Las mujeres no pueden destruir sus óvulos y preembriones congelados aunque ya no los necesiten

Hace cinco años, Helena congeló sus óvulos en la clínica IVI de Barcelona. Su contrato incluía la conservación sin coste extra durante un lustro, así que hace unas semanas le tocó decidir qué hacer con ellos y se llevó una gran sorpresa. Ella no quiere ser madre y desea destruirlos, pero resulta que no puede. La ley sobre técnicas de reproducción humana asistida 14/2006, de 26 de mayo, estipula que solo es posible descongelar gametos femeninos o preembriones si la paciente presenta dos informes de médicos diferentes y ajenos a su clínica que certifiquen que no reúne los requisitos clínicamente adecuados para el embarazo. Por ejemplo, que sea un peligro para ella o para el feto. 

En el caso de no cumplir con dichas exigencias, la mujer que ya no quiere o no necesita esos óvulos o preembriones congelados, puede darles dos destinos diferentes: fines reproductivos de otras personas o investigación médica. No hay garantías de que la clínica vaya a utilizarlos, así que el mantenimiento de ese material biológico vitrificado corre a cargo de la donante. Esto puede durar hasta que cumpla 50 años, edad a partir de la cual se considera que el embarazo no es posible. Hay una tercera opción: dejar de pagar, pero entonces se pierde el control sobre esos óvulos.

En 2010, el primer año en que la Sociedad Española de Fertilidad (SEF) registró esos datos, 129 mujeres preservaron su fertilidad y en 2022 fueron 5.011. Pero el presidente de la organización, Juan José Espinós, señala que apenas el 10% de las pacientes los utiliza finalmente. Por lo tanto, el 90% de las mujeres que vitrifican óvulos se puede ver en la tesitura de no poder deshacerse de ellos de forma sencilla. Hay que tener en cuenta que, en la actualidad, no se ponen en marcha demasiados proyectos de investigación en este ámbito, así que es bastante probable que no se utilicen Y, por otro lado, la donación para fines reproductivos no suele ser factible. 

A este segundo respecto, María Hernando, embrióloga y asesora de fertilidad, comenta que aunque los óvulos procediesen de una mujer menor de 35 años y fuesen candidatos a la ovodonación: “Los criterios de exigencia para un donante de óvulos o de semen son mucho mayores que los que se solicitan a una mujer que realiza criopreservación de sus óvulos, por lo que estos últimos no cumplen con los requerimientos para ser usados en ciclos de donación”. Hernando concreta que no sería posible por los requisitos legales de la trazabilidad, que es el seguimiento de los gametos y embriones desde que se extraen hasta que se utilizan en ciclos de donación: “Ni en España (por la normativa del Sistema de Información de Reproducción Humana Asistida – SIRHA), como en toda Europa por el Reglamento (UE) 2024/1938 sobre sustancias de origen humano (SoHO)”.

Por supuesto, hay otra opción para olvidarse del material biológico vitrificado: no escoger ninguno de los destinos anteriores y dejar de pagar el mantenimiento. Según recoge la ley, cada dos años la empresa tiene la obligación de ponerse en contacto con la paciente para consultar si quieren mantener sus muestras congeladas [en concreto con los preembriones, pero también se hace con los óvulos]. En caso de que tras un par de requerimientos la clínica no haya recibido ninguna indicación, ese material genético pasa a ser propiedad del laboratorio.

Teresa Bartret, abogada especialista en el campo de la Reproducción Asistida en el bufete Lextrha, sostiene que: “Los ovocitos, pagues o no, no se pueden destruir, aunque luego en la práctica es verdad que, quieras que no, los protocolos han intentado adaptar la realidad social y las limitaciones a una práctica que se considere que entra dentro de la legalidad” y si hasta el momento no ha habido represalias “si finalmente los terminan destruyendo y la inspección de Sanidad no dice nada y no hay ningún problema, pues se convierte en modus operandi”.

La gran parte de las clínicas –“por no decir todas”, desliza Hernando– utiliza el documento de consentimiento informado de la SEF que indica las restricciones de la ley a la hora de destruir el material biológico. Sin embargo, algunas empresas van más allá y añaden otras cláusulas, sobre todo “las más grandes o más fuertes”, dice la letrada.

Por ejemplo, cuando llegó la hora de escoger el destino de sus ovocitos IVI le dio a Helena una opción extra que no aparece recogida de manera literal en la ley sobre técnicas de reproducción humana asistida: “En el caso de que no pueda aportar los informes/dictámenes que acrediten que ya no se encuentra en condiciones adecuadas para gestar con garantías razonables de seguridad, tanto para usted como para la posible descendencia, debe tener presente que la destrucción de los ovocitos que solicita no podrá hacerse de manera inmediata, produciéndose cuando el equipo médico considere que procede”. Desde el departamento de comunicación de IVI no han aclarado las dudas de este medio sobre esa cláusula.

Qué pasa con este material biológico

Ante la falta de informes y de ganas de seguir pagando el mantenimiento, Helena escogió esa propuesta de ‘destrucción no inmediata’, aunque no sin reparos. “Es muy ambiguo, ¿qué pasa mientras tanto? Me asaltan dudas morales”, desarrolla, “pero si quieren hacer Black Mirror con mis ovocitos, que lo hagan porque yo, ahora mismo, me siento como abusada”. 

Lo cierto es que ningún laboratorio tiene permitido operar con ese material biológico más allá de lo que determina la ley. Es decir, no pueden experimentar con la clonación humana con fines reproductivos, pero sí pueden utilizarlos para una investigación científica que no esté prohibida. Espinós observa que las clínicas no suelen trabajar con los ovocitos aunque ya sean sus dueños “por si viene la paciente y dice que cambió de domicilio y no le llegaron los requerimientos, por ejemplo”. 

Así lo hacen en Eugin, según comenta María Jesús López, ginecóloga de reproducción asistida senior. Aunque solo el 12% de quienes han vitrificado sus óvulos en su clínica les da un destino diferente al del almacenamiento, han tenido casos de mujeres que dejan de pagar y años después regresan a por ellos “porque nunca sabes las vueltas que va a dar la vida”, apunta. En ese caso, las interesadas deben abonar todas las cuotas que deben para poder recuperarlos.

Leer la letra pequeña

Helena firmó el consentimiento informado, pero no recuerda haber hablado de las opciones de futuro de sus gametos. Mientras que en las consultas siempre se comentan detalles médicos del proceso que aparecen en los papeles del contrato, parece que no ocurre lo mismo con el tema de las opciones alternativas a la implantación.

Laura vitrificó ovocitos en la clínica CIRH de Barcelona a finales del año 2020. Y, al igual que Helena, cuando llegó el momento de renovar el contrato, descubrió las trabas que hay para eliminarlos. “En la clínica verbalmente no me informaron de cómo destruirlos”, expresa, “no sé si en el consentimiento informado que firmé, y se supone que me tendría que haber leído, lo ponía expresamente, pero yo no lo recuerdo”. De momento, paga la cuota anual de mantenimiento, aunque cree que finalmente no querrá ser madre y los donará a la investigación. “Al enterarme de la dificultad de la destrucción de los óvulos, me sentí bastante desamparada y frustrada, porque es material genético propio que no podemos controlar”.

María Jesús López, de Eugin, reconoce que es una cuestión que no siempre se trata en persona: “Hay tanta información, que no es un punto imprescindible en la primera visita”. Por su parte, Pedro Royo, ginecólogo de IVI en Logroño, asegura que siempre se informa a las pacientes “oralmente y por escrito” de esta cuestión e incluso “en varias ocasiones” aunque ellas no pregunten directamente por ello. Espinós expone que: “Cuando se comenta una técnica, salen muchas preguntas a las cuales se dan respuesta. Pero es imposible, porque necesitarías 30.000 horas, que a veces se comenten estrictamente todos los aspectos” y considera que no hay “absolutamente nadie” que esté interesado en que esa información no se conozca. 

En España hay más de 700.000 óvulos y preembriones congelados que no se pueden utilizar y cuya conservación supone un gasto para los laboratorios. También hay miles de personas pagando una cuota anual para mantener un material biológico que quieren destruir, aunque el presidente de la SEF apunta que las clínicas de reproducción asistida no viven de esos ingresos.

Los informes médicos

Si Helena hubiese conocido las dificultades que existen para eliminar sus ovocitos congelados, posiblemente se habría ahorrado el trago, el dinero y el enfado actual. Pero Laura cree que sí hubiese seguido adelante porque en ese momento estaba más preocupada por preservar su fertilidad (dentro de lo posible, porque nadie asegura al 100% un embarazo futuro) que en cómo podría descongelar sus muestras.

María (nombre ficticio), de 42 años, sintió lo mismo cuando vitrificó los preembriones con su pareja (la ley pone a los gametos femeninos y a los preembriones al mismo nivel). En la clínica Asisa de Zaragoza les informaron de todos los aspectos de su caso: “En ese momento no piensas que te vas a echar para atrás en tu decisión de ser padres”. Tras varios intentos fallidos de embarazo, ella y su pareja decidieron que no querían seguir y ahora tienen tres preembriones congelados que no pueden destruir. Han intentado conseguir los dos informes médicos, pero no lo han logrado y finalmente han optado por la donación a la ciencia. Como no hay investigaciones en marcha, pagan 200 euros al año por el mantenimiento. 

“Yo no creo que las clínicas quieran lucrarse con ello. En la mía me ponen todas las facilidades del mundo, pero la ley es la ley, y ellos no pueden destruirlos”, contempla María. Su angustia es tal que llegó a pensar en un método extremo para acabar con su problema: “Se me pasó por la cabeza implantármelos. En España es legal implantarme hasta tres preembriones en una sola vez. Y luego, si me quedaba embarazada, abortar [una mujer tiene derecho a interrumpir el embarazo libremente durante las primeras 14 semanas de gestación]”. No quiere deshacerse de ellos por ahorrarse el dinero sino porque le duele no poder pasar página. “Para mí es importante dejar eso atrás, y cada año que me llega el recibo es volver a recordar por lo que pasé”, asevera.

Rosa (nombre ficticio), ginecóloga en un hospital de segundo nivel comarcal, ha firmado tres o cuatro informes médicos a conocidas en la misma situación que María. “Yo he venido aquí a facilitar la vida a los demás, no a fastidiarles”, afirma. Las solicitantes tenían unos 45 años y ya eran madres desde hacía uno o dos años: “Tú alegas que existe un riesgo para las futuras gestaciones. Pero siendo honestos, ya tenía riesgo en su anterior embarazo y eso no se lo miran tanto”. Explica que en dichos papeles ella pone su nombre, su número de colegiada y que no recomienda futuros embarazos “por el riesgo potencial de enfermedades relacionadas con la edad de la madre o alguna cosa así, no es en plan ‘te puedes morir’”. Una vez hecho el informe, este se envía a un comité externo, que es el que decide si lo acepta, no la clínica. 

Una ley obsoleta

La mayoría de los entrevistados –pacientes y profesionales– considera que es necesario actualizar la ley sobre técnicas de reproducción asistida. Por ejemplo, Hernando opina que se ha quedado obsoleta tanto en los procesos de vitrificación de óvulos y preembriones como en otras cuestiones como el diagnóstico genético preimplantacional. “Hay que entender que, a pesar de ser una de las leyes europeas más avanzadas en cuanto a reproducción asistida, se redactó hace ya casi 20 años y, desde entonces se ha progresado mucho”, afirma. 

Desde la SEF, aseguran que han intentado cambiar el marco legal de todas las formas a su alcance para que la mujer pueda hacer lo que considere con sus ovocitos y preembriones vitrificados, pero aún no han logrado nada. “Es un problema importante. Supone una diferencia de género, porque si un hombre congela semen puede destruir la muestra cuando quiera”, declara Espinós. Él achaca este inmovilismo al clima político, ya que este tipo de acciones requieren cierto consenso y, a día de hoy, hay demasiada crispación, según su opinión. “Yo casi prefiero, que en la situación actual, no discutan nada”, sostiene y añade que teme que, si no se aprueban las modificaciones que sugieren, pasen “otros 30 años” sin que se actualice la ley. Mientras tanto, miles de mujeres esperan a que algo cambie para poder descongelar sus ovocitos o preembriones sin tener que justificar esa decisión.