La organización ecologista Greenpeace ha presentado nuevas imágenes de cómo el agua almacenada en la corta de Aznalcóllar, que contiene los lodos tóxicos del desastre ocurrido en 1998, se está filtrando y contaminando el río Agrio y el río Guadiamar, llegando así al Guadalquivir, una situación que no es la primera vez que ocurre. Tal y como ha denunciado en un comunicado, este drenaje ácido de aguas color azul turquesa alberga una gran cantidad de metales pesados, una situación que se produce cuando este sábado se cumplen 28 años del vertido minero de Boliden en Aznalcóllar.

Una situación que, además, se ha visto agravada tras el pasado tren de borrascas que azotó la geografía andaluza con especial virulencia. La organización ha avisado así de que, con independencia de que esta instalación no esté en fase de explotación, la gestión de los pasivos mineros es responsabilidad de la actual empresa adjudicataria de la mina, el Grupo México a través de Minera Los Frailes. La empresa asegura que su proyecto acabará con este problema, al incluir la regeneración de los pasivos mineros que provocan este problema.

“Lo más preocupante es que este vertido descontrolado es una cantidad ínfima con respecto a lo que se podría producir en caso de que salgan adelante los proyectos de reapertura de las minas de Aznalcóllar y de Cobre Las Cruces, convirtiendo el Guadalquivir en una verdadera alcantarilla minera. Es una irresponsabilidad por parte de la Junta que no podemos permitir”, ha declarado el coordinador de Greenpeace en Andalucía, Luis Berraquero.

“Atropello ambiental”

Hace ahora casi un año, la Junta de Andalucía dio luz verde al Grupo México y su filial Los Frailes para la reapertura de la mina de Aznalcóllar, lo que según los ecologistas supondría el vertido de 85.520 millones de litros de aguas contaminadas con metales pesados a través de una tubería de 30 kilómetros, desde el recinto minero hasta el estuario del Guadalquivir, durante más de 18 años.

Así, una parte de esas aguas procederían del vaciado de las cortas donde están almacenados los lodos tóxicos del desastre minero de 1998. Ante este “atropello ambiental”, Greenpeace, junto a Ecologistas en Acción, Amigas de la Tierra y SEO/BirdLife, ha interpuesto un recurso de alzada exigiendo la anulación de la resolución que autoriza el proyecto de explotación minera, la cual tachan de “nula de pleno derecho”.

Según han subrayado, a esto se suma la amenaza de la mina de Cobre Las Cruces, donde tras operar desde 2009 como explotación a cielo abierto, provocando contaminación ecotóxica en el Guadalquivir, la minera “pretende ahora perpetuarse con un proyecto de minería subterránea en galería”.

Por ello, esta nueva fase contempla un vertido masivo de más de 32.760 millones de litros de agua con metales pesados durante 14 años en su punto de vertido en La Algaba, una situación que Greenpeace ha considerado “una temeridad inaceptable que la Junta de Andalucía pretenda avalar esta reapertura basándose en una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) con más de una década de antigüedad, ignorando la correlación directa ya demostrada entre la actividad de esta mina y el incremento de la toxicidad en el estuario”.

“Efectos sinérgicos”

Greenpeace ha advertido que los dos vertidos dejarían “tocado de muerte al río Guadalquivir”, y que la Junta de Andalucía “no está teniendo en cuenta sus efectos sinérgicos”, ya que “ambos afectarían a varios Hábitats de Importancia Comunitaria de la Zona de Especial Conservación Bajo Guadalquivir, integrada en la Red Natura 2000, y añadirían una nueva presión al ya deteriorado Parque Nacional de Doñana”.

“Esto resulta especialmente preocupante cuando el Reglamento Europeo de Restauración de la Naturaleza (2024) obliga a restaurar al menos el 20% de los ecosistemas antes de 2030; en España solo el 9% de los hábitats está en buen estado. Por ello, más que asumir nuevos impactos para restaurar después, debe aplicarse el principio de no deterioro y proteger la zona”, ha aseverado el colectivo ecologista.

En esta línea, estudios científicos llevados a cabo por investigadores de las universidades de Cádiz, Sevilla y Granada han constatado la presencia de plomo por encima de los límites permitidos por la Unión Europea en albures, un pescado muy consumido en los pueblos ribereños. Igualmente, se ha demostrado presencia de arsénico al límite de lo permitido por la Unión Europea en galeras, un crustáceo muy popular y que juega un papel importante en la gastronomía y la economía de los pueblos de la desembocadura del Guadalquivir. Estas investigaciones critican además que, de producirse los vertidos previstos, la contaminación por metales pesados del río Guadalquivir se multiplicaría por diez.

Greenpeace ha enmarcado así que sería necesario comprobar si están viéndose afectadas otras especies de peces y crustáceos de gran importancia para el turismo y la gastronomía local, como la acedía, el cangrejo rojo, la gamba o los langostinos de la desembocadura del Guadalquivir.

Posible impacto en el arrozal

Por otro lado, y según los ecologistas, estos vertidos también podrían poner en peligro al sector agrario: el cultivo de arroz en las marismas del Guadalquivir –el mayor arrozal de España, con una superficie de más de 36.000 hectáreas– se encontraría en grave peligro al estar utilizando agua con una alta cantidad de arsénico, un metal pesado que el arroz bioacumula con facilidad.

Greenpeace ha avisado que las autorizaciones de vertido concedidas por la Junta de Andalucía “ignoran una realidad científica crítica: el río Guadalquivir no funciona como un canal de evacuación hacia el océano, sino como un gigantesco depósito de sustancias tóxicas”. “A pesar de que las empresas mineras aseguran cumplir con los límites de disolución, la dinámica sedimentaria del estuario convierte estos vertidos en una amenaza acumulativa y permanente”, ha asegurado.

Del mismo modo, Greenpeace ha subrayado que numerosos estudios científicos han avisado de que la dinámica hidrológica del río impide que los metales pesados salgan al mar, ya que la presa de Alcalá del Río actúa como un “fondo de saco”, frenando el empuje de las mareas que van estuario arriba y obligando a los sedimentos a decantar, asentándose en el fondo.

A esto se suma el llamado “tapón salino” en la desembocadura, una barrera física natural donde el encuentro del agua dulce con la salada frena la salida de las aguas interiores. Como resultado, los metales pesados no se diluyen en el Atlántico, sino que se adhieren al material en suspensión, terminando sepultados en los lodos del estuario y pasando así a la red trófica.

“Debemos aprender de los errores del pasado”

Con los episodios de lluvia intensa o cuando se desembalsa agua de la presa de Alcalá del Río, se produce una salida de estos lodos decantados que terminan llegando al Golfo de Cádiz, e incluso al Mar de Alborán, afectando también allí a la red trófica marina.

Por todo ello, Greenpeace ha exigido la paralización inmediata de las autorizaciones y una moratoria a las prospecciones mineras en la zona. Por otro lado, ha reclamado la constitución de un grupo técnico-científico de expertos independientes que evalúe el impacto acumulativo de Aznalcóllar y Cobre Las Cruces.

La organización ha incidido en que estos dos proyectos de vertidos mineros se asientan sobre uno de los mayores desastres ambientales de España: la rotura de la balsa de Boliden-Apirsa en abril de 1998, que hace 28 años arrasó el corredor del Guadiamar con siete millones de metros cúbicos de lodos tóxicos y aguas ácidas.

El resultado fueron los lodos tóxicos retirados y almacenados en las cortas mineras, 80 kilómetros del río afectados, 4.600 hectáreas de cultivo envenenadas, caladeros de pesca cerrados por contaminación, 30 toneladas de animales muertos y acuíferos altamente contaminados. Unas 5.000 personas se quedaron sin empleo y las pérdidas económicas rondaron los once millones de euros.

“Debemos aprender de los errores del pasado: animamos a toda la sociedad civil, a los agentes sociales y a los sectores productivos que dependen del buen estado de la biodiversidad del río Guadalquivir a que se movilicen para parar este desastre. No más vertidos mineros al río”, concluye Luis Berraquero.

En 1960, un joven sirio de 19 años llegó a Sevilla, como muchos de la época, para estudiar Medicina. No sabía nada de la cultura de la ciudad, sólo que le gustaba lo poco que sabía de ella. Dejó la casa familiar para cambiar de vida, y tanto cambió que nunca volvió al país asiático, y este año ha estrenado caseta en la Feria de Abril de Sevilla.

Aquel joven se llamaba –y se sigue llamando– Souhel Kalas. Hoy tiene 85 años, y terminó la especialidad de Otorrinolaringología, conoció a una joven en el barrio de Triana con la que se casó y tuvo cuatro hijos, de los que ninguno siguió su vocación por la medicina. Para completar el cuadro, se hizo sevillista.

Su caseta está en el número 217 de la calle Juan Belmonte del recinto ferial, donde explica a EFE que todo lo que ha terminado con final feliz comenzó con una apuesta hace 33 años: “Me aposté con un amigo que uno de los dos tendría una caseta en la Feria, y terminé ganando, porque se retiró”, explica, mientras recibe las felicitaciones y los saludos de todo aquel que pasa por la puerta de Nazarí, el nombre elegido para su rincón festivo más esperado.

Lo complicado que es encontrar hueco

Para entender la importancia de lo que este doctor en Otorrinolaringología ha conseguido hay que recordar que es muy extraño que quede un hueco libre en el recinto ferial de Sevilla para tener nuevas casetas. En Sevilla es casi una religión mantenerse en un Real limitado de espacio, y sólo errores en los trámites de renovación o la renuncia de algunas personas permite que se formen huecos en el puzzle.

En el caso de Nazarí, Gayaz George Kalas, hijo de Souhel, cita la palabra clave: “perseverancia”. Solo así consiguieron renovar año tras año la solicitud en el Ayuntamiento, sin saber si algún día tendrían premio, pero en diciembre pasado renunció a su renovación la Asociación Mayorista de Pescado El Barranco, y por fin había el sitio que se esperaba.

A partir de ahí, hubo que organizar todo en cuatro meses, pero la caseta, como el resto, abrió sus puertas el pasado lunes. En Sevilla hay oficialmente 1.057 casetas, mientras que en la lista de espera hay 4.149 peticionarios, que tienen que esperar una media de más de 30 años para conseguirla. Ahora se espera que se acelere el proceso con la prevista ampliación del recinto ferial para 2027.

Presidente honorífico

Gayaz George, por cierto, es el presidente oficial de una caseta de 24 socios en el que su padre es el presidente honorífico, en agradecimiento a la lucha que siempre ha tenido por conseguir la caseta. El médico sirio, de hecho, asegura que sólo tiene un secreto para tener una salud envidiable a su edad: “Me gusta la manzanilla, no hay más”, y esa bebida tan propia de la Feria sevillana la expone durante la entrevista como su maná particular.

Sí es cierto que le queda un pequeño resquemor, ya que sólo quedan “dos o tres amigos” de los que comenzaron con él a pedir la caseta en 1993, mientras que el resto de los socios son amigos de sus hijos. “Lo importante es que la familia siempre lo ha tenido presente con las amistades, y se ha conseguido”.

Todo encaja al final en esta historia para que la caseta haya nacido. Puede parecer algo baladí, por eso, cuando se le pregunta a Souhel cómo le explicaría a alguien, por ejemplo, de Bilbao, la importancia de tener una caseta de Feria en Sevilla, él cita que, precisamente, el padrino de uno de sus hijos era el decano de la facultad de su especialidad médica en la ciudad vasca.

Eso sí, esta caseta no es la que más tiempo llevaba esperando para llegar al recinto ferial, porque la Asociación Familiar Nazarena realizó su solicitud en 1990, y lo ha conseguido este año. El matiz es que esta entidad no renovó todos los años su petición, de modo que perdió algo de su antigüedad. La perseverancia, efectivamente, es primordial en este asunto.

La Feria de Abril es uno de los eventos culturales más importantes de España, donde tradición, cante y baile destacan como señas de identidad. Por ello, cerca de tres millones de visitantes pasean por las calles del Real durante la semana de farolillos. Este impacto no pasa inadvertido por los influencers o creadores de contenido de redes sociales, que también aprovechan la repercusión del acontecimiento para comercializar y ganar dinero a costa de su impronta.

El caso más extravagante es el de la influencer Lola Lolita (@lolalolita), que cuenta con más de 17 millones de seguidores en total. La alicantina ha subido a sus redes sociales ocho videos y dos publicaciones, una de ellas una acción publicitaria, relacionadas con la Feria de Abril, sin estar en la ciudad, gracias a una sesión de fotos que se realizó en la semana anterior. Este hecho ha provocado la indignación de algunos de sus seguidores que le comentan en sus publicaciones cosas como “Vaya postureo lo sube mientras está en el sofá de su casa en Madrid” o “Apropiación cultural”. 

Junto a este fenómeno de feriantes fuera de la Feria, hay otro muy recurrente entre los referentes de las nuevas generaciones: buscar un parentesco andaluz, por muy remoto que sea, para justificar la presencia en el Real y no sentirse un extraño que está tratando de realizar una apropiación cultural. Un ejemplo es el de Diego Rincon (@diegonister), que se expresa así en dos de sus publicaciones: “Quizás yo haya nacido en Ibiza y mi adolescencia la haya pasado en Valencia, pero nadie nadie puede negar que yo llevo sangre sevillana por mis venas”. “No os equivoqueis, yo sí tengo sangre andaluza, yo sí tuve conversaciones con mi padre diciéndome que venga a vivir la feria con él, cosa que nunca pude hacer”.

Influencers sevillanos defienden sus tradiciones

En sus comienzos, la Feria de Sevilla fue una feria de ganado donde la gente del campo comercializaba con animales. Con el paso del tiempo y la urbanización de la ciudad, en el siglo XX fue tomando un carácter cada vez más festivo que llega hasta nuestros días. Sin embargo, algunos creadores de contenido nacidos fuera de Andalucía parecen querer recuperar esa impronta comercial, publicitando trajes de flamenca sin importarle cómo se vive actualmente la feria.  

Por ello, creadores de contenido sevillanos como Fabiana Sevillano (@fabiana.sevillano) responden a lo que ellas consideran una falta de respeto a las tradiciones de su ciudad, con mensajes como “Hay que vivirlo”, acompañado de un video bailando en una caseta junto a sus amigos. Otro ejemplo es el de Marina García (@mgarciarod), exconcursante de La isla de las tentaciones, que en un carrusel de fotos suyas comenta: “Yo sí me puse mi traje, me llené el bajo de albero, me molí mi espalda y mis pies por las esparto y me recogí de madrugada pisándome los volantes. Y lo que yo disfruto no está pagao con ná”.

Esta defensa a ultranza no solo la realizan los máximos exponentes a nivel social de la ciudad, sino que cuentas anónimas y más pequeñas defienden lo que consideran suyo. Ellos llenan de comentarios los comentarios de sus publicaciones con mensajes negativos, recordándoles que las fiestas de la ciudad, no son una alfombra roja donde despliegan sus mejores galas.

La líder de Podemos Sevilla y concejala en el Ayuntamiento, Susana Hornillo, ha propuesto este viernes que las 220 nuevas casetas proyectadas en el recinto ferial sean “íntegramente públicas y de gestión directa municipal”, en aras de “democratizar” la Feria de Abril.

En una nota de prensa, el grupo ha enmarcado que de las 1.057 casetas actuales sólo 17 tienen carácter público, algo que han tildado de “elitista”. “Con voluntad política, la Feria puede pasar de ser el cortijo del 2% a tener espacio para todos”, ha asegurado Hornillo.

Asimismo, ha criticado el modelo de concesión defendido por el Ayuntamiento y ha asegurado que se pretende “imponer mediante la cesión de espacio durante 28 años”. Según Podemos, “hipotecar” el presupuesto municipal con un canon que “superará los 120 millones de euros para garantizar un beneficio empresarial del 7%” es, a juicio de la formación, una “transferencia obscena de dinero público a manos privadas”.

“Apostar por la gestión pública”

En este sentido, han apostado por eliminar los intermediarios y apostar por la gestión pública para “ahorrar costes y garantizar servicios de calidad”.

La Feria de Abril contará con 220 nuevas casetas (aunque el Ayuntamiento confía en que al final sean hasta 228) en un área de 20.000 metros comprendida entre la calle Costillares y las avenidas de Juan Pablo II y Alfredo Kraus, en la zona en la que se ubica actualmente la calle del Infierno, que será retranqueada. El acceso a las nuevas casetas se decidirá por estricto orden de antigüedad en las listas de espera que gestionan la delegación de Fiestas Mayores.

La zona de atracciones –la Calle del Infierno– crecerá un 10% y se reubicarán 27 casetas. Las hasta 228 de nuevo cuño que pueden surgir suponen un 5% sobre una lista de espera de 4.149 peticionarios, con la previsión de que muy pocas sean públicas.

En la Feria de Abril de 2026, como todos los años, para que una gran mayoría disfrute debe de haber una minoría que trabaje. Las personas que dejan su tiempo en el Real y en sus alrededores están afrotando una semana movida, sin apenas tregua, donde se acumulan jornadas de muchas horas. Su objetivo final es el dinero que ingresarán la semana que viene cuando cobren, gran parte en “B”, según confiesan algunos de ellos a este periódico. “El que está en la feria es por razones económicas. Esto no es algo que aguante todo el mundo y, cuando se hace, es porque hace falta”, recalca uno de ellos.  

Tanto trabajo que no siempre se cumple con la legalidad, a riesgo de estar ante una explotación laboral. Desde UGT, a través de su secretario general de Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT Sevilla, Enrique Jiménez, aclaran que los inspectores de trabajo este año “están haciendo buenas batidas” para detectar prácticas irregulares“. Sin embargo, destaca que ”no se tiene la capacidad para controlar la cantidad de gente que se mueve trabajando aquí“. 

Para erradicar este abuso sobre los trabajadores es fundamental que la ciudadanía denuncie los casos que observen, ya que “si hay un camarero que te atiende por la mañana y por la noche, está claro que hay una irregularidad”, explica Jiménez. Sin embargo, se trata de una labor compleja, puesto que este tipo de prácticas se suele dar en casetas privadas donde, en ocasiones, los socios son conocedores de lo que ocurre. 

Falta de espacio, malas formas, exigencias o aguantar a personas ebrias, además de comer de forma rápida o directamente, no comer, son las principales desventajas de trabajar en la semana de Feria. En años puntuales como el actual, también el calor hace mella en los trabajadores, que llegan a perder varios kilos durante la semana. “Me pesé ayer y me voy a pesar la semana que viene para ver cuanto peso pierdo trabajando en la Feria”, afirma entre risas Vanessa, cocinera con tres años de experiencia en una caseta de tres módulos. 

“Ferias con derechos”

Al cansancio físico que tienen que aguantar cocineros, camareros y seguridad de las casetas, se le suma un cansancio mental intangible que el feriante que disfruta no nota, ya que siempre tratan de poner su mejor cara. “Lo peor de este trabajo es el desgaste físico y mental que tienes con tantas horas de trabajo a un ritmo vertiginoso”, destaca Antonio, responsable de barra de una caseta. 

Para sobrellevarlo mejor, se apoyan los unos a los otros, haciendo amigos que, en ocasiones, hacen de psicólogos. “Lo mejor son los compañeros porque son como una familia. Se pasan momentos difíciles y duros, pero cuando hay compañerismo se suele llevar mejor”, declara Noemí, cocinera en una caseta.

En ocasiones, los trabajadores acumulan este cansancio por la gran cantidad de horas que pasan en sus puestos, lo que supone una explotación laboral. Por ello, desde Adelante Andalucía defienden que “para que las ferias las podamos disfrutar todos, tienen que ser ferias con derechos, en las que las horas extras se paguen en las que todo el mundo esté contratado, se cumplan los convenios y nadie se enriquezca a costa del maltrato laboral de nadie”, argumentó a comienzos de semana José Ignacio García, portavoz del partido. 

El representante de Adelante Andalucía animó a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a venir a “disfrutar” de las ferias de Andalucía, pero también le gustaría que “viniera a las ferias con un plan de inspecciones laborales debajo del brazo para que no haya ninguna explotación laboral y las ferias sean de todos”.

Al terminar una jornada cualquiera en el recinto ferial, las casetas sacan las bolsas de basura a la calle para que sean recogidas por LIPASSAM. Además, los servicios de limpieza retiran las heces de los caballos, las jarras de plástico y las latas, entre otras cosas que se han ido tirando a los adoquines, con el objetivo de que cada mañana el recinto luzca como nuevo. Para ello, hay un dispositivo 591 de personas y 117 vehículos. 

El transporte público es esencial para acudir y, sobre todo, para volver del recinto ferial. TUSSAM y Metro de Sevilla han reforzado sus servicios. La empresa de autobuses ofertará casi 1,7 millones de plazas por sentido en las líneas C1, C2, 5, 6 y 41, la línea Exprés LE y el Tranvibus, que alargan su recorrido, y la lanzadera especial Charco de la Pava-Feria. Por su parte, Metro de Sevilla operará de forma ininterrumpida desde el lunes a las 6:30 hasta el domingo de feria a las 2:00, tras los fuegos artificiales. 

Los encargados de velar que todo salga correctamente son los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, que este año suma cerca de 3.000 agentes, unos 2.000 de Policía Nacional y 900 de Guardia Civil. Entre los cuerpos que van a actuar en esta Feria de Abril destacan la Unidad de Intervención Policial (UIP), la de Caballería, la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) y la Brigada Móvil de la Policía Nacional, así como agentes de paisanos, la unidad de Subsuelo, Guías Caninos y Medios Aéreos. Por último, se repetirá la “Operación Albero”, que tiene como objetivo reducir el número de hurtos, delitos menores y agresiones sexuales.

“La Feria se va a ampliar sí o sí en 2027”. Así de rotundo se expresa el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP), sobre el previsto ensanche del recinto ferial para ganar más de 220 casetas, un objetivo perseguido desde hace décadas y que el regidor incluyó en su programa electoral. El problema es que todavía no tiene la preceptiva autorización del Gobierno central, que es el dueño de los suelos, paso en teoría indispensable para arrancar un proyecto que tiene la singularidad de que la gestión se hará con una concesión de obras, es decir, lo asumirá una empresa privada.

Esto implica, a su vez, que el Ayuntamiento hispalense le tendrá que pagar un canon durante 28 años con un beneficio para el concesionario que superará el 7%. En total, IVA incluido, el Ayuntamiento pagará durante estas casi tres décadas unos 120 millones de euros por la construcción (unos 30 millones de euros) y el mantenimiento (325.000 euros anuales de partida) de la zona de ampliación, que gestionará directamente una empresa privada. Esto implica que coexistirán dos modelos, ya que el resto del Real seguirá bajo competencia directa municipal, que cobrará a los nuevos titulares las correspondientes tasas para abonar el canon al gestor, 2,9 millones el primer año con un incremento interanual del 2% para pagar el último ejercicio 4,8 millones.

El gobierno local del PP ha decidido ir a una política de hechos consumados, “no vamos a esperar a que nos respondan porque nosotros tenemos nuestra hoja de ruta”, he incluso el regidor no sólo no descarta que la cuestión acabe en los tribunales sino que ha lanzado todo un desafío al Ejecutivo central: “Si se quiere negar a esta ampliación, que lo diga”. No hay que perder de vista que la pugna hay que enmarcarla en un doble contexto electoral, ya que junto a la inminente campaña andaluza (el PP está forzando la máquina convencido de que la situación perjudica al PSOE) hay que tener en cuenta que esta ampliación se concretaría a escasos meses de las elecciones municipales de 2027.

Las dudas jurídicas del proyecto

Así que con este pulso político de fondo, el Ayuntamiento del PP se presenta como rehén de la falta de respuesta del Gobierno del PSOE, con lo que justifica su decisión de tirar por la calle de en medio y seguir para adelante aunque no tenga la titularidad de los suelos. Además, se siente legitimado por el convenio que en su momento se firmó con el Estado para la cesión de los terrenos en los que ahora se levanta la Feria: como se mantiene este uso recreativo, lo que se firmó hace décadas es en teoría aplicable a las nuevas parcelas necesarias.

Pese a esta escenificación, desde el Ejecutivo central se apunta que los técnicos siguen analizando la última documentación remitida por el Consistorio, a la vez que se desliza que si el procedimiento se ha retrasado es porque hubo un error de partida en el planteamiento municipal al solicitar los terrenos para entregárselos a un privado vía concesión de obras. Ahí es donde surgieron las dudas jurídicas, ya que una cosa es una cesión de un bien entre administraciones y otra que sea directamente a un privado que además va a obtener un beneficio económico.

De hecho, desde el equipo de José Luis Sanz se llegó a apuntar a que inicialmente hubo una “buena predisposición” por parte del Gobierno para ceder unos suelos adscritos a Patrimonio del Estado, es decir, al Ministerio de Hacienda. Pero pronto surgieron las fricciones políticas, a las que no fueron ajenas que hasta ahora la titular de esta cartera era María Jesús Montero, líder del PSOE andaluz y candidata a la Junta. Esto llevó al propio alcalde a acusar a la propia Montero y al portavoz municipal socialista, Antonio Muñoz, de intentar que la ampliación “no pueda salir bajo ningún concepto”.

Actuar sin preguntar

“No contemplamos que no acceda”, se insiste machaconamente desde el Ayuntamiento, dejando la pelota de la responsabilidad política en el tejado estatal. Y en paralelo, Sanz lanza las consignas de que “la autorización no es preceptiva” y que “no vamos a esperar a que nos respondan” para cubrirse las espaldas en su decisión de seguir adelante sea como sea, y es que para que estas más de 220 casetas sean una realidad para 2027 hay que ponerse manos a la obra nada más terminar la Feria de Abril que ahora se está celebrando.

Los contactos entre las partes han sido hasta ahora meramente técnicos, sin una negociación política previa que allanase el camino. El regidor insiste en que realmente no hace falta, pero que hace unos días se le volvió a mandar una carta a Hacienda por “guardar las formas”, a lo que desde el Gobierno se responde que esta comunicación no es una deferencia sino el camino que corresponde para que dos administraciones formalicen un acuerdo sobre un suelo que –se recuerda– es patrimonio de todos los españoles.

Lo de iniciar un proyecto sin preguntar antes al propietario no es la primera vez que lo hace el alcalde hispalense, que en la campaña de las municipales anunció un Louvre sevillano en la sede principal de la Universidad de Sevilla o el cierre de la Plaza de España para cobrarle la visita a los turistas sin consulta previa alguna. Tanto la Hispalense como el Gobierno central, propietarios de los edificios, se enteraron por la prensa.

Casetas para el 5% de los que esperan una

En cuanto al proyecto en sí, fue registrado de manera conjunta por tres constructoras (Martín Casillas, Carmocón y Esasur) durante la propia celebración de la Feria de 2025, ajustándose como un guante al deseo expresado de ampliar el recinto por el gobierno local, que encomendó a la Gerencia de Urbanismo que analizase la viabilidad del proyecto. Posteriormente, el pasado mes de febrero, hizo la petición al Gobierno para la cesión “directa y gratuita” de la titularidad de tres parcelas que suman 278.233 metros cuadrados con una calificación urbanística como suelo urbano no consolidado.

El proyecto prevé la creación de tres nuevas calles, dos de las cuales ya tienen nombre avanzado por el propio alcalde: Juan Antonio Ruiz Espartaco y Morante de la Puebla, en sintonía con que los viales de la Feria están bautizados con nombres de toreros. La zona de atracciones –la Calle del Infierno– crecerá un 10%, se reubicarán 27 casetas y habrá 220 de nuevo cuño, aunque el Ayuntamiento calcula que al final se llegará a las 228. Esto supone un 5% sobre una lista de espera de 4.149 peticionarios, con la previsión de que muy pocas sean públicas.

Aunque la iniciativa la hayan presentado tres empresas sevillanas, a la hora de la verdad tendrá que salir a concurso público con libre concurrencia, no puede haber una adjudicación directa por parte del gobierno local del PP. Los impulsores defienden que se trata de “un proyecto anhelado por Sevilla”, que el contrato de concesión de obras propuesto es la fórmula “más eficaz y eficiente”, además de una “herramienta de alto interés” para el Consistorio, y que la gestión privada permitirá “repercutir positivamente en la calidad del servicio”. “Mejorará toda la ciudad, con más puestos de trabajo y más turistas”, apostilla.

“Puede haber sobrecostes”

Eso sí, el Ayuntamiento mantendrá la propiedad de las instalaciones, “reservándose las decisiones estratégicas, la tutela del servicio, la protección de los derechos de los usuarios y la supervisión efectiva del cumplimiento de las obligaciones del gestor privado”. En cuanto a las ventajas que supone para el gobierno local, “representa una considerable liberación de necesidades adicionales de aportación de medios humanos” y reduce la “estructura administrativa necesaria”, además de una “ventaja adicional”: no se computará la financiación vinculada al proyecto en la contabilidad pública a efectos de la normativa sobre estabilidad presupuestaria.

Eso sí, los proponentes y aspirantes a la adjudicación del contrato se guardan las espaldas en varios frentes, el primero de los cuales es con respecto a los terrenos necesarios, sentido en el que se recuerda que “no hace falta expropiar, pero la Administración es responsable de aportar los suelos”. Asimismo, los precios propuestos –30 millones la ampliación y un punto de partida de 325.000 euros anuales para el mantenimiento– toman como referencia el 1 de enero de 2025 y “puede haber sobrecostes”.

La Junta Electoral Central (JEC) ha avalado este jueves cinco acuerdos adoptados por la Junta Electoral de Andalucía (JEA) en las que estimaba las denuncias presentadas por la coalición Por Andalucía a cinco visitas técnicas realizadas por consejeros de la Junta tras el anuncio de la convocatoria electoral del 17 de mayo, así como la publicación de tuits en la red social X relativos a esa actividad.

En todos los acuerdos, la JEC ratifica que dichas visitas vulneran las prohibiciones establecidas en el artículo 50.2 y 3 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg). Asimismo, el organismo ha instando a dichos consejeros a que se “abstenga de realizar en el futuro actuaciones como la examinada, que pudieran vulnerar la Loreg, y a que extreme las precauciones para asegurar el respeto al principio de neutralidad en el ejercicio de su actividad institucional durante el curso del proceso electoral conducente a las elecciones del 17 de mayo de 2026”.

“El consejero, como cualquier otro cargo público, puede ejercer libremente su derecho fundamental a la libertad de expresión y opinión. Pero no puede hacerlo prevaliéndose de las actividades realizadas en su condición de cargo público”, ha indicado la JEC en los acuerdos consultado por Europa Press.

Declaraciones y cobertura mediática

En concreto, el organismo ha respaldado la denuncia presenta en las visitas de la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, a las obras de la plataforma reservada del Aljarafe Norte en Sevilla; también Rocío Díaz a las últimas pruebas de la conexión con el trazado de la prolongación del metro de Granada; en los trabajos de emergencia en la vía autonómica A-333; del consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, al centro de salud de Salobreña (Granada); y también de Sanz al hospital de Motril (Granada).

En todos los recursos presentados a la JEC, la Junta ha alegado que estas visitas técnicas se realizaron “conforme a la normativa electoral, pues no consta que en la visita se haya hecho convocatoria de medios, ni que apareciera en la agenda institucional, sin que se emitiese ninguna nota de prensa”. En esta línea, el gobierno andaluz ha indicado que la publicación en redes sociales se ha producido en la cuenta personal del perfil de X del consejero, “y por tanto, debe prevalecer la libertad de expresión”.

Sin embargo, pese a estos argumentos, la JEC ha corroborado que varios medios de comunicación cubrieron la visita y que los consejeros realizaron declaraciones. Asimismo, según el organismo, “las características del vídeo, que en buena parte de su extensión focaliza su atención en la consejera y su equipo y tiene una elaboración muy profesional, del mismo tipo que otros vídeos relativos a visitas que la Junta Electoral ha examinado con ocasión de denuncias ha determinado que se considere como un indicio añadido de que la visita se llevó a cabo rebasando el carácter de una mera visita técnica y con un componente promocional”.

Los acuerdos son firmes en vía administrativa contra los que solo cabe una interposición de recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el plazo de dos meses desde su notificación.

Desestimadas varias denuncias contra 'tuits' de Moreno

En la reunión de la Junta Electoral Central de este jueves, también se ha desestimado el recurso presentado por la coalición Por Andalucía contra la decisión de la JEA de no considerar contra la Loreg vario 'tuits' publicados por Juanma Moreno en su cuenta en la red social 'X' en los que venía a valorar fiestas como la tauromaquia o la Semana Santa.

Según la JEC, “no resulta posible encontrar en las manifestaciones denunciadas ningún contenido electoralista”. “No hay en ellas alusiones a realizaciones o logros obtenidos, ni referencias comparativas o críticas con otras formaciones políticas, ni se utilizan imágenes o expresiones coincidentes o similares a las utilizadas en la campaña por alguna de las formaciones concurrentes a las elecciones”, ha remarcado.

En todos los casos, la Junta Electoral de Andalucía acordó desestimar estas denuncias apoyándose para ello en artículos de la Loreg y en acuerdos anteriores sobre cuestiones similares.

La Junta Electoral Central (JEC) ha ratificado este jueves que la versión digital del Documento Nacional de Identidad (DNI) no podrá utilizarse “para la identificación del votante” en las elecciones al Parlamento andaluz convocadas para el próximo 17 de mayo, al no estar garantizado que “el control de la verificación de la identidad de los electores” por dicho sistema es “suficientemente segura”.

Así lo señala la JEC en un acuerdo adoptado este jueves, 23 de abril, al que ha tenido acceso Europa Press, que responde a una consulta de la Junta Electoral de Andalucía (JEA) “relativa a la repercusión en la suspensión de la eficacia de las aplicaciones 'MiDGT' y 'MiDNI' como medio válido de identificación de los votantes para las elecciones al Parlamento de Andalucía” del 17 de mayo.

La Junta Electoral Central decidió el pasado 26 de marzo dejar en suspenso sus resoluciones autorizando el uso de la versión digital del DNI para acreditarse a la hora de votar en unas elecciones, permitida desde el pasado septiembre, y a instancias del PP acordó que ya no se pueda utilizar en las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo y mientras no se garantice que el control de verificación sea “suficientemente seguro”.

Control de la verificación de la identidad

La JEC ha ratificado así en su acuerdo de este jueves, 23 de abril, ese otro del pasado 26 de marzo de 2026 “sobre la suspensión de la eficacia de sus acuerdos por los que se permitía la utilización de las aplicaciones 'MiDGT' y 'MiDNI' por parte de los electores en el momento de depositar su voto, presencialmente o por correo”.

De esta manera, “como se dice en el mencionado acuerdo, dichas aplicaciones no podrán utilizarse para la identificación del votante, en tanto no se garantice que el control de la verificación de la identidad de los electores por estos sistemas es suficientemente segura, lo que no se produce en las elecciones al Parlamento de Andalucía convocadas para el día 17 de mayo próximo”, zanja el acuerdo de la JEC en respuesta a la consulta de la Junta Electoral andaluza.

Desde la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía subrayaron el pasado marzo que esta decisión de la JEC se producía también “tras la impugnación formal y las alegaciones presentadas por la Secretaría General de Interior de la Junta de Andalucía”, que “cuestionaban que dicho documento cumpliera las garantías de la normativa electoral para la identificación del votante”.

“Con esta resolución, se atiende la solicitud de la Junta para que la identificación de los votantes se realice exclusivamente mediante los documentos físicos expresamente previstos por la ley”, remarcaron al hilo de dicha resolución del 26 de marzo desde la Consejería de Presidencia, desde donde añadieron que “la Administración andaluza entiende que, mientras no existan mecanismos de verificación plenamente operativos y accesibles, el uso del soporte digital no cumple las garantías exigidas en la normativa electoral”.

Escrito de la Junta

La Junta de Andalucía “advirtió que el uso de la versión digital del DNI carecía de las garantías necesarias para asegurar la integridad del proceso de votación, ya que la administración electoral no dispone actualmente de los medios tecnológicos ni de las aplicaciones oficiales necesarias para realizar la verificación de los códigos QR dinámicos que genera la aplicación 'MiDNI', lo que impide asegurar una comunicación segura y completa”.

El escrito presentado por la Junta “se fundamentaba en que el artículo 85.1 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General exige la identificación mediante documentos físicos, como el DNI o el pasaporte, que contengan la fotografía del titular”. Además, “señalaba que las mesas electorales carecen de los dispositivos para la comprobación en tiempo real prevista en el diseño del sistema”.

Por otro lado, “la dependencia de la aplicación 'MiDNI' planteaba dudas en supuestos donde no se pueda garantizar una cobertura de comunicaciones adecuada, lo que generaría una evidente inseguridad jurídica y disparidad de criterios entre las distintas mesas”, argumentaron desde el Gobierno andaluz a la hora de pedir que no se autorizara el uso del DNI digital para la identificación de votantes en la cita del 17 de mayo.

La huella de Roma en la península ibérica sigue presente en numerosos enclaves que permiten entender cómo se organizaban sus ciudades. Durante varios siglos el Imperio romano impulsó la creación de núcleos urbanos con infraestructuras, espacios públicos y viviendas que estructuraban la vida cotidiana. En muchos casos, esos restos han quedado integrados en ciudades actuales o se conservan de forma parcial, lo que dificulta su lectura completa sobre el terreno.

Aun así, existen algunos lugares donde esa estructura urbana se mantiene con suficiente claridad como para poder recorrerla sin necesidad de interpretaciones complejas. Es el caso de la antigua ciudad romana de Itálica, situada en el entorno del actual municipio de Santiponce, a unos siete kilómetros de Sevilla. Su cercanía a la capital andaluza la ha convertido en una de las visitas más habituales dentro de las rutas culturales del sur peninsular.

El conjunto destaca porque permite caminar por calles que mantienen su trazado original y enlazan distintos espacios sin interrupciones modernas. No se trata de restos aislados, sino de un área continua donde es posible identificar cómo se distribuían las zonas residenciales, los edificios públicos o los espacios destinados al ocio. Esa continuidad facilita una lectura directa del conjunto, algo poco habitual en otros yacimientos.

Itálica, una ciudad romana con trazado intacto

El origen de Itálica se sitúa en el año 206 a. C., al final de la Segunda Guerra Púnica. Tras la batalla de Ilipa, el general Publio Cornelio Escipión ordenó la creación de un asentamiento destinado a acoger a soldados heridos. Ese primer núcleo se levantó sobre un territorio ya habitado y con el tiempo fue creciendo hasta convertirse en una ciudad consolidada dentro de Hispania. Se considera la primera fundación romana en la península y también el primer establecimiento promovido por Roma fuera de Italia.

Durante los siglos I y II d. C. el enclave alcanzó su mayor desarrollo. En ese periodo nacieron allí los emperadores Trajano y Adriano, lo que reforzó su relevancia dentro del Imperio. Fue precisamente bajo el mandato de Adriano cuando se llevó a cabo una ampliación urbana que dio lugar a nuevos barrios organizados con una planificación regular. Esa intervención configuró una red de calles amplias y rectas que aún hoy se pueden recorrer.

Uno de los puntos más reconocibles del conjunto es el anfiteatro. Se trata de una de las estructuras de mayor tamaño conservadas en la Hispania romana, con una capacidad aproximada para 25.000 personas. En este espacio se celebraban espectáculos públicos, entre ellos combates de gladiadores. Aunque gran parte de las gradas no se conserva, sí permanecen visibles galerías, accesos y zonas subterráneas que permiten interpretar su funcionamiento.

El teatro completa el conjunto de espacios dedicados al ocio. Su construcción se sitúa entre los siglos I a. C. y I d. C., y se mantuvo en uso hasta el siglo V. Tenía capacidad para unas 3.000 personas y estaba destinado a representaciones escénicas y actos públicos. A diferencia del resto del yacimiento, este edificio se encuentra en una zona más integrada en el actual núcleo urbano de Santiponce.

Las viviendas conservadas ofrecen otra perspectiva del funcionamiento de la ciudad. Las llamadas domus, pertenecientes a familias con recursos, presentan una organización en torno a patios interiores y estancias decoradas. En algunas de ellas se mantienen mosaicos con motivos geométricos y escenas mitológicas, como ocurre en la Casa de los Pájaros o la Casa de Neptuno.

El conjunto incluye también instalaciones termales. En Itálica se han identificado dos complejos de este tipo, conocidos como termas mayores y menores. Estos espacios estaban destinados tanto a la higiene como a la vida social y contaban con salas de distintas temperaturas. Además de estos elementos, se conservan restos de murallas que delimitaban el perímetro urbano y estructuras relacionadas con el suministro de agua, como depósitos vinculados a un acueducto. Todo ello formaba parte de la infraestructura necesaria para el desarrollo de la ciudad.

Tras la caída del Imperio romano, el enclave fue perdiendo población y terminó siendo abandonado de forma progresiva. A pesar de ello, su estructura no desapareció por completo. El interés por su recuperación comenzó a principios del siglo XX. En 1912 fue declarado Monumento Nacional y, a partir de 1929, se iniciaron excavaciones sistemáticas que permitieron identificar distintas áreas de la ciudad. En la década de 1970 se ampliaron los trabajos, especialmente en el teatro.

En la actualidad, la zona arqueológica abarca tanto el área excavada como parte del municipio de Santiponce. El recorrido se realiza a pie y permite enlazar calles, viviendas y edificios públicos en un mismo itinerario. La señalización facilita la identificación de cada espacio y su función dentro del conjunto.

La conservación de Itálica permite observar cómo se estructuraba una ciudad romana sin necesidad de reconstrucciones extensivas. Caminar por sus calles, acceder a viviendas y recorrer espacios públicos ofrece una forma directa de entender su funcionamiento. Esa combinación de accesibilidad y estado de conservación sitúa a este enclave como uno de los ejemplos más completos del urbanismo romano en la península ibérica.

Adelante Andalucía ha presentado este jueves ante la Oficina de Andaluza contra el Fraude y la Corrupción una denuncia contra el director de comunicación de Vox, Álvaro Zancajo, por “no cumplir con el reglamento de incompatibilidad” del Consejo de Administración de la Radio Televisión Andaluza (RTVA), al que pertenece.

“Este señor es miembro del Consejo de Administración de la RTVA, cobra 60.000 euros al año como miembro de dicho consejo, no dedica ni un minuto de su tiempo a ese consejo, sino que trabaja para Vox, lo cual es ilegal”, ha afirmado el portavoz y candidato de la formación a la presidencia de la Junta, José Ignacio García, en una atención a los medios. En la denuncia, la formación ha señalado que la labor de Zancajo con el partido “incumple” la ley 18/2007 de la RTVA y el reglamento de incompatibilidades del propio consejo.

García ha indicado que “van a quedar a la espera” de la respuesta de la oficina y no han descartado elevar la denuncia ante la Fiscalía “por presunta financiación ilegal”, en caso de “inacción” por parte del organismo. “Exigimos su cese porque estamos hartos de los señoritos de las paguitas”, ha subrayado García. El candidato del partido ha asegurado que el discurso de Vox sobre “pagas para los migrantes, no solo es falso y racista, sino que encubre que son ellos los que se lucran de ellas”.

Cese

“No vamos a permitir que suelten su discurso manipulador y mentiroso contra las personas migrantes, mientras ellos son los señoritos de las paguitas”, ha declarado García. En esta línea, el portavoz de Adelante ha señalado “las promesas de Vox de cerrar Canal Sur”, a la que, según ha indicado García, calificaba como un “chiringuito”.

“El Partido Popular podría cesar a este señor automáticamente si verdaderamente tuviera la voluntad política para ello. Ahora todos los partidos se tienen que posicionar. ¿Queremos que haya un señor que va hablando de paguitas, pero él cobra una paguita de 60.000 euros de Canal Sur sin trabajar para Canal Sur, sino que trabaja para Vox? Estos son los que se cargan los servicios públicos, estos señores”, ha concluido.

En el escrito, se señala que Álvaro Zancajo fue nombrado miembro del Consejo de RTVA en 2022, dos años después, desde 2024 desempeña su trabajo como coordinador nacional de comunicación de Vox. El artículo 11.3 del Reglamento del Consejo de Administración prescribe que “el ejercicio del cargo deberá desarrollarse en régimen de dedicación absoluta y exclusiva, siendo incompatible con cualquier otro cargo, profesión o actividad públicos o privados, incluidos la docencia y los cargos electivos de representación popular en colegios, cámaras o entidades que tengan atribuidas funciones públicas”.

Asimismo, ha subrayado que el consejero “tiene un deber activo de adecuación de su situación profesional y de evitación de acumulación de actividades incompatibles”. Una situación que ha asegurado que la incompatibilidad “puede comprometer la apariencia de independencia del órgano y la confianza de la ciudadanía en la integridad del ente público”.

El escrito pide “actuaciones de comprobación e investigación oportunas para esclarecer si, en el período comprendido desde su nombramiento de consejero hasta la actualidad, concurre una situación de incompatibilidad, conflicto de intereses o incumplimiento del deber de dedicación absoluta y exclusiva al consejo”.

Respuesta de Vox

El candidato de Vox a la presidencia de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, ha defendido este jueves que el responsable de comunicación del partido, Álvaro Zancajo, “cumple con todas sus obligaciones” tras la denuncia presentada ante la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción por Adelante Andalucía señalando la posible “incompatibilidad” de la labor de Zancajo con su puesto en el Consejo de Administración de la Radio Televisión Pública Andaluza (RTVA).

“Le puedo garantizar que el señor Zancajo cumple con todas sus obligaciones, cumple con todos sus deberes. Esto seguramente responderá a ese miedo que nos tienen, a que cuando Vox esté en los gobiernos y en Andalucía estemos en los gobiernos, pues quitemos la manipulación de todos esos sindicatos afines a la izquierda”, ha respondido Gavira a las preguntas de los periodistas al respecto.

La Dirección General de Tráfico (DGT) reforzará la vigilancia de cara al Gran Premio de España de Motociclismo en el circuito de Jerez-Ángel Nieto. Se espera la asistencia a los miles de motoristas que se desplazarán desde toda España y de otros países europeos para presenciar una de las pruebas más veteranas del calendario deportivo. 

Tráfico desplegará durante los días 24, 25 y 26 de abril un dispositivo especial amplio. Se vigilará la fluidez de las principales carreteras que desembocan en el municipio andaluz, se extremará la vigilancia en los alrededores del circuito y también se reforzará el transporte público para que los aficionados puedan desplazarse y volver del mismo. 

Jerez lidia con la Feria de Abril de Sevilla

El dispositivo de la DGT busca favorecer la fluidez del tráfico de los vehículos con destino a Jerez mediante la recomendación de itinerarios alternativos que permitan una circulación más ágil y segura. Estas medidas se aplicarán en un ámbito aproximado de entre 300 y 400 kilómetros en torno a este destino y con particular incidencia en los siguientes:

En las provincias de Ciudad Real y Badajoz y en diferentes puntos de la comunidad andaluza se establecerán puntos de vigilancia que prestarán especial atención a la utilización de casco y cinturón de seguridad, excesos de velocidad, conducción bajo la influencia de alcohol o drogas, adelantamientos antirreglamentarios y conducción temeraria. En este dispositivo participan unos 450 agentes de la Guardia Civil. La velocidad será controlada por los radares fijos y de tramo instalados en carretera.

La complicación para llegar a Jerez es doble. El fin de semana coincide con la celebración de los últimos días de la Feria de Abril en Sevilla, lo que motivará desplazamientos de asistentes a ambos eventos, complicando los viajes entre Sevilla y Cádiz. 

En torno al circuito, habrá cerca de trescientos agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, cincuenta funcionarios de la DGT y efectivos de la Unidad de Medios Aéreos, que emplearán helicópteros y drones. Estos últimos realizarán tareas de vigilancia y regulación de la circulación y efectuarán vuelos nocturnos para detectar infracciones, incluida velocidad, mediante grabación de imágenes.

Para llegar al Circuito Ángel Nieto, Tráfico recomienda anticipar la llegada y tener en cuenta que también se pueden producir demoras en la salida por la importante afluencia de vehículos. Por eso, es recomendable evitar la utilización del vehículo privado y aprovechar las opciones del transporte público existente.

De hecho, el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera ha previsto autobuses urbanos y lanzaderas para llegar hasta el circuito y regresar. Los puntos de partida están localizados en la rotonda del Minotauro, junto a la estación de trenes, y en la explanada Feria Ifeca. En ambos casos el trayecto hasta el circuito es directo, aclaran en un comunicado. 

Un hombre ha sido detenido en Sevilla este martes, 22 de abril, por un presunto delito de agresión sexual a una mujer en los baños de una caseta de la Feria de Sevilla. Así lo han confirmado fuentes de la Policía Nacional, aunque, por el momento, no ha trascendido más información sobre el episodio.

Según la información adelantada por El Correo de Andalucía, el varón habría llevado a cabo “tocamientos”, algo que la víctima habría denunciado a los agentes mientras aún se encontraba en el recinto.

Cabe destacar que el dispositivo de seguridad diseñado con motivo de la Feria de Abril cuenta con alrededor de unos 2.000 miembros de Policía Nacional, sumados a los más de 900 que proporciona a Guardia Civil y más de 150 que aporta la Dirección General de Tráfico (DGT).

El Ayuntamiento de Sevilla ha habilitado tres puntos violetas con ampliación de horario para este 2026 por parte de los voluntarios de Cruz Roja, de 19.00 a 2.30 horas. Estos espacios están ubicados en tres enclaves estratégicos del Real: el hospital de campaña, en la avenida Alfredo Kraus; en la caseta de niños perdidos, en la calle Gitanillo de Triana, 126; y en la caseta de mando de la Policía Local, en la calle Manolo Vázquez, 11-13. En ellos, personal técnico especializado y voluntariado de Cruz Roja ofrecerán apoyo inmediato ante cualquier situación de acoso, agresión o violencia, además de información y orientación a quienes lo necesiten.

La Fiscalía de Menores ha ordenado el ingreso en un centro del menor detenido por un apuñalamiento en la Feria de Sevilla, según han confirmado fuentes del Ministerio Público a Europa Press. El menor fue arrestado por apuñalar, supuestamente, a un hombre, de 32 años, en la calle del Infierno, en una zona próxima a los aseos.

Los hechos tuvieron lugar en la madrugada de este martes, en concreto, a las 1:45 horas, y como resultado de la agresión, la víctima sufrió lesiones en el cuello y la espalda.

Desde el Gobierno local se informó al respecto que las diligencias, por lesiones, seguían abiertas en la Inspección de Guardia y que, de momento, no había traspaso reflejado en las diligencias a Policía Nacional.

El arrestado, que carece de antecedentes, se ha mantenido en custodia en dependencias policiales mientras se realizaban los trámites preceptivos con Fiscalía de Menores y con su embajada.

Al detenido le acompañaban otros tres menores --de 14, 16 y 17 años, todos identificados-- así como otras jóvenes testigos de lo ocurrido. Todos ellos, residentes en un municipio de la provincia de Sevilla.

La tecnología se ha vestido de Feria con la entrega, este martes, de los Premios Luz 2026. La entrega de estos galardones, que reconocen la excelencia en innovación, ciencia y tecnología, ha tenido lugar a mediodía en la Caseta del Círculo Mercantil e Industrial del Real de la Feria de Abril de Sevilla.

En el acto, el vicepresidente de INPRO (Sociedad Provincial de Informática de la Diputación de Sevilla), Antonio Jesús Muñoz Quirós, ha reconocido a la empresa sevillana Soltel. Julio Pérez, director general, ha recogido el premio en reconocimiento a su trayectoria, crecimiento y capacidad para liderar proyectos tecnológicos de alto impacto.

Organizados e impulsados por Cibersur y Human Smart Lab, los Premios Luz se han consolidado como el encuentro más relevante del calendario tecnológico andaluz, reuniendo cada año a más de 300 profesionales, directivos e instituciones en un acto que combina el calor de la Feria de Abril con el rigor del mejor sector TIC de la región.

“Los Premios LUZ son una radiografía del talento tecnológico andaluz. Cada edición nos permite comprobar cómo empresas, instituciones y profesionales están liderando procesos de transformación con impacto real en la sociedad”, ha destacado Victoria Cabrera, directora de Cibersur.

El presidente del Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla, José María González, ha subrayado el vínculo histórico y simbólico de la institución: “Nos sentimos muy orgullosos de ser sede de estos galardones. Fuimos la cuna del comercio y la industria sevillana, y también el lugar donde nacieron estos premios, hoy convertidos en un referente del reconocimiento a la innovación, la ciencia y la tecnología en Andalucía”.

Para Carmen Bernáldez, presidenta de Human Smart Lab, el valor trasciende el reconocimiento: “Más allá del galardón, estos premios generan conexiones, abren oportunidades y refuerzan un ecosistema innovador que es clave para el desarrollo económico y social de Andalucía”.

Galardonados de los Premios Luz 2026

El jurado ha reconocido este año a siete organizaciones y una persona con un denominador común: todos están transformando Andalucía desde la tecnología.

CATEGORÍA EMPRESA: Soltel Group, que lleva dos décadas transformando administraciones públicas y grandes organizaciones desde Sevilla. Soltel es hoy un referente andaluz en ingeniería de software, cloud, inteligencia artificial, big data y digitalización de servicios públicos, con proyección nacional e internacional y una cartera de clientes que abarca desde la sanidad hasta la gestión medioambiental.

CATEGORÍA EMPRENDIMIENTO: Grodi. La empresa almeriense lleva la revolución tecnológica al invernadero. Grodi integra robótica, visión artificial, inteligencia artificial y machine learning para monitorizar cultivos en tiempo real, detectar plagas de forma temprana y optimizar el uso de recursos. Una apuesta por una agricultura más rentable, sostenible y basada en datos que está redefiniendo el sector en Andalucía.

CATEGORÍA INSTITUCIÓN: AOTEC. La Asociación Nacional de Operadores de Telecomunicaciones lleva años siendo la voz de quienes llevaron la fibra óptica allá donde nadie más llegó. Su labor en la reducción de la brecha digital y la cohesión territorial en zonas rurales la consolida como actor clave en la España conectada. Un reconocimiento a quienes construyeron los cimientos digitales del país.

CATEGORÍA COOPERACIÓN: Google España. Google ha convertido Andalucía en un polo de referencia global en ciberseguridad e inteligencia artificial. Su Centro de Excelencia en Ciberseguridad (GSEC) en Málaga, su colaboración con VirusTotal, los programas de formación en ciberseguridad con la Universidad de Málaga y en IInteligencia Artificial con la Universidad de Sevilla son ejemplos de una apuesta firme por la cooperación público-privada que sitúa a la región en el mapa internacional de la innovación.

CATEGORÍA INNOVACIÓN: Ayuntamiento de Granada. Granada se consolida como referente y líder en innovación y da un salto cuántico —en sentido literal. El proyecto iQuantum posiciona la ciudad como nodo de referencia en computación cuántica en el sur de Europa, articulando universidad, empresa, centros de investigación y administración en torno a una tecnología que definirá las próximas décadas. Una apuesta por la ciencia como motor de desarrollo y atracción de talento.

CATEGORÍA INNOVACIÓN SOCIAL: Eonesia. La empresa cordobesa pone la tecnología al servicio de quienes más la necesitan. Eonesia desarrolla soluciones digitales orientadas a la accesibilidad y la inclusión, especialmente para personas con discapacidad, con proyectos de gestión inteligente y digitalización de procesos que generan impacto social real. Tecnología que no deja a nadie atrás.

PERSONA REFERENTE: Juan Martínez- Barea. Emprendedor, conector y referente nacional e internacional del ecosistema de innovación andaluz. Juan Martín Barea ha impulsado proyectos tan relevantes como Universal Diagnostics —startup de biomedicina para la detección precoz del cáncer mediante análisis de sangre— y Sputnik, programa de formación para jóvenes en tecnologías exponenciales. Una trayectoria que combina visión estratégica, compromiso social y una capacidad única para convertir ideas en realidades que cambian vidas.

MENCIÓN ESPECIAL: Club Círculo 500. El foro del Club Mercantil que reúne a empresarios, directivos y profesionales para generar conocimiento, sinergias y oportunidades de negocio. Un espacio de encuentro que fortalece el tejido empresarial sevillano y contribuye activamente a dinamizar el ecosistema de innovación, ciencia y tecnología en la ciudad.

Los Premios Luz cuentan con el patrocinio de las compañías tecnológicas más relevantes del panorama nacional e internacional: DELL Technologies, Allied Telesis, AYESA Digital, VS Sistemas, DXC Technology, NTT DATA, ALTEN, Ontech Innovation, Orange, HPE, Vodafone, INPRO, Fujitsu, Minsait Indra, WatchGuard, T-Systems, Axion, Innovasur, IAAS365, Cenit, Proofpoint, Palo Alto Networks, Huawei, y Cibernos entre otras. Cuentan además con el apoyo de los Colegios Oficiales COITAOC y COITTA/AAGIT. Un respaldo que refleja el peso y la influencia que han adquirido estos galardones en el ecosistema TIC andaluz y nacional.

La Policía Nacional ha ofrecido este martes, 21 de abril, unos “sencillos consejos” para prevenir robos en la Feria de Abril de Sevilla. Aun así, recomienda a los afectados que ante cualquier incidente, “lo pongan en conocimiento de los agentes o llamen al 091”; ello, para evitar episodios “que comprometan la seguridad o perjudiquen el disfrute con normalidad”.

La Policía aconseja que, en la medida de lo posible, no se acuda al Real “con mucho dinero en efectivo u objetos de valor”; en caso de tener que hacerlo, “guardarlo en distintas partes de las prendas”. “Si vas a llevar tu bolso o mochila, siempre en la parte delantera, pegado al cuerpo y cerrado: no dejes tus pertenencias desatendidas en la caseta”, destaca en una nota de prensa.

“No guardes tu cartera o teléfono móvil en el bolsillo trasero del pantalón, procura hacerlo en bolsillos internos de tu chaqueta o delanteros, y desconfía de desconocidos que se acerquen demasiado a ti, sobre todo con aquellos que intentan captar nuestra atención con preguntas o cualquier otro pretexto que pueda distraernos”, añade el comunicado policial.

La Policía remarca que los carteristas actúan en grupo, no suelen llamar la atención y “se mueven muy rápido”, por lo que se pide cautela. “No dejes las llaves de tu domicilio en el interior de tu vehículo y si observas algún incidente, no dudes en comunicárnoslo o llama al 091”. “Los delincuentes también nos visitan como un turista más”.

La Policía Nacional puso en Semana Santa planes para la prevención de delitos de naturaleza económica, cometidos por grupos itinerantes de delincuentes que se instalan temporalmente en la ciudad, y logró frustrar varios hurtos, en operaciones que se saldaron con la detención de miembros de estas redes.

Diego Manuel Agüera Piñero ha sido reelegido alcalde de La Algaba (Sevilla) en un Pleno municipal celebrado este martes, 21 de abril, una vez cerrado el proceso judicial --relacionado con una denuncia por acoso a un menor de la escuela taurina del municipio-- que motivó su salida temporal del cargo. El resultado de la votación ha otorgado la mayoría absoluta al candidato socialista, con los votos a favor de los grupos PSOE y Con Andalucía y la abstención de PP y Vox.

El hasta ahora regidor algabeño, José Manuel Gutiérrez Retamino, que ha ocupado el cargo desde el 23 de febrero, renunció el pasado 13 de abril después de que Agüera hubiera “manifestado su deseo” de volver a asumir la Alcaldía tras el archivo judicial del citado caso y su posterior vuelta a la militancia al PSOE, después de que fuera apartado un tiempo de la formación política al conocerse esos hechos.

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, y el parlamentario del Grupo Socialista y número dos del PSOE de Sevilla a las elecciones del 17M, Rafael Recio, han estado presentes en esta sesión plenaria, tal como informa el Consistorio algabeño en una nota de prensa.

En su primera comparecencia tras la investidura, el regidor ha querido centrar su intervención en los agradecimientos. Así, ha reconocido la labor de Gutiérrez Retamino durante su ausencia, del que ha destacado “su gestión y entrega en un periodo complejo”, así como el compromiso del equipo de gobierno y del personal municipal, al que ha definido como “el motor” del Ayuntamiento. Agüera ha trasladado también su gratitud a la ciudadanía por el respaldo recibido durante este tiempo y ha dedicado palabras de reconocimiento a su familia y entorno cercano.

De cara a esta nueva etapa, Agüera ha asegurado que pretende “continuar la transformación del municipio, impulsar nuevas infraestructuras y servicios públicos, mejorar las condiciones laborales de la plantilla municipal y fomentar la unidad para seguir posicionando a La Algaba en el área metropolitana”. “Me fui por responsabilidad. Vuelvo por mi compromiso con La Algaba”, ha concluido.

Un niño juega a ser nazareno con un capirote de cartón en el patio de su abuela. Al lado, una silla de enea y unas cuantas flores esparcidas sobre el suelo. Es la estampa elegida para el cartel de las Fiestas de Primavera 2026 de Sevilla, uno de los períodos festivos más importantes de la ciudad de Sevilla, en las que la Semana Santa y la Feria de Abril destacan como sus máximos exponentes.

Pero no es la primera vez que estas dos fiestas tradicionales comparten cartel. En la historia de la cartelería sevillana, Semana Santa y Feria de Abril han sido protagonistas desde que estas fiestas empezaron a anunciarse al público. Así podemos verlo en el que se considera el primer cartel de las fiestas primaverales de la capital andaluza, obra de C. Chávez datada de 1878.

“Desde que en el año 1817 S.M. se dignó conceder a esta Ciudad la celebración de la Feria en el mes de abril, el merecido renombre que adquirió ha seguido en aumento constante”, puede leerse al principio. En estos primeros carteles no destacaba tanto el diseño gráfico, sino que primaba más la información. En este caso, por ejemplo, se incluían normas sobre el ganado, los carruajes y la venta ambulante en el Real de la Feria. 

La evolución de la cartelería

Con el paso del tiempo, los diseños se fueron profesionalizando y cada una de las fiestas empezó a adquirir su propia iconografía tradicional. Así, los elementos más recurrentes en los carteles dedicados a la Feria de Abril empezaron a ser las flamencas, los caballos, los farolillos y las casetas. Mientras tanto, los de la Semana Santa se llenaron de nazarenos y procesiones.

Entre los carteles más icónicos de la Feria de Abril, destacan aquellos diseñados por Gustavo Bacarisas en los años 20, que introdujo un estilo posimpresionista muy característico. Al artista también le debemos el diseño de la pañoleta de las casetas, el elemento de madera pintada que se coloca en la parte superior de la fachada de estos pequeños recintos. 

Otro de los carteles más recordados lo hizo el artista José Ramón Sierra para el año 1984, en el que rompió por completo con la tradición de los diseños y presentó uno minimalista compuesto únicamente por un fondo de lunares. Aunque fue muy polémico en la época por su innovación, hoy es uno de los grandes ejemplos de cómo ha evolucionado esta cartelería. 

Cuándo se celebra la feria

El punto de partida de esta fiesta popular lo encontramos en 1847, cuando la Feria de Abril se celebró por primera vez tras la aprobación de la reina Isabel II. A finales del siglo XIX, esta empezó a tener un carácter festivo, y durante el siglo XX terminó de consolidarse como uno de los grandes eventos de la ciudad. Este 2026, la feria se celebra desde este martes 21 hasta el próximo domingo 26 de abril.

La Feria de Abril de Sevilla 2026 ha arrancado en la medianoche de este lunes con el tradicional 'alumbrao', dando así paso a una intensa semana en una ciudad efímera que se levanta junto a Los Remedios y que este año conforman 1.040 casetas. Más de 28.000 bombillas leds iluminarán desde ahora y hasta el domingo una portada, que este edición se inspira en el Consulado de Portugal y en el cenador de Carlos V del Alcázar para conmemorar la boda del monarca con Isabel de Portugal hace justo 500 años en la ciudad.

Antes, en la inmensa mayoría de las casetas se celebraba la cena del pescaíto, donde no faltaba el pescado frito, acompañado de embutidos y quesos; todo ello regados con cerveza, manzanilla y vino fino. En cada una de ellas, socios, familiares y amigos compartían mesa y mantel a la espera de ese ansiado momento en el que la portentosa estructura que da la bienvenida a sevillanos y visitantes --30.537 metros de tubos, 3.777 metros cuadrados de panelado y 40 metros de alto-- luciera iluminada en todo su esplendor.

Antes, a las 22,00 horas de este lunes, tenía lugar el habitual espectáculo musical junto a la portada; este año a cargo del grupo Raya Real, una de las novedades de la presente edición, como también lo es que el tranvibús --la línea TB1 que conecta Torreblanca con Sevilla Este y Nervión-- prolongue su recorrido hasta la Feria, estableciendo su terminal en la contraportada. Metro de Sevilla, como en ediciones anteriores, funcionará de manera ininterrumpida durante toda la Feria.

Por delante, toda una semana en la que el recinto ferial se llenará de ambiente y colorido en el interior de las casetas y entre sus calles de albero y adoquines. Los farolillos, el cante y baile por sevillanas, la gastronomía local, los trajes de flamenca y los paseos de caballos serán los auténticos protagonistas.

El Real se convertirá en foco de atracción para miles de visitantes a esta Feria, Fiesta de Interés Turístico Internacional y uno de los iconos de la ciudad, que vivirá sin descanso hasta la medianoche del domingo, momento en el que los fuegos artificiales pondrán el broche perfecto.

Andalucía, inmersa en la precampaña para las elecciones del 17 de mayo, se ha sumado este lunes al despliegue habilitado por el Gobierno de España para gestionar de forma presencial la regularización extraordinaria de inmigrantes. El cálculo oficioso, aportado por algunas ONG, habla de unos 60.000 beneficiarios potenciales.

A las nueve de la mañana, el paseo de viandantes es ligero en Sevilla. Los turistas aún no llenan la Avenida de la Constitución y la oficina de Correos ubicada en esta céntrica arteria de la capital andaluza abre sus puertas sin colas. Es el primer día para normalizar la situación familiar y sociolaboral de muchos extranjeros mientras, en paralelo, los candidatos de izquierdas (PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía) defienden la medida; y los candidatos de derechas (PP y Vox) la demonizan.

Un total de 372 oficinas de Correos facilitarán el trámite, junto a las 60 oficinas de la Seguridad Social y las cinco de Extranjería en todo el país. Dentro de la oficina de la Avenida de la Constitución, Edwin espera a un lado a que le atiendan con la cita programada: “Llevo en España un año y siete meses y necesito los papeles para trabajar”, dice.

Procedente de Perú, donde trabajaba como taxista, huyó del país a causa de “la inseguridad que había en las calles” de su pueblo. “Llegan con la moto y te piden el dinero, el primer día pasan y dices que no puedes, vale, vienen el segundo día, no pagas y te dejan ir, vale, al tercero ya te meten la bala”, asegura sin alterar un ápice su semblante.

Con 35 años, salió de Perú con su esposa y, al poco que pudo, trajo a sus dos hijos adolescentes. “Tal vez echen raíces aquí, hagan su familia, quién sabe, a mí me gustaría volver cuando todo se calme”, dice. Entre la incertidumbre y las decisiones dolorosas, ha surgido esta oportunidad para encauzar su vida en Sevilla, ciudad en la que ha encontrado una oportunidad laboral que espera que pronto se legalice después de que abandonara Barcelona. Frente a quienes atacan esta regularización extraordinaria, encoge los hombros y zanja: “Si yo voy a un país, no voy a destrozarlo”.

“El 86% de las personas que se van a regularizar son hispanoamericanas”, afirma Jorge Serrano Paradinas, director de la Fundación para la Ciudadanía Global. La organización, que ha sido una de las impulsoras de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que finalmente fue recogida en el Real Decreto publicado el pasado 16 de abril en el Boletín Oficial del Estado, estima que se esperan unas 90.000 solicitudes de regularización en Andalucía, aunque lo más probable es que se acepten 60.000 solicitudes.

A partir de los datos que manejan, Andalucía se convertiría en la tercera comunidad con más demandantes, después de Cataluña y Madrid, mientras que, a nivel nacional, la entidad cuantifica que habrá 751.200 solicitudes, aunque habrá que esperar a junio para saber el cómputo final. Entre las nacionalidades con más población, auguran que son Colombia, Perú, Honduras, Venezuela y Paraguay, cayendo hasta el noveno puesto Marruecos.

“Venimos a aportar”

Roberto sale de la oficina tras casi media hora: “Todo el proceso ha sido relativamente fácil”, asegura. Desde que el Gobierno central anunciara el acuerdo con Podemos en enero, ha estado atento a cada una de las actualizaciones. Un hito que cambió su perspectiva, ya que, de repente, ha acortado los tiempos de la petición de asilo por razones humanitarias (casi dos años) a apenas unos meses.

Este venezolano de 33 años es ingeniero petroquímico y tiene los conocimientos digitales para que le haya parecido ágil y rápido este procedimiento, al contrario que a muchas otras personas migrantes que acuden a las asociaciones y sindicatos para pedir ayuda con todo el papeleo.

Roberto aterrizó en Sevilla tras hacer la intentona en Colombia y Santiago de Chile y, por el momento, no se arrepiente de la decisión. “La gente es muy cálida, aunque uno siempre vive con esa nostalgia y duelo por vivir fuera de su país... Pero me focalizo y tengo buena actitud”, sonríe, con la esperanza de que vengan pronto su madre y su hermana, tanto sea de visita como de forma definitiva.

A la espera de que su título se homologue, estudia un curso de climatización a través de Cáritas -la ONG vinculada a la Iglesia Católica- con tal de conseguir más oportunidades laborales desde que se apruebe su solicitud. “Este proceso acorta los tiempos y así tampoco se aprovechan de ti”, dice basándose en el testimonio de los compañeros con los que comparte clase, que se han visto afectados por la explotación laboral o las condiciones precarias de vivienda a causa de la desprotección que soportan.

Así, observa que tanto en los países sudamericanos en los que ha vivido como en España, donde la regularización extraordinaria ha sazonado la precampaña andaluza y ha sido la punta de lanza de los partidos de la oposición contra el Gobierno de Pedro Sánchez, se establece la misma dinámica: el discurso contra la población migrante para buscar el rédito electoral. “En Santiago de Chile, como aquí, los políticos culpan a la migración por no asumir la realidad, tanto para explicar por qué aumenta la delincuencia como para decir que no hay trabajo. Te venden el discurso y mucha gente cree que somos así... Hay gente mala, como en todas partes, pero venimos a aportar”.

La sede de la Asociación de Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) está saturada. Fuentes de la organización explican que atienden llamadas de teléfono cada 30 segundos y la gente acude a sus puertas “desesperada”. Cuando ven que las puertas están cerradas, se quedan fuera esperando. Por ello, han decidido organizar una charla informativa en su sede de Sevilla, con tal de que se acerque cualquier interesado y, así, facilitar los recursos a quien lo necesite.

Es más, la calma que rezuma la oficina de Correos en los alrededores de la Catedral de Sevilla contrasta con las colas que ha habido durante la mañana en el Registro General del Ayuntamiento de Sevilla, junto a los jardines del Prado de San Sebastián, lugar al que se ha trasladado el grupo municipal de Vox para atacar el proceso de regularización.

El partido ultraderechista ha priorizado, por encima de todas las políticas que defiende en el Parlamento andaluz (14 diputados), su discurso antiinmigración, un área sobre la que el Gobierno autonómico apenas tiene competencias. Es una guerra cultural de Vox que da votos: vincular al extranjero con la delincuencia, sin aportar datos oficiales y en contra de las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial.

Ha sido una constante en el discurso de Vox durante toda la legislatura y, ya en campaña, es una preocupación tanto para el PP de Juan Manuel Moreno como para el PSOE de María Jesús Montero porque, el hecho es que el discurso antiinmigrante moviliza votos, sobre todo en tres provincias donde más trabajadores extranjeros hay, ligados al trabajo en el campo: Huelva, Jaén y Almería. En esas tres provincias se juega Moreno la mayoría absoluta con el avance de Vox, según cálculos de los populares.

La cola en el registro municipal hispalense fluye. Juan Bueno, concejal del PP y portavoz del gobierno municipal, ha aclarado que los trámites se han realizado con “normalidad absoluta”: “Se va a atender a todas las personas en los horarios en los que trabajan nuestros funcionarios, pero me gustaría recordar que otros puntos de registro público también están disponibles y que el plazo es amplio”.

El informe de vulnerabilidad

Desde la asociación Adhara también ha habido dos charlas informativas a un total de 36 usuarios para aclarar las cuestiones más técnicas del trámite. Con este apoyo intentan agilizar el proceso, ya que no tienen trabajadores sociales ni pueden realizar informes de vulnerabilidad.

Un punto sobre el que Rosa Berges, secretaria de Política Migratoria de CCOO, entraña varias dudas: “Todavía no hay ninguna saturación en las oficinas del sindicato, pero sí mucha desorientación, sobre todo con el certificado de penales y el informe de vulnerabilidad, que está generando mucha controversia”, siendo las provincias de Almería, Málaga, Sevilla y Huelva donde ha habido más atenciones.

Aparte de que es imprescindible carecer de antecedentes penales, para solicitar la regularización hay que basarse en uno de los siguientes tres supuestos: el laboral, para lo que se debe presentar una oferta de trabajo o una declaración responsable sobre el negocio a abrir; el familiar, demostrando que vive en España en una unidad familiar; o el supuesto de situación de vulnerabilidad, para lo que se precisará un informe social que acredite la condición. “Hay ayuntamientos que no están dando este documento o están sobrecargados y nos derivan. Y entonces existe un desconcierto por un documento que genera incertidumbre”.

Además, aclaran que para aquellas personas solicitantes de asilo no es necesario renunciar a esta condición antes de registrar la petición para regularizar su situación, pero sí cuando hayan recibido la respuesta positiva. “Es normal esta desorientación al comienzo de un proceso de tal magnitud porque hay que trasladar lo que pone el BOE a una solicitud concreta”, comenta Berges, quien espera que en las próximas jornadas se agilice la atención en las oficinas.

Las solicitudes se podrán presentar hasta el 30 de junio de 2026, tanto de manera presencial o telemática a través de la plataforma 'Mercurio'. En los municipios de más de 50.000 habitantes y en las capitales de provincia se han abierto las oficinas de la Seguridad Social de 16.00 a 19.00 horas; luego, en Correos, de 8.30 a 17.30 horas; y en las oficinas de Extranjería de 16.00 a 19.00 horas, lugares a los que acudirán las personas sin papeles que, al no tener documento electrónico, no podrán acceder por su propia cuenta a la vía telemática.

Organizaciones sociales como Facua Andalucía, CCOO-A, UGT-A, la Red Vecinal Andaluza, la PAH y la Plataforma por la Ley Integral de Barrios Vulnerables han registrado en el Parlamento de Andalucía una iniciativa legislativa popular (ILP) para promover el derecho a una vivienda diga y asequible en la comunidad y “garantizar el derecho efectivo”.

De esta manera, desde Facua han subrayado que la Iniciativa Legislativa Popular se configura como una “respuesta de la sociedad civil frente a la situación de emergencia habitacional” que sufre la comunidad autónoma de Andalucía y de la urgencia de que se configuren políticas públicas para lograr que la vivienda vuelva a cumplir una función social que actualmente no tiene. Así, se ha generado una brecha entre su precio y la capacidad económica de los ciudadanos.

En Andalucía, los datos señalan que las familias deben destinar cerca del 40% de sus ingresos para poder acceder a una vivienda. En este marco, la ILP plantea el reconocimiento de la vivienda como un derecho subjetivo exigible y un servicio de interés general alejado de las dinámicas del mercado y la especulación, para “revertir así un modelo que ha convertido este derecho en un mecanismo de extracción de rentas”.

Intervenir de forma directa el mercado

En esta línea, el texto incide en la necesidad de intervenir de forma directa el mercado con la finalidad de frenar la escalada de precios. Así, introduce la declaración obligatoria de zonas tensionadas, la limitación de los precios del alquiler y la compra en función de la capacidad económica de los hogares y el establecimiento de mecanismos específicos para controlar la actuación de los grandes tenedores de vivienda.

La ILP también recoge medidas destinadas a frenar la proliferación de las viviendas de usos turísticos o la acumulación de viviendas vacías, como la limitación de licencias turísticas, la creación de registros de vivienda desocupada, la imposición de un canon específico para incentivar la movilización del parque inmobiliario y el impulso de la vivienda protegida y un parque público de vivienda.

Por su parte, la secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López, ha explicado que el objetivo primordial de la propuesta es “romper con la inercia de las políticas que benefician a las grandes constructoras y fondos buitre para centrarse en las necesidades de la mayoría social”. “Esta ILP ha sido diseñada para atender a la ciudadanía y resolver los conflictos habitacionales en el corto, medio y largo plazo”, ha indicado.

Blindar el parque público de vivienda

Asimismo, la dirigente sindical ha detallado que la propuesta incluye “un paquete de ayudas inmediatas para la juventud y los colectivos más vulnerables, además de un plan estructural para ampliar, proteger y blindar el parque público de vivienda protegida frente a la especulación inmobiliaria”.

“Exigimos que se mire a la cara a los andaluces y las andaluzas para solucionar su problema de acceso a la vivienda construyendo en nuestra tierra un derecho real y efectivo para las familias trabajadoras y para muchos jóvenes de nuestra tierra”, ha añadido. Además, López ha ratificado que la ILP cuenta con una memoria económica sólida para asegurar su cumplimiento efectivo por parte del Gobierno andaluz.

Al respecto, ha indicado que “la norma propone la creación de un fondo de recursos públicos que se nutrirá de los presupuestos de la comunidad autónoma y de la recaudación de los impuestos generados por la actividad de la vivienda en la región, gravando especialmente a los grandes propietarios”.

López ha criticado también los efectos de la masificación turística y la turistificación que, según ha advertido, “están provocando el desahucio de los vecinos de sus propios barrios y dificultando el acceso de los jóvenes a un hogar digno. Para paliar esta situación, reclamamos la implantación de una tasa turística autonómica que garantice que quienes visitan Andalucía contribuyan a sufragar el derecho a la vivienda de las familias”.

Un modelo insostenible

La líder andaluza de CCOO ha instado a los grandes operadores turísticos a comprender que el modelo actual es insostenible para quienes residen en las ciudades andaluzas y ha añadido que “es fundamental que los visitantes entiendan que tienen que pagar para que las personas que estamos aquí, para que nuestros hijos e hijas puedan tener una vivienda y puedan vivir con dignidad”.

En ese sentido, la dirigente sindical ha exigido un compromiso real con las personas trabajadoras frente a los intereses especulativos. Por ello, ha animado a toda la ciudadanía andaluza a participar activamente en la recogida de firmas para que esta propuesta llegue al Parlamento autonómico.

Finalmente, la secretaria de Políticas Sociales de UGT Andalucía, Maribel Román, ha subrayado la necesidad de “equilibrar la situación actual del mercado de la vivienda”, enmarcando que, aunque se trata de un bien patrimonial, “es fundamental dar un giro de 180 grados para situar la vivienda como un elemento esencial para cualquier proyecto de vida”.

Román ha advertido de que muchas familias destinan actualmente más del 30% e incluso del 40% de sus ingresos al pago de la vivienda, lo que compromete seriamente su estabilidad económica. En este sentido, ha defendido que “es imprescindible una intervención integral de las administraciones públicas para construir más vivienda, pero, sobre todo, que sea accesible”, garantizando que las unidades familiares no tengan que dedicar más del 30% de sus ingresos al pago del alquiler o la hipoteca.

Un servicio de interés general

Asimismo, ha incidido en la necesidad de actuar sobre los factores que tensionan el mercado, apostando por “poner límites a la proliferación de viviendas turísticas, movilizar las viviendas vacías y dotar de instrumentos financieros eficaces, como el Fondo Andaluz de Garantía Habitacional, que permita equilibrar la situación actual”.

Por ello, tal y como ha subrayado, la ILP plantea un cambio de paradigma en las políticas de vivienda al considerar este derecho como un servicio de interés general y no como un mero bien de mercado. Desde esta perspectiva, la propuesta sitúa el derecho a la vivienda en el centro de la acción pública y establece como objetivo prioritario garantizar que su coste no supere el 30% de los ingresos familiares.

Entre las principales medidas recogidas en la iniciativa se encuentra el refuerzo de la función social de la propiedad, priorizando el interés general frente a dinámicas especulativas, así como la declaración de zonas tensionadas donde sea necesario para intervenir en el mercado y contener los precios.

Asimismo, la ILP contempla el impulso decidido del parque público de vivienda, el incremento de la reserva de suelo para vivienda protegida y la puesta en marcha de mecanismos para movilizar viviendas vacías, favoreciendo su incorporación al mercado con fines sociales.

Protección frente a los desahucios

La propuesta también incluye la regulación del uso turístico de la vivienda, con el objetivo de evitar la expulsión de vecinos y vecinas de sus barrios, así como el desarrollo de medidas de protección frente a los desahucios, garantizando alternativas habitacionales para las personas afectadas.

Como “elemento clave”, la iniciativa plantea la creación de un Fondo Andaluz de Garantía Habitacional que permita dotar de financiación estable a las políticas públicas de vivienda y asegurar su eficacia a medio y largo plazo.

Las organizaciones promotoras han destacado que esta ILP pretende dar una respuesta estructural a la crisis habitacional que atraviesa Andalucía, reforzando el papel de las administraciones públicas y garantizando el acceso a una vivienda digna como un derecho efectivo.