“Quiero dar las gracias a los ceutíes por lo que han soportado, por la serenidad con la que han respondido y por haber demostrado, una vez más, que Ceuta puede ser un ejemplo de convivencia incluso en los momentos tan complejos como los que estamos viviendo”. Así cerró el jueves el presidente Pedro Sánchez una de las comparecencias parlamentarias más delicadas en uno de los momentos más difíciles de sus ocho años de Gobierno. Fueron más de seis horas en el Congreso para responder a un mes de vértigo, con Ceuta golpeada por una entrada masiva de inmigrantes que dejó al Ejecutivo sin respuesta en pleno inicio de vacaciones. Seis horas de debate parlamentario que evidenciaron la soledad del capitán del barco ante la tormenta perfecta.

Solo 36 horas antes de esa cita clave en el Congreso, una información adelantada por El Español sobresaltó al presidente y a medio gobierno. Un informe policial enviado a la jueza que investigaba lo ocurrido el 30 de julio en Ceuta apuntaba supuestamente a Marruecos como promotor de la entrada masiva de inmigrantes con la perversa intención de colapsar la frontera y los servicios sociales de la ciudad autónoma.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, no sabía nada del informe y se movilizó ante un hecho que dejaba en ridículo al Ejecutivo español. Fue la madrugada más tensa tras un mes de sobresaltos casi diarios. “Estaban indignados y preocupados”, cuenta a elDiario.es una fuente próxima al Ejecutivo y conocedora de aquella situación. “Les estaban haciendo dudar y su preocupación no era tanto que aquella información policial complicara las relaciones con Marruecos, sino que habría que declarar poco menos que una guerra. Si hay un informe que tiene una prueba sólida, un mensaje, una llamada telefónica, algo que implique a un ministro del Gobierno marroquí en la organización o planificación de la entrada masiva de inmigrantes, te cambia la política exterior de este país para los próximos diez años”.

Entre la inquietud y la ignorancia, Sánchez, Marlaska y el resto de dirigentes del Ejecutivo que vivieron ese momento intentaron buscar una interpretación tranquilizadora. Alguien comentó que la información de El Español era incompleta. Que todo podía quedar, como al final ocurrió, en un informe policial sin pruebas definitivas y sin conclusiones claras. El documento, que conocieron horas después, no incluía ninguna afirmación sobre la participación directa del Gobierno de Marruecos en los hechos, pero hablaba de la posible connivencia de gendarmes marroquíes.

“Pero que diez agentes estuvieran en ello, como señalaba el informe, incluso demostrándose con pruebas de fuentes abiertas, no evidencia que el Gobierno de Marruecos ordenase, planificase o indujese la entrada masiva”, insisten fuentes del Ejecutivo. “El problema es de una complejidad extraordinaria pese a lo que cuenten supuestos expertos, porque cuando se producen los hechos el rey Mohamed VI está celebrando el Día del Trono a solo unos kilómetros de la frontera mientras decenas de miles de marroquíes cruzan la frontera gritando 'viva España' y repudiando al régimen marroquí. Vaya una manera de celebrar el Día del Trono promoviendo esta huida de sus compatriotas a suelo español”, ironiza un miembro del Ejecutivo de Sánchez.

El ministro del Interior intentó en aquella madrugada tensa del 2 de septiembre conocer todos los detalles del documento policial que podía dejar en papel mojado la intervención que el presidente Sánchez preparaba para su comparecencia en el Congreso. Fernando Grande-Marlaska difundió una carta que había enviado a su director general de la Policía pidiéndole explicaciones. “Pero fue imposible saber nada a esas horas porque ni siquiera el DAO [Director Adjunto Operativo] de la Policía había visto el papel”, explican fuentes próximas al Ministerio del Interior. “No hay providencia o al menos no la hemos visto. Nos dijeron que la jueza había dado una orden verbal por teléfono para prohibir informar a los superiores sobre el informe que había pedido”.

Sánchez acudió más tranquilo al Parlamento. Defendió la gestión de su Gobierno e hizo equilibrios para no responsabilizar a Marruecos de lo que él mismo denominó como una “violación a la integridad territorial de España”. Sus explicaciones no convencieron a nadie. Recibió insultos y descalificaciones desde la derecha y la ultraderecha, críticas sin matices de sus socios parlamentarios y duros reproches desde los partidos a la izquierda del PSOE. Todos le acusaron de “pusilánime” por evitar un mínimo reproche al país de Mohamed VI. “Por responsabilidad”, explican dirigentes próximos a Sánchez consultados por elDiario.es, “un presidente del Gobierno no pueda traspasar ciertas líneas ni lanzar según qué acusaciones contra otro país aunque ello implique quedarse solo frente a todo el arco parlamentario”. Y Sánchez no traspasó esas líneas. “El Gobierno de España no se puede permitir especular y acusar a un Gobierno extranjero sin pruebas”, insisten.

En el Palacio de La Moncloa son conscientes de que manejan una posición perdedora, porque la mayoría ve la mano de Marruecos tras los graves sucesos del pasado 30 de julio cuando más de 70.000 personas cruzaron la frontera de Ceuta con el beneplácito de la gendarmería marroquí.

“No se trata de taparlo. El Gobierno nunca ha dicho tajantemente que Marruecos sea inocente por lo ocurrido”, explica otro alto cargo del Ejecutivo. “No hay pruebas sólidas y los hechos constatados son de cooperación. El retorno del 90% de los que entraron el 30 de julio y regresaron un día después fue posible gracias a la cooperación de Marruecos tras una llamada del Gobierno”, explica.

Sánchez bajó del atril cabizbajo mientras la bancada del PSOE le aplaudía puesta en pie. Cuando segundos después la presidenta del Congreso dio por concluida la sesión, el presidente se fue directo hacia Ángel Víctor Torres, el ministro elegido para ejercer el mando único encargado de lidiar con la crisis en Ceuta. Abandonaron el hemiciclo juntos, conscientes del amargo trago parlamentario pero decididos a mantener que, sin pruebas, un Gobierno no puede acusar a otro de hechos tan graves como los que propiciaron la entrada de más de 70.000 personas en un solo día a una ciudad de unos 80.000 habitantes.

La “permisividad” que se atribuye a las fuerzas marroquíes y que acreditan las imágenes de la entrada masiva que se pudo ver en las televisiones de todo el mundo no es suficiente para responsabilizar a Marruecos. “Si tuviera pruebas de esa conducta”, explica otro dirigente socialista, “el Gobierno habría tenido que llamar directamente a la OTAN ante el riesgo prácticamente inevitable de un conflicto armado”.

Sin avisos previos, pero “Robles defiende a su gente”

“Lo sabía y lo tapó. Es un traidor”. La cantinela con la que PP y Vox zarandean a Sánchez desde hace semanas resonó en el Congreso. La entrada de decenas de miles de personas en la ciudad autónoma pilló por sorpresa al Gobierno. Los servicios de inteligencia no alertaron de esa posibilidad. El presidente ceutí, Juan Jesús Vivas (PP), se puso en contacto en los días previos a la crisis con Diego Rubio, jefe de Gabinete de Sánchez, para alertarle de una creciente presencia de menores extranjeros en la localidad, consciente de que la ley no permite su expulsión, como en el caso de los mayores, y sus servicios estaban colapsados.

“Rubio se lo comunicó a Marlaska, que adoptó las decisiones policiales pertinentes. Pero en ningún caso Vivas, por mucho que cuenten, alertó sobre lo que venía. Ni mucho menos. Su gran preocupación eran los menores, de su falta de capacidad para atenderlos”, señala otra fuente del Ejecutivo.

Para apuntalar la idea de que no existían avisos previos de lo que venía, Sánchez anunció en el Congreso que desclasificará y facilitará todos los informes de esos días. Margarita Robles, ministra de Defensa, no aplaudió el anuncio del presidente. Alguien quiere ver los síntomas de un desencuentro irremediable. “El CNI”, cuentan desde el Ejecutivo, “no alertó sobre esa entrada masiva. Y el presidente es comprensivo con esa situación porque tampoco lo hicieron los servicios de inteligencia europea. Si un servicio extranjero conoce que ese ataque se va a producir, está obligado a informar a España. Nadie nos informó”.

Sánchez siempre apoyó la versión de su ministro del Interior frente al relato de la ministra de Defensa. “Margarita Robles estuvo en todo momento difundiendo una media verdad porque eso le permitía defender a su CNI. Siempre cierra filas con su gente. Pero Sánchez le adelantó que iba a hacer en el Congreso el anuncio de los dosieres para demostrar que nadie les avisó de la entrada masiva de inmigrantes y ella estuvo de acuerdo. Su actitud de no aplaudir cuando se produjo el anuncio no es muy distinta a la que mantiene en otras ocasiones. No le gusta ir al Congreso”, señalan fuentes parlamentarias. De hecho, Robles se ha borrado la próxima semana de las sesiones de control del Congreso y del Senado con dos decenas de preguntas de la oposición sobre la crisis de Ceuta. Algunas debía responderlas la ministra de Defensa y le tocarán a sus compañeros.

El 30 de julio era jueves y Sánchez tenía una cita el viernes en la sede del ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico desde la que se coordinan los trabajos para la extinción de incendios. El fuego en Madrid estaba casi controlado y se había retirado el nivel 3. Pero esa tarde del 30 de julio se desencadena en Ceuta una crisis de seguridad nacional porque han entrado decenas de miles de personas y Sánchez habla por teléfono con los ministros de Interior y de Defensa. Podría haber convocado un Consejo de Seguridad Nacional, pero en su lugar decide visitar Ceuta a la mañana siguiente.

“Se va a un territorio invadido, según los términos utilizados por Vox, donde no sabíamos exactamente qué pasaba. Algunos le dijeron que tuviera prudencia porque en Ceuta había decenas de miles de inmigrantes que habían cruzado la frontera. Pero el presidente habló el día anterior con Vivas, y el jefe del Ejecutivo ceutí le transmite la gravedad de la situación”.

Pese a la entrada de decenas de miles de inmigrantes, Interior informó al presidente que durante la noche no se produjeron incidentes graves en las calles de la ciudad autónoma. Y el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, llamó a su homólogo marroquí para pedirle que abriera la frontera y facilitara el regreso de decenas de miles de personas. “Marruecos se asustó como nosotros y aceptó”, señala una fuente del Ejecutivo. “Ese es el gran éxito y por eso no podemos culpar a Marruecos. ¿Nos pudo engañar? Sí, pero lo que nos transmitieron es que vino una riada de gente y no la pudieron parar, al igual que no la podíamos parar nosotros”.

“No fuimos conscientes de cuánta gente se quedaba”

La decisión de Sánchez de viajar el sábado al mediodía a Lanzarote para pasar las vacaciones en La Mareta —un gesto polémico y cuestionado a derecha a izquierda— fue un error de cálculo, cuentan fuentes del Gobierno. “No fuimos conscientes, porque no se veían, de cuánta gente se quedaba”, explican. Al constatar que había salido la mayor parte de los migrantes, el Gobierno consideró que se enfrentaba a “una crisis migratoria” como las de otras ocasiones, con unas 1.500 personas en la ciudad autónoma. “La sensación es que iban a salir todos. De ahí el comentario que escribe Óscar Puente en X. Pero había mucha gente escondida en el bosque y durante esa noche entre 1.000 y 1.500 niños fueron recogidos en casas de ceutíes. Al día siguiente solo se veía gente en la playa del Trampolín”.

Ese error de cálculo cogió a Sánchez de vacaciones. Su equipo remarca que La Mareta es una residencia oficial que cuenta con todas las medidas de seguridad y tecnológicas necesarias para estar presente en las conferencias telemáticas que hagan falta. Sánchez se mantuvo en contacto estrecho en todo momento con su equipo y tuvo decenas de llamadas diarias con Marlaska, Robles, la ministra de Migraciones, Elma Saiz o el de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, cuentan desde el entorno del presidente.

Los alojamientos agrietan la relación con Vivas

La comunicación fue fluida con Vivas, aunque los roces con el presidente ceutí se agudizaron cuando el Gobierno, muy tarde, comenzó a buscar alojamientos provisionales ante los miles de migrantes que se habían quedado en Ceuta. Fue un tira y afloja constante que produjo encuentros muy tensos con el Ejecutivo ceutí, que bloqueaba la ubicación de los migrantes en los lugares que le proponía el Gobierno.

Sánchez convocó el 25 de agosto el Consejo de Seguridad Nacional e invitó, algo inaudito hasta esa fecha, al presidente de Ceuta. Vivas se plantó en esa reunión y reprochó a los presentes que en el listado aprobado por el Gobierno sobre los futuros espacios para alojar a los migrantes estaban diversos polideportivos de Ceuta. Sánchez respondió: “No te preocupes. No se habilitará ninguna ubicación sin el acuerdo de la ciudad autónoma”.

El rechazo de Vivas es aceptado por todos. “Pero y si mañana graniza o diluvia en Ceuta, ¿dónde metemos a esas personas?”, se pregunta un alto cargo ministerial. “Habrá que buscar un sitio con techo”.

Ese mismo día, el presidente de Ceuta proclamó poco menos que se encadenaría a un polideportivo —“a mí y a los que vengan conmigo nos tendrán que sacar de los polideportivos”, declaró— antes que dejar que se utilicen para acoger a inmigrantes. “Y eso”, opina un dirigente del Gobierno que conoció aquellos hechos, “es la cerilla en el bidón de gasolina que provoca los altercados más serios que hemos vivido, que provoca que un grupo de vecinos impida que la Cruz Roja, en el reparto de alimentos de las siete de la tarde, entregue comida a los migrantes en uno de los tres puntos habilitados”.

Sánchez, explica, ya se había comprometido en persona con Vivas para que todos los nuevos alojamientos serían acordados previamente con el Ejecutivo autónomo, como finalmente ocurre aunque con nuevos contratiempos.

El Consejo de Administración del Puerto de Ceuta se reunió el viernes para tratar la cesión de terrenos en el muelle de Poniente donde instalar los campamentos de acogida de inmigrantes. Solo votaron a favor los cuatro representantes del Gobierno central en ese organismo. Los 11 vocales elegidos por la ciudad autónoma, entre ellos el presidente del Puerto, los sindicatos, la cámara de comercio y los empresarios, rechazaron ceder esos espacios. Un nuevo obstáculo que complicaba la gestión de la crisis. Finalmente el sábado el Gobierno decidió tomar el control del muelle de forma unilateral, pese al rechazo de Vivas, para poder levantar allí los alojamientos para los migrantes.

“La derecha, y es muy lamentable, no quiere que se normalice la situación en Ceuta y va a poner todo tipo de obstáculos para que podamos solucionar los problemas generados en esta crisis”, vaticina un miembro del Gobierno.

El rey Felipe y la inoportunidad de una visita a Ceuta

La misma tarde del 30 de julio que Sánchez decidió visitar la ciudad autónoma tras hablar con Vivas y con sus ministros sobre la entrada masiva de inmigrantes, su gabinete informó a Casa Real sobre las intenciones del presidente. Fuentes del Ejecutivo sostienen que en esa conversación y tras conocer que Sánchez se iba a desplazar a Ceuta al día siguiente Casa Real sugirió que “cuando sea oportuno” el monarca podría visitar Ceuta. “Ni anuncian que van a visitarla ni piden ir a visitarla. Pero, ¿era oportuno? Obviamente no. Ellos saben que la última vez que ocurrió, en 2007, hubo una crisis diplomática. ¿Es el momento de añadir otra crisis diplomática? La Casa Real sabía que no podían ir”, explican a elDiario.es fuentes del Ejecutivo.

El choque soterrado entre instituciones se agrava con la reunión que el rey mantiene en el Palacio de Marivent (en Palma) con el presidente Vivas. No tanto por la visita sino por la información que trasladaron algunos medios en aquel momento. Fuentes socialistas sospechan que la Casa Real comentó a algunos periodistas que si el rey iba a recibir a Vivas en Marivent y no había acudido a Ceuta pese a las dificultades que atravesaba la ciudad autónoma era porque Sánchez se lo había prohibido. OKDiario tituló así: “El Rey Felipe quiso ir a Ceuta en plena invasión pero Sánchez se lo prohibió”, atribuyendo la información a fuentes de toda solvencia. “Esa información era mentira”, señala un alto cargo de Moncloa.

A la búsqueda de autor

A la espera de que la investigación policial y judicial avance, el Gobierno enmarca lo ocurrido en la influencia de las nuevas tecnologías y los mensajes difundidos a través de las mismas. Moncloa sí cree que hay un responsable, pero aún no sabe quién es y tratará de que los servicios secretos españoles se formen más en el análisis de esas redes sociales.

Sánchez y su equipo confían en que pronto se consiga un alojamiento digno para las personas que aún deambulan por Ceuta, se aceleren las repatriaciones y la crisis amaine.

De los creadores de “Sánchez permitirá un referéndum en Cataluña”, “Sánchez prepara un pucherazo electoral” y “Sánchez nos lleva hacia una dictadura”, llega ahora a sus pantallas “Sánchez contra el rey”. En esta nueva entrega de la saga musical, el malvado protagonista aprovecha una crisis en Ceuta para poner en apuros al rey Felipe VI, y después anunciar un referéndum sobre la república que le permitirá perpetuarse en el poder y eludir sus problemas con la justicia. “Juas, juas, juas”, resuena en el tráiler la risa diabólica del autócrata.

Si lees prensa de derecha (y hablo de prensa que se dice seria, no pseudomedios), escuchas tertulias televisivas y radiofónicas, tienes redes sociales o familiares muy activos en WhatsApp, ya estarás al tanto del último grito en teorías de la conspiración: Pedro Sánchez prepara su última bala, un referéndum sobre la forma de Estado, que liquidará la monarquía, la democracia y los últimos restos del espíritu de la Transición, para así movilizar al electorado de izquierda, ganar las elecciones y mantenerse en el poder, paso previo a una reforma constitucional que le permita perpetuarse en el cargo. “Juas, juas, juas”, ríe el Fu-Manchú de Moncloa.

No me lo invento, el runrún viene de lejos, y todo suma. Te copio solo unos pocos titulares de este mismo martes (insisto, de la prensa que seguimos considerando respetable): “El plan de Sánchez contra el rey”. “Sánchez acelera por la crisis de Ceuta el plan para desgastar al rey”. “Sánchez arrastra al PSOE a un choque total contra el rey”. “Sánchez desdeña al rey y escala la tensión con Zarzuela”. “Sánchez contra el rey: la última desvergüenza de un presidente sin límites”. “Sanchismo duro hasta el final: hostilidad con el rey y negación de la alternancia”. Esto solo de ayer, podría llenar varios párrafos con noticias y columnas de los últimos meses. Lo resumió bien Miguel Tellado, el Demóstenes del PP: “Si tiene que elegir, Sánchez está con Mohamed VI y no con Felipe VI”.

Ríete tú si quieres, pero poca broma: la derecha mediática y política ha cogido el supuesto desaire de Pedro Sánchez al rey (por recordar que no haya ido a Ceuta en todos estos años), lo ha sumado con un tuit de Óscar Puente donde “señalaba a la Corona” por afearle a Felipe VI que saludase a un conocido bulero de ultraderecha, y ha concluido, tachán, tachán, que está en marcha un plan mefistofélico que de aquí a unos meses acabará con la monarquía, con la democracia y con España como la conocemos. Como diría aquel, dónde hay que firmar, que me apunto.

No te emociones, que no es para tanto. La loca teoría de la conspiración sobre Sánchez y la república lleva circulando los mismos años que lleva Sánchez en el gobierno. Desde el minuto uno. Lo decía ya Pablo Casado, del que ni nos acordamos. Lo vaticinaba Luis María Anson hace seis años. Lo dice Pérez Reverte en El Hormiguero. Lo dice por supuesto Ayuso. Lo llevan diciendo en Twitter desde siempre. ¿Necesitas más argumentos de autoridad? No sé, yo sigo pensando que el PSOE ha sido y es el partido más monárquico de España, incluso más que el PP. Y tampoco parece que esté el ambiente para aventuras políticas de ese calibre, pero qué sabré yo.

Y así comienza el apasionante curso político que nos conducirá a las próximas elecciones. Juas, juas, juas, ay...

Ante la duda, agita la bandera. Y si puedes reclutar al rey para la causa, mucho mejor. En el ambiente patriótico-festivo que la derecha quiere promover como solución a todos los problemas de Ceuta, era cuestión de tiempo que intentara utilizar a Felipe VI como arma contra Pedro Sánchez. Ya ocurrió lo mismo con la visita de ambos a Valencia después de la dana. El primero es la encarnación de las virtudes de un ser humano. El segundo está poseído por el mal.

Concentrado en encontrar una solución a la presencia de miles de extranjeros en Ceuta que no vulnere la ley y que sea aceptada por las autoridades marroquíes, al Gobierno no le interesa cualquier hecho que pueda hacer descarrilar todo el proceso. Aunque no lo diga en voz alta, una visita de Felipe VI a la ciudad en estos momentos podría poner en peligro todo el proceso. Marruecos lo consideraría poco menos que una provocación. Para la oposición, un acontecimiento que perjudique por igual a Sánchez y a Mohamed VI es una fantástica oportunidad.

Una respuesta algo confusa de Sánchez en la entrevista del lunes a una pregunta sobre un hipotético viaje del monarca a Ceuta dio paso a la rueda de declaraciones habituales. “El rey lleva reinando más de veinte años (en realidad, son doce). ¿Cuántas veces ha ido el rey a Ceuta y a Melilla?”. Larga pausa. “No ha ido ninguna vez. Con administraciones del PSOE y del Partido Popular”. Fue hace 20 años cuando Juan Carlos I visitó las dos ciudades, la única vez que lo hizo, lo que provocó fuertes protestas del Gobierno marroquí.

Sánchez también comentó que “hay argumentos y razones suficientes para que el jefe del Estado visite por fin Ceuta y Melilla”. Ningún presidente del Gobierno se atrevería a prohibir al rey aparecer en esas dos ciudades españolas y que se supiera, aunque debería tener mucho cuidado a la hora de elegir el momento. Unos días de exaltación nacional pueden suponer un precio muy alto para los intereses de Ceuta en estos momentos, cuando la prioridad debería ser resolver la crisis actual. Además, la agenda de viajes del rey tampoco debe poner en riesgo la política exterior de España y es al Gobierno a quien le compete dirigirla.

“Nos negamos a convertir las instituciones más relevantes de España en motivo de confrontación política y manoseo partidista”, dijo el lunes Borja Sémper sobre lo que podría hacer el rey. Al día siguiente, llegó el “manoseo” por boca de Miguel Tellado, que siempre está más cerca de lo que se podría llamar la posición oficial del PP: “Sánchez está con Mohamed VI y no con Felipe VI”. En la misma línea estuvo Ester Muñoz: “Sus intereses no son los de España”.

Son el tipo de mensajes con los que el PP ha promovido la asistencia a las concentraciones del miércoles ante los ayuntamientos con el fin de reafirmar la españolidad de Ceuta y –esto es más importante para el PP– de colocar al Gobierno en el campo de los traidores a la patria.

Las palabras del presidente fueron definidas por la prensa conservadora como un ataque a la monarquía. Es otro de los argumentos habituales con los que se deslegitima al Gobierno. “Sánchez utilizó a Felipe VI como comodín para desviar el debate sobre su falta de acierto ante una crisis que este fin de semana cumplió un mes”, dijo un editorial de ABC. En realidad, estaba respondiendo a la pregunta del periodista y, como es habitual en los políticos, reservó una parte de la respuesta a presumir de algo que había hecho (visitar cuatro veces esa ciudad).

El 1 de agosto, la Casa Real difundió un mensaje de Felipe VI en el que expresó su “gran preocupación e indignación” por los sucesos de Ceuta. “El Estado debe velar por su seguridad (de los habitantes de Ceuta) y por evitar que estos hechos, que además, se han traducido en una triste y trágica pérdida de decenas de vidas, vuelvan a repetirse”, decía el texto. Pocos días después, recibió en Mallorca al presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, en lo que era una iniciativa de Zarzuela. Había un reproche implícito al Gobierno por no haber sabido evitar que ocurriera ese ataque a la integridad nacional. Por otro lado, el Gobierno sabe que la protección de las fronteras forma parte de sus responsabilidades.

Al igual que con su discurso del 3 de octubre de 2017 después del referéndum del procés, Felipe VI no esperó a recibir instrucciones del Gobierno para dejar claro su punto de vista sobre hechos de gravedad.

Frente a lo que suele argumentar el PP y algunos columnistas, al Gobierno de Sánchez no le interesa chocar en público con Zarzuela y mucho menos en una crisis como la actual. Por eso, no es extraño que la ministra portavoz tuviera instrucciones de borrar cualquier apariencia de discrepancia. Elma Saiz dijo que no había “ningún reproche” al monarca en las declaraciones de Sánchez y que solo había constatado una realidad sobre las visitas anteriores de los dos reyes a Ceuta, una sola en veinte años en 2007.

La gran polémica quedó así bastante aguada y ni las insistentes preguntas de los periodistas iban a poder revivirla. No será un gran problema para los medios de comunicación que están convencidos de que Sánchez está ejecutando un pérfido plan para acabar con la monarquía, la democracia y todas las cosas bonitas de la vida.

Arranca un nuevo curso político tras la entrevista del presidente del Gobierno del lunes y con la crisis migratoria de Ceuta sin visos de resolverse a corto plazo. Cuando se cumple una semana de la aprobación del mando único por parte del Gobierno, las plazas para migrantes han pasado de 1.800 a 3.300 y el Ejecutivo ha ido anunciando una serie de medidas millonarias para la ciudad autónoma y en las que incluirá también a Melilla. Este martes ha arrancado con la celebración de un nuevo Consejo de Seguridad Nacional después de la reunión de tres horas del lunes entre el jefe del Estado, Felipe VI, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y un Consejo de Ministros en el que se han aprobado partidas que alcanzarán los 309 millones de euros en ayudas para Ceuta. Puedes encontrarlas todas en este enlace.

Pese a las críticas de la oposición y de sus socios de gobierno, Sánchez se ha quedado solo en la posición de exculpar a Marruecos de responsabilidad en la crisis de Ceuta. Hoy escribe Iñigo Sáenz de Ugarte su crónica sobre ello. Además, publicamos un reportaje sobre los migrantes sudaneses que están llegando a Ceuta, a través del país marroquí, huyendo de la guerra y ante la dureza de la ruta migratoria a través de Libia. Y el podcast de este martes: Ceuta y Marruecos: un mes, tres teorías.

Nicola Sturgeon era por entonces la ministra principal de Escocia y líder del Partido Nacionalista Escocés. Independentista y republicana a la británica. Siempre y en todo momento se mostró respetuosa y reconocida a la reina Isabel II. De ella valoraba su exquisita neutralidad, tanto en el referéndum de independencia como en el Brexit, con todo lo que se jugaba su dinastía. Se comenta que Sturgeon le dijo a la reina que seguiría siendo reina de Escocia en caso de triunfar la independencia y le regaló una botella de güisqui.

Con ocasión de la suspensión del Parlamento británico por el premier Boris Johnson, se le conminó a que pidiera la oposición de la reina. Sin embargo, la republicana respondió: los políticos debemos arreglar los problemas y las crisis nosotros mismos, sobre todo, los republicanos debemos atenernos y reclamar el estricto cumplimento de las leyes por la Corona y no excederlas. Mientras menos necesitemos a la monarquía más se verá su inutilidad.

Pero no podía esperar cosa distinta de la reina. Ella, como sus antecesores, se saben al pie de la letra la Bill of Rights, fruto de la revolución inglesa de 1689, que entre otras cosas permitió que su dinastía no corriera a la larga la suerte de sus primos franceses.

No es la primera vez. Ya ocurrió cuando el Acuerdo de Pesca con Marruecos estaba atascado. Desde la izquierda, republicanos a la española, se pidió la intervención, un telefonazo, del rey Felipe para ablandar a su primo por parte de primos hermanos, Mohammed. Conviene recordar que los acuerdos comerciales, los de pesca también, son competencia de la Unión Europea y no de España. Esos mismos republicanos a la española, ahora en la izquierda coaligada gubernamental, piden que, con lo de Ceuta, Felipe llame a su primo segundo.

En ciertos mentideros se asevera que son el PSOE y la izquierda quienes arriostran la monarquía. El momento parece darles la razón. Es la derecha albertina, siempre aquejada con las lombrices de su nerviosera, la que torpedea constantemente la Corona, entre su ignorancia y su aventurerismo

Siguiendo con Sturgeon y la utilidad política, Núñez Feijóo se declara inútil y por eso piensa que la presencia de Felipe en Ceuta es útil y que si no va, que él quiere, dice oráculo de Zarzuela, es porque Pedro Sánchez no lo permite. A Feijóo, sin ideas útiles, no se le ocurre otra idea, salvo incendiar el debate, a Ceuta y poner al reino a los pies de los caballos del derecho internacional y español, por cierto.

En todo caso, si Felipe visitase Ceuta, que la normalidad de relaciones incluya Castillejos, Rincón, Restinga, Río Martin, Xauen, Ued Lau y, por supuesto, Tetuán. Aquí me permito recomendar a la Casa Real una visita a la Casa de España, detrás de la Iglesia de Nuestra Señora de la Victoria, en la plaza de Primo, un botellín fresquito de Flag y los mejores boquerones en vinagre que he probado en mi vida. En fin, un paseo por el Protectorado. Animo a Feijóo, que sé que tiene mano en el majzén.

Con su acusación a Sánchez, lo que Feijóo reconoce es que todo acto político del rey debe ser refrendado por el Gobierno, que es quien tiene las competencias constitucionales, más si pudiere tener consecuencias de política exterior o de Estado. Feijóo busca alocadamente contradicciones diarias pero esto es más que grave por dos motivos: uno, porque propone que el rey se exceda en su papel constitucional; y dos, porque involucraría al rey en un conflicto con consecuencias imprevisibles. No olvidemos que no hablamos de pares dinásticos: Mohammed es un rey déspota de un Estado autoritario y no democrático; tampoco olvidemos que en la Casa Real conocerán la Bill of Rights a través sus primos del Reino Unido. A los primos de Grecia mejor no consultar.

En ciertos mentideros se asevera que son el PSOE y la izquierda quienes arriostran la monarquía. El momento parece darles la razón. Es la derecha albertina, siempre aquejada con las lombrices de su nerviosera, la que torpedea constantemente la Corona, entre su ignorancia y su aventurerismo. Propuestas como las que exceden la Constitución, de la derecha albertina y de la izquierda perdida republicana a la española, no solo debilitan la institución: debilitan al Estado, al que minan con su estrategia de demolición.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, considera que el rey “quiere ir a Ceuta” porque “le corresponde” como jefe del Estado ante la “crisis humanitaria, de salud pública y de orden público” que se está viviendo en la ciudad autónoma. Por eso, ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez que “autorice” esa visita. En una entrevista concedida a Europa Press, ha agradecido el “gesto” de Felipe VI de recibir a primeros de agosto en el Palacio de Marivent (Palma) al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, quien hizo unas declaraciones “muy elocuentes” apuntando a que el monarca desea esa visita y que lo hará “cuando el Gobierno considere y acepte ese desplazamiento”.

Feijóo ha indicado que, dentro de sus competencias constitucionales, Felipe VI es “garante de la soberanía y de la integridad territorial” de España. “Estoy convencido de que el rey quiere ir a Ceuta y lo hará cuando el Gobierno de España autorice ese desplazamiento”, ha abundado.

Al ser preguntado si cree que el Ejecutivo debería autorizar esa visita en este momento, ha confesado que si él fuese presidente “anunciaría que el rey de España irá a Ceuta” pero ha añadido que como jefe de la oposición no tiene “todos los datos” y hay “muchas incógnitas” sobre la entrada masiva de más de 70.000 migrantes ilegales el pasado 30 y 31 de julio.

Así, ha admitido que “necesitaría información” para poder “concretar” una fecha de esa visita. “Pero lo que está muy claro es que el presidente del Gobierno tiene que decir que el rey de España, obviamente, ante una crisis humanitaria, de salud pública y de orden público como la que estamos viviendo, inédita en nuestra historia reciente, como jefe del Estado le corresponde ir a Ceuta, como a cualquier lugar del territorio español donde se pudiera producir”, ha aseverado.

Desde la restauración de la democracia, solo se ha producido un viaje institucional de los reyes a Ceuta y Melilla. En concreto, fueron los reyes Juan Carlos I y Sofía en noviembre de 2007. El desplazamiento, realizado bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, provocó una fuerte crisis diplomática con Marruecos, que llegó a retirar temporalmente a su embajador en Madrid. Desde su proclamación en 2014, Felipe VI no ha viajado de forma oficial a ninguna de las dos ciudades autónomas.

En la misma línea de Feijóo, el presidente de Melilla y del PP regional, Juan José Imbroda, ha reclamado este sábado que Felipe VI visite Ceuta y Melilla “sin más dilación”. A través de sus perfiles oficiales en redes sociales, ha defendido que ha llegado “el momento” de que el monarca se desplace a ambos territorios. “Creo que ya ha llegado el momento de que nuestro rey, Felipe VI, visite Ceuta y Melilla”, ha escrito el presidente melillense, que ha recordado que sus antecesores Alfonso XIII y Juan Carlos I ya realizaron visitas a las ciudades autónomas.

Feijóo, por otra parte, al ser preguntado si no se habría producido una crisis migratoria como la de Ceuta si el PP estuviese en Moncloa, ha respondido que si su partido estuviera gobernando tendría “información del CNI, de la comisaría de extranjería de la Policía y de la Guardia Civil”. “Y hubiésemos contactado de forma inmediata con Marruecos para evitar una avalancha y una invasión de 70.000 personas”, ha exclamado.

Tras asegurar que el Ejecutivo de Sánchez ha actuado “con una enorme indolencia e incompetencia”, ha dicho que no quiere pensar que ha habido “complicidad” porque en ese caso estarían “ante un supuesto gravísimo”. “Indolencia e incompetencia están confirmadas y la complicidad con Marruecos no quiero pensar que eso sea una posibilidad”, ha enfatizado.

El líder del PP ha insistido en que “todavía hoy no saben por qué se ha producido y consentido” esta “invasión” y “por qué se sigue diciendo que la colaboración con Marruecos es ejemplar”. “El presidente del Gobierno está con sus chanclas en la playa mientras que el presidente Vivas está gestionando un problema que no depende de él con las botas puestas desde el primer día”, ha apostillado.

“Lo que está claro es que Marruecos o consintió o alentó la invasión”

En cuanto a si cree que Marruecos es un socio fiable, Feijóo ha defendido una relación de “vecindad y amistad” con el país alauíta pero ha advertido de que eso “exige reciprocidad”, “lealtad” y “respeto entre ambos”, al tiempo que ha dejado claro que “no caben” “ni las amenazas ni los chantajes” a España.

“Nosotros no tenemos ningún interés en tener un problema con nadie y menos con un vecino. No tenemos ni estamos detrás de crear una mala relación con Marruecos ni tener un planteamiento de enemistad permanente con ese país. Ahora bien, lo que no podemos es aceptar ni amenazas ni chantajes, ni de Marruecos ni de nadie”, ha resaltado. En este punto, ha asegurado que “lo que está claro es que Marruecos o consintió o alentó la invasión” de finales de julio. “Y lo que está claro también es que el Gobierno, sabiendo de la misma, no actuó”, ha enfatizado.

Interrogado si cree que se están produciendo chantajes o amenazas al Gobierno español, Feijóo ha respondido que no saben “qué ocurre entre el Gobierno de Pedro Sánchez y Marruecos”, pero ha avisado que lo acabarán “sabiendo”.

A su entender, Sánchez “se comporta más como un súbdito de Marruecos que como el presidente del Gobierno de España”. “Su política o su diplomacia oculta con Rabat ha dado este resultado de invasión de un territorio español”, ha manifestado, recriminando que llamara a consultas al embajador italiano y no a la embajadora marroquí.

Después de que Marruecos reivindique el “derecho histórico” sobre Ceuta y Melilla, Feijóo ha afirmado que después de esta crisis España sale “más debilitada” y ha añadido que se debería haber realizado un llamamiento a la unidad “para garantizar la integridad territorial”. “Es que el presidente del Gobierno debería haber citado a todos los partidos políticos para hacer una declaración unánime, sin fisuras, en defensa de la unidad territorial de España y de nuestra soberanía”, ha declarado, para acusar a Sánchez de “intentar dividir, confrontar e insultar como siempre”.

Feijóo ha indicado que la política migratoria de Sánchez tiene “unos efectos perversos, que es el efecto llamada”, y “va exactamente en sentido contrario a los pactos de la Unión Europea”. Por eso, cree que la carta que firmaron 22 líderes europeos tras el asalto en Ceuta es “una llamada de atención muy clara hacia la protección de las fronteras europeas”.

Ante ese hecho, y tras la decisión de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, de suspender el espacio Schengen, Feijóo ha señalado que la reacción del Gobierno español imponiendo controles fronterizos a los viajeros procedentes de Italia “ha sido exorbitante”. “Esto se soluciona con una llamada y con una conversación entre los dos primeros ministros. Pero acreditar que para España es más irresponsable la actitud del Gobierno italiano que la actitud del Gobierno marroquí es una provocación a nuestros socios”, ha manifestado.

Feijóo ha defendido que Ceuta forme parte del Comité de las Regiones de la UE y que España también use los instrumentos de la Unión para proteger sus fronteras. “¿Por qué no utilizamos Frontex? ¿Para no molestar a Marruecos? Esa es una pregunta que tampoco el Gobierno quiere contestar”, ha denunciado.

Sobre el giro sobre el Sáhara occidental

Al ser preguntado si, en caso de llegar a Moncloa, deshará el giro del Gobierno en 2022 sobre el Sáhara Occidental para volver a la posición tradicional o mantendrá el acercamiento a las tesis de Marruecos, Feijóo ha acusado a Pedro Sánchez de llegar a un acuerdo con Rabat cuyo contenido desconocen.

“Cualquier posición del Gobierno de España debe ser en este asunto sometida a las Cortes. Por tanto, si tenemos la responsabilidad de gobernar, nos enteraremos qué es lo que ha pactado el Gobierno de España, que no España y, en base al contenido de ese pacto, lo revelaremos, lo llevaremos al Congreso y el Gobierno concretará cuál es la posición de nuestro país”, ha relatado.

Dicho esto, ha dejado claro que él no va a suscribir acuerdos de los que desconoce “su contenido” ni le van a “vincular decisiones que las Cortes no han autorizado”. Tras defender “poner luz y taquígrafos a las decisiones que cambian la historia de la relación de España con el Sáhara” y “el equilibrio en el Magreb”, ha recordado que la ONU era “árbitro” y ha defendido volver “a los foros adecuados”.

Felipe VI ha expresado su “preocupación e indignación” por los “graves” acontecimientos ocurridos en Ceuta, y también en Melilla, y ha señalado que el Estado debe velar por la seguridad de las ciudades autónomas y evitar que estos hechos vuelvan a repetirse.

Según ha informado la Casa Real en un mensaje hecho público este sábado, el jefe del Estado ha seguido “con gran preocupación e indignación” los graves acontecimientos en Ceuta y, en menor medida, también en Melilla, en esta crisis migratoria.

Felipe VI ha subrayado la necesidad de adoptar todas aquellas medidas que transmitan “de forma unida, clara y determinante a las poblaciones de Ceuta y Melilla el apoyo y cariño del resto de España” y ha agregado: “El Estado debe velar por su seguridad y por evitar que estos hechos– que además, se han traducido en una triste y trágica pérdida de decenas de vidas– vuelvan a repetirse”.

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dimecres que ha remès una carta a la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, amb l'objectiu que el nou hub per a la lluita contra els incendis al Mediterrani occidental s'ubiqui a Mallorca, concretament a la base aèria de Son Sant Joan. Von der Leyen va anunciar l'any passat que aquest centre s'instal·laria a Xipre.

Durant la seva intervenció davant els mitjans després de reunir-se amb el rei Felip VI en el tradicional despatx d'estiu que tots dos mantenen a Mallorca, Sánchez ha demanat a la ciutadania que extremi les precaucions davant les “altes temperatures que s'esperen aquests dies” i que s'informi a través dels canals oficials, evitant “els bulos i la desinformació”.

En aquests moments, ha dit, hi ha deu incendis actius a Espanya, el darrer dels quals s'ha declarat a Zamora, mentre que a Àvila i a la Comunitat de Madrid ja han començat els desconfinaments i els reallotjaments. Amb tot, ha assenyalat que la situació continua sent “crítica” i que les ratxes de vent estan afavorint la propagació dels focs.

Pel que fa al hub, Von der Leyen va anunciar el setembre de l'any passat la creació d'“eines” com aquesta per combatre els incendis forestals, agreujats pel canvi climàtic a mesura que els estius esdevenen “més calorosos, més durs i més perillosos”.

Contenció dels fluxos migratoris

D'altra banda, Sánchez ha explicat que durant el seu recent viatge oficial a Alger va traslladar a l'Executiu algerià la necessitat d'activar els mecanismes de repatriació de migrants amb l'objectiu de reduir les arribades irregulars per mar, una qüestió que afecta directament les Balears.

Sánchez ha revelat que la qüestió migratòria va ocupar un lloc destacat en la trobada que la setmana passada va mantenir a Alger amb el president d'Algèria, Abdelmayid Tebune. En aquesta reunió, ha dit, va plantejar la necessitat de reforçar la cooperació bilateral per contenir els fluxos migratoris irregulars i va reclamar l'activació dels mecanismes de retorn.

El president ha defensat que la seva recent visita a Alger marca “un punt d'inflexió en la relació bilateral” entre tots dos països i ha confiat que aquest acostament permeti avançar en la gestió dels fluxos migratoris. En aquest sentit, ha insistit que va traslladar a les autoritats algerianes la necessitat d'“activar els mecanismes de repatriació” per evitar que l'arribada de migrants irregulars “tensi unes illes que estan patint una situació que veiem amb cautela”.

Així mateix, ha assegurat que el Govern espanyol abordarà aquesta qüestió de manera coordinada amb l'Executiu autonòmic. “He traslladat a la presidenta que ho tractem de manera conjunta per intentar reduir la pressió”, ha afirmat Sánchez, que ha defensat la cooperació entre administracions per fer front a l'augment de les arribades de pasteres a les Balears.

El presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles que ha remitido una carta a la líder de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, con el objetivo de que el nuevo ‘hub’ para la lucha contra incendios en el Mediterráneo occidental se ubique en Mallorca -y más en concreto en la báse aérea de Son Sant Joan-. Von der Leyen anunció el año pasado que el centro se ubicaría en Chipre.

Durante su intervención ante los medios tras reunirse con el rey Felipe VI en el tradicional despacho que ambos mantienen cada verano en Mallorca, Sánchez ha reclamado a los ciudadanos extremar las precauciones ante las altas temperaturas que se esperan estos días y que se informen por los canales oficiales, obviando “los bulos y a la desinformación”.

En estos momentos, ha dicho, son diez los incendios activos en España, el último de ellos declarado en Zamora, mientras que en Ávila y la Comunidad de Madrid ya han comenzado los desconfinamientos y realojos. Con todo, ha señalado que la situación continúa siendo “crítica” y que las rachas de viento está provocando la propagación de los fuegos.

Respecto al 'hub', von der Leyen anunció en septiembre del año pasado la creación “herramientas” como ésta para combatir los incendios forestales, agravados por el cambio climático conforme los veranos se vuelven “más calurosos, más duros y más peligrosos”.

Contención de los flujos migratorios

Por otro lado, Sánchez ha explicado que durante su reciente viaje oficial a Argel trasladó al Ejecutivo argelino la necesidad de activar los mecanismos de repatriación de migrantes con el objetivo de reducir las llegadas irregulares por mar, una cuestión que afecta de forma directa a Balears.

Sánchez ha revelado que la cuestión migratoria ocupó un lugar destacado en el encuentro que la semana pasada mantuvo en Argel con el presidente de Argelia, Abdelmayid Tebune. En esa reunión, ha dicho, planteó la necesidad de reforzar la cooperación bilateral para contener los flujos migratorios irregulares y reclamó la activación de los mecanismos de retorno.

El presidente ha defendido que su reciente visita a Argel marca “un punto de inflexión en la relación bilateral” entre ambos países y ha confiado en que ese acercamiento permita avanzar en la gestión de los flujos migratorios. En este sentido, ha insistido en que trasladó a las autoridades argelinas la necesidad de “activar los mecanismos de repatriación” para evitar que la llegada de migrantes irregulares “tensione a unas islas que están sufriendo una situación que vemos con cautela”.

Asimismo, ha asegurado que el Gobierno central abordará esta cuestión de forma coordinada con el Ejecutivo autonómico. “He trasladado a la presidenta que lo tratemos de forma conjunta para tratar de reducir la presión”, ha afirmado Sánchez, quien ha defendido la cooperación entre administraciones para hacer frente al aumento de las llegadas de pateras a Balears.

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens (PP), ha aprofitat aquest divendres la tradicional audiència que el rei Felip VI ofereix cada estiu a les principals autoritats de les illes, per traslladar-li l'estratègia de “contenció” que, segons li ha transmès, ha impulsat el seu Executiu davant la saturació turística i en matèria d'habitatge. Mentrestant, la dirigent popular ha traslladat al monarca, segons ha assenyalat després de la trobada celebrada al Palau de l'Almudaina, la seva preocupació per l'augment de l'arribada de migrants per via marítima i per la situació dels menors estrangers no acompanyats que a l'arxipèlag.

Durant la seva compareixença davant els mitjans, la presidenta ha assenyalat que la conversa amb Felip VI ha girat entorn dels principals assumptes que marquen l'actualitat de les Balears. Entre ells, la gestió de l'eclipsi previst per a aquest estiu, la pressió demogràfica, la crisi d'accés a l'habitatge, la immigració irregular i el model turístic balear.

En matèria d'habitatge, i a les portes de la manifestació contra la turistificació que tindrà lloc aquest diumenge a Palma, Prohens ha subratllat que les Balears és “la primera comunitat que prioritza els residents en l'accés a l'habitatge”, malgrat que la crisi de l'habitatge continua agreujant-se i l'arxipèlag encapçala juntament amb Madrid els lloguers més cars d'Espanya. Com recriminen les entitats socials, l'especulació immobiliària, la compra massiva per part d'estrangers d'alt poder adquisitiu i l'ànsia dels fons voltor han contribuït en els últims anys a l'encariment dels preus de l'habitatge, provocant que nombrosos residents es vegin expulsats dels seus barris a conseqüència de la imparable gentrificació.

En aquest sentit, la líder autonòmica ha expressat que comprèn “el malestar d'una part de la població”, si bé ha atribuït la situació al “creixement desbocat” dels últims vuit anys. Segons va afirmar, durant aquest període es van crear 115.000 places turístiques, una xifra que el Govern del PP utilitza de forma recurrent per justificar la seva política de contenció i que ha qualificat “d'inassumible” per a un territori com les Balears.

En línia del que s'ha manifestat pel seu Executiu en ocasions anteriors, la presidenta balear ha defensat haver aconseguit contenir el nombre de turistes a les illes. Ho ha afirmat, tanmateix, en un context de xifres que continuen marcant màxims històrics: l'any passat, les Balears van superar per primera vegada els 19 milions de visitants -davant d'una població de 1,2 milions -, consolidant un nivell de pressió superior a l'assolit en prepandèmia.

Així mateix, ha defensat que l'actual Govern ha imposat una política de “creixement zero” en noves places turístiques, eliminant milers de places de lloguer turístic i impulsant mesures com la limitació de vehicles a les illes. Prohens ha anunciat que la primera llei que tramitarà el Parlament després de l'estiu serà la de limitació de vehicles a Mallorca, assenyalant que l'Executiu mantindrà aquesta estratègia malgrat el recurs presentat per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència contra la normativa aprovada a Eivissa.

De la mateixa manera, ha assegurat haver explicat al rei que les illes han duplicat la seva població des de l'any 2000, reclamant que l'Estat presti “atenció política” als territoris que creixen ràpidament igual que ho fa amb els afectats per la despoblació. També ha citat l'increment d'alumnes incorporats un cop iniciat el curs escolar i l'augment de targetes sanitàries.

Audiència amb Pedro Sánchez

De cara a la reunió que mantindrà el dimecres vinent amb el president del Govern, Pedro Sánchez, Prohens ha avançat que tornarà a reclamar el compliment del que ha denominat l'“agenda balear”, a més d'exigir una implicació més gran de l'Executiu central davant l'increment de la immigració irregular. La presidenta ha assegurat que Balears “no pot més”, denunciant que l'arxipèlag tutela ja més de 800 menors estrangers no acompanyats, una situació que, a parer seu, manté “totalment desbordat” al Consell de Formentera.

La líder de l'Executiu balear també ha acusat Sánchez de “castigar” els ciutadans de les illes en matèria de finançament i inversions. En aquest sentit, ha qüestionat que Balears hagi d'assumir “400 euros de deute que no li corresponen” després de la condonació pactada pel Govern, enfront dels més de 2.000 euros que, segons ha afirmat, es perdonen a Catalunya. Així mateix, ha retret a l'Executiu central la falta d'avenços en els convenis de carreteres i ferroviari mentre, va sostenir, destina “milers de milions” a infraestructures a Catalunya.

Respecte a l'eclipsi del pròxim 12 d'agost, Prohens ha defensat que el Govern porta “més de nou mesos” preparant un dispositiu especial concebut “com una emergència” i no com un atractiu turístic, amb més de 200 efectius forestals, drons per controlar l'afluència de visitants i un reforç sanitari per protegir tant les persones com la Serra de Tramuntana en un context de risc extrem d'incendis.

Preguntada per si aquesta havia estat la seva última audiència amb Felip VI abans de les eleccions autonòmiques de l'any vinent, Prohens ha evitat fer conjectures. En aquest sentit, ha assenyalat que continuarà treballant per “tornar a guanyar-se la confiança dels ciutadans” i ha reivindicat que el seu Executiu ha complert el 95% del programa electoral amb què va concórrer als comicis de 2023.

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens (PP), ha aprovechado este viernes la tradicional audiencia que el rey Felipe VI ofrece cada verano a las principales autoridades de las islas, para trasladarle la estrategia de “contención” que, según le ha transmitido, ha impulsado su Ejecutivo frente a la saturación turística y en materia de vivienda. Mientras tanto, la dirigente popular ha trasladado al monarca, según ha señalado tras el encuentro celebrado en el Palacio de la Almudaina, su preocupación por el aumento de la llegada de migrantes por vía marítima y por la situación de los menores extranjeros no acompañadoque el archipiélago.

Durante su comparecencia ante los medios, la presidenta ha señalado que la conversación con Felipe VI ha girado en torno a los principales asuntos que marcan la actualidad de Balears. Entre ellos, la gestión del eclipse previsto para este verano, la presión demográfica, la crisis de acceso a la vivienda, la inmigración irregular y el modelo turístico balear.

En materia de vivienda, y a las puertas de la manifestación contra la turistificación que tendrá lugar este domingo en Palma, Prohens ha subrayado que Balears es “la primera comunidad que prioriza a los residentes en el acceso a la vivienda”, a pesar de que la crisis habitacional continúa agravándose y el archipiélago encabeza junto a Madrid los alquileres más caros de España. Como recriminan las entidades sociales, la especulación inmobiliaria, la compra masiva por parte de extranjeros de alto poder adquisitivo y la avidez de los fondos buitre han contribuido en los últimos años en el encarecimiento de los precios de la vivienda, provocando que numerosos residentes se vean expulsados de sus barrios como consecuencia de la imparable gentrificación.

En este sentido, la líder autonómica ha expresado que comprende “el malestar de una parte de la población”, si bien ha atribuido la situación al “crecimiento desbocado” de los últimos ocho años. Según afirmó, durante ese periodo se crearon 115.000 plazas turísticas, una cifra que el Govern del PP utiliza de forma recurrente para justificar su política de contención y que ha calificado de “inasumible” para un territorio como Balears.

En línea de lo manifestado por su Ejecutivo en ocasiones anteriores, la presidenta balear ha defendido haber logrado contener el número de turistas en las islas. Lo ha afirmado, sin embargo, en un contexto de cifras que siguen marcando máximos históricos: el año pasado, Balears superó por primera vez los 19 millones de visitantes -frente a una población de 1,2 millones-, consolidando un nivel de presión superior al alcanzado en prepandemia.

Asimismo, ha defendido que el actual Govern ha impuesto una política de “crecimiento cero” en nuevas plazas turísticas, eliminando miles de plazas de alquiler turístico y e impulsando medidas como la limitación de vehículos en las islas. Prohens ha anunciado que la primera ley que tramitará el Parlament tras el verano será la de limitación de vehículos en Mallorca, señalando que el Ejecutivo mantendrá esa estrategia pese al recurso presentado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia contra la normativa aprobada en Eivissa.

Del mismo modo, ha asegurado haber explicado al rey que las islas han duplicado su población desde el año 2000, reclamando que el Estado preste “atención política” a los territorios que crecen rápidamente al igual que lo hace con los afectados por la despoblación. También ha citado el incremento de alumnos incorporados una vez iniciado el curso escolar y el aumento de tarjetas sanitarias.

Audiencia con Pedro Sánchez

De cara a la reunión que mantendrá el próximo miércoles con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Prohens ha avanzado que volverá a reclamar el cumplimiento de lo que ha denominado la “agenda balear”, además de exigir una mayor implicación del Ejecutivo central ante el incremento de la inmigración irregular. La presidenta ha asegurado que Balears “no puede más”, denunciando que el archipiélago tutela ya a más de 800 menores extranjeros no acompañados, una situación que, a su juicio, mantiene “totalmente desbordado” al Consell de Formentera.

La líder del Ejecutivo balear también ha acusado a Sánchez de “castigar” a los ciudadanos de las islas en materia de financiación e inversiones. En este sentido, ha cuestionado que Balears deba asumir “400 euros de deuda que no le corresponden” tras la condonación pactada por el Gobierno, frente a los más de 2.000 euros que, según ha afirmado, se perdonan a Catalunya. Asimismo, ha reprochado al Ejecutivo central la falta de avances en los convenios de carreteras y ferroviario mientras, sostuvo, destina “miles de millones” a infraestructuras en Catalunya.

Respecto al eclipse del próximo 12 de agosto, Prohens ha defendido que el Govern lleva “más de nueve meses” preparando un dispositivo especial concebido “como una emergencia” y no como un atractivo turístico, con más de 200 efectivos forestales, drones para controlar la afluencia de visitantes y un refuerzo sanitario para proteger tanto a las personas como a la Serra de Tramuntana en un contexto de riesgo extremo de incendios.

Preguntada por si esta había sido su última audiencia con Felipe VI antes de las elecciones autonómicas del próximo año, Prohens ha evitado hacer conjeturas. En este sentido, ha señalado que seguirá trabajando para “volver a ganarse la confianza de los ciudadanos” y ha reivindicado que su Ejecutivo ha cumplido el 95% del programa electoral con el que concurrió a los comicios de 2023.

Hacemos un repaso a los fragmentos de distintos discursos que, en los últimos meses, la reina Letizia ha hecho en actos públicos. Son discursos con calado político, con contenido, no son un mero acto de presencia por su parte. No vamos a decir que son de izquierdas, pero desde luego están despertando una corriente de opinión en ciertos sectores, más progresistas o incluso republicanos, que queremos analizar. No parece pura iniciativa personal. Lo cierto es que en los últimos meses la Casa Real ha decidido aprovechar a Letizia Ortiz como nunca en más de 20 años.

Lo hacemos con el sociólogo Borja Oliva que lleva años estudiando la figura de Letizia Ortiz. También con Aitor Riveiro, el periodista de elDiario.es que sigue más de cerca los pasos de la reina de España.

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El grupo de jueces y juristas que desde 2022 reclama que el rey Felipe VI renuncie a la inviolabilidad penal que le otorga la Constitución o, en su defecto, que el Gobierno impulse una reforma de la Carta Magna para eliminar este privilegio, ha decidido dar un nuevo paso. Los 22 firmantes de la iniciativa, entre quienes se encuentran los exmagistrados José Castro y Juan Pedro Yllanes, han remitido dos nuevos escritos: uno dirigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y otro al máximo responsable del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, con el objetivo de mantener la presión sobre ambas instituciones.

La iniciativa llega después de que Moncloa respondiera a su última carta sin entrar en el fondo de sus reivindicaciones. En lugar de pronunciarse sobre una eventual reforma legal o constitucional, el Ejecutivo, a través de un mensaje remitido por la Secretaría General de Relaciones Institucionales y Ciudadanía, se limitó a recomendarles que trasladaran su solicitud a la Casa del Rey -pese a tratarse de una modificación cuya iniciativa corresponde a los poderes legislativo y ejecutivo- y que dirigieran al CIS la petición de incluir una pregunta sobre la inviolabilidad del jefe del Estado en sus barómetros.

Lejos de dar por zanjada la cuestión, los juristas han optado por aceptar, de momento, una de las dos recomendaciones formuladas por el Gobierno. Así, solicitan a Tezanos que el CIS mida el respaldo ciudadano a una posible reforma del artículo 56.3 de la Constitución -“la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”-, mientras que, en otra misiva, comunican a Pedro Sánchez que continuarán reclamando la modificación de este precepto constitucional al considerar que corresponde al Ejecutivo y a las Cortes impulsar una iniciativa de esta naturaleza.

Lejos de dar por zanjada la cuestión, los juristas solicitan a Félix Tezanos que el CIS mida el respaldo ciudadano a una reforma del artículo 56.3 de la Constitución, mientras que, en otra misiva, comunican a Pedro Sánchez que continuarán reclamando la modificación de este precepto

El colectivo sostiene, además, que el resultado de la consulta ciudadana que, a través de elDiario.es, promovió recientemente al respecto y en la que recabó en dos días cerca de 1.500 respuestas, el 99% de ellas favorables a reformar el artículo 56.3 para que el jefe del Estado responda ante los tribunales cuando los hechos investigados sean ajenos al ejercicio de sus funciones institucionales. Un hecho que, aseveran, refuerza la necesidad de seguir adelante con esta iniciativa.

Los firmantes de la consulta cuidadana eran los 22 juristas Juan Calatayud, José Castro, Rafael Company, Víctor Cornell, Mar de la Loma, Josep de Luis, Aina Díaz, Cristina Gómez, Ferran Gomila, Alejandro Juárez, Francisca Mas, Catalina Monserrat, Catalina Moragues, Josep Pina, Carlos Portalo, Pablo Alonso de Caso, Mariano Reaño, Ignasi Ribas, Josep Valdés, Juan Pedro Yllanes, María Durán y Juan Luis Corbacho.

Aunque los propios juristas reconocen que ese sondeo carece de validez demoscópica al no cumplir los criterios científicos de selección ni estratificación de la muestra, consideran precisamente por ello que corresponde al CIS determinar, mediante una encuesta oficial, cuál es el verdadero grado de apoyo social a una reforma que pondría fin a la inviolabilidad penal del jefe del Estado por los actos ajenos al ejercicio de sus funciones institucionales.

Según los juristas, la modificación permitiría suprimir “el privilegio personal que le permite cometer toda clase de atropellos sin rendir cuentas ante la Justicia”, una circunstancia que -como aseveraban en una carta anterior-, puede provocar, “entre otras consecuencias no deseables, la indefensión de personas afectadas”.

Según los juristas, la modificación permitiría suprimir 'el privilegio personal que le permite cometer toda clase de atropellos sin rendir cuentas ante la Justicia', una circunstancia que -como aseveraban en una carta anterior-, puede provocar, 'entre otras consecuencias no deseables, la indefensión de personas afectadas'

“Seguiremos insistiendo ante las instituciones”

En el primero de los escritos, remitido a Pedro Sánchez, los firmantes agradecen la respuesta enviada desde Presidencia del Gobierno, pero dejan claro que no comparten el planteamiento contenido en ella. La Moncloa les recomendó trasladar su petición directamente a la Casa del Rey, haciendo constar en su mensaje la página web de la Familia Real y la dirección postal del Palacio de la Zarzuela. Los juristas no descartan acudir a los monarcas en un futuro, aunque consideran que la iniciativa debe dirigirse prioritariamente a quienes ostentan la capacidad de promover reformas legales y constitucionales.

“Si lo hiciéramos, le enviaremos a usted copia del escrito, pero, aunque no lo descartamos, al tratarse de una reforma legislativa, seguiremos insistiendo ante las instituciones que nacen de la voluntad popular para legislar y gobernar”, señalan en la carta dirigida al presidente del Gobierno.

Los juristas recuerdan que la iniciativa nació tras conocer las declaraciones realizadas en 2022 por la entonces vicepresidenta del Gobierno y actual presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, quien reveló que había mantenido conversaciones con la Casa Real para explorar una posible reforma del artículo 56.3 de la Constitución.

En unas declaraciones efectuadas a El País, Calvo señalaba: “Yo lo planteé, se barajó, se puso sobre la mesa y no se vio la oportunidad en ese momento, ni por parte del presidente del Gobierno, ni por parte del PP, ni por parte de la Casa Real”. Pedro Sánchez le había encomendado un año antes la tarea de poner en marcha un nuevo “marco de actuación” más transparente, moderno y actualizado de la monarquía, pero, finalmente, los cambios quedaron limitados a una serie de medidas de transparencia.

Los juristas recuerdan que la iniciativa nació tras conocer las declaraciones realizadas en 2022 por la entonces vicepresidenta del Gobierno y actual presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, quien reveló que había mantenido conversaciones con la Casa Real para explorar una posible reforma del artículo 56.3 de la Constitución

Asimismo, en unas jornadas celebradas a principios de 2022, según recogía el mismo medio, Calvo enfatizó la necesidad de establecer, sin necesidad de reformar la Constitución, “en qué es inviolable y en qué no” el monarca. Los firmantes lamentaban el tiempo transcurrido desde que se conoció “el fracaso de aquella gestión”, sin que desde entonces se produjese avance alguno al respecto.

Aceptan la recomendación de acudir al CIS

Por otro lado, en el escrito remitido al CIS, los firmantes reclaman que el ente demoscópico incorpore en alguno de sus próximos barómetros una pregunta destinada a conocer si la ciudadanía considera que debe mantenerse la inviolabilidad del jefe del Estado o si, por el contrario, debería limitarse para que el monarca responda ante la Justicia por los actos privados ajenos al ejercicio de sus funciones constitucionales.

“Entendemos perfectamente que la presidencia del Gobierno nos recomiende dirigirnos al CIS, pues la Ley 39/1995 [de Organización del Centro de Investigaciones Sociológicas] incluye, entre otras funciones, la de realizar estudios que 'sirvan de orientación a los poderes públicos en sus iniciativas normativas y ejecutivas'”, aseveran.

A continuación, informan al organismo de la reciente recogida de casi 1.500 opiniones y, aunque reconocen que el sondeo no reúne los requisitos metodológicos exigibles a una encuesta científica, consideran imprescindible por ello que sea el CIS el que determine cuál es el grado real de aceptación social de una reforma que permita que el jefe del Estado responda ante la Justicia “en caso de infracciones legales producidas al margen del papel político institucional que desempeña”.

En su misiva, los juristas confían en que el CIS atienda la petición e “investigue la opinión existente en la sociedad” sobre el texto vigente del artículo 56.3 de la Constitución, “si pudiera ser” -precisan- en los términos de la propuesta de reforma plantearon en ese primer sondeo.

¿Es compatible la inviolabilidad con la igualdad?

Los firmantes introducen además un argumento que ya figuraba en sus anteriores escritos, pero que ahora adquiere mayor protagonismo: la posible contradicción entre la inviolabilidad del jefe del Estado y el principio constitucional de igualdad. Tal como exponen, “sería del mayor interés” conocer también si la ciudadanía considera compatible la inviolabilidad “con la igualdad de todos los españoles ante la ley” que se establece en el artículo 14 del Título I de la Constitución.

Esperan -inciden- que el Gobierno impulse finalmente la reforma de “un texto que, quizás para la inmensa mayoría, cuestiona en la propia Constitución la igualdad ante la ley que figura en el artículo 14 de su Título Primero”. Para los impulsores de la iniciativa, mantener una prerrogativa que impide exigir responsabilidad penal al jefe del Estado por cualquier actuación privada supone una excepción difícilmente conciliable con el principio de igualdad jurídica proclamado por la propia Constitución.

Los firmantes confían en que el Gobierno impulse finalmente la reforma de 'un texto que, quizás para la inmensa mayoría, cuestiona en la propia Constitución la igualdad ante la ley que figura en el artículo 14 de su Título Primero'

Una campaña iniciada en 2022

Los nuevos escritos constituyen un nuevo capítulo de una campaña iniciada hace cuatro años. Desde 2022, el mismo grupo de jueces y juristas ha remitido anualmente cartas al presidente del Gobierno reclamando que Felipe VI anuncie públicamente su renuncia a la inviolabilidad y que el Ejecutivo impulse la correspondiente reforma constitucional.

La inviolabilidad del monarca es uno de los aspectos más controvertidos de la arquitectura constitucional española. Se trata de una figura jurídica que abarca tanto los actos oficiales del jefe del Estado como los privados y que hunde sus raíces en la sacralidad real de las antiguas monarquías -resumida en el aforismo latino Rex non potest peccare (“el rey no puede pecar”)-, siendo incorporada al constitucionalismo moderno como un escudo frente a toda responsabilidad penal o civil. 

En los últimos años, ha cobrado fuerza el debate sobre el alcance de esta prerrogativa y la imposibilidad de exigir responsabilidades más allá de los actos cometidos por el rey como jefe del Estado. La controversia se intensificó a partir del estallido del caso Nóos, en el que, por primera vez en la historia judicial española, un miembro de la familia real, la infanta Cristina, se sentó en el banquillo de los acusados. La causa abrió serios interrogantes sobre la supuesta intervención que Juan Carlos I habría tenido en los hechos investigados y puso en cuestionamiento hasta qué punto su blindaje habría podido amparar decisiones o comportamientos que, en el caso de otros ciudadanos, habrían sido objeto de responsabilidad penal.

Precisamente sobre ello, el juez que instruyó la causa, José Castro, aseguraba en esta entrevista concedida a elDiario.es que habría investigado al rey emérito de no haber existido el artículo 56.3 de la Constitución, el que blinda la inmunidad legal del jefe del Estado.

Las investigaciones en torno a Juan Carlos I

Los firmantes sostienen, además, que la experiencia acumulada tras las investigaciones archivadas sobre Juan Carlos I y la interpretación que la Fiscalía y posteriormente el Tribunal Supremo han realizado del artículo 56.3 han puesto de manifiesto la necesidad de revisar una prerrogativa que, en la práctica, ha impedido exigir responsabilidades penales al anterior jefe del Estado por actuaciones ajenas al ejercicio de sus funciones institucionales.

Se referían, en concreto, a la decisión adoptada ese año por la Fiscalía del Tribunal Supremo, que archivó las investigaciones dirigidas a seguir el rastro de los 100 millones de dólares que percibió Juan Carlos I de su homólogo en Arabia Saudí, Abdullah bin Adbul Aziz Al Saud, así como del dinero que sus benefactores usaron para pagarle cientos de miles de euros en gastos personales y que nunca pasaron por manos de la Agencia Tributaria. Las claves de su exoneración residían, principalmente, en su inviolabilidad. 

Tal como ha informado este periódico, el anterior rey de España guardó su fortuna en un banco suizo y a nombre de una fundación con domicilio en Panamá. Si hubiera ingresado el dinero en un banco español y declarado aquella donación ante Hacienda, Juan Carlos habría aportado a Hacienda 51 millones de euros.

En mayo de 2025, además, el Supremo blindó al rey emérito frente a los tribunales tras rechazar la querella con la que intelectuales y juristas buscaban imputar al monarca por fraude fiscal y blanqueo. Los magistrados utilizaron unos argumentos que cortan el paso a cualquier iniciativa legal presente o futura contra él al ampararse en las resoluciones de archivo firmadas por la Fiscalía en 2022 y que “cierran la puerta a la apertura de una investigación judicial” sobre su dinero. Se trata de un desenlace que, en la práctica, sitúa al monarca fuera del alcance del Derecho penal en cualquier circunstancia, incluso por actos estrictamente privados.

La Casa Real ahonda su déficit y cerró 2025 con unas pérdidas de 719.334 euros, según consta en las cuentas oficiales publicadas este martes en la web de la institución. Es el segundo ejercicio consecutivo en el que Zarzuela declara números rojos, tras los 99.591 euros negativos de 2024. Como en ese ejercicio, el descuadre se debe a las inversiones en seguridad informática que ha acometido el Palacio de la Zarzuela y a la congelación del presupuesto de la Casa, lo que ha obligado a Felipe VI a tirar del remanente.

El equipo de Felipe VI justifica el resultado en la necesidad de acometer “proyectos estratégicos e inaplazables” en materia de seguridad y en la congelación presupuestaria que les afecta por la ausencia de nuevas cuentas públicas desde 2023. También en las “amortizaciones de las inversiones del pasado año”.

El balance de 2025, auditado por el Tribunal de Cuentas, muestra que el presupuesto de 8,43 millones de euros de asignación pública directa a Zarzuela fue insuficiente para cubrir los gastos. Es la misma cantidad que el Estado da desde 2021 a la Casa del Rey para su sostenimiento, aunque luego hay múltiples partidas presupuestarias destinadas a la monarquía repartidas por los Presupuestos Generales del Estado. El coste total que asumen los españoles supera los 100 millones, según un estudio avalado por la Zarzuela.

A esos 8,43 millones se suma el uso de parte de los ahorros consignados por la Casa Real en los últimos años. Zarzuela ha recabado 983.403 euros del fondo de remanentes presupuestarios “para atender proyectos estratégicos e inaplazables, especialmente en el ámbito de las tecnologías de la información, las comunicaciones seguras y el Plan estratégico para la financiación de los desarrollos de los sistemas de información”, según informan desde el equipo de Felipe VI.

“Los suplementos de crédito no suponen ingresos adicionales sino la utilización de recursos financieros propios de la Casa de Su Majestad el Rey”, apunta el Tribunal de Cuentas en su informe. En total, Zarzuela contó con 9,41 millones. “Las obligaciones reconocidas netas del ejercicio 2025 ascendieron a 9.390.116 euros, con un remanente positivo de 24.436 euros , lo que refleja un alto nivel de ejecución presupuestaria (99,74%)”, aseguran desde Zarzuela.

El rey gastó el año pasado en el personal que le asiste a él y a su familia 4,92 millones de euros, casi 200.000 más que en 2024. Es la principal partida presupuestaria de Zarzuela. La segunda más cuantiosa son los 3,1 millones destinados a “suministros y servicios exteriores”. La “amortización del inmovilizado” alcanza los 1,51 millones.

Es la segunda vez que Zarzuela declara pérdidas desde que hace públicas sus cuentas. En 2023 el resultado fue positivo (407.402 euros). También en 2021 (407.402 euros), 2020 (931.233) y en 2019, cuando se alcanzó el récord: 1,7 millones. Con anterioridad a 2015 no se puede saber si hubo otros ejercicios en negativo.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha afirmado este martes que es “probable” que se reúna con el rey Felipe VI en el marco del Mundial de fútbol, y aseguró que el encuentro ocurriría en Ciudad de México, en medio de la normalización de las relaciones entre ambos países.

“Sí, es probable que sí, todavía [la Secretaría de] Relaciones Exteriores está viendo con la Cancillería de España y con la representación del jefe del Estado español y ya yo creo que mañana o pasado les podemos informar”, afirmó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

El encuentro se produce tras la aproximación entre los dos países luego de una fase de tirantez en las relaciones al máximo nivel a cuenta de la polémica por la memoria de la etapa colonial durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador. El rey Felipe VI reconoció en marzo que hubo “mucho abuso” durante la conquista de América ante el embajador de México en Madrid.

Sheinbaum viajó en abril a Barcelona para participar en una cumbre progresista junto al jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, en donde ambos mandatarios exhibieron sintonía ideológica y celebraron un encuentro.

En las últimas semanas, además, han visitado México el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y el vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, quienes se reunieron con Sheinbaum en Palacio Nacional para destacar la revitalización de las relaciones bilaterales.

La posibilidad del encuentro no se ha visto entorpecida por la accidentada visita al país de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, defensora del rol civilizador de Hernán Cortés.

El Rey Felipe VI asistirá el próximo 26 de junio al partido que enfrentará a la selección española de fútbol con la de Uruguay en la ciudad mexicana de Guadalajara tras aceptar la invitación en este sentido que le había formulado la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, según ha informado Casa Real este lunes.

Desde Zarzuela han precisado que el monarca ya le ha comunicado su asistencia al partido, el último de la primera ronda del Mundial de Fútbol para la selección española, tanto a la presidenta mexicana como al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en respuesta a sus respectivas cartas de invitación.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha declarado este lunes durante su rueda de prensa matinal habitual que el momento de las relaciones diplomáticas entre México y España es “un momento completamente distinto”. “Es un momento distinto. Tiene que seguir. Porque para nosotros es un asunto de dignidad, de reconocimiento de la grandeza cultural de México. De reconocer que los valores de los y las mexicanos vienen de ahí. De reconocer a las grandes civilizaciones y a los pueblos indígenas de hoy. De eso se trata el reconocimiento”, ha explicado Sheinbaum.

“Y nosotros vamos a seguir insistiendo en eso”, ha enfatizado Claudia Sheinbaum. Y acto seguido ha asegurado que “la gran mayoría del pueblo español está reconociendo que hubo un periodo de abusos y que no es que llegaron a civilizar a los incivilizados”, aunque con la excepción de “algunos que todavía siguen reivindicando a Hernán Cortés”, en referencia a la visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aunque ha explicitado que “los que más vergüenza dan son los de acá”.

La presidenta de México ha añadido que van a seguir difundiendo la grandeza de la cultura mexicana y lo ha enmarcado en el “humanismo mexicano” y en parte de “por qué hoy el pueblo de México está empoderado reconociendo su dignidad y su historia, y el legado de grandeza”.

Sheinbaum ha reconocido que se ha producido “un acercamiento a reconocer lo que decíamos” de parte de España y ha destacado la importancia de la independencia de México “después de 300 años de ser colonia de España”.

La presidenta ha destacado que el pueblo mexicano “toma la decisión de independizarse y a partir de ahí se construye una historia nacional”. Y ha alertado contra los intentos de invasión que ha sufrido México desde entonces: “Hay potencias que siempre han querido invadir a México. Siempre”. Tras lo que ha hecho referencias a la batalla del 5 de mayo de 1862 frente al intento de invasión del imperio francés, los “terribles sucesos” de la pérdida de la mitad del territorio de México en favor de Estados Unidos o del intento de invasión en 1914 por parte del país vecino.

Sheinbaum ha enmarcado estos hechos históricos en la convicción “de un pueblo que quiere convertirse en soberano” y ha defendido “tener la soberanía como faro de luz”.

La invitación por parte de Sheinbaum se produjo el pasado 3 de febrero si bien no se supo de ella hasta mediados de marzo. Entonces, Casa Real dijo que se había recibido “con agrado” la invitación y aclaró que esta se había producido antes de que el Rey se pronunciara sobre los abusos cometidos durante la conquista de América.

A su vez, la propia Sheinbaum aclaró posteriormente que Felipe VI había sido invitado al igual que otros mandatarios, desvinculando por tanto el gesto de las palabras pronunciadas por el monarca durante su visita a una exposición sobre las mujeres indígenas mexicanas reconociendo que hubo “mucho abuso” durante la Conquista y admitiendo que aquellos comportamientos vistos desde la óptica y los valores actuales no son como para sentirse “orgullosos”.

La confirmación de Felipe VI se produce tras la polémica desatada por el viaje de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a México. Un país que, a juicio de la jefa del Ejecutivo autonómico, “no existió hasta que llegaron los españoles”.

Fue en 2022 cuando Andrés Manuel López Obrador, el anterior presidente de México, planteó una “pausa” de las relaciones del país con España. El mandatario había criticado en varias ocasiones la negativa de pedir disculpas a los pueblos indígenas por la actuación de los españoles durante la conquista de sus tierras y ese malestar acabó cristalizándose en una temporal separación diplomática. Ahora, cuatro años después y con una nueva presidenta, Claudia Sheinbaum, se ha conseguido oficializar el deshielo en la relación entre ambos países. Pero las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso durante su viaje de los últimos días van en la dirección opuesta a la línea que ha mantenido tanto el Gobierno como la Casa Real.

La presidenta de la Comunidad de Madrid llegó a México el pasado domingo. No es su primer viaje institucional al país norteamericano, pero sí es la primera vez después de la cumbre progresista que tuvo lugar en Barcelona de hace un mes a la que asistió Sheinbaum y donde esta aseguró que “nunca ha habido crisis diplomática” entre ambos países. “Lo que es muy importante es que se reconozca la fuerza de los pueblos originarios para nuestra patria”, dijo entonces.

Sin embargo, esa “pausa” de relaciones de López Obrador hace cuatro años sí que se vivió como un encontronazo por una petición de disculpas que, con el cambio de Gobierno, Sheinbaum recuperó, aunque con un resultado ligeramente distinto al anterior. Tanto el Gobierno de Pedro Sánchez como Felipe VI han ido acercando posiciones con México, con gestos que la mandataria ha valorado positivamente. Hace solo dos meses, el rey reconoció que hubo “mucho abuso” durante la conquista de América, en la misma línea que el Gobierno de Pedro Sánchez. Una postura oficial que no comparte la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Hernán Cortés y las críticas de Morena

Ayuso lleva tiempo marcando perfil propio en lo referente a relaciones internacionales. En febrero de 2026, la presidenta autonómica decidió conceder la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid a Donald Trump por ser el “principal faro del mundo libre”, una medalla que anteriormente había sido entregada a Volodímir Zelenski, Daniel Noboa o Javier Milei. Durante el anuncio de la concesión, la líder del PP de la capital dijo que esperaba que Cuba, Nicaragua y México siguieran los pasos de Argentina y rompieran “sus cadenas” para poner “fin a los narcoestados de ultraizquierda”. Unas palabras que no sentaron bien a Claudia Sheinbaum. “Es absolutamente falso lo que dice”, aseguró.

Aunque el choque más evidente entre ambas se ha producido estos días con la tournée de la madrileña. Las primeras críticas vinieron por participar en un acto junto al compositor Nacho Cano, creador del musical Malinche, en “honor” al conquistador español Hernán Cortés, tal y como anunciaron desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid y que no ha sentado nada bien al Ejecutivo de Sheinbaum. El evento contó también con las protestas de un grupo indígena. Pero, ese no ha sido el único ejemplo de polémica y de críticas, que han venido principalmente del partido mayoritario del país, el partido Morena, al que pertenece la presidenta mexicana.

“Vengo de ese Madrid que hoy tiene muchas 'malinches' en el metro, en las calles, en los colegios” y “no pretendemos ni vamos a intentar ni siquiera dar una lección de historia a nadie ni renegar tampoco de todo lo que hizo España” han sido algunas de las declaraciones más polémicas de la presidenta. Unas palabras que han sido replicadas por Sheinbaum y por políticas morenistas.

Los dos casos más sonados han sido el de una diputada mexicana que tuvo un encontronazo con Ayuso en el aeropuerto, a quien se acercó para recriminarle que “le falta el respeto” a su cultura, su país y su “democracia”. También para criticar que escribiera México con j. Y el de una regidora del Morena, que irrumpió en la entrega de las llaves de Aguascalientes a la presidenta de la Comunidad con un cartel en el que se leía “no tenemos agua”.

Sheinbaum no ve problema diplomático

A pesar del choque entre Ayuso y Sheinbaum, la segunda no ve que las actuaciones de la madrileña puedan poner en peligro lo construido entre ambos países, especialmente en los últimos años. Durante su conferencia de prensa diaria y preguntada por este asunto, la mandataria mexicana aseguró que no le veía “tanta importancia”. “Viene a México a reunirse con líderes de la derecha que piensan que ella les va a dar legitimidad aquí. ¿Cómo les va a dar legitimidad una persona que adora a Hernán Cortés?”, preguntó.

Mientras, continúa el cruce de acusaciones, con nuevas intervenciones prácticamente cada día. Por parte de Ayuso, que ha acusado a la presidenta de haber “utilizado su presencia” en el país “para dividir, para enfrentar” a pesar de “no haber hablado de ella” por tener “respeto”. “Hay que combatir las ideas, pero no a las personas”, ha criticado la española en algunas de sus últimas declaraciones. “Cuando viene a España, pues a nadie se nos ocurre darle ese recibimiento”, ha afeado este jueves Ayuso. Pero también por parte de la líder norteamericana, que hace solo unas horas se ha vuelto a referir a este asunto: “Imagínense la ignorancia de venir a hacer un homenaje a Hernán Cortés”.

La oposición, especialmente en la Asamblea de Madrid, eleva el tono cada vez más en sus críticas. “¿Algún alma cándida puede llamar a Ayuso y explicarle que irse 10 días a México no es un viaje institucional? Es tener más cara que espalda”. “Quiero pedir disculpas a los mexicanos por los abusos del pasado y por las faltas de respeto en el presente que están aguantando de una política ultra que no sabe cuál es su lugar en el mundo”, decía este mismo jueves la portavoz del PSOE de Madrid, Mar Espinar. Y, en la misma línea, Más Madrid: “Hay que ser fanática para ir a México a reivindicar a un conquistador medieval en pleno siglo XXI, nuestra relación con México merece respeto mutuo, no una performance”.

Todavía quedan otros cinco días de viaje y la asistencia de la líder del PP de Madrid a otros eventos, entre los que se incluyen la Feria de San Marcos, una visita a la Plaza de Toros Monumental de Aguascalientes y la presencia a la Gala de los Premios Platino de Cine en Riviera Maya, entre otros.

El rey Juan Carlos de España ascendió al trono en noviembre de 1975, tras la muerte del general Francisco Franco. El dictador lo había designado como su sucesor en 1969, tras una tortuosa pugna entre seis posibles candidatos de sangre real. Los seis eran: los dos candidatos “legítimos” de la casa de Borbón, descendientes del último rey, Alfonso XIII: el conde de Barcelona, don Juan de Borbón y Battenberg, y su hijo, Juan Carlos de Borbón y Dos Sicilias; Jaime de Borbón y Battenberg, hermano mayor de don Juan, a quien se había convencido de que renunciara a sus derechos en 1933 debido a sus dificultades auditivas y del habla, pero que los reactivó en 1949 con la ayuda económica de Franco; el hijo de don Jaime, Alfonso de Borbón Dampierre; y dos candidatos de los pretendientes carlistas rivales al trono, don Javier de Borbón-Parma y su hijo Carlos Hugo de Borbón-Parma. De hecho, Franco había descartado en secreto a don Juan por ser demasiado liberal y a los dos carlistas nacidos en Francia por ser extranjeros, aunque eso no le disuadió en el caso de Juan Carlos, que había nacido en Italia. La misión manifiesta del ganador elegido como jefe de Estado era la perpetuación de la dictadura. En consecuencia, Juan Carlos fue recibido por la izquierda como un títere despreciable y por la extrema derecha como un liberal encubierto. Los temores de la derecha se hicieron realidad cuando, con considerable valentía y determinación, desempeñó un papel clave en liberarse de las ataduras de las leyes e instituciones del Caudillo. Para llegar al trono, Juan Carlos tuvo que pasar los veintiún años comprendidos entre 1948 y 1969 actuando, o siendo manipulado, como uno de los peones en el juego de sucesión ideado por Franco y su eminencia gris, Luis Carrero Blanco. El origen del juego, la Ley de Sucesión de 1947, fue un artilugio para convencer a los Aliados victoriosos de que Franco estaba libre del estigma del Eje y de que era más monárquico que falangista. En términos de política interna, el premio prometido de la sucesión ayudó a mantener unida la coalición de fuerzas de Franco. Para seguir contando con el apoyo de los falangistas antimonárquicos era necesario humillar periódicamente a los monárquicos alfonsistas y carlistas, algo que tenía la ventaja añadida de hacer las delicias del retorcido sentido del humor del Caudillo. Para Juan Carlos, todo el proceso supuso una infancia perdida y una adolescencia miserable cuando fue enviado a España como rehén, lo que en un principio parecía asegurar el puesto de su padre en la competencia por la sucesión. Franco finalmente nombró a Juan Carlos “Sucesor con el título de Rey” en 1969, tras desplazar gradualmente al legítimo heredero al trono, su padre, Don Juan de Borbón.

Cuando fue proclamado rey en 1975, Juan Carlos despertaba una profunda desconfianza tanto en la derecha como en la izquierda. El hecho de que fuera rey únicamente gracias a la Ley de Sucesión y de que su designación tuviera por objeto garantizar la supervivencia del régimen franquista explicaba las sospechas de la izquierda y la creencia generalizada de que sería “Juan Carlos el breve”. Como hijo del anglófilo Don Juan de Borbón, y debido a sus contactos con diplomáticos británicos, estadounidenses y alemanes, resultó ser igualmente sospechoso para la derecha franquista. Sorprendentemente, logró compaginar con éxito los objetivos aparentemente incompatibles de, por un lado, la fidelidad pública a los principios del Estado unipartidista franquista y, por otro, el compromiso tácito con el establecimiento de una monarquía constitucional democrática. Desde su ascensión al trono hasta 1982, Juan Carlos I defendió valientemente la democracia frente a la amenaza de una conspiración militar. En consecuencia, se convirtió en un héroe nacional y en una figura inmensamente popular tanto en España como en el extranjero, hasta que una caída en desgracia le obligó a abdicar en 2014.

Para el nuevo rey, los seis meses posteriores a su ascensión al trono fueron angustiosos. Su primera tarea consistió en neutralizar a los militares y otros partidarios de Franco, mientras su principal asesor, el brillante teórico constitucional Torcuato Fernández Miranda, preparaba un plan de reforma política dentro del marco legal de la dictadura. Esto supuso, en un primer momento, mantener en el cargo al presidente del Gobierno de Franco, Carlos Arias Navarro, con el fin de calmar los temores de la clase dirigente franquista. Al mismo tiempo, tuvo que intentar convencer a la izquierda de que estaba comprometido con la transición democrática. No fue hasta el verano de 1976 cuando el rey pudo elegir al joven y carismático Adolfo Suárez como un presidente de Gobierno más afín para que se hiciera cargo de la siguiente etapa del proceso. Torcuato Fernández Miranda dijo una vez que Juan Carlos fue el empresario del drama de la Transición, del que él mismo fue el guionista y, Adolfo Suárez, el actor principal. 

Tras las elecciones democráticas de junio de 1977, los problemas que se avecinaban eran, en sentido estricto, competencia del Gobierno elegido, pero había cuestiones políticas inmediatas que resultaban imposibles de resolver sin la intervención del rey. La violencia antidemocrática de los conspiradores militares decididos a reinstaurar la dictadura y las actividades terroristas de la organización separatista vasca ETA complicaron enormemente la tarea de construir un marco constitucional ampliamente aceptado. El apoyo del rey fue esencial para la consolidación de la democracia, ya que el gobierno necesitaba su ayuda constante como comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Así, tuvo que arriesgar constantemente su vida como una especie de bombero del inflamable sistema democrático. Juan Carlos se convirtió en el blanco de la hostilidad tanto de la extrema derecha como de ETA. Cuando Suárez dimitió a finales de enero de 1981, se ejerció una intensa presión militar para que se formara una coalición política encabezada por un general. Los líderes de los cuatro principales partidos —Leopoldo Calvo-Sotelo, de la UCD centrista; Felipe González, del PSOE socialista; Santiago Carrillo, del PCE comunista, y Manuel Fraga, de la Alianza Popular conservadora— se mostraron abiertos a esa solución atípica, pero Juan Carlos optó por la vía constitucional y nombró a Calvo Sotelo presidente de Gobierno. En circunstancias complejas, el 23 de febrero, el teniente coronel Antonio Tejero, de la Guardia Civil, se hizo con el control del Congreso de los Diputados y, de hecho, mantuvo como rehén a toda la clase política. La tarea de derrotar el golpe militar fue dirigida por el propio Juan Carlos. 

En retrospectiva, el intento golpista del 23F marcó un punto de inflexión no solo en la transición a la democracia, sino también en el papel del rey. Su verdadera importancia en lo que respecta a la Corona se reveló el 27 de febrero. Tres millones de personas se manifestaron en las ciudades de toda España en apoyo de la democracia y del rey. El estado de ánimo en la mayor parte del país, sin embargo, lo resumió el novelista republicano Francisco Umbral, quien escribió en El País dos semanas después: “Cuando los españoles creíamos merecernos algo mejor que un rey, resulta que tenemos un rey que no nos merecemos”. La propia exasperación de Juan Carlos era perceptible en su respuesta a los líderes políticos que se reunieron para expresarle su gratitud por lo que había hecho. El texto que leyó [aquí la versión íntegra] iba más allá de los tópicos esperados: “La Corona se siente orgullosa de haber servido a España con firmeza y con la convicción de que la vida democrática y el respeto estricto de los principios constitucionales constituyen la voluntad mayoritaria del pueblo español. Sin embargo, todos deben ser conscientes, desde sus propias responsabilidades, de que el rey no puede ni debe enfrentarse, de forma reiterada y bajo su responsabilidad directa, a circunstancias de tan considerable tensión y gravedad”.

Más tarde reconoció que lo que había intentado decir era que “mi papel no era el de un bombero, siempre listo para apagar un fuego”. 

La postura de Juan Carlos contra el golpismo había dado a la democracia una segunda oportunidad. Tras la contundente victoria electoral socialista en las elecciones de octubre de 1982, Juan Carlos pudo dejar que el Gobierno de Felipe González se ocupara del problema de la subversión militar. A partir de entonces, se convirtió más en un jefe de Estado constitucional y también en una especie de embajador comercial itinerante. Su trayectoria en el trono entre 1975 y 1982 lo convirtió, sin duda, en uno de los mejores monarcas de España. Ese notable logro no era algo que necesitara ser resaltado ni que pudiera realzarse con dignidad alguna en una autobiografía. Lo que le había costado en términos de juventud perdida y estrés diario tal vez explique por qué ahora comenzaba a dar prioridad a lo que podría llamarse “el descanso del guerrero”. 

Durante los treinta años siguientes, la reputación del rey se fue desvaneciendo en una búsqueda de placeres y beneficios. A lo largo de la década de los noventa, al codearse con una serie de “bucaneros capitalistas” como José María Ruiz-Mateos, Mario Conde o Javier de la Rosa, su imagen se vio mancillada por su relación con los escándalos financieros que asolaron la vida política española. Las revistas del corazón sacaron mucho partido de su obsesión por la velocidad y los deportes caros en los que arriesgaba la vida y que con frecuencia le causaban lesiones graves. Esquiar, conducir coches de alta velocidad y motocicletas, pilotar helicópteros y aviones, junto con las regatas de yates, eran actividades que realzaban su reputación en algunos círculos y despertaban intensas críticas en otros. Lo mismo ocurría con su entusiasmo por la compañía de mujeres atractivas, que era objeto de gran atención en algunos sectores de la prensa semanal. Los rumores sobre crisis matrimoniales surgían con frecuencia. En 2012, mientras los españoles de a pie hacían frente a una dura crisis económica, Juan Carlos afirmó que la preocupación por el desempleo juvenil le quitaba el sueño. Sin embargo, el hecho de que hubiera estado en un safari en Botsuana, de un coste astronómico, se hizo público cuando fue trasladado en avión a Madrid para someterse a una operación de cadera tras un accidente. Se vio obligado a pedir perdón al país después de que los detalles de la escapada se hicieran públicos. Su acompañante en ese viaje fue la empresaria germano-danesa Corinna Larsen, exmujer del príncipe Casimir zu Sayn-Wittgenstein. El declive del rey se aceleró y, en junio de 2014, se vio obligado a abdicar en favor de su hijo, ahora rey Felipe VI. En agosto de 2020, Juan Carlos abandonó España y se trasladó a Abu Dabi, capital de Emiratos Árabes Unidos, en medio del escándalo por la transferencia de unos 65 millones de euros a Corinna zu Sayn-Wittgenstein, tras recibir pagos de un contrato de tren de alta velocidad en Arabia Saudí. 

Antes de que el deterioro de su popularidad llegara al punto más bajo del exilio, en junio de 2016, Juan Carlos presidió la presentación de un libro en la Real Academia de San Fernando de Madrid, en la que su amigo el zar Simeón II de Bulgaria, exiliado, presentó su autobiografía, Un destino singular. Hacia el final del acto, un periodista le preguntó a Juan Carlos si alguna vez se plantearía escribir sus propias memorias, dada su agitada vida. Respondió en términos categóricos: “¡No, nunca las voy a escribir! ¿Para qué, para decir mentiras? La verdad no se puede contar, así que me lo guardaré”. En ese momento, hizo un gesto como si se tragara sus secretos y, señalando al cielo, añadió: “Y me lo llevaré allá arriba”. Sin duda, parecía una decisión sensata. Su considerable contribución a la transición de la dictadura a la democracia era tan conocida que solo podría verse menospreciada por unas memorias escritas a la defensiva. Al mismo tiempo, los escándalos financieros y sexuales habían sido investigados con tal exhaustividad por medios serios y por la prensa más morbosa que apenas quedaba margen para posteriores intentos de lavado de imagen.

La primera pregunta que suscitó el anuncio en 2025 de que, después de todo, habría unas memorias es: ¿por qué cambió de opinión? En los círculos editoriales españoles corrieron rumores sobre la magnitud sin precedentes del anticipo que, al parecer, se pagó por la edición española, *Reconciliación*, y la francesa, *Réconciliation*. Según el muy riguroso diario digital elDiario.es, es posible que la publicación de las memorias estuviera relacionada con este anticipo supuestamente cuantioso pagado por los derechos. En España se informó de que Juan Carlos había devuelto préstamos por importe de 4.395.901,96 euros, concedidos en 2021 por una docena de aristócratas anónimos y empresarios amigos, con el fin de regularizar su situación con la Hacienda española. Los préstamos debían devolverse en un plazo relativamente corto para que no se consideraran donaciones y, por lo tanto, estuvieran sujetos a impuestos adicionales. El reembolso de cuatro millones de euros o más en préstamos fue publicado en El Mundo el 6 de agosto de 2025 y en The Times el 7 de agosto de 2025. Las identidades de los prestamistas se publicaron en El Confidencial y elDiario.es el 6 de abril de 2021, y las copias de los contratos de préstamo fueron publicadas por elDiario.es el 15 de diciembre de 2025 y en El Periódico el 18 de diciembre de 2025. 

Más allá de la necesidad de un anticipo sustancial, resulta difícil discernir el propósito del libro. Para empezar, está el título. ¿Con quién pretende Juan Carlos reconciliarse? Según especulaban en The Times, “se dice que el título refleja el espíritu de la transición española a la democracia que él supervisó tras la muerte en 1975 del dictador Francisco Franco, quien lo preparó para el poder”. Refiriéndose a sus declaraciones anteriores sobre no escribir nunca memorias, dice: “¿Por qué he cambiado finalmente de opinión? Tengo la sensación de que me están robando mi historia”. Dado que abundan las biografías que le son favorables, es más probable que busque la reconciliación con el pueblo español, cuya mayoría en su día le adoraba, pero que ahora siente algo muy diferente. Sin embargo, el tono de estas memorias desmiente cualquier intención de ese tipo por su parte. Con un tono que oscila entre la autosatisfacción de quien se cree merecedor de todo y la autocompasión, difícilmente contribuirán a mejorar su imagen: “Me hiere un sentimiento de abandono. No puedo contener la emoción cuando pienso en determinados miembros de mi familia para quienes ya no importo y, sobre todo, en España, a la que tanto echo de menos. Hay días de abatimiento y de vacío. Vivo sin perspectivas, sin saber si algún día podré volver a establecerme en mi país”. Justifica la intensidad de este sentimiento de abandono con la extraordinaria afirmación de que “Devolví la libertad al pueblo español al instaurar la democracia, pero nunca pude disfrutar de esa libertad para mí”. Cuesta creer que alguien conocedor de la historia de la Segunda República, de la lucha de masas contra la dictadura franquista y de los pormenores de la transición a la democracia pudiera haber escrito esta frase (Reconciliación, pp.15–16). 

La indignación popular en España por sus actividades durante una grave crisis del coste de la vida no ha hecho más que intensificarse con algunas de sus justificaciones. Si uno de los objetivos no declarados de las memorias era limar asperezas con su propia familia, sin duda ha lanzado un mensaje conciliador a su esposa, de la que está separado, la exreina Sofía. La falta de armonía en la pareja se remonta a la década de 1970. Hay que reconocer que en las páginas de sus memorias aparecen muchos comentarios amables sobre ella; pero estos seguramente son insuficientes para compensar la bien documentada historia de sus infidelidades, a las que aquí se refiere simplemente como “mis deslices sentimentales” (Reconciliación, p. 408). Además, su mal disimulado rechazo hacia la reina Letizia difícilmente habrá ayudado a las relaciones con su hijo. A pesar de expresar un vago arrepentimiento por sus aventuras amorosas en términos generales, no menciona sus largas y muy publicitadas relaciones con tres mujeres cuyos nombres son bien conocidos en España. Tampoco, en su relato en el que profesa un servicio desinteresado y poco apreciado a la nación, explica, y mucho menos justifica, el uso de fondos públicos para la lujosa remodelación de La Angorrilla, un pabellón de caza. Del mismo modo, no explica el uso del servicio secreto para impedir que salieran a la luz los excesos de su vida privada, incluyendo acuerdos económicos realizados para apaciguar y silenciar al menos a una de sus amantes. 

Como era de esperar, el texto de Reconciliación elude los temas que han provocado la mayor hostilidad pública hacia Juan Carlos en España. Simbolizados por el escándalo de Botsuana, estos han sido, en conjunto, el despilfarro económico y la matanza de varias especies en peligro de extinción en la que participó. Quizás, más que la infidelidad conyugal que hizo posible, lo que más provocó la indignación pública fue el enorme coste del proyecto a gran escala en el Monte del Pardo, en los terrenos del Palacio de la Zarzuela, llevado a cabo en parte para facilitar una de sus relaciones extramatrimoniales, y lo que reveló sobre su pasión por la caza. El proyecto consistió en la conversión de La Angorrilla, un antiguo pabellón de caza construido inicialmente para Franco en los terrenos de El Pardo, en un lujoso pabellón, con una planta baja de mil metros cuadrados y una planta superior de setecientos metros cuadrados. Tardó dieciocho meses en completarse y su coste final de 3,4 millones de euros fue sufragado por el Estado a través de Patrimonio Nacional. En las paredes de diez metros de altura de la planta baja de esta monstruosidad se encontraban las cabezas disecadas de elefantes, rinocerontes y jirafas que había abatido en safaris en el extranjero. El coste del transporte de los cadáveres de estos animales y la posterior taxidermia debió de ser enorme. En otras partes del edificio había espacio para sus trofeos de ciervos, jabalíes, lobos y cabras montesas que había cazado en España. También había una sala blindada destinada exclusivamente a albergar la gran colección de valiosos rifles de caza del rey, algunos de los cuales, según se decía, valían centenares de miles de euros. Poco después del accidente de Botsuana, Juan Carlos encargó la fabricación de una silla ergonómica especial que le permitiera seguir disfrutando de su pasión por la caza, a pesar de sus lesiones. No fue hasta después de esa crisis cuando el foco de la publicidad hostil en España se centró en la costosa reforma del pabellón de caza, que también había servido de residencia para su amante en aquel momento. 

No hay nada en el libro que pueda conducir a una reconciliación con su hijo. Es de suponer que ni el rey Felipe ni la reina Letizia apreciarán el comentario de Juan Carlos sobre “nuestro desencuentro personal” ni lo que dice de ella en el libro: “La entrada de Letizia en nuestra familia no ayudó a la cohesión de nuestras relaciones familiares” (Reconciliación, p. 41).

En un primer momento, al recordar la disculpa televisada de Juan Carlos I a la nación cuando salió del hospital tras el safari de Botsuana, podría pensarse que su intención con las memorias era reconciliarse con el pueblo español. Sin embargo, el texto plantea la pregunta de ¿con qué españoles querría reconciliarse? ¿Con los franquistas? Aunque quizá la reconciliación ni siquiera fuera posible con ellos. Al fin y al cabo, podrían acusarle de traicionar a Franco al permitir la democratización de España. En cualquier caso, el daño a su reputación en 2012 causado por el episodio de Botsuana tuvo menos que ver con la revelación de la infidelidad conyugal y mucho más con la aparente insensibilidad del rey ante la crisis del coste de la vida que sufrían los españoles de a pie. Si Juan Carlos hubiera querido utilizar este libro para reconciliarse con sus súbditos en general, habría tenido que resistir la tentación de quejarse de su supuesta penuria —o de su gran decepción porque las autoridades fiscales españolas no le hubieran permitido quedarse con los dos Ferraris que el jeque Mohamed bin Zayed, de los Emiratos Árabes Unidos, les regaló a él y a su hijo. Aún más insensible resulta la inclusión en el libro de una queja sobre el hecho de que el exrey sea el único español que no percibe una pensión de jubilación. Dado su estilo de vida, ampliamente difundido, esto solo podía provocar la burla del español medio. 

La coautora o escritora fantasma de las memorias de Juan Carlos I es su admiradora de toda la vida, Laurence Debray. De los cinco libros que ha publicado, incluido este, cuatro tratan sobre Juan Carlos. El otro es una autobiografía que aborda principalmente su relación con sus padres, Régis Debray y Elizabeth Burgos, quienes se consideraban revolucionarios. En octubre de 2021, en París, publicó un retrato excesivamente indulgente de Juan Carlos titulado 'Mon roi déchu' (Mi rey caído). Su tercer libro sobre Juan Carlos expresaba la angustia de la autora por su exilio (1). En algunos pasajes se lee casi como una extensa carta de amor. El tono de ese libro queda plasmado en la frase: “Il était une fois un prince. Qui fut charmant puis maudit” (“Érase una vez un príncipe que fue encantador, pero luego maldito”).

A continuación, escribió sobre su “relación” con él: “Depuis plusieurs décennies, j’étudie, scrute, commente son destin. Une page se tourne aujourd’hui. Il est temps de questionner cette relation si durable et structurante que j’entretiens avec lui, cet attachement aussi platonique que fidèle. Qu’est-ce qui peut bien réunir ‘une fille de révolutionnaires’ et un roi?”. (“Durante varias décadas, he estudiado, analizado y comentado su destino. Hoy se abre un nuevo capítulo. Ha llegado el momento de examinar este vínculo duradero y fundamental que comparto con él, este apego tan platónico como fiel. ¿Qué podría unir a una ”hija de revolucionarios“ y a un rey?”).

Sobre lo que ella percibía como el vínculo entre ellos, escribió: “Sa vie est un roman; Juan Carlos est devenu ”mon“ roman. Il faut bien y mettre un point final. Puisqu’il a décidé de s’effacer avant de mourir, je dois moi aussi conclure” (“Su vida es una novela; Juan Carlos se ha convertido en ”mi“ novela. Hay que ponerle un punto final. Dado que él ha decidido borrarse antes de morir, yo también debo concluir”) (2).

Ella ha declarado en entrevistas que, para recopilar material para el libro, pasó muchos meses en Abu Dabi entrevistando a Juan Carlos. Hay numerosos indicios de que fue ella, y no Juan Carlos, quien redactó la mayor parte de estas memorias. Hay incluso pasajes en el texto que casi invitan a preguntarse: si él no escribió el libro, ¿se molestó siquiera en leerlo? Aunque Debray se esfuerza por presentarlo bajo la luz más favorable, sus esfuerzos por hacerlo a veces tienen, sin quererlo, el efecto contrario. Para empezar, contiene muchos errores fácticos y contradicciones. La forma en que el texto aborda los notorios escándalos, tanto los suyos propios como los de su exyerno, Iñaki Urdangarin, es sesgada y parece contradecir gran parte de la información que ahora es de dominio público. También resulta chocante que, en un intento por generar simpatía, la voz narrativa adopte con frecuencia un tono lacrimógeno. Por ejemplo, lo que se escribe sobre las supuestas penurias de su familia es demostrablemente falso. 

Un ejemplo llamativo es el relato de la vida de la familia real exiliada en Portugal. El 2 de febrero de 1946, Don Juan de Borbón y su esposa, Doña María de las Mercedes, se trasladaron a la elegante pero tranquila localidad costera de Estoril, al oeste de Lisboa. Era una zona de casinos y espléndidas mansiones construidas para los banqueros y armadores millonarios de la cercana capital. Para su gran consternación, Juanito, de ocho años, se quedó atrás en Suiza al cuidado de su austero tutor, el teórico monárquico Eugenio Vegas Latapié. En estas memorias no se menciona la inevitable sensación de abandono por parte de sus padres que bien podría haber contribuido a crear el vacío interior de Juan Carlos que explicaría gran parte de su existencia en los años posteriores a 1982. Los monarcas exiliados vivieron en tres mansiones diferentes, hasta que finalmente, a finales de 1948, se instalaron en Villa Giralda, que había sido construida en 1936 como club de golf de Estoril. A pesar de quejarse constantemente de la pobreza, Don Juan de Borbón había sido capaz tanto de adquirir la lujosa residencia como de pagar una cantidad equivalente al precio de compra para que fuera completamente reformada y se le añadiera una tercera planta. El palacio resultante estaba rodeado de espléndidos jardines y en su salón se celebraban fiestas con cientos de invitados. Representantes de la nobleza española se turnaban en Estoril como cortesanos. Doña María contaba con una dama de compañía. En las memorias, sin embargo, Villa Giralda se describe como “una casa de alquiler” (p. 69) que su padre compró a regañadientes. El lujoso yate, el Saltillo, que el millonario vasco Pedro Galíndez Vallejo prestó a la familia, se describe como un simple velero (“velero” [p. 69]), cuando en realidad era un gran buque oceánico, provisto de tripulación completa y con los gastos de funcionamiento cubiertos. Como marinero entusiasta y experimentado, Don Juan lo aprovechó al máximo. Además, él y Doña María, ambos aficionados a la caza mayor, disfrutaban de costosos safaris (3). Esto no pretende restar importancia al coste psicológico que supuso para Juan Carlos su infancia trastornada; pero la simpatía de los lectores por las auténticas penurias emocionales que sufrió de niño se ve mermada por el énfasis que se da en las memorias a las dificultades económicas que supuestamente padeció la familia.

Un aspecto del libro que ha suscitado una gran polémica en España ha sido la calidez con la que Juan Carlos habla de Franco. Sin embargo, es importante recordar que el propio padre de Juan Carlos lo trató mal, más como un peón político que como un hijo. Esto ayuda a explicar por qué, en muchas entrevistas, se ha referido a varias personas como si fueran “como un padre” para él. Es plausible que Franco, que tenía una hija, pero no un hijo, también llegara a sentir cierto afecto por Juan Carlos. Aun así, esto apenas justifica la insistencia de Juan Carlos en que, a finales de la década de 1960, el Caudillo ya había llegado a la conclusión de que el país necesitaba democratizarse y que Franco le dio permiso explícito para llevar a cabo esa reforma inevitable. Las pruebas en contra —de que Franco estaba decidido a bloquear la reforma— son abrumadoras. Para respaldar su punto de vista en las memorias sobre los deseos de Franco, Juan Carlos relata una visita a Franco en el hospital, días antes de su muerte:

“Tuve una última conversación con él. Sentado a su lado en la cama del hospital, me tomó la mano y, como en un último aliento, me dijo: 'Alteza, le pido una sola cosa: mantenga la unidad del país'. Esa fue su última voluntad. No me pidió mantener el régimen tal y como era, ni los principios del Movimiento Nacional. Tenía, por lo tanto, las manos libres para poner en marcha las reformas siempre y cuando no se cuestionara la unidad de España'' (203).

El hecho es que, en ese momento, Franco estaba moribundo y era poco probable que fuera coherente. Incluso si lo hubiera sido, era improbable que hubiera contradicho sus propias leyes fundamentales y sus propias declaraciones, realizadas con vehemencia ante aquellos de sus ministros que le habían instado frenéticamente a desconfiar de las tendencias democráticas de Juan Carlos. 

El 12 de febrero de 1974, cuando su primer ministro de línea dura, el que en su día fue conocido como “el Carnicero de Málaga”, Carlos Arias Navarro, pronunció un discurso sobre una liberalización mínima, el desconcertado Caudillo pidió aclaraciones al ministro-secretario del Movimiento, José Utrera Molina, con quien había establecido una relación paternal. Cuando Utrera le explicó lo que se había aclamado como “el espíritu del 12 de febrero”, un Franco profundamente alarmado respondió: “Si el régimen permite que se ataque a su doctrina sustancial y sus servidores no aciertan a defender lo fundamental, habrá que pensar en una cobarde voluntad de suicidio” (4). En julio de 1975, Franco, con el lenguaje beligerante propio de la década de 1940, instaba a una delegación de oficiales falangistas del ejército a defender hasta la muerte su victoria en la Guerra Civil. El 1 de octubre de 1975, en el trigésimo noveno aniversario de su ascensión a la Jefatura del Estado, se presentó por última vez ante una multitud en el Palacio de Oriente. Apenas capaz de hablar, encorvado sobre el micrófono, pronunció con voz ronca los mismos clichés paranoicos de siempre. El problema de España se debía, declaró, “a una conspiración masónico-izquierdista de la clase política, en contubernio con la subversión terrorista-comunista en lo social”. Ninguna de estas pruebas respalda el retrato del Franco liberal que se presenta en las memorias de Juan Carlos en Reconciliación.

En su afán por destacar su papel histórico, Juan Carlos acaba socavando no solo su propia legitimidad, sino también la de su hijo, Felipe

Pero entonces, ¿por qué insiste tanto Juan Carlos en que Franco no se opuso a la reforma que él llevó a cabo? ¿Quizás está tratando de legitimarse como demócrata sin dar pie a que los franquistas lo acusen de traicionar al dictador? Es una idea razonable, aunque extraña, porque en otras partes del libro argumenta acertadamente que arriesgó su vida luchando por la democracia. Hubo numerosos complots militares que incluían el asesinato del rey. ¿Por qué iban a querer matarlo los golpistas si él simplemente estaba cumpliendo los deseos del dictador? De hecho, en lo que respecta a las cuestiones de legitimidad, el libro tiene un problema mucho mayor. En su afán por destacar su papel histórico, Juan Carlos acaba socavando no solo su propia legitimidad, sino también la de su hijo, Felipe.

Esto ocurre en un pasaje verdaderamente extraordinario del tercer capítulo. Juan Carlos relata que, en marzo de 2020, Felipe solicitó una reunión como parte del proceso que llevó a su padre a exiliarse. Cuando llegó al despacho de su hijo, Juan Carlos se llevó una sorpresa al encontrar allí también al jefe de la Casa Real, Jaime Alfonsín. Felipe y Alfonsín le informaron de que su asignación económica sería recortada. Juan Carlos afirma entonces que le dijo a su hijo y futuro sucesor: “No olvides que heredas un sistema político que yo forjé. Puedes excluirme personal y financieramente, pero no puedes rechazar la herencia institucional que te sustenta. Y solo hay un paso entre ambas cosas” (38–39). En otras palabras, Juan Carlos le espeta a Felipe: “Si eres rey, es gracias a mí. No pienses jamás que eres rey porque perteneces a la dinastía de los Borbones. Eres rey porque Franco me hizo rey”. El error cometido por Juan Carlos aquí es colosal. Franco siempre insistió en que el nombramiento de Juan Carlos como sucesor no implicaba ninguna restauración de la monarquía constitucional borbónica, sino que se trataba de una monarquía del Movimiento de nueva instauración, tal y como establecía la Ley de Sucesión. Una vez que Franco murió, ese fue el estigma deslegitimador del que Juan Carlos tuvo que deshacerse. Y, de hecho, lo consiguió el 17 de mayo de 1977, gracias al sacrificio que hizo su padre al abdicar en favor de Juan Carlos, otorgándole finalmente legitimidad dinástica. Sin embargo, es precisamente esa legitimidad la que Juan Carlos tira por la borda en este pasaje. Para cualquier monárquico, esa declaración de Juan Carlos debe de ser un trago amargo.

Juan Carlos desempeñó un papel clave en la Transición. Por supuesto que sí. Aunque la Transición fue un esfuerzo colectivo de muchos españoles, Juan Carlos nunca dejó de utilizar su posición como jefe de Estado y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas para promover la democratización del país. Si puede considerarse un gran rey, y yo diría que sí, es por esa razón.

Una cuestión clave que este libro no aborda es si Juan Carlos es, en lo personal, un demócrata. De hecho, la respuesta apenas importa, ya que actuó como tal, pues pronto se dio cuenta de que no había otra forma de garantizar la supervivencia de la monarquía. Aprendió de la experiencia de la familia de la reina Sofía en Grecia y escuchó los consejos que recibió de diplomáticos estadounidenses y británicos. Sin embargo, como mínimo, habría sido conveniente que se abordara este tema en el libro. Para que estas memorias fueran acogidas como una importante contribución histórica, habrían tenido que ofrecer un retrato de Juan Carlos I capaz de conciliar, por un lado, las auténticas dificultades de su infancia y adolescencia, y su inmensa contribución al establecimiento de la democracia y, por otro, las revelaciones de conductas cuestionables que culminaron en la abdicación del rey. El problema de esta épica autobiografía de quejas es que es poco probable que genere la empatía de cualquier español que haya sido lector habitual de los periódicos durante los últimos diez años. Además, si bien se espera que una autobiografía revele mucho sobre su autor y protagonista, en este caso puede que revele aún más sobre su coautora que sobre Juan Carlos.

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1 El primero fue 'La forja de un rey: Juan Carlos I, de sucesor de Franco a Rey de España' (Sevilla: Fundación El Monte, 2000). Le siguieron 'Juan Carlos de España' (Madrid: Alianza, 2016) y 'Mon roi déchu. Juan Carlos d’Espagne' (Paris: Éditions Stock, 2021).

2 Debray, 'Mon roi déchu', 8–10, amp. 13–14; todas las traducciones son de mi autoría).

3 Véase José María Zavala, 'El patrimonio de los Borbones. La sorprendente historia de la fortuna de Alfonso XIII y la herencia de Don Juan' (Madrid: La Esfera de los Libros, 2010), 111–13 & 171; José María Toquero, 'Don Juan de Borbón, el Rey padre' (Barcelona: Plaza y Janés/Cambio 16, 1992), 58–61; Rebeca Quintans, 'Juan Carlos I. La biografía sin silencios' (Madrid: Akal, 2016), 71;

4 José Utrera Molina, Sin cambiar de bandera (Barcelona: Editorial Planeta, 1989), 103.

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Reseña de las memorias de Juan Carlos I (con la colaboración de Laurence Debray), Reconciliación. Memorias (Barcelona: Editorial Planeta, 2025), 507 pp; edición francesa: Juan Carlos I, Réconciliation (Pars: Éditions Stock, 2025), 512 pp.

Al borde de la medianoche del 18 de abril de 2026, la Real Sociedad se ha proclamado campeona de la Copa del Rey de fútbol. Es el cuarto Campeonato de España tras los de 1909 (como Club Ciclista de San Sebastián), 1987 y 2020 (disputado un año después por la COVID-19 y sin público). Pablo Marín, futbolista de Logroño, ha anotado el penalti decisivo en la tanda final después de que el partido acabara con empate a dos en los 90 minutos reglamentarios y en la prórroga posterior, de otros 30. El portero Unai Marrero ha sido también determinante con dos paradas.

La final, disputada en el estadio sevillano de La Cartuja, ha arrancado con el gol más rápido de la historia de las finales de Copa. A los 14 segundos, el equipo de Pellegrino Matarazzo, un entrenador llegado mediada la temporada, ya estaba por delante. El equipo txuri-urdin, arropado en Sevilla por miles y miles de seguidores y en casa por muchos más, nunca ha ido por detrás en el marcador. El capitán Mikel Oyarzábal, que tiene el don de marcar siempre en las finales que disputa, tanto con su club como con España, no ha faltado a la tradición. “Como la Real no creo que haya otro equipo”, ha resumido el portero Marrero. “Hemos ido a remolque nada más empezar”, ha asumido el Atlético de Madrid.

La Real Sociedad, con este título, iguala al Real Unión de Irún como equipo guipuzcoano más laureado en el Campeonato de España, que desde 1976 es Copa del Rey y que antes tuvo otras denominaciones. Athletic Club, con 24 (más una copa previa de Alfonso XIII) y Arenas de Getxo, con uno, son los otros clubes vascos que han levantado el trofeo. El jefe del Estado, Felipe VI, le ha entregado ya siendo 19 de abril la copa al capitán de la Real Sociedad, Oyarzábal. En el palco, el presidente, Jokin Aperribay, el lehendakari, Imanol Pradales, el alcalde de la ciudad, Jon Insausti, y otras muchas autoridades.

La fiesta por la victoria ha arrancado en Sevilla, pero tendrá continuidad en Donostia. El recibimiento oficial al equipo será este lunes. Un autobús llevará a la plantilla desde el estadio de Anoeta hasta Alderdi Eder, al Ayuntamiento, tras recorrer las principales arterias de la capital de Gipuzkoa, Madrid, Pío XII, Sancho el Sabio, plaza del Centenario, Avenida de la Libertad, Okendo y Boulevard. Durante todo el día habrá cortes de tráfico y prohibiciones de aparcamiento, ya que se esperan miles y miles de personas en la calle.

Un seguidor de la Real Sociedad ha resultado herido y ha precisado de tres puntos de sutura en los momentos previos a la final de la Copa del Rey que se disputa en Sevilla. Según ha informado la Cadena Ser, ha recibido la coz de un caballo. Los antidisturbios de la Policía Nacional utilizan estos animales en sus operativos en grandes eventos.

La final del campeonato de España de fútbol ha arrancado con una sonora pitada de buena parte de la hinchada donostiarra al jefe del Estado, el rey Felipe VI, y al himno español. RTVE, en su retransmisión, ha bajado el sonido ambiente para disimular las protestas. Otra parte del estadio ha coreado y aplaudido la marcha real.

Felipe VI está presidiendo el partido acompañado de la ministra Milagros Tolón, del presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, y del lehendakari, Imanol Pradales. La madrileña Isabel Díaz Ayuso ha llegado con media hora de retraso, cuando el marcado estaba ya en 1-1, según fuentes presentes en el palco. Desde Donostia se han desplazado también el alcalde, Jon Insausti, la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, la presidenta del Parlamento, Bakartxo Tejeria, y otros consejeros del Gobierno vasco. La grada donostiarra ha exhibido un gran mural en memoria de Aitor Zabaleta, seguidor asesinado en 1998 precisamente por un ultra del Atlético de Madrid.