La gran apuesta política de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, con el ofrecimiento a Canadá para ser el “primer miembro asociado de la UE” se ha diluido ante la oposición de países como Alemania, Francia, Italia o Grecia. La Unión Europea y Canadá celebran este jueves y viernes una cumbre en Montreal para afianzar las relaciones ante los envites del presidente de EEUU, Donald Trump, sin que se haya conseguido llegar a un acuerdo sobre lo que realmente se le quiere ofrecer al país norteamericano. A pesar del dislate sobre la fórmula de acuerdo, la UE se ha planteado esta cumbre como una de las más importantes con la participación de diez miembros de la Comisión Europea: cuatro vicepresidentes ejecutivos y seis comisarios, más Von der Leyen y el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

Von der Leyen dio la sorpresa el pasado 15 de septiembre cuando en la Eurocámara, en presencia del primer ministro de Canadá, Mark Carney, le ofreció ser el “primer miembro asociado de la UE”. El desconcierto fue mayúsculo. En las capitales europeas se inició una revuelta diplomática ante la aparición de un nuevo término que no estaba recogido en los tratados de la UE y se volvió a acusar a la presidenta de la Comisión de abordar políticas en el ámbito de Exteriores sin tener en cuenta la posición de los países miembros.

Fabian Zuleeg, director ejecutivo del European Policy Centre, explica que “la propuesta de Von der Leyen de conceder a Canadá un estatus de miembro asociado ha suscitado inquietud. Los canadienses temen por su soberanía. Los Estados miembros de la UE se preguntan qué implica este estatus, aun sin definir, para la toma de decisiones. Los países candidatos a la adhesión temen que surja una nueva categoría que pueda retrasar sus aspiraciones de ingresar en la Unión. Por su parte, el concepto de cooperación entre potencias medias que defiende Mark Carney encaja con dificultad en una UE que no se considera a sí misma una potencia de ese tipo”.

Von der Leyen lanzó su propuesta mientras Donald Trump jugueteaba con la idea de que Canadá se convirtiera en el estado 51 de EEUU. Incluso llama a sus primeros ministros, de forma despectiva, “gobernadores”, como si estuvieran al frente de un territorio como California, Texas o Minnesota. El presidente de EEUU lleva desde que ganó las elecciones, en noviembre de 2024, acosando a Canadá política, territorial y comercialmente, lo que provocó un estallido diplomático entre ambos vecinos. “Si te atacan, estás en guerra”, llegó a decir Carney en referencia a Trump.

Confusión con la ensalada de términos

Esta semana, tras dos reuniones de los diplomáticos de los 27 países de la UE, se ha terminado por descartar el concepto de “miembro asociado de la UE” y parece que se imponía una redacción menos ambiciosa, con el objetivo de conseguir “una asociación cada vez más estrecha”. Para añadir más confusión a la ensalada de términos, el Consejo Europeo propuso “una nueva alianza de futuro” para definir la consolidación de las relaciones bilaterales.

Solo el concepto de “miembro” obligaría a transformar los tratados de la UE. Grégoire Roos, investigador de Chatham House, recordaba que “el artículo 217 del Tratado de Funcionamiento de la UE permite celebrar acuerdos con terceros países para establecer una asociación basada en derechos y obligaciones recíprocos, acciones comunes y procedimientos específicos. Estos acuerdos de asociación requieren la unanimidad del Consejo y el consentimiento del Parlamento Europeo sin emprender el largo y laborioso proceso de revisión de los tratados”.

“Sustituir la adhesión por ambición y visión compartidas”

Ante la cantidad de problemas que se han creado alrededor de la definición de la relación entre la UE y Canadá, un alto funcionario de la UE apuntaba que “se trata de construir una asociación que se acerque más a la condición de miembro de la UE que cualquier otra fórmula que hayamos puesto en marcha hasta ahora. Está claro que hablamos de asociación sin adhesión, pero creo que, en cierto modo, podemos sustituir la idea de adhesión por la de una ambición y una visión compartidas”.

Otro funcionario con cargos en la dirección de la UE resalta que “han pasado diez años desde la firma del acuerdo de asociación estratégica y los líderes de la UE y Canadá”, conocido como CETA, por lo que en esta cumbre se pretende “hacer balance de los avances logrados hasta ahora y acordar los próximos pasos”. La realidad es que el acuerdo CETA de asociación tiene una valoración bastante deficitaria. Aunque se firmó en 2017, todavía hay diez países de la UE que no lo han ratificado, entre los que se encuentran Francia, Italia, Polonia o Bélgica.

“Se pretende profundizar en nuestra asociación, especialmente en ámbitos como el comercio digital, las inversiones, las materias primas fundamentales y la energía. También abordaremos grandes cuestiones que forman parte de la agenda interna de la UE, como la competitividad, la seguridad económica y las cadenas de suministro. Otro de los ejes será seguir aplicando la asociación en materia de seguridad y defensa, firmada el año pasado, y profundizar en la cooperación entre nuestras industrias de defensa”, explica un directivo de la Unión Europea sobre el objetivo de la cumbre.

Sobre las bondades de consolidar las relaciones no hay duda. Ilke Toygür, directora del Global Policy Center en IE, subraya que “las ambiciones de la UE en materia de lucha contra el cambio climático, soberanía digital y defensa requieren un suministro seguro de materias primas fundamentales, energía y capacidad industrial. La UE considera a Canadá una fuente de muchos de estos recursos esenciales. A su vez, Europa puede ofrecer inversiones, capacidad de transformación y fabricación, redes de investigación y acceso a un mercado de gran dimensión”.

El director ejecutivo del European Policy Centre va más allá y propone que el acuerdo sea la base para alcanzar llegar a alianzas más amplias ante la política de bloques que ha desarrollado Donald Trump: “La cumbre de Montreal debe dar lugar a una hoja de ruta ambiciosa y concreta, con objetivos claros, compromisos y mecanismos de gobernanza eficaces. De lo contrario, corre el riesgo de reforzar la conocida ilusión de progreso europea: confundir los anuncios con los logros y no cumplir lo que se necesita con la escala, el alcance y la rapidez que exigen los desafíos actuales”.

Zuleeg añade que la cumbre debe ser el inicio “de una Alianza de Seguridad Económica más amplia, que reúna a otros socios con ideas afines para reforzar la resiliencia colectiva, contrarrestar la coerción económica y proteger los intereses comunes. El Reino Unido, Noruega, Australia, Corea del Sur y Japón deben formar parte de ella. La ambición debe ir más allá de la cooperación bilateral: construir una alianza de países con ideas afines para el futuro”.

La crisis migratoria de Ceuta y el giro político en Europa para endurecer las medidas contra la inmigración han llevado a la Comisión Europea a reforzar el papel de Frontex, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, con el objetivo de darle más protagonismo para expulsar a inmigrantes y consolidar la iniciativa de los centros de deportación en terceros países. Bruselas quiere ampliar este cuerpo hasta los 30.000 agentes e implantar una fuerza de reacción rápida con 17.000 agentes para intervenir en situaciones de crisis, como la ocurrida en la ciudad española los días 30 y 31 de julio. La iniciativa más polémica es que se otorgaría a estos agentes mayor capacidad operativa para organizar y ejecutar operaciones de retorno en terceros países, es decir, podrían trasladar a otros países a los emigrantes que han sido enviados a los centros de deportación que se pretende implantar en países no europeos.

“Frontex desempeñará un papel más importante en el ámbito de retornos. Debemos ser muy claros al respecto. Creo que nuestra política migratoria en su conjunto solo será creíble si la aplicamos efectivamente. Proponemos convertir a Frontex en el actor central de la UE en materia de retornos. Frontex será responsable de prestar apoyo en todas las fases del proceso, de principio a fin: desde la planificación estratégica hasta la realización de retornos más eficientes”, ha comentado el comisario de Migraciones, Magnus Brunner.

Para lograr este objetivo se va a crear el Centro de Coordinación de Retornos. Este es uno de los elementos clave para “convertir a Frontex en el brazo operativo de la UE” en materia de expulsiones de inmigrantes. “Permitirá a la Agencia coordinar y organizar de forma proactiva los retornos en toda la UE”, atendiendo siempre a las necesidades de los Estados miembros en lo que respecta a estas operaciones“, según informa la Comisión.

Los Estados miembros se verán obligados a informar cada año a Frontex, antes del 1 de noviembre, de su planificación indicativa en materia de expulsiones y de las necesidades de asistencia por parte de la Agencia. La idea es conseguir “maximizar la eficiencia” de expulsiones y que no haya países que se relajen en sus políticas contra la inmigración irregular con el argumento de “favorecer una aplicación coherente del sistema europeo común de retornos”.

Hasta ahora Frontex prestaba asistencia técnica a terceros países, principalmente mediante formación y desarrollo de capacidades. La propuesta de Bruselas permitiría que Frontex también organice y ejecute retornos, no solo desde estados miembros de la Unión Europea, sino también desde países no pertenecientes a la UE hacia otros países no pertenecientes a la UE. La UE ha aprobado la creación de este tipo de centros de deportación en terceros países, aunque cuenta con numerosas dudas legales y hay países como España que se han opuesto a su creación.

La Comisión admite que esta nueva competencia obligaría a adoptar un acuerdo específico a escala europea, aunque con la presión política por la inmigración que recorre Europa hay pocas dudas en las instituciones europeas de que saldrá adelante.

La vicepresidenta de la Comisión Europea, Henna Virkkunen ha pretendido dar una pátina política a la decisión de fortalecer a Frontex como organismo para las expulsiones de emigrantes. “Debemos dejar claro que la base de todo lo que tenemos en la Unión Europea son la libertad y la democracia. Necesitamos una protección más sólida de las fronteras. Recuerden lo que ocurría hace diez años, cuando hablábamos de la extrema derecha y de su auge. No teníamos normas, ni un sistema, ni control sobre lo que estaba sucediendo. La situación estaba sometiendo a una enorme presión a todo el sistema y a los sistemas de seguridad y eso alimentaba a la extrema derecha. Por eso queremos recuperar el control. Por primera vez tenemos un enfoque europeo común, ningún Estado miembro puede hacer frente por sí solo al problema de la migración irregular”.

Por su parte, Brunner ha subrayado que “el marco de protección de los derechos fundamentales de Frontex es uno de los más sólidos de todas las agencias de la UE y seguirá siéndolo tras esta revisión”.

Fuerza de Reacción Rápida

Respecto a la nueva Fuerza de Reacción Rápida, la idea es que Frontex pueda prestar apoyo de inmediato —por ejemplo, en un plazo de 24 horas— cuando un Estado miembro solicite su despliegue. Estos agentes “estarán preparados de forma permanente y podrán desplegarse con poca antelación para responder a necesidades operativas urgentes e imprevistas en las fronteras exteriores de la UE, así como en terceros países en los que Frontex lleve a cabo operaciones”.

Según la Comisión, la Fuerza de Reacción Rápida se desplegará por decisión del director ejecutivo de Frontex, previa solicitud de un Estado miembro, “durante un periodo limitado de un máximo de un mes”, aunque si la situación de crisis se prolonga, “podrá activarse una operación conjunta o una intervención fronteriza rápida”.

30.000 agentes y duplicar su presupuesto

Este nuevo papel de Frontex exige un fuerte incremento de plantilla. Actualmente, cuenta con casi 3.000 empleados en el Cuerpo Permanente, aunque ya estaba planificado que alcanzará los 10.000 agentes a finales de 2027.

Con las nuevas atribuciones, la Comisión duplicará gradualmente la plantilla propia de Frontex hasta alcanzar los 6.000 efectivos y se creará una nueva Reserva Europea de Fronteras y Retornos, que contará con 17.000 agentes. A estos efectivos se sumarán, como tercer componente, los 7.000 agentes destinados por los Estados miembros a la agencia.

Frontex tiene asignado actualmente un presupuesto de casi 6.000 millones de euros para el periodo correspondiente a 2021-2027. Con el incremento de personal y objetivos para el próximo presupuesto plurianual del periodo 2028-2034, el presupuesto de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas que se duplica hasta los 11.800 millones de euros.

También vigilará las redes sociales

Ante los “recientes intentos de desestabilizar las fronteras exteriores”, la UE también va a darle al servicio europeo de fronteras competencias en la vigilancia del entorno digital. En este sentido, se va a crear un nuevo Centro de Vigilancia y Respuesta en Línea.

Así, Frontex tendrá competencias jurídicas para actuar cuando detecte contenidos ilegales. Para ello, podrá enviar notificaciones a las plataformas y, si la autoridad nacional competente la designa como tal, actuar como alertador fiable (trusted flagger) en virtud del Reglamento de Servicios Digitales (DSA). También podrá solicitar a las autoridades competentes de un Estado miembro que ordenen a una plataforma facilitar información o actuar contra contenidos ilegales.

“La semana pasada volvió a producirse un episodio de lluvias torrenciales en la región de Valencia. Está muy claro que las empresas se lo pensarán dos veces antes de invertir en una región como Valencia, o en muchas otras, si no está mejor preparada para hacer frente a los efectos del cambio climático”. Estas palabras de un alto funcionario de la Unión Europea reflejan la preocupación en Bruselas por el impacto de la crisis del clima. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, ya advirtió en su discurso del Estado de la Unión que este había sido el “verano de la verdad” y era necesario implementar políticas para rebajar las consecuencias de los efectos climáticos. Siguiendo esta estrategia, se ha presentado este martes el Marco de la UE para la Resiliencia Climática con el objetivo de reforzar la capacidad de Europa para anticiparse a los riesgos climáticos.

La Comisión Europea apunta que su propuesta “establece una trayectoria de referencia común para el calentamiento global. Las pruebas científicas disponibles indican que el mundo va camino de calentarse 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales en 2030, 2°C en 2050 y 3°C en 2100”.

Las consecuencias actuales que ya vieron durante el verano: “Las olas de calor prolongadas y las sequías alimentaron peligrosos incendios forestales y llevaron a algunos de los principales ríos europeos a registrar niveles de agua históricamente bajos. Asimismo, en los últimos años hemos sufrido inundaciones devastadoras. Estos fenómenos han puesto de manifiesto las graves consecuencias que el cambio climático puede tener para los ciudadanos, las empresas y las infraestructuras”.

“Necesitamos empezar a protegernos mucho mejor frente a los efectos inevitables del cambio climático, especialmente a la luz del reciente informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que advierte de que superar el umbral de calentamiento de 1,5 grados se está convirtiendo en algo inevitable”, aseguran en la Comisión Europea.

Miles de muertos y pérdidas millonarias

Las cifras son devastadoras. Según datos de la Comisión Europea, más de 35.000 personas murieron por causas relacionadas con el calor (solo en España, más de 5.000 muertes son achacables al calor extremo), mientras que las pérdidas económicas estimadas por los daños climáticos entre 2022 y 2025 ascendieron a unos 200.000 millones de euros, es decir, 50.000 millones de euros al año.

La situación va a empeorar y tiene una clara repercusión a nivel económico. Un alto funcionario de la Comisión señala que “lo que no se puede asegurar se está convirtiendo en algo en lo que no se puede invertir. Y eso es algo de lo que cada vez son más conscientes las autoridades y, por supuesto, también las empresas”. Ya hay cálculos sobre las pérdidas: “Los científicos y expertos nos advierten de que el calor habrá provocado una pérdida del 0,17% del PIB entre abril y septiembre de este año, con un coste de 19.000 millones de euros. Y se trata de estimaciones muy conservadoras”.

El problema de la Comisión Europea es que a la vez de que advierte de los problemas que va a causar el cambio climático lleva meses rebajando la agenda verde que aprobó en la pasada legislatura. Por ejemplo, presentó una nueva propuesta para el sistema de comercio de emisiones (ETS, por sus siglas en inglés) que relaja y amplía el periodo que tenían las empresas para alcanzar las emisiones netas cero o la semana pasada, con el argumento de la crisis de precios por la guerra de Irán, anunció el aplazamiento de un año de la normativa que obligaba a reducir las emisiones de metano, el segundo gas con mayor efecto invernadero por detrás del CO2, a los importadores de petróleo, gas y carbón. 

A pesar de este doble juego, Bruselas ha presentado un nuevo marco, es decir, sin aportación económica, con unas herramientas prácticas para hacer frente a los riesgos climáticos. Se trata de un visor climático europeo (European Climate Viewer), desarrollado por el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo (ECMWF), que “ofrecerá un mapa interactivo de los riesgos climáticos previstos en todo el continent”.

Además de presentará un navegador de herramientas de resiliencia climática (Navigator of Climate Resilience Tools), desarrollado por la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), para “ayudar a los usuarios a encontrar herramientas adecuadas para reforzar la resiliencia climática en función de su ubicación, su sector de actividad y los riesgos específicos a los que se enfrentan”. Por otro lado, se pondrá en marcha un explorador de soluciones (Solutions Explorer), que “mostrará soluciones prácticas de adaptación desarrolladas y probadas en el marco de la Misión de la UE sobre Adaptación al Cambio Climático”.

La razón aducida por la que esta medida no contará con financiación adicional es que “todo lo relacionado con la financiación ya está previsto en el marco financiero plurianual que ha propuesto la Comisión y que se encuentra actualmente en fase de negociación. Se ha propuesto un objetivo de destinar el 35% del gasto a la acción por el clima y a la naturaleza y la biodiversidad, lo que incluye la preparación frente a los riesgos climáticos”. Ahora no hay acuerdo entre los países para aprobar el próximo presupuesto plurianual.

En un momento en el que Europa va a vivir numerosos procesos electorales, la vicepresidenta de la Comisión Europea para la Competencia, Teresa Ribera, ha mandado un mensaje a los partidos ultraderechistas que niegan la crisis del clima: “El cambio climático no es un engaño. El cambio climático no solo es real, sino que también es un poderoso agente mortal. Mata a personas. También destruye riqueza e infraestructuras. Un estudio del Banco Central Europeo que concluye que la producción económica local se sitúa, de media, 1,5 puntos porcentuales por debajo de su nivel habitual dos años después de una ola de calor estival”.

“Según estas estimaciones, si los cinco años más calurosos de cada país entre 2014 y 2024 se convirtieran en la norma a partir de 2030, las pérdidas acumuladas de PIB podrían alcanzar entre el 5% y el 7% en las economías más expuestas. Francia, Italia, Alemania o España podrían sufrir pérdidas de entre 120.000 y 240.000 millones de dólares”, ha comentado Ribera.

Luchar contra el cambio climático como negocio

Muchas herramientas pero pocas normativas que obliguen a contaminar menos. En este sentido, la Comisión aspira a que las empresas “adopten un papel crucial de a la hora de ampliar la capacidad de la industria europea en materia de resiliencia climática. Se calcula que adaptar las infraestructuras y la economía europeas a las condiciones climáticas futuras requerirá una inversión de unos 70.000 millones de euros anuales”.

Bruselas estima que “el rendimiento de las inversiones en adaptación climática puede superar en más de diez veces su valor inicial gracias a las pérdidas y los daños que permiten evitar. Se prevé que el mercado mundial de soluciones de adaptación al cambio climático cuadruplique su tamaño hasta alcanzar los 3,5 billones de euros en 2050”.

Como buenas prácticas, el comisario del Clima, Wopke Hoekstra, ha señalado que a la hora de planificar nuestras ciudades, España está históricamente acostumbrado a las sequías y las olas de calor. Sin embargo, en los últimos años también hemos visto cómo las lluvias torrenciales han desbordado las redes de alcantarillado, provocando vertidos a ríos y al mar de mezclas de agua de lluvia, aguas residuales sin tratar y contaminantes urbanos. Esto ha deteriorado la calidad del agua y, en ocasiones, ha obligado a cerrar playas. La buena noticia es que ciudades como Barcelona, Madrid y Alicante están adoptando medidas, como la construcción de depósitos de retención de aguas pluviales y la implantación de sistemas de drenaje urbano sostenible. Entre estos últimos figuran los pavimentos permeables y las zonas verdes inundables, que permiten reducir la escorrentía y retener el agua“.

En las calles de Belgrado, mientras los coches que pasan pitan con emoción y los juerguistas chocan los cinco a agentes de policía, Sara, de 24 años, hace gestos hacia las calles a su alrededor para explicar cuánto han cambiado las cosas para el movimiento liderado por los estudiantes de Serbia.

Unos momentos antes, el que fuera líder del país durante años, Aleksander Vučić, había concedido su derrota ante el movimiento estudiantil, dando paso a un cambio político sísmico en el país balcánico.

Ha sido un giro surrealista de la fortuna para los cientos de miles de personas que habían pasado cerca de dos años protestando pacíficamente contra un poder gobernante que había ido convirtiéndose cada vez más en autoritario. “Es muy extraño que en las mismas calles donde la policía nos ha pegado, en las calles donde hemos retrocedido innumerables veces frente a la gendarmería, ahora estamos aquí en pie como vencedores”, dice Sara.

Esta concienciación hizo que la población llenase las calles a lo largo de toda Serbia para confirmar una trayectoria increíble. En Novi Sad -donde las protestas comenzaron en noviembre de 2024 tras el colapso mortal del techo de una estación de tren- miles se reunieron para celebrar después de que Vučić concediese que el movimiento de la Lista de Estudiantes había vencido probablemente entre 135 y 140 asientos en un parlamento con 250 miembros, mientras que su partido, el ultraderechista SNS, obtuvo 105, según los resultados preliminares.

En Belgrado, decenas de miles de personas llenaron los principales bulevares de la ciudad, pronunciando cánticos eufóricos, ondeando banderas y encendiendo bengalas ante un incesante goteo de bocinas de coches. “Oh dios mío, no sé cómo explicarlo”, exclama Tamara, de 35 años. “Estoy tan feliz y emocionada...”

Los resultados del domingo pondrían finalmente a Serbia en un camino hacia “la libertad y la esperanza para un mejor mañana”, afirma. Pero no caía en la ilusión de que será fácil.

“Sé que tenemos un periodo duro delante de nosotros, lo sé”, dice, “pero incluso así, es un gran alivio y nos da energía para seguir”.

La tarea tremenda de darle la vuelta a la deriva del país hacia el autoritarismo y una corrupción profundamente atrincherada ahora recae en la lista de 250 candidatos, que incluye a más de 160 doctores así como a un puñado de granjeros, atletas y otros profesionales.

Añadido al desafío está el hecho de que la plataforma de políticas de los estudiantes dio poca importancia a algunos de los asuntos más divisivos para el país: la cuestión de una futura entrada en la Unión Europea ha sido reducida a un referéndum, y Kosovo es reclamado como una parte integral de Serbia.

El domingo, sin embargo, muchos simplemente estaban encantados de celebrar el fin de un gobierno que había sido conocido por amenazar rutinariamente a sus críticos y atacar la libertad de prensa.

“¡La gente ha ganado! ¡La gente ha derrotado a un dictador! ¡La gente liderará Serbia!”, exclamaba Nebojsa Cosic a un periodista de Reuters mientras en la calle juntaba los brazos para bailar la danza folklórica tradicional serbia, el Kolo.

Las multitudes también fueron rápidas para descender al parque central de Belgrado donde los leales a Vučić estuvieron acampados durante más de un año, destruyendo con alegría las vallas y tiendas que habían bloqueado el acceso al parque.

Duško Suvajac, de 52 años, apunta a las profundas implicaciones del resultado mientras estas elecciones daban inicio a diez días fundamentales de citas electorales a lo largo del globo, entre ellas las de Brasil, Israel o las elecciones legislativas de medio mandato en Estados Unidos, en las que la derecha autoritaria se está enfrentando a fuerzas pro-democráticas. “Este es un símbolo para Europa y para el mundo”, asegura. “Es una demostración de cómo la libertad puede derrotar al mal”.

Mientras él habla, quienes están a su alrededor se abrazan, se besan, lloran y gritan con alegría. Para muchos, este ha sido un momento inigualable para reclamar las mismas calles donde la llamada al cambio liderada por los estudiantes chocó con los policías armados con porras y el gas lacrimógeno e incluso un posible cañón de sonido.

“Es simplemente la realización de nuestro sueño”, dice Sara. “Recordaremos este momento para el resto de nuestras vidas”.

“Rusia considera ahora a Europa, en lugar de a Estados Unidos, su principal adversario geopolítico”. Con estas palabras explica Dmitry Adamsky, profesor de las universidades Reichman y Harvard, el nuevo “enroque” que ha adoptado Moscú para definir su estrategia en el actual contexto geopolítico. El Kremlin ha apretado el acelerador en su guerra híbrida contra el bloque europeo cuando se inicia un ciclo electoral en la UE con elecciones en cuatro de los cinco países más relevantes de la Unión: España, Francia, Italia y Polonia. En este proceso electoral hay una clara alineación entre los intereses de Rusia y los partidos de ultraderecha, que comparten el objetivo de acabar con la Unión Europea.

Tras los disturbios de Francia e Italia, en los que las autoridades de ambos países han señalado movimientos de desinformación en redes de terceros implicados, las fuerzas de ultraderecha señalaron a la inmigración como principal origen de los violentos altercados. Aunque no había ninguna prueba de que los inmigrantes hubieran estado detrás del vandalismo, el enviado presidencial especial para la inversión extranjera y la cooperación económica del Kremlin, Kirill Dmitriev, declaró que los incidentes son parte del “suicidio de la civilización occidental a causa del caos migratorio”.

Ian Bond, investigador del Centre for European Reform, explica que “Rusia no es la causa de la mayoría de los problemas sociales y económicos de las sociedades europeas, pero sabe cómo explotarlos. Los vínculos entre Rusia y los movimientos políticos antidemocráticos y euroescépticos de Europa no son casuales. Los partidos tradicionales pueden contrarrestar algunos de los discursos de alienación y desesperanza que utilizan los extremistas para captar apoyos, pero también podrían hacer más para minimizar el impacto de la influencia rusa en la competencia política interna”.

Por eso no es casualidad que partidos de la extrema derecha coincidan no solo en el discurso antiinmigración con Moscú, sino que también se hayan posicionado claramente a favor de que la Unión Europea deje de ayudar a Ucrania en su guerra contra Rusia. Kirill Dmitriev señaló en referencia a la guerra entre Rusia y Ucrania que “Occidente ha caído por no haber sabido debatir y corregir errores de graves consecuencias en materia de migración, energía e incitación a la guerra” cuando definía los altercados violentos en varias ciudades europeas.

Mujtaba Rahman, director general para Europa de Eurasia Group, advirtió en una entrevista para The Guardian de que el mayor riesgo para Ucrania es que 2027 sea el año “en que la realidad política, electoral, económica y de las políticas públicas alcance a Europa y le impida seguir aumentando su apoyo a Ucrania”. El objetivo de Rusia es que la Unión Europea rebaje o elimine su apoyo a los ucranianos para que lleguen sin fuerza a una mesa de negociación para la paz.

“Europa anima a Kiev a perseguir la derrota de Moscú”

Entre otras cosas porque como argumenta Dmitry Adamsky, “los países europeos son ahora la principal fuente de capacidad militar, determinación política y resiliencia estratégica de Ucrania. Es Europa, y no Estados Unidos, quien ha convertido a Ucrania en su instrumento para enfrentarse a Rusia y quien anima a Kiev a perseguir la derrota estratégica de Moscú”.

Ante esta situación, “Rusia debe dirigir su presión coercitiva contra Europa: sus élites, sus centros de decisión y sus infraestructuras críticas. Moscú puede introducir en los cálculos europeos lo que sus teóricos denominan 'miedo disuasorio': la reticencia de los países europeos a antagonizar con Rusia mediante un mayor apoyo a Ucrania. Según sus defensores, estas medidas también pueden restablecer una disuasión rusa creíble para la competencia a largo plazo con Occidente, cuyo centro de gravedad se encuentra ahora en Europa”, según comenta el profesor de las universidades Reichman y Harvard.

Y este posicionamiento es el que han escogido las fuerzas de ultraderecha que ahora se ven más fuertes. Por un lado, la líder francesa del partido ultra Reagrupación Nacional (RN), Marine Le Pen, avisó la semana pasada que si consigue ganar las elecciones en su país retirará la ayuda a Ucrania tras seis meses en el Palacio del Elíseo. “Mantendremos la ayuda durante seis meses para no poner a nadie en una situación difícil, pero después cesaremos la ayuda financiera a Ucrania porque ya no tenemos los medios para hacerlo. Esta financiación va a detenerse y es una cuestión de honestidad decir la verdad”, declaró Le Pen.

No era la primera vez que el partido ultra francés se opone a colaborar con los ucranianos en su guerra contra Rusia. Su partido RN siempre se ha posicionado en contra de que Francia ceda o venda armamento de largo alcance a Kiev con el argumento de que podría alargar el conflicto y también se negó a votar a favor del préstamo europeo de 90.000 millones de euros a Ucrania.

“La llegada al poder de un Gobierno de extrema derecha en Francia cambiaría el país, pero probablemente tendría un efecto aún más desestabilizador para la Unión Europea. Muchas de sus principales figuras simpatizan con Rusia y con Vladímir Putin, y un Gobierno de RN podría bloquear nuevas ayudas a Kiev, tratar de desmantelar las sanciones de la UE contra Rusia y oponerse a la adhesión de Ucrania a la Unión”, comenta el director general para Europa de Eurasia Group.

La AfD se apunta al 'miedo disuasorio'

Uno de los partidos ultras que más ha recogido la estrategia del Kremlin del 'miedo disuasorio' es la alemana AfD. Su líder Alice Weidel ha señalado en reiteradas ocasiones que Alemania, principal donante de ayuda de Kiev, debería dejar de ayudar a Ucrania porque prolongar la guerra “pone en peligro a Alemania”, ya que podría convertirse en un objetivo de Moscú.

Weidel va más allá y ha insistido en “cesar los pagos a Ucrania y todo el apoyo a la guerra”, pero incluso ha avisado de que si llegan al Gobierno van “a hacer reclamaciones sustanciales de devolución a Ucrania”. En una comparecencia esta semana en el Parlamento Europeo, la líder de extrema derecha apuntó que Moscú y Kiev se sienten a negociar la paz, pero que se “adopte un enfoque diplomático sensato que tengan debidamente en cuenta tanto los intereses de Ucrania como los de Rusia”, es decir, la política ultraderechista pone en el mismo nivel las exigencias del invasor que del invadido.

En el caso de Italia, aunque la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha subrayado desde que llegó al Gobierno su respaldo a Ucrania, sus socios de Ejecutivo representados por Matteo Salvini, de La Liga, han maniobrado para retrasar los decretos gubernamentales para la aprobación de envío de armas a Kiev. Salvini nunca ha ocultado su buena relación con Vladímir Putin y ha abogado por recuperar las relaciones con Moscú. Fuera del Gobierno ha aparecido una nueva formación política ultra que puede desestabilizar aún más el ya complicado espectro electoral italiano. Se trata de Futuro Nazionale, cuyo principal dirigente Roberto Vanacci ya ha hecho campaña para dejar de prestar apoyo a Ucrania.

En España, Vox ha mantenido una posición volátil y equidistante como suele pasar con los temas más controvertidos. Con Ucrania ha tratado de esquivar el asunto. Su líder Santiago Abascal ha culpado a Europa de inicio de la invasión de Ucrania por parte de Rusia y ha utilizado las fallidas conversaciones de paz iniciadas por el presidente del Gobierno, Donald Trump para atacar la resto de partidos: “Con esa gente que ha hundido Europa y España, no se puede ir a ningún lado. No están defendiendo a Ucrania (son los mismos que la abandonaron al poner la energía de Europa en manos rusas). Ellos saben que solo Trump puede ayudar a Ucrania a defenderse y a reconstruirse”, tras las fallidas negociaciones de paz en febrero del año pasado.

Ahora se ha abierto otra posibilidad de abrir negociaciones para acabar con una guerra que va camino de cumplir su quinto año. La Unión Europea ha pedido participar en las negociaciones entre Ucrania y Rusia con mediación de Estados Unidos, previstas para noviembre en Emiratos Árabes Unidos. Puede ser una última oportunidad antes de que un cambio de Gobierno haga más difícil a la UE mantener su apoyo a Ucrania, pese a que en la última reunión de líderes Europa se volcó para ayudar a Kiev.

Sin embargo, Dmitry Adamsky advierte de que “aunque Moscú participe en negociaciones para poner fin al conflicto, es probable que siga recurriendo a la coerción militar tanto contra Ucrania como contra Europa. Lo hará por varios motivos: para ajustar las condiciones del acuerdo a los intereses rusos, perfeccionar su incipiente teoría de la disuasión estratégica no nuclear y obligar a Europa a adoptar una arquitectura de seguridad diferente”.

Eslovenia es uno de esos destinos que, pese a su tamaño, permite organizar un viaje muy completo. En pocos días puedes pasar de una capital pequeña y fácil de recorrer a los Alpes Julianos, grandes lagos, cuevas, pueblos con historia y la costa del Adriático. Además, las distancias no son grandes, aunque conviene tener en cuenta que los desplazamientos por zonas de montaña pueden llevar más tiempo del que parece sobre el mapa.

La buena noticia es que no necesitas elegir entre naturaleza, ciudades o costa. Una primera ruta por Eslovenia puede combinar un poco de todo y, si dispones de más días, ampliar el viaje hacia regiones menos conocidas o dedicar más tiempo a hacer senderismo y disfrutar de los paisajes alpinos. La clave está en organizar bien las paradas y no intentar abarcar demasiado cada jornada.

En esta guía te contamos cuándo es mejor viajar a Eslovenia, cuántos días necesitas y qué ruta puedes plantearte según el tiempo disponible. También repasamos cómo moverte por el país, qué documentación necesitas, cuánto puedes gastar, dónde alojarte, qué tienes que probar sí o sí y qué llevar en la maleta. Y, por supuesto, qué lugares merece la pena incluir en una primera visita, desde Liubliana y el lago Bled hasta las cuevas del Karst, Piran o el valle del Soča.

Cuándo viajar a Eslovenia

Eslovenia se puede visitar durante todo el año, pero la experiencia cambia bastante según la época. Si quieres combinar naturaleza, pueblos, ciudades y rutas por montaña, primavera y otoño suelen ser buenas opciones, especialmente mayo, junio, septiembre y octubre. Hay menos afluencia que en pleno verano y las temperaturas suelen resultar más cómodas para hacer turismo y actividades al aire libre.

Julio y agosto son los meses más adecuados si quieres aprovechar al máximo los lagos, los ríos, la costa y las actividades en los Alpes, aunque también coinciden con la temporada de mayor demanda. En invierno, en cambio, el viaje cambia por completo y resulta más interesante si buscas nieve, esquí o una visita urbana. En las zonas de montaña hay que tener en cuenta además que algunas carreteras pueden verse afectadas por la nieve y que los días son más cortos. Las estaciones están muy marcadas y ten claro que en verano puede hacer mucho calor y en invierno mucho frío.

Cuántos días dedicar al viaje

Para una primera visita, lo más recomendable es disponer de entre 8 y 10 días. Con una semana puedes conocer algunos de los lugares más importantes, pero tendrás que asumir un ritmo bastante intenso moviéndote de un lado para otro.

Si solo tienes tres o cuatro días, puedes centrarte en Liubliana, el lago Bled y alguno de los atractivos del Karst. A partir de dos semanas, la ventaja está en poder viajar con más calma, hacer senderismo y añadir regiones menos conocidas y alejadas.

Qué ruta elegir según los días disponibles

En siete días conviene centrarse en los grandes imprescindibles. Una ruta bastante equilibrada puede comenzar en Liubliana y continuar hacia la zona del Karst, con las cuevas de Postojna y Škocjan y el castillo de Predjama. Desde allí puedes bajar hasta la costa para conocer Piran y después dirigirte hacia el norte para dedicar los últimos días al lago Bled, Vintgar, Bohinj y los Alpes Julianos.

Es un recorrido intenso, pero permite hacerse una buena idea de la variedad del país. Si te lo puedes permitir, lo ideal es contar con un poco más de margen.

Diez días permiten ampliar bastante el recorrido. A la ruta anterior puedes añadir Maribor y Ptuj, en el este, y dedicar más tiempo a la zona alpina. También merece la pena reservar un par de jornadas para el valle del Soča y Bovec, especialmente si te interesan las rutas de senderismo y las actividades al aire libre.

Una buena estrategia es dividir el viaje en varias bases y hacer excursiones desde ellas. Así reduces los cambios de alojamiento y evitas pasar buena parte del día metido en el coche.

Con más de dos semanas puedes dedicar varios días a los Alpes Julianos y al valle del Soča, hacer rutas a pie y explorar otras zonas del país, como Logarska Dolina, Velika Planina o algunas de sus regiones termales.

Tampoco hay que volverse loco sumando visitas. Tener más tiempo en Eslovenia merece sobre todo la pena porque permite conocer cada zona con más calma y reservar alguna jornada para improvisar según el tiempo.

Cómo moverse por Eslovenia

Eslovenia es un país pequeño, con algo más de 20.000 km² es algo más pequeño que toda la Comunitat Valenciana, y las distancias entre sus principales destinos son relativamente cortas. Aun así, hay una diferencia importante entre ver el mapa y hacer el trayecto. En las zonas de montaña las carreteras son buenas pero estrechas, y los recorridos pueden ser sinuosos y bastante más lentos de lo que parece.

Para una ruta de una semana o diez días, el coche de alquiler es probablemente la opción más cómoda, sobre todo si quieres combinar lagos, cuevas, pueblos y espacios naturales. La red de trenes y autobuses permite viajar por buena parte del país, pero ofrece menos flexibilidad para llegar a zonas rurales o encadenar varias visitas en una misma jornada.

Si conduces por autopistas y determinadas vías rápidas tendrás que adquirir una e-vignette, vinculada a la matrícula del vehículo. Si el coche lo alquilas en Eslovenia suele venir incluida, pero si el coche viene de fuera de sus fronteras es un trámite obligatorio que conviene resolver antes de utilizar estas carreteras y que deberás gestionar tú mismo (fácilmente de manera online).

Documentación, sanidad y otros aspectos prácticos

Si viajas desde España, Eslovenia forma parte de la Unión Europea y del espacio Schengen, por lo que puedes entrar con DNI o pasaporte en vigor.

La Tarjeta Sanitaria Europea permite acceder a la asistencia sanitaria pública, pero no sustituye a un seguro de viaje que además incluirá muchas otras coberturas. Si vas a hacer senderismo o actividades de montaña, es especialmente recomendable comprobar que el seguro cubre este tipo de actividades.

Los enchufes son tipo C y F, como en España, y tampoco hay diferencia horaria, así que no tendrás que preocuparte por nada de eso.

Internet y móvil

Al estar dentro de la Unión Europea, los viajeros españoles pueden utilizar el móvil con las condiciones de roaming de su tarifa. Aun así, conviene comprobar antes del viaje los límites de datos.

La cobertura suele ser buena en las zonas habitadas y turísticas, aunque puede empeorar en algunos puntos de montaña. Encontrarás Wi-Fi en prácticamente cualquier lugar público, así que permanecer conectado no será ningún problema.

Dinero, precios y presupuesto

Eslovenia utiliza el euro y las tarjetas están ampliamente aceptadas. Aun así, es recomendable llevar algo de efectivo para pequeños gastos o lugares donde no admitan pagos con tarjeta, como puede ocurrir en algunos puntos de la montaña.

El coste del viaje puede resultar parecido al de España, aunque depende bastante de la zona y de la temporada. El alojamiento en lugares muy turísticos, especialmente Bled, puede elevar el presupuesto, al igual que los aparcamientos y las entradas a determinados atractivos. Pero por lo general Eslovenia no es un país caro, sobre todo si te sales de las rutas más turísticas.

¿Es seguro viajar a Eslovenia?

Eslovenia es, en general, un destino seguro para viajar por libre. Las precauciones son las habituales en cualquier viaje, especialmente en zonas turísticas, donde conviene vigilar las pertenencias y no dejar objetos de valor a la vista en el coche.

Si vas a hacer rutas por montaña, consulta siempre la previsión meteorológica y lleva el equipamiento adecuado. En los Alpes el tiempo puede cambiar rápidamente y hay que estar preparados.

A tener en cuenta al elegir el alojamiento

Aunque el país sea pequeño, no es buena idea utilizar Liubliana como única base si vas a viajar durante una semana o más. Los desplazamientos diarios hacia Bled, Bohinj, la costa o los Alpes pueden acabar restando bastante tiempo al viaje.

Para una ruta de siete a diez días resulta más práctico repartir las noches entre varias zonas. Puedes combinar Liubliana con una base en los alrededores de Bled o Bohinj, otra en la zona del Karst o la costa y, si vas a dedicar más tiempo a los Alpes, alguna localidad del Valle del Soča.

En temporada alta conviene reservar con antelación, especialmente en los destinos más demandados. También merece la pena buscar alojamientos rurales en los alrededores de las principales localidades, que pueden ofrecer precios más moderados y una experiencia más auténtica.

Gastronomía eslovena

La cocina eslovena mezcla influencias de Europa Central, los Alpes, el Mediterráneo y los Balcanes, por lo que la mezcla de sabores es interesante. Entre los platos que merece la pena probar están los štruklji, que pueden llevar diferentes rellenos, la típica salchicha kranjska klobasa, la jota, una sopa de verduras y carne, y el golaž, un clásico estofado de carne.

En el apartado dulce destacan la potica, un pastel enrollado con frutos secos y miel, y la kremšnita, una tarta de crema especialmente típica de la zona de Bled. También encontrarás platos de tradición balcánica, como los čevapčiči.

Idioma y comunicación

El esloveno no es fácil, pero el inglés está muy extendido y es fácil comunicarse, especialmente en alojamientos y servicios relacionados con el turismo.

No necesitas aprender esloveno para viajar, aunque conocer algunas palabras siempre resulta útil y, además, muy apreciado por los locales.

Qué llevar en la maleta

La época del viaje marca una diferencia importante. En verano necesitarás ropa ligera, protección solar y bañador si quieres aprovechar los lagos o la costa, pero también alguna prenda de abrigo y un impermeable. En las zonas de montaña puede refrescar por la noche y el tiempo puede cambiar rápidamente.

Si vas a hacer rutas a pie, el calzado cómodo y con buen agarre debería estar entre tus prioridades. En primavera y otoño es especialmente útil vestirse por capas. En invierno tendrás que preparar una maleta mucho más abrigada y adaptada a las condiciones de nieve, porque según por dónde te muevas las temperaturas pueden ser realmente bajas.

Imprescindibles que no te puedes perder en una primera visita

Si es tu primer viaje a Eslovenia, hay varios lugares que deberían estar en la planificación. Liubliana es un buen punto de partida, mientras que Bled y Bohinj concentran algunos de los principales atractivos de los Alpes Julianos. Cerca de Bled, la garganta de Vintgar permite añadir una ruta sencilla a esta parte del viaje.

En el sur, las cuevas de Postojna, el castillo de Predjama y las cuevas de Škocjan muestran otra de las grandes particularidades del país con su paisaje kárstico. Y si quieres conocer la costa, Piran es la parada imprescindible.

Con más tiempo, merece la pena ampliar el recorrido hacia el valle del Soča y Bovec, entrar en el Parque Nacional de Triglav y acercarse a Maribor y Ptuj. Las zonas más populares pueden requerir cierta planificación previa en temporada alta, especialmente cuando hay entradas o aparcamientos con capacidad limitada. Pero con un poco de planificación verás que Eslovenia es un país cómodo de descubrir y extremadamente fácil de disfrutar.

Nacer en la Europa del año 2005, según el historiador Timothy Garton Ash, suponía “llegar al mundo en un momento de expansión sin precedentes de la libertad, la paz y la integración europea”. O así, al menos, lo ha defendido en su discurso de entrega del Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales en Oviedo.

“Nunca, a lo largo de los siglos, habíamos estado tan cerca de hacer realidad la visión de una Europa unida y libre como en aquel momento dorado, en torno al año 2005”, ha explicado durante su intervención.

¿Qué ha pasado desde aquel año? Para el autor de Europa, una historia personal, desde entonces hemos vivido una sucesión de crisis –económicas, sociales y políticas– que han amenazado los valores europeos.

Ante el rey Felipe VI, la princesa Leonor y el resto de premiados, Garton Ash ha advertido que “ahora nos enfrentamos a tal cúmulo de amenazas externas e internas, que todo lo conseguido desde 1945 –esa Europa que muchos miembros de su generación, alteza, daban por sentada– se encuentra hoy amenazado en su propia existencia”. “¿Cómo podemos seguir hablando, por ejemplo, de una Europa de 'posguerra' cuando estamos presenciando en Ucrania una guerra a gran escala que ya dura más que la Primera Guerra Mundial?”, se ha preguntado.

Nacido en Londres en 1955 y formado en la Universidad de Oxford, donde ejerció como catedrático de Estudios Europeos, Garton Ash ha cimentado su prestigio combinando la profundidad del análisis histórico con la inmediatez de la crónica periodística. Ha sido un testigo privilegiado de las transformaciones radicales que sufrió el continente europeo durante las últimas décadas del siglo XX.

Premiado por su defensa de los valores liberales y al entendimiento de la complejidad geopolítica contemporánea, el intelectual británico ha demostrado una vez más ser la voz de una conciencia europea que se niega a dar por sentada la libertad conquistada.

En la ceremonia de entrega, ha defendido “defender, reformar y ampliar una Europa libre”. Con una receta de tres ingredientes: un compromiso profundo con la búsqueda de la verdad, una apuesta por la confianza y el tiquitaca, el juego en equipo.

“La democracia liberal atraviesa hoy una profunda crisis de confianza en casi toda Europa, especialmente entre los europeos más jóvenes”, ha advertido. Y para recuperarla “no basta solo con buenas políticas”: “Hacen falta también instituciones respetadas, capaces de adaptarse continuamente, así como las aportaciones individuales en todos los ámbitos de la sociedad”.

Garton Ash ha cerrado su discurso con ese tiquitaca –una referencia a Leo Messi, otro de los premiados–: “Ojalá las naciones, Estados y regiones de Europa fueran capaces de hacer lo mismo, combinando, como siempre ha hecho Europa en sus mejores momentos, la diversidad y la unidad”. “Seríamos imbatibles”.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha avalado este jueves las medidas de la excepción ibérica que planteaba un tope al precio del gas para solventar la crisis inflacionaria que provocó la invasión de Ucrania por Rusia en 2022. Los magistrados han tumbado los recursos de casación presentados por PGI Spain, Berry Superfos Pamplona, Promens Packaging, RPC Envases y Zeller Plastik España contra la decisión de la Comisión Europea de respaldar la medida y la sentencia del Tribunal General de la UE, que desestimó el recurso de las empresas.

La medida aprobada en 2022 por el Gobierno español trataba de fijar un tope al precio máximo del gas con el fin de reducir los precios de la electricidad y de atenuar los efectos de la crisis energética para los consumidores. La Comisión decidió no formular objeciones, pues consideró que la ayuda de Estado notificada era compatible con el mercado interior y que la exención que contenía no confería una ventaja selectiva. Seguidamente, declaró que dicha medida era necesaria, adecuada y proporcionada, además de no infringir ninguna de las disposiciones pertinentes del Derecho de la Unión.

La medida notificada consiste en efectuar pagos a los operadores de centrales eléctricas de combustibles fósiles situadas en la Península Ibérica (centrales de gas, carbón y cogeneración que no se benefician de una tarifa regulada) para cubrir parte de sus costes de combustible. Al reducir los costes de funcionamiento de estas centrales, que son los que más influyen en la fijación del precio mayorista de la electricidad, la medida notificada pretende reducir, en consecuencia, las ofertas que los operadores de estas centrales presentan a las subastas diarias del mercado mayorista de la electricidad y, a su vez, reducir el precio mayorista de la electricidad.

Las empresas recurrentes son sociedades españolas que no adquieren su electricidad directamente en el mercado mayorista de la electricidad, sino a través de un proveedor de electricidad. Con el fin de garantizar la estabilidad del precio del suministro, dichas empresas celebraron acuerdos de compra de electricidad. Respecto de una parte del suministro aprobaron acuerdos que implicaban a una empresa distinta de su proveedor físico de electricidad, basados en pagos compensatorios en función de la diferencia entre el precio de mercado y el precio establecido en el contrato. Las empresas califican este tipo de acuerdo de compra de electricidad financiero. Así alegaban la infracción del Reglamento relativo al mercado interior de la electricidad y de la Directiva sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad.

Sin embargo, el Tribunal de Justicia considera que el Tribunal General obró correctamente cuando no tuvo en cuenta nuevas pruebas que le fueron presentadas el 10 de agosto de 2023, posteriores a la adopción de la Decisión de la Comisión . En efecto, en el contexto de un recurso de anulación, la legalidad de un acto de la Unión debe apreciarse en función de los elementos fácticos y jurídicos existentes en la fecha en que ese acto fue adoptado.

Además, el Tribunal europeo desestima la alegación de las empresas recurrentes que sostenían haber aportado pruebas que demostraban que la Comisión los Estados miembros habían discutido sobre el recurso por parte de los compradores en el mercado minorista a acuerdos de compra de electricidad financieros, señalando que el Tribunal General no se equivocó al considerar que las empresas recurrentes no disponían de acceso al expediente administrativo y que no habían identificado los documentos solicitados ni habían proporcionado un mínimo de elementos que demostraran la utilidad de dichos documentos a efectos del procedimiento. Por otro lado, también se desestima la alegación relativa a la violación del principio de no discriminación por ser premisas “infundadas”.

El Parlamento Europeo ha otorgado este jueves el premio Sájarov a la libertad de conciencia a la Corte Penal Internacional (CPI) y a sus trabajadores. La decisión tiene una fuerte carga política tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de la imposición de sanciones a sus jueces y fiscales en su ofensiva para desmantelar el tribunal.

El Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia, concedido por primera vez en 1988 a Nelson Mandela y Anatoli Marchenko, es el máximo homenaje rendido por la Unión Europea a la labor en el ámbito de los derechos humanos. Los eurodiputados socialdemócratas y del PP Europeo se han unido para conseguir los votos necesarios para conceder el premio a la CPI.

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha declarado que “la Unión Europea se fundamenta en el respeto al multilateralismo y a las instituciones internacionales. Al conceder el premio Sájarov a la Corte Penal Internacional y a sus responsables, el Parlamento Europeo reconoce la importante labor del tribunal en la defensa del Derecho internacional y la justicia”.

“La Corte desempeña un papel fundamental en la lucha mundial contra la impunidad. A través de la justicia penal internacional, pretende exigir responsabilidades a los autores de estos crímenes y contribuir a evitar que vuelvan a cometerse. El premio pone de relieve la labor de la CPI, que incluye investigaciones, procesamientos, juicios y la emisión o autorización de órdenes de detención. La UE debe proteger los mecanismos mundiales de justicia internacional y rendición de cuentas”, ha señalado Metsola.

La Corte Penal Internacional ha mandado un comunicado en el que agradece el galardón, que “llega en un momento en el que la Corte y sus responsables afrontan desafíos sin precedentes, incluidas sanciones destinadas a obstaculizar el ejercicio de su mandato judicial”.

“Aunque este premio reconoce la labor de la Corte en la lucha contra la impunidad y en la garantía de juicios justos, también supone un importante reconocimiento del papel de la justicia internacional como piedra angular de una paz duradera. En un mundo marcado por el aumento de los conflictos, no hay paz sin justicia ni seguridad sin ley”, apuntan desde la CPI.

Objetivo a desmantelar por la Casa Blanca

La CPI se ha convertido en el objetivo de la Casa Blanca desde hace meses. El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció el pasado julio que Estados Unidos iba a poner en marcha una “campaña de gran envergadura para desmantelar la amenaza que supone la Corte Penal Internacional para la soberanía estadounidense”.

Este mes de octubre, la Administración Trump impuso nuevas sanciones a la CPI tras señalar que se ha politizado y ha intentado juzgar de forma injusta e ilegal a estadounidenses e israelíes por delitos de guerra. Entre otras personas, las sanciones iban dirigidas contra la jurista sudafricana Navi Pillay, exjueza de la CPI, quien había dirigido las investigaciones en casos de la CPI contra tropas estadounidenses en Irak y Afganistány a la que se le concedió el Premio Nobel de la Paz.

Las sanciones bloquean cualquier activo que la CPI, como institución, pueda tener en jurisdicciones estadounidenses y establecen un plazo de seis meses para que las empresas y personas estadounidenses que mantengan relaciones comerciales con la Corte pongan fin a dichas relaciones.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu felicitó a Trump “por haber tomado esta decisión crucial de imponer sanciones a la CPI. La CPI no es un tribunal. Es un organismo político que supone una amenaza mortal para las democracias respetuosas con la ley de todo el mundo y para la propia idea de soberanía nacional. Gracias por vuestro liderazgo”.

La respuesta de la Unión Europea fue bastante tibia. Solo un comunicado en el que se aseguraba que “la UE siempre ha apoyado a la Corte Penal Internacional. Es profundamente lamentable que Estados Unidos haya anunciado su intención de imponer sanciones”.

En su comunicado, la UE subrayó que “colaborará estrechamente con la CPI para garantizar que siga funcionando de manera eficaz. Y seguimos comprometidos a colaborar con los 125 Estados que son partes del Estatuto de Roma para preservar y respetar su independencia, de modo que pueda continuar con su misión vital. Dado que hay un plazo de seis meses antes de que las medidas sean aplicables, existe margen para el diálogo”, sostiene. Y termina: “La UE está dispuesta a adoptar todas las medidas necesarias para que la Corte pueda llevar a cabo su labor, tanto en la investigación como en el enjuiciamiento de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, y para proteger los intereses de los operadores de la UE dentro del mercado único”.

'Estatuto de bloqueo' de la UE para defender a la CPI

Aunque esas medidas, de momento, no se han puesto en marcha ya que las sanciones de EEUU no son firmes y hay un periodo de seis meses para su imposición. Los eurodiputados han pedido en reiteradas ocasiones a la Comisión Europea que active el denominado 'estatuto de bloqueo' de la UE para proteger a los responsables de la CPI frente a ataques extraterritoriales y permitir que el tribunal siga desempeñando sus funciones con plena independencia.

El estatuto de bloqueo protege a los operadores europeos al anular dentro de la UE los efectos de cualquier resolución judicial extranjera basada en leyes de otros países. También les permite reclamar ante los tribunales una indemnización por los daños derivados de la aplicación extraterritorial de leyes extranjeras.

La recién reelegida líder de los socialdemócratas europeos (S&D) en la Eurocámara, Iratxe García, ha cargado duramente contra la primera ministra de Dinamarca, la socialista Mette Frederiksen, por tener una de las posiciones más duras contra la inmigración entre los 27 líderes de la Unión Europea. García ha señalado que Frederiksen “no estaba defendiendo la postura socialdemócrata. No es la posición del grupo S&D ni la de la familia política socialdemócrata” cuando pidió en el pasado Consejo Europeo de la semana pasada que la UE censure la regularización migratoria de España que aprobó el Gobierno de Pedro Sánchez.

La primera ministra danesa fue la más dura de los tres líderes que lanzaron la iniciativa contra las políticas de Pedro Sánchez. “Si un país está haciendo básicamente justo lo contrario que el resto —es decir, alguien entra ilegalmente en un país y, de repente, se le permite quedarse legalmente—, creo que va en contra de la política migratoria que cuenta hoy con un amplio respaldo mayoritario en Europa. He pedido a la Comisión que examine más a fondo esta cuestión”, declaró la dirigente danesa en clara alusión a las políticas migratorias de Sánchez.

Aunque la primera ministra danesa es del partido socialista y podría tener alguna consonancia política con Sánchez, ha adoptado las posiciones más duras ante la inmigración de toda Europa. Frederiksen también quiso que en las conclusiones de la cumbre se puntualice que la migración irregular “es un delito” y que la inmigración esta “relacionada con los índices de criminalidad”.

Finalmente, los tres países que lideraron el ataque contra Sánchez -Dinamarca, Polonia e Italia- fracasaron en su intento de definir una política más dura contra la inmigración en las conclusiones del Consejo Europeo. El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, ha revelado días más tarde que “se produjo un enfrentamiento bastante duro. Por un lado, el presidente del Gobierno español defendía una política migratoria que, en nuestra opinión, es ineficaz, es decir, una apertura excesiva. Por otro lado, había una alianza muy sólida entre Polonia, Italia y Dinamarca”.

La cuestión es que en Italia gobierna el partido de ultraderecha de Giorgia Meloni; en Polonia, Tusk es el líder de Plataforma Cívica, formación conservadora que está dentro del Partido Popular Europeo, mientras que Frederiksen es presidente de los Socialdemócratas daneses, que están en la misma familia política que el PSOE de Pedro Sánchez. La posición de la primera ministra danesa es más compleja cuando solo hay ahora tres países de los 27 que conforman la Unión Europea con gobiernos socialdemócratas: España, Dinamarca y Malta.

Iratxe García ha renovado su liderazgo en el grupo socialdemócrata europeo, el segundo con más europarlamentarios de la cámara europea, con 135, de los que 20 son españoles, mientras que solo tres son daneses. Durante su participación en el pleno del Parlamento Europeo, que se está celebrando en Estrasburgo, señaló que “los enemigos de Europa no son los migrantes. Son fondos buitre que desalojan a una mujer discapacitada de 87 años. Autócratas y belicistas que hacen que los ciudadanos paguen por sus guerras. Negacionistas del clima que sacrifican nuestros hogares y cultivos por ganancias. Y los cómplices europeos que los facilitan”.

Fuentes de los socialdemócratas europeos han explicado que no es la primera vez que Frederiksen ha mostrado su postura más dura contra la inmigración, aunque no se espera una declaración oficial del grupo socialdemócrata del Parlamento en la misma línea de las palabras de García de desautorización del discurso de la primera ministra danesa.

Por otro lado, las mismas fuentes han subrayado que la delegación danesa del grupo socialdemócrata no ha realizado ningún comentario ni ha adoptado ninguna reacción ante las palabras de García.

El cambio climático ha hecho que la región del Ártico se convierta en una prioridad para la Unión Europea. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y la jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, han presentado este martes una nueva estrategia para la zona con un claro perfil geopolítico donde la defensa ante la apertura de nuevas rutas por el deshielo y la explotación de nuevos recursos centrados en los minerales críticos, pero la UE mantiene su postura conjunta sobre el Ártico de 2021: “garantizar que el petróleo, el carbón y el gas permanezcan bajo tierra” frente a las intenciones de Donald Trump de incrementar las exploraciones de combustibles fósiles.

“La apertura de nuevas rutas marítimas y el descubrimiento de recursos están reconfigurando el panorama económico y de seguridad de la región, lo que provoca un aumento de las tensiones geopolíticas, la competencia estratégica y la actividad militar”, argumentan en la Comisión Europea.

La nueva estrategia europea llega tras el acuerdo firmado por la Administración de Donald Trump y Groenlandia y Dinamarca. El gobierno de la isla danesa rebatió la semana pasada las declaraciones del presidente de Estados Unidos, que señaló en su red social que “¡Una exploración masiva de petróleo, gas y minerales se está preparando para comenzar en nuestra nueva y hermosa Groenlandia!”.

El viceministro groenlandés de Minería, Jørgen Hammeken-Holm, admitió que “hay actividades de empresas estadounidenses, pero muy lejos de una exploración gigantesca. Hay muchas exploraciones de menor envergadura en curso, pero podrían pasar años antes de que entren en funcionamiento”. El pasado septiembre la UE firmó un pacto de asociación con Groenlandia para frenar la obsesión anexionista de Trump, que “reconoce la creciente importancia estratégica de Groenlandia” y se destinaban 200 millones de euros en diferentes proyectos para fortalecer los vínculos europeos de la isla danesa.

Haya o no más perforaciones petrolíferas de empresas estadounidenses en Groenlandia, es evidente que EEUU ha logrado expandir de forma notable su presencia e influencia militar en el Ártico. Es un territorio donde Rusia controla la mitad de la zona económica terrestre y marítima al norte del Círculo Polar Ártico y dos tercios de los habitantes de la región ártica viven en territorio ruso, además de contar con la mayor capacidad para utilizar las nuevas vías que se han abierto por su flota de buques rompehielos, algunos de propulsión nuclear, y submarinos nucleares. De hecho, Trump utilizó el argumento de defensa frente a rusos y chino para tratar de hacerse con Groenlandia.

Rusia ha intensificado el uso de la ruta polar para transportar petróleo y gas a China desde 2022, tras la invasión de Ucrania y la aprobación de sanciones comerciales contra el Kremlin. Mientras que China ha mostrado un claro interés por incrementar el transporte marítimo por “la ruta de la seda polar”. En 2024, China y Rusia empezaron a realizar patrullas conjuntas en la zona del ártico, según la CNN.

Ante esta situación, la UE va a poner en marcha una serie de movimientos para mantener su capacidad de respuesta en una zona donde más de medio millón de ciudadanos europeos viven en la región. Dinamarca, Finlandia y Suecia son Estados miembros de la UE con territorios árticos y la Unión mantiene estrechos vínculos con Noruega, Islandia, el Reino Unido, Canadá y Estados Unidos. “Los acontecimientos en el Ártico afectan directamente a la seguridad, el clima y la prosperidad de Europa”, aseguran desde la Comisión Europea.

Von der Leyen ha declarado que “el Ártico es el vecino septentrional de Europa: una región cercana, conectada y crucial para nuestro futuro. Y está cambiando. Las nuevas rutas marítimas y los recursos están alimentando la competencia estratégica. Con nuestra nueva estrategia, invertimos en reforzar la seguridad, desarrollar infraestructuras resilientes y generar oportunidades económicas”.

Kallas ha comentado que “el Ártico se ha convertido en una primera línea de la competencia por el poder mundial. La estrategia actualizada de la UE para el Ártico refleja esta nueva realidad al situar la seguridad en el centro de sus prioridades”.

“El petróleo, el carbón y el gas permanecerán bajo tierra”

Ahora bien, aunque hay planes para desarrollar más actividad económica y militar, en Bruselas subrayan que “se garantiza que el petróleo, el carbón y el gas permanezcan bajo tierra, también en las regiones árticas”. La UE resalta la intención de “cumplir los objetivos del Acuerdo de París, incluida la transición para abandonar los combustibles fósiles de manera justa, ordenada y equitativa”.

“El Ártico está experimentando un cambio climático sin precedentes y se calienta casi cuatro veces más deprisa que la media mundial. Como regulador del clima mundial, las transformaciones que se producen en la región tienen consecuencias que van mucho más allá de sus fronteras, entre ellas la subida del nivel del mar y la alteración de los patrones meteorológicos. Estos efectos ya se sienten directamente en toda Europa. Desde las olas de calor mortales hasta los cambios en los ecosistemas, Europa se calienta al doble de velocidad que la media mundial”, explican desde la Comisión Europea.

Por este motivo, a UE reforzará la investigación y el seguimiento del clima para comprender mejor el cambio climático y facilitar respuestas eficaces. La Unión trabajará con los Estados miembros y sus socios para compartir datos a través de OceanEye, la nueva iniciativa europea de observación y vigilancia de los océanos.

Protección de infraestructuras críticas y cables submarinos

Ahora bien, el papel que quiere jugar la UE también tiene una vertiente económica y el papel de doble uso civil y militar. De hecho, el aspecto de Defensa es el más amplio. En colaboración con la OTAN y los países del entorno se va a reforzar “la protección de infraestructuras críticas y reforzar la capacidad de Europa para operar en las condiciones del Ártico, entre otras medidas mediante la ampliación de la capacidad europea de rompehielos”.

También se centrará en mejorar a largo plazo la preparación y la capacidad de respuesta ante posibles amenazas, garantizando la resiliencia de las cadenas de suministro, protegiendo las fronteras marítimas septentrionales y salvaguardando las infraestructuras submarinas críticas. Para mejorar el conocimiento compartido de la situación y la vigilancia, se creará un nuevo centro de seguridad marítima (Maritime Security Hub) que ayudará a los Estados miembros y a los socios a compartir información y mejorar la supervisión de las actividades marítimas en el Ártico.

La UE apoyará la creación de un centro de cables del Ártico (Arctic Cable Hub) para supervisar y proteger los cables submarinos del Atlántico Norte y el Ártico, así como contribuir a su reparación. Uno de los objetivos de la guerra híbrida de Rusia contra Europa han sido los cables submarinos de telecomunicaciones. También invertirá en tecnologías inteligentes para detectar posibles amenazas contra estas infraestructuras críticas y ampliará progresivamente sus funciones para incluir “el seguimiento de los buques de la flota fantasma, la detección de la pesca ilegal y la contaminación y la mejora de la coordinación de las operaciones de búsqueda y salvamento”.

El Ártico ya es una zona fuertemente militarizada. La Simons Foundation realizó un informe en el que contabiliza hasta 60 bases militares en la zona, de las que 30 pertenecen a Rusia y otras 36 están en territorios de países que pertenecen a la OTAN, la mayoría en territorio noruego (15), seguido de Canadá (9), Estados Unidos (8), Groenlandia e Islandia.

En el ámbito económico, Bruselas pretende en la zona ártica desarrollar más actividad económica en ámbitos como las energías renovables, las tierras raras y los minerales críticos, el transporte de doble uso, la conectividad digital y las industrias marinas sostenibles.

Bruselas pretende incrementar las conexiones de las infraestructuras europeas (puertos, las conexiones ferroviarias, las terminales energéticas y las infraestructuras satelitales y digitales) en las nuevas redes comerciales y de transporte del Ártico. Además, se abrirá un nuevo centro europeo de investigación polar (EU Polar Research Hub) reforzará los vínculos entre la ciencia y la formulación de políticas.

“El Consejo Europeo lamenta la decisión de Estados Unidos de levantar temporalmente las sanciones al diésel ruso”. Es una declaración breve y escueta, pero de una gran carga política. Los 27 países de la Unión Europea muestran su oposición a las decisiones de la Administración de Donald Trump, en un momento en el que claramente se ve que el presidente de Estados Unidos trata de culpar al presidente ucraniano de los altos precios del carburante ante las próximas elecciones, las 'midterm', que tendrán lugar en Estados Unidos.

Hasta el momento, la Unión Europea había intentado esquivar un pronunciamiento claro del papel de Trump en la guerra de Ucrania. Sin embargo, las últimas declaraciones del presidente de Estados Unidos han cambiado las tornas en Europa. Trump ha llegado a pedir que hubiera un cambio de presidente en Ucrania y se ha visto su mano tras el apagón tecnológico de la empresa de satélites de Elon Musk, Starlink, que ofrece información a Ucrania sobre los ataques con misiles y drones desde Rusia.

El levantamiento de las sanciones a Rusia no ha sido del gusto de los líderes europeos. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, aseguró que “a decisión que se tomó no es buena para nadie. No es verdad que vaya a resolver el problema del mercado mundial del diésel. Por lo tanto, creo que no tendrá un impacto para el presidente Trump, envía un mensaje negativo y es un elemento de división, más bien genera desconfianza”.

“Cualquier paso que ayude a los rusos es una mala señal”

El primer ministro portugués, Luís Montenegro, calificó como “incoherente e inconsecuente” la decisión de la Casa Blanca, mientras que el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, reiteró que lamentaba profundamente “este acuerdo sobre el diésel. Evidentemente, no representa una parte muy importante [del suministro], pero, aun así, va en la dirección equivocada. Cualquier paso que ayude ahora a los rusos a aumentar la financiación de la guerra es una mala señal. Por eso, respaldamos plenamente la postura de Volodímir Zelenski.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, afirmó que “con las señales procedentes de EEUU, que van en contra de Ucrania, Europa se encuentra en una situación más desfavorable, más difícil, en lo que respecta a nuestra capacidad para defendernos de Rusia”. En el mismo sentido, el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, mostró su desacuerdo con la decisión del presidente estadounidense. “Por supuesto, no estamos de acuerdo con la compra de diésel a Rusia por parte de Estados Unidos, ya que el diésel y el petróleo son lo que impulsa y alimenta la maquinaria bélica rusa”, apuntó Stubb. 

La posición beligerante de Trump con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, también responde a la negativa de ucraniano a dejar de atacar a las infraestructuras energéticas rusas, pese a que Zelenski dio el visto bueno a un posible alto el fuego que Rusia rechazó.

La jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, defendió que las refinerías rusas de carburante eran objetivos militares legítimos. “Si tenemos en cuenta el derecho internacional, está claro que estos ataques son una forma de defender a Ucrania. De estas refinerías procede la financiación de esta guerra que cada día acaba con la vida de ucranianos”.

Restricciones de Starlink para defender a Ucrania

Zelenski participó en la cumbre de líderes europeos que se ha celebrado este viernes en Bruselas. Tras verse con los mandatarios, el presidente ucraniano dio una rueda de prensa en la que se quejó de las restricciones de los satélites Starlink, pedidas por el presidente Trump, ya que impedía “interceptar aviones a reacción que atacan a nuestra población civil y que están matando a nuestras familias”.

“Estábamos utilizando interceptores especiales que se desplazaban a gran velocidad, drones interceptores que se mueven gracias a Starlink. Así pues, Starlink no se desactivó, pero se redujeron los límites de velocidad y, al reducirse éstos, nos vimos incapaces de derribar ciertos drones Shahed”, explicó Zelenski.

Aunque según el líder ucraniano parece que se va a solucionar: “el Ministerio de Defensa y mis socios han dicho que hay indicios por parte de la Casa Blanca de que van a restablecer esas capacidades. ¿Han restablecido los límites de velocidad anteriores? No, pero ¿se van a restablecer ahora? Sí”. 

Ucrania también ha mostrado su queja porque se ha quedado sin misiles 'Patriot' de fabricación estadounidense para su sistema de defensa aérea, lo que la deja más vulnerable a los ataques con misiles balísticos rusos. “Es un secreto a voces que, en estos momentos, no somos un destino prioritario para estos misiles, ya que se están enviando a Oriente Medio”, apuntó Zelenski, refiriéndose al conflicto iniciado por Estados Unidos en Irán.

Además, los países de la UE se han comprometido también a solventar las necesidades de financiación de Ucrania para afrontar en los próximos años la guerra contra Rusia. “Pedimos a la Comisión que presente la propuesta para abordar las necesidades de financiación adicionales de Ucrania para 2027”, se puede leer en las conclusiones del Consejo Europeo.

En la resolución de esta cumbre, los Estados miembros “mantienen su compromiso de atender las necesidades financieras urgentes de Ucrania junto con los socios internacionales”, para lo que piden “intensificar rápidamente su apoyo para ayudar a satisfacer las necesidades financieras y militares urgentes”.

Zelenski ha comentado en varias ocasiones que la guerra con Moscú costará 155.000 millones de euros el año que viene y que necesitarán “al menos 70.000 millones de euros más” de parte de la Unión para defensa y armamento.

La migración ha vuelto a tensionar una cumbre europea en Bruselas. España, con el respaldo de Portugal, Luxemburgo y Francia, ha logrado bloquear el intento de Dinamarca, Polonia e Italia para que se incluya en la resolución de este Consejo Europeo tres puntos que muestren a los ciudadanos que los líderes europeos consideran una preocupación la inmigración ilegal, que se eviten medidas que puedan producir un efecto llamada, en clara alusión al proceso de regularización que llevó a cabo el Gobierno de Pedro Sánchez, y que la Comisión Europea tenga más capacidad de coordinar las políticas migratorias que pongan en marcha los miembros de la UE.

Finalmente, a pesar de las presiones de los tres países, que ostentan las posiciones más duras respecto a la inmigración, y que en teoría contaban con el respaldado de hasta 15 estados miembros más, el Gobierno de Pedro Sánchez ha conseguido que las conclusiones del Consejo Europeo no digan nada sobre la gestión migratoria de su Ejecutivo. La resolución del Consejo solo apunta a que se “mantuvo un debate estratégico sobre el enfoque integral de la Unión Europea en materia de migración” y se “hizo balance de los avances en la aplicación de sus anteriores conclusiones, también a la luz de la reciente carta de la presidenta de la Comisión Europea”.

Además, se mantiene “la intención” de trabajar “en estrecha colaboración con los Estados miembros para desarrollar un marco de emergencia y abordar todas las formas de instrumentalización” y se “volverá a abordar esta cuestión en una de sus próximas reuniones”.

Fuentes diplomáticas aseguran que el punto en el que se solicitaba que la Comisión Europea tenga más capacidad de coordinar las políticas migratorias ha sido determinante para chocar con la oposición de una serie de países, que veían en la medida una intrusión y supervisión de las políticas nacionales que las capitales europeas no estaban dispuestas a aprobar.

De todas maneras, como aviso a navegantes de lo que puede venir, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo la iniciativa del Gobierno español para la regularización masiva de migrantes es “competencia nacional” pero “puede tener un impacto transfronterizo”, por lo que urgió a una mayor cooperación en la zona Schengen, según informa EFE.

Sin embargo, Pedro Sánchez ha valorado como un reconocimiento a su gestión el punto sobre Ceuta y Melilla en las conclusiones del Consejo, ya que establece “la situación específica” de ambas ciudades que “albergan las únicas fronteras terrestres de la UE en el continente africano”. Además, el Consejo Europeo “expresa su solidaridad y apoyo a España ante la llegada repentina y masiva de migrantes a Ceuta los días 30 y 31 de julio de 2026 y celebra el apoyo financiero y operativo de la UE, habida cuenta de la situación específica de Ceuta y Melilla”.

“Europa está más presente de lo que nunca ha estado en Ceuta y Melilla porque ambas ciudades también son Europa. Evidentemente queda todavía mucho por hacer, pero creo que es un paso muy importante que hemos dado desde el punto de vista político”, ha resaltado Sánchez.

“Un país está haciendo justo lo contrario que el resto”

En esta cumbre ha sido la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, la que ha sido más dura con España. “Si un país está haciendo básicamente justo lo contrario que el resto —es decir, alguien entra ilegalmente en un país y, de repente, se le permite quedarse legalmente—, creo que va en contra de la política migratoria que cuenta hoy con un amplio respaldo mayoritario en Europa. He pedido a la Comisión que examine más a fondo esta cuestión”, ha declarado la dirigente danesa en clara alusión a las políticas migratorias de Sánchez.

Aunque la primera ministra danesa es del partido socialista y podría tener alguna consonancia política con Sánchez, ha adoptado las posiciones más duras ante la inmigración de toda Europa. Frederiksen también quiere que en las conclusiones de la cumbre se puntualice que la migración irregular “es un delito” y que la inmigración esta “relacionada con los índices de criminalidad”.

Frederiksen fue junto a la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, las voces más críticas contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez cuando tuvo lugar la crisis migratoria de Ceuta. Aunque parecía que con Meloni se estaban normalizando las relaciones tras el anuncio de negociaciones para levantar los controles fronterizos en puertos y aeropuertos tras los sucesos de Ceuta, la primera ministra italiana también ha tenido palabras para criticar la gestión migratoria del Gobierno español.

“Tenemos la oportunidad de revisar los progresos realizados en los últimos meses y las iniciativas futuras, con especial atención a la prevención de las llegadas irregulares masivas, la explotación de los migrantes y la aplicación del nuevo marco regulatorio europeo. Hay que mantener un alto nivel de vigilancia en las fronteras exteriores de la Unión, centrándose en la prevención de la inmigración irregular y los riesgos de seguridad conexos”, ha comentado la primera ministra italiana.

A pesar de la presión, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha tratado de rebajar la tensión recordando que “las cifras demuestran que el enfoque integral de la UE está dando resultados: los cruces irregulares de las fronteras exteriores de la Unión se encuentran en su nivel más bajo desde 2021”.

Antes del inicio de la cumbre oficial, un grupo de 17 países se han reunido de manera informal para intercambiar “soluciones innovadoras que pueden aplicarse a la gestión de la migración”. El objetivo era evaluar los avances en materia migratoria y debatir iniciativas centradas en la prevención de las llegadas masivas e irregulares, la explotación de los migrantes y la aplicación del nuevo marco normativo europeo, especialmente la apertura de centros de deportación en terceros países.

Entre estos países estaban Italia, Dinamarca, Países Bajos, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Finlandia, Alemania, Grecia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Eslovaquia, Eslovenia y Suecia.

Alguno de los líderes, aunque no asistieron a esta reunión luego atacaron directamente al Gobierno de España. El primer ministro checo, Andrej Babiš, comentó a su llegada “lo que está pasando en España. Algunos políticos están dispuestos a sustituir a la población por inmigrantes únicamente para conservar sus cargos y seguir en el Gobierno, aunque eso no nos concierne”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este jueves que “quiere ganar el Senado” en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre por lo que “todas las opciones están encima de la mesa, también el concurrir conjuntamente con otras fuerzas políticas de izquierdas”, a su llegada a Bruselas para participar en la cumbre de los 27 países de la Unión Europea.

Sánchez ha insistido en que “el partido socialista no aspira solamente a ganar el congreso y a tener una mayoría más amplia y progresista en el próximo Parlamento, sino que también queremos ganar el Senado, por tanto, todas las opciones están encima de la mesa también lógicamente el concurrir conjuntamente con otras fuerzas políticas de izquierdas”.

El PSOE está trabajando para conseguir una lista unida de los socialistas con los partidos del Frente Amplio y con Podemos. Una negociación que, según ambas partes, se encuentra avanzada y con visos de llegar a buen puerto. Un informe interno con el que trabaja el PSOE avala la tesis que la lista unitaria podría conseguir 129 senadores electos de los 209 que se eligen ahora. En total, 150 de los 267 totales, contando los que están actualmente ya designados por las autonomías, por encima de la mayoría absoluta de 134, que perdería el PP.

Respecto al proceso de negociación entre las formaciones políticas a la izquierda del PSOE, Sánchez ha comentado que es “importante que los partidos a la izquierda sepan que desde el Partido Socialista miramos con absoluto respeto y autonomía a lo que ellos buena puedan acordar, respeto y, por supuesto, autonomía a la decisión que tomen esas organizaciones políticas”.

Por otro lado, Sánchez ha confirmado que van a aprobar “una revalorización de las pensiones antes de que finalice el año”. El presidente del Gobierno ha señalado su “perplejidad” por personas del Partido Popular o portavoces de la ultraderecha que “abiertamente dicen que van a recortar las pensiones o que el sistema está a punto de colapsar. Si a PP y Vox les da la suma y pueden gobernar, van a recortar a los pensionistas su jubilación”. Sánchez ha insistido en trasladar un mensaje de “absoluta tranquilidad” y ha subrayado que “el sistema público de pensiones es sostenible” y se van “a revalorizar las pensiones conforme al IPC”.

“La campaña está yendo por donde nosotros queríamos que fuera, que son propuestas para la defensa del estado de bienestar, que es decir lo que vamos a hacer en los próximos cuatro años, no cayendo en la retórica de insultos y de bulos, que otras formaciones políticas están teniendo”, ha resaltado Sánchez.

Margarita Robles como número dos por Madrid

El líder del PSOE ha defendido la inclusión de Margarita Robles como número dos de la lista socialista por Madrid por su amistad “desde hace ya casi más de 10 años, primero como portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, cuando estábamos en la oposición, posteriormente como una extraordinaria ministra de Defensa”.

Sánchez ha asegurado que Robles “ha estado ahí en los momentos difíciles en todos los ámbitos, tanto desde el punto de vista político institucional como desde el punto de vista personal”. Fuentes de Moncloa destacaron el papel de la ministra de Defensa en la crisis migratoria de Ceuta como uno de los elementos que han pesado en su designación como número dos de la lista socialista en Madrid.

Por otro lado, también ha respaldado a la portavoz de la Ejecutiva Federal socialista, Montse Mínguez, tras conocerse que su marido posee decenas de viviendas. “Desconozco cuáles son las actividades profesionales de la pareja” de Mínguez, ha comentado Sánchez, que “por supuesto” ha mostrado su apoyo a la dirigente del PSOE. “Me sorprende mucho que el Partido Popular, con todo lo que hemos escuchado sobre su aticazo, diga que está dispuesto a abrir un debate sobre la vivienda en nuestro país. Bienvenido a ese debate”, ha comentado el jefe del Ejecutivo.

Ante la votación en la diputación permanente del Congreso de la prórroga de las ayudas por la guerra de Irán, el presidente del Gobierno ha pedido a los grupos parlamentarios que “por unos instantes dejen a un lado sus cuestiones ideológicas y partidistas, piensen en el país” y se alcance “una mayoría amplia” para convalidar el real decreto ley sobre medidas de ayuda en relación con los precios de la energía, que incluye rebajas fiscales a la gasolina y al diésel hasta el 31 de diciembre, la limitación de la tarifa regulada del gas y de la bombona de butano, entre otros.

El FMI ha dado esta semana otro espaldarazo a la economía española, al confirmarla como líder de las economías avanzadas (+2,5% en 2026) por tercer año consecutivo, por encima de la de Estados Unidos (2,3%) y más que duplicando la de la zona euro. El reto es, una vez más, que el buen dato macro se note en el bolsillo de los ciudadanos. Lo escribí en el anterior boletín y este fin de semana analizamos la legislatura económica en esta radiografía, con muchas luces y también con algunas sombras. También conté algo de lo que proponen las derechas, que ellas solitas van amplificando día a día. Desde sacrificios a pensiones, desde el PP a Vox.

Pero hay vida más allá de las grandes cifras macroeconómicas de la economía española y de los programas electorales de los grandes partidos, cuyas propuestas ya iremos desenmascarando durante la campaña. 

La Unión Europea y China han sellado este fin de semana un importante acuerdo para que el gigante asiático reduzca a la mitad sus exportaciones de vehículos híbridos a Europa. El pacto entre ambos bloques comerciales entrará en vigor en diciembre, tiene una duración de cuatro años y establece un cupo máximo de 350.000 vehículos procedentes de China para el primer año de aplicación, que se irá incrementando un 6% fijo durante los tres años siguientes. Para los vehículos eléctricos puros se mantienen los planes de precios mínimos que se aprobaron en enero de 2026.  

Como te habrás dado cuenta, las carreteras y calles europeas se están llenando de coches procedentes de China, especialmente electrificados. Solo los vehículos híbridos e híbridos enchufables de origen chino representan actualmente alrededor del 12% de las ventas de coches nuevos en la UE.

Analistas consideran el acuerdo una victoria estratégica para China, que ha cedido poco en cuanto a los factores estructurales del enorme déficit comercial de la UE y le permite ganar tiempo para nuevas negociaciones entre ambas partes. Pekín lleva años volcando su capacidad productiva hacia los mercados exteriores, sus exportaciones van camino de superar los 4 billones de dólares y el superávit comercial con la UE está cercano a los 1.000 millones de dólares diarios. 

El acuerdo parte de un criterio de fabricación: la limitación se aplica en función del origen de fabricación del vehículo, no de la marca. De esta manera, un automóvil de marca china fabricado en la UE se considera de origen europeo y no está sujeto a la cuota, mientras que un vehículo de marca europea fabricado en China e importado a la UE cuenta como origen chino y sí computa dentro de la cuota. Si te interesa saber más, pincha aquí para conocer las claves.

Es una cuestión de incentivos. Con el Made in Europe se favorece la fabricación en Europa, una de cuyas principales puertas de entrada es España, con varios proyectos ya en marcha (Chery en Barcelona, Geely en València o SAIC en Vigo, entre otros), tal y como venimos contando en Movilidad +Auto, el vertical del sector de elDiario.es.

BYD anunció al cabo de pocas horas que planea iniciar una oleada de contrataciones en Europa y aumentar su plantilla hasta alcanzar aproximadamente 40.000 personas para finales de la década, en un intento del gigante automovilístico chino por evolucionar de ser un simple exportador a un importante productor de automóviles en el viejo continente. De momento se está centrando en Hungría, pero, como sus compatriotas, entre sus próximos planes figuran Francia y España. Y otra cosa a tener en cuenta: Pekín es un proveedor indispensable de componentes clave y materias primas críticas (tecnología, chips de memoria y baterías), los fabricantes occidentales son dependientes.

China puede pasar de ser una amenaza al salvavidas de la potente industria de la automoción europea y española. De hecho, la creciente penetración de las marcas chinas es vista como una oportunidad por el 54% del sector, apoyada por empresas de servicios y componentes, según algunas conclusiones de la primera edición del Barómetro Movilidad+Auto 2026, que elDiario.es ha presentado esta semana en Barcelona. La revista con los resultados y los análisis del Barómetro la puedes descargar en este enlace.

El dato

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Son los bizums por segundo que se realizan en España, un servicio de pago que se calcula que ya usa el 70% de la población adulta. Bizum acaba de cumplir 10 años, nació con la sencilla idea de “permitir que dos personas se compartieran dinero con el móvil”, según el directivo de la empresa Fernando Rodríguez. Hoy suma 32,5 millones de usuarios, empresas incluidas.

El gráfico

Cuesta no hablar de vivienda con el problemón que tenemos y, al mismo tiempo, no repetir conceptos ni argumentos. Uno de los principales, y que está entre los causantes de la crisis actual que ha encendido las calles y dificulta también que las administraciones tengan pisos sociales que ofrecer a personas desahuciadas, es un buen parque de oferta de vivienda pública. Es lo que refleja el gráfico: el desplome de la construcción de vivienda protegida, tanto del Gobierno como de las comunidades autónomas. España empieza ahora a acelerar, pero solo ha entregado 47.000 desde 2023, lejos de las 184.000 prometidas y de las necesarias para compensar al mercado.

El porcentaje medio de vivienda pública en los países de la OCDE es del 7,1% según un informe del Banco de España y alcanza el 16,4% en Reino Unido y el 14% en Francia, casi diez veces más que el 1,5% de España. Otros países como Alemania, con el 2,6% o Portugal, con el 1,1%, están lejos de la media. La falta de construcción o de compra y el vencimiento de protecciones son enemigos de esta apuesta en España, donde las Comunidades del PP siguen apostando por pisos protegidos que dejan de serlo al cabo de unos años.

No todo nos parece mal

Buenas noticias para Europa en la carrera de la inteligencia artificial. La compañía francesa Mistral, considerada la principal IA de la Unión Europea, ha anunciado un nuevo modelo de lenguaje, Mistral Large 4, con el objetivo de competir con los gigantes estadounidenses Anthropic, OpenAI y Google, así como con varias empresas de IA de China. El cofundador de Mistral, Guillaume Lample, ha asegurado que con este nuevo modelo la compañía francesa “recorta la distancia” con los mejores, en un momento en el que se reprocha a Europa haberse quedado atrás en la carrera por la IA.

La empresa señaló que el Mistral Large 4 se sitúa entre “los mejores modelos del mundo en métricas agregadas” en código abierto, lo que implica que cualquier empresa o desarrollador puede descargarlo, personalizarlo y ejecutarlo en sus propios servidores sin enviar sus datos a terceros ni depender de una infraestructura privada ajena.

“Alcanza un rendimiento de vanguardia (...) en sectores esenciales: la ciberseguridad, los procesos industriales y las finanzas”, añadió, por su parte, Pierre Stock, vicepresidente a cargo del área científica de Mistral.

Este anuncio de Mistral, fundada en 2023, sucede un mes después de haber logrado 3.000 millones de euros para una ampliación de capital en una operación en la que participó en particular el gigante surcoreano Samsung y que valora el grupo francés de inteligencia artificial en más de 21.000 millones de euros.

En Alemania, Aleph Alpha, la empresa de Heidelberg que en 2023 levantó 500 millones con el grupo Schwarz, Bosch y SAP, ha presentado Kolibri, un modelo de pesos abiertos con licencia Apache 2.0, que permite el uso comercial, la adaptación y la distribución de productos derivados. Su propuesta encaja con las necesidades de gobiernos y empresas que quieren controlar los datos y desplegar la IA en infraestructura propia. 

Kolibri tiene 78.100 millones de parámetros, pero solo activa 3.460 millones por token. Habla alemán e inglés, por decisión deliberada, y en la evaluación de la propia empresa queda por debajo de Qwen3.8 27B (el modelo de IA de código abierto de Alibaba) en ambos idiomas. Hay un detalle que les honra reconocer: parte de sus datos sintéticos se generaron con modelos chinos, y han tenido que corregir el sesgo político que arrastraban.

Nos gusta la competencia

Estas informaciones de otros medios me han parecido interesantes:

Aquí lo dejo por hoy. Tendrás más noticias económicas el próximo jueves, en un nuevo boletín. Mientras, ya sabes que puedes escribirme a contraoferta@eldiario.es con ideas, propuestas, sugerencias o críticas.

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Con la seguridad de que va a ser imposible un acuerdo entre los frugales y los amigos de la cohesión para el próximo presupuesto europeo y que va a haber un cierre de filas total en apoyo a Ucrania, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llega a la cumbre europea que se celebra en Bruselas este jueves y viernes con sólidos argumentos para plantar cara en dos ámbitos que han sido polémicos para España en otros consejos europeos: la inmigración y las relaciones con China.

La crisis de Ceuta ha dado un vuelco a las políticas migratorias de la UE, endurecidas tras los acuerdos entre el PP Europeo y la ultraderecha. En la anterior cumbre europea que se celebró en julio ya hubo un choque entre Sánchez y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, por la inmigración. Un enfrentamiento que se agravó con los sucesos de Ceuta.

Un alto funcionario de la UE apunta que se espera un reconocimiento por parte de los 27 países de la UE de que “lo ocurrido en Ceuta durante el verano fue una crisis que merece la solidaridad de la Unión Europea” y que “está muy claro que el Gobierno español actuó con rapidez” sin que “haya afectado al resto de la Unión Europea”.

“Es positivo que se abra el debate sobre migración, sin restar importancia ni gravedad a estas situaciones, pero también siendo capaces de ponerlas en perspectiva y de evitar reacciones precipitadas en el momento en que se producen”, explican desde las instituciones europeas, haciendo una clara alusión a los comentarios de las dirigentes de Italia y Dinamarca, que atacaron al Gobierno de España tras lo ocurrido en la ciudad española en el norte de África los días 30 y 31 de julio.

Satisfacción por la posición de la UE con Ceuta y Melilla

Fuentes del Gobierno de España admiten su satisfacción por el borrador que están trabajando los diplomáticos europeos en torno al tema migratorio para este cumbre. El borrador de las conclusiones del Consejo Europeo, a la que ha tenido acceso elDiario.es, recoge el reconocimiento de la situación particular de Ceuta y Melilla como fronteras terrestres europeas con África, se subraya la necesaria solidaridad con España por la crisis migratoria de julio y se admite que ambas ciudades, españolas y europeas, en el continente africano exigen un reconocimiento y apoyo operativo y financiero por parte de la Unión.

El viernes por la mañana habrá un desayuno de los países que plantean las políticas más duras contra la inmigración. No se espera que carguen contra España, pero sí una solicitud para que se dediquen fondos europeos a la puesta en marcha de centros de deportación en terceros países, una iniciativa a la que España se va a oponer rotundamente.

Ahora bien, no se descarta que Meloni pueda volver a utilizar la inmigración para atacar a España, más como una estrategia de política interna. Este miércoles, la primera ministra italiana defendió que su Gobierno “ha decidido restablecer temporalmente los controles en sus fronteras aéreas y marítimas internas con España, basándose en una evaluación de seguridad” como “un instrumento de uso habitual”. Desde el inicio de la crisis de Ceuta, Italia intensificó los controles fronterizos con España, pese a que las instituciones europeas han constatado que no ha habido un movimiento de inmigrantes desde la ciudad española al continente europeo. No hay planteada una reunión bilateral entre los líderes español e italiana para tratar de solventar el conflicto diplomático

De todas maneras, con el objetivo de evitar polémicas estériles, Sánchez acudirá a Bruselas con la crisis de Ceuta encarrilada y con datos europeos que marcan que las vías migratorias hacia España han caído un 46%, que las rutas atlánticas y del Mediterráneo occidental suponen el 17% de las llegadas irregulares a la UE mientras que Ceuta solo supone el 0,7% del total o que España, Francia y Alemania suman el 50% de los retornos de migrantes de la UE. Incluso se puede sacar encima de la mesa, si las conversaciones se tensan, que el ciudadano detenido tras el fallido ataque híbrido con un dron en el aeropuerto de Leipzig (Alemania) tenía un visado italiano de turista.

La vía española con China: diálogo con resultados

El otro punto en el que Sánchez puede sacar partido es la estrategia en la relación de la UE con China. El Gobierno de España siempre ha defendido la necesidad de un diálogo con resultados con el gigante oriental, antes de entrar en una guerra comercial que perjudicaría a ambos bloques. La semana pasada el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, volvió triunfante de su viaje a China tras arrancar por primera vez un acuerdo para reducir sus exportaciones de vehículos híbridos e híbridos enchufables a la Unión Europea.

Fuentes diplomáticas de otros países europeos admiten que el acuerdo conseguido la semana pasada es más optimista del que se preveía y ha roto la perspectiva de que el diálogo con China no iba a traer soluciones.

Aunque hay países como Alemania o Francia, que han pedido a la Comisión Europea la puesta en marcha de nuevos instrumentos que agilicen la capacidad de respuesta de la UE para reducir el déficit comercial europeo con el gigante asiático, el Gobierno español respalda la propuesta de ambos países como una vía paralela al diálogo, mientras asume que su vía ha sido respaldada por los hechos.

Fuentes de Moncloa añadieron que en las relaciones comerciales hay que potenciar la capacidad de Europa para incrementar los sectores económicos en los que hay cuotas de importación de productos chinos, abogar más por la diversificación y ampliar los acuerdos comerciales con otros países y tener más instrumentos legales para que la UE pueda responder con mayor agilidad comercial o mediante herramientas defensivas.

La regulació del principi de “prioritat nacional” aprovada pel PP i Vox a la Comunitat Valenciana se situa al marge de la normativa i la jurisprudència de la Unió Europea. La doctrina fixada per la mateixa Comissió Europea —tal com explica l'executiu comunitari en resposta a una iniciativa parlamentària sobre l'accés a l'habitatge i les ajudes públiques— conclou que els estats membres no tenen cobertura legal per a imposar requisits de residència superiors als cinc anys als estrangers establits legalment, tal com estableix la legislació europea.

Aquest mateix dimecres, les Corts Valencianes han aprovat, amb els vots del PP i Vox, la inclusió formal del principi de “prioritat nacional” en l'accés a l'habitatge públic, després que els populars acceptaren una esmena presentada pel partit d'extrema dreta a la seua proposta parlamentària sobre aquesta matèria. L'acord estableix l'obligació de procurar l'assignació prioritària dels recursos públics a les persones que acrediten un “arrelament real, durador i verificable” a la Comunitat Valenciana, i vincula la concessió d'habitatge protegit a la permanència històrica en el territori valencià.

Durant una sessió dedicada monogràficament a la crisi de l'habitatge i la immigració, el debat ha evidenciat la profunda divisió a la cambra. Mentre que el síndic del PP, Fernando Pastor, ha defensat les mesures per a afrontar els problemes del sector davant dels qui considera que “mai no han fet ni un brot en matèria d'habitatge” —en referència al PSPV i a Compromís—, el portaveu de Vox, José María Llanos, ha justificat la restricció de l'accés amb l'argument de la limitació de recursos davant de l'augment de la població immigrant.

Per la seua banda, els grups de l'oposició han rebutjat rotundament aquesta iniciativa. El síndic socialista, José Muñoz, ha censurat un model que contraposa la protecció de les persones vulnerables amb el suport als “fons voltor i l'especulació pura”, mentre que el portaveu de Compromís, Joan Baldoví, ha acusat Vox d'eludir les solucions reals en matèria d'habitatge per a “inocular odi” en el debat polític valencià.

La “prioritat nacional”, rebutjada per Brussel·les

Tota aquesta controvèrsia té l'origen en la Llei 5/2026, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, més coneguda com la Llei d'acompanyament als pressupostos de la Generalitat Valenciana. En l'article 45, la norma valenciana habilita el desplegament reglamentari de la “prioritat nacional” en matèria d'habitatge de protecció pública en règim de compra i exigeix per a la inscripció com a demandant “un mínim de deu anys d'empadronament històric en algun municipi de la Comunitat Valenciana i d'Espanya de manera continuada o interrompuda”.

Aquesta exigència d'una dècada d'arrelament duplica el límit fixat pel dret comunitari. Així ho estableix el comissari europeu d'Interior i Migracions, Magnus Brunner, en la seua resposta a una consulta de l'eurodiputat de Compromís Vicent Marzà, en la qual la Comissió aclareix que l'article 11 de la Directiva 2003/109/CE garanteix als residents de llarga duració la plena igualtat de tracte amb els nacionals en l'accés a les prestacions socials i als procediments d'habitatge.

Brunner recorda que la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) impedeix l'enduriment unilateral d'aquests criteris per part de les administracions regionals o nacionals. “Els estats membres no poden imposar unilateralment un requisit de residència més llarg que el període de cinc anys establit”, assevera en la seua resposta. Així mateix, la Comissió adverteix que qualsevol requisit de residència que perjudique de manera desproporcionada els residents d'altres estats o els nacionals de tercers països incorre en una “discriminació indirecta” prohibida per l'ordenament europeu.

Amb la posició de la Comissió Europea per escrit, Marzà ha registrat una nova pregunta davant del Parlament Europeu dirigida específicament a la Llei d'acompanyament aprovada a les Corts Valencianes. En el seu text, l'eurodiputat pregunta directament a l'executiu comunitari si considera que l'article 45 de la norma valenciana incompleix el marc legal europeu i quines mesures preveu adoptar davant d'una disposició que ja està en vigor.

Marzà, en declaracions a elDiario.es, admet que la primera consulta, motivada pels acords de govern impulsats per la dreta i l'extrema dreta en comunitats com Aragó, perseguia posar contra les cordes les polítiques d'exclusió social: “La Comissió ha confirmat que és il·legal i PP i Vox han aprovat una qüestió que, segons el que afirma el comissari Brunner, és il·legal”, argumenta el parlamentari per a fonamentar la invalidesa de la norma valenciana.

A parer de Marzà, la posició expressada pel comissari austríac, integrat en el Partit Popular Europeu, evidencia que les mesures de la dreta valenciana s'allunyen del mateix consens comunitari. “Es demostra clarament que no tenen cap solució viable per a res i que l'única cosa que volen és generar odi i enfrontar la gent. Tot el que diuen que aplicaran és fals que puguen aplicar-ho”, sosté l'eurodiputat valencianista mentre espera la resposta a la seua última pregunta.

El síndic de Compromís a les Corts, Joan Baldoví, ha explicat, després de conéixer la resposta de Brunner, que la formació valencianista ja havia denunciat aquest criteri i ha recordat la presentació d'una petició davant del Defensor del Poble per la “presumpta inconstitucionalitat” d'aquest concepte. “La Comissió Europea ha dit clarament que la Llei d'acompanyament incompleix la normativa europea pel que fa al concepte de Vox de 'prioritat nacional'; veurem què fa el Partit Popular”, ha assenyalat Baldoví. El portaveu ha afegit que també incorporaran la resposta de la Comissió Europea a la denúncia davant del Defensor del Poble per a reforçar la seua acció legal.

Pérez Llorca no hi veu “cap problema”

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en la mateixa línia expressada pel president de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco, ha defensat la “prioritat nacional” pactada amb Vox en matèria d'habitatge i ha llevat importància als advertiments jurídics després de la resposta de Brunner a Marzà. El cap del Consell ha assegurat que no hi ha “cap problema” amb aquestes mesures i ha argumentat que la seua aplicació és habitual en les ordenances de la majoria dels ajuntaments, independentment del seu color polític.

Així mateix, Pérez Llorca ha qualificat d'“estèril” el debat generat al voltant d'aquesta qüestió i s'ha reafirmat plenament en els acords de govern amb els seus socis. El mandatari autonòmic ha afirmat que no es penedeix “de res del pacte” i ha destacat que aquest acord aporta estabilitat a la Comunitat Valenciana, rebaixa la pressió fiscal i promou la construcció d'habitatge protegit en el territori.

La regulación del principio de “prioridad nacional” aprobada por el PP y Vox en la Comunitat Valenciana se sitúa al margen de la normativa y la jurisprudencia de la Unión Europea. La doctrina fijada por la propia Comisión Europea –tal y como explica el Ejecutivo comunitario en respuesta a una iniciativa parlamentaria sobre el acceso a la vivienda y las ayudas públicas– concluye que los Estados miembros carecen de cobertura legal para imponer requisitos de residencia superiores a los cinco años a los extranjeros legalmente asentados, conforme marca la legislación europea.

Este mismo miércoles, las Corts Valencianes han aprobado, con los votos del PP y Vox, la inclusión formal del principio de “prioridad nacional” en el acceso a la vivienda pública tras aceptar los populares una enmienda presentada por el partido de ultraderecha a su propuesta parlamentaria sobre esta materia. El acuerdo establece la obligación de procurar la asignación prioritaria de los recursos públicos a aquellas personas que acrediten un “arraigo real, duradero y verificable” en la Comunitat Valenciana, vinculando la concesión de vivienda protegida a la permanencia histórica en el territorio valenciano.

Durante una sesión dedicada de manera monográfica a la crisis habitacional y la inmigración, el debate ha evidenciado la profunda división en la cámara. Mientras el síndic del PP, Fernando Pastor, ha defendido las medidas para atajar los problemas del sector frente a quienes considera que “nunca han dado un palo al agua en materia de vivienda” –en referencia al PSPV y a Compromís–, el portavoz de Vox, José María Llanos, ha justificado la restricción de acceso argumentando la limitación de recursos frente al incremento de la población inmigrante.

Por su parte, los grupos de la oposición han rechazado de forma tajante esta iniciativa. El síndic socialista, José Muñoz, ha censurado un modelo que contrapone la protección de las personas vulnerables con el respaldo a “los fondos buitre y la pura especulación”, al tiempo que el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, ha acusado a Vox de eludir las soluciones reales en materia residencial para “inocular odio” en el debate político valenciano.

La “prioridad nacional”, rechazada por Bruselas

Toda esta controversia tiene su origen en la Ley 5/2026 de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, más conocida como la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de la Generalitat Valenciana. En su artículo 45, la norma valenciana habilita el desarrollo reglamentario de la “prioridad nacional” en materia de vivienda de protección pública en régimen de compra y exige para la inscripción como demandante “un mínimo de diez años de empadronamiento histórico en algún municipio de la Comunitat Valenciana y de España de manera continuada o interrumpida”.

Esta exigencia de una década de arraigo duplica el tope fijado por el Derecho comunitario. Así lo establece el comisario europeo de Interior y Migraciones, Magnus Brunner, en su respuesta a una consulta del eurodiputado de Compromís Vicent Marzà, en la que la Comisión aclara que el artículo 11 de la Directiva 2003/109/CE garantiza a los residentes de larga duración la plena igualdad de trato con los nacionales en el acceso a las prestaciones sociales y a los procedimientos de vivienda.

Brunner recuerda que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) impide el endurecimiento unilateral de estos criterios por parte de las administraciones regionales o nacionales. “Los Estados miembros no pueden imponer unilateralmente un requisito de residencia más largo que el período de cinco años establecido”, asevera en su contestación. Asimismo, la Comisión advierte de que cualquier requisito de residencia que perjudique de manera desproporcionada a los residentes de otros Estados o a los nacionales de terceros países incurre en una “discriminación indirecta” prohibida por el ordenamiento europeo.

Con la posición de la Comisión Europea por escrito, Marzà ha registrado una nueva pregunta ante el Parlamento Europeo dirigida de manera específica a la Ley de Acompañamiento aprobada en las Corts Valencianes. En su texto, el eurodiputado inquiere directamente al Ejecutivo comunitario si considera que el artículo 45 de la norma valenciana incumple el marco legal europeo y qué medidas prevé adoptar frente a una disposición que ya se encuentra en vigor.

Marzà, en declaraciones a elDiario.es, admite que la primera consulta, motivada por los acuerdos de gobierno impulsados por la derecha y la extrema derecha en comunidades como Aragón, persigue acorralar las políticas de exclusión social: “La Comisión ha confirmado que es ilegal y PP y Vox han aprobado una cuestión que, según lo que afirma el comisario Brunner, es ilegal”, argumenta el parlamentario para fundamentar la invalidez de la norma valenciana.

A juicio de Marzà, la posición emitida por el comisario austríaco, encuadrado en el Partido Popular Europeo, evidencia que las medidas de la derecha valenciana se alejan del propio consenso comunitario. “Se demuestra claramente que no tienen ninguna solución viable para nada y que lo único que quieren es generar odio y confrontar a la gente. Todo lo que dicen que van a aplicar es falso que puedan aplicarlo”, sostiene el eurodiputado valencianista a la espera de respuesta a su última pregunta.

El síndic de Compromís en las Corts, Joan Baldoví, ha explicado tras conocer la respuesta de Brunner que la formación valencianista ya había denunciado este criterio y ha recordado la presentación de un requerimiento ante el Defensor del Pueblo por la “presunta inconstitucionalidad” de este concepto. “La Comisión Europea ha dicho claramente que la Ley de Acompañamiento incumple la normativa europea en lo referente al concepto de Vox de 'prioridad nacional'; veremos qué hace el Partido Popular”, ha apuntado Baldoví. El portavoz ha añadido además que sumarán la contestación de la Comisión Europea a la denuncia ante el Defensor del Pueblo para dar más fuerza a su acción legal.

Pérez Llorca no ve “ningún problema”

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en la misma línea manifestada por el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha defendido la “prioridad nacional” pactada con Vox en materia de vivienda y ha restado importancia a las advertencias jurídicas tras la respuesta de Brunner a Marzà. El jefe del Consell ha asegurado que no existe “ningún problema” con estas medidas y ha argumentado que su aplicación es habitual en las ordenanzas de la mayoría de los ayuntamientos al margen de su color político.

Asimismo, Pérez Llorca ha calificado de “estéril” el debate generado en torno a este asunto y se ha reafirmado plenamente en los acuerdos de gobierno con sus socios. El mandatario autonómico ha afirmado que no se arrepiente “de nada del pacto”, destacando que este entendimiento aporta estabilidad a la Comunitat Valenciana, rebaja la presión fiscal y promueve la construcción de vivienda protegida en el territorio.

Este jueves y viernes los 27 líderes de los países de la UE y de las instituciones europeas se reúnen en una cumbre en Bruselas donde van a dejar claro la posición como bloque frente a las presiones comerciales de China o las agresiones híbridas de Rusia. Ambas potencias son observadas en las capitales europeas como fuente de desestabilización: el gigante oriental por el déficit comercial europeo y Moscú por la invasión de Ucrania y sus continuas injerencias en territorio europeo. ¿Y con Estados Unidos? Nada. Pese a que la Administración de Donald Trump se ha convertido en una causa continua de perturbaciones para Europa, los líderes de la UE prefieren pasar de puntillas ante las continuas maniobras de la Casa Blanca.

Solo en los últimos días, Trump comenzó con la amenaza de vetar la venta de diesel a Europa, lo que provocó una subida del precio de los carburantes, que ya sufren los europeos entre otros motivos por la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irá, que ha provocado el cierre del estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20% del tráfico marítimo global de combustibles.

Aunque el G7 se decidió por abrir el grifo de las reservas de este combustible, el presidente de Estados Unidos decidió levantar las sanciones a Rusia por la invasión de Ucrania para que el Kremlin pueda vender diésel con el objetivo de reducir los precios del carburante. A la vez que facilitaba financiar la máquina de guerra de Rusia frente a los ucranianos, Trump aseguraba que Kiev y Moscú habían accedido a una tregua para no atacar las infraestructuras energéticas, que ninguno de los dos países reconocía.

Aunque el acuerdo entre Trump y el presidente ruso Vladímir Putin ha causado indignación, la respuesta europea ante la iniciativa de Trump ha sido dirigir carga de la culpa a Moscú. El primer ministro polaco, Donald Tusk, apuntó que “Rusia no está interesada en rebajar la tensión, en un alto el fuego ni en la paz. Iré a Bruselas para pedir a mis socios que se planteen seriamente endurecer las sanciones contra Rusia”. Mientras, el canciller alemán, Friedrich Merz, subrayó que “Rusia solo negociará si se la presiona. Tras los irresponsables ataques de Moscú contra el suministro energético civil de Ucrania hay que endurecer aún más las sanciones”. La máxima que explicitó el Gobierno noruego de que “es importante sancionar a Rusia para que no pueda financiar la guerra” se repite en las capitales europeas. Pero, ¿sirve de algo si posteriormente Estados Unidos se salta las sanciones?

Un acuerdo “contra la estrategia de la UE”

El problema también es que nadie se atreve señalar directamente a Trump para evitar tensionar aún más unas relaciones ya complejas desde su vuelta por segunda vez a la Casa Blanca. Fuentes diplomáticas que quieren mantener el anonimato califican como “lamentable” el acuerdo anunciado entre Moscú y Washington. “Es lamentable. Va en contra de la estrategia que hemos seguido durante los últimos cuatro años y medio para presionar a Rusia”, apuntan.

¿Habrá una declaración en la cumbre de líderes europeos mostrando la contrariedad por el acuerdo del diésel? No parece haber consenso. Mientras que algunas fuentes diplomáticas asumen que se pasará por encima sin mención alguna para centrarse en incrementar las sanciones sobre Rusia, los representantes diplomáticos de otros países apuntan que al término del Consejo Europeo habrá una expresión de pesar por el pacto.

La cuestión que se pone en duda es si la Unión Europea puede ser realmente un poder global con esta actitud. Un funcionario del alto nivel de la UE argumenta que “no es la primera vez que tenemos discrepancias con Estados Unidos en relación con la guerra de Ucrania. Sin embargo, no estoy de acuerdo con la idea de que se nos ignore. En los últimos años, desde que el presidente Trump llegó al poder, hemos visto que el diálogo con Estados Unidos no siempre conduce a un acuerdo pleno sobre la forma en que la UE y Washington ven las cosas, pero siempre es mejor que no mantener ese diálogo”.

En el seno de las instituciones europeas se abordan los desplantes de Trump con mucha prudencia. No solo es una cuestión de los países, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, en su último discurso del Estado de la UE no mencionó ni una vez a Donald Trump o Estados Unidos, mientras que señaló a Rusia y a China, contra los que propone políticas contundentes.

“Dialogamos incluso cuando discrepamos”

“No hay mejor alternativa. Dialogamos incluso cuando discrepamos. Y lo que hemos visto en el pasado es que ese diálogo nos ha permitido alcanzar acuerdos, estabilizar nuestras relaciones y obtener resultados positivos para nuestros intereses. Es la mejor manera de seguir abordando estas cuestiones de forma práctica y serena con Estados Unidos”, argumenta un funcionario de la UE.

El acuerdo de Groenlandia, tras meses de presión infructuosa de Trump para anexionarse el territorio danés, es uno de los ejemplos que se pone como el camino a seguir en la relación con Estados Unidos. También se ha conocido hace pocos días que la Administración Trump impuso nuevas sanciones a la Corte Penal Internacional como parte de su campaña para desmantelar el tribunal que, según EEUU, se ha politizado y ha intentado juzgar de forma injusta e ilegal a estadounidenses e israelíes por delitos de guerra.

La receta europea es la misma. La Comisión Europea respondió al anuncio de la Casa Blanca que “la Unión Europea siempre ha apoyado a la Corte Penal Internacional. Es profundamente lamentable que Estados Unidos haya anunciado su intención de imponer sanciones”.

Un funcionario de la UE describe la estrategia de la UE con la Corte Penal Internacional: “Nuestra posición está clara. Hemos lamentado el anuncio de Estados Unidos. También es cierto que Washington ha dicho que la medida no entrará en vigor hasta dentro de seis meses. No vamos a quedarnos de brazos cruzados durante ese tiempo: vamos a aprovecharlo para intentar encontrar una solución. Sería irresponsable no aprovechar estos seis meses para intentar encontrar una solución”. Diálogo frente a la barbarie.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha valorado positivamente que el Parlamento Europeo haya rechazado explícitamente reintroducir el etiquetado del vino como nocivo y haya actualizado su estrategia política sobre el alcohol, en consonancia con lo que viene defendiendo la comunidad autónoma. Así lo ha expresado desde Bruselas el vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, que ha asistido a la celebración del 173º pleno del Comité Europeo de las Regiones.

“El Parlamento Europeo ha actualizado su estrategia de política sobre el alcohol y en ella se ha rechazado explícitamente reintroducir el etiquetado del vino como nocivo”, ha explicado José Manuel Caballero, que ha remarcado que “con esta decisión quedan descartadas las propuestas para incluir advertencias severas en las botellas de vino”.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha defendido en varias ocasiones el rechazo a etiquetar el vino con estas advertencias negativas. Así,  el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, consideraba el año pasado en la reunión de la Comisión de Recursos Naturales (NAT) del Comité Europeo de las Regiones, como  “esencial” el hecho de “proteger y defender etiquetados sencillos para el vino, lo más comprensibles posibles y, desde luego, a salvo de las amenazas que muchas veces se plantea desde el terreno de la salud”, ya que “en realidad es parte sustancial de la dieta mediterránea”, considerada como “una de las más importantes del mundo”.

Page defendía los intereses del sector vitivinícola por estar “en la raíz de Europa, cultural y socialmente hablando” y del que dependen en la comunidad autónoma miles de familias, “muchas de ellas agrupadas en cooperativas, que es un modelo extraordinario y que defendemos”

En el mismo sentido, en esta ocasión Caballero ha incidido en que “el vino se inserta claramente en muchos de los países de la Unión Europea y, en este sentido, nos alegran las posiciones que en estos momentos, tanto en la Comisión como en el Parlamento, están defendiendo que el vino consumido con moderación puede tener no solo efectos negativos, sino incluso efectos positivos dentro de lo que se considera la dieta mediterránea”. Hoy, el vicepresidente ha celebrado una “decisión que era muy importante para nuestra región y para nuestro sector vitivinícola”.

Castilla-La Mancha es la principal región productora de vino de España y la comunidad autónoma que exporta más vino, ya que la mitad del vino español es castellanomanchego. En este sentido, Caballero ha explicado que 80.000 profesionales “viven del vino directamente. Estamos hablando de prácticamente 500 bodegas y cooperativas en la región y tiene un impacto económico que ronda los 2.000 millones de euros”. Además, “en la exportación, en este momento, las cifras que tenemos cerradas son las del mes de julio y estamos hablando de una facturación ya de 440 millones de euros”, ha expuesto el vicepresidente segundo.

Castilla-La Mancha dice 'no' al recorte del presupuesto

En otro orden de cosas, José Manuel Caballero ha alertado que la “Presidencia a cargo del Gobierno de Irlanda no trae buenas noticias, ya que han propuesto una reducción del 8% del marco financiero plurianual, es decir, del presupuesto de la Unión Europea para los próximos seis años”.

En este sentido, ha señalado que “Europa no necesita menos presupuesto, sino todo lo contrario, ya que las instituciones europeas necesitan más presupuesto para tener una mayor incidencia en la realidad de los países, de las regiones y de los municipios, para mejorar la vida de la gente”.

Como conclusión, Caballero ha advertido que desde Castilla-La Mancha “no estamos dispuestos a admitir ninguna reducción del presupuesto que termine teniendo impacto en la Política Agraria Común o en las políticas de cohesión”, y ha argumentado que durante todos estos años “hemos visto, y son ya 40 años los que pertenecemos a Europa, que las políticas y los presupuestos de la Unión Europea favorecen el desarrollo, favorecen la convergencia, la cohesión y la confianza en la democracia y en las instituciones”.

Es por ello por lo que “necesitamos seguir apostando por la convergencia y por la cohesión de las regiones europeas, de todos los territorios”, ha afirmado, y “no podemos tener una Europa de dos, de tres o de cuatro velocidades. La única manera posible de mantener la confianza de los ciudadanos en las instituciones europeas y en la democracia es que la Unión Europea sea un actor relevante e importante en las regiones y en los municipios, y para eso se necesita presupuesto”, ha concluido el vicepresidente.