“De aquellos polvos, estos lodos”. Con esta expresión una afectada resumía el efecto directo, pero también a la hora de redefinir un modelo, que tuvo para la situación de la vivienda en Madrid la venta de 1.860 pisos protegidos al fondo buitre Blackstone. Arantxa Mejías, presidenta de la Asociación de Afectados y Afectadas por la venta de viviendas públicas de EMVS (AAVVE), recordaba así y entre duras críticas una operación impulsada por el Gobierno de Ana Botella en 2013. Un procedimiento que vuelve a ser noticia, ya que según varios medios económicos e inmobiliarios, Blackstone podría estar negociando revender los miles de inmuebles. Todo ello, con la amenaza de que muchos de los contratos de alquiler no sean renovados.

La mejor posicionada al respecto de la compra es la gestora de fondos canadiense Brookfield, la cual negocia en exclusiva con Blackstone la adquisición de su Socimi residencial Fidere, que cuenta con unas 5.300 viviendas en alquiler. Entre ellas, las 1.860 de una de las operaciones de vivienda pública más polémicas de la historia reciente.

La portavoz de Más Madrid en Cibeles, Rita Maestre, preguntará al alcalde José Luis Martínez-Almeida sobre este asunto en el pleno municipal del próximo martes 24 de marzo. En un vídeo compartido en redes sociales, la concejala explica que los vecinos afectados se han organizado “contra la nueva operación con la que Blackstone pretende enriquecerse aún más vendiendo estas casas a otro fondo buitre por mucho más dinero del que pagó”. El objetivo de su partido es que “el Ayuntamiento de Madrid, ahora que los edificios están en venta, recupere el patrimonio de todos los madrileños y los vuelva a comprar”.

Para la líder de la oposición, el Partido Popular “engañó a los vecinos” al asegurarles que los alquileres no se tocarían, cuando no fue así. Arantxa Mejías recordaba en conversación con Somos Madrid que sus padres pasaron de pagar unos 500 euros mensuales cuando el Consistorio les concedió su vivienda de protección oficial en 2004 a unos 1.100 dos décadas después. “Aseguraron que las viviendas que eran con opción a compra lo seguirían siendo y tampoco fue así”, reprocha también Maestre.

La edil abordará en Cibeles la operación de venta de estas miles de viviendas y adelanta además la amenaza de que cientos de contratos dejen de renovarse: “Sabemos, a través de las familias y del Sindicato de Inquilinas de Madrid, que Blackstone ha comunicado que no va a renovar los contratos. Y que estas últimas semanas el posible comprador anda visitando los edificios, concretamente en Carabanchel”. Este periódico ha contactado con Testa Homes, la filial de Blackstone que gestiona las promociones afectadas, acerca de la posible venta a Brookfield y el impacto en las condiciones contractuales de los arrendatarios. Por el momento, no han trasladado ninguna respuesta.

Lamenta Maestre que “Almeida permite a los especuladores y fondos buitre jugar a su antojo con la vivienda de los madrileños y madrileñas”. Así, dice, “ahora estamos en el de Blackstone a Brookfield y tiro porque me toca, mientras las familias caen siempre en la misma casilla: subida de alquileres y expulsión de sus barrios”.

“Aquella operación fue una vergüenza por la que hoy los madrileños seguimos pagando la factura de ese expolio, el de 1.860 viviendas públicas de la EMVS [Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo de Madrid]. Fue la primera gran alfombra roja a los fondos buitre en Madrid. Fue el PP quien creó este problema y el PP tiene la obligación moral y legal de solucionarlo”, sentencia la concejala.

El PP desdeña una posible recompra municipal: “Estupidez propia del comunismo más rancio”

Pero la propuesta de Más Madrid, que el Ayuntamiento compre esas viviendas y las devuelva al patrimonio público de la EMVS porque es “de donde nunca debieron salir” (garantizando además “alquileres indefinidos y asequibles”), se ha encontrado ya con el rechazo del Gobierno de Almeida.

El portavoz del Partido Popular en el Consistorio, Carlos Izquierdo, ha calificado la proposición de Maestre de “auténtica estupidez propia del comunismo más rancio”. Para el también concejal presidente del distrito de Carabanchel (el más afectado por la venta de los pisos públicos), las declaraciones de la edil son “discrecionales y arbitrarias”, ya que “operaciones similares se han hecho por parte de la Seguridad Social y Más Madrid no ha dicho nada”.

Anima a la líder de la oposición en Cibeles a “decir cómo quiere que se saque ese dinero para comprar casi 2.000 viviendas”. “¿Del bolsillo de todos los madrileños?”, se pregunta Izquierdo. Desde su punto de vista, la solución es “aumentar la oferta de vivienda pública y dar estabilidad al mercado”.

Una operación plagada de irregularidades sin consecuencias penales

Bajo el pretexto de garantizar la solvencia económica de EMVS, Botella provocó que 18 promociones de casas públicas de arrendamiento y de arrendamiento con derecho a compra (el 20% del patrimonio total que EMVS poseía por entonces) terminaran en manos de las sociedades Fidere Gestión y Fidere Vivienda, ahora rebautizadas como Testa Homes. Filiales todas ellas del fondo buitre Blackstone, que desembolsó menos de 128 millones de euros. Apenas 70.000 euros por casa.

Con ello, la protección desapareció y miles de personas vieron cómo de la noche a la mañana los alquileres que abonaban se multiplicaban. Lo que la exalcaldesa vendió como un simple “cambio de casero”, se convirtió en realidad en una vulneración de las condiciones iniciales de los contratos. Para Mejías, además de los perjudicados directos, “hubo miles de afectados indirectos al menospreciar un derecho ciudadano como la vivienda social, esa a la que debería poder acceder cualquier familia para vivir con dignidad”.

Por ello la noticia de un posible nuevo cambio en la propiedad ha avivado la controversia sobre un proceso que, según un informe de la Cámara de Cuentas de Madrid publicado en 2016, “vulneró las más elementales reglas de buena gestión”. El dictamen enumeraba a lo largo de 66 páginas un cúmulo de irregularidades por parte de EMVS en la enajenación de su cartera de viviendas. Entre ellas, que el Ejecutivo de Botella facilitó información privilegiada a cuatro compañías (Azora-Morgan Stanley, Lone Star, Harbour Group-Álvarez & Marsal y Magic Real State-Blackstone, la adjudicataria final) sobre las condiciones de la venta, antes de hacer pública la operación el 3 de mayo de 2013.

El órgano de control concluyó que la decisión de vender estas promociones se tomó “como poco entre el 12 de diciembre de 2012 y antes del 2 de abril de 2013”. En otras palabras, “no hubo concurrencia pública” a la hora de vender esa cartera de pisos sociales. De hecho, se habían presentado ofertas antes de que el proceso fuese abierto. Pese a todo ello, el Gobierno de Almeida sigue sin condenar explícitamente la actuación del equipo de Botella, e incluso llegó a torpedear la acusación particular del Ayuntamiento en el juicio (impulsada en la etapa de Manuela Carmena).

Finalmente la Audiencia Provincial de Madrid y luego el Supremo acabaron absolviendo a Botella; el exconsejero delegado de EMVS, Fermín Oslé y el apoderado de Fidere, Alfonso Benavides. En la vertiente administrativa, el Tribunal de Cuentas condenó en primera instancia a la exalcaldesa y siete altos cargos de su Ejecutivo, pero la sentencia fue luego revocada. Dos consejeros nombrados por el PP libraron a Botella de un castigo millonario por valor de 25,7 millones. 

En abril de 2025, el Tribunal Supremo revocó asimismo una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid y asestó un nuevo revés a los inquilinos, al rechazar que los arrendatarios de viviendas de protección oficial tengan derecho a adquirirlas por la misma cantidad que Blackstone pagó al Consistorio. Unos 70.000 euros por casa que ejemplifican el pelotazo del fondo buitre, más cerca de potenciarse todavía más con esta posible reventa.

El expresidente del Gobierno José María Aznar se ha defendido este jueves a través de FAES por aparecer en los denominados 'papeles de Epstein', la documentación del depredador sexual y financiero internacional Jeffrey Epstein, quien se suicidó mientras esperaba juicio y cuyas relaciones con los hombres más poderosos del mundo, y algunas mujeres, han supuesto un terremoto político en EE UU o Europa.

Aznar, su esposa, Ana Botella, el hijo de ambos y su yerno, Alejandro Agag, aparecen en los archivos de Epstein desvelados por el Departamento de Justicia de EE UU. De acuerdo con los archivos, los envíos de sendos paquetes a Moncloa y FAES ocurrieron en 2003 y 2004, varios años antes de la primera condena al depredador sexual.

Una circunstancia que fue utilizada por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, a cuenta de las acusaciones lanzadas por el PP contra el también expresidente, este del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero. “Aznar ha aparecido en los papeles de Epstein y yo no vengo aquí a traer acusaciones”, dijo Albares el pasado 3 de febrero.

Nueve días después, Aznar ha utilizado una de las habituales notas públicas de FAES para defenderse y amenazar a quien les relacione con Epstein. “Lo de contestar a las preguntas de la oposición con un 'también Aznar ha aparecido en los papeles de Epstein y yo no vengo aquí a traer acusaciones' es elevar el pellizco de monja a categoría política”, apunta la fundación.

“Esa hipócrita timidez podría comprometer la imagen del Gobierno como campeón del progreso y dique global de la marea reaccionaria”, prosigue la nota. “No hay que andarse con perífrasis. Si se cree que la mención de dos apuntes postales basta para sugerir que Aznar encubría o encargaba actividades ilícitas y/o inmorales, dígase por derecho”, apunta.

La nota concluye con una amenaza nada velada hacia los miembros del Gobierno que hagan alusiones sobre el hecho cierto de que Aznar y su familia aparecen en los archivos de Jeffrey Epstein: “Si eso lo sostuviera alguien aforado, todos tendríamos, además, la oportunidad de aprender mucho: por ejemplo, acerca de la tramitación de suplicatorios en España”.

Teléfonos móviles y correos electrónicos en su agenda. Y envíos a Moncloa y la FAES. De entre los tres millones de páginas de los documentos del depredador sexual Jeffrey Epstein liberados este viernes por el Departamento de Justicia, hay algunos en los que aparecen los nombres de José María Aznar, Ana Botella, José Aznar y Alejandro Agag, tal y como ha adelantado El País y ha podido comprobar después elDiario.es.

De acuerdo con los archivos, los envíos de sendos paquetes a Moncloa y FAES ocurrieron en 2003 y 2004, varios años antes de la primera condena al depredador sexual. Y la presencia de estos nombres tampoco indica que tuvieran conocimiento de los abusos cometidos por Epstein por parte por la familia Aznar.

El entorno del ex presidente, contactado por El País, asegura que Aznar no tiene “ni idea” de qué son estos envíos, y añaden que “no conoce a ese señor”, en alusión a Epstein.

Quienes, además, aparecen en la agenda telefónica de Epstein son el hijo de Aznar, José, y su yerno, Alejandro Agag.

El urbanismo de las ciudades es también una forma de memoria. Edificios y calles cuentan los relatos que conforman su historia, desde los pueblos que las habitaron hasta los grandes sucesos que las sacudieron. En Madrid, algunos ejemplos dispares son los restos de su muralla árabe, el legado del estilo arquitectónico neomudéjar o los icónicos grafitis de Muelle. Algunos vestigios, sin embargo, no retrotraen a épocas de esplendor. Tampoco a grandes logros artísticos. Son recuerdos accidentales del fracaso, la quiebra, la incompetencia o incluso la delincuencia. Reflejos de los aspectos más vergonzantes de un país.

Es lo que sucede en la capital con los estertores que resisten de la empresa Gowex, de cuya caída en desgracia se cumplen ya más de once años. La compañía que prometió wifi gratuito por toda la ciudad (y en muchas otras) aún está presente en muchos de los espacios públicos que su proyecto pensaba utilizar como parte de la infraestructura. Algunas marquesinas de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) y muchos quioscos todavía conservan carteles o láminas con el característico logo de Gowex: una mano blanca y curvilínea haciendo la señal de ok sobre un fondo azul, con el nombre de la compañía escrito al lado en el mismo color. Para muchos transeúntes pasará como una publicidad más, una que quizá se ha quedado antigua a tenor del desfasado diseño y del desgaste que acumulan estas cartelas. En realidad, es todo lo que queda de la gran mentira empresarial de la década pasada.

Creada y presidida por Jenaro García desde 1999, Gowex ofrecía algo tan futurista para la época como wifi gratis de forma masiva, declarando más de 100 millones de ingresos anuales y anunciando una red de puntos de conexión que superaba los 100.000 terminales. Hasta que el caso Gowex estalló el 1 de julio de 2014 con un informe de Gotham City Research. Este fondo bajista, que gana dinero apostando por la caída de empresas cuyas cuentas cuestiona, emitió un análisis que pinchaba la burbuja de la compañía. Gowex cotizaba por aquel entonces en el denominado Mercado Alternativo Bursátil (MAB), donde las empresas no están obligadas a detallar sus cuentas, pero sí a que existan unos asesores a modo de intermediarios.

El informe de Gotham City Research desveló que ni una sola de las cifras de ese supuesto éxito financiero y técnico era verdadera. Sus ingresos reales eran, como mucho, un 10% de lo que estaban declarando. La red de puntos wifi, según las estimaciones más optimistas, era tres veces menor de lo que afirmaba. Los créditos millonarios que afirmaban haber obtenido en Estados Unidos no existían. Y todo ese falso volumen de negocio, que un auditor había dado por bueno sin hacer comprobaciones, venía de un sistema de facturas falsas y compraventa de mercancías que no existían. Gowex, supuestamente, había recurrido al proveedor de sociedades fantasma que suministró a la Gürtel, a la operación Marsans y a la trama del caso Nóos.

Gowex, la promesa con pies de barro

Mientras tanto, los directivos se habían repartido tres millones en dividendos y habían engañado a los grandes bancos del país: Santander, Bankinter, la Banca March, Deutsche y Caixabank le dieron más de 22 millones en créditos y avales. Llegó a conseguir un préstamo subvencionado del Gobierno para un proyecto sobre la brecha digital en Cádiz con fondos europeos, según publicó El Confidencial.

En Madrid, Gowex había establecido un modelo de consorcio público-privado para impulsar a la capital española como ejemplo de Wireless Smart City junto con el Ayuntamiento de Madrid, que por entonces lideraba Ana Botella. Autobuses de EMT, quioscos de prensa, espacios abiertos... La ciudad había logrado, según aseguraba la compañía pocos días antes de que se revelaran sus cuentas reales, dotar de wifi gratis a más del 40% de Madrid, “convirtiendo la capital en una de las ciudades mejor conectadas del mundo”. Desde el consistorio precisaron luego que “la infraestructura técnica y la tecnológica pertenecen a la propia EMT” y que Gowex era “solo un patrocinador”, según recogía ABC. Botella dijo estar “sorprendida” por la noticia del fraude y anunció que rescindiría “inmediatamente” los contratos municipales si se demostraba que las cuentas eran falsas.

La Comunidad de Madrid también se sumó a esta fiebre tecnológica (y finalmente fraudulenta). El Gobierno autonómico que presidía Ignacio González firmó un contrato con Gowex para instalar wifi en toda la red de Metro. El proyecto estaba a punto de iniciarse en Nuevos Ministerios cuando trascendió mediáticamente la verdadera situación financiera de la compañía. El plan era ir ampliando progresivamente el servicio a las principales estaciones del suburbano, pero nunca llegó a completarse. Posteriormente, el suburbano modificó su apuesta y trabajó en mejorar la cobertura de datos móviles mediante un convenio de 16 millones de euros con los principales operadores móviles. Alcanzó la red completa en 2021, terminando de apuntalar el verdadero futuro de las conexiones digitales con el 4G.

No solo Gowex está en la calle, también su fundador: “Quiero entrar ya en la cárcel”

Jenaro García negó durante una semana que el informe que expuso la coyuntura real de su empresa fuera cierto, hasta que compareció en la Audiencia Nacional con un escrito titulado “manifiesto y confieso”. En él, reconocía que “las cuentas desde la salida a Bolsa no respondían a la realidad” y que toda la responsabilidad era suya. Se iniciaba entonces un periplo judicial que, más de una década después, todavía está pendiente de juicio.

El magistrado que investigó el caso en la Audiencia Nacional decidió enviar al fundador de Gowex y varios colaboradores al banquillo al entender que “las cuentas no respondían a la realidad, ni reflejaban la imagen fiel, lo que no impidió la captación de nuevos inversores”. La Fiscalía Anticorrupción, en su escrito de acusación presentado en 2019, pidió hasta 18 años de cárcel para Jenaro García y multas que superan los 10,2 millones de euros.

El propio García aseguró, en una entrevista a El Mundo publicada en 2024, que deseaba una resolución cuanto antes: “Quiero entrar ya en la cárcel”, declaró. Pero de momento este histórico fraude no termina de cerrarse en los tribunales. Los juzgados, al igual que las calles de Madrid, se resisten a dar carpetazo definitivo a un caso que dice mucho sobre la España de la colaboración público-privada desatada. Sobre ese mundo que todavía veía en las empresas tecnológicas un halo de esperanza hacia el futuro. Así, puede que no esté mal conservar esas señales de Gowex, a modo de recuerdo permanente de los errores cometidos en el pasado que siempre pueden repetirse en el futuro.

El pasado 5 de diciembre, una sentencia del Supremo dio a decenas de familias unos meses de esperanza. El Alto Tribunal daba la razón a cuatro familias afectadas por la venta de vivienda pública del Ayuntamiento de Madrid a un fondo buitre, que habían reclamado que se respetase su derecho de retracto, reconocido en los contratos que habían firmado con la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS). Es decir, obligaba a Fidere, la socimi que gestiona los alquileres de Blackstone, a venderles los pisos por el mismo precio de saldo al que se los compro a la entonces alcaldesa Ana Botella.

Con decenas de procesos similares en marcha, desde la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas Públicas de la EMVS celebraban esa pequeña victoria con prudencia: “Entendemos que va a ser la solución para todas, pero somos cautas”. Este jueves, la Sala Primera del Supremo ha resuelto de una tacada otros cuarenta casos, convirtiendo la cautela en un presagio aciago. El Supremo ha considerado en este caso, y contra el criterio de la Audiencia Provincial de Madrid, que estas familias no pueden ejercer este derecho y hacerse con la propiedad de estas viviendas por el mismo precio al que Blackstone las compró, unos 50.000 euros.

“Es un día triste para la justicia”, lamenta José Mariano Benítez de Lugo, el abogado que ha llevado tanto estos casos, como los cuatro anteriores y que tiene en cola a cerca de 200 familias más. “Si el Supremo en la misma operación de venta y con el mismo ponente dijo que había lugar a retracto, ¿cómo es que ahora decide que no cabe retracto, tratándose de la misma operación de venta? Que fuerza irresistible les ha llevado a proponer al pleno esta sentencia permanecerá en el arcano de los misterios”, afirma el letrado.

Arantxa Mejías, portavoz de la asociación de afectados, ha hablado durante años por sus vecinos, pero la comunicación de este jueves ha sido especialmente dura porque entre esas 40 viviendas estaba la de sus padres. “Estoy en shock”, admitía tras enterarse de la noticia por la llamada de este medio. “Me ha sorprendido que el mismo ponente cambie de criterio”, acertaba a decir, a la espera de un análisis más profundo por parte del abogado.

El inicio de esta historia se remonta a 2013, cuando la EMVS vendió a Blackstone un total de 1.860 viviendas, 1.797 plazas de garaje y 1.569 trasteros, de 18 promociones construidas bajo distintos regímenes de protección pública. Vivienda pública a manos privadas, en lo que supuso un pufo para el patrimonio del ayuntamiento ordenado por Ana Botella. El Tribunal de Cuentas concluyó que la enajenación de esos inmuebles por 128 millones de euros estaban 23 millones de euros por debajo de su valor real y condenó a la exalcaldesa a pagar de su bolsillo 25,7 millones de euros, que la Sala de Enjuiciamiento revocó gracias a los votos de los consejeros propuestos por el Partido Popular.

Ya en aquel momento, cientos de inquilinos se organizaron para tratar de impedir o revertir esta y otras operaciones deficitarias para el patrimonio público, desde la calle y en los tribunales, con éxito dispar. Por ejemplo, la Justicia si anuló la venta de 3.000 viviendas sociales de la Comunidad de Madrid a Goldman Sachs y Azora. Este jueves, los magistrados han vuelto a separar los caminos de sus decisiones, justificándola en ambos casos en el artículo 25.7 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), que regula las excepciones al derecho de tanteo o retracto.

El texto, reformado en 1994, indica que “no habrá lugar a los derechos de tanteo o retracto cuando la vivienda arrendada se venda conjuntamente con las restantes viviendas o locales propiedad del arrendador que formen parte de un mismo inmueble ni tampoco cuando se vendan de forma conjunta por distintos propietarios a un mismo comprador la totalidad de los pisos y locales del inmueble”. Y aquí es donde los afectados ven una disparidad de criterio, al considerar que se trata de dos situaciones similares.

Atendiendo a las sentencias, en el caso conocido esta semana, el Supremo entiende que “la compraventa objeto de litigio, aunque es posible que no incluyera todos los elementos (viviendas y locales) del edificio donde se encuentran los pisos arrendados a los demandantes (porque, al parecer, no todos pertenecían a la vendedora), sí comprendía todas las unidades de las que la Empresa Municipal de Viviendas era titular en cada edificio al tiempo de la transmisión y que formaban parte de las distintas promociones objeto de la compraventa. Y en lo que afecta al caso, comprendía todas las viviendas de las que la vendedora era propietaria en ese concreto edificio”.

¿Qué ocurrió en diciembre? El Supremo indicaba entonces que “la parte demandada (Fidere) no ha acreditado que la compraventa comprendiera todas las unidades del edificio, pues aparte de que en la escritura no consta que se transmitieran todas las viviendas, se dice expresamente que fueron objeto de la transmisión cuarenta y cuatro plazas de garaje del inmueble”. Es decir, esas cuarenta y cuatro plazas de garaje son las que permitirán ahora a cuatro familias del centro de Madrid hacerse con la propiedad de los pisos en los que viven por unos 68.000 euros.

Fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es admiten que la redacción de la Ley de Arrendamientos Urbanos no estaba pensada para un caso tan específico. “Puede pasar que en unos meses lleguen más casos y les den la razón a los afectados”, señalan. “Cuando tenga los juicios que faltan estaremos ante esta situación absurda, en la que una sentencia dice que no está acreditado que todas las viviendas fueron vendidas y otra que si lo consideran”, señalaba el abogado Benítez de Lugo pocas horas después de conocer la decisión y a falta de analizar la sentencia con detalle y barajar las vías que se abren en adelante, con un posible recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional en el horizonte.

La abogada del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES), Alejandra Jacinto, muy crítica con la venta de vivienda pública a fondos buitres, tanto desde la PAH como desde la Asamblea de Madrid, donde fue diputada por Podemos entre 2021 y 2023, explica que “el argumento que da ahora el Supremo es el que viene sosteniendo desde hace tiempo: si la venta se produce en bloque no hay posibilidad de ejercer el derecho de tanteo y retracto”.

El propio Supremo admite que la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 es “explícitamente más reductora de los derechos de adquisición preferente de los arrendatarios que su antecedente”, de 1964, al establecer esas salvedades para las ventas en paquete. “Es una injusticia manifiesta, porque vulnera derechos de los inquilinos y la igualdad respecto a otros. Si un casero decide vender de forma individualizada, vas a poder disfrutar de ese derecho, pero si decide sortearlo, basta con que venda las viviendas en bloque, lo que se puede convertir en un incentivo para que proliferen este tipo de ventas masivas en bloque, que vulneran derechos individuales”, considera Jacinto.

Nuevo varapalo para los afectados por la venta de vivienda pública al fondo buitre Blackstone. El Tribunal Supremo ha fallado en contra de 40 familias que vivían en pisos que el Ayuntamiento de Madrid de Ana Botella vendió al fondo buitre en 2013 y que habían exigido ejercer su derecho de retracto y adquisición preferente recogido en sus contratos: esto es, comprar las viviendas en las que vivían de alquiler al mismo precio de saldo al que las obtuvo el gigante inmobiliario, por poco más de 50.000 euros en este caso.

Pese a que una sentencia de la Audiencia Provincial ya había dado la razón a las familias en 2021, el fondo buitre recurrió esta decisión y el Alto Tribunal le da la razón, al considerar que las viviendas, entonces propiedad de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) fueron vendidas en bloque. Según el gabinete técnico de la Sala Primera, esta es uno de los pocos supuestos “en los que se procedería la exclusión de los derechos de adquisición preferente”, que venía recogido en los contratos de alquiler.

Esta no es la primera sentencia que el Supremo dicta en torno al derecho de retracto de los afectados por esta enajenación de casi 2.000 viviendas públicas de Madrid a un fondo de inversión. El año pasado la misma Sala de lo Civil dio la razón a cuatro inquilinas de otro bloque del centro de Madrid porque, en su caso, sí se daban los requisitos que marca la Ley de Arrendamientos Urbanos para obligar a Fidere, antes Blackstone, a ofrecerles la venta al precio al que se las compraron al Ayuntamiento de Madrid de Ana Botella: esa promoción no se había vendido entera, con varias viviendas y hasta 44 plazas de aparcamiento sin enajenar.

En este nuevo caso, con más de 40 familias reclamando su derecho a retracto, el Supremo falla en sentido contrario porque entiende que la EMVS sí vendió a Fidere todas las casas y plazas de aparcamiento que tenía en ese bloque. “Comprendía todas las unidades de las que la Empresa Municipal de Viviendas era titular en cada edificio al tiempo de la transmisión, todas las viviendas de las que la vendedora era propietaria en ese concreto edificio”, explica.

El Supremo rechaza que deba analizarse de forma única la venta de más de 1.800 euros que perpetró el consistorio que entonces dirigía Ana Botella. “Que esa venta forme parte de otra operación más amplia (múltiples promociones inmobiliarias o edificios) es indiferente a estos efectos, al no impedirlo la Ley”, zanja.

En 2013, la EMVS vendió a Blackstone un total de 1.860 viviendas, 1.797 plazas de garaje y 1.569 trasteros, pertenecientes a 18 promociones construidas bajo distintos regímenes de protección pública. La operación, ordenada por la entonces alcaldesa Ana Botella, es el gran ejemplo del desvío de vivienda pública a manos privadas de los últimos años en España. El Tribunal de Cuentas condenó a la exregidora a pagar 25,7 millones de euros de su bolsillo, que luego la Sala de Enjuiciamiento revocó por dos votos contra uno. A su favor tuvo a dos consejeros propuestos por el Partido Popular: quien fuera ministra de Justicia en el primer Gobierno de José María Aznar, Margarita Mariscal de Gante, y José Manuel Suárez Robledano.

Falsa alarma en una de las construcciones más inclasificables del paisaje urbano de Madrid. El Edificio Vallecas 20, también conocido como la Torre Negra de Vallecas, conservará el característico color ceniza de su fachada. Algunos medios recogieron que el proceso de rehabilitación del bloque, ubicado en el desarrollo urbano de Valdecarros (en el Ensanche de Vallecas), culminará con una modificación cromática. Finalmente, no será así.

De este modo, la reforma de este mamotreto con 74 metros de altura y 22 plantas en su flanco más elevado (unido a otro más ancho por otras viviendas que funcionan a modo de puente) persigue en realidad mejorar el aislamiento. Es por ello que operarios de la constructora Ferrovial han retirado en algunas paredes las tan reconocibles planchas de zinc, que serán repuestas o sustituidas por unas de apariencia similar cuando finalice la actualización del material aislante. Así, la apariencia multicolor que presenta estas últimas semanas será pasajera.

Lo confirma en conversación con Somos Madrid Emi, propietaria de uno de los 132 pisos que alberga la torre: “Va a estar igual. Están cambiando la protección interior para cambiarla por una nueva, pero el aspecto va a ser el mismo”. La residente da más detalles sobre el motivo de la actuación: afirma que el aislante del bloque era muy similar al del edificio que ardió en València en febrero de 2024.

En un primer momento trascendió que la fachada asolada por las llamas en aquel incendio, que dejó diez víctimas mortales, estaba revestida de un material inflamable que facilitó la propagación del fuego: el poliuretano. Peritajes posteriores indicaron sin embargo que el material aislante que figuraba en el libro del edificio era la lana de roca, aunque los paneles aislantes del interior de la fachada ventilada sí podían contener el polímero altamente combustible.

La construcción de Vallecas 20 acabó en 2010 y se inició en 2006, mismo año que el edificio de València. Esto es, con anterioridad a la entrada en vigor del Código Técnico de la Edificación (CTE), la actual normativa que rige las edificaciones. A su vez, en 2019, se aumentaron las exigencias del CTE a raíz de un incendio similar ocurrido en Londres, incluyendo nuevas demandas respecto a los materiales y las fachadas ventiladas. La empresa propietaria del inmueble, el fondo Nestar, confirma que las obras se deben a “una mejora del aislamiento” y que “no se está cambiando el color”.

De premiada vivienda pública a un fondo buitre

Más allá de su (no tan) nueva estampa, la historia de la Torre Negra es la de un cambio de modelo en Madrid. Como confirma Emi a este periódico, sus 132 viviendas son parte de los 1.860 pisos de alquiler social que la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo de Madrid (EMVS) vendió al fondo buitre Blackstone por 128,5 millones de euros.

Una maniobra acometida por el Gobierno municipal de Ana Botella en 2013 que, bajo el pretexto de garantizar la solvencia económica de EMVS, terminó con 18 promociones de casas públicas de arrendamiento y de arrendamiento con derecho a compra en manos de las sociedades Fidere Gestión y Fidere Vivienda (ahora rebautizadas como Testa Residencial Socimi S.A.). Esto es, en manos de filiales del fondo buitre Blackstone.

Fue ahí donde acabó esta promoción después de una inversión de 6,7 millones por parte del Consistorio de Alberto Ruiz-Gallardón. Ahora el fondo que lo gestiona ha sido rebautizado como Nestar, que antes fue Lazora y antes aún Azora. Es la misma entidad que según el Sindicato de Inquilinas y un centenar de afectados ha aplicado subidas abusivas de alquileres u otras tasas en diferentes zonas de Vallecas, al tiempo que no atiende las reclamaciones vecinales en materia de mantenimiento o rehabilitación de edificios.

Ubicada en la calle Pilar de Madariaga Rojo, la Torre Negra fue diseñada por el estudio de arquitectos Entresitio, de los hermanos María y José María Hurtado de Mendoza. Un arriesgado y controvertido diseño que merecedor del prestigioso Premio NAN de Arquitectura en 2010 en la categoría de Mejor Construcción Residencial. El por entonces coordinador general de Vivienda del Ayuntamiento de Madrid, Juan José de Gracia, proclamó que este reconocimiento demostraba cómo la vivienda protegida podía ser también un referente arquitectónico de calidad. Un referente del que luego el Ejecutivo del Partido Popular decidió desprenderse.

Propietarios que se sienten afortunados, inquilinos que piensan en marcharse

Emi compró su piso después de toda esta operación, en 2017, cuando ya estaba en manos privadas. “Cuando vine ya no quedaba nadie de la gente que entró durante la época de alquiler asequible”, cuenta. La vecina se considera una privilegiada, ya que cuenta con su vivienda en propiedad. “Más del 70% de los pisos que hay en el bloque son alquileres, que ya no son protegidos, sino a precio de mercado”.

Es el caso de Álex y Montse, que llevan cuatro años en el edificio. Pasean a su perro en las inmediaciones de un torreón que parece salido de cualquier película de fantasía (y en concreto de las escenas que presentan al villano), pero que para ellos es su casa. Al menos de momento, ya que confiesan que están buscando “otra cosa”.

Aunque no están tan al día de la historia del lugar, sí coinciden en que la reforma “no es tanto estética como para mejorar el aislamiento”. “Lo que nos ha llegado es que la fachada la van a dejar igual, pero como nosotros estamos de alquiler no nos han informado mucho”, explica Álex.

Esta pareja pensaba eso sí que el motivo era frenar humedades y otras incidencias de menor calado, dicen no haber oído nada de la cuestión relativa a los materiales inflamables: “Al no ser propietarios no nos dan info. No nos responden ni por unas humedades en nuestra propia casa, como para que nos comenten estas cosas...”. Respecto a la propiedad del inmueble, a ellos de momento no les han subido las mensualidades, pero sí han notado que en el bloque comienza a desplegarse cierta movilización debido a posibles alquileres abusivos.

Este periódico ha consultado a EMVS tanto acerca de la venta del edificio como sobre los posibles materiales inflamables utilizados para revestir la fachada. La entidad prefiere no dejar constancia de su posición sobre estos asuntos.

La reciente sentencia del Tribunal Supremo, corroborando la previamente dictada por la Audiencia Provincial de Madrid, supone el primer gran revés para los fondos buitres en España. Por primera vez, dicho fondo tendrá que vender las viviendas que recibieron como regalo por parte del Ayuntamiento de Madrid, liderado entonces por la alcaldesa Ana Botella, al mismo precio de compra, unos 68.000€. Es decir, los ciudadanos que habitaban dichas viviendas –en esta primera sentencia son cuatro familias– podrán readquirirlas, revocando la estafa que supuso aquella operación para 1.800 familias. 

Esta sentencia puede suponer un cambio histórico en el devenir de la política publica de vivienda en las instituciones madrileñas, pero también en el resto del territorio nacional. La proliferación de fondos de inversión bajo la legislación Socimi, con ramificaciones familiares muy cercanas a la familia Aznar, se han aprovechado de una legislación fiscal muy laxa, provocando, mediante prácticas de dudosa legalidad, la expulsión de inquilinos vulnerables con el beneplácito de administraciones gobernadas por el PP, pero también de medios de comunicación y, hasta hoy, de gran parte de la judicatura.

La introducción de las socimis fue iniciada por el PSOE en la última etapa de Zapatero, pero en sus inicios la fiscalidad era muy diferente, pues se obligaba a pagar impuesto de sociedades, aunque reducido, a estos vehículos de inversión. Esta fue la razón por la que, en sus inicios, apenas se constituyeron sociedades de este tipo, al margen de las restrictivas condiciones de cotización en mercados organizados. Fue la llegada del PP al gobierno lo que posibilitó, tras la reforma llevada a cabo al dictado del lobby inmobiliario, la eclosión de este tipo de sociedades, muchas de las cuales se han aprovechado de personas que han estado ligadas al poder político, tanto del PP, como del PSOE. 

Esta modificación legislativa explica la llegada de enormes cantidades de inversión hacia el sector inmobiliario en España, siendo muy perceptible el volumen de inversión de fondos de pensiones internacionales que han logrado penetrar en el mercado inmobiliario, provocando el desahucio de miles de trabajadores vulnerables. Esta política basada en el rentismo de particulares, pero también en la proliferación de vehículos de inversión con capital transnacional, ha diseñado un nuevo paradigma en la provisión de vivienda para el alquiler, contradiciendo la tónica y el modelo de vivienda publica que se consolida en la UE. Ello explica por qué el capital extranjero, de dudoso origen en muchos casos, prefiere invertir en España frente a otros países. 

Todos estos factores financieros y fiscales, junto a la ausencia de control y supervisión del mercado inmobiliario, constituyen los ejes de la política inmobiliaria, que no política de vivienda, llevada a cabo por parte del PSOE y el PP durante los últimos años. No es baladí que los gestores del lobby inmobiliario Asval hayan sido durante los últimos años dirigentes socialistas como Clos, ex alcalde de Barcelona, o Helena Beunza, antigua secretaria general de Vivienda, también del PSOE. Estos dirigentes, junto a los grandes gestores de fondos, han presionado al actual presidente de Gobierno para modificar y descafeinar la actual Ley de Vivienda, que introduce los controles de precios de alquiler. Pero también son los artífices que han imposibilitado la eliminación de las ventajas fiscales de las socimis en la reciente votación del paquete fiscal en el Congreso. El PSOE sigue siendo el mejor aliado de los grandes fondos de inversión en el mercado inmobiliario, como se ha demostrado en múltiples declaraciones de la actual ministra de Vivienda. 

Los grandes fondos han tenido hasta ahora como aliados a los grandes partidos políticos, sobre todo los que manejan el BOE, pero no contaban con que la judicatura les fuera a contradecir en sus prácticas presuntamente contrarias a derecho, como ha sancionado el Tribunal Supremo. En este punto merece la pena destacar al abogado que ha pilotado, con un esfuerzo personal ingente, esta cruzada contra el poder de los Fondos de Inversión y Socimis, Mariano Benítez de Lugo.  Curiosamente, este abogado estaba contratado por el grupo municipal socialista del Ayuntamiento de Madrid y fue despedido mediante un SMS con la excusa de que era muy caro, cuando prácticamente no cobra nada a los afectados por la estafa del propio Ayuntamiento de Madrid al vender estos pisos a Fidere. 

Siendo relevante esta sentencia contra las practicas de las socimis queda el regusto amargo de que los verdaderos culpables, el Ayuntamiento de Madrid, liderado por Ana Botella, se han librado de todo reproche penal y político, lo cual demuestra lo viciado que está el sistema judicial patrio, y cómo el entramado de las grandes corporaciones ha colonizado el poder político, incluso entre los partidos que se autodenominan progresistas.  

En suma, es momento de brindar porque, por fin, el alto tribunal ha dictado una sentencia que favorece a miles de familias que fueron expulsadas de sus viviendas por parte del Ayuntamiento de Madrid, mediante un regalo a Fidere y que ahora podrán comprar al mismo precio de saldo. Esperemos que se ejecute dicha sentencia lo antes posible y sea extensible al resto de las familias que tienen pendiente la misma sentencia que debería coincidir por unidad de doctrina. Y, sobre todo, dar las gracias a un abogado ilustre e histórico como Mariano Benítez de Lugo, que ha dado una lección jurídica y humanitaria a todos los estamentos afectados, especialmente al PSOE de Madrid, que prescindió de sus servicios por ser demasiado caro. Cuánta mezquindad y mediocridad en dicha organización. Ahora se explica mejor su irrelevancia social y política en la capital de España. 

En la calle de Lope de Vega, en el centro de Madrid, hay tiendas de ropa, varios restaurantes que ofrecen brunchs o dulces de colores, una joyería de autor y un comercio para mascotas. En las aledañas, las luces de navidad alumbran una zona cada vez más atrapada por turistas y visitantes. En Idealista se anuncia una vivienda en alquiler por 1.400 euros al mes y en el mismo barrio, a pocos metros, se pueden comprar apartamentos de unos 50 metros, con vistas al exterior, por 400.000 o medio millón de euros. En el número 10, hay cuatro inmuebles que Blackstone deberá vender a sus inquilinos por unos 68.000 euros, el mismo precio al que se lo compró al Ayuntamiento de Madrid.

Depende a quien se le pregunte, es el precio más caro de la historia porque ha llegado tras una larga disputa judicial. El Tribunal Supremo ha confirmado la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid, que reconocía el derecho de compra preferente de los inquilinos de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) del Ayuntamiento que en 2013 malvendió al fondo buitre 1.860 viviendas, además de plazas de garaje y trasteros, bajo diferentes regímenes de protección pública a Blackstone por 72,8 millones de euros.

Cuando a Clara le comunicaron la decisión del Supremo, este miércoles, rompió a llorar. En 2006, por sus condiciones socioeconómicas, entró en un sorteo para una vivienda pública de alquiler con opción a compra del Ayuntamiento de Madrid. Como a otros cientos de familias, algunas en el centro de Madrid, pero la mayoría en Vallecas y Carabanchel, le tocó uno de esos inmuebles. “En ese momento sí creí que me había tocado la lotería, ahora creo que estoy despertando de una pesadilla”, explica en conversación con elDiario.es.

Clara no se llama Clara, pero tras una década de batalla judicial, prefiere resguardarse en la tranquilidad del anonimato. “El desgaste emocional, físico y las presiones que hemos pasado no sé qué precio tiene, pero si era justo para el fondo buitre, tendrá que serlo para nosotros”, dice esta mujer, que vive en este piso de unos 50 metros con su pareja y sus tres hijos, de entre 4 y 10 años. Cuando se enteraron de la venta a precio de saldo de las viviendas públicas por parte de Ana Botella al fondo buitre muchas familias iniciaron dos procesos: la reclamación del derecho de retracto y una batalla contra los intentos de desahucio. “Estamos luchando en un proceso de desahucio. La fecha que estaba puesta era el 31 de diciembre”, explica.

Su abogado, José Mariano Benítez de Lugo, explica que estos cuatro casos son los primeros, pero no los únicos que han reclamado que se haga efectivo su derecho de compra preferente sobre Blackstone. Él mismo lleva decenas de ellos, 40 avalados ya por la Audiencia Provincial, que esperan llegar al Supremo. “Lógicamente, el principio de unidad de doctrina del propio Tribunal supondría aplicar el mismo criterio”, considera.

La familia de Arancha Mejías vive en el PAU de Carabanchel. Sus padres son unos de esos 40 casos que esperan respuesta y que han visto en la sentencia, conocida este miércoles, un foco de esperanza. “Mi madre casi se ahoga de la ansiedad, los nervios y la emoción. Está esperando varias operaciones, así que imagínate lo que es no saber dónde te vas a poder recuperar”, indica. Mejías es portavoz de la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas Públicas de la EMVS, que llevan años movilizándose contra esta desviación de recursos públicos a fondos privados: “A nivel de lucha colectiva, es un hito. Llevamos 10 años viviendo esta pesadilla y sentimos que se está haciendo justicia, aunque sea una década después”.

Aunque desde el movimiento vecinal ven esta sentencia como la “antesala de la resolución de todas las familias” no quieren lanzar todavía las campanas al vuelo. “Entendemos que esto va a ser la solución para todas, pero somos cautas. Mis padres llevan 20 años en esta casa y la mitad ha sido de lucha, cumpliendo con la obligación del pago de los recibos. La propiedad es importante, porque es nuestro hogar, pero el éxito no es solo patrimonial, es moral, porque estamos recuperando un derecho de tantos que nos habían arrebatado”, defiende Mejías.

El recurso del fondo buitre se basa en una excepción a ese derecho de retracto: que todas las viviendas se hubieran adquirido en bloque. La Audiencia Provincial ya vino a decir que no había sido así, porque “en la escritura se individualiza cada elemento como ”propiedad“ y, en su conjunto como ”propiedades“, reflejando individualizadamente la identificación catastral de cada una de las propiedades que integran la promoción”. Y el Supremo lo refrenda: “La parte demandada (Fidere) no ha acreditado que la compraventa comprendiera todas las unidades del edificio, pues aparte de que en la escritura no consta que se transmitieran todas las viviendas”.

Cuando se venden 1.860 viviendas públicas a un fondo buitre, se generan 1.860 casuísticas diferentes. “Unos están ya desahuciados, aunque repetidamente hemos dicho que estaba pendiente este recurso. Otros no están lanzados de sus viviendas. Hay muchos casos, porque dentro de decenas de pleitos que llevo hay muchos supuestos. En algunos nos encontraremos con que el fondo buitre ya habrá alquilado o vendido esas viviendas a otras personas y será un problema para aplicar la sentencia”, admite Benítez de Lugo.

Arancha recuerda emocionada algunas de esas situaciones, que han lastrado una década de vida. “A mis padres les querían desahuciar porque su hija era la cara visible, hemos visto a vecinos irse, desahucios e, incluso, a una vecina que se suicidó cuando le llegó la carta con la fecha de lanzamiento... No hace falta estudiar derecho para saber que las cosas se han hecho regular y que ni (Alberto Ruiz) Gallardón ni Ana Botella estaban mirando por los derechos de los ciudadanos cuando vendieron viviendas de protección oficial”.

El Tribunal de Cuentas llegó a condenar a Botella a pagar de su propio bolsillo 25,7 millones de euros por el roto que esta operación causó en las arcas públicas. Sin embargo, la Sala de Enjuiciamiento revocó la decisión por dos votos contra uno, precisamente, los de los consejeros propuestos por el Partido Popular, José Manuel Suárez y Margarita Mariscal de Gante. Mariscal de Gante fue ministra de Justicia en el primer Gobierno de José María Aznar, a su vez marido de Ana Botella.

Clara ve ante sí un horizonte totalmente nuevo. “Es pasar de la noche al día, siento una tranquilidad que no sé describirla”, celebra. Ahora tiene 48 años. Cuando atravesó por primera vez las puertas de su hogar tenía 30. Ha pasado casi media vida y, tras un periplo de 10 años, parece que está casi “empezando una nueva vida”.

El Tribunal Supremo ha dado la razón a cuatro inquilinas de Blackstone, a los que deberá vender sus viviendas al mismo precio, de saldo, por el que las compró al Ayuntamiento de Madrid: 68.000 euros. La sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, avala a la Audiencia Provincial, que ya había señalado en 2019 que el fondo buitre tenía que respetar el derecho de retracto de estas familias, reconocido en los contratos que firmaron con la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) y que les daba prioridad para la adquisición de los inmuebles.

Los contratos firmados por estas familias con la EMVS incluían la opción de compra tras siete años de alquiler, que no fue respetada por Fidere, la socimi que gestiona los alquileres en nombre de Blackstone. En un primer momento, el juzgado de primera instancia 84 de Madrid dio la razón al fondo, una decisión que fue enmendada por la Audiencia Provincial y ratificada ahora por el Supremo, que ha decidido desestimar el recurso de casación interpuesto por la compañía e imponerle, además, las costas.

El recurso de Blackstone gira en torno a un argumento que el Supremo desmonta: que las viviendas se vendieron en bloque y no de forma individual. Esta es una de las claves, porque la ley de arrendamientos urbanos (LAU) excluye el derecho de retracto en caso de que los inmuebles se transfirieran como una única cosa, en una escritura única. El precio conjunto que el fondo buitre pagó al Ayuntamiento de la entonces alcaldesa Ana Botella fue de 72,8 millones de euros, unos 68.000 por vivienda. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid ya recogía que “en la escritura se individualiza cada elemento como ”propiedad“ y, en su conjunto como ”propiedades“, reflejando individualizadamente la identificación catastral de cada una de las propiedades que integran la promoción”. E identifican, también, “cada arrendamiento, a cada arrendatario, con gastos y rentas y se da un precio a cada unidad”.

El Supremo ahonda en esa idea: “La parte demandada (Fidere) no ha acreditado que la compraventa comprendiera todas las unidades del edificio, pues aparte de que en la escritura no consta que se transmitieran todas las viviendas, se dice expresamente que no fueron objeto de la transmisión cuarenta y cuatro plazas de garaje del inmueble. De tal manera que no concurre el presupuesto fáctico para la denegación del retracto, porque cuando no se transmiten todas las fincas del mismo edificio no puede pretenderse la aplicación de las restricciones o limitaciones del artículo 25.7 de la LAU”.

En 2013, la EMVS vendió a Blackstone un total de 1.860 viviendas, 1.797 plazas de garaje y 1.569 trasteros, pertenecientes a 18 promociones construidas bajo distintos regímenes de protección pública. La operación, ordenada por la entonces alcaldesa Ana Botella, es el gran ejemplo del desvío de vivienda pública a manos privadas de los últimos años en España. El Tribunal de Cuentas condenó a la exregidora a pagar 25,7 millones de euros de su bolsillo, que luego la Sala de Enjuiciamiento revocó por dos votos contra uno. A su favor tuvo a dos consejeros propuestos por el Partido Popular: quien fuera ministra de Justicia en el primer Gobierno de José María Aznar, Margarita Mariscal de Gante, y José Manuel Suárez Robledano.

El abogado que ha llevado el caso, José Mariano Benítez de Lugo, considera que la decisión del Supremo abre el camino para el resto de familias en esta situación. “Tengo otra sentencia de la Audiencia Provincial que me reconoce otros 40 casos y que está pendiente de resolver por el Supremo y hay más de 100 casos que reclaman el mismo derecho. Lógicamente, el principio de unidad de doctrina del propio tribunal supondría aplicar el mismo criterio a esa operación que a otras”, explica en conversación con elDiario.es

Una operación caracterizada por “su transparencia y concurrencia competitiva”. Así describía el Ayuntamiento de Ana Botella la venta de 1.860 viviendas de alquiler social de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo de Madrid (EMVS) al fondo buitre Blackstone por 128,5 millones de euros. Una maniobra acometida en 2013 que, bajo el pretexto de garantizar la solvencia económica de EMVS, terminó con 18 promociones de casas públicas de arrendamiento y de arrendamiento con derecho a compra en manos de las sociedades Fidere Gestión y Fidere Vivienda, ahora rebautizadas como Testa Residencia. Esto es, en manos de filiales del fondo buitre Blackstone.

La decisión vuelve a la palestra en un contexto de crisis de la vivienda que ha derivado ya en estallido social. En el sorteo celebrado el pasado viernes 28 de 400 viviendas asequibles de la EMVS (menos de una cuarta parte de las enajenadas por Botella), la actual vicealcaldesa Inmaculada Sanz prefirió no dar su opinión sobre aquella controvertida venta de pisos de alquiler social al ser consultada por este diario. No se atrevió a catalogarla como un error y en lugar de ello optó por destacar las que a su juicio son las líneas maestras de la política de vivienda de José Luis Martínez-Almeida.

“Nosotros estamos en ser la promotora pública y la empresa que más vivienda construye en España. Cuando llegamos había menos vivienda, tenemos ya más de 8.000 y queremos llegar a 15.000. La política de este equipo de Gobierno es muy clara, aunque necesitamos también incrementar la oferta en la ciudad de Madrid así que vamos a seguir trabajando en la colaboración público-privada”, expuso la vicealcaldesa en respuesta a una pregunta de Somos Madrid.

“De aquellos polvos, estos lodos”, opina por su parte Arantxa Mejías, presidenta de la Asociación de Afectados y Afectadas por la venta de viviendas públicas de EMVS (AAVVE). Da esa respuesta a las preguntas de este periódico sobre la relación de la actual crisis de vivienda con la venta a Blackstone de su vivienda y la de otras 1.859 familias. “En aquella época ya había una crisis de vivienda con continuos desahucios, era absurdo que al Ayuntamiento se le ocurriera desprenderse del poco patrimonio habitacional del que disponía [en concreto de un tercio del total]. Y más aún a precio irrisorio”, añade.

Once años después, aunque continúa viviendo en su mismo domicilio, la herida de aquella maniobra no ha terminado de suturar. Los padres de Mejías pagaban unos 500 euros mensuales cuando el Consistorio les concedió su vivienda de protección oficial en torno a 2004. Ahora abonan alrededor de 1.100.

Pero lo peor, dice, fue la opacidad y la incertidumbre que despertó el proceso: “Nos enteramos de todo cuando una vecina recibió la notificación de desahucio. El Ayuntamiento nos dejó vendidos y desamparados. Fue impactante y devastador”. Su familia presentó una querella por coacciones después de que Fidere se negase a renovar el contrato. Una vez admitida a trámite, lograron una negociación que les permitió “disfrutar del derecho a optar por esta vivienda como cualquier vecino, sin ser discriminados por haber luchado por nuestra casa”.

La venta a Blackstone fue también la primera toma de contacto para muchos ciudadanos con el concepto de “fondo buitre”, cada vez más presente en el debate público mientras crecía su proliferación y su control de propiedades en las grandes ciudades: “Es muy peligroso, y todavía más que no haya un control efectivo de las administraciones. También lo es que las viviendas de alquiler se conviertan en el monopolio de unos pocos tenedores de gran tamaño, algo que acabará siendo un problema hasta para los pequeños caseros. Por no hablar de que la reconversión de las casas compradas en alquileres turísticos hace que se pierda el encanto de los barrios y genera una convivencia vecinal espantosa. Y no solo en el centro”.

Una operación “lesiva” que “ignoró las normas de contratación”

En la venta de las miles de viviendas públicas, el Gobierno de Botella “vulneró las más elementales reglas de buena gestión”, según un informe de la Cámara de Cuentas de Madrid publicado en 2016. El dictamen enumeraba a lo largo de 66 páginas un cúmulo de irregularidades por parte de EMVS en la enajenación de su cartera de viviendas. Entre ellas, que el Ayuntamiento de Madrid facilitó información privilegiada a cuatro compañías (Azora-Morgan Stanley, Lone Star, Harbour Group-Álvarez & Marsal y Magic Real State-Blackstone, la adjudicataria final) sobre las condiciones de la venta, antes de hacer pública la operación el 3 de mayo de 2013.

La Cámara concluyó que la decisión de vender estas promociones se tomó “como poco entre el 12 de diciembre de 2012 y antes del 2 de abril de 2013”. En otras palabras, “no hubo concurrencia pública” a la hora de vender esa cartera de pisos sociales. De hecho, habían presentado ofertas antes de que el proceso fuese abierto.

Finalmente la Audiencia Provincial de Madrid y luego el Supremo acabaron absolviendo a Botella; el exconsejero delegado de EMVS, Fermín Oslé y el apoderado de Fidere, Alfonso Benavides. En la vertiente administrativa, el Tribunal de Cuentas condenó en primera instancia a la exalcaldesa y siete altos cargos de su Ejecutivo, pero la sentencia fue luego revocada. Dos consejeros nombrados por el PP libraron a Botella de un castigo millonario por valor de 25,7 millones. Mejías asegura que “lamentablemente todas estas absoluciones fueron previsibles y esperables porque hay familias y apellidos muy difíciles de tocar”.

La absolución del Tribunal de Cuentas, por dos votos contra uno, la firmaron la que fuera ministra de Justicia en el primer gobierno de José María Aznar, Margarita Mariscal de Gante, y José Manuel Suárez Robledano. El voto en contra fue de Felipe García, consejero propuesto por el PSOE, que mantuvo los argumentos que esgrimió el organismo en su primera sentencia condenatoria: la operación de venta fue “lesiva” para el patrimonio municipal y no cumplió los principios de “publicidad, concurrencia, transparencia y objetividad” en el procedimiento.

Según el informe de la Cámara de Cuentas, la empresa municipal del Ayuntamiento obvió fijar el preceptivo pliego de condiciones. Con ello, se saltaba “no solo las normas internas de contratación sino también la Ley de Contratos del Sector Público”, así como los informes de necesidad y viabilidad técnica y jurídica de la operación. El resultado fue que “ignoró su obligación de establecer una tasación objetiva del valor de los bienes a enajenar”. Así, para la Cámara de Cuentas la EMVS “no solo ignoró las normas de contratación”, sino también “los criterios de racionalidad, economía y eficacia que deben presidir la gestión de los intereses públicos”.

La letra pequeña de aquel escrito evidenciaba además cómo el Ejecutivo municipal se fue plegando a las exigencias de Blackstone. El fondo rebajó en dos millones de euros su oferta ya “definitiva y vinculante” aduciendo que había más vecinos que no pagaban la renta de los anunciados, una suposición que EMVS aceptó “sin la menor prueba”.

Además de los afectados directos, hubo miles de afectados indirectos al menospreciar un derecho ciudadano como la vivienda social, esa a la que debería poder acceder cualquier familia para vivir con dignidad

Arantxa Mejías — Presidenta de la Asociación de Afectados y Afectadas por la venta de viviendas públicas de EMVS

El Consistorio tampoco actuó cuando el fondo no materializó los 2,3 millones de euros en la rehabilitación y mejora de las casas que detallaba en su oferta de compra. La Cámara de Cuentas resaltó que se quedó en “una mera intención, no un compromiso real”. No en vano, la empresa asegura haber invertido 2,1 millones, pero “sin que se acredite documentalmente dicho extremo dado que la mayoría de facturas aportadas no pueden considerarse inversión sino simple mantenimiento”. Fidere apuntó incluso que esta aportación “no es parte del contenido obligacional de la transacción”.

Arantxa Mejías cuenta que ya en aquel momento entendían que ellos eran los afectados directos, pero que la decisión de Botella dejaría “miles de afectados indirectos al menospreciar un derecho ciudadano como la vivienda social, esa a la que debería poder acceder cualquier familia para vivir con dignidad”. Cree que “es muy peligroso que en pleno siglo XXI no podamos acceder a una vivienda digna y asequible, que nos dejemos tanto de lo que ganamos en un techo”.

Una vivienda y una vida digna que para ella no se limita al cobijo de un techo y cuatro paredes, sino que incluye “disponer de un cierto número de metros cuadrados en los que poder tener una familia o vivir sola con unas condiciones plenas”. Y añade: “Nos están vapuleando este derecho y nos hacen sentir que satisfacerlo a un precio razonable, pagando nuestros alquileres y suministros, es exigir una vida por encima de nuestras posibilidades”

Firmas de Luxemburgo y Delaware y varias familias de la aristocracia acompañan al empresario José María Aznar Botella, primogénito del expresidente del Gobierno, en el accionariado de Portik, el nuevo gigante de los administradores de fincas cuya creación se anunció el pasado verano y del que es consejero.

La nueva compañía de la que es administrador el hijo mayor de Aznar y de la ex alcaldesa de Madrid, Ana Botella, tiene su sede en Las Rozas (Madrid). Aznar Jr. fue nombrado consejero como representante de los accionistas minoritarios, según contó El Confidencial en agosto.

Figura en el Registro Mercantil como consejero de la española Portik Property Management SL. Es uno de los cargos que ocupa el empresario, muy vinculado al inmobiliario y a otros negocios como las clínicas de fertilidad, las ópticas o, hace ya unos años, los cupones descuento con capital venezolano.

La matriz de Portik está sin embargo muy lejos de Las Rozas. Se encuentra en Luxemburgo, tal y como confirman a elDiario.es fuentes del grupo. Esas fuentes explican que tener allí inscrita la holding de la empresa es habitual en el sector y se justifica porque “los inversores están más familiarizados” con esta jurisdicción en el corazón de la UE, conocida por sus bajos impuestos.

Según documentación oficial, el pasado octubre la sociedad de inversión de Aznar Jr., Poniente Capital SL, tomó en torno a un 1,7% de esa instrumental luxemburguesa, llamada Portik Property Management LuxCo 1, mediante una aportación en especie valorada en 1,12 millones de euros. 

En el accionariado de esa firma le acompañan los grandes accionistas de Portik, el fondo portugués Oxy Capital y la web de compraventa exprés de casas Clikalia, junto a una sociedad radicada en Delaware, Landseer Investments Fund 2021, o el consejero delegado de la holding del grupo de administración de fincas, Jorge García. También hay un selecto grupo de minoritarios a los que representa Aznar. 

El duque y el marqués

Además de Poniente Capital, en esa instrumental del Gran Ducado figura como accionista Amalfi Gestión de Activos SL, sociedad familiar de Iñigo Seoane, senior managing director de la firma de inversión de Aznar Jr. Esa sociedad de Seoane, duque de Amalfi y Grande de España, tiene un pequeño paquete de acciones del 0,2%.

Con cerca del 0,9% figura otro aristócrata, el financiero Francisco de Borja Arteaga Fierro, marqués de Vivola. Casado con Rocío Barreiros, hija del fallecido Graciliano Barreiros, de la familia de industriales de la automoción que hizo fortuna durante la dictadura franquista, Arteaga forma parte del Consejo de la Diputación de la Grandeza de España y Títulos del Reyno.

Esta entidad, con más de dos siglos de antigüedad, se considera la máxima dignidad de la jerarquía nobiliaria española. Arteaga Fierro es tesorero de la diputación, que en abril se reunió con el rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela.

En torno a un 0,4% de Portik tiene Sternber SL, presidida por Mercedes de Hoyos Martínez de Irujo, de 79 años y hermana de Isabel Hoyos, marquesa de Hoyos (y esposa del banquero Jaime Carvajal, marqués de Urquijo) y de una persona muy cercana a los Aznar, Juan Hoyos, marqués de Vinent.

Histórico de McKinsey, Hoyos es uno de los consejeros de Ferrovial que este 2023 han aprobado la polémica mudanza de la constructora a Países Bajos. Amigo de la infancia de José María Aznar Aznar, hace una década, cuando estaba en McKinsey, Juan Hoyos fichó al primogénito del expresidente y la exalcaldesa para la filial de la consultora en España. Posteriormente, Hoyos presidió Haya Real Estate, la gestora que montó el fondo buitre estadounidense Cerberus en España para dar salida al ladrillo tóxico de Bankia.

El propio Aznar Jr. ha sido consejero hasta hace muy poco de Haya. Cesó en octubre junto al resto de vocales, incluyendo al ex consejero delegado de la gestora, Enrique Dancausa, hermano de la todavía consejera delegada de Bankinter, Dolores Dancausa, y de la política del PP Concepción Dancausa, tras la venta a la firma sueca Intrum de Haya, de la que Cerberus llevaba años intentando desprenderse.

Entre los pequeños accionistas de Portik también hay varios nombres vinculados a la filial española de otra importante consultora internacional, Oliver Wyman. Así, en la holding participan dos sociedades vinculadas a Pablo Campos, presidente de Oliver Wyman Iberia, con en torno a un 1,2%.

También figura un ex socio de esa firma, Vicente Vázquez, ahora en Kibo Ventures, fondo de capital riesgo fundado por Javier Torremocha, hijo del ex magistrado Fernando Torremocha García de la Rasilla, al que el PP colocó durante años en los organismos de la competencia. Entre otros, en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), de la que Torremocha padre llegó a ser consejero mientras Mariano Rajoy le tenía en la junta directiva del partido. Según dijeron entonces los populares, estaba ahí “por error”.

Con un 0,8% de la matriz luxemburguesa de Portik figura Zikiwen SL, administrada por un histórico del ladrillo y la industria de la inversión, José María Xercavins, presidente de DeA Capital Real Estate Iberia, fondo de la familia italiana De Agostini, y que ha sido socio del presidente de Grupo Planeta y Atresmedia, José Creuheras.

Cerca del 0,7% de Portik tiene Rea-Co Cast SL, administrada por Joaquín Farnós, hijo del fallecido médico, empresario y político conservador del mismo nombre. Joaquín Farnós fue senador constituyente, presidente de la Diputación de Castellón, conseller de Sanidad de la Generalitat de Valencia con Eduardo Zaplana, concejal y diputado autonómico del PP en varias legislaturas. 

Otro pequeño paquete, de cerca del 0,4%, tiene Jorge Sastre, un empresario mallorquín que ejerce como intermediario de fichajes de futbolistas.

“Con más de 500.000 propiedades bajo su administración”, Portik gestiona 13.000 comunidades y cuenta con “una red de 100 sucursales y 1.200 profesionales altamente experimentados”, dice en su web.

Cuando se anunció la creación del holding el pasado verano se explicó que a medio plazo Portik prevé alcanzar 120 millones de facturación en 2027, con 2 millones de viviendas bajo gestión y 4.000 empleados, manteniendo la estrategia de crecimiento vía compras que les ha llevado a adquirir “más de 80 compañías en menos de 5 años”. Recientemente ha aterrizado en México tras integrar All In One, líder en ese país.

Portik es una de las mayores empresas de este negocio en Europa y líder en la Península Ibérica. Es el resultado de la fusión de la portuguesa Loja do Condominio (LDC), líder en el país vecino, y de inmho, centrada en administración de fincas en España y en cuya génesis participó el propio Aznar Jr. a través de Siroco Real Estate, propiedad de Poniente Capital. 

Hasta la fusión que dio lugar a Portik, inmho tenía como socio mayoritario a la web de compraventa exprés de casas Clikalia. El otro gran socio y primer accionista del nuevo gigante ibérico es Oxy Capital, uno de los mayores fondos de inversión del país vecino. 

Clikalia permanece como accionista de Portik a través de otra firma luxemburguesa, Clicpiso Holdco Global Sarl. La compañía, que promete a sus clientes vender sus casas en siete días, es una de las inmobiliarias que ha recurrido a la empresa de desocupación de inmuebles Bastión Desokupación, según contó El País en 2021.

Bastión Desokupación ha sido condenada en firme ya por un delito de coacciones leves, como contó este medio en 2022. En febrero de este año, la Audiencia Provincial confirmó en segunda instancia otra condena por delitos leves de lesiones a dos individuos que trabajan para esta empresa y que agredieron a una persona que, según la sentencia, “salía de un domicilio que al parecer ocupaba de forma ilegal, a la vez que le requerían la entrega de las llaves de la vivienda”, ocasionándole diversas lesiones.

“Promover el liderazgo político para una buena gestión de gobierno, fomentar la cultura de la libertad y promover la gestión estratégica de los negocios en entornos cada vez más complejos”. Es la carta de presentación del Instituto Atlántico de Gobierno (IADG), centro de formación que creó José María Aznar en 2014, con su esposa, la ex alcaldesa de Madrid, Ana Botella, como “directora” y consejera desde este año.

El centro, montado por el expresidente y por el fundador de la Universidad Europea de Madrid, Julio Fidalgo, lleva casi una década aspirando a formar a líderes, pero con cifras de actividad muy discretas. Tras incorporar a su consejo de administración y a su accionariado a varios empresarios latinoamericanos, y para intentar relanzar su actividad, Aznar acaba de nombrar nuevo director general, el segundo en menos de un año.

Se trata de su ex jefe de gabinete Germán Alcayde, ex de Nuevas Generaciones y ex alto cargo de Esperanza Aguirre, vinculado a algún proyecto de hidrógeno verde. Alcayde confía en remontar la situación de la empresa. “Para eso me han traído”, dice al teléfono.

Las cifras de partida no son buenas. En mayo de 2020, elDiario.es contaba cómo la mercantil que preside Aznar, Instituto Atlántico de Gobierno, SL, llevaba años encadenando pérdidas. La pandemia solo complicó las cosas y en octubre de ese año, tuvo que recurrir a la línea de avales públicos del Instituto de Crédito Oficial (el ICO) para que le garantizase 268.000 euros de deuda, según datos del Ministerio de Hacienda. 

En 2021, último ejercicio en el que depositó cuentas, la empresa tenía deudas a corto y largo plazo de más de 293.000 euros. Según esas cuentas, accesibles a través de Insight View, tenía un empleado, con ventas de 145.000 euros redondos, el mínimo desde que se creó. Lejos de los más de 720.000 euros que llegó a facturar en 2015, su primer año de actividad.

Su beneficio de 2021 fue de algo menos de 15.000 euros, lejos de los algo más de 237.000 euros de 2015. Sus peores resultados fueron en 2018. Perdió más de 153.000 euros, aunque facturaba más de medio millón al año.

En paralelo a este declive, la empresa ha recibido en los últimos años pequeños encargos de Administraciones en manos del PP. Siempre contratos menores, sin concurso público y por sumas poco significativas: en 2021, un curso para el Ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid) sobre “Smart Cities: Transformando la ciudad”; y otro sobre “ciudades como motor de la recuperación económica y social postcovid” en la cercana Villaviciosa de Odón para su entonces alcalde, Raúl Martín Galán.

De julio de 2020 (en plena pandemia) data un programa de “Formación y perfeccionamiento del personal” para el Canal de Isabel II. También de ese año y de 2019, varios para las fundaciones de los hospitales Puerta de Hierro (Majadahonda) y Príncipe de Asturias (Alcalá de Henares).

En febrero de 2018, con la empresa enfilando su récord de pérdidas, firmó un convenio para desarrollar prácticas con el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC), adscrito al Ministerio de la Presidencia y cuyo director era entonces el jurista Benigno Pendás, ex alto cargo con Aznar.

“Súper motivados”

“No hay una plantilla estable de profesores: montan programas y se los encargan a un coordinador, sea de Energía, de Comunicación, Sanidad, Medio Ambiente...  y este contrata a los profesores y monta el programa, máster o posgrado”, explica una persona que ha trabajado con ellos, que dice que “llevan un profesorado de alto nivel, los alumnos están súper motivados, es gente que viene a aprovechar la formación y los contenidos son bastante actualizados”.

El perfil del alumno medio es homogéneo: “Casi todos son cuadros políticos de partidos conservadores, altos funcionarios y muchos de América Latina”.

Desde el inicio, el centro ha ido de la mano de grandes empresas. Creó un órgano asesor que reunió a pesos pesados del Ibex: el entonces todavía presidente de Telefónica, César Alierta, el de Repsol, Antonio Brufau, el ya casi expresidente de Mediaset España y ex de Endesa, Borja Prado, el primer ejecutivo de Mapfre, Antonio Huertas, el ex de Banco Popular Ángel Ron, Manuel Pizarro (Endesa, El Corte Inglés...) o Dolores Dancausa (Bankinter).

A ese órgano lo recibió en audiencia oficial el rey Felipe VI en mayo de 2016. El instituto tiene actualmente en su consejo consultivo a varios expresidentes latinoamericanos, como Felipe Calderón, Álvaro Uribe, Andrés Pastrana o Mauricio Macri. Su nuevo director general dice desconocer la composición de esos órganos consultivos, pues lleva muy poco tiempo en el cargo.

Repsol, cuya privatización total culminó en enero de 1997 Aznar, es una de las que aparecen en la remozada web del instituto en el apartado “quiénes confían en nosotros”. Son empresas con relaciones comerciales con el IADG, reconoce Alcayde. En otras palabras, hay dinero de por medio.

Con la petrolera, organiza cada año cursos sobre transición energética para su fundación. El de este año lo inauguró en julio la ex alcaldesa en calidad de “directora” del instituto, según el programa oficial en la web de Repsol. La compañía no aclara si Brufau sigue en ese consejo asesor, ni precisa la contraprestación que entrega al IADG por estos cursos.

El instituto, que en octubre organizó una conferencia gratuita online sobre la estrategia de sostenibilidad en Iberdrola, tiene en su web junto a Repsol y a la multinacional de la publicidad JCDecaux (con la que elDiario.es contactó sin obtener respuesta) los logos de las aseguradoras Catalana Occidente (recientemente rebautizada como GCO) y Sanitas.

Con Sanitas colaboran para “cosas muy puntuales”, dice una portavoz: “Tres cursos de formación en 2019, 2020 y 2023”. En los dos primeros, sobre digitalización, fueron patrocinadores junto al grupo de sanidad privada HM hospitales y la consultora EY. El tercero versaba sobre Smart Cities. “En nuestros contratos con ellos siempre ha quedado estipulado que las partidas eran para celebrar esos cursos y jamás para otros temas”. 

Catalana Occidente también “ha contratado en una ocasión, en septiembre de 2023, una formación sobre Smart Cities” para “estudiar la transformación urbana desde la óptica de las nuevas tecnologías y su impacto en el negocio del sector seguros”. La impartió un panel de ponentes de diversas entidades “bajo la dirección académica de José Antonio Ondiviela, Director de Smart Cities para Europa en Microsoft y considerado uno de los mayores expertos mundiales en esta temática, sobre la cual asesora también a la UNESCO”.

Universidades privadas

Inicialmente el instituto de los Aznar era un centro adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos, la del máster fake de Cristina Cifuentes que desveló este medio. Esa vinculación se acabó y el centro dejó de estar oficialmente adscrito a esa universidad pública en 2021. 

En los últimos años han firmado convenios con distintas universidades privadas. Destaca el de la Universidad Francisco de Vitoria (UFV), de los Legionarios de Cristo. En Perú rubricó otro en 2015 con la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL), también privada. Más recientemente, otro con la Universidad de Monterrey de México, también privada y fundada por las Congregaciones Católicas.

Con la UFV, que tiene su sede en Pozuelo de Alarcón, muy cerca de la mansión de los Aznar en la exclusiva urbanización Monte Alina, organizan un Máster en Acción Política que inauguró en octubre el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Sus tarifas han ido decreciendo en los últimos años. Si al arrancar el costaba 20.500 euros, hoy no llega a 5.000 euros, con modalidad semipresencial.

La otra gran propuesta, también con alta demanda, dice el director general del IADG, es un “Aula de Liderazgo” que, se lee en su web, es “un foro exclusivo formado por sesiones magistrales que imparten líderes políticos y sociales de primer nivel poniendo su experiencia de gobierno y liderazgo al servicio de los participantes”.

Por allí han pasado recientemente, entre otros, el presidente castellano-leonés, Alfonso Fernández Mañueco, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, o Nicolás Redondo Terreros, expulsado por los socialistas en septiembre. 

Conexión peruana

Al presentar el instituto en 2015 en la Casa de América de Madrid, Aznar afirmó que “no es una iniciativa ni de propaganda ni de partido”. Además de por popes del Ibex y buena parte de la plana mayor del PP de la época, estuvo arropado por el escritor peruano Mario Vargas Llosa, con cuya Fundación Internacional para la Libertad (FIL) también firmó un convenio en 2022 “para realizar actividades conjuntas y programas académicos en los ámbitos de la cultura, las ideas políticas y la formación”.

Mención aparte merece la relación de los Aznar y su centro de formación con Perú. De allí procede su hasta ahora consejero delegado, el economista Daniel Cordova, recién sustituido por Alcayde. Afincado en Madrid, fue uno de los ministros más breves de la historia peruana (estuvo solo unas semanas en el Gobierno de Martín Vizcarra) y ha ocupado ese puesto en el instituto unos meses. 

Cordova fue nombrado consejero del instituto hace menos de un año. Poco después se sumaron, entre otros, el empresario venezolano afincado en Miami Nelson Mezerhane, dueño del Diario Las Américas y que ya pertenecía al consejo asesor del instituto, además de la propia Ana Botella. También se sumaron como accionistas otros dos empresarios peruanos, Juan Alberto Forsyth y Werner Schuler, y el colombiano Javier Cárdenas, también radicado en Miami.

La conexión con Perú no acaba ahí. La ex alcaldesa de Madrid es desde 2020 consejera de la cementera peruana Pacasmayo, del empresario minero Eduardo Hochschild, una de las mayores fortunas del país, heredero del alemán Mortiz Hochschild, que hizo fortuna en el siglo XX con el comercio de minerales en Latinoamérica.

En Pacasmayo, junto a Botella, es también consejera una hija del magnate, Ana Sofía Hochschild Correa. Esta veinteañera (nació en 1998) administra en España desde este año la empresa World Wide University SL, que según sus cuentas es el mayor accionista (60%) de Voxel School, escuela universitaria de artes digitales y videojuegos en Madrid que inauguró en 2022 Isabel Díaz Ayuso. El curso de 2023 lo inauguró a principios de octubre la vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz. La buena conexión con el PP es evidente.

Se da la circunstancia de que nada más crearse en 2018 World Wide University, como contó El Español en febrero, se convirtieron en socios de esta empresa una sociedad de Islas Caimán, como accionista mayoritario, y una firma del exministro de Aznar Francisco Álvarez-Cascos y su entonces esposa, la galerista María Porto. Porto fue consejera y vicesecretaria de la dueña del 60% de Voxel School hasta 2020, tras su divorcio del exvicepresidente de Aznar.

Ocho años después de la polémica venta de 1.806 viviendas sociales al fondo de inversión Blackstone por 128,5 millones de euros perpetrada durante el mandato de Ana Botella al frente del Ayuntamiento de Madrid, los responsables directos de aquella operación se sientan en el banquillo este martes, en un juicio que se alargará hasta finales de mes. En el proceso penal impulsado por el grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento y por la Asociación de Afectados por la venta, Botella y el núcleo duro del Gobierno municipal que autorizaron la venta no serán juzgados. Los únicos acusados son Fermín Oslé Uranga, el entonces consejero delegado de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), y Alfonso Benavides Grases, antiguo apoderado de Fidere Vivienda –sociedad de inversión inmobiliaria del fondo Blackstone–.

La vía penal por esta venta desemboca en el juicio oral ahora, pero Botella ha quedado excluida de ser juzgada, aunque probablemente desfilará como testigo en la vista que se celebrará el 12 de noviembre. El proceso se ha encontrado con varios escollos desde su puesta en marcha hasta el punto de que en un primer momento fue archivado por el magistrado instructor, pero la Audiencia Provincial ordenó en 2019, lo hacía por segunda vez, que diera por concluida la investigación y pasase a la siguiente fase, que sentará en el banquillo a los presuntos responsables de los delitos que aprecian los magistrados en la operación: malversación de caudales públicos, prevaricación y fraude. Entre las personas acusadas no está ni estará la exalcaldesa. Tampoco su equipo más cercano, pese a que la Junta de Gobierno que ella presidía dio el visto bueno a la venta en 2013.

Ahora, el proceso no empieza con buenas noticias para los afectados, que ejercen en el juicio como acusación particular. La Fiscalía de Madrid emitía este viernes su escrito en el que solicitaba la absolución de los acusados. El organismo señala en su escrito que “el procedimiento en todo momento se ajustó a las prescripciones establecidas” en la ley que “permitía la enajenación por sus titulares –el Ayuntamiento de Madrid– de las viviendas con protección pública para arrendamiento y arrendamiento con opción a compra por promociones completas y a precio libre, previa autorización de la Consejería competente en materia de vivienda”.

Por tanto, entiende, se siguieron “en todo momento los principios establecidos en el artículo 1 de la Ley de Contratos del Sector Público”. La Fiscalía también apunta a que “el ejercicio económico de 2013 arrojó un resultado positivo en todas sus partidas, incrementando el patrimonio neto y los fondos propios y reduciendo el pasivo, conforme a las previsiones del Plan de Viabilidad y dando cumplimiento a las obligaciones de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera”.

La acusación pide cárcel

En contrapunto, la asociación de afectados solicita para los encausados ocho años de cárcel por fraude y por malversación de caudales públicos, así como ocho años de inhabilitación para ejercer como cargo público. La mercantil Fidere figura como responsable civil subsidiaria.

La presidenta de la Asociación de Afectados por la venta de viviendas de la EMVS, Atantxa Mejías, asegura que “la esperanza es lo último que se pierde” tras conocer el escrito de la Fiscalía. “Quiero pensar que existe algo de justicia en este país, aunque la fiscalía se ponga del lado de los acusados y no de las víctimas”, dice en declaraciones a elDiario.es.

Desde el PSOE, también personado en la causa, la portavoz socialista en el grupo municipal, Mar Espinar, recuerda que la Fiscalía también se pronunció en esta línea en la fase de instrucción “y al final la Audiencia Provincial obligó al juzgado a reabrir el caso”. “Fruto de ello hoy hay señalado juicio oral por cuatro supuestos delitos, hay que esperar”, se muestra optimista Espinar en conversación con esta redacción.

“No es que fuera una inmoralidad, es que ha sido una ilegalidad lo que hizo un gobierno del PP con Ana Botella a la cabeza”, asegura la portavoz municipal. “No se puede expoliar el patrimonio publico, mucho menos el patrimonio público dedicado a fin social y desde el PSOE confiamos plenamente en que la justicia haga justicia y no permita que actos de vandalismo político como el de la venta de vivienda publica social a fondos buitre se vuelva a repetir. Por eso llevamos ocho años sin movernos ni un milímetro de nuestra posición”, defiende Espinar.

Condena y absolución en el Tribunal de Cuentas

Además del ámbito penal, el caso tuvo una vertiente administrativa que investigó el Tribunal de Cuentas y que aunque acabó en un principio en una condena contra a Botella y siete altos cargos de su gobierno, luego terminó en absolución. Dos consejeros nombrados por el PP libraron a la exalcaldesa de Madrid de la condena millonaria por la venta de pisos sociales a fondos buitre en 2013. El Tribunal de Cuentas revocó la sentencia que había dictaminado el mismo órgano en primera instancia contra la exregidora de la capital y parte de su gobierno. El tribunal les condenó a pagar 25,7 millones de euros de su bolsillo por vender 1.860 viviendas públicas protegidas a dos sociedades del fondo buitre Blackstone a un precio por debajo de mercado, pero después la Sala de Enjuiciamiento revocó ese fallo tras el recurso de los condenados.

La absolución, por dos votos contra uno, la firmaron dos consejeros propuestos por el PP: la que fuera ministra de Justicia en el primer gobierno de José María Aznar, Margarita Mariscal de Gante, y José Manuel Suárez Robledano. El voto en contra fue de Felipe García, consejero propuesto por el PSOE, que mantuvo los argumentos que esgrimió el Tribunal de Cuentas durante su primera sentencia condenatoria: que la operación de venta fue “lesiva” para el patrimonio municipal y que no cumplió los principios de “publicidad, concurrencia, transparencia y objetividad” en el procedimiento.

La primera sentencia de diciembre de 2018 concluyó que el núcleo duro del Gobierno de Botella, ocho de sus miembros empezando por la alcaldesa, “incurrieron en una negligencia grave” porque “no impidieron el perjuicio en el patrimonio público” a la hora de vender 5.315 inmuebles de titularidad municipal (entre ellos 18 bloques completos de pisos protegidos) al Blackstone por 128,5 millones, cuando según los cálculos del Tribunal de Cuentas el Ejecutivo de Botella podría haber ingresado más de 151 millones.

Sin embargo, la siguiente resolución del Tribunal de Cuentas consideró que ambas partes (EMVS y el fondo de inversión) llegaron a un “punto de equilibrio de mercado” y concluyó que en 2012 la EMVS “enfrentaba una situación crítica” y que no debían olvidarse “cuáles eran las condiciones generales del mercado”, tras el “desplome” del mercado financiero que se mostraba también “reacio” a refinanciar créditos inmobiliarios.

El valor de las viviendas que vendió el Gobierno de Ana Botella ha aumentado un 227%, según los cálculos efectuados años después por el propio fondo buitre que las compró. Además, los alquileres que cobra a los inquilinos ese fondo subieron un 49%. Blackstone (Fidere) pagó por esas promociones de viviendas de protección oficial, 128,5 millones de euros. Según los cálculos que efectuó el propio fondo de inversión años después, el valor actual de mercado de esas casas está por encima de los 660 millones (662.098.184 euros).

La llegada de José Luis Martínez-Almeida a la Alcaldía de Madrid supuso que Ana Botella se librara por completo de cualquier responsabilidad penal y contable pese a haber organizado desde el Ayuntamiento de Madrid la operación de venta de las 1.860 viviendas sociales a fondos buitre en 2013. Era la alcaldesa de la capital, la máxima responsable del Ayuntamiento y la que dio el último visto bueno a la operación en la Junta de Gobierno. Pero su papel en esa controvertida operación quedó impune por el actual Gobierno que cerró la vía de los tribunales para el caso de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo.

Conversaciones entre afectados y fondo buitre

Los últimos meses antes de la celebración del juicio que arranca este martes, los afectados por la venta de viviendas y el fondo de inversión han mantenido conversaciones para llegar a un acuerdo amistoso que garantice las viviendas a los inquilinos. El pacto no ha sido posible, explica Mejías a este diario. “Ambas partes estamos en puntos de vista y sensibilidades diferentes”, asegura.

Desde el PSOE tienen como objetivo la reversión de la venta, aunque eso no es lo que se esgrime en el proceso penal abierto. Tanto Mar Espinar como Arantxa Mejías esperan el pronunciamiento del actual equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid como principal afectado en la enajenación de vivienda pública. “Lo que está claro es que lo que se hizo no es legal ni ético, ya que estamos viendo que todas las leyes se están haciendo en la dirección de que nunca más aquello que se hizo, vender vivienda pública, pueda repetirse”, lamenta la presidenta de la asociación de afectados. Lo que se determine en este juicio, puede condicionar futuros pasos en la lucha de los inquilinos y las fuerzas políticas.

Empiezo con una descripción objetiva. Nos enfrentamos a un asunto muy concreto: el gobierno local de Ana Botella vendió miles de viviendas sociales a fondos buitres. Ahora vamos al lío.

Hay cosas que pueden resultar inmorales y que, sin embargo, tienen cabida en nuestro ordenamiento jurídico. En ese tipo de supuestos se ve claramente la calidad de las personas que, pudiendo hacer algo ‘malo’, no lo hacen. En política, se deberían sopesar más la coherencia ideológica y la honestidad gestora, aquí no basta la frivolidad de una exaltación superficial de ciertos valores. No tendríamos que votar con las entrañas sino con la cabeza. Existe mucha gente que se cree de izquierdas y que, por el contrario, tiene tics de la derecha más rancia y mucha gente de derechas que, en el fondo, desabotonando su camisa de fuerza cultural, es de izquierda.

Ahora bien, tenemos otras cosas que son inmorales y que, además, se revuelcan en la ilegalidad. Eso es lo que hemos denunciado desde el PSOE del ayuntamiento de Madrid. Porque lo que hizo el gobierno del PP, con la señora Botella a la cabeza, fue, a nuestro parecer, no solo una obscenidad política (vender a fondos buitres miles de viviendas sociales) sino una ilegalidad intolerable (al dictar resoluciones arbitrarias que se han traducido en una malversación de fondos públicos). No se puede defender lo indefendible salvo que entregues tu alma a la mentira. Confío en que los ciudadanos empiecen a retirar su apoyo a un partido político que juega a la etiqueta pero que practica el bandolerismo.

El PP de Esperanza Aguirre, con su cobertura normativa, y el de Ana Botella planificaron al detalle un saqueo del parque público de viviendas sociales. Quisieron asestarle un golpe durísimo a una de las manifestaciones más necesarias de la política social, aquella que está comprometida con los que menos tienen; porque las viviendas públicas de nuestro ayuntamiento, no lo olvidemos, están destinadas a personas con pocos recursos “Vagos, sinvergüenzas y parásitos” para esa mentalidad destructora de la solidaridad.

Por motivos de espacio no puedo entrar en detalles a la hora de explicaros los ardides de los que se valió el anterior gobierno del PP de esta ciudad para vender a un precio de amigo una cantidad enorme de hogares empaquetados en distintas promociones. De lo que se trata es de que jamás debieron hacerlo porque el Derecho no se lo permitía. Punto. Eso es lo que el PSOE del ayuntamiento de Madrid ha denunciado ante los tribunales. Moralmente han dejado en una situación de trágica incertidumbre a miles de familias, legalmente se han salido de los límites legales. Es hora de que, quienes han depredado lo público, paguen por ello. Es la hora de la justicia legal. La siguiente cita con la justicia debería ser la electoral. En eso estamos también.

El Ayuntamiento de Madrid no sabe cuántos trabajadores están encargados de la limpieza viaria de la capital. Así lo expone la corporación en una respuesta enviada al grupo socialista, a la que ha tenido acceso elDiario.es. El equipo de Gobierno asegura que “no dispone del dato” porque las empresas concesionarias, a las que el Ejecutivo de la exalcaldesa Ana Botella adjudicó los contratos en 2013 tras decretar severos recortes en el servicio, pueden discrecional y legalmente disponer de la plantilla que quieran. La corporación de Almeida, que acaba de aprobar la licitación de unos nuevos contratos, culpa al modelo de su antecesora del descontrol. “No existen unos medios contractuales explícitos”, dice la contestación del área de Medio Ambiente y Movilidad, que dirige Borja Carabante.

El PSOE denuncia, sin embargo, que el Ayuntamiento trata de “ocultar” los datos. “Nos ocultan cuántas personas hay limpiando las calles para no tener que reconocer los recortes que han hecho de Madrid una de las ciudades más sucias de Europa”, señala el concejal Ignacio Benito, que asegura que la corporación conoce el número de efectivos por distrito y por lote porque las concesionarias están obligadas a remitir alguna información sobre los trabajadores.

Nuevos contratos en marcha

La Junta de Gobierno aprobó la semana pasada, en medio del terremoto político en Madrid, la licitación de unos nuevos contratos de limpieza que elevan el presupuesto hasta los 1.700 millones de euros. “Pasamos a invertir 59,6 euros por habitante a 86,31. Más que Valencia, Zaragoza, Barcelona y Santander juntas”, dijo la portavoz municipal, Inmaculada Sanz, aunque habrá que esperar a la adjudicación final para confirmar por cuánto se concede el servicio. José Luis Martínez-Almeida no quiere repetir los errores que cometió la excalcaldesa en la gestión de la limpieza de la ciudad, vigentes hasta agosto de 2021 y que han sido un dolor de cabeza tanto para el Gobierno de Ahora Madrid –contra el que el propio Almeida emprendió una campaña, conocedor de que la rigidez solo permitía hacer cambios mínimos– como para el actual equipo de PP y Ciudadanos.

En 2013, Botella integró 39 servicios públicos –de limpieza viaria y jardinería– en un solo megacontrato dividido en seis lotes para ahorrar costes y aplicó recortes del 10% en el presupuesto (256 millones en total) de partida. Con una deuda encima de 7.000 millones, la exalcaldesa optó por sacrificar el servicio. La competencia entre empresas, gigantes del sector de la construcción y los servicios, rebajó aún más el precio de los 2.317 millones iniciales para 10 años a 1.944. Hasta el punto de que, una vez con el servicio entre las manos, sus ofertas eran tan temerarias que no daban de sí para pagar a la plantilla.

Los pliegos entonces no recogían ninguna exigencia de personal. Los recortes de más de 1.100 efectivos de un total de 6000, planteados por las adjudicatarias (entre ellas Cespa, Valoriza, Obrascón y OHL-FCC), provocaron la huelga más larga de limpieza en la capital desde 1999. 13 días que terminaron con una victoria parcial de los trabajadores: un ERTE y una congelación salarial por cinco años.

Con los nuevos contratos –este jueves se ha dado luz verde a la licitación por separado de la conservación de parques, jardines y zonas verdes, otra novedad respecto al modelo de Botella que juntaba todo–, el Ayuntamiento promete incrementar el personal en 2.000 efectivos. “Cómo puede ser que el delegado del área lleve meses diciendo que el nuevo contrato de limpieza va a aumentar en 2.000 la plantilla actual si no sabe cuántos efectivos tiene esa plantilla”, remata el edil socialista que formuló la pregunta al Gobierno.

El Ayuntamiento de Madrid tiene intención de privatizar parcialmente la supervisión de la limpieza en las calles de la ciudad. Con la puesta en marcha de los nuevos contratos en agosto de 2021, el área de Medio Ambiente encargará a una empresa privada que controle que las concesionarias cumplen con el servicio a través de una nueva “oficina de control de calidad”. Hasta ahora, esta tarea la realizaba un equipo de 200 funcionarios municipales, ahora muy desconcertados por la irrupción de un segundo cuerpo supervisor privado, al que el Consistorio pagará un millón de euros.

“Se ha demostrado que el control se puede hacer con recursos propios y no entendemos por qué se necesita externalizar”, asegura un funcionario del servicio de control de calidad a elDiario.es. Ante la inquietud generada, Comisiones Obreras ha pedido una reunión al delegado del área de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, para aclarar en qué consiste este nuevo contrato.

“Nos da la impresión de que volvemos a lo mismo, elegir empresas externas para hacer lo que puede hacer el personal propio. ¿Por qué no se invierte ese millón de euros en potenciar el servicio municipal de control de calidad, ya existente?”, se pregunta Santiago López, secretario general de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid en el sindicato. “Sabemos que la limpieza es un negocio inmenso y en 2013 las contratas salieron al rescate. De alguna manera se lo tendrán que cobrar”, añade.

Una portavoz de Medio Ambiente y Movilidad aclara que los inspectores municipales seguirán con su labor (solo ellos tienen capacidad sancionadora), niega que vaya a producirse una privatización y alude a un exceso de trabajo para justificar la creación de la oficina externa. “Actualmente la supervisión y la tramitación de sus expedientes se colapsa”. El objetivo, dice el Ayuntamiento, es “ir más allá” para “tener informes independientes que certifiquen la calidad del servicio de limpieza”. Cuando una administración contrata a una empresa para hacer un servicio, siempre debe justificar de forma pormenorizada por qué eso mismo no puede hacerse con recursos propios.

En Comisiones Obreras coinciden en que la falta de personal es un problema histórico en el Ayuntamiento. Sin embargo, los funcionarios del servicio creen que, con los nuevos contratos, su trabajo puede hacerse más liviano. Con la fórmula que está en vigor desde 2013, los inspectores se enfrentan a un sistema endiablado de control a través de lo que se llama “indicadores”. Por ejemplo, colillas en alcorques, estado de las papeleras... Con esas evidencias, los funcionarios hacen informes que pueden detraer hasta un 20% de presupuesto a las empresas concesionarias. Los nuevos contratos prometen, según lo anunciado por el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, eliminar este sistema para implantar otro más sencillo que obligue a tener un número determinado de personal y maquinaria en la calle.

La contratación de una empresa externa para compartir las labores de control de las adjudicatarias del servicio forma parte de la “letra pequeña” que los sindicatos aún deben analizar con el Ayuntamiento después de que Martínez-Almeida desgranara los primeros detalles de los nuevos contratos la semana pasada.

Los pliegos, cuya aprobación está prevista para finales de año, partirán de un presupuesto mayor y obligarán a las empresas adjudicatarias a tener cerca de 2.000 operarios más en la calle para compensar los recortes de personal de los últimos años. En 2013 había 6.300 operarios, hoy quedan 4.100, más 400 eventuales, según cifras de UGT. Además, los contratos dejan de ser integrales y separarán la limpieza viaria del mantenimiento de las zonas verdes.

El equipo de PP y Ciudadanos no quiere repetir los errores de la exalcaldesa Ana Botella, que decidió sacrificar el servicio con grandes recortes de presupuesto en el año 2013. Entonces, el Consistorio arrastraba una deuda de 7.000 millones de euros. La nueva corporación es consciente de que dar un buen servicio de limpieza puede ser una de sus grandes “medallas” de gestión. El calendario juega a su favor. Aún tienen dos años y medio de mandato por delante para demostrar si su fórmula, que rompe la implantada por Ana Botella, logra por fin unas calles limpias.

José Luis Martínez-Almeida no quiere repetir los errores que cometió la exalcaldesa Ana Botella en la gestión de la limpieza de la ciudad. El regidor ha avanzado esta semana las primeras pinceladas de los nuevos contratos, que sustituirán desde el verano que viene a los firmados por su compañera de partido en 2013. Los escasos detalles que se conocen hasta el momento muestran la ruptura del actual alcalde con la política de recortes que impulsó Botella y que ha condenado a la suciedad a la capital durante más de siete años en los que solo se han podido hacer cambios mínimos. Su caducidad en julio de 2021 abre una nueva etapa.

Martínez-Almeida ha anunciado que invertirá más a partir de entonces y que obligará a las empresas adjudicatarias a tener a “cerca de 2.000 operarios más en la calle” para evitar los despidos masivos que intentaron las ganadoras del concurso en 2013. “Van a marcar un antes y un después con un enorme esfuerzo presupuestario en los tiempos difíciles que nos encontramos”, proclamaba ante los medios este miércoles. Los sindicatos y la oposición piden cautela con los anuncios hasta ver la “letra pequeña” de los pliegos.

“Lo que tenemos ahora no es muy difícil de mejorar. Venimos prácticamente de una catástrofe. La plantilla ha sufrido mucho”, señala Sherezade Talavera, delegada de UGT en el servicio de limpieza viaria del Ayuntamiento. Entre los trabajadores, traslada, hay una esperanza de que la situación puede prosperar. “Vemos, por lo que sabemos hasta ahora, que el nuevo modelo enmienda el de Botella. Al menos parece que han entendido que la limpieza solo va a mejorar si pones gente en la calle”, añade esta barrendera con casi 20 años de experiencia en el servicio. “La música suena bien, veremos a ver cómo la bailan, cómo se implementa todo esto”, advierte, desde CCOO, Daniel Gismero.

En 2013, Botella integró 39 servicios públicos –de limpieza viaria y jardinería– en un solo megacontrato dividido en seis lotes para ahorrar costes y aplicó recortes del 10% en el presupuesto (256 millones en total) de partida. Con una deuda encima de 7.000 millones, la exalcaldesa optó por sacrificar el servicio. La competencia entre empresas, gigantes del sector de la construcción y los servicios, rebajó aún más el precio de los 2.317 millones iniciales para 10 años a 1.944. Hasta el punto de que, una vez con el servicio entre las manos, sus ofertas eran tan temerarias que no daban de sí para pagar a la plantilla. Los pliegos entonces no recogían ninguna exigencia de personal. Los recortes de más de 1.100 efectivos de un total de 6000, planteados por las adjudicatarias (entre ellas Cespa, Valoriza, Obrascón y OHL-FCC), provocaron la huelga más larga de limpieza en la capital desde 1999. 13 días que terminaron con una victoria parcial de los trabajadores: un ERTE y una congelación salarial por cinco años.

Un calendario a favor

El Gobierno de Martínez-Almeida promete ahora poner coto a las empresas para evitar que la historia se repita: “Habrá una limitación en las bajas que se puedan hacer por parte de las empresas para evitar que un presupuesto tan ambicioso como este pueda sufrir una baja que no cumpla con las expectativas que hemos depositado”. El PP es consciente de que dar un buen servicio de limpieza puede ser una de sus grandes “medallas” de gestión. El calendario juega a su favor. Aún tienen dos años y medio de mandato por delante. “Queremos recuperar el orgullo que teníamos los madrileños de tener una ciudad limpia. En estos momentos no podemos decir que está lo limpia que queríamos que estuviera”, añadía Martínez-Almeida.

El presupuesto total es, para sindicatos y oposición, uno de los aspectos que habrá que mirar con lupa. El PSOE considera que Martínez-Almeida dio una “cifra tramposa” cuando aseguró que la partida para el servicio crecería un 45% porque comparó el precio de salida de la próxima licitación, sujeto a ofertas a la baja, con el importe de adjudicación en 2013, con las reducciones ya aplicadas. La diferencia son 80 millones de euros (de 194 a 283). “Habrá que leer bien la letra pequeña, hasta entonces no se puede valorar con precisión”, apunta, por su parte, el concejal de Más Madrid José Luis Nieto. Los contratos, como pasó en 2013, vuelven a redactarse en una situación de grave crisis económica. “La diferencia es que dejamos las cuentas del Ayuntamiento saneadas. No hay la enorme deuda que había entonces”, reivindica Nieto.

En UGT están “sorprendidos” con las mejoras previstas en personal y maquinaria. El número de medios debe aumentarse, según ha anunciado el Consistorio, en un 16% y las empresas tendrán que sustituir la maquinaria contaminante –los camiones más nuevos son de 2013– por una nueva que sea medioambientalmente sostenible (cero o eco), “salvo en aquellos casos que no sea posible por sus características”. “No sabemos dónde está el truco”, indica Sherezade Talavera, de UGT, a la espera de que el concejal de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, y su equipo comuniquen a los comités de empresa las nuevas condiciones.

Una plantilla menguada y desgastada

Entre las novedades hay aspectos tan básicos como que se cubran las vacaciones del personal. Los sindicatos añaden, además, que en estos años no se han reemplazado las vacantes por jubilación o salida del puesto, lo que ha ido menguando la plantilla. En 2013 había 6.300 operarios. Hoy quedan 4100, más 400 eventuales, según cifras de UGT. Con la promesa de reforzarlo con 2.000 nuevos, “se volvería más o menos a los niveles de hace siete años, no de 2008 que éramos más”, precisa Gismero. “Si aumentan, en cualquier caso, damos palmas con las orejas. Sería una estupenda noticia”, añade. Para el grupo socialista haría falta un refuerzo de 500 trabajadores más, sumados a los 2.000 adicionales.

Los nuevos contratos rompen también con la integración ideada por Ana Botella para concentrar en un solo paquete todos los servicios de limpieza viaria y jardinería. El mantenimiento de zonas verdes –con 4.000 jardineros– saldrá a licitación aparte, aunque el proceso está mucho menos avanzado. Otro cambio importante, coinciden los sindicatos, es el fin del sistema de indicadores para controlar que se está prestando adecuadamente el servicio. ¿Qué son los indicadores? Una forma de vincular el pago a los resultados ideada por el equipo de Botella y que permitía detraer a las empresas un 20% del presupuesto si eran negligentes. En la práctica ha resultado ser un bache insalvable porque las empresas peleaban judicialmente para recuperar lo perdido, explican los sindicatos. “Este contrato se centra en el refuerzo de plantilla con mayor control de las actuaciones en remoto, lo que permitirá ver el grado de cumplimiento”, precisan desde el Ayuntamiento.

En los últimos años, la herencia de Botella ha permitido muy poco margen de maniobra a los sucesivos gobiernos para mejorar la situación. “Estos contratos han sido un fracaso para la ciudad y han provocado un desgaste enorme en la plantilla. Intentas llegar y no llegas, te da vergüenza pasar por una calle y solo vaciar las papeleras... Psicológicamente ha sido muy jodido”, resume Talavera. El equipo de Manuela Carmena llegó al Palacio de Cibeles prometiendo la remunicipalización, pero nunca se hizo efectiva.

El sistema ataba de pies y manos a la administración. Ahora Madrid introdujo algunos cambios: cambió la catalogación de las calles para que un mayor número fueran limpiadas a diario –el sistema distingue entre primarias y secundarias, mucho menos atendidas– y canceló el ERTE. La primera subida salarial de los empleados, mínima, no se produjo hasta 2018. José Luis Martínez-Almeida, entonces líder de la oposición, hizo una dura campaña contra la exalcaldesa por la gestión de la limpieza, pese a que conocía que la posibilidad de introducir cambios era mínima. Después, ya en la alcaldía, ha sufrido los mismos problemas, aunque la postura del PP siempre ha sido la de evitar una crítica directa a los contratos de Botella. Los próximos meses desvelarán en qué medida los nuevos contratos logran devolver la limpieza a la ciudad.

El Tribunal Supremo ha confirmado la absolución definitiva de la exalcaldesa de Madrid Ana Botella y de su Junta de Gobierno por la venta de 1.860 viviendas públicas a un 'fondo buitre' al rechazar la queja que planteó la edil socialista Mercedes González contra el Tribunal de Cuentas por impedirla recurrir el asunto en calidad de vecina.

Así consta en un auto en el que los magistrados desestiman el recurso interpuesto por la concejal González Fernández contra el auto de 11 de diciembre de 2019, dictado por el Tribunal de Cuentas. Así, se declara bien denegada la preparación del recurso de casación, debiendo ponerse “esta resolución en conocimiento del expresado Tribunal para su constancia en los autos”.

En concreto, el Tribunal de Cuentas rechazó la pretensión de la edil de recurrir, en calidad de vecina, en casación por la venta de viviendas públicas a un 'fondo buitre' por parte de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) después de que el consejo de administración de la empresa acordara no recurrir ante el Supremo.

La edil alegó en su recurso que “la acción popular es un medio de defensa general de la legalidad, de modo que la legislación, cuando la reconoce expresamente, lo hace como un medio de control difuso de los intereses públicos”. “Control que no sustituye al que las propias Administraciones Públicas deben ejercitar por sí mismas, de modo que el ejercicio de la acción popular no enerva la legitimación que, por ejemplo, poseen ellas mismas para denunciar a aquellas personas que han lesionado sus intereses, como sucede en el procedimiento de responsabilidad contable por alcance”, esgrimía la concejal socialista.

Por ello, solicitaba que con estimación del recurso de queja se declarase su legitimación para ejercer en casación la acción sustitutoria del artículo 68 LBRL contra la sentencia del Tribunal de Cuentas, de 17 de julio.

Con la llegada del coronavirus a España y ante la rápida subida de los contagios y muertes, “quédate en casa” se ha convertido en un mensaje de responsabilidad. En redes sociales se ha popularizado estos días el hashtag #quédateencasa o #mequedoencasa y bajo él se han lanzado diferentes contenidos de las consecuencias que puede tener para todos la decisión de salir de la comunidad autónoma en la que se viva.

A pesar de eso, son muchos los españoles que están volviendo a sus lugares de origen o a su segunda residencia tratando de huir de la pandemia y de uno de sus principales focos: la ciudad de Madrid. Eso es lo que han hecho el expresidente del Gobierno, José María Aznar, y su mujer, la exalcaldesa de Madrid, Ana Botella, que han decidido trasladarse al chalet que tienen en Marbella.

La noticia se ha conocido este viernes, aunque según publicaba el diario ABC, llevarían allí desde este miércoles y tendrían la intención de quedarse hasta Semana Santa. Según esta misma fuente, la pareja cuenta con una patrulla de la Policía Nacional de la comisaría de Marbella, que está en la puerta las 24 horas, además de con su escolta habitual. Las reacciones a través de las redes sociales no han tardado en llegar.

De los más de 200 casos de infectados por coronavirus en Andalucía que ha confirmado este viernes por la tarde el Ministerio de Sanidad, la mayoría están en la provincia de Málaga, donde ya han fallecido dos personas.