La Policía Nacional ha detenido este sábado a un hombre de 85 años por la muerte violenta de una mujer de 47 años, que había sido su nuera en el pasado, en el distrito madrileño de Arganzuela.

Según ha informado la Policía Nacional, el 091 recibió el aviso a las 11.10 horas de que una persona, expareja de la víctima, había recibido una llamada de su padre en la que le manifestaba que había cometido un hecho grave y estaba esperando que llegase la Policía.

Según ha precisado el Servicio de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, la mujer presentaba señales de estrangulamiento. Los hechos han ocurrido en la vivienda que ambos compartían en el número 30 de la calle Ferrocarril, en el distrito de Arganzuela de la capital.

Hasta el lugar han acudido efectivos del Grupo de Atención al Ciudadano y servicios sanitarios, que han hallado a una mujer tendida en el suelo sin signos vitales y que presentaba señales de violencia, por lo que han confirmado en ese momento la muerte tras realizar maniobras de soporte vital básico sin éxito.

Cuando ha llegado el personal sanitario, este ha confirmado el fallecimiento y comprobado que la víctima mostraba síntomas aparentes de estrangulamiento, aunque el portavoz ha precisado que será la autopsia la que confirme la causa de la muerte.

Al lugar también se ha desplazado el Grupo de Delitos Violentos de la Brigada Provincial de Policía Científica y el Grupo VI de Homicidios, que se ha hecho cargo de la investigación.

Quedan menos de 24 horas para que Blanca sepa si tendrá que abandonar o no la casa en la que lleva viviendo 26 años. Este miércoles, el Juzgado de Primera Instancia número 82 de Madrid decidirá sobre la demanda presentada por la propiedad del edificio de la calle General Lacy 22 para que deje su vivienda, en el que será el primer juicio por la salida de uno de los vecinos del inmueble.

A sus espaldas quedan dos años de conflicto con la propiedad, que la inquilina denuncia como un proceso de presiones y amenazas para conseguir que ella y sus vecinos abandonen sus pisos. Blanca será la primera en sentarse ante un juez, pero previsiblemente no será la única. Como ella, hay otras 32 familias que siguen viviendo en el bloque a la espera de que sus contratos de alquiler lleguen a su fin.

La cita será a las 10.30 en el número 5 de la calle Rosario Pino. A las puertas de los tribunales, el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid y varios colectivos vecinales y sociales han convocado una concentración para acompañar a Blanca y denunciar la situación que atraviesa el inmueble.

En el edificio quedan actualmente 33 familias. Algunas de las que vivían allí cuando comenzó la disputa ya se han marchado, en un contexto que los vecinos califican de “hostil” y que atribuyen al deterioro progresivo del inmueble y a las presiones ejercidas por la propiedad y sus intermediarios. Los residentes sostienen que el objetivo es vaciar poco a poco el bloque a medida que vencen los contratos de alquiler.

La historia comenzó a mediados de 2024, después del fallecimiento de una de las copropietarias del inmueble. Según los vecinos, fue entonces cuando la propiedad pasó a plantear el vaciado progresivo del edificio a medida que fueran venciendo los contratos de alquiler.

La finca, vinculada a la familia Campos Cebrián-González Ruano, quedó canalizada a través de sociedades como FURUD 2024 S.L. y GOMEISA 2024 S.L., según la documentación y las informaciones manejadas por los residentes. La gestión del inmueble también ha ido pasando por distintas empresas. Primero estuvo en manos de Savills y posteriormente intervinieron otras sociedades, entre ellas Grupo Soluzone y We Rent. En la actualidad, los vecinos señalan a We Rent como una de las empresas que mantiene la gestión del edificio.

A mediados de 2024, las familias comenzaron a recibir burofaxes en los que se les comunicaba que sus contratos no serían renovados cuando llegasen a término. Para los vecinos, aquello supuso el inicio de una estrategia destinada a vaciar poco a poco el bloque sin necesidad de expulsar de inmediato a quienes todavía tenían sus contratos en vigor.

El problema, sostienen, es que junto a esas comunicaciones comenzó también un deterioro de las condiciones del edificio. Los residentes denuncian desperfectos que no eran atendidos, problemas de mantenimiento, humedades, goteras, averías del ascensor, falta de limpieza y cambios en determinados contratos de suministros que, según aseguran, se hicieron sin su consentimiento. Desde el Sindicato de Inquilinas consideran que no se trata de problemas aislados, sino de una estrategia de “acoso inmobiliario” mediante la que se busca hacer cada vez más difícil la permanencia de las familias mientras sus contratos siguen vigentes.

Sin cocina por un posible caso de mobbing inmobiliario

En el caso de Blanca, el episodio que terminó de agravar la situación fue una gotera en su cocina. La vecina explica a Somos Arganzuela que durante meses avisó a las empresas encargadas de la gestión del inmueble sin obtener una solución. En 2025 llegó incluso a poner el problema en conocimiento del área de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid. Un inspector acudió a la vivienda y, al comprobar su estado, instó a la propiedad a repararla.

La respuesta, según cuenta Blanca, fue el envío de otro técnico. “Vino una persona de una empresa, otra vez una empresa diferente a las distintas que ya habían venido antes, pero siempre ocurría lo mismo: llegaba un empleado, hacía fotos, tenía buenas palabras y decía que mandarían a alguien a arreglarlo”, relata.

El trabajador tampoco reparó la avería. Días después, cuando Blanca se puso en contacto con él para preguntar cuándo regresarían, descubrió que su empresa ni siquiera se dedicaba a reparar goteras. “Mi empresa es de calderas. Lo único que me han mandado los gestores de la propiedad es a hacer unas fotos y enviárselas”, recuerda que le explicó.

Durante aquellos días, la situación empeoró hasta que parte del techo de la cocina se desprendió. Fue entonces cuando Blanca pudo comprobar que el origen de la filtración estaba dentro de su propia vivienda y no, como le habían indicado anteriormente, en un piso situado por encima. “En cuanto se desplomó el techo y pude ver que la fuga estaba en la zona que pertenecía a mi piso, llamé inmediatamente a alguien para que arreglase la fuga”, explica.

La reparación de la fuga permitió detener el problema, pero el techo y la cocina quedaron pendientes de una intervención de albañilería que Blanca decidió no seguir reclamando. Por entonces, explica, se encontraba psicológicamente muy afectada y, por recomendación médica, decidió cerrar la cocina y dejar de enfrentarse al problema.

“Ya llevaba muchos meses con la cocina inutilizada. Me había hecho un simulacro de cocina en el salón para poder funcionar y alimentarme”, cuenta. Desde entonces, esa estancia permanece prácticamente cerrada.

La situación también ha afectado a su economía. Blanca asegura que continúa pagando la renta completa pese a no poder utilizar una parte de la vivienda. Ha pedido a la propiedad que le indique qué cantidad debería abonar mientras la cocina siga inutilizada, pero asegura que no ha recibido respuesta.

“Mediadores” falsos y vigilancia para presionar a los vecinos

El conflicto también ha ido acompañado, según los residentes, de la aparición de distintas figuras que se presentan como intermediarios entre la propiedad y los inquilinos. Blanca señala especialmente a Rafael Ramírez, vinculado a We Rent, a quien los vecinos identifican como una de las personas que actualmente actúa como interlocutor de la propiedad. Según explica, su presencia en el edificio genera malestar entre las familias porque consideran que no ejerce una mediación neutral, sino que actúa en nombre de los propietarios.

Los vecinos ya habían denunciado anteriormente la aparición de supuestos mediadores cuya identificación y vinculación empresarial consideraban poco claras. En una de aquellas ocasiones, explicaron que una empresa llamada Gaiprop no figuraba en el Registro Mercantil ni contaba, según sus pesquisas, con sede fiscal o trabajadores identificables. Para Blanca, el problema de fondo es que la comunicación directa con la propiedad prácticamente ha desaparecido. “No están dejando que haya una comunicación fluida entre la vecindad y la propiedad, que está totalmente desaparecida”, afirma.

Según su relato, estos interlocutores van contactando especialmente con aquellos residentes cuyos contratos están próximos a finalizar para plantearles su salida. Los vecinos sospechan que se ofrecen acuerdos económicos en algunos casos, aunque Blanca asegura desconocer si se ha pagado dinero a otros inquilinos para que abandonen el edificio.

En su propio caso, la negociación previa al procedimiento judicial terminó con una propuesta que considera inasumible. La documentación que recibió planteaba, según explica, abandonar la vivienda y pagar una cantidad de alrededor de 6.000 euros para evitar la demanda. “Si a mí me mandan una carta en la que me dicen que no me van a demandar si les doy 6.000 euros y me largo de la casa, ¿qué hago? Les digo que me demanden, que al menos tengo posibilidad de ganar”, plantea.

Mientras el caso de Blanca avanzaba hacia los tribunales, los problemas denunciados por el conjunto de la comunidad no han desaparecido. Este verano, los vecinos aseguran que la ausencia de sustituto durante las vacaciones del trabajador encargado del edificio provocó un empeoramiento de la limpieza y el mantenimiento.

Durante varios días, cuentan, los cubos de basura permanecieron en la calle y las bolsas llegaron a acumularse en las inmediaciones del portal. A ello se suma, según denuncian, la falta de limpieza de las zonas comunes y la suspensión de las fumigaciones anuales que se llevaban a cabo en el inmueble, lo que ha coincidido con la aparición de cucarachas.

Otro de los últimos motivos de indignación ha sido la instalación de 14 cámaras de seguridad en las zonas comunes del edificio. Los vecinos consideran “aberrante y desproporcionada” la cantidad de dispositivos y cuestionan la necesidad de esta medida, que interpretan como una forma de control e intimidación.

La comunidad también ha denunciado el caso de otra vecina cuya vivienda quedó inundada después de que una avería de agua permaneciera sin atender durante sus vacaciones. La afectada ha presentado una demanda contra la propiedad por estos hechos, según explica Blanca. Para los residentes, estos episodios forman parte del mismo patrón de abandono del mantenimiento que llevan denunciando desde el inicio del conflicto.

Otro paso en la lucha contra el acoso inmobiliario

La batalla de General Lacy 22 no se ha limitado a los tribunales y las calles. En julio de 2025, los vecinos del edificio acudieron junto a los de Mesón de Paredes 88 y Modesto Lafuente 8 al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 para trasladar sus denuncias sobre las presiones que estaban sufriendo.

Las tres comunidades expusieron ante responsables de la Dirección General de Consumo lo que consideran una ofensiva para forzar la salida de inquilinos de larga duración y revalorizar posteriormente los inmuebles. En el caso de Lacy, los vecinos denunciaron la combinación de presiones, falta de mantenimiento, problemas con suministros, intermediarios y no renovación de contratos.

El encuentro sirvió también para poner el caso en el contexto de un problema más amplio de vivienda en Madrid. Los vecinos defendieron que el llamado acoso inmobiliario no constituye una sucesión de conflictos aislados, sino una práctica que puede afectar a numerosos edificios de la capital.

Desde entonces, las familias de General Lacy han continuado organizadas junto al Sindicato de Inquilinas y han llevado su conflicto también a la calle. Ahora el primer procedimiento judicial marca un nuevo escenario. Blanca afronta el juicio con optimismo, pero también con miedo. Han sido dos años en los que asegura haber visto cómo su vivienda y su vida cotidiana se deterioraban.

A las puertas del juzgado, sus vecinos reclamarán este miércoles que no sea expulsada y que la propiedad cumpla con sus obligaciones de mantenimiento y habitabilidad. El lema de la concentración será el mismo que les ha acompañado desde que iniciaron esta lucha y con el que esperan ganar la batalla judicial: “De Lacy, 22 no se va ni Dios”.

No todo va a ser velocidad y tensión este fin de semana en Madrid. En paralelo al Gran Premio de Fórmula 1, Madrid acogerá la tercera edición del Back to the Book Festival, referencia literaria de Arganzuela que vuelve a llenar de letras la Casa del Lector de Matadero. Una opción más reposada y cultural.

Autores, editores y lectores se reunen a la vuelta del verano en un espacio de encuentro y venta de libros alternativo a las clásicas citas del sector, en el que encontrar algunas de las propuestas más potentes del panorama editorial independiente. El espacio ofrece libros a la venta de cada una de las editoriales participantes, así como actividades dirigidas para todos los públicos, firmas, charlas, música, café y cerveza.

Organizado por la editorial Altamarea, el evento ya se ha convertido en un puntal del septiembre cultural madrileño. Además de la venta de libros, la iniciativa toma otros recintos de Matadero con su propio bar (donde destaca el café de especialidad) y hasta grabaciones de pódcast como El Ojo Crítico, el viernes desde las 16.00 en la zona verde del auditorio.

La entrada general es libre y gratuita tanto al punto de venta como a la mayoría de actividades, aunque algunas requieren registro. Es el caso de la presentación del primer libro de Julieta Venegas: Norteña. Memorias del comiezo. La también cantante conversará con la autora Lucía Lijtmaer. Otra charla que promete, sobre la vivienda, será también el viernes. El sociólogo Javier Gil y la autora Llucia Ramis protagonizan desde las 19.30 la conversación Entre el hogar y la precariedad: vivir en la era del alquiler.

Respecto a las firmas, incluirán a autores tan destacados como la citada Julieta Venegas, Paco Roca (ambos el viernes 11) o Lucía Solla Sobral (Comerás flores) el domingo 13 de septiembre de 13.00 a 13.30. Pero la cosa no acaba ahí: el viernes 12 habrá un taller de encuadernación de 11.00 a 13.00 y ese mismo día Lana Corujo y Sara Pardo hablarán de infancia y memoria alrededor de Han cantado bingo de 18.30 a 19.30.

Listado inicial de proyectos más apoyados por los vecinos de Madrid durante la última campaña de Presupuestos Participativos antes de las próximas elecciones, en la primera fase de un proceso que acabará en marzo de 2027.

El listado de las ideas vecinales hecho público para Arganzuela, diez proyectos han obtenido más de un centenar de apoyos. La mayoría de ellos están relacionados con mejorar la movilidad o las dotaciones del distrito, aunque hay otras temáticas relacionadas con la educación o el urbanismo que también han cosechado respaldos ciudadanos.

La propuesta más apoyada es la que reclama la mejora del entorno del mercado municipal Guillermo de Osma a través de una actuación integral en varias calles, con reurbanizaciones, nuevas instalaciones y mejor iluminación. La segunda con más apoyos es el cierre al tráfico de la calle Alicante, a su paso por el colegio público Miguel de Unamuno, un proyecto que busca repetir el éxito experimentado en el entorno de otro centro escolar de Parla.

Este es el listado de los diez proyectos con más apoyos en Arganzuela:

Arganzuela contará en los Presupuestos Participativos 2026-2027 con un presupuesto de 1,5 millones de euros, que se repartirán entre los más votados de los 16 proyectos finalistas que quedarán en el distrito, una vez que el Ayuntamiento de Madrid efectúe el corte final sobre el listado completo actual.

La próxima fase de votación se abrirá el 1 de febrero de 2027 y se extenderá durante un mes. El consistorio advierte que en el listado de proyectos final podría retirar todos los que considere inviables o aquellos que superen el máximo presupuestario dedicado al distrito.

Vuelve del gimnasio, ve a otra periodista frente a su casa y le lanza una mirada triste, de resignación. Se ha dado cuenta de que observa el garaje quemado junto a la entrada, al lado de las escaleras. Luego levanta un poco los hombros, como quien dice “qué le vamos a hacer”. Pero conforme empieza a hablar, su discurso va moviéndose hacia la rabia. “Toda la mañana, y ayer durante todo el día, han estado por aquí las televisiones, policías, bomberos, ambulancias... No me importa hablar, pero si tiene que servir para algo que sea para que no vuelvan a permitir guardar bicicletas con este tipo de baterías en un edificio donde vive gente”, se desquita esta vecina de la calle Canarias (Arganzuela), donde todavía huele a humo 48 horas después del incendio de un garaje de riders que se cobró la vida de un joven de 26 años.

Ella ha pedido no mencionar su nombre, ya que el dueño de ese aparcamiento bajo su casa es también vecino en el mismo bloque. Lo llama Pepe y dice que se conocen, se han visto varias veces. “Él siempre nos ha dicho que lo tiene todo legal y, como es abogado, supongo que controla esos temas”, afirma la vecina, al otro lado de la verja por la que el domingo pasado comenzó a salir el humo. Los miembros de Emergencias Madrid que acudieron al aviso confirmaron, poco después, que esta planta baja se utilizaba para guardar bicicletas eléctricas. Pese a lo que el propietario aseguró a esta vecina, siempre según su relato, lo cierto es que ya a finales del año pasado recibió un aviso para retirar las baterías de carga.

Un informe de los bomberos, con fecha del 22 de diciembre de 2025, había levantado sospechas sobre los acumuladores para bicis que se guardaban en el sótano, un lugar frecuentado por repartidores de Glovo y, en general, empresas de delivery. “No sabemos ni lo que hay dentro, solo sé que hay una bajada y en el lateral derecho, unos trasteros”, continúa la vecina desde el portal. Después del expediente abierto en diciembre, agentes de la Policía Municipal se presentaron en la estancia y retiraron las baterías, según fuentes de este cuerpo policial a consultas de Somos Madrid. Esto ocurrió en enero, pero los generadores volvieron a reponerse y el local continuó funcionando. Así que en abril partieron en una segunda visita y volvieron a retirar todo el material con riesgo de inflamación.

El local estaba denunciado por la Policía e incumplía la sanción

Antes se había informado de la situación a la Agencia de Actividades, un organismo municipal que gestiona las licencias urbanísticas de los negocios en la ciudad. Sin embargo, una vez allí descubrieron que las baterías volvían a estar respuestas y esta vez, según las mismas fuentes policiales, se intervinieron y se llevaron hasta el Almacén de la Villa. Este es un depósito público en Vicálvaro que guarda aquellos muebles o enseres en desuso o que han sido retirados de la vía pública. También acabaron allí estos materiales requisados, aunque no fue suficiente.

En junio, un par de meses antes del incendio, se produjo la tercera inspección en el garaje de riders: ni para ese momento había cesado su actividad. Según confirman los agentes, el hombre trató de emitir una declaración responsable para mantener el bajo como hasta ahora, pero esta se determinó incapaz. Esto, fuera de términos jurídicos, quiere decir que el denunciado intentó alegar que se cumplían los requisitos mínimos, aunque inspección in situ constató que no era así. Las autoridades indican que la Agencia de Actividades lo denunció luego por ejecución forzosa, en un intento de hacer cumplir los anteriores avisos.

“Ese sitio no cumplía las condiciones para este tipo de actividades”, resuelven desde la Policía Municipal, algo que según toda esta secuencia de trámites ya se sabía antes de que explotaran dos baterías y tuviera que morir una persona. Dos días después en la calle Canarias, próxima a la estación de Metro de Palos de la Frontera, el tramo afectado ya parece más vacío. El aspecto del garaje y, sobre todo, el olor a quemado que llega a pocos metros de distancia, aún llama la atención de algunos paseantes que este martes por la tarde cruzaban la acera. En el número 11, otro bloque de viviendas unos pasos más allá, el barrendero debatía con un hombre que iba a subir al edificio.

"Esto está siempre lleno de chavales más o menos de su edad, que llegan con sus mochilas de Glovo y entran al garaje. Luego pueden pasar horas dentro hasta que les ves salir

Violeta — Vecina de la calle Canarias

“La prensa dice que había 13 dotaciones de bomberos, pero yo no vi tantas. Serían unas tres, o cuatro, y sobre todo muchas ambulancias”, recuerda el segundo de ellos, que trató de bajar a ver lo que ocurría cuando llegó el tufo del incendio y comenzaron a oírse sirenas. Sin embargo, los agentes que ya había desplegados en la zona le frenaron en seco, pidiéndole volver a casa por seguridad y para no inhalar humos tóxicos. Habían explotado dos baterías y eso había iniciado las llamas en el garaje de al lado, donde más de un centenar de bicicletas se quemaron en el fuego. “Si llega a haber más bicis todavía, aquí explota todo”, coinciden ambos.

El joven fallecido tenía 26 años y era de origen bangladesí, según confirmaron las autoridades después de notificar su muerte. Aunque la mayoría de los vecinos consultados mencionaban a Glovo al recordar la empresa para la que trabajaba, lo cierto es que de momento esto no se ha confirmado. En los alrededores de este bloque nadie parece tener claro cómo funciona el negocio. La Policía Nacional, que ha tomado las riendas de la investigación, tampoco desvela avances en las pesquisas, aunque los vecinos afirman que el garaje no lo gestionaba directamente su dueño: en teoría, lo alquilaba a otras empresas y particulares o también a “restaurantes de la zona”, que según ellos utilizaban los trasteros laterales para guardar material.

Desde el área municipal de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, que gestiona este tipo de licencias, aseguran que las primeras denuncias sobre el local fueron las de los bomberos, en diciembre, y que después de eso el dueño recibió una orden de cese de la actividad. Como no la cumplió, el consistorio puso en marcha la ejecución forzosa del negocio y se estableció una primera multa al propietario el pasado 31 de julio, de 1.000 euros en total según detallan fuentes municipales. “Al ser una actividad ilegal, no tenemos información de las condiciones o baterías qua había en el interior”, sentencian desde el departamento que dirige Borja Carabante.

Aunque la entrada ya no está precintada, a esas horas la cancela sigue cerrada a cal y canto. Entre la verja y la entrada principal, a la izquierda de una escalera que sube hasta el recibidor para viviendas, aún quedan tres bicicletas medio calcinadas que nadie ha venido a reclamar, o al menos no parece que hayan podido llevárselas. Violeta, una mujer que también reside en esa calle y vio los hechos desde su ventana, sostiene que fue justo debajo de su casa donde los sanitarios de Samur-Protección Civil trataron, sin éxito, de conservar su vida.

“Algunos dicen que vivía allí, aunque eso no lo tenemos claro. Pero no me extrañaría, ya que esto está siempre lleno de chavales más o menos de su edad que llegan con sus mochilas de Glovo, entran al garaje y pueden pasar horas dentro antes de salir”, mantiene. La sección de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, el sindicato mayoritario entre los trabajadores de Glovo en Madrid, confirma su sospecha de que detrás de esta tragedia pueda haber alguien “en situación administrativa irregular”.

Los “trabajadores invisibles” de un sector golpeado

Aunque la federación madrileña de Comisiones Obreras no ha podido constatar que el fallecido trabajara directamente para esta empresa de reparto, recuerda que la capital está llena de “trabajadores invisibles” que “alquilan una cuenta” para tener donde dejar su herramienta de trabajo, que deben aportar y asegurarse ellos mismos. “El lunes [horas después del incendio] estaban aquí todos apelotonados, viendo si les dejaban cruzar el cordón policial para ir a recoger sus bicicletas. Los que habían llegado cuando se llevaron el cuerpo se veían muy afligidos, casi les faltó hacer un minuto de silencio por su compañero”, reseña Violeta, recordando las últimas horas en su barrio.

“Yo allí solo he visto entrar a gente joven, unos 30 años arriba o abajo, generalmente pobre de origen bangladesí o pakistaní”, relata la vecina, que recuerda la estructura laberíntica del garaje descrita por los bomberos después del suceso: la compleja disposición entre instalaciones fue una de las causas que complicaron el control del incendio y el posterior rescate de la víctima, de la que sí se ha confirmado que era un repartidor a domicilio aunque sin especificar quién lo contrataba.

De hecho, este sector suele saltar a la actualidad por las sanciones o denuncias a las principales compañías, especialmente por el uso de falsos autónomos para completar sus plantillas. Precisamente unas semanas antes del incendio que se cobró la vida de este joven, cuyo nombre no ha trascendido aún, se cumplieron cinco años desde la entrada en vigor de la llamada Ley Rider, una iniciativa del Ministerio de Trabajo ante el boom de las plataformas digitales de reparto de comida a domicilio (Deliveroo, Glovo, Uber Eats...), que inundaron el sector con falsos autónomos, y conllevaron varias sanciones de la Inspección y también en los tribunales.

Las asociaciones y colectivos vecinales de Arganzuela volverán a salir a la calle este jueves, 3 de septiembre, coincidiendo con el inicio de las Fiestas de la Melonera. En la manifestación, convocada a las 19.00 horas en la glorieta de Embajadores, protestarán especialmente contra la prohibición de colocar pancartas reivindicativas en las casetas ciudadanas de las fiestas, una medida que los movimientos sociales consideran un intento de censurar sus demandas.

La movilización se celebrará el mismo día del pregón de las Fiestas de la Melonera y reunirá a asociaciones vecinales, colectivos ecologistas y otras organizaciones del distrito. Bajo el lema “Arganzuela organizada, ni se vende ni se calla”, los convocantes reivindicarán la defensa de los barrios y los espacios públicos, al tiempo que denunciarán la gestión de la Junta Municipal de Arganzuela y reclamarán un cambio en las políticas municipales.

Uno de los principales motivos de la protesta es la prohibición expresa de colocar pancartas en las casetas de las entidades ciudadanas. Los colectivos critican que esta limitación haya sido incluida en el expediente de adjudicación de las casetas, en concreto dentro del apartado dedicado a las instalaciones y aparatos eléctricos.

Según denuncian, se trata de un procedimiento de carácter técnico y organizativo que se habría utilizado para introducir una restricción a la libertad de expresión. Los movimientos sociales consideran especialmente llamativo que la prohibición aparezca en un epígrafe destinado a regular cuestiones sanitarias y de seguridad.

La protesta también responde a las declaraciones emitidas por el coordinador del distrito, José Herrera de la Morena, durante el pleno de la Junta Municipal del pasado 14 de julio. Según los colectivos convocantes, el responsable municipal justificó la medida por la necesidad de evitar “elementos provocadores” y posibles situaciones de conflicto.

Las asociaciones rechazan esta argumentación y consideran que calificar las reivindicaciones vecinales como elementos provocadores supone identificar la crítica a la gestión municipal con un problema de orden público. Entre las demandas que, según recuerdan, no podrán expresar mediante pancartas en sus casetas figuran la reclamación de más equipamientos públicos, la denuncia de la tala de árboles o la oposición a la privatización y ocupación de determinados espacios públicos.

Una protesta por los parques, los servicios públicos y la vivienda

Pero la censura en las Fiestas de la Melonera no será el único asunto que lleve a los colectivos a manifestarse este jueves. La convocatoria reúne un amplio listado de reivindicaciones relacionadas con la situación de los barrios de Arganzuela y con lo que consideran una progresiva transformación del distrito en favor de los intereses turísticos y empresariales.

Entre ellas se encuentra la recuperación del espacio público para el vecindario. Los colectivos denuncian la proliferación de terrazas y consideran insuficiente el control municipal sobre la ocupación de plazas, aceras y espacios de tránsito peatonal.

También ponen el foco en el uso de los parques del distrito. Las organizaciones critican que algunos espacios verdes sean utilizados habitualmente para espectáculos y eventos privados, una situación que, según denuncian, provoca suciedad, ruido y contaminación lumínica y termina deteriorando estos espacios. A estas reclamaciones se suma la denuncia por la tala de árboles y por la iluminación del río Manzanares, que, según los convocantes, altera los ritmos biológicos de la fauna y la flora presentes en la zona.

La movilidad es otro de los asuntos que estarán presentes en la manifestación. Los colectivos consideran que las políticas municipales han priorizado los grandes desplazamientos y el tráfico de larga distancia frente a las conexiones entre los diferentes barrios de Arganzuela. Como ejemplo, señalan las obras llevadas acabo en el paseo de las Delicias, donde consideran que se perdió la oportunidad de crear un carril bici y mejorar los desplazamientos sostenibles dentro del distrito.

Las asociaciones también denuncian la falta de equipamientos y servicios públicos en una zona cuya población, recuerdan, ha aumentado considerablemente durante las últimas décadas. Entre sus principales reclamaciones se encuentran mejoras en la sanidad pública, con centros que consideran insuficientes y problemas de falta de personal, especialmente en algunas especialidades como pediatría.

La educación pública y las bibliotecas forman parte igualmente de sus reivindicaciones. Los convocantes denuncian la falta de plazas de educación infantil y de Secundaria en el distrito, así como la escasez de equipamientos culturales para una población que supera los 150.000 habitantes. En este contexto, también reclaman que los terrenos públicos dotacionales sin utilizar en el entorno de la estación de Delicias sean destinados a nuevos equipamientos y servicios para el vecindario.

Otra de sus demandas es que las instalaciones de la antigua farmacia militar de la calle de Embajadores, cedidas al Ministerio de Cultura, alberguen parte de estas dotaciones y reserven espacios para usos comunitarios y vecinales. Entre sus peticiones figura también la creación de un espacio vecinal autogestionado que recupere el espíritu del antiguo Espacio Vecinal de Arganzuela.

Los colectivos convocantes consideran que muchas de estas problemáticas responden a un mismo proceso: la progresiva gentrificación y “eventificación” de Arganzuela. Las organizaciones denuncian una transformación del distrito que, a su juicio, prioriza los intereses de grandes negocios y promotores privados frente a las necesidades de quienes viven en los barrios. En este sentido, alertan de la proliferación de viviendas de uso turístico y de su impacto sobre el acceso a la vivienda, el comercio de proximidad y el tejido social.

Entre las organizaciones que han convocado la movilización se encuentran la Asociación Vecinal Pasillo Verde Imperial, la Asociación Vecinal Delicias para Tod@s, el Espacio Vecinal Arganzuela, Salvemos la Arboleda, El Barrio no se Tala, Ecologistas en Acción, la Plataforma Vecinal de Arganzuela por la Sanidad Pública, Radio OCA, la Asamblea de la Juventud Trabajadora de Arganzuela, el Centro Social Pasillo Verde Ferroviario y Plaza de los Comunes.

Las Fiestas de La Melonera, en el distrito de Arganzuela, son el último gran evento del verano en Madrid, una cita que llega con los madrileños ya de vuelta de las vacaciones. Son, además, unas de las celebraciones con mayor tradición de la ciudad. Hace más de un siglo, la llegada de melones y sandías procedentes de las huertas del sur, que se despachaban en puestos callejeros junto al Manzanares, marcaba el inicio de septiembre y coincidía con la celebración de la Natividad de la Virgen del Puerto.

Esta tradición vuelve a cobrar vida este año del 3 al 6 de septiembre con los festejos populares de Arganzuela, que llenarán el distrito de conciertos, actividades infantiles, propuestas culturales y deportivas y algunas de sus citas más tradicionales, como la Carrera de La Melonera o la degustación gratuita de melón y sangría. El cartel musical estará encabezado por Rafa Sánchez de La Unión, La Frontera y Sole Giménez, que actuarán en el escenario instalado en el Recinto Ferial de la Explanada Madrid Río.

La programación musical arrancará el jueves 3 de septiembre con los conciertos de Placeres Culpables, a las 20.30, y Dollar Selmouni, a las 22.00. El viernes llegará una de las noches más destacadas de las fiestas, con La Frontera sobre el escenario a las 21.00 y Rafa Sánchez de La Unión a las 22.30. Tras su actuación será el turno de Montana y Crocan pondrá el cierre a la jornada.

El sábado será el día de Marazu, que actuará a las 21.00, y de Sole Giménez, que subirá al escenario a las 22.30 antes de que una orquesta prolongue la fiesta. La música continuará el domingo con Radio Macandé, a las 20.30, y el espectáculo Voy a pasármelo G, un tributo a Hombres G, a las 21.45. Los fuegos artificiales, previstos para las 23.00, pondrán el broche final a cuatro días de celebraciones junto a Madrid Río.

Entre las citas más tradicionales volverá a estar la degustación gratuita de melón y sangría, que se celebrará el viernes 4 y el sábado 5 de septiembre, de 10.00 a 14.00, en el Mercado de Santa María de la Cabeza y el Mercado Guillermo de Osma. Además, los más pequeños tendrán su propio programa con espectáculos infantiles, juegos, talleres y pintacaras, así como una exhibición de la Unidad Canina de la Policía Municipal y una posterior fiesta de la espuma del Cuerpo de Bomberos.

El domingo 6 de septiembre se celebrará también la XXXV Carrera La Melonera, con salida a las 9.00 desde Madrid Río y pruebas de 10 y 5 kilómetros, además de carreras infantiles. La jornada incluirá asimismo la solemne misa en honor a la Virgen del Puerto, a las 11.30, seguida de una procesión acompañada por la Banda de Música de Moratalaz y Los Chisperos de Arganzuela. Aunque el grueso de las fiestas terminará ese día, la programación se prolongará durante las semanas posteriores con actividades para mayores y varias citas deportivas.

A continuación, puedes consultar el programa completo de las Fiestas de la Melonera 2026 en Arganzuela:

Jueves, 3 de septiembre

Viernes, 4 de septiembre

Sábado, 5 de septiembre

Domingo, 6 de septiembre

Miércoles, 9 de septiembre

Sábado, 12 de septiembre

Domingo, 13 de septiembre

Sábado, 26 de septiembre

Arganzuela, uno de los motores del movimiento No a la Tala, disfruta desde el pasado fin de semana de una nueva zona verde con parque infantil. 3.397 metros cuadrados en la Subestación Melancólicos después de unas obras con 710.000 euros de inversión.

La actuación ha permitido plantar 61 nuevos árboles y 5.595 arbustos en una superficie ajardinada de aproximadamente 1.400 metros cuadrados, además de incorporar 460 metros cuadrados de césped. La nueva zona verde cuenta con juegos infantiles, espacios estanciales, recorridos peatonales, alumbrado led y un sistema de drenaje urbano sostenible con jardín de lluvia.

El nuevo espacio ha sido supervisado por el área de Obras y Equipamientos del Ayuntamiento, pero lo ha ejecutado la compañía privada Madrid Río Homes S. Coop. Mad. Está ubicado entre la calle de Ruy González de Clavijo, al norte; la calle de los Chulapos, al sur; el paseo de los Melancólicos, al este, y el paseo de la Virgen del Puerto, al oeste.

Su proximidad al parque Madrid Río ha permitido una integración “funcional y paisajística” en esta red de espacios verdes, incorporando elementos similares a los propios de dicho parque, según el Consistorio. Los trabajos se han completado con la instalación de alumbrado de tecnología led y nuevo mobiliario urbano, compuesto por cinco bancos, uno de ellos accesible, y siete papeleras.

Un joven de 26 años ha muerto este domingo en el incendio en unos trasteros. El recinto, ubicado en el distrito madrileño de Arganzuela, se utilizaba para guardar bicicletas eléctricas, según ha informado Emergencias Madrid.

El suceso tuvo lugar en la calle Canarias, hasta donde se desplazaron trece dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid. A su llegada, los efectivos se encontraron con un incendio completamente desarrollado en la planta -1 del edificio, concretamente en una zona de sótanos.

Los bomberos tuvieron que localizar el foco del incendio, de difícil acceso, antes de proceder a su extinción. Las labores resultaron especialmente complicadas debido a la existencia de numerosas dependencias destinadas a distintos usos y distribuidas en una zona laberíntica de dos plantas que comunicaban entre sí sin vestíbulo de independencia, además de por la elevada carga térmica.

Finalmente, las dotaciones accedieron por la entrada principal de la rampa del garaje, lograron localizar los focos y extinguieron el fuego. Durante las labores, los bomberos encontraron al joven, de origen bangladesí, en una de las dependencias y lo evacuaron al exterior con la mayor rapidez posible.

Posteriormente, después de practicarle maniobras de reanimación sin éxito, los sanitarios de Samur-Protección Civil confirmaron su fallecimiento. El joven presentaba un cuadro de intoxicación por humo y quemaduras en las vías respiratorias y los equipos sanitarios no pudieron revertir su estado. La investigación policial determinará si el fallecido vivía en uno de los trasteros o si se encontraba en ese departamento del sótano, al que se accede por un garaje, en el momento del incendio.

Después de las arduas labores de extinción del incendio, los bomberos evacuaron los gases acumulados, ventilaron las instalaciones afectadas y sacaron al exterior todas las bicicletas con el objetivo de evitar que el fuego pudiera reavivarse de nuevo.

Tal y como ha trasladado Emergencias Madrid, la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido y cómo se produjo el fuego, mientras que la Policía Municipal colaboró en las diligencias.

Un hombre de 54 años ha muerto en la mañana de este lunes mientras trabajaba con un vehículo industrial tipo dumper en el Parque Enrique Tierno Galván, al sureste de Madrid y en el distrito de Arganzuela. Desde el servicio de Emergencias 112 han informado del fallecimiento en sus redes sociales, asegurando que el equipo médico del Summa (que presta atención de urgencia) efectuó maniobras de reanimación durante unos 40 minutos hasta que, finalmente, se confirmó que el empleado había perdido la vida.

El accidente laboral se ha producido alrededor de las 10.00, según publica Europa Press a partir de efectivos desplazados al lugar. La investigación corre a cargo de la Policía Municipal de Madrid y, de momento, no ha trascendido la empresa para la que trabajaba el fallecido.

La víctima sufrió un politraumatismo con la caída y entró en parada cardiorrespiratoria. En la operación también han trabajado los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid y agentes de la Policía Nacional. También este mismo verano, a finales de julio, se notificó otra muerte por accidente laboral en Madrid. En aquella ocasión ocurrió en el distrito de Villaverde y perdió la vida un trabajador de una empresa contratista de Renfe, que operaba en la Base de Mantenimiento Integral.

Meses antes, en mayo, otro empleado en la capital (esta vez de Cercanías Madrid) perdió la vida al recibir un golpe con una retroexcavadora mientras trabajaba en las obras de un túnel, sumando otro accidente laboral a la lista de los últimos meses.

Ocho trabajadores muertos en accidentes laborales desde julio

Por su parte, Comisiones Obreras (CCOO) ha alertado del fallecimiento de ocho trabajadores por accidente laboral desde el mes de julio, contando en el recuento a esta última víctima en el Parque Enrique Tierno Galván. El sindicato ha exigido incorporar planes de movilidad en las empresas y una protección colectiva “real”, ya sea mediante evaluaciones de riesgos u otros medios.

Otro accidente de entre los que mencionan tuvo lugar el pasado 11 de agosto, cuando un empleado murió en la lonja del Monasterio de El Escorial al caer del andamiaje que estaba preparando para un escenario. De los seis fallecimientos de julio, tres se produjeron durante la jornada laboral y otros tres fueron accidentes in itinere; es decir, en el trayecto de ida o vuelta al trabajo.

Los tres fallecimientos in itinere, uno en Industria y dos en Servicios, fueron todos accidentes de tráfico. En total, cuatro de las seis personas que murieron trabajando en julio lo hicieron sobre el asfalto. En agosto, el vuelco de este vehículo dumper y una caída de un andamio ha añadido dos muertes más a las que ya contábamos este en verano.

Cuando Celeste, odontóloga, se reunió con su por entonces casero en febrero de este año para ver si le renovaría el alquiler de su piso compartido en Paseo de la Chopera, 29, en Madrid, la respuesta fue negativa. “El negocio está cambiando, me sale más a cuenta alquilar a empresas que lidiar con los inquilinos”, cuenta que le dijo Juan Luis del Pozo, dueño del edificio. Desde hace ya unos años, la mayoría de inquilinos se tienen que ir cuando finalizan el contrato, como hizo poco después Celeste. El dueño alquila las viviendas a la empresa Madrid Compartido, gestionada por un joven inmobro, que a su vez convierte el comedor en habitación para realquilar el piso troceado por cuartos, pasando de repente de costar 900 a unos 2.000 euros en plena crisis de vivienda.

Lo constata ante el bloque una vecina que paga 690 euros por una habitación donde vive con su pareja. Viven en total 8 personas en su piso, entre quienes viven solos y en pareja en la habitación. Confirma que el apartamento tiene ahora cinco habitaciones y ningún salón y explica que el precio varía en función del tamaño del cuarto y también de la demanda. “Cuando está mucho tiempo vacío, lo bajan”. Con precios que oscilan entre 450 y 690 euros, el piso en total no baja de los 2.500 euros. En el portal, hasta 16 timbres tienen como etiqueta “no funciona”.

“Lo aceptamos porque no piden papeles, es mucho más rápido que cualquier otro alquiler”, cuenta María, venezolana, que está buscando alternativa y espera que le sea más fácil ahora que se ha acogido a la regularización. Los buzones del portal reflejan esta nueva realidad, que expulsa a inquilinos, ahoga a los nuevos y es totalmente legal: siete de los 48 buzones del bloque tienen el logo de la empresa en vez del nombre de sus inquilinos.

Los contratos de habitaciones no se rigen por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y otorgan menos derechos que los de vivienda habitual, a la espera de que el nuevo decreto que negocia el Gobierno cambie esta situación. Para el rent to rent de estos pisos, como se conoce en el sector a la práctica de alquilar para subarrendar, la empresa de Del Pozo, Hice SL, dueña del bloque, se alía con Madrid Compartido, nombre de cara al público de Domático 22, gestionada por el inmobro (como se conoce a los jóvenes que promocionan la especulación de vivienda en las redes como si fueran criptomonedas) Juan Carlos Atroche.

Juan Carlos tiene solo 26 años y a los 23, hace tres años, ya presumía de gestionar 197 habitaciones en ‘Libre a los 30’, un pódcast de YouTube de entrevistas con especuladores. En su intervención, no escondía el modus operandi de sus negocios y decía preferir el alquiler de habitaciones por varios motivos.

En general, es “mucho más rentable”, pero incluso en un caso en el que ganaba menos dinero, lo prefería: “Tengo un bajo de 30 metros cuadrados que tiene una habitación y un salón y lo hemos convertido en dos habitaciones. Gano 50 euros menos que si lo alquilara entero, pero el dinero que se gana por la rotación, la tranquilidad de ir a ver el piso cuando yo quiera…”. “A mí me gusta ir a ver el piso cuando me apetezca y eso en un alquiler habitual no lo puedes hacer”, explicaba.

En efecto, un contrato firmado fuera de la LAU permite que el tiempo sea el pactado por las partes y, en general, la gente abandona este tipo de vivienda pasados unos meses por su elevado precio y poco espacio de intimidad. Y también queda fuera de la prohibición de cobrar honorarios. “Hay habitaciones de 700 euros que han estado un mes y se han ido, han pagado el mes de inmobiliaria y se han ido y has ganado 1.400 euros en un mes”, contaba entre risas. “A mí me cancelan 10 o 12 personas al mes”, añadía aclarando que podía ganar dinero con la gestión incluso con gente que no llega a pisar las habitaciones.

María, inquilina actual de una habitación, confirma este extremo como clienta: ella tuvo que pagar la mitad del precio de su habitación por la intermediación. Paola, nombre ficticio, es otra inquilina que vive hoy en una habitación alquilada y muestra el contrato que prueba que la habitación está a nombre de Domático 22 y no de Hice, SL.

Paola, contable de 33 años, llegó a esa habitación el año pasado con su pareja a través de Idealista y la dejó hace unas semanas. Pagaba 550 euros, pero “pocos meses después, la misma habitación en otros pisos estaba a 620”, cuenta. Su piso tenía 4 habitaciones, uno menos que el de María, y llegaron a convivir en él hasta tres parejas, un total de siete personas. A 500 euros de media, tampoco debía bajar de los 2.000 euros. Paola estudia además ahora denunciar a Domático porque no les devuelven la fianza ni responden a sus llamadas.

En la entrevista de Youtube de 2023, Juan Carlos cuenta que realiza inversiones de más de 10.000 euros para adaptar el piso al alquiler y que después puede pagar de alquiler unos 800 euros para llevarse 1.581 al mes por los alquileres de habitaciones. En el piso de Chopera, todo apunta más bien a que pueda pagar unos 1.200 de alquiler y llevarse 2.000, pero ni Juan Carlos ni Juan Luis han respondido a las peticiones de elDiario.es.

Paola cuenta que “cualquier reparación era una batalla”, como por ejemplo un arreglo de la caldera que les llevó a estar un mes sin agua caliente. La convivencia en esta especie de habitaciones calientes “se puede hacer dura”, cuenta Paola, que enumera unas 12 personas que vivieron con ella en varios meses. “No hay convivencia. Cada uno va a su ritmo. Vienes a dormir, te despiertas, vas al trabajo y vuelves a casa a dormir”, relata.

La ya ex inquilina asegura que en uno de los pisos ha llegado a haber turnos para dormir porque en una misma habitación podían vivir unas 7 personas. “La mayoría de gente son migrantes, que aceptan estas habitaciones porque no tienen nada y es la forma rápida de acceder a vivienda sin presentar una gran cantidad de documentación”, explica Paola, “pero esta convivencia te puede llegar a enfermar”, remata contundente. Ella y su pareja, además, encontraron esta vivienda después de ser estafados por un supuesto propietario que les cobró una fianza sin tener ningún piso.

Además de Celeste, la ex inquilina del primer párrafo, elDiario.es ha hablado con otras tres inquilinas que tuvieron que abandonar su piso en Paseo de la Chopera al vencer el contrato. En algunos casos, el casero ha renovado el alquiler a inquilinos antiguos y otros viven a la espera de saber qué pasará.

Es el caso de Rocío, nombre ficticio, a quien le quedan un par de años de contrato y ya se va haciendo a la idea de que le tocará salir. “Desde que han ido entrando los pisos por habitaciones, la convivencia ha ido empeorando porque no le pones cara a los vecinos. Duran unos meses y se van”, cuenta. Y denuncia, además, que las basuras están descontroladas a pesar de que el casero ha decidido que paguen ellas el impuesto.

Echando a los inquilinos incómodos

En 2023, cuando el dueño del bloque todavía no había empezado su migración al alquiler de habitaciones por el doble de precio, el casero ya tuvo un conflicto legal con algunos inquilinos. La empresa de Juan Luis del Pozo se negó a cumplir el tope del 2% de subidas anuales de alquiler que había aprobado el Gobierno con motivo de la guerra de Ucrania, y la presión colectiva a través del Sindicato de Inquilinas hizo que el casero cediera y devolviera 25.000 euros, unos 175 por hogar, informó El Salto. Además, pretendía rescindir los contratos para subirlos un 60%, denuncian los exinquilinos.

Inmediatamente, empezó a proponer subidas del 60% para los contratos que vencían y pocos meses después comenzó a poner sus viviendas al servicio del realquiler por habitaciones. A quienes estaban implicados en la lucha por pedir el cumplimiento de la ley no se les renovó el contrato. La lucha unió a otros dos bloques también propiedad de la misma empresa, en la madrileña calle Valladolid, en Casa de Campo, y en Martín Cerezo, en el barrio de San Isidro.

La empresa inmobiliaria de Juan Luis del Pozo, Hice, S.L., facturó 698.000 euros en 2025, de los que consiguió 278.000 de beneficio con tan solo dos personas contratadas, según cifras del registro mercantil. La familia tiene otras empresas con las que gestiona los otros bloques: Caspima facturó 472.000 y ganó más de 90.000 en 2023 y de Cosvaz figuran resultados de 2020 con medio millón de euros de facturación y 278.000 de beneficio. En total, por el alquiler de unos 160 inmuebles facturan algo más de millón y medio con un beneficio que ronda el medio millón.

En cuanto a la empresa de Juan Carlos, Domático 22, conocida por el público como Madrid Compartido y marca de la empresa Boende 22, facturó 154.000 euros en 2024, último ejercicio disponible, con solo dos años de vida. Casi toda la cifra de negocios se tradujo en beneficios, que alcanzaron los 121.867. Pero es que, además, registró como “otros ingresos de explotación” 1,6 millones de euros, seguramente porque ahí es donde se imputan los alquileres. Por entonces tenía 11 trabajadores contratados.

Madrid Compartido tiene 50 pisos publicados en Idealista con precios que van de los 400 a los 650 euros al mes. Entre los anuncios, hay uno en Paseo de la Chopera por 550 euros en un piso a compartir con 9 personas y que exige el pago de gastos de gestión.

En octubre de 2024, Facua pidió investigar a la empresa porque descaradamente anunciaba el alquiler de habitaciones como “una vía legal para esquivar la nueva ley del alquiler y multiplicar tus ingresos como propietario”. “Te ofrecemos la flexibilidad necesaria para subir el precio del alquiler, decidir la duración del contrato y establecer cláusulas que la legislación de arrendamientos urbanos no permite”, decía el anuncio.

Este miércoles Atocha recupera su capacidad de aparcamiento con la apertura de dos nuevas zonas de estacionamiento que suman 1.357 plazas, situadas junto a las vías de entrada al complejo desde el este de la ciudad, informa Adif en un comunicado.

El nuevo recinto de aparcamiento dispone de cuatro accesos principales de entrada y salida. Dos con conexión desde la gran rampa accesible desde la avenida Ciudad de Barcelona y otros dos conectados a la calle Antonio Nebrija.

Las nuevas plazas, gestionadas por la empresa Saba, están distribuidas en dos módulos: el P3A, parcialmente operativo desde el año pasado, y el P3B, que ahora entra en servicio sumando 831 plazas.

Esta es la nueva distribución del aparcamiento, con una reorganización también de sus usos y recomendaciones, según las estancias sean más cortas o largas:

Las obras de los nuevos apacarmientos han costado 26 millones de euros e incorporan soluciones sostenibles y tecnológicas que incluyen una cubierta fotovoltaica, 60 puntos de recarga para vehículos eléctricos, sistemas de guiado de plazas, información al viajero, digitalización de los sistemas de acceso y gestión del aparcamiento.

La solución constructiva se basa en elementos prefabricados metálicos configurados íntegramente en taller, montados en obra sin necesidad de soldaduras, fácilmente desmontables y con la posibilidad de reutilización. Ambos módulos disponen de nuevas instalaciones de saneamiento, electricidad, iluminación, telecomunicaciones y protección contra incendios.

Los aparcamientos del complejo ferroviario de Atocha, que registran unos 57.000 movimientos mensuales de vehículos, suman en total 1.907 plazas. El objetivo es que quienes acceden a la estación en coche dispongan de una oferta de estacionamiento más amplia, con mayores garantías de encontrar plaza y con una circulación interior más fluida.

Esta actuación ha contado con financiación europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU.

“Es escandaloso, una censura”. La Melonera, las fiestas más importantes de Arganzuela que animan el distrito madrileño cada septiembre, van camino de embarrarse este 2026 con un nuevo choque del tejido vecinal con el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida. Las bases para la concesión e instalación de casetas de entidades y colectivos ciudadanos incluyen un novedoso punto que ha causado estupor, tanto entre la oposición como entre diversas agrupaciones de la zona. De hecho, la reacción anticipa ya una batalla legal.

Se trata del apartado 7 del artículo 6 de dichas bases, publicadas el pasado 22 de junio y elaboradas por la Junta Municipal de Arganzuela. La redacción del texto ha levantado ampollas al detallar que “únicamente podrá exhibirse el nombre de la entidad adjudicataria” y “no se autorizará la colocación de elementos distintos de los estrictamente relacionados con la actividad (tales como productos, precios u otros similares)”.

La siguiente frase es todavía más contundente: “En ningún caso se permitirá la presencia de elementos pertenecientes a entidades distintas, ni de símbolos políticos, pancartas o banderas diferentes de las constitucionales”. A continuación, el documento detalla las sanciones por no cumplir con la norma: “Dará lugar a la penalización de la entidad responsable, impidiéndole concurrir a las dos convocatorias siguientes”.

Las palabras que abren este artículo son de Susana de la Higuera, portavoz de la asociación vecinal Pasillo Verde Imperial. Conversa con Somos Arganzuela mientras compagina el inicio de sus vacaciones con la coordinación de un futuro comunicado de entidades vecinales y sociales al respecto de la polémica. “No hay ningún otro distrito con estas condiciones”, dice. Ni siquiera Hortaleza, donde el tejido asociativo acusa al edil David Pérez de boicotear la participación de agrupaciones de residentes en festejos populares, de manera que la continuidad de estas entidades queda en entredicho al perder una importante fuente de recaudación. Pérez ha sido bautizado incluso por los vecinos como “concejal aguafiestas”.

La nuestra es la caseta más multitudinaria, y eso les fastidia. Se hacen muchas actividades y aprovechas para contar lo que haces: la movilización contra las talas, el ruido, los espectáculos de luz en el Manzanares o la operación Mahou-Calderón

Susana de la Higuera — Portavoz de la AV Pasillo Verde Imperial

De la Higuera cree que la Junta de Arganzuela, presidida por Lola Navarro (uno de los perfiles más controvertidos del Ejecutivo de Almeida), ha ido incluso más allá. Desde su punto de vista, el discutido artículo “arremete contra los derechos constitucionales y la libertad de expresión”. Implicaría, por ejemplo, que las asociaciones no puedan poner un cartel con el mensaje “no a la tala” en las casetas. Una consigna que ha vertebrado las luchas vecinales del distrito, sobre todo a raíz de las obras de la línea 11 en Madrid Río. Tampoco lemas contra la eventificación del parque Tierno Galván. Ni la bandera de Palestina o la arcoíris. Solo el nombre de cada entidad y los productos que venden, principalmente bebidas y comida.

Avanza que están estudiando tomar “medidas legales” si la Junta Municipal no rectifica. “Viola nuestros derechos u merece una reprimenda pública”, insiste. “Quieren acallar las voces críticas de Arganzuela”, asegura la dirigente de una de las asociaciones más activas de la zona.

Este diario ha consultado fuentes municipales para conocer los motivos de la actualización de las bases y su defensa ante las acusaciones de “censura”. Hablan de “elementos provocadores” y remiten a las explicaciones del coordinador del distrito, José Herrera de la Morena, durante el pleno de Arganzuela celebrado el pasado martes 14 de julio: “Las bases se han modificado en función de las experiencias de años anteriores. Se exige que las casetas las gestionen las entidades que las solicitaron y se publiciten exclusivamente esas entidades. No se trata de censura, simplemente son fiestas vecinales y lo que se busca es mantener la correcta convivencia. Por eso se entiende que no es un espacio para colocar elementos provocadores, sino los propios de las asociaciones vecinales, de manera que se eviten posibles situaciones de conflicto”.

“No quieren que haya caseta vecinal. No les gustamos”, cree por su parte Susana de la Higuera. Las protestas de este tipo de agrupaciones se han convertido en santo y seña de La Melonera, hasta el punto de que promueven una marcha anual el día del pregón (al cual ya no acude Navarro). “Ya que no pueden prohibir la manifestación, quieren prohibir los mensajes. Y que si no lo cumplimos, nos retiren la caseta”, alerta. “La nuestra es la caseta más multitudinaria, y eso les fastidia. Se hacen muchas actividades y aprovechas para contar lo que haces: la movilización contra las talas, el ruido, los espectáculos de luz en el Manzanares o la operación Mahou-Calderón”.

Rita Maestre habla de “control ideológico” y anuncia un recurso

Desde Más Madrid han presentado un recurso de reposición contra las bases establecidas desde la Junta de Arganzuela. En el escrito, al que ha tenido acceso este periódico, argumentan que “la resolución es contraria a Derecho y lesiva para los derechos e intereses legítimos”. “La presente redacción supone la reducción de los derechos de expresión y la libertad sobre el ornato, estética, contendido e imagen de las casetas para las entidades ciudadanas, partidos políticos o grupos municipales que pudieran solicitarlas”, añaden. Por todo ello, solicitan la suspensión cautelar de la ejecutiva del apartado 6.7 del documento que regula la instalación de casetas en los festejos.

Para Rita Maestre, portavoz del principal partido de la oposición en Cibeles, el objetivo es “frenar la censura que quiere imponer a las Fiestas de La Melonera”. “Pedimos la nulidad y la suspensión cautelar de la cláusula mordaza que impide al tejido asociativo ejercer su libertad de expresión. Por primera vez en la historia de estos festejos, el Ayuntamiento pretende prohibir las banderas, pancartas o símbolos que no sean de su agrado. Quieren imponer unas fiestas de pensamiento único”, alerta la edil en declaraciones a este periódico.

“Traducido al día a día, este año el PP quiere prohibir que en las casetas se cuelgue una bandera LGTBI, una enseña palestina o cualquier lema vecinal”, sintetiza Maestre. “Esto se llama censura previa y la Constitución la prohíbe”, asevera. En concreto, desde su formación argumentan que la cláusula “vulnera derechos fundamentales como el de libertad de expresión o el de asociación y participación”, con el propósito de “controlar ideológicamente lo que siempre ha sido un espacio de diversidad y de libertad”.

“Jamás ha habido ningún problema en un espacio de encuentro y convivencia en unas fiestas que son reflejo de la pluralidad y buen ambiente del barrio. El PP crea problemas donde no los hay, solo porque no soporta que haya quien le pueda llevar la contraria. Esperamos que el Ayuntamiento reconsidere este atropello y se estime nuestro recurso”, concluye Maestre.

Arganzuela organiza este jueves por la noche una velada musical en un entorno mágico. Se trata de un concierto en directo con el público rodeado de velas, en una experiencia íntima, gratuita y muy especial.

El evento se llama Arganzuela a la luz de las velas y tiene como protagonistas al guitarrista Lisardo Rodríguez, quien dará paso a Beca Laud Band, que ofrecerá un repertorio compuesto por algunos de los grandes éxitos del pop internacional.

La propuesta se celebra este jueves 16 de julio, a las 22:00 horas, en la glorieta de San Víctor, situada en la Colonia Pico del Pañuelo, junto a la plaza de la Beata María Ana de Jesús. La parada de Metro más cercana es la de Legazpi.

El evento, de acceso libre y gratuito hasta completar aforo, celebra su segunda edición después del éxito cosechado en 2025, cuando acudieron 1.200 personas. La idea, puesta en marcha por la Junta Municipal de Arganzuela, ofrece una experiencia única, con música en directo y una cuidada ambientación creada por miles de velas, transformando este rincón emblemático del distrito en un escenario íntimo en el que detener el ritmo cotidiano, reencontrarse con el barrio y vivir la música desde la cercanía.

Miles de velas, una cuidada dirección artística y una selección de músicos de primer nivel convierten la glorieta de San Víctor en un escenario único, creando una experiencia cultural abierta, gratuita y de gran calidad para todos los públicos.

El del calor en las aulas es un debate cíclico que vuelve con cada verano y no siempre acaba al irse de vacaciones. Durante los meses de julio y agosto, muchos centros educativos se transforman en campamentos urbanos pensados para los más pequeños, que huyen del bochorno mientras sus familias concilian fuera del calendario académico. Muchas plazas son públicas y las oferta directamente el Ayuntamiento de Madrid, pero algunos beneficiarios han denunciado las condiciones en las que se encontraron estos colegios públicos.

Buena parte de esas plazas son municipales y se ofertan a través del programa Madrid Camp, una iniciativa que gestiona el Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad y este verano ha lanzado unas 13.800 repartidas por distintos puntos de la capital. “En el colegio donde está mi hijo han bloqueado los ventiladores. Él tiene cinco años y no me cuenta mucho sobre las actividades que hacen, pero sí que la mayoría se desarrollan en las aulas”, asegura Guillermo, padre de un menor que ha entrado a uno de los campamentos en el distrito de Arganzuela, dentro del CEIP Tomás Bretón.

Madrid Camp está dirigida a menores de entre 3 y 12 años y se abre en períodos vacacionales como Navidad, Semana Santa o verano, con plazas que se obtienen por sorteo y rellenando antes un formulario. Como él, ahora otras familias se han hecho eco de la situación y han tratado de ponerse en contacto con el Ayuntamiento de Madrid, la dirección del colegio o la empresa privada que contrata a sus monitores. Hasta ahora, dicen haber recibido solo una respuesta de estos últimos. “Los ventiladores son propiedad del centro, y es el propio centro el que los ha bloqueado y no nos deja usarlos. No es nuestra decisión”, reza el mensaje que muestran las familias, enviado desde una dirección de correo asociada al CAI de Arganzuela (Centro de Atención a la Infancia).

Desde el CEIP Tomás Bretón ya surgió alguna queja previa por el calor. El patio es de asfalto, y este centro ya fue objeto de polémica durante el curso por las altas temperaturas que soporta el edificio, rodeado por una amplia explanada con escasas zonas de sombra. Según este padre, cuyo hijo no está matriculado allí aunque sí asiste a los campamentos durante la segunda quincena de julio, fueron los monitores quienes trasladaron a las familias el problema con los ventiladores, instalados recientemente.

Respuesta del Ayuntamiento y la reacción política

“Las monitoras nos dijeron que hacen todo lo posible para que los niños no pasen calor”, asegura Guillermo, que insiste en que las reclamaciones de las familias no van dirigidas contra el personal del campamento y simplemente buscan un alivio contra el bochorno del verano en la capital. Por su parte, fuentes del Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento de Madrid aseguran a Somos Madrid que “el Ayuntamiento está realizando las gestiones necesarias para que los ventiladores puedan utilizarse con la mayor brevedad posible”.

El episodio reabre un debate que cada verano regresa a los colegios madrileños. Aunque las aulas dejan de acoger actividad lectiva, muchos edificios continúan siendo utilizados durante semanas por cientos de menores inscritos en campamentos urbanos municipales. Las familias sostienen que esas instalaciones deberían ofrecer las mismas condiciones de confort térmico que se exigen durante el curso, especialmente en un contexto en el que las olas de calor son cada vez más frecuentes e intensas.

De hecho, una de ellas se puso en contacto a través de redes sociales con la portavoz de Más Madrid (el principal partido de la oposición), Rita Maestre. Ahora, su grupo municipal ha registrado una batería de preguntas dirigidas al departamento responsable, el de Políticas Sociales, para conocer exactamente cuáles son los movimientos y comunicaciones que ha impulsado el consistorio, de cara a resolver este conflicto por los ventiladores “de forma inmediata”. Fuentes del partido aseguran, asimismo, haber solicitado al Gobierno de José Luis Martínez-Almeida el detalle de las obras ejecutadas en 2025 por la Junta Municipal de Arganzuela en este mismo centro educativo, presupuestadas en 44.204 euros (IVA incluido), con el desglose del concepto y el importe de cada una de ellas.

“Ya sabemos lo que tienen que decirles a las familias: el calor es inspirador y cuando hace calor, hace calor: esa es la respuesta de los representantes del PP desde sus despachos y coches oficiales con el aire acondicionado a tope”, ha destacado la líder de Más Madrid, que también reprocha al Partido Popular su “posición” en el último pleno a la propuesta de su partido para aclimatar los centros: “Que no, que no y que no”, reproduce Maestre. “¿Cuántos niños y niñas más se ven afectados en toda la oferta de campamentos urbanos municipales?”, lanza, finalmente, sobre el asunto.

La Policía Municipal de Madrid ha desarticulado una organización dedicada presuntamente al almacenamiento y distribución de prendas falsificadas, la mayoría camisetas de selecciones participantes en la Copa Mundial de Fútbol de 2026. La investigación comenzó a raíz de varios avisos por el uso de trasteros en el distrito de Arganzuela como centro logístico para almacenar mercancía, pensada para venderse. Durante varias semanas, los agentes realizaron vigilancias y seguimientos que permitieron comprobar un constante trasiego de personas que accedían a los almacenes y salían con bolsas y mochilas cargadas de prendas.

Finalmente, la denominada Operación Naranjito –como el nombre de la mascota oficial del Mundial de 1982, celebrado en España– se ha saldado con dos personas detenidas, otras trece investigadas y la intervención de cerca de 6.700 prendas, por un valor en el mercado legal de unos cien euros cada una: en total, alredededor de 670.000 euros.

El primer día del mes, la Policía desplegó un operativo que culminó en el registro de 13 trasteros que habían sido señalados por una presunta actividad delictiva. Una vez dentro, localizaron miles de prendas falsificadas, principalmente camisetas de selecciones que disputan el Mundial de 2026. La intervención se ha producido en pleno torneo, cuando suele aumentar la demanda de equipaciones oficiales y, con ella, también el mercado ilegal de falsificaciones, según han recordado los agentes en un comunicado.

Las camisetas oficiales pueden rozar los 200 euros

Las camisetas oficiales para aficionados se comercializan habitualmente por entre 70 y 100 euros, mientras que las versiones idénticas a las que utilizan los jugadores pueden superar los 130 euros y alcanzar los 180, una diferencia de precio que alimenta la proliferación de copias ilegales.

En las últimas semanas, las fuerzas de seguridad han intensificado las actuaciones contra este tipo de redes ante el incremento de la venta de camisetas falsas vinculadas al Mundial. Según ha informado la Policía Municipal, las diligencias por esta operación continúan abiertas y no se descartan nuevas actuaciones relacionadas con la investigación.

El Gobierno ha activado los trámites para declarar Lugar de Memoria Democrática la antigua cárcel de Yeserías, situada en la calle Juan de Vera de Madrid. Se trata de uno de los principales centros de reclusión del franquismo, especialmente para mujeres presas políticas.

“Yeserías albergó a miles de presas republicanas durante la posguerra y es un símbolo de la represión franquista sobre las mujeres. Su declaración como lugar de memoria abre un proceso de reconocimiento oficial”, expone la resolución del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática publicada este viernes en el BOE.

Erigida en 1928 por el Ayuntamiento de Madrid como asilo de mendigos, esta destacada construcción neomudéjar experimentó una enorme reconversión después del golpe de estado franquista y la Guerra Civil. Desde 1938, operó como centro de detención y hospital. Tres años después, comenzó a llamarse prisión de Yeserías, por ser el yeso el material con el que más se trabajaba en esta antigua zona industrial del distrito de Arganzuela.

Hasta la clausura de la prisión de Ventas, a este recinto llegaban solo hombres. Poco a poco el género de las personas encarceladas se fue revirtiendo y en 1971 fue considerada exclsuivamente femenina. Muchas de sus internas llevan años pidiendo esta declaración, hasta el punto de que el pasado febrero organizaron una concentración en sus proximidades para exigirlo al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Cursaron una petición hace más de un año, pero en aquel momento no prosperó.

“Lo primero que me dijo un guardia civil es que menuda pinta traíamos las rojas. Yo había estado una semana en la Dirección General de Seguridad, torturada, sin poder lavarme, con el vestido descosido. Llegué a la sección de políticas y ahí estaban mis compañeras. Me recibieron, me apoyaron mucho, me dieron ropa y me escucharon. A partir de entonces, la estancia no fue tan dura, porque éramos muchas”, rememoraba en declaraciones a este periódico Rosa García Alcón, detenida el 24 de agosto de 2024 y trasladada a Yeserías el 1 de septiembre. Militante de la Federación Universitaria Democrática de España, recuerda cómo a su llegada el médico de la prisión se negó a poner en el informe que García Alcón presentaba numerosos hematomas en el cuerpo y un dislocamiento en el pie izquierdo.

La cárcel cerró sus puertas en 1991, hasta que en 1994 recuperó la actividad convertido en el centro de inserción social Victoria Kent. El espacio se dedica al seguimiento de liberados condicionales, aquellos que cumplen medidas alternativas a la privación de libertad y quienes están en tercer grado telemático, con una pulsera en el tobillo. Su uso volverá a cambiar en 2028, cuando se reconvertirá en la sede central de Instituciones Penitenciarias.

En torno a 300 internos cumplen su condena de forma presencial en el actual CIS Victoria Kent, donde hay hombres, mujeres y un pabellón para madres con hasta diez plazas. La mayor parte de ellos se han visto privados de libertad por delitos de violencia de género o contra la seguridad vial. Acuden a formaciones para potenciar su reeducación y reinserción y así evitar la reincidencia. Su estancia obligatoria es de mínimo ocho horas al día. Es decir, tienen que estar presentes en uno de los tres recuentos que se realizan cada jornada.

Una de las promesas con las que concurrió el alcalde a las elecciones de 2023 está todavía lejos de llevarse a cabo. Se trata de la pasarela que José Luis Martínez-Almeida apostó por construir entre Arganzuela y Carabanchel, a la altura del parque del Atlético de Madrid, donde se encontraba el estadio Vicente Calderón. Era la medida número 152 que el primer edil prometió dentro de su programa electoral.

A preguntas del PSOE este miércoles durante la Comisión de Obras, la delegada del área ha explicado que se trata de un proyecto “extraordinariamente complejo”, no ya solo por “los 40 metros de ancho entre los cajeros del río sino también por la diferencia de cota entre las márgenes de un distrito y otro, que es más de 6 metros”.

“En este escenario tenemos que proyectar las pasarelas que cumplan con las normas de accesibilidad, es decir, pendientes menores del 6%, que no se apoye sobre las pantallas de los túneles de la M-30 porque no es técnicamente posible, y que minimice la afección al río, una vez que cumpla el gálibo de altura necesario para respetar las condiciones de la llamada Avenida de los 500 Años, con el respeto de puentes de Madrid Río y como establece la Confederación Hidrográfica del Tajo”, ha detallado García Romero.

Con la experiencia que tiene en su haber el Ayuntamiento con otros proyectos que afectan a la Confederación, “el tiempo medio que suele tramitar en informar los proyectos, una vez presentados formalmente, es de aproximadamente un año”, ha dicho en declaraciones recogidas por Europa Press. “Con un proyecto de la complejidad de la pasarela entre Arganzuela y Carabanchel estamos intentando evitar esta situación a través de conversaciones informales entre técnicos con la Confederación”, desvelaba.

El Ayuntamiento lleva más de un año trabajando en este proyecto, con reuniones con los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT). A principios de este mes se ha podido enviar a la Comisión de la Confederación una última versión de la definición geométrica de las condiciones estructurales y del procedimiento constructivo, que requería un apoyo provisional intermedio en el cauce del río, solicitando la autorización para poder aprobar definitivamente el proyecto y proceder a su ejecución.

Críticas del PSOE por un retraso de cinco años

“Realmente han pasado más de cinco años desde que se anunció la construcción de la pasarela. Usted nos habla desde el último año pero nos preguntamos qué ha pasado desde entonces”, le replicaba el concejal socialista Antonio Giraldo, quien urgía a resolver este problema porque “hay algunos puntos en los que el ancho del río apenas es de 50, 60 metros y para ir de un lado a otro hay que hacer recorridos de casi un kilómetro y medio”.

Fue en 2021 cuando el Pleno del Ayuntamiento aprobó la construcción de esta pasarela en la zona Mahou-Calderón. Tres años después el PSOE preguntó en la comisión de Obras por este proyecto, cuando se dijo por parte del área que se encontraba en estudio. En este mismo foro, Giraldo ha constatado este miércoles que en 2025 se incorporó una partida en los presupuestos de 250.000 euros, “que no llegó a ejecutarse, y nuevamente, en los presupuestos del año 2016, se ha vuelto a presupuestar con 500.000 euros”.

“Estamos ya a mediados de 2026 y lo cierto es que todavía no tenemos un proyecto, ni contrato de redacción, ni tampoco un calendario de plazos para esta pasarela”, ha resumido el edil socialista. En comparación, Antonio Giraldo ha puesto de manifiesto su sorpresa por “la prisa” del Ayuntamiento ante otros proyectos como la Fórmula 1. “En determinadas circunstancias aceleran y lo consiguen todo en menos de un año, pero en algo tan necesario como esto pues no ha sido posible. Nosotros creemos que es una cuestión de prioridades”, ha lamentado.

García Romero le ha contestado con otras prioridades como “cerrar Calle 30”, en referencia al cubrimiento de la autovía en la zona, o “la urbanización del Mahou Calderón” en el pasado mandato “que han hecho que ahora se puede hacer la pasarela”. Mientras el Ayuntamiento, como ha explicado la delegada, sigue a la espera de las instrucciones de la Conferencia Hidrográfica del Tajo, quien tiene la competencia para avalar las actuaciones. “Si quiere echarnos una mano para que los tiempos sean menores, para no esperar el año que normalmente suele esperar la Confederación, se lo agradeceremos muchísimo”, ha lanzado García Romero a Giraldo.

La batalla judicial entre los vecinos y el Ayuntamiento por el uso del auditorio del parque Enrique Tierno Galván continúa. La Asociación Vecinal Delicias para Todos ha presentado un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra la sentencia que rechazó su impugnación del decreto municipal que regula la celebración de eventos en este espacio de Arganzuela.

La entidad vecinal sostiene que la resolución no resuelve adecuadamente las cuestiones jurídicas y urbanísticas planteadas y defiende que sigue abierto el debate sobre el uso de espacios verdes públicos para eventos privados de carácter lucrativo. El recurso se dirige contra la sentencia dictada el pasado 20 de mayo por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 29 de Madrid, que avaló el decreto aprobado por el distrito de Arganzuela para establecer las condiciones de uso del auditorio ubicado en el parque.

Desde la asociación señalan que dicho decreto no puede considerarse un simple acto administrativo, sino una disposición de carácter general que regula de forma permanente el régimen de utilización futura del anfiteatro y del entorno del parque. Según argumentan, la norma crea nuevas obligaciones, fija criterios vinculantes para futuras autorizaciones y, por tanto, debería haber seguido un procedimiento específico de aprobación y haber sido sometida al Pleno municipal.

La organización vecinal defiende que el caso trasciende el conflicto concreto sobre el auditorio y plantea cuestiones relevantes sobre la gestión de los espacios públicos urbanos. Entre ellas, destaca la necesidad de preservar el carácter público del parque Tierno Galván como zona verde y garantizar el cumplimiento de la normativa municipal que limita el uso particular de bienes de dominio público cuando este puede alterar su naturaleza y destino.

Asimismo, la asociación reclama que el derecho de la vecindad al uso y disfrute de los espacios públicos prevalezca frente a su explotación comercial. También exige mayores garantías de participación ciudadana en aquellas decisiones que tengan un impacto significativo sobre el entorno urbano y ambiental.

Los vecinos consideran que la apelación ofrece al Tribunal Superior de Justicia de Madrid la oportunidad de fijar criterio sobre los límites entre los actos administrativos y las disposiciones de carácter general, así como sobre los mecanismos de participación exigibles cuando se adoptan decisiones con efectos estructurales sobre el espacio público.

Desde Delicias para Todos subrayan que nunca han cuestionado la celebración puntual de actividades culturales públicas y de acceso libre en el parque. Sin embargo, critican que se invoque de forma genérica el interés general o cultural para justificar la celebración reiterada de eventos privados y comerciales en un espacio concebido para el descanso, el esparcimiento y la convivencia vecinal.

La asociación enmarca además el conflicto en un debate más amplio sobre el modelo de ciudad. A su juicio, la situación del Tierno Galván refleja una preocupación compartida por colectivos vecinales de distintos barrios de Madrid ante lo que consideran una creciente mercantilización del espacio público y de las zonas verdes urbanas. La decisión final quedará ahora en manos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid,.

Temor en el vecindario del barrio de Delicias ante la próxima reforma del Museo del Ferrocarril y su entorno. La fase de alegaciones del plan especial presentado por el Ministerio de Transportes a través de Adif y avanzado en este periódico, ha servido para que la principal plataforma vecinal haya mostrado sus críticas en forma de alegaciones contra el citado planeamiento.

Los vecinos de la Asociación Vecinal Delicias para Todos temen que “al no regular ni limitar los usos lucrativos temporales, podría convertir estas actividades en permanentes, consolidando un recinto de eventos masivos en pleno tejido residencial”. Se refieren los residentes a eventos como el Mercado de Motores que se celebra allí mensualmente y que, según una nota de prensa distribuida con motivo de sus alegaciones, “provoca la saturación del barrio, niveles de ruido inaceptables, ocupación del espacio público y problemas de movilidad para los residentes”.

El plan especial para Delicias que avanzó Somos Madrid, impulsado por Adif, incluye la recuperación parte de la estructura original de la estación, tanto de su espectacular nave central como de otros pabellones aledaños, con un proyecto que pretende revivir la “atmosfera” de su construcción en el XIX, eliminando las entreplantas, recuperando algunos accesos, el jardín de la fachada norte, o el quiosco de entrada.

Los vecinos ven peligro en lo que no se cuenta: “Denunciamos que la propuesta urbanística abre la puerta a consolidar un modelo de explotación comercial del espacio, especialmente en la Nave de Fomento, que nada tiene que ver con el uso cultural dotacional que debe regir en un Bien de Interés Cultural”.

También apuntan los vecinos que no existe en la tramitación un Documento Ambiental Estratégico “que evalúe el impacto real de ruido, tráfico, emisiones y otras repercusiones de una afluencia prevista en 600.000 personas al año”, apuntan. Por ello, solicitan anular la actual tramitación y que un nuevo documento “garantice el uso cultural público del espacio, limite estrictamente los usos comerciales, proteja el patrimonio y asegure el descanso vecinal”.