Canarias es frontera de Europa, destino de la ruta migratoria más mortífera del planeta. Mientras casi 2.000 personas fallecieron el año pasado en el océano, el Gobierno canario se dedica a criticar al Gobierno central y evita enfrentarse a sus contradicciones internas. Los dos partidos que forman el Ejecutivo autonómico, CC y PP, tienen posiciones totalmente contrarias sobre el Pacto Europeo de Migraciones y Asilo que entrará en vigor el 12 de junio. 

La Unión Europea lleva gestando desde el año 2020 un nuevo acuerdo que unifique las políticas de asilo y control fronterizo. Fue aprobado en 2024 con el objetivo de asegurar un reparto equitativo de responsabilidades y crear procedimientos uniformes en los 27 estados miembros. 

El Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA) ha sido duramente criticado por organizaciones de Derechos Humanos que denuncian la reducción del derecho de asilo, que fomenta la detención sistemática en las fronteras, y además promueve la externalización de fronteras y el control migratorio en terceros países.

Aquí en las islas, mientras Coalición Canaria lo rechaza de forma frontal, su socio de gobierno del Partido Popular, respalda de manera entusiasta el nuevo marco europeo. En lo único que coinciden es en criticar que las islas afrontan la entrada en vigor del pacto sin información, sin coordinación y sin haber sido consultadas.

Recientemente, la Unión Europea ha dado luz verde a los centros de deportación de migrantes en terceros países, calificadas por diversas organizaciones como “agujeros negros de los Derechos Humanos”, o “campos de concentración para migrantes”, como los centros de Sheingin y Gjader, que gestiona la Italia de Meloni en Albania desde 2024, y que parecen ser el modelo que tendrá la UE. 

Un Gobierno, dos visiones

El PP votó el pasado mes de marzo, junto con la ultraderecha en el Parlamento Europeo, permitir la apertura de estos centros de deportación de migrantes fuera de la UE. El vicesecretario de Organización y Comunicación del PP de Canarias, Jacob Qadri Hijazo, se mostraba en conversación con este periódico totalmente a favor, calificándolo de “beneficioso” para Europa. 

“El PP de Canarias está a favor de los centros de deportación que sean, como dice el reglamento, a través de acuerdos entre la Unión Europea y terceros países. Supervisados y controlados para la reubicación de esas personas que han sido expulsadas porque no cumplen con los requisitos para permanecer en Europa. ¿Quién puede estar en contra de eso? Yo no tengo argumentos para estar en contra”, aseguraba Qadri. 

En Coalición Canaria sí que encuentran importantes objeciones, como la creación de los centros de deportación de migrantes fuera de la UE. “Estamos en contra de la creación de centros en terceros países, como estamos en contra de ponerle precio a las personas. Lo que están haciendo es alejar a Europa de sus valores fundacionales y nosotros estamos en contra” aseguran desde Coalición Canaria. 

“Se está poniendo precio a las personas, 20.000 euros por cabeza. Eso produce estupor y cuestiona los valores fundacionales de Europa”, señalaba David Toledo, secretario de Organización de Coalición Canaria.

“A solidario no me da lecciones nadie”

Jacobo Qadri además de ser vicesecretario de Organización y Comunicación del PP de Canarias, es alcalde de Barlovento, en la isla de La Palma, donde asegura que “se vive la inmigración” muy de cerca. “Yo, voluntariamente, abrí con fondos municipales un centro de acogida para menores migrantes no acompañados en mi municipio. Fui el primero, junto con el Ayuntamiento de Moya en Gran Canaria. O sea que, a solidario no me da lecciones nadie”, sentencia Qadri. 

Jacobo Qadri plantea que si él pudo hacerlo en su municipio, también puede hacerse fuera de Europa. “Yo los hice en Barlovento, yo lo hice aquí, en el pueblo. Dos mil habitantes al noreste de la Palma. Es decir, lo que abren la posibilidad de hacerlos en terceros países. ¿Por qué no?” 

El vicesecretario de Organización y Comunicación del PP en Canarias argumenta su posición política de enviar a migrantes a centros de detención fuera de Europa “para que no estén botados en la calle, ni estén mendigando por las aceras, ni estén cometiendo delitos, o estén los pobres durmiendo en la intemperie. Estén en un centro, con higiene, con comida, con las condiciones hasta que se les reubique. El que esté en contra de eso, pues… Yo estoy a favor”, concluye Jacobo Qadri. 

Críticas fuera, contradicciones dentro

Ninguno de los partidos del Ejecutivo canario se han pronunciado públicamente sobre sus contradicciones internas. Se limitan a reclamar protagonismo sobre el Pacto Europeo y exigen que Canarias no se convierta “en un gran centro de detención”. Llevan meses reclamando que la Comisión de Inmigración aclare sus dudas sobre el Pacto Europeo. Pero durante este tiempo no han aclarado sus posiciones ideológicas dentro del Ejecutivo canario.  

“No esperamos una visión más humana y de respeto a los Derechos Humanos con la aplicación de este nuevo Pacto Migratorio de la Unión Europea” dijo Clavijo en la inauguración de una jornada sobre el Pacto Europeo de Migración. Recientemente, el Gobierno canario ha reclamado al Estado de forma oficial información sobre el Pasto. Clavijo lamentó que “en un asunto de tanta trascendencia el Estado no haya convocado ni una sola Conferencia Sectorial de Inmigración o Presidentes para debatir este asunto”. En opinión del presidente canario, este es el ejemplo de la “mala política, la política que está pensada en el relato, la polarización, en la tensión y el enfrentamiento”.

Conocer Europa y el fenómeno migratorio

Ambos partidos estuvieron de acuerdo con el Pacto Europeo de Migraciones aunque ahora lo critiquen y al menos, la mitad del Gobierno, teme un retroceso en Derechos Humanos. El PP junto a la ultraderecha europea votó a favor de endurecer el pacto europeo de migración y la creación de centros de detención en fuera de la UE. Coalición Canaria, que está integrada en el grupo parlamentario europeo Renovar Europa, a través de la coalición electoral CEUS (Coalición por una Europa Solidaria), con otras fuerzas nacionalistas como PNV, también votaron a favor del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo. Y a pesar de haberlo respaldado siempre, ahora Coalición Canaria expresa sus críticas, principalmente por falta de información y financiación para las islas. 

La diputada de CC en el Congreso, Cristina Valido, que exige al Estado de manera insistente una cumbre urgente con las comunidades autónomas, confundía recientemente en los micrófonos de La Radio Canaria las principales instituciones de la UE, con el único fin de criticar al presidente Pedro Sánchez: “Cuando se aprobó el Pacto de migración, no me refería al presidente de España, me refería al presidente de turno de la Comisión Europea. Esto significa que esto se aprueba siendo el máximo responsable de la UE el señor Sánchez”, decía Valido, confundiendo o mintiendo sobre las instituciones, los cargos y las fechas. Para empezar, la Comisión Europea está presidida por la alemana Ursula von der Leyen desde 2019. La Diputada confunde esta institución europea con la presidencia rotatoria del Consejo de la UE, que España presidió de julio a diciembre de 2023. Pero no fue hasta el 2024, cuando el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea aprobaron definitivamente el Pacto Europeo de Migración y Asilo. Y de ningún modo eso convierte a Sánchez en el “máximo responsable de la UE”. 

Las intervenciones sobre el fenómeno migratorio de los partidos al frente del Gobierno en Canarias se han convertido en una constante crítica al Gobierno Estatal, pero rara vez buscan soluciones ni propuestas al fenómeno migratorio. Quizá haya que esperar al mismísimo día 12 de junio cuando entre en vigor el Pacto Europeo de Migración, y el Papa esté de visita en Canarias para que ocurra el milagro, y hagan algo por los migrantes. 

La Comisión Europea ha presentado este miércoles el Paquete de Soberanía Tecnológica Europea, un conjunto de medidas para reforzar la capacidad de Europa en semiconductores, inteligencia artificial (IA), la nube y el código abierto. Más que un plan para impulsar a las empresas europeas mediante subvenciones con fondos europeos, el plan tiene como objetivo más destacado “reducir dependencias estructurales y garantizar que Europa pueda desarrollar, desplegar y asegurar las tecnologías de las que dependen los europeos”. La soberanía tecnológica es un asunto económico, pero sobre todo es un problema de seguridad nacional.

Frente al fuerte empuje de las grandes corporaciones digitales de Estados Unidos y China, la Unión Europea pretende con esta medida señalar los niveles de seguridad a los que no podrán acceder estas compañías.

“Nadie encontrará ciudadanos estadounidenses en la administración pública en Europa. Por la misma razón, hay que evitar que se permita la incautación o el acceso a los datos de los europeos. No puede ser que los sistemas en la nube utilizados en la Administración Pública puedan ser suministrados desde países donde exista la obligación de dar información que requieran sus gobiernos”, explica un alto funcionario de la Comisión que ha trabajado en la realización de las medidas.

El paquete está compuesto por varias leyes y estrategias. Por un lado, la Ley de Chips 2.0 desarrollar la capacidad europea en tecnologías de semiconductores. Entre sus actuaciones se incluyen la agilización de la concesión de permisos, la introducción de una nueva etiqueta de excelencia para las regiones europeas de semiconductores y crear un ecosistema para acercar a los fabricantes de chips a sectores de gran demanda como los centros de datos y las Gigafábricas de IA.

Además, está la Ley de Desarrollo de la Nube y la IA, cuyo principal objetivo es triplicar la capacidad de los centros de datos en Europa en los próximos siete años. La norma agilizará las condiciones para implementar centros de datos. Por otro lado, se ha presentado una Estrategia de Código Abierto para incrementar y escalar el uso de tecnologías de código abierto en la nube, la IA, la ciberseguridad y los semiconductores, así como promover el uso del código abierto en las administraciones públicas europeas e invertir y apoyar a las empresas emergentes. Finalmente, se ha desarrollado una Hoja de ruta para la digitalización y la IA de la energía, que pretende el crecimiento de la infraestructura digital en la red eléctrica.

A pesar de la importancia que se le quiere dar al impulso a estos planes, todavía no cuenta con partidas presupuestarias concretas ya que hay que esperar a negociación del Marco Presupuestario Plurianual para el periodo 2028-2034, el presupuesto de la UE. Fuentes de la Comisión Europea han resaltado que el planteamiento es que el desarrollo de esta industria se financie mediante la colaboración público-privada, donde el dinero de las instituciones públicas cubriría el 30% de los grandes proyectos.

Necesidades de inversión

Lo que sí conoce la Comisión son las necesidades de inversión de la industria. “Para reforzar el ecosistema europeo de semiconductores se estiman en 120.000 millones de euros adicionales”. Mientras que la ampliación de la capacidad de los centros de datos “requerirá alrededor de 200.000 millones de euros, principalmente procedentes del sector privado, de aquí a 2036”. Además, hay que invertir otros “100.000 millones de euros para la plena ejecución de las iniciativas de liderazgo en nube e inteligencia artificial, así como para el despliegue de las fábricas de IA y las gigafactorías de IA”.

Asimismo, para todas las medidas contempladas en la estrategia de código abierto será necesario “movilizar aproximadamente 2.000 millones de euros de inversión pública y privada durante los próximos siete años”. En el ámbito energético, el déficit anual de inversión se estima en 400.000 millones de euros.

Fuentes de la institución europea han subrayado que la UE cuenta con empresas con capacidad para fabricar microchips o tecnología de inteligencia artificial al mismo nivel que Estados Unidos. “La proliferación de start ups y scale ups en el continente europeo en los últimos doce meses confirman que el desarrollo tecnológico y de capital humano se encuentra al mismo nivel que el norteamericano”, han asegurado fuentes de la Comisión. 

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha comentado que “no podemos permitirnos depender de otros para las tecnologías que mantienen en funcionamiento nuestros hospitales, estabilizan nuestras redes energéticas y aseguran nuestros servicios. Esto se trata de proteger a nuestros ciudadanos, defender nuestros intereses y tomar nuestras propias decisiones. Europa cuenta con el talento, la excelencia en investigación, la base industrial y el mercado único. Juntos debemos transformar estas fortalezas en soberanía tecnológica”.

Donald Trump trata de ahogar a Cuba y con su presión está convirtiendo en misión imposible hacer negocios a las empresas españolas en la isla caribeña. Las hoteleras españolas en Cuba llevan meses replanteando su estrategia y asumiendo su repliegue. Y eso ha ido a más desde que Washington colocara a Gaesa (acrónimo de Grupo de Administración Empresarial S.A.) dentro del nuevo paquete de sanciones contra la isla. Desde el 5 de junio, cualquier relación con Gaesa puede exponer a las compañías –por ejemplo, a las españolas– a sanciones por parte de la Administración Trump.

A pesar de que las empresas españolas están en el centro de las amenazas de la Administración del Donald Trump, tanto el Gobierno de Pedro Sánchez como la Comisión Europea de momento se mantienen vigilantes y a la espera de que las amenazas de EEUU no vayan más allá.

Un portavoz de la Comisión Europea ha señalado a elDiario.es que “tienen conocimiento de que algunas empresas de la Unión Europea han estado considerando en los últimos días cesar o reducir sus actividades económicas en Cuba. Estamos siguiendo de cerca la evolución de la situación. Esperamos que todos los actores garanticen unas condiciones de competencia equitativas para las empresas de la Unión Europea”.

En la misma línea, fuentes del Ministerio español de Exteriores han declarado que “el Gobierno a través del ministerio de Exteriores está siguiendo con mucha atención y enorme preocupación el impacto extraterritorial de las medidas unilaterales de EEUU contra Cuba, y que afectan a los intereses de empresas españolas, además de agravar la penuria humanitaria de la población cubana”.

Hay que recordar que Gaesa es el conglomerado industrial y comercial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR). Bajo su paraguas están diferentes empresas, con especial foco en el turismo, considerado un sector estratégico por la entrada de divisas que supone, pero también de otros como telecomunicaciones o los puertos. Gaesa llega a sumar el 40% del PIB de la isla, según recoge la agencia EFE. En cuanto al turismo, está detrás de los hoteles del Grupo Gaviota, que suma más de un centenar de establecimientos, en su mayoría gestionados por empresas extranjeras, españolas incluidas. 

La primera reacción oficial ha venido por parte de Meliá Hoteles, que este miércoles anunció, en una información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), su decisión de dejar de operar y comercializar “de manera inmediata” los quince establecimientos que mantiene en Cuba por “el contexto geopolítico social, legal y económico” de la isla.

La cadena, a través de su filial portuguesa Ilha Bela, ha resuelto concluir “de forma inmediata la prestación de los servicios de gestión y comercialización, así como la cesión de uso de las marcas hoteleras”. Una decisión adoptada “desde un profundo sentido de responsabilidad empresarial, consecuencia de una combinación de circunstancias sobrevenidas ajenas a la capacidad de gestión o actuación de Ilha Bela”.

Durante la presentación de resultados del primer trimestre del año, la compañía controlada por la familia Escarrer ya aseguró que en Cuba, el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo “se ha visto comprometido de forma significativa como consecuencia de la intervención de Estados Unidos en la región a inicios del año”, según explica la empresa en la información que remitió a la CNMV.

“Este hecho ha generado una dificultad sobrevenida para la obtención de combustible que, junto con el establecimiento de un estricto bloqueo comercial, ha afectado en gran medida al mercado turístico”, añade. “La falta, además, de combustible de aviación provocó la cancelación de numerosas conexiones directas con el país, incluso desde su principal mercado emisor, el canadiense. En este entorno, se ha producido un cierre paulatino de nuestros hoteles, finalizando el trimestre con aproximadamente el 50% de la capacidad operativa, impactando por tanto al número de habitaciones disponibles en el periodo y a los indicadores operativos reportados”.

Antes de esta situación, Meliá sumaba más de 33 hoteles en Cuba, mientras que Iberostar gestionaba una veintena. A ellos se sumaba una presencia mucho menor de otras cadenas como Barceló o Valentín.

En el caso de Iberostar, la empresa de los Fluxa –que también son propietarios de la enseña de calzado Camper–, de momento, guarda silencio sobre su continuidad en la isla. En la web donde aparecen sus hoteles en Cuba, bajo la denominación Ibercuba, solo aparecen seis establecimientos, frente a los 20 que la empresa española reconocía tener a finales de 2024. En este caso, ha sido el turoperador argentino Sudameria el que ha comunicado, según la información publicada por el El País, que Iberostar ha cesado sus operaciones un una docena de hoteles de la isla, los que gestionaba del grupo Gaviota.

“Como parte de un proceso de adaptación al entorno regulatorio internacional y con el propósito de preservar los estándares de calidad, cumplimiento y gestión que distinguen a la compañía, Iberostar Cuba Hotels & Resorts ha informado [de] que dejará de operar y comercializar un grupo de hoteles en Cuba a partir del 1 de junio de 2026”, recoge esta citada información.

Tiranteces entre la UE y Cuba

Las relaciones entre la Unión Europea y Cuba se rigen por el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (ADPC), que entró en vigor el 1 de noviembre de 2017. Este pacto se basa en un diálogo político y la cooperación bilateral así como el desarrollo de acciones conjuntas en foros multilaterales con la finalidad de apoyar el proceso de transición de la economía y la sociedad cubanas hacia la democracia y el respeto a los derechos humanos. Sin embargo, la oposición cubana asegura que este acuerdo es una vía para mantener el régimen de represión en Cuba.

En un debate monográfico sobre la situación en Cuba en el Parlamento Europeo este mes de mayo, la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, señaló que “junto con el fin de la represión política, La Habana también debería poner fin al control intransigente sobre la economía que está reteniendo al país. La apertura a la iniciativa privada, la inversión, el espíritu empresarial y la modernización económica es esencial”.

Las palabras de Kallas sentaron bastante mal en La Habana. El canciller cubano, Bruno Rodríguez respondió que con estas declaraciones la Alta Representantes de Exteriores de la UE “resta objetividad y denota un marcado doble rasero no reconocer que el ilegal, cruel e injusto castigo colectivo que el gobierno de Estados Unidos impone al pueblo cubano, con un reforzamiento sin precedentes del bloqueo, el cerco petrolero y la amenaza militar, constituyen las principales causantes de la difícil situación que enfrentan hoy los cubanos”.

A pesar de las tiranteces entre ambos responsables, Bruselas aprobó a principios de mayo 2,85 millones de euros de ayuda humanitaria para Cuba, que se suman a los dos millones destinados en abril para atender a las víctimas de recientes fenómenos meteorológicos y de la crisis energética.

Kallas ha insistido en que “la Unión Europea no financia al estado cubano” y que “el apoyo humanitario no resolverá la crisis de Cuba, sino que simplemente aliviará el sufrimiento humano inmediato” de los cubanos.

La Unión Europea es el primer socio comercial de Cuba, representando en torno a un tercio de su comercio exterior total y concentrando cerca del 20% del comercio cubano, con unos flujos comerciales que rondan los 2.000 millones de dólares estadounidenses. La UE también es el principal inversor externo en la isla, concentrado en el sector turístico (hotelería), la construcción, la agroindustria y la minería.

Tras el encuentro del lehendakari, Imanol Pradales, con Nadia Calviño, ahora en el BEI, el vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, se ha reunido este martes en Bruselas con Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea y también exvicepresidenta del Gobierno de España. Torres ha señalado que busca tejer alianzas “estratégicas” vinculadas al empleo, la capacitación y la transformación económica.

Según ha informado el Gobierno, Torres y Ribera han intercambiado planteamientos sobre la forma de avanzar hacia una transición “limpia, justa y competitiva que garantice la cohesión social, subrayando el papel clave de las regiones en la consecución de los objetivos climáticos de la Unión Europea”. La reunión, siempre según la parte vasca, ha permitido también “profundizar en cuestiones vinculadas a la competitividad industrial, la productividad y la política económica en el contexto de la transición verde, analizando los instrumentos necesarios para acompañar la transformación del tejido productivo sin perder capacidad competitiva”, informa Europa Press.

Además, Torres presentará este miércoles la Alianza Regional de Habilidades ZainLab, una iniciativa “dirigida a impulsar la profesionalización, formación y desarrollo del empleo de cuidados y que ha permitido salir a centenares de personas de situaciones de explotación, precariedad y soledad”, según ha explicado la Consejería. Asimismo, mantendrá un encuentro con el director general de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la Comisión Europea, Mario Nava.

La agenda incluye también una reunión con María Teresa Fabregas Fernández, responsable de la Task Force RECOVER, para analizar la implementación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y su impacto en Euskadi, y el representante permanente del Banco Europeo de Inversiones, Christian Zingiersen. El viaje institucional se completará este jueves con reuniones con el embajador de España ante la Unión Europea, Marcos Alonso, así como con Sonia Vila, jefa de gabinete de la vicepresidencia ejecutiva de Personas, Habilidades y Preparación de la Comisión Europea, y con Mari Carmen Barrera, la vicepresidenta del Grupo de Trabajadores del Comité Económico y Social Europeo.

En paralelo, la viceconsejera de Trabajo y Seguridad Social, Elena Pérez Barredo, el viceconsejero de Empleo e Inclusión, Alfonso Gurpegui, y la directora de Inclusión, Sara Buesa, se reunirán con los consejeros de Empleo y Seguridad Social de la Representación Permanente de España en la Unión Europea.

Una temporada de incendios “más larga y más destructiva”. La Comisión Europea ha anunciado este martes que el riesgo de incendios forestales está en aumento en toda Europa por lo que va a ayudar a financiar y coordinar “el despliegue de un número récord de bomberos, aeronaves y expertos en emergencias en el marco del Mecanismo de Protección Civil”.

Más de un millón de hectáreas ardieron en 2025 en la Unión Europea. Un 43 % de esa cifra se quemó en los grandes incendios ocurridos en España y Portugal durante el verano, mientras que Grecia y Chipre fueron también dos países que perdieron una gran cantidad de masa forestal por los incendios, según un informe del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS).

Bruselas va a ayudar a desplazar 777 bomberos de 14 países europeos que serán distribuidos en zonas de alto riesgo de Chipre, Grecia, Italia, Francia, España y Portugal. Ante la amenaza de una temporada veraniega donde los incendios se van a multiplicar, se ha puesto en marcha el nivel más alto de participación desde el lanzamiento de este programa en 2022.

En España, del contigente total se repartiran 185 bomberos europeos en las zonas de Galicia, Cataluña y Castilla La Mancha durante los meses de julio y agosto.

Junto a los casi 800 bomberos también van a participar en este operativos 22 aviones de extinción de incendios y cinco helicópteros de la flota de la UE, que estará listos para apoyar a los países que tenga mayor presión por culpa de los incendios.

Flota de verano 2026 de Protección Civil de la UE

Croacia: dos aviones anfibios medianos.

Chipre: dos aviones ligeros (además de cuatro aviones ligeros financiados por otros instrumentos de la UE).

Chequia: dos helicópteros.

Francia: cuatro aviones anfibios medianos y un helicóptero.

Grecia: cuatro aviones anfibios medianos.

Italia: dos aviones anfibios medianos.

Macedonia del Norte: dos aviones ligeros.

Portugal: dos aviones ligeros.

Rumanía: un helicóptero.

Eslovaquia: un helicóptero.

España: dos aviones anfibios medianos.

Suecia: dos aviones ligeros.

Además de estos medios, Bruselas ha ha establecido una reserva estratégica de capacidades de emergencia diseñada para proporcionar apoyo adicional durante crisis de gran escala bajo el nombre rescEU. Este grupo incluye aviones y helicópteros de extinción de incendios, capacidades de evacuación médica, hospitales de campaña y reservas estratégicas de suministros esenciales. Los activos de rescEU están financiados por la UE y pueden desplegarse cuando las capacidades nacionales y del grupo europeo no son suficientes.

La UE también pondrá en marcha este año una nueva estación regional de lucha contra incendios en Chipre para reforzar las capacidades de preparación y respuesta ante incendios forestales en Europa y la región del Mediterráneo sur. Esta estación permitirá el preposicionamiento de seis aeronaves y también albergará formaciones y ejercicios para profesionales de protección civil con el objetivo de apoyar el intercambio de conocimientos y mejores prácticas entre los países de la UE.

Las posiciones contra la inmigración están desdibujando el sueño europeo. La Comisión Europea ha tenido que mandar un requerimiento a un grupo de países (Austria, Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Noruega, Eslovenia y Suecia) ante los continuos controles de las fronteras interiores por el endurecimiento de las políticas antiinmigratorias que está afectando a la libre de circulación de personas que se establece en el espacio Schengen.

La petición de la Comisión Europea coincide con el proceso de regularización de 500.000 inmigrantes sin papeles que ha puesto en marcha el Gobierno de España. Tanto el Partido Popular como la ultraderecha en España y en la UE han tratado de crear una polémica política por la legalización de este colectivo de personas, que Vox llegó a calificar como “invasión”. El Partido Popular llevó a la Comisión Europea la regularización masiva de inmigrantes anunciada por el Gobierno de España para que analice si va en contra de los acuerdos de política migratoria europea.

No hay dudas de que los controles de fronteras entre países de la UE responden a una posición más dura frente a la inmigración. De hecho, Magnus Brunner, comisario europeo de Asuntos internos y Migración, pide el levantamiento de los controles con el argumento del nuevo Pacto de Emigración y Asilo.

“La Unión Europea está llevando a cabo la mayor reforma de nuestro sistema de gestión migratoria. Nuestro nuevo enfoque ya ha dado resultados: los cruces ilegales de fronteras han disminuido otro 40 % en 2026. Estamos desplegando los sistemas de gestión fronteriza más modernos del mundo. Con estas condiciones, los Estados miembros están en posición de avanzar hacia la eliminación progresiva de los controles en las fronteras interiores”, ha explicado Brunner.

La UE aprobó este lunes el Pacto de Emigración y Asilo que endurece la política migratoria y abre la puerta a que los Estados miembros puedan establecer centros de deportación en países situados fuera de la UE.

Controles que se alargán más de 12 meses

Aunque Bruselas admite que “los Estados miembros tienen derecho a reintroducir excepcional y temporalmente controles fronterizos cuando se enfrentan a una amenaza grave para el orden público o la seguridad interior”, el Derecho de la UE exige que la Comisión emita un dictamen “cuando dichos controles se prolongan durante más de 12 meses”.

La Comisión Europea recuerda que “la reintroducción de controles en las fronteras interiores tiene inevitablemente consecuencias para los Estados vecinos” con un “impacto negativo en los trabajadores transfronterizos y las comunidades locales”.

La institución europea aboga por “alternativas más eficientes y eficaces a los controles en las fronteras interiores: controles policiales no sistemáticos o las tecnologías de identificación biométrica móvil y seguimiento de vehículos”.

Henna Virkkunen, vicepresidenta europea de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, apunta que “Schengen es uno de los mayores logros de Europa. Simboliza la libertad de circulación para más de 450 millones de personas. Nuestros dictámenes envían un mensaje claro: cuando se reintroducen controles, estos deben seguir siendo temporales y excepcionales. Al reforzar la cooperación policial, el intercambio de información y un mejor uso de la tecnología, podemos proteger a nuestros ciudadanos, preservar la confianza y mantener Schengen tanto seguro como realmente sin fronteras”.

La Unión Europea ha dado luz verde finalmente a los centros de deportación de emigrantes en terceros países. Tras varias semanas de retraso, el reglamento del Pacto de Emigración y Asilo ha sido acordado este lunes entre el Consejo Europeo, la Comisión y los legisladores del Parlamento. Europa sigue la estela que ha marcando la ultraderecha en su ataque a las personas migrantes tratando de dificultar el acceso a permisos por razones humanitarias, familiares o laborales. La nueva normativa abre la puerta a que los Estados miembros puedan establecer centros de deportación en países situados fuera de la UE, incluso en instalaciones para familias con menores.

Según la presidencia de turno de la UE, que la ostenta Chipre, “estos centros podrán funcionar tanto como destino final de las personas expulsadas como centros de tránsito destinados a facilitar su posterior retorno al país de origen o a otro tercer país. Por el momento, el reconocimiento mutuo de las decisiones de retorno seguirá siendo voluntario y será reevaluado dos años después de la entrada en aplicación del reglamento”.

“El nuevo reglamento acelerará el proceso de retorno y aumentará las expulsiones de las personas que no tienen derecho legal a permanecer en la Unión Europea. La migración es una prioridad fundamental para la Presidencia chipriota y este acuerdo histórico refuerza la credibilidad de la política migratoria de la UE y complementa el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, siempre en cumplimiento de los derechos humanos”, ha declarado Nicholas A. Ioannides, viceministro de Migración y Protección Internacional de la República de Chipre.

Sin embargo, la medida no está exenta de polémica por sus numerosas dudas legales. Las ONG que defienden los derechos de los inmigrantes, como Picum, han avisado de que se pueden dar problemas de rendición de cuentas y supervisión de los derechos humanos, riesgos de deportaciones en cadena hacia países inseguros, detenciones arbitrarias y numerosas otras vulneraciones de los derechos humanos y del derecho internacional.

Aunque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya tumbó en 2025 el modelo de deportaciones del Ejecutivo italiano de Giorgia Meloni a través de Albania por la designación de “países seguros” para el retorno de los inmigrantes y en Italia ha tenido varias sentencias en contra, esta fórmula siempre ha tenido el beneplácito de la actual Comisión Europea y ha conseguido el respaldo de la mayoría del Eurocámara, tras el seguidismo del PP Europeo a las imposiciones de la ultraderecha en políticas migratorias. Italia volvió a apelar al TJUE por su normativa, que está a la espera de sentencia.

Los conservadores alemanes están jugando un claro papel endureciendo sus posiciones frente a la inmigración ante el miedo de perder votos por el auge de los ultras del AfD. Alemania estaría al frente de un grupo de países (Austria, Dinamarca, Países Bajos y Grecia) que estarían realizando gestiones con terceros países para establecer en ellos centros de retorno y de tramitación de solicitudes de asilo fuera de la UE a cambio de recibir ayuda al desarrollo o un mayor número de visados para sus nacionales, según ha publicado Politico.

Las dudas legales del modelo italiano ha llevado a los países a no identificar qué países podrían albergar los centros de deportación, fuentes diplomáticas aseguran que se ha sondeado a Uzbekistán y Kazajistán, pese a que Amnistía Internacional ha señalado en repetidas ocasiones las violaciones de derechos humanos fundamentales en ambos países.

Durante este lunes se ha debatido la entrada en vigor de las medidas. Fuentes de la presidencia chipriota han explicado que los responsables de las instituciones europeas han acordado que “el reglamento comenzará a aplicarse inmediatamente después de su entrada en vigor (es decir, al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial)”.

Ahora bien, como muchas de las disposiciones del reglamento requerirán medidas de implementación a nivel nacional, se permitirá a los estados miembros que estén adaptadas 12 meses más tarde. De esta manera, “se concede a los Estados miembros tiempo suficiente para preparar los cambios legislativos y reglamentarios necesarios, garantizar la adaptación de los sistemas informáticos cuando sea preciso y formar adecuadamente al personal encargado de su ejecución”.

El Gobierno de Pedro Sánchez ya anunció que no pondría en marcha ningún centro de deportación de migrantes fuera del territorio de la Unión Europea.

Otras medidas contra la inmigración

A esta medida ya controvertida se uniría la introducción de “mecanismos de emergencia” que permitan a los Estados miembros ignorar garantías durante la detención, como limitar la revisión judicial de las decisiones de internamiento —incluidas las que afectan a familias y menores— cuando exista un número “excepcionalmente elevado” de personas pendientes de deportación, sin tener en cuenta las condiciones ni la saturación en la que se encuentren los centros de detención y deportación.

Silvia Carta, responsable de incidencia política de Picum, ha comentado que “este reglamento va a crear una maquinaria draconiana de detención y deportación. En la última ronda de negociaciones, los legisladores de la UE redoblaron su apuesta por la represión y el castigo, y acordaron un texto que expondrá a cientos de miles de personas al daño y la violencia: desde encerrar a personas en centros de detención migratoria durante hasta 30 meses hasta separar familias y enviar a personas a países que ni siquiera conocen”.

Además de los centros de deportación en países fuera de la UE, la nueva normativa amplía la duración de la detención por motivos migratorios hasta 30 meses, si las autoridades consideran que existe “una posibilidad razonable de expulsión” o de riesgo de fuga, incluso en el caso de menores. También se anima a los Estados miembros a aplicar nuevas “medidas de investigación” que otorgan una amplia Convertir los retornos forzosos (deportaciones) en la opción predeterminada para las personas que se encuentren en situación administrativa irregular, a pesar del mayor riesgo de violencia y vulneraciones de derechos fundamentales, restringiendo aún más la capacidad de decisión y las alternativas disponibles para estas personas;

Por otro lado, la nueva norma exige a los Estados miembros que impongan restricciones geográficas u obligaciones de comparecencia a todas las personas sometidas a procedimientos de retorno. También se deja a decisión de los países miembros el tiempo de prohibición, que podrían llegar a ser permanentes por seguridad, o reducción de las ayudas financieras destinadas a reconstruir una vida tras la deportación e incluso sanciones penales para quienes no colaboren con su propia expulsión. En definitiva, se proponen excepciones específicas a los derechos fundamentales para las personas migrantes consideradas un riesgo para la seguridad nacional o el orden público.

“Al otro lado del Atlántico estamos viendo la violencia y el miedo generados por las brutales prácticas de control migratorio del ICE. Europa debería aprender de los daños causados por ese modelo, no construir su propia versión del mismo”, ha añadido la responsable de la ONG en defensa de los derechos de los migrantes

Europa ha entendido por fin dónde se juega la partida del automóvil eléctrico en la que intenta retener protagonismo frente a China. No será solo en las berlinas premium de 100.000 euros o más ni en los SUV gigantescos que durante años inflaron los márgenes de los fabricantes, sino en los coches pequeños, urbanos y asequibles. La llegada al mercado de modelos accesibles de marcas chinas ha espoleado a la industria de automoción española y europea a lanzar una nueva hornada de eléctricos baratos 'Made in Europe' con los que pretenden poner a salvo fábricas y trabajadores.

La respuesta europea ya está en marcha. En los próximos meses desembarcará una auténtica ofensiva de turismos eléctricos con un precio que rondará los 25.000 euros, o incluso por debajo, fabricados, en muchos casos, dentro del propio continente. Las fábricas de Seat de Martorell y de Volkswagen de Pamplona serán dos de los grandes centros neurálgicos de esta reconquista industrial: allí se producirán cuatro modelos urbanos eléctricos de Cupra (Raval), Volkswagen (ID. Polo e ID. Cross) y Skoda (Epiq) destinados a democratizar la movilidad eléctrica en Europa. Además, Audi también baraja sumar su propio modelo a esa familia.

El Cupra Raval, que se vende desde 26.000 euros, inicia la primera semana de junio la producción en serie como pistoletazo de salida para el resto de modelos de la familia de modelos urbanos del grupo Volkswagen, desarrollados desde el Centro Técnico de Seat de Martorell. El proyecto conjunto, que incluye la fábrica de baterías de Sagunt (Valencia), suma unas inversiones de 10.000 millones que han recibido ayudas de varias administraciones, incluidos los fondos del Ministerio de Industria a través de los PERTE.

Eléctricos más baratos, pero con menos autonomía

A esos modelos hay que sumar el nuevo Renault Twingo ensamblado en Eslovenia, que ya está disponible desde 18.300 euros sin ayudas, junto a los renacidos R5 y R4 y el Dacia Spring (17.200 euros); el futuro urbano eléctrico E-Car de Stellantis fabricado en Italia; el Citroën e-C3 producido en Serbia, el reinterpretado Citroën 2CV eléctrico previsto en Eslovaquia, el Hyundai Inster ensamblado también en Europa del Este; los Leapmotor, marca china asociada a Stellantis, que se producirán en Zaragoza y Madrid; y el esperado Volkswagen ID.1, que llegará desde Portugal con un precio objetivo alrededor de los 20.000 euros.

Sin embargo, los nuevos modelos eléctricos baratos se ven obligados a sacrificar autonomía al equipar baterías más pequeñas, que reducen el rango a unos 300 kilómetros o incluso hasta los 200 en algunas versiones de uso más urbano. En ese segmento, la industria de automoción española compite directamente con Europa del Este y con las plantas del norte de Marruecos, de las que salen, por ejemplo, el Citroën AMI (7.990 euros), equiparable a un cuadriciclo.

La fotografía del mercado empieza a cambiar. Según el último informe de la organización Transport & Environment (T&E), el precio medio de los coches eléctricos en la Unión Europea cayó en 2025 por primera vez desde 2020, situándose en 42.700 euros tras un descenso de 1.800 euros, equivalente al 4%. Se trata de un precio de catálogo, sin ayudas públicas ni promociones, que está inflado por el sesgo que existía hasta ahora por la abundancia de oferta en el segmento de gama alta.

Además de intentar no perder más terreno ante la ofensiva de las marcas chinas en el mercado, el contraataque de los fabricantes europeos también responde a la presión regulatoria de Bruselas. Los nuevos objetivos europeos de emisiones de CO₂ obligan a las marcas a vender más coches eléctricos y, para lograrlo y evitar cuantiosas multas, necesitan modelos accesibles.

Tendencia a la baja de los precios

Durante años ocurrió exactamente lo contrario. Aunque el coste de las baterías caía, las marcas apostaron por SUV más grandes y vehículos de alta gama, elevando el precio medio de los eléctricos en unos 5.000 euros desde 2020. Ahora el péndulo gira en sentido inverso. La aparición de modelos asequibles europeos como el Citroën e-C3 o el Renault 5, junto con los competidores chinos, han empezado a corregir esa deriva. Solo en el segmento B —los compactos de alrededor de cuatro metros que son el corazón del mercado europeo— los precios se redujeron un 13% en 2025.

Las marcas chinas llevan años explotando precisamente esa debilidad o el olvido europeo: ofrecer vehículos eléctricos razonablemente equipados a precios imposibles para los fabricantes tradicionales. Modelos como el BYD Dolphin Surf (17.800 euros), el Leapmotor T03 o el MG4 han demostrado que el principal argumento comercial sigue siendo el coste, especialmente para los consumidores españoles, que tienen poco en cuenta el origen del vehículo.

El precio continúa siendo el principal factor de decisión para el comprador. El 28% de los usuarios sitúa el coste por delante de la marca, la seguridad o incluso el tipo de motorización. Además, el 80% de quienes planean adquirir un coche optan ya por uno de ocasión, una cifra que sigue creciendo ante el encarecimiento general del automóvil. Incluso en el caso de los eléctricos persiste el escepticismo: un 62% de los conductores afirma que no elegiría un coche eléctrico si costase lo mismo que uno de combustión.

Ese dato explica por qué Bruselas considera estratégica la batalla del coche eléctrico asequible y está en proceso de crear una categoría específica para optar a ayudas más altas, como sucede en España con el Plan Auto+. Porque sin precios competitivos no habrá transición masiva. Y porque Europa sabe que ya no puede permitirse perder más terreno industrial frente a China.

El informe de T&E sostiene que la transición eléctrica europea ha alcanzado un “punto de inflexión”. Los eléctricos representaron el 19% de las ventas en 2025 y podrían alcanzar el 28% en 2027 impulsados por la necesidad de cumplir con los objetivos de emisiones. La organización asegura además que la paridad de precio entre eléctricos y coches de combustión podría alcanzarse antes de 2030 en prácticamente todos los segmentos si la UE mantiene intactas las exigencias regulatorias.

Más eléctricos, pero menos rentabilidad

“El cliente ya hecho el click”, aseguró recientemente Josep Maria Recasens, hasta ahora presidente de la asociación de fabricantes española (Anfac) y de Renault España, en relación con el paso para pasar de la combustión a la electrificación. Precisamente, las fábricas de Renault de Palencia y Valladolid incorporarán próximamente los primeros eléctricos y nuevos híbridos de nueva generación gracias al acuerdo para un nuevo convenio colectivo.

Pero la industria europea vive atrapada entre dos tensiones. Por un lado necesita vender más eléctricos baratos para cumplir con Bruselas. Por otro, teme sacrificar márgenes en un momento de enorme incertidumbre industrial y de desplome generalizado de la rentabilidad. T&E acusa directamente a algunos fabricantes de haber retrasado deliberadamente esa bajada de precios para priorizar beneficios.

Mientras tanto, la competencia no espera. Las marcas chinas ya no solo avanzan en eléctricos puros; también están ganando terreno en híbridos enchufables, incluso frente a fabricantes premium alemanes. El riesgo para Europa es evidente: relajarse ahora supondría regalar el mercado de masas a fabricantes extranjeros justo cuando comienza la gran batalla del coche asequible.

El principio del fin para una etapa de abusos contra minorías, corrupción y control de la justicia en Hungría. La presidenta de Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, ha anunciado este viernes que se “desbloquean 16.400 millones de euros para Hungría” tras una reunión con el nuevo primer ministro húngaro, Peter Magyar.

La presidenta de la Comisión ha apuntado que Magyar “ha formado un gobierno con ministros procedentes de los más altos niveles de sus respectivas profesiones, que han dado un paso adelante por el interés público. Su gobierno está avanzando con rapidez y determinación para cumplir las promesas hechas al pueblo húngaro: impulsar la recuperación económica, luchar contra la corrupción y restaurar el Estado de derecho. Y en muy poco tiempo ya tenemos progresos concretos que compartir”.

En las pasadas elecciones del 12 de abril, la derrota del ultranacionalista Viktor Orbán fue celebrada como una victoria de la democracia liberal frente a los gobiernos autoritarios que tratan de debilitar el proyecto europeo. La Unión Europea mantuvo un fuerte pulso con la Administración ultra de Orbán por sus continuos ataques a los derechos de inmigrantes y la comunidad LGTBI+ además de manipulación de la Justicia y numerosos casos de corrupción.

Von der Leyen ha explicado que “se trata de 10.000 millones de euros que serán desbloqueados del programa Next Generation EU, luego 4.200 millones del mecanismo de condicionalidad de cohesión y 2.200 millones para la libertad académica, lo que suma en total 16.400 millones de euros”.

Por su parte, Magyar ha señalado que los fondos que se van a desbloquear representas alrededor del 13% del presupuesto estatal de Hungría. El dinero está supeditado con las reformas que tiene que hacer el nuevo Ejecutivo húngaro.

“Hubo momentos en los que pensé que era imposible y que no era viable hacerlo tan rápido, pero estamos aquí y estamos muy contentos. Tres o cuatro semanas han sido suficientes para que nosotros consigamos lo que el anterior gobierno de Viktor Orbán no pudo lograr o no quiso lograr”, ha explicado Magyar.

Respecto a los hitos que tendrá que cumplir la nueva Administración húngara para que el dinero vaya llegando, la presidenta de la Comisión ha comentado que la UE cuenta con “una arquitectura muy sólida y un marco de referencia (”landing zone“) para los temas del Estado de derecho, donde deben llevarse a cabo reformas. El punto clave es que las reformas del Estado de derecho —o todas las reformas incluidas en este paquete— deben realizarse y concluirse. En el momento en que la ley de reforma sea aprobada por el Parlamento, podremos desembolsar el dinero correspondiente vinculado a ese hito”.

En el mismo sentido, Magyar ha respondido que “existen ciertos hitos que no pueden completarse o implementarse debido a la falta de tiempo o porque han perdido relevancia, pero obviamente la Unión Europea es lo suficientemente justa como para tratar algunos de estos hitos con flexibilidad para que podamos hacer todo lo posible hasta el 31 de agosto”.

El primer ministro húngaro se refiere a los puntos relacionados con la lucha contra la corrupción y los fondos fiduciarios de interés público, como los de las universidades, que necesitan más tiempo “para reestructurar la propiedad”.

En cuanto al pacto migratorio, un punto que distancia a Magyar de la Comisión Europea, Von der Leyen ha puntualizado que “ambas administraciones trabajarán muy estrechamente” en su adecuación, mientras que Magyar solo ha acusado a Orbán de que “tuvo todo el tiempo y la posibilidad de impedir su adopción, pero nunca logró hacerlo”.

No se prohibirá el desfile del Orgullo LGTBI+ de Budapest

Prueba de este cambio en el Gobierno húngaro es que la policía ha comunicado este viernes que no va a prohibir el desfile del Orgullo LGTBI+ que tendrá lugar en Budapest el mes que viene. Orbán mantuvo una política de ataques constantes a la comunidad LGTBI+ durante su mandato, que se acentuó en su última legislatura.

Con la excusa de la protección a menores, el Gobierno Orbán aprobó la Ley de Propaganda que prohibía la representación pública de cualquier expresión LGTBI+ a menores de 18 años. Con esta norma, se vetó el desfile del Orgullo en 2025, un capítulo más en el desmantelamiento de derechos LGTBI+, tras la eliminación de la adopción por parte de parejas homosexuales o el veto a las personas trans a cambiar su sexo legal y su nombre.

A pesar de la prohibición del desfile, miles de personas participaron en el Orgullo de Budapest del año pasado, sin incidentes relevantes y con la presencia de políticos de una treintena de países. En enero, la fiscalía húngara presentó cargos contra el alcalde de Budapest, Gergely Karácsony, por permitir el desfile.

En esta ocasión, la policía ha señalado en un comunicado recogido por AFP que “durante el proceso de notificación para el desfile del Orgullo 2026 y la posterior consulta presencial con los organizadores, no surgió ningún motivo para prohibir la manifestación”.

El pasado 21 de abril se hizo pública una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en la que dictaminaba que Hungría ha infringido el Derecho de la Unión al adoptar una ley que estigmatiza y margina a las personas LGBTI+. La Justicia europea señala que el Estado húngaro con la aprobación de “una norma con medidas más estrictas contra los delincuentes pedófilos que modifican determinadas leyes para proteger a los menores” lo que ha hecho es “vulnerar el derecho a la dignidad humana” y “trata a un grupo de personas, que forman parte integrante de una sociedad caracterizada por el pluralismo, como una amenaza para la sociedad”.

La Comisión Europea ha mantenido este viernes un debate interno en el que asegura que “la relación comercial y de inversión no es sostenible” con China. En un comunicado, Bruselas asegura que “a medida que los intereses económicos y de seguridad se entrelazan cada vez más, ambas dimensiones requerirán una respuesta más sólida y coherente”.

El debate llega en un momento de fuerte tensión en las relaciones entre la Unión Europea y China. La Comisión asegura que su “enfoque general sigue siendo la reducción de riesgos (”de-risking“), no el desacoplamiento. China es un socio fundamental, y el compromiso y el diálogo continuarán mientras los canales de comunicación permanezcan abiertos”.

Sin embargo, la institución europea insiste en que entre la UE y China “el estado actual de la relación comercial y de inversión no es sostenible. A medida que los intereses económicos y de seguridad se entrelazan cada vez más, ambas dimensiones requerirán una respuesta más sólida y coherente”.

No es fácil que la UE adopte una posición beligerante con China. Un conflicto comercial con el país asiático puede reeditar el freno a la exportación de minerales críticos a Europa, lo que puede provocar graves perjuicios para la industria y la defensa de la UE.

A pesar de esta amenaza, un grupo de países europeos, encabezados por Francia, pidió esta semana a la Comisión Europea que ponga en marcha aranceles y otras medidas comerciales defensivas ante lo que denominan “prácticas comerciales abusivas” como “la imposición de nuevas barreras comerciales o contribuir a una sobrecapacidad industrial sistémica y estructural”.

Los firmantes de la carta piden que se hagan “más investigaciones de salvaguardia en caso de perturbaciones comerciales a nivel sectorial” y ser “más proactivo” a la hora de llevar ante la Organización Mundial del Comercio las infracciones de las normas comerciales.

No es la primera vez que los países europeos elevan la voz pidiendo más mano dura contra las acciones comerciales de China. El pasado octubre, varios países de la UE exigieron más contundencia frente al país asiático ante el anuncio de China de ampliar las restricciones a las exportaciones de tierras raras y otros materiales críticos. Las tensiones entre Europa y China se han acrecentado desde la imposición de aranceles a los coches eléctricos chinos, que fue respondida por el Gobierno asiático con aranceles a productos europeos como el cerdo.

División interna en la UE

Sin embargo, no hay unanimidad en la Unión Europea sobre la posición ante China. Países como Alemania o España han adoptado una política más conciliadora con el gigante chino. De hecho, el Gobierno español mandó un comunicado en el que señala que “España comparte el diagnóstico sobre la necesidad de impulsar una política industrial europea que contribuya a reducir dependencias estratégicas y reforzar la resiliencia económica. Al mismo tiempo, defendemos un enfoque equilibrado, basado en el valor añadido, la apertura económica y la garantía de unas cadenas de suministro seguras, diversificadas y resilientes”.

España es uno de los países europeos que más defiende el mantenimiento de una relación comercial más cordial con China debido a las elevadas inversiones de compañías tecnológicas y de automóviles en nuestro país, lo que le ha provocado algunos encontronazos con Bruselas. El pasado año, la Comisión Europea volvió a recordar a España que “Huawei (y ZTE) presentan riesgos sustancialmente más altos que otros proveedores de 5G” y que como institución europea “se comprometió a evitar la exposición de sus comunicaciones corporativas a las redes móviles que utilizan Huawei y ZTE”. La compañía china siempre ha negado estas acusaciones y ha asegurado que las comunicaciones en su infraestructura son seguras.

El comisario europeo de Industria, Stéphane Séjourné, mantuvo este jueves una reunión con responsables de industria de los países europeos sobre el reto que presenta China. Séjourné mantiene la posición de su país, Francia, ante las relaciones comerciales con el gigante asiático.

“Todavía existe margen para mantener un diálogo constructivo con China, pero no podemos permitir que Europa sea víctima de una estrategia depredadora que está destruyendo nuestra industria. Se necesitan nuevas herramientas, nuevas medidas y una nueva voluntad política”, declaró el comisario europeo.

A principios de mayo, la UE elevó su guerra comercial contra China. La Comisión Europea hizo público un plan para vetar proyectos de energías renovables con fondos de la UE que contengan piezas chinas. La decisión, según funcionarios de la institución europea, responde a la necesidad de la UE de reducir los riesgos de posibles ciberataques y de dependencia económica.

El historiador Timothy Garton Ash, recién premiado con el Princesa de Asturias de las Ciencias Sociales, recuerda cuál fue una de las claves del éxito de las democracias en la Guerra Fría. El gran contador de la historia europea no habla de las amenazas nucleares ni de los bloqueos, sino de la prosperidad y la libertad que los europeos del centro y el este de Europa también querían para sí. 

Ahora también cree que el bienestar es una de las claves para derrotar a Vladímir Putin, y otros males que amenazan la democracia en Europa, como el nacionalismo o la extrema derecha. Esta semana, Garton Ash me decía en una entrevista que el ejemplo más evidente de donde están fracasando ahora democracias como la británica, la francesa o la española es la vivienda: “Y esto no es una cuestión abstracta de identidad. Es un problema real, concreto, que los responsables políticos liberales deberían saber resolver: garantizar vivienda asequible”.

El historiador, que nunca ha perdido el alma de periodista y la conexión con la actualidad, cree que hay motivos para la esperanza mientras los ciudadanos y sus políticos sean conscientes de lo que está en juego.

Una manera de valorar lo que tenemos y lo que podemos perder es también mirar al pasado, como Garton Ash nos ayuda a hacer con sus libros, el último una historia breve de Europa, de política, cultura, fútbol, barbarie y esperanza, que se publicará en octubre. “Especialmente los jóvenes europeos deben darse cuenta de lo anormalmente buena que es la situación actual de Europa, a pesar de la guerra y de todos nuestros problemas. Hay que recordar a la gente que, durante casi toda la historia europea, las cosas fueron mucho peores que ahora”, me decía el historiador. 

Los libros y las palabras de Garton Ash siempre invitan a la acción. De los ciudadanos, para ser más conscientes de la historia que nos precede, especialmente de la mala y cómo se superó. Y de los servidores públicos. No vale con los discursos, las promesas y el miedo. Atajar los problemas más concretos, como la vivienda, son la mejor cura contra los vendemotos sean unos políticos aprovechados de casa o unos tiranos de fuera.

El 1 de octubre se publicará en español Europa en siete capítulos y medio (en la editorial Taurus). Mientras tanto, no hay mejor recomendación de lectura para entender nuestro mundo y el que se fue que Europa, una historia personal.

El historiador, periodista y profesor Timothy Garton Ash recibirá este octubre el Premio Princesa de Asturias de las Ciencias Sociales justo cuando se publica en español su nuevo libro sobre Europa. Se titula Europa en siete capítulos y medio y se editará en holandés, alemán y español unas semanas antes que en inglés, la versión original. 

El autor del premiado Europa, una historia personal, el más reciente de sus ensayos sobre la historia europea de las últimas décadas, cuenta ahora en menos de 40.000 palabras o 150 páginas “todo lo que querías saber” sobre el continente que él define como “el más viejo y el más nuevo”.

“El más antiguo, porque solo existen los continentes desde que las personas —empezando por los antiguos griegos, con Heródoto— comenzaron a nombrar estas regiones como continentes. En ese sentido, es el más antiguo, porque nos identificamos como continente desde hace muchísimo tiempo”, explica Garton Ash unas horas después del anuncio del premio. “Y el más nuevo, porque ningún otro continente en la Tierra posee las mismas estructuras de integración y cooperación política que tenemos nosotros, especialmente en la Unión Europea, aunque también de muchas otras maneras. Por eso digo que es el continente más antiguo y el más nuevo. También que es el más unido y el más dividido”.

Y, ¿por qué el “y medio” del título: “Porque ese medio capítulo trata sobre el futuro. Y no conocemos el futuro. Pero aun así hay una o dos cosas que se pueden decir al respecto”.

Esta es nuestra conversación, editada por extensión y claridad, este martes en Oxford, donde Garton Ash ha sido catedrático durante décadas y donde sigue siendo alma y motor del Centro de Estudios Europeos del college St. Antony's.

¿De qué hablará en octubre en la entrega de los premios? 

Hablaré del triple desafío de Europa frente a Trump, Putin y Xi. Pero quiero decir algo sobre España, Europa y la democracia porque estáis celebrando el 40 aniversario de la adhesión a la Unión Europea. Es muy interesante hablar de la conexión entre Europa y la democracia y decir que realmente debemos aferrarnos a ella a toda costa y no volver a permitir jamás algo como lo que permitimos que ocurriera en la Hungría de Orbán, cuando el régimen de Orbán desmanteló la democracia con ayuda del dinero de los contribuyentes europeos.

Aunque puede que al final hable de algo completamente distinto. 

No debemos volver a permitir jamás algo como lo que permitimos que ocurriera en la Hungría de Orbán, cuando el régimen de Orbán desmanteló la democracia con ayuda del dinero de los contribuyentes europeos.

Claro, cómo estará para entonces el mundo…

Ahora mismo existe una fuerte presión para ser más “transaccionales”, entre comillas, con el resto del mundo. Pero Europa no puede ser simplemente transaccional porque ella misma está construida sobre el principio del orden internacional liberal.

No podemos decirle a Serbia o Macedonia del Norte: “Debéis ser democracias impecables antes de dejaros entrar”, y luego, con Turquía, que está justo al lado, no preocuparnos en absoluto por los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho, y simplemente ser “transaccionales”: “mantengan fuera a los migrantes y a los rusos y no nos preocuparemos por los derechos humanos o la democracia”. Europa se perderá a sí misma si pierde su conexión con esos principios básicos.

Europa no puede ser simplemente transaccional porque está construida sobre el principio del orden internacional liberal. Europa se perderá a sí misma si pierde su conexión con esos principios básicos

Usted menciona a China como una amenaza de la que hablamos poco. El presidente Sánchez ha sido un firme defensor de la legalidad internacional y los derechos humanos en Gaza o frente a Trump y Putin, pero no frente a China, que en España no se percibe como amenaza. 

Eso es muy interesante. La tentación para Europa es mirar este triple desafío y decir: “No podemos afrontar los tres”. Así que vamos a intentar salvar nuestra economía mediante nuestras relaciones con China. Pero la realidad es que China nos está ganando en nuestro propio juego. Prácticamente, no hay nada que China no quiera vendernos. Han ascendido por toda la cadena de valor. Fabrican vehículos eléctricos mejores y más baratos que Alemania. Y cada vez hay menos cosas que China quiera comprarnos. Eso quizá funcione a corto plazo para un país europeo concreto, pero a largo plazo será desastroso para Europa.

China nos está ganando en nuestro propio juego. Prácticamente, no hay nada que China no quiera vendernos. Y cada vez hay menos cosas que China quiera comprarnos. Eso quizá funcione a corto plazo para un país europeo concreto, pero a largo plazo será desastroso para Europa.

Así que su libro va a salir antes en holandés, alemán y español que en inglés. Muy europeo...

Y en verdad dice algo sobre nuestra Europa... Cuando dices “muy europeo”, es interesante porque así es como construimos Europa. No existe una “edición europea” de un libro. Así que, si quieres hacer un libro, un artículo o cualquier cosa verdaderamente europea, tienes que hacerlo en varios idiomas y publicarlo lo más simultáneamente posible.

Y ese es, en cierto modo, uno de los puntos del libro: la unidad en la diversidad.

¿Qué espera conseguir con este libro corto sobre la historia de Europa? ¿Por qué es importante ahora?

Por dos razones. La primera: si somos honestos, muchos europeos realmente no saben mucho sobre Europa. Y eso es aún más cierto en el caso de estadounidenses, australianos o chinos. El declive del interés y del conocimiento sobre Europa en Estados Unidos es dramático. Así que la idea es: “Esto es lo que todo el mundo debería saber”.

Y la segunda razón es algo que ya hemos comentado otras veces: especialmente los jóvenes europeos deben darse cuenta de lo anormalmente buena que es la situación actual de Europa, a pesar de la guerra y de todos nuestros problemas. Hay que recordar a la gente que, durante casi toda la historia europea, las cosas fueron mucho peores que ahora. Y me parece un mensaje importante.

¿Ofrece alguna lección respecto a la guerra de Ucrania?

Sin duda. Lo que llevo intentando decir desde hace tiempo es: despertemos y comprendamos lo amenazado que está todo esto. Necesitamos movilizarnos para defenderlo. De hecho, estamos haciendo gran parte —no todo, pero sí mucho— de lo necesario por Ucrania. Ucrania es, en cierto modo, una historia positiva para Europa. Pero Oriente Medio no lo es, el cambio climático no lo es y nuestra economía, tampoco. Hay muchísimo más que debemos hacer.

Durante muchas décadas, lo que motivaba a la gente era la mala experiencia del pasado, lo que yo he llamado la “máquina de la memoria”. Y ya no la tenemos. Así que quiero intentar que la gente aprenda de la historia sin tener que volver a sufrirla en carne propia.

Más allá de la opinión pública, ¿cree que los líderes europeos están perdiendo un poco el foco respecto a Ucrania?

Sinceramente, no me preocupa tanto eso. No creo que Ucrania vaya a colapsar. Su increíble valentía, resistencia e ingenio, además de su impresionante industria de defensa, hacen que los ucranianos puedan hacer cada vez más por sí mismos. Creo que el apoyo sigue siendo bastante sólido.

Lo que realmente me preocupa es lo que llamo “el peligro Bosnia”. En cuanto se consiguió algo llamado “paz” en Bosnia en 1995, toda la atención se dirigió a otra parte y la gente olvidó rápidamente Bosnia. Ninguno de los problemas fundamentales se resolvió, a pesar de todos los hermosos discursos y promesas de solidaridad eterna que se habían hecho durante tres años. Y me preocupa mucho que, paradójicamente, el momento de la llamada paz sea un momento de verdadero peligro para Ucrania, porque veo claramente la tentación de que Europa desvíe su atención.

¿Ve más riesgos por posibles cambios de gobierno en Europa, especialmente con el auge de la derecha y la extrema derecha populista, incluso en España?

Durante años dijimos que España era la gran excepción, y ahora mira dónde está Vox. Así que sí, claro que hay motivos de preocupación.

Todos vamos a tener elecciones en los próximos cuatro o cinco años. Ganaremos algunas y perderemos otras. Está claro que el lado liberal, democrático y proeuropeo no las va a ganar todas. Y también está claro que los populistas y nacionalistas tampoco las van a ganar todas. La cuestión es cuál será el equilibrio de poder en Europa dentro de cuatro o cinco años y cómo se comportarán algunos de esos líderes.

Por ejemplo: ¿cómo actuaría un presidente Bardella? ¿Sería más estilo Meloni o más estilo Viktor Orbán? Me preocupa mucho Alternativa para Alemania. Porque, sinceramente, Reform UK parece moderado en comparación con Alternativa para Alemania, especialmente en su versión del este alemán. Y, según parece ahora, podrían incluso lograr mayoría absoluta en Sajonia-Anhalt. Y cuando controlas un estado federado en Alemania, obtienes bastante poder de bloqueo. Eso me preocupa especialmente.

¿Y Vox? Parecen más interesados en políticas domésticas, pero quién sabe…

Existe una especie de “mezcla Meloni”: sigues, en líneas generales, dentro de la corriente principal europea, vas a reuniones en Bruselas, alcanzas compromisos y posiciones comunes. Pero internamente eres extremadamente duro con la inmigración y con los asuntos culturales y sociales. No me parecen políticas especialmente atractivas, pero tampoco son el fin de Europa.

En el último artículo que publicó en The Guardian sobre qué hacer frente a Putin, escribe que también deberíamos hacer nuestras sociedades más fuertes y atractivas para la gente. ¿Estamos haciendo eso en Europa?

No lo suficiente. Le doy un ejemplo simple: la vivienda. Los jóvenes europeos dicen: “No puedo permitirme una vivienda”. Aquí en Reino Unido, en Países Bajos, en España… en todas partes. Y esto no es una cuestión abstracta de identidad. Es un problema real, concreto, que los responsables políticos liberales deberían saber resolver: garantizar vivienda asequible.

Garantizar vivienda asequible no es una cuestión abstracta de identidad. Es un problema real, concreto, que los responsables políticos liberales deberían saber resolver:

Hay muchas cosas que realmente necesitamos hacer urgentemente. En el informe Draghi, hay muchísimo que todavía podríamos hacer. Así que la respuesta es no, no estamos haciendo lo suficiente.

Y, por cierto, también hay que preocuparse por el impacto de la IA. Creo que va a destruir más empleos y dificultar aún más la vida de los jóvenes.

Ya le hice esta pregunta en nuestra última entrevista hace un año, pero se la vuelvo a hacer: ¿qué le da esperanza ahora?

Siempre tengo esperanza. Entiendo la esperanza en el sentido de que hay cosas por las que vale la pena luchar. Pero si hablas de motivos para el optimismo, diría que el hecho de que, allá donde voy en Europa, un público cada vez más amplio está despertando y comprendiendo la gravedad de nuestros problemas.

Así que, en cierto modo, nuestro pesimismo intelectual —mientras no caigamos en la desesperación ni nos rindamos ante estos enormes problemas— puede ser, paradójicamente, motivo de optimismo. El hecho de que estemos reconociendo lo dramática que es la situación es, precisamente, una razón para tener esperanza.

El Gobierno trata de convencer a la Comisión Europea de que la reforma fiscal aprobada a finales de 2024 ha cumplido con sus objetivos más que de sobra y que los avances en materia tributaria de los últimos años son suficientes para evitar una medida no solo impopular, sino también inoportuna: la subida de los impuestos al diésel que pactó para recibir fondos europeos.

El Ejecutivo comunitario mantiene retenidos 475 millones de euros de los fondos Next Generation EU tras acreditar que el paquete fiscal del Ejecutivo se dejó una pieza fundamental para los objetivos medioambientales europeos. Fuentes del Gobierno explicaron en su momento que los acuerdos con los grupos parlamentarios (se sumaron desde Podemos hasta Junts) incluían esta equiparación fiscal de los combustibles, pero un “error” de los morados impidió la incorporación de la enmienda al texto final de la ley.

Y pasada la ventana de la reforma fiscal, en el Ejecutivo reconocen que las mayorías parlamentarias ya hacían difícil (si no imposible) que saliera adelante una medida con un coste político tan elevado, pero la guerra en Oriente Medio —que ha disparado los precios del petróleo y, precisamente, ha obligado a rebajar los impuestos en los carburantes— la convierten en casi suicida.

“Como se puede imaginar, estamos en una situación ahora mismo donde es difícil plantear también a nivel doméstico una subida de la fiscalidad del diésel”, respondió el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, a preguntas de los periodistas a su llegada a la reunión del Eurogrupo de principios de mes.

La equiparación que intentó llevar a cabo el Gobierno —y que ya trató, sin éxito, de introducir en los Presupuestos de 2021— suponía elevar 9,37 céntimos el precio del litro del diésel, hasta los 0,40 euros, la misma cuantía con la que se grava el impuesto de hidrocarburos en la gasolina. El objetivo: “internalizar los costes ambientales que provocan estos carburantes”, de acuerdo con la enmienda del PSOE que no se llegó a aprobar.

Este compromiso se negoció con la Comisión dentro de la reforma fiscal, que formaba parte del quinto desembolso de los fondos europeos Next Generation EU, solicitado en diciembre de 2024. Y, en su ausencia, el Ejecutivo comunitario la consideró incompleta y, en julio de 2025, congeló una parte de las ayudas a desembolsar.

“En base a la información proporcionada, la Comisión no tiene una garantía razonable de que las pruebas enviadas por España justifiquen debidamente el cumplimiento del hito 388, ya que España no ha proporcionado evidencia ni de la entrada en vigor de la reforma de la imposición al diesel o de alguna reforma en el área de la tributación ambiental, ni cómo las reformas adoptadas (...) han aumentado los ingresos fiscales de manera permanente en, al menos, 0,3 puntos del producto interior bruto (PIB)”, apuntó en su momento la Comisión para justificar la retención.

El Gobierno da la reforma por cumplida

Los Ministerios de Hacienda y Economía —este último departamento es quien lidera las conversaciones con la Unión Europea— se afanan ahora por tratar de convencer al Ejecutivo comunitario de que los avances de la recaudación en los últimos años han sido suficientes para dar la reforma por cumplida.

De hecho, en el Informe de Progreso Anual —el nuevo documento clave de las reglas fiscales europeas— que el Gobierno remitió a Bruselas a finales del mes pasado, el Ejecutivo ya daba por completados los compromisos adquiridos en materia de recaudación: 0,3% del PIB (algo más de 5.000 millones de euros) por la reforma tributaria y otro 0,1% a cuenta de la no deflactación del IRPF.

“La combinación de ambas etapas arroja un compromiso acumulado de un incremento de ingresos públicos de más del 0,4% del PIB en 2028, dando por tanto pleno cumplimiento al compromiso de reforma adquirido en el Plan Fiscal Estructural”, zanjó el Ejecutivo.

El Gobierno trata de cimentar con estas cifras de recaudación el cumplimiento de su compromiso con Bruselas. Una vía que dejó abierta, en parte, la propia Comisión en su valoración del quinto desembolso. “España envió sus estimaciones de ingresos permanentes derivados de las reformas que entraron en vigor, pero estas incluían el impacto del impuesto al diésel que no se aprobó y cuya aprobación estaba prevista en los próximos meses”, dice el documento. Y una vez restado de esas previsiones de ingresos el impuesto al diésel, se quedaban cortas.

Ahora, toda vez que la recaudación y las medidas desplegadas han funcionado mejor de lo previsto, en el Gobierno confían en que sea suficiente para desbloquear los 475 millones de euros dentro del sexto desembolso que reclamó en marzo. “Con las cifras reales de recaudación correspondientes a 2025 ya disponibles, queda acreditado el cumplimiento de los objetivos cuantitativos establecidos para el hito 388”, apuntó Hacienda en la nota de prensa en la que anunciaba la solicitud.

El momento temporal lo es todo, ya que, según los últimos datos publicados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) este miércoles, el precio del gasóleo antes de impuestos en nuestro país ha aumentado un 47,6% desde el estallido de la guerra en Irán el pasado 28 de febrero. En cuanto al precio de venta, este martes el litro de gasóleo se vendía en las gasolineras a 1,694 euros, frente a 1,568 euros de la gasolina.

El encarecimiento ha sido amortiguado por las rebajas de impuestos aprobadas por el Ejecutivo, pero algunas de ellas (en la luz y el gas) ya se han desactivado y queda en el aire la prórroga a partir del 30 de junio, que es cuando decae el grueso del paquete que diseñó el Gobierno en marzo. A pesar de que la ampliación todavía no está asegurada, la Comisión, en las previsiones económicas publicadas este jueves, ya da por hecho que la reducción del déficit público se frenará.

Según un estudio de ING Economics publicado esta semana, los hogares españoles destinaron un 4,9% de su renta disponible al gasto en combustibles en 2025. El incremento de los precios experimentado en los últimos meses elevará esta factura al 5,3%. Y la propensión no es a conducir menos, sino a gastar menos en otras partidas, apuntan los economistas.

Que la Unión Europea no solo no figura entre las prioridades de la política exterior y de seguridad de Donald Trump, sino que es vista como un objetivo a destruir por parte de quien sostiene que fue creada para “joder” a Estados Unidos, es una realidad con la que los Veintisiete debemos contar sin titubeos.

Que, además, el actual inquilino de la Casa Blanca está despilfarrando el poder estadounidense, demostrando que su poderío militar no le sirve para hacer claudicar a una potencia media como Irán, y que su capacidad de atracción se ha transformado en una generalizada imagen de socio no fiable e indeseable, también es un hecho que afecta a su propia seguridad.

Que, en consecuencia, su soberbia y narcisismo están poniendo en riesgo los intereses de su propio país es un peligro que muy pronto puede lamentar quien hasta ahora era reconocida como la superpotencia de referencia, mientras China aprovecha esas circunstancias para ir consolidando su imagen de nuevo hegemón mundial.

La última señal (aunque el tiempo que media entre lo escrito y lo publicado hace que cualquier contabilidad quede anulada por su frenético ritmo de anuncios y contraanuncios) de esa pauta de errático y caprichoso comportamiento es lo ocurrido con el despliegue de tropas y material de defensa estadounidenses en territorio europeo. En un contexto de crecientes amenazas contra varios aliados europeos (con España y Alemania en cabeza), reforzadas por la profunda decepción que Trump dice sentir ante el comportamiento reticente de algunos de ellos para sumarse a la agresión ilegal contra Irán, se amontonan los mensajes que incluso llegan a apuntar a su retirada de bases de utilización conjunta.

De un comportamiento tan errático, planteado más en términos de premios y castigos que en consideraciones argumentadas de seguridad y defensa, no cabe esperar nada bueno

Así, primero manifestó su intención de retirar unos 5.000 efectivos de suelo alemán, seguido de un mensaje del Pentágono dando a conocer su decisión de castigar nuevamente a Berlín con la anulación del acuerdo para desplegar próximamente una batería de misiles crucero Tomahawk, con un alcance máximo en torno a los 2.000 kilómetros. Días después, tras haber manifestado su intención de no aumentar las tropas desplegadas en Polonia, Trump ha dado marcha atrás, confirmando que añadirá unos 5.000 soldados para reforzar la defensa polaca ante la amenaza de Rusia.

De un comportamiento tan errático, planteado más en términos de premios y castigos que en consideraciones argumentadas de seguridad y defensa, no cabe esperar nada bueno. Por una parte, los vaivenes estadounidenses no hacen más que aumentar la generalizada creencia de que Washington ha dejado de ser un socio fiable (como ya Angela Merkel sostenía en 2017, con el primer Trump como presidente), debilitando así un vínculo trasatlántico que aún resulta tan importante para los aliados europeos como también para EEUU.

Por otra, alimenta los sueños imperiales de Vladímir Putin, al hacer tan visible la endeblez de su compromiso con los vecinos de Moscú. Igualmente, desde el punto de vista operativo, complica aún más la colaboración entre los diferentes sistemas de defensa europeos, ante las dudas que surgen a la hora de planificar el reparto de la carga en la defensa aliada, asignando adecuadamente los medios humanos y materiales con los que se puede contar para las diferentes operaciones combinadas que se puedan planificar.

El cambio de orientación del innegable líder de la OTAN debe entenderse como un catalizador que debe acelerar el proceso de autonomía estratégica de los Veintisiete

En todo caso, más allá de la zafiedad de las formas, de lo que no puede caber ninguna duda es que Washington está decidido a reducir su huella militar en el Viejo continente. De hecho, ya desde el giro decidido por Barack Obama, con Hillary Clinton como secretaria de Estado, hacia la región Indo-Pacífico, quedó claro el interés estadounidense por pivotar su esfuerzo militar hacia aquella región, lo que llevaba implícito aligerar su huella de otras zonas, Europa incluida.

En lugar de lamentarse por las pérdidas que ese movimiento pueda ocasionar —desde la merma económica para las localidades dónde estén ubicadas esas bases e instalaciones empleadas por las fuerzas estadounidenses hasta la cobertura proporcionada por su paraguas nuclear—, el cambio de orientación del innegable líder de la OTAN debe entenderse como un catalizador que debe acelerar el proceso de autonomía estratégica que permita a los Veintisiete contar con sus propios medios para defender sus intereses sin depender de otros actores.

Sangre fría y prioridades claras

Por supuesto, algo así no puede lograrse de inmediato y de un solo golpe. Pero conviene recordar que, a pesar de las bravuconadas de Trump, dado que la OTAN es el principal instrumento con el que cuenta EEUU para influir en Europa mucho más allá del terreno militar, no cabe esperar que Washington decida salirse de la organización, arriesgándose a perder el poder que eso le otorga.

Eso, además de que el uso de bases europeas es imprescindible para sus planes de proyección de poder hacia África y Oriente Medio, concede algún tiempo a los europeos para activar su voluntad política en clave comunitaria, abandonando los enfoques nacionalistas que hasta ahora han lastrado el proyecto de unión política de la UE. Un buen ejemplo de ello sería reconducir el actual plan de rearme —basado equivocadamente en consideraciones nacionales y reducido al ámbito militar de la seguridad— para que realmente sirva para dotar a los Veintisiete de todos los instrumentos necesarios para hacer frente en común a toda la gama de amenazas y riesgos que afecten a nuestro bienestar y nuestra seguridad.

Queda por ver cómo se gestionan las tensiones trasatlánticas y las diferentes sensibilidades europeas en la próxima cumbre de la OTAN, el 7 de julio en Ankara.

Las previsiones de la Comisión Europea sobre el crecimiento económico de la UE mandan un claro mensaje político. España crece el doble que Europa gracias a políticas contrarias a las que pregona formaciones de ultraderecha como Vox. Tanto la inmigración como la transición verde están empujando el PIB de la economía española y le permite aguantar mejor el impacto del aumento de los precios energéticos por el conflicto de Oriente Medio. El Fondo Monetario Internacional (FMI) también destaca estos factores como “atenuantes” de la presión de los costes energéticos e “impulsores” del crecimiento.

La Comisión Europea volvió a subir las previsiones de crecimiento del PIB español al 2,4% en 2026, una décima más que las predicciones de Bruselas el pasado otoño, según el paquete económico de primavera que presentó la Comisión este jueves. España es el único país al que la Comisión eleva las previsiones de crecimiento para este año, mientras que se prevé que el crecimiento del PIB en la UE se desacelere hasta el 1,1% en 2026, lo que supone una revisión a la baja de 0,3 puntos porcentuales respecto a la previsión de otoño de 2025, lo que también ocurre con la economía de la zona euro, cuyo PIB se reduce al 0,9 % en 2026.

Para ver con más claridad la solidez de la economía española en el conjunto de la UE, la previsión de crecimiento del PIB en 2026 para Alemania es del 0,6%, para Francia es del 0,8% y para Italia, del 0,5%. Esto supone que la economía española se prevé que crecerá cuatro veces lo que Alemania o tres veces lo que Francia.

Mientras, el líder de la formación ultraderechista Vox, Santiago Abascal, arremete contra lo que denomina “la invasión migratoria” y dice sin aportar pruebas que “en contra de lo que nos dicen aquellos que sostienen que necesitamos mucha más inmigración, lo cierto es que cada vez hay un porcentaje mayor en España de inmigrantes legales en paro”. Los datos que aportan los economistas de la Comisión Europea dan una lectura muy diferente al papel que juegan los inmigrantes en la economía española.

La inmigración como impulso del crecimiento

Al hablar de las previsiones económicas de España, Bruselas asegura que “se prevé que el crecimiento económico esté impulsado principalmente por la demanda interna, respaldada por el sólido comportamiento del mercado laboral y por el crecimiento de la inversión”. En esta demanda interna tiene un importante papel el gasto de los consumidores, que “se beneficiará del crecimiento del empleo en un contexto de sostenida inmigración y de un endeudamiento de los hogares en mínimos históricos”.

En este buen comportamiento del mercado de trabajo “las fuertes entradas de inmigración se prevé que impulsen una nueva expansión de la población activa y fomenten la creación de empleo este año”, asegura la Comisión Europea en su informe sobre España.

“Entre los Estados miembros de mayor tamaño, España registró la revisión positiva más pronunciada por efecto arrastre, donde las sorpresas en materia de empleo añaden automáticamente 0,6 puntos porcentuales al crecimiento de 2026”, recalcan desde Bruselas.

El FMI ha publicado este viernes un informe con las principales conclusiones de su evaluación sobre la economía española en las que destaca que “el crecimiento reciente ha estado impulsado por el aumento de la fuerza laboral derivado de la inmigración, mientras que también se ha producido cierta aceleración del crecimiento de la productividad”.

“La inmigración contribuyó aproximadamente a tres cuartas partes del aumento acumulado del empleo entre 2022 y 2025. Los inmigrantes —casi tres cuartas partes de los cuales procedían del resto de Europa y de América Latina— han seguido sintiéndose atraídos por la situación económica relativamente favorable de España, el amplio uso del idioma y unas políticas migratorias más acogedoras en comparación con la mayoría de las demás economías avanzadas”, recalcan desde la institución financiera multilateral.

Este respaldo a la inmigración en España como fuente de riqueza y creación de empleo llega en un momento de crítica política por parte de la formación ultraderechista, e incluso del Partido Popular, tras la aprobación por parte del Gobierno de Pedro Sánchez del proceso de regularización de alrededor de 500.000 migrantes.

Otra de las políticas que están en el objetivo de la ultraderecha son aquellas que impulsan la transición ecológica. “Los ataques de la internacional reaccionaria contra el ecologismo no son una mera casualidad”, afirma el ex eurodiputado, Florent Marcellesi, que añade que “lo verde es uno de los principales campos de batalla cultural y política”.

En este sentido, el líder de la ultraderecha española insiste en sus discursos en hablar de “fanatismo climático” y de que los “pactos verdes han destruido la industria, la minería y las posibilidades de los ganaderos y agricultores”. Al igual que en su discurso contra la inmigración, sin ofrecer pruebas ni datos, Abascal asegura que el “fanatismo verde” contribuye “a la pérdida de bienestar de los ciudadanos”.

“Posición privilegiada” por las renovables

Sin embargo, un técnico de la Comisión Europea explica que “España está una posición relativamente sólida debido a su crecimiento robusto y a la diversificación de sus fuentes de energía. Esto le da una posición relativamente privilegiada para lidiar con el impacto del conflicto en Oriente Medio”.

En el informe de la Comisión se constata que “los precios de la electricidad están ahora menos estrechamente vinculados a las fluctuaciones de los combustibles fósiles, lo que refleja una mayor proporción de generación con costes marginales bajos, lo que debilita la transmisión de los choques energéticos hacia la inflación general”.

En la Comisión Europea insisten en que se ha aprendido la lección de la crisis de precios energéticos que provocó la invasión de Ucrania por Rusia en 2022. En comparación con 1995, cada euro de producción económica de la UE requiere ahora, en promedio, un 44% menos de energía mientras que cada euro de producción industrial requiere un 50% menos. Más de un tercio de este progreso se ha producido desde 2019 gracias a las políticas climáticas desplegadas por la UE y los países europeos. “Aunque el fuerte aumento de los precios de la energía provocado por el conflicto en Oriente Medio sigue constituyendo un importante choque de oferta negativo, su impacto habría sido mucho más grave sin la notable reducción del consumo energético en la UE”, destaca el informe económico realizado por la Comisión.

Este ajuste ha tenido lugar junto con un cambio progresivo hacia el abandono de los combustibles fósiles en el mix energético de la UE. En los últimos 35 años, la participación de las energías renovables en la energía bruta disponible se ha cuadruplicado, pasando del 5% en 1990 al 20% en 2024 y se ha triplicado en la generación de electricidad en las dos últimas décadas (hasta el 47,5% en 2024), según datos de la Comisión para la UE. Las energías eólica y solar generaron por primera vez en 2025 más electricidad que los combustibles fósiles en la UE. En España los datos son mejores: las renovables ya superan a la generación nuclear y fósil en más del 75% de los días

Con estos datos, Bruselas subraya que “este no es un momento para dar marcha atrás en las políticas, sino para acelerar la transición hacia una economía más resiliente y menos dependiente de los combustibles fósiles”.

En el mismo sentido, el FMI destaca como “factor atenuante” del efecto de la guerra de Irán sobre la economía española a “el impacto limitado del aumento de los precios del gas sobre los precios mayoristas de la electricidad, debido al creciente peso de las energías renovables en la matriz eléctrica”.

Un campo de minas. Y un cúmulo de incertidumbres. El presidente de EEUU presume de la capacidad militar de su ejército y se le ve disfrutando de las operaciones militares. En año y medio de mandato, Donald Trump, quien se cree merecedor del premio Nobel de la Paz, ha bombardeado Irán, Yemen, Siria, Venezuela, Irak, Somalia y Nigeria. Además, van casi 200 asesinatos extrajudiciales en 57 ataques en el Caribe y el Pacífico Oriental desde septiembre de 2025.

La Casa Blanca ha apretado las tuercas a los fabricantes de armas para seguir el ritmo con el que el Pentágono gasta municiones, está reordenando efectivos y armamentos en todo el mundo, moviendo portaaviones para mantener la amenaza sobre Irán y redoblarla sobre Cuba, además de ejecutar operaciones militares en países aliados de América Latina con el paraguas del Escudo de las Américas.

Y todo ese despliegue de poder militar lo hace buscando imponer su ley frente a las normas internacionales, y por el camino se está dando cuenta de que ese poder tiene límites y la exhibición enseña sus debilidades, como cuando es incapaz de doblegar a Irán, de proteger a sus aliados del golfo de los ataques de Teherán y de liberar el estrecho de Ormuz, con las consecuencias directas que eso tiene para sus propios votantes.

En este sentido, este sábado el presidente de EEUU ha anunciado la inminencia de un acuerdo con Irán que ha desatado las alarmas entre sus propias filas por considerarlo un regalo para Teherán, de acuerdo con los primeros detalles que se han ido publicando. El senador republicano por Texas, Ted Cruz, muy alineado con las políticas de Israel, ha señalado: “Me preocupa profundamente lo que se está diciendo sobre un supuesto 'acuerdo' con Irán, impulsado por algunas voces dentro de la Administración. La decisión del presidente Trump de atacar a Irán ha sido la más trascendental de su segundo mandato. Acertó al hacerlo, y logramos resultados militares extraordinarios, incluyendo la destrucción de todos sus misiles y drones, y el hundimiento de toda su armada. Si el resultado de todo esto es un régimen iraní aún dirigido por islamistas que gritan 'muerte a Estados Unidos', que ahora reciba miles de millones de dólares, pueda enriquecer uranio, desarrollar armas nucleares y tener el control efectivo del estrecho de Ormuz, entonces ese resultado sería un error desastroso. El presidente Trump debe [...] hacer cumplir las líneas rojas que ha trazado repetidamente”.

Mientras tanto, la guerra en Ucrania ha cumplido cuatro años y el presidente de EEUU ha trasladado una imagen de querer agradar tanto a Xi Jinping en su viaje a China que se han desatado las dudas sobre si, como está haciendo con Ucrania, cambiará la posición histórica de EEUU en relación con Taiwán, además de ser un reflejo más de los límites de las capacidades de Washington para ejercer una hegemonía que es limitada.

El modo guerra se instaló en la Casa Blanca desde el regreso de Trump como forma de ejercer el poder geopolítico y doméstico, con sus amenazas sobre el Canal de Panamá y Groenlandia, incluso sin haber jurado el cargo. A partir de ahí, decidió abandonar el eje histórico desde la Segunda Guerra Mundial con los miembros de la OTAN para flirtear con el Kremlin, hasta entonces eterno enemigo, y apretar las tuercas al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. Por el camino, Trump también ha tenido tiempo de enfrentarse al papa, León XIV, quien ha criticado el modo guerra de la Casa Blanca hacia fuera, pero también hacia adentro con los migrantes. Y eso no lo perdona Trump.

De la misma manera, Trump tampoco perdona las críticas del canciller alemán, Friedrich Merz, sobre Irán, lo que le ha valido el anuncio de retirar 5.000 soldados de Alemania y de aranceles adicionales a los vehículos europeos, teniendo en cuenta que la industria alemana sería la más perjudicada.

Y mientras hace esto, rectifica los planes de retirar 4.000 soldados de Polonia para afirmar que enviará 5.000 efectivos a causa de su buena sintonía política con el presidente del país, el ultra Karol Nawrocki, el PiS, aliados de Vox y por quien hizo campaña Trump antes de su elección el pasado verano.

El América Primero se fue traduciendo en dejar de proporcionar armas a Ucrania, y si acaso venderlas al mejor postor; declarar guerras comerciales con todo el mundo, generando una incertidumbre económica planetaria, y ser consciente de la adrenalina que genera ser el comandante en jefe del Ejército más poderoso del mundo.

Y, ahí, en ese poderío exterior repartiendo bombardeos por varios continentes, fue encontrándose la oposición interna del mundo MAGA, que se disparó a partir del 28 de febrero pasado con el ataque a Irán de la mano de Israel. Trumpistas de primera hora como Tucker Carlson han marcado distancias con el presidente del Gobierno, e incluso algunos miembros de la bancada republicana en el Capitolio están empezando a alejarse del presidente a pocos meses de las elecciones legislativas de noviembre que viene. Además, a ese ruido en el Congreso se unen los representantes que han sido apeados por Trump para la reelección, lo que permitió que saliera adelante una votación a favor de tramitar una resolución para impedir más ataques de EEUU sobre Irán.

Hasta tal punto se sienten vulnerables los republicanos, que el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, ha maniobrado para evitar una votación como la del Senado en la Cámara baja por miedo a perderla.

Y por el camino esa forma de ejercer el liderazgo de Trump ha alumbrado una nueva familia política, el YOLO caucus, un pequeño grupo, pero creciente, de senadores y congresistas republicanos cada vez más dispuestos a desafiar las directrices de la Casa Blanca y cuyo acrónimo, en inglés, responde a You Only Live Once (solo se vive una vez), porque se refiere a representantes cuyo mandato está en las últimas por haber perdido las primarias ante rivales auspiciados por Trump, precisamente por el afán de la Casa Blanca por laminar toda oposición interna.

Se trata, por ejemplo, de Thomas Massie (representante de Kentucky) y los senadores John Cornyn (Texas) y Bill Cassidy (Louisiana), quienes ya han propiciado una derrota en la Cámara Alta para Trump en relación con el impulso de una resolución sobre poderes de guerra relacionada con Irán

Pero el contexto de guerra se atraviesa en el día a día de los equilibrios geopolíticos, con bombardeos a granjas en Ecuador o escuelas en Irán sin que haya rendición de cuentas, porque todo cabe en el marco de las amenazas para la seguridad nacional. Ya sea la supuesta arma nuclear iraní, los presuntos narcoterroristas latinoamericanos o las conspiraciones atribuidas a Cuba, la Administración Trump encuentra coartada para bombardear Teherán, la frontera entre Ecuador y Colombia, Caracas o para asfixiar con un bloqueo energético a la población civil cubana.

Y, todo ello, saltándose el derecho internacional, como cuando usó una imputación contra Nicolás Maduro para secuestrarlo en Caracas, en una operación que resulta premonitoria de lo que puede estar planeando Trump con Cuba, tras la acusación judicial contra Raúl Castro lanzada esta semana por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996, en el que murieron cuatro personas que se dirigían a la isla sin autorización de La Habana.

Trump está acelerando el modo guerra, sembrando el mundo de minas, haciendo saltar por los aires cualquier orden y, por el camino, está viendo sus propios límites e incapacidades.

Cuatro de los alrededor de 40 españoles que viajaban a bordo de la flotilla a Gaza interceptada por Israel y que fueron expulsados la víspera hacia Turquía han necesitado atención médica, según ha desvelado este viernes el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares. Además, el ministro ha mostrado su confianza en que la Unión Europea adopte sanciones contra el ministro de Seguridad israelí, Itamar Ben Gvir, después del vídeo que publicó este en redes sociales en el que se le ve humillando a los detenidos de la flotilla, arrodillados y con la cara contra el suelo.

“Es algo que desde luego nosotros ya habíamos planteado” puesto que tanto Ben Gvir como Bezalel Smotrich, otro ministro ultra del Gobierno israelí, ya tienen prohibida su entrada en España desde hace tiempo, ha señalado el ministro. “Ahora queremos que sea una medida de la UE”, ha subrayado, explicando que ha tenido ocasión de hablar de esta cuestión esta misma mañana tanto con el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, quien ya había dicho que Italia solicitará estas sanciones, como con su homólogo polaco, Radoslaw Sikorski.

En declaraciones en Helsinborg (Suecia), donde asiste a la reunión de ministros de Exteriores de la OTAN, ha explicado que los cuatro españoles ya han recibido la atención sanitaria, sin entrar en más detalles respecto a su estado. En cuanto al resto, ha confirmado que han sido atendidos por la embajadora en Turquía, Cristina Latorre, y por el personal de la Embajada e irán viajando a España “paulatinamente a lo largo del día”, si bien desde una de las organizaciones que respalda la iniciativa han informado de que la llegada previsiblemente no se producirá hasta mañana.

Asimismo, Albares ha precisado que “también se está documentando a tres ciudadanos que lo necesitaban” para poder viajar hacia España, tras haber sido expulsados todos ellos por Israel con destino a Turquía en aviones fletados por el Gobierno turco después de que sus embarcaciones fueran interceptadas por la Marina israelí en aguas internacionales a principios de esta semana.

La crisis de precios energéticos de la guerra de Irán no parece afectar a la economía española. La Comisión Europea ha vuelto a subir las previsiones de crecimiento del PIB español al 2,4% en 2026, es una décima más que las predicciones de Bruselas el pasado otoño, según el paquete económica de primavera que ha presentado la Comisión este jueves. La fortaleza de la economía española sorprende. Es el único país al que la Comisión eleva las previsiones de crecimiento para este año. Sí hay una rebaja para 2027, cuando la institución europea espera que el crecimiento de la economía española disminuya del 2% al 1,9%. También es destacable para España que el desempleo caiga por debajo del 10% en 2026, por primera vez desde 2008, situándose en el 9,9% y que descienda hasta el 9,6% en 2027.

La Comisión asegura sobre España que “a pesar del incierto entorno geopolítico y del lastre ejercido por los elevados precios de la energía, se prevé que la actividad económica se mantenga relativamente dinámica en 2026”, donde “la demanda interna está llamada a liderar el crecimiento económico en 2026 y 2027, impulsada principalmente por el crecimiento del consumo privado y de la inversión”.

El pasado mes de abril, el Gobierno mantuvo las previsiones de incremento del PIB en el 2,2%, entonces el vicepresidente de Economía, Carlos Cuerpo, comentó que el “escenario de enorme incertidumbre” provocado por el conflicto en Oriente Medio hacía muy difícil hacer previsiones para los próximos meses.

La situación del conjunto de Europa es muy diferente a la de España. La Comisión señala que las previsiones económicas de primavera de 2026 proyectan “una actividad económica más débil, ya que el conflicto en Oriente Medio desencadena un nuevo shock energético que reaviva la inflación y sacude la confianza económica”.

De esta manera, se prevé que el crecimiento del PIB en la UE se desacelere hasta el 1,1% en 2026, lo que supone una revisión a la baja de 0,3 puntos porcentuales respecto a la previsión de otoño de 2025 (1,4%). Posteriormente, se espera que el crecimiento del PIB repunte ligeramente hasta el 1,4 % en 2027. Las previsiones de crecimiento para la zona euro también se han revisado a la baja, hasta el 0,9 % en 2026 y el 1,2 % en 2027, frente al 1,2 % y el 1,4 % respectivamente.

Para ver con más claridad la solidez de la economía española en el conjunto de la UE, la previsión de crecimiento del PIB en 2026 para Alemania es del 0,6%, para Francia es del 0,8% y para Italia, del 0,5%. Esto supone que la economía española se prevé que crecerá cuatro veces lo que Alemania o tres veces lo que Francia.

Bruselas destaca que “la sólida situación financiera de las empresas no financieras, junto con la aplicación del Plan de Recuperación y Resiliencia contribuirán previsiblemente a sostener la evolución positiva de la formación de capital fijo, especialmente en la construcción y en los activos intangibles”.

En el lado negativo, la Comisión coloca al sector exterior, ya que las exportaciones netas contribuirán negativamente al crecimiento del PIB en 2026, “reflejando la incierta evolución de las exportaciones de bienes antes de aportar una contribución prácticamente neutra en 2027”. Esta caída del comercio exterior se debe a la débil situación económica de los países europeos de nuestro entorno, que son los principales mercados donde las empresas españolas venden sus productos.

Como puntos negativos, Bruselas también añade “un posible debilitamiento de la actividad turística, afectando especialmente a la llegada de turistas procedentes de destinos de larga distancia debido al aumento de los costes de viaje”. Aunque precisamente el conflicto de Oriente Medio puede provocar que destinos turísticos de esa zona pierdan atractivo y llevé a los turistas a mirar a España como destino vacacional. La Comisión también apunta “al aumento de las tensiones también podría deteriorar aún más la confianza, dando lugar a un periodo prolongado de comportamiento precautorio por parte del sector privado, lo que afectaría negativamente a la inversión empresarial y al crecimiento del consumo privado”.

Paro por debajo del 10%

La Comisión señala que “las fuertes entradas migratorias sigan apoyando una expansión adicional de la fuerza laboral y fomenten la creación de empleo” en 2026, aunque avisan de que “tras los sólidos resultados de los últimos años, se espera que el mercado laboral pierda impulso”. De esta manera, se espera que el paro caiga por debajo del 10% en 2026 —por primera vez desde 2008— situándose en el 9,9%, y que descienda hasta el 9,6% en 2027.

Como dato curioso, España ya no será la campeona de Europa en desempleo porque Finlandia ocupará su lugar con un paro del 10,1% en 2026.

Respecto a los precios, se espera que la inflación en España se quede en el 3% “impulsada por el fuerte incremento de los precios de la energía y su transmisión gradual a los precios de los alimentos y de los bienes industriales” y “las continuas presiones inflacionarias en los servicios”. Aunque la Comisión espera que la inflación general disminuya hasta el 2,5% el próximo año.

Los precios no varían mucho entre España y Europa. La proyección de inflación en la UE es sel 3,1% en 2026, un punto porcentual completo por encima de lo previsto anteriormente, para volver a moderarse hasta el 2,4% en 2027. En la zona euro, la inflación también se ha revisado al alza hasta el 3% en 2026 y el 2,3 % en 2027, en comparación con las previsiones de otoño, que situaban estas cifras en el 1,9 % y el 2,0% respectivamente.

El peso de las energías renovables en España es uno de los factores que están permitiendo que la factura eléctrica no se dispare para ciudadanos y empresas. “Como importadora neta de energía, la economía de la UE es altamente vulnerable al shock energético provocado por el conflicto en Oriente Medio, el segundo de este tipo en menos de cinco años. El aumento de los precios de la energía implica facturas más elevadas para los hogares y un fuerte incremento de los costes empresariales, lo que reduce los beneficios de muchas industrias y, en la práctica, desvía ingresos fuera de la economía de la UE hacia los países exportadores de energía”, explican desde la Comisión.

“La guerra en Oriente Medio ha desencadenado un importante shock energético, poniendo aún más a prueba a Europa en un contexto geopolítico y comercial ya de por sí volátil. La Unión Europea debe aprender de las crisis pasadas manteniendo el apoyo fiscal como algo temporal y focalizado, y reduciendo aún más su dependencia de los combustibles fósiles importados —un cambio que ya ha fortalecido nuestra resiliencia”, ha comentado Valdis Dombrovskis, comisario europeo de Economía.

Déficit estabilizado

Bruselas hace unas proyecciones en las que el déficit de España se estabilice en el 2,4%. La Comisión explica que “los ingresos procedentes de la tributación directa seguirán siendo sólidos, impulsados por el fuerte crecimiento de las ganancias de capital, el aumento diferido de los salarios públicos desde 2025 y la entrada en vigor del impuesto mínimo global para las empresas multinacionales”.

En este cálculo impacta “el IVA y los impuestos especiales se verán afectados por las medidas aprobadas en marzo para mitigar los efectos del conflicto en Oriente Medio. Estas acciones temporales incluyen reducciones del IVA sobre combustibles, electricidad y gas, la reducción del impuesto especial sobre hidrocarburos y la suspensión del impuesto sobre el valor de la producción eléctrica (con un impacto total estimado del 0,2 % del PIB)”.

La proyección de la Comisión es bastante más elevada que la que hizo el Ejecutivo español. En abril, el vicepresidente económico proyectó el déficit en el 1,6% en 2026, “una vez ajustados los denominados ”one-offs“, es decir, gastos específicos asociados a un suceso, como, por ejemplo, la DANA”, que el equipo económico del Gobierno establece el 0,5%, con lo que el déficit nominal sería del 2,1%.

Deuda sobre el PIB por debajo del 100%

Donde hay más coincidencia es en la ratio deuda/PIB. Bruselas apunta que se espera que “siga descendiendo hasta el 99,6% en 2026, situándose por debajo del 100% por primera vez desde 2019, gracias a un crecimiento del PIB nominal que supera el coste del servicio de la deuda”.

La previsión del Gobierno, que anunció Cuerpo en abril, es que la ratio de deuda pública sobre el PIB se situará en el 99,3%, “con lo que se adelanta un año el objetivo fijado para final de legislatura de situarla por debajo del 100%”.

Con la tensión que ha provocado el anuncio de Donald Trump de la retirada de tropas de Alemania y la cancelación de la llegada de un contingente de soldados a Polonia, los ministros de Defensa y Exteriores de los países de la Unión Europea se reúnen con sus homólogos de la OTAN este jueves y viernes en Helsingborg (Suecia). Fuentes diplomáticas europeas admiten que la decisión de Trump no ha causado sorpresa, pero sí malestar ante la falta de información previa, ya que no facilita la organización de planes de contingencia. Los desplantes del presidente de EEUU van a tener su respuesta en el incremento de las inversiones en defensa que ha puesto en marcha el bloque europeo.

Desde varios países europeos se mantiene que si se pretende reforzar el pilar europeo de la OTAN, como defiende Estados Unidos, habrá que tener capacidad europea de defensa, lo que se tiene que reflejar en su industria. Los ejecutivos europeos plantean que, si desde la Administración Trump se reclama más responsabilidad a Europa por su seguridad, se tendrá que hacer algo más que comprar material militar a Estados Unidos.

El gasto en defensa de los 27 Estados miembros de la Unión Europea alcanzó la cifra récord de 381.000 millones de euros en 2025, con un incremento del 11% frente al año anterior. En la reunión de Suecia, se va a seguir evaluando la consecución de capacidades por parte de los países que forman la OTAN.

Fuentes diplomáticas europeas admiten que en el seno de la Alianza Atlántica hay un debate en curso sobre si es discriminatorio que el incremento de los presupuestos nacionales en defensa se gaste en empresas de la UE, dejando fuera a países como EEUU o Turquía. Ambos han mostrado abiertamente su queja ante las propuestas de varios países como Francia o España para que el grueso del gasto militar de la Unión recaiga en compañías europeas.

El “funambulismo” de Rutte

Mientras, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, trata de hacer “funambulismo” en su búsqueda de que Trump esté satisfecho con la Alianza Atlántica ante los vientos que se cuelan por la sede de Bruselas sobre el abandono de EEUU de la organización militar defensiva. Y todo ello, cuando el presidente de EEUU creó una crisis sin precedentes con su obsesión por anexionarse Groenlandia, ha atacado a los aliados de la OTAN por un gasto militar que considera insuficiente mientras deja a la UE toda la responsabilidad en la defensa de Ucrania o ha acusado a países europeos de abandono por no apoyar su ataque junto a Israel contra Irán.

“Lo que Trump está haciendo ahora es más pernicioso y peligroso para Europa que una retirada total de Estados Unidos de la OTAN o una participación meramente pasiva en la alianza. Ambos escenarios, al menos, habrían tenido la ventaja de la claridad. En cambio, Trump ha transformado a la OTAN de un instrumento de disuasión frente a Rusia en un instrumento de coerción contra Europa”, explica Rym Momtaz, investigadora de Carnegie Europe.

En las cancillerías europeas hay un temor añadido ante las consecuencias sobre de la defensa europea que puede acarrear que Estados Unidos cierre el grifo en la venta de algunas armas, como los misiles Tomahawk que se tienen que desplegar en Alemania, o que se oponga a transferencias de tecnología militar que permita al bloque de la UE apuntalar su capacidad de disuasión frente a un potencial enemigo, como Rusia.

“Ventana de vulnerabilidad”

Un informe elaborado por un grupo de centros de pensamiento europeos (CEPS, RUSI, Clingendael e IEP) bajo el título 'Más Europa en materia de defensa — tres vías' revela que si Estados Unidos abandonase la OTAN o si su gobierno decide bloquear la toma de decisiones y condicionar su apoyo (escenarios que el informe considera plausibles ante las declaraciones de la administración Trump), Europa se enfrentaría a una grave crisis de seguridad y tendría que asumir de inmediato la responsabilidad principal de su propia defensa.

La consecuencia inmediata, según el informe, sería la apertura de una “ventana de vulnerabilidad”. La retirada no coordinada de fuerzas estadounidenses sumada al retraso del rearme europeo crearía una oportunidad estratégica que Rusia podría aprovechar para poner a prueba la preparación militar de Europa hacia el año 2030 o incluso antes.

Por otro lado, se daría una exposición de brechas críticas prolongadas: los ejércitos europeos carecen de la escala, profundidad y preparación necesarias para sostener una guerra de alta intensidad. Se estima que Europa tardaría entre 10 y 12 años en reemplazar las capacidades militares que en la actualidad le provee Estados Unidos. Sin el respaldo estadounidense, los europeos desprotegidos en áreas como disuasión nuclear, inteligencia y vigilancia, logística de transporte, misiles de precisión y sistemas de defensa antiaérea, recalca el informe de los think tanks.

En este sentido, fuentes diplomáticas apuntan el papel que ha adoptado Alemania en el terreno militar, desarrollando una industria que lo está convirtiendo en “un gigante en construcción”. Hay proyectos como los misiles Patriots, con transferencia tecnológica de Estados Unidos, en los que participan Alemania, España, Países Bajos y Rumanía, o los misiles Taurus, en los que colaboran Suecia, Alemania y España, que pueden permitir a Europa cubrir vacíos de capacidades que hasta el momento llenaba EEUU.

Con este panorama, vuelve a resonar la creación de un Ejército europeo, que España ha defendido. Fuentes diplomáticas apuntan que la idea que se está planteando es la creación de una estructura similar a la que ya tiene la OTAN: un centro de control y mando de los 32 ejércitos de los países que forman la Alianza Atlántica. En el caso europeo, habría 27 fuerzas armadas que se organizarían bajo un sistema de mando y control, lo cual no sería incompatible ni iría en detrimento de la OTAN.

En plena tormenta política por la salida de 5.000 soldados de Estados Unidos de Alemania y la cancelación de la llegada de otras 4.000 tropas de EEUU a Polonia, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha vuelto a dejar claro este miércoles sus posiciones de defensa de las políticas que marca Donald Trump. Rutte ha comentado que “mantener fuerte esta Alianza implica redistribuir responsabilidades. Alejarse de una dependencia excesiva y poco saludable de un solo Aliado”, en referencia a Estados Unidos, durante la rueda de prensa previa a la reunión de ministros de Exteriores y de Defensa de los países de la OTAN, que tendrá lugar este jueves y viernes en Helsingborg (Suecia).

Cuando fue preguntado por las críticas de Trump a los países europeos que conforman la OTAN, el secretario general de la Alianza Atlántica ha asumido los preceptos del presidente de EEUU y sus necesidades de política nacional. “Europa, junto con el Reino Unido, Turquía y Noruega, suman más de 500 millones de personas. Nos enfrentamos a un adversario como Rusia, de entre 120 y 140 millones de habitantes. Ahora dependemos en exceso de un solo aliado con unos 350 millones de personas para asegurarnos de que podemos defendernos de Rusia. Eso no es sostenible a largo plazo y ese aliado no puede seguir explicándolo a su propia opinión pública”, ha comentado.

Este martes, el comandante supremo de la OTAN en Europa, el general estadounidense Alexus Grynkewich, confirmó la salida del contingente estadounidense de suelo alemán, argumentando que responde a que los países europeos “han reforzado su poder de combate terrestre, por lo que ahora existe sustancialmente más capacidad en el dominio terrestre que antes”.

“Sabemos que se producirán ajustes”

El secretario general de la OTAN prácticamente copió la respuesta del militar estadounidense. “Los europeos y los canadienses están aumentando masivamente su gasto en defensa. Europa tiene que asumir un papel más importante y asumir una mayor responsabilidad en la defensa convencional. En ese contexto, sabemos que se producirán ajustes. Estados Unidos tiene que reorientarse más, por ejemplo, hacia Asia. Esto se llevará a cabo con el tiempo y de manera estructurada”, ha señalado.

Rutte ha insistido en recordar las palabras del comandante supremo de la OTAN en Europa al asegurar que la salida de tripas “no tendrán impacto en los planes de defensa de la OTAN”.

Aunque hay un fuerte debate en Europa sobre dónde se debería gastar el dinero de defensa, cuando parece que el aliado más fuerte, Estados Unidos, abandona en cierta manera a Europa, Rutte ha abogado porque el “camino creíble implica aumentos constantes y sostenidos en la inversión en defensa” y ha abogado por “fortalecer las capacidades de combate y acelerar la producción de la industria de defensa a ambos lados del Atlántico”.

Respecto a Ucrania, el secretario de la Alianza Atlántica ha resaltado que “su seguridad está directamente vinculada a la propia seguridad” de Europa y ha abogado que el mecanismo PURL, la compra por parte de Europa de armamento de EEUU, con destino a Ucrania es el más importante.

“Rusia sigue siendo la amenaza más directa”

Además, ha subrayado que “Rusia sigue siendo la amenaza más directa para la seguridad euroatlántica. Continúa librando una brutal guerra de agresión contra Ucrania. Al mismo tiempo, los aliados se enfrentan a intentos persistentes y crecientes de socavar nuestra seguridad y estabilidad, incluidos ciberataques, sabotaje y amenazas a nuestras infraestructuras críticas”.

Sobre el incidente por la entrada de drones ucranianos en Lituania, Rutte ha remarcado que “si los drones vienen de Ucrania, no están allí porque Ucrania quisiera enviar un dron a Letonia, Lituania o Estonia. Están allí por la agresión imprudente e ilegal a gran escala de Rusia, que comenzó en 2022 tras lo que hizo en Crimea en 2014 contra Ucrania”.

El secretario general de la OTAN ha calificado como “mentiras ridículas” la declaración de Rusia sobre que Letonia y otros países bálticos podrían permitir a Ucrania utilizar su territorio para atacar a Rusia.