La excepción a la tasa de basura en Canarias: estos son los municipios donde no se paga

¿Pagar una tasa por la gestión de los residuos o quedar exento de ella? Desde abril de 2025, la normativa estatal establece la obligación de que los municipios repercutan sobre los ciudadanos el coste real de la recogida, el transporte y el tratamiento de los residuos, pero hay dos distritos en Canarias que se salvan de esto.

Aunque ningún ayuntamiento canario puede decidir libremente no cobrar la tasa de basura o subvencionarla con otros impuestos generales, la aplicación práctica deja algunas excepciones. Entre ellas están los ayuntamientos de Las Palmas de Gran Canaria y de Santiago del Teide (Tenerife).

Dos excepciones al cobro de la tasa en Canarias

Históricamente, Las Palmas de Gran Canaria siempre ha sido uno de los pocos grandes municipios de Canarias y capitales de provincia de España que no gravaba a sus ciudadanos con una tasa específica por la recogida y tratamiento de residuos. Hasta ahora, el servicio se había financiado fundamentalmente a través de los presupuestos generales del Ayuntamiento. Sin embargo, la entrada en vigor de la Ley 7/2022 obligó al Consistorio a establecer una tasa específica que empezó a cobrarse este 2026 con una cuota de alrededor de 149,33 euros anuales por vivienda. Una adaptación que terminó chocando con los tribunales.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) anuló en julio la ordenanza al considerar insuficientemente justificados tanto algunos criterios utilizados para calcular y distribuir la tasa como la memoria técnico-económica que la sustentaba.

Después de ello, el Ayuntamiento decidió finalmente no recurrir la sentencia, de modo que paralizó las nuevas liquidaciones y anunció la devolución de las cantidades que ya habían abonado los contribuyentes. Con la anulación de la ordenanza, el Consistorio recupera, al menos de forma temporal, el escenario anterior a la entrada en vigor de la tasa, mientras trabaja en una nueva ordenanza que le permita adaptar el cobro del servicio a las exigencias de la normativa estatal.

La estrategia es distinta en Santiago del Teide, el otro municipio canario que, en la práctica, ha quedado al margen del cobro efectivo de la tasa. Aquí no ha mediado una sentencia judicial que la anule. La tasa sigue vigente, pero el Ayuntamiento ha optado por bonificar la cuota hasta dejarla sin efecto siempre que el coste del servicio quede “íntegramente cubierto con cargo al presupuesto municipal”. La fórmula permite mantener formalmente la figura tributaria y, al mismo tiempo, evitar que el recibo recaiga sobre los vecinos. El coste, por tanto, no desaparece, cambia de bolsillo. En lugar de pagarlo directamente los ciudadanos, lo asume el propio Consistorio con cargo a los ingresos ordinarios de las arcas municipales o, en su caso, al superávit acumulado.

Los 86 municipios restantes sí tienen y cobran actualmente la tasa de basura.De hecho, el impacto de la nueva ley ha provocado que muchos ayuntamientos que ya la cobraban hayan tenido que subir drásticamente los importes o cambiar sus métodos de cálculo para asegurar que no hay déficit. Es el caso de Santa Cruz de Tenerife. El Ayuntamiento se ha visto obligado a subir los precios tras recalcular sus cifras, lo que se ha traducido en un encarecimiento notable del recibo. Por ello, el Consistorio ha decidido aplazar el golpe en los bolsillos retrasando el periodo de cobro voluntario a los meses de septiembre a noviembre

El objetivo real: la ley del 'quien contamina, paga'

Pero la verdadera pregunta es por qué nace esta norma que comúmente se conoce como 'tasazo'. La Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados adapta la legislación española a las exigencias europeas con el objetivo de corregir una situación que llevaba años generando problemas. Unas tasas de reciclaje insuficientes, una elevada dependencia de los vertederos y un coste de la gestión de residuos que, en muchos municipios, no se reflejaba de forma transparente en lo que pagaban los vecinos.

Hasta ahora, si un vecino reciclaba al máximo y generaba muy poca basura, pagaba exactamente lo mismo que un vecino o negocio que tiraba toneladas de residuos mezclados sin separar. La nueva regulación busca precisamente hacer visible ese coste y vincularlo al servicio que se presta.

A ello se suma un principio ambiental conocido como 'quien contamina, paga'. La idea es que generar residuos tenga un coste y que ese coste pueda utilizarse como incentivo para reducirlos y reciclar más. Por eso, el objetivo es que se equilibren la responsabilidad y el importe y que quien apenas genera basura no pague lo mismo que quien produce grandes cantidades de residuos sin separar. De esta manera, la normativa abre la puerta a sistemas que tengan en cuenta comportamientos como el compostaje, la separación de residuos orgánicos o el uso adecuado de los distintos contenedores.

Otro aspecto importante es que la tasa debe cubrir únicamente el coste real de gestionar los residuos. Esto significa que el Ayuntamiento no debe cobrar menos de lo que cuesta el servicio, pero tampoco más para obtener ingresos extra y destinarlos a otros gastos. Por lo que esta tasa también sirve para que los ciudadanos sepan cuánto cuesta gestionar los residuos y qué parte de ese coste están pagando.

La reforma responde, además, al problema del vertido. España necesita reducir la cantidad de residuos que terminan en los vertederos y aumentar la preparación para la reutilización y el reciclaje, una tarea pendiente en Canarias, que acumuló un 83% de residuos mezclados en 2025. El propio Gobierno regional ha reconocido en sus informes de coyuntura que los residuos son “uno de los mayores problemas” de la gestión ambiental en las Islas.