El Gobierno duplica las plazas para migrantes en Ceuta en solo una semana y descarta su traslado a la Península

De 1.800 a más de 3.300 plazas de atención temporal a migrantes adultos en Ceuta en solo una semana. Desde que el Gobierno aprobó el mando único se han agilizado los emplazamientos disponibles para las miles de personas que permanecen en las calles de la ciudad autónoma un mes después del paso masivo por la frontera. El compromiso del Ejecutivo de Pedro Sánchez es alcanzar una capacidad para 6.000 personas adultas en las próximas semanas (algunas con sus hijos), aunque por el momento prefiere no fijar los tiempos para no echar más leña al fuego de los ya de por sí caldeados ánimos de los ceutíes.

La obsesión es que ese impulso ayude a acelerar también los procesos de triaje y los posibles expedientes de devolución o asilo que correspondan, según el caso, además de aliviar la situación de estrés social que afronta la ciudad ceutí. El dato oficial actualizado a fecha de hoy es que hay habilitadas más de 3.300 plazas de atención temporal, aunque fuentes al corriente del dispositivo señalan que el número total estaría más cercano a las 3.500 plazas. Este mismo lunes fueron acogidas 500 personas más que esperaban a las puertas del emplazamiento de Loma Colmenar, donde llegaron a producirse cargas policiales y hubo un herido tras horas de espera de cientos de personas que sobreviven en la calle desde hace un mes y que ansían un sitio en el que refugiarse.

Además, otras 400 personas entre mujeres, niños y niñas que sobrevivían en asentamientos improvisados en el barrio del Príncipe desde hace cuatro semanas y que no habían recibido atención hasta ahora fueron trasladas también a un recinto estable en la Barriada de La Hípica. La promesa del Gobierno es habilitar ahora, al menos, otras 3.000 plazas, algo que en la práctica creen que conseguiría vaciar definitivamente las calles de Ceuta. Un horizonte que según fuentes del Ejecutivo podría acercarse incluso un poco más esta semana con un nuevo impulso a los nuevos emplazamientos.

Baile de cifras

Lo que por el momento no consigue el Gobierno de Pedro Sánchez es ajustar los datos oficiales de las personas migrantes que entraron en Ceuta, ni tampoco de las que aún permanecen en la ciudad autónoma. Según datos actualizados del Ejecutivo, desde el pasado 10 de agosto han retornado de forma voluntaria a Marruecos 3.200 personas de las que entraron a suelo español y decidieron quedarse. Una cifra a la que habría que sumar las cerca de 70.000 que asegura el Ministerio del Interior que se volvieron entre los días 1 y 2 agosto y las 6.000 para las que ahora se preparan plazas de acogida.

Y eso sin contar a los niños y niñas no acompañadas, cuya acogida recae en las competencias del gobierno local ceutí. Unas cifras que distan mucho de las ofrecidas este lunes por el presidente, que cifró en 5.000 las personas migrantes que quedarían en Ceuta a día de hoy y que se quedan muy lejos de los cálculos tanto de la propia ciudad autónoma como de organizaciones sociales, que elevan ese número al menos hasta los 8.000.

En cualquier caso, lo que descartó de plano el presidente este lunes es que mientras se llevan a cabo los expedientes administrativos tanto de la acogida de menores como de las demandas de asilo de adultos estos sean trasladados a la Península para descongestionar Ceuta. “Vamos a poder tener 6.000 plazas para poder atender a todos esos migrantes, es suficiente capacidad”, dijo durante una entrevista en la Cadena Ser.

Sumar exige la reubicación

No obstante, decisión de Sánchez de no trasladar fuera de Ceuta a los migrantes que aún se encuentran en la ciudad autónoma ha evidenciado, de nuevo, las diferencias que existen entre los socios del Gobierno desde el inicio de la crisis migratoria. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, volvió a reclamar este lunes que los niños y adolescentes que están solos en la ciudad autónoma sean enviados a centros de acogida en la Península mientras se tramitan los expedientes para decidir si son devueltos a sus familias —en el caso de que se las pueda localizar— o son acogidos de manera permanente por el Estado. Por su parte, el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, elevó la apuesta y sostuvo que todos los migrantes que ahora mismo se encuentran en Ceuta, también los mayores de edad, debían ser repartidos por las comunidades para aliviar la presión que sufren las instalaciones ceutíes.

Ninguna de las dos propuestas tiene demasiados visos de prosperar. En el caso de los menores de edad, Rego argumentó que la tramitación de los expedientes “se puede continuar perfectamente desde cualquier punto del territorio de nuestro país, porque el ordenamiento jurídico es exactamente el mismo en Ceuta y en el resto del territorio”. Pero la ley de extranjería solo obliga a las comunidades autónomas a hacerse cargo de los niños y adolescentes migrantes cuando se haya completado el proceso para determinar que sean acogidos de manera permanente en España, y no antes.

Conocedora de esta situación, Rego pidió a los gobiernos autonómicos, la mayor parte de ellos en manos del PP, que alcancen “acuerdos bilaterales” con el Ejecutivo ceutí para asumir ya el cuidado de una parte de los menores que ahora mismo colapsan los centros de acogida de la ciudad. Además, la ministra explicó que el Ministerio de Juventud se encuentra a la espera de que el Gobierno de Ceuta dé luz verde al traslado a otras comunidades de alrededor de 500 niñas con un perfil “especialmente vulnerable”, y aseveró que su acogida se vehicularía a través de ONG “en varios puntos del país”, por lo que se podría poner en marcha “de una manera más o menos inmediata”.

No obstante, si no se alcanzan estos acuerdos bilaterales entre Ceuta y otras comunidades autónomas, estas no tendrían ninguna obligación de aceptar a los menores no acompañados que se encuentran en la ciudad hasta que no se terminaran de tramitar sus expedientes, incluso aunque el ala socialista del Gobierno tuviera intención de trasladarlos a la Península. Por el momento, ningún ejecutivo autonómico se ha ofrecido a acoger en su territorio a los niños y adolescentes que colapsan los servicios ceutíes hasta que no se resuelva su futuro: por el contrario, varias autonomías —entre las que se cuentan Madrid, Aragón o Extremadura— se han mostrado enormemente reticentes a asumir el cuidado del número de menores que sí les corresponderá por ley cuando se decida su destino final.

Por otra parte, el traslado de los migrantes mayores de edad que continúan en Ceuta que exige Sumar tampoco parece que tenga opciones de llevarse a cabo. Este lunes, Urtasun argumentó que existen “plazas” libres para alojar a estos inmigrantes mientras se decide si son expulsados o si se les concede asilo en España, y sostuvo que “es mucho más lógico que esos expedientes se resuelvan en lugares donde hay plazas y capacidad que en Ceuta, donde hay gente viviendo en la calle”. Si no se está haciendo, defendió el ministro, es por las “presiones” de la UE para que los inmigrantes no accedan a territorio Schengen, desde donde podrían trasladarse a otros países de Europa.

Fuentes de Sumar concretan que la propuesta de la formación es alojar a estas personas en los Centros de Acogida Temporal de Extranjeros (CATE) que existen en comunidades como Andalucía. No obstante, estos centros únicamente están pensados para tomar los datos de los migrantes y proporcionarles una primera asistencia humanitaria, y la ley establece que solo se les puede retener allí durante 72 horas. Una vez transcurrido ese tiempo, y ya en la Península, los migrantes podrían entrar y salir de los centros con plena libertad, lo cual abriría la puerta a que el Estado deje de tenerlos localizados. Ese es uno de los principales temores de las administraciones ante la presión de los socios europeos.

Mientras perviven las diferencias entre los socios, el Consejo de Ministros de este martes el Gobierno aprobará una inyección extraordinaria de 21,5 millones de euros para reforzar los servicios públicos de Melilla y Ceuta, dentro del plan para responder a los efectos económicos provocados por la crisis migratoria en esta última ciudad autónoma. En concreto, la subvención extraordinaria cubrirá los costes de funcionamiento de las plantas desalinizadoras en ambas ciudades. Para Ceuta, además, habilitará financiación extra para la regulación del tráfico de personas y vehículos, la seguridad ciudadana, la recogida de residuos y limpieza en zonas periféricas, y la lucha contra el fraude en las importaciones de mercancías.