Las Palmas de Gran Canaria no recurrirá la nulidad de la tasa de basuras y devolverá lo ya cobrado

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha decidido no recurrir la sentencia que ha anulado su nueva tasa de recogida de basuras, devolverá lo cobrado a los contribuyentes que ya la han abonado y preparará una nueva ordenanza, según ha anunciado su alcaldesa, Carolina Darias (PSOE).

De esta forma, la sentencia dictada la semana pasada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) contra la ordenanza de recogida de residuos de la capital se convertirá en firme y el Consistorio volverá a regirse por su normativa previa, hasta que reformule la tasa para ajustarla a las exigencias legales.

La sentencia del TSJC advertía “deficiencias” en los criterios empleados para cuantificar y distribuir la tasa y también en la memoria económica-financiera en la que se apoya, por no cumplir “adecuadamente” con la función para justificar el coste real o previsible del servicio, y con los criterios empleados para su distribución entre los contribuyentes.

En el recurso contra la ordenanza, que fue presentado por la Fundación Canaria Escuelas de Antúnez, se consideraba que esta vulnera los principios de capacidad económica e igualdad, al no prever exenciones o bonificaciones para los centros docentes concertados sin ánimo de lucro, las entidades acogidas a la Ley 49/2002 y otros sujetos que disfrutan de beneficios fiscales en tributos locales como el IBI o el IAE.

Darias ha explicado este jueves que esta tasa se diseñó, con los “pocos criterios objetivos disponibles” y la jurisprudencia diversa existente en la materia, para cumplir con la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que persigue avanzar en un sistema de pago por generación que permita financiar el servicio.

Tras recalcar que esta norma “no exige una individualización plena porque no se dispone de esa información”, ha informado de que su gobierno decidió establecer una cuota fija para cubrir el coste estructural fijo del servicio más una cuota variable ligada a una generación estimada.

El informe técnico económico realizado para establecer esta tasa “no partió de algo abstracto, sino de la realidad del servicio y de estudios externos de generación que fueron usados como bibliografía”, ha aseverado para recalcar que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha dictado una sentencia respecto a uno de los recursos presentados a esta tasa, en la que concluye que su ordenanza regulatoria “no es conforme a derecho”.

Darias ha asegurado que la situación creada tras esta resolución judicial “no es exclusiva de Las Palmas de Gran Canaria”, ya que existe una gran litigiosidad sobre esta materia, con fallos “diferentes”.

La alcaldesa ha informado de que su gobierno ha declinado recurrir la sentencia del TSJC para no abundar en esa gran litigiosidad, un panorama que confía en que quedará resuelto cuando el Tribunal Supremo “unifique doctrina” al respecto, y por atender al interés general, por lo que pondrá a disposición del ciudadano un formulario tipo de recurso, a presentar en los 30 días siguientes a recibir la notificación o hacer el pago.

En los casos en el que esa plazo de 30 días haya expirado, el Ayuntamiento incoará un procedimiento para la revisión de oficio de ese abono, tal y como prevé la normativa relativa a la gestión tributaria.

La regidora ha detallado que de las 169.105 liquidaciones previstas se han notificado 16.857 y liquidado 35.002 por un valor de cinco millones de euros.

La ordenanza que regula esta tasa, que quedará sin efecto, ha recibido 700 recursos.

Darias ha negado que se tratara de la tasa de basura más cara de España, ya que, por ejemplo, la de Girona es más alta, mientras que la de Agaete es de 148 euros, uno menos que la prevista para Las Palmas de Gran Canaria.

El gobierno que preside Carolina Darias se dispone ahora a analizar las tasas que no han recibido objeciones judiciales y la jurisprudencia que vaya existiendo en la materia para elaborar una nueva ordenanza que regule y determine “cómo nos repartimos los que cuesta el servicio”, tal y como lo ha definido la responsable del área de Gestión Tributaria, Guadalupe Betancor.