El Gobierno de Cantabria ha anunciado la convocatoria de una línea de subvenciones, dotada con 300.000 euros, destinada a apoyar la inserción laboral de personas con discapacidad en los centros especiales de empleo.

Estas ayudas, que se publicarán este viernes en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), tienen como finalidad reforzar los servicios que permiten superar las barreras, obstáculos o dificultades que encuentran las personas con discapacidad, tanto en su incorporación a un puesto de trabajo como durante su permanencia y progresión en el mismo.

La convocatoria, que se enmarca en el Plan Anual para el Fomento del Empleo Digno, contempla actuaciones dirigidas a colectivos con mayores dificultades de acceso o permanencia en el mercado laboral, con especial atención a las personas con discapacidad contratados en centros especiales de empleo inscritos en el Registro de Centros Especiales de Empleo de Cantabria.

En concreto, se incluyen las personas con parálisis cerebral, trastorno de la salud mental, discapacidad intelectual o trastorno del espectro del autismo, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33%, así como las personas con discapacidad física o sensorial con un grado igual o superior al 65%.

Las unidades de apoyo a la actividad profesional están integradas por equipos multiprofesionales encargados de identificar las necesidades de cada trabajador y establecer los apoyos necesarios para el desarrollo de su actividad profesional.

Entre sus funciones se encuentran también la formación para la adaptación al puesto de trabajo y a las nuevas tecnologías y procesos productivos, así como el establecimiento de apoyos individualizados.

Además, estos equipos trabajan para favorecer la autonomía e independencia de los trabajadores, facilitar la incorporación de nuevos empleados al centro especial de empleo y acompañarles, cuando sea posible, en el tránsito hacia enclaves laborales y el mercado ordinario de trabajo.

También intervienen ante posibles procesos de deterioro evolutivo para evitar o atenuar sus efectos.

La convocatoria establece una subvención fija anual de 1.440 euros por cada persona trabajadora con discapacidad con mayores dificultades de inserción cuando esté contratada de forma indefinida a jornada completa o mediante un contrato temporal a jornada completa de una duración igual o superior a seis meses. El importe se reducirá proporcionalmente en función de la duración del contrato y de la jornada cuando corresponda, sin que puedan subvencionarse contratos cuya duración sea inferior a seis meses.

Las ayudas podrán ser objeto de cofinanciación por parte del Ministerio de Trabajo y Economía Social a través del Servicio Público de Empleo Estatal.

Podrán beneficiarse de estas subvenciones las entidades titulares de los centros especiales de empleo que desarrollen su actividad en Cantabria, figuren inscritos en el correspondiente registro y cumplan los requisitos establecidos en la convocatoria, entre ellos disponer de las unidades de apoyo con la composición exigida.

Refuerzo de los equipos profesionales

La convocatoria establece diferentes módulos de personal en función del número de trabajadores con discapacidad con mayores dificultades de inserción atendidos por cada centro.

Así, los centros de hasta 15 trabajadores deberán disponer, al menos, de un técnico con una dedicación mínima del 20% de su jornada y un encargado de apoyo a la producción a tiempo completo, incrementándose progresivamente estos recursos conforme aumenta el número de trabajadores atendidos.

Las personas que desempeñen funciones técnicas deberán contar con la titulación y experiencia requeridas, preferentemente en ámbitos educativos, sanitarios, asistenciales, pedagógicos, psicosociales, terapéuticos o sociolaborales, mientras que los encargados de apoyo a la producción deberán acreditar experiencia en integración social o laboral de personas con discapacidad o conocimientos relacionados con sus funciones.

El periodo al que se extienden las acciones subvencionables comprende desde el 1 de septiembre de 2025 hasta el 31 de agosto de 2026 y cada entidad podrá presentar una única solicitud.

Las solicitudes deberán presentarse obligatoriamente por medios telemáticos y el plazo será de 15 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el BOC.

El consejero del ramo, Eduardo Arasti, ha destacado que esta convocatoria refuerza el compromiso del Gobierno de Cantabria con una inclusión laboral “efectiva”, especialmente de aquellas personas con discapacidad que encuentran mayores dificultades para acceder o mantenerse en el empleo.

“No se trata únicamente de facilitar el acceso a un puesto de trabajo, sino de proporcionar los apoyos necesarios para que las personas puedan desarrollar su actividad profesional, ganar autonomía y avanzar en su trayectoria laboral”, ha indicado.

En el verano de 2023, Nerea Pérez de las Heras sufrió un accidente en el mar. “Mi pierna derecha se me adelantó en la muerte. La hélice de un barco nos separó”, explica la periodista en Fantasma (Alfaguara), el libro en el que ha convertido la experiencia por la que terminó perdiendo parte de su pierna derecha en un alegato en favor de la sanidad pública y una reivindicación del coste de los cuidados, la hostilidad de las ciudades para las personas con discapacidad y el cuerpo humano.

Tras largos periodos en el hospital, cirugías, rehabilitación, trámites, muchos trámites, paciencia, sostén en su familia, pareja y amigas; y persistente resistencia, ahora camina con una prótesis, sigue viviendo en un quinto piso sin ascensor y ha aprendido a dejarse en paz. No hay ni un ápice de autoayuda edulcorada en sus páginas, pero sí crudeza, vulnerabilidad, rabia y profundo agradecimiento, también a sí misma, por haber sido “una bestia”.

Fantasma es en parte un ejercicio de memoria sobre su accidente y todo lo que vino después, ¿cómo le ha sentado escribirlo?

Ha sido un trabajo muy difícil, largo y sacrificado, que he tenido que compaginar con otros trabajos porque soy autónoma. El libro no es nada terapéutico, mi primera ambición es que funcionara literariamente, que fuera narrativamente redondo y para eso he tenido que purgar mucho de la propia experiencia. Ha habido que volver a momentos que fueron muy difíciles, pero no podía haber 250 páginas de revoltura, porque eso es inaguantable. Y además no era lo que yo buscaba, quería contar otras historias, ramificar mi experiencia personal.

¿Habría que replantear cómo podrían ser los hospitales más habitables y amables?

Cuando me sacaron de la Unidad de Reanimación y me dijeron que la habitación que se había quedado libre era de una sola cama, me sentí como en el Ritz. Lujo absoluto. Mi mujer podría dormir en la butaca los días que fuera necesario, íbamos a tener intimidad. Mis padres han sido dependientes durante muchos años, en los que junto a mis hermanos he sido acompañante, pasando noches encajonadas. Y sí, está la falta de intimidad, pero también el logro civilizatorio de que casi todo el mundo, porque hay gente que también está excluida de la sanidad pública, tenga acceso a ella.

La experiencia en el Hospital de Mallorca fue perfecta, dentro del horror. Me sentí muy cuidada y muy afortunada de la chiripa y la lotería de haber nacido en el país en el que nacido. A veces se nos olvida la suerte que tenemos y lo azaroso que es que hayas nacido en un lugar con estado de bienestar y no en otro. Si le dedicáramos un poquito de reflexión, miraríamos de otra manera a la gente que no vive en democracia ni estado de bienestar, que no sabe lo que es la sanidad pública, y que viene a nuestro país.

¿Reaccionamos suficiente a que la sanidad sea cada vez más un negocio y esté cada vez más privatizada?

Es que además, no solamente eso, hay como una creencia absurda de que la sanidad privada es lo mismo que la pública, pero de pago. Y no. Una es un derecho y atiende a cualquiera, sea su condición rentable o no; y la otra es un servicio, una empresa a la que tú puedes acudir, en la que eres un cliente. Si no eres rentable, te expulsarán o el tratamiento no será el adecuado. Es algo opcional, a lo que yo he recurrido, pero no mezclemos derechos y negocios, porque no son lo mismo.

En el título del libro hace referencia a la sensación de miembro fantasma que sintió con su pie después de que se lo cortaran.

La pregunta que más se repite, incluso desde los sanitarios, es si sigues sintiendo el miembro amputado. Las experiencias de las personas amputadas con los miembros perdidos, que parecen un poco del más allá, son una reacción del sistema nervioso que mantiene un mapa del cuerpo completo y busca el miembro perdido con una sobrerreacción.

La palabra fantasma es perfecta para describir lo que te pasa en el cuerpo cuando tienes una pérdida, igual que las mujeres con cáncer de mama a la que les amputan el pecho. Es una manera muy poética de entendernos a nosotras mismas rodeadas de muchas ausencias, de versiones anteriores, de juventud, de ese padre que se murió, de esa pareja que se fue. Todos esos fantasmas nos acompañan todo el rato.

La sanidad privada no es lo mismo que la pública, pero de pago. No mezclemos derechos con negocios

Nerea Pérez de las Heras — Periodista

En el libro relata su tediosa experiencia en el Tribunal de la Discapacidad, ¿qué papel ha jugado la burocracia?

Ha sido lo peor. Entiendo que hay una parte que es necesaria, pero de verdad, como ciudadana, ya no solamente en un proceso médico, siempre siento que es un foso de cocodrilos entre la persona y los derechos. Tienes que atravesar este horror de trámites, papeleos y cartas incomprensibles para llegar a algo que se suponía que tu abuela consiguió con una huelga. ¿Por qué? No lo entiendo. Es horrible.

Nada me ha hecho sentir peor ni más insignificante ni más maltratada ni más llena de rabia que los trámites burocráticos en este proceso. Me ha parecido lo peor, estando en la situación más privilegiada posible, que es tener dos colegas abogadas y que me traduzcan las cosas, tener dominio del español y tener recursos económicos para subsistir el tiempo desde que emprendes un trámite hasta que se resuelve. Todo el rato tenía en la cabeza a la gente que no tiene todos estos medios. No puede ser tan difícil.

El libro es también una carta de amor a la amistad y al propio amor.

He tenido una red de apoyo de amistades, de pareja y de familia muy grande y muy sólida. He hablado mucho de ello. Desde el activismo anticapacitista se me ha llamado la atención y con muchísima razón. Me decían que está genial que tú tengas tus colegas, pero no puede ser que nuestra calidad de vida dependa de si tienes una red, que también es un poco neoliberal. Si te lo has currado, has tenido suerte y tienes una red que te pueda apoyar, tendrás una buena vida. Y si no, te jodes.

¿Está muy reducido el imaginario de las personas discapacitadas? Cuenta que una señora se sorprendió al descubrir la suya porque era “muy mona”. ¿Cómo afecta a la concepción de la belleza?

Ese día iba muy arreglada, no se me veía la prótesis y cuando la señora me vio en el asiento reservado, me preguntó. La entiendo un poco y le estaré eternamente agradecida porque si no me lo hubiera dicho, a lo mejor no habría recurrido a artículos académicos o libros como El cuerpo deseado de Andrea G. Santesmases, no habría elevado esta situación a un pensamiento crítico para explicarla.

Aprendí que la discapacidad te expulsa de los roles masculinos y femeninos tradicionales. En los dos hay que hacer el 'teatrillo' del género, y si eres discapacitado no puedes porque en el caso de las mujeres, ese cuidado, fertilidad o belleza no son posibles con una pierna ortopédica. Y en el de los hombres, la fuerza, el papel de defensor y proveedor. La discapacidad te expulsa.

¿Le generó conflicto pensar que la pierna ortopédica afectaría a su belleza?

Es que yo me he visto monísima desde el principio [ríe]. No he tenido ninguna crisis de este tipo, porque ya el feminismo me había pertrechado. Me he dado cuenta de que el feminismo no solamente era el torreón, el sitio elevado desde el que veía todo, sino que también me colocó unas protecciones. Te acolcha. Si esto me llega a pasar sin conciencia feminista, no sé qué habría sido de mí.

Me vi rara, y bien, igual que me veo bien pasados los cuarenta, porque digo bueno, es un cuerpo razonablemente sano y funcional, que me permite hacer cosas divertidas, bailar más o menos, salir con mis colegas. El criterio de la jerarquía de cuáles son las cosas importantes ya lo llevaba colocadísimo. Además, soy lesbiana y al menos a las queer con las que trato, nos encanta un parche en un ojo, un sonotone, una cicatriz rara. Añade valor al show.

¿Cómo ha llevado la condescendencia en el trato desde el accidente? Además del lenguaje bélico con el que suele asociarse a las enfermedades, aplaudiendo las peleas diarias y alabando la actitud 'campeonizadora'.

Me enfada un montón el discurso de superación. Allá cada cual si le funciona de manera personal, pero es un discurso de pelea y batalla individual, y eso no me interesa nada. También el de tener que tener una actitud positiva, que obviamente la tengo, pero es que no sirve para nada. Stella Young, una activista usuaria de silla de ruedas, dice que genial la actitud positiva, pero que por mucho que le sonría a una escalera no se va a convertir en rampa. Creo que a la gente le resulta muy fácil, muy alentador y muy inspirador fijarse en la actitud de las personas discapacitadas a la hora de enfrentarse a su día a día, pero el foco debería estar en todo lo que hace la vida de las personas discapacitadas difícil.

No mires a la silla de ruedas, mira al bordillo. No mires al bastón, mira al asiento reservado. No individualices el problema y pongas todo el peso de la buena vida en la capacidad de resiliencia, palabra que odio, porque es resistencia. La resistencia de, una por una, las personas discapacitadas. Mira a tu ciudad. Mira los programas electorales a ver cuántas propuestas hay para hacer una ciudad más accesible. Son pocas. El foco se tiene que desviar de la silla de ruedas a la escalera y fijarse en el ascensor y en la burocracia, porque es eso lo que nos hace pelear. No es nuestra resistencia, ¿resistencia contra qué? Fíjate.

Se reserva el último agradecimiento del libro a sí misma, “que ha sido una bestia, la verdad”.

Estar a gusto con una está bonito también. Lo que más hago últimamente y que he aprendido después de la experiencia, es a dejarme un poco más en paz. El autocuidado que tanto se predica en redes para mí no es una cosa activa, es dejarme en paz. Dejarme la cabeza tranquila y permitirme estar hecha una baba en el sofá porque soy muy vaga.

Mi esencia espiritual animal es estar tirada en la orilla del mar con una novelita debajo de la sombrilla. Ahí es cuando digo esta soy yo, para esto he nacido. Así que sí, gracias a mí que soy una bestia en algunas cosas, pero que también he sabido dejarme tranquila y dejarme descansar.

Vídeo de la entrevista completa

Vídeo: Lourdes Jiménez, Adrián Torrano

Una persona con problemas cognitivos enfrenta, cada día, grandes retos: desde comprender las indicaciones en el transporte o comunicarse en centros de salud, en las administraciones judiciales y los espacios públicos, hasta utilizar los servicios de telecomunicaciones, votar en unas elecciones o acudir a eventos culturales. El Consejo de Ministros aprueba este martes un real decreto para garantizar el acceso de estas personas a todos estos servicios, tanto públicos como privados, con autonomía y sin discriminación.

Este real decreto, elaborado por el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo, trata de asegurar que estas personas puedan “comprender la información, comunicarse y orientarse en los entornos y realizar actividades con autonomía y sin discriminación”, indican fuentes ministeriales.

La accesibilidad cognitiva es “el derecho a comprender la información que nos proporciona el entorno y dominar la comunicación que mantenemos con él”, especifican en Asuntos Sociales. Además, deben poder hacerse “con facilidad las actividades” de esos entornos “sin ningún tipo de discriminación”.

El reglamento incluye herramientas como el lenguaje claro, la lectura fácil y los sistemas aumentativos. También la utilización de señalización accesible o pictogramas para mejorar la realización de tareas y “soluciones tecnológicas que mejoran la comunicación, la orientación y la realización de tareas”.

Los ámbitos a los que se aplican, según el Ministerio, abarcan las telecomunicaciones, los espacios públicos, edificios e infraestructuras, los transportes, los servicios ciudadanos, las relaciones con la Administración Pública, la participación en los procesos electorales, el patrimonio histórico y cultural y el empleo.

Desde Asuntos Sociales destacan el carácter “universalista” de una norma que pretende “beneficiar al mayor número posible de personas con dificultades de comprensión”: personas con discapacidad intelectual, daño cerebral adquirido, autismo, problemas de salud mental o parálisis cerebral, personas mayores con deterioro cognitivo, en situación de analfabetismo o migrantes qeeue no dominan las lenguas del Estado.

Vivian de La Caridad Suárez es uno de los rostros de la crisis de vivienda que se ha acrecentado en los últimos años y que golpea en especial a las personas más vulnerables. Pese a que no puede caminar sin la ayuda de su andador se ve obligada a residir en un trastero que le ha prestado un buen amigo en un quinto piso sin ascensor de un barrio de Las Palmas de Gran Canaria, pero en el que no puede quedarse mucho más tiempo, ya que las condiciones no son las más adecuadas para ella. Cuenta que tarda hasta dos horas en bajar esas infinitas escaleras empinadas que la conducen a la calle para comprar comida, ir al médico o a por sus medicinas a la farmacia porque se cansa y porque es muy complicado bajar y subir con el andador. “Aquí paso hasta hambre”, asegura Vivian, que muchas veces no puede salir a comprar comida.

Esta mujer, que llegó de Cuba en el año 2019 solicitando su baja consular, asegura que decidió venir a Canarias porque sus padres y abuelos eran de aquí. En Cuba era ingeniera civil. En Gran Canaria trabajó un tiempo hasta que empezó a sentirse mal de una pierna. Le diagnosticaron fibromialgia y después enfermó de cáncer de mama “de alta agresividad” que requiere de seguimiento en la actualidad. Todo ello la ha llevado a su condición actual de persona con discapacidad que depende de muchos fármacos y tiene muchas dificultades para caminar, además de problemas gástricos, incontinencia urinaria y otros problemas de salud que le impiden trabajar a sus 61 años.

Vivian es perceptora de la renta canaria de ciudadanía (733 euros al mes), tiene reconocida una discapacidad del 49% y ha solicitado la ayuda a la dependencia, la cual está esperando. Distintos avatares de la vida la llevaron a que con esta prestación no pudiera pagarse un alquiler, ya que es lo que cuesta un pequeño estudio en la isla y que es lo que asegura que ella necesita. Su buen amigo le prestó este cuarto de manera desinteresada (sin cobrarle nada) en la azotea temporalmente hasta que ella pudiera tramitar una prestación o acceder a una vivienda adecuada con ayuda de una institución pública.

Empezó a residir en este lugar en diciembre de 2024, pero su amigo y su esposa le habían avisado hace tiempo de que a finales de este mes de agosto necesitan ese cuarto trastero para uso de su familia, ya que habían acordado que sería prestado sin contraprestación económica de forma temporal. Además, las condiciones de salud de Vivian se han agravado y el trastero no reúne las condiciones necesarias para que ella viva. El matrimonio además lo componen personas mayores que tampoco pueden ayudarla subiendo y bajando esas escaleras. “Yo les estoy muy agradecida con lo que han hecho hasta ahora”, asegura Vivian. “Yo lo que quiero no es que me den una casa. Quiero que las instituciones me ayuden con un techo en el que vivir”, insiste. Pero lamenta que aunque siente que el pueblo canario “ayuda” los gobernantes no siempre “sienten el dolor ajeno” en especial con la situación de la vivienda.

La lucha por una vivienda adaptada

“Lo que hago no es un reproche al pueblo canario que me ha tratado muy bien siempre, es a los gobernantes, que me ayuden para poder pagar un estudio en condiciones en una primera planta o en un piso con ascensor porque gano 700 euros y así no me hacen un contrato de alquiler”, explica Vivian.

La mujer se ha movido en los últimos meses tocando las puertas de varias instituciones. Muestra con documentos cómo ha solicitado entrar en el programa Canarias Prohogar del Gobierno de Canarias, pero a mediados de agosto se le respondió que le faltaba documentación. Asegura que le insisten en que es un programa para personas en situación de desahucio judicial y que en su caso ha aportado que tiene que dejar ese trastero prestado a finales de agosto y que se trata de una persona con discapacidad, por tanto, vulnerable.

Vivian recuerda que en el Boletín Oficial de la comunidad autónoma se recoge que “Canarias Prohogar dota de una bolsa de viviendas destinadas a aquellos casos de especial urgencia y necesidad, con atención singular a quienes presenten circunstancias o situaciones especialmente sensibles como discapacidad, violencia de género, etc”. Por lo tanto, la discapacidad, como es su caso, está recogida.

Asimismo, muestra que es demandante de vivienda protegida en Canarias. Una solicitud que realizó en mayo de este año haciendo hincapié en su condición de discapacidad. En las Islas hay más de 34.000 demandantes de vivienda protegida y este año han cambiado los requisitos y en lo que va de año no ha adjudicado la construcción de ninguna vivienda protegida de promoción pública.

En su pequeño cuarto adaptado indica las evidencias de toda la información que ha recopilado y los informes y las solicitudes que ha enviado. También al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a quien ha solicitado el informe de vulnerabilidad social, del que asegura que no le han facilitado aún una copia.

“La diputada del común sí se ha interesado por mi caso y han abierto expediente y han hecho seguimiento”, asegura. “También he acudido al Defensor del Pueblo”, afirma.

Vivian asegura que seguirá luchando hasta conseguir mejorar sus condiciones. En Gran Canaria no tiene familia y su amigo en la isla ya le ha ayudado bastante todo este tiempo. Asegura que se ha caído ya varias veces y que este trastero no reúne las condiciones idóneas dadas sus circunstancias.

Esta redacción ha contactado con la Consejería de Vivienda del Gobierno de Canarias para valorar el caso de Vivian y solo comentaron que se está evaluado por el ICAVI y que el caso permanece actualmente abierto a la espera de que Vivian presente los documentos requeridos, a pesar de que no aportan información sobre qué documentos faltan. Desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no se ha obtenido respuesta por el momento sobre si se conocía el caso.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEX) ha confirmado la desestimación de la demanda interpuesta por un vendedor de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), al que reclamaba el reconocimiento de la incapacidad permanente en grado de gran invalidez o, con carácter subsidiario, la incapacidad absoluta o total.

El tribunal ratifica así la sentencia previa dictada por el Juzgado de lo Social número 4 de Badajoz. El demandante, nacido en 1981 y afiliado al Régimen General de la Seguridad Social, presenta una discapacidad del 92% reconocida por el CADEX. En su historial clínico constan diagnósticos de glaucoma juvenil, amaurosis bilateral (ceguera legal) y un trastorno de adaptación mixto con ansiedad y estado de ánimo depresivo.

El expediente de incapacidad permanente fue iniciado de oficio por el propio INSS en abril de 2024 tras agotar el periodo de incapacidad temporal. Sin embargo, la Dirección Provincial del organismo en Badajoz denegó la prestación al considerar que las lesiones detectadas no eran constitutivas de incapacidad en ninguno de sus grados.

En su resolución, la magistrada ponente avala el criterio de la instancia previa al recordar que la situación de ceguera legal del trabajador ya existía en el momento de su afiliación a la ONCE y que el juzgador de instancia no consideró probado que el cuadro ansioso-depresivo le impidiera desarrollar las tareas esenciales de su trabajo con un mínimo de rendimiento.

Rechazo por fallos en la técnica procesal

La Sala rechaza de plano el intento del demandante de modificar el relato de hechos probados mediante un informe médico pericial que aludía a un “trastorno depresivo mayor grave con riesgo psicótico e ideación suicida”. El tribunal argumenta que la defensa incurrió en un defecto procesal al no proponer una redacción alternativa concreta a los hechos validados en el juicio de instancia, tal y como exige la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

“La correcta aplicación de esta doctrina impide que las salas de suplicación puedan aceptar la modificación de hechos probados si el recurrente no ofrece el concreto texto alternativo”, señala la resolución del TSJEX, recordando que la valoración de la prueba médica practicada corresponde de forma exclusiva al juez de instancia según las reglas de la sana crítica.

Respecto a la petición de gran invalidez, la Sala desestima la pretensión al remarcar que en la versión judicial definitiva no consta acreditada la necesidad de asistencia de una tercera persona para realizar los actos más esenciales de la vida diaria, como vestirse, desplazarse o comer.

El fallo no impone costas al demandante por contar con el beneficio de justicia gratuita y abre la puerta a la interposición de un recurso de casación para la unificación de doctrina ante el Tribunal Supremo.

Un grave accidente practicando surf cambió para siempre la vida de Andrés García Lecue, dejándole como secuela una lesión medular que le obliga a desplazarse en silla de ruedas. Acostumbrado a librar una batalla diaria contra las barreras físicas, nunca imaginó que a ello se iba a sumar otro obstáculo en las gradas de su querido Racing de Santander. El arranque de una temporada futbolística histórica, que supone la vuelta del club a primera división después de 14 años, ha puesto en cuestión las condiciones de accesibilidad en Los Campos de Sport de El Sardinero.

Las primeras quejas del colectivo de Personas con Movilidad Reducida (PMR), de las que ya se hizo eco elDiario.es, llegaron en julio, cuando el club les informó de un cambio de ubicación: pasarían de Tribuna norte a Preferencia sur. Ahora, tras los dos primeros partidos de liga de la temporada 2026/2027, los abonados han calificado de “chapuza” el cambio de ubicación -que ha conllevado una obra-.

Al quedar reubicados en mitad de la grada de Preferencia Sur, se encuentran rodeados de una masa de aficionados que pasa gran parte del encuentro de pie. En lances de juego o goles, el público se levanta de manera espontánea, alzando bufandas, lo que anula por completo su visión.

“La gente es un amor y les dices que no vemos, y se disculpan, pero con la adrenalina y la emoción se les termina olvidando”, explica García Lecue, que no achaca en ningún caso el problema al resto de socios sino a un mal diseño estructural.

La ausencia de soluciones ha movido al joven a hacer un vídeo de denuncia del caso en sus redes sociales. Su testimonio ha vuelto a poner el foco en la gestión del Real Racing Club de Santander y del Ayuntamiento de la capital cántabra -propietario de la instalación- por unas reformas de la grada plagadas de ineficacia y parches provisionales que parecen no resolver el problema ni tampoco garantizar la no discriminación de este colectivo de abonados. Ni el club ni el Ayuntamiento santanderino han respondido por el momento a la petición de valoración de la situación realizada por este periódico.

Parches de 30 centímetros y respuestas inadecuadas

El club convocó a esta veintena de socios a una reunión de urgencia el pasado 14 de agosto, justo un día antes del primer partido de liga, en la que participaron el presidente del Racing, Manuel Higuera, y el director de comunicación, Roberto González.

En dicho encuentro, los directivos propusieron elevar la plataforma metálica donde se ubican las sillas de ruedas unos 30 centímetros. No obstante, esta medida ha sido calificada de “ridícula” por los afectados. “Calculamos que para poder ver el partido con verdaderas garantías habría que subir la plataforma por lo menos 70 centímetros”, apunta Andrés, asegurando que a esa altura salvarían el obstáculo visual sin tapar la visión de las filas posteriores. Sin embargo, el club ha comunicado esta semana a los socios que la ejecución de esta exigua reforma se retrasará “varias semanas más” porque los ingenieros continúan evaluando la viabilidad técnica.

Otro momento de tensión en esa misma reunión fue cuando se abordó el riesgo de sufrir balonazos que tienen los usuarios debido a su cercanía a la portería. Según denunciaron los asistentes, la respuesta del director de comunicación, Roberto González, rozó la falta de respeto al sugerir como solución “que los socios que pudiesen mover los brazos se pusiesen en la zona de mayor riesgo y los que no, detrás”. El colectivo ha criticado con dureza estas palabras, al considerar que “esa no es una respuesta válida para personas con discapacidades severas”.

Un traslado forzoso y sin consulta previa

El club tomó la decisión unilateral de trasladar a las PMR de su antigua ubicación en la tribuna norte la temporada pasada -donde se situaban a la izquierda de La Gradona, que es la grada de animación oficial- hacia la preferencia sur. Según relata Andrés García Lecue, este cambio se ejecutó con absoluta opacidad y sin consulta previa con los socios afectados. Se enteraron al ir a renovar su abono para esta temporada: “Nos dijeron que nos iban a cambiar pero no sabíamos exactamente a dónde; no sabíamos si íbamos a estar en fila cero, a mitad o en lo más alto”, lamenta.

El motivo de este desalojo responde, según los afectados, al afán por incrementar el aforo. En el espacio que ocupaban ellos la temproada pasada en Tribuna Norte, el club ha instalado andamios con asientos para reubicar a los miembros de las categorías inferiores. “Lo han hecho para meter a más gente”, lamenta García Lecue, cuestionando “a qué coste y a qué precio” se ha llevado a cabo esta reorganización que ha dejado al colectivo PMR sin visibilidad del terreno de juego.

“Pagamos más para no ver nada”

Cabe recordar que esta vuelta a la máxima categoría del Racing ha traído consigo el incremento del precio de sus abonos, algo que Andrés considera “lógico”, pero algo no tan comprensible: la eliminación de la gratuidad para sus acompañantes obligatorios, que ahora deben abonar la mitad de un pase regular. “Nosotros cumplimos con nuestra parte pagando más, pero el club no está cumpliendo con la suya”, añade Andrés, quien señala que, ante la situación actual, la inmensa mayoría de los afectados “preferiría volver sin pensarlo a la ubicación anterior de la Tribuna Norte”.

La situación queda retratada en las imágenes del primer encuentro liguero, donde se aprecia una hilera ininterrumpida de espaldas de aficionados que imposibilita cualquier seguimiento del balón desde una silla de ruedas.

Baños insalubres

De otro lado, las imágenes de los aseos habilitados en Los Campos de Sport muestran un panorama desolador: el suelo de los cubículos PMR aparece totalmente anegado por aguas sucias estancadas y desperdicios de papel higiénico flotando, un escenario de extrema insalubridad que imposibilita su utilización. Para un usuario de silla de ruedas, maniobrar en un habitáculo inundado es impracticable, al tener que impulsar las ruedas con las manos en contacto directo con el agua contaminada.

Como “parche provisional”, el Racing ha instalado aseos portátiles de obra junto a la zona adaptada. Al mismo tiempo, los afectados denuncian un “baile de la pelota” institucional entre el Ayuntamiento de Santander, propietario del estadio, y el Racing sobre quién debe asumir la financiación de estas reformas urgentes.

“El Ayuntamiento nos dice que la obligación de reorganizarnos y cumplir la normativa recae íntegramente sobre el club, pero nos queda la duda de quién tiene realmente la razón”, señala García Lecue con resignación.

Desde el colectivo lamentan también el silencio de la Fundación del Racing, entidad que no ha intervenido en este conflicto. ElDiario.es se ha puesto en contacto con la institución y, pese a su razón social vinculada a la Responsabilidad Social Corporativa y proclamar en su página web que su labor es “poner el fútbol y el deporte al servicio de la sociedad cántabra para construir una comunidad más justa, inclusiva, igualitaria y solidaria” se han limitado a responder que este asunto es “un tema del club”.

El único compromiso resuelto es, según el colectivo PMR, el relativo al aparcamiento adaptado del estadio. Ante el fraude sistemático de personas que utilizan tarjetas de familiares de PMR, obligando a los verdaderos beneficiarios a llegar con dos horas y media de antelación para encontrar un sitio libre, el club se ha comprometido a vallar plazas y dotar a los abonados de acreditaciones especiales vinculadas a la matrícula de sus vehículos. “Creemos que esto sí va a ser eficaz”, aventura García Lecue.

La vía legal y el reglamento de la UEFA

Entre tanto, Gisela Saiz, madre de otro de los socios afectados, ha formalizado una denuncia administrativa ante el Departamento Legal de LALIGA, advirtiendo de que, si no se subsanan las deficiencias, el caso se elevará a la Dirección General de Consumo del Gobierno de Cantabria y a la Oficina de Atención a la Discapacidad (OADIS) del Ministerio de Derechos Sociales.

La denuncia se fundamenta en el propio Reglamento General de LALIGA (Libro X - Infraestructuras y Estadios) que exige que los clubes de fútbol profesional mantengan sus estadios adaptados tecnológicamente y con instalaciones que garanticen la comodidad de los espectadores. Específicamente, LALIGA vigila y sanciona el incumplimiento de los planes de evacuación, seguridad y confort en los que “las plazas PMR deben estar debidamente acondicionadas y protegidas frente a riesgos ambientales y de visibilidad”.

Por otro lado, el Código Técnico de la Edificación (CTE - Documento Básico SUA) obliga a que las plazas reservadas dispongan de una visibilidad idónea y prohíbe de forma expresa que los elementos estructurales o el público impidan la visión. Asimismo, exige aseos accesibles debidamente dimensionados y aislados del uso masivo general.

A nivel internacional, la propia guía de accesibilidad de la UEFA contempla que la ubicación reservada para personas en silla de ruedas en recintos de alta competición debe diseñarse de modo que su línea de visión sobrepase la altura del público de pie situado delante, garantizando que una persona con movilidad reducida goce de la misma experiencia e isóptica de juego que el resto de los aficionados.

“Somos un grupo de unas 20 o 25 personas, un colectivo minoritario, y parece que por eso piensan que nos pueden poner en cualquier rincón esperando que no protestemos”, concluye Andrés García Lecue. Pero este colectivo de socios con movilidad reducida del Racing ha dejado claro que está dispuesto a persistir en su batalla hasta que El Sardinero sea un estadio verdaderamente accesible y libre de discriminación.

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, acompañado por la consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, ha presentado este miércoles los detalles del convenio de colaboración suscrito por el Ejecutivo autonómico con la Asociación de Atención a Personas con Parálisis Cerebral ASPACE Rioja, representada en el acto por su presidenta, Manuela Muro, y el director gerente, Javier Ruiz de Gopegui. Un convenio que permitirá dar el primer paso para la construcción en Logroño de una nueva residencia destinada a personas con parálisis cerebral y discapacidades afines.

Un nuevo recurso residencial especializado en Logroño de 2.182 m²

La futura residencia se construirá en la calle Poeta Prudencio número 11 de Logroño, sobre una parcela de uso dotacional de 1.587,77 metros cuadrados, propiedad del Ayuntamiento de Logroño y cuyo uso tiene concedido ASPACE Rioja para desarrollar este proyecto. La propuesta, que ha detallado en la presentación Javier Ruiz de Gopegui, contempla un edificio con aproximadamente 2.812 metros cuadrados construidos, distribuidos entre sótano, planta baja, primera y segunda planta y un espacio bajo cubierta, además de alrededor de 1.065 metros cuadrados de urbanización exterior.

El centro dispondrá de servicios comunes y unidades convivenciales hasta alcanzar las 30 plazas previstas. Su configuración responderá a un modelo dirigido a favorecer una atención personalizada y, al mismo tiempo, promover el desarrollo personal, la autonomía, la participación social y la calidad de vida de las personas usuarias.

El nuevo recurso residencial de esta organización, que se sumará a la Casa Residencia, ubicada en la calle Juan Lobo, y a las cuatro viviendas de Avenida Zaragoza, ambas en la capital riojana y que ofertan un modelo de convivencia en grupos más reducidos, también albergará al equipo de profesionales que preste los apoyos necesarios a las personas que vivan en la residencia. Según las previsiones que se manejan, podrían suponer una plantilla de hasta 40 profesionales.

ASPACE Rioja, que la actualidad atiende a 349 personas, se encargará de la redacción del proyecto arquitectónico, así como de las actuaciones necesarias para hacer viable su posterior ejecución. Se prevé que en 2007 comience la obra para que la residencia esté en funcionamiento en 2029, ha apuntado Capellán.

Además ha dicho que, “con este convenio ratificamos el compromiso para seguir mejorando el bienestar y la autonomía personal de estas personas y sus familias. Con el salto cualitativo que hoy damos vamos prácticamente a duplicar la capacidad de recursos residenciales que tiene ASPACE. Estamos hablando de más de 500 personas en nuestra Comunidad Autónoma, aproximadamente el 70 por ciento de ellas atendidas y apoyadas por ASPACE Rioja en una labor que nunca nos cansaremos de agradecer a todo el colectivo y a la asociación”.

Del mismo modo, ha enfatizado que, de esas personas, el 25 por ciento, 124 actualmente, tienen más de 60 años. Fruto de esa calidad de vida, de esa atención y de la mejora permanente de sus condiciones, llega un punto crítico para las familias que precisan de un apoyo indispensable, que aporta tranquilidad, la paz y la seguridad de que sus familiares van a estar completamente atendidos para desarrollar su proyecto de vida personal.

Por su parte, la presidenta de ASPACE Rioja, Manuela Muro, ha mostrado su emoción por un paso decisivo para un proyecto largamente esperado y ha insistido en la necesidad de seguir ofreciendo la mejor atención temprana para estas personas y sus familias, “que es el arranque y la mejor inversión para el futuro”. Muro ha agradecido la empatía, el interés y la cercanía del Ejecutivo autonómico para colaborar en la prestación de los servicios que se prestan a estar personas. “El envejecimiento de las personas con parálisis cerebral y sus familias demandaban esta residencia y este modelo residencial que estamos implantando, por eso hoy solo podemos agradecer mucho que el anuncio del presidente se haya materializado y hoy arranque”.

Te recomendamos un podcast de Carne Cruda que se llama: ‘Nacional II: la ruta del exilio’. Es una ficción sonora que une el exilio republicano y el palestino. En este episodio se profundiza en torno a un momento que nadie olvida: cuando tiene que coger su maleta y huir. Dejar todo atrás, elegir qué llevarte a un viaje incierto y despedirse. De todo y de todos. Las dudas sobrevuelan el momento: ¿volverás a ver a esa persona otra vez? Lola tiene que dejar Barcelona ante el avance de las tropas franquistas. Duha debe recoger lo que puede de su casa en Gaza después de que su padre pronuncie una frase que no ha podido olvidar “nos vamos”.

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Enlace al episodio: Tienes que irte

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El Centro de Atletismo de Tenerife (CIAT) dará un paso pionero a partir del próximo septiembre al convertirse en la sede de la primera Escuela de Atletismo en Silla de Ruedas de la isla. La iniciativa, promovida por la asociación Atletas Sin Fronteras, se desarrollará en las instalaciones deportivas del Cabildo de Tenerife, que gestiona la empresa pública Ideco, consolidando así el papel de esta infraestructura como un espacio de referencia para el atletismo en el archipiélago.

La actividad arrancará con una sesión semanal que se impartirá los lunes en horario de mañana, bajo la dirección técnica de un entrenador de la propia asociación. Aunque la escuela echará a andar con un grupo reducido de participantes, el proyecto nace con una clara vocación de crecimiento para incorporar progresivamente a nuevos alumnos y ampliar los horarios de entrenamiento a medida que se incremente la demanda en la isla.

La consejera de Deportes del Cabildo de Tenerife, Yolanda Moliné, ha valorado de forma muy positiva la elección del recinto insular como sede del proyecto, subrayando que disponer de una instalación plenamente adaptada y accesible resulta un requisito fundamental para que iniciativas de esta índole puedan consolidarse con garantías. En este sentido, la corporación insular facilitará el uso de las pistas e infraestructuras del CIAT para asegurar que los deportistas cuenten con las máximas prestaciones a la hora de iniciarse, entrenar y perfeccionar su rendimiento.

Con esta cesión, el CIAT refuerza su compromiso social y deportivo, sumando la modalidad en silla de ruedas a su oferta de promoción atlética, en la que ya figuran programas consolidados como su Escuela de Atletismo o la Escuela de Lanzamientos. Por su parte, Atletas Sin Fronteras, entidad sin ánimo de lucro volcada en la inclusión de personas con discapacidad mediante el deporte y acciones de sensibilización social, suma una nueva herramienta clave para eliminar barreras y fomentar la participación adaptada en Tenerife.

En muchos deportes existen categorías específicas para personas con diversidad funcional. En el ajedrez, la apuesta de la Federación Aragonesa es precisamente la contraria: que todas compartan el mismo tablero. La filosofía no consiste en crear competiciones paralelas, sino en eliminar las barreras que puedan impedir que cualquier persona participe en igualdad de oportunidades.

Con esa idea llevan varios años impulsando el ajedrez inclusivo en Aragón, una estrategia que combina adaptaciones tecnológicas, descuentos en licencias, torneos específicos para atraer nuevos jugadores y colaboraciones con entidades como Atades. Todo ello con el objetivo claro de que la discapacidad deje de ser un obstáculo para disfrutar y competir.

“Hay personas con discapacidad que se acercan al ajedrez y vemos que compiten exactamente igual que cualquier otro jugador. Su discapacidad no hace que jueguen peor ni que se sientan excluidas. Simplemente juegan una partida normal”, explica Asun Gracia, secretaria general de la Federación Aragonesa de Ajedrez.

Actualmente, la federación cuenta con unos 1.350 jugadores federados y reconoce que todavía son pocas las personas con diversidad funcional que participan de forma habitual. De hecho, tal y como apunta, no se debe a que el deporte no sea accesible, sino porque muchas veces ni siquiera llegan a dar el primer paso.

“Hay familias y personas que tienen miedo porque piensan que el ajedrez es muy complicado o muy serio. Sin embargo, una vez que empiezan, todos están encantados. El reto es conseguir que se acerquen”, señala.

Un deporte donde no importa cómo eres

Si algo diferencia al ajedrez de la mayoría de disciplinas deportivas es que el rendimiento no depende de la condición física. La estrategia, la capacidad de concentración o la toma de decisiones pesan mucho más que cualquier limitación motriz o sensorial.

Para Marta —nombre ficticio—, jugadora con discapacidad, esa es precisamente la mayor fortaleza de este deporte: “La inclusión no consiste en tratar a todo el mundo exactamente igual, sino en garantizar que todas las personas tengan la oportunidad de participar. El ajedrez lo consigue especialmente bien porque elimina muchas de las barreras que existen en otros deportes”.

En su opinión, delante del tablero desaparecen muchas de las etiquetas que habitualmente acompañan a las personas. Además, como afirma, “delante del tablero no importa la edad, el género, el origen, la situación económica o la discapacidad, sino que importa pensar, respetar al rival y disfrutar del juego”.

Incluso va un paso más allá al comparar el ajedrez con otras disciplinas deportivas. “En muchos deportes primero vemos la discapacidad y después al deportista. En el ajedrez ocurre justo lo contrario. Después de los primeros minutos de partida, lo único que ves es a otro jugador intentando encontrar la mejor jugada”, sostiene.

Adaptaciones que cambian el acceso, no las reglas

La apuesta por la inclusión no implica modificar el juego, ya que las reglas siguen siendo exactamente las mismas. No obstante, como apunta Asun Gracia, lo que cambia son los apoyos para que cualquier persona pueda competir.

La Federación Aragonesa dispone de planillas electrónicas para jugadores que no pueden escribir las jugadas, relojes adaptados para personas ciegas que anuncian el tiempo restante, tableros específicos y asistentes que realizan los movimientos siguiendo exclusivamente las indicaciones del jugador cuando este no puede mover las piezas. “Ninguna de estas medidas cambia la esencia del deporte; simplemente garantizan que todas las personas puedan participar en igualdad de oportunidades”, explica Gracia.

A ello se suma la posibilidad de competir online cuando los desplazamientos representan una barrera o la adaptación de los espacios para personas usuarias de silla de ruedas.

A su vez, la inclusión también forma parte de la organización deportiva. La federación aplica descuentos en las licencias para jugadores con discapacidad y ha impulsado torneos inclusivos en Monzón, referentes ya a nivel nacional, y este año también en Zaragoza.

Más allá del aspecto económico, Gracia reconoce que el gesto pretende lanzar un mensaje: “Queríamos decirles que sabemos que existen, que queremos contar con ellos y que forman parte de nuestro deporte”.

Ejemplo de integración e inclusión sin barreras

En Monzón, además, la iniciativa ha ido un paso más allá gracias a un proyecto desarrollado junto al Colegio La Alegría y el centro Santo Ángel de Atades. Durante tres meses varios participantes recibieron clases de ajedrez antes de competir en el torneo inclusivo. “La experiencia fue muy positiva y los chicos salieron encantados”, resume.

Ese compromiso se refleja en el Campeonato de Aragón de Ajedrez Inclusivo que se celebra en Monzón, convertido ya en una de las grandes referencias nacionales. La quinta edición reunió a 70 jugadores, de los que 15 tenían algún tipo de discapacidad y otros 55 competían sin ella, todos integrados en un único torneo y compartiendo el mismo cuadro de competición. “En un tablero todo el mundo es igual” fue, una vez más, la filosofía que presidió una cita organizada por el Club Ajedrez Monzón, la Federación Aragonesa de Ajedrez y el Ayuntamiento de Monzón, donde la inclusión no se plantea como una categoría aparte, sino como una forma natural de entender el deporte.

El campeonato también quiso reconocer a quienes impulsan el ajedrez como herramienta educativa y de inclusión. Antes de la entrega de premios se rindió homenaje al CRA Alto Ara, cuyos alumnos de Sarvisé, Asín de Broto, Broto y Torla participaron este año en el torneo; a Ana María Moracho, desde la Dirección General de Política Educativa, por su apoyo al programa Ajedrez en la Escuela, representada por Míriam Monreal, y al Colegio de Educación Especial La Alegría, por incorporar el ajedrez como recurso pedagógico y social.

La competición se disputó a siete rondas con todos los participantes compartiendo el mismo torneo, independientemente de que tuvieran o no discapacidad, reforzando la idea de que las adaptaciones permiten competir en igualdad sin modificar la esencia del juego. De forma paralela también se celebró una exhibición online entre el subcampeón de España Inclusivo, el vasco Unai Calleja, y Luis Sanromán, que pudo seguir el público asistente.

Aragón como espejo al que mirarse

La experiencia aragonesa ha despertado el interés de otras comunidades autónomas. De hecho, Monzón ya ha acogido dos Campeonatos de España de Ajedrez Inclusivo y otras federaciones comienzan a replicar iniciativas similares.

Para Gracia, disponer de un plan específico resulta “imprescindible”, incluso en un deporte que ya es inclusivo por naturaleza.

“Muchas veces pensamos que, como cualquiera puede jugar al ajedrez, ya no hace falta hacer nada más. Pero sí hace falta eliminar barreras, facilitar el acceso y animar a quienes todavía creen que este mundo no es para ellos”, admite.

Los próximos objetivos pasan por aumentar la participación desde edades tempranas, ya que, entre otras medidas, la federación permite que menores con discapacidad intelectual puedan competir en una categoría inferior para favorecer su incorporación progresiva.

El propósito, explica, no es crear un circuito paralelo, sino hacer crecer una comunidad donde cada vez haya menos diferencias.

Por lo tanto, el siguiente paso pasa por seguir ampliando esa comunidad desde la base. “Queremos que cada vez participen más personas y que los niños con discapacidad empiecen a jugar desde pequeños. Cuanto antes se incorporen, más natural será que crezcan formando parte del ajedrez como cualquier otro jugador”, concluye Gracia.

Asimismo, como resume Marta, “el ajedrez nos recuerda que la inclusión no consiste en hacer un deporte diferente para cada persona, sino en eliminar las barreras que impiden participar”. Y es que, cuando esas barreras desaparecen, lo que decide una partida es la preparación, la creatividad y la capacidad para tomar buenas decisiones.

“En vez de facilitar el acceso a la comunicación, que es un derecho humano, pone palos en las ruedas”. Javier Robles lamenta con estas palabras la situación de Radio Enlace, una emisora con 37 años de historia que sigue el día a día de la vida vecinal en el norte de Madrid. Javier, uno de sus coordinadores, arremete contra David Pérez en esas declaraciones después de que el concejal presidente del distrito de Hortaleza no haya renovado la concesión de uno de los dos locales a la emisora, el único accesible a personas con movilidad reducida.

Todo ello en medio de una enquistada confrontación entre el tejido asociativo y el exconsejero de Vivienda en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Un enfrentamiento que se remonta al inicio de la legislatura, cuando Pérez llegó a Hortaleza y comenzó a intentar revertir el peso de asociaciones de gran calado sociocultural en el barrio, las que con el paso de los meses y de su gestión han sido denominadas “críticas”.

“Mucha gente va a dejar de participar en Radio Enlace por el final de nuestra segunda sede. Tenemos 15 o 20 grupos de personas con diversidad funcional que vienen con iniciativas de varias fundaciones a hablar tanto de su realidad y sus circunstancias como de otras cosas que les interesan. Luego hay programas puntuales, como Cine Jabato, en los que una de las dos personas va en silla de ruedas. No sabemos si el espacio podrá continuar”, explica Robles en conversación con Somos Madrid. El situado en el número 6 de la calle Matapozuelos es uno de los dos lugares de grabación con los que cuentan, el más moderno, mientras que el activo desde la creación de la emisora en 1989 se encuentra en la calle Costa del Sol.

“Es un local con unas escaleras superempinadas y sin acceso habilitado para personas mayores o con movilidad reducida. El otro, en cambio, cuenta con rampas, está mejor equipado y es más o menos nuevo”, detalla. Además, servía para almacenar parte del copioso material que manejan y era usado para algunas de las numerosas grabaciones que se llevan a cabo en la cadena. No en vano, en la emisora hacen radio actualmente “cerca de 90 personas”.

Mientras buscan dónde guardar lo que ya han sacado del espacio, ante la falta de sitio en su sede original, confían en que la continuidad dentro de esta última nunca se comprometa: “Nos la cede la asociación vecinal La Unión de Hortaleza. Pero si un día cambia su junta directiva y quieren darle otro uso nos quedamos sin nada”.

Gozaban de las instalaciones ahora perdidas desde 2022, gracias a una cesión de un máximo de cuatro años por parte del anterior concejal presidente de Hortaleza, Alberto Serrano (Ciudadanos). “Lo que ahora pedimos es seguir utilizándolas hasta que se resuelva un concurso que de momento no está ni convocado, pero no nos han atendido. Y luego vemos que se hacen concesiones de parcelas municipales durante 50 años”, reprocha. Cita el caso del colegio Pedro de Alvarado, que lleva 15 años cerrado y solo encontró un nuevo uso como casa de asociaciones durante unos pocos meses, durante el mandato de Manuela Carmena, antes de volver a permanecer clausurado.

Javier Robles reivindica además la aportación de la emisora a un nivel social: “Somos una asociación cultural y una radio comunitaria que facilita el acceso de cualquier persona a la comunicación. No solo a recibirla, sino también a trasladarla. Llevamos desde 1989 haciéndolo sin publicidad, empresarios o administración detrás”. Lo que sí tienen es “un amplio respaldo comunitario en el distrito, así como de la Red Estatal de Medios Comunitariias y la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid”. Para aterrizar ese apoyo popular, han lanzado una campaña en change.org, que en pocas horas ha superado ampliamente el objetivo inicial de 1.000 firmas. Además, han convocado una concentración frente a la sede de Matapozuelos este martes a las 10.30.

La emisora pide más tiempo y el Ayuntamiento aduce que ya ha permitido prórrogas

Además del propio traslado, uno de los principales puntos de discordia ha llegado en los plazos de la ejecución, en pleno verano: “La fecha del 31 de julio nos trastoca bastante. Habíamos pedido en un escrito que nos dejen utilizar las instalaciones hasta la nueva adjudicación, a la cual nos vamos a presentar. Pero solo nos conceden un mes de plazo para irnos, hasta el 31 de agosto”. La Junta les deja acceder al local hasta esa fecha para llevarse sus enseres.

Fuentes del Consistorio madrileño trasladan a este periódico, por contra, que “la cesión del local no termina por una decisión política de ahora”. “El propio decreto firmado el 21 de junio de 2022 establecía una autorización temporal de un año, prorrogable hasta un máximo de cuatro, por lo que su finalización estaba prevista desde el primer día”, recuerdan. Precisan asimismo que “en febrero de este año se les notificó expresamente que el plazo máximo había finalizado y debían abandonar el inmueble una vez concluido el procedimiento”. Por ello, sostienen desde Cibeles que a los perjudicados “no les ha pillado por sorpresa ni se enteran el último día de julio, solicitaron ampliar el plazo hasta el 30 de junio y esa petición fue atendida y luego se les permitió permanecer un mes más para facilitar la retirada del material y evitar problemas”.

“Resulta llamativo que ahora digan que se les echa en verano, cuando fueron ellos quienes pidieron esa ampliación y, además, se les concedió incluso más tiempo del solicitado. Tampoco cuentan que pidieron un certificado para que, de cara al procedimiento de adjudicación de casetas de las fiestas, constara administrativamente que ya no disponían de local, circunstancia que podía beneficiarles en la puntuación”, precisan por último desde el Ejecutivo que lidera José Luis Martínez-Almeida.

“Nadie ha dicho que una cesión no pueda finalizar. Lo que criticamos es su forma de actuar. Meses sin responder, ninguna alternativa y una orden de desalojo inmediato el 31 de julio a una entidad que lleva décadas sirviendo al barrio. Esa es la cuestión que sigue sin contestar”, replicaba en X el concejal socialista Jorge Donaire. Antes, el concejal presidente había utilizado de nuevo sus redes sociales para arremeter contra sectores críticos y contra la oposición: “Según el PSOE y Más Madrid, las entidades de izquierdas no tienen por qué dejar un local municipal cuyo contrato ha vencido. Se creen por encima de la ley. Y no. Vaya ejemplo que dan a los ciudadanos, despreciando así las normas y las instituciones para beneficiar a los suyos”.

La publicación de Pérez ha encendido los ánimos de la Coordinadora de Hortaleza, entidad que aglutina a distintas agrupaciones comunitarias del distrito: “Nos tiene bloqueadas, nunca ha aceptado una reunión, nunca nos contesta, pero sabemos que nos lee. Así que ahí va. Le ha dado locales a asociaciones amigas, con las que ha hablado, ha puesto todas las facilidades posibles y con unas ventajas que más quisieran el resto. No se piden privilegios, se pide diálogo, el mínimo de responder los mensajes, como con otros”.

La Coordinadora cuestiona además la valoración de Radio Enlace como “entidad de izquierda”: “Quien piense que Radio Enlace es eso no conoce nada Hortaleza, pero ¿cómo la va a conocer si viene uno o dos días a la semana como mucho? Radio Enlace ha sido, y será, escuela y altavoz para cientos de vecinas, asociaciones, grupos de música, mayores, etc”.

Un choque más de Pérez con entidades comunitarias

La controversia se suma a un historial de tensiones entre el edil y diferentes entidades vecinales de Hortaleza, que le han valido el apodo de “concejal aguafiestas” y hasta la creación de un juego de mesa a su medida. Todo ello por sus recortes o trabas administrativas en diferentes festejos populares, como el Luis Aragofest o hasta un Carnaval cuyos permisos no fueron concedidos debido a “coincidir con la Cuaresma”. En otras celebraciones que sí han tenido lugar, las entidades critican los “arbitrarios” criterios para la adjudicación de casetas o el veto a la venta de alcohol (gran fuente de financiación). La concesión de ayudas o permisos, con cambios de criterios que ven arbitrarios y poco transparentes y que en ocasiones ni siquiera fueron respetados, ha sido otro de los puntos de fricción.

“Pérez juega a enfrentar asociaciones, te vas encontrando algunas en el barrio y te cuentan cosas con las que flipas. El año pasado en la Junta de Hortaleza dieron puntos a equipos de fútbol por unos torneos que luego nunca se celebraron. Esos puntos dejaron sin ayudas a otras asociaciones por unos supuestos”, narra Javier Robles. “Este año han convertido ayudas competitivas en unas que se repartirán por igual a cada entidad concedente, así que las que obtuvimos más puntos por presentar los mejores proyectos nos vamos a ver perjudicadas. Radio Enlace recibirá 1.250 euros, cuando el año pasado fueron 3.100. Mientras, asociaciones amigas que son de las que menos puntos tenían, conseguirán algo a cambio de perjudicar a las demás. Asociaciones vecinales y de familias van a presentar alegaciones”, expone.

“No sabemos por qué Pérez ha venido con este plan, pero desde el inicio ha jugado a dividir, utilizando para ello la declaración de fiesta popular, las concesiones de casetas o las subvenciones. A nosotros no ha sido capaz de darnos ninguna entrevista para explicarnos su política y mira que se lo hemos solicitado muchísimas veces”, zanja el coordinador radiofónico. Mientras, los festejos del distrito encadenan diversos escándalos por lo que las agrupaciones consideran actos de censura contra protestas vecinales. El último fue en junio, cuando una trabajadora de la Junta Municipal retiró una pancarta desplegada sobre el escenario. “David Pérez se irá y nosotros nos quedaremos porque el barrio es nuestro”, era el mensaje que contenía.

El Consejo de Gobierno ha aprobado el gasto de 2.072.828,07 euros para la licitación de la contratación del servicio de elaboración del proyecto básico y de ejecución, dirección de obra, dirección de ejecución de la obra y coordinación en materia de seguridad y salud para la construcción del nuevo Centro de Educación Especial (CEE) Marqués de Vallejo, en el Paseo del Prior de Logroño.

La construcción del nuevo edificio del Marqués de Vallejo, que se levantarán en una parcela dotacional de 16.000 metros cuadrados cedida por el Ayuntamiento de Logroño, garantizará un sistema de educación más inclusivo, con nuevas instalaciones adaptadas a las necesidades del alumnado, en un entorno adaptado a sus características particulares.

Esta nueva edificación proporcionará los apoyos intensivos necesarios para el desarrollo integral del alumnado con necesidades especiales, maximizando su potencial y una mejor integración en la sociedad y preparación para la transición a la vida adulta y laboral.

De esta manera, el nuevo edificio no sólo cubrirá las necesidades académicas de estos alumnos, sino que también ayudará a mejorar su salud y bienestar, creando un espacio seguro y estimulante. Con esta nueva construcción se facilitará dar una respuesta educativa más personalizada y especializada y que incrementará el número de alumnos con respecto al centro actual, pasando de los 152 estudiantes a un máximo de 176. También supondrá un incremento del personal que trabaja en este centro, pasando de 128 a 150 personas en plantilla.

El plazo de ejecución para la redacción del proyecto desde la formalización del contrato es de nueve meses, en concreto cuatro meses para la redacción del proyecto básico y un máximo de cinco meses para la redacción del proyecto de ejecución.

El proyecto contempla un edificio principal de unos 9.500 metros cuadrados; zona exterior urbanizada en torno a los 3.000 metros cuadrados; porches y patio escolar, en un espacio de unos 900 metros cuadrados; un aparcamiento interno de 3.500 metros cuadrados; así como otros espacios para uso administrativo, mantenimiento e instalaciones, en unos 1.000 metros cuadrados.

Respecto a la accesibilidad y seguridad vial, el nuevo CEE Marqués de Vallejo se construirá en el Paseo de Prior, una vía de acceso de gran anchura con doble carril por cada sentido, lo que facilita el acceso de autobuses de transporte escolar, totalmente necesarios en este centro, y permitirá aligerar el tráfico rodado en las horas punta de entrada y salida. Además, en el entorno se ubican cuatro rotondas con una superficie de diámetro de giro interno habilitada para vehículos de gran longitud.

Por otra parte, el nuevo CEE Marqués de Vallejo dispondrá de aparcamiento propio para 90 vehículos y varios autobuses, ubicado en el interior de la parcela dotacional, para cubrir la demanda de trabajadores y familiares que accedan al centro educativo.

Asimismo, el nuevo colegio se ubicará en una zona urbana, lo que promoverá la plena inclusión e integración del alumnado y facilitará que la comunidad educativa sea parte activa de la ciudad, con distintas infraestructuras ubicadas en el entorno como una residencia universitaria, el Centro Deportivo Municipal La Ribera, un campo del fútbol, viviendas y el IES Comercio.

Pilar Ferrer tiene 75 años y, pese a los “problemas que le acarrea la edad”, su bienestar es el que menos le preocupa. Su hija Cristina, de 55 años, tiene el grado II de dependencia y el 35% de discapacidad, y han decidido que lo mejor para su futuro es que ingrese en una residencia: “Cuesta aceptarlo, lleva desde que nació conmigo, toda la vida. Pero yo voy a tener que entrar otra vez al quirófano y me da miedo, no por mí, sino por ella”.

La preocupación también la genera el coste mensual de la residencia, pese a que le han concedido una prestación de ayuda, todavía no llega: “Puedo pagar tres, cuatro o cinco meses. Pero más no sé si voy a llegar. No puedo pagar 2.800 euros todos los meses porque con mi pensión y la ayuda que recibe mi hija por la incapacidad, no llega”.

La presión económica asfixia a miles de familias cuidadoras. “¿Podré seguir pagándolo?, ¿tardará mucho la ayuda?”, se plantea Pilar. Algunas familias reconocen haber prescindido de terapias necesarias por no poder costearlas, mientras otras admiten su “suerte” porque conocen la situación de otras personas.

La reforma de las leyes de dependencia y de discapacidad, que contará con la mayor partida presupuestaria de la historia, pretende paliar las problemáticas estructurales a las que se refieren estas familias: se eliminarán incompatibilidades para recibir ayudas, se reforzará el servicio domiciliario y la teleasistencia y se reconoce la accesibilidad universal como un derecho, entre otras medidas.

Las asociaciones y plataformas sociales reconocen el cambio como una “buena ley”. “Permitirá transitar de un modelo asistencialista a uno basado en los derechos y la autonomía”, aseguran desde el Comité Español de Representación de Personas con Discapacidad (CERMI). En la misma línea, el presidente de la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP), Jesús Fernández, la valora positivamente: “Estas dos leyes convergentes impactan muchísimo en millones de ancianos y van a permitir que puedan seguir envejeciendo en su medio habitual, en su vivienda, y que se articulen toda una serie de prestaciones domiciliarias que permitan conseguir este objetivo”.

Las familias también la reciben con esperanza y se alegran del cambio, puesto que plantea cuestiones “muy positivas”, pero insisten en que estas medidas “deben materializarse”.

Javier Pérez es padre de Rosario, una joven de 29 años con discapacidad orgánica y un retraso intelectual debido a un daño cerebral que padeció al ser un parto prematuro. Javier cree que la ley “está muy bien”, pero “mejor está que se cumpla”. Su experiencia y las trabas burocráticas que ha padecido a lo largo de estos años le invitan a dudar de su eficacia. “Durante mucho tiempo me han contado muchas cosas que estaban sobre el papel, pero no estaban sobre la realidad. La Administración es la mayor incumplidora de la norma”, sentencia.

“Ahora es como un rayito de esperanza, siempre quieres pensar que va a ir bien. Pero esto al final no deja de ser una lucha partidista y estamos un poco en medio de las negociaciones entre políticos”, comenta Catalina Pol, la madre de Diego, un menor con Trastorno del Espectro Autista.

Trámites burocráticos

Hasta ahora la ley de dependencia establecía que desde que se presenta la solicitud hasta que se emite la resolución en la que se concede la prestación deben pasar como máximo seis meses. Con la reforma, este plazo pretende reducirse a tres. “No pueden cumplir ni lo de los seis”, interviene indignado el padre de Diego.

Ambos progenitores relatan las dificultades burocráticas: “A mi hijo le hicieron una valoración que se tenía que renovar en julio del 2023 y la renovación se hizo en 2025, dos años después. Mientras tanto hacían prórrogas de 9 meses a expensas de que alguien pasase por tu domicilio a hacer una valoración”, lamenta Catalina.

La familia explica que este retraso conlleva que la ausencia de este reconocimiento les perjudique en múltiples aspectos: “Si no tengo la renovación, no puedo renovar el carné de familia numerosa, si no puedo renovar el carné de familia numerosa, no tengo acceso a algunas prestaciones. Y cuando me lo renuevan, si va con retraso, tengo que volver a solicitarlo todo”. Catalina lo ilustra con ejemplos prácticos: “La tarjeta del coche de discapacidad, el bono social de la luz, la solicitud de ayudas…”.

Claudia García es una joven de Sevilla. Su madre, Mari Carmen López, sufrió un ictus y desde entonces tiene parálisis facial en la parte derecha y le cuesta andar. Mari Carmen tiene reconocida un 75% de discapacidad. “Nos ofrecieron dinero o una persona que viniera a casa”, explica Claudia, que junto a su padre eligió la primera opción porque entre ambos “pueden organizarse”. Sin embargo, no han podido obtener más ayudas: “Queríamos poner la silla que va por las escaleras. Preguntamos y tampoco nos la dan. Hay que presentar un montón de cosas: el certificado de discapacidad, la nómina, de todo. Y al final es para nada”.

Pilar Ferrer señala que para poder optar a las ayudas “ha tenido que presentar muchos informes” y reconoce la labor de las trabajadoras sociales: “Gracias a ellas, que me han ayudado y me han dicho: ‘Ahora ve aquí, ve allá, tráeme esto’”.

Aunque la ayuda de un asistente ya estaba reconocida por la ley, a Javier le dijeron que no “tenía sentido pedirla”: “No estaban concediendo por las carencias presupuestarias, no había para cubrir la demanda. La ley decía que estaba otorgando el servicio, pero en Andalucía había tres personas recibiéndolo”.

La presión económica

Ante las carencias estructurales, las familias asumen los costes económicos de su bolsillo. La familia de Rosario, al no recibir asistencia, la contrató. “Mi hija va a la universidad, a la academia, se desplaza por la ciudad. Necesita un asistente personal para llevar el ritmo de vida que lleva y tenemos contratada una persona que por las mañanas realiza esas funciones y por la tarde vamos nosotros”, explica Javier, que lamenta que no haya ninguna ayuda para costear los seguros sociales de los contratados: “Pago igual que paga el que tiene una persona contratada por tener la camisa planchada. A mí eso no me parece razonable, entiendo que son circunstancias distintas”.

La familia de Mari Carmen ha costeado todos los servicios para tratar de ayudarla en su recuperación, pero admiten que “no da para todo”. “La logopeda la tuvimos que dejar. Entre el fisioterapeuta, la piscina y el gimnasio… Y menos mal que mi padre trabaja y tiene un sueldo que más o menos se lo puede permitir”, relata su hija Claudia.

Las terapias a las que asiste Diego son costosas. Catalina cuenta que la beca del Ministerio de Educación, junto con otras prestaciones destinadas mensualmente para ellas “permiten cubrir una parte pero no todo”. Además, considera que son unos “privilegiados”, porque pueden hacer frente a esos costes: “He conocido familias que han tenido que renunciar y llevar a sus hijos, con mucha necesidad, a una hora a la semana de terapia”. Para ello han tenido que renunciar a otras cosas: “Hubo una época en la que medía todo en terapias, medía el tiempo en el coste de las horas. Veía que alguien se gastaba tanto dinero en algo y pensaba: ‘pues con eso me podría permitir cinco sesiones de terapia de Diego’”.

Las ayudas en ocasiones llegan, otras veces no y otras lo hacen tarde. Es el caso de Pilar, su prestación está aprobada para pagar una parte del coste de la residencia de su hija Cristina, pero todavía no la ha recibido: “La Generalitat Valenciana me dijo que sí. ¿Pero cuándo llegará?, ¿Cuándo me quede sin dinero para poder pagar? Lo empecé a solicitar hace 3 años”.

Catalina Pol, de Mallorca, explica que, en ocasiones, las prestaciones llegan con retraso: “A veces la ayuda te la pagan un año después, a los seis meses o a los cinco años. Nosotros esperamos casi cuatro años en cobrar una, que dices: ”‘Si son 160 euros igual ya hasta renuncio', pero eran 1.200 euros“.

“¿Quién cuidará de ella cuando yo no esté?”

El futuro es incierto para estas familias, que desconocen qué ocurrirá con sus familiares cuando ellos no puedan prestarles ayuda. “¿Quién cuidará de ella cuando yo no esté?”, plantea Pilar. Claudia también reflexiona sobre ello: “Vivo con mis padres, pero me terminaré yendo y claro, mi padre irá envejeciendo y va a tener que estar al cuidado de otra persona. Mi preocupación del día de mañana es cómo lo van a llevar los dos”.

Javier y su mujer están preparando un colchón económico: “Estamos haciendo un esfuerzo para que tenga un patrimonio y pueda cubrir los costes de asistencia o de una residencia”. Además, explica que hay familias que organizan proyectos privados de cara a futuro: “Plantean viviendas compartidas entre personas con discapacidad para que compartan servicios. En vez de tener una persona en tu domicilio o vivir en una institución grande, vivir en un sitio con cuatro o cinco personas donde los cuidados sean más precisos”.

Rechazo ante la lucha partidista

De alguna forma u otra, la nueva ley trata de dar respuesta y solvencia a las problemáticas que se hallan en el día a día de las personas dependientes, así como de sus familias. Las familias entonan al unísono “esperemos” ante las nuevas medidas. Las asociaciones las aplauden aunque reconocen que “tienen muy presentes los objetivos aún pendientes”.

Tanto unos como otros muestran su desagrado ante las discrepancias políticas, que también generan cierta incertidumbre. “Estos derechos no pueden estar sometidos a vaivenes presupuestarios, de que llegue otro y diga ‘bueno, pues yo voy a dar menos’”, añade Javier. Desde el CERMI reclaman un “aislamiento de la polarización y una paz política” en materia de discapacidad para que “los derechos no se vean malogrados por la crispación o el cálculo partidista”.

El presidente de la PMP habla sobre la necesidad de un “acuerdo” entre las fuerzas políticas: “Tiene que haber un pacto, igual que con el pacto de Toledo para las pensiones. Que se quite este rifirrafe y que se garantice, porque vamos hacia una sociedad muy envejecida donde cada vez vamos a tener que invertir más en cuidados”.

Las aulas de la ludoteca de verano del Centro de Educación Especial Marqués de Vallejo, dirigido a menores con discapacidad, superan cada día los 30. Así lo ha denunciado UGT, que advierte que las medidas tomadas por las personas trabajadoras, como mantener todas las persianas bajadas e intentar favorecer la ventilación, “resultan claramente insuficientes ante la ausencia de una climatización adecuada”.

UGT Servicios Públicos La Rioja, a través de su Sindicato de Técnicos de Educación Especial, ha denunciado públicamente “las condiciones térmicas incompatibles con un entorno seguro”. “Los usuarios permanecen la mayor parte de la jornada en estas condiciones, una circunstancia especialmente preocupante al tratarse de un centro de educación especial, donde muchas de las personas atendidas presentan una especial vulnerabilidad frente a las altas temperaturas debido a sus patologías, discapacidades o necesidades de apoyo”, señalan.

Actualmente, el centro únicamente dispone de aire acondicionado en el comedor y en un gimnasio, espacio que solo puede ser utilizado por una parte de los usuarios, por lo que la inmensa mayoría desarrolla la ludoteca de verano en aulas sin climatización.

“La situación también afecta gravemente a los trabajadores”, según apunta UGT, pues desarrollan la mayor parte de su jornada en aulas sin climatizar y, además, realizan parte de sus actividades en espacios exteriores sometidos a altas temperaturas. “Esta combinación incrementa el riesgo para su salud y pone de manifiesto la necesidad de adoptar medidas preventivas eficaces que garanticen unas condiciones de trabajo seguras”, realta el sindicato, que considera “inaceptable” que, en un contexto de episodios de calor cada vez más frecuentes e intensos, la Administración siga sin garantizar unas condiciones térmicas adecuadas para usuarios y trabajadores.

A pesar de que UGT Servicios Públicos La Rioja ha trasladado esta situación a la Consejería de Educación y Empleo, hasta la fecha no se ha recibido respuesta ni se han adoptado medidas para solucionar el problema.

El Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, fija en su Anexo III que, en los locales cerrados donde se realizan trabajos sedentarios propios de oficinas o similares, la temperatura debe mantenerse entre 17 y 27 ºC, debiendo evitarse condiciones ambientales que supongan un riesgo para la salud de las personas trabajadoras.

Las temperaturas registradas en el centro superan de forma reiterada esos valores, lo que evidencia la necesidad de que la Administración adopte medidas preventivas de manera urgente. Por ello, UGT exige a la Consejería de Educación del Gobierno de La Rioja que adopte de forma inmediata las actuaciones necesarias para climatizar las aulas y el resto de espacios donde usuarios y trabajadores desarrollan la ludoteca de verano, garantizando unas condiciones dignas y seguras tanto para la prestación del servicio como para la atención de personas especialmente vulnerables.

El Congreso de los Diputados ha aprobado este martes la reforma de las leyes de Dependencia y Discapacidad y también su modelo de financiación, en lo que supone “la mayor reforma social en nuestro país en lo que va de siglo”, en palabras del ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Bustinduy.

Solo Vox ha anunciado durante el debate previo su voto en contra de ambos cambios y de la nueva financiación. El PP ha adelantado su “sí” al aumento de la partida económica después de reprochar al Gobierno que solo busca votos con este cambio y de no tener presupuestos para ejecutarlo, pese a que hay 6.200 millones extras anunciados y negro sobre blanco en la ley para dependencia, y tras mantener la intriga toda la tarde se ha abstenido en la votación de la reforma de la ley en sí. Finalmente, las reformas normativas han salido adelante con 179 votos favor (del Gobierno y sus socios), 137 abstenciones (del PP) y 33 en contra (Vox).

“Es un día que va a marcar un antes y un después en la historia de nuestra política social. El 14 de julio se recordará durante décadas como el día que se refundó el sistema de cuidados. Es difícil poner en perspectiva los cambios. Son comparables a lo que sucedió en el siglo XX con la construcción del sistema de pensiones, del sistema público de sanidad o del sistema educativo”, ha expresado Bustinduy en el Congreso.

Formalmente han sido dos debates. Uno, sobre la financiación de las reformas, que el Gobierno regará con 6.200 millones extra entre este año y el siguiente para alcanzar la inversión récord de 7.239 millones de euros en 2027. El otro, sobre las propias reformas de las leyes. Pero el ministro, y todos los grupos excepto el PP, lo han abordado como un todo (ambas reformas son copmlementarias), en la línea mantenida por el Ejecutivo con estos dos temas, y ha realizado una defensa conjunta de los dos cambios.

Bustinduy ha insistido en su intervención en que el objetivo de la reforma es pasar del “modelo asistencialista” que ha regido los cuidados hasta ahora a uno en el que las personas con discapacidad o en dependencia tengan autonomía en su propio hogar y se base en derechos y autonomía personal.

"Hay millones las familias cuyas vidas van a mejorar de forma inmediata. La mirada asistencialista o paternalista sobre personas con discapacidad o dependencia ya no nos sirve. El modelo de macrorresidencias alejadas de los centros urbanos ya no nos sirve. Condenar a miles de compatriotas a vivir de forma no elegida ya no nos sirve"

Pablo Bustinduy — Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030

“Hay millones las familias cuyas vidas van a mejorar de forma inmediata. La mirada asistencialista o paternalista sobre personas con discapacidad o dependencia ya no nos sirve. El modelo de macrorresidencias alejadas de los centros urbanos ya no nos sirve. Condenar a miles de compatriotas a vivir de forma no elegida ya no nos sirve”, ha enfatizado. Según el ministro, el 90% de la población desearía envejecer en casa.

La mayoría de los partidos del Congreso han celebrado la reforma. Compromís, CC, BNG, Podemos, Junts, ERC y Sumar desfilaron por la tribuna del Congreso para anunciar su apoyo a la propuesta, pero también para recordarle al Gobierno que hace años que las comunidades vienen exigiendo el aumento en la financiación, porque el Gobierno central solo se hace cargo actualmente del 27% del coste de la dependencia, según advirtió ERC, dejando el grueso a los Ejecutivos regionales. También se plantearon dudas respecto a qué pasará a partir de 2028.

El PP reprochó al Gobierno que solo busca votos, que la reforma que se aprueba hoy “no cambia el sistema de financiación de la dependencia”, que los 6.200 millones extras anunciados “son solo un titular político” y, recogiendo una expresión que había utilizado Pilar Calvo, de Junts, que el Ejecutivo practica el “yo invito, tú pagas”. Finalmente, tras un discurso que dio la impresión contraria, anunció el voto favorable del partido. Pero solo al aumento de la financiación, en la reforma propiamente se abstuvo.

Vox justificó su rechazo porque duda de que el Gobierno esté en condiciones de implementar todo lo que dice la ley. “Qué fácil es votar 'sí' a esta propuesta, quedar bien con todo el mundo y dejar que las personas con discapacidad y sus familias crean que va a mejorar sus vidas. De nada sirve aprobar ayudas si no están en disposición de asegurar que vayan a llegar”, ha sostenido la diputada María de la Cabeza Ruiz.

Ayudas compatibles y aumentadas

Con esta doble reforma el Gobierno amplía y flexibiliza las ayudas en la ley de dependencia y la discapacidad (entre un 18,4% y un 120% en función del grado concedido), más que duplica la inversión en ambas materias y garantiza que la Administración General del Estado (AGE) aportará en adelante el 50% de la financiación, que las comunidades autónomas deberán complementar.

Con los 6.200 millones extras que aportará el Ejecutivo en dos años, el Gobierno transferirá a las comunidades autónomas “una cantidad récord”, en sus propias palabras, de 5.513 millones de euros este año y 7.239,4 millones el siguiente, primero en el que se aplicará la nueva financiación de manera íntegra.

Los principales cambios en la norma apuntan a flexibilizar y ampliar las ayudas que contempla la ley. Una persona podrá recibir ayudas diferentes de forma simultánea: “Por ejemplo, si una persona en situación de dependencia puede quedarse en su casa podrá acceder a prestaciones combinadas como ir a un centro de día y a la vez tener una prestación de cuidados en el entorno familiar o teleasistencia, etc.”, explica Asuntos Sociales.

El amigo cuidador

La asistencia personal sale del hogar. “La persona que ofrezca una asistencia no solo atenderá a la persona usuaria en su casa, también podrá acompañarla para realizar otras actividades básicas de la vida diaria como ir a hacer la compra, ir al médico, etc.”, explica el ministerio.

También se abre el abanico de los cuidadores no familiares y se contempla que personas del entorno del beneficiario de la discapacidad puedan ofrecer cuidados, “asumiendo los diferentes modelos de convivencia que hay”, argumenta el Ejecutivo: “Por ejemplo, dos personas mayores que mantienen una relación, pero no están casados, o personas que comparten un hogar sin una relación familiar entre sí (modelos unipersonales)”.

Además, se universaliza el derecho a la teleasistencia, de manera que este servicio debería llegar a más gente en situación de dependencia o a otras que no podían acceder actualmente, por ejemplo las personas con demencia. Esta herramienta se usará también de manera preventiva, para evitar o retrasar la institucionalización de alguien.

Finalmente, se eliminan las sujeciones farmacológicas (personas a las que duermen con pastillas), que quedan “solo como medida alternativa”, según el Ejecutivo.

Accesibilidad universal

La reforma de la ley de la discapacidad centra buena parte de sus novedades en el acceso universal, pese a que ya es un servicio recogido en la normativa nacional. Ahora pasa de principio rector a derecho subjetivo.

La diferencia es que el primero marca un objetivo para la administración, mientras el segundo es una garantía reconocida a las personas. Es la diferencia, por ejemplo, entre el derecho a la vivienda digna, principio rector constitucional, y el derecho a la Educación.

Para reforzar esta línea de actuación, la ley modificará la Ley de Propiedad Horizontal “para que las administraciones públicas tengan que ayudar económicamente a hacer obras de accesibilidad en edificios de viviendas y para que las comunidades de vecinos tengan que solicitar estas ayudas si alguna de las personas residentes así lo solicita”.

Se calcula que unas 100.000 personas viven confinadas en su casa porque no es accesible y no pueden salir.

Reconocimientos automáticos

La reforma también contempla que habrá reconocimientos automáticos de discapacidad para agilizar procesos administrativos y reducir listas de espera. A las personas que se asigne un grado I de dependencia se les reconocerá igualmente un 33% de discapacidad y las que obtengan un grado II o III llegarán al 65%.

Por último, se prohibirá que algunos contratos de seguros penalicen económicamente la discapacidad, como hacen algunos actualmente, y se crea la figura del “facilitador procesal” que actúe de mediador entre los operadores jurídicos y las personas con discapacidad cuando estas afronten procesos judiciales.

El debate sobre discapacidad está secuestrado por una falsa dicotomía. Por un lado, el discurso del “empoderamiento individual” (échale ganas, prepárate) que, en el fondo, es una forma cómoda de victimización secundaria: si fracasas, fue por tu falta de actitud. Por otro lado, el discurso del “sistema opresor” que, aunque necesario, a veces se convierte en un paraguas bajo el que esconder cualquier fracaso personal, anulando la agencia del individuo.

Realiza un ejercicio loable de síntesis apelando a la “corresponsabilidad”. Pero permítanme ser el abogado del diablo: ese “punto medio” sensato es, en muchas ocasiones, el mayor enemigo del cambio real. ¿Por qué? Porque al apelar a la responsabilidad compartida sin señalar con claridad quién tiene el poder real para cambiar las reglas del juego, estamos repartiendo culpas de forma equitativa cuando el poder no es equitativo.

El peligro del “esfuerzo personal” como coartada del poder

La preparación es clave. Pero hay que ser brutalmente honestos: en un mercado laboral competitivo, la “preparación” es el precio de entrada, no el factor diferenciador. Decirle a una persona con discapacidad que “se prepare” mientras existe una brecha salarial del 30% y una tasa de desempleo duplicada respecto a la norma, es casi un insulto maquillado de motivación.

La crítica aquí debe ser más afilada: el discurso del “mérito individual” es el caballo de Troya del neoliberalismo en el ámbito de la discapacidad. Nos venden que si triunfas es por tu esfuerzo (y por tanto, eres un “ejemplo”), y si fracasas es por tu falta de resiliencia. Esto exime a las empresas de revisar sus sesgos inconscientes en los procesos de selección, donde el “fit cultural” suele ser un eufemismo para “normalidad”. Prepararse está bien, pero exigir preparación como condición previa para ser tratado con dignidad es la antesala de la discriminación.

La autocrítica interna: ¿unidad o canibalismo? Con valentía las “rivalidades y egos” dentro del colectivo

Este es un punto incómodo pero vital. He sido testigo de cómo la lucha por la representación legítima (¿quién es más discapacitado?, ¿quién sufre más?) fragmenta movimientos que deberían ser monolíticos.

Sin embargo, hay que matizar: la diversidad de voces no es debilidad, es riqueza. El problema no es que haya diferencias de opinión, sino que a menudo se confunde “crítica interna” con “trabajo sucio del sistema”. Cuando una organización de discapacitados pasa más tiempo peleándose por quién ocupa un escaño en un consejo asesor que exigiendo plazas de empleo real, estamos ante un síndrome del palco: se prefiere el privilegio de ser “la voz oficial” antes que la eficacia de ser “la presión real”. Pero ojo, que esta autocrítica no sirva para desviar el foco: por muy divididos que estemos, el poder responsable de nuestra exclusión sigue siendo el mismo.

La responsabilidad colectiva y el síndrome del “tick legal”

Las organizaciones de las diferentes discapacidades dicen, y con razón, que las leyes deben cumplirse. Pero la crítica debe ir más allá: las leyes de accesibilidad en gran parte del mundo están diseñadas para ser incumplidas. Son lo que llamo “leyes de mínimo impacto”: exigen rampas, pero no exigen que el software de RRHH sea accesible; exigen plazas reservadas, pero no exigen que los equipos de trabajo sean inclusivos.

La administración pública no es solo “responsable”, es cómplice por omisión cuando permite que el 80% de los edificios sigan siendo inaccesibles porque la multa es más barata que la obra. Por eso, se debe dice “la inclusión necesita corresponsabilidad”, me temo que está poniendo al mismo nivel al ciudadano que no exige y al estado que no invierte. No es lo mismo el que se ahoga que el que mira desde la orilla. La responsabilidad del Estado es indelegable e innegociable, y no puede supeditarse a lo bien o mal que se organice la sociedad civil.

La propuesta radical

Llegados a este punto, concluyo apelando a “menos discursos enfrentados y más objetivos compartidos”. Suena bonito, pero es ingenuo. El progreso social siempre nació del conflicto y de preguntas incómodas. Los derechos laborales, el sufragio femenino, los derechos civiles... ninguno llegó por un “reparto equilibrado de responsabilidades”; llegaron porque un grupo oprimido dejó de preguntarse “¿Qué más puedo hacer yo para encajar?” y empezó a preguntar “¿Qué le toca hacer a quien tiene el poder para cambiar esto?”.

Por eso, la propuesta que lanzo aquí, y que debe ser el nuevo motor del activismo, es un cambio de eje radical. Dejemos de hacernos la pregunta cómoda y victimista: “¿Qué parte de responsabilidad me toca a mí?” Empecemos a hacer la pregunta incómoda y transformadora: “¿Qué parte le toca al que tiene el dinero, el poder y la capacidad de cambiar mi vida sin que yo tenga que demostrar nada?” Esta pregunta duele, porque incomoda a los que mandan. Pero es la única que mueve montañas. ¿Qué implica esto en la práctica?

Conclusiones: fuera el término medio, dentro la exigencia

No busquemos “un único culpable” porque es obvio que el sistema y el individuo interactúan. Pero no confundamos el análisis de sistemas con la exculpación de los actores. La balanza debe inclinarse hacia la exigencia estructural, no por victimismo, sino por pragmatismo: las barreras no las pone el individuo, las pone el entorno. Y el entorno lo diseñan quienes tienen el poder.

El verdadero debate no es “esfuerzo vs. sistema”. El verdadero debate es “¿Quién tiene el poder de cambiar el sistema?”. Si la respuesta es “todos”, esa es una falacia. La respuesta real es “los que diseñan, legislan y contratan”.

El esfuerzo personal es para sobrevivir; la responsabilidad colectiva es para garantizar la justicia. Pero la exigencia al poder es la única herramienta que garantiza que esa justicia llegue. Dejemos de buscar un punto de equilibrio cómodo para los que están arriba. Empecemos a desequilibrar la balanza hacia abajo, hacia donde realmente se sufre la exclusión.

La próxima vez que alguien te diga “échale ganas”, respóndele: “Mejor exígele a quien puede cambiar mis condiciones sin que yo tenga que esforzarme para que me miren como humano”. Esa es la crítica que duele, pero que, históricamente, es la única que ha derribado muros.

Cambio de paradigma. El Congreso vota este martes la reforma de las leyes de dependencia y de discapacidad, una de las medidas más ambiciosas del Gobierno para esta legislatura y con la que el Ministerio de Derechos Sociales pretende darle la vuelta a la manera en la que se aborda la ayuda a personas dependientes y/o con discapacidad. La idea del Ejecutivo, según ha explicado el departamento que dirige Pablo Bustinduy, es pasar del enfoque “asistencialista y de macrorresidencias” a “un nuevo modelo de atención basado en los derechos de estas personas y en su voluntad de vivir en sus hogares y entornos próximos”. Los cambios podrían afectar a unos dos millones de personas.

Si se aprueban ambas reformas —y saldrán adelante si los partidos se mantienen en las posturas que han tenido hasta hoy–, en la ley de dependencia quedará garantizado que el Gobierno aporte el 50% de la financiación, como le pedían las comunidades autónomas. Se eliminarán incompatibilidades para recibir ayudas, el servicio domiciliario saldrá de las paredes del hogar y la persona que ofrezca asistencia podrá acompañar al usuario en su día a día, se abre el abanico de quién puede cuidar a alguien y la teleasistencia se configura como un derecho subjetivo. Por el lado de la discapacidad, la accesibilidad universal se reconoce como un derecho, se establecen ayudas económicas para realizar obras de accesibilidad, se reconocerá la discapacidad de manera automática a partir de la dependencia y se prohibirá la discriminación actualmente existente para personas con discapacidad en algunos seguros.

Además, el Ejecutivo pondrá 6.200 millones de euros extras para financiar la ley, según anunció hace dos semanas el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, valoró el lunes que la dependencia “es el gran desafío que tenemos a futuro para que no dependa del patrimonio y los recursos de una familia, y que el estado del bienestar proteja y permita vivir a los mayores en su casa”, según explicó en la Cadena Ser. El ministro ha puesto en valor su reforma y ha subrayado la importancia de “dignificar la labor en los cuidados”: “Si mañana no fuesen el medio millón de mujeres que dedican la jornada a cuidar a quienes lo necesitan, nada sería posible”.

El Ministerio de Sanidad informó el pasado mes de abril de que 30.000 personas mueren cada año esperando una ayuda a la dependencia. El plazo medio hasta que se obtiene una respuesta de la administración es de 246 días, y si se obtiene una respuesta favorable pasan otros 62 hasta que se obtiene. Es un total de 329 días, 11 meses.

“Una prioridad institucional”

José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, ha explicado a este periódico que si sale adelante la reforma será una “extraordinaria noticia” que “fortalece el sistema de servicios sociales”, y ha valorado que “el estado ponga a las personas en situación de dependencia y con discapacidad en la agenda pública como prioridad institucional”.

Sin embargo, Ramírez también ha advertido de la necesidad de “incrementar las prestaciones, subir las intensidades de los servicios y compatibilizarlos y mejorar los salarios y las condiciones laborales de las personas que trabajan en el sistema”. El experto ha recordado además que existe el riesgo de que las comunidades autónomas, como ocurrió con el plan de choque del 2026, disminuyan su presupuesto propio de dependencia.

El Gobierno espera y prevé que la reforma salga adelante. El pasado jueves la Comisión de Derechos Sociales del Congreso de los Diputados aprobó el dictamen de la norma —una especie de previa a que lo haga el Pleno— con los únicos votos en contra del PP y Vox. Esta decisión de los populares les han costado las críticas de otros partidos, que recuerdan que las comunidades autónomas que gobierna el PP llevan años exigiendo que el Ejecutivo financie el 50% de la ley de dependencia. “Lo hemos recogido y blindado, y han votado que no”, se sorprendía este lunes Bustinduy. “Espero que ese grado de contradicción les haga votar que sí”, añadió. Junts, habitualmente el partido bisagra en las votaciones del Congreso, votó a favor del texto el pasado jueves.

Dependencia: ayudas compatibles y aumentadas

La ley de dependencia reformada incluirá una disposición, acordada el jueves en la Comisión del Congreso, para blindar el sistema y garantizar el 50% de financiación estatal. “La nueva financiación estatal crece en los dos niveles de que hay, tanto en el nivel acordado como, sobre todo, en el nivel mínimo en el que las cuantías se duplican”, explica Derechos Sociales. Con los 6.200 millones extras que aportará el Ejecutivo en dos años, el Gobierno transferirá a las comunidades autónomas “una cantidad récord”, en sus propias palabras, de 7.239,4 millones de euros para 2027, el primer año completo con la nueva financiación.

Los principales cambios en la norma apuntan a flexibilizar y ampliar las ayudas que contempla la ley. Así, una persona podrá recibir ayudas diferentes de forma simultánea: “Por ejemplo, si una persona en situación de dependencia puede quedarse en su casa podrá acceder a prestaciones combinadas como ir a un centro de día y a la vez tener una prestación de cuidados en el entorno familiar o teleasistencia, etc.”, explica el Gobierno.

Ayuda en el médico o el vecino cuidador

La asistencia personal sale del hogar, donde estaba confinada hasta ahora. “De esta forma, la persona que ofrezca una asistencia no solo atenderá a la persona usuaria en su casa, también podrá acompañarla para realizar otras actividades básicas de la vida diaria como ir a hacer la compra, ir al médico, etc.”, ilustra Derechos Sociales.

Se abre el abanico de los cuidadores no familiares. La ley contemplará que personas del entorno del beneficiario de la discapacidad puedan ofrecer cuidados, “asumiendo así los diferentes modelos de convivencia que hay”, dice el Ejecutivo: “Esto supondrá garantizar que una persona, aunque no esté registrada como familiar, pueda cuidar de una persona en situación de dependencia. Por ejemplo, dos personas mayores que mantienen una relación, pero no están casados, o personas que comparten un hogar sin una relación familiar entre sí (modelos unipersonales)”.

Se universaliza el derecho a la teleasistencia, de manera que este servicio debería llegar a más gente en situación de dependencia o a otras que no podían acceder actualmente, por ejemplo las personas con demencia. También se utilizará esta herramienta de manera preventiva, para evitar o retrasar la institucionalización de alguien.

Por último, se eliminan las sujeciones farmacológicas (personas a las que duermen con pastillas), que quedan “solo como medida alternativa”, según el Ejecutivo.

Discapacidad: la accesibilidad universal como derecho

La reforma de la ley de la discapacidad centra buena parte de sus novedades en el acceso universal, pese a que ya es un servicio recogido en la normativa nacional. Pero hasta ahora, explican desde el ministerio, era un principio rector y pasa a ser un derecho.

La diferencia entre uno y otro es que el primero ejerce de especie de guía para la administración, sobre qué debe hacer, mientras el segundo es una garantía reconocida a las personas que se puede reclamar en los tribunales. Es la diferencia, por ejemplo, entre el derecho a la vivienda digna, principio rector constitucional, y el derecho a la Educación. Una persona que acuda ante un juez para reclamar un hogar solo basándose en ese párrafo de la Constitución está destinada a fracasar, pero una que alegue que se ha vulnerado su derecho a la educación probablemente gane.

Para reforzar esta línea de actuación, la ley modificará la Ley de Propiedad Horizontal “para que las administraciones públicas tengan que ayudar económicamente a hacer obras de accesibilidad en edificios de viviendas y para que las comunidades de vecinos tengan que solicitar estas ayudas si alguna de las personas residentes así lo solicita”. El Gobierno explica que “esta medida es fundamental para acabar con el drama que viven miles de personas en España (se estiman que unas 100.000) que no pueden salir de sus casas porque sus edificios no son accesibles para ello”.

Reconocimientos automáticos

La reforma también contempla que habrá reconocimientos automáticos de discapacidad para agilizar procesos administrativos y reducir listas de espera. A las personas que se asigne un grado I de dependencia se les reconocerá igualmente un 33% de discapacidad y las que obtengan un grado II o III llegarán al 65%.

Por último, se prohibirá que algunos contratos de seguros penalicen económicamente la discapacidad, como hacen algunos actualmente, y se crea la figura del “facilitador procesal” que actúe de mediador entre los operadores jurídicos y las personas con discapacidad cuando estas afronten procesos judiciales.

“Confiamos que la ley alcance su pleno cumplimiento”, cierra su positiva valoración Ramírez, de la asociación de Directores y Gerentes de los Servicios Sociales, “porque está en juego la dignidad y la calidad de vida de dos millones de personas y sus familiares, y porque están en juego 400.000 empleos directos y 200.000 empleos potenciales de nueva creación, por cohesión territorial y por lealtad institucional”.

Para el ministro Bustinduy esta reforma es una victoria. Pero no del Gobierno, “es una victoria de la sociedad”.

“Dicen que todo lo que toco lo convierto en oro… No sé si será verdad, pero de lo que sí estoy seguro es de que el esfuerzo, la constancia y el corazón sí que se transforman en ese color”, escribía el propio deportista en sus redes sociales tras concluir el campeonato. Un mensaje que resume la trayectoria de un nadador que, lejos de conformarse con su impresionante palmarés, continúa ampliándolo año tras año.

En Polonia, Gracia ha conquistado el título continental en las seis pruebas individuales que disputó: 100, 200, 400 y 800 metros libres, 200 braza y 400 estilos, a las que añadió otras seis medallas en las pruebas de relevos con la selección española. Durante el campeonato estableció además nuevos récords del mundo en 100, 200 y 400 metros libres, marcas que también suponen nuevos récords nacionales, a los que se suma el récord de España en 400 estilos.

Los resultados consolidan una carrera deportiva excepcional. Con apenas 22 años, el nadador del Club Cáceres Los Delfines, nacido en Cáceres y con síndrome de Down, ya figuraba antes de este campeonato entre los grandes referentes internacionales del deporte para personas con discapacidad intelectual: 27 títulos mundiales, 15 europeos, 46 campeonatos de España y una docena de récords mundiales formaban parte de su historial antes de este nuevo éxito continental.

Su progresión ya apuntaba a este desenlace. En abril, durante el Campeonato de España FEDDI, logró un nuevo récord del mundo en los 400 metros libres y consiguió las marcas mínimas que le clasificaban para la cita europea de Polonia. Aquella competición le valió además el reconocimiento de la Denominación de Origen Protegida Cereza del Jerte, que le concedió el Premio a la Excelencia Picota 2026 por una trayectoria marcada por el esfuerzo y la superación.

Los Virtus European Summer Games reunieron en Bydgoszcz a más de 600 deportistas de 22 países en distintas disciplinas para atletas con discapacidad intelectual, convirtiéndose en la principal competición continental del calendario. España ha firmado una destacada actuación en la cita polaca, en la que Guillermo Gracia ha sido uno de los grandes protagonistas.

El nadador cacereño, convertido desde hace años en uno de los grandes embajadores del deporte extremeño, volvió a reivindicar tras la competición el valor del trabajo colectivo: “Esto no es solo mío; es el resultado de cada entrenamiento, de no rendirse nunca y del apoyo incondicional de todos los que estáis detrás empujando en cada brazada”.

Con este nuevo botín, Guillermo Gracia no solo amplía un palmarés ya histórico, sino que confirma que continúa marcando el ritmo de la natación adaptada internacional y situando el nombre de Cáceres, de Extremadura y de España entre la élite europea.

Para Manuel, un joven de 22 años afectado por una enfermedad neuromuscular degenerativa, el Real Racing Club es mucho más que un equipo de fútbol; es su “única ilusión” durante los largos meses de invierno cuando solo sale de casa para ir al campo. Lo mismo le ocurre a Miguel Ángel que, a sus 61 años, lleva 23 temporadas apoyando de forma incondicional al equipo, incluso cuando el racinguismo estaba en sus peores momentos. “Cuando empecé a ir al campo todavía caminaba con muletas”, recuerda. Ahora lo hace en silla de ruedas.

Sin embargo, el ansiado regreso del club a Primera División ha traído consigo una realidad amarga para ellos y otros cerca de 20 aficionados con movilidad reducida (PMR) con los que comparten emociones cada partido en los Campos de Sport de El Sardinero.

Lo que debería ser una temporada ilusionante se ha convertido en “una inesperada decepción” que Gisela Saiz, la madre de Manuel y presidenta de la Asociación Cántabra de Enfermedades Neuromusculares (Asemcan), trata de reconducir.

Saiz ha remitido una reclamación por escrito al club el pasado 23 de junio, a petición de ese pequeño colectivo de abonados PMR del Racing con los que ella y su hijo comparten habitualmente grada desde hace 15 años. “Cuando el equipo todavía estaba en Segunda B”, recuerda. El motivo: el cambio de política por el que se han visto sorprendidos al ir a renovar su abono para la temporada 2026-2027 y que consideran “insensible y excluyente”.

Desplazados al “relente” del Fondo Sur

Hasta ahora, este grupo de aficionados PMR se situaba en una esquina del Fondo Norte, una zona donde aunque “la visibilidad no era perfecta” estaban protegidos de las inclemencias del tiempo en las filas superiores, aseguran.

La nueva ubicación que el Racing les ha asignado se encuentra en el otro extremo del estadio de El Sardinero, en el Fondo Sur donde se ubican las aficiones de los equipos visitantes, a pie de campo y justo detrás de una de las porterías.

La preocupación principal es la exposición total al sol, el viento y, sobre todo, a la lluvia. Para aficionados como Manuel, mojarse no es solo una incomodidad, es un riesgo vital. “Si mi hijo se moja y coge un frío, a los tres días está en la UCI de Valdecilla por problemas respiratorios”, advierte Saiz, recordando que el joven ya pasó 12 días ingresado el año pasado por un resfriado.

Miguel Ángel comparte este malestar y no entiende por qué el club ha tomado esta decisión sin consultarles: “No han tenido en cuenta nuestras necesidades, nos han menospreciado”, afirma con rotundidad. “La mayoría de las personas tiene sillas eléctricas, con motores que si se mojan se pueden estropear, con el coste que eso supone”, añade.

La nueva zona es un espacio “al relente” y sin tejavana que lo cubra, lo que obligaría a los aficionados a utilizar paraguas de grandes dimensiones, dificultando la visión de los socios situados detrás.

Además de la meteorología, argumentan que la ubicación detrás de la portería conlleva un riesgo físico evidente. “Estamos justamente detrás de la portería; una persona ágil se aparta de un balonazo, pero nosotros no tenemos tiempo de reacción”, explica Miguel Ángel.

La presidenta de Asemcan contrasta esta situación con la de otros estadios como San Mamés o el Santiago Bernabéu, donde las zonas PMR están en tribunas elevadas y debidamente cubiertas. Es por ello que la respuesta telefónica recibida por parte del responsable de comunicación de la entidad, Roberto González —quien según Saiz se limitó a decir que “se mojarían como el resto”—, le ha parecido “increíble”.

“Soy sus brazos y sus pies”

De otro lado, y por primera vez, los acompañantes de las personas con movilidad reducida deberán pagar el 50% del precio de un abonado nuevo. Hasta la fecha, estos asientos estaban exentos de pago, reconociendo que la persona con movilidad reducida (PMR) no acude con un asistente por ocio, sino por necesidad vital.

Para Gisela, esta medida ignora la realidad de grandes dependientes como su hijo, quien tiene una discapacidad reconocida del 85% y requiere ayuda para realizar cualquier acción cotidiana, desde vestirse hasta beber agua o abrir un paraguas. “Yo soy una extensión de mi hijo; soy sus brazos y sus pies”, recalca, por lo que, en su opinión, cobrar por este asiento “penaliza doblemente a familias que ya soportan gastos elevados derivados de la discapacidad”.

Miguel Ángel pone cifras a este “hachazo” económico: ha pasado de pagar unos 116 euros por su carné a un total de 470 euros (299 por su abono y 171 por el de su acompañante). “Es el 50% de un nuevo abonado, no de lo que yo pago con mi descuento del 5% por antigüedad”, matiza con malestar.

Abono de acompañante nominativo

Además, advierten que a esto se suma la obligatoriedad de que el abono sea nominativo, lo que impide que diferentes familiares o cuidadores se turnen para asistir al estadio. “Mi hija de 16 años lleva toda su vida atendiendo a su hermano y lo hace perfectamente, pero ahora dicen que los menores no pueden entrar como acompañantes”, lamenta Gisela, calificando la medida de otra complicación “injustificada”.

Según relatan, el club les ha llegado a sugerir el uso de voluntarios -que proporcionaría el Racing- para atender a las PMR, una propuesta que la presidenta de Asemcan ha tachado de “locura”: “Un voluntario cualquiera no sabe cómo movilizar a mi hijo para llevarle al baño o cómo actuar ante una urgencia médica”.

“Discriminación cero” y mejor visibilidad, según el Racing

En respuesta a las preguntas de elDiario.es, desde el Real Racing Club, su director de comunicación y portavoz, Roberto González, ha negado que exista una queja formal de una veintena de socios, atribuyendo el escrito únicamente a la presidenta de Asemcan y negando que hubiera “siquiera 20 abonados PMR la pasada temporada”, pero sin especificar el número preciso.

De otro lado, según González, el cambio de ubicación responde a dos objetivos: “mejorar la visibilidad” y garantizar que “no exista ningún tipo de discriminación, ni positiva ni negativa” entre los abonados. “Ahora podrán vivir intensamente los partidos junto a todos los aficionados de Preferencia Sur. Desgraciadamente, y dependiendo del viento, un tercio de los asientos del estadio, todas las preferencias, están sujetas a las inclemencias de la lluvia. También la esquina en donde habían estado hasta ahora las personas con movilidad reducida”, alega.

Respecto al cobro a los acompañantes, González defiende que un descuento del 50% es “de lejos, el mayor de los existentes en el club”, comparándolo con el 15% que reciben los abonados Oro más antiguos del club. El portavoz racinguista asegura también que aquellas familias con dificultades económicas pueden solicitar ayudas a la Fundación Racing en la taquilla del estadio.

En cuanto a la obligatoriedad de que los carnés de acompañante sean nominativos, el portavoz explica que el sistema no permite abonos sin asignar, aunque sostiene que en los accesos “no se hacen controles de identificación” estrictos y que, “si la persona con movilidad reducida lo desea, excepcionalmente, puede solicitar poner los dos abonos, el suyo y el del acompañante, a su nombre”.

Conflicto entre el club y el Ayuntamiento de Santander

La accesibilidad del estadio de El Sardinero es un problema que va más allá de los asientos. Gisela y Miguel Ángel recuerdan la falta de ascensores y rampas adecuadas, así como el estado de los baños. Miguel Ángel teme que los baños compartidos de la nueva ubicación sean un foco de infección: “Si hay una cola y el baño de discapacitados está libre, entrará todo el mundo; el agua sucia que se forme en el suelo me la llevaré en las manos al mover mi silla, que es manual”.

El portavoz del Racing traslada la responsabilidad de estas mejoras estructurales al propietario de la instalación: el Ayuntamiento de Santander. “El Racing lleva años reclamando una actuación, ya que no solo las personas con movilidad reducida, sino cientos de nuestros abonados veteranos deben renunciar a acudir al estadio por las escaleras”, lamenta.

Según el club, existe un proyecto de renovación integral que incluye ascensores en las zonas Este y Oeste, pero “a pesar de la sensibilidad de ambas partes”, sigue siendo un “tema pendiente de resolver” dentro del convenio de mantenimiento con el Consistorio santanderino.

¿Qué dice la normativa?

Lo cierto es que la nueva política que ha decidido aplicar el club cántabro en su regreso a Primera División choca, en primer lugar, con su propio 'Reglamento Interno del Recinto Deportivo Campos de Sport de El Sardinero' aprobado en 2019 y que en su página 48 recoge lo siguiente:

Movilidad Reducida.- Se trata de un abono personal e intransferible exclusivamente para abonados/as con movilidad reducida que vayan en silla de ruedas. Ubicados en la zona asignada de preferencia norte-este, con acceso exclusivo por puerta 7. Para darse de alta por primera vez, es indispensable presentar el certificado de discapacidad correspondiente que en todo caso deberá ser superior al 65% de grado de discapacidad física. Cada abonado/a con movilidad reducida podrá acceder con un acompañante.

De otro lado, la legislación nacional más reciente, el Real Decreto 193/2023, de 21 de marzo, que regula las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación, establece en su artículo 11 que los asistentes personales o personas de apoyo tienen derecho a acompañar a la persona con discapacidad a los servicios de atención al público “siempre que esta así lo requiera, sin que ello suponga un sobrecoste para dichas personas”.

En cuanto a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), aunque no regula los precios en Primera División (dejando libertad a cada club), sí establece para los eventos que organiza directamente (como la Copa del Rey o partidos de la Selección Española) que “la entrada para la persona usuaria de silla de ruedas incluye una invitación gratuita para el acompañante”.

Esta normativa refuerza la postura de Asemcan, desde donde inciden en que gran parte de los clubes de La Liga aplican la gratuidad total entendiendo el asiento como una “extensión” de la PMR. En consecuencia, a medida que se acerca el inicio de la liga, el próximo 15 de agosto, el malestar crece en el grupo de WhatsApp que comparten estos aficionados, que ya barajan medidas de protesta como acudir al primer partido del Racing con pancartas que denuncien su “exilio”.

“Solo pedimos que recapaciten; no es un capricho, es una cuestión de derechos básicos”, concluye Gisela. “Siento que nos han tratado bastante mal, no nos han querido escuchar y cuando se les ha preguntado hemos recibido muy malas contestaciones”, sostiene Miguel Ángel. “El Racing no se ha portado bien. Cuando estábamos en Segunda B íbamos cuatro pelagatos, pero ahora que el campo está lleno…”, sentencia.

Durante todos los jueves de julio y agosto, la organización de Cruz Roja en Alcázar de San Juan va a prestar el servicio de baño asistido en las Lagunas de Villafranca de los Caballeros, en Toledo, dirigido a personas con alguna discapacidad física o personas mayores con movilidad reducida.

La iniciativa no se reduce solo a la ayuda durante el baño, puesto que estas personas también pueden disfrutar de un día entero de ocio, solos o acompañados, gracias a la disposición de un espacio habilitado, donde también se realizan ejercicios para el desarrollo de la movilidad (mancuernas, pelotas y tiras elásticas) y actividades de animación y juegos.

Este servicio es posible gracias al apoyo del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan y del Gobierno de Castilla-La Mancha.

Cruz Roja afirma que cualquier persona que tenga alguna discapacidad o movilidad reducida puede participar en las actividades programadas, previa solicitud en la oficina local que esta organización tiene en Alcázar de San Juan.

Acompañamiento durante el baño

La persona en cuestión es trasladada en un vehículo adaptado, participa en las actividades de animación y juegos y en los ejercicios para el desarrollo de la movilidad y está acompañada durante el baño por el voluntariado, disfrutando así de un día de ocio agradable, fuera de su entorno habitual en compañía de otras personas usuarias y voluntariado, con los que se establecen nuevos vínculos afectivos.

Además, esta experiencia permite que sus familiares dispongan de un periodo determinado de tiempo libre para realizar otras actividades.

El baño asistido es un ejemplo de cómo Cruz Roja utiliza la innovación y la tecnología para “humanizar y mejorar” la atención a las personas y grupos más vulnerables, como las personas con movilidad reducida, para que puedan disfrutar del baño con seguridad.

Este servicio debe solicitarse con cita previa en la oficina de Cruz Roja en Alcázar de San Juan o por teléfono en el 926 54 66 88.