La menorquina Alicia Sintes lleva décadas deseando que su ciencia, la física, detecte un fenómeno que debería producirse cuando en la superficie de una estrella de neutrones hay un 'bache' de apenas un milímetro de altura. Basta esa minúscula asimetría en la estrella para que esta, en su giro —miles de veces por segundo—, genere el equivalente a una ola del mar, pero en el tejido del espacio-tiempo: una onda gravitacional. Ese tipo específico de ola espaciotemporal, nacida de la rotación salvaje de una estrella de neutrones, es el sueño de Sintes.

Aún no se ha cumplido. Pero en los cinco años de existencia del observatorio internacional LIGO Avanzado sí se han detectado muchas otras ondas gravitacionales. "Es fascinante", dice Sintes, con una expresión que repetirá muy a menudo en esta entrevista. "Se ha inaugurado otra manera de observar el universo, la astronomía de ondas gravitacionales, que ayudará a responder miles de preguntas y a descubrir nuevos fenómenos que hoy no podemos ni imaginar", añade esta investigadora de la Universitat de les Illes Balears y miembro de LIGO.

Esta misma semana la colaboración LIGO/Virgo ha anunciado uno de esos hallazgos imprevistos: un agujero negro con una masa 142 veces mayor que la del Sol, lo que lo convierte en el mayor jamás detectado. Además su nacimiento, que es justo lo que ha observado LIGO, se produjo tras la fusión de dos agujeros negros también raros, especialmente uno de ellos, que es en realidad un 'bicho' fuera de catálogo, un objeto astronómico cuya existencia no prevé la teoría.

¿Por qué está causando tanto revuelo este hallazgo?

Hemos detectado un evento muy interesante, primero porque es una fusión de agujeros negros que da lugar al agujero negro más masivo que tenemos, nunca habíamos observado uno así. Y luego, porque nos hace replantearnos lo que sabemos sobre cómo se forman los agujeros negros, nos obliga a revisar los modelos de colapso estelar.

¿Cuándo lo detectaron?

Lo observamos el 21 de mayo de 2019 —sí, hemos tardado un año en analizar los datos—, pero no ocurrió entonces, sino hace 7.000 millones de años. Teniendo en cuenta que el universo tiene 14.000 millones de años, esto pasó hacia la mitad de su tiempo de existencia. Por entonces no existía el sistema solar, ni los planetas… Es fascinante. Es el evento más lejano que hemos detectado hasta ahora.

¿Por qué este hallazgo implica que tienen que revisar la teoría?

Todos los agujeros negros que hemos observado hasta ahora son de dos clases: los estelares, que tienen una masa de hasta 100 veces la masa del Sol; y los supermasivos, que están en el centro de las galaxias y tienen de 100.000 masas solares en adelante. El agujero de 142 masas solares es el primero que detectamos en un rango intermedio. Es una clase nueva, demasiado grande como para formarse por el colapso de una estrella, que es como se forman los agujeros negros estelares.

Pero el misterio atañe además a los agujeros negros progenitores, uno de 66 masas solares y otro de 85 masas solares.

Por favor, explique cómo se forman los agujeros negros estelares.

Cuando muere una estrella de mucha masa se produce una explosión de supernova y después un agujero negro, que puede tener hasta 65 masas solares. Si la estrella inicial es realmente muy masiva, de más de 200 masas solares, los modelos dicen que cuando muere no hay una supernova sino que se forma directamente un agujero negro, pero debe ser muy masivo, de más de 120 masas solares. Así que los modelos no saben cómo explicar la formación de agujeros negros de entre 65 y 120 masas solares. El de 66, ajustando los modelos, todavía se podría explicar; pero el de 85 es más difícil.

¿Y entonces?

Entonces hay que revisar los modelos que describen la muerte de las estrellas, el colapso estelar. Pero también puede ser que el de 85 masas solares, o tal vez ambos, sean ellos mismos producto de la fusión de dos agujeros negros más antiguos.

O sea, que sean agujeros negros de segunda generación.

Eso es. Este hallazgo está abriendo la puerta a nuevas interpretaciones muy bonitas. Abre muchos interrogantes, y más interesantes que los que abre la COVID-19.

Han tardado un año en analizar los datos. ¿No puede ser que se hayan equivocado?

No. Antes de publicar una detección la analizamos y la volvemos a analizar, más aún cuando se trata de un evento excepcional como este. Además hace meses se publicó un trabajo de una observación con telescopios que podría corresponder a nuestro evento, una señal en el cielo que sería la contrapartida de lo que vemos nosotros. Si se confirmara daría mucho de que hablar.

¿Quiere decir que se habría detectado la radiación electromagnética emitida durante la fusión de los dos agujeros negros?

Con la detección de ondas gravitacionales estamos abriendo una nueva ventana al cosmos, una nueva manera de hacer astronomía. Cuando los telescopios [que detectan radiación electromagnética] observan el mismo fenómeno que nosotros es emocionante, nos da una gran cantidad de información. Nos ocurrió por primera vez en 2017, pudimos ver la fusión de dos estrellas de neutrones con muchos instrumentos y fue precioso.

¿Es lo que ha ocurrido ahora?

Los datos no cuadran del todo. Con el telescopio han observado un destello proveniente del disco de acreción de una galaxia muy lejana que es compatible con nuestra detección por la dirección, no tanto con la distancia. Pero las barras de error son grandes, así que podría ser.

¿Cuántas personas han participado en este hallazgo?

En la colaboración LIGO/VIRGO trabajan unas 2.000 personas, así que es imposible decir cuántas han estado implicadas en este trabajo en concreto. Es una cadena y todos cuentan. Nada sería posible sin, por ejemplo, el trabajo de quienes calibran el instrumento. Puedo decir que Sascha Hus y David Keitel, investigadores en la UIB, ha participado en la revisión del artículo que presenta este trabajo, y que los modelos desarrollados en esta universidad han sido usados para interpretar la señal, junto con los de otros grupos.

Durante mucho tiempo la detección de ondas gravitacionales se consideró una utopía. ¿Cuántas se han detectado desde que empezó a funcionar LIGO?

Desde 2015, en solo cinco años, se han detectado más de sesenta. Cada año ha sido revolucionario. Pronto publicaremos el catálogo de las observaciones hasta marzo pasado, en que se cerró prematuramente el último período de operaciones por la pandemia.

También les ha afectado.

Desde luego, como a todo el mundo. Uno de mis estudiantes de doctorado, Rodrigo Tenorio, fue a Estados Unidos a trabajar tres meses y solo pudo pasar dos semanas en el detector.

¿Cuándo reabrirá de nuevo?

Pues ya para el siguiente periodo de observaciones, a principios de 2022.

¿Tan tarde?

Es que entre los periodos de observaciones se cierra, para hacer mejoras. Por ejemplo, se aumenta la potencia del láser, se mejora el aislante sísmico…

¿Qué se podrá observar gracias a las mejoras en el instrumento?

¡Estamos solo al principio de lo que podemos detectar! Esto es un campo emergente que responderá muchas preguntas y abrirá otras. Yo llevo dos décadas esperando detectar la onda gravitacional producida por la rotación de una estrella de neutrones, un púlsar, en nuestra propia galaxia.

¿Una única estrella rotando generaría una onda gravitacional?

Hasta ahora hemos observado solo ondas generadas por sistemas binarios; una estrella de neutrones en rotación podría generar una, aunque mucho más débil. Y solo se produciría si la estrella, un objeto de unos 12 kilómetros de diámetro, tuviera en su superficie una asimetría. Bastaría una muy pequeña, de apenas un milímetro de altura.

También sería magnífico poder observar el fondo cósmico de ondas gravitacionales: estaríamos viendo las ondas gravitacionales generadas en el universo primigenio, cuando el universo tenía mucho menos de un milisegundo de vida, el llamado tiempo de Planck… Es fascinante.

Aragón va a poner en marcha 15 equipos covid educativos formados por docentes y trabajadores sociales (7 en Zaragoza, 4 en Huesca y 4 en Teruel) que serán los encargados de realizar todas las gestiones sanitarias para descargar a los centros de esta labor y que, en el caso de una sospecha o un positivo en sus instalaciones, sus trabajadores tan solo tengan que encargarse de la labor de comunicación a estos equipos y no vean afectada su labor educativa.

Son estos equipos los que estarán en coordinación con las secciones de vigilancia epidemiológica en cada provincia y con las direcciones de Atención Primaria para comunicarles los casos y comenzar las actuaciones pertinentes. Su función será, de esta forma, acompañar a los centros ante las incidencias de sospecha por síntomas en alumnado o personal, el seguimiento en coordinación con la administración sanitaria de los procedimientos en casos confirmados de contagio y el seguimiento junto a los propios centros educativos de ausencias no justificadas y de incorporación tras periodos de aislamiento individual o colectivo. “Hemos buscado la fórmula que descargue a los equipos directivos de la gestión sanitaria con la creación de esta fórmula y con un protocolo claro con cada una de las situaciones que se puedan dar”, ha declarado Felipe Faci, el consejero de Educación.

Los Departamentos de Educación y Sanidad del Gobierno de Aragón ha dado hoy a conocer el protocolo sanitario que regirá durante el próximo curso escolar que se inaugura el próximo lunes y mientras dure la alerta sanitaria, y que explica las pautas de actuación para centros educativos, y garantiza la atención a la comunidad escolar durante la presente situación sanitaria. El documento establece la creación de grupos covid educativos que gestionarán la coordinación con Sanidad y todos los trámites y procedimientos derivados de un posible caso en un centro educativo. Además, establece los cauces de coordinación entre ambos Departamentos para dar respuesta a las necesidades que se deriven del presente escenario en el ámbito educativo, y actuaciones de forma conjunta que incluyen elaboración de programas, instrucciones de actuación ante las posibles contingencias que pudieran producirse, cartelería y formación para sensibilización en medidas preventivas para la comunidad educativa.

Por su parte, la consejera Sira Repollés ha manifestado que este protocolo va a ser la herramienta para que el curso escolar sea lo más seguro posible para todos y ha hecho un llamamiento a la responsabilidad. En este sentido, ha solicitado a las familias que verifiquen el estado de sus hijos e hijas antes de salir de casa y no los lleven al colegio si presentan fiebre de más de 37,5 grados o tienen dolor de cabeza y/o de garganta, malestar general, vómitos o diarrea desde la tarde anterior de la jornada escolar.

Repollés ha subrayado además que, en el caso de producirse un caso positivo en un colegio y Salud determine que es necesario realizar PCR al grupo de convivencia estable compuesto por profesores y alumnado -por ejemplo, por no haberse respetado distancias o haberse relacionado sin mascarilla-, esta se realizará preferentemente en el propio centro con el objetivo de ganar en rapidez y seguridad. “Para eso -ha detallado- los alumnos serán citados en el colegio, en función de sus características o instalaciones. Previamente los padres habrán firmado una declaración responsable permitiendo la realización de PCR a sus hijos”.

* Las cifras anteriores están actualizadas a 3 de septiembre de 2020 a las 00:00h

Consulta en directo la evolución de la COVID-19 en China, España y el resto de países del  mundo. Con los datos difundidos por la Universidad Johns Hopkins y el Ministerio de Sanidad, mostramos en gráficos y mapas los casos confirmados que han detectado las autoridades sanitarias, los nuevos casos cada día, las personas que se han recuperado y las que han fallecido.

El siguiente mapa muestra las principales variables para ver la situación de la epidemia en todo el mundo: si los casos están subiendo o bajando, la incidencia de casos por habitante en las últimas dos semanas, el número total de casos y fallecidos con COVID-19 en cada país y la incidencia del virus en comparación con su población.

Hay que tener en cuenta que solo se muestran los casos que han detectado las autoridades sanitarias de cada país desde el inicio de la epidemia. Es decir, las cifras están muy relacionadas con la capacidad de testar a la población de cada Gobierno.

En el caso de España, se han incluido a los casos confirmados por PCR los 47.080 casos confirmados por test de anticuerpos hasta el día 27 de mayo. Sanidad no actualiza el dato de personas recuperadas desde el 18 de mayo.

El número de nuevos casos diarios indica la tendencia de expansión de la epidemia de coronavirus en cada país. Para mostrar cómo ha cambiado esta variable, el gráfico señala cuándo subían, bajaban o se mantenían igual el número de casos nuevos semanales en los países con mayor número de personas infectadas.

La expansión del brote en África y América ha vuelto a aumentar el número total de nuevos casos de COVID-19 en el mundo. Así ha evolucionado el número total de nuevos casos y nuevas muertes en todos los países del mundo.

¿Y cómo ha evolucionado el coronavirus en cada región del mundo? El siguiente gráfico muestra le evolución de los nuevos casos detectados en las principales regiones del mundo. Se muestra el promedio de los últimos 7 días para visualizar mejor la tendencia de expansión del virus en cada continente.

El ritmo de expansión de pandemia es diferente en cada país. ¿Cómo ha evolucionado la curva en los países más afectados? Para comprobarlo hemos calculado la evolución del número de nuevos casos diarios confirmados por las autoridades sanitarias de cada país, y hemos realizado el promedio de la última semana.

Además del número de contagiados, también es interesante comparar el cómo han evolucionado los casos y las muertes con COVID-19 en cada país. ¿Cómo está España respecto al resto a partir del día que se detectaron más de 100 casos y 10 fallecidos?

La escala vertical es logarítmica: la distancia entre 100 y 1.000 es la misma que entre 1.000 y 10.000.

La enfermedad de la COVID-19 afecta principalmente a las personas mayores. Los datos de España, Italia, Estados Unidos, Corea del Sur, China y otros países europeos y americanos repiten la misma tendencia. La tasa de mortalidad se dispara entre los que tienen más de 70 años.

En el caso de Italia y Corea del Sur y el resto de países, se refieren a los informes gubernamentales más actualizados y en el caso de China, a un informe que analizó más de 40.000 casos diagnosticados del virus en el país. Los de España se refieren a una muestra desglosada del Ministerio de Sanidad.

El ranking de países con mayor número de personas contagiadas en algún momento ahora lo lidera Estados Unidos y el número de casos activos aumenta día a día. Mostramos los datos actualizados de contagios, recuperaciones y fallecidos en cada país del mundo.

El nuevo sistema de notificación que publica el Ministerio de Sanidad desde el 25 de mayo invalida las series de datos anteriores. 

¿Cuáles son las comunidades autónomas en las que se han detectado un mayor número de casos? La Comunidad de Madrid, Cataluña, Castilla-La Mancha y Castilla y León son las autonomías con mayor número de personas contagiadas confirmadas a través de una prueba PCR (o por anticuerpos desde el 11 de mayo).

Para conocer cuál es el grado de penetración del virus en comparación con el número de habitantes, hemos calculado la tasa de casos confirmados y número de muertes en cada autonomía por 100.000 habitantes. Los casos confirmados se refieren a las identificados por prueba PCR o por prueba de anticuerpos —en este último caso solo se cuentan las realizadas a partir del 11 de mayo con síntomas compatibles—.

Las últimas horas han sido intensas para las víctimas y familias personadas en la querella argentina que juzga crímenes de lesa humanidad cometidos en el franquismo. A la expectación ante la declaración del exministro Rodolfo Martín Villa se unía el revuelo creado por la publicación de algunas cartas de apoyo a Martín Villa enviadas a la jueza argentina y firmadas por los cuatro expresidentes vivos del Gobierno español, cuatro exlíderes sindicales y otras personalidades.

 Los abogados de la querella, argentinos y españoles, tienen clara la interpretación de esos apoyos. El letrado Eduardo Fachal considera que "estas cartas demuestran que Martín Villa aún tiene contactos con el poder y que su intención ha sido eludir la acción de la justicia" y remarca que, aunque él y sus compañeros quieren el derecho a plena defensa del acusado, en Argentina se le podría hasta dictar prisión preventiva siguiendo la doctrina Irurzun, "que castiga que alguien que tenga resabios de contactos con el poder pueda eludir la acción de la justicia".

Fachal se muestra sorprendido por el momento en el que han llegado estas cartas, "aún en un escenario muy previo a la instancia de condena, que es cuando suele presentarse este tipo de testimonios". Por lo demás, subraya que, aunque "las cartas han tenido intención de influir sobre la jueza", ésta "ha demostrado en el pasado que no se deja doblegar por estos intentos de presión".

Tanto él como otros letrados que trabajan en la querella creen que la magistrada, "llegado el momento, dictará el auto de procesamiento de Martín Villa". Cuenta para ello con diez días a partir de su declaración, tomada este jueves, aunque también podría pedir una prórroga.

En conversación con eldiario.es, la letrada de la querella Ana Messuti ha explicado que "las cartas de apoyo a Martín Villa nos dicen en qué plano se mueve su defensa, que es en el plano político".

"Aquí hay un plano nacional y un plano internacional. El plano político y el plano judicial. Desde un punto de vista nacional lo observan como delitos aislados que los hacen amnistiables. Nosotros lo miramos como crímenes contra la humanidad que los hacen inscribirse en otro contexto y a los que se aplica otro régimen. Parece que no les importa lo que les digan las instituciones internacionales", ha señalado, en referencia a las recomendaciones a España de Naciones Unidas y otros organismos en materia de verdad, justicia y reparación.

"No juzgamos la Transición. Partimos de la base de que hay una continuidad represiva. ¿Cómo puede probarse ésta? Porque hay una misma línea política, los mismos cargos franquistas continúan ocupando cargos en la transición, en la democracia, por no hablar del poder judicial, que quedó prácticamente intacto. Si hay una represión que dura 40 años y si continúa unos años más bajo otro régimen, lo más probable es que esa represión sea continuación del régimen anterior", ha añadido Messuti.

En la misma línea se expresa el abogado Fachal, quien considera que "las cartas [de apoyo a Martín Villa] son testimonios de concepto, es decir, se refieren a la persona, no son testigos de los hechos".

El abogado español Jacinto Lara, también en la querella argentina, cree que "la jueza no es permeable a presiones políticas", recuerda que este proceso es penal y no político y confía en que la magistrada María de Servini procese al exministro "porque en la causa hay multitud de diligencias probatorias que acreditan no solo los hechos sino la responsabilidad de los mismos por Martín Villa, ubicados como delitos de lesa humanidad", ha dicho en declaraciones a eldiario.es.   

Fachal, que ha sido abogado querellante, por ejemplo, en los juicios por las torturas y crímenes de lesa humanidad perpetrados en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) argentina, dice sentirse conmovido por la similitud de los relatos de los supervivientes de ambas dictaduras, la española y la argentina:

"Me conmueve lo coincidentes que son. Son los mismos métodos de tortura usados, hay la misma intensidad de dolor en lo sufrido por las víctimas de un lado y otro del océano, nos une ese lazo. Antes lo hicieron ustedes por nosotros, ahora nosotros por ustedes", dice en referencia al impulso que desde España se dio en su día a la investigación de crímenes de lesa humanidad cometidos en Chile y Argentina.

En la tarde del jueves se celebraron varias concentraciones contra la impunidad del franquismo y por un juicio a Martín Villa en las ciudades de Madrid, Barcelona, Valencia, Oviedo y Pamplona.

El exministro Rodolfo Martín Villa ha presentado varias cartas de apoyo a su persona para su declaración ante la jueza de la querella argentina María Servini. Entre ellas, la del ex secretario general de CCOO Antonio Gutiérrez, que titula su escrito "Ahora sí le doy las gracias a Martín Villa". En él lo exime de responsabilidad en los asesinatos investigados y afirma que imputarle tales delitos "no es sólo una sarcástica e insostenible tergiversación de su trayectoria, sino de todo el proceso de Transición a la democracia".

A continuación reproducimos el contenido completo de la carta, a la que ha tenido acceso eldiario.es.

A la atención de la 

Excma. Sra. Dª María Romilda Servini de Cubría

Magistrado-Juez 

Juzgado Nacional Criminal y Correccional Federal nº1

Buenos Aires, Argentina

AHORA SÍ LE DOY LAS GRACIAS A MARTIN-VILLA

A finales de febrero de 1976 fui detenido a las puertas de la factoría que Michelin tiene en Lasarte, pegando a San Sebastián. Era trabajador de la multinacional en la fábrica de Valladolid y la dirección acababa de decretar el cierre patronal por la huelga que diez antes habíamos iniciado reclamando el cumplimiento de la Ordenanza Laboral de las industrias químicas que fijaba la jornada semanal en 45 horas, mientras la empresa nos imponía 48 en turnos rotatorios que cambiábamos cada quincena; de tal forma que en los cambios de turno el descanso apenas duraba un domingo escaso y agriado (se plegaba a las seis de la mañana del domingo y había que volver al tajo a las seis del lunes).

Aunque la huelga se había desencadenado por mi despido y se limitaba a las instalaciones vallisoletanas, el motivo interesaba a todos los trabajadores del grupo Michelin por lo que decidimos buscar su solidaridad y su implicación en la lucha. Para ello fletamos varios coches con piquetes con los que fuimos informando en asambleas, improvisadas e ilegales entonces, a los compañeros de Aranda de Duero (la más reciente); de Vitoria (la más grande) y de Lasarte (por aquellos años la cabecera del grupo para toda España). Mientras esperaba la salida de los trabajadores del turno de tarde apareció un utilitario camuflado de la Guardia Civil con varios números a las órdenes de un sargento primero quien, poniéndome el "naranjero" (subfusil) en el pecho me aclaró, contundentemente, que estaba detenido. Del retén de Lasarte fui conducido a la Comandancia 511 de S. Sebastián (Intxaurrondo). Su Comandante era Antonio Tejero quien, tras arrojar sobre la mesa unos folios que, al parecer, contenían mi ficha policial, me dio la bienvenida con las siguientes palabras: "… dale gracias a esos ministrillos reformistas que son unos rojos y unos liberales; porque con este expediente no salías vivo de aquí, hijo…" 

Permanecí detenido varios días sin pasar a disposición judicial recibiendo metafóricas "chuletas de Mombuey" (en aquél momento desconocía la existencia de tan bonito pueblo en la inmediaciones de Sanabria y más aún que tuvieran tan excelente carne). 

Los empleados de las demás dependencias de Michelin aún tardaron alguna semana en incorporarse a la huelga, que duró en total 105 días. En todo aquél período no fue posible negociación alguna, ni siquiera con el intento de mediación que sugirió el ministro de Relaciones Sindicales, Rodolfo Martín-Villa. El entonces jefe de recursos humanos del grupo, formado para la delicada función de gestionar el "capital humano" en la guerra de Argelia como miembro de la OAS, nos espetó que: "él no había negociado con el FLN argelino que tenía metralletas y menos lo iba a hacer con trabajadores, que encima eran españolesss". 

Precisamente mantuvimos una reunión de coordinación de las Comisiones Obreras de Michelín en Vitoria en el entorno del 3 de marzo, en la que analizamos la generalización de conflictos en toda la provincia, que en principio se incardinaban con la ola de huelgas que se estaban desarrollando durante todo el primer trimestre de aquél año "76" promovidas en la mayoría de los casos por Comisiones Obreras, pero que allí adquirían una tensión creciente con la que se estrechaban los cauces para la negociación; anegados ante todo por unas patronales cerradas en banda que se retroalimentaban con la exacerbación de los conflictos a cargo de unas denominadas Comisiones Anticapitalistas. Y al final estalló la tragedia.

Los disparos de la policía contra los manifestantes que salían de una asamblea en una iglesia y los cinco muertos que ocasionaron sus balas no tuvieron ni tienen justificación alguna. Pero la justicia y reparación que merecen las víctimas en este y en cualquier otro caso, nunca se logra señalando a un falso culpable. Paradójicamente, la figura de los chivos expiatorios ha servido para todo lo contrario: desnaturalizar la justicia y procurarle impunidad a los verdaderos culpables. 

Como está sobradamente acreditado Rodolfo Martin-Villa no sólo no dio orden de disparar sino que, junto con otros miembros de aquél gobierno como Adolfo Suárez o Alfonso Osorio, participó de las decisiones que cortaron la espiral de violencia que se vivía en Vitoria en la tarde de aquél 3 de marzo de 1976, nada más enterarse de lo que había sucedido al filo del mediodía.  

Contra lo que se aduce en la querella presentada contra Rodolfo Martín-Villa, atribuyéndole la responsabilidad directa de la actuación policial en los sucesos de Vitoria, me permito sugerir que gracias a que en ausencia de un ministro titular tan temperamental que exclamaba "¡la calle es mía!", tuvimos activo, entre otros, a Rodolfo Martín-Villa volcado justo en lo contrario, en compartir el espacio público, físico e institucional, para que de una vez pudiéramos convivir en paz, se puso fin a la tragedia de Vitoria. Él no mandó disparar, sino templar; y lo consiguió.

La Transición española no fue un edulcorado proceso exento de violencia y repleto de diálogo y buenas maneras. De la primera hubo más de la cuenta y el segundo llegó tarde y fragmentado. Tampoco es un modelo a seguir miméticamente, como a veces se ha pretendido por algunos tratando de exportarlo a otros países que habían padecido dictaduras, particularmente en América Latina. Pero sí es ejemplar que por primera vez en la historia de España el empeño modernizador de una parte de su sociedad no terminase abortado a palos por la parte más reaccionaria, la que generalmente ha detentado más poder. Por una vez el "duelo a garrotazos" con el que de forma genial Goya había plasmado los reiterados fracasos históricos de nuestro país, se quedó colgado en las paredes del museo de El Prado.  

Entre sus artífices no había que darse las gracias pues ninguno otorgó al otro la libertad. Fueron de muy distinta matriz política, de enfrentadas ideologías; participaron de forma diversa y desde períodos diferentes. Aunque todos los mimbres fueron imprescindibles para tejer el cesto de la democracia española en el que cupiésemos todos. Incluso quienes doctrinariamente abjuraban de la democracia.

Pero lamentablemente no se limitaron al negacionismo doctrinario sino que trataron de abortarla matando. Unos, los nostálgicos del franquismo porque calibraron que el simple hecho de reinstaurar la democracia dialogando era una enmienda a la totalidad de la atroz guerra civil a la que recurrieron para usurpar el poder y a sus cuarenta años de dictadura que lejos de ser de paz y de progreso quedaban en evidencia como la etapa de mayor oprobio, injusticia y mediocridad de la historia. Otros, los terroristas de ETA porque carentes de la más mínima justificación para matar durante el franquismo, quedaban definitivamente desarbolados en una España democrática que se estrenaba amnistiándoles y cuya unidad ya no se iba a imponer como un acto de fuerza desde el centro sino que se configuraba como la consecuencia de un pacto constitucional por el que simultáneamente se reconocía el derecho de sus pueblos al autogobierno; como finalmente consagró el título octavo de la Constitución española de 1.978.

En aquel contexto los que más sufrieron la violencia fuimos de un lado el movimiento obrero organizado, objeto de los asesinatos perpetrados por los grupos fascistas, siendo el más conocido el de los abogados laboralistas de CC OO del despacho de la calle Atocha de Madrid; aunque muy pronto también fuimos blanco de los ataques de ETA, pues ya en 1977 fue asaltada e incendiada la sede de nuestro sindicato en Bilbao. En otro lado del espectro político comprometido con la transición a la democracia fueron quienes provenían del régimen los que tuvieron que soportar mayores ataques de ambos lados. Entre ellos, Rodolfo Martín-Villa fue tal vez de los que más amenazas e invectivas recibieron, tanto de los ultraderechistas como de los terroristas; y a unos y a otros respondió redoblando su compromiso con el proceso dialogado hacia la democracia. En consecuencia, imputarle a él delitos de asesinato e incluso de genocidio no es sólo una sarcástica e insostenible tergiversación de su trayectoria, sino de todo el proceso de Transición a la democracia. Así no se honra, sino que se deshonra la memoria de la lucha por las libertades y por la democracia en España. 

Las leyes sobre la memoria son útiles para amparar investigaciones históricas y otras actuaciones que contribuyan a esclarecer hechos y aún procurar reparaciones a las víctimas de nuestro pasado. Pero la memoria de un país, no se legisla sino que se atesora enseñando su historia con objetividad y en algunos países como el nuestro aún es necesario el coraje para enseñarla sin mutilaciones. Esa enseñanza germina educando en valores cívicos a una generación tras otra. 

Paradójicamente, una forma de arruinar la memoria democrática es sustentar querellas como la que culpa de delitos tan atroces como falsos a Rodolfo Martín-Villa asociados al proceso de Transición a la democracia. Convertir aquél logro colectivo en una frustración histórica sólo beneficiaría a quienes alientan el resentimiento; que antes y ahora es el abono de la intolerancia y a la postre de la violencia.   

Nunca le di las gracias a ninguno de los ministros de aquél gobierno del 76, como me dijo, con rabia, aquél guardia civil devenido en golpista, a quien por cierto destituyó poco tiempo después el propio Martín-Villa para que dejara de hacer fechorías en Intxaurrondo. Bastó con el respeto mutuo desde las notables y nunca ocultadas diferencias políticas que tenemos. Pero ahora sí quiero agradecerle que siendo ministro evitase la violencia siempre que pudo y viniese de dónde viniese. Un agradecimiento cargado de respeto porque si en este país nos perdemos el respeto volveremos a perderlo todo.

Madrid, Julio, 2.020

Fdo.-

Antonio Gutiérrez Vegara

Dni.-74151926

Militante de CC.OO. desde 1.967; 

Secretario general de CC.OO. 1.987-2000

Diputado independiente en las candidaturas del PSOE 2.004-2011

El MoMo, el sistema de vigilancia de la mortalidad del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), ha vuelto a registrar un exceso de defunciones este verano, después del que se dio entre marzo y mayo. Para los dos meses completos de julio y agosto, según los datos analizados por elDiario.es del último informe publicado por el organismo, el exceso de defunciones subiría hasta los 3.739 personas, sobre todo en el grupo de edad de mayores de 74 años, y además la mortalidad se concentra más entre mujeres que entre hombres. La cifra es provisional, se reajusta diariamente, y queda lejos de la reflejada en los mismos documentos entre el 10 de marzo y el 9 de mayo, la primera ola de COVID-19 en España, cuando se registró un "exceso" de 43.556 muertes para las que no estábamos preparados.

El total de muertes confirmadas por COVID-19 por el Ministerio de Sanidad entre el 1 julio y el 31 de agosto es 773. Aunque los contagios se hayan disparado, la mortalidad por COVID-19, al menos de momento, no ha crecido estos meses de 'segunda ola'. Por eso, muchos miembros del Partido Popular han utilizado este martes la información del MoMo para acusar al Gobierno de que el ISCIII, que depende de los Ministerios de Ciencia y de Sanidad, está desmintiendo las cifras que da diariamente el propio Ministerio de Sanidad en sus informes, aludiendo a esa diferencia entre los 752 muertos y el exceso total.

Sin embargo, si se analizan al detalle los datos se ve que no se pueden relacionar directamente con el coronavirus. Muchas comunidades que registran muchas más muertes de lo habitual en esta época del año no son las que más fallecidos están notificando con COVID-19 confirmado. Por ejemplo, Andalucía registró 783 muertes más de las esperadas entre julio y agosto mientras que la Junta de Andalucía solo ha notificado 59 defunciones entre los positivos de la comunidad. Situación similar en Extremadura, donde apenas han fallecido 8 personas con COVID-19 y el exceso de mortalidad se sitúa en las 169 personas.

Es habitual que haya un exceso durante los meses del verano, estemos o no en medio de una pandemia. El MoMo siempre ha reflejado dos picos. Por un lado, las olas de frío. El anterior techo del MoMo, hasta que llegó la pandemia, fue en enero de 2013, debido a la gripe de ese año. Por otro, las olas de calor. La más dura, cuando hubo más muertes que en el verano de 2020, fue en 2003, 5.631 fallecimientos "de más" solo entre los asociados a las altas temperaturas. En 2019, los informes del MoMo registraron un exceso de 2.103 muertes asociadas a las altas temperaturas y en 2016 de 2.291. En 2018 y en 2017, aunque hubo más de 1.100 muertes atribuibles al calor, el saldo total de fallecimientos quedó en negativo respecto a lo esperado.

Para monitorizar todo eso, el MoMo cuenta con un sistema específico para usar en esta época: el MoMocalor. Proporciona alertas de mortalidad asociadas al exceso de temperatura con un modelo de estimación que tiene en cuenta la edad de la población por provincias y un indicador estadístico calculado con la temperatura llamado Índice Kairós. Ahora mismo ese sistema estima 1.837 muertes desde el 1 de junio atribuibles a alguna causa relacionada con las altas temperaturas, unas 1.000 de ellas para el periodo del 27 de julio al 15 de agosto, el del exceso. Aunque son datos también no consolidados que se utilizan para estimaciones estadísticas y que relacionan la sobre mortalidad con los días en los que hubo altas temperaturas.

Los informes MoMo los elabora el Centro Nacional de Epidemiología (CNE) del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). Lo que hacen los científicos responsables del MoMo es comparar los decesos que se han dado de manera real con los que se esperaba que hubiera, teniendo en cuenta las medias de los últimos 10 años ajustadas por modelos estadísticos, "por la tendencia y por la estacionalidad", explicaba la responsable del equipo en una entrevista con eldiario.es, la doctora Amparo Larrauri. Y no consideran exceso siempre que hay muertes "de más", sino cuando "se observa al menos dos días consecutivos con defunciones observadas por encima del percentil 99 de las estimadas". 

En la primera ola hubo mucho desfase entre las cifras oficiales del Ministerio de confirmados por COVID-19, casi 28.000 muertos, y las del ‘exceso’ del MoMo, esas casi 44.000. Amparo Larrauri apuntaba en junio que el exceso de muertes no se podía atribuir directamente solo a COVID-19: "Puede deberse a casos con COVID-19 confirmada, a casos con COVID-19 sin confirmar y que los sistemas de vigilancia no identifican, y a la pandemia de manera indirecta. (..) Hemos vivido un cambio de estructura social y sanitaria, y eso ha provocado que muchas personas con patologías de base no se hayan acercado al médico por multitud de razones, como que temían el contagio o que sus consultas no funcionaban como lo hacían habitualmente". Es decir, afirmaba que "nunca llegaremos a saber cuántas de las 43.000 muertes de más fueron directamente por COVID-19".

El segundo exceso de muertes de este año es mucho menor pero aún más complejo socialmente. Aunque todavía haya muertes que se puedan escapar, por protocolo los hospitales realizan la prueba PCR a todos los ingresados. España, aunque ha habido lugares puntuales en los que se ha denunciado falta de material, como en algunos centros de salud de la Comunidad de Madrid, tiene mucha más capacidad de diagnóstico que entre marzo y mayo. Ahora mismo no existe además un problema en las residencias de ancianos como el que se dio en primavera, cuyos usuarios en la mayoría de los casos no fueron diagnosticados antes de morir y constituían buena parte de los decesos por coronavirus ‘no oficiales’.

Pero continuamos en una pandemia y eso tiene consecuencias. Pedro Gullón, médico especializado en Epidemiología y miembro de la Sociedad Española de Epidemiología, enumera las tres causas más probables para la "sobremortalidad" de este verano. La primera sería "lo más inusual que ha ocurrido este año, las muertes por COVID". La segunda, "las muertes indirectas COVID: seguramente cosas que aún se arrastran desde marzo y abril, se me ocurre, por ejemplo, diagnósticos de cáncer que se hicieron con retraso debido al colapso sanitario y que han complicado la enfermedad". La Sociedad Española de Oncología estimaba sobre esto, por ejemplo, que en los meses de primavera hubo un 35% menos de diagnósticos de cáncer de lo esperable. Y tercera, "la causa para la que normalmente se utiliza el MoMo: exceso de calor, o de frío". Añade sobre esta última, en este verano atípico en el que la gente ha viajado algo menos, que "es verdad que este año ha podido tener un impacto pequeño por cómo ha sido el verano, pero una parte de ello siempre habrá".

Hay otro factor que sigue desbarajustando los datos: los retrasos en las notificaciones de las comunidades en las cifras que dan al Centro de Coordinación y Alertas Sanitarias (CCAES) del Ministerio del Ministerio. Mientras el Sanidad registra esos 752 decesos entre julio y agosto, si se cogen las cifras para el mismo periodo que están escritas en los informes diarios de cada gobierno autonómico, la suma da 1.382. Esto se debe a que algunas comunidades no están remitiendo los decesos al Ministerio, que tiene un sistema de vigilancia y control concreto que las comunidades han de mandar, al tiempo que actualizan sus propios informes. 

El principal retraso lo cuenta Catalunya, que cuenta con una diferencia de 365 muertos entre sus propios datos y los que da al CCAES a fecha 2 de septiembre. Después Aragón (115 de diferencia) Castilla-La Mancha (50), Madrid (40) y Euskadi (35). Aunque lo de Catalunya, con mucho peso en la suma total, puede deberse en parte a una diferencia de criterios: el Ministerio pide en su sistema que se notifiquen las muertes con prueba PCR, pero Catalunya sigue incluyendo en la web de la Generalitat las que las funerarias apuntan como "sospecha de COVID-19".

La información sobre mortalidad diaria la obtiene el MoMo del Registro General de Registros Civiles y Notariados del Ministerio de Justicia, distribuidos entre todas las Comunidades Autónomas y 52 capitales de provincia. En mayo de este año, incorporaron además las defunciones por todas las causas de los 3.929 registros civiles informatizados que hay en España, lo cual representa a las que tocan al 92% de la población española. Eso supuso que, de golpe, ya superada la primera ola de COVID-19 se sumaron los fallecimientos ‘no esperados’ de 12.000 personas hasta entonces no contabilizados. 

El coronavirus se expande y España se asoma a una segunda ola epidémica. Pero más allá del debate conceptual y médico todo apunta a otro tipo de ola que sí parece segura: la segunda gran crisis de conciliación desde que comenzó la pandemia. O quizá la primera nunca llegó a terminar. Las dudas sobre la apertura de los centros educativos y la incertidumbre sobre cómo se desarrollará el curso y qué sucederá si hay cuarentenas aviva un problema estructural que ha dejado exhaustas a miles de familias. "Es un problema sistémico, que no es nuevo, que ya estaba ahí: el hecho de que los trabajos de cuidados sean mayoritariamente invisibilizados, feminizados y devaluados y que se den por hecho", resume Pilar Goñalons Pong, profesora de Sociología en la Universidad de Pensilvania y especialista en género, familia y política social.

A días de empezar el curso, el debate es ineludible y el Gobierno asegura que estudia una ampliación de las incapacidades temporales para amparar a quien tenga que confinarse con sus hijos, pero las declaraciones son aún inconcretas y distintas en función de qué parte del Ejecutivo hable. ¿Qué pasa con las madres y padres que tengan que confinarse porque la clase de sus hijos está en cuarentena?, ¿trabajarán con ellos en casa?, ¿cómo?, ¿y si no pueden?, ¿habrá bajas remuneradas?, ¿permisos sin sueldo y, por tanto, solo para quien pueda permitírselo?

"Lo primero es que no puede ser que todo se prepare en la primera semana de septiembre", señala la profesora de Sociología de la UNED y experta en conciliación y mercado laboral Teresa Jurado. "Menos titulares y más previsión" es la consigna con la que resume la necesidad de una planificación más anticipada para que quienes tienen hijos pudieran tratar de organizarse mejor y saber a qué atenerse.

Los efectos de esa primera ola que no pareció terminar nunca ya son palpables. "El resultado es que ha aumentado la brecha de género. La incompatibilidad de esta situación con el trabajo remunerado está siendo más fuerte para las mujeres y está empeorando su situación a nivel de salarios, paro y horas efectivas de trabajo", señala Pilar Goñalons. En el fondo, con o sin pandemia, los cuidados tienden a desaparecer de la ecuación.

"Se da por supuesto que madres, hermanas o tías, generalmente mujeres, se van a responsabilizar de las personas dependientes y el sistema económico y las políticas públicas no abordan lo fundamental que son estos trabajos. Gobiernos, empresas y mayoritariamente hombres se 'desresponsabilizan' de este trabajo", afirma la experta de la Universidad de Pensilvania.

Trabajo se reúne este viernes con los agentes sociales y el asunto se colará en el encuentro. Tanto Yolanda Díaz como el vicepresidente, Pablo Iglesias, han hablado de ampliar las bajas para madres y padres con hijos confinados pero que no estén contagiados, aunque hace unos días la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, afirmó lo contrario. En el ministerio de Seguridad Social e Inclusión se muestran prudentes y hablan de estudiar posibles opciones.

Detrás de la decisión también está el dinero: si se trata de una baja laboral las empresas tendrían que hacerse cargo del abono de los primeros días. Por otro lado, no se trataría de una baja médica per se porque no habría enfermedad propia, aunque son médicas y médicos de cabecera quienes las conceden. Si la decisión es desvincularla de las bajas tradicionales, entonces, serían las arcas públicas quienes sufragarían el gasto.

De momento, el Gobierno remite al Plan MeCuida, que contempla adaptaciones de jornada (sin menoscabo económico pero que deben ser aceptadas por la empresa, aunque el Ejecutivo reforzó en marzo su aplicación) y la posibilidad de reducirla hasta el 100%. El plan caduca el 21 de este mes y su prórroga está también sobre la mesa.

"Ya dijimos que esto iba a ser insuficiente para abordar todas las circunstancias que esta situación ocasionaría", apunta la secretaría de Igualdad de CCOO, Elena Blasco, que recupera las propuestas que el sindicato hizo en su día. Por un lado, ayudas económicas para las personas que tengan que reducir su jornada laboral más de un 30% o que tengan que coger una excedencia temporal para cuidar. La cuantía de estas ayudas tendría en cuenta el nivel de renta de las personas beneficiarias: con salarios inferiores a 27.537 euros, las ayudas serían mayores, también para familias monoparentales. Por otro lado, el refuerzo de la adaptación de jornada con incentivos a las empresas.

Pilar Goñalons Pong propone "extender la lógica de la baja de maternidad y paternidad" para enfocarla en el hecho del cuidado. Serían bajas por cuidado remuneradas que cualquier podría asumir si una persona de su entorno familiar cercano necesita cuidados. "Con este tipo de medidas siempre hay el riesgo de que acentúen dinámicas de género y que mayoritariamente madres cojan las bajas y eso puede perjudicar sus perspectivas laborales, pero pueden diseñarse incentivos para la igualdad". Aunque advierte: más allá de las soluciones cortoplacistas, el debate debería abordar qué hacer a medio y largo plazo con todos esos trabajos que nos sostienen pero casi no vemos.

Seis años después de ser imputado en la querella argentina y de haber manifestado su voluntad de declarar, Rodolfo Martín Villa se ha sentado frente a la jueza María Servini. Lo hizo a 11.000 kilómetros de ella, que estaba en Buenos Aires, por videoconferencia desde la embajada argentina.

El exministro entraba en la embajada argentina de Madrid en torno a las tres y media de la tarde. Varios testigos afirman haber visto salir su coche conducido por su chófer, pero sin él dentro, veinte minutos más tarde. Fuentes consultadas por elDiario.es señalan que habría empezado a declarar en torno a la seis de la tarde, contestando a preguntas del ministerio fiscal y por tanto no limitándose a entregar la declaración escrita, de cuarenta páginas, que había enviado previamente a la magistrada de la querella argentina María de Servini.

El inicio de la declaración se ha retrasado porque previamente se ha realizado una lectura de parte del sumario y de los cargos que se le imputan.

No se descarta que la toma de declaración indagatoria prosiga este viernes o el próximo lunes. De hecho, cuando la magistrada argentina María de Servini tenía previsto viajar a Madrid en septiembre de 2019, para tomar declaración en persona a Martín Villa, fijó cinco o seis días de estancia en la capital española, previendo ya que la indagatoria se podría prolongar incluso varias jornadas. Finalmente ese viaje se suspendió a causa de la celebración de elecciones en Argentina.

El exministro del Interior declara ante la jueza de la querella argentina por voluntad propia, ya que el Consejo de ministros operó en su día para impedir que fueran obligatorios los interrogatorios a las personas imputadas en esta causa impulsada desde Argentina que investiga crímenes de lesa humanidad del franquismo.

En el texto entregado ante la jueza, según ha podido saber elDiario.es, Martín Villa resalta su colaboración con la justicia y arremete contra lo que califica como falsedades y errores de la querella en su contra. Está acusado de delitos de homicidio agravado en un contexto de crímenes contra la humanidad. La justicia argentina busca al alto cargo franquista desde 2014 por 12 homicidios, crímenes contra la humanidad cometidos en un "ataque sistemático" para eliminar opositores. Como la "matanza" de Vitoria de 1976, asesinatos cometidos por ultraderechistas o los sucesos de Sanfermines de 1978.

Respecto a estas muertes, el que fuera ministro durante el franquismo y la Transición reconoce que se cometieron lo que califica como graves errores, y admite que hubo comportamientos policiales contrarios al respeto a los derechos de las personas y por tanto es legítimo reclamar una reparación justa. Sin embargo, no está de acuerdo en que este proceso judicial persiga ese fin. Y rechaza de plano la idea de que lo sucedido en Vitoria pueda enmarcarse en un contexto de genocidio y crímenes de lesa humanidad. Considera que fueron "muertes dolorosas y lamentables", pero insiste en que no formaban parte de un "plan deliberado". "La Transición fue lo contrario. Por primera vez en 200 años las cárceles quedaron vacías de presos políticos y el mundo sin exiliados españoles".

Martín Villa se desmarca del accionar de los policías y guardias civiles cuyos disparos causaron las muertes de varias personas, y defiende que cuando se planteó si él podía ser responsable político de determinadas acciones policiales o merecía ser reprobado políticamente las Cámaras surgidas de las elecciones de 1977 lo rechazaron.

Cientos de integrantes de colectivos memorialistas se han concentrado en Pamplona, Valencia y Madrid para pedir verdad, justicia y reparación y para recordar que la mayoría de los crímenes que investiga la querella argentina que involucra a Rodolfo Martín Villa nunca han sido juzgados en el Estado español. Esta tarde a las siete y media hay previstas protestas también en Barcelona y Oviedo, entre otros lugares.

En Madrid la concentración, con más de un centenar de asistentes, ha tenido lugar junto a la embajada argentina, edificio al que estaba llamado a acudir esta tarde a las 16 horas el exministro para prestar declaración por videoconferencia ante la jueza María de Servini, ubicada en Buenos Aires.

Algunas personas participantes han portado cajas con las que han formado un muro y en las que se podían leer algunos de los nombres de los imputados en la querella: Martín Villa, Atilano del Valle, Félix Criado, Antonio Barrera, Quintana Saracibar, Carlos Rey, Honrado de la Fuente, Antonio Troncoso, Licinio de la Fuente, Utrera Molina, Billy el Niño, Antonio Carro, Alfonso Osorio, Jesús Cejas Mohedano, entre otros.

Se han gritado lemas contra la impunidad del franquismo, por “la verdad, justicia y reparación” y se han mostrado fotografías de personas asesinadas entre 1976 y 1978, homicidios que nunca fueron esclarecidos con claridad o para los que ni siquiera se celebró juicio. También se ha colgado una pancarta con fotografías de decenas de personas desaparecidas por el franquismo.

La activista feminista Justa Montero ha leído ya en la Plaza Villa de París, frente al Tribunal Supremo, el firmado por organizaciones de derechos humanos y de memoria, en el que, bajo el título Rompamos la impunidad, exijamos justicia, se explica que “más de mil querellas y denuncias en la querella argentina, tanto de víctimas individuales como de instituciones y asociaciones, así como alrededor de cuarenta ayuntamientos han presentado o están en trámites de hacerlo querellas criminales en juzgados españoles para que se investiguen los crímenes cometidos por la dictadura franquista en sus municipios” y en el que se recuerda que “hasta la fecha ninguna de las querellas criminales presentadas han sido admitidas a trámite”.

“Por eso estamos personados en la querella argentina” -han explicado algunos querellantes a elDiario.es-, “porque la impunidad se perpetúa por el momento en el Estado español”.

El manifiesto reivindica el derecho a la verdad, justicia y reparación, y garantías de no repetición y subraya que Martín Villa “fue una de las piezas claves en la ejecución de una política de Estado represiva y cruenta que conformó un ataque generalizado y sistemático contra la población civil”. Además, recuerda que “Naciones Unidas ha constatado y denunciado en numerosas ocasiones la inaceptable política de impunidad mantenida por el Estado español, contraria a los estándares internacionales, que impide el acceso a la justicia a las víctimas de estos crímenes contra la humanidad”.

“Hoy es un día muy importante para nosotros porque Martín Villa se va a asentar por primera vez a responder por los hechos imputados”, ha declarado Manuel Ruiz, hermano de Arturo Ruiz, asesinado en Madrid en 1977. 

“Ojalá estos juicios pudieran celebrarse en el Estado español, la Fiscal española anterior, Madrigal, ya dijo que los delitos españoles contra españoles debían celebrarse aquí. Estamos de acuerdo, pero lo cierto es que su palabras son incongruentes porque siempre que intentamos abrir procesos aquí éstos son denegados”, ha señalado Andoni Txasko, integrante de la Asociación 3 de marzo y víctima él mismo de una paliza policial en Vitoria en 1976 que le dejó con un dos por ciento de visión.

En Pamplona los convocantes han lamentado que "a pesar de que las Naciones Unidas han denunciado repetidamente la política de impunidad" contra los crímenes del franquismo "la judicatura ha rechazado todas las iniciativas presentadas ante ella", siendo la querella argentina "la única acción penal abierta", a lo que han añadido que “merece todo el apoyo”.

En Valencia la protesta ha tenido lugar a las puertas del Tribunal de Justicia, donde se ha desplegado una pancarta en la que se leía “Trenquem la impunitat judici al franquisme. Justicia i reparació”.

El Ministerio de Sanidad ha registrado 8.959 nuevos casos de coronavirus, de los que 3.663 se han dado en las últimas 24 horas. La comunidad con más diagnósticos sigue siendo Madrid, que suma este jueves 3.077 y 1.200 entre ayer y hoy. En total, desde el inicio de la pandemia 488.513 personas se han infectado confirmadas por test.

Tras Madrid, Catalunya ha notificado 1.339 contagios, 113 en el último día; seguida de Andalucía (1.022 y 363); Euskadi (565 y 564) y la Comunitat Valenciana (535 y 107).

Respecto a los fallecidos, Sanidad ha añadido 40 al balance total, lo que eleva la cifra desde marzo a 29.234. De ellos, 191 han muerto en la última semana.

Siguen subiendo los ingresos en los hospitales: en los últimos siete días ha habido 1.853. Las comunidades que más acumulan son Madrid (407), Andalucía (314), Comunitat Valenciana (179), Galicia (157), Castilla y León (156) y Canarias (151). El resto reportan menos de cien casos y las regiones con menos son Euskadi (cuatro) y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (cinco cada una).

Además, ha habido 144 personas que han necesitado tratamiento en unidades de cuidados intensivos en la última semana. Se han dado en toda España, menos en la ciudad autónoma de Ceuta. La región con más pacientes en la UCI sigue siendo Andalucía (22). Tras ella se sitúan Canarias y Madrid (19 cada una), Castilla y León (17), Galicia (13) y la Comunitat Valenciana (11). En el resto del país ha habido menos de diez casos por comunidad.

Por otro lado, Sanidad ha difundido los datos del personal sanitario contagiado. Desde el jueves pasado se han infectado 827 trabajadores en todo el país, menos en la ciudad autónoma de Melilla. La Comunitat Valenciana es la que ha tenido más contagios (166), seguida de Andalucía (85) y Castilla y León (80).

El ministro Salvador Illa, ha expresado este jueves en una entrevista en Cadena SER Catalunya que ve en estos momentos innecesario un confinamiento generalizado de la población, como se produjo en marzo por la pandemia de COVID-19, y tampoco ve viable un "confinamiento perimetral" de Madrid por el aumento de los contagios.

"Ahora el confinamiento perimetral de Madrid no procede", ha dicho al ser preguntado por las declaraciones del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que dijo el miércoles que un 80% de los contagios de la comunidad les llegan "de la bomba radioactiva vírica que se plantó en Madrid". 

El ministro de Sanidad ha explicado que las conurbaciones importantes, como Barcelona o Madrid, son espacios donde las medidas para contener el virus "tienen que estar muy bien pensadas", pero ha subrayado que, en general, "se está haciendo un buen trabajo en todos lados".

Asimismo, Castilla y León ha pedido reforzar las medidas en el AVE con Madrid. Así lo ha dicho su consejera de Sanidad, Verónica Casado, que ha subrayado que es necesario para garantizar la distancia de seguridad y la higiene en esos trenes, que "cada vez están más llenos, con todas las plazas cubiertas" y en ellos "probablemente no se cumplan todas las medidas". "En Castilla y León tuvimos cuatro provincias con un altísimo grado de sufrimiento. No queremos que nos vuelva a a pasar", ha manifestado.

El mapa muestra las cifras de casos confirmados de COVID-19 en cada municipio de las comunidades autónomas que han publicado sus datos de contagiados en cada localidad. Hasta la fecha, están incluidas las siguientes comunidades: Comunidad de Madrid, Euskadi, Catalunya, Cantabria, Canarias, Murcia, Asturias, Baleares, Andalucía, La Rioja, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha que son las que los han publicado sus cifras. Castilla-La Mancha solo incluye los casos confirmados en las últimas semanas y no publica sus datos acumulados desde el inicio de la epidemia. Además, este medio ha incluido los casos confirmados de las localidades más pobladas de Extremadura y Castilla y León.

Los datos de cada municipio muestran la misma variable: el número de personas que han dado positivo en la prueba analítica de coronavirus y se ha identificado su lugar de residencia. Para algunas comunidades se incluye el dato de positivos por prueba PCR y por test rápido de anticuerpos. Madrid, Baleares, La Rioja, Extremadura, Castilla y León y Comunidad Valenciana solo publican los datos de las analíticas por PCR.

Además se ha incluido la cifra de nuevos casos detectados por prueba PCR en los últimos 14 días para las 10 comunidades autónomas que publican esta cifra desglosada por municipio.

La fecha y hora de actualización de cada comunidad depende de cada una de ellas: algunas actualizan los datos cada día y otras tardan más tiempo en poner al día las cifras. La hora de actualización también difiere entre las distintas comunidades autónomas. Más detalles en la metodología.

En total, las cifras recopiladas suman más de 390.000 casos de coronavirus en los que se ha identificado el municipio de residencia de la persona contagiada. De las 13 autonomías analizadas, Madrid es la ciudad con más contagiados detectados en un solo municipio. Sin embargo, los municipios con mayor tasa de incidencia (casos por cada 100.000 habitantes) son localidades pequeñas en los que un brote puede afectar a una proporción mayor de la población.

Hay que tener en cuenta que el número de casos está muy relacionado con la capacidad de detectarlos por parte de las autoridades sanitarias. Es decir, a más test o análisis realizados, más casos detectados. ¿Cuántos casos confirmados hay cada municipio? Consúltalo en la siguiente tabla.

Varias comunidades se han negado a publicar datos por municipio para evitar la estigmatización social de los pequeños municipios con muchos contagiados. Es el caso del Gobierno autonómico de La Rioja, que en un principio no iba a publicar datos por localidades y ahora los publica de los municipios con más de 10 casos.

Baleares, según esta información de Última Hora, se negó en un primer momento a compartir sus datos aunque al final los ha publicado. Extremadura, bajo este mismo criterio, solo ha remitido a este medio los casos en los 8 municipios más poblados de la región. Castilla y León solo está publicando sus cifras por zonas de salud y eldiario.es solo ha incluido los casos confirmados por PCR de las zonas básicas que agrupan un único municipio.

Sin embargo, estos datos son esenciales para combatir una epidemia: permiten detectar focos de contagios y actuar en consecuencia, proporcionar más información a administraciones locales y a gobiernos autonómicos de las comunidades vecinas y facilitan el análisis del impacto de la epidemia.

Ese análisis permite comprobar en qué zonas hay más tasa de incidencia en función de variables como renta media, porcentaje de población mayor de 65 años o densidad de población. Precisamente, desde todas las administraciones se publican cientos de estadísticas desglosadas por municipio: población por edad, país de nacimiento, nacionalidad, renta media, datos de paro registrado, nivel de estudios o tasas de mortalidad.

Países como Alemania, Reino Unido o Estados Unidos publican sus datos de casos confirmados a nivel de distrito, autoridad local y condado, un nivel administrativo similar a municipio en España.

Este mapa creado por eldiario.es se ha realizado recopilando las cifras de casos confirmados por municipio de residencia que ha publicado cada comunidad autónoma. Las cifras se actualizan con los últimos datos disponibles en cada comunidad autónoma.

¿Por qué no sale mi comunidad? Solo se han incluido las autonomías que han abierto sus datos de casos confirmados de COVID-19 en cada municipio. Algunas comunidades no han publicado los datos desglosados a nivel de localidad y otras están publicando los datos por distrito o área sanitaria.

Si eres responsable de datos de una comunidad autónoma y tus cifras no están incluidas en este mapa, puedes escribir un correo a raulsanchez@eldiario.es.

¿De dónde salen los datos? Cada comunidad autónoma está publicando sus datos de manera distinta. Madrid, Catalunya y Euskadi están publicando sus datos en formato abierto para que cualquier persona pueda reutilizarlos.

La Región de Murcia los publica en un informe epidemiológico en PDF y Canarias, Baleares y Cantabria publican sus cifras en un mapa interactivo. Asturias ha publicado sus datos en un informe epidemiológico.

En el caso de Andalucía, ha difundido las cifras de los municipios de cada provincia en la web de la Junta de Andalucía. La Rioja publica sus cifras en su portal de datos abiertos para los municipios con más de 10 casos. La Comunidad Valencia ha publicado sus cifras en el portal de datos abiertos.

¿Están todos actualizados a la misma hora y día? No. La fecha y hora de actualización depende de cada comunidad autónoma y el mapa incluirá los últimos datos disponibles. Si haces click en cada municipio, te aparece la fecha de actualización de las cifras.

La Comunidad de Madrid publicaba sus informes cada 24h y ahora lo hace cada semana. La Generalitat de Catalunya actualiza sus datos varias veces al día pero a distintas horas cada día. Las cifras de Cantabria se modifican cada día incluyendo los casos notificados hasta las 8 de la tarde.

Los casos confirmados en Euskadi se actualizaban cada 24 horas y ahora lo hacen cada semana. El Gobierno de Canarias actualiza sus datos dos veces al día. Murcia actualiza sus datos con más retraso: tarda varios días en actualizar su informe epidemiológico.

La mayoría de comunidades han cambiado sus formatos y horas de actualización de las cifras según ha avanzado la epidemia.

¿Qué pasa si en mi municipio dice que no hay casos detectados? Esto no significa que no haya personas contagiadas entre los residentes de municipio. El número de casos confirmados depende de la cantidad de test realizados por cada comunidad autónoma. Es decir, si en un municipio se han realizado muchas pruebas analíticas, es más probable que existen más casos confirmados.

Además, algunas comunidades autónomas como Madrid o Murcia no desglosan los datos de municipios con menos de 5 casos. Y la Generalitat de Catalunya incluye algunos positivos en "otros municipios" sin identificar la localidad. Para estos casos, se ha especificado que no se dispone de datos. La Rioja no incluye las cifras de los municipios con menos de 10 personas contagiadas.

En los casos de Extremadura y Castilla y León, no se han incluido las cifras de los municipios menos poblados ya que no se han podido obtener de las administraciones autonómicas.

Castilla-La Mancha solo publica las cifras de los municipios de más de 1.000 habitantes y no publica el total acumulado. Únicamente hace públicos los casos confirmados en las últimas dos semanas sin especificar el tipo de prueba realizada ni más detalles.

¿Por qué no hay datos de fallecidos y personas recuperadas? Solo tres comunidades (Canarias, Cantabria, Andalucía) han liberado sus datos de muertes y personas curadas en cada municipio. Se incluirá esa información cuando más comunidades empiecen a incluir ese dato.

La incertidumbre en la educación obligatoria se come todos los titulares estos días, pero los universitarios no se quedan muy atrás. A un mes escaso para que comience el curso, la mayoría de los estudiantes no saben cómo van a ser sus clases, si en el campus o desde casa. La idea general, según han explicado esta mañana el ministro de Universidad, Manuel Castells, y el presidente de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), José Antonio Gómez Villamandos, es la presencialidad "siempre que se pueda hacer respetando las reglas sanitarias".

Las "reglas sanitarias" pasan por un uso constante de las mascarillas (esa es fácil de cumplir) en los espacios universitarios y mantener la distancia de 1,5 metros. Dado que esta última no es factible para todas las universidades ni facultades, el modelo pactado entre comunidades autónomas y el ministerio, que cada universidad aplicará como pueda en aplicación de su autonomía, es que los profesores den las clases desde el aula y los alumnos alternen su presencia: por turnos, unos las seguirán desde la misma clase, otros a distancia desde casas, en directo a través de videoconferencias en un formato que, teóricamente, les debe permitir intervenir en tiempo real. Gómez Villamandos ha calculado que las universidades tendrán que rebajar las ratios de alumnos en clase entre un 25% y un 30%. Ambos responsables llaman a estas prácticas "distintas presencialidades".

El problema que afrontan los estudiantes es que este marco general no resuelve las situaciones individuales de cada uno. Los universitarios no saben aún cómo se va a hacer este reparto de asistencia y eso les impide planificar el curso. "Los estudiantes necesitan certezas para organizarse y tomar decisiones tan importantes como si alquilar un piso o comprar un título de transporte", explican desde el Consejo de Alumnado de la Universidad de Barcelona. Un 14% de los estudiantes universitarios acude a un centro fuera de su comunidad autónoma.

Ninguna de estas dudas ha resuelto la comparecencia de Castells y Gómez Villamando este jueves. De hecho, la rueda de prensa virtual que han realizado ambos responsables no ha ofrecido apenas información nueva respecto a los acuerdos alcanzados la semana pasada (o los de junio, incluso) para el inicio de este curso, unos textos bastante genéricos. Preguntado específicamente durante la rueda de prensa si podía resolver la incertidumbre de los estudiantes, Castells ha admitido la incertidumbre por la pandemia y se ha remitido a los planes que cada universidad ha desarrollado y colgado en su web.

"Nadie sabe qué va a pasar ni cuándo", ha reflexionado, "pero las universidades han publicado hace tiempo sus protocolos, hay información concreta", ha defendido. Concreta y genérica sobre las universidades, no particular sobre grados o asignaturas. Mientras el ministro explicaba estas cuestiones, el chat del canal de YouTube en el que se emitía la comparecencia del ministro se llenaba de comentarios de estudiantes buscando respuestas que no recibieron.

Castells también ha sido preguntado por un plan b en el caso de que la situación empeore. "El plan b no existe, consiste en sobrevivir en las condiciones que podamos", ha admitido con una franqueza poco habitual, para luego matizar que "a día de hoy" no hay estado de alarma ni previsión de un confinamiento generalizado que lleve a una situación como la de primavera. Y, en el caso de que esta se diera, "tenemos una experiencia [del anterior confinamiento y cierre universitario], las universidades, profesores y estudiantes se adaptaron. Se evaluó y hubo exámenes online. Si hubiera que volver a hacerlo, lo volveríamos a hacer en muchas mejores condiciones por la experiencia que tenemos".

El ministro ha dedicado parte de la rueda de prensa a defenderse de los ataques que está recibiendo en los últimos días por su ausencia pública. Castells, visiblemente molesto ante la insistencia de las preguntas, ha calificado de "leyenda urbana" y de "campaña" contra él esta ausencia, y ha recordado que compareció en el Senado durante ocho horas (antes del verano) y ha respondido varias preguntas parlamentarias. También ha defendido que se reúne habitualmente con los rectores y los estudiantes, aunque no se haga publicidad de ello.

Los gobiernos de Castilla y León y Castilla-La Mancha están preocupados por cómo la amplia movilidad entre sus territorios y Madrid puede elevar la incidencia de la pandemia en sus comunidades. La consejera de Sanidad castellanoleonesa, Verónica Casado, ha informado de que manifestó esa inquietud a sus homólogos de las otras dos comunidades y al ministro de Sanidad en la reunión telemática que mantuvieron a cuatro bandas este miércoles: "Trasladamos la preocupación que tenemos con la movilidad. Sabemos que tuvo en la primera fase de la pandemia un impacto importante", ha señalado Casado en rueda de prensa.

La consejera ha destacado que "un elemento importante es el AVE" y ha pedido medidas para garantizar la distancia de seguridad y la higiene en esos trenes, que "cada vez están más llenos, con todas las plazas cubiertas" y en ellos "probablemente no se cumplan todas las medidas". "En Castilla y León tuvimos cuatro provincias con un altísimo grado de sufrimiento. No queremos que nos vuelva a a pasar", ha manifestado. Casado ha negado que en la reunión pidieran el confinamiento perimetral de Madrid.

El presidente castellano-manchego, Emiliano García-Page, ha rebajado por su parte el tono contra la capital. Después de decir este miércoles que un 80% de los casos de Castilla-La Mancha vinieron "de la bomba radioactiva vírica que se plantó en Madrid", ha asegurado este viernes que tiene "la mejor relación con la Comunidad de Madrid". "A nivel sanitario, el consejero de Sanidad se puede considerar hasta amigo del consejero de la Comunidad de Madrid. Por tanto, no tenemos un problema de coordinación, nos hemos coordinado en la pandemia, nos estamos coordinando y desde ayer que tuvimos una reunión importante, más", ha defendido Page.

No obstante, ha manifestado su inquietud por la conectividad geográfica, puesto que el virus no entiende de fronteras "y pasa de Madrid a Toledo o de Toledo a Madrid con una facilidad extraordinaria". "Esto tiene que hacer que coordinemos medidas, homologarlas, que se adopten las mismas y que haya un patrón común en el conjunto del país", ha pedido.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, convocó a los consejeros de las tres comunidades limítrofes a una reunión para evitar que la situación de la capital se extienda a las otras dos. Después del encuentro, ha descartado limitar la movilidad de la capital: "Ahora el confinamiento perimetral de Madrid no procede", ha asegurado en declaraciones a la Cadena SER. El ministro ha explicado que las conurbaciones importantes, como Barcelona o Madrid, son espacios donde las medidas para contener el virus "tienen que estar muy bien pensadas", pero ha subrayado que, en general, "se está haciendo un buen trabajo en todos lados".

En la reunión, las cuatro partes acordaron "mantener reuniones periódicas para coordinar actuaciones frente al virus", según informó el Ministerio. La consejera de Castilla y León ha afirmado que "no es una reunión excepcional ni rara, ya hay antecedentes de otras comunidades".

Apoyo a la jueza de la querella argentina y rechazo a las cartas de apoyo de expresidentes del Gobierno y dirigentes políticos y sindicales a Rodolfo Martín Villa, exministro de la Transición investigado por delitos de lesa humanidad. Así es el comunicado difundido este jueves por el grupo de memoria del Parlamento Europeo, firmado por eurodiputados españoles del GUE, Renew, Verdes y No Inscritos.

Martín Villa ha presentado misivas de Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy en las que expresan su apoyo a quien tiene que declarar este jueves desde la embajada argentina de Madrid por "delitos de homicidio agravado" en un contexto de crímenes de lesa humanidad por sucesos como los de los Sanfermines de 1978 (un muerto, 150 heridos) o la masacre de Vitoria el 3 de marzo de 1976 (5 muertos, más de 100 heridos), entre otros. Martín Villa ha hecho entrega de estas cartas a la jueza argentina.

En su carta, los eurodiputados afirman: "Habiendo tenido conocimiento de las cartas de apoyo recibidas por Rodolfo Martín Villa de ex dirigentes políticos españoles y ex líderes sindicales que han dirigido a la jueza Servini de Cubrini, queremos expresar el profundo rechazo que dicha actuación nos genera al tratarse de una injerencia política inaceptable en el marco de un proceso penal. Tratan de ejercer los firmantes y el imputado una presión política que violenta gravemente la independencia judicial en un momento procesal ciertamente importante, pues la Jueza Servini, una vez que tome declaración indagatoria a Martín Villa, deberá resolver sobre su procesamiento".

Además, expresan su apoyo al proceso judicial: "Queremos asimismo expresar nuestro apoyo y adhesión a la denominada querella argentina estando convencidos, como ha sucedido hasta la fecha, que la Jueza Servini resolverá lo que proceda en Derecho siempre atendiendo a los reclamos de justicia que las víctimas, sus familiares y amplios sectores sociales del Estado español llevan demandando durante años y que se les niega sistemáticamente por parte de los Juzgados y Tribunales españoles".

La carta está firmada por Miguel Urban (Anticapitalistas/GUE/NGL); Ernest Urtasun (Catalunya en Comú/Los Verdes/ALE); Jordi Sole (ERC/Los Verdes/ALE); Diana Riba (ERC/Los Verdes/ALE); Izaskun Bilbao (PNV/Renew Europe); Pernando Barrena (EH Bildu/GUE/NGL); Ana Miranda (portavoz del BNG/Los Verdes/ALE); Carles Puigdemont (Junts/NI); Toni Comín (NI); Clara Ponsatí (Junts, NI); Sira Rego (IU/GUE/NGL); Manu Pineda (IU/GUE/NGL); Maria Eugenia Rodriguez Palop (Podemos/GUE/NGL); Idoia Villanueva Ruiz (Podemos/ GUE/NGL). El PSOE, que forma parte del colectivo, no firma este comunicado.

"Que una jueza pueda tomarle declaración a un responsable de supuestas violaciones contra los Derechos Humanos debería ser la norma democrática y no una excepción que llega 45 años después del final de la dictadura y tras 10 años desde que se abrió la querella argentina de las víctimas del franquismo", afirma Urbán: "Desde el grupo de trabajo de memoria democrática del Parlamento Europeo pedimos algo tan simple como que se cumpla el derecho internacional sobre los Derechos Humanos y las numerosas recomendaciones que diversos organismos internacionales, empezando por el propio Parlamento en Bruselas o la ONU, han hecho reiteradamente al Estado español para que las víctimas de la dictadura tengan acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación, y con ellas el resto de la sociedad española".

En su comunicado, el grupo de memoria recuerda que el pasado 11 de diciembre de 2016, el pleno del Parlamento Europeo aprobó (456 votos a favor, 138 en contra y 104 abstenciones) el Informe Nagy sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea en 2015 que, en su apartado 63, insta a las siguientes actuaciones: "El Parlamento Europeo, considera imprescindible que todos los Estados miembros colaboren con las investigaciones judiciales nacionales o internacionales destinadas a esclarecer responsabilidades en este ámbito (memoria democrática) y a procurar verdad, justicia y reparación a las víctimas de los crímenes de lesa humanidad cometidos en la Unión por regímenes totalitarios; pide a los Estados miembros que prevean la formación necesaria para los profesionales de la justicia en este ámbito; pide a la Comisión Europea que realice una evaluación objetiva de la situación de estos procesos con vistas a promover la Memoria Democrática en todos los Estados miembros; alerta de que el incumplimiento de las recomendaciones internacionales sobre memoria democrática y de los principios de jurisdicción universal vulnera principios básicos del Estado de Derecho".

Datos del Ministerio de Sanidad actualizados el 3 de septiembre de 2020.

El nuevo sistema de notificación que publica el Ministerio de Sanidad desde el 25 de mayo invalida las series de datos anteriores. Consulta aquí más información.

¿Cuáles son las comunidades autónomas en las que se han detectado un mayor número de casos? El siguiente mapa muestra el número de personas contagiadas confirmadas a través de una prueba PCR (o por anticuerpos desde el 11 de mayo) en cada comunidad y el porcentaje que representan sobre el total de casos del país. El tamaño del cuadrado indica los casos por cada 100.000 habitantes.

La siguiente tabla muestra el número total de casos confirmados, los nuevos casos respecto al día anterior y los casos diagnosticados en la última semana. Hemos calculado el número de casos por cada 100.000 habitantes en relación a los casos diagnosticados en los últimos 7 días.

*Algunas comunidades, como la de Madrid, notifican con retraso sus casos diarios

Para mostrar cómo avanza actualmente la epidemia, mostramos la evolución de los casos semanales así como las muertes, hospitalizaciones e ingresos en UCI durante los últimos 7 días para el total del país. La línea discontinua marca el fin del estado de alarma y el comienzo de la 'nueva normalidad', el 21 de junio.

¿Cuántos casos estamos detectando ahora y cuántos detectamos al inicio de la epidemia? El siguiente gráfico compara el número de nuevos casos diarios por fecha de inicio de síntomas desde el 1 de febrero. Para evitar los picos de detecciones en un día concreto, se ha calculado también la media de ambas cifras incluyendo los últimos 7 días.

Las cifras de la última semana pueden estar infraestimadas ya que muchos casos que iniciaron síntomas en ese periodo pueden no haber sido detectados por las autoridades sanitarias.

Para ver cómo de controlada está la pandemia y para identificar posibles rebrotes, el siguiente mapa muestra las principales variables para ver la situación de la epidemia en cada provincia: si los casos están subiendo o bajando, la incidencia de casos por habitante en las últimas dos semanas, el número total de casos y la incidencia del virus en comparación con su población.

Estos datos los publica el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) a través de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE) y lo hace por fecha de inicio de síntomas o la de diagnostico para los casos asintomáticos. Como en el gráfico anterior, los datos de la última semana pueden estar infraestimados ya que se tiene en cuenta la fecha de inicio de los síntomas y éstos tardan unos días en ser diagnosticados desde el contagio.

La siguiente tabla muestra el número total de personas fallecidas con COVID-19 y las defunciones notificadas en la última semana. Hemos calculado el número de muertes por cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días. Las cifras de muertes solo incluyen los fallecidos con positivo en una prueba analítica.

* Sanidad advierte de que el cambio en el sistema de notificación aplicado el 25 de mayo puede dar lugar a discrepancias en las cifras que irán eliminándose a medida que la nueva serie se consolide.

Para conocer cuál es el grado de penetración del virus en comparación con el número de habitantes, hemos calculado la tasa de casos confirmados y número de muertes en cada autonomía por 100.000 habitantes. Los casos confirmados se refieren a las identificados por prueba PCR o por prueba de anticuerpos —en este último caso solo se cuentan las realizadas a partir del 11 de mayo con síntomas compatibles—.

Los datos del ISCIII recogen el número de personas que comenzaron a padecer síntomas de la enfermedad cada día. De este modo podemos conocer cuál ha sido la evolución de la curva de casos detectados en cada comunidad. Los registros señalan que la semana del 14 de marzo fue clave en todo el país. También nos muestra en qué comunidades hay rebrotes, aunque con retraso. Por otro lado, la serie de fallecidos del Ministerio de Sanidad recoge el número de personas que fallecieron cada día con coronavirus un cada comunidad.

En el gráfico que se muestra a continuación puedes explorar el número de personas que iniciaron síntomas de COVID-19 cada día en cada comunidad autónoma y el número de fallecidos afectados con el virus. Los datos se muestran con la media diaria de la última semana.

El número de camas hospitalarias y el de plazas UCI de las comunidades autónomas son dos de los "criterios cuantitativos" que el Ministerio de Sanidad tiene en cuenta a la hora de valorar el cambio de fase de las regiones en el proceso de desescalada. La siguiente tabla muestra los datos totales y en los últimos siete días de personas con COVID-19 que han precisado hospitalización o ingreso en UCI.

El seguimiento del número de tests en comparación con los casos detectados es un indicador del esfuerzo diagnóstico que se está realizando para detectar nuevos casos. Cuando el número de pruebas es elevado y el de casos detectados es bajo, el riesgo de que haya un número relevante de personas infectadas no detectadas por el sistema sanitario se mantiene bajo, y por tanto la incidencia calculada es fiable. En cambio, si el número de tests es bajo y el de casos es alto, la incidencia podría estar infraestimada.

A fecha de 27 de agosto, las comunidades autónomas habían notificado al Ministerio de Sanidad la realización más de 8 millones de pruebas diagnósticas. De ellas, 6,4 eran pruebas PCR (que miden la presencia del virus en el organismo) y 2,2, tests de anticuerpos, los llamados 'test rápidos'.

Debido a los sucesivos cambios en la forma de notificación de los datos en los informes del Ministerio de Sanidad, conviene tener en cuenta algunas claves:

Desde el 18 de mayo el Ministerio de Sanidad no facilita el número de personas recuperadas.

También desde ese día Sanidad dejó de incluir en sus informes el número de casos detectados por test de anticuerpos. Así, los casos totales a los casos detectados con prueba PCR.

El lunes 25 de mayo las actualizaciones diarias del Ministerio de Sanidad volvieron a cambiar. Este cambio se debe a que el 11 de mayo entró en vigor la nueva estrategia de diagnóstico, vigilancia y control de la pandemia, por la que las comunidades autónomas deben notificar los casos al Ministerio de forma individualizada.

Como consecuencia de esta modificación, advierte el informe, pueden aparecer "discrepancias respecto a los datos de casos totales notificados previamente". "Esta discrepancia podría persistir aun varios días".

De momento, y hasta que el Ministerio de Sanidad no publique las series de datos corregidas y actualizadas, no es posible ver la evolución diaria, en bruto, del avance del coronavirus en España (casos confirmados, fallecidos y recuperados), ya que la serie se ha truncado. Por ello, hemos eliminado algunos gráficos que hasta ahora incluíamos en esta pieza. A medida que el CCAES vaya corrigiendo y actualizando los datos históricos, iremos añadiendo nuevos gráficos y análisis de datos a nuestras informaciones.

El 19 de agosto, el Sanidad comenzó a incorporar en sus informes diarios un nuevo dato: el del número de pruebas PCR realizadas en cada comunidad (hasta entonces, esa información era remitida en un informe semanal).

Al día siguiente, el 20 de agosto, Sanidad añadió un nuevo panel de información en sus actualizaciones diarias, el de la 'Situación capacidad asistencial y actividad COVID-19 en hospitales', desglosado por comunidades autónomas. Este panel incluye los datos del total de pacientes con COVID-19 ingresados y en la UCI, el porcentaje de ocupación de camas hospitalarias por pacientes con la enfermedad, el número de ingresos y de altas con COVID-19 en las últimas 24 horas. Sanidad no aportaba datos de personas recuperadas desde el 18 de mayo (150.376 en total).

Andoni Txasko, Manuel Ruiz y Fermín Rodríguez están personados en la querella argentina como demandantes. Llevan muchos años persiguiendo verdad, justicia y reparación y esperando que el exministro Rodolfo Martín Villa declare ante la jueza María de Servini. Si no hay imprevistos, lo hará hoy, por videoconferencia, desde la embajada argentina en Madrid. 

La publicación de varias cartas de apoyo enviadas a la magistrada por cuatro expresidentes del Gobierno español, cuatro exlíderes sindicales y otras personalidades públicas ha removido a los querellantes. "Las cartas de apoyo a Martin Villa son una prueba de por qué hemos tenido que recurrir a la justicia argentina", señala Txasko, integrante de la Asociación 3 de marzo y víctima de una brutal paliza policial el 4 de marzo de 1976 en Vitoria, que le dejó con solo un 2% de visión. "Esas cartas indican también que Martín Villa está preocupado y por eso se rodea del mayor apoyo posible de personalidades que fueron importantes", añade. 

"Han salido a golpe de pito, todos los que han escrito esas cartas tienen la misma intención. Es gente que no vivió aquello, Zapatero y otra gente no lo vivió, no estaban allí. Quizá si hubieran estado no se atreverían a mirar hacia otro lado ante la represión que hubo. Me gustaría que Felipe González me diga mirándome a los ojos que habría que juzgar a los demandantes, como ha dicho", reclama Manuel Ruiz, hermano de Arturo Ruiz, asesinado en Madrid en 1977 en la llamada Semana Negra.  

"Esto es un intento desesperado de influir en la jueza", lamenta Fermín Rodríguez, hermano de Germán Rodríguez, asesinado por la policía en los Sanfermines de 1978. "Me encantaría no tener que estar personado en la querella argentina, eso significaría que se habría juzgado a los responsables en España, estamos porque la judicatura española no ha investigado ni dejado investigar", añade. 

Andoni Txasko tiene un dos por ciento de visión tras la brutal paliza que le propinó la policía el 4 de marzo de 1976 en Vitoria, horas después de la masacre en la que cinco obreros, en un contexto de huelga general, murieron por balas de las fuerzas de seguridad después de que la iglesia en la que se refugiaron con cuatro mil personas más fuera gaseada. Otras 150 personas resultaron heridas, 50 de ellas por balas reales. "Aquello fue una encerrona, esperaron a que todos entraran en la iglesia para rodearla y gasearla", denuncia en conversación con eldiario.es. 

"Las autoridades actuaron queriendo dar un escarmiento para que lo de Vitoria no se extendiera a otros lugares. Así lo reconoció el propio Fraga cuando vino el 6 de marzo y dijo aquello de ‘que este triste ejemplo sirva de gran lección a todos los españoles en los próximos meses'", lamenta Txasko. 

Manuel Ruiz, integrante de la asociación La Comuna, es hermano de Arturo Ruiz, quien fue asesinado de dos tiros por la espalda en Madrid en enero de 1977, "por ultraderechistas que colaboraban con la policía o la Guardia Civil", según denuncia. Martín Villa era entonces ministro del Interior. 

"Existen indicios razonables para deducir que detrás de los autores del asesinato de Arturo estaban las fuerzas de orden público dando soporte y ayudando a su huida", comenta. "Yo me enteré del asesinato de mi hermano por la televisión, como mis padres. Nos quedamos en shock", recuerda. 

Fermín Rodríguez es integrante de la asociación Sanfermines 78 Gogoan y hermano de Germán Rodríguez, asesinado por las fuerzas de seguridad de un balazo en la frente durante la protestas en Sanfermines de 1978. El detonante fue el despliegue de una pancarta que pedía amnistía para los presos políticos. Hubo más de 150 heridos, once de ellos de bala. El mensaje de la policía quedó grabado: "Preparad todas las bocachas y tirad con todas las energías y lo más fuerte que podáis. No os importe matar". A pesar de la claridad del mensaje, los hechos no fueron juzgados. Los incidentes se extendieron a otras ciudades y días después otro joven era asesinado en Donostia. Martín Villa era ministro del Interior. 

Los querellantes denuncian que estos tres casos, así como el resto de los crímenes que investiga la querella argentina, no recibieron la atención propia de una democracia. No hubo juicios, y si los hubo, no se celebraron con la investigación y el compromiso adecuados, lamentan. 

"Con la masacre de Vitoria se fueron pasando la pelota de tribunal a tribunal, hasta que se dictaminó que había que enjuiciar los hechos en base a terrorismo, pero para ellos el terrorista no era el policía o los policías que dispararon, sino los obreros que exigían derechos y libertades. Finalmente el asunto recayó en la jurisdicción militar, con total dejación, sin investigar, sin tomar testimonios o pruebas. Y se sobreseyó el caso porque decían que no podían determinar quiénes habían sido los autores de los disparos", lamenta Andoni Txasko. 

"Estaban las cintas grabadas en las que se oye a la policía cómo dice que iban a disparar, cómo reconocen que se acababa de producir una gran matanza, fue una burla", añade.

Todos los intentos de reabrir el caso de la masacre de Vitoria en España han sido en vano. "Los delitos de lesa humanidad ni prescriben ni pueden ser amnistiados, pero ha sido el muro con el que hemos topado, por eso nos sumamos a la querella argentina", señala Txasko. 

Ante el asesinato de Germán Rodríguez en Pamplona durante los Sanfermines del 78 pasó algo similar: "En el caso de mi hermano solo hubo tergiversación, no hubo ni expediente, ni sanción, ni investigación, solo total impunidad. Todo el esfuerzo fue para defender a los agresores. En la carga hubo cientos de heridos, además de mi hermano muerto. Algunos de los heridos han quedado con secuelas de por vida", denuncia Fermín Rodríguez. 

En el caso de Arturo Ruiz, asesinado en Madrid en el marco de la llamada semana trágica, sí hubo juicio, pero su familia denuncia que fue insuficiente.

 "A uno de los autores se le declaró en rebeldía, porque huyó. La familia le mandaba dinero y se lo mandaba a un guardia civil. Este señor entraba por el cuartel de Guernica como Pedro por su casa. Su hermana dijo en el juicio que los guardias civiles de Guernica, cuando venían a Madrid, dormían en su casa. El otro autor fue juzgado como colaborador, se le rebajaron las penas porque se había entregado y porque se acogió a la amnistía, así que estuvo en la cárcel un año escaso y luego se permitió el lujo de andar deambulando por las televisiones. Eso hacía mucho daño a mis padres, que estaban muy afectados", explica Manuel Ruiz. 

Las familias y las víctimas personadas en la querella esperan que Martín Villa "explique qué ocurrió en los casos en los que él tenía responsabilidades". 

"Martín Villa es el responsable político de lo que pasó. Ser el ministro del interior es ser el máximo responsable de las fuerzas de orden público; el colaborador del asesinato de mi hermano fue colaborador de la policía y el que se supone que fue el asesino tenía lazos con la Guardia Civil. El último responsable de las fuerzas del orden era Martín Villa, políticamente debe explicar sus actos", señala Manuel Ruiz. 

"El Estado español sigue avalando una impunidad que el Gobierno actual no debería asumir", lamenta Txasko. "Yo no me niego a que se aplique una amnistía pero después de que los hechos sean juzgados y los responsables marcados. No pretendemos que personas como Martín Villa, con más de 80 años, vayan a la cárcel pero sí pretendemos que se marque su trayectoria criminal y que no pasen a la historia como adalides de las libertades y la democracia". 

"Martín Villa dice que trajo la democracia, pero la democracia no la trajo esa gente, la democracia la trajo gente como mi hermano, gente que a veces dio hasta su vida. En esos días la extrema derecha salía a la calle a matar a rojos, así lo decían. Según la ONU eso es un crimen de lesa humanidad, matar a alguien por sus ideas de forma sistemática, y además en este caso por fuerzas paralelas al Estado. Este crimen, pese a lo que diga la Audiencia Nacional, no prescribe porque es un crimen de lesa humanidad", indica Manuel Ruiz.  

"España se tiene que acoger a la Justicia Universal, pero España se acoge a ella solo cuando le interesa, la última gran idea es acogerse a ella a partir de 2004, de 2004 para atrás no, es una justicia universal ad hoc, cuando les interesa", añade.  

Los querellantes reconocen que aquellos sucesos han marcado su vida. En el caso de Andoni, su invalidez lo ha limitado: "Pero te vas rehaciendo poco a poco. Yo no tengo odio ni rencor, pero sí el resquemor ante la impunidad, que el Estado no reconozca el dolor no es fácil", señala. 

Manuel Ruiz reconoce que el asesinato de su hermano le marcó "de forma terrible, no había día que no me acordara de él, mis padres no lo superaron nunca". Y subraya que la impunidad redobla la dificultad: "Por eso quiero que Martín Villa explique ante un juez. Todo el mundo se escuda ante la Ley de amnistía, lo que no puede conseguir una ley es que yo me olvide, eso es imposible, eso no lo pueden conseguir por ley. Y como yo, cientos de personas que no pueden olvidar, una cosa es decir que vamos a estar tranquilos y otra es que me lo borren de la cabeza, me tienen que explicar qué pasó y por qué el asesino de mi hermano sigue huido". 

"La gente en aquella época pedía amnistía para los presos políticos, no para que se perpetuara la impunidad y la injusticia", remata.

"Como pediatra, no estoy preocupado; como epidemiólogo, un poquito; y como padre, bastante". Así resume sus impresiones, en un tono algo irónico, el coordinador del grupo de trabajo de la Asociación Española de Pediatría (AEP) para la reapertura de la escolarización, Quique Bassat. Este viernes 4 de septiembre es la fecha fijada para la apertura de centros educativos tras seis meses de cierre para evitar la propagación de la COVID-19. Navarros (2º ciclo de Educación Infantil, Primaria y Especial) y madrileños (entre 0 y 3 años) serán los primeros en reincorporarse a las aulas masivamente, aunque en algunos centros privados del país ya lo han hecho. Mientras tanto, Canarias, Asturias y Murcia han decidido retrasar la reapertura.

Aunque el Gobierno insiste en que se está trabajando en un "entorno escolar seguro y muy controlado", en palabras de la ministra de Educación, Isabel Celáa, las cifras de contagios diarios inquietan tanto a padres como a profesores. Este miércoles Sanidad ha registrado 8.581 nuevos casos de coronavirus. Del total de España, la comunidad con más casos sigue siendo Madrid, con 2.401 y 1.362 entre ayer y hoy. En total, desde marzo, se han infectado 479.554 personas confirmadas por test. Tras Madrid, Catalunya es la segunda región con más nuevos diagnósticos: suma 1.563 (87 en las últimas 24 horas), seguida de Andalucía (884 y 272), Euskadi (535 y 524) y la Comunitat Valenciana (455 y 179).

Por eso hay progenitores que están pensando retrasar la asistencia de sus hijos, incluso en los casos en los que estar escolarizado es obligatorio, entre seis y 16 años. "Con los niños hay dos enfoques: el riesgo individual de cada escolar de padecer una COVID grave, que existe aunque es muy pequeño, y lo que puede pasar en cada familia si el niño enferma y hay personas mayores o de riesgo. Se combinan más factores sociales que médicos", explica el pediatra del Hospital Infanta Sofía de Madrid Alfredo Tagarro, investigador principal del Registro Nacional de Pacientes Pediátricos afectados por la COVID-19 (EPICO-AEP).

El segundo es el caso de María, que está en el tercer trimestre de embarazo, y que ha decidido no llevar al colegio de momento a su hija de cinco años. "Durante el embarazo el ginecólogo me ha ido diciendo que trate a todo el mundo como si fuera un posible contagio, manteniendo la distancia y usando mascarilla. Tenemos un riesgo superior de ser hospitalizadas por COVID", explica.

En cuanto al miedo por los propios niños, la Asociación Española de Pediatría solo recomienda que se queden en casa en casos de perfil de mucho riesgo (ciertas cardiopatías, cánceres, enfermedades con tratamiento crónico inmunodepresor...). "Niños que probablemente tampoco irían a clase en condiciones no COVID, en los que el riego está por encima de los beneficios", afirma Bassat. La AEP ha actualizado sus consejos para una vuelta segura a las aulas. Los niños con enfermedades crónicas como el asma, la fibromialgia o TDAH, para los que se han publicado recomendaciones específicas, deberían seguir además el consejo de su pediatra sobre su caso particular.

Los epidemiólogos señalan que lo que ocurra durante el curso dependerá mucho también de la incidencia que tenga el virus en los diferentes territorios, y del grado que haya –o no de transmisión comunitaria. Por eso en comunidades como Asturias o canarias han planteado retrasos en el inicio para vigilar de cerca la evolución de la epidemia.

Lo que tienen claro los pediatras consultados que es este curso se podrá definir como "intermitente", ya que cada vez que un niño dé positivo por coronavirus obligará al aislamiento en su casa de toda su clase durante catorce días, a los que habría que añadir otros diez días adicionales de aislamiento de los padres que les acompañan en el caso de los que tengan PCR positiva. "Eso va a ocurrir varias veces a lo largo del curso, en cada clase", intuye Tagarro. Coincide con él Bassat, que prevé que habrá casos que pasarán desapercibidos al haber un alto porcentaje de asintomáticos entre los menores.  "A no ser que hagan cribados activos de toda la clase, que no es el plan, habrá infecciones que no se detecten", presupone.

Sobre cómo podrán compaginar los progenitores estas circunstancias con el trabajo, la ley prevé la posibilidad de tener una baja laboral en caso de PCR positiva del contacto estrecho, es decir de que el niño efectivamente haya contraído el coronavirus. Aquellos que deban acompañar al resto de sus compañeros durante la cuarentena (14 días) pueden ahora mismo acogerse al programa "Me cuida" de reducción de jornada (no remunerada). Pero el Gobierno, por boca de su vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, ha anunciado que trabaja ya para que de manera "inminente" la incapacidad temporal se extienda a los padres y madres que deban cuidar de sus hijos durante una cuarentena o que deban quedarse en casa al detectar síntomas sospechosos en los niños como la fiebre. Las bajas relativas a la COVID-19 tienen un pago por parte del Estado del 75% de la base reguladora.

El coordinador de la AEP destaca además que este curso estará marcado por la "incertidumbre continua de posibles casos". En otoño, las clases tienen de media dos o tres niños enfermos por día, con todo tipo de dolencias, sobre todo respiratorias. "Este año el mínimo moco va a ser casi sinónimo de enfermedad. En condiciones normales esos niños hubieran ido a clase, pero en este clima de ansiedad continua por el coronavirus, esperamos que ningún niño enfermo vaya al colegio". 

Sobre si los niños, tras seis meses de aislamiento, van a tener un sistema inmune menos preparado para asumir las múltiples infecciones que pululan en las clases durante el curso, cree que efectivamente "desde el punto de vista inmunidad frente a enfermedades repetidas hemos sufrido un bache en los últimos meses en los que no hemos estado expuestos", pero también entiende Bassat que habrá menos transmisión de los virus circulantes gracias a las medidas de higiene y prevención. "En lugares donde ya ha llegado el frío, como en Latinoamérica, se ha visto un descenso enorme en la incidencia de gripes y otros virus respiratorios en niños, precisamente porque hay mascarillas y otras medidas de barrera".

Pero a pesar de las medidas de precaución que se han impuesto en los centros educativos por acuerdo entre el Gobierno y las comunidades autónomas, tales como mascarillas, controles de temperatura y un protocolo sanitario si hay un positivo, nadie espera que haya menos contagios que en su entorno, siempre teniendo en cuenta que el nivel de transmisión entre niños es "bastante más bajo que entre la población en general", como destacaba este lunes el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón.

"El colegio lo que no va a hacer es disminuir la transmisión en la población en la que estás. Eso sería un milagro. Tú estás agrupando a mucha gente y lógicamente, por muy bien que lo hagas es difícil que no se traduzca la transmisión local en el ambiente del colegio. Lo que sería un drama es que la multiplicara. Ahí sí que sería un desastre, y sería evidente que hay que cerrarlos", afirma Bassat.

En todo caso, coincide con el diagnóstico de que si se aplican las medidas adecuadas en los colegios el riesgo de transmisión es "asumible y bajo". "Casi toda la evidencia sugiere que si se hacen bien las cosas en el interior de la escuela, los colegios no son acontecimientos supercontagiadores. Hay excepciones, pero en general es cuando lo has hecho muy mal, como cuando abrieron en Israel sin ningún tipo de medidas de prevención, argumentando que los niños no transmitían el virus, y tuvieron que cerrarlos porque tenían brotes por todas partes".

Como asegura el profesor de Psicología de la UOC José Ramón Ubieto "va a ser inevitable vivir con miedo este curso, la estrategia no pasa por eliminarlo sino por intentar acotarlo para familiarizarnos y aprender a vivir con algo que aún es extraño como este coronavirus".

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, se ha reunido este miércoles por vía telemática con los consejeros de su rama de Madrid, Jesús Ruiz Escudero, Castilla y León, Veronica Casado, y Castilla-La Mancha, Jesús Fernández, para coordinarse y evitar que los contagios de COVID-19 en Madrid se extiendan a las otras dos comunidades, como avanzó elDiario.es. En dicha reunión, las dos Castillas han pedido a Madrid que tome medidas más restrictivas para controlar los rebrotes de coronavirus, según informa la SER.

El encuentro ha terminado sobre las 20:30 y las cuatro partes han acordado "mantener reuniones periódicas para coordinar actuaciones frente al virus". También han "analizado la situación epidemiológica" en las tres zonas, informa Sanidad. Han estado presentes junto a Illa la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, la directora general de Salud Pública, Pilar Aparicio, y el director del CCAES, Fernando Simón. 

Durante la primera ola de la pandemia, la fuerte incidencia en la capital mantuvo en alerta a las comunidades vecinas, que se vieron afectadas en buena medida por su cercanía, concuerdan los epidemiólogos. La idea es que en esta nueva etapa no se repita esa situación, y se logre controlar la situación en Madrid. La Comunidad registra la incidencia más alta de España, 466,53 casos por 100.000 habitantes durante los últimos 14 días para una media nacional de 211,84.

El consejero madrileño ha subrayado en declaraciones suministradas a los medios la importancia de este encuentro para cooperar para "contener el Covid" y porque de aquí saldrán otras reuniones periódicas que permitirán ver cómo evoluciona la pandemia y qué repercusiones tienen las decisiones que se tomen por parte de cada comunidad autónoma.

"Hay que reconocer que la interrelación que mantenemos las tres comunidades es muy fluida en cuanto al flujo de personas entre una comunidad y otra", ha apuntado Ruiz Escudero, informa Europa Press.

Este miércoles por la mañana el Gobierno de Castilla-La Mancha ha vuelto a insistir en el peso que la Comunidad de Madrid tiene para esta región. Por un lado, el presidente regional, Emiliano García-Page, ha detallado que un 80% los casos de contagios de Castilla-La Mancha "han llegado de la bomba radioactiva vírica que se plantó en Madrid". Y por otra parte, la portavoz del Ejecutivo regional, Blanca Fernández, ha defendido "estrategias comunes" entre las comunidades limítrofes con la madrileña para evitar los efectos de la movilidad.