La Policía Nacional detuvo el viernes pasado a cinco miembros del grupo de ultraderecha Núcleo Nacional durante una concentración racista no autorizada en Lavapiés. Fueron arrestados por desórdenes públicos y tenencia ilícita de armas en la plaza de Nelson Mandela del barrio madrileño. Los agentes también identificaron y sancionaron a otras 18 personas que irrumpieron por sorpresa en la plaza cuando estaba llena de inmigrantes. 

Los hechos ocurrieron sobre las 20.25 horas, cuando policías nacionales y municipales de Madrid se trasladaron a la conocida plaza par evitar altercados. Los agentes detuvieron a estos cinco individuos, uno de los cuales es menor de edad, y de los que tan solo uno cuenta con antecedentes por hechos similares.

Entre las armas incautadas los agentes encontraron puños americanos, navajas karambit y espráis de defensa personal no homologados, entre otros. Según ha adelantado el diario El Mundo, los neonazis aparcaron en las inmediaciones y se dirigieron hacia la plaza de Nelson Mandela con una pancarta en la que se podía leer el lema: “Contra la regularización, deportación”.

Desde la organización se convocó para el día siguiente una nueva concentración en el mismo barrio de Lavapiés “contra la regularización” y en favor de “deportaciones masivas”. “Lavapiés es España, hemos pasado y pasaremos”, celebraron desde Núcleo Nacional en su perfil de la red social X.

“El Ayuntamiento de Madrid prohíbe expresamente la utilización de equipos de reproducción e instrumentos de percusión en el medio ambiente exterior salvo si existen razones de interés general”. Es la respuesta que la organización Desarma Madrid ha recibido a su solicitud de un permiso municipal para emplear un megáfono en la lectura antibélica programada este jueves 23 de abril a las 19.00 en la plaza de Juan Goytisolo, junto al Museo Reina Sofía.

Con motivo del Día del Libro, el evento pretende convertir este emplazamiento en un potente emisor de mensajes contra los diferentes conflictos que asolan el planeta. Para ello, animan a que los asistentes acudan con libros que cuestionan esta forma de barbarie y a que lean en voz alta algunos de sus pasajes. Una iniciativa surgida el pasado año, entonces en la Puerta del Sol, al calor de la polémica por el aumento de los gastos en materia de Defensa por parte del Gobierno central.

“Como en alguna ocasión nos hemos visto con multas por usar pequeños megáfonos de mano, se mandó en paralelo una petición al Ayuntamiento de Madrid para uso de megafonía manual durante dicha concentración y sin instalación de medios auxiliares”, explica Desarma Madrid en una pieza publicada en El Salto. “Resulta que, en la ciudad de la Libertad, si decides manifestarte, tienes que pedir permiso en cada Junta Municipal del territorio por el que pase la protesta para usar megafonía. Si no, multa al canto”, lamentan.

Cuentan que recibieron la respuesta del Gobierno liderado por José Luis Martínez-Almeida, que abre este artículo, a solo una semana de la fecha de la convocatoria. “Parece que ni leer libros en el espacio público el 23 de abril, o sea el Día del Libro, ni levantar palabras contra las guerras, son motivos de tal interés”, cuestionan desde Desarma Madrid.

Desde el área de Medio Ambiente del Consistorio exponen que “el problema de ese acto es que coincide con el horario lectivo de una escuela que está a menos de 150 metros, lo que está expresamente prohibido en el artículo 19.3 de la Ordenanza de Protección contra la Contaminación Acústica y Térmica”. Precisan que “no se le ha hecho una denegación, lo que se les ha dicho es que no pueden por ese motivo y que busquen otro emplazamiento, otra fecha no lectiva (fin de semana) u otro horario posterior al funcionamiento de la escuela”.

Desarma Madrid habla de “excusa” en los argumentos del Ayuntamiento

La plataforma Desarma Madrid califica de “enrevesado” este segundo motivo que el Consistorio saca a colación para justificar el veto: “Se comunica que en el emplazamiento elegido (plaza de Juan Goytisolo) existe un centro docente (Real Conservatorio de Música de Madrid) cuyo horario de funcionamiento coincide con el del acto pretendido (clases lectivas de lunes a viernes de 09.00 a 21.30), por lo que no procederá autorización para la superación de los límites de los niveles sonoros en ese horario. Varias firmantes de este texto hemos estudiado en ese Conservatorio. Que no nos utilicen como excusa. ¿Desconoce el Ayuntamiento la normativa de insonorización de estos espacios? ¿La multitud de eventos que se celebran frente al Museo Reina Sofía con megafonía, sin que el Conservatorio sufra menoscabo acústico alguno? ¿Se han parado a escuchar el ruido provocado por el tráfico de Atocha?”.

La entidad comenta con ironía que, “para culminar la buena labor administrativa”, desde Cibeles “invitan a enviar de nuevo la solicitud argumentando los motivos de interés público y avisando de que para hacer tal demanda hace falta un mes de plazo.” Todo, insisten, “una semana antes del acto”.

Unas trabas que no parecen mermar su ímpetu por celebrar la concentración: “Tenemos claro que protestar es un derecho y que nuestras armas son las palabras. Le pese a quien le pese, desempolvaremos nuestros libros de casa o de la biblioteca y alzaremos nuestras voces y lecturas contra las guerras en un espacio significativo para la cultura como es la plaza Juan Goytisolo madrileña, frente al Museo Reina Sofía”. Y añaden: “Las estudiantes del Conservatorio, si se enteran de esta actividad, será porque vean por redes sociales o en distintas librerías el cartel que acompaña este artículo, no por el ruido que podamos hacer, que será ninguno”.

READ no solo es leer, es también el nuevo festival de libros e ideas que se celebra en el Museo Nacional de Arte Reina Sofía el fin de semana del 17 y 18 de abril.

El evento se define como un encuentro para voces críticas y experimentales. Pretende tender puentes hacia la producción cultural latinoamericana y se centra especialmente en la producción artística y la edición independiente.

Lo más llamativo de READ es el panel de debate y presentaciones gratuitas de artistas y autores. Encontramos nombres como Mario Obrero, Pedro G. Romero, Pastora Filigrana u Olga Rodríguez, entre muchos otros. También se proyectará el documental Nuestra tierra (2025) de la cineasta argentina Lucrecia Martel y habrá distintos talleres.

Los ejes temáticos que lo articulan son popular minoritario, o cómo activar una práctica de lo popular emancipadora; paz rabiosa, o cómo sostener la justicia, el duelo y la reparación sin recurrir a imaginarios pacificadores exentos de conflicto; ficción frente a olvido, en el que se aborda el papel de la ciencia ficción, el terror y las narrativas especulativas como resistencia frente al liberalismo del olvido.

PROGRAMACIÓN:

viernes 17 abr 2026 a las 17:00

Por un folclore plebeyo

—Con Luciana Cadahia y Pedro G. Romero. Modera: Julia Morandeira Arrizabalaga

¿Cómo relanzar una práctica de lo popular emancipadora, hoy? ¿Qué referentes y prácticas nos permiten repensar lo popular como tecnología cultural de lo común frente a su captura por los populismos reaccionarios y folclorizantes?

Lugar: Edificio Nouvel, Auditorio 400

Aforo: 400 personas

viernes 17 abr 2026 a las 18:45

Vivir en bastardía

—Con Luz Pichel y Mario Obrero. Modera: Munir Hachemi 

Conversatorio que explora la tensión entre lengua, clase, memoria y experimentación, así como las potencias críticas de los usos no estabilizados del habla.

Lugar: Edificio Nouvel, Auditorio 400

Aforo: 400 personas

viernes 17 abr 2026 a las 20:30

Da perdón la censura a los cuervos

—Performance de Álvaro Romero

Un recorrido de lectura en voz alta, pero no desde la lectura sino desde el cuerpo que la atraviesa. Un conjunto de textos que van desde la sátira de Juvenal hasta escrituras más cercanas, disidentes como las de Miguel Benlloch y Pedro Lemebel; escrituras que no se ordenan en una línea, sino que se contaminan entre sí.

Lugar: Edificio Nouvel, Auditorio 400

Aforo: 400 personas

sábado 18 abr 2026 a las 10:30

La casa cuenta. Taller para infancia y juventud

—Con El Palomar de Jana Pacheco

Taller de escritura dramática que aborda los deseos y la imaginación de las infancias a través de la dramaturgia y el teatro.

Duración: 1 h 45 min

Lugar: Edificio Nouvel, Sala de Protocolo

Aforo: 30 personas 

sábado 18 abr 2026 a las 10:30

Desertar de una nación militar

—Con Pastora Filigrana y Louisa Yousfi. Modera: Olga Rodríguez

¿Cómo cultivar una paz rabiosa que nos permita sustraernos de los marcos violentos que organizan la vida como civilización? ¿Qué estructuras, más allá de imaginarios pacificados y técnicas violentas, podemos plantear en su lugar?

Lugar: Edificio Nouvel, Auditorio 400

Aforo: 400 personas

sábado 18 abr 2026 a las 12:15

Narrativas restaurativas y duelo colectivo

—Con Dahlia de la Cerda. Modera: Nuria Alabao

La conversación aborda la escritura como práctica de duelo colectivo frente a la violencia estructural y política. Una práctica que no pretende cerrar el conflicto, sino sostener la reparación.

Lugar: Edificio Nouvel, Auditorio 400

Aforo: 400 personas

sábado 18 abr 2026 a las 12:30

A cuatro manos. Taller para infancia y juventud

—Con El Palomar de Jana Pacheco

Taller de escritura dramática que aborda los deseos y la imaginación de las infancias a través de la dramaturgia y el teatro.

Duración: 1 h 45 min

Lugar: Edificio Nouvel, Sala de Protocolo

Aforo: 30 personas

sábado 18 abr 2026 a las 16:30

Proyección de la película Nuestra Tierra (2025), de Lucrecia Martel

MÁS INFORMACIÓN Y ENTRADAS

Nuestra tierra (2025) es el primer documental y trabajo más reciente de la cineasta argentina Lucrecia Martel. La película se centra en el litigio por el asesinato en 2009 de Javier Chocobar, miembro de la comunidad indígena Los Chuschagasta mientras intentaba evitar el desalojo forzado de las tierras que, situadas el norte de Argentina, esta comunidad ha habitado y trabajado durante siglos.

sábado 18 abr 2026 a las 19:00

Ciencia ficción frente al liberalismo del olvido

—Con Fernanda Trías, Alberto Santamaría y Layla Martínez. Modera: Lara Alonso

Mesa redonda en torno a los géneros especulativos como manera de confrontar las formas actuales de borrado, catástrofe y desposesión, y acerca de cómo la literatura puede volver a ser un dispositivo de memoria, inquietud e imaginación radical. 

Entre los años 1978 y 1982, una de las cuevas habituales en los edificios de la Cava Baja se convirtió en un secreto que corría de boca en boca por los ambientes de un Madrid que inauguraba con ahínco el tópico 'ciudad que no duerme'. Eran los años de la hoy tan manoseada Movida. Pero los chavales más jóvenes de la Nueva Ola, con estilismo de SEPU y pelos de color tropical, no eran los únicos que estrenaban país. La Mandrágora, en el número 42 de la calle, fue el local que aglutinaba a una generación un poco más mayor –sus fundadores estaban en la treintena–, acaso de perfil más intelectual.

Aunque la experiencia no duró mucho, su recuerdo fue rebotando en las paredes del tiempo gracias a La Mandrágora, un disco publicado en 1981 con canciones grabadas en el sótano de la Cava Baja por los cantautores Joaquín Sabina, Alberto Pérez y Javier Krahe. En el aire de grabación casual del disco, se cuelan las risas de la noche 'mandragorera' y el tintineo de los vasos. Casi se puede oler el humo de los cigarrillos de Krahe.

Sin embargo, el viaje a través de un puñado de canciones desternillantes oculta el resto de las actividades que, durante años, convirtieron el local en centro neurálgico de la movida cultural. La Mandrágora fue el proyecto de los artistas Manuel Paniagua y Enrique Cavestany, Enrius, que le dedicó un libro llamado Una cueva diluvial en la Cava Baja.

Cavestany rememora cómo conoció a Paniagua y a su pareja, Piluca Pascual –también pionera en la aventura–, en el obituario que los dedicó después de que ambos fallecieran en un desgraciado accidente de tráfico en 2005: “Nos conocimos hace 30 años y Begoña me los presentó como unos padres del Colegio Siglo XXI, de Moratalaz, lo que en aquella época formaba parte de nuestras señas de identidad”.

En su libro, narra también el primer encuentro con Joaquín Sabina, que se produjo al poco tiempo de abrir las puertas del local: “Serían las once y media cuando Manolo me dijo que un tipo quería hablar con el baranda. Salí de la cocina donde estaba terminando de fabricar un gazpacho y junto a la barra me encontré con un individuo carniseco, pero flamenco, con un voluminoso álbum de fotos bajo el brazo. Se presentó como vecino del barrio y confesó de manera desenfadada que su mujer le había informado acerca de la reciente apertura de nuestro pequeño local, al tiempo que le hacía ver la urgente necesidad de procurarse algunos ingresos para afrontar los apremios alimenticios de las próximas horas”.

Empezaron una colaboración que al principio se pagaba a 1.500 pesetas la noche y la mitad de la recaudación por las copas. “A las pocas semanas sus actuaciones en la cueva conocían un éxito muy por encima de nuestras expectativas y atraían a otros vocalistas y acróbatas, así como a un público devoto que celebraba generosamente sus interpretaciones”, explicaba.

Fueron muchos los que fueron llegando al local al socaire de las actuaciones y se quedaron. Entre ellos, Pancho Varona, un joven aspirante a funcionario que, a fuerza de acudir todas las semanas a las actuaciones, se hizo amigo de Sabina y acabó acompañándole en el escenario –y en la composición del repertorio– durante varias décadas.

Se unieron a la fiesta Javier Krahe y el bolerista Alberto Pérez. Las actuaciones de los cantautores se fueron haciendo cada vez más famosas, especialmente cuando el crítico Alberto Caffaratto les dedicó un elogioso artículo en la Guía del Ocio. Los cantantes, haciendo gala de guasa, le entregaron una noche un jamón de jabugo durante el transcurso de una actuación. Luego, vinieron las apariciones en el programa de García Tola, el revuelo nacional cuando Krahe pronunció por primera vez en pantalla la palabra 'gilipollas' durante la interpretación de Marieta… Y el resto es historia.

En La Mandrágora había mucho más que aquellos conciertos de los sábados, a los que a veces se apuntaba también el cantautor maño y discípulo de Labordeta Joaquín Carbonell. Otro de los espectáculos más recordados era el que desempeñaba Juan Tamariz, entonces uno de los jóvenes que estaba renovando la magia española. Allí tuvieron lugar también las proyecciones en Super-8 de Almodovar, que se recuerdan como desternillantes, o las de Jaime Chávarri. Había sitio para el tarot de Flora Pino o las representaciones teatrales de algunos de los grupos de teatro experimental que abundaban en la época.

Entre la clientela, podríamos anotar a los Alberto Corazón, Forges, Luis Eduardo Aute, Maruja Torres, Montxo Almendariz, Chicho Sánchez Ferlosio, Vainica Doble o Manolo Tena, entre otros.

La Mandrágora se enfrentó a problemas administrativos antes de su cierre. En 1980 el Ayuntamiento lo clausuró temporalmente por denuncias de ruido. El 18 de marzo, el diario El País publicaba una carta firmada por Joaquín Sabina, Juan Tamariz y otros abajo firmantes habituales de La Mandrágora:

“Esta vez, la represión económico-cultural la ha perpetrado el Ayuntamiento contra un local, La Mandrágora, en el que los abajo firmantes actuábamos, con regularidad unos, esporádicamente otros. Los muy reglamentarios y no menos confusos motivos por los que se ha decidido privarnos de unos minipuestos de trabajo y diversión, si se aplicaran coherentemente, y nadie pide esa coherencia, llevarían a clausurar centenares de discotecas, puticlubs, salas de fiesta, y, por supuesto, talleres, industrias, ayuntamientos, etcétera. Pero no; cerrarán La Mandrágora porque, en su pequeña dimensión, no es un local adocenado, sino con esquemas singulares, donde las sonrisas, risas y «risotadas» provienen de una actitud crítica no alineada. Ese cierre no es ético. Queremos que se nos abra La Mandrágora y una docena más de lugares similares”.

El sótano queda a la izquierda cuando uno baja al baño en el bar de pinchos que ocupa hoy el número 42 de la Cava Baja. Sin embargo, el espíritu de La Mandrágora sigue muy vivo en el imaginario colectivo y cada cierto tiempo es reivindicado por espacios de marchamo cultural que se quieren herederos de la experiencia de la Cava Baja. Es el caso de distintos espacios culturales con barra que, en las últimas décadas, han tratado de convertirse en refugio habitual de cuadrillas noctámbulas desafectas a las grandes pistas de baile.

Por ejemplo, de La Juntada de La Realidad Club, un Open Mic que comenzó el pasado 19 de febrero y pretende reunir con “el espíritu de La Mandrágora” cada dos jueves a poetas, músicos y artistas. Se anuncia como “espacio de resistencia cultural” porque la oposición en la ciudad de Madrid quizá está hoy en otras coordenadas diferentes a las que atravesaba la postransición, pero sigue habiendo espacio para una cultura contestataria.

Un mural para recordar el espíritu de La Mandrágora

Una medianera en la cercana plaza de Cascorro invoca, con colores desvaídos, al paisanaje de La Mandrágora. Cocktail Grand Luxe es un fresco humano encargado en tiempos de Tierno y pintado por el propio Enrique Cavestany en junio de 1983, con La Mandrágora ya cerrada.

El pintor incluyó en el mural de 17 metros de altura y 5 de ancho el rótulo verde del local y a mucha de la clientela; 35 personajes que desfilan por los puestos del El Rastro entre los que se distingue a Joaquín Sabina, Alberto Corazón, Juan Luis Cebrián o el propio Manolo Paniagua, que también tuvo puesto en el mercadillo y aparece tumbado.

Cavestany lleva más de veinte años intentando que el mural se restaure y a la empresa se unió también la asociación Nuevo Rastro. Durante el gobierno de Ahora Madrid en el Ayuntamiento, se les instó a que incluyeran la propuesta en los presupuestos participativos, pero fue desestimada estar sobre una propiedad privada.

Posteriormente, ya con el Partido Popular en Cibeles, se anunció que la rehabilitación se haría en el segundo trimestre de 2020, pero con la pandemia se instauraron la excepcionalidad y el borrón y cuenta nueva. Aún se volvería a anunciar una vez más, hablándose incluso de un presupuesto de 40.000 euros y la colaboración de una entidad bancaria. Sin embargo, hasta la fecha no se ha producido la ansiada recuperación y los fantasmas de La Mandrágora se desvanecen poco a poco, a la vista de todos.

El último domingo marzo, una nueva protesta irrumpió en la plaza de Lavapiés. Decenas de personas se manifestaron en apoyo a Serigne Mbaye, exdiputado de Podemos en la Asamblea de Madrid y activista antirracista, días después de ser detenido frente a su casa por resistencia a la autoridad. La Policía Nacional lo trasladó a la comisaría junto a otras seis personas y, al ser puesto en libertad, Mbaye anunció su intención de presentar una denuncia ante lo que considera una operación “racista” y con tintes de “violencia policial”. En los últimos meses, e incluso años, los vecinos han acusado a las autoridades de una hipervigilancia respecto al barrio, con redadas habituales en un entorno multicultural. Pero ahora quieren cambiar el foco y situarlo sobre otros problemas cotidianos.

“Es una desfachatez”, opinan desde la plataforma Lavapiés al Límite, una suma de hasta 60 colectivos o entidades vecinales surgida en respuesta a la presión del barrio y centrada en reivindicar otros asuntos conflictivos además de la seguridad. Consideran que la presencial policial en la zona, con un 40% de población migrante según datos recientes del INE (Instituto Nacional de Estadística), es excesiva y “desproporcionada”, y anteponen otras complicaciones como la gentrificación, el encarecimiento de la vivienda o la escasez de espacios óptimos para la infancia.

Para trasladar esta petición al debate público han decidido ponerse manos a la obra. A mediados de febrero, convocaron a vecinos y medios de comunicación para presentar su estrategia: un calendario de manifestaciones temáticas para todo el año. Los miembros de Lavapiés al Límite denuncian que el concejal-presidente del distrito Centro, Carlos Segura, no les ha recibido desde su creación en 2024, y aseguran que en su seno coexisten agrupaciones de vecinos representativas del barrio, con propuestas firmes sobre asuntos de interés vecinal. Así que, para hacerse oír, harán un llamamiento cada mes para protestar en la calle por cada una de las preocupaciones que perciben en Lavapiés.

“+ churros, - aguacates”: un alegato contra la gentrificación

En febrero, coincidiendo con el fin de semana de San Valentín, iniciaron un recorrido desde el Casino de la Reina con unas mil personas advirtiendo de su gran problema diario: el precio de la vivienda. Con irónicos carteles que pedían “+ churros, - aguacates”, los vecinos señalaron un viraje en el modelo de barrio que abría paso a la turistificación o la adquisición de piso por parte de fondos y grandes rentistas para exprimir al máximo su valor. Otro protagonista del día fueron las redadas policiales, con simbolismos hasta en el punto de partida de la manifestación.

El 23 de octubre, el Casino de la Reina fue testigo de un altercado con la policía durante un partido de fútbol. Jugaba el Dragones de Lavapiés, un equipo alevín del barrio, y en las gradas había familiares que fueron a ver a sus hijos. En el marco de una macrooperación antidroga que comenzó esa tarde en la zona y en la que participaron un centenar de agentes, varios de ellos se acercaron a la pista y se llevaron fuera de el recinto a algunos padres, según confirmó el entrenador del equipo, para identificarlos y recopilar sus datos. La Policía Nacional defendió el operativo aunque lo desvinculó de un aumento puntual en las denuncias o alertas detectadas en la barriada. Desde Jefatura se habló de un barrio habitualmente conflictivo, donde “muchos fines de semana hay agresiones con arma blanca”.

Durante el mes de marzo se retomaron las protestas con nuevos protagonistas, como el impulso a las políticas feministas o la dedicación a la infancia. Varias personas cerraron una calle de Lavapiés al tráfico para “visibilizar la falta de espacios de juego”, en perjuicio de los más pequeños. El objetivo de abril serán el clima y la petición de espacios verdes, con una acción prevista para el día 19. Mayo pondrá la lupa en los espacios autogestionados del barrio, que alberga centros sociales okupados reconocidos como el CSO La Rosa o La Tabacalera, ambos integrados en la plataforma que convoca estas manifestaciones.

En este caso, la selección temática guiña un ojo al 15M, el movimiento ciudadano iniciado en mayo de 2011 que derivó en protestas y acampadas masivas en distintas plazas de España. Las asociaciones promotoras avanzan que habrá asambleas en las plazas de Lavapiés o acciones que pongan en valor los espacios okupados con actividades abiertas. Para el inicio del verano, en junio, se impulsarán motivos vinculados al Orgullo LGTBI, que ese mes llenará las calles de todo Madrid; mientras que en julio retomarán el debate de la vivienda.

Acciones paralelas y un calendario reivindicativo por confirmar

Otras iniciativas aún están por confirmarse o de momento no se revelarán al público para evitar boicots o interferencias. En paralelo, los vecinos tiran de otros proyectos de presión como el mapeo de los pisos turísticos en la barriada o el tejido de una red asociativa que se organice para mantener sus demandas a la orden del día. Las actualizaciones de última hora se anunciarán en redes sociales, así como futuras convocatorias para elevarse a ojos de la administración.

La detención de Serigne Mbaye ha vuelto a remover la indignación más de un mes después desde que el portavoz del Sindicato de Manteros se preguntara, sentado en una mesa junto a otros miembros de Lavapiés al Límite, qué era lo que definía verdaderamente al barrio y sus necesidades. “¿Es acaso la inseguridad una cortina de humo para echar a los vecinos y abrirse al capital extranjero? ¿La Policía es solvente en sus actuaciones? Creo que hay muchas preguntas que deberíamos hacernos, así que volveremos a la calle”, determinó aún sin saber que su futuro paso por comisaría despertaría una nueva oleada de críticas.

Durante muchos años, hubo un museo escondido en los sótanos de la facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid que no era conido ni siquiera por la mayor parte de los estudiantes. El Museo de Artes y Tradiciones Populares, con una interesante colección formada por piezas de carácter etnográfico y antropológico de toda España. Las piezas, que llevaban desde los años setenta en el campus de Cantoblanco, encontratron un acomodo más digno en 2011 y fueron trasladas a una vieja corrala de la calle Carlos Arniches, junto a El Rastro, donde el museo convive con el Centro Cultural La Corrala, un recoleto espacio que acoge actividades de la universidad.

Entrar al patio del Corralón, como se conocía popularmente el edificio de 1860 , ofrece una panorámica privilegiada de la vivienda y la vida popular de siglos pasados. Es fácil imaginar la vida bulliciosa en las habitaciones de la primera planta, unidas por el caracterítico corredor, y en las buhardillas galdosianas. Los espacios de la planta baja se adivinan adecuados para el almacenaje del género, en una zona caracterizada por el mercadeo. Y la reconstrucción de la fuente en el patio abre las puertas de la imaginación a estampas de la vida comunitaria de las clases populares en los llamados barrios bajos de Madrid durante el siglo XIX.

La atinada rehabilitación, sin embargo, estuvo a punto de no producirse. El entonces propietario de la corrala consiguió en la década de los noventa la declaración de ruina del edificio y la orden de desahucio para sus inquilinos. Un patrón idéntico al que siguieron la mayoría de corralas y edificios del Madrid histórico durante muchos años.

Las casas de vecindad (o corralas), que se desarrollaron sobre todo a lo largo del siglo XIX, estaban pensadas para acoger a vecinos de rentas bajas, a menudo hacinados, que compartían retrete y fuente de agua. Durante años, se dejaron caer inmisericordemente, aunque en los noventa alcanzaron un cierto estatus como aportación original de Madrid a la arquitectura civil contemporánea. Las corralas, debidamente adecentadas sus condiciones de habitabilidad, nos hablan de unas clases, las populares, cuya memoria nunca ha sido objeto de atención patrimonial.

La de Carlos Arniches no se hubiera salvado de no ser por el empeño de la Asociación Vecinal La Corrala y el cambio de sensibilidad patrimonial operado durante aquellos años, que llevó al Ayuntamiento a comprarla y rehabilitarla, para luego firmar un convenio con la universidad que lo gestiona.

Aunque no abundan los ejemplos de casas de corredor que se hayan conservado para convertirse en espacios públicos, el corralón de Lavapiés no está solo. Y el otro ejemplo que hemos encontrado comparte haberse salvado de la piqueta a través de la lucha colectiva.

Hablamos de un edificio público rehabilitado que ofrece la memoria de las Adelfas o de Las Californias, barriada que estaba situada entre el puente de Pacífico y el de Vallecas, en el distrito de Retiro. Entre los vecinos del viejo barrio de casas bajas y naves, junto a las vías del tren, se conocía como la corrala del Barón o, simplemente, la corrala.

En los años 80 el Ayuntamiento de Madrid proyectó un PERI (Plan de Reforma Interior) que consistía básicamente en derribar el barrio y crear ex novo una nueva zona residencial. La corrala del siglo XIX consiguió salvarse después de la lucha de la Asociación de Vecinos Los Pinos Retiro Sur y los jóvenes del Centro Social Seco, además de por la protección estructural que el edificio tenía por su antigüedad y tipología. Aunque el Centro cultural Luis Peiró-Las Californias se construyó junto a la corrala en 2008, la rehabilitación del viejo edificio se retrasaría hasta mediados de la siguiente década.

El Centro Social Seco había nacido años antes, durante la okupación de un viejo colegio en la calle Seco. Después del desarrollo urbanístico del barrio, se mudaron durante siete años a un local alquilado de la EMVS en la Calle Arregui y Aruej, lo que no era sostenible económicamente.

El colectivo de Seco fue fundamental para la rehabilitación de la corrala que reclamaban, junto con la asociación vecinal, como espacio social. Para conseguirlo, pusieron en pie una campaña que culminó con una Marcha Rosa (el símbolo del centro social es la conocida pantera de este color). Finalmente, consiguieron la cesión de un espacio en la renacida corrala, que aún hoy es sede de numerosos proyectos vecinales.

Una mirada a las fotografías que se conservan de la corrala en el estado que ofrecía justo antes de su rehabilitación nos habla de una de las trampas que abocan a la desaparición de gran parte del patrimonio popular. Desvalorizado ya de origen, se enseña ruinoso y se argumenta que su conservación no vale la pena, como si muchos de los edificios nobles que hoy ilustran las guías de viaje no hubieran estado en ese mismo lugar.

De casas bajas y neomudéjar popular

La corrala no es la única tipología de vivienda popular característica de Madrid, aunque sí la que ha conseguido, a duras penas, adquirir un cierto halo patrimonial que, por otro lado, no ha evitado que dejen de caer bajo las palas de la piqueta.

En los últimos años se ha puesto en valor el llamado neomudéjar popular, el estilo de vivienda para la clase trabajadora propio de los extrarradios de finales del XIX y principios del XX caracterizado por sus soluciones decorativas de ladrillo visto. La protección de un buen número de ellas en toda la ciudad solo ha llegado después de que la reivindicación vecinal se activara. El Grupo por la protección del Patrimonio de Tetuán puso en marcha un proceso de inventario participativo  que involucró a varias decenas de personas del distrito. Muchas de las casas propuestas por los vecinos obtuvieron algún grado de protección urbanística, pero las reclamaciones encallaron al llegar al capítulo de las casas bajas neomudéjares. Oportunidad urbanística y construcción en altura obligan.

En todo caso, de momento las casas de trabajadores no han llegado al radar de la administración como posibles sedes de servicio públicos. En el propio distrito de Tetuán, por ejemplo, nunca se ha planteado la conversión de un cogollo de casitas bajas en un espacio público. Tampoco se hizo caso a la reivindicación de la Asociación Vecinal Cuatro Caminos-Tetuán de convertir un extraordinario edificio neomudéjar anejo al centro de especialidades José Marva en parte del complejo médico, a pesar de que el edificio llegó a ser expropiado por la administración. La ocasión era única pero el inmueble de la calle Bravo Murillo fue derribado bajo la promesa –una vez más arrancada a través de la lucha vecinal– de que se reintegrarían elementos originales en el nuevo proyecto.

Sí contamos con una dotación pública en ciernes situada en humildes casas bajas de este peculiar estilo en el barrio de Entrevías, que una vez más han sobrevivido por el impuso extrainstitucional. Hablamos de las casas de Peioroncely 10, que saltaron a la fama después de que sus muros fueran identificados como los que aparecen heridos por la metralla en una célebre fotografía de Robert Cappa durante la guerra del 36.

Después de una intensa campaña pública, articulada por la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL y otras entidades vecinales agrupadas en la Plataforma #SalvaPeironcely10, se consiguió que el inmueble pasara a manos públicas.

El Ayuntamiento anunció recientemente que albergará a partir de 2028 el Centro de Experimentación Cultural Robert Capa, “un espacio pionero de dinamización sociocultural dirigido a jóvenes de hasta 18 años”. Llegaba la dotación, pues, pero incluso en este caso lo hacia escamoteando la memoria popular, reivindicada por los valedores de la puesta en valor del inmueble, que siempre han pedido un museo de la memoria. ¿Qué memoria? La del barrio obrero intensamente bombardeado durante la guerra. Ante la decisión descafeinada del consistorio, el International Center of Photography (ICP), garante del legado del célebre fotógrafo, ha vetado que se utilice su nombre.

Emparentadas con las casas bajas de Peironcely encontramos en el distrito de Chamberí –a orillas de la calle Cea Bemúdez– los pabellones de guardas o casas de trabajadores del Canal de Isabel II. Son también casas bajas con fábrica de ladrillo, con elementos comunes al neomudéjar popular, y guardan la memoria de los trabajadores de una de las infraestructuras más importantes para el crecimiento de la urbe. Un ejemplo de memoria popular, obrera e industrial.

Las casas de los trabajadores del Canal de Isabel II, junto al Primer Depósito, no tienen ninguna protección urbanística de momento, pese a que podría ser la colonia obrera conservada más antigua de la ciudad. Aunque no se sabe el año exacto de la construcción de las casas, aparece ya en planos de 1885.

El Ayuntamiento obtuvo de la Comunidad de Madrid en 2017 las casas, que se encuentran escondidas entre el parque Enrique Herreros y las instalaciones del Canal de Isabel II. Se pensó entonces en dedicar la parcela a la construcción de una escuela infantil, una biblioteca o un centro de mayores., pero todo parecía indicar que conservar los inmuebles no entraba en los planes municipales. En 2020 las asociaciones Madrid, Ciudadanía y Patrimonio, Corazón Verde Chamberí y Parque sí pidieron su protección, insistiendo que ello no impediría la instalación dotacional que se decidiera.

El anuncio del ambicioso proyecto Milla Canal, que en su primera encarnación prometía un pabellón para unos 5.000 espectadores en la zona, hizo temer de nuevo por la supervivencia de las casas. Entró entonces en escena Canal Sí, una plataforma de asociaciones que agrupa a distintas entidades interesadas en la conservación patrimonial del Canal de Isabel II. De nuevo, se pidió la protección de los edificios, avalada por la aparición de nuevos documentos que dejan claro que fueron concebidas desde el principio como un elemento integrante del complejo del Canal de Isabel II en el que se enmarca.

Después del trabajo de la plataforma Canal Sí, las casas se salvaron e, incluso, se aprobó en el Pleno de la junta de Chamberí del 11 de abril de 2024 que se incluyeran en el Catálogo Elementos Protegidos del Ayuntamiento –lo que de momento no ha ocurrido–. Sin embargo, no ha trascendido aún qué uso tendrán los inmuebles en el contexto del proyecto Milla Canal ni hay noticia alguna de que puedan convertirse en una dotación pública concreta.

Las casas de Canal, poco visibles al viandante, se han salvado de momento, pero se encuentran inmersas en un silencioso limbo administrativo. Su situación junto a una zona verde y anejas al complejo que las da sentido las hace perfectas para convertirse en una dotación pública que, a la vez, albergue la memoria de la clase trabajadora y el crecimiento de Madrid en el siglo XIX.

En otros contextos más industriales, la conservación y musealización de viviendas de trabajadores se ha llevado a cabo bajo el paradigma del patrimonio industrial, como en los casos de las casas de los Tejedores en Lodz (Polonia), o la colonia Textil Vidal (Puig-reig, Barcelona), por ejemplo.

Inevitable es el ejemplo de las casas baratas de Bon Pastor, en Barcelona. Después de la remodelación de la barriada –el derribo de las 184 casas bajas centenarias de Sant Andreu y el realojo de sus vecinos– se salvaron algunas de ellas para, de forma similar a como ocurrió con la corrala de Las Californias, mantener la memoria del barrio popular.

Convertidas en Museo de la Vivienda de Barcelona, el indulto encierra el sentimiento ambivalente que envuelve el caso de la vivienda popular como dotación cultural: el exorcismo de las clases que lo habitaron para amortiguar la pérdida patrimonial generalizada. Sin embargo, en un contexto económico en el que se antoja lejana la posibilidad de una rehabilitación masiva a favor de los habitantes de las casas, que habría de producirse fuera de las leyes del mercado, las casas en pie operan como pequeñas victorias, de forma análoga a como lo hacen a las insatisfactorias fachadas que se salvan como el celofán que envuelve una porción del nuevo edificio.

En Madrid, donde el patrimonio industrial no ha llegado a revestir aún el grado de interés que tiene en otras latitudes, el interés por el caserío popular y su posible recuperación, simplemente, no existe. Solo el impulso desde abajo ha conseguido hasta la fecha algunos logros que podrían señalar el camino.

La Comunidad de Madrid ha decidido proteger los inmuebles de la calle Cabestreros que iban a ser derribados para construir en su lugar un hotel cápsula. El Gobieron de Ayuso solicitará al Ayuntamiento la protección ambiental de este lugar, donde se encontraba el restaurante senegalés Baobab, al inicio de la calle Cabestreros.

Según trasladan fuentes del Ejecutivo autonómico a Europa Press, la Dirección General de Patrimonio Histórico ya habría estudiado la petición municipal para dar su criterio en torno a este conjunto, adelantada este lunes en Somos Lavapiés y han avanzado que se solicitará para el mismo la protección ambiental.

Este grado de catalogación se aplica a edificios que contribuyen al carácter histórico o paisajístico del entorno urbano y cuyo valor reside principalmente en su integración en el paisaje de la calle o del barrio. Actualmente el edificio no cuenta que con ningún tipo de protección urbanística en el Plan General de Ordenación Urbana.

Tanto la sociedad civil como el Grupo Municipal Socialista intentaron frenar una demolición que suponía “un atentado patrimonial”, como ahora acaba de ratificar la Comunidad. El concejal Antonio Giraldo aseguró que los edificios derribados podían ser casas señoriales que dataran al menos del siglo XVII. Por este motivo, decidió presentar una denuncia ante la Fiscalía Provincial, al igual que hizo la asociación Madrid Ciudadanía y Patrimonio.

La vicealcaldesa, Inma Sanz, fue preguntada por la noticia avanzada por este periódico e indicó que en el Consistorio todavía no tenía “ninguna novedad” en torno a este trámite. “La Comunidad está estudiando ese expediente y, por lo tanto, en el momento en el que nos trasladen cuál es su opinión, pues actuaremos en consecuencia”, aclaraba a los medios tras la presentación de los nuevos vehículos del Cuerpo de Bomberos.

Los antiguos edificios de la calle Cabestreros que el PSOE intentó defender en los tribunales a principios de año se salvan, de momento. La Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid está estudiando su valor patrimonial después de ordenar al Ayuntamiento que comunicara la detención de la obra a la empresa responsable, según información a la que ha tenido acceso este periódico.

El proyecto turístico sobre los números 1 y 3 de Cabestreros, una vía situada en el corazón de Lavapiés, salió a la luz pública a finales de año. Fue entonces cuando se supo que la empresa propietaria tenía intención de levantar allí un hostal con 260 habitaciones tipo cápsula. Para hacerlo, antes tenía planificado echar abajo los dos edificios antiguos, de los que no quedaría ningún resto.

Aunque los planes se conocieron en plenas navidades, numerosas asociaciones y particulares alertaron de la pérdida para el patrimonio de Madrid que podría suponer el derribo de las dos casas. Una de ellas era muy conocida en la zona por haber alojado en su día el Baobab, un popular restaurante senegalés. Su cierre coincidió con el inicio de los trámites para un proyecto urbanístico que fue aprobado primero en 2020 y luego en 2025, modificado, cumpliendo todos los trámites sin tener en cuenta el posible valor de los inmuebles, que no estaban catalogados.

Pero el PSOE en el Ayuntamiento de Madrid escuchó la alarma patrimonial y solicitó de urgencia al área de Urbanismo que valorara su protección el 9 de enero, luego acudió a la Fiscalía a denunciar los hechos. Para entonces, la empresa encargada de la demolición ya se estaba preparando y los acontecimientos se precipitaron: el consistorio se dirigió a la Comunidad de Madrid después de recibir el escrito del PSOE y la Consejería de Cultura ordenó, unos días después, detener la obra. El Ayuntamiento se lo comunicó a la empresa. Pero algo falló.

La mañana del día 14 de enero los obreros empezaron a desmontar el tejado de Cabestreros 1, pese a que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, había reclamado la paralización el día anterior. Los vecinos alertaron de lo que estaba sucediendo desde casi el amanecer, mientras algunos veían una estrategia de los inversores para conseguir el derribo por otras vías: “Se han dado prisa para cargarse el tejado del edificio más antiguo. El siguiente paso, declaración del inmueble en ruinas y para adelante”, lamentaba un vecino entonces.

Finalmente, el Ayuntamiento notificó la suspensión in situ, ante la mirada del concejal Antonio Giraldo, quien se implicó personalmente en salvar el edificio, acudiendo varias veces al lugar y también a la Fiscalía. Hoy, en conversación con este periódico, recuerda cómo empezó todo: “Se pusieron en contacto conmigo arquitectos, expertos en patrimonio, la gente de MCyP... y empezamos a indagar, a buscar documentación, porque desde hace mucho pensábamos que el edificio tenía valores suficientes para no liquidarlo diciendo que no estaba en el catálogo”.

Giraldo cree que su existencia puede datar al menos desde 1656, porque aparece en el plano de Pedro de Teixeira, fechado ese año y que recoge minuciosamente numerosas construcciones del Madrid antiguo. Ahora la Comunidad de Madrid indicó —en el requerimiento para detener la obra— que los dos edificios podrían corresponderse con casas señoriales del Siglo XVII y que, en ese caso, serían consideradas Bien de Interés Patrimonial.

“Nos da tranquilidad que la Comunidad de Madrid vaya a encargar un estudio en profundidad, es la guardiana de estos bienes y hay buenos técnicos trabajando allí”, apunta el edil de la oposición. Sobre el resultado final de este proceso, advierte de las posibilidades: “A lo mejor no es una protección al máximo, pero tal vez puedan forzar la modificación del proyecto para mantener cierta parte del volumen del inmueble y hacer un recrecido... Tienen un abanico de posibilidades entre la demolición total y el mantenimiento íntegro, ya se verá”.

Apunta Giraldo que, no obstante, el Ayuntamiento “podría directamente incorporarlo en el catálogo, sin ningún problema, pero ha decidido pasarle la pelota a la Comunidad”. Y recuerda que “estos días estamos hablando de lo que pasó con las Cocheras de Cuatro Caminos, que se echaron abajo con una licencia concedida a toda prisa, sin sentencia firme del Tribunal Supremo, donde había mucha gente advirtiendo de sus valores patrimoniales, y se acabó demoliendo”.

El concejal del PSOE valora otras actuaciones que sí que ponen en valor el patrimonio industrial, como la construcción de unas viviendas en Carabanchel con la pervivencia de parte de la estructura de la fábrica que había allí antes, un proyecto que el propio Ayuntamiento presentó hace unos días. “Parece que el patrimonio solo interesa cuando es rentable económicamente”, se queja Giraldo. Y deja esta reflexión: “Al final la crítica aquí es que siempre tiene que estar la sociedad civil o los grupos políticos vigilando todo para que, en algún caso, los que gobiernan reaccionen y se den por aludidos. Demoler debería ser algo excepcional, como marca la ley”.

Ya hay acuerdo para relanzar el CSA Tabacalera, en Lavapiés, contando con la presencia de entidades vecinales. El complejo volverá a acoger el tejido asociativo del céntrico barrio de Madrid a finales de 2026. Así lo han acordado el Ministerio de Cultura, titular del inmueble, y representantes del colectivo Remontada Tabacalera.

Se prevé que dos edificaciones, anexas al edificio principal, estén disponibles para estos usos asociativos en el último trimestre de este año después de las obras de rehabilitación que llevará a cabo el Ministerio de Cultura, a cargo de su presupuesto. Se trata de las naves Trapecio y Trastocados/Metrópolis (de 512 y 288 metros cuadrados) dentro del complejo de Tabacalera, que serán rehabilitadas integralmente para garantizar su adecuación para el uso y que cumplen todas las garantías de seguridad.

La cesión formal se hará al CSA La Tabacalera, de acuerdo con los colectivos y asociaciones que forman parte del colectivo Remontada Tabacalera, entre los que se encuentran el propio CSA y otras entidades como el Sindicato de Inquilinas de Madrid, 8M Lavapiés, la Oficina de urbanismo social o Red Interlavapiés.

Según ambas partes han acordado, estos espacios serán autogestionados por el CSA La Tabacalera, en colaboración con asociaciones vecinales del barrio de Lavapiés. Con este compromiso, se recupera un espacio fundamental para el uso comunitario y cultural en el centro de la ciudad de Madrid, privilegiando la función social y apertura al público de esta dotación con independencia de la residencia y centro artístico que la cartera liderada por Ernest Urtasun planea impulsar en el resto del recinto.

El Sindicato de Inquilinas lo celebra: “Recuperamos para la ciudad la Tabacalera”

El Sindicato de Inquilinas ha celebrado el acuerdo en una nota remitida a los medios de comunicación: “Gracias a la negociación y movilización de los movimiento sociales de la ciudad, el acuerdo se ha desbloqueado, formalizando el uso del espacio a través del convenio existente e incorporando las modificaciones necesarias para adaptarlo al momento actual del proceso”.

Carolina Vilariño, portavoz del Sindicato, cree que con este compromiso consiguen “un espacio que había sido arrebatado a los movimientos sociales y que es fundamental para los vecinos de Lavapiés y de todo Madrid”. Opina que “se abre un nuevo paradigma del modelo de ciudad que vamos a construir”.

En el escrito detallan el enfoque que Remonta Tabacalera dará al proyecto: “Se plantea una visión de colaboración amplia junto al CSA Tabacalera y otros movimientos y colectivos sociales del territorio, articulada en torno a tres ejes estratégicos: la cultura de base autogestionada, el sindicalismo social y la economía solidaria”.

En las negociaciones se ha acordado entender este proceso como “una oportunidad para incorporar la participación ciudadana en la rehabilitación del edificio con una perspectiva de regeneración urbana en su contexto territorial y ampliar derechos culturales y sociales de las personas que habitan y atraviesan Madrid”. Señalan que, “por todas las partes”, se ha manifestado “una aspiración para explorar formas innovadoras y contemporáneas de gestión cultural y urbana acorde al momento actual y a los retos sociales que afrontamos.

Casi tres siglos de historia en el corazón de Lavapiés

Situado en el número 53 de la calle Embajadores, el complejo de Tabacalera está formado por diversas edificaciones, ocupando una superficie total de más de 21.000 metros cuadrados. Tabacalera se ubica en la Antigua Fábrica de Tabacos de Madrid, cuya construcción tuvo lugar entre 1780 y 1792 y que perdió ese uso a finales del siglo XX.

Adscrito al Ministerio de Cultura desde 2003, ese mismo año el edificio se abre al público como espacio centrado en la exhibición y la programación de actividades. Entre 2010 y 2021 desarrolla un programa permanente de exposiciones temporales y de actividades en torno a la fotografía, el arte contemporáneo y las artes visuales. Actualmente el complejo de Tabacalera se encuentra en proceso de rehabilitación arquitectónica y reforma integral de las instalaciones para adecuar el edificio a su futuro uso como centro de producción y residencias artísticas, en la línea de otros centros internacionales.

En marzo de 2025, un Real Decreto oficializó la creación del Centro de Producción y de Residencias Artísticas Tabacalera. Este futuro Centro Tabacalera es un proyecto estratégico del Ministerio de Cultura y está dirigido a la reactivación del tejido creativo, promoviendo un espacio de investigación artística e intercambio de experiencias entre artistas, en colaboración también con las comunidades autónomas. El proyecto aspira, asimismo, a ser una institución abierta al barrio de Lavapiés, un propósito relanzado con este acuerdo.

La Junta Municipal de Centro podrá retomar las obras de acondicionamiento de la Instalación Deportiva Básica de Embajadores 18 el próximo mes de julio, si los plazos avanzan según lo previsto, informa el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado. Así se lo ha trasladado el concejal del distrito, Carlos Segura, a los representantes de las asociaciones vecinales La Corrala y Rastro, del Club Deportivo Elemental Dragones de Lavapiés y del Centro de Estudios Castilla, con quienes se ha reunido este jueves para trasladarles las causas que motivaron la suspensión temporal de las obras el pasado mes de noviembre.

La actuación en la instalación deportiva incluye una nueva área estancial con la creación de una zona verde formada por tilos, arces paliformos, lavanda, romero, espino de fuego y madroños, así como la mejora del cerramiento con un muro de granito acorde al entorno. También dota al espacio de un almacén que podrán utilizar los usuarios de la zona deportiva para guardar los enseres necesarios para los entrenamientos.

Las obras, iniciadas en septiembre de 2025, tuvieron que paralizarse al encontrar, durante la ejecución de las primeras fases de demolición del cerramiento perimetral, unas construcciones subterráneas, correspondientes, presumiblemente, a los sótanos de antiguos locales comerciales del edificio que ocupaba el solar y que no estaban registrados en la documentación disponible. Ese hallazgo requiere redactar un proyecto modificado que incluya los trabajos técnicos necesarios, no previstos inicialmente.

Durante el encuentro de hoy, el concejal ha reiterado el compromiso del distrito de mantener una comunicación transparente y continua con el vecindario y ha subrayado que el Ayuntamiento está trabajando para avanzar en los trabajos técnicos necesarios para reactivar la obra con todas las garantías de seguridad y viabilidad. 

Las obras no sólo supondrán una rehabilitación para esta instalación deportiva, sino también para su entorno. Por una parte, se acondicionará la superficie para crear una pista deportiva y una zona de estancia. Además, se resolverán las humedades junto a un edificio en Calle San Cayetano, solucionando la falta de drenaje e impermeabilización en el solar. Por último, se renovará el vallado y el espacio de vestuarios y se adecuarán las instalaciones de alumbrado.

Los proyectos colectivos y comunitarios no son nada sencillos. Pero cuando sirven para dar cobijo a otras iniciativas de las mismas características, se vuelven indispensables. Un lugar de Lavapiés lleva demostrándolo desde 2022, aunque en los últimos meses había detenido su actividad debido a una reorganización interna. Espacio Loseta regresa con un nuevo impulso al número 32 de la calle de la Torrecilla del Leal, con un equipo renovado detrás y las mismas ganas de llenar de cultura y buenos barrios el céntrico barrio de Madrid.

La puesta en marcha de esta nueva etapa será el sábado 21 de febrero, en una jornada larga e intensa que arrancará a las 12.00 y concluirá a las 23.00. La entrada será libre (como casi todo en Loseta) e incluirá actividades culturales, música en directo, la presentación del nuevo equipo y los nuevos proyectos, así como la participación de comercios y agentes culturales del barrio.

La reapartura llega, según informan a Somos Lavapiés, después de “varios meses de trabajo interno y reorganización”. Lo hace con con un equipo ampliado de 13 personas y una estructura de gestión colectiva y transparente. Durante este tiempo de parón, sus impulsores han dado forma a un proyecto que desea consolidarse en este rincón del centro de la capital, que definen como “un entorno complejo pero profundamente vivo, con el objetivo de seguir sumando iniciativas que hagan el barrio más habitable y fortaleciendo el tejido comunitario”.

En la fiesta del sábado habrá chocolatada con churros, vermut, bingo, conciertos, tatuajes o sesiones de DJ. A continuación, detallamos la programación del día:

El día se completará con una recogida de libros para la creación de una biblioteca comunitaria y otra esquejes y plantas. Además, se grabará un episodio de Suena Madrid Podcast a lo largo del evento. Todo este programa se despliega con el apoyo y las aportaciones de personas o entidades de Lavapiés como el Teatro del Barrio, la librería Grant, Universo Vegano, Swinton Gallery, los Cines Embajadores, Enraizarte, Cerámica Nuwa, Víctor Salmerón y David Gutiérrez. El espacio contará asimismo con fotografías de Miguel Trillo cedidas por la Swinton Gallery y el propio artista, en el marco de la exposición Miguel Trillo. Existencias.

Cuatro años de respaldo e intercambio cultural en Lavapiés

Espacio Loseta es un proyecto comunitario y asociativo que nació en 2022 con la idea de compartir, cuidar y construir colectivamente. Promueve el intercambio de saberes, técnicas manuales y prácticas artísticas desde una mirada inclusiva, interseccional y multicultural. Todo ello bajo criterios de accesibilidad, transparencia y participación, tanto en lo económico como en la toma de decisiones, que ponen en el centro el respeto, la escucha y la creación de un entorno acogedor donde todas las personas puedan sentirse parte. Quiere consolidarse como una casa común: un lugar donde estar sin que todo tenga que ser productivo o transaccional. Un punto de encuentro intergeneracional que fomenta el pensamiento crítico y el vínculo social, posicionándose como alternativa al modelo de ciudad actual.

El espacio, anteriormente conocido como la librería asociativa Marabunta, cuenta con 79 metros cuadrados modulables, mesas plegables, baño y una zona compartida con utensilios básicos de cocina. Acoge eventos, talleres, residencias artísticas, conciertos o proyectos de cooperación y vinculación social con otras entidades del barrio de Lavapiés.

El proyecto vivió ya un relanzamiento en noviembre de 2023, después de completar con éxito un crowdfunding para completar los permisos y licencias, afrontar gastos de asesoramiento legal y hacer frente al alquiler del espacio. Todo ello con el objetivo de dar un respaldo riguroso a las iniciativas culturas que acoge.

Después de un freno en sus actividades a finales del pasado año (en noviembre acogiño la exposición Ya nadie es de ninguna parte), vuelve a pleno rendimiento con un equipo de 13 personas al frente. Perfiles heterogéneos vinculados al periodismo, la gestión cultural, la música, el cine, la fotografía o el mundo editorial. Su dirección es “compartida, colectiva y abierta, basada en la inteligencia comunitaria y la gestión participativa”, resaltan.

Hubo un tiempo, hasta mediados de los noventa, en el que el barrio arrastró de forma incesante una degradación intensa, con infravivienda, abandono institucional y una fuerte estigmatización del barrio de “los manolos y las manolas”. Es a finales del siglo XX cuando la intervención pública se activa, mediante una serie de programas de adecentamiento del espacio público, rehabilitación de edificios en ruina y mejoras o instalaciones de equipamientos públicos. Era necesario, estaba claro. Arquitectónicamente, el barrio estaba reventado. La zona concentraba, y sigue concentrando, buena parte de la bolsa de infravivienda del centro de la ciudad. El problema no fue intervenir, sino cómo y para quién.

Y es que el trasvase de recursos públicos hacia propietarios privados para rehabilitar viviendas sin controlar los precios de compraventa o alquiler abrió la puerta al primer ciclo contemporáneo, que, en los años 2000, daba el pistoletazo de salida a un proceso de gentrificación que no disimulaba en su programa de higienización social. Aún recuerdo una conversación con la urbanista del Ayuntamiento donde expresaba, sin tapujos, que los jóvenes y estudiantes de aquel entonces eras los únicos en querer entrar a los pisos rehabilitados de corralas, con el tamaño de una caja de cerillas, y los únicos que querrían vivir en un barrio, en sus términos, “multicultural”.  Ese fue el primer elemento que generó el proceso incipiente. Lavapiés era barato, céntrico y simbólicamente potente. Llegaron artistas, activistas, profesores, estudiantes, trabajadores culturales; gentes que buscaban un barrio vivo, mestizo, con alquileres todavía accesibles.

Entre 2005 y 2011 el perfil educativo del vecindario cambió de forma radical. Lavapiés se convirtió en el barrio de Madrid con las tasas más altas de población con estudios superiores y con la mayor concentración por km2 de Doctores (no médicos). La movilidad residencial se disparó. Salieron hogares hacia el sur y sureste de Madrid; entraron residentes desde el norte de la ciudad, desde Chamberí, desde Malasaña, como una mancha de aceite bajando hacia el centro.

Después llegó otro actor que alteró por completo la ecuación. La expansión de plataformas como Airbnb a partir de 2015 trajo consigo la turistificación y dio un sorpasso a la gentrificación, convirtiendo al barrio en una olla a presión entre varios procesos que se daban en el mismo lugar. La plusvalía dejó de concentrarse en la compraventa o en el alquiler residencial, que había subido como la espuma entre 2005 y 2013, y se desplazó hacia la vivienda turística. El barrio, con su parque de casas pequeñas, interiores mínimos, abuhardillados que nunca fueron vivienda y áticos imposibles, resultó especialmente tentador para inversionistas rápidos. Muchas de las antiguas infraviviendas, difíciles de vender o alquilar para uso estable, eran perfectas ahora para convertir al barrio en parte de la escena “city break” europea y atraer turistas para estancias de dos noches. Ahí se abría una nueva brecha, otra pugna por el sentido del barrio. A la suma de turistas, gentrificadores de largo aliento, población residente autóctona de procedencias geográfica variadas, canallitas, hosteleros cooperativistas y hosteleros capitalistas, a hoteles franquicia y a pensionados de toda la vida, se le suma una gentrificación internacionalizada. Llegan residentes extranjeros de países desarrollados que encuentran en Lavapiés su East London, su particular Williamsburg, una alternativa a zonas ya saturadas y demasiado pesadas como Malasaña.

Mientras, bloques enteros en lucha contra fondos buitre (los gentrificadores en mayúscula), como Tribulete 7, que ha conseguido este año sentar en el banquillo a la socimi Élix Rental Housing II por coacciones y acoso inmobiliario. O las vecinas de San Ildefonso 20, que luchan por convertir su edificio en una cooperativa de viviendas. O Buenavista 25 y Zurita 22, que siguen la misma estela contra la productora Gloriamundi Producciones, también tenedora inmobiliaria.  Y a esa presión económica se suma una dimensión menos visible pero igual de determinante: Lavapiés sigue concentrando una bolsa importante de población migrante empobrecida, que vive en condiciones materiales muy duras y bajo una fuerte presencia policial. Desde 2012 se han instalado 48 cámaras de videovigilancia, más 17 adicionales en 2022. Las redadas por perfilamiento racial son constantes. El barrio es, al mismo tiempo, icono cool y espacio securitizado. Esa tensión atraviesa la vida cotidiana.

La llamada eventización del barrio refuerza esa deriva. Tapapiés y otros eventos multiplican el flujo de visitantes. Incluso parte del sector hostelero empieza a mostrar fatiga ante la saturación con calles convertidas en escenario permanente, donde el vecino estable se siente figurante en su propio barrio. Y es que la promoción simbólica hizo estragos en el barrio, con revistas de tendencias como Time Out etiquetándolo como el barrio más cool de Europa, convirtiendo su efecto reputacional en lucro inmobiliario. Cada ranking nuevo alimenta expectativas de renta. Cada titular empuja un poco más el precio del metro cuadrado. Y es que la gentrificación tiene algo de paradójico; si bien, por un lado, se trata de un ejercicio de aculturación, de llegada de clases aburguesadas, biempensantes y con un habitus propio de aquel que no ha roto un plato en la vida, como clases ejemplificantes del buen gusto y los buenos modales; al mismo tiempo, es un ejercicio de apropiación cultural, de compra de su identidad macarra, obrera, rude, pero en una versión neutralizada, estetizada (o si prefieren, esterilizada), que se pretende inocua.

Mientras, en una pequeña zona que apenas ha sido tocada, entre la calle Embajadores y el Rastro, y que no formó parte de aquel primer el proceso de rehabilitación urbana y que sigue siendo algo parecido al Lavapiés de los 2000. Por ahí circula La Rosa, centro social okupado con una pata en Lavapiés y otra en el Rastro, representa esa constelación histórica de espacios autogestionados que han sostenido que otro barrio es posible. El caso reciente del intento de destrucción del edificio histórico que albergaba no solo patrimonio popular histórico que conservar sino lo que una vez fue el restaurante senegalés Baobab, para reconvertirlo en hotel-cápsula, ha reactivado esa energía de resistencia. No es solo la defensa de un inmueble concreto, es la defensa de un límite. Cuando ocurre algo así, siempre surge esa mística de la resistencia vecinal que intenta aplicar cierto nivel de contención sobre un barrio que está ahogado en todos los términos.

Lavapiés al Límite, plataforma integrada por 52 colectivos y asociaciones, ha convocado recientemente una manifestación bajo el lema Levantadas por nuestro barrio. Es la reacción de quienes sienten que el barrio se les escapa de las manos. Lavapiés está ahogado por múltiples frentes: turístico, inmobiliario, simbólico, policial. Lavapiés no necesita más etiquetas ni más rankings. Necesita políticas valientes que protejan la vivienda residencial, refuercen el comercio cotidiano y hagan desaparecer la dependencia del turismo. Necesita, en definitiva, recuperar margen para que la vida ordinaria vuelva a ser posible. Porque lo que está en juego no es la nostalgia por un pasado idealizado. Es el derecho a permanecer.

Jorge Sequera es investigador de la UNED y director del Grupo de Estudios Críticos Urbanos (GECU) e Investigador Principal (IP) del proyecto Horizon MSCA Staff Exchange NOMADIC: Nomad Movements and Digital Impacts in Cities.

El 23 de octubre, casi un centenar de efectivos recorrieron Lavapiés en busca de inmigrantes en situación irregular. Durante la macrooperación, que comenzó en la Plaza de Nelson Mandela, la Policía Nacional identificó a padres que habían ido a ver a sus hijos al Casino de la Reina, donde esa tarde jugaba un equipo alevín de fútbol. Identificaron a 90 personas, pero solo cinco acabaron detenidas. Un año antes, el barrio ya había decidido organizarse para protestar por un vecindario “al límite”. Hasta cuarenta asociaciones de la zona llamaron a un recorrido multitudinario, de cuyo lema acabó surgiendo otra suma de colectivos: Lavapiés al límite. Ahora, vuelven a reunirse y preparan una nueva cita el próximo domingo.

“¿La Policía es solvente en sus actuaciones? ¿Es la inseguridad una cortina de humo para echar a los vecinos y abrirse al capital extranjero? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Creo que hay muchas preguntas que deberíamos hacernos y por eso volveremos a salir a la calle”, planteaba esta mañana ante una veintena de asistentes Serigne Mbayé, portavoz del Sindicato de Manteros y exdiputado en la Asamblea de Madrid por Podemos, partido del que continúa siendo el secretario de Antirracismo.

“Tenemos cada vez más cámaras de vigilancia, y nos identifican por la calle cada dos por tres. Si de verdad funcionan tanto las redadas, ¿por qué siguen haciéndolas todavia?”, se pregunta Mbayé. Desde el Teatro del Barrio y junto a otros cuatro ponentes –representando a inquilinos, movimientos sociales o agrupaciones por los derechos de la infancia en Lavapiés– ha instado a participar en la marcha vecinal fijada el 15 de febrero para denunciar el “abandono institucional” al que se ven abocados en favor de la “especulación inmobiliaria, la gentrificación o la expansión descontrolada de pisos turísticos”.

Vivienda, “racismo institucional” y más espacios para la infancia

Fueron las primeras pinceladas que ofreció este jueves Susana Pineda, otra integrante de Lavapiés al límite que ha presentado la convocatoria. “Convivimos diariamente con desahucios, falta de espacios públicos y zonas verdes. Pero la respuesta es generar un clima racista y de criminalización en lugar de hacer una inversión social”, espetó Pineda, que ve en ello la “consecuencia” de “un modelo pensado para expulsar a sus vecinas”. En esta misma conclusión ha profundizado Sara Pla, a su lado en el Teatro del Barrio.

“Estamos hartos de repetirlo: no es seguridad, es racismo institucional [...] Los niños reciben el impacto más duro porque son las principales víctimas en desahucios, que les obligan a perder toda su vida. O cuando tienen que ver a sus padres detenidos y criminalizados solo por salir a la calle”, ha destacado. Así que abogan por mover el foco, cambiar el punitivismo por “cuidados” o “más recursos para drogodependientes”, y prorizar otros esfuerzos que, a su juicio, traerán una mejora al barrio.

Estamos hartos de repetirlo: no es seguridad, es racismo institucional

Sara Play — Miembro de la plataforma 'Lavapiés al límite'

“Necesitamos zonas de sombra en verano, para que los más pequeños puedan jugar sin poner en riesgo su salud. El derecho al juego o al descanso no puede depender de tu nivel de renta”, sentencia. Pero uno de los problemas más urgentes que han reconocido, y por el que también saldrán a reivindicar el domingo, es el mismo que se comparte en Madrid u otras ciudades: el encarecimiento de la vivienda.

“Aquí ya es un problema estrucural, pero es que los alquileres siguen subiendo sin justificación y los contratos son cada vez más inestables. Esa es nuestra realidad cotidiana, ya sea en General Lazy o en Mesón de Paredes”, siguió Isabel Mascuñana, miembro del Sindicato de Inquilinas. “Cuando la vivienda falla, fallan las redes, los cuidados y la vida comunitaria del barrio”, ha añadido, instando a las autoridades a poner coto a los pisos turísticos y adoptar “medidas reales” que permitan afrontar la especulación inmobiliaria.

La presentación de cara a la manifestación del día 15 la completaba Andrés López, del CSO La Rosa, un centro social okupado en la calle del Bastero. Redondeó el resto de intervenciones hablando de los espacios autogestionados y su función en la cohesión de un barrio, incidiendo en que la seguridad también tiene que ver con “fomentar que las vecinas se conozcan y se permita la proximidad”. “Es vital que siga siendo así”, ha advertido, instando junto al resto de sus acompañantes a participar en la protesta desde el Casino de la Reina.

En su discurso dedicó unas palabras a otro centro social de Lavapiés, La Tabacalera, inmersa en una negociación con el Ministerio de Cultura después de marcharse de este histórico edificio por unas obras de rehabilitación. “Son espacios fundamentales para organizarse políticamente, o ensayar otras formas de vida. Sin ellos, y sin los los movimientos sociales que los habitan, no existirían movilizaciones como esta”, determinó antes de despedir al público y aguardarles hasta el domingo.

Una corrala decimonónica se ha convertido en la puerta de entrada a un supuesto narcopiso del siglo XXI. Desde el número 11 de la calle Tribulete o accediendo por el 12 de Provisiones, en pleno centro de Madrid, puede uno adentrarse en un amplio patio, luminoso y con dos siglos de historia. Pertenece a los antiguos conjuntos de viviendas que se popularizaron durante el Madrid industrial, con la peculiaridad de que en este caso sus vecinos se confiesan habituados a las amenazas, los ruidos o el tránsito de droga. Actualmente, el edificio es propiedad de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), que depende del Ayuntamiento.

Hoy viven allí unas 20 personas, generalmente en régimen de alquiler social, conectadas a través de un espacio abierto en la zona central del bloque. Pero, en los últimos meses, el relato de los residentes también ha alarmado fuera de sus paredes: las peleas, la suciedad o los gritos intimidatorios se han apoderado del edificio. Fuentes de la Policía Nacional confirman a Somos Madrid que existe una investigación en marcha para esclarecer las acusaciones, pero evitan concretar si desde junio –cuando supuestamente empezaron los conflictos– se ha efectuado alguna intervención en la zona.

Lo que no se ha materializado aún es una operación policial a gran escala en el interior, aunque los vecinos presionan para que ocurra más pronto que tarde. “Cada dos por tres hay peleas con voces a todas horas, sea de día o de noche. No dormimos”, asegura Ana, una de las personas que viven en la corrala y han tratado de mover hilos para llegar al fondo del asunto. Dice sentirse desesperada y sostiene que ya han intentado hablar con la mujer que se aloja en el domicilio, donde afirma que “convive con mucha otra gente” que entra y sale a placer.

Vecinos “secuestrados” en sus propias casas

La distribución de la corrala se basa en una planta rectangular con un patio interior estrecho y las viviendas distribuidas varias alturas: dos (bajo y primero) en el bloque que tiene acceso a la calle Provisiones y cuatro en la de Tribulete, donde también hay entreplanta y segundo piso. Para entrar hay que atravesar un portalón que abre al patio, desde el que se accede a las viviendas bajas. Una escalera conduce a la galería que sirve de acceso a las casas altas y otra pasarela que cruza el patio, comunicando las galerías de ambos lados.

Pero la convivencia parece haberse complicado. En un escrito firmado por diez vecinos y enviado a la propiedad del inmueble, la EMVS, estos se consideran “atemorizados” y “secuestrados” en sus propias casas. “La situación se está cronificando de una forma que ya no es posible soportar. [...] Las peleas no solo ocurren dentro de la vivienda, sino en las zonas comunes, poniéndonos en peligro al resto”, destaca la carta, en la que el grupo afirma que allí “se venden o consumen estupefacientes” y han encontrado restos de “papel de aluminio” en la corrala, que relacionan con drogas, junto a otros enseres. También inciden en los problemas que supone a nivel de higiene, pues aseguran que el servicio de limpieza “no entra por miedo” e incluso “muchos repartidores se niegan” por la misma razón.

“La cantidad de gente dentro de la casa es tal que incluso algunos duermen en el portal o en pisos superiores de la finca, con llamadas a telefonillos a cualquier hora o bien dando golpes en el portalón de entrada, bloqueando las cerraduras para que no cierren los portales y tener paso libre [...] Esas personas son muy violentas”, concluye el aviso que remitieron a la empresa municipal. Consultados por esta cuestión, desde la EMVS (responsables del edificio) delegan en la Policía la decisión de intervenir o no después de la denuncia. “Si un ciudadano es conocedor de este tipo de prácticas delictivas en una vivienda debe ponerlo en su conocimiento, pues son la autoridad competente”, zanjan fuentes de la empresa pública.

Ana presentó una denuncia a título particular ante la Dirección General de la Policía cuando relativa al pasado 2 de enero, en la que indica “tener conocimiento de que en dicho domicilio [el que ha generado el conflicto] se realizan actividades ilíticas relacionadas con el tráfico de sustancias estupefacientes”, e incluso haber visto cómo algunas personas “han mantenido relaciones sexuales fuera de la casa”.

Problemas para transitar zonas comunes y ataques de ansiedad

También expone que a otro vecino, cuyo nombre dice no recordar en la denuncia, “le han llegado a mostrar un cuchillo” o que, en su caso, tuvo “impedimientos” para transitar en zonas comunes. María, otra de las mujeres de la corrala que han denunciado lo ocurrido en comisaría, declara tener “ataques de ansiedad” recurrentes y ser testigo de distintas situaciones violentas, que también vincula a la existencia de un narcopiso.

En uno de los casos, ella misma fue la víctima directa. Según relata en su escrito, en la madrugada del 18 de enero un sujeto se adentró en el edificio debido a que la puerta principal “estaba rota” por otro incidente, ocurrido dos semanas atrás siempre según su testimonio. El individuo golpeó “violentamente” la puerta del domicilio donde reside la denunciante, a pocos metros de aquel sobre el que recaen sus sospechas. “Temo por mi seguridad y por la de mis vecinos”, destacó ante los agentes.

En uno de los vídeos grabados desde las ventanas contiguas se muestra cómo, junto a la entrada principal, una persona empieza a gritar y empuja a otra contra la pared, agarrándola de la solapa mientras esta otra se defiende impulsándose hacia adelante. Cuando consigue zafarse de las manos comienza a andar hasta desaparecer del plano. “Oye, ¿adónde vas?”, se escucha de fondo cuando retoman los zarandeos a la vez que otros dos individuos tratan de intervenir. Mientras tanto, otra silueta trata de acercarse a la puerta y acelera el paso cuando llega al lugar de la pelea.

A nivel normativo, este edificio se integra en el Plan Especial de Protección del Ayuntamiento de Madrid, que ya acometió una rehabilitación a mediados de los noventa con 997.680 euros de presupuesto, que corrió a cargo de la empresa Leal Elizaran S.A. Su estado era ruinoso y se acometieron obras de consolidación, conservación estructural o para la reconstrucción de la escalera, la galería y los patios. De momento, queda esperar a que las investigaciones policiales determinen si en este punto conflictivo se cumplen las sospechas de sus vecinos.

Vuelve el desaosiego sobre el futuro del histórico edificio que alojaba el mítico restaurante senegalés Baobab. Solo un día después de la calma aportada por el anuncio de José Luis Martínez-Almeida, que avanzó la suspensión de la licencia del derribo programado en los números 1 y 3 de la calle Cabestreros, varios operarios han demolido con piquetas y martillos parte del tejado de este histórico inmueble. Así lo acreditaban a primera hora de la mañana imágenes filmadas y compartidas por vecinos de Lavapiés, que ha podido comprobar in situ este periódico.

Hasta cinco operarios trabajaban a la vez este miércoles en el derribo del tejado del edificio más antiguo, dejando expuesto su forjado a las inclemencias del tiempo. Lo hacían mientras varios vecinos les gritaban que lo que estaban haciendo era ilegal desde este martes, cuando se produjo el anuncio del alcalde y el área de Urbanismo detuvo la licencia. Incluso alguno de los viandantes llamaba a la Policía Municipal para que detuvieran los trabajos.

Fuentes del PSOE confirmaban a este periódico que la obra estaba detenida, pero la orden de paralización no llegaba. Finalmente y en torno a las 12.00 horas personal de la Agencia de Actividades y agentes de la policía local se personaban en la calle Cabrestreros para detener los trabajos, aplicando un precinto a las instalaciones. Los socialistas eran los que habían forzado al Ayuntamiento a parar la obra ante el posible perjuicio patrimonial que se podía alcanzar con el derribo de un edificio que podría haber sido construido al menos en el siglo XVII.

“El delegado me confirmó que se notificó al propietario ayer pero no habían avisado a la empresa de demolición”, contaba en el lugar de los hechos el concejal del PSOE Antonio Giraldo, que colgaba un vídeo en redes mostrando el estado de las obras.

Horas antes, el avance del derribo era denunciado por la concejala Lucía Lois, de Más Madrid: “Da igual lo que diga Almeida, en Madrid cada cual hace lo que le da la gana, porque el beneficio siempre es mayor que la multa”, critica en una publicación de Instagram la edil de Más Madrid Lucía Lois. “Nos hemos levantado con el ruido de las piquetas cargándose el edificio del antiguo Baobab. Estas prácticas son una muestra de cómo funciona la disciplina urbanística en nuestra ciudad”, cuestionaba Lois. A la vez, recordaba que el Baobab fue “lugar de encuentro y cruce de culturas”, hasta que “fue comprado por un fondo de inversión que subió el alquiler de manera estratosférica y el restaurante tuvo que cerrar”.

El proyecto que sustituirá a la actual construcción junto a la plaza Nelson Mandela es un hotel cápsula con 260 camas de la empresa inversora Urbex, enfocado a aumentar la actividad turística en el centro de Madrid. El freno del derribo, compartido por el regidor después de que el Grupo Municipal Socialista judicializara el asunto por el posible valor histórico y necesidad de protección del lugar, queda ahora en entredicho.

El PSOE de Madrid presentó este martes una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Medio Ambiente y Urbanismo para intentar frenar el derribo “inminente” de estos edificios y evitar “un atentado patrimonial”. El escrito solicitaba la paralización cautelar, urgente e inmediata del proceso. Según una carta elevada por el concejal socialista Antonio Giraldo al Consistorio, los bloques podrían datar del siglo XVII y merecer dicha protección por sus especiales características, en especial la baja altura de uno de ellos. Giraldo apunta incluso que, “con alta probabilidad”, existía “ya en 1656, momento en que es recogido en el propio plano de Pedro de Teixeira fechado en 1656”.

En un mensaje publicado en X, el edil socialista exponía que se ampara para su denuncia en el artículo 46 de la Constitución: “Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio.”

Almeida confirmó después que el edificio donde se encontraba el restaurante “no tiene protección urbanística en el Plan General”. “Sin embargo, como nosotros no tenemos ningún problema en repensar las decisiones si es necesario, lo que hemos hecho es hablar con la Comunidad de Madrid para que desde la Dirección General de Patrimonio Histórico nos den su criterio”, trasladó a los medios sobre un paso que considera “razonable” y “adecuado”.

“Esta mañana se han dado prisa para cargarse el tejado del edificio más antiguo. El siguiente paso, declaración del inmueble en ruinas y para alante”, lamentaba un vecino de la zona, a la vista de que ahora el interior de la construcción ha quedado expuesto a las lluvias que se prevén para los próximos días en Madrid. Una opinión que era compartida por otros paseantes de la zona. A la mayoría no les gusta el proyecto de hotel cápsula, que eleva varias alturas la disposición actual y promueve un tipo de turismo que favorezca “el botellón y la droga”.

La madrileña Taberna Garibaldi, el local de hostelería del que es socio el exvicepresidente del Gobierno y exlíder de Podemos Pablo Iglesias, ha denunciado que se ha perpretado este martes un ataque en el establecimiento. Según explican, el atacante llevaba una llave inglesa con la que ha causado daños en el recinto y ha agredido a uno de sus encargados.

A través de varios mensajes en su cuenta oficial en Instagram, la Taberna Garibaldi ha relatado que el hombre ha sido reducido y detenido por la Policía. En la publicación muestran varias imágenes de una piedra lanzada y el escaparate roto del establecimiento, ubicado en el barrio madrileño de Lavapiés, en la calle Miguel Servet.

También ha asegurado que el hombre justificó su ataque acusando a la taberna de Iglesias de cometer delitos de odio al lucir una pegatina con la imagen de una bandera de Israel y el símbolo de prohibido, colocada en la fachada “donde se prohíbe la entrada a sionistas”.

El exportavoz de Unidas Podemos en el Congreso Pablo Echenique ha achacado en la red social X el ataque a la Taberna Garibaldi a un “escuadradista sionazi”. Echenique asegura que “los asesinos de niños palestinos no toleran que nadie les haga frente en ningún lugar del mundo”.

La Garibaldi, situada junto a la glorieta Embajadores, se mudó hace unos meses a su actual ubicación -el local que ocupaba antes un restaurante indio- después de iniciar sus pasos empresariales en el año 2024 en la parte alta del barrio, al principio de la calle Ave María.

El Ayuntamiento de Madrid suspende cautelarmente la licencia otorgada para el derribo de dos edificios en la calle Cabestreros, en Lavapiés, a la espera de que la Comunidad se pronuncie sobre su valor patrimonial y posible protección Se trata de los situados en los números 1 y 3 de dicha vía, sede del antiguo restaurante senegalés Baobab, que según una carta elevada por el PSOE de Madrid al Consistorio podrían datar del siglo XVII y merecer dicha protección por sus especiales características. La demolición era el primer paso para erigir un hotel cápsula con 260 camas en su actual enclave.

El anuncio de la paralización ha venido del propio alcalde, José Luis Martínez-Almeida, desde Usera. Llega después de que el Grupo Municipal Socialista haya presentado una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Medio Ambiente y Urbanismo este mismo martes para intentar frenar el derribo “inminente” de estos edificios y evitar “un atentado patrimonial”. El escrito solicita la paralización cautelar, urgente e inmediata del proceso.

En un mensaje publicado en X, el concejal socialista Antonio Giraldo se ampara para ello en el artículo 46 de la Constitución: “Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio.”

Almeida ha confirmado que el edificio en concreto donde se encontraba el restaurante “no tiene protección urbanística en el Plan General”. “Sin embargo, como nosotros no tenemos ningún problema en repensar las decisiones si es necesario, lo que hemos hecho es hablar con la Comunidad de Madrid para que desde la Dirección General de Patrimonio Histórico nos den su criterio”, ha trasladado a los medios sobre un paso que considera “razonable” y “adecuado”.

“Nosotros actuamos de conformidad a la normativa municipal y a la normativa urbanística, donde el edificio no tiene ningún tipo de protección. Ahora, para despejar cualquier duda, para que nadie tenga la mínima duda, no tenemos ningún problema en consultar a la autoridad competente en materia de patrimonio histórico con carácter general, que es la Comunidad de Madrid”, expone el regidor. Mientras esto sucede, “el Ayuntamiento va a suspender la licencia cautelarmente y, por tanto, que no se pueda proceder a la demolición”. “Lo que hacemos es tomar las decisiones de acuerdo a la ley. Una vez que se ha mostrado esta situación, y para que no haya ninguna duda, consultamos a la Comunidad de Madrid a través de la Dirección General de Patrimonio Histórico. Mientras tanto, suspendemos cautelarmente la licencia”, concluye Almeida.

Respuesta municipal después de la presión y la denuncia del PSOE

La movilización política y social ha crecido en los últimos días para frenar la cada vez más cercana demolición del edificio situado junta a la plaza de Nelson Mandela, en cuya ubicación (y en el bloque anexo) se levantará un hostel con aforo de 288 personas. La parcela, que sale de agregar los números afectados de Cabesteros, cuenta con 400 metros cuadrados de parcela y 1.800 de edificabilidad. Este modelo sustituirá un lugar icónico por su pasado cultural, no solo como sede del histórico restaurante senegalés Baobab hasta el lamentado cierre en 2020, sino por el valor patrimonial del propio inmueble y los siglos de trayectoria que acarrea.

Lo relata el PSOE de Madrid en una carta dirigida al delegado de Urbanismo del Ayuntamiento, Borja Carabante, donde le piden detener el derribo y “valorar su inclusión en el catálogo de edificios protegidos”. El edil socialista en la Comisión municipal del ramo, Antonio Giraldo, firma un escrito en el que expone la centenaria historia de esta característica construcción de una sola planta: “El Grupo Municipal Socialista ha accedido a documentación original y fidedigna recopilada desde varias fuentes, entre las que están el Archivo de Villa, que acreditan la antigüedad del edificio existente como anterior a 1752”. Apunta incluso que, “con alta probabilidad”, existía “ya en 1656, momento en que es recogido en el propio plano de Pedro de Teixeira fechado en 1656”.

Giraldo recalca que la “diversa documentación en propiedad del Consistorio, así como el estudio del devenir de la ciudad, acredita que no ha habido una sustitución de dicha edificación desde entonces y que solo ha podido ser objeto de reformas interiores o exteriores menores”. Sostiene por ello que “con muy alta probabilidad se trata de uno de los pocos ejemplos de edificaciones del caserío tradicional de la Villa de Madrid fechable, al menos, en el siglo XVII en este sector de la ciudad”. Un vestigio histórico también “por tamaño y escala”, ya que estas características ayudan a “entender y conocer la morfología de la ciudad en el periodo temporal anterior a las grandes reformas decimonónicas, otorgándole por sí mismo un alto valor a nivel urbano”.

El edil del PSOE recuerda también que el entorno se encuentra englobado dentro del Conjunto Histórico de la Villa de Madrid que, por sus valores, ostenta la declaración de Bien de Interés Cultural, otorgada el 27 de abril de 1995. “Cualquier actuación en este recinto implica la protección y la salvaguarda de los valores que motivaron su declaración, siendo el mantenimiento de la trama y la estructura edilicia un condicionante fundamental. El derribo solo se podrá autorizar con carácter excepcional como viene recogido en el artículo 44 de la Ley 8/2023, de 30 de marzo, de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid”, explica en su misiva. Giraldo tacha de “llamativo e incomprensible” que, conocidos estos hechos, el Plan General de Ordenación Urbana de 1997 no incluyera el edificio en su categoría específica dentro de las Normas Urbanísticas para protegerlo.

Después de que haya trascendido la suspensión, Giraldo ha traslado la “alegría” del Grupo Municipal Socialista, aunque lamenta que hayan tenido que llegar a instancias como presentar una denuncia “para que el Ayuntamiento reaccione, es algo que nunca debería haber pasado”. Exige ahora al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que “agilice los trámites”, “incluya la protección de estos edificios como dos elementos únicos de la historia de esta ciudad” y “se proceda a la restauración”. También llama a “abrir el debate sobre qué ocurre con los edificios desprotegidos que tienen un valor patrimonial intrínseco”.

Mientras un hotel cápsula con 260 camas se prepara para ocupar el número 1 de la calle Cabestreros, en el corazón de Lavapiés, crece la movilización política y social para frenar la inminente demolición del edificio situado junta a la plaza de Nelson Mandela. No solo por su pasado cultural, como sede del histórico restaurante senegalés Baobab hasta el lamentado cierre en 2020, sino por el valor patrimonial del propio inmueble.

Es lo que sostiene el PSOE de Madrid en una carta dirigda al delegado de Urbanismo del Ayuntamiento, Borja Carabante, donde le piden detener el derribo y “valorar su inclusión en el catálogo de edificios protegidos”. El concejal socialista en la Comisión municipal del ramo, Antonio Giraldo, firma un escrito en el que expone la centenaria historia de esta característica construcción de una sola planta: “El Grupo Municipal Socialista ha accedido a documentación original y fidedigna recopilada desde varias fuentes, entre las que están el Archivo de Villa, que acreditan la antigüedad del edificio existente como anterior a 1752”. Apunta incluso que, “con alta probabilidad”, existía “ya en 1656, momento en que es recogido en el propio plano de Pedro de Teixeira fechado en 1656”.

Giraldo recalca que la “diversa documentación en propiedad del Consistorio, así como el estudio del devenir de la ciudad, acredita que no ha habido una sustitución de dicha edificación desde entonces y que solo ha podido ser objeto de reformas interiores o exteriores menores”. Sostiene por ello que “con muy alta probabilidad se trata de uno de los pocos ejemplos de edificaciones del caserío tradicional de la Villa de Madrid fechable, al menos, en el siglo XVII en este sector de la ciudad”. Un vestigio histórico también “por tamaño y escala”, ya que estas características ayudan a “entender y conocer la morfología de la ciudad en el periodo temporal anterior a las grandes reformas decimonónicas, otorgándole por sí mismo un alto valor a nivel urbano”.

El edil del PSOE recuerda también que el entorno se encuentra englobado dentro del Conjunto Histórico de la Villa de Madrid que, por sus valores, ostenta la declaración de Bien de Interés Cultural otorgada el 27 de abril de 1995. “Cualquier actuación en este recinto implica la protección y la salvaguarda de los valores que motivaron su declaración, siendo el mantenimiento de la trama y la estructura edilicia un condicionante fundamental. El derribo solo se podrá autorizar con carácter excepcional como viene recogido en el artículo 44 de la Ley 8/2023, de 30 de marzo, de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid”, explica en su misiva.

Giraldo tacha de “llamativo e incomprensible” que, conocidos estos hechos, el Plan General de Ordenación Urbana de 1997 no incluyera el edificio en su categoría específica dentro de las Normas Urbanísticas para protegerlo (Grado 2, por volumen volumétrico). En conversación con Somos Lavapiés, dice que “hay otros edificios posteriores con el mismo valor arquitectónico que sí que están protegidos, porque son más grandes, y este lo han dejado fuera”. Un hecho paradójico, ya que precisamente su tamaño es uno de los elementos que lo convierten en una edificación tan característica de su remota época.

Hay otros edificios posteriores con el mismo valor arquitectónico que sí que están protegidos, porque son más grandes, y este lo han dejado fuera

Antonio Giraldo — Portavoz del PSOE en la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid

El concejal avisa asimismo de que su fin puede llegar en cualquier momento: “Ya tienen licencia de derribo e incluso están escombrando por dentro”, de ahí la premura de su solicitud. “Se ha dado a conocer un proyecto de sustitución que incluye la demolición total del mencionado inmueble y la construcción de un edificio de nueva planta para el uso de hospedaje. Este eleva las alturas de las dos del edificio existente hasta las cinco más ático y no guarda ninguna relación con el original salvo la ubicación”, lamenta.

El grupo de edificios afectados por la operación que llevará a estos bloques de Lavapiés un gran hotel cápsula (1, 3 y 5 de la calle Cabestreros) daba cobijo también a la pensión Pinoy, por lo que el establecimiento no cambiará de uso, aunque sí de naturaleza y dimensiones. Según pudo comprobar este diario, el Ayuntamiento de Madrid concedió el pasado febrero la licencia de un hostel con aforo de 288 personas. La parcela, que sale de agregar los números afectados de Cabesteros, cuenta con 400 metros cuadrados de parcela y 1.800 de edificabilidad.

El controvertido futuro de un vestigio patrimonial y una reliquia sociocultural

La historia del Baobab (solo un capítulo en la del edificio, pero uno importante) empezó en 2005, cuando Ibu Ndiaye alquiló el local para instalar el que sería el restaurante senegalés más conocido de un barrio con una pujante comunidad del país africano. En la pensión contigua también pernoctaban, hasta su cierre hace cinco años, paisanos de Ndiaye.

En 2020 ya trascendió la intención de los compradores de levantar un negocio hotelero, lo que fue identificado por muchos como un nuevo episodio de gentrificación de Lavapiés. A ello ayudó que el inversor, Urbex, fuera el que pocos años antes había comprado el solar de la calle Valencia, número 2, para levantar un hotel de la cadena francesa IBIS. El establecimiento contó con la oposición de diversos colectivos sociales del barrio.

Por el momento, desde el Gobierno que lidera José Luis Martínez-Almeida consultadas por este medio no atienden las preguntas trasladadas. No aclaran una posible detención del proceso de derribo, ni los tiempos que manejan para su ejecución, ni si valorarán la protección del recinto. Mientras, la movilización crece en otros frentes. Varias fuentes adelantan a este periódico que la entidad en defensa del patrimonio urbano Madrid Ciudadanía y Patrimonio planea emprender la vía judicial para intentar evitar el arrase del número 1 de la calle Cabestreros. El tiempo, eso sí, juega en su contra.

El paisaje visual de la Plaza de Nelson Mandela está cambiando. A mediados de diciembre empezó a ser demolido el icónico edificio –bajo– que durante años albergara el restaurante senegalés Baobab que, aún cerrado, conservaba su característico mural arbolado en la fachada.

Al esquinazo de planta baja (y primera) en el número uno de la calle de Cabestreros, que le confería sabor antiguo y aspecto de ecos rurales, le sucederá un hostal cápsula, según publica el diario ABC. El grupo de edificios afectados por la operación (1, 3 y 5 de la calle Cabestreros) daba cobijo también a la pensión Pinoy, por lo que el establecimiento no cambiará de uso, aunque sí de naturaleza y dimensiones.

Según ha podido cmprobar Somos Lavapiés, el Ayuntamiento de Madrid concedió el pasado mes de febrero la licencia de un hostel con aforo de 288 personas. La parcela, que sale de agregar los números afectados de Cabesteros, cuenta con 400 m2 de parcela y 1.800 m2 de edificabilidad.

El restaurante Baobab cerró en enero de 2020. La historia del establecimiento había comenzado en 2005, cuando Ibu Ndiaye alquiló el local para instalar el que sería el restaurante senegalés más conocido de un barrio con una pujante comunidad del país africano. En la pensión contigua también pernoctaban, hasta su cierre hace cinco años, paisanos de Ndiaye.

En 2020 ya trascendió la intención de los compradores de levantar un negocio hotelero, lo que fue identificado por muchos como un nuevo episodio de gentrificación de Lavapiés. A ello ayudó que el inversor, Urbex, fuera el que pocos años antes había comprado el solar de la calle Valencia número 2 para levantar un hotel de la cadena francesa IBIS.  El establecimiento contó con la oposición de diversos colectivos sociales del barrio.

El promotor ya dijo en 2020 que construiría un hotel low cost, que ahora toma la forma de hotel cápsula, según figura en la web de la promotora: “con grandes habitaciones compartidas que albergan literas en cubículos independizados”. El proyecto de hotel incluye también restaurante, patio interior ajardinado y terraza spa con mirador en la azotea.

Aunque se desconoce el operador que se hará cargo de la infraestructura, XLavapiés apunta la posibilidad de que se trate de la compañía Smart Rental, ya que se decía en un artículo de una publicación del sector inmobiliario en 2022 que se sumaría al negocio de los hostel con un establecimiento en la calle Cabestreros.

La triste noticia era que empiezan obras en el Ciné Doré; la buena, que en compensación habría barra libre de películas con pases gratis hasta diciembre. Los cinéfilos de Madrid cierran el año después de meses de proyecciones o ciclos sin coste, una medida provisional que la legendaria sala de Lavapiés utiliza para surfear posibles molestias ocasionadas por los trabajos. Entre operarios y labores en su planta baja pero con un fiel séquito de aficionados en las butacas, la Filmoteca Española celebra su 113 cumpleaños resistiendo como un símbolo cinematográfico. Han sido muchas las historias que atravesaron su icónica fachada modernista.

En 19 de diciembre de 1912, solo 15 años después de que un concesionario de los hermanos Lumière instalara el primer cinematógrafo en Madrid –entonces novedosos aparatos para proyectar imágenes en movimiento–, el Cine Doré se inauguró en la calle de Santa Isabel, su ubicación actual. Cabían 1.250 espectadores, que podían usar su jardín o un salón para fumadores: el edificio constaba de dos plantas y otra baja. Se le empezó a conocer como el palacio de las pipas por el trajín de bolsas o el sonido de las cáscaras durante las películas, antes del boom de las palomitas.

El característico rótulo en su fachada, de estilo art decó, no llegó hasta una década más tarde. Es en 1923 cuando ve la luz por completo el actual Cine Doré, con un lavado de cara con la firma del arquitecto Críspulo Moro Cabeza. La licencia de construcción se obtuvo un año antes, el 17 de octubre, y el proyecto le brindó una apariencia modernista inspirada en los cinematógrafos de principios de siglo.

Este órgano del Gobierno asumió la gestión del espacio en 1982, después de que el Ayuntamiento adquiriera el edificio y le cediera su mando para mantenerse como un “edificio de interés arquitectónico y ambiental que debe ser conservado”, tal y como se dictamina en la página web del departamento actualmente dirigido por Ernest Urtasun. “Lo que ganamos de taquilla no revierte en los datos del cine y las entradas, con el precio que fijamos, no permiten por sí solas obtener los beneficios suficientes”, señala Pilar Garrido, gerente del Doré.

“Fase de supervivencia”: las obras se alargarán hasta primavera

El precio base de acceso es de tres euros, aunque existen distintos abonos o descuentos que rebajan aún más el coste para el público. Además, desde septiembre se ha puesto en marcha una programación especial con motivo de la obra, que permite reservar entradas gratuitas a cambio de anunciar una única sesión diaria. Es decir: menos películas cada día pero acceso gratis a cada sesión, siempre que se reserven con tres días de antelación, para adaptar su visionado a los trabajos. Normalmente se emiten entre 50 y 60 proyecciones cada mes, aunque este trance las ha reducido considerablemente.

Las labores para instalar otra escalera de acceso y un ascensor que adaptara la infraestructura a la normativa actual –el edificio es antiguo y su estructura no tiene en cuenta algunos requisitos que hoy son obligatorios–, en un primer momento, tenían previsto acabar en diciembre. Sin embargo, a escasos días de terminar el año, la gerente del cine confirma que el calendario se alargará hasta, al menos, el segundo trimestre de 2026.

“Ahora estamos en fase de supervivencia. Es una obra complicada en la que se ha tenido que tirar algún muro o levantar todo el hueco en el que va a colocarse el ascensor, y eso sin modificar el grueso de la estructura o fachada. Siempre hay imprevistos, pero creo que va por buen camino”, determina Garrido.

En los años veinte hubo otra reforma de peso, que se encargó hace exactamente 101 años. En diciembre de 1924, el arrendatario del edificio (entonces Aurelio Ruiz) puso en marcha una nueva distribución de palcos que afectara tanto en la última planta como en los laterales de la estructura. En la información que recoge el Ministerio de Cultura se desliza que, al poco de inaugurarse, es previsible que el Cine Doré viviera una época dorada y la obra se encuadra en ese auge de popularidad. Con el tiempo, su actividad se quería estancada.

Las filmotecas como lugar de conservación y restauración de filmes

Cuando pasó a manos del Gobierno, Cultura aprovechó la cesión para utilizarlo como sede de proyecciones de la Filmoteca Española, que hasta entonces había ido distribuyendo sus películas en distintos cines alternos. Al recibir esta etiqueta, el inmueble de Lavapiés inició un proceso de restauración capitaneado por el arquitecto Javier Feduchi y financiado desde el Estado.

El retoque conservó los elementos estructurales y decorativos del edificio, levantó una segunda sala en la parte interior e instaló cafetería y una librería, que hoy también funciona como tienda. El proyecto se planteó en 1982, pero las obras se alargaron hasta el último año de la década, reinaugurando el cine un 28 de febrero. Ya integrado en la Filmoteca Española, el Cine Doré pasó a exhibise como un foco cultural de la ciudad. Más de cien años después, en pleno apogeo de los multicines, continúa siendo un importante núcleo de cinéfilos.

“En realidad somos el último eslabón: antes de eso hay todo un equipo evaluando y restaurando las películas”, destaca su gerente. Las filmotecas, además de cines más clásicos y de estilo vintage, son espacios para conservar películas que ya no se distribuyen, estudiarlas y difundirlas entre el público. “No solo se guardan los celuloides [el material de plástico que contenía las antiguas películas], sino también el nitrato, que es un soporte muy inflamable y tiene que estar conservado a baja temperatura”, añade Garrido, remarcando el trabajo de las restauradoras o los especialistas en restauración digital, con sede en Pozuelo.

A principios del siglo pasado las películas se proyectaban en barracones itinerantes, teatros o salas de espectáculos, pero con la proliferación de cintas o nuevas grabaciones comenzaron a construirse barracones fijos en solares vacíos. Hoy existe todo un negocio consolidado en torno al mundo del cine y la madera del Doré fue cubierta con mampostería o decorados de escayola, más vistosos y llamativos de cara al público.

El centenario Cine Doré, que en realidad nació como un salón de la época (centros de actividades de ocio y cultura de distinto tipo), conmemora ahora a un órgano protegido por las instituciones y lugar culto para amantes del mundillo. Han pasado 113 años y el mundo es muy distinto, pero las salas de cine –golpeadas en todo caso por plataformas que dejan a una parte del público en casa– se resisten a quedarse vacías.

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