La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, ha anunciado este lunes la inversión de 200 millones de euros en Groenlandia, el territorio danés en el ojo de las obsesiones anexionistas del presidente de EEUU, Donald Trump. Von der Leyen se encuentra en Nuuk, capital de Groenlandia, en una visita para reforzar el acuerdo de asociación tanto con el territorio autónomo como con el Reino de Dinamarca, que ha firmado con el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, y la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen. El nuevo acuerdo “reconoce la creciente importancia estratégica de Groenlandia”.

En la pasada cumbre de la OTAN celebrada en Ankara el pasado julio, Trump convirtió la reunión de la Alianza Atlántica en una fuente de conflictos con los aliados europeos al asegurar que “Groenlandia debería estar bajo el control de Estados Unidos y no de Dinamarca”.

No era la primera vez que Trump amenazaba con anexionarse este territorio perteneciente a la corona danesa, que es rica en minerales críticos y tierras raras, materias esenciales para la industria tecnológica y de defensa. El presidente de EEUU llegó a decir en varias ocasiones que se conseguiría quedar con Groenlandia, incluso utilizando la fuerza militar, y también amenazó con aranceles contra la UE si no se cedía el territorio danés.

Von der Leyen ha insistido en que el bloque europeo “está plenamente en solidaridad con Dinamarca y Groenlandia” y que el futuro de Groenlandia solo corresponde decidirlo al pueblo groenlandés.

Para dejar más claro el mensaje, Von der Leyen ha incluido en su encuentro una visita a tropas danesas y al buque de la marina danesa Thetis, que patrulla el Atlántico Norte bajo el mando del Comando Conjunto del Ártico. La presidenta de la Comisión aseguró la UE “está comprometida con un Ártico seguro y pacífico y a la seguridad de Groenlandia, que será uno de los ejes centrales de nuestra próxima Estrategia de la UE para el Ártico”, que se presentará este otoño. Uno de los argumentos de Trump para quedarse con el territorio danés es que la UE había descuidado la seguridad del Ártico.

Con la visita de la presidenta de la Comisión, la UE intenta proteger a este territorio de la amenazas de la administración de Trump profundizando en la cooperación con Groenlandia en ámbitos que van desde sectores tradicionales, como la educación y la pesca, hasta la mejora de las conexiones por satélite y cable, la energía hidroeléctrica y las materias primas fundamentales.

De hecho, la nueva Declaración Conjunta sobre las relaciones entre la UE y Groenlandia, firmada por la UE, Groenlandia y Dinamarca, tiene como objetivo “reforzar la agenda común de inversiones, el diálogo político y los intercambios entre ciudadanos, reafirmando una asociación basada en valores e intereses compartidos” pero además “reconoce la creciente importancia estratégica de Groenlandia”.

Entre los proyectos están la mejora de la mejora de la conectividad por satélite para Groenlandia con la colaboración de con Tusass para la ampliación de las capacidades de conexión por satélite mediante proveedores europeos. Además, la UE y Groenlandia impulsarán proyectos de minería sostenible vinculados a la industria europea y apoyará un programa dirigido por la empresa pública energética de Groenlandia, Nukissiorfiit, para modernizar y descarbonizar el suministro energético en los asentamientos remotos.

Groenlandia forma parte del Reino de Dinamarca. Aunque no forma parte del territorio de la UE, los groenlandeses son ciudadanos de la Unión Europea. Desde que abandonó la Comunidad Económica Europea en 1985, Groenlandia mantiene una relación de asociación con la UE en calidad de país y territorio de ultramar

Los controles policiales impuestos este verano por el Gobierno de Italia a los pasajeros procedentes de España, es una de las derivadas de la crisis migratoria de Ceuta. Esta decisión, que Giorgia Meloni tomó unilateralmente y que el Gobierno Español replicó en respuesta, supone una restricción en lo que conocemos como Espacio Schengen, una de las claves que definen lo que es la Unión Europea.

Con María Ramírez, corresponsal Internacional de elDiario.es, hoy nos paramos en esa palabra, Schengen, que lleva con nosotros más de 30 años. ¿Qué significa exactamente? Sabemos que tiene que ver con la circulación libre de la gente por Europa, pero… ¿eso no ocurre en toda la Unión Europea, por qué necesitamos ese nombre de… Espacio Schengen? ¿De dónde sale? ¿Qué tiene que ver con Ceuta?

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“Yo mandé mi currículum y ellos decidieron ponerme el número dos de la lista”, cuenta Diego Solier. Un resultado electoral inesperado, una tormentosa ruptura con Se Acabó La Fiesta (SALF) y una denuncia por acoso contra Luis 'Alvise' Pérez después, este eurodiputado de 46 años sin experiencia previa en política será una de las personas con mayor capacidad de influencia sobre la próxima gran infraestructura tecnológica del continente.

Solier será el ponente principal de CADA, siglas en inglés de la Ley de Desarrollo de la Nube y la Inteligencia Artificial. Es la norma que debe establecer el marco para la construcción masiva de centros de datos en Europa. Desde su posición, Solier será el arquitecto principal de la posición del Parlamento Europeo y una figura central del proceso legislativo. La negociación sobre qué incentivos tendrán las empresas para construir estas infraestructuras, su gasto energético, su impacto medioambiental o su independencia de los gigantes tecnológicos de EEUU pasará por sus manos.

Una responsabilidad que contrasta con una trayectoria política poco convencional. Solier, ingeniero informático, llegó al Parlamento Europeo tras las elecciones de junio de 2024. Unos comicios en los que SALF consiguió tres diputados tras protagonizar un vertiginoso ascenso en las encuestas. Con una campaña centrada únicamente en la figura del agitador ultra, el partido fue el sexto más votado de España, a menos de medio punto del cuarto puesto.

El resultado le granjeó tres representantes en la Eurocámara y sorprendió incluso a su propio líder, que ha admitido que conoció personalmente a Solier poco antes de la cita con las urnas. Hoy esa campaña está siendo investigada por el Tribunal Supremo, después de que saliera a la luz que Álvaro Romillo, un empresario de las criptomonedas al que Alvise llegó a promocionar en un acto multitudinario en Madrid, le entregó 100.000 euros en metálico, dos semanas antes de las elecciones. Este agosto los magistrados han desestimado el intento de Alvise para impedir el rastreo de otros tres monederos de criptomonedas que Romillo creó para que el agitador pudiera recibir donaciones anónimas.

El “músculo”

La alianza de Alvise con Solier y Nora Junco, la otra eurodiputada de SALF, duraría poco. La relación había sido complicada desde el principio, asegura Solier (“Se dedicaba a hacer vídeos de risa”, lo que alejaba a “la gente seria”, explica), pero todo se precipitó en abril de 2025. Entonces, el agitador insinuó que sus compañeros habían sido comprados por el lobby armamentístico a raíz de su voto a favor de destinar 800.000 millones de euros para el rearme europeo, algo a lo que Alvise se oponía.

“Yo no puedo controlar, no sé si han venido lobbies por detrás y me han comprado un eurodiputado mío, yo sé lo que voto yo. Te viene un lobby armamentístico a cenar contigo y te deja un maletín al lado y se levanta y se va”, declaró el líder ultraderechista. En esa misma intervención, Alvise hizo un llamamiento directo a sus seguidores para localizarlos y “poner el pie en nuestro cuello y aplastarnos”, denuncia Solier en conversación con elDiario.es, negando las acusaciones sobre soborno.

El ataque hizo que los dos eurodiputados de SALF se desligaran de Alvise, le denunciaran por acoso y se unieran a los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), el grupo de Giorgia Meloni y Fratelli d'Italia. Solier asegura que ese salto tuvo muy poco impacto en su proyecto político, puesto que “la gente que estuvo detrás” de la candidatura de Alvise “sigue trabajando” con ellos.

“Nosotros nunca hemos pertenecido a ningún partido político. Fuimos parte de una agrupación de electores que es verdad que estuvo liderada por una persona. Pero para que él se presentara a unas elecciones europeas, hubo gente trabajando para que eso pasara. Esa gente sigue trabajando con Nora Junco y Diego Solier. Los que pusieron el músculo, la idea, la ideología, hasta el nombre de la agrupación y el logo, siguen estando con nosotros”, asegura el eurodiputado.

Solier prefiere no dar nombres ante las preguntas de este medio. “Son gente que estuvo detrás. A mí, por ejemplo, me contactó una persona del mundo tecnológico con la que había trabajado en algunos proyectos, una persona de mi confianza con una mente brillante, que me dijo: 'Mira Diego, estamos, estoy diseñando esto y estamos buscando a gente profesional que ame a su país'. Tras hablarlo con mi familia, decidimos dar el paso”, continúa el eurodiputado.

Pese a ese distanciamiento, Solier sigue expresando posiciones cercanas a SALF en aspectos como las vacunas. Según El Confidencial, durante la pandemia escribió en la red entonces conocida como Twitter comentarios como “díganme si está justificada la vacunación masiva e indiscriminada de niños, jóvenes y aun de menos jóvenes”, o acusando al Gobierno imponer una “dictadura” por las medidas de confinamiento.

Hoy esos comentarios no aparecen en su perfil. Solier niega a este medio ser “antivacunas”, sino “un defensor de la libertad”. “No me gusta obligar a la gente a vacunarse. Que cada uno decida qué es lo mejor para uno mismo, para su familia”, afirma, revelando que él se puso las vacunas contra el covid pero sus hijos, no.

“Alianzas” con los gigantes de EEUU y energía nuclear

Antes de esa llamada, Solier era el responsable global de la infraestructura informática de Attindas, una multinacional especializada en productos para la incontinencia, como pañales para adultos e infantiles. Cuenta con más de 2.000 empleados y fábricas en España, Suecia, Italia y EEUU. El eurodiputado, cuyo currículum en la web oficial del Parlamento Europeo está en blanco, acumula más de 20 años de experiencia en puestos relacionados con IT corporativo.

Defiende que ha sido esta trayectoria el motivo por el que ha sido elegido por los ultraconservadores de ECR para la ponencia de CADA. En el Parlamento Europeo, las ponencias para las diferentes regulaciones se reparten en un sistema de subastas, en las que cada partido tiene tantos puntos como eurodiputados. Cuando logran la ponencia de un determinado dosier, escogen al eurodiputado que se encargará de ella mediante procedimientos internos.

Así es como Solier ha llegado a CADA. El eurodiputado se encuentra en “período de escucha”, pero avanza algunos de los puntos clave que marcarán la primera redacción de esta importante ley, como la defensa de la energía nuclear y las “alianzas” con las multinacionales tecnológicas de EEUU.

El eurodiputado admite la “incertidumbre” que existe en muchos sectores sobre la proliferación de los centros de datos. Sin embargo, expone que para desarrollar su propia inteligencia artificial, “Europa necesita unos recursos de computación de los que ahora mismo carece”. “CADA pretende ayudar a que esa industria que necesitamos se pueda desarrollar”, algo que, a su juicio, se conseguirá “simplificando la normativa” y “consiguiendo que venga capital para invertir”.

La norma debe ayudar a que las empresas europeas crezcan, “ganando en soberanía, pero no aislándonos”, pide. Sostiene que ganar autonomía “no significa aislarnos del mundo” sino retener el “poder de decisión” cuando los estados europeos realmente lo requieran. Para Solier, no deben tratarse igual los sistemas críticos de defensa de un país que la información corporativa estándar de los mercados privados, la cual debería poder seguir alojándose en las plataformas que resulten más competitivas.

Tenemos que tejer alianzas con las empresas punteras a nivel tecnológico que existen en el mundo. Eso no significa que nos tengamos que vender o estar atados a ellos

“CADA propone distintos niveles de soberanía y según el tipo de dato y el tipo de inteligencia artificial, podrá estar alojado en un nivel diferente. Pero eso tenemos que hacerlo en paralelo con las alianzas con las empresas punteras a nivel tecnológico que existen en el mundo. Eso no significa que nos tengamos que vender o estar atados a ellos. Tenemos que tejer esas alianzas a la vez que trabajamos en generar un ecosistema de innovación 100% europeo”, resume.

Una política que deberá complementarse con el otro gran reto de la redacción de CADA: la energía. El eurodiputado defiende la energía nuclear para potenciar la IA, como está haciendo EEUU, y critica el plan de cierre de centrales del Gobierno, que ya ha quedado cuestionado con la prórroga hasta 2030 de la planta de Almaraz, en Cáceres. “Hay que revisar ese calendario de cierre nuclear que no nos beneficia para nada”.

“No es que yo sea pronuclear o no, lo que estoy es en contra de eliminar tecnologías que se han declarado oficialmente a nivel europeo como eficientes y verdes”, afirma, apuntando a otros países europeos: “En Alemania, por ejemplo, se han dado cuenta del tema nuclear y están desarrollando planes para abrir centrales nucleares”.

Aunque el calendario oficial para la tramitación de la ley sigue pendiente de que la comisión parlamentaria correspondiente formalice el nombramiento de todos los “ponentes en la sombra” (como se denomina a los representantes del resto de partidos que estarán en contacto directo con Solier), el eurodiputado avanza a este medio que su objetivo es conseguir la luz verde del Parlamento Europeo para “junio o julio del año que viene”, dejando el texto listo para arrancar las negociaciones de los trílogos con los Gobiernos europeos.

Ya no es una guerra soterrada ni una pugna oculta en los pasillos de la institución europea en Bruselas. La Comisión Europea planea desmantelar el actual Servicio Europeo de Acción Exterior, el departamento diplomático de la UE, mediante el reparto de sus atribuciones entre el resto de los comisarios europeos y rebajar el papel de la Alta Representante de Exteriores, Kaja Kallas. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, lleva meses tratando de controlar el servicio diplomático europeo en un momento en el que desde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pasando por el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu hasta líderes como Vladímir Putin quieren romper con un mundo basado en reglas y el derecho internacional.

El Servicio Europeo de Acción Exterior se creó en 2009. Es un cargo con competencias de vicepresidente en la Comisión Europea, pero a la vez ostenta la presidencia del consejo de ministros de Exteriores. Esta doble posición se diseñó intencionadamente por parte de los países, ya que no quería que la presidencia de la Comisión Europea asumiera el poder en un área que los Estados miembros consideran fundamental. Von der Leyen ya tuvo continuos choques con Borrell.

“En el actual entorno geopolítico, está claro que debemos modernizarnos y adaptarnos continuamente para garantizar que nuestras herramientas, estructuras y procesos de toma de decisiones sigan permitiendo una acción eficaz. La Comisión está dispuesta a contribuir a este debate”, admitió esta semana un portavoz de la Comisión Europea.

En esta pelea no solo se está poniendo en juego la arquitectura ejecutiva de la Unión Europea, también se está dirimiendo qué principios van a guiar la política exterior de Europa. Von der Leyen dio un paso sin precedentes en marzo de 2026 cuando se atrevió a tirar por tierra los principios fundamentales de la Unión Europea con su propuesta de arrinconar el sistema basado en reglas y el derecho internacional cuando fuera necesario. “Europa ya no puede ser la guardiana del viejo orden mundial, de un mundo que se ha ido y no volverá. Siempre defenderemos y mantendremos el sistema basado en reglas que ayudamos a construir junto con nuestros aliados, pero ya no podemos confiar en él como la única forma de defender nuestros intereses ni asumir que sus normas nos protegerán de las complejas amenazas a las que nos enfrentamos”, dijo entonces la presidenta de la Comisión.

El escándalo fue mayúsculo y Von der Leyen tuvo que dar marcha atrás dos días después tras las exigencias de rectificación por parte de los Estados miembros. Desde entonces, la jefa del Ejecutivo comunitario mantiene un pulso por controlar el Servicio Europeo de Acción Exterior que le permita reducir las fricciones con los líderes que tratan de acabar con un mundo basado en el derecho internacional. Al igual que las declaraciones de entonces obedecían a la necesidad del canciller alemán, Friedrich Merz, de evitar molestar a Trump al inicio de la campaña de bombardeos contra Irán, ahora también ha partido de Alemania una propuesta de desmantelamiento del departamento de Exterior de la UE.

El periódico Financial Times aseguró esta semana que la propuesta de reducir el papel del Servicio Europeo de Acción Exterior partía de un documento elaborado por Alemania y Francia que reflexionaba sobre el papel diplomático de la UE. La idea es que Kallas se quede solo con funciones residuales como misiones de mantenimiento de la paz de la UE o aspectos relacionados con la coordinación entre países sobre formación militar y que se ahorre el coste de 1.000 millones anuales de su departamento.

Más herramientas para el Servicio Exterior de la UE

Sin embargo, en la reunión de ministros de Exteriores celebrada esta semana en Irlanda, el titular francés de esta cartera, Jean-Noël Barrot, apuntó que “las competencias de la alta representante deben poder ejercerse plenamente”. “Por un lado, debe poder, evidentemente mediante un enfoque colegiado con los miembros del Consejo, tener plena libertad para adoptar las decisiones que entren dentro de sus competencias, pero también debe poder recurrir, de una manera más firme y clara, a las palancas de la Comisión que puedan servir a la política exterior”, dijo.

Barrot está pidiendo que Kallas tenga más competencias para actuar en aspectos como la política comercial, por ejemplo, a la hora de aplicar sanciones en el orden internacional. Este es un aspecto que Von der Leyen no va a aceptar, ya que ha sido uno de los principales frenos a la puesta en marcha de sanciones contra Israel.

Las relaciones con Israel se han convertido en otro foco de disputa entre ambas dirigentes. El pasado junio, el ministro israelí de Exteriores, Gideon Saar, anunció que rompía relaciones con la Alta Representante de Exteriores de la UE porque Kallas supuestamente había comparado cómo trata el Estado israelí a los palestinos con el régimen de 'apartheid' de Sudáfrica. A pesar del desplante israelí, la Comisión Europea despreció las mínimas reglas de diplomacia y avaló una visita de la comisaria para el Mediterráneo, Dubravka Šuica, a Israel.

Von der Leyen ya había utilizado otras veces a la comisaria Šuica para emprender acciones en política exterior. La presidenta de la Comisión Europea abrió un cisma en la UE tras mandar a la comisaria para el Mediterráneo a la Junta de paz de Donald Trump para Gaza cuando el presidente del Consejo Europeo, António Costa, había subrayado que la UE no participaría en la propuesta del presidente de Estados Unidos. La decisión de Von der Leyen fue contestada por la mayoría de Estados miembros de la UE, ya que no avisó a los países y carece del mandato necesario para actuar de esta manera unilateral ante una maniobra de Trump, que podría infringir la legalidad internacional.

Ante la presión, Kallas se ha puesto en marcha para evitar los cambios que la relegarían a un papel secundario. Solo con una pugna de poder en el seno de la UE se puede entender que en la reunión de esta semana que dirigió la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, junto a los ministros de Exteriores de la UE se lanzara un comunicado en que se reivindicaba que “la UE reafirma su firme compromiso con un multilateralismo eficaz, renovado y reforzado, basado en el derecho internacional y en los propósitos y principios universales de la Carta de las Naciones Unidas”. “En un momento de crecientes tensiones geopolíticas y de graves violaciones del derecho internacional, un orden internacional basado en normas y un sistema multilateral con las Naciones Unidas como eje central siguen constituyendo el marco global esencial para garantizar el respeto de la soberanía y la integridad territorial de todos los Estados, la solución pacífica de las controversias, la previsibilidad, la rendición de cuentas y la aplicación equitativa del derecho internacional”, prosigue. ¿Hacía falta recordar lo que ya está vigente y aprobado en el Tratado de Lisboa de 2009 que conforman la base constitucional de la UE o era un mensaje interno?

“Los Estados no quieren perder el control de la política exterior”

Kallas además aseguró en la rueda de prensa posterior a la reunión con los ministros de Exteriores que “los Estados miembros han dejado claro que no quieren perder el control de la política exterior”. “El problema es que, aunque la política exterior la elaboramos conjuntamente con los Estados miembros, los instrumentos suelen estar en manos de la Comisión: el comercio, la ayuda al desarrollo, la ampliación, la migración, los visados”, insistió la jefa de la diplomacia europea. Es decir, recuperó la petición del ministro francés de Exteriores.

“Si queremos actuar como un actor geopolítico, deberíamos integrar realmente todas estas cuestiones, y por eso los Tratados prevén la función del vicepresidente. Ahora bien, el problema no son los tratados, ni la estructura institucional. El problema es la puesta en práctica de esa estructura para que funcione en la práctica”, apuntó Kallas en clara referencia a los vetos que impone la Comisión.

Por otro lado, la alta representante advirtió de la queja de los Estados miembros más pequeños, ya que “si trasladamos todo a la Comisión, perderán el control de la política exterior, porque no hay un Consejo de Asuntos Exteriores cada mes en el que coordinarnos con todos, en el que yo sepa cuál es la postura de los Estados miembros, en el que presionemos para lograr posiciones unificadas”.

Donde hay más consenso es en la eliminación de la unanimidad a la hora de votar las decisiones dentro del Consejo de Exteriores. España, Francia, Alemania, Austria, Dinamarca, Bélgica, Finlandia, Luxemburgo, los Países Bajos, Rumanía y Suecia, solicitaron por carta a la jefa de la diplomacia comunitaria poner fin a los vetos que bloquean las decisiones en la política exterior de la UE al estar basadas en la unanimidad.

“Yo puedo entender la unanimidad y, por lo tanto, un derecho de veto cuando hay intereses nacionales en juego, pero lo que no puedo entender, no puedo aceptar, es que se use la unanimidad, ese derecho de veto para secuestrar el que Europa pueda avanzar”, apuntó el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

Albares insistió en la necesidad de agilidad en la toma de decisiones “en estos momentos tan difíciles donde nos enfrentamos a amenazas híbridas de tal calado, todos nosotros lo estamos viendo todos los países”.

Con las amenazas híbridas de Rusia asumidas en Europa como la nueva normalidad, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, destacó el esfuerzo inversor en la Unión Europea para responder a los nuevos retos de defensa que han surgido tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Sin embargo, un informe elaborado por el Tribunal de Cuentas Europeo, bajo el título La política de defensa de la UE en el punto de mira, que se ha hecho público este jueves, pone sobre la mesa la incapacidad europea para conseguir una “verdadera preparación militar para 2030” debido a “sistemas nacionales fragmentados, cuellos de botella industriales, coordinación política lenta y una dependencia continuada de EEUU”.

Con la invasión de Ucrania por parte de Rusia se vislumbró las “graves vulnerabilidades resultantes de décadas de desinversión” en Defensa por parte de Europa. El conocido como “dividendo de la paz” reveló insuficiencia de reservas de municiones y misiles, largos plazos de fabricación de productos de defensa, fuerte dependencia de proveedores de fuera de la UE y cuellos de botella logísticos en las redes de transporte. Estas insuficiencias se han visto potenciadas ante el anuncio de EEUU de abandonar su papel de defensor de Europa para centrarse en otras zonas del mundo.

Para hacer frente a estas deficiencias, el gasto conjunto en defensa de los Estados miembros de la UE creció un 78,6% entre 2020 y 2025. Paralelamente, la UE ha incrementado notablemente su apoyo mediante programas que buscan la cooperación transfronteriza y la adquisición conjunta de capacidades en el bloque. A pesar de que los estados miembros han pasado de dedicar en sus presupuestos anuales colectivos de defensa de 262.000 millones de euros en 2022 a 418.000 millones en 2025 (todos los aliados de la OTAN en la UE cumplieron o superaron el objetivo de gasto en defensa del 2% del PIB), el desafío de la autonomía estratégica para 2030 no se va a conseguir, según los auditores europeos.

Inversión desordenada: duplicidades y lagunas

Entre los problemas que se observan está la “inversión desordenada por planificación ascendente”, es decir, dirigida por cada Estado miembro de forma soberana. Esta falta de un proceso armonizado europeo perpetúa la fragmentación de inversiones, duplicidades de equipamiento militar y lagunas persistentes en las capacidades militares críticas. El informe apunta que se debería seguir el modelo de planificación de la OTAN, caracterizado por un enfoque descendente (“de arriba abajo”) con escenarios estructurados.

Otro de los problemas que se apuntan es el dilema de las cláusulas de preferencia de la UE, que países como Francia defienden, frente a la posición de adquirir armamento fuera de Europa de Alemania. Los instrumentos de financiación europeos obligan de forma estricta a priorizar componentes y diseño originados en la UE, con un máximo del 35% de componentes extracomunitarios.

El problema es que la industrial de defensa europea carece de capacidad de entrega inmediata y presentaba plazos de fabricación muy largos. Exigir de forma acelerada la preferencia europea puede retrasar las entregas operativas críticas en un momento de urgencia extrema. Los auditores ponen como ejemplo que entre el inicio de la guerra en Ucrania y junio de 2023, el 78% de las adquisiciones militares de los Estados miembros se realizaran fuera de la UE, destinándose el 63% de estas compras únicamente a Estados Unidos.

“Falta de materias primas estratégicas y personal cualificado”

A esto hay que añadir que los “cuellos de botella de personal y seguridad de suministro”. La base industrial de defensa europea se enfrenta a la “incapacidad para absorber de forma eficiente los nuevos flujos financieros por falta de materias primas estratégicas, componentes intermedios y personal técnico cualificado”. La captación de talento global se ve además gravemente obstaculizada por los procedimientos nacionales de habilitación de seguridad (como los estrictos requisitos de ciudadanía nacional), que restringen la libre circulación de profesionales incluso dentro de la propia UE.

En el mismo sentido, el informe critica que el acceso a la documentación militar para evaluar el rendimiento de los programas europeos se ve limitado de forma rutinaria por leyes nacionales de secretos de estado, confidencialidad industrial e información clasificada. Esta restricción impide a los auditores externos publicar información detallada o ejemplos ilustrativos, lo que merma de forma directa la claridad de la información y restringe la precisión de los informes de auditoría accesibles para la ciudadanía y el control democrático.

Gestión de la defensa de la UE: “Híbrida e inestable”

Por otro lado, la gestión de la defensa de la UE es “híbrida e inestable” entre la soberanía nacional intergubernamental y la política industrial supranacional de la Comisión Europea. Esto genera “superposición institucional y fricción de coordinación”, con un marco institucional complejo con riesgos sustanciales de “duplicación de funciones y responsabilidades difusas” entre los diferentes organismos.

Además los auditores señalan que la rapidez con la que los Estados miembros han aumentado su gasto en defensa responde principalmente a objetivos políticos basados en “insumos” (como el porcentaje del PIB nacional de la meta de la OTAN), de manera que estos compromisos de gasto “carecen de requisitos claros de rendimiento y no garantizan que se cumplan los principios de economía, eficiencia y eficacia, lo que limita su utilidad real en el campo de batalla”.

También añaden que la alta competencia en innovación tecnológica del sector defensa provoca que la inflación de los costes de equipamiento militar supere de forma habitual a la tasa de inflación general, la falta de persona en la Comisión Europea para gestionar los programas de Defensa o los riesgos macroeconómicos del uso masivo de préstamos emitidos mediante deuda europea: 150.000 millones de euros del programa SAFE (ayuda financiera para armamento, munición, sistemas de defensa aérea, ciberseguridad y protección de infraestructuras críticas) o los 60.000 millones de euros destinados a ayudar militarmente a Ucrania.

El Gobierno ha vuelto a pedir que se lleve el asunto de la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en la UE para que se discuta en el consejo de Asuntos Generales, tras el veto que sufrió la iniciativa española el pasado año. La inclusión de los idiomas oficiales españoles en las instituciones europeas es uno de los compromisos alcanzados por Pedro Sánchez con Carles Puigdemont, presidente de Junts, para su investidura.

El Gobierno se encuentra en estos momentos en plenas negociaciones para aprobar los Presupuestos Generales del Estado con varias formaciones políticas, entre las que se encuentran Junts y ERC.

Fuentes diplomáticas han explicado a elDiario.es que se ha pedido incluir este punto en el consejo de Asuntos Generales que tendrá lugar el próximo 23 de septiembre. La propuesta española se enmarca en el procedimiento de ampliación que ha iniciado la Unión Europea con países como Albania y Montenegro. Las mismas fuentes han comentado que con la ampliación de la UE se introducirán nuevas lenguas en el régimen lingüístico de la Unión Europea y no tendría sentido que se añadan nuevas lenguas como el montenegrino o el albanokosovar y se dejen fuera idiomas oficiales de países miembros como el catalán, el euskera y el gallego.

En julio de 2025, el Ejecutivo español ya intentó que este asunto entrase en el Consejo de Asuntos Generales que se celebraba en Bruselas el 18 de julio. Sin embargo, un grupo de países encabezado por Alemania, Italia, Finlandia, Croacia, República Checa y Suecia se opusieron rotundamente a la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en la UE. Entonces, alrededor de una docena de países intervinieron en el debate y “expresaron numerosas preocupaciones legales y prácticas”, según fuentes diplomáticas.

Tras la negativa, el Gobierno mostró su malestar y apuntó que, detrás del rechazo de países como Alemania o Finlandia, había motivos políticos. Entre otras cosas porque entonces el Gobierno había hecho una nueva propuesta en la que dejaba más claro que España correría con los costes de la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego.

En aquellas fechas, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, defendió que la nueva iniciativa despejaba todas las dudas posibles, como que no es necesario llevar a cabo una modificación de los tratados de funcionamiento de la UE, en contra del criterio de los servicios jurídicos de la Unión Europea.

El Gobierno dejó caer que el bloqueo obedecía a razones políticas dado que en esos países gobierna la derecha. Fue precisamente Junts el que señaló al PP de Alberto Núñez Feijóo como responsable del fracaso de la oficialidad.

Solo Bélgica, Eslovaquia, Eslovenia y Chipre se mostraron abiertamente a favor de la inclusión del catalán, el euskera y el gallego como leguas oficiales en la UE.

El Gobierno siempre ha sostenido en su argumentario para convencer al resto de países que la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en la UE es una cuestión de “identidad nacional”. Para calmar a aquellos estados miembros que temen que se pueda producir un efecto contagio en otros países para ampliar el catálogo de lenguas oficiales, se presentó el caso español como singular con el planteamiento de requisitos como su uso oficial en el Congreso, entre otras cosas.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, han lanzado este miércoles una advertencia conjunta ante el ataque atribuido a Rusia en la ciudad alemana de Leipzig . “Se trató de un ataque perpetrado con material de uso militar por agentes rusos en territorio de la Unión Europea. No lo vamos a tolerar. Leipzig supone una nueva escalada en territorio de la Unión Europea, directamente atribuida a Rusia”.

Alemania acusó formalmente a Rusia de estar detrás de un ataque fallido con un dron en el aeropuerto de Leipzig el 4 de agosto. El suceso “encaja con el patrón establecido de las operaciones híbridas rusas en Europa”, afirmó el ministro del Interior, Alexander Dobrindt, acompañado del de Exteriores, Johann Wadephul.

Von der Leyen ha insistido en que “si la intención era hacernos pensar dos veces antes de seguir apoyando a Ucrania, puedo decirles que esto no ha hecho más que reforzar mi determinación. La intimidación no funcionará. Europa y la OTAN no solo mantendrán la presión sobre Rusia; la aumentaremos y no nos detendremos hasta que Rusia deje de bombardear y matar a niños, hombres y mujeres inocentes en Ucrania”.

En la misma línea, el secretario general de la OTAN ha comentado que “los peligros que plantea Rusia son claros y estamos trabajando sin descanso para garantizar que estamos preparados para mantener a salvo a nuestra población. Si Rusia cree que va a dividirnos mediante estas amenazas o si cree que conseguirá disuadirnos de seguir apoyando a Ucrania, se equivoca”.

La presidenta de la Comisión Europea ha avisado de que “los europeos se enfrentan a la dura realidad de esta nueva normalidad. Debemos considerar nuestras infraestructuras como objetivos de primera línea y protegerlas. Tenemos que redoblar nuestros esfuerzos y eso significa estar preparados para responder a la temeridad de Rusia de forma más rápida y eficaz. Apoyaremos a cualquier Estado miembro que sea objeto de ataques por parte de Rusia”.

“Han aumentado del número de drones y misiles que penetran en nuestro espacio aéreo a lo largo de nuestro flanco oriental, lo que genera un riesgo cada vez mayor. Hemos constatado un aumento de las actividades maliciosas dirigidas directamente contra nuestro territorio, ya sean incendios provocados en fábricas que producen material de defensa para Ucrania o el ataque híbrido ruso en Leipzig”, ha comentado Rutte.

“Estamos entrando en una nueva era de la seguridad europea. La inversión europea en defensa fortalece a la OTAN y revitaliza nuestra base industrial”, ha puntualizado Von der Leyen. La presidenta de la Comisión Europea ha remarcado que “la defensa aérea es fundamental. Necesitamos un sistema de alerta más rápido y más integrado en Europa y debemos ser capaces de interceptar las amenazas con mayor rapidez”.

Además, Von der Leyen ha recordado que la UE “ha recibido una nueva solicitud de financiación de Ucrania” para cubrir “las necesidades de defensa aérea, incluidos los avanzados sistemas de defensa antiaérea Patriot PAC-3”, al mismo tiempo, que la UE trabajo con Kiev para desarrollar un proyecto europeo para construir un sistema propio de defensa contra misiles balísticos ante el progresivo abandono de Estados Unidos en la defensa de Europa.

El presidente ruso, Vladímir Putin, afirmó que la decisión de Alemania de atribuir a Rusia el ataque con drones fue “un grave error”. Putin puso en dudas las pruebas que aportó Alemania y señaló que Berlín estaba culpando al Kremlin para desviar la atención de sus propios problemas internos.

“Un acto de terrorismo patrocinado por el Estado”

Con anterioridad, la jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, ha descrito el ataque “un acto de terrorismo patrocinado por el Estado. Responderemos con determinación. Hemos convocado al representante de Rusia ante la UE, al igual que han hecho muchos Estados miembros”.

La postura de Estados Unidos es más críptica. El embajador de EEUU ante la OTAN, Matthew Whitaker, expresó su solidaridad con Alemania sin mencionar a ningún país como responsable del ataque.

“Estados Unidos muestra su solidaridad con Alemania y con todos los aliados ante los intentos de causar daño y caos en territorio de la OTAN. Seguimos comprometidos con la defensa colectiva de la OTAN y somos plenamente conscientes de la necesidad de que los aliados aumenten sus capacidades para disuadir todas las amenazas contra la Alianza”, ha señado Whitaker en la red X.

Sin embargo, los últimos movimientos de la Administración Trump, con la invitación de Rusia a la reunión del G20, han hecho saltar las alarmas tanto en la capital ucraniana como en Bruselas.

En un momento transcendental para la Unión Europea ante los procesos electorales que se van a vivir en Alemania, Francia y España, en el curso político que ha comenzado, el resultado negativo del referéndum en Islandia para comenzar negociaciones para la integración en la UE ha removido el avispero donde mejor se mueve la ultraderecha.

“La UE ha conseguido crear un espacio económico y regulatorio europeo lo suficientemente atractivo como para que países como Islandia se integren. Sin embargo, no ha tenido el mismo éxito a la hora de explicar por qué pasar de formar parte de ese espacio a convertirse en un miembro de pleno derecho merece el sacrificio adicional que supone transferir competencias nacionales, es decir, perder soberanía. Aquí se da una situación paradójica. Resulta que el propio éxito de la integración europea puede socavar el incentivo para entrar en la Unión, al menos para algunos países europeos ricos que hasta ahora han preferido mantenerse al margen”, explica Apostolos Thomadakis, del Centre for European Policy Studies.

La explicación de Thomadakis es relevante porque los grupos de ultraderecha han colocado la cesión de soberanía nacional a las instituciones europeas en Bruselas como parte de su política para rechazar el modelo de integración europea.

En este sentido se ha posicionado Marine Le Pen, la candidata a la presidencia de Francia por el partido de ultraderecha Rassemblement national: “Al rechazar en referéndum sobre la reanudación de las negociaciones de adhesión a la Unión Europea, el pueblo islandés ha recordado una evidencia: la adhesión a la Unión Europea no es el horizonte natural de toda democracia europea”.

“Los pueblos deben poder decidir por sí mismos sobre su futuro, sus instituciones y su capacidad para defender sus intereses nacionales. En un momento en el que algunos abogan por un mayor federalismo y por transferir más soberanía a la Comisión Europea, este voto recuerda que otra Europa es posible: una Europa de naciones libres y soberanas que cooperan voluntariamente en aquellos asuntos de interés común”, ha señalado en la red social X la líder de la extrema derecha francesa.

Islandia es una nación insular nórdica de 400.000 habitantes, que pertenece al Espacio Económico Europeo (EEE) y tiene un acuerdo de seguridad y defensa de la UE, además de ser miembro de la OTAN. En el referéndum ha pesado mucho el tema pesquero. Almut Möller, directora de Asuntos Europeos y Globales del think tank European Policy Centre, comenta que “dada la sensibilidad de la soberanía islandesa sobre la pesca, encontrar un acuerdo negociado que hubiera permitido resolver esta controvertida cuestión y superar el obstáculo de un segundo referéndum habría exigido que la UE llegara demasiado lejos en lo que la comisaria europea de Ampliación, Marta Kos, calificó recientemente de 'soluciones creativas'”.

Y son esas “soluciones creativas” como vía para la ampliación de la Unión Europea lo que puede provocar que si la extrema derecha gane en Francia inicie un proceso de 'Frexit' para lograr un estatus similar al de Islandia, lo que supondría el desmembramiento de la UE, como se admite con cierto temor en los pasillos de las instituciones europeas. Nigel Farage, el líder de la formación ultra Reform UK y cabeza visible del movimiento que llevó al Reino Unido a salir de la UE, apuntó en X: “Enhorabuena a Islandia por haber votado a favor de mantener su independencia”.

En la misma línea se han colocado los partidos ultras del grupo parlamentario ECR (European Conservatives and Reformists), al que pertenece la formación de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. El copresidente del grupo parlamentario, Patryk Jaki apuntó que “a lo largo de la campaña, las cuestiones relacionadas con la soberanía nacional desempeñaron un papel importante. Esas preocupaciones no deberían ser ignoradas ni caricaturizadas. Si un pueblo teme que las decisiones sobre asuntos de importancia fundamental para su nación puedan acabar tomándose fuera de su control democrático y, por ello, decide ni siquiera reanudar las negociaciones, la Unión Europea debe reflexionar detenidamente sobre lo que esto dice acerca de su rumbo actual”.

El 'no' islandés ha llegado en un momento en el que “la extrema derecha europea, envalentonada por la elección de Trump, se siente cada vez más fortalecida para impulsar la transformación del núcleo institucional de la Unión Europea”, según explican Jeremy Shapiro y Zsuzsanna Végh, analistas del European Council on Foreign Relations.

La primera gran prueba es este mes de septiembre en Alemania, donde se celebran elecciones de los lander Sajonia-Anhalt, Baja Sajonia, Berlín y Mecklemburgo-Pomerania Occidental. Los ultraderechistas de AfD tienen posibilidades de conseguir una victoria en Sajonia-Anhalt. No han dudado también en utilizar a Islandia en su campaña. En un mensaje en la red X, los ultras acusan al partido del canciller Friedrich Merz de que “cuando los ciudadanos deciden libremente, la CDU arremete”.

“Las amenazas contra Islandia tras el fallido referéndum de la UE muestran el desprecio de los partidos tradicionales por las auténticas consultas populares. Es hora de vivir la democracia con la AfD”, apuntan desde el partido filonazi. No hay constancia de ninguna amenaza a Islandia por parte del Gobierno alemán o de la formación CDU tras la consulta.

Ali Lmrabet conoce Marruecos desde dentro y también desde la distancia. Periodista, escritor y profesor, lleva décadas denunciando las restricciones a la libertad de prensa y ha sido represaliado por sus críticas al régimen. Desde la localidad oscense de Castejón de Sos, donde ha participado en el XXIV Encuentro de Periodismo de Altura, ha analizado el presente de su país y su relación con España en un contexto marcado por la inmigración, la seguridad y el creciente peso internacional de Marruecos.

Lmrabet sostiene en una entrevista a elDiario.es que el país vive una fractura social entre una imagen de modernización que se proyecta hacia el exterior y una realidad muy diferente para buena parte de la población. En este sentido, afirma que “hay dos Marruecos, el que se enseña a los extranjeros y el real” y, bajo su punto de vista, detrás de las grandes infraestructuras y del crecimiento de determinadas ciudades existe “una terrible ansia de abandonar el país”.

Además, asegura que “en Madrid y Bruselas creen que los marroquíes no somos aptos para disfrutar de las libertades tal y como se conocen en Europa”, ya que “nos consideran tontos brutos que hay que gobernar con mano dura”.

Lleva décadas ejerciendo el periodismo entre España y Marruecos. ¿Qué cree que deberíamos entender mejor hoy sobre lo que está ocurriendo en su país y sobre su papel en el escenario internacional?

Lo que está ocurriendo es que la brecha entre los que se han enriquecido de manera escandalosa y los que se han empobrecido se ha agigantado. Hay dos Marruecos, el que se enseña a los extranjeros y el real. Hay universidades carísimas, estaciones de tren modernas y una Casablanca muy europea y muy cara. Y no muy lejos hay derribos de casas, hospitales inhóspitos, falta de agua para beber y una terrible ansia de abandonar el país. Volvemos a la vieja idea colonial francesa que separaba el Marruecos útil del Marruecos inútil. En Europa y, sobre todo en España, quieren creer que todo va estupendamente bien hasta que ocurren estallidos como el de Ceuta, donde se descubre que todo el mundo quiere escaparse de Marruecos. Esa es la auténtica y verdadera proyección internacional de los marroquíes.

Marruecos aparece con frecuencia como un socio estratégico imprescindible para España en cuestiones como inmigración o seguridad. ¿Hasta qué punto esa importancia estratégica condiciona la capacidad de España y de Europa para exigirle responsabilidades en materia de derechos humanos y libertad de prensa?

Es un “socio estratégico imprescindible” porque lo han decidido los políticos europeos y no los expertos. Nuestros muy activos servicios secretos, el exterior en 2014 y el interior en 2026, han demostrado que son incapaces de proteger sus propios archivos y memoria, que han sido expuestos al público después de su robo por unos misteriosos hackers. Hoy en día conocemos hasta el número móvil personal, la copia del DNI, la cuenta bancaria y los bienes inmobiliarios de todos los jefes de esos servicios secretos tan “imprescindibles” para Europa. ¿Qué servicio secreto continúa siendo secreto cuando todo el mundo conoce sus secretos?

En cuanto a exigir responsabilidades a nuestro Estado por la situación de los derechos humanos y de la libertad de prensa, tengo la firme convicción de que en Madrid y en Bruselas están convencidos de que nosotros, los marroquíes, no somos aptos para disfrutar de las libertades tal como las conocen los europeos. Nos consideran tontos brutos que hay que gobernar con mano dura.

Conoce muy bien la relación entre Marruecos y España y también ha hablado de la existencia de vínculos entre sus servicios de inteligencia. ¿Qué cree que desconoce la ciudadanía sobre esa relación entre ambos países?

Creo que la ciudadanía española no sabe que el Centro Nacional de Inteligencia español no considera a sus homólogos marroquíes como una entidad amiga. Puedo hasta decir que hay un pequeño conflicto, opaco y poco visible, entre ellos. Especialmente algunos golpes bajos, de una parte y de otra de la frontera.

Hace apenas unas semanas fue detenido durante 72 horas después de regresar a Marruecos y calificó lo ocurrido de “secuestro ilegal”. ¿Qué fue lo que más le preocupó de aquella detención?

Hace tiempo que ya no me preocupo por las artimañas y complots de los servicios secretos de mi país. Las acusaciones eran tontas. Por ejemplo: “¿Por qué afirma usted que existe una estructura oculta que gobierna secretamente el país?”. Porque existe. Su sinónimo es “Estado profundo” y he dado los nombres y apellidos de sus principales miembros.

El trato recibido fue brutal al comienzo, sobre todo en el aeropuerto de Tánger. Sin embargo, en Casablanca, en la sede de la Brigada Nacional de Policía Judicial, se han comportado correctamente.

Marruecos sigue persiguiendo a los periodistas independientes que intentan solamente ejercer su labor de información. Para la “estructura oculta” somos el último reducto de lo que ella llama la oposición al régimen. Otra insensatez. Somos periodistas, no políticos.

¿Hay algo que un periodista no pueda negociar nunca, ni siquiera cuando está en juego su propia libertad?

Sí, el nombre de mis fuentes y el de los colaboradores que montan mis vídeos. Obviamente, no he respondido a ninguna de esas preguntas. Responder hubiera sido no solamente una traición a principios elementales, sino también un suicidio profesional. Y no tenía ganas de suicidarme.

Decidió volver a Marruecos pese a llevar 25 años viviendo en España y sabiendo los riesgos que podía asumir. ¿Qué tiene un país que puede llegar a expulsarte y, al mismo tiempo, seguir siendo el lugar al que quieres regresar?

Soy un ciudadano francés que reside en España, pero en realidad soy simplemente un tipo de allí, de Marruecos. De Tetuán. Mis abuelos paternos, mis padres, mi hermano y mi hermana están enterrados allí, en una colina desde donde se puede ver el lejano mar. Nadie puede privarme de visitar sus tumbas, que para nosotros son la prueba de que existimos. Sin tumbas no hay pasado.

La inmigración vuelve a estar en el centro del debate cada vez que se produce una crisis en la frontera. ¿Qué estamos dejando fuera cuando reducimos el fenómeno migratorio a mafias, fronteras y cifras?

Estamos dejando fuera una verdad que nadie puede acallar y es que el régimen de Marruecos ha sido incapaz de proporcionar a sus ciudadanos una vida digna y la esperanza de un futuro mejor. Todo el mundo quiere irse de Marruecos. Lo hemos visto el 30 de julio. Es un tremendo fracaso. Y no quiero culpar a nadie más que a nosotros mismos por esta situación. ¿Para qué han servido 70 años de independencia de Francia y España si hemos sido incapaces de gobernarnos correcta y eficazmente durante todo este tiempo?

Conoce personalmente las rutas migratorias y ha explicado que hace 26 años cruzó en una zodiac desde la costa marroquí. ¿Qué ha cambiado desde entonces y qué sigue exactamente igual para los jóvenes marroquíes que quieren marcharse?

Lo que ha cambiado es que las pateras o zodiacs son menos visibles y casi inoperantes. Los candidatos montan ahora motos acuáticas y asaltan, violenta o pacíficamente, los puestos fronterizos. En este último caso, esto se llama desesperación acumulada. Si las cosas no cambian, si nuestros dirigentes continúan mostrándose incapaces de gobernar el país y de solucionar los problemas de los marroquíes, vamos a ir hacia males mayores.

Una de las cifras que más llama la atención es la cantidad de jóvenes marroquíes que se plantean emigrar. ¿Estamos ante un problema migratorio o, en realidad, ante el síntoma de un problema mucho más profundo dentro de Marruecos?

Los dos. El segundo alimenta el primero. Los jóvenes dicen que, si no hay futuro para ellos en Marruecos, lo mejor sería abandonar el país y juntarse con las legiones de personas que avanzan hacia Europa, hasta el presunto El Dorado europeo.

Si tuviera que explicar a un español qué empuja hoy a un joven marroquí a jugarse la vida para llegar a Europa, más allá de la falta de dinero, ¿qué le diría?

Aparte de unas perspectivas de futuro mejorables, porque muchos quieren formar un hogar e independizarse de su familia, si añadimos un poco de dignidad, una seguridad social eficiente y menos policía política que conculca libertades supuestamente fundamentales, creo que muchos jóvenes marroquíes se quedarían en su país.

En un contexto en el que las redes sociales permiten a los ciudadanos informarse y movilizarse, pero también son objeto de vigilancia y manipulación, ¿quién controla hoy el relato sobre Marruecos?

Hay un doble control que se contradice continuamente. Desde Marruecos, donde el Gobierno no pinta nada y ya no tenemos prensa independiente, las redes son estrechamente vigiladas y manipuladas en su momento por la policía política, para fines propagandísticos, se entiende.

Por otro lado, desde el extranjero algunos youtubers arremeten de manera constante contra el régimen, contradiciendo sus afirmaciones y denunciando atropellos y escándalos. Como no residen en Marruecos, el régimen no puede alcanzarlos salvo casos concretos en que puso querellas contra ellos en Europa o América del Norte.

El problema reside en el hecho de que esos youtubers no son periodistas, no saben manejar y contrastar una información y algunas veces se dejan llevar por la facilidad de verter insultos e improperios. Muchos vituperan de buena fe o difunden información no veraz contra el régimen solamente porque “se lo dijo alguien”. Tienen éxito, pero es un problema porque imitan en muchos casos a los voceros del Majzén.

¿En algún momento ha sentido miedo suficiente como para pensar que quizá había llegado el momento de dejar el periodismo?

Hace tiempo que ya no me preocupo por las artimañas y complots de los servicios secretos de mi país. El trato que recibí fue brutal al comienzo, sobre todo en el aeropuerto de Tánger, pero sigo ejerciendo el periodismo.

Después de todo lo que ha vivido, ¿qué significa hoy para usted la palabra libertad de prensa?

Opinión libre e información veraz. Y siempre respetando esas reglas internacionales comunes para todos los periodistas. No tengo el derecho de opinar atentando contra el honor de cualquiera, sea rey o camarero. No puedo publicar o difundir una información a sabiendas de que es falsa aunque eso me traiga centenares de miles de visitantes y likes. Y si me equivoco, tiene que ser de buena fe.

Y mirando hacia adelante, ¿qué tendría que cambiar en Marruecos para que un periodista pudiera volver a ejercer allí sin miedo?

El régimen marroquí tiene que entender que, si no cambia su idiosincrasia, el país irá a peor. Tiene que sacarse esa mentalidad muy del siglo XX de que, “al que se mueve, le rompemos los huesos”. No le puedo decir lo que significa ese “peor”. Lo intuyo y me da terror algunas veces. En Marruecos necesitamos ideas, soluciones, reparto equitativo de las riquezas porque no somos un país pobre y una verdadera nueva era de democracia. En realidad, queremos lo que en Occidente tenéis, aunque sea el 10% o el 20% de lo que disfrutáis todos los días.

La Confederación Canaria de Empresarios ha mostrado este martes su respaldo a la candidatura de Las Palmas de Gran Canaria como Capital Europea de la Cultura 2031 mediante la firma del Manifiesto de apoyo impulsado por el Ayuntamiento, sumándose así al “proyecto de ciudad que sitúa la cultura como motor de desarrollo, cohesión social y proyección internacional”.

La firma del manifiesto se ha celebrado en la sede de la Confederación y ha contado con la participación de la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, y el presidente de la entidad, Pedro Ortega, junto al concejal de Cultura, Josué Íñiguez, y el director artístico de la candidatura LPGC’31, José Luis Pérez Ponto.

Darias ha agradecido el respaldo de la organización empresarial y ha destacado que “contar con el apoyo del tejido empresarial canario refuerza una candidatura que entiende la cultura como un elemento estratégico para el desarrollo de la ciudad y para la generación de oportunidades”.

Asimismo, la alcaldesa ha señalado que “queremos construir una candidatura compartida, capaz de implicar al conjunto de la sociedad y de proyectar Las Palmas de Gran Canaria hacia Europa desde su identidad, su diversidad y su extraordinaria riqueza cultural”.

Por su parte, Pedro Ortega ha apuntado que “la Confederación Canaria de Empresarios, como principal representante de las empresas de Canarias, ha querido adherirse y mostrar su apoyo a la candidatura de Las Palmas de Gran Canaria como Capital Europea de la Cultura 2031”.

Además, ha destacado “la voluntad de colaboración que las empresas ofrecen a este proyecto compartido entre lo público y lo privado”, bajo el convencimiento de que “este reconocimiento sería más que merecido para una ciudad europea como Las Palmas de Gran Canaria, que aúna la riqueza y el patrimonio cultural de tres continentes”.

Ortega ha subrayado también que la designación tendría una importancia que trascendería a la capital grancanaria, “pues pondría en valor y daría un fuerte impulso a los valores culturales y sociales de los territorios insulares en el ámbito europeo”.

Con esta adhesión, el Ayuntamiento continúa ampliando la red de apoyos institucionales, sociales y económicos a la candidatura de Las Palmas de Gran Canaria como Capital Europea de la Cultura 2031. La ciudad superó la primera fase del proceso de selección y se encuentra entre las cuatro ciudades finalistas que optan a este reconocimiento europeo.

La candidatura cuenta ya con las adhesiones formalizadas del Gobierno de Canarias, el Parlamento de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la Unión Deportiva Las Palmas, el Club Baloncesto Gran Canaria y la organización BNI Las Palmas, entre otras entidades.

El ‘día D’ ha llegado. Cinco años después de la puesta en marcha del programa millonario más ambicioso de la historia de la Unión Europea, los fondos europeos Next Generation EU, ha llegado la fecha marcada en rojo en el calendario. Este 31 de agosto tienen que estar todas las reformas e inversiones comprometidas con Bruselas en el Plan de Recuperación ejecutadas para que el Gobierno pueda recibir el total de 100.000 millones de euros asignados.

España afronta ahora el día después, mientras prepara toda la documentación necesaria para solicitar el séptimo y último pago antes del 30 de septiembre. Cuando el presidente Pedro Sánchez y la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunciaron el 16 de junio de 2021 la aprobación de la primera versión del Plan de Recuperación, que entonces canalizaba cerca de 70.000 millones en transferencias, la fecha límite parecía muy lejana.

El país entonces encaraba la salida de la pandemia, que todavía daría sus últimos coletazos, y el objetivo era sacar del pozo a una de las economías más golpeadas por el COVID-19. En 2020, el producto interior bruto (PIB) se hundió un 10,9%. Cuando todo parecía encarrilado, la invasión rusa de Ucrania desató la mayor crisis inflacionaria en medio siglo. Donald Trump volvió a la Casa Blanca y lanzó la mayor ofensiva comercial en décadas. Y en febrero de este año, Estados Unidos e Israel atacaron Irán y provocaron el cierre del Estrecho de Ormuz, una vía crítica para el suministro mundial.

La situación en la que ha tenido que desarrollarse el Plan de Recuperación ha estado lejos de lo que proyectó en aquel momento el Gobierno. Pero si España hoy es la gran economía del euro que más crece, más de un 10% desde finales de 2019 y a gran distancia del estancamiento de Alemania, Francia o Italia; es gracias a los fondos europeos.

“Los datos confirman que la decisión, el establecimiento, la implantación, el diseño del plan han sido un éxito y esperamos, y así nos lo dicen los análisis, que este plan no solo tenga un efecto positivo a corto plazo, sino que vaya a tener un efecto duradero en nuestro tejido productivo y en nuestro modelo económico y social”, celebró el vicepresidente Carlos Cuerpo en su última comparecencia en el Congreso para dar cuenta de la gestión del Plan de Recuperación.

Más de 2 puntos del PIB gracias al Plan

Aunque todavía es pronto para calcular el estímulo de las reformas e inversiones aprobadas desde 2020, un reciente estudio de Funcas apuntaba que solo las inversiones han aportado entre el 10 y el 14% del crecimiento anual del PIB entre 2021 y 2025. Es decir, entre 1,4 y 2,1 puntos porcentuales.

“La economía española ha sido la única de las cuatro grandes europeas donde la productividad real por hora se habría acelerado respecto a su tendencia previa, con un crecimiento adicional de 0,4 puntos, frente a las caídas de Alemania, Francia e Italia”, destaca la publicación. Con un pero: “Este avance es, sin embargo, modesto en términos absolutos y contrasta con la magnitud del estímulo recibido”.

La reforma laboral, uno de los hitos principales del Plan, ha permitido recortar la temporalidad a mínimos históricos al tiempo que ha disparado el empleo a máximos nunca vistos en el mercado español. Y el incremento de las horas trabajadas y de la productividad ha sido fundamental para sostener el buen crecimiento de los últimos años, como destacan los analistas de la Comisión Europea. El tejido productivo ya está notando los primeros cambios, como el avance en las profesiones más técnicas.

Sin embargo, la lentitud en el despliegue de los fondos, la baja demanda de algunos de sus programas o la excesiva concentración de la financiación en grandes empresas son algunos de los debes del Plan de Recuperación. Pero en el Gobierno, en su último balance, celebraron que los beneficiarios de las ayudas han superado los 1,5 millones, de los que el grueso han sido pymes y autónomos. Gracias, fundamentalmente, al Kit Digital, uno de sus mayores éxitos. Según BBVA Research, además, las inversiones se han concentrado en las comunidades autónomas con menores rentas per cápita, “lo que sugiere un cierto carácter redistributivo en el reparto de los fondos”, de acuerdo con su economista jefe para España, Miguel Cardoso.

¿Y ahora qué? El fondo España Crece

Sin embargo, la pregunta del ‘día D’+1, el 1 de septiembre, es: ¿y ahora qué? El Gobierno todavía tiene un mes para solicitar el último desembolso, por valor de 25.800 millones de euros y la Comisión tiene hasta el 31 de diciembre para evaluar y efectuar el pago. Pero la inyección millonaria desaparece y, los que han sido los verdaderos Presupuestos —hasta el momento— de Pedro Sánchez esta legislatura, se desvanecen. “Dada la magnitud de los recursos invertidos, la finalización del programa puede tener un impacto negativo a corto plazo sobre el PIB. En particular, en ausencia de estos recursos, se estima que la inversión en construcción no residencial sería un 8% inferior a la observada actualmente, lo que apunta a que el programa ha sustituido, en parte, gasto en capital que, de todas maneras, se habría realizado”, apunta Cardoso en su estudio.

El Gobierno lleva meses preparando ese escenario. A principios de año anunció la puesta en marcha de un instrumento que llamaron “fondo soberano”, España Crece, gestionado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y dotado con más de 10.000 millones procedentes de la financiación del Plan de Recuperación. El objetivo es movilizar 120.000 millones entre el sector público y el privado durante los próximos años para evitar el ‘efecto escalón’ de la desaparición del programa millonario. Y en junio aprobó, dentro del decreto de medidas por la guerra en Irán, una modificación para flexibilizar algunas inversiones para seguir gastando más allá de este 31 de agosto.

En un extenso documento para el ‘cierre’ del Next Generation EU elaborado por la consultora EY, el director de Coyuntura Económica de Funcas, Raymond Torres, reclama aprender la experiencia pasada y enfocarse en aquellos proyectos “más prometedores” para la economía española. Las líneas de avales se han demostrado útiles sobre todo para permitir que la financiación llegue a las pymes, uno de los principales obstáculos que ha encontrado el Plan de Recuperación. “El problema radica en la elevada atomización del tejido productivo y en las barreras que obstaculizan el crecimiento de las empresas más eficientes”, dice en el mismo documento Rafael Doménech, jefe de Análisis Económico de BBVA Research. “Por ello, avanzar en reformas que faciliten el crecimiento empresarial, reduzcan cargas regulatorias innecesarias y favorezcan una asignación más eficiente de recursos constituye una prioridad”, abunda el economista.

La gestión de los fondos se ha llevado hasta el último día, prácticamente. La semana pasada el Consejo de Ministros aprobó, in extremis, el registro de lobbies mediante decreto ley, uno de los hitos necesarios para recibir los fondos. En julio, el ICO ya dio luz verde a la estrategia de inversión de España Crece. El reto de sustituir al Plan de Recuperación es gigantesco.

Decíamos la semana pasada que Ceuta no podía esperar y a los hechos hay que remitirse. Pedro Sánchez y su ejecutivo han apostado agosto a minimizar y contener el impacto de las múltiples crisis que escondía lo sucedido en Ceuta y han perdido. A la amenaza geopolítica y la crisis migratoria, se han ido sumando la emergencia humanitaria, la alerta sanitaria, la alarma de orden público y, finalmente, el riesgo del estallido xenófobo.

Tras perder otra semana en comparecencias ministeriales para convencernos de que los equivocados somos nosotros y no los ministros y ministras, ahora les conviene al Presidente y su gabinete cambiar de estrategia, asumir el liderazgo político y pagar los costes de las escasas y complejas soluciones disponibles. O eso, o un largo y doloroso deterioro.

Todos los diques de contención dispuestos durante el verano han ido saltando uno tras otro. Empeñarse en seguir taponándolos únicamente puede conducir al desastre. El apaciguamiento con un Marruecos que no puede seguir limitándose a no liarla más ya no sirve. Tampoco la conciliación con unos socios comunitarios que se creen en posesión de un inexplicable derecho a exigirnos cuentas. Los parches bienintencionados con voluntarios y asociaciones han de dejar paso a una operación humanitaria con ambición logística, voluntad firme y recursos suficientes.

La sociedad ceutí debe presenciar y percibir la autoridad y la ayuda del Estado de manera visible y efectiva mientras el resto asumimos que también es nuestro problema. Ir a Ceuta en yate a ondear la banderita solo sirve para que patrona y tripulantes se tomen unas cervecitas. Ceuta necesita que los demás territorios asumamos solidariamente la parte debida en las soluciones.

A una mayoría de ciudadanos de Islandia, el país más caro del mundo, no les ha parecido que la Unión Europea y el entorno estable y seguro que hasta ahora han ofrecido el euro o la cooperación comunitaria fueran la solución a sus problemas económicos o geoestratégicos. Puede que contemplar a esa Unión y a sus miembros correr a decirle a España que se ocupara de sus propios asuntos, como si Ceuta no fuera también su frontera, mientras reimplantaban ridículos controles de inseguridad en aeropuertos y estaciones contribuyese a la remontada del No en una consulta que el Sí tenía ganada hace apenas unas semanas gracias a Trump y sus amenazas.

Para qué entrar en una sociedad que te dejaría tirado cuando más la necesitas porque en uno de los socios hay elecciones, en otro acaba de haberlas y en algunos más la extrema derecha o está en el gobierno, o va a estarlo, habrán pensado no pocos islandeses e islandesas. Para eso mejor nos quedamos como estamos y jugamos por nuestra cuenta las bazas de los muchos recursos escasos y estratégicos que la geografía y la geopolítica han puesto en nuestras manos, habrán concluido muchos de esos islandeses e islandesas.

Hoy en Washington y Moscú correrá el champán para celebrar su victoria en Reikiavik. Al final va a resultar que la gran amenaza para el mayor proyecto de cooperación de la historia de la humanidad no eran ni el incompetente Vladímir Putin, ni el fatuo Donald Trump. El peligro está en casa y reside en el pánico emergente entre los líderes europeos y comunitarios.

Islandia ha cerrado la puerta a reabrir las negociaciones para ingresar en la Unión Europea por un margen que no podía ser más ajustado. A falta de cerrar dos distritos electorales donde ya ganaba el “no”, la opción negativa se impone con un 52,8% frente al 47,2% del “sí”, frenando así el proceso que el Gobierno de centroizquierda de la primera ministra, Kristrún Frostadóttir, había trazado para replantear la relación del país con Europa. El referéndum había cobrado fuerza ante la creciente incertidumbre económica y geopolítica que en los últimos años ha sacudido al país nórdico y que ha reabierto el debate sobre su lugar en Europa. Según la cadena pública RÚV, la participación ha sido muy alta, comparable a la de las últimas elecciones generales, en las que votaron alrededor del 80% de los electores.

Este resultado tan ajustado no significa que Islandia haya rechazado definitivamente y para siempre entrar en la UE, ya que la consulta del sábado preguntaba a los ciudadanos si autorizaban al Gobierno a volver a sentarse a negociar con Bruselas, no si querían ser miembros del club comunitario. Pero el resultado de las urnas refleja que el país está prácticamente dividido en dos por la cuestión, después de una campaña marcada por el coste de la vida, la inflación, el contexto de seguridad geopolítico en el Ártico y el control de los recursos naturales como la pesca.

El principal temor entre los partidarios del “no” era que una eventual entrada en la UE obligase a Islandia a ceder parte del control de sus ricos caladeros y a someterse a la política pesquera común de los 27 socios de la UE. En este sentido, la pesca no solo representa la principal fuente de riqueza del país (40% de las exportaciones y alrededor del 7% del PIB), sino que también forma parte de la identidad económica y nacional de Islandia. Los expertos señalan que la gestión de los recursos marinos ha sido, además, uno de los argumentos que más han movilizado a los votantes durante la campaña.

Con estos resultados, el Gobierno de Reikiavik, que impulsó el referéndum tras la formación de la coalición de Gobierno en 2024, se reunirá en los próximos días con la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento para votar la retirada de la solicitud de adhesión a la UE, como ya ocurrió hace una década. Entonces, las negociaciones suspendidas en 2013 no llegaron a abordar los temas más delicados, como la pesca y la agricultura, y el proceso se dejó de lado con un cambio de Gobierno que no era favorable a entrar a formar parte de la UE.

El mayor argumento para la campaña del “no” ha sido señalar que Islandia ya se beneficia de la integración europea, al formar parte del Espacio Económico Europeo (EEE) y de la zona Schengen, sin tener que ser miembro de la UE, una fórmula similar a la de otro país nórdico, Noruega. En este sentido, Islandia ya ha incorporado alrededor del 75% de la legislación de la Unión Europea a través de su pertenencia al EEE. Sin embargo, los defensores del “no” han argumentado que, con una población de apenas 400.000 habitantes, el país seguiría siendo un Estado muy pequeño dentro del bloque y tendría dificultades para hacer oír su voz e influir en las decisiones que se toman en Bruselas.

Durante la campaña, la misma primera ministra Frostadóttir ha enfatizado que solamente estaría a favor de la adhesión a la UE si el país conseguía negociar un buen acuerdo con la UE. Los defensores del “no” han sostenido que, durante el proceso de negociaciones iniciado en 2013, la UE ya rechazó hacer concesiones significativas a Islandia en materia de pesca. La política pesquera común establece unas reglas comunes para el acceso y la gestión de los caladeros de los Estados miembros, y los partidarios del rechazo consideran que no había motivos para pensar que Bruselas estuviera ahora dispuesta a cambiar su posición en este ámbito. En cambio, muchos de los detractores de la adhesión consideran que la capacidad para decidir sobre asuntos como el de la pesca constituye uno de los pilares de la soberanía del país, conseguida en 1944 tras siglos de dominio colonizador por parte de Noruega primero y después de Dinamarca.

Otro de los argumentos esgrimidos por los partidarios del “no” para defender la soberanía nacional frente a Bruselas es que, en apenas un siglo, Islandia ha pasado de ser uno de los países más pobres de Europa a convertirse en una de las economías más prósperas del mundo sin necesidad de formar parte de la UE. Los defensores del “sí”, en cambio, han situado la actual incertidumbre económica en el centro de la campaña, poniendo el foco en la inflación, el elevado coste de vida y la volatilidad de la corona islandesa.

Rechazo mayoritario en las zonas rurales

El referéndum sobre la UE también ha dejado una fractura evidente entre el entorno urbano de la capital, Reikiavik, donde la opción del “sí” ha ganado más votos, y las regiones más aisladas de la costa que dependen más estrechamente de la pesca y la agricultura, donde la opción del “no” ha ganado de forma mayoritaria.

Durante la campaña, el Gobierno favorable a la adhesión trató de tranquilizar al sector pesquero, responsable del 40% de las exportaciones y de alrededor del 7% del PIB, asegurando que el control de los caladeros sería una línea roja en unas eventuales negociaciones con Bruselas. Sin embargo, finalmente se ha impuesto el argumento de quienes consideran que ceder a la UE el control sobre los recursos naturales supondría una pérdida de soberanía, uno de los principales pilares del discurso euroescéptico.

Este resultado también ha supuesto un revés para los que pensaban que el nuevo escenario de incertidumbre geopolítica justificaba un acercamiento a Bruselas. La guerra de Ucrania, el aumento de la tensión entre Rusia y Occidente y, sobre todo, las amenazas de Donald Trump sobre Groenlandia han colocado al Ártico en el centro de la geopolítica internacional, donde Islandia se encuentra estratégicamente situada entre Europa y América, siendo parte de la OTAN, pero sin tener un ejército propio.

Para el Gobierno de Frostadóttir, una mayor integración europea podía reforzar la posición internacional del país en un momento de incertidumbre, pero el argumento geopolítico no ha sido suficiente para convencer a una mayoría de islandeses.

Con todo, el estrecho margen de los resultados deja entrever que el debate sobre la UE no desaparecerá, ya que la sociedad continúa estando dividida y la relación con la UE seguirá siendo un asunto de fondo.

El comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, aseguró este sábado que la Unión Europea (UE) ya trabaja para dar respuesta a la solicitud de España de recibir apoyo de la Agencia Europea de Fronteras y Costas (Frontex), entre otras agencias europeas, para las labores de triaje de las personas migrantes que quedan en Ceuta tras la entrada del pasado mes de julio.

“Hemos recibido una solicitud de apoyo adicional por parte de España, que incluye la colaboración de Frontex, Europol y la EUAA (Agencia de Asilo de la Unión Europea). Ya estamos trabajando en dicha solicitud y tomaremos una decisión con celeridad”, afirmó el comisario a través de un mensaje en redes sociales.

Además, Brunner dijo que el Ejecutivo europeo “acoge con satisfacción las medidas adicionales que España ha adoptado en los últimos días para hacer frente a la situación, que sigue siendo complicada” y manifestó que “la prioridad sigue siendo garantizar el rápido retorno de todas las personas que permanecen ilegalmente en Ceuta”.

El ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, envió una carta a la directora general de Migración y Asuntos Internos de la Comisión, Beate Gminder, en respuesta a la oferta que esta hizo al embajador de España ante la Unión Europea para que distintas agencias europeas ayudasen en la crisis.

El Gobierno ha pedido 10 agentes adicionales de Frontex para el triaje a fin de agilizar la recogida de información de los migrantes que aún no han sido sometidos a ese procedimiento, así como asistencia de la EUAA en la realización de entrevistas y la puesta a disposición de intérpretes.

Respecto a Europol, España apuesta por mantener y profundizar la cooperación ya existente entre las Fuerzas de Seguridad españolas y esta agencia europea, en especial en materia de investigación de las redes de tráfico de migrantes y análisis estratégico.

El referéndum del 29 de agosto ha sido presentado por el Gobierno socialdemócrata de Islandia como una oportunidad de “ahora o nunca” para aceptar la posibilidad de entrar en la Unión Europea. Si gana la opción del “sí”, el Ejecutivo de Reikiavik reanudará las conversaciones con Bruselas, aunque la decisión de unirse formalmente a la UE requiere de un segundo referéndum que posiblemente se celebraría en 2028. Si, por el contrario, los islandeses (402.000 habitantes) optan por el “no”, el país nórdico mantendrá el statu quo dentro del Espacio Económico Europeo (EEE) y del espacio Schengen que les ha permitido beneficiarse de buena parte de las ventajas de la UE, pero sin voz ni voto en la mesa de decisiones de Bruselas.

La relación del país de los volcanes, los glaciares y los géiseres con la UE ha tenido altibajos. Islandia solicitó el ingreso al bloque europeo en 2009 a raíz de una profunda crisis financiera. Pero el acercamiento duró poco, ya que la llegada al poder de una coalición de gobierno euroescéptica puso fin a las negociaciones en 2013. Más de una década después, el debate europeo volvió a abrirse en la política islandesa en 2024 con la formación de una nueva coalición de gobierno de centroizquierda que asumió el compromiso de retomar las negociaciones durante la legislatura.

El mayor argumento de los defensores de la adhesión es que, en tiempos de incertidumbre económica y geopolítica que ha alcanzado de lleno las puertas del Ártico, la UE ofrece estabilidad y seguridad. Por su parte, en el bando del “no”, formado por la derecha nacionalista, los partidos más a la izquierda del Parlamento y el lobby pesquero, argumentan que la UE podría menoscabar la soberanía islandesa, especialmente en ámbitos tan cruciales como la pesca y la agricultura.

A pocos días de la cita con las urnas, las encuestas dibujan una sociedad prácticamente partida en dos, con una ligera ventaja del “sí” (51,3%) sobre el “no” (48,7%). Una diferencia de apenas 2,6 puntos que deja el resultado completamente abierto y hace imposible a los expertos aventurar qué ocurrirá el sábado.

Dilema entre la independencia y la integración total a la UE

En los últimos meses, el escenario geopolítico en el extremo norte del Atlántico se ha vuelto más incierto que nunca tras las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump de anexionarse la vecina Groenlandia, elevando la tensión en una región donde las potencias mundiales compiten entre ellas por el control y la influencia en el Ártico.

En este escenario, Islandia es el único miembro de la OTAN que no cuenta con un ejército propio y cuya defensa depende, en buena medida, del acuerdo bilateral firmado con Estados Unidos en 1951. Sin embargo, la llegada de Trump a la Casa Blanca ha puesto en duda la solidez de esta garantía de seguridad en Reikiavik.

En un informe en abril de este año, la ministra de Asuntos Exteriores, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, escribió: “El sistema internacional con el que hemos convivido desde el final de la Segunda Guerra Mundial se tambalea”. La ministra añadió que una mayor cooperación con la UE era “una variable clave” para salvaguardar los intereses de Islandia. Hasta ahora, “los islandeses nunca habían visto la UE como una institución que tuviera algo que ver con la seguridad y defensa, pero ahora esto está cambiando”, reconoce el politólogo de la Universidad de Bifröst, Eiríkur Bergmann.

Pese a ello, la convocatoria de la consulta del sábado es anterior a este giro en el panorama internacional y, durante la campaña, las cuestiones relacionadas con la defensa y la geopolítica han quedado en un segundo plano, mientras que la discusión se ha concentrado sobre todo en los argumentos económicos y la identidad nacional.

Para el politólogo Bergmann, el debate sobre Europa tiene una dimensión existencial que trasciende cuestiones prácticas como la entrada en el euro o la pesca. En el fondo, sostiene Bergmann, la discusión gira en torno a “qué significa ser islandés después de décadas de independencia”, conquistada en 1944 tras siglos de dominio primero noruego y después danés: “Un argumento fundamental es que Islandia debe ser totalmente autónoma y no volver a someterse jamás a un dominio extranjero”, dice Bergmann, “pero por la otra parte, hay la voluntad de ser un país plenamente integrado en la comunidad internacional”.

El control de la pesca, una línea roja

El principal problema para una eventual adhesión a la UE sigue siendo la pesca y el control de los ricos caladeros islandeses, una cuestión que los partidarios del “no” han asociado directamente a la independencia nacional. Junto al turismo, la pesca es el pilar de la economía del país insular, ya que genera el 40% de las exportaciones, además de sostener buena parte de la actividad económica en las zonas costeras. En este sector, una mayoría teme que la adhesión a la UE provoque un daño irreversible al abrir los caladeros a las flotas pesqueras europeas: “La pesca no es simplemente un sector económico, es una línea roja identitaria” expone Bergmann. “Ningún gobierno de Islandia volvería de Bruselas sin un acuerdo que garantizara el control de los caladeros porque saben que la población no lo aprobaría de ninguna manera”, afirma el politólogo.

Por otro lado, una ventaja económica que esgrimen los que quieren formar parte del bloque europeo es que abandonar la corona islandesa mejoraría la economía, ya que el euro es mucho más estable y ayudaría a controlar una inflación disparada de casi el 5,2%, el doble que en la UE, que hace de Islandia uno de los países europeos más caros donde vivir.

Por último, Bergmann considera que “la UE está mucho más interesada en la adhesión de Islandia ahora que antes”, ya que su incorporación aportaría “ventajas geoestratégicas por sus intereses en el Ártico”. El experto apunta, además, que “tras el fracaso que supuso el Brexit, Bruselas está buscando un caso de éxito” que podría ser “la entrada al club europeo de un país próspero y con una democracia consolidada como Islandia”. Por otro lado, en caso de que saliera el “no”, “tendría pocas consecuencias inmediatas”, sostiene Bergmann, “aunque políticamente el gobierno saldría debilitado y el país quedaría más alejado de sus socios europeos”.

España ha solicitado este viernes a la Comisión Europea el apoyo de la Agencia Europea de Fronteras y Costas (Frontex) y de Europol para las labores de triaje de las personas migrantes que permanecen en Ceuta.

La solicitud ha sido remitida por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a la directora general de Migración y Asuntos Internos de la comisión, Beate Gminder, según ha informado el Ministerio del Interior en un comunicado.

La carta enviada por Grande-Marlaska da respuesta a la que el pasado 21 de agosto la directora general remitió al embajador de España ante la Unión Europea, Marcos Alonso, en la que ofreció la ayuda de distintas agencias europeas ante la situación creada por la crisis migratoria que vivió Ceuta los pasados 30 y 31 de julio.

En respuesta a ese ofrecimiento, el ministro del Interior ha solicitado a Gminder que Frontex, Europol y la Agencia de la Unión Europea para el Asilo (EUAA) “refuercen el dispositivo puesto en marcha para hacer frente a la gestión del triaje y posterior tramitación de los expedientes personales de las personas migrantes que todavía permanecen en Ceuta de manera irregular”.

Interior pide diez gentes adicionales de Frontex

En el caso de Frontex, Interior ha pedido “extender la duración de la operación Minerva”, que cubre los puertos de Algeciras, Tarifa y Ceuta durante la Operación Paso del Estrecho hasta el próximo 2 de septiembre, “todo lo necesario mientras se resuelve la situación creada en la ciudad autónoma”.

Además, el Ministerio ha demandado la participación de “diez agentes adicionales del Cuerpo General de Frontex en las labores de triaje” con el fin de “agilizar la recogida de información” de las personas llegadas los días 30 y 31 de julio que aún no han sido sometidas a este procedimiento.

En este proceso, el Ministerio considera que sería de gran utilidad “la asistencia de la Agencia de Asilo de la Unión Europea (EUAA) en la realización de entrevistas y la puesta a disposición de intérpretes”. Dadas las limitaciones de los espacios destinados a este fin en la ciudad, estas actuaciones se llevarían a cabo de manera telemática.

Una vez concluidas las fases de triaje y en su caso del procedimiento de asilo en frontera, Interior concretará la asistencia de Frontex necesaria para ejecutar determinados retornos a través de los mecanismos de mediación y acuerdos de la agencia europea.

Pide el buque 'Duque de Ahumada' en aguas españolas durante 2027

Asimismo, Grande-Marlaska ha pedido a Gminder que el buque oceánico Duque de Ahumada de la Guardia Civil, cofinanciado por la UE, “permanezca en aguas españolas durante 2027”, y demanda el “mantenimiento del EUROSUR Fusion Services” para proporcionar imágenes satelitales de la frontera con Marruecos orientadas a la vigilancia.

Respecto a Europol, el ministro ha apostado por “mantener y profundizar la cooperación operativa ya existente”, en especial en materia de investigación de las redes de tráfico de migrantes y análisis estratégico.

Finalmente, la carta ha recordado que España solicitó el pasado 24 de agosto “ayuda de emergencia por valor de más de 32 millones de euros con cargo a los fondos de Asilo, Migración e Integración (FAMI) y al Instrumento de Gestión de Fronteras y Visados (IGFV)”, confiando en su pronta resolución.

Los jefes de Gobierno de Alemania, Dinamarca, Finlandia, Austria, Países Bajos y Suecia, conocidos como el grupo de los países “frugales” por su énfasis en la austeridad del gasto público y la estabilidad económica, exigieron este jueves un recorte de “varios cientos de miles de millones” de euros del próximo presupuesto del bloque comunitario para el periodo 2028-2034.

Tras una reunión en Berlín de los cancilleres de Alemania y de Austria, Friedrich Merz y Christian Stocker, respectivamente, y los primeros ministros de Dinamarca y de Finlandia, Mette Frederiksen y Petteri Orpo, a los que se sumaron por videoconferencia sus homólogos de Suecia y Países Bajos, Ulf Kristersson y Rob Jetten, este grupo afirmó que “para alcanzar un punto de acuerdo aceptable la propuesta de la Comisión Europea de casi 2 billones de euros debe reducirse en varios cientos de miles de millones de euros de manera equilibrada”.

En una declaración conjunta, los seis jefes de Gobierno consideran que “todos los capítulos” del presupuesto deben contribuir a estas reducciones, al tiempo que opinan que el próximo marco financiero plurianual debe sobre todo centrarse en la seguridad y la defensa, la competitividad, la migración y la soberanía.

En la Cancillería Federal, Merz subrayó ante los medios el peso de los seis países dentro de la UE, al afirmar que, juntos, financian alrededor del 40 % del presupuesto comunitario y también aportan conjuntamente el 70 % de la ayuda bilateral a Ucrania que se proporciona desde el conjunto de la Unión.

“No somos tacaños, pero este tipo de asignaciones, como las que propone la Comisión, sencillamente no encajan con nuestro tiempo”, sostuvo, al referirse a una propuesta que plantea “un incremento del 60 %” frente al presupuesto actual.

“En tiempos de consolidación presupuestaria en todos los Estados miembros, esto es sencillamente inasumible”, argumentó Merz de cara a las negociaciones en los próximos meses, que se avecinan duras, ya que la exigencia de recortes de los países del norte de Europa choca contra los del sur y los del este, que rechazan quitar peso a los fondos agrícolas y regionales, las dos políticas tradicionales del bloque que representan más de la mitad de las cuentas comunes.

Stocker sostuvo que no puede “explicar a los ciudadanos de Austria que en Bruselas estemos debatiendo el mayor presupuesto de la historia, mientras en nuestro país estamos recortando nuestros presupuestos”.

Defensa aislada de fondos agrícolas y de cohesión

El austriaco indicó que quizás “no todas las partidas de este presupuesto merezcan automáticamente una segunda legislatura”, si bien señaló que, desde el punto de vista de Austria, no se debe “olvidar la agricultura ni los fondos regionales”.

Stocker fue el único jefe de Gobierno de los “frugales” que defendió estas partidas, aunque no dijo si habría que recortarlos más o menos.

Frederiksen señaló que “el presupuesto de la UE puede ser mayor de lo que es hoy”, pero que el incremento propuesto es “sencillamente demasiado elevado”.

Para la danesa, la UE debe establecer como prioridades la seguridad y la defensa, mantener un firme apoyo a Ucrania y proteger las fronteras exteriores, además de construir una economía más fuerte y crear los empleos del futuro.

Orpo destacó que, incluso después de los recortes, “el presupuesto de la UE seguiría creciendo considerablemente”.

“No estamos pidiendo una UE más pequeña ni que Europa haga menos. Queremos que Europa tome decisiones y concentre sus recursos en las prioridades que son más importantes”, dijo.

Nueva realidad oriental de Europa

Orpo recordó que Finlandia tiene 1.340 kilómetros de frontera terrestre directa con Rusia y que “esto genera problemas muy concretos en materia de seguridad, infraestructuras y economía”, por lo que “el nuevo presupuesto de la UE debe reconocer esta nueva realidad en la frontera oriental”.

Los líderes también subrayaron en su declaración conjunta que “nuevos mecanismos de endeudamiento común no son la solución” ni una alternativa a las reformas estructurales“ y que las instituciones de la UE deben trabajar con ”los niveles actuales de personal“.

El grupo de los “frugales” también considera que el respeto de los valores comunes y del Estado de derecho “debe ser una condición fundamental para acceder a cualquier financiación europea”.

Dos candidaturas y una alianza cultural. LPGC’31 y Victoria 2031, la ciudad maltesa que compartirá con España la Capitalidad Europea de la Cultura en 2031, ponen en común su expresión artística emprendiendo su primer proyecto de colaboración. Los artistas malteses Jason Joe Farrugia y Cynthia Saliba han desarrollado dos intervenciones de arte urbano en los muros del Castillo de Mata, en el marco de la sinergia entre las candidaturas de Las Palmas de Gran Canaria y Victoria (Gozo, en Malta) a Capital Europea de la Cultura 2031

Los artistas urbanos, procedentes de la isla de Gozo, han participaron este mes de agosto en Las Palmas de Gran Canaria en una residencia artística vinculada a REBEL WALLS. Urban Stories, uno de los proyectos más innovadores desarrollados en el marco de la candidatura de Las Palmas de Gran Canaria a Capital Europea de la Cultura 2031.

Su participación forma parte de la colaboración establecida entre LPGC2031 y Victoria-Gozo 2031, la candidatura de la ciudad de Victoria, capital de la isla maltesa de Gozo y única candidatura de Malta que continúa en la fase final del proceso para convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2031. Ese mismo año, una ciudad española ostentará también el título, circunstancia que abre una oportunidad especialmente significativa para construir desde ahora relaciones culturales entre ambas candidaturas, según ha explicado el ayuntamiento grancanario.

La iniciativa da continuidad a los encuentros mantenidos durante los últimos meses entre los equipos de ambas ciudades y, especialmente, a la visita institucional realizada en julio por la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, a la ciudad de Victoria, donde mantuvo reuniones con el alcalde de la ciudad, Brian Azzopardi, y con el equipo de Victoria 2031.

Durante aquel viaje se acordó avanzar en intercambios artísticos, movilidad de creadores y proyectos compartidos entre dos territorios insulares que afrontan desafíos similares dentro del contexto europeo. También es probable una próxima visita institucional del alcalde de Victoria a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria a principios de septiembre.

De Gozo al Castillo de Mata

Como uno de los primeros resultados concretos de esta alianza, Farrugia y Saliba viajaron a Gran Canaria para desarrollar dos nuevas intervenciones murales en el Castillo de Mata, incorporándose a REBEL WALLS. Urban Stories, proyecto que reúne a artistas urbanos y creadores locales y que ha transformado diferentes paredes del museo en obras artísticas de gran formato.

La residencia permitió además a estos artistas malteses entrar en contacto con el contexto cultural de Las Palmas de Gran Canaria y con la comunidad creativa vinculada al proyecto. Este componente de intercambio resulta fundamental en REBEL WALLS, concebido no únicamente como una exposición, sino como un espacio vivo de creación y encuentro, donde conviven las intervenciones murales con actividades relacionadas con el hip-hop, el rap, la danza, talleres y encuentros públicos.

Dos nuevas miradas isleñas: del Mediterráneo al Atlántico

Jason Joe Farrugia es artista visual y educador maltés con más de veinte años de experiencia en educación artística. Su trabajo se mueve entre la creación, la investigación y la enseñanza, explorando especialmente la perspectiva, la forma y nuestra relación con el espacio. Su producción comprende pintura, dibujo y técnicas mixtas, junto con una amplia trayectoria vinculada a la educación artística.

El artista, cuya intervención artística en los muros de REBEL WALLS reflexiona sobre el paisaje marino insular de la costa que rodea a la isla de Gran Canaria, se ha visto especialmente sorprendido por la dinamización creada en el museo en torno a distintas disciplinas de arte urbano, impulsada por la candidatura LPGC’31. El trabajo de Farrugia forma parte, además, de la programación artística prevista para Victoria 2031, con un innovador proyecto de dinamización artística en un hospital de Gozo.

Cynthia Saliba, por su parte, desarrolla una práctica artística especialmente relacionada con la ilustración y la creación gráfica y narrativa. Su trabajo incluye ilustración de publicaciones infantiles, diseño editorial y creación de personajes, además de propuestas concebidas para su traslado a formatos de mayor escala y al mural.

La intervención de Saliba en Castillo de Mata es una reflexión personal sobre la necesaria introspección del artista en su interior durante el proceso de la creación artística.

Dos islas que piensan Europa desde la periferia

La colaboración entre Las Palmas de Gran Canaria y Victoria-Gozo tiene un significado especial dentro de la dimensión europea de LPGC2031. Ambas son ciudades insulares situadas geográficamente en los márgenes de Europa y comparten cuestiones relacionadas con la insularidad, la movilidad, la conectividad, la identidad, el patrimonio y la relación entre territorio y cultura.

La alianza permite así que las dos candidaturas trabajen conjuntamente desde el presente y que el proceso hacia 2031 se convierta en una oportunidad para generar proyectos reales, circulación de artistas y relaciones entre sus respectivos ecosistemas culturales.

Esta colaboración posee además una dimensión histórica. Las relaciones entre Malta y Gran Canaria se remontan varios siglos atrás y dejaron una huella visible en Las Palmas de Gran Canaria a través de la presencia de comerciantes malteses establecidos en la ciudad durante los siglos XVIII y XIX, memoria que todavía permanece, entre otros lugares, en la calle Malteses, junto al barrio histórico de Triana.

La candidatura como espacio de cooperación internacional

La residencia de Jason Joe Farrugia y Cynthia Saliba se integra así en la estrategia de internacionalización de LPGC2031, que entiende la candidatura no solo como la preparación de un programa para el año 2031, sino como una oportunidad para empezar a construir desde ahora relaciones culturales duraderas con ciudades, instituciones, artistas y comunidades europeas.

El intercambio con Victoria 2031 constituye un ejemplo concreto de esta manera de trabajar: dos candidaturas a Capital Europea de la Cultura 2031 que convierten el propio proceso de competición en un espacio de cooperación y utilizan la cultura para conectar dos territorios insulares y periféricos.

REBEL WALLS funciona en este contexto como un primer laboratorio de colaboración. La voluntad de ambas candidaturas es continuar explorando durante los próximos años nuevas posibilidades de residencias recíprocas, movilidad de artistas, proyectos de creación contemporánea y cooperación cultural, generando vínculos que puedan trascender el propio proceso de selección y mantenerse en el tiempo.

Quiero empezar recordando algo que los lectores con menos de 50 años no recuerdan porque no habían nacido, los que tienen menos de 65 tampoco, porque con 15 años o menos es muy improbable que siguieran la actualidad política con la atención que sería necesaria para recordarlo, y la casi totalidad de los mayores de 65 tampoco, incluso los que hayan estudiado en una Facultad de Derecho o de Ciencias Políticas, porque no se trata de un tema al que se descienda en la enseñanza de la licenciatura o del grado.

Me refiero a la presencia de Ceuta y Melilla en la fase inmediatamente preconstituyente y constituyente de la Constitución de 1978. Se trata de una presencia a la que resulta no solamente conveniente, sino casi imprescindible prestar atención, a fin de que no nos intenten vender gato por liebre con las referencias estentóreas a la “españolidad” de ambas ciudades autónomas.

La primera referencia a la presencia de Ceuta y Melilla en la futura, pero inminente, democracia española procede del “Libro Blanco para la Reforma Democrática”, publicado en 1976 por “Reforma Democrática (RD)”, asociación política de ideología conservadora fundada en 1976 por personalidades del ala moderada y tecnocrática del franquismo, entre las que destacaba Manuel Fraga. Participó en la constitución de Alianza Popular (AP), disolviéndose a continuación.

En la página 154 del Libro Blanco se planteaba formalmente que a España no le quedaría más opción “a la larga” que negociar con Marruecos un “estatus especial o cesión de soberanía” para Ceuta y Melilla, con una fórmula análoga a la que España reclamaba a Gran Bretaña para Gibraltar.

La reacción que la publicación de este planteamiento provocó en Ceuta fue de tal alcance, que Manuel Fraga se vio obligado a rectificar de manera inmediata, no desautorizando el libro en su conjunto, pero sí esa referencia específica a Ceuta y Melilla. El tema todavía reverberaría en la campaña electoral de las elecciones del 15 de junio de 1977, en las que se produjo alguna jocosa intervención del “teniente Fraga”.

Más interés tiene la segunda que figuró en el Real Decreto-ley 11/1978, de 27 de abril, por el que se aprueba el régimen preautonómico para Andalucía. En la Exposición de Motivos de dicha norma se contemplaba “la posibilidad de que las ciudades de Ceuta y Melilla puedan incorporarse al futuro régimen andaluz de autonomía, si así se decide a través del procedimiento que determine la Constitución”.

En aquellos años era miembro del Comité Central del PCE y participé muy activamente en el proceso político y jurídico de articulación de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Fui miembro de la Comisión Redactora del Proyecto de Estatuto de Autonomía. Recuerdo el interés de UCD de incorporar Ceuta y Melilla a la Comunidad Autónoma. Con los resultados electorales de 1977, UCD hubiera sido el primer partido con los dos escaños de Ceuta y Melilla, con 28 escaños frente a los 27 del PSOE, pero el segundo sin dichos escaños. Con los de 1979, UCD ya era el primer partido con 24 frente a los 23 de PSOE, pero habría reforzado su primera posición con Ceuta y Melilla.

Y no solamente eso. Con los resultados de 1977, tanto con Ceuta y Melilla como sin ellas, la izquierda con los 27 escaños del PSOE, el escaño del Partido Socialista Popular de Tierno Galván y con los 7 del PCE, superaba ampliamente a UCD 26 + 2. Pero con los resultados de 1979 con los 2 escaños de Ceuta y Melilla, UCD y el PSA de Alejandro Rojas Marcos (24 + 5) superaban a la suma del PSOE y PCE (23 + 7).

Con la composición del Congreso de los Diputados en la legislatura constituyente y en la primera legislatura constitucional, la integración de Ceuta y Melilla en Andalucía posibilitaba que la izquierda quedara fuera de la dirección inicial de la Comunidad Autónoma. La fiabilidad del PSA como socio de gobierno de la izquierda era muy débil, por decirlo de manera suave. La posibilidad de que el PSA se convirtiera en el Caballo de Troya de UCD en el proceso estatuyente era muy alta.

El resultado del referéndum de ratificación de la iniciativa autonómica del 28F de 1980, trastocaría la configuración del subsistema político andaluz y, alteraría, como consecuencia de ello, el de toda España. UCD sufriría una derrota brutal en las primeras elecciones autonómicas de mayo de 1982 y en las generales de octubre del mismo año, acelerándose un proceso de descomposición que la conduciría a la disolución. El PP ocuparía su lugar como representante de la derecha española. El PSA dejaría de estar presente en el Congreso de los Diputados hasta las elecciones de 1993.

En la única ocasión en el proceso constituyente lato sensu en que pudo adoptarse la decisión de considerar a Ceuta y Melilla como territorios españoles equiparables a las Comunidades Autónomas que integran España, se decidió que no. Los ciudadanos de Ceuta y Melilla son españoles en los mismos términos en que lo son los de las ciudades y pueblos de la península y de las islas Baleares y Canarias. Pero los territorios en que se asientan ambas ciudades no son españoles en los términos en que lo son el territorio de la península y el de las islas.

Aunque haya caído en desuso, la expresión “plazas de soberanía española” es lo que realmente siguen siendo. Mientras España pueda mantener la “soberanía”, seguirán siendo españolas. En el momento en que, por la razón que sea, España no pueda mantener dicha soberanía, dejarán de serlo. No hay ninguna parte del territorio de la península o de las islas de la que se pueda decir lo mismo. En un caso la “españolidad” es derivación de la soberanía. En el otro, la soberanía lo es de la “españolidad”. Ceuta puede ser “españolísima” (Margarita Robles), pero no es “española”. Repito: la población sí, pero el territorio, no.

Esta es la razón por la que no es de aplicación al territorio de Ceuta y Melilla el artículo 5 del Tratado de la OTAN, que prevé la reacción de la OTAN frente a cualquier agresión exterior a un Estado miembro o por la que no se los considera territorio Schengen a efecto de movilidad en la Unión Europea.

Ceuta y Melilla siguen siendo territorio africano. Es verdad que fuimos únicamente los andaluces los que decidimos que Ceuta y Melilla no se integraran en Andalucía a través de su incorporación al Estatuto de Autonomía, pero no recuerdo que los ciudadanos de cualquiera de las demás comunidades autónomas pidieran su incorporación a su estatuto de autonomía.

No tengo la menor duda de que, si por el motivo que fuera, Ceuta y Melilla dejaran de ser plazas de soberanía española, la integración de los ciudadanos en el territorio peninsular o insular se produciría sin reserva de ningún tipo. Con dificultades. Tampoco demasiadas. Pero sin reserva. Pero tampoco la tengo de que los ciudadanos españoles no estaríamos dispuestos a aprobar una declaración de guerra para conservar la soberanía de Ceuta y Melilla.

No hay respuesta bélica para conservar Ceuta y Melilla. Pienso que el fortalecimiento del Estado español como un Estado social y democrático de derecho y el de la Unión Europea como una Unión de Estados democráticamente constituidos es la única forma de alejar el riesgo de una agresión que pudiera poner en peligro la soberanía española en Ceuta y Melilla.

El peligro para la soberanía española en Ceuta y Melilla viene del riesgo de implosión de la Unión Europea como una comunidad jurídica de Estados democráticamente constituidos. La Unión Europea sigue siendo la comunidad política con mayor fuerza atractiva del mundo. De conservarla como tal es de lo que hay que preocuparse. Aquí es donde está la amenaza también para Ceuta y Melilla.

“Vamos a parar las políticas migratorias que están poniendo en peligro el estilo de vida europeo”. Este reclamo sale de la boca de Toni Estévez y Nayara González, las caras visibles del movimiento juvenil de extrema derecha conocido como Reconquista y que está llamando manifestarse este sábado en Barcelona. Su objetivo, conseguir la “repatriación” de miles de migrantes a los que culpan de la “degradación” de la “cultura y sociedad nativa europea”.

En la manifestación será la primera parada en España de la gira European Shield, que partió de Utrecht (Países Bajos), siguió hacia Amberes (Bélgica) y tenía que continuar en Lyon y Lille, pero allí las acciones fueron prohibidas por las autoridades francesas ante la previsión de altercados violentos.

A pesar de las peticiones de diversos colectivos antifascistas y partidos como la CUP y los Comuns para que la concentración de este sábado también se prohibiera, y salvo sorpresa de última hora, Barcelona será la tercera ciudad de esta gira ultra, que el 26 de agosto recalará en Madrid.

El tour xenófobo está organizado por el grupo Save Europe Act, que toma su nombre de una propuesta de ley homónima que intentaron registrar en la Comisión Europea en junio para que la UE avalara y regulara la llamada “remigración”.

Es el término que usan los movimientos ultras europeos para exigir la expulsión de los migrantes irregulares, así como la revocación de los permisos y procesos de regularización extraordinarios, las visas los refugiados que proceden de países que ellos consideran “seguros” y las de los migrantes que vengan a la UE por motivos económicos. Todo ello, evidentemente, sólo se aplicaría a quienes sean de origen “no occidental”.

La iniciativa se registró el pasado 8 de junio, pero la Comisión la frenó pocas semanas después por considerarla “manifiestamente contraria a los valores de la Unión”. Entre las ideas del movimiento se encuentran postulados racistas y xenófobos como los que sostienen que los pueblos “nativos” europeos corren el riesgo de convertirse en poblaciones “minoritarios”.

Aunque se vanaglorian de ser un movimiento ciudadano “sin partidos políticos detrás”, la Save Europe Act está respaldada por representantes públicos, partidos y movimientos de ideología ultra. Su abanderado en España es, principalmente, VOX.

El presidente del partido de extrema derecha, Santiago Abascal, es una de las firmas que figuran en la lista de apoyos a la iniciativa. La suya es una de las 45.000 firmas españolas (de un total de 700.000) que han firmado el manifiesto. España es el quinto país de la UE con más adeptos a la causa, sólo por detrás de los Países Bajos, Alemania, Reino Unido e Italia.

Detrás de este movimiento, hay dos nombres que ocupan cada vez más espacio en los foros, medios y redes de la extrema derecha: la neerlandesa Eva Vlaardingerbroek y el austríaco Martin Sellner, quienes defienden la expulsión de migrantes, aunque estén en situación regular. Les consideran responsables de la delincuencia, la crisis de la vivienda y los problemas que arrastran los servicios públicos. Precisamente, las tres principales preocupaciones de la sociedad europea.

En cada uno de los países de la UE, esta campaña cuenta con sus abanderados y responsables de llamar a los suyos. En España, ese papel no recae sobre las espaldas de Santiago Abascal ni de Vox, que no han hecho mención en redes a la manifestación de este sábado. Al menos, no directamente.

La organización de las concentraciones de Barcelona y Madrid ha sido obra del grupo Reconquista, el nuevo referente juvenil de Vox. No se trata de las clásicas juventudes de partido, pero suelen moverse en la órbita de los de Abascal. Reconquista vino a sustituir al grupo juvenil Revuelta después de las polémicas que les acusaron de quedarse con fondos que, supuestamente, estaban dirigidos a apoyar a los afectados de la DANA de València.

Las caras visibles

Reconquista es un movimiento formado por gente muy joven en su mayoría y que, hasta la fecha, no ha sido capaz de realizar ninguna acción que cuente con más de pocas decenas de asistentes. Así se ha visto, por poner el ejemplo más reciente, en Ceuta y Algeciras, en sendas concentraciones convocadas como rechazo a la entrada de 80.000 personas a la ciudad autónoma desde Marruecos. En esos actos, que fueron ya convocados de la mano de Save Europe, se contaban cerca de medio centenar de personas.

La convocatoria de este sábado en Barcelona no es en un espacio para albergar masas sino en la plaza Sant Jaume, que tiene menos de 3.000 metros cuadrados. Cuatrocientos de ellos los ocuparán la gran pancarta que la entidad ultra despliega en todas las ciudades de su gira.

El encargado de traer la pancarta a España ha sido Toni Estévez, uno de sus portavoces y caras más visibles de Reconquista. Suyo es el rostro que aparece en la mayoría de los vídeos del grupo. Suele aparecer ante la cámara con camisa (o con una camiseta de la campaña) y con pantalones militares por encima de la rodilla.

Le acostumbra a acompañar Nayara González, otra joven catalana que se ha erigido como portavoz del grupo ultra. Licenciada en Derecho y Filosofía por la Complutense, también constan entre sus logros académicos haber participado en cursos de ISSEP Madrid, una escuela privada que imparte cursos de “liderazgo y gobierno” y cuyo profesorado está formado por cargos de Vox como Rocío de Meer o Jorge Buxadé.

También aparecen nombres ligados a Ciudadanos como Toni Cantó y Juan Carlos Carrizosa. Igualmente, se encuentran el exministro Jaime Mayor Oreja, juristas como Santiago Milans de Bosch; empresarios como Marcos de Quinto o periodistas como Cake Minuesa.

Aunque los vínculos de Reconquista con Vox son evidentes, el hecho de que sus líderes no compartan pantalla con Santiago Abascal y no organicen actos bajo la misma bandera les otorga una cierta distancia con la que esperan captar a más bases para el partido de extrema derecha. Se trata de un electorado que, en Catalunya, Vox se disputa con Aliança Catalana.

La manifestación de este sábado no será el único acto con el que Reconquista confía en aumentar los apoyos de Vox. El grupo ultra ya promociona el Barcelona Western Forum, un encuentro que se celebrará el próximo 24 de octubre y que reunirá a diversos referentes de la extrema derecha global. Por ahora, sólo está confirmada la presencia del mismo Estévez, del diputado de Vox Alberto Tarradas y el líder de un movimiento nacionalista francés.