Radiografía de un pelotazo: cuando Ana Botella malvendió 1.860 viviendas públicas a un fondo buitre

“Las viviendas siguen siendo protegidas, para los inquilinos lo único que ha cambiado es su casero, nada más, ¿de qué problemas me habla?”. La frase es de una Ana Botella enervada por las preguntas de la oposición municipal en un pleno del 13 de mayo de 2014. La entonces alcaldesa del PP había vendido, apenas un año antes, 1.860 casas construidas con dinero público al fondo buitre Blackstone. Lo había hecho a precio de saldo. De la noche a la mañana, con poca transparencia y dando información privilegiada a cuatro empresas, según sentenció después la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. Más tarde se descubrió que además de la ruinosa operación, el Ayuntamiento había pagado 2,3 millones de euros a un comisionista para que intermediara en la venta.

Aunque Botella –que llegó a alcaldesa sustituyendo a Alberto Ruiz Gallardón cuando fue nombrado ministro– negaba ningún cambio en el régimen de las Viviendas de Protección Oficial (VPO), los inquilinos estaban recibiendo cartas con subidas de renta increíbles cuando se les acababa el contrato. Algunos asumieron el coste. La mayoría acabaron dejando pisos por los que pagaban 300 o 400 euros en Carabanchel o Vallecas y yéndose a otro sitio a vivir. Otros fueron desahuciados por no pagar. Un pequeño grupo intentó resistir y puso demandas que todavía hoy les tienen en vilo.

El primer acto que organizó Ana Botella cuando se convirtió en alcaldesa, en diciembre de 2011, fue precisamente la entrega de llaves en promociones VPO a sus nuevos propietarios. “Llegan ustedes hoy a un escenario de calidad, sostenible, innovador, que el Ayuntamiento de Madrid, a través de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), y gracias al esfuerzo solidario de todos los madrileños, ha puesto a su disposición con unos precios que son al menos tres veces inferiores a los de mercado”, decía entonces ante los medios.

Un año y medio más tarde, esa misma alcaldesa estaba firmando la enajenación de 5.315 inmuebles de los madrileños incluyendo locales, garajes y 1.860 viviendas de VPO con inquilinos dentro. La mayoría de estos pisos eran de alquiler (1.208). El resto, 652, eran de alquiler con opción a compra. Una opción que tuvo privilegiadamente el fondo, sin que nunca se ofreciera a sus inquilinos, muchos de los cuales están luchando para poder recomprar sus pisos al mismo precio que lo hizo Blackstone.

VPO perdida para salvar deudas

La justificación que dio Botella para la venta masiva fue que la EMVS estaba muy endeudada: una ley de contención del gasto impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy exigía a las sociedades mercantiles públicas (como la EMVS) que corrigieran sus desviaciones o desaparecieran. Botella corrigió las desviaciones desviando inmuebles habitados a un precio por debajo de mercado: 70.000 euros de media por cada piso. Con la operación, Madrid recaudó 128,5 millones, 25 millones menos de los que podría haber recibido, según calculó más tarde el Tribunal de Cuentas.

“Aquí hemos tenido suicidios, desahucios, gente que se ha tenido que ir...”, cuenta a elDiario.es Arantxa Mejías, una de las personas que montó la asociación de resistencia a la operación de Ana Botella. Sus padres tienen un piso en Carabanchel en alquiler, uno de los que se vendió a la filial española de Blackstone (llamada Fidere). Como VPO pagaban 600 euros. Hoy pagan 1.200 y en febrero vence el contrato, por lo que están angustiados de nuevo. “Ser inquilino con un fondo buitre es vivir con la espada de Damocles. De hecho he vivido con mucha ansiedad todo lo de Maricarmen. Desde que nosotros empezamos veo que la situación no solo no ha mejorado, sino que se ha consolidado y agravado”.

Junto a ella, medio centenar de vecinos decidieron luchar por lo civil para poder recomprar sus casas por el mismo precio que se ofreció al fondo. Y por lo penal, para que los responsables pagaran por el malestar e incertidumbre que les había causado enterarse por carta de que una empresa capitalista salvaje, y no una administración pública, era su nuevo casero. Un casero que aumento las rentas conforme iban caducando los contratos.

Esta aldea gala se organizó y contrató a un abogado que hoy tiene 87 años, Mariano Benítez de Lugo, que consiguió que cuatro inquilinos de la céntrica calle Lope de Vega de Madrid se hicieran con los pisos por el mismo precio que Fidere, en una zona en la que hoy cuestan medio millón.

El Tribunal Supremo les dio la razón después de años de incertidumbre. Ese mismo Tribunal Supremo, incluso el mismo magistrado ponente, le quitó la razón a Arantxa y a 40 vecinos más cuando quisieron recomprar sus pisos de Carabanchel y Vallecas. “No tienen ningún sentido”, explicaba el letrado el jueves en el programa La Revuelta. El Supremo vio en un caso una venta en bloque y en el otro apreció que había habido una venta individual. El caso de Arantxa y sus vecinos se elevó al Constitucional, que cerró la puerta a su reclamación. Ahora han llevado el caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Pero los vecinos que luchaban y siguen luchando por activar la opción a compra de sus contratos sí tuvieron un momento de euforia y esperanza: cuando el Tribunal de Cuentas condenó en 2018 a Ana Botella y siete miembros de su equipo a pagar 25 millones por la ruinosa operación y por desembolsar dos millones para un intermediario en una comisión injustificada. Este alto órgano fiscalizador de la administración entendía que la venta se había hecho sin que pudieran concurrir otros compradores, por debajo del precio de mercado y con opacidad.

La alegría les duró poco. Esta decisión se corrigió meses más tarde, gracias a dos votos de magistrados nombrados por el PP, librando de cualquier responsabilidad al gobierno municipal de Botella. Aunque se podía recurrir el fallo, el entonces recién nombrado alcalde José Luis Martínez Almeida (PP) enterró esa posibilidad.

La querella penal quedó archivada en 2022 por falta de “apoyo probatorio suficiente”, según el juez. Cuando fue a declarar como testigo, la exalcaldesa –que nunca se reunió con los afectados ni pidió disculpas por dejar a inquilinos protegidos en la calle– no hizo ninguna autocrítica. Al contrario, defendió que gracias a la venta de estas viviendas la EMVS “sigue existiendo y no hubo que despedir a ninguno de sus 400 trabajadores”.

Pero el viacrucis de los inquilinos que decidieron seguir en sus casas después de que decayera la protección pública no ha terminado. El fondo canadiense Brookfield se ha hecho con la cartera de propiedades de Fidere, es decir, las casas han vuelto a cambiar de propietario, a otro fondo, de modo que los vecinos han vuelto a la angustia de no saber si les renovarán el contrato, si se lo subirán o las van a sacar a la venta, que es lo que temen, conformen vayan acabando sus contratos. “Paradójicamente, cuando más tranquilos hemos estado ha sido en pandemia, porque había moratoria de desahucios”, cuenta Arantxa, que empezó con la lucha vecinal cuando tenía 24 años y ahora tiene 46. Brookfield no ha contestado a las preguntas de elDiario.es sobre sus planes con estas antiguas VPO. Las prórrogas automáticas o indefinidas –como proponían los decretos de vivienda que han sido tumbados en el Congreso por PP, Vox y Junts– hubieran evitado esta incertidumbre.

El escándalo social que supuso en 2013 esta desprotección para miles de ciudadanos y la pérdida patrimonial de parque de vivienda para Madrid ha quedado, de momento, sin responsabilidad administrativa o judicial. Aunque el Plan de Vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez instó a las comunidades a prohibir la venta de VPO para evitar que se repita una situación similar, la Comunidad de Madrid adelantó que no va a hacerlo e incluso anunció el pasado mes de junio recursos judiciales contra la iniciativa.