En los pasillos de las instituciones comunitarias en Bruselas corre el dicho de que el principal enemigo de la Unión Europea son los propios países que la conforman. Estas semanas se ha vuelto a comprobar cómo los intereses nacionales, en este caso de las empresas de cada país, se ponen por delante de las políticas de la Unión.

Aunque las sanciones europeas contra Rusia han servido para debilitar y desabastecer a la maquinaria de guerra del Kremlin contra Ucrania, la aprobación del paquete 21 se está enfrentando a obstáculos internos por las consecuencias que puede tener para determinadas compañías europeas. Este miércoles y jueves, los embajadores de los 27 se reúnen en Bruselas para intentar cerrar acuerdos que permitan avanzar en las penalizaciones contra Rusia, mientras las firmas de lobby se esmeran ante los despachos de los diplomáticos y los funcionarios europeos.

“Dada la capacidad de adaptación de Rusia y de quienes facilitan la elusión de las sanciones, las tácticas para esquivarlas evolucionan constantemente”, explica Mihkel Märtens, investigador del Center for European Policy Analysis. “Por ello, la respuesta en materia de sanciones también debe ser dinámica, reflejando las nuevas formas de evasión e incorporando a más entidades, tanto en Rusia como en terceros países”.

De hecho, este grupo de penalizaciones también se propone sancionar infraestructuras críticas como puertos, aeropuertos o refinerías que comercian o procesan petróleo ruso. La medida pretende desincentivar a las refinerías de India, que están descargando más de dos millones de barriles de petróleo ruso al mes, ante los problemas de suministro por el cierre del estrecho de Ormuz por el conflicto en Oriente Medio.

Este nuevo paquete de sanciones empezó con mal pie tras el anuncio de Francia e Italia de que se opondrían al veto a la entrada en la UE cualquier persona de las Fuerzas Armadas rusas, una medida solicitada por 11 países europeos. El argumento de ambos países era la complejidad jurídica de la aplicación real de la medida, a lo que se suma que Francia e Italia reciben anualmente 180.000 y 160.000 llegadas respectivamente de ciudadanos rusos de muy alto nivel adquisitivo y se iba a perjudicar el turismo de lujo. Finalmente, se ha propuesto que la prohibición solo afecte a ciudadanos rusos que hayan participado en combate en Ucrania a partir de febrero de 2022, aunque tanto París como Roma siguen poniendo pegas por “los riesgos legales y la carga burocrática en los consulados”.

Ante la falta de consenso entre los países sobre un nuevo paquete de sanciones, los embajadores se volverán a reunir este miércoles 22 de julio. Entre otras cosas tienen que discutir qué hacer con el límite al precio del petróleo ruso en 44,10 dólares por barril, que se amplió hasta el 23 de este mes. Este tope ha sido una de las medidas para evitar que Rusia obtenga cuantiosos beneficios con la venta de crudo. La Comisión Europea tiene que tener un nuevo máximo precio para que entre en vigor el 1 de agosto, pero sin pacto sobre el paquete 21 y con los precios al alza por la guerra de Irán, la falta de acuerdo puede suponer un incremento de ingresos para el Kremlin.

Grecia pone obstáculos

Tampoco hay acuerdo alrededor de los vetos al Gas Natural Licuado (GNL) ruso y la flota que los transporta. En este caso, el país que más problemas está poniendo es Grecia y todo por la influencia sobre el Gobierno heleno que ejerce el multimillonario George Prokopiou, propietario de la naviera Dynagas, especializada en transporte de gas con metaneros rompehielos que trabaja para Yamal LNG, una de las mayores plantas de GNL del mundo. Aunque Yamal pertenece a la compañía rusa Novatek, también participan en el proyecto la petrolera francesa Total y compañías chinas. De hecho, el consejero delegado de Total, Patrick Pouyanné, ha presionado para que la Comisión Europea relaje la prohibición de comercialización de GNL ruso a partir de enero de 2027.

Según la agencia de análisis Kpler, Dynagas ha transportado más de 30 millones de toneladas de GNL de Yamal desde la invasión a gran escala de Ucrania, que supondrían más de 24.000 millones de dólares. El argumento del Gobierno griego para oponerse a esta sanción es que se abriría la puerta a que competidores de terceros países sustituyeran a las navieras griegas.

“Las sanciones deben suponer un coste significativamente mayor a Rusia que a la economía europea. Hay que negociar para que las medidas estén adecuadamente calibradas”, proponen desde el Gobierno heleno. La traducción diplomática es que Grecia está presionando a la Comisión Europea para lograr una excepción para esta empresa, lo que desde la institución europea se lee como una deformación de las penalizaciones: “Se está poniendo en crisis la política de sanciones contra Rusia. Si cada país exige excepciones o añade resquicios legales, el paquete de sanciones no servirá para nada”.

Problemas con el bacalao ruso

Pero no es solo Grecia, hay más países que miran hacia otro lado. Una coalición multipartidista de 105 parlamentarios de 17 países de la UE ha pedido al astillero danés Fayard y a su director ejecutivo, Thomas Andersen, que deje de prestar servicios de mantenimiento a los buques metaneros Arc7, que mantienen en funcionamiento las exportaciones rusas GNL desde el Ártico.

Desde la invasión de Ucrania por parte de Rusia, la ONG alemana Urgewald, que investiga a las empresas y entidades financieras implicadas en la expansión de los combustibles fósiles, ha señalado que cada uno de estos buques ha transportado una media de 5,3 millones de toneladas de GNL ruso, con cargamentos valorados en torno a 4.000 millones de euros. La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, calificó de “inconcebible” la actuación la empresa danesa, pero no ha hecho mucho más para frenar a la compañía.

Una pausa prolongada en la imposición de sanciones puede envalentonar a los actores implicados y animarlos a seguir realizando transacciones con personas o entidades sancionadas

Mihkel Märtens — Investigador del Center for European Policy Analysis

Además, Portugal y Alemania han mostrado su oposición al paquete de sanciones porque por primera vez se prohibía la importación de productos pesqueros rusos, que era uno de los pocos grandes sectores exportadores que no estaba afectado por las sanciones. Ambos países son grandes consumidores de bacalao y abadejo, especialmente para sus industrias transformadoras de elaborados, productos congelados y pescado rebozado. La presión estaría provocando que la Comisión rebaje la propuesta a una reducción progresiva del contingente de exportaciones, lo que daría tiempo a las empresas a encontrar otros proveedores en mercados como Noruega, Estados Unidos o China.

Finalmente, Austria también había propuesto pegas porque una de las mayores entidades del país, Raiffeisen Bank, que continúa operando en Rusia y ha vuelto a pedir que se descongelen activos rusos por valor de 2.000 millones de euros con el fin de compensar al banco por una multa impuesta por Moscú.

Cuando Ucrania está golpeando más fuerte a Rusia, cuya economía está cada mes más débil, los intereses empresariales europeos se han convertido en un freno que ayude a conducir al Kremlin a negociar una paz justa. Como explica el investigador del Center for European Policy Analysis: “La incorporación periódica de nuevas sanciones también envía una señal política de que existe voluntad de mantener e intensificar la presión sobre Rusia, desmontando la percepción del Kremlin de que el tiempo juega a su favor. Sin embargo, una pausa prolongada en la imposición de sanciones puede envalentonar a los actores implicados y animarlos a seguir realizando transacciones con personas o entidades sancionadas”.

Asturias seguirá defendiendo el ancho europeo en las vías ferroviarias, pero sin renunciar a que, entre tanto, se sigan mejorando las capacidades de las líneas de ancho ibérico, según ha asegurado este lunes el portavoz del Gobierno asturiano, Guillermo Peláez.

Después de que la semana pasada se hiciese público un documento del Ministerio de Transportes en el que se comunicaba a la Unión Europea (UE) que había descartado unificar los distintos anchos de la red porque tendría un coste de unos 20.000 millones de euros, Peláez ha afirmado que para Asturias es “irrenunciable garantizar la interoperatividad de las conexiones con los estándares europeos”, pero que tampoco puede renunciar a ampliar las capacidades de las vías de ancho ibérico.

Así se lo ha trasladado al Ministerio de Transportes, que es posible actuar en el momento actual para mejorar las líneas de ancho ibérico sin renunciar a la interoperatividad, ha señalado el portavoz del Ejecutivo autonómico en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno.

Migrar del ancho ibérico al estándar

Frente al criterio del ministerio, las autoridades comunitarias defienden la necesidad de migrar desde el ancho ibérico -1.668 milímetros entre carriles- hacia el ancho estándar -1.435 milímetros- las líneas pertenecientes a los corredores europeos de la red TEN-T, que en el caso español son los corredores atlántico y mediterráneo.

De entrada, Transportes rechazó cambiar el ancho de vía exclusivamente en los corredores europeos porque suponía dejar aislados más de 5.000 kilómetros de la red, y también descartó la implantación de ancho mixto en esos corredores.

Por tanto, la única opción que analizó en profundidad fue el cambio de ancho en toda la red española de ancho ibérico, más de 13.000 kilómetros, aunque su conclusión es que el coste superaría los 20.000 millones de euros, para obtener un beneficio total del orden de 40 millones de euros al año.

Tras meses de un intenso trabajo de lobby, la gran industria y un grupo de países, encabezados por Italia y los países de Este, ya han visto el fruto de su esfuerzo. La Comisión Europea ha presentado este viernes una nueva propuesta para el sistema de comercio de emisiones (ETS, por sus siglas en inglés) que relaja y amplía el periodo que tenían las empresas para alcanzar las emisiones netas cero. La institución europea ha añadido que planteará un objetivo indicativo de electrificación del 46% para 2040, que según sus cálculos podría reducir en 260.000 millones de euros anuales la factura de la UE por importaciones de combustibles fósiles hasta ese año. Según la patronal eléctrica, Aelec, el índice de electrificación de la economía española se encuentra en el 22,4%.

La Comisión Europea no ha ocultado que “el contexto geopolítico y económico ha cambiado y la industria europea afronta una presión creciente”, pero ha maquillado con la idea de “modernizar nuestra principal política de descarbonización, el ETS, para convertirla en el motor de la innovación y la inversión que impulse nuestra competitividad e independencia”, cuando realmente significa que habrá menos exigencias a la industria. El sistema ETS ha conseguido recortar en un 47% las emisiones en Europa, ya que afecta a 11.000 fábricas, que suponen el 40% del CO2 que se emite en la UE bloque.

Con el nuevo sistema se incrementarán los volúmenes de derechos gratuitos para 14 industrias, principalmente químicos y refinerías, lo que se traducirá en unos 4.000 millones de derechos de emisión gratuitos adicionales para el periodo 2026-2030. Además, atendiendo a la solicitud de los Estados miembros, se propone actualizaciones menos estrictas para las compañías de energía y combustibles, lo que otorgará a las instalaciones una flexibilidad adicional valorada en unos 6.000 millones de euros entre 2026 y 2030.

“Aliviar la presión sobre la industria”

De hecho, la propia institución europea admite que la revisión “aliviará la presión sobre la industria”. La propuesta actualiza el Factor de Reducción Lineal (LRF), que es porcentaje anual fijo mediante el cual la Unión Europea reduce el límite máximo del total de emisiones de gases de efecto invernadero permitidas en el mercado de carbono, hasta el 3,7% anual entre 2031 y 2035 y el 1,7% entre 2036 y 2040, cuando antes exigía un recorte de las emisiones de un 4,3% anual (periodo 2024-2027) que aumentaría al 4,4% en 2028. La traducción: las plantas industriales que se rigen por este sistema podrán emitir más toneladas y durante más años que en la anterior propuesta de ETS.

La Comisión ha vendido esta reducción de emisiones como “más gradual” y asegura que “está alineada con el nivel de ambición climática interna”, además de mantener el objetivo de reducir al 90% las emisiones en 2040. Sin embargo, técnicos de la Comisión Europea han explicado que el nuevo sistema abre el horizonte temporal en el que el límite de derechos de emisión llegará a cero según la trayectoria definida por el nuevo LRF. Así se han declarado dos estimaciones según los escenarios que van desde uno inicial que podría extenderse entre 2040 y 2045 y otro en el que la fecha límite podría llegar hasta el periodo entre 2046 y 2048.

Los técnicos insisten en que el diseño de esta revisión del ETS está enfocado en dar estabilidad al mercado durante la próxima década y que el momento exacto del fin de los derechos dependerá de la velocidad de la descarbonización y de la oferta y demanda en el mercado, es decir, se deja al mercado que defina la contaminación de la industria.

La Comisión ha destacado que se permitirá utilizar hasta un 2% de créditos internacionales de alta calidad, con el fin de financiar proyectos de descarbonización fuera de la UE y ofrecer un margen de flexibilidad entre 2036 y 2040, cuando la reducción de emisiones dentro de Europa será más compleja.

Está reducción de la intensidad en la reducción de las emisiones contaminantes se intenta compensar con más énfasis en la inversión para la descontaminación de la industria. El Banco para la Descarbonización Industrial contará con 100.000 millones de euros para financiar la descarbonización industrial en toda Europa. Ahora bien, la institución europea señala que “antes de 2030 estará disponible el Impulsor de Inversiones del ETS (ETS Investment Booster) como primera fase de ese banco”. Además, los Estados miembros deberán destinar el 50% de los ingresos nacionales procedentes del ETS a inversiones para descarbonizar. En conjunto, esto supondrá más de 100.000 millones de euros en inversiones antes de 2030.

Enfoque “más favorable a las empresas”

Durante la rueda de prensa de presentación, tanto Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva para una Transición Limpia, como Wopke Hoekstra, comisario de Clima, y Dan Jørgensen, comisario de Energía y Vivienda, se han escudado en las grandes cifras para explicar que se rebajan las exigencias contra la contaminación en la Unión Europea.

De hecho, Hoekstra ha admitido que el enfoque es “más favorable a las empresas y más sensible a las necesidades del tejido empresarial”, pero lo que se ha hecho es retrasar las exigencias. “Nuestra ambición climática aumentará durante la próxima década, no disminuirá. El objetivo era ser incluso más ambiciosos en la próxima década que en la actual. Ahora bien, lo que es cierto es que muchos gobiernos y literalmente cientos de empresas han acudido a nosotros para trasladarnos sus posiciones. Algunas han dicho: 'Queremos mantener completamente el rumbo actual'. Otras han pedido volver a debilitar el sistema. Y otras han solicitado más flexibilidad”.

El comisario de Clima ha asumido que “la diferencia clave de esta propuesta respecto a la década actual es la condicionalidad. Es cierto que permitimos algo más de flexibilidad, pero el dinero debe invertirse en Europa. Y esto se aplica tanto a los recursos procedentes de las asignaciones gratuitas de derechos de emisión que concedemos a las empresas como al 50% de cada euro —es decir, 50 céntimos por euro— de los fondos que proporcionamos a los gobiernos”.

Sistema 80/20 de derechos gratuitos

El nuevo sistema funcionará con una regla del 80/20: para recibir derechos de emisión gratuitos, las empresas deben tener un plan de inversión en descarbonización y modernización. Este documento debe definir las medidas concretas que se adoptarán en un horizonte temporal de entre cinco y siete años. Las empresas recibirán inicialmente el 80% de los derechos de emisión gratuitos, mientras que el 20% restante se retiene y solo se les entregará tras la implementación efectiva de las inversiones y de las reducciones de emisiones reales al cabo de un ciclo de cinco o siente años.

“Esta es una diferencia clave. La distribución gratuita no significa efectivo gratuito. El 100% de los créditos gratuitos tendrán que ser invertidos en descarbonización en Europa”, destacó Hoekstra. La verificación recaerá principalmente sobre las autoridades de los Estados miembros, mientras que la Unión Europea se encargará de realizar inspecciones aleatorias.

Ahora bien, el sistema permite que los derechos retenidos no se limiten estrictamente a una instalación, las empresas pueden agruparlos para realizar inversiones conjuntas a nivel corporativo o mediante fondos comunes creados entre diferentes compañías en zonas declaradas de aceleración industrial. Por otro lado, hay una cláusula de penalización para evitar la fuga de capitales; si una empresa decide abandonar el territorio europeo, tendrá la obligación de devolver el valor de los derechos de emisión gratuitos que haya recibido.

Nuevos sectores

La propuesta hace que se incorporen nuevos sectores al sistema ETS, aunque más lentamente de lo que se había propuesto. Así, la incineración de residuos los se incorporará gradualmente al ETS entre 2031 y 2034, permitiendo opciones de exclusión temporal nacional bajo condiciones específicas y destinando parte de los ingresos a apoyar a las autoridades locales en prácticas de reciclaje.

Respecto a la aviación, se propone ampliar el alcance a un ámbito regional de vuelos de hasta 5.000 kilómetros que aterricen en la UE a partir de 2029. Se mantienen exenciones para los vuelos domésticos hacia regiones ultraperiféricas como la conexión de Madrid con las Islas Canarias.

En cuanto al sector marítimo, se canalizarán 110 millones de derechos de emisión (período 2028-2040) para apoyar combustibles alternativos avanzados (amoniaco limpio, metanol) y tecnologías como la propulsión eólica y la electrificación.

Ahora comienza una dura pugna entre los países favorables y contrarios (como es el caso de España y los países nórdicos) a flexibilizar el sistema ETS, que tendrá su propia confrontación en el Parlamento Europeo.

La Comisión Europea está negociando con Estados Unidos la eliminación del arancel del 15% de una lista de decenas de productos que suman más de 115.000 millones de euros en exportaciones de la Unión Europea. Esta tasa fronteriza es la acordada por el pacto comercial que firmaron la UE y EEUU, que ha sido ratificado hace un mes. La lista con centenares de productos abarca desde productos agroalimentarios como el aceite de oliva, productos del cerdo, quesos y vino, así como maquinaria, productos químicos o material sanitario, según ha adelantado Euractiv y ha confirmado elDiario.es.

La Unión Europea consiguió a finales de mayo cerrar el texto del tratado comercial con Estados Unidos. El presidente de EEUU, Donald Trump, había amenazado con volar por los aires el acuerdo e imponer aranceles del 25% a los automóviles europeos si los legisladores de la UE y los miembros de la eurocámara no superaban antes del 4 de julio los obstáculos que impedían ratificar el tratado.

El argumento de la Comisión para la exención de los aranceles es que la UE ya ha cumplido con el acuerdo comercial con la eliminación este 1 de julio de aranceles sobre cientos de productos industriales y agroalimentarios estadounidenses. Bruselas reclama que Estados Unidos cumpla con su parte y deje de aplicar el 15% arancelario sobre la lista de productos.

Un portavoz de la Comisión Europea ha comentado que “se pretende examinar el mayor número posible de sectores en los que se pueda reducir o eliminar aranceles en beneficio de ambas partes: de los exportadores, de los consumidores y, en general, para reforzar la relación comercial y de inversión entre la Unión Europea y Estados Unidos. Se ha entregado a Estados Unidos una amplia lista de productos europeos de exportación para los que consideramos posibles reducciones arancelarias”.

Según Bruselas, los productos europeos seleccionados contribuyen a la reindustrialización de Estados Unidos, no tienen alternativas en otros mercados o son difíciles de sustituir, benefician a mercados clave o son esenciales para sectores estratégicos como el energético o la seguridad.

La lista incluye una amplia gama de productos agroalimentarios europeos de alta calidad, que van desde el aceite de oliva, las aceitunas, pasta, trufas, setas y productos de cerdo curados a quesos y productos lácteos, el vino, así como el brandy, la sidra y la cerveza y un compendio de bebidas espirituosas que incluye ginebra, ron, whisky, vodka y licores. Muchos de estos productos no tenían ningún arancel en el mercado estadounidense antes del cambio de política comercial impuesto por Donald Trump.

También hay productos de corte industrial como maquinaria agrícola, robots industriales, equipos eléctricos, herramientas para la fabricación de semiconductores y productos químicos. Y también se ha añadido material sanitario como kits de diagnóstico, suturas quirúrgicas, apósitos, material de vidrio para laboratorio y mesas de operaciones, entre otros.

Un portavoz de la Comisión Europea ha explicado que “la lista de productos se elaboró en estrecha cooperación y tras intensas conversaciones con los Estados miembros, con los que mantenemos consultas constantes sobre la relación comercial con Estados Unidos”.

La Verja ha caído justo a las 0 horas del día 15 de julio de 2026 tras cinco años de intensas negociaciones, a las que la Unión Europea dio via libre precisamente en julio de 2021, para buscar un Brexit blando en la frontera gibraltareña. El baile de ministros de Exteriores y de primeros ministros en el Reino Unido no ha impedido que se alcance un acuerdo, cuya ratificación provisional se producía horas antes en Bruselas, que permitirá la libre circulación de personas y mercancías entre La Línea y Gibraltar, que pasa a incorporarse a los beneficios y responsabilidades de Schengen, sin llegar a estar en Schengen. Más allá del acuerdo político, el momento se ha vivido con una fuerte sensación de esperanza, pero también con cautela y un poso de incertidumbre, a un lado y a otro de la Verja que ya no existe.

Una muchedumbre, entre la que podían verse numerosas banderas españolas –eso sí, con el escudo constitucional—avanzó poco antes de la medianoche, desde La Línea al Peñón. La multitud, enfervorizada por la victoria española frente a Francia en el Mundial de Fútbol, aguó en cierta medida la fiesta de desaparición de la Verja, con gritos de “Gibraltar español” y algún ocasional exabrupto contra Pedro Sanchez, en vísperas de que el presidente del Gobierno español también se desplace hasta allí. Algunos habían logrado penetrar al interior de la Roca, ondeando la rojigualda desde Europa Point, en la costa de Levante, junto a la gran mezquita gibraltareña.

Para Fabian Picardo, ministro principal de Gibraltar, la euforia futbolística podría explicar la manifestación espontánea, que fue contenida por la Guardia Civil, para que no irrumpiese en la Focona –The Four Corners—al otro lado de la zona fronteriza que ya no existe: “Lo importante es que Europa ha vuelto y tenemos un Tratado que permitirá que la frontera fluya”, aseguraba el líder gibraltareño, poco después de abrazar a Juan Franco, alcalde de La Línea, que también se desplazó hasta dicho punto de encuentro para vivir ese momento históríco.

“Yo pensaba que esto no iba a verlo. Esta Verja, lo único que ha hecho es separar a dos pueblos”, aseguró el alcalde linense, que, ante la creciente presencia de hinchas del nacionalismo español –futbolístico o político, que nunca se sabe--, se anticipaba a los acontecimientos: “Tendremos que disponer un dispositivo especial para el partido del domingo entre España e Inglaterra, porque además coincide con el domingo rociero de la Velada”.

Entre claxons y el sonido de las vuvuzelas, el oeee-oeee-oeee futbolístico sucedía en la banda sonora de la madrugada a la novena de Beethoven, el himno de la Unión Europea, que acababa de oírse, ante la comitiva gubernamental que se encontraba situada al pie de la antigua frontera y en la que figuraban todos los miembros del Ejecutivo de Picardo.

Entre su equipo, se encontraba Joe Bossano, el octogenario ministro principal de Gibraltar que ahora forma parte de su gabinete y al que los reporteros de la televisión gibraltareña le preguntaron qué opinaba de los gritos de ´Gibraltar español´ que seguían oyéndose entre banderas: “Si ellos dicen que Gibraltar es español, yo digo que Gibraltar es nuestro y vamos a ir por el Campo de Gibraltar, el Campo es nuestro”, bromeaba con cierta socarronería, mientras se dejaba abrazar por Juan Carmona, que era alcalde socialista de La Línea cuando se abrió la Verja en 1982, tras el cierre decretado por la dictadura de Francisco Franco, en 1969. Ahora, es miembro del Grupo Transfronterizo: “Yo lo único que quiero es saludar a mi viejo amigo. Lo somos desde hace cuarenta años o más”.

“En España, siempre están con las banderas, aquí sólo las sacamos el National Day –prosiguió Bossano--. Yo creo en la identidad de Gibraltar”.

Muy cerca, un reducido grfupo de gibraltareños asistía a los acontecimientos con una tranquilidad próxima a la flema británica, mientras coches y motocicletas salían o entraban con normalidad, para vivir la experiencia, mientras la euforia futbolística parecía atenuarse, tan sólo media hora después de que el último muro de Europa dejara de existir.

Las banderas de España, del Reino Unido y de Gibraltar seguían ondeando, sin embargo, entre algunas gibraltareñas, pero la sangre no parecía, a esas alturas, que fuera a llegar al río. Desde España, empezaron a gritar “vivan los llanitos”. Y, en el Peñón, una pancarta celebraba en español al líder gibraltareño que logró evitar un Brexit duro en una frontera que ya no existe desde la medianoche: “Picardo, la madre que te parió, eres el mejor”.

Visita de Sánchez

La celebración gibraltareña de la desaparición de la Verja precede al viaje de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, que, en compañía de José Manuel Albares, ministro de Exteriores, tiene previsto reunirse este miércoles con representantes institucionales y de la sociedad civil y empresarial del Campo de Gibraltar, justo en el lugar en donde ya no estará la Verja que levantó Gran Bretaña en 1908.

A dicha cita acudirán sindicatos y empresarios. De entrada, la Confederación de Empresas de la provincia de Cádiz (CEC) ya ha realizado, horas atrás, una primera valoración del acuerdo alcanzado entre la Unión Europea, España y el Reino Unido sobre Gibraltar, destacando que supone un paso relevante para avanzar hacia un escenario de mayor estabilidad institucional, económica y social.

Este no es un día cualquiera, asegura Fabian Picardo, ministro principal de Gibraltar, poco antes de firmar el acuerdo provisional que permitirá aplicar el Tratado suscrito entre Gran Bretaña y la Unión Europea a partir de este miércoles.

No es un día para la negociación sino para el consenso: «Este es el día en que engañamos al Brexit», declaró ufano el líder gibraltareño, cinco años después de comenzar el proceso negociador que ha cambiado las reglas del juego diplomático y suprimir el último muro de la Europa de Schengen.

Este mismo martes, en Bruselas, Picardo ha suscrito el prometido Concordato Reino Unido-Gibraltar en Bruselas, que permitirá al Peñón demandar a Londres que se retracte del Tratado en caso de que no satisfaga sus intereses. Él lo ha firmado en nombre de Gibraltar y el Secretario de Estado británico para Europa, Stephen Doughty, hizo otro tanto en nombre del Reino Unido. La firma tuvo lugar en Ducale, la residencia del embajador británico ante la Unión Europea, antes de la ceremonia formal del Tratado en el edificio Berlaymont de Bruselas.

La batalla por conseguir la dirección general de la Organización de Agricultura y Alimentación de Naciones Unidas (FAO) empieza en Europa. La candidatura del ministro español de Agricultura, Luis Planas, para el principal puesto de la institución de la ONU tiene que superar relevantes obstáculos en una carrera ante rivales de la UE. Además de Planas, se presentan el italiano Maurizio Martina, exministro de Agricultura y actual subdirector general de la FAO, y el irlandés Phil Hogan, excomisario europeo de Agricultura y Comercio.

La FAO ha asumido en los últimos años una mayor carga geopolítica como han demostrado turbulencias internacionales como la crisis del pan en Túnez, pasando por la necesidad de abrir corredores seguros para la salida de cereales por el mar Negro desde Ucrania tras la invasión que perpetró Rusia; el papel de Moscú ante el desabastecimiento de África, ofreciendo a varios países africanos precios bonificados de cereales en un intento de ganar influencias; o el peso en la cadena alimenticia de los fertilizantes tras el cierre del estrecho de Ormuz en la reciente guerra de Irán.

80 años después de su creación, la FAO sigue sin conseguir cumplir su objetivo de acabar con el hambre en el mundo, que la crisis climática va a complicar aún más por los efectos de la elevación de las temperaturas sobre las cosechas y el efecto de la erosión de la tierra.

Con estos retos urgentes, el Gobierno de Pedro Sánchez está trabajando ya activamente para que la candidatura de Planas sea un éxito con los argumentos de la defensa del multilateralismo en un momento en el que Administraciones como la de Donald Trump tratan de desprestigiar estas instituciones, además del peso de España como potencia en la industria agroalimentaria (cuarto país de la UE y séptimo del mundo en exportación de alimentos) y su “respetada” posición internacional tanto en África, como en Latinoamérica y Asia.

Si algo enseñó la candidatura frustrada del exministro de Asuntos Exteriores Miguel Ángel Moratinos al mismo puesto, que se presentó solo seis meses antes de las votaciones, es que es necesario una campaña para sumar adhesiones durante varios meses para conseguir la victoria. La FAO la componen 193 países y el voto vale igual para Andorra como para China.

La UE quiere un candidato único europeo

La Unión Europea está interesada en que se presente un único candidato europeo, de hecho, durante la presidencia rotatoria de la UE, que le tocó a Chipre, se intentó consensuar una candidatura única, pero fue imposible. El último director general europeo de la FAO fue el neerlandés Addeke Hendrik Boerma, quien ocupó el cargo entre 1967 y 1975.

El Gobierno español, que respalda la propuesta de la candidatura única, también trata de plantear que tras la primera vuelta de las votaciones los candidatos europeos menos votados se replieguen dando paso a un único candidato europeo. Es otra de las lecciones de la candidatura de Moratinos, ya que el austriaco Franz Fischler mantuvo su candidatura pese a que en la primera vuelta logró menos apoyos que el exministro español, que perdió contra el brasileño José Graziano da Silva por solo cuatro votos. Se sabe que dos de esos votos fueron de países europeos.

En esta pugna europea, Planas tiene un obstáculo de carácter político con uno de los candidatos. El irlandés Phil Hogan se está presentando como el contendiente del Partido Popular Europeo, que es la familia política que ostenta más gobiernos en la Unión Europea, pero además cuenta con el respaldo público de Francia, país que tiene un fuerte peso en la política agraria de la UE.

Sin embargo, fuentes del Ministerio de Agricultura apuntan que la candidatura de Hogan no parece tener apoyos suficientes, ni siquiera por parte del Ejecutivo irlandés, que ahora ostenta la presidencia rotatoria de la UE, y ha optado por inhibirse por una cuestión de neutralidad. Además, el candidato irlandés tiene en su historial una tacha, ya que tuvo que dimitir como comisario europeo cuando se descubrió que había participado en agosto de 2020 en una cena de gala con unas 80 personas en el Condado de Galway, incumpliendo la cuarentena y las normativas de viaje por la pandemia del COVID, que estaban entonces vigentes en Irlanda.

Fuentes del Gobierno apuntan que el otro candidato, el italiano Maurizio Martina, ya tiene un cargo en la FAO, es director general adjunto, y recalcan que es la propuesta del Gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni, que cuenta con menos simpatía a nivel internacional.

España pelea por varios cargos internacionales

Otro obstáculo al que se tendrá que enfrentar Planas es el compendio de cargos internacionales a los que aspira España. Además de la dirección de la FAO, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se está moviendo para aspirar a la dirección general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), otro organismo de la ONU, aunque no cuenta con el respaldo de la parte socialista del Ejecutivo. Pero, sobre todo, las aspiraciones de España por lograr un puesto como el de presidente del Banco Central Europeo, para el que se ha postulado el exgobernador del Banco de España Pablo Hernández de Cos, puede entorpecer la carrera de Planas en el juego de favores entre países para acceder a los puestos relevantes de decisión a nivel internacional.

Incluso si Planas consiguiera ser el único candidato europeo, se tendría que enfrentar a otros candidatos no europeos que son Mehmet Mehdi Eker, exministro de Agricultura de Turquía, y Josefa Sacko, embajadora de Angola en Italia, aunque si se logra en consenso europeo, tendría muchas posibilidades de ganar.

Todavía queda un largo recorrido, ya que la presentación oficial de candidaturas se alarga hasta noviembre de este año y las elecciones serán la última semana de junio de 2027. Pero el Gobierno español no quiere caer en los mismos errores que se cometieron con Moratinos y se tiene plena confianza en el perfil profesional y la carrera política de Planas, uno de los cuatro ministros que han acompañado a Pedro Sánchez desde que accedió a la presidencia del Gobierno.

La verja de Gibraltar cae definitivamente. La Comisión Europea y el Reino Unido han firmado este martes el Acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre Gibraltar, tras más de cuatro años de negociaciones. El tratado entrará en aplicación provisional el 15 de julio de 2026 y completa el marco jurídico que regula las relaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido tras el Brexit, la retirada británica de la UE.

El acuerdo ha sido definitivamente sellado por el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, por el secretario de Estado británico para Europa, Stephen Doughty, en presencia el ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, y el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo.

Para entender la complejidad del acuerdo, hace ya más de un año que se alcanzó el consenso político entre las partes, pero posteriormente ha sido necesario pulir la letra pequeña. José Manuel Albares, ha señalado en Bruselas que “este acuerdo garantiza para siempre la libertad de circulación de personas y de mercancías. Evita distorsiones del pasado en materias como la fiscalidad o la de medioambiente. Trae una nueva conectividad al Campo de Gibraltar con esa gestión conjunta del aeropuerto y abre toda una nueva senda de oportunidades. Permite al Campo de Gibraltar dar un salto hacia un futuro prometedor”.

“Todas las barreras físicas relacionadas con la circulación de personas entre la Unión [Europea] y Gibraltar deberán ser eliminadas”. Así reza el acuerdo entre la UE y Reino Unido que regirá la relación del Peñón de Gibraltar con los Veintisiete miembros de la Unión Europea.

Se trata de un acuerdo con 336 artículos y 46 anejos y más de 600 páginas, que termina por tirar la verja que ha separado a la población británica y española que compartían este territorio del sur de Europa. El pacto crea una nueva zona de libre circulación entre el peñón de Gibraltar con el espacio Schengen (25 países de la UE, no están Irlanda ni Chipre, más Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza).

“Se dejan atrás tres siglos de desconfianza”

Albares ha insistido en que con el acuerdo “se deja atrás nada más y nada menos que tres siglos marcados por la desconfianza y la confrontación. Aquellos que vivían espalda contra espalda, como ocurría con Gibraltar y el Campo de Gibraltar, avanzan juntos hacia un futuro lleno de fuerza”.

Además, el ministro ha insistido en que las reivindicaciones de soberanía de España sobre el Peñón de Gibraltar “se mantienen tal y como estaban y están absolutamente salvaguardadas. La reclamación de soberanía de España no cambia ni un ápice. Este acuerdo es para resolver problemas concretos de nuestros ciudadanos, que apuesta por la convivencia”.

Respecto a la posición en contra del acuerdo que han mantenido el Partido Popular y Vox, Albares ha diferenciado la actitud del presidente de la Junta de Andalucía, José Manuel Moreno que “mostró públicamente y en privado su apoyo por este acuerdo. Y a aquellos que no estaban a favor les diré que ellos también han ganado porque este es un acuerdo a favor de los 300.000 andaluces del Campo de Gibraltar, de sus intereses y de su futuro”.

Bruselas señala que el objetivo de este acuerdo “es garantizar la prosperidad futura de toda la región. Proporcionará confianza y seguridad jurídica para la vida y el bienestar de la población de ambos lados de la frontera”.

Maros Sefcovic, comisario europeo de Comercio y Seguridad Económica, ha señalado que “es un momento verdaderamente histórico. Me enorgullece firmar este acuerdo con el Reino Unido sobre Gibraltar. Han sido necesarios cuatro años de negociaciones pacientes y complejas, pero el resultado habla por sí mismo: prosperidad compartida, una cooperación más estrecha y el fin de las barreras para unas 15.000 personas que cruzan entre España y Gibraltar cada día. Es una sensación muy especial ver cómo se derriba una valla”.

A Daniel Innerarity hay dos tipos de asuntos que le han interesado siempre: las cosas que no son lo que parecen y las cosas que ya no son lo que eran. A esta última categoría podría adscribirse el mundo que habitamos de ruido, de propaganda y huérfano de humanidad.

El catedrático de filosofía política y social, director del Instituto de Gobernanza Democrática y titular de la Cátedra Inteligencia Artificial y Democracia del Instituto Universitario Europeo en Florencia, explicó en media hora qué está pasando profundizando más allá de los tópicos que se suministran a diario.

El experimento político, social y económico del liberalismo ha terminado sin que sepamos muy bien qué le va a sustituir. Así comenzó su discurso tras recibir el doctorado Honoris Causa de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo por su contribución al pensamiento democrático contemporáneo. Se hizo el silencio en la sala, el hall del viejo Palacio de la Magdalena de Santander -que cada verano, desde tiempos de la República, se convierte en universidad- donde más de sesenta personas, sin representación ni presencia de ningún miembro del Gobierno de Cantabria, escuchaban al protagonista.

Innerarity fue desgranado las razones de esa muerte del liberalismo que se impuso tras la Segunda Guerra Mundial. Hasta ahora el capitalismo estaba basado en reglas, “aunque no fueran las más justas ni cumplidas por todos”.

El mundo estaba basado en promesas de un porvenir feliz y se pensaba que caminábamos hacia una democracia sin enemigos, aunque durante todo este periodo hasta el año 2000 no faltaron fenómenos de rapiña territorial ni golpes de estado, sobre todo durante la guerra fría en América latina, “pero todo ello se combinaba con la narrativa de un marco de valores que se decía defender”.

El mercado desempeñaba el papel de moderador de los intereses divergentes y cada actor intentaba llegar a un acuerdo porque le resultaba más beneficio: “la conciliación aporta más que la agresión”.

Ahora corren tiempos turbulentos. Actualmente podemos hablar del final de una era.

“Trump no es el autor de este cambio de página, no es ni siquiera especialmente original en esto porque el deseo de redimensionar la globalización viene de lejos”, explica. Los últimos tres gobiernos norteamericanos –subraya- han bloqueado la organización del comercio, demócratas y republicanos, han subido los aranceles, han restringido las importaciones y han concedido subvenciones masivas a la industria nacional.

Hasta ahora nadie había formulado tan explícitamente como Trump la pretensión de acabar con lo que ha caracterizado a la globalización liberal

Un instinto protector que se agudizó en todo el mundo tras la crisis económica “que marcó el final de las ilusiones liberales y emprendió el camino a un mundo geopolítico”, ha resaltado el profesor. En su opinión hay un retorno del proteccionismo “a derecha e izquierda”.

“Hasta ahora nadie había formulado tan explícitamente como Trump la pretensión de acabar con lo que ha caracterizado a la globalización liberal” y cita el cuestionamiento del comercio, la multiplicación de los conflictos, retorno a una concepción autárquica de la sociedad, “una economía de pillaje y una carrera global por el acaparamiento de bienes escasos”.

“El actual capitalismo es el de una multitud de actores que juegan a la soberanía y cuyos intereses no pueden ni quieren estar alineados”, ha defendido Innerarity , haciendo hincapié en que “la guerra económica ha dejado de ser una metáfora en este nuevo darwinismo geopolítico”.

“Se trata de un capitalismo predador, rentista y violento, entregado al puro juego del poder que ha dado lugar a una nueva ola de imperialismo territorial”, ha afirmado el filósofo. Es una renuncia a concebir lo social como un multiplicador que pone la competencia por encima de la cooperación. “Se cuestiona el mercado y la propiedad” y han renacido “nuevos modos de predación”.

No confiar en los mecanismos del mercado “es lo que lleva a preferir un modelo de pillaje, saqueo y rentismo”, lo que produce “una nueva forma de capitalismo que se define como una ola de expoliación territorial”, ha denunciado.

Para el filósofo es una nueva forma de capitalismo que a la vez es muy antigua: un modelo de saqueo y rentismo que, en su opinión, evoca aquel antiguo derecho marítimo a quedarse todo aquello que se encontraba en el mar. “¿De quién son las cosas”?, se ha preguntado. Porque han renacido “nuevos modos de predación, desde los fondos marinos hasta el espacio, la codicia de las tierras raras, la biopiratería que se apropia de los recursos genéticos, y los datos y textos con los que se alimenta la inteligencia artificial ”sin pedir permiso ni pagar por ello“.

Se trata –ha resumido- de obtener beneficios fuera del contexto de competencia. “Yo llegué el primero, y punto”, ha enfatizado.

Nuestras élites están formadas en un mundo liberal que ya no existe

“Ahora el mundo bascula hacia el acaparamiento y todo se juega en disponer de los recursos necesarios”, por lo que, según ha añadido, “la renta no es un beneficio sino una ganancia que proviene de detentar o controlar un activo escaso”.

El filósofo ha puesto algunos ejemplos de una economía que se está ‘reprimarizando’ en paralelo a la desaparición del sector primario porque –puso como ejemplo- hay un aumento de las actividades extractivas, se ha duplicado el volumen de minerales que se extraen en el mundo.

“La carrera en busca de las materias primas ha incrementado” y este “saqueo” pone de manifiesto “lo poco que nos creemos que el conocimiento sea el principal recurso de la economía”.

Desconcierto de la Unión Europea

Frente a este contexto, la Unión Europea “no está preparada” porque no está pensada para el conflicto “sino para que nadie imponga nada a nadie”. El filosofo ha admitido que puede ser que Europa no haya comprendido la envergadura de los cambios que estamos viviendo“. ”Nuestras élites están formadas en un mundo liberal que ya no existe“ de la libre competencia, de desmontar monopolios. ”Eso es insostenible en el nuevo espacio de predación postliberal“, concluye.

La Unión Europea vuelve a topar consigo misma cuando tiene que afrontar las sanciones a los productos de los asentamientos ilegales israelíes. Aunque hay un posicionamiento común en que “los 27 Estados miembros de la UE coinciden en que los asentamientos israelíes son ilegales conforme al derecho internacional” y van en contra de la solución de dos Estados, la burocracia y los intereses de las capitales enturbian la toma de decisiones sobre qué hacer con los productos provenientes de estos asentamientos que compra Europa.

La jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, ha admitido este lunes, tras la reunión con los ministros de Exteriores de los 27 países, que “la opción que recibió el mayor apoyo entre los Estados miembros fue la de prohibir el comercio con los asentamientos israelíes ilegales”. Sin embargo, Kallas ha resaltado que “por desgracia, necesitamos tener una posición unificada y, hasta ahora, no hemos sido capaces de alcanzar esa posición común”.

Por un lado, está la posición de países como Bélgica, Países Bajos, España e Irlanda, que defienden que se prohíba la compra de productos israelíes provenientes de los asentamientos ilegales, mientras que otros Estados mantiene una postura contraria a castigar a Israel, como ocurre con Alemania, Italia, Austria y la República Checa.

Ante la falta de consenso entre las capitales europeas, la Comisión Europea propuso una lista de opciones que van desde la prohibición total o parcial de las importaciones procedentes de los asentamientos a la aprobación de aranceles punitivos sobre estos productos o un sistema de licencias de importación, que todas las partes asumen como complejo y difícil de aplicar. Kallas intentó vender como un paso adelante que la primera opción es la que tiene más respaldo.

Burocracia y falsos debates para retrasar la decisión

Aunque los 27 coinciden en que los asentamientos israelíes son ilegales, se ha creado una serie de debates falsos que solo provocan el retraso en la toma de decisiones. Por un lado, hay embajadores que han puesto en duda si la decisión la tienen que tomar los ministros de Exteriores o sus homólogos de Comercio, tras meses de negociaciones de los titulares de las carteras que gestionan las relaciones diplomáticas, posteriormente se lanzó el debate sobre si la decisión debería ser aprobada por unanimidad o por mayoría simple, cuando Kallas ya había señalado que “el Consejo Europeo dispone de un dictamen legal según el cual las cuestiones comerciales se deciden por mayoría cualificada”.

También hay una divergencia de posiciones entre la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y la jefa de la diplomacia europea sobre cómo afrontar las sanciones. Siguiendo la postura de Alemania, Von der Leyen es más reacia a adoptar medidas contra los asentamientos israelíes.

Ahora, otro factor ha entrado en juego para retrasar una decisión al respecto. Varios capitales han pedido esperar a que pasen las elecciones israelíes del 27 de octubre para tomar medidas contra los asentamientos, por su posible impacto en los comicios.

Kallas ha comentado que “se ha encargado a los embajadores permanentes que continúen trabajando en esta cuestión y los ministros también acordaron que, si fuera necesario, podríamos convocar una reunión extraordinaria para abordándola”.

A su llegada a Bruselas, El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, puntualizó que “hay que tomar una decisión con respecto a los productos que provienen de los asentamientos ilegales. España, hace ya mucho tiempo que ha prohibido su importación de manera bilateral a nivel nacional. La Unión Europea tiene que hacerlo. Hay un papel de opciones, pero yo creo que no ha lugar para opciones. Hay una una opinión consultiva del Tribunal Internacional de Justicia de 2024, que dice muy claramente que es ilegal el comercio con productos que provengan de esos asentamientos”.

Además de España, países como Irlanda, Países Bajos o Noruega, han presentado proyectos de ley nacionales para prohibir el comercio con los asentamientos israelíes.

En una carta firmada por la exministra española de Asuntos Exteriores Arancha González Laya, los excomisarios europeos de Comercio Pascal Lamy y Cecilia Malmström, el ex primer ministro italiano Enrico Letta o el exvicecanciller alemán Sigmar Gabriel, entre otros, se apunta que “la Comisión Europea debería presentar sin más demora una propuesta para una prohibición de la UE, cuidadosamente calibrada, sobre el comercio con los asentamientos. Ya es hora de que la UE aplique sus propias normas comerciales en lo que respecta al comercio con los asentamientos israelíes”.

Bushra Khalidi, portavoz humanitaria de Oxfam, ha señalado que “la obligación jurídica está clara, y los países de la UE lo saben. Ahora su apoyo debe traducirse en una prohibición efectiva del comercio, incluidos los bienes y servicios, con los asentamientos israelíes ilegales. Cualquier retraso no solo tiene un coste humano, sino que además supone una violación flagrante y continuada del derecho internacional”.

“No podemos permitirnos otro año de debates y aplazamientos mientras continúa el comercio con los asentamientos ilegales y la anexión acelerada de territorios. El alto el fuego en Gaza existe solo de nombre. Mientras tanto, el proyecto ilegal de asentamientos de Israel sigue expandiéndose y las organizaciones humanitarias siguen teniendo impedimentos para poder operar”, ha resaltado la portavoz de Oxfam.

A la vez, la comisaria para el Mediterráneo, Dubravka Suica, y el primer ministro de la Autoridad Palestina, Mohammad Mustafa, se han reunido este lunes en Bruselas para poner en marcha una nueva iniciativa de recuperación de Gaza y debatir el programa de reformas de la Autoridad Palestina.

La comisaria Suica ha puesto en marcha oficialmente la iniciativa del Equipo Gaza, que reúne una contribución financiera de 883,6 millones de euros en proyectos para reconstruir las infraestructuras de agua y saneamiento, la gestión y retirada de escombros y residuos sólidos, y el resto de los sistemas sanitarios, energéticos, agrícolas y alimentarios.

El Gobierno de Castilla-La Mancha trabaja para que se pueda anticipar el pago de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) antes del 16 de octubre, sí así lo determina la Unión Europea, tal y como ha manifestado el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán.

En rueda de prensa a preguntas de los medios en Toledo, ha reaccionado de este modo después de que el diera su visto bueno el pasado martes para que los Estados de la Unión Europea puedan aumentar y adelantar la distribución de los anticipos de los pagos directos de la Política Agraria Común (PAC) para ayudar a los agricultores a hacer frente al encarecimiento de los fertilizantes.

El Parlamento Europeo aprobaba el pasado martes la posibilidad de que los Estados miembros puedan aumentar del 70% al 75 % los anticipos de los pagos directos de la PAC y abonarlos inmediatamente después de que presenten la solicitud, en lugar de esperar al 16 de octubre, como establecen las normas vigentes. La propuesta, que salió adelante con 576 votos a favor, 62 en contra y 15 abstenciones, deberá ser adoptado formalmente por el Consejo de la UE.

“Claro que lo contemplamos”, ha afirmado el consejero, aunque ha querido puntualizar que es un proceso “complicado” porque se pide el adelanto de estas ayudas antes del 16 de octubre y al mismo tiempo se atrasa el cierre de campaña de la tramitación de la PAC.

“Atrasamos el plazo de la PAC, con lo cual ya no podíamos revisar los expedientes. Si anticipamos en este caso el anticipo del 70%, tendríamos que entender que los funcionarios se van a dar una 'pechá' de trabajo, como se dice en mi pueblo, importantísima”, ha manifestado el consejero.

Si se atrasa el periodo de establecer la solicitud de los expedientes y se adelantan los anticipos, “por medio hay necesidades administrativas, revisiones de expedientes, que exige la propia Unión Europea y que tienen que determinar si los expedientes están perfectamente desarrollados o si tienen algún tipo de incidencia”, ha afirmado.

Además, hay que dar además posibilidad y plazo para que los agricultores y los solicitantes tengan esa posibilidad de poder solucionar esas incidencias, ya que, si no, no podrían cobrar a tiempo las subvenciones los anticipos que se han determinado.

En este punto, ha recordado que el año pasado Castilla-La Mancha fue la única comunidad de España que el 16 de octubre pagó el anticipo de la PAC en el 70 por ciento.

Caminos Rurales

Por otro lado, el consejero de Agricultura ha avanzado que este martes se va a publicar la orden de bases para la mejora de caminos rurales.

Es una subvención que vendrá posteriormente con la convocatoria que se realizará en los próximos días, “muy demandada” por muchos municipios de la región.

Todos los municipios que aparezcan en el anexo 1 de estas bases de convocatoria serán los que tendrán opción a poder acceder a las ayudas que se establecerán en la convocatoria y que se financiarán con cargos del Feader, en los que participa la Administración General del Estado y la propia Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

En este caso, se subvencionará el 100% de los gastos elegibles que vienen definidos en esas bases y tienen el objetivo de mejorar el acceso a las explotaciones agrarias y ganaderas de la región.

Una eurodiputada sueca, Abir Al Sahlani, ha presentado una denuncia policial acusando a otro eurodiputado por discurso de odio racista, tras ser blanco de ataques en redes sociales por su condena a los cánticos antiinmigración en el Parlamento Europeo del pasado mes de junio.

La denuncia fue presentada la semana pasada ante la Policía sueca y se refiere a lo sucedido en la Eurocámara a mediados de junio, cuando algunos eurodiputados de derecha corearon “¡Que los manden de vuelta!”, tras la votación del reglamento que abre la puerta a más deportaciones en toda la UE (y a la creación de los controvertidos centros en terceros países).

Poco después, Abir Al Sahlani, eurodiputada sueca de origen iraquí del liberal Partido de Centro, habló en el hemiciclo y acusó a los “fascistas de la extrema derecha” de haber caído muy bajo con ese tipo de cánticos. “Nunca me había sentido tan insegura en este Parlamento”, declaró ante la Cámara. “Los gritos de la extrema derecha no iban dirigidos contra un oponente político, decían 'que los manden de vuelta' [a sus países]. Se trata de gente común que no ha cometido otro 'delito' sino buscar una vida mejor en Europa”, dijo.

Sus comentarios se difundieron ampliamente en redes sociales y dos parlamentarios de partidos derechistas y populistas atacaron a Al Sahlani en internet. “Llora más”, escribió el finlandés Sebastian Tynkkynen, en respuesta a un vídeo de Al Sahlani hablando en la Eurocámara. Por su parte, el eurodiputado danés Kristoffer Storm afirmó que ella también “debe irse a su casa”.

El miércoles pasado, Al Sahlani dijo haber presentado una denuncia acusando a Storm de emplear lenguaje racista y discurso de odio en contra ella. La eurodiputada agregó que sólo ha denunciado al danés, porque la policía sueca no estaba segura respecto al tratamiento de los comentarios de Tynkkynen en las redes sociales.

Este enfrentamiento deja entrever las profundas divisiones que existen en el Parlamento Europeo, donde los eurodiputados de extrema derecha y populistas de derecha ocupan ahora cerca de una cuarta parte de los escaños —un récord para la Cámara—, mientras que las personas de minorías étnicas siguen estando drásticamente infrarrepresentadas.

“Siento tristeza por la democracia europea”

Días después de ser blanco de ataques en internet, Al Sahlani declaró a The Guardian que aún no sabía qué pensar al respecto: “No sé si estoy decepcionada o triste”. “Siento tristeza por la democracia europea. ¿En serio, este es el nivel de nuestros políticos? Pero también decepción porque, vamos, son mis colegas”, lamentó.

Los comentarios de los legisladores de derecha provocaron una oleada de apoyo a Al Sahlani en internet, salpicada de algunas amenazas de violación y muerte contra la eurodiputada. Su grupo parlamentario, Renew Europe, la respaldó. “El racismo no tiene cabida en nuestras instituciones y quienes lo propagan deben afrontar las consecuencias de sus actos”, declaró Valérie Hayer, líder del grupo, en las redes sociales en respuesta al comentario de Storm.

En una carta enviada poco después, Hayer instó a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, a tomar medidas disciplinarias contra Storm y Tynkkynen. “Me preocupa especialmente que un miembro de mi grupo, la eurodiputada Al Sahlani, esté siendo blanco de ataques y amenazas en las redes sociales por parte de otros miembros”, escribió Hayer. “Una respuesta clara y contundente enviaría un mensaje importante: la intimidación, el acoso y las conductas que menoscaban nuestra institución no tienen cabida en el Parlamento Europeo”.

En un comunicado, la oficina de Metsola calificó los incidentes de “lamentables” y añadió que no se toleraría ninguna acción que atentara contra el respeto a los eurodiputados ni contra la dignidad de la institución que dirige. Los servicios del Parlamento están investigando lo sucedido, agregó.

El lunes, Metsola se dirigió al Parlamento y declaró que los cánticos agresivos, las burlas, las acusaciones y la grabación en vídeo de los europarlamentarios que tuvieron lugar eran inaceptables. “Hay un límite y ese límite se cruzó en la última sesión plenaria”, afirmó, añadiendo que su oficina “tomaría las medidas oportunas para garantizar que las escenas que presenciamos el mes pasado” no se repitieran jamás.

Al Sahlani comentó que, al principio, dudó en pronunciarse tras los cánticos. “En esa sala no somos muchos con mi color de piel”, dijo. “Dudé durante mucho tiempo. ¿Debía asumir la responsabilidad? ¿Qué me gritarían entonces?”, se preguntó.

Finalmente, dejó de lado sus preocupaciones al considerar el contexto general. “Atacaron a personas que no tienen poder. Y eso debería asustar a cualquiera en Europa, porque si se empieza a atacar a los más vulnerables, se abre una puerta hacia algo mucho, mucho peor”, concluyó Al Sahlani.

La situación se está agravando debido a aquellos en el centroderecha que están “dando alas a los fascistas”, añadió, citando como ejemplo la legislación sobre deportaciones que había desencadenado los cánticos.

“Eligieron el contenido más inhumano e indigno”

La legislación, que Amnistía Internacional ha calificado de “absurda, cruel y discriminatoria” y que ha sido criticada por más de una docena de expertos de la ONU, se aprobó después de que gran parte de la centroderecha optara por aliarse con la extrema derecha en lugar de colaborar con los partidos proeuropeos y prodemocráticos en el parlamento.

“Podríamos haber tenido una legislación mejor”, declaró Al Sahlani. “Pero eligieron el contenido más inhumano e indigno para ese tipo de legislación y la aprobaron”.

Tynkkynen refutó por correo electrónico las acusaciones de Hayer de que había amenazado o hecho comentarios racistas contra Al-Sahlani, calificándolas de “falsas acusaciones”. Afirmó que planeaba presentar una denuncia por estas acusaciones, pero no dio más detalles, limitándose a decir que “la forma de la denuncia aún está en estudio”.

Storm declaró por correo electrónico que sus comentarios “no pretendían ser racistas ni pueden calificarse razonablemente como tales”.

Poco después del incidente, explicó su punto de vista al medio de comunicación Politico: “La frase 'vete a casa' pretendía indicar que, si la decisión democrática y las reacciones a la misma le resultaban tan angustiantes, habría sido mejor que abandonara la cámara y se tomara un tiempo para reflexionar, en lugar de acusar a una gran mayoría de opositores políticos de hacerla sentir insegura”. Al Sahlani restó importancia a la explicación. “La gente es más inteligente que eso”, afirmó.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha cargado duramente este lunes contra el Partido Popular, que ha calificado como un partido “antifrancés y antimarroquí”, y el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy por sus palabras racistas sobre la selección francesa. Albares ha pedido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que desautorice a Rajoy, “que es un expresidente del gobierno de su partido, militante de su partido”. Albares se encuentra en Bruselas para participar en una reunión con los ministros de Exteriores de los 27 países de la UE.

“Lo que dejó escrito el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy es absolutamente inaceptable. Nada que de cerca o de lejos pueda encubrir racismo, xenofobia, representa a España. Hacen declaraciones peligrosísimas hirientes hacia la selección francesa de fútbol en lo que tendría que ser una fiesta y una alegría como es esa semifinal que va a tener lugar mañana en el Mundial de fútbol”, ha apuntado Albares.

El ministro de Exteriores ha subrayado que “el deporte también tiene que transmitir valores de tolerancia, de amistad y de hermandad como los que tiene España y Francia. Dos países amigos y vecinos. Y por eso lo que dejó escrito el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy es absolutamente inaceptable. Nada que de cerca o de lejos pueda encubrir racismo, xenofobia representa a España”. Albares ha comentado que se puso en contacto con su homólogo en Francia para explicarle la posición contraria del Gobierno español ante las palabras de Rajoy.

Ante la petición de “todas las acciones legales posibles” contra el expresidente Rajoy por parte de varios ministros de Francia, Albares ha comentado “no es al ministro de Exteriores a quien le corresponde eso. No me consta que haya planteado ninguna acción de ese tipo. Espero que las cosas se reconduzcan por su propio cauce, que es pedir disculpas, que el señor Feijóo le desautorice y que el medio publique una rectificación”.

El PP “está absolutamente incapacitado para gobernar”

Albares ha señalado que el PP “está absolutamente incapacitado para gobernar” por sus posiciones en política exterior. El ministro ha abundado en esta idea cuando ha comentado que la línea de política exterior del Partido Popular es el “enfrentamiento al norte con nuestro amigo Francia, enfrentamiento al sur con nuestro amigo Marruecos. Intentan envenenar la relación con un pueblo hermano como es México. ¿En nombre de qué Política exterior?”.

“Si esto lo hace el Partido Popular en la oposición, qué no harían si estuvieran en el gobierno. Choque al norte con Francia, choque al sur con Marruecos, choque al sur con Argelia, choque con los países de América Latina, con el pueblo hermano de México”, ha apuntado.

Además, ha calificado al PP de ser un partido “antifrancés” y “antimarroquí”. “Se posicionan claramente como un partido antifrancés contra Francia, eso en el norte. En el sur son desde hace mucho tiempo son un partido antimarroquí, con posiciones abiertamente beligerantes”.

El ministro ha apuntado directamente al líder de la oposición Alberto Núñez Feijóo del que ha dicho que “entiendo que uno no sepa hablar idiomas, pero hay un idioma que todo el mundo tiene que entender. Es el idioma de la vecindad, es el idioma de la amistad, es el idioma de los grandes socios, como son Francia, como es Marruecos, como es Argelia o los pueblos hermanos como es México. Yo exijo al señor Feijóo no solo que desautorice a Mariano Rajoy, que deje claro que no comparte esa posición, sino también de una vez por todas, que deje de intentar incendiar, boicotear y torpedear la política exterior que tiene España en estos momentos”.

Tratado de amistad y cooperación entre Francia y España

Cuando habla de este boicot, Albares se refiere a que el PP, que tiene mayoría absoluta en el Senado, ha bloqueado en esta Cámara el tratado de cooperación y amistad entre Francia y España, que firmaron en 2023, al elevar una consulta al Tribunal Constitucional sobre la constitucionalidad del acuerdo. El acuerdo fue ratificado en el Congreso este año. Con la maniobra del PP, el tratado queda suspendido hasta que el Constitucional dicte su posición.

Ante esta posición, Albares ha reiterado que el PP “está saboteando con un absurdo recurso de inconstitucionalidad, que solamente está en su mente, el primer tratado de nuestra historia de amistad y cooperación con Francia”.

El ministro ha negado que haya una crisis con Francia y ha recordado las relaciones de todo tipo que unen a Francia y España. “Francia es el principal socio comercial de España en el mundo, el segundo emisor de turistas hacia España, llegamos a más 13.000 millones de euros anuales de exportaciones hacia Francia. Uno de los mayores inversores y mayores creadores de empleo en España, con empresas como Renault, Citroën, Decathlon, Carrefour... Hay 330.000 españoles viviendo en Francia, más de un millón de españoles viviendo en municipios y zonas transfronterizas. Francia es un motor junto a España de la construcción europea. Compartimos valores. Contra todo eso va el Partido Popular. Contra todo eso va nada más y nada menos que un expresidente del Gobierno”.

Victoria González (20 años) acaba de conseguir su primer empleo. Estudia Arquitectura y vive junto a sus padres en San Sebastián de los Reyes, al norte de Madrid. Confeccionó su primer currículum, lo imprimió y salió a repartirlo por todos los comercios de su barrio. “¿Vives por aquí?”, le preguntó la encargada de una cadena de comida rápida. “A la vuelta”, respondió Victoria. “La cercanía es un plus, estás contratada”, le dijo la mujer. Victoria cobra 700 euros por 20 horas semanales. Trabajará hasta septiembre, cuando comience el nuevo curso universitario. Su caso no es una excepción. Más del 45% del empleo juvenil creado en verano en el país se concentra en la restauración y la hostelería, según las estadísticas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y el Ministerio de Trabajo. El salario medio de los jóvenes menores de 24 años es de 1200 brutos mensuales.

Elton Björkholm (17 años) también ha conseguido este verano su primer trabajo remunerado. Vive al norte de Estocolmo, en Suecia, en la región de Uppland. Su situación es similar a la de Victoria: universitario, no emancipado y con necesidad de ganar algo de dinero durante las vacaciones. Pero su primera incursión en el mundo laboral es bastante diferente. Trabaja en medio de la naturaleza, construyendo casas para pájaros, necesarias para la cría de los polluelos por la tala masiva de árboles por la industria maderera. Su salario es de 40.000 coronas suecas, unos 3.600 euros (el salario medio para los jóvenes menores de 24 años en ese país es de unos 3.200 euros al mes).

Elton forma parte del proyecto Jóvenes Guardianes del Planeta (YPS, por sus siglas en inglés), una iniciativa pionera en Europa en trabajo juvenil de verano. La organización ambiental Upplandsbygd, financiada por cinco municipios y por la UE, hace de nexo entre aquellos jóvenes con necesidad de empleo e instituciones locales sin muchos recursos para, por ejemplo, fomentar la reproducción de las aves.

Suecia tiene una de las tasas de desempleo juvenil más altas de la UE. Casi el 25% de los suecos de entre 16 y 24 años no tiene empleo. Hanna Koivukangas, una de las directivas de Upplandsbygd, cuenta que el déficit es muy acentuado en el sector ambiental y natural. Ante este diagnóstico, en una asamblea de esta organización alguien dijo: “Si los jóvenes necesitan trabajo, si la naturaleza necesita ayuda: ¿por qué no crear estos empleos?”.

“Así nació el proyecto y Elton y otros nueve jóvenes se han convertido en los primeros jóvenes guardianes del planeta”, explica Koivukangas. La misión pasa por crear puestos de trabajo que contribuyan a la sostenibilidad ecológica. ¿Cómo funciona? Los jóvenes interesados, de 16 a 24 años, presentan una solicitud en la que especifican trabajos que les gustaría realizar. La organización busca coincidencias con las necesidades de las distintas entidades locales que se dedican a la preservación de la naturaleza. Conecta unos con otros.

“Tenemos diversos proyectos que incluyen el aumento de la biodiversidad en ciertas áreas, acciones contra las especies invasoras, talleres sobre el clima, el inventario de robles, la construcción de casas para pájaros y la creación de senderos para caminatas”, cuenta Koivukangas. La remuneración, agrega, oscila entre 140 y 170 coronas por hora (13/14 euros). Alcanza para un mes de trabajo a tiempo completo o dos meses de trabajo a tiempo parcial.

Crisis climática, desesperanza y falta de oportunidades

El programa Jóvenes Guardianes del Planeta busca cerrar la brecha que existe entre la crisis climática, la desesperanza y la incertidumbre que sienten muchos jóvenes por el futuro y la falta de empleos. “En lugar de limitarse a hablar de problemas ambientales, por ejemplo, se les brinda a los participantes la oportunidad de trabajar directamente en soluciones en su contexto local. Esto puede ayudar a transformar la sensación de impotencia en empoderamiento”, afirma Koivukangas.

Conectar el trabajo, el aprendizaje y el contacto con la naturaleza “añade otra dimensión” a esta triple problemática. Por eso, el proyecto no es un programa de empleo. El objetivo es “desarrollar las capacidades y habilidades prácticas de conservación de la naturaleza, además de fomentar su optimismo hacia el futuro”.

Mirar al futuro con otros ojos

Clara Vikberg (18 años) es otra participante en este programa. Su trabajo consiste en colocar carteles informativos a lo largo de las rutas de senderismo de un histórico campamento de verano de la zona. Los viejos letreros están siendo sustituidos por otros digitales, con códigos QR, para que la información pueda actualizarse constantemente.

Clara ha instalado carteles en los caminos de un bosque en el que se informa sobre todos los beneficios para la biodiversidad que supone dejar los troncos de los árboles en su hábitat natural. “El hecho de saber que hay mucha gente que se preocupa por el medio ambiente y que ayuda activamente, además de permitirnos participar, nos llena de esperanza sobre el futuro, tanto para nosotros como para el planeta”, cuenta la joven tras las primeras semanas de trabajo.

Elton reconoce que su ánimo y perspectiva han cambiado mucho desde que recibe una remuneración por construir casas para los pájaros. “Hasta este verano, mi visión del mundo era bastante negativa. Había visto demasiadas injusticias, sobre todo en lo que respecta al clima”, dice.

Admite que una pregunta le perturbaba con frecuencia: “¿Qué puedo hacer yo como individuo contra todo esto?”. Ahora ha encontrado la respuesta: “Si me organizo en un grupo más grande, las posibilidades son infinitas. Me he dado cuenta de que realmente tenemos el poder de hacer grandes cosas juntos y cooperar entre nosotros”.

Elton se topa con voces escépticas que minimizan el impacto global de un pequeño proyecto que emplea a jóvenes de una pequeña región de Suecia, una superficie minúscula en el mapa mundial. “En Suecia tenemos el proverbio många bäckar små gör en stor å, que se traduce algo así como: Muchos arroyos pequeños forman un gran río”.

Visegrado es un minúsculo pueblo a las orillas del río Danubio, muy cerca de la línea que marca la frontera entre Hungría y Eslovaquia. Tan pequeño que ni siquiera llega a los 2.000 habitantes. Normalmente, un enclave así quedaría olvidado en la inmensidad del Viejo Continente. Solo los lugareños y algunos turistas, atraídos por la belleza del paisaje, conocerían, en condiciones normales, este lugar tan recóndito. Sin embargo, desde la década de los 90, el nombre de este pueblo húngaro ha inspirado terror a algunos de los líderes más poderosos de Europa. Una pesadilla que comenzó con la reunión de tres reyes que, en 1331, se encontraron en el Palacio de Visegrado para limar asperezas y aliarse contra la poderosa Austria de los Habsburgo.

En esa época medieval, en medio de las tensiones en Europa, los reyes Casimiro III de Polonia y Juan I de Bohemia, auspiciados por Carlos Roberto de Hungría, crearon el llamado Pacto de Visegrado. Una alianza económica y comercial que unía a esos países y que sirvió de precursor histórico al Grupo de Visegrado (V4), creado en 1991 tras la caída de la Unión Soviética como una suerte de pacto informal entre Polonia, Hungría, Eslovaquia y la República Checa para hacer valer sus intereses en Europa. Lo que comenzó como un intento de integrar a las maltrechas economías del este en la Unión Europea y en el mercado común, se convirtió una vez dentro en la piedra en el zapato de Bruselas.

Con Viktor Orbán a la cabeza, este grupo de países logró una fuerza importante para hacer valer su voz y sus posiciones en la UE, sobre todo en lo que se refiere a materia migratoria e integración. A finales de la década pasada, de hecho, coincidieron en el tiempo cuatro mandatarios que dieron una gran cohesión interna a Visegrado. A Orbán, en Hungría, se le unieron Robert Fico en Eslovaquia, Andrej Babiš en la República Checa y Mateusz Morawiecki en Polonia. Todos gobernantes más o menos euroescépticos y cercanos a la extrema derecha. “En ese momento, el V4 era un polo de cierto poder que trató de redefinir la forma en la que se relacionaban con la UE. No querían un europeísmo ciego, sino uno más pragmático que pusiera en el centro la soberanía nacional”, explica Héctor Sánchez Margalef, investigador principal de CIDOB, a elDiario.es.

Sin embargo, hubo un momento que hizo que todo eso se tambaleara. Cuando Vladímir Putin lanzó en febrero de 2021 su ofensiva contra Ucrania, Visegrado se dividió por su posición con respecto al presidente ruso. Orbán se erigió entonces como el más firme opositor a la causa de Kiev, usando repetidamente su poder de veto para retrasar o dificultar el envío de ayuda. Mientras, el cambio de Gobierno en Polonia, con la llegada del democristiano y más europeísta Donald Tusk, muy favorable a la defensa de Ucrania y firme opositor a Putin, dejó a Visegrado sin un rumbo claro, hasta ahora.

Un nuevo cambio de gobierno, en esta ocasión la salida de Orbán después de perder las elecciones contra Peter Magyar, abre la puerta a volver a poner a Visegrado en el mapa de la política europea. Y en una dirección muy distinta a la que tuvo durante la década pasada. El primer viaje oficial de Magyar después de su histórica victoria fue, precisamente, a Polonia. Allí ambos países exhibieron sintonía y coincidieron en que debían revitalizar el eje de Visegrado para debatir qué pueden hacer juntos.

Más intereses propios que europeísmo

¿Y qué pueden hacer juntos los cuatro países? Esta es quizás la gran cuestión que subyace al acercamiento entre Polonia y Hungría. Para muchos, la suma de dos líderes podría dar un impulso a la integración europea que venga desde el este una vez acabado el periodo Orbán, pero las cosas son algo más complejas. Carlos Gómez del Tronco, responsable del programa Just Europe en el think tank checo Europeum, señala a elDiario.es que el cambio no vendrá tanto en el sentido europeo, sino más bien por una cuestión de fuerza regional: “La mayor alineación en Visegrado podría traducirse en posiciones más coherentes en las negociaciones entre gobiernos en Bruselas. Esto daría a la región más capacidad para construir propuestas, pero no necesariamente ‘proeuropeas’”.

Algo en lo que coincide Sánchez Margalef, que ve el paso de Magyar y Tusk más como una invitación a recuperar la fuerza que un día tuvieron para influir dentro de la UE, que como un cambio en la concepción que tienen de Bruselas. “Con la agresividad de Orbán, durante mucho tiempo el grupo se vio más como una alianza ideológica que como un pacto de cooperación entre países. Ahora, la llegada de Magyar, que dejará de lado muchas de las disputas interminables de su antecesor, da a Visegrado muchos incentivos para cooperar entre ellos, para defender sus intereses y conseguir favores de Bruselas”, comenta.

¿Y eso qué significa? “En seguridad y defensa, podría traducirse en una mayor presión para que la UE preste atención al flanco oriental e impulse sus capacidades industriales y militares. En economía, probablemente veamos una insistencia mayor en la competitividad, la energía asequible y la necesidad de reducir la carga regulatoria para la industria. Y, en cuanto al presupuesto, tendrán incentivos para defender una política de cohesión fuerte frente a nuevas prioridades de gasto”, explica Gómez del Tronco.

El punto económico es uno de los más importantes para los países de Visegrado, y en el que podrían hacer fuerza, ya que no existen grandes diferencias. “Una característica que une a estos cuatro países en lo ideológico es que en ninguno de ellos existe una izquierda fuerte y que el pensamiento predominante es el neoliberalismo. Tusk se ha erigido como el líder de la UE en materia de desregulación económica, algo que no beneficia ni a la integración europea ni a la cooperación supranacional”, señala Ruth Ferrero, profesora de Ciencia Política en la UCM, a elDiario.es.

Con la agresividad de Orbán, el grupo se vio durante mucho tiempo más como una alianza ideológica que como un pacto de cooperación entre países. Ahora, la llegada de Magyar da a Visegrado muchos incentivos para colaborar entre ellos

En el otro tema clave, la defensa, Polonia ya ha sido un actor muy importante a partir de la invasión de Ucrania, eso sí, no necesariamente desde un enfoque que refuerce a la UE. “Varsovia ha sido muchas veces más transatlantista que europeísta en este sentido. Al tener fuertes vínculos con EEUU, si Visegrado comienza a ganar importancia, no parece probable que hagan fuerza para reducir la dependencia de Washington”, insiste Ferrero. No solo eso, Tusk ya ha tenido varios enfrentamientos con los países del sur global por su discurso tan duro en materia de defensa. El primer ministro polaco llegó a decir que Europa estaba en un estado de preguerra, mientras insistía en subir el gasto militar, algo a lo que Pedro Sánchez se ha opuesto y ha matizado en varias ocasiones.

Equilibrismo en Bruselas

Pero no todo es del color de rosa en este “nuevo Visegrado”. Pese a que tras el giro de Hungría tanto este país como Polonia han acercado posturas, hay otros dos actores en este cuarteto que siguen teniendo gobiernos cercanos a la extrema derecha. El año pasado, Babiš volvió a ganar las elecciones en República Checa con un discurso populista y alejado de los postulados de Bruselas. Y en Eslovaquia, Fico y sus tendencias prorrusas siguen en el poder. “Aunque Polonia y Hungría puedan bastar para darle un nuevo impulso político a la cooperación, no pueden reconstruir el formato regional sin Chequia y Eslovaquia. Por sus discrepancias, es probable que ambos acoten el alcance de la cooperación del V4 o la empujen hacia temas donde existe mayor consenso, como la competitividad, la migración o las infraestructuras”, comenta Gómez del Tronco. Tanto Hungría como Polonia, por ejemplo, quieren empujar para rebajar las exigencias medioambientales. Juntos presionan para acabar o modificar el sistema de ETS, el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión.

También es complicado saber qué fuerza real podría tener esta coalición en Bruselas ya que, pese a que son países importantes, no alcanzan el mínimo para ejercer un bloqueo que fuerce al resto de los países. Visegrado representa en torno al 14% de la población de la UE, algo más del 15% de los eurodiputados y alrededor del 8% del PIB de la Unión, es decir, una fuerza destacada, pero que no puede compararse con la de los grandes Estados miembro como Francia, Alemania, Italia o España. 

Aunque en este capítulo también existen matices. “Actualmente, el clima de alianzas de potencias medias está a la orden del día. Pactos como el de Visegrado pueden llegar a hacer de contrapeso a países muy importantes, especialmente cuando sirven de base para atraer a más actores que juntos pueden hacer fuerza para influir en Bruselas”, precisa Ferrero.

De hecho, Sánchez Margalef sí cree que esta nueva etapa de Visegrado puede mover el polo de decisión de la UE hacia el este. Con la crisis que sufren los países del eje franco-alemán, el experto no descarta que el este pueda tomar el relevo y convertirse en un polo cada vez más importante. “Visegrado se siente con la fuerza y las posibilidades de construir una Europa más cercana a su visión. El tiempo les ha acabado dando la razón con Rusia y además ven que ese tiempo en el que Francia y Alemania dictaban todo se ha acabado. Y pueden perfectamente llenar ese espacio”, zanja Sánchez Margalef.

Europa está estudiando propuestas que podrían permitir el cobro de tasas de navegación en el estrecho de Ormuz, siempre y cuando los peajes no sean obligatorios y cuenten con el apoyo de la agencia de la ONU que regula el transporte marítimo.

El viceprimer ministro británico, David Lammy, afirmó que la imposición de peajes obligatorios sería desastrosa. Sin embargo, algunos de sus colegas del gabinete reconocieron que los sistemas de pago por servicios de navegación específicos son permisibles en muchas vías navegables naturales, incluidos el estrecho de Malaca y el Canal de la Mancha.

Esto ocurre mientras funcionarios estadounidenses exigen a Irán que emita una declaración pública afirmando que el estrecho de Ormuz está abierto y que los barcos que utilizan este corredor vital ya no serán atacados. Los funcionarios estadounidenses atribuyen las dificultades para alcanzar y cumplir un acuerdo a las luchas de poder internas en Teherán.

Donald Trump reiteró el viernes en redes sociales que consideraba que el acuerdo de alto el fuego provisional había terminado, pero que Estados Unidos continuaría las conversaciones para lograr el fin definitivo de la guerra. Horas después, volvió a amenazar a Irán si intentaba asesinarlo, afirmando que “mil misiles están listos para disparar contra la República Islámica de Irán”.

Omán, en colaboración con abogados británicos, ya ha elaborado una propuesta para el estrecho que adapta los principios del estrecho de Malaca. Mascate se ha ofrecido a enviar a sus expertos legales a Teherán para explicar el plan en detalle.

El plan de Omán y la posición iraní

Los medios estatales iraníes informaron el viernes que el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, viajaría a Omán este sábado para dialogar sobre el estrecho. La visita “se centrará en el estrecho de Ormuz y la seguridad marítima” y es “una continuación de las consultas que iniciamos con Omán en los últimos uno o dos meses”, según declaraciones del portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Esmaeil Baghaei, citadas por la agencia oficial de noticias iraní IRNA.

Omán controla la mayor parte de las aguas navegables del estrecho y se opone a un peaje obligatorio. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar, Majed al-Ansari, declaró: “Conceder a Irán la soberanía sobre el estrecho de una manera que contradice el derecho marítimo internacional equivaldría, en esencia, a aceptar ser rehenes de cualquier elemento radical que pretenda tomar el control del estrecho en cualquier momento”.

Sin embargo, la magnitud del plan alternativo de Omán podría no estar a la altura de las ambiciones de los iraníes, especialmente del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Un diplomático afirmó: “Hay sectores del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria que sostienen que Estados Unidos lanzó un ataque ilegal contra ellos en febrero, así que ¿por qué deberían preocuparse por el derecho internacional del mar? Otros desean cooperar. Existe una división en Teherán”.

Irán también está bajo presión de los estados de la región para que aclare sus propuestas y si las tarifas serían, en la práctica, obligatorias.

La embajada iraní en Londres manifestó su interés en las propuestas elaboradas de forma independiente por el Grupo de Investigación sobre Política Energética.

El documento argumenta que una tarifa de servicio transparente, integrada en un orden regional inclusivo, incentivaría la cooperación entre todas las partes, y añade que el plan no constituye un peaje burdo impuesto a los buques simplemente por transitar por el estrecho.

Omán mira a Malacca

En una reunión del Consejo de la Organización Marítima Internacional (OMI) celebrada el jueves en Londres, el delegado de Omán, Khamis bin Mohammed Al Shamakhi, declaró: “El derecho de tránsito por los estrechos utilizados para la navegación internacional está garantizado por el derecho internacional y no justifica la imposición de tasas de tránsito a los buques que transitan por el estrecho de Ormuz”.

Sin embargo, añadió que Omán valora la exploración de acuerdos voluntarios “relacionados con los servicios de apoyo a la navegación, que podrían mejorar aún más la seguridad marítima, proteger el medio ambiente marino, reducir el riesgo de contaminación y fortalecer la preparación ante emergencias marítimas, incluidas colisiones e incendios a bordo de buques y petroleros”.

Detrás de estas declaraciones se encuentra el minucioso trabajo que Omán realiza en la gobernanza del estrecho de Malaca, que conecta los océanos Índico y Pacífico. Un informe al Consejo de la OMI sobre el mecanismo de cooperación para los estrechos de Malaca y Singapur señala que más de 120.000 buques transitan por el estrecho anualmente.

El mecanismo “se ha convertido en una plataforma estructurada e inclusiva a través de la cual se pueden abordar colectivamente los riesgos emergentes, los avances tecnológicos y las prioridades ambientales en los estrechos”, añade el documento. Las contribuciones voluntarias, en particular las de Japón, mantienen el funcionamiento del mecanismo.

La gestión de Ormuz, en disputa

En la reunión de Londres, una alianza de algunos estados del Golfo y europeos presionó para que se aprobara una resolución que condenara a Irán por intentar controlar el estrecho de Ormuz mediante ataques a buques. La moción no contó con el apoyo de Rusia ni de China.

Rusia afirmó que la moción, de carácter confrontativo, ignoraba por completo las causas profundas de la crisis, mientras que China la calificó de parcial y de extralimitarse en el mandato de la OMI.

La moción surgió después de que Estados Unidos atacara más de 150 objetivos, principalmente en el sur de Irán, esta semana, en un intento por destruir la capacidad iraní de hostigar a la navegación con drones, misiles y pequeñas embarcaciones. Irán respondió atacando bases estadounidenses en Kuwait y Baréin.

Un diplomático señaló que había dos razones para la reanudación de los combates. Una se refería al control en disputa del estrecho durante su reapertura y la otra a la gestión a largo plazo de la vía marítima, incluyendo si el estrecho de Malaca ofrecía un modelo aceptable para Irán.

La cláusula 5 del memorando de entendimiento (MdE), la hoja de ruta para la negociación del alto el fuego firmada por Washington y Teherán el mes pasado, comprometía a Irán a hacer todo lo posible para garantizar el paso seguro de buques comerciales por el estrecho sin costo alguno durante 60 días.

Estados Unidos ha afirmado que el MdE no implicaría que los buques solo puedan cruzar el estrecho con el permiso de Irán y únicamente por las rutas especificadas por Teherán. Además, el memorando compromete a Irán a entablar conversaciones con Omán sobre un plan a largo plazo para el estrecho.

En un comunicado emitido el jueves, la Armada de la Guardia Revolucionaria Islámica afirmó haber cumplido, según su interpretación, con los compromisos del MdE.

El secretario general de la OMI, Arsenio Domínguez, creía haber logrado el acuerdo de Irán para la ruta sur, que permitiría a miles de marineros varados evacuar el estrecho. Sin embargo, si bien existía un acuerdo, Teherán revocó su aprobación, obligando a la agencia de la ONU a suspender su plan.

La Armada de la Guardia Revolucionaria Islámica declaró: “Reiteramos que los extranjeros no tienen cabida en este territorio ni en el estrecho de Ormuz”.

Los diplomáticos están analizando si Teherán insiste en que todos los buques utilicen la ruta norte, cercana a Irán, para descongestionar el tráfico marítimo, o si simplemente exige que todos los buques soliciten permiso al país y a su Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico para utilizar la ruta sur.

España es el país de la UE que más ha incrementado los ingresos por los impuestos con una subida del 2,9 puntos porcentuales del PIB en la última década, según el Informe Anual sobre Fiscalidad 2026, que la Comisión Europea ha hecho público este viernes. Este incremento de recaudación se debe sobre todo a los impuestos sobre el trabajo, mientras que al capital apenas crecieron y los ingresos por consumo disminuyeron.

Los técnicos de la Unión Europea han llegado a esta conclusión tras comparar el periodo de 2020-2024 con el de 2015-2019. España está liderando la clasificación de ingresos tributarios sobre el PIB superiores a dos puntos porcentuales, seguido de Lituania (+2,3 puntos porcentuales) y Luxemburgo (+2,2 puntos porcentuales), mientras que con un aumento de un punto porcentual hay cuatro países: Polonia, Chipre, Eslovaquia y Letonia. El informe apunta que la media de ingresos de la Unión Europea se han mantenido estable, con un ligero decrecimiento en los últimos años.

En el lado contrario, la ratio de ingresos tributarios sobre el PIB disminuyó en más de dos puntos porcentuales en Malta y Hungría (−2,8 puntos porcentuales en ambos casos) y en más de un punto porcentual en Bélgica, Irlanda, Suecia y Francia.

Sin embargo, mientras que en España la participación fiscal en España subió al 37,8% del PIB en 2025, la Eurozona alcanzó el 40,3%, lo que significa que España se encuentra a 2,5 puntos porcentuales por debajo del promedio de su entorno monetario. En 2024, en España fue del 36,8% del PIB mientras que la media de la Eurozona se situó en 39,8%.

Atendiendo a las previsiones, en los años 2026 y 2027 nuestro país seguiría por debajo de la media, ya que entonces se prevé que este año la participación fiscal alcance el 38,2% del PIB y en 2027 llegue al 38,4%, más de dos puntos porcentuales por debajo de la media de la eurozona, que en ambos años se plantea que esté en el 40,6%.

Como resultado de esta evolución, España experimentará un incremento proyectado de 1,6 puntos porcentuales en su presión fiscal entre 2024 y 2027, superando el aumento de 1,1 puntos porcentuales estimado para la Eurozona en el mismo periodo.

Impulso por los impuestos sobre el trabajo

En el informe se apunta que “el incremento fiscal de España en la última década ha estado impulsado casi en su totalidad por los impuestos sobre el trabajo, cuyos ingresos aumentaron en más de 2,5 puntos porcentuales del PIB, mientras que las bases de capital apenas crecieron y los ingresos por consumo disminuyeron”.

Esta evolución se explica, según el informe de la UE, por la no indexación de los tramos del IRPF estatal frente a la inflación y el alza de las cotizaciones a la Seguridad Social. El documento destaca entre las medidas que han hecho subir los ingresos de los impuestos al trabajo que el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) aumentó las cotizaciones un 0,6 puntos porcentuales en 2023 con subidas anuales previstas de 0,1 puntos porcentuales hasta 2029, la nueva cotización de solidaridad introducida en 2025 para salarios que superan la base máxima y la actualización anual de las bases máximas de cotización, lo que aumenta la carga sobre los salarios medios-altos.

Por otro lado, el informe destaca que España es el único Estado miembro de la UE que actualmente mantiene un impuesto neto sobre el patrimonio. También se subraya que presenta una de las “tasas impositivas implícitas” sobre el consumo más bajas de la Unión Europea, situándose en el 13,6% en 2024, por delante de Malta (14,2 %) y Alemania (15,0 %).

En un momento en el que se está planteando traspasos a autonomías de la recaudación de impuestos, el informe revela que España es uno de los cuatro países de la UE (junto a Alemania, Bélgica y Austria) que cuenta con un subsector de administración regional con competencias recaudatorias, captando el 16,9% de los ingresos tributarios totales en 2024. No obstante, estudios académicos recopilados en el informe señalan que, a diferencia de otros países, una mayor descentralización o autonomía regional en España no se traduce en un incremento de la moral fiscal de sus ciudadanos.

El Tribunal Supremo ha resuelto el caso que dio lugar a la histórica sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el abuso de temporalidad en las administraciones públicas. El alto tribunal rechaza convertir en fija a la trabajadora de la Comunidad de Madrid que llevó el asunto hasta Luxemburgo porque no había superado un proceso selectivo para acceder como personal laboral fijo.

La resolución, fechada el pasado 30 de junio y a la que ha tenido acceso EFE, desestima el recurso presentado por la empleada, que desde marzo de 2016 encadenó seis contratos de interinidad considerados irregulares y en fraude de ley, al estar destinados a cubrir necesidades estructurales y permanentes de la Administración.

La sentencia era especialmente esperada porque pone el punto final al procedimiento que desembocó en el pronunciamiento del TJUE del abril pasado. Una resolución que provocó un terremoto jurídico sobre la situación de los interinos en España y obligó al Supremo a revisar su propia doctrina sobre las consecuencias del abuso de la contratación temporal en el sector público.

Del “indefinido no fijo” al giro del Supremo

En su resolución del 14 de abril, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea concluyó que la práctica española de convertir en indefinidos no fijos a los trabajadores temporales víctimas de abuso no era una sanción adecuada, ya que mantenía la relación laboral en situación de temporalidad y precariedad.

El fallo europeo cuestionó uno de los pilares de la respuesta que hasta entonces habían dado los tribunales españoles al abuso de la temporalidad y abrió un intenso debate sobre cuál debía ser la sanción efectiva exigida por el Derecho de la Unión.

Semanas después, el Supremo modificó parcialmente su doctrina. En una sentencia que supuso un giro respecto a su posición anterior. Declaró que los trabajadores temporales del sector público que hubieran sufrido un abuso podrían adquirir la condición de fijos, pero únicamente si habían superado un proceso selectivo para acceder al empleo público.

El alto tribunal entendió que esa solución era la única compatible tanto con las exigencias marcadas por el TJUE como con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad que rigen el acceso al empleo público.

El caso que llegó a Luxemburgo acaba con un “no”

La resolución conocida ahora aplica esa doctrina precisamente al procedimiento que originó la cuestión prejudicial ante el TJUE. A diferencia del supuesto resuelto hace unas semanas por el Supremo, en el que sí reconoció la condición de fija a una trabajadora porque había superado un proceso selectivo, en este caso la demandante no había aprobado una oposición para acceder como personal laboral fijo.

Por ese motivo, el Supremo rechaza reconocerle la fijeza automática. La sentencia sostiene que convertir en fijos a trabajadores que no han superado un procedimiento competitivo vulneraría los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad y supondría un perjuicio para el resto de ciudadanos que acceden al empleo público mediante oposición.

La resolución deja así claro que el elemento determinante para acceder a la fijeza no es únicamente la existencia de un abuso de la temporalidad, sino también haber superado un proceso selectivo.

Sí hubo abuso de la temporalidad

Aunque rechaza la fijeza, el Supremo vuelve a constatar que la Comunidad de Madrid incurrió en un abuso de la contratación temporal. La trabajadora permaneció durante años ocupando necesidades permanentes mediante seis contratos de interinidad sucesivos, una utilización fraudulenta de la contratación temporal que el propio tribunal considera acreditada. Por ello, reconoce su derecho a reclamar una indemnización por los daños materiales y morales derivados del abuso.

Para cuantificar los daños morales, la sentencia fija una indemnización mínima tomando como referencia las sanciones previstas para las infracciones graves en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS). Una doctrina que el Supremo ya había avanzado en sus resoluciones posteriores al fallo del TJUE.

Adiós al indefinido no fijo

La sentencia también da por definitivamente superada la figura del trabajador indefinido no fijo como respuesta al abuso de la temporalidad. El Supremo afirma que, tras el pronunciamiento del TJUE, esa solución ya no puede mantenerse porque perpetúa la precariedad de los trabajadores afectados y no constituye una sanción efectiva frente al abuso cometido por la Administración.

Además, el tribunal acuerda comunicar la resolución a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para que valore la apertura de un procedimiento sancionador contra la Administración responsable de la contratación irregular.

El deterioro de los bidones nucleares sumergidos en la Fosa Atlántica frente a la costa de Galicia es la única certeza que, de momento, ha aportado la nueva expedición submarina del Proyecto Nodssum. Una vez confirmada la situación, las respuestas –y quién tiene que darlas– siguen siendo una incógnita. El Ministerio para la Transición Ecológica apuesta por aguardar a conocer más datos antes de tomar decisiones. Y Bruselas, espoleada por los diputados gallegos de PSOE y BNG, mira para otro lado: en junio, la Comisión Europea manifestaba que misiones como la liderada por el Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) francés está fuera de sus competencias. Las nuevas iniciativas, probablemente, encuentren una respuesta similar.

“Conviene esperar”. El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, admite que los “escapes y filtraciones” detectadas en los barriles son “señales preocupantes que generan una cierta intranquilidad” pero, aun así, se muestra extremadamente prudente. Las razones son dos y de carácter muy diferente: una, la dificultad técnica para cualquier operación que afecte a 220.000 contenedores situados a 4.000 metros por debajo de la superficie del Atlántico. La otra, el auténtico laberinto burocrático que siguen siendo las aguas internacionales.

“La información que se puede recoger de esta última expedición es lo suficientemente solvente desde el punto de vista técnico para tener una idea cabal de cuál sería el siguiente paso a dar”, responde a elDiario.es. Tras recordar que en el Proyecto Nodssum están presentes el Centro Nacional de Aceleradores y la Universitat de Girona, espera a conocer las conclusiones para saber “a quiénes y cómo corresponde tomar decisiones”. “Como mínimo, debemos saber cuál es el alcance de esas filtraciones”.

Una vez conocida la realidad, cualquier respuesta obligará a buscar soluciones de gran “complejidad técnica”. “Habrá que atender si la solución, en caso de valorar un traslado, generaría más complicaciones que el hecho de tenerlos bajo vigilancia”. La cuestión, para él, no es “que se los lleven”, sino “a dónde, cómo y en qué condiciones”.

El secretario de Estado recuerda que todavía en enero entró en vigor el Tratado BBNJ (Biodiversidad Más Allá de la Jurisdicción Nacional, con sus siglas en inglés), un acuerdo internacional que protege la biodiversidad marina en aguas internacionales que, “hasta fechas muy recientes” eran “un espacio de impunidad en el que nadie se hacía responsable de lo que pudiese suceder”. Lo usa para ejemplificar la otra pata de este rompecabezas cuando se le pregunta por una posible implicación tanto del Gobierno de España como de la Comisión Europea.

“Si ha sido prácticamente imposible encontrar una solución a Palomares [la caída de cuatro bombas nucleares en la localidad almeriense en 1966 tras un accidente aéreo] y hablamos de aguas bajo jurisdicción, imagine lo que sería identificar la responsabilidad de la toma de decisión de utilizar ese espacio [la Fosa Atlántica] como vertedero”. Morán se pregunta “a quién habría que reclamárselo si hubiese posibilidad”, si sería a una empresa o a un estado.

Por eso, “más allá de las complejidades técnicas y de seguridad, viene la identificación de las responsabilidades del hecho causado y las consecuencias económicas que se pudiesen derivar de una posible intervención”. Aun así, no niega que haya que acabar introduciéndose en el laberinto. “Si, en último término, hay que tomar una decisión que conlleve una asunción de responsabilidades y unos, hay que identificar quién debería asumirla. Eso es evidente”.

El artículo 35 del Tratado Euratom

El 25 de marzo de 1957 no sólo se firmó el tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea –la CEE, la predecesora de la actual Unión Europea–. También se rubricó el tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, conocido como Euratom. Nacía con los objetivos de desarrollar la investigación y difundir los conocimientos, establecer normas de seguridad para proteger a la población y los trabajadores y garantizar que los materiales nucleares civiles no se destinan a otros fines, “en particular, militares”.

Las demandas de intervención a la Comisión Europea se basan en el artículo 35 del Tratado Euratom: “Cada Estado miembro creará las instalaciones necesarias a fin de controlar de modo permanente el índice de radiactividad de la atmósfera, de las aguas y del suelo, así como la observancia de las normas básicas. La Comisión tendrá derecho de acceso a estas instalaciones de control; podrá verificar su funcionamiento y eficacia”.

Ese es el artículo que el eurodiputado socialista Nicolás González Casares ha invocado en una nueva carta a la Comisión. El pasado verano, tras la primera incursión submarina del Proyecto Nodssum y el hallazgo de 600 barriles, Casares reclamó al órgano ejecutivo de la UE que se implicase en la misión, algo que había rechazado ya en varias ocasiones “a pesar de reconocer, ya en 2017, que no tenía conocimiento del estado de los residuos”.

“La Comisión Europea no puede permanecer al margen de estas investigaciones, habida cuenta de las potencialmente graves consecuencias ambientales transfronterizas que podrían derivarse del progresivo deterioro de estos bidones y de la eventual liberación de material radiactivo al medio marino”, ha insistido el parlamentario, que pidió además que se solicitasen los datos científicos obtenidos por Nodssum “con el fin de permitir una evaluación completa de la situación y determinar las actuaciones más adecuadas”.

Quien había obtenido ya una respuesta negativa del gobierno de la Unión fue la eurodiputada del BNG, Ana Miranda. Expediciones como la del CNRS “exceden el ámbito de aplicación del artículo 35 del Tratado Euratom”, le contestaron en la que fue su cuarta pregunta sobre los vertidos. Miranda, que ha presentado su quinta iniciativa tras las nuevas imágenes, consideraba entonces una “total inacción no sólo de la Comisión Europea, sino por parte del Estado Español” el no hacer “una investigación y una misión de control” como la francesa.

Ecos de la Guerra Fría

Manoel Santos, coordinador de Greenpeace en Galicia, reclama a la Unión “un monitoreo continuo, en los plazos que digan los científicos, para saber qué pasa con esos bidones y si es peligroso”. “No lo parece porque el océano es enorme y, desgraciadamente, el vertedero de todos” y tanto la columna como la masa de agua “van a ir diluyendo” los radionucleidos. Santos demanda también una investigación “más exhaustiva” que garantice que los 220.000 contenedores guardan en su interior residuos de baja actividad como los 4.000 que han sido mapeados hasta el momento.

Con un punto de ironía, el ecologista recuerda que los barriles fueron arrojados al mar durante la Guerra Fría, “un contexto histórico que dice que puede haber muchas cosas”. Recuerda, por ejemplo, el caso del submarino nuclear soviético K-278 Komsomolets, hundido en 1989 en el mar de Noruega donde permanece, a 1.680 metros de profundidad, en posición vertical Esta primavera, investigadores del país nórdico comprobaron cómo, 36 años después, el pecio sigue filtrando cesio y estroncio procedente de su reactor. Por casos como éste, Santos cree prioritario “certificar que en la Fosa Atlántica no hay nada más que lo que nos dijeron”.

Tras los ataques de Donald Trump contra España o sus amenazas por anexionarse el territorio danés de Groenlandia, que han desestabilizado la cumbre de la OTAN en Ankara (Turquía), los líderes de la Alianza Atlántica han acordado dar una falsa imagen de unidad como respuesta a los continuos improperios y salidas de tono del presidente de Estados Unidos. Incluso Trump ha terminado este miércoles por dar el brazo a torcer al asegurar que “si hay una palabra que resume lo ocurrido es unidad. Nunca había visto algo así. Todos y cada uno de esos países nos aprecian. Se aprecian entre ellos. Lo que hemos visto hoy ha sido una demostración extraordinaria de unidad”.

Desde los preparativos de la cumbre, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, se empeñó en que esta reunión fuera del agrado del presidente de Estados Unidos. De poco han servido los cumplidos o las aseveraciones de Rutte a las posiciones del político americano. Trump llegó a Ankara como un vendaval y puso en duda la supuesta buena relación de Estados Unidos y el bloque europeo.

Primero, sacó a la luz un asunto que ya había provocado la mayor tensión entre la UE y Estados Unidos en los últimos años: reclamó otra vez que “Groenlandia debería estar bajo el control de Estados Unidos y no de Dinamarca”. Segundo, lanzó una andanada de reproches a los aliados europeos por no apoyarle en la guerra de Irán, que transformó en un ataque directo contra España, a la que terminó amenazando con cortar las relaciones comerciales.

En teoría, no estaba tampoco previsto que Irán se colocara entre los temas que protagonizaran los discursos en la cumbre, el embajador de Estados Unidos en la OTAN, Matthew G. Whitaker, explicó días antes de la reunión en Ankara que las críticas a los países europeos por su negativa a participar en la guerra de Irán “habían quedado atrás” y que se estaba haciendo “mucho trabajo para que las relaciones —tanto políticas como militares— sean sólidas y duraderas”. Los últimos bombardeos de Estados Unidos a Irán volvieron a poner sobre la mesa las controversias entre los aliados mientras Trump daba por terminado el acuerdo de paz.

Con este contexto, nadie se acordaba ya de que la OTAN trataba de dar una imagen de conflictos solventados y del sólido progreso en el incremento de gasto militar, que las imprevisibles salidas de tono de Trump han ocultado bajo sus reproches. A pesar de la situación, Rutte aseguró que “ha concluido una cumbre de gran éxito en Ankara” y que “el mensaje de esta cumbre es simple: la OTAN está dando resultados”.

Como es habitual en los discursos de Rutte, transformó las críticas de Trump a los aliados en elogios al presidente de Estados Unidos. “Cuándo hay que elogiar a alguien, deberíamos elogiar a Donald Trump por el hecho de que la OTAN sea ahora mucho más fuerte”.

“Enorme sentimiento de unidad”

El secretario general marcó el camino que posteriormente siguieron la mayoría de los líderes de los países de la Alianza: “Ha habido un enorme sentimiento de unidad. No había visto algo así en la historia reciente y eso es lo que siempre he creído que representa la OTAN”.

El presidente francés, Emmanuel Macron, calificó de “política ficción” la posibilidad de un conflicto entre países aliados y remachando que “se ha vuelto a mostrar una gran unidad y es perfectamente posible seguir avanzando de esta manera”. El saliente primer ministro británico, Keir Starmer, dijo que la OTAN sale “más fuerte y unida”: “Ha sido una buena cumbre. Logramos lo que queríamos lograr: unidad. Es muy importante que la haya, especialmente dados los conflictos en curso en Ucrania y en Irán”.

Mientras que el canciller alemán, Friedrich Merz, puntualizó que Trump había aprobado las explicaciones de Pedro Sánchez sobre los esfuerzos de España para cumplir con los objetivos de capacidades en materia de defensa como prueba de la unidad dentro de la Alianza. “Y ese es el baremo del trato, de cómo nos hablamos entre nosotros y cómo hablamos los unos de los otros en estos órganos y en este tipo de reuniones, y no encuentro nada que pudiera ser para mí motivo de crítica”, señaló Merz.

Incluso el principal blanco de las críticas, Pedro Sánchez, rebajó la polémica con Trump, que asumió que tomaba con “tranquilidad y calma”, mientras añadía que había tenido una conversación informal sobre fútbol y golf con el presidente estadounidense. “Hemos hablado de fútbol, del Mundial en Estados Unidos, y de golf, aunque este deporte, yo no lo practico tanto. Ha sido una charla informal, coloquial, en la que en absoluto ha habido ningún tipo de tirantez”, comentó Sánchez.

Por su parte, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, con la que Trump ha mantenido una fuerte disputa en las últimas semanas, resumió el espíritu con el que se trataba de concluir la cumbre: “El interés italiano y europeo pasa por el reforzamiento de la unidad occidental, máxime en un mundo cambiante desde el punto de vista geopolítico”.

Consenso para una declaración conjunta

Esta aparente calma tensa también se debe a que los 32 países de la OTAN ya habían alcanzado un consenso en su declaración conjunta de la cumbre, que era del agrado de los aliados europeos. En el documento se recoge el “compromiso inquebrantable con nuestra defensa colectiva en virtud del Artículo 5 del Tratado de Washington y con el vínculo transatlántico. Un ataque contra uno es un ataque contra todos”, que asegura el papel de Estados Unidos en caso de ataque a Europa.

Por otro lado, la declaración recalca que “los aliados europeos y Canadá aumentaron sus inversiones en las necesidades fundamentales de defensa en más de 139.000 millones de dólares”, aunque ya no aparece la referencia del 5% del PIB en gasto militar. Y se añade que se seguirá “trabajando para eliminar las barreras al comercio de material de defensa entre los aliados”, uno de los puntos que exigía la Administración Trump ante la intención de los países europeos de dedicar el incremento de gasto en material militar en empresas de la UE.

Ya se ha asumido que “una Europa más fuerte dentro de la OTAN”, de manera que los aliados europeos y Canadá, trabajando junto con Estados Unidos, están “asumiendo una mayor responsabilidad en la defensa” de la Alianza Atlántica.

Además, en el Foro de la Industria de Defensa se anunciaron inversiones por valor de más de 50.000 millones de dólares. Además, este miércoles se hizo pública la iniciativa Deep Precision Strike, impulsada por el Reino Unido, por la que 12 países de la OTAN, entre ellos España, se comprometieron a invertir otros 50.660 millones de dólares (unos 43.200 millones de euros) durante la próxima década en misiles de largo alcance, una de las capacidades militares que Estados Unidos está dejando de aportar a los europeos.

Respecto a Ucrania, el compromiso de los miembros de la OTAN es “proporcionar 70.000 millones de euros en equipamiento militar, asistencia y formación para Ucrania” este año y “mantener al menos un nivel equivalente en 2027”.

La Comisión Europea ha enviado un dictamen motivado al Gobierno para instarle a completar la transposición a la legislación nacional de las reglas comunitarias para la protección de los trabajadores frente a los riesgos de la exposición al amianto; un ajuste que si no cumple llevará a Bruselas a llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) y solicitar una multa contra España.

Se trata de la segunda fase de un expediente de infracción que el Ejecutivo comunitario mantiene también abierto contra Chipre, Países Bajos, Polonia y Eslovaquia por no haber notificado las medidas que transponen plenamente la normativa comunitaria en el plazo establecido, que expiró en diciembre de 2021 -aunque para algunas disposiciones tienen hasta 2029-.

Según recuerdan los servicios comunitarios en un comunicado, el amianto es una sustancia cancerígena peligrosa, a la que se atribuye alrededor del 75% de los cánceres laborales en la UE.

En este contexto, la directiva para la protección de los trabajadores establece normas para mejorar la protección de los trabajadores contra esta sustancia peligrosa. Entre las disposiciones que deberían estar ya integradas en las leyes nacionales figura una reducción del límite de exposición al amianto durante el trabajo a una décima parte del valor anterior (de 0,1 a 0,01 fibras por centímetro cúbico), en base a los últimos avances científicos y tecnológicos.

El expediente se remonta a enero de 2026, cuando Bruselas envió cartas de emplazamiento a una decena de países. Desde entonces, cuatro países actuaron para resolver el incumplimiento, pero otros seis, entre ellos España, siguen sin dar respuesta a los cambios reclamados por los servicios comunitarios.

Con este paso, se abre ahora un periodo de dos meses para que las autoridades tomen las “medidas necesarias” y, “de no hacerlo, la Comisión podría optar por remitir los asuntos al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y solicitar que se les impongan sanciones financieras”.