El fondo inversor al que Gallardón vendió centenares de VPO sube el alquiler a los inquilinos 300 euros al mes

La primera semana de mayo expiran los contratos de alquiler que firmaron hace 10 años 300 jóvenes agraciados con una de las viviendas de protección oficial que el Ayuntamiento concedía en Sanchinarro, un barrio situado al noroeste de Madrid.

De la alegría de aquel 6 de mayo del 2005 en el que Alberto Ruiz Gallardón, por aquel entonces alcalde de Madrid, les entregó las llaves de su primer piso han pasado a la agonía de ver cómo una década después el Consistorio les ha dado la  espalda.

El seis de mayo de este año esos acuerdos finalizan y tienen que renovarlos con el  nuevo casero: el fondo buitre que en 2010 adquirió esos inmuebles dentro de un paquete de 630 viviendas distribuidas por la capital (Pavones, Carabanchel y Vallecas) a cambio de 65 millones de euros. A partir de mayo, si estos vecinos quieren seguir viviendo en sus casas deberán aceptar la subida de renta de entre 60 y 300 euros al mes que les propone el nuevo gestor, Lazora (perteneciente al fondo de inversión Azora).

Los vecinos de la calle Pintor Ignacio Zuloaga denuncian que durante esta década la crisis les ha azotado y les va a resultar difícil seguir en sus casas si esos alquileres se materializan. Por ejemplo, Javier (nombre ficticio) vive en el número 4 de esta avenida junto a su mujer y a su hija en un piso de 49 metros cuadrados por el que hasta ahora pagaba 357 euros.  Al estar en el paro, sin cobrar subsidio por desempleo, Lazora le ha planteado una subida de alquiler progresiva a lo largo de los tres años que durará su nueva relación contractual: un incremento de 68 euros el primer año y un aumento de 300 euros el tercero.

“A partir del mes de mayo me ofrecen  pagar 425 euros. Pero el segundo la subida son 100 euros más, 525 euros. Y el tercero tendría que asumir una renta de 660 euros”, cuenta.  Tiene miedo a revelar su nombre porque todavía no ha firmado el nuevo contrato y teme que le cambien las condiciones. Por ahora, a la espera de conseguir un plan B se quedará el primer año en su casa: “Salimos adelante gracias a los 800 euros que cobra mi mujer. Si me mantienen esos precios de alquiler los próximos años, buscaré otro piso más barato”.

El día en el que los nuevos inquilinos entraron a vivir en la promoción Sanchinarro X, Gallardón señaló que con estos alquileres el gobierno municipal quería “evitar una forma de exclusión social que amenaza a determinados sectores de la población, como los jóvenes”. Para ello establecieron rentas asequibles que oscilaban entre 236 y 434 euros dependiendo del tamaño del piso (entre 45 y 74 metros cuadrados).

Sergio Sanz, inquilino de un quinto exterior, va a pasar de pagar 450 euros a los 620 euros que ha firmado ya con Lazora. “En mi caso me pedían una renta mensual de 730 euros. Aunque me han ofrecido una bonificación de 109 euros por la discapacidad de mi mujer”, indica.

“Mi mujer y yo hemos tenido que dejar de trabajar.  A mí me han dado una invalidez por tener siete hernias de disco. A mi mujer le han concedido una minusvalía permanente porque sufre un trastorno bipolar. Desde que el Consistorio vendió estas casas no hemos sabido nada de ellos”. Con la pensión que reciben ambos hacen frente al alquiler, el colegio de su hijo Daniel, las medicinas, las facturas y la comida, Sergio se lo ha pensado mucho, pero al final ha firmado: “Era la única opción de poder tener el acuerdo en la mano. A mi mujer este conflicto le afecta, veremos qué sucede a partir de ahora”.

El fondo recalca que están haciéndolo caso por caso

Por su parte, un portavoz de Lazora justifica las subidas de alquiler señalando que han revisado “caso por caso la situación de los inquilinos”. “Les hemos pedido a todos información sobre su situación económica para estudiarla. Por ejemplo, si todos los miembros de la familia están en paro no lo hemos subido. Si hay uno que no trabaje la subida es de 60 euros”, indica un representante del fondo, que remarca que estos descuentos los realizan de forma voluntaria.  

Los vecinos llevan años quejándose por el proceder del fondo a la hora de solucionar los problemas. “Desde que entraron la gestión es nula, tienes que llamar a un 902 para notificar una incidencia y no te hacen caso” relata Sergio a la vez que recuerda uno de los últimos incidentes que han sufrido. En febrero estuvieron un par de semanas sin agua corriente, la compañía les suministró como alternativa un camión cisterna del que recogían agua para bañarse y cocinar.“La que salía del grifo era marrón, olía mal. Imagínate la calidad, que los peces que yo tenía se acabaron muriendo en la pecera cuando comenzó a entrar ese agua”, apunta.

Los vecinos pusieron esta situación en conocimiento del Canal de Isabel II y de la Consejería de Sanidad, Lazora cambió las tuberías y asegura que el problema ya está solucionado. Aunque los vecinos desconfían, Sergio asegura que de vez en cuando “sigue saliendo amarilla” y Javier añade que en su casa no se bebe el líquido que sale del grifo: “Compro agua embotellada, me da miedo que mi hija se pueda poner mala”. 

Despefectos, humedades, ventanas que no abren

Tampoco están de acuerdo en algunas de las condiciones del contrato. Después de diez años viviendo en sus casas, los desperfectos han ido surgiendo: parqué rajado, paredes despintadas, ventanas que no se pueden abrir... Sin embargo, en el nuevo acuerdo se tienen que comprometer a que las casas están como nuevas. “Hemos tenido que firmar que el piso está en perfectas condiciones. Algo que no es cierto porque tras diez años de uso se hunden los suelos, hay humedades en las paredes”, señala Sergio.

Las zonas comunes también están deterioradas, en especial el garaje en el que parte del suelo está hundido y hay agujeros en el techo que han tenido que proteger con una red de metal para evitar que se desprendan cascotes sobre los coches.

“Les mandé un mail con todos los defectos que he visto en el contrato. Si hemos vivido diez años en estas casas, es normal que no estén en perfectas condiciones”, apunta Cristina, otra inquilina de un piso en Sanchinarro X. Ella es licenciada en Derecho y se ha convertido en la consultora legal de sus vecinos. “También me he quejado porque me hayan dicho que me van a cobrar 575 euros de renta, durante los tres años de contrato, y no sea esa la cantidad que se refleja en el acuerdo”, añade.

La opción a compra fue otra de las promesas que les hicieron cuando firmaron en 2005 y que ahora ha desaparecido. “Nos dijeron que a los diez años nos lo iban a vender, en el contrato aparece como una posibilidad facultativa (opcional)”, protesta Cristina. De hecho, esa opción aparece reflejada en el comunicado que el Ayuntamiento dirigió a los medios de comunicación el día que Gallardón les entregó las llaves. “Residirán en régimen de alquiler con opción a compra”, apunta este comunicado. Sin embargo, según ha podido comprobar eldiario.es, en la cláusula décimoprimera del contrato los firmantes pierden toda oportunidad a comprar su casa. “El arrendatario renuncia al derecho de adquisición permanente”, apunta el acuerdo promovido por Lazora.