. Más de 800 vuelos fueron cancelados o desviados en un solo día, miles de pasajeros quedaron afectados y más de un millar de personas tuvieron que ser evacuadas por los incendios.

De Canarias al Gobierno de España

El episodio resumía, de alguna manera, lo que acabaría siendo su paso por la Presidencia de Canarias. Emergencias que se sucedían, problemas que se solapaban y un Gobierno obligado a reaccionar prácticamente sobre la marcha. Una experiencia acumulada durante cuatro años que, lejos de quedarse en las islas, terminaría abriéndole las puertas del Gobierno de España. En julio de 2023, Pedro Sánchez le llamó para incorporarse al Ejecutivo como ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. Su siguiente escenario ya no sería Canarias, sino el conjunto del territorio nacional, donde en 2024 tendría que afrontar las consecuencias de la DANA que golpeó con especial dureza la provincia de Valencia.

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