El presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), Carlos Arrazola, ha avanzado este viernes en el Senado, en respuesta a una pregunta de Geroa Bai, que la obra para el recrecimiento del embalse de Yesa, del que beben media Navarra y Zaragoza, se prolongará más allá del año 2030 debido a la “complejidad” de los trabajos para ampliar la capacidad de la presa de los 447 a los 1.075 hectómetros cúbicos.

Arrazola ha afirmado, en la Comisión de Transición Ecológica del Senado, que “lo más importante por supuesto es la seguridad, y la seguridad de la presa actualmente está garantizada”. “Es la presa más observada probablemente de España. Tiene una serie de mejoras tecnológicas en cuanto a su observación que no la tienen la mayoría de las presas”, ha destacado el presidente de la CHE.

Carlos Arrazola ha indicado que, al existir “una cierta desconfianza sobre la seguridad que tenía este proyecto, el Gobierno de Navarra encargó un informe a una prestigiosa consultoría para obtener unas conclusiones que permitieran continuar con la obra o, en su caso, no hacerlo, y el Ministerio encomendó al Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos también otro dictamen con el mismo objetivo”. “Como consecuencia de todos esto se redactó el modificado cuarto, que está ahora pendiente de aprobación, que incluía todas las sugerencias o mejoras de los informes de ambas consultorías. En los informes participaron los mejores expertos en esta materia de España y las conclusiones fueron coincidentes”, ha afirmado.

El presidente de la CHE ha querido trasladar “la complejidad que está teniendo esta obra desde el punto de vista técnico”. “Es una obra que ha convivido con tres leyes de presupuestos distintas y ha tenido tres cambios en el IVA. En sus inicios tuvo un proceso penal contra el presidente de la Confederación y contra algunos directores generales del Ministerio de Medio Ambiente. Estamos en este momento y unos antecedentes tan complicados hacen que todos los procesos administrativos, que en este Estado son muy garantistas, lo sean todavía más”, ha explicado.

Arrazola ha explicado que el procedimiento de aprobación del modificado tiene dos etapas, “lo que sería la etapa de aprobación técnica, que ya se ha llevado a cabo, y ahora estamos en la fase de aprobación económica”. “En esta fase han de cumplirse varios hitos, como son la audiencia al contratista, el informe de la Abogacía del Estado, el informe del Consejo de Estado y el informe de la Intervención General del Estado”, ha apuntado.

“Al ser una presa que, como todas, es del Estado, el expediente lo tiene el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Esta es la explicación con la que les quería ilustrar por qué este modificado cuarto está tardando en aprobarse más de lo deseado por todos”, ha dicho a los senadores.

En el turno de los grupos, la senadora de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha afirmado que “lo que más nos preocupa es la seguridad de las personas”. “Acompaño a los regantes navarros y aragoneses cuando se quejan por la falta de respuesta sobre cuándo va a llegar el agua, pero lo hago acompañando primero a todos esos vecinos que se preguntan si la obra del recrecimiento es segura y la incertidumbre en la seguridad de las personas es lo primero que debemos despejar, sin alarmismos, pero sin dilaciones en la respuesta, porque sin ninguna duda el peor de los alarmismos es el que se genera por la falta de repuesta y por la falta de información”, ha destacado.

Barkos ha añadido que se trata de “una obra iniciada en el año 2000 que lleva ya dos décadas de construcción, yo diría casi dos décadas de retraso”. “La última fecha reconocida para el final de obra era para el año 2030, pero eso fue antes del cuarto modificado o justo en el entorno del cuarto modificado. Ya en 2025 se nos señaló que una vez aprobado el modificado, quedarían cinco años de ejecución. El año 2030 por lo tanto se nos escapa del horizonte”, ha afirmado, y el presidente de la CHE ha reconocido que la obra no estará finalizada para ese año.

Ya se tramita como Proyecto de Singular Interés (PSI) la futura planta de acero verde que la empresa Hydnum Steel va a instalar entre el núcleo urbano de Puertollano (Ciudad Real) y el polígono industrial de La Nava de la ciudad. Su primer expediente está en información pública hasta finales de junio y, si recibe posteriormente luz verde ambiental, se convertirá en la primera acería de estas características en España y Europa.

Se considera acero verde el producto elaborado mediante tecnologías que eliminan o reducen drásticamente las emisiones de CO2 durante su fabricación, utilizando hidrógeno verde en lugar de carbón. Se basa, por tanto, en energías renovables para lograr un proceso libre de combustibles fósiles, constituyendo una alternativa sostenible con una huella de carbono “cercana a cero”. 

Este tipo de material es considerado desde hace años “un elemento fundamental para alcanzar la neutralidad climática”, aunque actualmente, según BBVA, su coste de producción es mayor que el del acero tradicional. No obstante, muchos expertos prevén que es el futuro de la metalurgia, alineado con la economía circular.

Fabricar acero verde es actualmente más costoso que el convencional, con primas estimadas entre 120 y 170 euros más por tonelada en Europa para 2026, llegando incluso a reportarse costes operativos superiores a los 1.000 euros por tonelada mediante rutas de hidrógeno. Esto representa un incremento de aproximadamente el 40% sobre el acero tradicional, principalmente debido a la alta inversión en tecnología de hidrógeno y electricidad.

Pero tanto el Gobierno de Castilla-La Mancha como la empresa Hydnum Steel parecen haber hecho sus cálculos de cara la futura planta de Puertollano. Esta ciudad es ya un nodo estratégico y referente en hidrógeno verde (H2V) en Europa. Alberga la planta de Iberdrola, la mayor de uso industrial en su inauguración hace cuatro años. Utiliza el cien por cien de energía renovable (solar fotovoltaica con 100 megavatios y baterías con 20 megavatios por hora) para producir hidrógeno destinado a la fábrica de Fertiberia.

Es esta ciudad se encuentra también el Centro Nacional del Hidrógeno (CNH2), una instalación científica dedicada a la investigación, desarrollo y validación de tecnologías de hidrógeno y pilas de combustible. Impulsa la transición energética mediante proyectos de I+D, simulaciones y la homologación de componentes para transporte, energía y la industria.

Estos factores son todo ventajas para Hydnum Steel. Además, el hecho de que su acería verde se tramite como PSI significa que sus trámites urbanísticos y administrativos serán más ágiles: el Ejecutivo regional considera que es un “proyecto prioritario”, es decir, con un impacto positivo en el desarrollo socioeconómico de la región.

El proyecto de su solicitud de autorización ambiental ya se ha sometido a información pública, según la resolución de la Consejería de Fomento publicada en el Diario Oficial de la comunidad autónoma (DOCM). El Gobierno de Castilla-La Mancha lo considera “un proyecto industrial estratégico para la región” que contará con una inversión de más de 1.521 millones de euros.

El impacto económico que se espera llegará a los 11.000 millones de euros, según el Ejecutivo. En total, la planta prevé crear más de 1.000 empleos directos y alrededor de 5.000 puestos de trabajo indirectos, revitalizando una zona con alta tasa de desempleo, especialmente entre los jóvenes.

Un proyecto prioritario pendiente de su impacto ambiental

Debido su catalogación especial, la tramitación urbanística del proyecto se está realizando conforme la Ley de Medidas Urgentes para la Declaración de Proyectos Prioritarios de Castilla-La Mancha. Después de este proceso de participación, el Gobierno regional debe realizar el informe de impacto ambiental conforme a la normativa de prevención y control de la contaminación. Será entonces cuando se conozcan sus posibles afecciones al medio ambiente y al propio núcleo urbano de Puertollano.

Precisamente, en la resolución de Fomento se indica que Hydnum Steel tiene por objeto la creación de una planta industrial de producción de bobinas de acero mediante la utilización de energías limpias, de forma que la huella de carbono del producto final represente “un 98% de reducción” respecto a la generada con los procesos actuales, realizados mediante altos hornos y hornos de oxígeno.

El ámbito del PSI, de aproximadamente 209 hectáreas, se ubica entre el núcleo urbano de Puertollano y el polígono industrial de la Nava en terrenos clasificados mayoritariamente como suelo rústico de reserva, proponiéndose su clasificación como “suelo urbanizable”, aunque existe un pequeño ámbito con clasificación de suelo urbano residencial en la Barriada del Río Ojailén.

Sobre esta zona ya avisó en un informe previo la Consejería de Cultura, en la elaboración previa del Inventario de Patrimonio Cultural: ahí se constata que parte los terrenos afectados por el proyecto se incluyen dentro del ámbito de prevención arqueológica 'Costanillo'. Se encuentra en una terraza en el margen izquierdo del río Ojailén. Es una zona llana, en gran parte alterada por las explotaciones mineras y el desvío del cauce, en la que hay localizada “abundante materia prima de cuarcita”.

También incide en esta cuestión arqueológica la asociación Ecología y Libertad en su informe previo a la autorización ambiental. Y alerta además del impacto paisajístico por la altura de 55 metros que prevé la fábrica “en medio de la llanura característica de la Mancha”. Alerta igualmente de las consecuencias en la olivarera de Puertollano: afirma que la actuación requerirá que sean arrancados “un gran número de pies arbóreos” que funcionan como sumidero de carbono.

Al margen de los escritos previos y mientras se realiza la evaluación ambiental, el documento publicado en el DOCM ya precisa que la actuación comporta afecciones a la ordenación estructural. Asimismo, a fin de posibilitar los usos previstos en el PSI, se generan unas “condiciones particulares” según las ordenanzas municipales para definir los parámetros urbanísticos de cada una de las parcelas resultantes.

En total, en la resolución se reconocen 104.714,50 metros cuadrados de suelo para equipamientos públicos y 290.535,61 metros de suelo para zonas verdes y espacios libres, como superficies de cesiones obligatorias. El desarrollo propuesto incluirá las obras de urbanización interior y para conectar con las infraestructuras necesarias.

Como parte del PSI, se resuelven también todas las conexiones exteriores que se precisan, y se asegurará el “adecuado funcionamiento” de las obras e instalaciones que constituyan su objeto, así como la conservación y funcionalidad de las infraestructuras y los servicios ya existentes.

No obstante, esta relación podría variar en función de los posibles acuerdos a los que pudieran llegar, para su adquisición, los titulares de esos bienes y la empresa promotora, así como por los “ajustes de diseño” que se deriven de la redacción de los proyectos técnicos antes de la aprobación definitiva del proyecto.

Simultáneamente al trámite de información pública, se consultará a todas las administraciones públicas territoriales, entidades u organismos, titulares o gestoras de bienes o servicios afectados y personas interesadas, indicándoles la posibilidad de emitir informe o formular alegaciones.

Hydnum Steel llegó a presentar su proyecto en la Comisión de Industria y Turismo del Congreso: “Cero emisiones”, “cero vertidos” y energía renovable para descarbonizar la siderurgia, una industria que representa casi el 10% de las emisiones de CO2 a nivel global.  

Vamos a demostrar que es posible producir acero sin comprometer el futuro del planeta, cuidando cada gota de agua

“Otra forma de producir acero es posible”, afirmó en las Cámara Baja la CEO de Hydnum, Eva Maneiro. Indicó que la planta de Puertollano será un “modelo de sostenibilidad hídrica” gracias a su sistema pionero de reutilización de aguas residuales. “Vamos a demostrar que es posible producir acero sin comprometer el futuro del planeta, cuidando cada gota de agua”, añadió.

El Foro Económico Mundial (WEF) ha reconocido a esta empresa como uno de los cinco proyectos “más innovadores a nivel global en la carrera por descarbonizar la producción de acero”.

Según las previsiones de la empresa, Europa necesitará producir hasta 30 millones de toneladas de acero verde para 2030, un reto que “solo podrán asumir aquellos que inviertan ahora en innovación y sostenibilidad”, afirma.

Digitalización y agua

Una de las características más innovadoras que promete Hydnum Steel es el uso del ‘Gemelo Digital’ desarrollado junto con Siemens, socio estratégico del proyecto, que permitirá optimizar todos los aspectos del proceso productivo en tiempo real, “mejorando la eficiencia energética y reduciendo el consumo de recursos”. Es más, la empresa también presume de su “corazón digital”. Quiere aplicar la innovación tecnológica, la digitalización y la Inteligencia Artificial en todos sus procesos.

El consumo de agua es igualmente clave en el proceso. Aunque la empresa todavía no especifica cuál será el volumen de su consumo, afirma que utilizará “tecnología de vanguardia” para minimizar su consumo: reciclar aguas grises y residuales de forma que sean aptas para su uso en el proceso productivo de la planta; y el agua utilizada se volverá a tratar para incorporarla de nuevo al sistema.

En los informes previos, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir pide que el Estudio de Impacto Ambiental incluya con detalle las actuaciones a realizar y un análisis de todos los posibles impactos que puedan producirse sobre las masas de aguas.

Demanda asimismo un listado con las medidas preventivas, correctoras y compensatorias necesarias para minimizar los “efectos perjudiciales” que pudieran producirse en las distintas masas de agua como consecuencia del proyecto y para hacer compatible la actuación proyectada con el cumplimiento de la normativa sectorial de aguas vigente, durante la fase de construcción de las instalaciones y durante los años que dure su explotación.

La ubicación de la planta en Puertollano no es casual. La zona, en su momento muy desfavorecida por el declive la minería, cuenta ahora con una infraestructura industrial sólida, y tanto las administraciones como la empresa la consideran un nodo estratégico de producción de hidrógeno verde y energías renovables, “elementos clave para el éxito del proyecto”.

Además del apoyo del Gobierno regional, el proyecto también cuenta con el aval del alcalde de Puertollano, Miguel Ángel Ruiz (PP), quien ha manifestado en varias ocasiones su satisfacción tras la aprobación inicial del proyecto.

Estamos y estaremos plenamente implicados para que este proyecto sea una realidad en el menor tiempo posible

El edil ha subrayado que este avance “supone un paso importante y marca un punto de no retorno hasta la colocación de la primera piedra”, y ha destacado la importancia estratégica de esta iniciativa para el desarrollo económico e industrial del municipio.

Desde el Ayuntamiento de Puertollano se ha reiterado el compromiso firme de colaborar activamente en la agilización de todos los trámites necesarios y de “eliminar cualquier obstáculo administrativo” que pueda retrasar su puesta en marcha. “Estamos y estaremos plenamente implicados para que este proyecto sea una realidad en el menor tiempo posible”, ha señalado.

Asimismo, el alcalde ha incidido en la relevancia social del proyecto, especialmente para los jóvenes de la ciudad, quienes ven en esta acería una oportunidad real de empleo y de desarrollo profesional. “Este proyecto debe responder a las expectativas de futuro de nuestros jóvenes, fijar talento y generar oportunidades en nuestra tierra”, ha añadido.

Las provincias de Toledo y Ciudad Real permanecerán en aviso amarillo por lluvias y tormentas durante varias horas entre el jueves 23 y el viernes 24 de abril, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Se esperan precipitaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado acumulados en una hora en toda la provincia de Toledo, así como tormentas, entre las 18:00 horas del jueves y las cinco de la madrugada del viernes; repitiéndose en la franja horaria de las 16:00 a las 22:00 horas del viernes. Pueden llevar asociadas granizo y rachas muy fuertes de viento.

En el caso de la provincia de Ciudad Real, las tormentas afectarán a las comarcas de Montes del norte y Anchuras, así como la Mancha ciudadrealeña, entre las 18:00 y las 23:59 horas de este jueves. Igualmente, las tormentas pueden llevar asociadas granizo y rachas muy fuertes de viento. El viernes 24 de abril podrán producirse tormentas y lluvias entre las 16:00 y las 22:00 horasen la comarca ciudadrealeña de Montes del norte y Anchuras, con precipitaciones acumuladas en una hora de hasta 15 litros por metro cuadrado.

Por lo que respecta a la provincia de Guadalajara, se activará el aviso amarillo entre las 16:00 y las 22:00 horas del viernes 24 de abril, con tormentas que pueden llevar asociadas granizo y rachas fuertes de viento, así como lluvias con precipitaciones acumuladas en una hora de hasta 15 litros por metro cuadrado, en las comarcas de la Alcarria y la Serranía de Guadalajara.

El suelo pierde humedad durante más tiempo del habitual y los cultivos dejan de crecer con la misma regularidad, mientras algunas ciudades registran restricciones de agua que antes no eran frecuentes. La tierra muestra señales de agotamiento cuando los acuíferos tardan más en recargarse y cuando las lluvias llegan de forma irregular, lo que obliga a depender de reservas cada vez más tensas.

Ese desgaste también aparece en zonas donde el aire es seco durante largos periodos y hace difícil mantener fuentes estables de agua potable cerca de la población. El problema no se limita a un lugar concreto porque se repite allí donde el clima cambia y la demanda aumenta al mismo tiempo, y por eso se buscan soluciones que funcionen incluso en condiciones de baja humedad.

Un equipo noruego crea un material que capta vapor con menos gasto

Un equipo de SINTEF en Noruega desarrolla un material que permite recoger agua del aire con menor consumo energético en ambientes secos, según recoge Phys. El proyecto se centra en resolver una limitación conocida de los generadores atmosféricos, que funcionan bien con aire húmedo pero disparan su gasto cuando la humedad baja del 50%.

Roberto Mennitto, investigador de SINTEF, explica que esa situación encarece el uso justo en las zonas donde más falta hace. El trabajo apunta a crear un sistema capaz de producir agua potable en condiciones donde los métodos actuales pierden eficiencia.

El nuevo material parte de un polímero formado por dos componentes que cumplen funciones distintas dentro del mismo sistema. Por un lado, incluye un elastómero blando parecido a los que se usan en productos cotidianos, y por otro incorpora un polímero absorbente capaz de retener grandes cantidades de agua.

Esa estructura permite capturar humedad del aire sin que el material pierda estabilidad durante el proceso, algo que había limitado otras propuestas. El equipo probó distintas composiciones hasta dar con una fórmula que mantiene el rendimiento durante varias horas de funcionamiento continuado.

Esa capacidad abre la puerta a usos que no dependen de grandes infraestructuras hidráulicas. Los generadores pueden instalarse en viviendas, centros de emergencia o espacios donde el suministro falla, y así producir agua cerca del punto de consumo.

También pueden servir en operaciones de ayuda humanitaria o en entornos aislados donde transportar agua resulta caro. En esos casos, el sistema no sustituye a redes completas de abastecimiento, pero ofrece una alternativa cuando esas redes no llegan o se interrumpen.

Los sistemas actuales consumen más energía en ambientes secos

Los generadores atmosféricos ya existen y suelen trabajar enfriando el aire para provocar la condensación del vapor de agua. Ese método funciona como un deshumidificador doméstico, pero presenta un problema cuando el ambiente es seco porque el consumo de energía aumenta de forma notable.

Mennitto señala que esa subida hace que el sistema resulte caro en regiones áridas, justo donde la necesidad es mayor. El desarrollo de materiales que capturen agua sin depender solo de la refrigeración intenta resolver ese punto débil.

Precisamente el coste es otro factor que condiciona su adopción a gran escala. Los investigadores calculan que el precio actual se sitúa en niveles similares a los equipos ya disponibles en el mercado, pero trabajan con el objetivo de reducirlo en torno a un 25%. Para lograrlo, buscan aumentar la producción desde gramos hasta kilogramos y simplificar el proceso industrial. El uso de materias primas accesibles y la eliminación de disolventes caros forman parte de esa estrategia, que pretende mantener el sistema asequible.

El dispositivo usa dos pasos y temperatura alta para obtener líquido

El funcionamiento del material separa la captación y la liberación del agua en dos fases distintas. Primero absorbe la humedad del aire hasta saturarse, y después se aplica calor para extraer el líquido retenido. Mennitto describe este proceso al explicar que “el aire caliente extrae el agua del polímero y crea una corriente con alta concentración de humedad”.

Esa corriente pasa a un depósito donde el vapor se convierte en gotas y queda almacenado como agua lista para su uso. El sistema mantuvo sus propiedades durante 120 horas de pruebas continuadas, lo que indica que puede trabajar durante ciclos repetidos sin perder rendimiento.

El equipo busca abaratar costes y escalar la producción

El proyecto aún no ha llegado a la fase de producción masiva, pero ya ha despertado interés entre empresas emergentes y posibles inversores. El equipo busca financiación para construir un prototipo que permita probar el material en condiciones reales y ajustar su diseño. También trabajan en reunir perfiles técnicos que permitan llevar la tecnología al mercado con garantías de mantenimiento y funcionamiento estable.

Todo este esfuerzo responde a una presión creciente sobre el agua disponible a nivel global. La OMS y UNICEF estiman que cerca de 2.000 millones de personas no tienen acceso a agua potable segura, una cifra que refleja el alcance del problema. El cambio climático, el aumento de población y los conflictos agravan esa situación, y hacen que cada nueva solución tenga relevancia dentro de un sistema que ya muestra señales claras de tensión.

Los cambios en el clima y la presión sobre los recursos han colocado a ciertos ecosistemas en una posición delicada que obliga a revisar cómo se gestionan. Los glaciares forman parte de la naturaleza desde hace miles de años y cumplen una función que no se puede sustituir, ya que almacenan agua dulce y regulan su liberación hacia ríos y acuíferos que dependen de ese equilibrio.

La necesidad de protegerlos surge cuando su degradación empieza a afectar al abastecimiento de agua y al funcionamiento de territorios enteros que dependen del deshielo para mantener su actividad diaria. En ese punto, cualquier alteración en su entorno genera efectos que no se quedan en la montaña y terminan afectando a poblaciones, cultivos y sistemas económicos que dependen de ese flujo.

El Congreso argentino aprobó una norma que cambió la protección ambiental

La reforma de la Ley de Glaciares en Argentina ha sido aprobada por el Congreso y ha provocado una demanda colectiva por el peligro para el suministro de agua, según informa Tiempo Argentino. La norma, promovida por el gobierno de Javier Milei y que salió adelante con 137 votos en la Cámara de Diputados tras el respaldo previo del Senado, introduce cambios en la gestión de estas áreas y abre un escenario de conflicto legal y social.

El texto aprobado modifica el sistema de protección vigente desde 2010, que había sido considerado un referente regional, y ahora coloca el debate en torno a los límites entre explotación económica y preservación ambiental. Esta decisión ha activado una reacción organizada de entidades sociales y jurídicas que buscan frenar su aplicación.

El principal punto de alarma se centra en el agua. Los glaciares actúan como reservas que regulan el caudal de ríos y garantizan suministro a comunidades y actividades económicas, sobre todo en zonas áridas donde el deshielo marca el ritmo del año.

Cuando se altera ese sistema, la calidad del agua puede verse afectada y su disponibilidad disminuye, lo que repercute en el consumo humano y en la producción agrícola. La posible expansión de actividades extractivas cerca de estos entornos introduce un factor de riesgo adicional, ya que puede modificar el equilibrio natural que permite mantener ese flujo.

Las provincias pasaron a decidir qué zonas quedan protegidas

Uno de los cambios más relevantes de la reforma es el traslado de competencias hacia las provincias. A partir de ahora, cada territorio puede definir qué zonas del entorno glaciar se consideran protegidas y cuáles pueden abrirse a proyectos productivos, lo que introduce diferencias en la aplicación de la norma según el lugar.

Este ajuste rompe con el modelo anterior, que establecía una protección más uniforme y limitaba de forma clara las actividades en esas áreas. Con esta nueva capacidad de decisión, se abre la posibilidad de que se autoricen explotaciones en espacios que antes quedaban fuera de cualquier intervención.

Argentina dispone de una de las mayores reservas de glaciares de América Latina, y su función va más allá de almacenar agua. Estos sistemas regulan el equilibrio hídrico a lo largo del año, especialmente en momentos de sequía, y permiten sostener el funcionamiento de ecosistemas y economías regionales.

Según Ladera Sur, solo el 3% del agua del planeta es dulce y más del 70% de esa cantidad permanece congelada en glaciares, lo que sitúa a estos entornos como un recurso limitado que requiere una gestión cuidadosa. La pérdida de masa detectada en muchos de estos sistemas refuerza la preocupación sobre su conservación.

Las organizaciones denunciaron falta de participación en el proceso

Las críticas no se limitan al contenido de la ley, también alcanzan al proceso de aprobación. Organizaciones como FARN, Greenpeace y la Asociación de Abogados Ambientalistas denuncian que no hubo una participación ciudadana efectiva, a pesar de que más de 100.000 personas se inscribieron en audiencias públicas donde solo unas 300 pudieron intervenir. También cuestionan la presencia de cargos con intereses vinculados al sector minero en el debate parlamentario.

Tiempo Argentino recoge que la senadora Flavia Royón participó en la votación sin apartarse pese a su relación profesional con empresas del sector, y que el diputado Nicolás Massot tampoco se abstuvo a pesar de sus lazos empresariales. Estos dos son los más mediáticos, pero habría más según los medios argentinos.

El trasfondo económico aparece con fuerza en este conflicto. El impulso de la minería, especialmente de cobre, se presenta como una vía para atraer inversión y reforzar el papel de Argentina en el mercado internacional, pero esa apuesta implica intervenir en zonas que hasta ahora estaban protegidas.

Los defensores de la reforma consideran que no todas las áreas periglaciales cumplen funciones hídricas relevantes y que una evaluación caso por caso permitiría desarrollar proyectos sin afectar a todo el sistema. Sin embargo, científicos y organizaciones ambientales advierten que esa diferenciación puede generar efectos acumulativos difíciles de revertir.

La respuesta judicial busca frenar la aplicación de la norma

La respuesta a la reforma ya se ha trasladado a los tribunales. Las organizaciones impulsoras han iniciado una demanda colectiva que busca declarar la inconstitucionalidad de la norma por vulnerar derechos relacionados con el acceso al agua y la protección ambiental.

Diego Salas, director de programas de Greenpeace, afirmó que “esta reforma es regresiva e inconstitucional y compromete el acceso al agua de millones de personas”. Más de 750.000 personas han respaldado la iniciativa, que sigue sumando apoyos mientras se preparan las primeras resoluciones judiciales sobre su aplicación.

Cuando caminas junto a una acequia de la Alpujarra granadina “lo primero que notas es el frescor y el verdor que no encuentras en otras zonas”, dice Fran Vilchez, presidente de la comunidad de regantes del municipio de Cáñar. Es uno de los beneficios de un sistema de manejo del agua formado por una red de canales que surcan las montañas semiáridas del Espacio Natural de Sierra Nevada y que funciona desde la conquista musulmana.

La de Barjas aporta cinco kilómetros a un tejido de más de novecientos. Empieza a unos 1.800 metros de altitud, donde se nutre de las aguas del deshielo, discurre por un bosque de castaños y robles, el más meridional de Europa, y permite regar unas 525 hectáreas de cultivo en extensivo de Cáñar, antes de continuar montaña abajo.

Se abandonó en los años 90 porque apenas quedaban agricultores en la zona, pero gracias al Laboratorio de Arqueología Biocultural (MemoLab) de la Universidad de Granada, que une a académicos de distintas disciplinas, comunidad de regantes y voluntarios nacionales y extranjeros para investigar y restaurar este sistema, fue recuperada hace una década. Aquí se cultiva principalmente olivar, frutales, viñas, hortalizas de temporada y castaños. Las aceitunas y el aceite para vender y el resto para el autoconsumo. En un contexto de cambio climático marcado por el aumento de los periodos de sequía y un uso del campo cada vez más intensivo, estos sistemas de gestión del agua cobran relevancia como un posible modelo de adaptación basado en la naturaleza.

Con más de mil años de antigüedad, la técnica consiste en excavar canales en el terreno que durante la época de deshielo conducen el agua desde la cabecera de los ríos hacia determinados puntos en la ladera donde se filtra a los acuíferos y, desde allí, circula lentamente por el subsuelo para aflorar meses después en manantiales en cotas más bajas, evitando su pérdida por evaporación y abasteciendo a las comunidades y a sus cultivos de terrazas en los meses que más escasea.

“Lo importante de las acequias de careo es que son un sistema intencional de recarga de acuíferos”, señala Sergio Martos Rosillo, científico del Instituto Geológico y Minero de España que estudia estos sistemas desde hace una década. “El agua que circula por un río tiene una velocidad media de un metro por segundo. En un día hay 86.400 segundos, de modo que el agua que va por un río recorre 86 kilómetros. En Sierra Nevada tenemos el mar Mediterráneo a menos de 40 kilómetros, o sea, que el agua se iría rápido. La velocidad media en un acuífero es de un metro al día, unos cien metros en tres meses. Entonces, el agua que infiltras va a salir con retraso. Aquí lo llaman entretener el agua”, explica el geólogo.

También es fácil oír hablar de “sembrar” o “criar” agua, infiltrarla sabiendo por dónde y cuándo saldrá de nuevo, o de borreguiles, los pastos de altas cumbres para los borregos, corderos sobre todo, que se crean al carear o empapar la montaña: palabras que reflejan el profundo conocimiento que los agricultores y pastores tienen de su territorio. José María Martín Civantos, director de MemoLab y responsable del proceso de recuperación de acequias históricas, define esta técnica como “la capacidad del ser humano a lo largo de la historia de observar, conocer, experimentar, aprender y transformar el medio de una manera positiva”.

Investigaciones arqueológicas e históricas sitúan las acequias de careo como el sistema de recarga de agua subterránea más antiguo de Europa pero, por supuesto, no el único. En otros lugares de España y de América Latina se han encontrado soluciones parecidas basadas en el aprovechamiento de los recursos naturales con una intervención mínima. Para que el sistema funcione tienen que confluir una serie de factores: “que la montaña tenga un sustrato de rocas duras, como los esquistos, que al estar expuestas mucho tiempo en la superficie se alteran y permiten la infiltración del agua; que haya suficiente pendiente; que se dé un periodo seco largo –si llueve todo el año no hace falta recargar el acuífero– y que exista una comunidad que conozca y mantenga la técnica”, detalla Martos Rosillo.

Poco antes del deshielo se limpian las acequias y se abren las compuertas de piedra para empezar a sembrar agua y en mayo o junio, dependiendo de lo que haya nevado, se cortan las de careo y se abren las de riego.

Sierra Nevada tiene un porcentaje de vegetación vinculada a la ribera más alto de lo esperado por su posición climática y geográfica

Este sistema permite la supervivencia de los habitantes, sus cultivos y la biodiversidad de los ecosistemas. El ecólogo de la Universidad de Almería y director del Centro Andaluz para el Cambio Global, Javier Cabello, insiste en que “las acequias contribuyen al mantenimiento o extensión de una biodiversidad que existía previamente”. Se sabía que Sierra Nevada tiene un porcentaje de vegetación vinculada a la ribera más alto de lo esperado por su posición climática y geográfica. “Esto no quiere decir que el origen de esta flora sea la acequia, pero sí el mantenimiento en los periodos de sequía”, reitera. Los borreguiles, que albergan “altas tasas de endemicidad, han ampliado su tamaño gracias al manejo histórico de las cabeceras de los ríos”, dice como ejemplo.

Tras estudiar el impacto de la acequia de Barjas en el tiempo y el espacio sobre el bosque de roble melojo que atraviesa, concluye que “los periodos de sequía no se acusan en los anillos de crecimiento de los árboles”.

Contra las quejas de los ecólogos fluviales por el desvío de los cauces, Cabello insiste en recordar que, por un lado, estos ríos son ganadores porque los flujos subterráneos les aportan agua; y por otro, las acequias de careo sacan agua en la parte alta de la montaña solo cuando el río lleva mucho caudal, de manera que no tienen el mismo impacto que las de regadío en la parte baja para uso exclusivo del riego de cultivos. De hecho, las mediciones de poblaciones de macroinvertebrados en distintos puntos de los ríos han revelado “diferencias muy sutiles”. Martos Rosillo añade que el agua subterránea que brota en verano, al estar más fría que la superficial, sirve de refugio térmico para peces que no pueden estar en aguas calientes, como la trucha.

Empapar la ladera aporta además unos beneficios ecosistémicos muy importantes de cara al calentamiento global, como la reducción de riesgo de incendios forestales, una mayor densidad de vegetación, de biodiversidad genética, mayor absorción de carbono y control de la erosión. Y la clara función de regulación hídrica de las acequias de careo genera más fuentes en los pueblos porque hay más manantiales, donde el sapo partero y otros anfibios están a salvo de los depredadores de los ríos.

¿Cómo era Sierra Nevada antes de que existieran los sistemas de careo? “Es la pregunta del millón”, confiesa Cabello, porque queda mucha investigación por hacer. Sin acequias, los ríos se secarían en verano y el paisaje sería totalmente diferente: “No habría esta masa de bosquetes y probablemente habría bastantes menos manantiales”. En Sierra Nevada, la conquista árabe y bereber que comenzó en el siglo VIII trajo un conjunto de conocimientos muy avanzados sobre botánica, geografía, hidrología o matemáticas que transformaron el paisaje y a sus habitantes de una forma “relativamente pacífica y rápida”, apunta Martín Civantos.

Quedarse de brazos cruzados mientras esta herencia desaparece no era una opción. Así pues, Martín Civantos y una la red de colaboradores en aumento que investiga estos sistemas desde distintas disciplinas comenzaron con la de Barjas en 2014 el proceso de recuperación de acequias en desuso. Hasta la fecha han restaurado cien kilómetros de acequias, de careo y de riego, fundamentalmente en Granada, pero también en Almería y Cáceres. En 2023, la red de acequias fue reconocida por la Unesco como Sitio Demostrativo de Hidrología por la gestión respetuosa del medio ambiente, la creación de servicios ecosistémicos y el aumento de biodiversidad que generan.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha reclamado que los planes hidrológicos traten con igualdad a todos los territorios y ha rechazado que el Esquema Provisional de Temas Importantes plantee que la región pierda dotaciones de agua para garantizar el riego en otras regiones. Por este motivo, el Ejecutivo regional está trabajando ya en la presentación de alegaciones y así lo ha manifestado en la clausura del XVI Congreso Nacional de Regantes que se ha celebrado en Ciudad Real.

En este escenario, el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ante la secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García, ha demandado que los procesos de planificación recojan las necesidades reales de Castilla-La Mancha, algo que no está pasando “sino que nos están orientando en algunos casos a volver al secano, por lo tanto, a la muerte obligatoria de nuestros municipios en aquellos sitios donde se produzcan. Algo que no vamos a consentir y vamos a plantear alegaciones a las diferentes Confederaciones ahí donde creemos que esté perjudican nuestros intereses”.

“Castilla-La Mancha viene demostrando históricamente su solidaridad con otras zonas del país, pero no es aceptable que siempre se pida este compromiso a nuestra región porque el desarrollo de unos territorios no puede producirse a costa del estancamiento de otros. Por eso, reivindicamos el derecho de Castilla-La Mancha a desarrollarse, a usar el agua que nace en su territorio y a garantizar el agua para sus regantes”, ha señalado.

En este contexto, el consejero ha reivindicado la constancia del Gobierno regional “en la defensa de los derechos que nos asisten para poder utilizar el agua donde se genera, que es en nuestro territorio” en el que el sector agroalimentario aporta el 17 por ciento de su PIB. A lo que ha sumado “la posibilidad clara y objetiva de poder seguir creciendo, algo que solo es posible si se dispone de agua y se afianzan los derechos que tenemos hasta este momento”.

Asimismo, ha reclamado a los Organismos de Cuenca con competencias en la gestión del agua que contribuyan “a un uso eficiente y responsable del recurso, especialmente en el regadío”, y ha pedido que no se dificulte la actividad de los agricultores “mediante restricciones injustificadas o la aplicación de criterios desiguales entre territorios”.

Martínez Lizán ha insistido en la necesidad de mantener las concesiones del Plan Especial del Alto Guadiana más allá de 2027, una cuestión que afecta a miles de explotaciones agrícolas de la región. En ese sentido, ha abogado por “garantizar y afianzar la continuidad de todo lo que es la zona de regadío y los compromisos que se habían adquirido también por parte de otras Administraciones” para dar solución a los problemas del Alto Guadiana, especialmente a los 4.400 pozos que existen, algo que “no es un capricho sino una necesidad imperiosa para garantizar la vida de las personas que viven en todos esos pueblos”.

El Ministerio culminará todas las obras del plan de regadíos

Por su parte, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha reivindicado su inversión en modernización de regadíos en Castilla-La Mancha, donde mantiene actuaciones por más de 80 millones de euros y ha asegurado que culminarán antes de julio de este año.

Así lo ha señalado la secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García, durante la clausura, que ha especificado que de los 80 millones, 47 millones corresponden a siete actuaciones vinculadas al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Según ha precisado, tres de esas actuaciones ya han finalizado y se han entregado a las comunidades de regantes, otras dos están terminadas a falta de su recepción formal y las dos restantes continúan en ejecución.

La secretaria de Estado ha asegurado que todas esas actuaciones estarán finalizadas antes del 30 de julio de 2026, fijando así un horizonte concreto para la culminación de unos trabajos con los que el Gobierno ha querido reforzar la eficiencia hídrica y la competitividad del sector agrario.

Junto a esas inversiones, ha mencionado también el proyecto de Illana-Leganiel, donde el Ministerio está invirtiendo más de 24 millones de euros.

En este caso, ha indicado que la parte que corresponde al departamento ya ha finalizado y que la entrega a la comunidad de regantes queda pendiente de que Unión Fenosa complete su parte de la actuación. Asimismo, ha señalado que el Ejecutivo central está destinando más de 12 millones de euros a los regadíos de Mora.

En su intervención, García ha querido remarcar que la modernización del regadío debe alcanzar a todo tipo de explotaciones y comunidades. “Todos nuestros regantes, grandes, pequeños o medianos tienen el derecho a tener su modernización hecha precisamente para esa mejora utilización del agua”, ha afirmado.

La responsable ministerial ha sostenido además que el Ministerio está cumpliendo “íntegramente todos sus compromisos con Castilla-La Mancha”, y ha puesto como ejemplo las actuaciones desarrolladas en Letur y Mira tras los daños provocados por la dana. En ese punto, ha detallado que ya se ha ejecutado el 98% de los caminos rurales comprometidos en Letur y Mira, mientras que en el caso de las comunidades de regantes el grado de ejecución alcanza el 79%, a falta de resolver una cuestión relacionada con un paso en una captación de agua.

En el tramo final de su discurso, la secretaria de Estado ha destacado el papel de Fenacore como estructura de interlocución del regadío en España, recordando su presencia tanto en la Mesa Nacional del Regadío como en el Observatorio del Regadío.

También, el consejero Martínez Lizán ha trasladado un reconocimiento expreso a quienes han hecho posible este encuentro, la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España y la Comunidad de Usuarios de Aguas Subterráneas Mancha Occidental II, que, durante toda esta semana ha convertido a Ciudad Real y al conjunto de la Mancha Occidental en el epicentro del debate sobre el presente y el futuro del regadío en España, reuniendo a regantes, expertos, investigadores, empresas y responsables públicos.

La Plataforma por el Agua Pública de Daimiel ha recurrido el segundo intento por parte del ayuntamiento de este municipio de Ciudad Real de privatizar la gestión del agua, después de que el pasado 11 de marzo, la Junta de Gobierno Local aprobase la segunda adjudicación del contrato del servicio público de abastecimiento, saneamiento y depuración del municipio.

La plataforma ha presentado su recurso ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, al considerar que el Ayuntamiento “ha cometido un nuevo error en esta segunda adjudicación al igual que lo hizo en la primera”.

A juicio de este colectivo, que mantiene abierta una batalla abierta desde comienzos del año 2025 frente a la privatización del servicio de agua en el municipio, la adjudicación se ha realizado “sin respetar los principios de igualdad de trato, transparencia y proporcionalidad”. Lo argumenta en el hecho de que no se ha procedido a una nueva valoración y clasificación de las ofertas e incluso cree que se ha vulnerado la correcta aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público y la jurisprudencia de la Audiencia Nacional

Según indica la plataforma, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha suspendido la tramitación del procedimiento de contratación hasta la resolución de este recurso.

“Este error no es el primero que el ayuntamiento comete en esta licitación que presenta ya muchas máculas como es el fallo de este mismo tribunal que, en junio del 2025, dio la razón al recurso interpuesto por una de las empresas ofertantes indicando 'graves irregularidades que afectan a la transparencia y validez del proceso' lo que provocó que la primera adjudicación no prosperase”, advierten.

25 años de concesión que, dicen, no se justifica

Desde su punto de vista, “el proceso ha adolecido de otras carencias importantes en fases previas como son la falta de justificación suficiente del plazo de 25 años de concesión y la falta del obligatorio estudio comparativo de modelos de gestión para el servicio. según las leyes que le aplican. En concreto citan la Ley de Contratos del Sector Público y de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

“El Ayuntamiento sigue sin estudiar cual sería el mejor modelo de gestión para Daimiel limitándose a hacer aseveraciones como que notiene recursos o que no salen las cuentas”. Es el argumento que viene manteniendo el consistorio gobernado por el PP desde que se iniciase el proceso.

Desde la plataforma ver contradictoria su postura. “Si salen las cuentas para una empresa, saldrían las cuentas para este Ayuntamiento”. No es tampoco la primera vez que contraargumenta así este colectivo ciudadano. Con un servicio público, aseguran, “el Ayuntamiento, al menos, se ahorraría parte de los impuestos, el reparto de beneficios y la mejora de inversiones vía subvenciones”.

Reclaman que se declare desierta o se desista de la adjudicación

A las pegas que cita la plataforma, se suma también la interposición en septiembre del año pasado de un nuevo recurso por parte de la primera empresa adjudicataria ya excluida de la licitación. “Si este recurso prosperase, el Ayuntamiento tendría que indemnizar a la empresa excluida y firmar con ella este contrato” y en caso de que ya se hubiese suscrito con otra, “tendría que resolverlo indemnizar también a esta segunda empresa y devolverle las inversiones realizadas no amortizadas que en al plazo del contrato ascienden a un total de 12 millones de euros”.

La plataforma pide al ayuntamiento que desista o declare desierta la que considera una “cuestionada licitación” no solo, explican, por “el nuevo error cometido al no realizar una correcta aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público y la jurisprudencia de la Audiencia Nacional”, sino por las presuntas “graves irregularidades que afectan a la transparencia y validez del proceso de licitación”, la falta de justificación suficiente del plazo de 25 años de concesión o del “obligatorio estudio comparativo de modelos de gestión para el servicio” que marca la ley.

También lo reclaman apelando a los “posibles perjuicios económicos millonarios” que puede causar a los daimieleños el recurso interpuesto por la empresa excluida si este prosperase. En su opinión, esta es “la opción menos mala que como mucho implicaría asumir las posibles indemnizaciones a las empresas ofertantes”.

Estimado Emiliano García-Page:

Leemos con auténtica preocupación sus declaraciones en el marco del acto institucional del Día Mundial del Agua que se celebró el 22 de marzo. Usted no está de acuerdo con los primeros planteamientos de los planes de cuenca, no quiere ajustes con el agua, quiere poder realizar personalmente parte de la gestión de las confederaciones hidrográficas porque quiere seguir despilfarrando el agua que nos pertenece a todos los habitantes de Castilla La Mancha.

Le recomendamos que cambie de asesores y se rodee de científicos e hidrogeólogos si de verdad quiere mejorar la vida de los habitantes de esta maltratada comunidad autónoma. Le vamos a aportar datos para reflexionar y para preguntarse dónde vamos con el actual despilfarro de un recurso vital imprescindible para la vida como usted mismo dice.

El agua, en contra de su personal creencia de abundancia infinita, es un recurso escaso. La mayor parte del agua en nuestro planeta es salada, el 97,5 % y tan sólo un 2,5 % del agua es dulce. Según datos de la FAO: disponemos de 9-14 millones de hm3 en el mundo disponibles para uso humano (es decir <0,04% del agua dulce). España, debido a su alto consumo actual en función del agua real de la que disponemos, es un país con estrés hídrico severo (Sanchez Gómez con datos de la FAO).

La mayor parte de los estudios de modelización sobre cambio climático realizados por la AEMET y el IPCC (panel intergubernamental para el cambio climático) muestran el arco mediterráneo como una zona “caliente” dónde el cambio climático va a tener un efecto importante. El IPCC muestra en un escenario de emisiones medias, con aumento de temperatura y variación en las precipitaciones una disminución de la escorrentía para finales de siglo, en el arco mediterráneo, entre un 30%-40%. España que actualmente tiene un estrés hídrico severo puede pasar a finales de siglo a estrés hídrico extremo.

Es una realidad basada en la Ciencia, que a pesar de que estos dos últimos años ha llovido abundantemente dándonos un respiro, que las modelizaciones realizadas sobre los efectos globales del cambio climático y los estudios de tendencias muestran que en España cada vez llueve menos; en la cabecera del Tajo, estudios realizados por la Universidad de Alcalá (UAH) comparando las precipitaciones en la zona en los periodos 1951-1980 y 1980-2022 demuestran que hemos tenido una disminución de lluvias de un 16%, un aumento de temperatura de 1º C lo que ha provocado una disminución en escorrentía de un 48% (efecto multiplicador). Los resultados de los estudios y tesis doctorales llevadas a cabo por la UAH muestran que en la cuenca del Tajo para finales de siglo, la escorrentía podrá variar entre un 25% y un 50% de media, pero con gran variabilidad dependiendo de las regiones (Tesis Doctoral Alejandro Sánchez Gómez, 2026).

Ante estos datos científicos, un buen gestor evitaría despilfarrar el agua y pondría en prioridad absoluta la resiliencia del territorio para poder abastecer de agua (ahora y a finales de siglo) a los habitantes de la comunidad autónoma: abastecimiento y calidad del agua respetando los caudales ecológicos para conservar nuestros ríos y humedales. Somos una comunidad y un país con estrés hídrico severo y todos nuestros esfuerzos deberían centrarse en conservar nuestros acuíferos y embalses evitando consumos por encima de nuestras posibilidades reales.

Sin embargo, se siguen impulsando nuevos proyectos bajo el mantra del crecimiento ilimitado: más regadíos, pero, sobre todo, nuevas industrias electro intensivas como son las fábricas de hidrógeno y los centros de datos, que acaparan todos los recursos hídricos y de energía eléctrica allí donde se instalan y que se caracterizan por su falta de transparencia de sus consumos de agua y energía (Valdivia, 2024).

En Guadalajara ya existen centros de datos en marcha, como el de Torija, y otros previstos en la capital y en Cifuentes, que van a multiplicar el “consumo de territorio” al requerir nuevos macroproyectos de renovables (eólica y fotovoltaica, subestaciones y líneas de alta tensión) para alimentarlos, expoliando campos agrarios, masas forestales y aumentando las expropiaciones de terreno.

Pero lo más preocupante es el ingente aumento de consumo de agua. Según su administración, dichos centros no tienen un consumo de agua significativo porque refrigeran sus instalaciones con aire seco las 24 horas. Sin embargo, tal afirmación no se ampara en ningún dato creíble: como es conocido a nivel internacional, cualquier instalación o raks que supere los 30Kw precisa un enfriamiento basado en agua debido al enorme calentamiento de los servidores. En consecuencia, los datos reales de consumo de agua multiplican escandalosamente las cifras anunciadas por las empresas, tal y como señalan diversos estudios: los nuevos centros de datos de Google, Microsoft, Meta y Apple tienen un gasto de agua superior en un 662% a las declaradas oficialmente (O´Brian, 2025). Sin embargo, las administraciones no están cuestionando estas previsiones, mientras las compañías eluden evaluaciones ambientales más exigentes al ubicarse en polígonos industriales, sin valorar el impacto real sobre los acuíferos subterráneos y embalses de los que pretenden abastecerse, incluidas las Confederaciones Hidrográficas, que deberían estar poniendo el grito en el cielo.

La experiencia internacional también debería servir de advertencia. Países con bastantes menos problemas hídricos que España, como los Países Bajos, ya han restringido la instalación de nuevos centros de datos precisamente por su elevadísimo consumo de agua. En otros lugares donde estas infraestructuras ya se han implantado, se han detectado impactos preocupantes como la desecación del territorio, el avance de la desertificación y tensiones crecientes en el suministro eléctrico.

Señor Emiliano García-Page, en los territorios rurales estamos saturados y hartos de proyectos que enriquecen a unos pocos mientras comprometen la calidad de vida y el futuro de nuestros pueblos. Si de verdad apuesta por una buena gestión, es el momento de priorizar la conservación del agua, proteger nuestros paisajes, apoyar la agricultura y la ganadería sostenibles e impulsar energías renovables a pequeña escala y comunidades energéticas. En definitiva, es el momento de apostar por un desarrollo que cuide el territorio que vamos a dejar a nuestros hijos y nietos.

El martes 14 de abril la plantilla Txinzer ha cumplido 100 días de huelga indefinida. Este miércoles, el comité de la empresa pública, dependiente de los ayuntamientos de Irún y Hondarribia, ha declarado ante los medios que alcanzar esta cifra evidencia el “no querer resolver el conflicto”. Asimismo, advierte de que la falta de “avances en la negociación” ya está generando consecuencias en los servicios públicos de ambos municipios.

Alaitz Egiazabal, presidenta del comité de empresa, afirma que el conflicto se origina en un “deterioro de las condiciones laborales” prolongado en el tiempo. En comparación con otros servicios públicos similares, señala que los trabajadores acumulan “veinte puntos de pérdida de poder adquisitivo”. Según explica, el salario de un subcontratado ronda los 33.000 euros anuales, el de un trabajador interno los 28.000, mientras que la nueva propuesta lo reduciría a 26.000 euros.

La brecha salarial, añade Egiazabal, se triplica entre directivos y operarios, lo que considera una muestra “de un modelo claramente clasista” en la empresa. A ello se suma la falta de reconocimiento de la labor de los operarios, sin tener en cuenta la “toxicidad, peligrosidad y penosidad” de muchos puestos.

Seis meses antes de convocar la huelga, el comité intentó negociar sin éxito con la empresa. Ante la falta de avances, recurrieron al sindicato ELA y, desde el 5 de enero, los trabajadores se encuentran en huelga, que desde el 6 de febrero es indefinida. ELA ha denunciado a la empresa ante la Inspección de Trabajo y ha interpuesto una demanda en el juzgado de lo social por esquirolaje, es decir, por sustituir a trabajadores en huelga. La Constitución Española recoge en su artículo 28.2 el derecho fundamental a la huelga, que prohíbe esta práctica. Egiazabal ha señalado que el día anterior conocieron la sustitución de un miembro del comité de huelga.

La presidenta describe “una estrategia clara” por parte de la empresa: “reuniones sin contenido, calendarios abiertos, sin propuestas y dilación constante”. Reclama “decisiones políticas” y sostiene que existe una solución “sobre la mesa que supone menos de un 1%” del presupuesto de Txinzer para 2026. Insiste en que la empresa busca “alargar para descargar” mientras “intenta trasladar una imagen de normalidad que no existe”.

Las consecuencias del conflicto ya son visibles en Hondarribia, donde la atención pública y el Garbigune permanecen cerrados. Tampoco se están limpiando los depósitos de agua ni la red de alcantarillado, ni se realizan mantenimientos preventivos. Además, más de 24.000 hogares han recibido un recibo de agua incorrecto debido a la implantación de un nuevo sistema, lo que ha generado perjuicios económicos. Egiazabal advierte de que, si la situación continúa, podrían producirse daños en las instalaciones, malos olores y la aparición de ratas y cucarachas.

Alcalá de Henares afronta este miércoles su segundo día con problemas en el suministro de agua, con episodios de bajo caudal y cortes intermitentes en numerosos puntos del municipio, pese a que la avería en el sistema de abastecimiento que originó la incidencia, gestionado por la Mancomunidad de Aguas del Sorbe (MAS), ya ha sido resuelta.

El Ayuntamiento informó este martes de que los cortes de suministro se debían a la rotura de una conducción en Yunquera de Henares (Guadalajara) y otras incidencias posteriores en la red, que obligaron a interrumpir el servicio en 44 municipios gestionados por MAS, entre ellos Alcalá. Aunque la avería quedó reparada a lo largo de la mañana del martes, la recuperación del suministro en la ciudad complutense, tal y como avanzó la alcaldesa, Judith Piquet, será más lenta al ser uno de los municipios situados más aguas abajo.

Así, muchos hogares alcalaínos han amanecido este miércoles con los mismos problemas en el suministro, con surtidores que apenas arrojan un hilo de agua y cortes totales intermitentes, según apunta una vecina a Europa Press.

Algunas instituciones ya han puesto en marcha medidas, como la Universidad de Alcalá de Henares (UAH), que ha informado de la suspensión provisional de las clases en los edificios de la Escuela Politécnica Superior, Enfermería y Fisioterapia, Medicina y Ciencias Ambientales y Criminalística.

El Ayuntamiento ha explicado que, pese a que la avería principal ya ha sido reparada, el sistema necesita tiempo para recuperar su funcionamiento habitual, ya que la red se está llenando de forma progresiva --primero las conducciones, después los depósitos y finalmente los domicilios--, lo que retrasa la llegada del agua a algunos puntos del municipio.

Por su parte, el gerente de Aguas de Alcalá, Antonio García del Pino, ha indicado este miércoles en declaraciones remitidas a los medios que, según los últimos datos disponibles, “están entrando en la red municipal en torno a 600 litros por segundo, frente a una demanda actual del municipio en un momento como este estaría en torno a los 700”.

En la tarde de este martes, una incidencia registrada en Marchamalo obligó a reducir el caudal durante varias horas, ralentizando aún más la recuperación, especialmente en las zonas más alejadas o elevadas, que son las últimas en recuperar la presión, ha indicado en un comunicado el Consistorio.

Pese a ello, destaca que el caudal ya se está incrementando y la evolución es positiva, por lo que se espera que el suministro quede prácticamente normalizado “en las próximas horas”, aunque en algunas áreas concretas, sobre todo las más altas del municipio, la recuperación podría demorarse hasta este jueves.

En cualquier caso, ha subrayado que el proceso se está llevando a cabo de forma controlada y con cautela para evitar nuevas roturas en la red que obliguen a cortes generalizados, al tiempo que ha indicado que el suministro ya ha comenzado a restablecerse de manera parcial en distintos distritos, con presión irregular o intermitente, mientras que otras zonas continúan sin agua debido a su posición en la red.

El Ayuntamiento mantiene el dispositivo de emergencia en coordinación con la Mancomunidad de Aguas del Sorbe y Canal de Isabel II para garantizar el abastecimiento, especialmente a los colectivos más vulnerables, y recomienda a la población un uso responsable del agua mientras continúa la escasez en los hogares.

Algunas instituciones ya han puesto en marcha medidas, como la Universidad de Alcalá de Henares (UAH), que ha informado de la suspensión de las clases en los edificios de la Escuela Politécnica Superior y Enfermería y Fisioterapia, mientras que continúa la actividad en Medicina y Ciencias Ambientales y Criminalística.

Golpe a los comercios

El agua, o mejor dicho la falta de ella, es el tema del día en los corrillos que se forman entre vecinos en las calles y también el tema de conversación en las terrazas de los bares de la ciudad.

Y es que, más allá de los hogares, la falta de suministro de agua también está teniendo impacto en el tejido comercial, especialmente en negocios que dependen directamente de este recurso para su actividad diaria, como las peluquerías, que han decidido mantener la persiana abierta para otros servicios como manicuras.

Además, los hosteleros también han optado por mantener la actividad este miércoles. En uno de ellos, trasladan a Europa Press que no tienen ni gota de agua, por lo que no puede ofrecer a sus clientes algunos productos como cafés. Además, ha explicado que para sortear este problema tienen que lavar la loza a mano, puesto que no se puede hacer uso del lavavajillas.

Por otro lado, la situación también se está dejando notar en los supermercados, donde comienza a escasear el agua embotellada. En varios establecimientos, tal y como ha podido comprobar Europa Press, las estanterías destinadas a garrafas y botellas se encuentran ya vacías desde primeras horas. “No hay agua en ningún súper”, se lamenta una mujer.

Es por ello que algunos vecinos han optado por hacer uso de las socorridas fuentes públicas, aquejadas también de poca presión, para poder rellenar alguna botella para llevarse a casa.

Según ha explicado un empleado de un supermercado a esta agencia de noticias, se están registrando compras masivas por parte de algunos clientes, que llegan a llevarse incluso siete u ocho garrafas en una sola compra, una escena que recuerda a la escasez vivida durante la pandemia por el acopio desmesurado de productos básicos.

La Consejería de Desarrollo Sostenible ha modificado su estructura orgánica para incorporar entre sus departamentos a la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha. El cambio es fruto de la reciente decisión del Ejecutivo regional eliminar su condición de organismo autónomo, tal y como se anunció a finales de 2025.

Ahora se integrará en este departamento del Gobierno regional, tras la aprobación en las Cortes de Castilla-La Mancha de la Ley de Medidas Administrativas y Tributarias de Castilla-La Mancha, conocida como la ley de acompañamiento, que recoge esta circunstancia.

La Agencia del Agua pasa a ser la Dirección General del Agua que ostentará Montserrat Muro, directora hasta ahora del organismo. Una medida que el Ejecutivo regional justifica en la necesidad de “mejorar la eficacia de las políticas públicas en materia de agua y reforzar la sostenibilidad financiera del sector público autonómico”.

La Agencia del Agua de Castilla-La Mancha fue inicialmente creada mediante la Ley 6/2009, de 17 de diciembre y posteriormente derogada por otra norma, la Ley de Aguas de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, que reguló nuevamente su régimen jurídico y funcional.

La modificación también incluye la incorporación del Consejo del Agua de Castilla-La Mancha a la estructura de la Consejería de Desarrollo Sostenible como órgano colegiado

¿Cuáles serán sus funciones?

Más allá de las funciones generales de esta nueva Dirección General del Agua, como cualquier otra dentro de la Consejería de Desarrollo Sostenible, asume más competencias específicas.

Deberá programar, ejecutar y explotar las obras hidráulicas declaradas de interés regional, incluyendo las relativas a abastecimiento de agua, saneamiento, depuración, encauzamiento y defensa de márgenes de ríos en áreas urbanas y aprovechamientos hidráulicos en general.

También se ocupará de ejecutar y explotar obras de titularidad del Estado que tenga encomendadas la comunidad autónoma. Por ejemplo, la conocida como tubería manchega, que llevará agua del río Tajo a la provincia de Ciudad Real, ya en la cuenca del Guadiana.

Deberá desarrollar programas, ordenar y proteger los recursos hídricos competencia de la comunidad, y otros a realizar en coordinación con la planificación hidrológica del Estado.

Se arroga la competenica de elaborar un censo de los aprovechamientos de las aguas subterráneas y superficiales que afecten a la región, en coordinación con los organismos de cuenca y también la propuesta para nombrar a los representantes autonómicos en los órganos de la Administración hidráulica del Estado.

Gestionará las solicitud de autorizaciones, concesiones y reservas de recursos hídricos, que le reconozca la legislación de aguas y emitirá informes en los procedimientos de autorización de contratos de cesión de derechos de uso de aguas o de concertación interadministrativa.

Otra de sus funciones será la de inspección y control de los servicios de abastecimiento, saneamiento y depuración, que sean de su competencia, en particular las relativas a caudales circulantes, vigilancia y control de la calidad de las aguas, vertidos y contaminación.

Gestionará el canon medioambiental del agua

Esta dirección general también se ocupará de gestionar, recaudar y adeministrar los recursos económicos que le atribuye la Ley 2/2022, de 18 de febrero, de Aguas de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

Entre esos recursos se encuentra el canon medioambiental del agua (o canon DMA, asociado a la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea), un tributo propio de Castilla-La Mancha que entró en vigor el 1 de enero de 2025.

El decreto que regula la nueva estructura entra en vigor mañana 16 de abril.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha advertido este martes en Ciudad Real de la situación “compleja” que atraviesa el sector agrario español, marcada por factores climáticos, geopolíticos y económicos, y ha reafirmado el compromiso del Gobierno con el regadío como pilar estratégico de la producción agroalimentaria.

Durante su intervención en el XVI Congreso Nacional de Comunidades de Regantes, Planas ha subrayado que el sector se enfrenta a un escenario de incertidumbre derivado de la inestabilidad internacional, como la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos o el conflicto en Oriente Medio, que está impactando directamente en los costes de producción, especialmente en el precio del gasóleo y de los fertilizantes.

Ante esta situación, el ministro ha recordado la aprobación reciente de medidas de apoyo, entre ellas ayudas directas a los fertilizantes de 22 euros por hectárea en secano y 55 euros por hectárea en regadío, así como bonificaciones al gasóleo profesional.

“Estamos siguiendo muy de cerca la evolución y, si es necesario, adoptaremos nuevas medidas para garantizar la continuidad de la producción agroalimentaria”, ha asegurado.

En relación con los fertilizantes, Planas ha alertado de la alta dependencia de la Unión Europea de terceros países como Rusia, Bielorrusia, China o Egipto, lo que supone un riesgo estratégico.

Por ello, ha avanzado que España está impulsando un plan europeo de fertilizantes que será presentado próximamente por la Comisión Europea, con el objetivo de reforzar la autonomía productiva y reducir la vulnerabilidad del sector.

El ministro ha destacado el papel central del regadío en el sistema agrario español, recordando que, aunque ocupa el 22 % de la superficie agraria útil, genera el 71 % de la producción final vegetal. “Esto demuestra que somos altamente competitivos y una referencia internacional en gestión eficiente del agua y producción de alto valor añadido”, ha afirmado.

En este sentido, ha puesto en valor que España cuenta con casi 3,8 millones de hectáreas de regadío, la mayor superficie de la Unión Europea, y lidera a nivel mundial el riego localizado, apoyado por una industria tecnológica puntera.

Planas ha insistido en que el Gobierno mantiene una “apuesta decidida, estratégica y prioritaria” por el regadío, materializada en un plan de modernización dotado con 2.700 millones de euros entre 2021 y 2027.

Este programa contempla actuaciones sobre 750.000 hectáreas, de las cuales 200.000 serán modernizadas por primera vez, con el objetivo de avanzar hacia un modelo más eficiente, digitalizado y sostenible.

El ministro ha subrayado que estas inversiones buscan no solo mejorar la eficiencia hídrica, sino también garantizar la sostenibilidad ambiental mediante el uso preciso de fertilizantes y fitosanitarios, así como reducir el consumo energético.

En cuanto a la Política Agraria Común (PAC), Planas ha defendido que el regadío siga siendo elegible para recibir financiación europea en el próximo periodo, una cuestión que actualmente no figura en las propuestas iniciales de la Comisión Europea. “España está batallando para lograrlo”, ha afirmado, destacando la unidad de acción entre el Gobierno, las comunidades autónomas y el sector.

El ministro también ha hecho hincapié en los retos derivados del cambio climático, advirtiendo de que España podría sufrir una reducción de entre el 12 % y el 40 % en los recursos hídricos a finales de siglo. En este contexto, ha defendido el regadío como una herramienta clave para garantizar la estabilidad de las producciones y la seguridad alimentaria.

El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha defendido este martes en Ciudad Real la necesidad de seguir ampliando las zonas de regadío en la región con criterios de sostenibilidad, al tiempo que ha reclamado la prórroga de la Directiva Marco del Agua para evitar efectos socioeconómicos negativos.

Caballero ha realizado estas declaraciones durante su intervención en el XVI Congreso Nacional de Comunidades de Regantes, donde ha subrayado la importancia estratégica de este sector para la economía regional y nacional y ha recordado que España es uno de los principales productores agroalimentarios de la Unión Europea y que Castilla-La Mancha ocupa una posición destacada en este ámbito, con un peso significativo del regadío.

En declaraciones a los medios, ha señalado que el Ejecutivo regional mantiene una “defensa clara” del regadío, apostando por su crecimiento pese a las limitaciones del recurso hídrico y al contexto de cambio climático.

Según ha explicado, los avances tecnológicos permiten actualmente “producir más con menos agua”, gracias a la innovación, la digitalización, la inteligencia artificial y la sostenibilidad energética.

En este contexto, ha asegurado que el Gobierno regional continuará apoyando económicamente tanto la creación de nuevos regadíos como la modernización de los existentes y ha señalado que “Castilla-La Mancha, ha indicado, se sitúa aún un 5 % por debajo de la media nacional en superficie regada, por lo que ha considerado necesario avanzar para igualar esos niveles”.

Caballero ha destacado, además, que el 70 % de los regadíos de la región ya son eficientes, un dato que, a su juicio, demuestra el esfuerzo realizado en modernización y uso responsable del agua, y ha defendido que el desarrollo del regadío es compatible con la protección del medio ambiente y resulta clave para garantizar la viabilidad económica y social de las zonas rurales.

El vicepresidente segundo ha insistido en que el sector agroalimentario representa en torno al 17 % del PIB regional, por lo que ha advertido de que “no se puede prescindir del regadío si se quiere mantener el desarrollo económico y la población en el territorio”.

Directiva Marco del Agua

En relación con la política hidráulica, Caballero ha señalado que el Ejecutivo autonómico está trabajando en la presentación de alegaciones a los actuales planteamientos en materia de planificación del agua y mantiene una presencia activa en organismos europeos como el Comité de las Regiones con el objetivo de lograr una prórroga en la aplicación de la Directiva Marco del Agua cuando su cumplimiento pueda generar efectos socioeconómicos adversos.

Ha rechazado la posibilidad de que se extingan concesiones de agua, como las vinculadas al Plan Especial del Alto Guadiana, y ha defendido la necesidad de regular situaciones pendientes en determinadas explotaciones.

Caballero también ha reiterado, como ya señaló el presidente de la región Emiliano García-Page durante el Día Mundial del Agua, que el Gobierno regional estudia plantear al Ministerio para la Transición Ecológica una encomienda de gestión que permita a la comunidad autónoma asumir parte de los trámites administrativos relacionados con el agua, con el fin de reducir la burocracia y agilizar los procedimientos.

Y ha subrayado que, pese a las dificultades existentes, el sector cuenta con “motivos para la esperanza”, gracias al desarrollo tecnológico y al papel de las comunidades de regantes, a las que ha definido como organizaciones “responsables y comprometidas”.

Ha afirmado que Castilla-La Mancha defenderá sus intereses en materia hídrica sin buscar el enfrentamiento con otras administraciones, pero sin renunciar al debate cuando sea necesario, con el objetivo de garantizar un uso sostenible y equilibrado del agua.

Valencia pide no “regatear” agua al Levante

El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca de la Generalitat Valenciana, Miguel Barrachina Ros, que también ha asistido a la primera jornada de este congreso en Ciudad Real, ha reclamado no “regatear” agua al Levante y ha defendido que no se recorten las “aportaciones históricas” del trasvase Tajo-Segura.

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios, asegurando que España “no tiene un problema de agua, sino de gestión y solidaridad”, y ha defendido el derecho de todas las regiones a acceder a los recursos hídricos disponibles en el conjunto del país.

En este sentido, ha pedido “no pelearnos por vasos de agua cuando dejamos perder ríos enteros”, apostando por una mayor planificación y aprovechamiento de los recursos disponibles.

En relación con el trasvase Tajo-Segura, ha insistido en que territorios como la Comunidad Valenciana y Murcia “también tienen derecho al agua de los españoles”, rechazando cualquier reducción de los caudales.

“No vayamos hacia atrás, vayamos hacia adelante”, ha señalado, al tiempo que ha defendido mantener las aportaciones históricas que reciben los regantes del sureste.

El conseller ha defendido la necesidad de mejorar la capacidad de almacenamiento y distribución mediante inversiones en infraestructuras hidráulicas, como embalses y sistemas de trasvase, y ha advertido de que en España “se deja perder una gran cantidad de agua” por falta de estas actuaciones.

En este contexto, ha hecho referencia a los compromisos internacionales en materia hídrica, como el tratado de Albufeira con Portugal, señalando que España ya ha superado las cantidades acordadas de suministro, y ha pedido que se mantenga el mismo criterio de “equilibrio y respeto” en el reparto interno.

Barrachina también ha insistido en que, ante el escenario de cambio climático, es necesario reforzar las inversiones en infraestructuras hidráulicas en lugar de reducirlas, con el objetivo de garantizar la disponibilidad de agua en el futuro.

Respecto al recurso presentado por el Gobierno de Castilla-La Mancha ante el Tribunal Supremo por el incumplimiento de las sentencias sobre el trasvase Tajo-Segura, el consejero valenciano ha reiterado su “respeto absoluto” y ha evitado entrar en la confrontación política, centrando el debate en la gestión global del agua y en la necesidad de incrementar las infraestructuras hidráulicas.

Finzalizan las obras de mejora y automatización de la estación de tratamiento de agua potable (ETAP) del municipio albaceteño de Letur, afectada por la dana de octubre de 2024.

La Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT) ha llevado a cabo estos trabajos durante 18 meses y han supuesto una inversión total de 4.713.349,14 euros, financiada con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), frente al presupuesto de un millón de euros inicial.

Desde la MCT explican que el proyecto ha consistido en la revisión, reubicación e implementación de instrumentación y analítica; la reforma de la programación de los controladores lógicos programables (PLC), pantallas táctiles y los controles supervisores y de adquisición de datos (Scada) en sus distintos procesos, la ampliación de entradas-salidas en PLC; la instalación de una nueva red de protocolo de control de transmisión/protocolo de internet (TCP/IP) de fibra óptica en los PLC; y el desarrollo de un nuevo sistema Scada que permite integrar la totalidad de la ETAP y su gestión. Asimismo, se ha procedido a realizar adecuaciones eléctricas para las distintas instalaciones de la potabilizadora.

Objetivo: aumentar eficiencia y eficacia

Juan Cascales, presidente de la MCT, ha señalado que “el objetivo de la actuación ha sido realizar nuevas implementaciones y las reformas necesarias para la automatización de los procesos de tratamiento de la planta con el fin de optimizar la operación, garantizar la seguridad en el tratamiento y conseguir mejorar la calidad del agua tratada al implementar tecnología de última generación para aumentar la eficiencia y eficacia en el proceso llevado a cabo en la potabilizadora”.

Asimismo, la actuación “permite alcanzar un alto grado de automatización y digitalización de las instalaciones, en línea con las reglamentaciones vigentes y a las especificidades de seguridad industrial de la MCT”, ha indicado el presidente del organismo.

Hasta ahora el grado de automatización de la planta “era muy reducido y prácticamente todos los procesos funcionaban de forma manual”, situación favorecida por la estabilidad de los caudales de producción y la gran calidad del agua bruta, según ha destacado la Mancomunidad.

La ETAP de Letur entró en servicio en 1974, simultáneamente a la Presa de Embalse del Taibilla y trata exclusivamente los caudales captados en el río Taibilla que son conducidos hasta la potabilizadora a través de los canales que integran el primitivo sistema hidráulico.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Albacete ha agradecido al presidente de la Mancomunidad su trabajo “porque con esta inversión en la estación potabilizadora se da servicio a dos poblaciones de la provincia de Albacete, Férez y Socovos, pero también a la región de Murcia llevando su agua hasta Cartagena” y ha proseguido agradeciendo a las empresas encargadas de la ejecución de las obras en la infraestructura “por el grado de desarrollo tecnológico que han implementado para que podamos tener una planta potabilizadora de primer orden que garantiza los parámetros de calidad del agua”.

La Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (Fenacore) ha pedido ampliar las medidas para mitigar los efectos de la crisis energética, advirtiendo de que, si no se refuerzan, podrían provocar una reducción de la actividad agraria y afectar al abastecimiento y al precio de los alimentos.

Así lo han puesto de manifiesto durante el XVI Congreso Nacional de Comunidades de Regantes, que arranca este martes en Ciudad Real con más de 800 asistentes, donde han dicho que los agricultores afrontan un contexto adverso marcado por el aumento de los costes energéticos y de fertilizantes, lo que compromete su viabilidad económica.

Fenacore solicita ayudas directas, créditos blandos y mayor flexibilidad en los plazos de amortización y aunque valora positivamente la medida de la doble potencia eléctrica —que podría reducir más del 20% del coste energético y ahorrar unos 40.000 euros anuales por explotación— considera que la crisis es estructural y requiere soluciones a largo plazo.

Además, apuesta por modernizar el regadío, mejorar infraestructuras hidráulicas e impulsar energías renovables para autoconsumo, con el fin de reducir la dependencia energética.

En materia hídrica, reclama reforzar la capacidad de embalse y una gestión del agua basada en criterios técnicos, adaptada al cambio climático. También solicita una inversión anual de 100 millones de euros para el mantenimiento de presas y mejoras en canales de riego.

Fenacore ha asegurado que el regadío es clave para la seguridad alimentaria y pide una política de Estado que garantice la sostenibilidad del sector agrario.

El presidente de la Comunidad de Usuarios de Mancha Occidental II y del congreso, José Joaquín Gómez, ha explicado a los periodistas al inicio de la jornada que el congreso es una oportunidad para “tomar conciencia sobre un recurso tan sensible como el agua” y ha defendido la necesidad de abordarlo como “un problema de Estado” que requiere soluciones globales y consensuadas.

Gómez ha puesto en valor la participación de administraciones, empresas tecnológicas y comunidades de regantes, destacando la capacidad del sector para avanzar en modernización y alcanzar acuerdos que permitan garantizar su futuro.

En este sentido, ha resaltado el papel de las empresas presentes en el congreso, que muestran el potencial innovador del regadío español.

El vicepresidente segundo de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha defendido el papel del regadío como elemento clave para el desarrollo agroalimentario y ha recordado que España es uno de los principales productores de la Unión Europea y que Castilla-La Mancha ocupa una posición destacada en este ámbito.

Por su parte, la directora general del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, María Dolores Pascual, ha señalado que este tipo de encuentros permiten reflexionar sobre el carácter estratégico del regadío, tanto para el desarrollo económico como para el equilibrio territorial, especialmente en zonas rurales.

Pascual ha insistido en que la sostenibilidad debe ser el eje central del sector, no solo desde el punto de vista ambiental, sino también económico y tecnológico, y ha destacado los esfuerzos en modernización y digitalización, al tiempo que ha avanzado que el Ministerio estará atento a las conclusiones del congreso para incorporarlas a los procesos de planificación hidrológica en marcha.

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha planteado la necesidad de adaptar la aplicación de la Directiva Marco del Agua a las particularidades de cada territorio y ha defendido el impulso de infraestructuras hidráulicas y medidas de reutilización que permitan garantizar el abastecimiento y el desarrollo agrícola.

El PP reclama un plan de regadíos

En la inauguración del Congreso ha estado presente el presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, quien ha defendido la necesidad de avanzar hacia un Pacto Nacional por el Agua que permita dejar atrás la “confrontación política” y convertir este recurso en un elemento de generación de riqueza y oportunidades.

Núñez ha subrayado que “sin agua no hay agricultura ni hay ganadería”, y ha insistido en que el debate hídrico debe abordarse desde el consenso, evitando su utilización como herramienta de enfrentamiento.

En este sentido, ha recordado la existencia del Pacto Regional por el Agua firmado hace más de cinco años en Castilla-La Mancha, del que ha asegurado que “no se ha cumplido ni una sola línea”.

El líder 'popular' ha reclamado la puesta en marcha de una auditoría hídrica para conocer la disponibilidad real de recursos en la región, así como la elaboración de un mapa de necesidades que permita planificar el uso del agua en agricultura, industria y consumo urbano.

Además, ha urgido a activar un plan de regadíos, denunciando que el 64% del presupuesto destinado a este fin en los últimos ocho años no se ha ejecutado.

Finalmente, Núñez ha advertido de la incertidumbre existente en torno a la situación de los pozos y ha defendido priorizar las necesidades hídricas de Castilla-La Mancha antes de cualquier cesión, apostando por una política que sitúe el agua en el centro de la agenda desde una perspectiva económica y estratégica.

Vox defiende un plan nacional del agua

El Congreso también ha contado con la presencia del presidente del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, David Moreno, que ha reivindicado la necesidad de un plan nacional del agua, una propuesta que, según ha defendido, permitiría ordenar las inversiones en infraestructuras hidráulicas, modernizar los regadíos y ampliar la superficie de cultivo.

Asimismo, ha criticado las políticas hídricas impulsadas tanto por el PSOE como por el PP, señalando que, a su juicio, están condicionadas por decisiones adoptadas en el ámbito europeo. En este contexto, ha cuestionado la financiación de proyectos hidráulicos en terceros países, como Marruecos, al considerar que generan una competencia desleal para los agricultores y ganaderos españoles.

En su intervención, también ha reclamado priorizar las inversiones en infraestructuras dentro del territorio nacional y ha advertido de que no es coherente, en su opinión, limitar el uso del agua para regadío en España mientras se destinan recursos a actuaciones fuera del país.

La Mancomunidad de Aguas del Sorbe (MAS) ha informado de que la avería registrada este lunes, que afectó al suministro de agua en los municipios abastecidos, ha quedado completamente reparada, iniciándose ya la recuperación progresiva del servicio.

Los trabajos, que se han prolongado durante toda la noche, han permitido sustituir con éxito la válvula dañada, una de las incidencias más complejas dentro de un episodio marcado por la concatenación de varias averías en distintos puntos de la red.

El vicepresidente de la MAS, Juan Carlos Martín, ha señalado el “esfuerzo realizado por los equipos técnicos y operarios, quienes han trabajado de forma ininterrumpida desde primera hora de la mañana de ayer en condiciones especialmente difíciles, debido a la antigüedad de las infraestructuras y a la complejidad de acceso a algunos elementos de la red”.

Afectó a 44 municipios

La incidencia tuvo su origen en la rotura de una conducción en Yunquera de Henares, a la que se sumaron posteriormente problemas en una ventosa en Fontanar y, finalmente, la avería de una válvula clave que no cerraba correctamente debido al deterioro de sus componentes. Esta situación obligó a cortar ambas conducciones principales, dejando sin suministro a numerosos municipios.

En total, la incidencia ha afectado a 44 municipios, incluidos los integrados en la MAS y aquellos abastecidos a través de otras mancomunidades como La Campiña Baja y La Muela. En algunos casos, los depósitos reguladores han permitido mantener el suministro durante más tiempo, mientras que otros municipios han sufrido cortes totales.

Tras la reparación, el sistema ha comenzado a recuperar el caudal desde la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP), realizándose una apertura progresiva y controlada de las conducciones para evitar nuevas roturas por sobrepresión. Este proceso implica que la recuperación del servicio será gradual, siendo los municipios más cercanos los primeros en recibir agua, mientras que aquellos con depósitos más alejados o vacíos tardarán algo más en alcanzar la normalidad.

Según las previsiones técnicas, el suministro quedará plenamente restablecido en un plazo aproximado de tres horas, aunque la normalización completa dependerá del llenado progresivo de los depósitos municipales.

Durante la incidencia, la MAS había coordinado el envío de agua embotellada para garantizar el abastecimiento en los municipios más afectados y en otros servicios esenciales. La Mancomunidad ha agradecido la comprensión y colaboración de los ayuntamientos afectados y a la ciudadanía ante esta situación excepcional y continuará informando de cualquier novedad relevante.

Una de las líneas de defensa de la Casa de Alba en relación con los nueve pozos ilegales en su finca sevillana de Aljóbar, en Aznalcázar, es reconocer que sí, que esas instalaciones estaban ahí, pero que nunca se extrajo más agua de la que tienen autorizada por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), el organismo estatal encargado de conceder estos derechos. Así lo volvía a defender en el último recurso de reforma que presentaba ante el juez del caso, en el que llegaba a denunciar que se encontraba en una situación de “indefensión”. Pero la Guardia Civil descarta esta posibilidad de plano, ya que no le salen las cuentas: “Con el agua que tienen autorizada no riegan esas hectáreas con naranjos”.

Así lo ratificó en su testimonio ante el magistrado que instruye la causa por un presunto delito contra el medio ambiente una de las agentes del Seprona (el Servicio de Protección de la Naturaleza) que, como perito, ha realizado el informe del instituto armado que cifra en cinco millones de euros el “beneficio ilegal” obtenido con los cultivos que se regaron con agua extraída sin licencia. “Estamos diciendo que hay una extracción ilegal de agua a mayores”, apostilló, en una declaración a la que ha tenido acceso este periódico.

Aljóbar, que gestiona Eurotécnica Agraria (empresa familiar de la Casa de Alba), tiene desde 1988 permiso para extraer del acuífero 605.000 metros cúbicos anuales, que utiliza para una extensión que inicialmente era de 200 hectáreas de cítricos a razón de 3.000 metros cúbicos por hectárea. “Yo a día de hoy, si usted me dice que tiene 200 hectáreas, desde luego que a 3.000 metros cúbicos por hectárea y año no cumple con las necesidades hídricas que necesita el naranjo”, reiteró la perito.

“Se está sacando más agua”

Dicho de otra manera, y en sus propias palabras, “se está sacando más agua de la que realmente la Confederación, que es el organismo competente, ha estudiado para esa finca”. “Por lo tanto, nosotros creemos que esa diferencia de volumen extraído de más provoca un daño en el medio ambiente”. Por eso, a la pregunta directa de uno de los abogados de la defensa sobre si se ratifican en que la explotación “supera los requerimientos hídricos mínimos”, la respuesta es tajante: “Sí, efectivamente”.

Durante la declaración, uno de los elementos clave fue qué necesidad de agua tiene una hectárea de naranjos. Las peritos señalan que la propia Confederación del Guadalquivir apunta a que se requieren 6.352 metros cúbicos brutos por hectárea y año para que llegue lo que considera un mínimo de viabilidad que cifra en uno 5.400 metros cúbicos netos.

La defensa, por su parte, recuerda que la finca tiene una concesión de 605.000 metros cúbicos para explotar 205 hectáreas de cítricos, “eso da una dotación por hectárea de 3.000 metros cúbicos”. Y abunda en que “desde que están sellados los pozos que no estaban autorizados se está cultivando con la dotación que teníamos autorizada”, a lo que las guardias civiles responden que con esos 3.000 metros cúbicos no les llega para tantas hectáreas de cítricos.

Durante la declaración, las peritos señalan que han tenido en cuenta los informes de la Confederación del Guadalquivir sobre la eficiencia de riego en Aljóbar, que se calcula en un 0,85%, así como “las necesidades hídricas que necesita un cultivo para que tenga un rendimiento óptimo”. En este sentido, introducen otro dato importante, y es que la superficie que han tenido en cuenta es la que ofrece el Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (Sigpac), en el que los agricultores registran sus parcelas y lo que cultivan en ellas.

Discrepancia con las hectáreas y los cultivos

A partir de ahí, el cruce de preguntas y respuestas se centra en otra cuestión fundamental, la superficie que se riega, ya que Eurotécnica Agraria se escuda en que ha ido menguando con los años. Cuando se destapó el caso, hace dos años y medio, la empresa esgrimió que en realidad regaban 122 hectáreas de naranjos, “una superficie menor a la autorizada en la inscripción de aguas privadas de la finca”. Ahora alega que desde 2021 se fue sustituyendo superficie de cítricos por un olivar que “tiene unos requerimientos hídricos mucho menores”.

“Eso no lo sé”, señala al respecto una de las agentes, que sí admite que efectivamente eso es lo que se recoge en el “informe favorable de la Confederación para que le autorice sacar agua de los ocho pozos”, un proceso de legalización que sigue en marcha y que ha recibido el visto bueno de la Comisaría de Aguas del organismo estatal. Y en este sentido, las peritos señalan que, si es así, en el Sigpac figuraba hasta 2024 (cuando hicieron su investigación) que sólo se cultivaban naranjos.

Ante la insistencia de la defensa en que no han tenido en cuenta la circunstancia del cambio parcial de cultivo, las guardias civiles se reiteran en que “la fuente oficial que nos aporta estos datos es Sigpac y dice que todos las parcelas son cultivadas con naranjos”. Y a ello añaden que en el propio informe pericial de la defensa, los cálculos se hacen sobre naranjos y encima la cifra que arroja de necesidades hídricas es incluso superior a la que llegan las agentes.

De naranjos a olivar superintensivo

“Sigpac no tiene notificación de esos cambios de cultivo”, reiteran, un trámite que en teoría tiene que hacer el propietario. Eso no quita para que reconozcan que a través de las imágenes de satélite “se ve perfectamente” que se han quitado hectáreas de naranjos (calculan que unas 58) y que eso lo han descontado de la valoración que han hecho del daño ambiental y del “beneficio ilegal” obtenido, que cifran en cinco millones de euros.

Eso sí, la agente desliza en este sentido que “también es interesante saber” si el olivar que se está plantando en vez de los naranjos es intensivo o de secano, “porque no tiene nada que ver” en cuanto a sus necesidades de agua. En este sentido, la propuesta que Eurotécnica Agraria presentó en la Confederación para legalizar las extracciones irregulares determina que la superficie de cultivo pasará de 200 a 161,6 hectáreas de riego por goteo, 67,5 de olivar superintensivo y 94,1 de naranjos.

En cuanto a la instrucción del caso, el juez considera que “la investigación de los hechos se encuentra prácticamente agotada”, por lo que sólo permite a la defensa que testifique uno de sus peritos (declarará este mismo mes de abril) para ratificar el contrainforme con el que se intenta desmontar el que hizo la Guardia Civil. En este documento, se llega a apuntar que los pozos ilegales han ayudado a mejorar el acuífero del que expolian agua. Este testimonio sería el único pendiente, lo que a su vez implica que por ahora se libran de comparecer ante el juez los Martínez de Irujo, hermanos del actual duque de Alba y únicos consejeros de la empresa que gestiona Aljóbar.

De nuevo novedades sobre el parque temático Puy du Fou con sede en Toledo y que tienen que ver con su intención de crecer, multiplicando instalaciones, visitantes y, por tanto, retorno económico para la multinacional francesa propietaria.

Una resolución de la Dirección General de Calidad Ambiental del Gobierno regional publicada este viernes en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, considera “viable” el proyecto para ampliar el parque temático, pero detalla todas las “condiciones” y “correcciones” que debe hacer la empresa promotora del parque de ocio, asociadas a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), si quiere seguir adelante con la anunciada expansión de las instalaciones: más espacio, más oferta de ocio, incluyendo tiendas y restaurantes, y tres hoteles.

Esas 'condiciones' tienen que ver con el abastecimiento de agua, con la protección frente a incendios o inundaciones, con la preservación de la flora o la fauna e incluso sobre la forma en que deben construirse los edificios. Y es que el llamado proyecto 'Primera Innovación del Proyecto de Singular Interés del Parque Temático Puy du Fou España' supone cambios que pueden tener efectos significativos sobre el medio ambiente, dentro de un proceso de expansión en ocho fases, hasta 2035.

Ha sido incluso necesaria la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Toledo. Por un lado, se han incorporado nuevas tipologías de edificación, tanto para hoteles como para Centros de Formación (guardería, formación de empleados...).

Por otro también se han incorporado nuevos usos del territorio -como el hotelero- y se han realizado “ajustes” en las superficies de suelo rústico, entre otras cosas porque en todo este proceso se ha localizado - y se ha incluido en el inventario- el yacimiento Casa de los Conejos. Eso ha supuesto incrementar la superficie clasificada como suelo rústico no urbanizable de especial protección arqueológica.

Así serán los tres hoteles que suman 426 habitaciones

La “innovación” en su conjunto ocupa 161 hectáreas y se sitúa al suroeste del término municipal de Toledo, en la finca Zurraquín, lindando con la autovía de circunvalación Suroeste de Toledo, la CM-40.

La resolución publicada hoy por el Gobierno de Castilla-La Mancha describe cómo serán los hoteles. El primero de ellos ocupará más de 5.600 m2, 138 habitaciones, una altura de 13,5 metros- y tres alturas- y tendrá la posibilidad de incluir restaurante y salas de reuniones. Se situará en el extremo sur del parque y junto a él habrá un aparcamiento de 394 plazas.

Este hotel sí estaba contemplado en el proyecto original, y a él se sumarán otros dos. Uno de ellos estará entre la entrada al parque y los actuales aparcamientos de visitantes. Se compone de 39 edificios cuya morfología pretende simular los asentamientos medievales, de una sola planta. Cada edificio alberga tres habitaciones con cuarto de baño, sumando un total de 117 habitaciones. En total supone 6.628,05 m2 de superficie.

El tercer hotel estará también a la entrada del parque muy cerca del segundo hotel. Tendrá 171 habitaciones distribuidas en tres plantas, con restaurante y un bar, cuya morfología pretende simular el urbanismo irregular de las tramas medievales. Su superficie es la más grande, con 11.214,34 m2 y su construcción provocará “el traslado” de un lago artificial del parque.

La ampliación de instalaciones contempla un restaurante y también un segundo aparcamiento que ocupa 38.100 m2, incluyendo 1.262 plazas y 11.880 m2 de ajardinamientos.

Pese a las nuevas edificaciones, no preocupa, según la resolución, la afección al paisaje. “No alteran de forma significativa el impacto global del parque temático sobre el paisaje”, recoge el documento. Tampoco preocupa el impacto acústico, aunque se reconoce la necesidad de “seguimiento” de este aspecto. Ni se consideran “relevantes” los efectos de la contaminación lumínica.

La concesión de agua que hay que “legalizar”

La ampliación de Puy du Fou supondrá consumir más agua, con permiso de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Sobre este aspecto el Gobierno regional advierte: “Es necesario que se legalice la situación de las concesiones de agua de las que se suministra la ciudad de Toledo, no siendo aceptable que se prolongue en el tiempo la situación actual de falta de títulos válidos que cubran dicho abastecimiento”, aunque el documento aclara que no es una situación “imputable” a la empresa promotora y fuentes de la Consejería de Desarrollo Sostenible consultadas por este medio apuntan a la responsabilidad en este sentido de la Confederación Hidrográfica del Tajo.

Es necesario que se legalice la situación de las concesiones de agua de las que se suministra la ciudad de Toledo, no siendo aceptable que se prolongue en el tiempo la situación actual de falta de títulos válidos que cubran dicho abastecimiento

Consejería de Desarrollo Sostenible

Todo un toque de atención al que se suma la condición, para que el negocio siga adelante, de actualizar de forma permanente las necesidades de agua del parque, teniendo en cuenta que ahora habrá hoteles y muchos más usuarios.

Sin embargo, fuentes del parque consultadas por elDiario.es Castilla-La Mancha sostienen que “las afirmaciones sobre una supuesta ilegalidad en el uso del agua, carecen de fundamento” y que “el proyecto cuenta con una concesión de dotación de agua vigente desde 2018, otorgada en el marco de la aprobación del Plan de Singular Interés (PSI) de la iniciativa empresarial”. La empresa asegura que los parámetros que marca ese plan “se han respetado escrupulosamente desde entonces” y que “los consumos registrados anualmente se han mantenido siempre por debajo de los valores autorizados”.

El proyecto cuenta con una concesión de dotación de agua vigente desde 2018. No ha sido necesario solicitar una ampliación de la concesión, y en la actualidad ni siquiera se han iniciado consumos adicionales, lo que refuerza la falta de sentido de las acusaciones de irregularidad

Puy du Fou España

Desde la empresa francesa aseguran también sobre las futuras necesidades de agua que, en el estudio incluido para ampliar el parque y que contempla tres nuevos hoteles, se analizan “escenarios de máxima ocupación y consumo” y que “incluso en estas condiciones exigentes, se concluye que la demanda de agua se mantiene dentro de los límites ya aprobados en el PSI original”.

En este aspecto remarcan que “no ha sido necesario solicitar una ampliación de la concesión” y que “en la actualidad ni siquiera se han iniciado consumos adicionales, lo que refuerza la falta de sentido de las acusaciones de irregularidad”.

Con la ampliación se ha calculado que se consumirán unos 250 litros de agua por huésped con el 100 % de ocupación, hasta alcanzar 214.891 m3 de consumo máximo posible en 2035, cuando la ampliación del parque esté concluida.

Esto impactará también en las necesidades de depuración. La Confederación del Tajo indica que, atendiendo a las demandas de agua potable previstas, “se estima necesario ampliar la depuradora autorizada para ofrecer unas capacidades de depuración apropiadas”.

Además, antes de que se proceda a la apertura del tercer hotel, que se prevé para el año 2032, deberá haberse obtenido un nuevo informe actualizado de la Confederación Hidrográfica del Tajo, del Ayuntamiento de Toledo y de la entidad Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, que deje claras las capacidades del sistema de abastecimiento y las necesidades hídricas que tendría en situación de máximo desarrollo y ocupación hotelera.

Se pide incluso un seguimiento sobre la “correcta aplicación” del Plan de Emergencia por Sequía del 30 de mayo de 2025, y sus posteriores actualizaciones.

El impacto en la vegetación y en la flora merece una supervisión detallada porque el informe de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad alerta sobre el retraso en la implantación de las medidas compensatorias que ya se preveían en 2018

En el proceso se ha reconocido que habrá impacto en la vegetación y en la flora y la Dirección General de Calidad Ambiental considera que esta afección “merece una supervisión detallada”, sobre todo teniendo en cuenta que un informe de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad “alerta sobre el retraso en la implantación de las medidas compensatorias” que ya se preveían en 2018.

La empresa promotora propone también 'tocar' el arroyo Guajaraz, en una franja de 10 metros a cada lado de sus márgenes a lo largo de dos kilómetros aguas abajo del punto de vertido de la depuradora del parque (sumando una superficie de unas cuatro hectáreas) y en este aspecto la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad exige la presentación de un plan de restauración “detallado” con las especies, método de plantación, cronograma y presupuesto para que pueda ser aprobado.

Plan de Incendios en un parque que ha sufrido dos desde que abrió

En el documento de impacto ambiental del parque también se pone el acento en los dos incendios sufridos en sus instalaciones, en los años 2021 y 2022 (hubo un tercero en una cocina en 2025). “Parte de las zonas de riesgo alto son ocupadas por instalaciones del parque”, resaltan, de ahí la necesidad de un Plan de Autoprotección contra incendios forestales. El que hay diseñado data del 3 de junio de 2025 (aunque en otro apartado del documento se señala que es de 2024, sin que quede aclarado).

Se pone en acento en los posibles impactos de los espectáculos con pirotecnia y en la necesidad en que las acciones preventivas y de protección desplegadas “deberán adaptarse a las condiciones estacionales y meteorológicas”.

Puy du Fou también explica, a preguntas de este medio sobre las correcciones que deberá incluir en su proyecto para evitar el impacto ambiental que, tanto su contenido como lo que implica la ampliación, “han sido debidamente expuestos en la documentación presentada durante la tramitación de la innovación del PSI, que fue sometida a información pública. Durante este proceso se han recabado los informes de todas las administraciones competentes”.

La compañía subraya que ya a finales de febrero se recibió la Declaración Ambiental Estratégica, y posteriormente, a finales de marzo, la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que hoy recoge el Diario Oficial de la comunidad autónoma.

“Ambos pronunciamientos son favorables al proyecto, si bien incorporan, como es habitual, determinadas condiciones de seguimiento y control sobre aspectos concretos -entre ellos el uso del agua- que en ningún caso implican una situación de irregularidad, sino la aplicación de criterios de vigilancia ambiental propios de este tipo de desarrollos”, inciden fuentes del parque.

El problema no es llegar a la Luna, es quedarse allí varios días sin depender de la Tierra. Si alguien intenta vivir en la Luna, el agua deja de ser un recurso secundario y pasa a ser una condición básica para todo lo demás.

Beber es solo una parte, porque ese mismo agua también se usa para generar oxígeno respirable y para producir combustible mediante la separación de hidrógeno y oxígeno. Sin esa fuente, cada misión tendría que transportar todo desde la Tierra, lo que limita el tiempo de estancia y el número de personas.

Por eso encontrar agua en la Luna no responde a una cuestión únicamente científica, responde a una necesidad operativa que define si una base puede mantenerse o no.

Un estudio identificó zonas con hielo acumulado durante miles de millones

Un estudio publicado en Nature Astronomy identifica zonas donde el hielo lunar se ha acumulado durante miles de millones de años y señala dónde conviene buscarlo, según recogen los investigadores.

El trabajo, liderado por Oded Aharonson, del Instituto Weizmann de Ciencia en Israel, y con la participación de Paul Hayne, del Laboratorio de Física Atmosférica y Espacial de la Universidad de Colorado en Boulder, explica que ese hielo no aparece de forma uniforme. La investigación describe cómo el agua se ha ido concentrando en lugares muy específicos y cómo esa distribución responde a la historia de la propia superficie lunar.

El problema de partida estaba en los datos del instrumento LAMP, a bordo del orbitador Lunar Reconnaissance Orbiter, que ya había detectado señales de hielo en varios cráteres. Sin embargo, esas señales no seguían un patrón simple. Hayne explica que “el hielo tiene una distribución irregular” y añade que “no está concentrado en las mismas cantidades en todos los cráteres”.

Esa diferencia obliga a explicar por qué unos puntos acumulan más hielo que otros y qué condiciones han permitido que se conserve en ciertos lugares durante tanto tiempo.

Varios procesos explicaron cómo se formó el agua lunar

El origen del agua tampoco responde a una única causa. El estudio descarta que todo proceda de un gran impacto puntual, como el de un cometa de gran tamaño. En su lugar, describe un proceso prolongado en el que intervienen varios mecanismos.

Parte del agua habría llegado a través de impactos de cometas y asteroides. Otra parte se habría liberado desde el interior de la Luna durante episodios volcánicos antiguos. Además, el viento solar también participa en ese proceso, ya que transporta hidrógeno que puede reaccionar en la superficie lunar y formar moléculas de agua. Hayne explica que “una corriente constante de hidrógeno bombardea la Luna” y añade que parte de ese hidrógeno “puede convertirse en agua en la superficie lunar”.

Para entender por qué algunos lugares retienen ese hielo durante tanto tiempo, los investigadores reconstruyeron la evolución de la Luna mediante simulaciones. Utilizaron datos del instrumento Diviner para analizar cómo han cambiado las condiciones térmicas a lo largo de miles de millones de años.

La clave está en la inclinación del satélite, que no ha sido siempre la misma. Ese cambio ha hecho que algunos cráteres pasaran de recibir luz solar a quedar en oscuridad permanente, mientras otros siguieron el proceso inverso.

El cráter Haworth acumuló grandes reservas tras pasar milenios sin luz

Esa diferencia temporal tiene consecuencias directas. Los cráteres que han permanecido más tiempo en sombra han tenido más oportunidades de acumular hielo. Entre ellos destaca el cráter Haworth, situado cerca del polo sur, que podría haber permanecido en oscuridad durante más de 3.000 millones de años. Ese dato lo convierte en uno de los lugares con mayor probabilidad de albergar reservas importantes.

El trabajo que describe estos resultados se publica en Nature Astronomy y reúne a un equipo internacional que ha intentado responder a una pregunta que llevaba años sin resolverse. Aharonson subraya que localizar agua utilizable fuera de la Tierra es uno de los retos principales de la astronomía actual. Esa búsqueda no se limita a detectar su presencia, también implica entender cómo se ha formado y por qué se mantiene estable en ciertos lugares.

Las llamadas trampas frías explican esa estabilidad. Se trata de zonas situadas en el interior de cráteres polares donde la luz del Sol no entra nunca. En esos puntos, la temperatura se mantiene extremadamente baja durante largos periodos, lo que permite que el hielo permanezca intacto durante escalas de tiempo geológicas. Cráteres como Shackleton o Haworth concentran este tipo de regiones, que se convierten en objetivos prioritarios para futuras misiones.

La misión Artemis II rodeó la Luna y recopiló buenas imágenes

Mientras se afinan estos mapas, la exploración humana ha retomado el entorno lunar con la misión Artemis II. Lanzada el 1 de abril de 2026 con el cohete SLS, llevó a cuatro astronautas en la nave Orion durante un vuelo de unos diez días alrededor de la Luna.

La tripulación, formada por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, pudo acercarse a pocos miles de kilómetros de la superficie y cruzó la cara oculta, lo que provocó un corte de comunicaciones de unos 40 minutos. En ese recorrido alcanzaron una distancia de 406.771 kilómetros respecto a la Tierra, la mayor lograda por humanos.

Durante este viaje de reconocimiento han podido sacar fotografías de muy buena calidad de la superficie lunar, una información que servirá en el futuro para averiguar todo tipo de detalles sobre la composición del terreno, la localización de recursos y las condiciones reales que encontrarán las próximas misiones que intenten permanecer más tiempo allí.

Todos estos datos encajan en una misma idea. El agua no apareció en un solo momento, se fue acumulando poco a poco en lugares muy concretos durante miles de millones de años. Ese proceso explica por qué hoy existen zonas con mayor concentración de hielo y otras donde apenas se detecta, y define con bastante precisión dónde conviene buscar si el objetivo ya no es solo llegar, sino permanecer.