La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha ordenado el ingreso a más de 66.000 expedientes de agricultores y ganaderos del anticipo de los eco regímenes de la campaña de la PAC 2026, lo que supone un ingreso en las cuentas del sector de 102,7 millones de euros que se hará efectivo este viernes.

Este pago se suma a los más de 278,4 millones ingresados el pasado 16 de octubre, primer día en el que habitualmente se paga el anticipo de la PAC en Castilla-La Mancha. Cabe recordar que este año, de acuerdo con la autorización de la Comisión Europea respaldada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, se eleva el límite máximo habitual del anticipo del 70 al 75% para dar respuesta a la crisis de Oriente Próximo y al incremento del coste de los fertilizantes. En las próximas semanas, seguirá el calendario habitual de pagos, según ha señalado la Junta en nota de prensa.

Regadíos

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha informado de esta cuestión en declaraciones a la prensa previas a la III Jornada Técnica de la Federación de Comunidades de Regantes de la Cuenca del Tajo, FERTAJO, que se celebra bajo el título ‘Regadío, Innovación y nuevas tecnologías. El futuro del campo está en el agua, cada gota cuenta y la innovación también’. Han asistido también el presidente de esta Federación, Primitivo Gómez, la secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García, el alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, el director general de Desarrollo Rural, José Juan Fernández, y la directora general del Agua, Montserrat Muro.

El consejero ha agradecido a FERTAJO la organización de esta Jornada, así como la participación de ponentes, expertos, empresas y comunidades de regantes presentes para avanzar en los grandes retos del regadío entre los que están la gestión eficiente del agua, la modernización de las infraestructuras, la disponibilidad de recursos hídricos y la incorporación de nuevas tecnologías.

Acto seguido, ha puesto en valor la importancia de las comunidades de regantes para el presente y el futuro de la agricultura ya que contribuyen a una gestión eficiente del agua y al mantenimiento de la actividad económica y el empleo en el medio rural. La cuenca del Tajo tiene en Castilla-La Mancha 96.000 hectáreas de superficie regada, de las que casi 50.000 son gestionadas por comunidades de regantes y de éstas, 27.600 están en la provincia de Toledo.

En la comarca de Talavera, el Canal Bajo del Alberche, con cerca de 9.000 hectáreas, constituye una infraestructura estratégica para el regadío, lo que pone de manifiesto “la gran infraestructura que tenemos que gestionar y, sobre todo, que tenemos que modernizar para poder acometer las necesidades reales que tiene el sector en estos momentos” además de seguir trabajando en “innovación y tecnología, que es lo que facilita el trabajo”.

Julián Martínez Lizán ha alabado el esfuerzo que están realizado las comunidades de regantes para que, en estos momentos, hasta el 75% del regadío de la región utilice sistemas de máxima eficiencia, fundamentalmente riego localizado o por goteo. Pero junto a la eficiencia, ha apuntado la necesidad de garantizar que el sector primario pueda adaptarse a los efectos del cambio climático, con sequías cada vez más prolongadas y precipitaciones más irregulares, para lo cual es necesaria una política del agua que, además de fomentar el ahorro, facilite recursos y herramientas que agricultores y ganaderos necesitan para seguir produciendo.

Para mejorar la eficiencia, el consejero ha destacado la necesidad de la innovación y, en ese sentido, el Gobierno regional, la Universidad de Castilla-La Mancha y el Instituto Técnico Agronómico Provincial de Albacete (ITAP), han puesto a disposición de 35.000 regantes la herramienta digital RETOagua para facilitar la toma de decisiones y optimizar el uso del agua, la energía y los fertilizantes.

Planificación hidrológica

Por su parte, la directora general del Agua, Montserrat Muro, se ha referido a los derechos de agua de la región y los recursos necesarios para atender las demandas de abastecimiento y regadío. Así lo ha trasladado durante la inauguración de las jornadas, donde ha reiterado que las necesidades hídricas de Castilla-La Mancha deben estar reconocidas en la planificación hidrológica, “como elemento fundamental para el desarrollo económico y social, la generación de empleo y la fijación de población en el medio rural”.

En este sentido, ha destacado el trabajo conjunto con los regantes, las comunidades de usuarios y los distintos agentes implicados en la elaboración de propuestas para el cuarto ciclo de planificación hidrológica. Este proceso ha contado con 71 participantes y ha permitido reunir cerca de 200 alegaciones, que se han traducido en un centenar de propuestas y sugerencias a los Esquemas Provisionales de Temas Importantes de las siete demarcaciones hidrográficas que discurren por Castilla-La Mancha.

Muro subrayado la singularidad de una Comunidad Autónoma que participa en la planificación de siete demarcaciones y que las decisiones “deben atender las necesidades reales de cada cuenca, garantizar los derechos existentes y contemplar el desarrollo de los regadíos sociales”.

Asimismo, ha puesto en valor el esfuerzo del sector agrario de Castilla-La Mancha en la modernización y el uso eficiente del agua. La región utiliza un 5,5% menos de agua para riego que la media nacional.

El Ayuntamiento de Palomares del Campo va a solicitar la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de Protección Civil tras las intensas lluvias del sábado, que han provocado importantes daños en los caminos agrícolas del municipio. El Consistorio va a remitir la petición a la Subdelegación del Gobierno en Cuenca para su tramitación, según ha explicado a Las Noticias de Cuenca su alcalde, Luis Miguel Acosta.

La principal preocupación en estos momentos se centra en las dificultades para acceder a las parcelas en plena campaña de recolección del girasol. El agua caída el pasado sábado ha arrastrado la tierra y ha abierto barrancos que impiden el paso de tractores y cosechadoras en algunos puntos. “Nosotros somos un pueblo agrícola casi 100% y afecta muchísimo, porque hay sitios donde no pueden pasar las máquinas”.

Por el momento, el Ayuntamiento no dispone de una valoración económica de los desperfectos, pero el barro está dificultando los desplazamientos y los tramos que haste el momento se han podido inspeccionar presentan daños importantes. “Se ha llevado toda la tierra, hay unos barrancos bastante considerables”, describe Acosta.

Las dificultades alcanzan también al camino de acceso al pozo de abastecimiento de agua del municipio. El alcalde explica que consiguieron llegar para comprobar cómo se encontraba, aunque “con muchísimos problemas”.

La lluvia comenzó el sábado alrededor de las 16:30 y se mantuvo con intensidad hasta aproximadamente las 22:00. Las precipitaciones continuaron durante la noche, “aunque con menor fuerza”. Dentro del casco urbano, algunas calles quedaron embarradas, pero Acosta considera que se trata de actuaciones que el propio Ayuntamiento puede asumir con sus medios.

La cosecha, pendiente de los accesos

El cereal y el girasol concentran prácticamente toda la producción agrícola de Palomares del Campo. Con la campaña del girasol todavía sin concluir, la recuperación de los accesos resulta fundamental para que los agricultores puedan continuar los trabajos.

Ante esta situación, el Ayuntamiento prevé acometer las primeras reparaciones en algunos tramos mientras se tramita la solicitud de apoyo económico. “Tendremos que, en principio, empezar nosotros a arreglar algunos tramos de caminos”, avanza el alcalde.

La intención del Consistorio es recorrer la red con los técnicos este martes, siempre que el terreno se haya secado lo suficiente para permitir el paso, y concretar el alcance de los desperfectos.

Representantes de organizaciones ecologistas, sindicales, vecinales y políticas han constituido formalmente la Plataforma en Defensa del Agua Pública de Haro tras la asamblea participativa celebrada el pasado miércoles 7 de octubre. La alianza —integrada por Ecologistas en Acción de Haro, Acampada por Palestina, CCOO, UGT, PSOE, PCE y Podemos— nace con el propósito explícito de frenar cualquier intento de privatización o externalización de la gestión del suministro en la localidad riojalteña y garantizar un acceso asequible, universal y de calidad.

El detonante de la movilización ha sido la falta de concreción mostrada por el equipo de gobierno municipal ante la posibilidad de cambiar el modelo asistencial del agua. Actualmente, el servicio se presta de manera directa a través de la Brigada del Agua del Ayuntamiento, integrada por cuatro empleados públicos. La plataforma denuncia que, tras las intenciones manifestadas en los medios y la ambigüedad en el último pleno ordinario del 30 de septiembre, la ciudadanía se enfrenta a una evidente opacidad sobre los planes reales del Consistorio.

Desde el colectivo social señalan que la cesión de la gestión a empresas privadas con ánimo de lucro conlleva riesgos estructurales. Entre sus principales alertas destacan el probable incremento de las tarifas a los usuarios, el deterioro gradual de las infraestructuras hídricas por priorizar márgenes de beneficio, la precarización de las condiciones laborales de la plantilla y, en última instancia, la pérdida de control democrático sobre un recurso vital para el municipio.

Frente a los argumentos vertidos por la alcaldía en la sesión plenaria para diferenciar entre privatización y externalización, la plataforma replica que la legislación vigente contempla únicamente la gestión directa o indirecta, sin que la expresión «externalización» constituya un marco jurídico que eluda dichas responsabilidades. Asimismo, critican que el equipo de gobierno no ha aclarado aún si pretende contratar una prestación de servicios auxiliar o transferir la explotación del recurso, por qué periodos ni mediante qué tipo de contrato.

Para dar cauce a sus reivindicaciones, la plataforma ha presentado su manifiesto fundacional, titulado «Por un Pacto Social por el Agua Pública, la resiliencia hídrica y la adaptación climática en Haro». El texto exige una auditoría integral del servicio, el compromiso por escrito de mantener la gestión pública, la articulación de tarifas sociales para colectivos vulnerables y la puesta en marcha de un órgano de control ciudadano para supervisar la prestación.

De cara a las próximas semanas, la entidad iniciará una campaña de recogida de firmas en los barrios de Haro y a través de redes sociales, al tiempo que convocará nuevas asambleas abiertas para sumar apoyos. Además, ha solicitado una reunión urgente con la alcaldesa y los grupos políticos municipales y prevé elevar sus exigencias al pleno del Ayuntamiento mediante la presentación de una moción.

El canon del agua en Castilla-La Mancha, conocido oficialmente como Canon Medioambiental de la Directiva Marco del Agua (DMA), es un impuesto autonómico indirecto que grava el uso, el consumo y los vertidos de agua en la región, que entró en vigor el 1 de enero de 2025. Todo lo recaudado se destina a financiar infraestructuras hidráulicas (abastecimiento, saneamiento y depuración) y la mejora de los ecosistemas acuáticos. Y dentro de esa distribución de fondos, al menos el 25% de la recaudación debe devolverse a los ayuntamientos para que realicen obras en el ciclo integral del agua de su competencia. El 75% restante lo gestiona el Gobierno regional.

Casi dos años después de su entrada en vigor, la Administración autonómica ya ha sacado a información pública el proyecto de decreto por el que procederá a transferir esa cantidad a los ayuntamientos de la región, según publica el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) y en virtud de la reforma de la Ley de Aguas de la comunidad autónoma donde se incluyó su aprobación.

Este impuesto autonómico tuvo un controvertido proceso de aprobación. Se aprobó inicialmente en febrero de 2022 en las Cortes regionales, pero fue suspendido de manera indefinida solo unas semanas después debido a la crisis económica y la subida de precios derivadas de la guerra en Ucrania. Posteriormente, el Gobierno de Castilla-La Mancha retomó y aprobó de nuevo canon en marzo de 2024, fijando su entrada en vigor definitiva para el 1 de enero de 2025.

Según lo estipulado en la reforma para su implantación, los primeros 10.000 litros de agua al mes (10 metros cúbicos) por vivienda están completamente exentos de pago. El impuesto solo se empieza a aplicar a partir de los consumos que superen ese umbral.

Exenciones del pago

Además, el reglamento exime del pago total de este canon medioambiental a familias y personas que tengan la condición de vulnerabilidad social severa o se encuentren en riesgo de exclusión social; a agricultores y ganaderos.; y al uso que de la misma se haga para la extinción de incendios.

En general, para un hogar medio de tres personas que no supere los límites de consumo básico, el impacto estimado es de menos de 1 o 2 euros al mes, divididos en una parte fija y otra variable según los bloques de consumo que excedan los 10 metros cúbicos exentos.

Ahora, el proceso de información pública para la devolución a los ayuntamientos de la cuarta parte de lo recaudado se prolongará durante 20 días hábiles para que los interesados puedan presentar alegaciones. Cuando lo apruebe el Consejo de Gobierno, se pondrá en funcionamiento el sistema de transferencias para que los municipios de Castilla-La Mancha puedan financiar inversiones destinadas a mejorar las infraestructuras municipales de abastecimiento, saneamiento y depuración.

Un canon finalista

Esto es así porque el impuesto, en virtud de la mencionada Directiva Marco, tiene un carácter finalista, es decir, se utiliza exclusivamente para financiar infraestructuras hidráulicas para la mejora de la calidad y disponibilidad del agua en la región.

Además, el decreto contempla un régimen especial para los municipios de menor población que suelen disponer de menos recursos económicos y capacidad técnica para acometer este tipo de actuaciones. Concretamente, regula que las localidades menores de 5.000 habitantes tendrán una asignación mínima de 4.000 euros anuales cuando la cuantía que les corresponda conforme a la recaudación efectiva del canon no alcance ese importe.

Para estas actuaciones se regula un Fondo de Inversiones en Infraestructuras del ciclo integral del agua con una serie de medidas entre las que destacan las relativas a captación, aducción y transporte, estaciones de tratamiento de agua potable, depósitos, redes de distribución, redes de saneamiento, colectores, estaciones de bombeo, estaciones depuradoras de agua residuales y actuaciones para la reducción de pérdidas y la mejora del control y gestión del consumo de agua

La llegada de las lluvias a la Sierra Norte de Guadalajara, tres meses después de declararse el incendio de La Mierla que quemó más de 32.000 hectáreas de terreno, ha hecho que esta zona se encuentre “en alerta” y “preparada” ante el riesgo de que las precipitaciones arrastren cenizas, sedimentos y posibles metales hasta los embalses.

Así lo ha confirmado la Mancomunidad de Aguas del Sorbe (MAS), cuyo vicepresidente, Juan Carlos Martín, ha asegurado este martes que “mantiene reforzada la vigilancia de la calidad del agua” por la posibilidad de la llegada de agua contaminada a la planta potabilizadora de Mohernando.

Aunque los parámetros actuales se encuentran “dentro de la normalidad”, la entidad no descarta que un episodio de precipitaciones intensas pueda elevar la turbidez del agua y obligar a adoptar medidas adicionales.

“Estamos en alerta y preparados. De momento, los niveles de turbidez son muy bajos, lo que nos da cierta tranquilidad, pero sabemos que llegarán episodios de lluvias que arrastren cenizas y otros materiales. Por eso estamos reforzando la vigilancia y preparados para actuar cuando sea necesario”, ha explicado Martín durante la presentación del balance del año hidrológico 2025-2026.

El vicepresidente de la MAS ha insistido en que, a día de hoy, los controles no reflejan una alteración preocupante de la calidad del agua, aunque el seguimiento se ha intensificado para detectar cualquier cambio.

“Estamos dentro de los parámetros normales”, ha reiterado tras explicar que la mancomunidad está incrementando las muestras y realizando un seguimiento continuo de la turbidez del agua bruta que entra en la planta potabilizadora de Mohernando.

Y es que, la semana anterior se registró un pequeño repunte en algunos parámetros, según ha señalado, pero se mantuvo dentro de los niveles habituales.

El vicepresidente ha advertido de que el principal riesgo está asociado a la llegada de tormentas fuertes capaces de arrastrar los restos del incendio desde las zonas afectadas hasta los cauces.

En ese escenario, la turbidez permitiría detectar la entrada de materiales y sedimentos, mientras que el análisis de posibles sustancias contaminantes, especialmente metales pesados, resulta esencial para evaluar la calidad del agua.

En su comparecencia, Martín ha apuntado que los residuos del incendio observados hasta ahora tienden a decantarse y depositarse en el fondo, una circunstancia que puede facilitar el trabajo de los decantadores de la planta.

También ha destacado el papel que puede desempeñar el tratamiento de choque con ozono en el proceso de potabilización, según la información trasladada por los técnicos.

No contemplan restricciones por el momento

Para hacer frente a posibles alteraciones, la MAS ha reforzado los medios de su laboratorio con la incorporación de equipamiento destinado a mejorar la detección y el análisis de sustancias relacionadas con el incendio.

Martín ha cifrado en alrededor de 60.000 a 70.000 euros la inversión adicional realizada para ampliar estos recursos.

Según ha explicado, la planta potabilizadora dispone de tratamientos para garantizar la calidad del agua, pero ha recalcado que cualquier decisión dependerá de los resultados de los análisis y de la evaluación de los responsables técnicos.

“Todas estas decisiones vendrán marcadas y adoptadas siguiendo criterios técnicos”, ha indicado, en referencia a las medidas que pudieran ser necesarias si las lluvias torrenciales provocaran una entrada importante de cenizas o sedimentos.

Como ejemplo de la situación más extrema, Martín ha señalado que, si los parámetros del agua tratada llegaran a incumplir los requisitos de calidad y no pudiera garantizarse su seguridad para el consumo humano, habría que comunicarlo a la población y adoptar las restricciones que correspondieran.

No obstante, ha insistido en que este escenario no es el que se contempla con los datos disponibles actualmente.

“Esperamos no llegar a este extremo, pero si tuviéramos que llegar, avisaríamos a la población”, ha manifestado.

El vicepresidente de este organismo también ha destacado las actuaciones preventivas de la Confederación Hidrográfica del Tajo, que ha construido albarradas en arroyos de la cuenca del Sorbe y en el entorno de Alcorlo para contribuir a reducir los riesgos derivados de las escorrentías.

Estas estructuras están destinadas a frenar el arrastre de materiales, aunque su eficacia dependerá de las características e intensidad de las precipitaciones.

Martín ha recordado que el tiempo de tránsito del agua hasta la planta puede proporcionar cierto margen de reacción, que ha estimado en aproximadamente un día y medio o dos días desde un episodio de tormentas en la cuenca, según las condiciones.

“Ojalá que las lluvias sigan siendo pausadas y tranquilas”, ha expresado el vicepresidente, quien ha resumido la posición de la mancomunidad con un mensaje de vigilancia preventiva y confianza en los medios técnicos disponibles.

Incremento del consumo de agua

En la misma comparecencia, Martín ha informado de que el embalse de Beleña se encuentra al 38% de su capacidad, con 20 hectómetros cúbicos almacenados, mientras que el de Alcorlo está al 53,4%, con 96 hectómetros cúbicos.

Aunque ha considerado que la llegada del otoño y del invierno puede contribuir a mejorar las reservas, ha pedido mantener un consumo responsable.

La MAS ha cerrado el año hidrológico con un consumo de 47 millones de metros cúbicos, frente a los 43 millones del periodo anterior, lo que supone un incremento del 7,7%.

Por último, el vicepresidente de la Mancomunidad se ha referido a la evolución de la demanda y a como la situación de las reservas obligan a mantener la atención tanto sobre el abastecimiento como sobre la calidad del agua, con especial vigilancia ante los posibles efectos de las precipitaciones sobre las zonas afectadas por el incendio.

El Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel no cae en el olvido. Justo cuando se ha frenado uno los proyectos de biometano que, según los colectivos vecinales y sociales, ponían en riesgo su entorno, representantes del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha celebrado esta semana, en el Centro del Agua de la localidad de Ciudad Real que da nombre a este humedal, un encuentro con gestores y sociedad civil, para impulsar varias estrategias de “restauración adaptativa” con el apoyo de herramientas digitales innovadoras.

El objetivo ha sido claro. Las lluvias puntuales, y casi siempre torrenciales debido a los efectos del cambio climático, no hacen que este humedal único en España consiga recuperar su esplendor, ya que su encharcamiento tiene más que ver con los niveles freáticos y las masas subterráneas que con el agua que cae del cielo.

Eso lo saben los científicos desde que este humedal tiene vida. Por eso, estas jornadas participativas de planificación y evaluación de alternativas de Daimiel se han celebrado en el marco de los proyectos SADwet, financiado por el Organismo Autónomo de Parques Nacionales; y WaterLANDS, financiado por el programa Horizonte Europa.

¿En qué consisten? Los participantes identificaron primero los principales problemas del ecosistema y de su entorno socioeconómico y, a partir de ese diagnóstico, definieron los objetivos clave de un plan que asegure la restauración y la conservación integral del humedal. Concretamente, con el Sistema de Apoyo a la Decisión DSS-AWERE se definieron estrategias de restauración a corto, medio y largo plazo, considerando las distintas escalas espaciales de actuación.

Las posibilidades de la réplica virtual y tres horizontes de medidas

Su contenido y su evaluación se desarrollarán en un segundo taller, a lo largo de 2027, con el apoyo de los resultados del gemelo digital de las Tablas que se está desarrollando en el mencionado proyecto SADwet: una réplica virtual del humedal que permite anticipar cómo respondería el ecosistema a cada alternativa antes de aplicarla sobre el terreno.

En el taller se identificó la escasez de recursos hídricos como una “variable crítica” desde que las Tablas fueron declaradas Parque Nacional en 1973. Según han explicado a este periódico participantes del CSIC en el encuentro, esa condición ha marcado los “límites de su resiliencia” frente a otros impactos que se han ido sumando desde entonces, incluido el calentamiento global.

Por ello, las estrategias combinan tres horizontes. Primero, a corto plazo, estabilizar los elementos internos del ecosistema que hoy son “críticos”, como el control del carrizo o la gestión de las entradas de agua.

Después, a medio plazo, incluye acciones complementarias en la cuenca del Alto Guadiana, como los filtros verdes o la mejora de la depuración. Y finalmente, a largo plazo, un plan más ambicioso que permita recuperar el acuífero de la Llanura Manchega Occidental, como exige la Directiva Marco del Agua, mediante un esfuerzo coordinado de las administraciones estatal y autonómica.

En las jornadas, organizadas por investigadores de la Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC), participaron también investigadores del Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC), del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA-CSIC) y de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), junto a representantes del Parque Nacional, de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, de organizaciones conservacionistas (WWF España) y del sector turístico de la zona (Destinos Manchegos).

“Reunir en una misma mesa a administraciones, ciencia, sector turístico y conservación es clave para que las soluciones sean viables y compartidas por el territorio”, manifiestan desde el CSIC.

Este diagnóstico se produce justo cuando WWF acaba de hacer público un demoledor informe sobre el “robo del agua” en España, en el que dedica un amplio espacio al Acuífero del Alto Guadiana, afirmando que está “al borde del suicidio hídrico”. Según indica, la sobreexplotación de este acuífero afecta de manera crítica a Las Tablas de Daimiel y a los ecosistemas acuáticos dependientes, provocando una “severa degradación ambiental”.

Entre los principales impactos identificados en la zona, el informe destaca el descenso de los niveles freáticos y la “desconexión hídrica”. Es decir, las extracciones continuadas para el regadío (que superan “con creces” la capacidad de recarga natural del acuífero) han causado un descenso progresivo de los niveles piezométricos. “Esto interrumpe la conexión entre las aguas subterráneas y las superficiales, impidiendo el afloramiento natural de agua (como el que ocurría históricamente en los Ojos del Guadiana) necesario para mantener inundado el humedal”.

También alerta de un “déficit hídrico estructural” y vaciado del acuífero. Concretamente, WWF precisa que las extracciones estimadas para regadío (370,36 hectómetros cúbicos) superan en un 86% el límite máximo permitido de 199,22 hectómetros cúbicos, generando un déficit anual de 171,14. Desde el año 2014, el acuífero ha sufrido un “vaciado acumulado continuo” de aproximadamente 1.300 hectómetros cúbicos.

La “extrema regresión” del parque

Asimismo, desvela que la falta de aportes hídricos subterráneos ha conducido al Parque Nacional a una situación de “extrema regresión” de su lámina de agua inundada y de la biodiversidad ligada a los hábitats acuáticos.

Esto, a su vez, ha aumentado el riesgo de autocombustión de los depósitos de turba (incendios subterráneos) y la subsidencia o hundimiento del terreno en los alrededores del parque. Además, recuerda que para contener los daños más severos, se ha recurrido a medidas paliativas de urgencia, como la solicitud de un trasvase anual de 20 hectómetros cúbicos y el bombeo desde pozos adyacentes directamente al parque para mantener una lámina de agua mínima y evitar que las turberas ardan.

La organización conservacionista también indica que alrededor del 22% de la superficie regada en el acuífero (más de 38 000 hectáreas, compuestas en un 94% por cultivos leñosos como viñedos en espaldera, olivo y almendro) se cultiva “sin derechos consolidados de agua”. Este riego supone una extracción estimada de 69,76 hectómetros cúbicos (equivalente al 35% de los recursos renovables para riego), situándose como “un factor clave en el deterioro directo” de Las Tablas.

Para abordar la sobreexplotación del acuífero del Alto Guadiana y frenar la degradación del Parque Nacional, en el informe se propone un cambio estructural en el modelo de gestión del agua y del territorio, descartando “soluciones paliativas o transferencias entre cuencas”.

Entre las medidas propuestas: un plan de reconversión económica regional que apoye la diversificación productiva y reduzca la dependencia del agua en la economía local, un Marco de Actuaciones Prioritarias, el cierre cautelar y definitivo de todas las captaciones de agua que no dispongan de una concesión de uso privativo reconocida y en firme, la interconexión del Registro de Aguas con las bases de datos de ayudas europeas y nacionales para asegurar que “ninguna explotación agrícola en situación ilegal perciba subsidios públicos”, o someter la planificación a evaluación ambiental estratégica e incorporar la legalidad del agua y del suelo como requisito obligatorio en pliegos de Denominaciones de Origen y certificaciones de calidad.

WWF refiere que a diferencia de otros espacios naturales amparados por planes estatales específicos (como Doñana o el Mar Menor), Las Tablas de Daimiel aún no cuentan con una estrategia de restauración prioritaria dotada de presupuesto conjunto entre el Ministerio (Miteco) y la Junta de Castilla-La Mancha.

El pasado viernes 2 de octubre, la localidad albaceteña de Madrigueras vivió la peor inundación que se recuerda, al menos desde la década de 1950. Una tragedia que se cobró la vida de Laura, una mujer centenaria, pero que también dejó en sus habitantes una sensación de miedo y angustia, después de recordar episodios anteriores como la dana de octubre de 2024 que asoló la localidad albaceteña de Letur. En el caso de Madrigueras, cayeron hasta 142 litros por metro cuadrado en solo dos horas y media. Ahora, una semana después, poco a poco están recuperando la normalidad.

Por su parte, Juan Antonio, en sus 54 años de vida no recuerda “ninguna inundación así” en Madrigueras, “nada parecido. Por mi calle el agua pasa, pero nunca más del bordillo y ahora ha sido casi por las ventanas”.

Este vecino que trabaja en un taller que no ha sido afectado por la riada, nos cuenta que la gente en el pueblo está “muy nerviosa”. Nos explica que por el momento están peritando “los más de 200 vehículos que se encuentran en las calles”, pero que ya hay vecinos y vecinas que se han acercado al taller para comunicarles que quieren realizar alguna reparación.

En su caso, califica el suceso de “un desastre” y nos cuenta que su casa se ha visto afectada por las inundaciones: “Fíjate que hemos tenido que tirar enseres como el frigorífico y otras cosas que tenía en el garaje. Hemos tenido que limpiar todo, levantando los sofás. Por suerte no me ha afectado tanto porque vivo a una altura de tres escalones, pero el garaje ha quedado destrozado. El coche se lo llevó el agua. Un desastre”, relata. Apunta también que “ha habido muchos voluntarios limpiando en todos sitios”.

El agua superó los 90 centímetros en algunos locales comerciales

Hablamos con el Ayuntamiento y desde atención al ciudadano ya se nota ese nerviosismo, cuando nos señala que “hay mucha cola de personas” para recibir información acerca de las ayudas. Igual ocurre cuando llamamos a diferentes establecimientos, donde o bien no obtenemos respuesta más allá del contestador, o por otro lado nos comunican que no pueden atendernos ya que están limpiando o realizando inventario como es el caso de varias tiendas de ropa. En el caso de algunas peluquerías o panaderías, no pueden respondernos, pero porque están trabajando activamente.

Juan Pablo trabaja y regenta con su familia una fábrica textil en el pueblo. Aunque en este caso su empresa no se encuentra en el casco histórico, explica que sí que han tenido ligeras afecciones. “Nos ha entrado más agua otras veces que ha llovido menos, es supercurioso”, añade. Aunque trabaja en Madrigueras, él vive en Albacete la casa familiar “está en una de las calles que peores paradas ha salido” tras la inundación. “Ha entrado un poco de barro, pero hemos tenido mucha suerte porque otras casas ha sido un desastre. O también una tienda de informática que está en frente que es amigo mío, que el agua le rompió los dos escaparates. Tiene mucho lío ahora inventariando todo”.

También hablamos con Jesús, que se encontró los dos escaparates de su negocio de informática rotos después de que impactase un vehículo arrastrado por la corriente, según le transmitieron sus vecinos, y “el local tenía mismo nivel agua que la calle, era algo imparable”. Avanza que con los 90 centímetros de agua que existían dentro del local “todo lo que estaba a esa altura en la tienda y en el almacén ha quedado inservible porque son aparatos electrónicos”.

Aunque desde el Ayuntamiento han habilitado un número de teléfono para recibir información de cara a las ayudas para las personas afectadas, Jesús resalta que tras varias veces intentar ponerse en contacto no ha recibido respuesta: “Esperaré unos días, para ver si así libera todo un poco y hay más tranquilidad”.

Dos puntos para evaluar los daños

El delegado de la Junta de Castilla-La Mancha en Albacete, Pedro Antonio Ruiz, señala que esos 142 litros por metro cuadrado en poco más de dos horas estuvieron “muy concentrados en el casco urbano”, pero que una semana más tarde “mucho de lo que se produjo se ha corregido y otra parte se está evaluando”. En este caso estas evaluaciones se están llevando para los domicilios afectados por las inundaciones: “Hemos desplazado allí una oficina para hablar con los propietarios y poder evaluar el número de afectados, así como la afección”, apunta.

Junto con la trabajadora social de Madrigueras, el Gobierno regional también ha dispuesto otro punto para atender las situaciones de casos de vulnerabilidad, donde a través de la inundación haya personas que les haya podido provocar “una situación de indefensión porque no puedan volver a su domicilio si era alquilado o situaciones que ya estaban en el ámbito de los servicios sociales como familias vulnerables”.

Ruiz también ha elogiado el trabajo del Ayuntamiento de Madrigueras para poder corregir lo que ha sucedido en el municipio.

Por otro lado, ha querido poner en valor que el pasado lunes 5 de octubre se recuperaron los servicios educativos, así como este viernes se ha podido utilizar y pasar consulta en el centro de salud de la localidad a partir de las ocho de la mañana. “La escuela infantil está algo más afectada, pero hemos trasladado a los más pequeños a aulas vacías del colegio. Geacam trabajó para limpiar y adecuar los accesos y no se ha perdido ni una hora lectiva”, expone.

Asegura que “poco a poco se está volviendo a la normalidad”, a pesar de que todavía existen en la zona más afectada, cientos de vehículos que entrarán “en proceso de compensación de seguros”, donde varias empresas están retirando el lodo y el barro.

De igual manera, señala que el municipio albaceteño cuenta con los servicios de suministro energético, “aunque hubo una pequeña zona que la misma noche del suceso se quedó sin luz, pero se recuperó”. Hasta el momento no han detectado daños estructurales en domicilios, aunque sí que se ha tenido que intervenir en viviendas que ya estaban abandonadas en el pueblo, “donde se han producido hundimientos de algunas paredes de esas casas. Son casas muy antiguas que ya estaban muy mal, donde se han producido hundimientos o la evaluación de técnicos también ha intervenido para derribarlas”.

Nuevamente, Pedro Antonio Ruiz ha querido lamentar el “triste fallecimiento de Laura, de 102 años, una persona muy mayor que se encontraba sola en su domicilio” en el momento en el que se produjo la catástrofe.

Con respecto a las diferentes ayudas, el Gobierno de Castilla-La Mancha solicitó al Gobierno de España declarar Madrigueras como zona catastrófica, sin embargo todavía es pronto para saber el número de afectados. “Recordemos que por desgracia hace casi dos años tuvimos un ejemplo parecido en Letur y al final todo el mundo recibió una compensación económica lógica”, ha matizado el delegado.

Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, está trabajando desde ayer miércoles en la reparación de una avería detectada en el ramal que abastece al municipio de Torija junto al bombeo de Rebollosa de Hita, dentro del sistema de abastecimiento de La Muela (Guadalajara).

El director-gerente de Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, Rubén Sobrino, ha explicado hoy que la incidencia fue detectada el miércoles junto al bombeo de Rebollosa de Hita y que los trabajos de reparación han presentado “una especial complejidad” debido a las características de la avería, localizada en una zona con más de un metro y medio de hormigón y junto a un bombeo de gran presión.

Sobrino ha señalado que, una vez avanzados los trabajos, está previsto reanudar el servicio de abastecimiento en alta a Torija, “siempre que la evolución de las actuaciones permita completar la reparación con todas las garantías”.

Cisternas para minimizar las afecciones

Durante el tiempo que se prolonguen los trabajos, Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, con la colaboración de la Diputación de Guadalajara, ha trasladado cisternas de agua tanto al depósito municipal como al polígono industrial de Torija, con el objetivo de minimizar los problemas de presión y caudal derivados de la incidencia y atender las necesidades de la población y de las empresas.

El director-gerente ha querido poner en valor que la prioridad durante toda la intervención ha sido recuperar el servicio con las máximas garantías y reducir al mínimo posible las afecciones a los vecinos y al tejido empresarial de Torija.

“Sabemos que cualquier incidencia en el abastecimiento genera molestias y preocupación, especialmente cuando afecta a hogares y empresas. Por eso, además de trabajar en la reparación, hemos puesto a disposición los medios necesarios para minimizar las afecciones mientras se recupera el servicio por lo que quiero agradecer la colaboración de la Diputación de Guadalajara”, ha añadido Sobrino.

Esta incidencia se ha producido en el sistema antiguo, puesto que Infraestructuras del Agua lo gestiona desde el pasado 1 de octubre, y en breve comenzarán las obras para la sustitución de todo el ramal por una nueva conducción de 125 milímetros.

La alcaldesa de la localidad abulense de Casavieja (1.400 habitantes), Vanessa Muñoz, ha solicitado a la Junta de Castilla y León que eleve el nivel de emergencia y solicite de forma “inmediata” medios estatales ante la “grave situación” de este municipio afectado en verano por el incendio de Burgohondo y ahora por los efectos de las lluvias, que les han dejado sin agua potable.

Según ha explicado la regidora en una nota de prensa, ante esta situación ya ha pedido “auxilio” a la Delegación del Gobierno de la Comunidad, que “ha mostrado su disposición a colaborar” cuando la Junta de Castilla y León, responsable de la dirección de la emergencia, solicite los medios necesarios.

Y ello, porque esta localidad, una de las más afectadas por el segundo mayor incendio de la historia de España desde que hay registros, lleva desde el pasado domingo sin agua potable debido a los daños provocados por las intensas lluvias y los arrastres de ceniza, sedimentos, lodos, piedras y árboles que se han producido hacia los cauces.

Todo ello ha afectado a las captaciones que abastecen al municipio y a la presa, “comprometiendo el sistema de suministro”, explica la regidora.

Ante esta situación, el Ayuntamiento, con la ayuda de la Diputación provincial, está distribuyendo entre los vecinos agua embotellada, con el objetivo de “garantizar el consumo básico”.

Sin embargo, Vanessa Muñoz señala que esta solución “no permite mantener durante días las necesidades de higiene, aseo y limpieza de todo un municipio”, lo que afecta especialmente a servicios esenciales, así como a la residencia de mayores, el Centro de Día y el colegio de este pueblo del Alto Tiétar.

“Llevamos desde el domingo sin agua potable. Podemos repartir botellas para beber y cocinar, pero no podemos mantener durante días a todo un pueblo viviendo de agua embotellada”, sostiene la alcaldesa, antes de subrayar la existencia de familias que “necesitan ducharse, mayores que necesitan ser atendidos, niños, una residencia, un centro de día y un colegio”.

En este sentido, la regidora casavejana ha lanzado un mensaje de auxilio: “Estamos ante un problema que empieza a ser también de salubridad pública”. Al realizar esta petición, ha asegurado que no quiere entrar en “una guerra entre administraciones”, ya que lo que necesita su localidad son “soluciones”.

La Junta evalúa los daños

Preguntado por la situación, el portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha explicado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que se están realizando visitas sobre el terreno para determinar los daños y plantear las reparaciones necesarias ante la petición de ayuda formulada por el municipio.

Carriedo ha vinculado la situación a la intensidad de las lluvias caídas sobre terrenos afectados por los incendios forestales y ha asegurado que la Administración autonómica trabaja para reducir sus consecuencias.

Según ha detallado, más de un centenar de personas y nueve máquinas se encuentran desplegadas en las zonas afectadas para tratar de evitar o minimizar el impacto de las precipitaciones con el asentamiento del terreno mediante paja y fajinas, que ya han conseguido mitigar el arrastre de las cenizas, ha indicado.

Greenpeace reclama actuaciones para estabilizar el suelo y proteger los recursos hídricos

 Greenpeace ha denunciado la situación que viven varias localidades próximas al incendio de Burgohono (Avila), que se han visto obligadas a suspender el suministro de agua potable después de que las intensas lluvias de los últimos días hayan arrastrado cenizas, barro y sedimentos desde las zonas calcinadas hacia ríos, embalses y captaciones de agua.

“Es evidente que la emergencia no termina cuando se apaga el fuego”, ha advertido Mónica Parrilla, responsable de la campaña de Incendios de Greenpeace, quien precisa que sin actuaciones posteriores para estabilizar el suelo y proteger los recursos hídricos, “estamos sembrando nuevas crisis ecológicas y sociales”.

La organización ecologista exige medidas urgentes para evitar nuevos daños ambientales e impedir situaciones como la actual, donde estos municipios (Casavieja, Piedralaves y Mijares) han tenido que recurrir al abastecimiento mediante camiones cisterna y agua embotellada para garantizar el suministro en varios puntos.

Greenpeace ha reclamado actuaciones urgentes para estabilizar los suelos quemados y evitar el arrastre de cenizas y lodos, así como investigar las posibles consecuencias para las aguas subterráneas, cuyos efectos pueden tardar meses o incluso años en manifestarse.

La organización también ha recordado que la contaminación de las aguas superficiales tras un incendio puede persistir entre tres y cinco años.

En el caso de Burgohondo, Greenpeace ha cuestionado la orden de la Junta de Castilla y León de retirar la madera quemada, al considerar que una extracción generalizada deja el terreno más expuesto a la erosión y han pedido retrasar unos meses la tala del arbolado afectado, cuando las condiciones lo permitan, para favorecer la fijación del suelo y realizar posteriormente una retirada selectiva.

Por su parte, la alcaldesa de la localidad abulense de Casavieja (1.400 habitantes), Vanessa Muñoz, ha solicitado a la Junta de Castilla y León que eleve el nivel de emergencia y solicite de forma “inmediata” medios estatales ante la “grave situación” de este municipio afectado en verano por el incendio de Burgohondo y ahora por la falta de agua potable.

Según ha explicado la regidora en una nota de prensa, ante esta situación ya ha pedido “auxilio” a la Delegación del Gobierno, que “ha mostrado su disposición a colaborar” cuando la Junta de Castilla y León, responsable de la dirección de la emergencia, solicite los medios necesarios.

La localidad, una de las más afectadas por uno de los mayores incendios de la historia de España desde que hay registros, lleva desde el pasado domingo sin agua potable debido a los daños provocados por las intensas lluvias y los arrastres de ceniza, sedimentos, lodos, piedras y árboles que se han producido hacia los cauces.

“Llevamos desde el domingo sin agua potable. Podemos repartir botellas para beber y cocinar, pero no podemos mantener durante días a todo un pueblo viviendo de agua embotellada”, sostiene la alcaldesa, antes de subrayar la existencia de familias que “necesitan ducharse, mayores que necesitan ser atendidos, niños, una residencia, un centro de día y un colegio”. 

La movilización de la plantilla del ciclo integral del agua de la provincia de Toledo prevista para este jueves, día 8 de octubre, a fin de exigir un convenio colectivo digno que no elimine derechos ni provoque la pérdida de poder adquisitivo, ha quedado aplazada a la espera de conocer el resultado de una nueva reunión con la empresa.

Fuentes sindicales han explicado a Europa Press que la concentración que se iba a celebrar frente a la sede de Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha (IACLM), no se desarrollará finalmente, ya que hay fijada una reunión con la empresa para el próximo 19 de octubre, tras la que se decidirá si emprender o no nuevas acciones.

El objetivo de la protesta, tal y como había informado CCOO en un comunicado, era exigir que la Junta de Castilla-La Mancha presione a las empresas concesionarias para que se sienten a negociar de inmediato el convenio colectivo y se garanticen los derechos laborales de un servicio público esencial.

Entre las principales reivindicaciones del colectivo destacan la actualización salarial vinculada al IPC para evitar la pérdida de poder adquisitivo, la recuperación del 2% pendiente del convenio anterior, la regulación justa de la jornada laboral y la retribución de las guardias, así como el refuerzo de las medidas de seguridad y salud laboral.

La historia del trasvase Tajo-Segura no encuentra su fin tras décadas de polémica y confrontaciones entre Castilla-La Mancha, como región con la cuenca cedente, y la Comunitat Valenciana, Murcia o Andalucía, como las receptoras. Y no parece que la vaya a tener tampoco en la presente legislatura. Este es el escenario que se vislumbra tras la convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre, que hará prácticamente imposible que el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) dé luz verde a una de sus asignaturas pendientes: las nuevas reglas de explotación de este acueducto para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo que avaló los caudales ecológicos del río Tajo en su nueva planificación hidrológica.

Se trata de una petición que el Ejecutivo de Emiliano García-Page no ha dejado de exigir desde que la sentencia se hizo firme, hasta el punto de que demandó al Gobierno central por la vía judicial para hacer públicas estas nuevas normas. Sin resultado hasta ahora.

Ese es uno de los múltiples frentes que Page, uno de los dirigentes socialistas más críticos con Pedro Sánchez, tiene abiertos con el Gobierno central. Su postura al respecto es clara: el trasvase debe acabarse o, en su defecto, cambiar sus normas para garantizar sus caudales ecológicos.

La férrea defensa que el Gobierno castellanomanchego ha hecho de esta cuestión viene además avalada por el hecho de que todos los recursos presentados contra la sentencia del Supremo han sido desestimados, parcial o totalmente. El último de ellos, el interpuesto por la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena. Pero antes de este último, el Alto Tribunal ha ido tumbando otros muchos: el de la Comunitat Valenciana, el de la Región de Murcia o el del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS), entre otros.

Ahora, con el adelanto electoral, el Ejecutivo de Page afirma que va a seguir defendiendo esas nuevas reglas “gobierne quien gobierne”. Lo ha dicho la consejera de Desarrollo Sostenible, Merces Gómez, quien ha reafirmado su compromiso de “no dar ni un paso atrás” en la defensa del Río Tajo y de los recursos hídricos propios de Castilla-La Mancha.

El caudal ecológico, una “condición obligatoria”

Porque el principal argumento del Supremo hasta ahora ha sido que el caudal ecológico no es un uso del agua comercial, sino una “condición obligatoria” de protección medioambiental. Pero no ha servido para que el ministerio haya podido aprobar las nuevas reglas de explotación antes del final de la legislatura porque, según alega, todavía quedan recursos por resolver.

¿Qué queda en el aire entonces? El Tribunal Supremo sentenció que el Plan hidrológico de la demarcación hidrográfica del Tajo (2022-2027) vulnera la normativa europea de aguas y obliga al MITECO al establecimiento inmediato de caudales ecológicos en las zonas protegidas del eje principal del río Tajo, es decir, todo el recorrido desde el embalse de Bolarque en Guadalajara hasta el de Valdecañas entre las provincias de Toledo y Cáceres.

Ese tramo medio incluye de forma directa el paso del río por ciudades principales como Aranjuez, Toledo y Talavera de la Reina. Es decir, toda la masa de agua a su paso por el territorio castellanomanchego se encuentra bajo este mandato de obligado cumplimiento.

Con la anulación judicial del escalonamiento, el calendario progresivo que aplazaba los máximos niveles hasta 2027 quedó sin efecto, obligando a la aplicación de nuevos volúmenes de caudal mínimo histórico: seis metros cúbicos por segundo en el tramo de Aranjuez (frente a los 8,65 establecidos), diez metros cúbicos en el tramo de Toledo (frente a 17,23) y lo mismo para el tramo de Talavera de la Reina (frente a 18).

Estas son las cifras que las nuevas reglas de explotación debían garantizar y así lo han recordado también de manera reiterada desde la Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía (en la cabecera del trasvase) tras los últimos pronunciamientos del Supremo.

“Vuelve a dejar claro que los argumentos utilizados contra los caudales ecológicos no se sostienen. Llevamos demasiado tiempo asistiendo a recursos y maniobras para cuestionar una realidad que los tribunales han confirmado una y otra vez”, ha señalado el presidente de este colectivo, Borja Castro.

La asociación ya advirtió que estas sentencias no impiden que los regantes puedan intentar acudir al Tribunal Constitucional en defensa de los derechos fundamentales cuya vulneración han venido alegando, pero considera que esa posibilidad “no debería servir como argumento para seguir paralizando decisiones que afectan al cumplimiento de los caudales ecológicos y a la necesaria adaptación de las reglas de explotación del trasvase”.

Mientras tanto, la situación del Tajo es cada vez peor. A su paso por Toledo y tras un verano extremadamente seco y caluroso, las imágenes de playas e islas de arena cada vez más grandes en el cauce, y de peces cuya aleta dorsal sobresale del agua por falta de espacio con el lecho, se han difundido por redes sociales y medios de comunicación, reabriendo el debate sobre la cantidad de agua que lleva este río a su paso por la capital de Castilla-La Mancha.

Se da también la circunstancia de actualmente el trasvase está parado por obras. El acueducto permanecerá inoperativo y sin suministro de agua al Levante hasta 2027 debido a las obras de reparación de dos roturas en la infraestructura, cuyos trabajos requerirán un plazo inicial estimado de entre cuatro y cinco meses y una inversión de 1,2 millones de euros, según la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT).

Lo que no ha parado ha sido el debate político. Coincidiendo con las últimas resoluciones judiciales, el PSOE de Castilla-La Mancha ha reclamado al presidente del PP regional, Paco Núñez, que defienda los derechos hídricos de esta comunidad autónoma. Es una petición también histórica, porque la situación de Núñez no es fácil. El PP gobierna en la Comunitat Valenciana y en Murcia, y Alberto Núñez Feijóo ha apoyado en varias ocasiones las demandas de sus presidentes en materia de agua.

¿Hay un pacto oculto en el PP?

Los socialistas han aprovechado esta cuestión para denunciar el “silencio” del PP castellanomanchego a este respecto y a insinuar un “pacto oculto” con Génova para que Núñez pueda ser candidato frente a Page en las elecciones autonómicas previstas para mayo de 2027.

El pasado mes de agosto, Núñez se comprometió a que, si llegaba al Gobierno de Castilla-La Mancha, aplicaría el “principio de prioridad de la cuenca cedente” para garantizar que el agua de la región se destine, en primer lugar, a atender las necesidades de los agricultores y ganaderos castellanomanchegos. Pero este discurso nunca ha sido avalado por Núñez Feijóo.

Es de esperar, por tanto, que el agua, sin unas reglas claras de explotación del trasvase, vuelva a ser tema recurrente en Castilla-La Mancha durante la campaña electoral para el 29 de noviembre, sin que apenas se haya avanzado en la aplicación de los caudales ecológicos del río Tajo durante la presente legislatura. Es decir, mientras, según las plataformas y asociaciones que lo defienden, “agoniza”.

La Confederación Hidrográfica del Duero ha reforzado la vigilancia en el entorno de las obras de bombeo del embalse del Pontón Alto después de detectar un sabotaje en la tubería provisional instalada para reforzar el suministro de agua a la capital segoviana y a los municipios del sur de la ciudad, que ya ha sido reparada.

El organismo de cuenca detectó durante este fin de semana que la tubería estaba registrando pérdidas y, tras analizar la infraestructura, localizó varios daños realizados de forma intencionada con algún elemento punzante en dos tramos de la conducción.

Estos daños han provocado un retraso en las pruebas de funcionamiento que está realizando la CHD, que ya trabaja en la reparación de la infraestructura provisional, sin que esta incidencia vaya a afectar en principio a los plazos establecidos inicialmente para su uso.

Denuncia ante la Guardia Civil

La Confederación tiene previsto interponer la correspondiente denuncia ante la Guardia Civil por estos hechos y ha reforzado la vigilancia en el entorno de las obras, que ya contaba con un servicio de seguridad durante las 24 horas de los fines de semana.

La actuación que está ejecutando la CHD en el Pontón Alto cuenta con una inversión de 2,4 millones de euros y tiene como finalidad reforzar la garantía de abastecimiento de agua a Segovia y a los municipios del sur de la provincia.

La nueva infraestructura permitirá incorporar al sistema de abastecimiento una mayor cantidad de agua procedente del embalse del Pontón Alto, reduciendo la necesidad de detraer recursos del embalse de Puente Alta.

De esta forma, se incrementará la capacidad de respuesta del sistema cuando Puente Alta registre niveles de agua inferiores a los habituales o cuando las condiciones de calidad del recurso dificulten su aprovechamiento.

La actuación forma parte del conjunto de medidas que está desarrollando la CHD para minimizar las consecuencias derivadas del vaciado del embalse de El Tejo y garantizar el suministro a la población.

El mes de septiembre ha sido extremadamente cálido y entre muy seco y extremadamente seco en relación a las precipitaciones. Como consecuencia de la escasez de lluvia y las elevadas temperaturas, los embalses navarros se encuentran al 25% de su capacidad, frente al 38% registrado en agosto. 

El embalse de Yesa, el de mayor capacidad en Navarra con 447 hm³, recoge 74 hectómetros cúbicos, por lo que se encuentra al 16,55% de su capacidad total. Es un 3,13% menos de agua de la que almacenaba hace una semana (14 hm³ menos).

Las reservas de Itoiz, el segundo de mayor dimensión con 414 hm³ de capacidad, han caído en los últimos siete días 7 hectómetros cúbicos, un 1,68%. Así, se sitúa al 34,05% de su capacidad total, con 142 hm³ de agua. Por último, el embalse de Alloz, se encuentra al 34,83% de su capacidad, con 23 hm³ de agua. Son apenas dos hectómetros cúbicos menos que hace una semana.

Tal y como recoge el comentario meteorológico del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, el noveno mes del año ha sido el más seco de toda su serie en 11 estaciones de la comunidad foral, varias de ellas ubicadas en la Comarca Pirenaica. Este mes se han dado escasas precipitaciones y en forma de tormenta, aunque con poca intensidad. Durante los días 8 y 30 de septiembre se registraron las precipitaciones más intensas. 

En relación a las temperaturas, la diferencia de temperatura ha sido entre 4-5ºc en la Comarca Pirenaica y la Cuenca de Pamplona / Iruña, mientras que en el resto de Navarra la mayoría de estaciones registran diferencias de entre 3-4ºC. En 35 estaciones se ha superado la efeméride de temperatura máxima del mes de septiembre, alcanzando los 39 y 40ºC. Además, el 6 de septiembre se batió la efeméride de temperatura mínima más alta del mes de septiembre, superando los 20ºC en numerosas estaciones. 

“Primero Castilla-La Mancha, con prioridad para los pueblos, los agricultores, la industria y el futuro de la región. Porque el agua no se defiende con titulares. Se defiende con derechos, inversiones, infraestructuras y resultados”. Así se ha expresado este jueves en el Pleno celebrado en las Cortes de Castilla-La Mancha, el diputado por Ciudad Real, Santiago Lucas-Torres, según recoge Europa Press.

La adaptación del slogan de Trump, America First, se ha dejado caer hoy en el Parlamento cuando se debatía sobre las medidas del Gobierno regional para garantizar las necesidades hídricas de la región, a iniciativa tanto de PP como de PSOE.

El diputado ha reclamado al presidente castellanomanchego, Emiliano García-Page que explique “por qué, tras casi doce años de Gobierno, Castilla-La Mancha sigue esperando las infraestructuras hidráulicas pendientes” y otras soluciones “para agricultores, ganaderos y municipios”.

“Porque durante décadas el PSOE ha hecho del agua una bandera, una reivindicación y una fuente permanente de confrontación. Pero ¿qué ha hecho Page con el agua de Castilla-La Mancha? No qué ha dicho, qué ha prometido o a quién ha culpado. ¿Qué ha hecho? Porque gobernar no es protestar. Gobernar es resolver”, aseveraba desde la tribuna de oradores.

El diputado del PP-CLM ha señalado que, después de este periodo, la región continúa hablando de “pozos pendientes, derechos sin resolver, restricciones, depuradoras, reutilización insuficiente y grandes infraestructuras que continúan esperando”, por lo que ha resumido la situación afirmando que han sido “mucho discurso, mucho anuncio y demasiadas soluciones pendientes”.

Las “prioridades” del PP

Lucas-Torres ha defendido como prioridades el abastecimiento de los pueblos, los agricultores y ganaderos, la industria y el desarrollo, el medio ambiente y “las necesidades presentes y futuras de la cuenca cedente”, antes de la solidaridad con otros territorios. En este sentido, ha afirmado que Castilla-La Mancha “ha sido solidaria durante décadas”, pero ha reclamado que el agua también pueda generar riqueza en la propia región.

Asimismo, ha recordado el Pacto Regional por el Agua firmado en 2020 y ha enumerado distintas actuaciones que continúan pendientes, entre ellas el proyecto de la presa de Montizón, la conexión de los embalses Alcorlo-Beleña, el aprovechamiento pleno de la 'Tubería Manchega' (aunque está todavía en fase de construcción), soluciones para el Alto Guadiana, el Segura y el Júcar, así como nuevas actuaciones de depuración, reutilización y renovación de redes.

Ante los nuevos planes hidrológicos y las medidas que puedan afectar a los agricultores, el diputado regional ha defendido que las administraciones deben ofrecer alternativas y garantizar seguridad jurídica. “Antes de cerrar pozos, invertir. Antes de recortar agua, ofrecer alternativas. Antes de quitar derechos, dar seguridad jurídica. Antes de mandar regadíos al secano, construir las infraestructuras pendientes”.

Lucas-Torres ha relacionado la disponibilidad de agua con la actividad económica y social de los territorios, al señalar que detrás de cada pozo hay agricultores, trabajadores, cooperativas, bodegas, talleres, transportistas y pueblos. “Page ya no es quien tiene que preguntar qué falta, sino quien debe explicar por qué sigue faltando”.

El PP pide una Auditoría hídrica regional

Desde el PP, han defendido una Auditoría hídrica regional, un Plan de Infraestructuras Hidráulicas, la reactivación y cumplimiento del Pacto Regional por el Agua, la resolución de derechos y pozos pendientes, más depuración y reutilización y la renovación de las redes municipales.

El diputado regional ha añadido la defensa de un Plan Nacional del Agua basado en “planificación, infraestructuras y solidaridad”, con la condición de que “ningún recurso salga de Castilla-La Mancha comprometiendo las necesidades presentes y futuras de la región”, sin expresar su rechazo a la cesión de agua a través del trasvase Tajo-Segura, en dirección Alicante, Murcia o Almería, o hacia Madrid, desde el río Sorbe, en Guadalajara.

El PSOE pide al Comité Regional del PP una resolución “en defensa del agua”

Mientras, el PSOE de Castilla-La Mancha ha reclamado al PP que, coincidiendo con el Comité Regional del partido conservador que se celebra este jueves, aproveche para anunciar “una resolución en defensa de los derechos hídricos de Castilla-La Mancha”.

Los 'populares' se reúnen hoy en su sede regional de Toledo para celebrar cónclave regional, a las siete de la tarde.

A través de las redes sociales, los socialistas sugieren que “estaría bien que aclaren si el agua del Tajo se debe quedar en Castilla-La Mancha o prefieren que se vaya a Murcia”. En este sentido preguntan si “va a guardar silencio Núñez por ese pacto oculto con Génova para seguir de candidato?”.

Ya durante el Comité Regional, el presidente del PP Paco Núñez ha insistido en la idea de que “con el agua de Castilla-La Mancha rieguen los castellanomanchegos”. Se ha comprometido al cumplimiento del Pacto Regional por el Agua y al “trabajo para impulsar un Plan Nacional de Aguas·, defendiendo que el agua de Castilla-La Mancha debe servir en primer lugar para las necesidades de los agricultores y ganaderos de la región, según informa Europa Press.

Nuevo pronunciamiento judicial en mitad el debate sobre la 'salud' del río Tajo y sobre la cuestión del agua en Castilla-La Mancha. La Asociación de Municipios Ribereños de los Embalses de Entrepeñas y Buendía ha celebrado hoy lo que califica de “nuevo revés judicial” para el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS), después de que el Tribunal Supremo haya desestimado el incidente de nulidad de actuaciones con el que pretendía dejar sin efecto la sentencia del pasado 13 de mayo que rechazó íntegramente su recurso contra el Plan Hidrológico del Tajo.

El Supremo recuerda que un incidente de nulidad es un mecanismo “extraordinario y excepcional” y no una nueva instancia para volver a plantear cuestiones que ya han sido estudiadas y resueltas mediante sentencia firme, según explica la asociación.

Además, señala que buena parte de las alegaciones del SCRATS pretendían reabrir debates ya examinados sobre la legalidad del Plan Hidrológico del Tajo, la regulación del trasvase Tajo-Segura, la coordinación entre cuencas o la determinación de los caudales ecológicos.

“Es un nuevo pronunciamiento contundente del Tribunal Supremo y vuelve a dejar claro que los argumentos utilizados contra los caudales ecológicos no se sostienen. Llevamos demasiado tiempo asistiendo a recursos y maniobras para cuestionar una realidad que los tribunales han confirmado una y otra vez”, ha señalado el presidente de los Municipios Ribereños, Borja Castro.

La sentencia 596/2026, dictada el pasado 13 de mayo, ya había desestimado el recurso del SCRATS contra la revisión del Plan Hidrológico del Tajo aprobada mediante el Real Decreto 35/2023. El Sindicato trató posteriormente de anular ese fallo alegando, entre otras cuestiones, vulneraciones de derechos fundamentales y defectos en la valoración de la prueba, argumentos que el Supremo vuelve ahora a rechazar.

“Están en su derecho de utilizar las vías que permita el ordenamiento jurídico, pero llega un momento en el que hay que preguntarse hasta dónde se pretende estirar una cuestión sobre la que el Tribunal Supremo se ha pronunciado ya de manera reiterada. Mientras tanto, el Tajo sigue esperando”, ha añadido Castro.

El auto impone costas a los regantes

El auto impone al SCRATS las costas del incidente, fijadas en un máximo de 1.500 euros a repartir entre las tres partes recurridas. La resolución establece además expresamente que contra este auto no cabe recurso.

“Esto no impide que los regantes puedan intentar acudir al Tribunal Constitucional en defensa de los derechos fundamentales cuya vulneración han venido alegando”, advierten los pueblos ribereños de la cabecera del Tajo.

En opinión de esta asociación, “esa posibilidad no debería servir como argumento para seguir paralizando decisiones que afectan al cumplimiento de los caudales ecológicos y a la necesaria adaptación de las reglas de explotación del trasvase”, por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

La asociación considera que esta nueva resolución se suma a una larga sucesión de pronunciamientos del Tribunal Supremo contrarios a los recursos planteados contra la planificación hidrológica del Tajo y consolida un escenario jurídico cada vez más claro.

Por ello, insiste en que “el Gobierno de España debe avanzar ya en la aplicación efectiva de los caudales ecológicos”. También en la modificación de unas reglas de explotación del acueducto Tajo-Segura que, dicen, “fueron diseñadas para una realidad anterior a la actual planificación hidrológica”.

El Gobierno de España debe avanzar ya en la aplicación efectiva de los caudales ecológicos y en la modificación de las reglas de explotación del acueducto Tajo-Segura

“Se pueden seguir explorando vías jurídicas, pero eso no puede convertirse en una excusa permanente para no actuar, porque está en juego la salud del río Tajo. El Supremo ha hablado reiteradamente y el Gobierno tiene razones más que suficientes para cumplir ya con los caudales ecológicos y adaptar el trasvase a la realidad legal y ambiental del Tajo”, concluye el presidente de los municipios ribereños, Borja Castro.

El PSOE pide al Comité Regional del PP “una resolución en defensa del agua”

Coincidiendo con esta resolución judicial, el PSOE de Castilla-La Mancha ha reclamado al PP que, coincidiendo con el Comité Regional del partido que preside Paco Núñez, y que se celebra esta tarde, aproveche para anunciar “una resolución en defensa de los derechos hídricos de Castilla-La Mancha”.

A través de las redes sociales, los socialistas sugieren que “estaría bien que aclaren si el agua del Tajo se debe quedar en Castilla-La Mancha o prefieren que se vaya a Murcia”. En este sentido preguntan si “va a guardar silencio Núñez por ese pacto oculto con Génova para seguir de candidato?”

Los embalses alaveses de Ullibarri-Ganboa y Urrunaga, que abastecen de agua a Bilbao y Vitoria, tienen sus reservas en niveles inferiores a los de septiembre del año pasado: el primero tiene un 7,4 puntos menos de agua y el segundo 4,7 menos. La escasez de lluvias y las altas temperaturas extremas de los últimos meses han mermado las reservas de estos dos embalses. Así lo demuestran los datos difundidos este lunes por la Confederación Hidrográfica del Ebro. Ullibarri-Ganboa, el principal embalse del sistema Zadorra, retiene 92,1 hectómetros cúbicos de agua, es decir está al 62,9% de su capacidad.

En la última semana Ullibarri-Ganboa ha perdido un 2% de su agua y en los últimos doce meses la bajada de la reserva ha sido de 7,4 puntos. Urrunaga, con la mitad de tamaño, acumula 42,6 hectómetros cúbicos, el 59,3% de su capacidad. La semana pasada este embalse acumulaba 1% más de agua y en las mismas fechas de 2025 tenía un 4,7% más. Urrunaga suele estar más bajo puesto que su agua es utilizada por Iberdrola para generar energía por la parte de Barazar, que da al valle de Arratia, informa Efe.

En Euskadi, se ha registrado este año el verano más cálido desde que hay datos y también el segundo más seco desde 1961, con precipitaciones que no llegaron a la mitad de la media habitual. Una vez comenzado el otoño, las temperaturas siguen siendo más elevadas de lo normal.

La provincia de Cuenca permanecerá en aviso naranja este jueves 1 de octubre por fuertes lluvias y tormentas. En la comarca de la Serranía conquense se esperan precipitaciones de hasta 30 litros por metro cuadrado acumulados en una hora desde las 14.00 hasta las 23.59 horas. También estarán en aviso amarillo las comarcas de la Mancha y la Alcarria conquense en el mismo tramo horario. En la totalidad de la provincia existe la probabilidad de fuertes rachas de granizo, según detalla la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Por otra parte, las provincias de Albacete y Guadalajara permanecerán en aviso amarillo por lluvia y tormentas este jueves con precipitaciones acumuladas en 12 horas de hasta 40 litros por metro cuadrado. Las comarcas albaceteñas afectadas son: la Mancha, Alcaraz y Segura, así como Hellín y Almansa. En el caso de Parameras de Molina (Guadalajara), la previsión es de precipitaciones de hasta 20 litros por metro cuadrado acumulados en 12 horas. El aviso amarillo estará activo desde las 14.00 a las 23.59 horas del jueves.

El Govern vol construir una quarta dessaladora a Eivissa, malgrat l’oposició de les entitats ecologistes. L’Executiu autonòmic, que ja ha adjudicat la redacció del projecte per 943.800 euros a través de l’empresa pública de l’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental (ABAQUA), s’enfronta a les crítiques de sectors socials que alerten sobre la necessitat de decréixer i millorar les polítiques hídriques pel que fa a depuració, regeneració, reutilització i tancament del cicle de l’aigua, abans d’ampliar o construir noves infraestructures. Adverteixen, a més, que les plantes dessalinitzadores tenen un consum elèctric molt elevat, en un context en què Eivissa ha patit talls en els subministraments elèctrics durant tot l’estiu, a causa d’haver assolit uns nivells de consum energètic inassumibles.

El projecte del Govern contempla una planta al municipi de Sant Josep de sa Talaia, al sud-oest de l’illa, amb capacitat per produir 15.000 metres cúbics d’aigua al dia. La redacció del projecte ha estat adjudicada a la UTE I4Water Proyectos SL–Soluciones North Line SL, amb una previsió que els treballs de redacció durin 78 setmanes. “La dessalinització depèn de l’energia, i s’està veient que aquesta dependència no és tan robusta com podria semblar”, explica Juan Calvo, director de l’Aliança per l’Aigua. “L’illa està produint més aigua dessalinitzada que mai i, tanmateix, tenim els aqüífers pitjor que mai”, lamenta.

El projecte del Govern contempla una planta al municipi de Sant Josep de sa Talaia, al sud-oest de l’illa, amb capacitat per produir 15.000 metres cúbics d’aigua al dia

Aquest estiu hi ha hagut problemes de subministrament elèctric en diversos punts de tota l’illa d’Eivissa. A més d’afectar els negocis turístics, hi va haver apagades que van afectar barris sencers. Per exemple, una avaria en el subministrament va espatllar a mitjan agost un transformador elèctric, deixant durant quatre hores sense llum un barri de veïns de Sant Antoni de Portmany. Al mateix municipi, una avaria elèctrica a la zona costanera va deixar sense subministrament 800 abonats. La tercera setmana d’agost, un altre tall va deixar sense electricitat centenars de persones de Santa Eulària des Riu i Sant Miquel de Balansat.

Fonts d’Endesa van assenyalar a aquest diari que les onades de calor d’aquest estiu es troben entre les possibles causes de les avaries registrades aquest estiu a la xarxa elèctrica de l’arxipèlag balear. L’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) va apuntar que la temperatura mitjana de l’agost ha estat de 28,8 graus, cosa que representa un increment anòmal de 3,5 graus. El juliol també va ser extremadament càlid, amb una temperatura mitjana de 28 graus i una anomalia de 2,9, i es va convertir en el juliol més càlid dels darrers 65 anys. Per aquests motius, entre d’altres, l’Aliança per l’Aigua –que defensa millorar la política hídrica insular– proposa depurar millor, reutilitzar i tancar correctament el cicle de l’aigua abans de construir una quarta dessaladora.

El Govern rebutja els arguments de l'Aliança per l'Aigua

L’Agència Balear de l’Aigua –ABAQUA, que depèn de la Conselleria del Mar i del Cicle de l’Aigua– qüestiona que es pugui establir una relació directa entre l’augment de la dessalinització i l’empitjorament de l’estat dels aqüífers. Fonts de l’organisme adverteixen que comparar les dades de 2019 amb les de 2023 –un any “extremadament sec”– per extrapolar conclusions a l’actualitat desvirtua l’anàlisi, i afirmen que “referir les conclusions només a la dessalinització és perdre la perspectiva”. D’altra banda, responen que “les accions o actuacions no han de ser excloents”, davant la pregunta de si no seria més eficient que els municipis reduïssin les pèrdues de les seves xarxes i milloressin la gestió de la demanda abans d’augmentar la producció d’aigua dessalinitzada. “Abordar-les totes de manera conjunta i simultània és probablement la manera més ràpida d’arribar a l’objectiu”. “Plantejar-ne una abans que una altra o una en substitució d’una altra és un dels errors més grans que podem cometre, ja que la resta de factors no queden immòbils”, assegura l’agència.

Així mateix, subratlla la necessitat d’analitzar factors globals com l’increment de la població resident (+3.000 habitants l’any), la pressió turística i els canvis en els patrons de pluja derivats del canvi climàtic. L’Agència Balear de l’Aigua destaca que l’augment d’aigua dessalinitzada entre 2023 i 2025 –1,5 hectòmetres cúbics, és a dir, 1,5 milions de metres cúbics, per al consum urbà, i gairebé 200.000 metres cúbics anuals en dispensadors per a camions– ha reduït les extraccions dels pous, situant les reserves de 2026 entre un 10% i un 14% per sobre de les dels dos anys anteriors. En aquest sentit, remarca que “totes les actuacions quantitativament rellevants destinades a substituir les extraccions subterrànies contribuiran, sens dubte, a la recuperació o disminució de la pressió sobre els aqüífers”.

Abaqua defensa que la gestió de la demanda, la reutilització i l’augment de recursos són mesures complementàries que han d’avançar simultàniament, i sosté que “com més mesures i com més aviat es posin en marxa, més a prop estarà l’objectiu de revertir les extraccions no sostenibles”. Així mateix, l’entitat defensa disposar de capacitat de dessalinització de reserva a través de les seves línies independents de producció, cosa que permetria aturar-les a mesura que el recurs es recuperés i “facilitaria els treballs de manteniment preventiu que obliguen a aturar-les, ara mateix molt precaritzats per l’ús intensiu de les plantes”.

Pel que fa a la proposta de recarregar els aqüífers amb aigua regenerada, l’Agència Balear de l’Aigua aclareix que “aquesta acció no és competència d’Abaqua”, sinó de la Direcció General de Recursos Hídrics. L’organisme explica que es tracta d’una actuació complexa a mitjà termini, condicionada per la salinitat de les aigües residuals i la qualitat de la depuració. Mentrestant, assenyala que Abaqua participa en projectes en marxa com la bassa de sa Rota i té en contractació tres plantes de regeneració urbana a Ses Païsses, Can Bossa i Santa Eulària per permetre “la substitució d’aigua de xarxa i, per tant, de pou o dessalinitzada, per aigües depurades posteriorment regenerades”.

En relació amb la vulnerabilitat energètica, Abaqua detalla que les obres compten obligatòriament amb certificats de disponibilitat de subministrament elèctric informats favorablement per les empreses operadores i distribuïdores. Segons explica, produir un metre cúbic d’aigua dessalinitzada requereix al voltant de 3,5 quilowatts hora d’electricitat. Per posar aquesta xifra en context, compara l’energia necessària per produir els aproximadament 1.000 litres d’aigua que utilitza al dia una família de cinc membres amb el consum d’un termo d’aigua calenta per a dues dutxes o d’un aparell d’aire condicionat durant una hora. Per això, conclou que “l’energia, tot i ser important, no ho és davant d’una possibilitat de desabastiment o de limitació d’ús”. En definitiva, sosté que “la dessalinització s’ha de considerar com una necessitat estructural per complementar les extraccions sostenibles, però també com una necessitat conjuntural per fer front a anys o períodes de sequera”.

L’empresa Abaqua afirma, davant dels arguments dels ecologistes, que 'l’energia, tot i ser important, no ho és davant d’una possibilitat de desabastiment o de limitació d’ús'

L’Aliança per l’Aigua fa una altra lectura d’aquestes mateixes dades. Segons l’informe anual de l’Observatori de l’Aigua de les Illes Balears, les tres dessaladores d’Eivissa van produir 13,94 hectòmetres cúbics d’aigua el 2025, un 65,2% més que el 2018. És a dir, les plantes van estar a prop del seu límit de producció: van utilitzar el 95,7% de la seva capacitat anual. Durant l’estiu, la pressió va ser encara més gran. Entre juny i setembre van produir per sobre de la seva capacitat mensual teòrica: un 101,5% al juny, un 108,6% al juliol, un 113,4% a l’agost i un 106,3% al setembre.

Segons l’informe anual de l’Observatori de l’Aigua de les Illes Balears, les tres dessaladores d’Eivissa el 2025 van produir per sobre de la seva capacitat mensual teòrica: un 101,5% al juny, un 108,6% al juliol, un 113,4% a l’agost i un 106,3% al setembre

A partir de les dades disponibles, l’Aliança per l’Aigua conclou que Eivissa “ja no pot substituir més extraccions d’aigua subterrània per aigua dessalinitzada amb les infraestructures actuals”. Qualsevol reducció addicional de la pressió sobre els aqüífers haurà de passar per gestionar la demanda, reduir les pèrdues a les xarxes de distribució o incorporar aigües regenerades, i no per produir més aigua dessalinitzada. De fet, el 19,1% de tota l’aigua dessalinitzada de l’illa es produeix en temporada baixa. És el percentatge més alt de les Balears. Això significa, segons interpreta l’Aliança per l’Aigua, que hi ha poc marge per augmentar la producció durant l’hivern i utilitzar més aigua dessalinitzada en lloc d’extreure-la dels aqüífers.

El model: seguir creixent

“Si el model consisteix a continuar creixent i augmentant el subministrament d’aigua per al consum urbà i turístic, evidentment no farà falta una quarta dessaladora: en faran falta cinc, sis, deu o les que siguin necessàries”, sosté Rafa Tur, portaveu de l’Aliança per l’Aigua. Tur considera que falta una estratègia que ordeni les actuacions. “El problema real és tancar el cicle de l’aigua, depurar-la correctament, reutilitzar-la i fer que torni a estar disponible”.

Si el model consisteix a continuar creixent i augmentant el subministrament d’aigua per al consum urbà i turístic, evidentment no farà falta una quarta dessaladora: en faran falta cinc, sis, deu o les que siguin necessàries

Rafa Tur — Portaveu de l'Aliança per l'Aigua

Les dades mostren, a més, que la qüestió no és únicament el pic de consum dels mesos turístics. La demanda d’aigua dessalinitzada subministrada als cinc municipis d’Eivissa va passar de 8,33 hectòmetres cúbics el 2018 a 13,53 el 2025, un increment del 62,4%. Però el creixement també és important durant els mesos d’hivern, quan el subministrament va augmentar un 76%, davant del 54% dels mesos d’estiu. Per tant, l’illa demana aigua dessalinitzada durant tot l’any, no només d’abril a octubre.

D’altra banda, el percentatge de les masses d’aigua subterrània en mal estat ha passat del 44% al 81%. És a dir, l’augment de la producció d’aigua dessalinitzada no ha millorat la salut dels aqüífers. Qualsevol reducció addicional de la pressió sobre les aigües subterrànies haurà d’aconseguir-se mitjançant una menor demanda, la reducció de les pèrdues a les xarxes o la reutilització d’aigua regenerada, sosté l’Aliança en el seu informe anual de 2025.

El percentatge de les masses d’aigua subterrània en mal estat ha passat del 44% al 81%. És a dir, l’augment de la producció d’aigua dessalinitzada no ha millorat la salut dels aqüífers

L’Aliança considera un error respondre amb un augment o construcció de noves infraestructures –depuradores, dessaladores– cada vegada que hi ha un increment de població, sigui de residents o de turistes. Aquest model té com a conseqüència que les infraestructures creixen en relació amb la pressió demogràfica, en lloc de reduir l’arribada de visitants, com també transformar les polítiques hídriques per reduir, regenerar i reutilitzar.

En aquest sentit, posen com a exemple els 25.000 metres cúbics diaris d’aigua que s’estan malbaratant a la bassa de sa Rota, a Santa Eulària. Part de l’aigua que arriba a les depuradores procedeix de xarxes amb infiltracions d’aigua marina. Segons l’Aliança, l’aigua dolça que produïm mitjançant dessalinització acaba tornant a carregar-se de sal, es depura novament com a aigua salada i finalment es torna a abocar al mar. L’entitat considera que produir aigua nova resulta inútil si el sistema no aconsegueix conservar-la per donar-li nous usos.

Regenerar i reutilitzar

Per això Calvo defensa canviar l’enfocament. “No ens podem permetre produir aigua, consumir-la, depurar-la i després llençar-la al mar”. Entre les alternatives assenyala la recàrrega dels aqüífers amb aigua regenerada, que permetria convertir les mateixes masses d’aigua subterrània en “dipòsits naturals d’aigua regenerada a la mateixa illa”. L’Aliança, tanmateix, torna a posar el focus en la necessitat de fixar els límits físics del territori, així com quins costos estem disposats a assumir per mantenir determinats nivells de consum, que poden deixar els recursos naturals, finits, en una situació delicada.

D’altra banda, la crisi climàtica –onades de calor i períodes de sequera cada vegada més intensos– empitjora encara més, si és possible, la situació. “No podem dependre de la meteorologia, i molt menys tenint en compte el que ens està proporcionant el canvi climàtic”, afirma Tur. El portaveu de l’Aliança per l’Aigua defensa que cal retenir l’aigua quan plou, afavorir la infiltració i evitar que les pluges torrencials acabin ràpidament al mar.

Finalment, demanen un pla estratègic, amb actuacions concretes, que permeti gestionar l’aigua d’una manera diferent i aconseguir així el tancament del cicle de l’aigua, principal objectiu de l’Aliança per l’Aigua. Per tant, el nucli del debat és si cada augment de la demanda d’aigua s’ha de traduir necessàriament en una nova planta dessaladora per produir-la o si, abans, el territori es pot permetre gestionar millor l’aigua que ja produeix. Mentre el cicle de l’aigua continuï obert –extraiem, dessalinitzem, consumim, depurem i tornem a abocar–, Eivissa acabarà necessitant cada vegada més dessaladores per accedir a una aigua que es podria obtenir mitjançant una millor gestió de la política hídrica insular.

El Govern quiere construir una cuarta desaladora en Eivissa, pese a la oposición de las entidades ecologistas. El Ejecutivo autonómico, que ya ha adjudicado la redacción del proyecto por 943.800 euros a través de la empresa pública de la Agencia Balear del Agua y la Calidad Ambiental (ABAQUA), se enfrenta a las críticas de sectores sociales que alertan sobre la necesidad de decrecer y mejorar las políticas hídricas en cuanto a depuración, regeneración, reutilización y cierre del ciclo del agua, antes de ampliar o construir nuevas infraestructuras. Advierten, además, de que las plantas desalinizadoras tienen un consumo eléctrico muy elevado, en un contexto en que Eivissa ha sufrido cortes en los suministros eléctricos durante todo el verano, debido a que se han alcanzado topes de energía inasumibles.

El proyecto del Govern contempla una planta en el municipio de Sant Josep de sa Talaia, en el suroeste de la isla, con capacidad para producir 15.000 metros cúbicos de agua al día. La redacción del proyecto ha sido adjudicada a la UTE I4Water Proyectos SL–Soluciones North Line SL con una previsión de que los trabajos de redacción duren 78 semanas. “La desalación depende de la energía, y se está viendo que esa dependencia no es tan robusta como podría parecer”, explica Juan Calvo, director de la Alianza por el Agua. “La isla está produciendo más agua desalada que nunca y, sin embargo, tenemos los acuíferos peor que nunca”, lamenta.

El proyecto del Govern contempla una planta en el municipio de Sant Josep de sa Talaia, en el suroeste de la isla, con capacidad para producir 15.000 metros cúbicos de agua al día

Este verano ha habido problemas de suministro eléctrico en varios puntos de toda la isla de Eivissa. Además de afectar a los negocios turísticos, hubo apagones que afectaron a barrios enteros. Por ejemplo, un fallo en el suministro estropeó a mitades de agosto un transformador eléctrico dejando durante cuatro horas sin luz a un barrio de vecinos de Sant Antoni de Portmany. En el mismo municipio, una avería eléctrica en la zona costera dejó sin suministro a 800 abonados. La tercera semana de agosto, otro corte dejó sin electricidad a centenares de personas de Santa Eulària des Riu y Sant Miquel de Balansat.

Fuentes de Endesa señalaron a este diario que las olas de calor de este verano están entre las posibles causas de las averías registradas este verano en la red eléctrica del archipiélago balear. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) apuntó que la temperatura media de agosto ha sido de 28.8 grados, lo que representa un incremento anómalo de 3.5 grados. Julio también fue extremadamente cálido con una temperatura media de 28 grados y una anomalía 2.9, convirtiéndose en el julio más cálido desde hace 65 años. Por estos motivos, entre otros, la Alianza por el Agua –que aboga por mejorar la política hídrica insular– propone depurar mejor, reutilizar, y cerrar correctamente el ciclo del agua, antes que construir una cuarta desaladora.

El Govern rechaza los argumentos de la Alianza por el Agua

La Agencia Balear del Agua –ABAQUA, que depende de la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua– cuestiona que pueda establecerse una relación directa entre el aumento de la desalación y el empeoramiento del estado de los acuíferos. Fuentes del organismo advierten que comparar los datos de 2019 con los de 2023 –un año “extremadamente seco”– para extrapolar conclusiones a la actualidad desvirtúa el análisis, afirmando que “referir las conclusiones solo a la desalación es perder la perspectiva”.

Por otro lado, responden que “las acciones o actuaciones no deben ser excluyentes”, a la pregunta sobre si no sería más eficiente que los municipios reduzcan las pérdidas de sus redes y mejoren la gestión de la demanda, antes que aumentar la producción de agua desalada. “Abordarlas todas de forma conjunta y simultánea es probablemente la manera más rápida de llegar al objetivo”. “Plantear una antes que otra o una en sustitución de otra es uno de los mayores errores que podemos cometer, ya que el resto de factores no queda inmóvil”, asegura la agencia.

Asimismo, subraya la necesidad de analizar factores globales como el incremento de la población residente (+3.000 habitantes al año), la presión turística y los cambios en los patrones de lluvia fruto del cambio climático. La Agencia Balear del Agua destaca que el aumento de agua desalada entre 2023 y 2025 –1,5 hectómetros cúbicos, es decir, 1,5 millones de metros cúbicos, para consumo urbano y casi 200.000 metros cúbicos anuales en dispensadores para camiones– ha reducido las extracciones de los pozos, situando las reservas de 2026 entre un 10% y un 14% por encima de las de los dos años anteriores. A este respecto, remarca que “todas las actuaciones relevantes cuantitativamente destinadas a sustituir las extracciones subterráneas contribuirán, sin duda, a la recuperación o disminución de la presión sobre los acuíferos”.

Abaqua defiende que la gestión de la demanda, la reutilización y el aumento de recursos son medidas complementarias que deben avanzar simultáneamente, sosteniendo que “cuantas más medidas y más pronto se pongan en marcha, más cerca estará el objetivo de revertir las extracciones no sostenibles”. Asimismo, la entidad aboga por disponer de capacidad de desalación de reserva a través de sus líneas independientes de producción, lo que permitiría detenerlas a medida que el recurso se recupere y “facilitaría los trabajos de mantenimiento preventivo que obligan a pararlas, ahora mismo muy precarizados por el uso intensivo de las plantas”.

Respecto a la propuesta de recargar los acuíferos con agua regenerada, la Agencia Balear del Agua aclara que “esta acción no es competencia de Abaqua”, sino de la Dirección General de Recursos Hídricos. El organismo explica que se trata de una actuación compleja a medio plazo, condicionada por la salinidad de las aguas residuales y la calidad de la depuración. Entre tanto, señala que Abaqua participa en proyectos en marcha como la balsa de sa Rota y tiene en contratación tres plantas de regeneración urbana en Ses Païsses, Can Bossa y Santa Eulària para habilitar “la sustitución de agua de red y, por tanto, de pozo o desalada, por aguas depuradas posteriormente regeneradas”.

En relación con la vulnerabilidad energética, Abaqua detalla que las obras cuentan obligatoriamente con certificados de disponibilidad de suministro eléctrico informados favorablemente por las empresas operadoras y distribuidoras. Según explica, producir un metro cúbico de agua desalada requiere alrededor de 3,5 kilovatios hora de electricidad. Para poner esta cifra en contexto, compara la energía necesaria para producir los aproximadamente 1.000 litros de agua que utiliza al día una familia de cinco miembros con el consumo de un termo de agua caliente para dos duchas o de un aparato de aire acondicionado durante una hora. Por ello, concluye que “la energía, siendo importante, no lo es frente a una posibilidad de desabastecimiento o de limitación de uso”. En definitiva, sostiene que “la desalación debe ser considerada como una necesidad estructural para complementar las extracciones sostenibles, pero también como una necesidad coyuntural para hacer frente a años o periodos de sequía”.

La empresa Abaqua afirma, frente a los argumentos de los ecologistas, que 'la energía, siendo importante, no lo es frente a una posibilidad de desabastecimiento o de limitación de uso'

La Alianza por el Agua hace otra lectura de estos mismos datos. Según el informe anual del Observatorio del Agua de las Illes Balears, las tres desaladoras de Eivissa produjeron 13,94 hectómetros cúbicos de agua en 2025, un 65,2% más que en 2018. Es decir, las plantas estuvieron cerca de su límite de producción: utilizaron el 95,7% de su capacidad anual. Durante el verano, la presión fue todavía mayor. Entre junio y septiembre produjeron por encima de su capacidad mensual teórica: un 101,5% en junio, un 108,6% en julio, un 113,4% en agosto y un 106,3% en septiembre.

Según el informe anual del Observatorio del Agua de las Illes Balears, las tres desaladoras de Eivissa en 2025 produjeron por encima de su capacidad mensual teórica: un 101,5% en junio, un 108,6% en julio, un 113,4% en agosto y un 106,3% en septiembre

A partir de los datos disponibles, la Alianza por el Agua concluye que Eivissa “ya no puede sustituir más extracciones de agua subterránea por agua desalada con las infraestructuras actuales”. Cualquier reducción adicional de la presión sobre los acuíferos tendrá que pasar por gestionar la demanda, reducir las pérdidas en las redes de distribución o incorporar aguas regeneradas, y no por producir más agua desalada. De hecho, el 19,1% de toda el agua desalada de la isla se produce en temporada baja. Es el porcentaje más alto de Balears. Esto significa, según interpreta la Alianza por el Agua, que hay poco margen para aumentar la producción durante el invierno y utilizar más agua desalada en lugar de extraerla de los acuíferos.

El modelo: seguir creciendo

“Si el modelo consiste en seguir creciendo y aumentando el suministro de agua para el consumo urbano y turístico, evidentemente no hará falta una cuarta desaladora: harán falta cinco, seis, diez o las que sean necesarias”, sostiene Rafa Tur, portavoz de la Alianza por el Agua. Tur considera que falta una estrategia que ordene las actuaciones. “El problema real es cerrar el ciclo del agua, depurarla correctamente, reutilizarla y hacer que vuelva a estar disponible”.

Si el modelo consiste en seguir creciendo y aumentando el suministro de agua para el consumo urbano y turístico, evidentemente no hará falta una cuarta desaladora: harán falta cinco, seis, diez o las que sean necesarias

Rafa Tur — Portavoz de la Alianza por el Agua

Los datos muestran, además, que la cuestión no es únicamente el pico de consumo de los meses turísticos. La demanda de agua desalada suministrada en los cinco municipios de Eivissa pasó de 8,33 hectómetros cúbicos en 2018 a 13,53 en 2025, un incremento del 62,4%. Pero el crecimiento también es importante en los meses de invierno, donde el suministro aumentó un 76% frente al 54% de los meses de verano. Por tanto, la isla demanda agua desalada durante todo el año, no solamente de abril a octubre.

Por otro lado, el porcentaje de las masas de agua subterránea en mal estado ha pasado del 44% al 81%. Es decir, el aumento de la producción de agua desalada no ha mejorado la salud de los acuíferos. Cualquier reducción adicional de la presión sobre las aguas subterráneas tendrá que lograrse mediante una menor demanda, la reducción de las pérdidas en las redes o la reutilización de agua regenerada, sostiene la Alianza en su informe anual de 2025.

El porcentaje de las masas de agua subterránea en mal estado ha pasado del 44% al 81%. Es decir, el aumento de la producción de agua desalada no ha mejorado la salud de los acuíferos

La Alianza considera un error responder con un aumento o construcción de nuevas infraestructuras –depuradoras, desaladoras– cada vez que hay un incremento poblacional, ya sea de residentes o turistas. Este modelo tiene como consecuencia que las infraestructuras crecen en relación con la presión demográfica, en lugar de reducir la llegada de visitantes, así como transformar las políticas hídricas para reducir, regenerar, y reutilizar.

En este sentido, ponen como ejemplo los 25.000 metros cúbicos diarios de agua que se están desperdiciando en la balsa de sa Rota, en Santa Eulària. Parte del agua que llega a las depuradoras procede de redes con infiltraciones de agua marina. Según la Alianza, el agua dulce que producimos mediante desalación acaba volviendo a cargarse de sal, se depura nuevamente como agua salada y finalmente se vierte otra vez al mar. La entidad considera que producir agua nueva resulta inútil si el sistema no consigue conservarla para darle nuevos usos.

Regenerar y reutilizar

Por eso Calvo defiende cambiar el enfoque. “No podemos permitirnos producir agua, consumirla, depurarla y después tirarla al mar”. Entre las alternativas señala la recarga de acuíferos con agua regenerada, que permitiría convertir las propias masas de agua subterránea en “depósitos naturales de agua regenerada en la propia isla”. La Alianza, no obstante, vuelve a poner el foco en la necesidad de fijar los límites físicos del territorio, así como qué costes estamos dispuestos a asumir para mantener determinados niveles de consumo, que pueden dejar los recursos naturales, finitos, en una situación delicada.

Por otro lado, la crisis climática –olas de calor y periodos de sequía cada vez más acuciantes– empeora todavía más si cabe la situación. “No podemos depender de la meteorología, y mucho menos teniendo en cuenta lo que nos está deparando el cambio climático”, afirma Tur. El portavoz de la Alianza por el Agua defiende que hay que retener el agua cuando llueve, favorecer la infiltración y evitar que las lluvias torrenciales terminen rápidamente en el mar.

Finalmente, piden un plan estratégico, con actuaciones concretas, que permita gestionar el agua de forma distinta y así conseguir el cierre del ciclo del agua, principal objetivo de la Alianza por el Agua. Por tanto, el núcleo del debate está en si cada aumento de la demanda del agua debe traducirse necesariamente en una nueva planta desaladora para producirla o si, antes, el territorio puede permitirse gestionar mejor el agua que ya produce. Mientras el ciclo del agua sigue abierto –extraemos, desalamos, consumimos, depuramos y volvemos a verter–, Eivissa terminará necesitando cada vez más desaladoras para acceder a un agua que se podría alcanzar mediante una mejor gestión de la política hídrica insular.

El trasvase Tajo-Segura permanecerá inoperativo y sin suministro de agua al Levante hasta 2027 debido a las obras de reparación de dos roturas en la infraestructura, cuyos trabajos requerirán un plazo inicial estimado de entre cuatro y cinco meses y una inversión de 1,2 millones de euros, según ha informado la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT).

El organismo de cuenca, adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), ha decidido mantener cortado el paso del agua para evitar el “colapso” del canal tras constatar la destrucción y hundimiento de varios paños de hormigón y la aparición de oquedades en el terreno.

Desde la CHT han sostenido que el deterioro del revestimiento se ha visto acelerado por los episodios de lluvias torrenciales acontecidos en los dos últimos años hidrológicos.

Las averías, detectadas el pasado 14 de septiembre a raíz de unas filtraciones inusuales que obligaron al vaciado del canal, se localizan en el tramo de Riansares (Almonacid de Zorita, Guadalajara) y en el del Talave (Liétor, Albacete), este último situado antes de la Central Hidroeléctrica de Fontanar I. Hace un año se rompió en esta misma zona, y no es la primera vez que se producen incidentes similares en diversos puntos de una infraestructura que lleva en funcionamiento desde 1979.

Las labores de rehabilitación ya iniciadas abarcan la demolición y saneo de las partes dañadas, la reconstrucción integral de los tramos, la ejecución de nuevos drenajes y la impermeabilización completa de la sección afectada.