María y su familia estuvieron más de un año esperando para recibir una ayuda que les permitiese afrontar con más recursos la discapacidad de su hijo. “Te hacen pasar momentos de angustia, es un desgaste increíble”, lamenta ella. La media desde que se solicita una prestación hasta que se obtiene una respuesta fue de 246 días, según los datos publicados por el Ministerio de Sanidad para el primer trimestre de este año. Y, desde que se recibe una respuesta favorable hasta que finalmente se obtiene, pasan otros 62. En total, el tiempo medio para hacer efectivo un derecho legal alcanza los 329 días.

Los datos del último Panel del Servicio para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) arrojan algunas mejoras. Hay récord de personas con derecho a prestación, más de 1,6 millones; las listas de espera se han reducido en 12 días respecto a marzo de 2025; y el total de gente esperando, ha caído un 16,6%. Pero muchas voces piden huir del triunfalismo. “Está muy bien que se reduzca la espera en 12 días, pero cuando llevas años esperando, da un poco de rabia”, apuntan desde la Plataforma Estatal de Cuidadoras Principales.

Según los últimos datos disponibles, 1,66 millones de personas reciben en España algún tipo de prestación por dependencia. Como muestra el siguiente gráfico, son apenas unos pocos miles más que en 2025, pero un 90% más que hace una década. Precisamente, en 2015 se incluyó en la ley a los usuarios de grados menos dependientes, lo que amplió los potenciales receptores.

Para el presidente de la Asociación estatal de directoras y gerentes de servicios sociales, José Manuel Ramírez, “es normal que todos los meses se incremente el número de personas atendidas, cuando hay 270.000 en lista de espera”. Va más allá, porque el Ministerio solo incluye en el conteo a aquellas personas que superan el umbral de los 180 días esperando. Tampoco se tienen en cuenta, por ejemplo, las revisiones.

Las personas en lista de espera se dividen en dos grupos: las que están pendientes de ser valoradas y las que lo están de recibir la prestación. En el año 2025, el total se redujo en 12.158 personas, pero cada mes unas 10.000 personas piden entrar en el sistema de dependencia, lo que tensiona la tramitación. Con todo, la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, ponía en valor la “capacidad del sistema para responder más rápido de lo que la demanda está creciendo”, porque “mientras las solicitudes crecen a un ritmo del 7,3%, las personas atendidas lo hacen a un 9,8%”.

Esa “capacidad” del sistema se traducía a finales de marzo en 329 días de espera —casi once meses— de media estatal. Pero hay comunidades donde las familias esperan mucho más y otras donde los trámites van más ligeros. Según los últimos datos disponibles, Murcia es quien más hace esperar a sus personas con dependencia, 553 días de media, y Castilla y León, la que menos, con 116.

Desde 2023, la mayoría de comunidades han hecho esfuerzos por agilizar los tiempos de tramitación de la prestación concedida. Sin embargo, en general, han subido los días de espera hasta obtener una respuesta, con lo que el saldo medio ha mejorado en apenas una semana.

En el siguiente gráfico se puede ver la evolución de ambos indicadores y del total, comunidad a comunidad. Por ejemplo, en ese periodo, Asturias redujo en 62 días (hasta los 62) el tiempo de tramitación de la prestación concedida, pero ahora hay que esperar 164 días más (308) para llegar a ese momento, por lo que el retroceso ha sido más que notable, pasando de 260 a 375 días. En el caso de Madrid, esta región ha empeorado en todos los indicadores.

Esos días los reflejan las estadísticas, pero los cuentan las familias. “Acceder a los recursos es burocracia, papeleo, obstáculos y tiempo, mucho tiempo, en el que tienes que poder seguir manteniéndote, con la dificultad que esto supone en la vida cotidiana para la supervivencia de las personas”, explica Silvina Funes, la presidenta de la Plataforma Estatal de Cuidadoras Principales, un colectivo eminentemente feminizado y para quién “superar estos obstáculos es como los juegos del hambre”.

30.000 muertes al año

La espera tiene su cara más amarga en las personas que fallecen sin haber recibido una prestación a la que tienen derecho. Solo en el primer trimestre de este año fueron unas 9.000, entre las que esperaban la valoración o la ayuda en toda España. En 2025, sumaron más de 32.700 y en 2026, 34.250.

Al margen de los tiempos, hay otro factor que preocupa en el marco de la atención a la dependencia. Una deriva 'low cost', que carga a las familias. Del total de 2,4 millones de prestaciones totales a final del primer trimestre del año, “el 57% se dan ya en los hogares y en el entorno más cercano”, destacaba el Ministerio de Derechos Sociales. Es decir, la mayor parte de esas ayudas van destinadas a familiares que cuidan y suponen 172,5 euros de media para dependientes de grado I; 276,6 euros para los de grado II; y 383,6 euros para los de grado III.

“Vamos hacia un sistema de bajo coste, con servicios de baja intensidad y prestaciones económicas muy bajas. Con 260 euros al mes no se puede decir que se está atendiendo este tema”, considera Ramírez. Un informe de Comisiones Obreras, publicado en febrero de 2025, ya alertaba de que el sistema estaba dominado por “prestaciones baratas y basadas en cuidados no profesionales”, aunque se reduzcan las listas de espera.

El caso de María pone de manifiesto una de las reivindicaciones que comparten todas las voces consultadas: aliviar a las familias de trámites burocráticos que frenan las ayudas. Ella solicitó la valoración en diciembre de 2022. En febrero de 2023 le pidieron un documento, que entregó en marzo por sede electrónica. Cuando un año después preguntó por el estado de su solicitud, le dijeron que faltaba ese papel. No era cierto. “Me dieron cita urgente y me pagaron los atrasos, pero un año después”, recuerda. Entre media, tuvo que afrontar, entre otros gastos, unos 300 euros mensuales solo para llevar a su niño a un especialista, porque los tenía: “En ese momento trabajábamos los dos y los padres de mi pareja estaban en casa, pero imagínate una familia en otra situación”.

Otro de los handicaps que presenta la normativa actual es la incompatibilidad de algunas prestaciones. “Es como si vas a una operación y te hacen elegir entre el cirujano y el anestesista”, ejemplifica Silvina Funes. En la práctica, los datos ya “apuntan a un cambio de modelo”, explicaba el pasado viernes la secretaria de Estado, porque el número de prestaciones por persona pasó de 1,28 en 2021 a 1,44 en 2026. “Las personas que entran en el sistema combinan más cuidados, apoyos más adaptados a su situación y sus decisiones”, afirmó.

El Ministerio de Derechos Sociales trabaja en una reforma de la ley de dependencia, que tiene “dos orientaciones principales: eliminar las incompatibilidades de las prestaciones y ampliar la cartera de servicios y reforzar recursos con gran potencial para transformar el modelo, como la asistencia personal, los centros de día o la ayuda a domicilio”.

Para la presidenta de la Fundación Pilares de la Autonomía Personal, Pilar Rodríguez, el sistema de autonomía y dependencia sí ha dado un salto en los últimos años. Sobre todo, tras los recortes del año 2012, a consecuencia de la crisis económica, que no terminaron de revertirse hasta 2023, con Ione Belarra al frente del departamento de Derechos Sociales. En este sentido, Rodríguez, que fue una de las autoras del libro blanco sobre dependencia previo a la norma de 2006, considera que ha habido un esfuerzo por “analizar la calidad de las prestaciones y comprobar si con ellas se resuelve realmente el problema de las familias, porque el peso de los cuidados todavía recae sobre las mujeres”.

Desde el Ejecutivo buscan avanzar en la idea de la desinstitucionalización. Tiene sus ventajas e inconvenientes, porque permite a las personas permanecer en sus hogares, pero sin los recursos suficientes supone, en muchos casos, una carga incompatible con la propia vida para las cuidadoras. “Ninguna economía del mundo es capaz de asumir en exclusiva el coste que supone la dependencia, mientras muchas familias quieren seguir cuidando, pero sin sobrecargarse de una manera excesiva”, explica Rodríguez.

Según un reciente estudio de Fedea, con datos de 2024, España continúa “rezagada respecto al contexto europeo”. “El esfuerzo financiero destinado a cuidados de larga duración se sitúa en torno al 0,9-1% del PIB, una proporción notablemente inferior al promedio de la OCDE, que alcanza el 1,8%”, indica el trabajo. La financiación es otra de las vías de mejora que reclaman las entidades y asociaciones y que para la Asociación estatal de directoras y gerentes de servicios sociales se encuentra en este momento paralizada, porque el aumento en el gasto corresponde a mayor número de prestaciones, pero no tanto a que estas se incrementen.

Desde las familias, han reclamado también que la nueva ley incorpore un reconocimiento económico y laboral de las cuidadoras y que se reduzca la carga que asumen en solitario. “Somos nosotras las que sostenemos el sistema, gracias a nuestro trabajo, y nuestras renuncias”, explica Patricia, también de la plataforma, que destaca que, en muchas ocasiones, son ellas quienes renuncian a trabajo remunerado, salario, cotizaciones y pensión.

“No haces nada con una prestación o una teleasistencia. Hay que ir sumando atributos, una serie de pocos que hacen un todo para la persona que realmente lo necesita”, coincide Rodríguez, que pide tener una visión más holística: “Necesitamos un ecosistema de cuidados en el entorno comunitario de salud, de servicios sociales, farmacia, elementos asociativos en los barrios, políticas preventivas... Vamos a vivir muchos años y vamos a necesitar más cuidados, así que tenemos que meternos en la cabeza que esto es cosa de todos”.

Los centros especiales de empleo (CEE) están diseñados para favorecer la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Sin embargo, existen voces que denuncian prácticas “abusivas” que incrementan la “discriminación” laboral y salarial de este colectivo. Es el caso de Jesús —nombre ficticio—, un trabajador de uno de estos centros en Zaragoza.

Jesús lleva tres años empleado en el sector servicios mediante un CEE con ánimo de lucro y relata cómo, a pesar de realizar “el mismo trabajo” que una persona sin discapacidad, su nómina apenas alcanza el salario mínimo interprofesional (SMI). Mientras tanto, asegura que su empresa factura al cliente más de 3.000 euros mensuales por su puesto: “Tienen la seguridad social subvencionada y un gran porcentaje de mi sueldo. Sacan mucho beneficio”. 

Algo similar relata Matías, que acaba de dejar su empleo en uno de estos centros para irse a otro de iniciativa social. Explica que, en el centro donde ha estado dos años y medio trabajando como conserje, la hora extra de ir a tirar basuras se la pagaban a 3,85 euros, “sin plus de transporte. Al final es más de media hora para ir, trabajar y otra media hora para volver, es mucho rato para tan poco dinero, prácticamente trabajas por la cara”. Asegura que tampoco le pagaron las horas extras que hacía durante meses, hasta que lo reclamó. “El problema principal es que se aplica el convenio de centro especial, mucho más bajo, en lugar del convenio del sector real donde se presta el servicio. Existe mucha explotación laboral, al final los CEE suelen cubrir empleos que no requieren de una formación previa y esto supone mayor precariedad laboral”, explica la abogada Gemma Ruiz Redondo. 

Por todo esto, Matías buscó otro empleo, en este caso en un centro especial de empleo con iniciativa social. Allí, según cuenta, le pagan las horas extra al doble que la hora normal, tiene plus de transporte y mejores condiciones laborales. Haciendo un trabajo similar, cobra 400 euros más que Jesús. Matías tiene una discapacidad intelectual, como “el 95% de los trabajadores de estos centros. Muchos no hemos hecho ni la EGB, yo no miró la nómina ni nada, como no entiendo bien lo que pone, no los guardo, de eso se aprovechan”. 

Una brecha salarial

En la práctica, esto supone una brecha salarial entre las personas con discapacidad y sin discapacidad. Jesús calcula que, si se le aplicará el convenio sectorial correspondiente a su labor, cobraría entre 6.000 y 7.000 euros más cada año debido a pluses por peligrosidad, transporte o tareas específicas. “A igualdad de trabajo, el empleado con discapacidad cobra sistemáticamente menos”, denuncia el afectado. 

Desde que se permitió la entrada de empresas mercantiles con ánimo de lucro en el sector de los CEE, la cifra de estos centros ha crecido de forma exponencial. La normativa de 1985 ya distinguía entre centros con y sin ánimo de lucro según el destino de sus beneficios, pero no fue hasta la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) en 2013 cuando se introdujo una definición legal específica para los Centros Especiales de Empleo de iniciativa social. Esta reforma añadió el apartado 4 al artículo 43 de la Ley General de Discapacidad para diferenciar a las entidades sin ánimo de lucro —obligadas a la reinversión íntegra de sus beneficios en el colectivo— de las sociedades puramente mercantiles. Esta brecha legislativa permitió que empresas privadas con fines de lucro compitieran por las mismas subvenciones públicas para el mantenimiento de puestos de trabajo.

Antes de la reforma de 2013, Aragón contaba con en torno a una cuarentena de centros especiales de empleo, según los datos recogidos en informes de economía social, frente a los más de 70 actuales.

Subvenciones que no llegan al trabajador

Los CEE disfrutan de beneficios fiscales y subvenciones masivas. En Aragón, la ley reserva un 6% de la contratación pública para estas entidades y financia el 100% de las cuotas de la Seguridad Social. Sin embargo, los trabajadores denuncian que este apoyo financiero no se traduce en mejores condiciones. El Instituto Aragonés de Empleo (INAEM) mantiene una línea de subvenciones de 19.625.000 euros —publicadas en enero de 2026— con fondos estatales y autonómicos. La subvención se otorga con carácter mensual y se gradúa teniendo en cuenta el tipo y grado de discapacidad de las personas, así como la estabilidad de los puestos de trabajo que ocupan, pudiendo ir desde el 40% al 70% del salario mínimo interprofesional vigente.

Jesús relata deficiencias graves en la gestión de su empresa: desde el uso de sábanas viejas troceadas como paños de limpieza hasta la negativa de la empresa a proporcionar calzado ortopédico prescrito por un podólogo. 

La legislación obliga a los CEE a mantener Unidades de Apoyo con psicólogos y trabajadores sociales para facilitar el tránsito hacia el empleo ordinario. No obstante, este trabajador asegura que estas figuras son inexistentes o puramente administrativas. “En mi centro no las vemos. Aparecen nombres en la web que no ejercen funciones de apoyo real; el único que viene es un encargado para controlar que no paremos ni un segundo, lo que acaba siendo acoso laboral”. 

Una perpetuación de la exclusión

La Ley de Derechos de las Personas con Discapacidad en Aragón prevé planes periódicos para corregir la desigualdad. Sin embargo, la realidad de los CEE se ha alejado de su motivación original: ser un puente hacia el mercado laboral común. Ruiz Redondo advierte que muchas empresas grandes acuden a los CEE solo para cubrir el 2% de cuota legal obligatoria en los puestos más precarios y sin formación, con lo que “perpetúan la exclusión”. 

La Ley 5/2019 de derechos y garantías de las personas con discapacidad en Aragón establece en su artículo 24 la obligación del Gobierno de aprobar periódicamente un Plan de Empleo específico. La normativa exige que incluya una memoria económica detallada y obliga a su revisión integral al menos cada cuatro años. Esta 'cláusula de caducidad' busca evitar que las políticas de inclusión se conviertan en papel mojado, garantizando que las ayudas y las cuotas de reserva del 6% en contratos públicos se ajusten a la realidad de trabajadores que, como Jesús o Matías, denuncian estar atrapados en convenios desfasados.

Ruiz Redondo reivindica que, frente a los CEE, es “mejor” la figura del empleo con apoyo: “Respeta mucho más los derechos de las personas con discapacidad, es para aquellas personas que necesitan una adaptación mayor, en la teoría cuentan con financiación pero en la práctica es mucho menor que la de los CEE”. La abogada considera que esta medida “respeta mucho mejor la autonomía de las personas con discapacidad, permite un seguimiento más humano del puesto, de las necesidades de la persona, es mucho más compatible con los derechos humanos y del colectivo de la discapacidad”. 

La cardiopatía es la enfermedad congénita más frecuente, afecta a 200.000 adultos, pero nuestro país al igual que en el resto de la Unión Europea, no tiene un baremo de evaluación de discapacidad propio en el Real Decreto 888/2022.

Hay dos razones para esa exclusión. Por un lado, el desconocimiento social sobre el camino vital de estos pacientes. Por otro, que los avances en sanidad e investigación han mejorado la esperanza de vida de los pacientes, reduciendo la gravedad de la enfermedad y creando la falsa sensación de que no hay una urgencia para incluirla como una discapacidad.

A diferencia de los años 70, 80, 90, en los que la mortalidad era del 90% antes de los tres años, gracias a nuestra sanidad pública actualmente el 90% de los pacientes llega a la edad adulta. Aun así, después de la adolescencia estos pacientes requieren, durante diferentes etapas de su vida, varias cirugías cardíacas paliativas, colocación de marcapasos o incuso un trasplante cardíaco. 

Cuando estos adultos, la mayoría jóvenes, quieren comenzar a trabajar se les infravalora su grado de discapacidad, al no tener un baremo propio, por lo que la gran mayoría no tiene posibilidad de ser contratado o que se le adapte el puesto de trabajo; el resultado es su exclusión social. Lo único que quieren es trabajar como modo de agradecer todo lo que la sociedad les ha dado desde que nacieron y para su realización personal. Ante esta dificultad, acaban pidiendo la incapacidad permanente con el consecuente aumento de gasto para el Estado. 

Para intentar resolver este gran problema laboral, a iniciativa de sus cardiólogos y cirujanos cardíacos y junto a la ayuda de Esther Piqueras, madre de la exministra Carmen Chacón –fallecida en 2017 a causa de una cardiopatía congénita–, se ha impulsado a través del grupo parlamentario socialista (mediante la diputada María Luisa García Gurrutxaga) una Proposición no de Ley para tramitar un baremo e incorporarlo al Real Decreto para que pudiese ser ya utilizado en los centros base de evaluación de discapacidad de todo el país.

Para su realización, se formó un grupo de trabajo de la unidad de cardiopatías congénitas del adulto del hospital La Paz creando tras meses de dedicación altruista, un baremo avalado científicamente por las sociedades que respaldan el trabajo de estos profesionales, único en la Unión Europea.

La votación en el Congreso fue el 16 de octubre de 2025 salió adelante con un apoyo a favor de 309 votos, ninguno en contra y la abstención de Vox y Junts. Ese mismo día el Gobierno hizo un escrito para iniciar su tramitación.

Pero tras la aprobación en el Congreso, las reuniones que hemos tenido con el IMSERSO y el Ministerio de Derechos Sociales no han sido productivas. El Ministerio está realizando un estudio sobre cómo se han implantado los baremos de las diferentes enfermedades desde 2022 con el objetivo de hacer una reforma global del Real Decreto e incluir el baremo sobre la cardiopatía. Esto puede tardar hasta tres años. 

Evidentemente tras dos décadas de espera y las facilidades dadas a la administración, es inviable esta estimación de tiempo para que se haga realidad. En este sentido, recientemente las asociaciones de pacientes de todo el país firmaron un manifiesto pidiendo que el Ministerio de Derechos Sociales modifique el Real Decreto de forma urgente para incluir puntualmente el baremo y pueda ya ser utilizado en los centros base. La justificación que contempla la ley para esta urgencia es la menor supervivencia de la enfermedad –se estima que los 53 años– así como una probabilidad de muerte súbita de 25 a 100 veces mayor que la población general.

Como socialdemócrata, para mí es muy frustrante. Que un gobierno progresista no lo ejecute pronto es incomprensible. Pocas veces se ve en política una tramitación de tanta trascendencia social y laboral facilitada por la sociedad civil, un ejemplo de que la política mejora la vida de la gente corriente. Esta medida va a facilitar que estos pacientes, con su trabajo, contribuyan al progreso de nuestro país.

La decisión depende de la parte de Sumar del Gobierno, que ostenta la cartera de Derechos Sociales, por lo que espero tengan la voluntad y la valentía política y formalicen esta medida de gran trascendencia social lo antes posible.

Alberto López de Guzmán, es médico internista en el Hospital de Torrejón de Ardoz y vive con una Tetralogía de Fallot que le ha obligado a pasar por cinco operaciones a corazón abierto.

Carmen Calderón mantiene el pulso con la Seguridad Social desde que sufrió un accidente quirúrgico que provocó que perdiera prácticamente la visión de ambos ojos hace cinco años. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía le denegó el grado de incapacidad permanente, por lo que obligaba a la sevillana a incorporarse a su puesto de trabajo a pesar de la ceguera legal que está reconocida por diversos informes médicos. En apenas seis meses, la Junta de Andalucía ha acreditado que posee un 70% de grado de discapacidad y ha sido admitida por la Fundación la ONCE, reconociendo las dificultades que impiden el desarrollo con normalidad de su día y, por supuesto, su trabajo.

Calderón rehace su vida en Chiclana de la Frontera. Toma conciencia de su nuevo estado de dependencia a causa del leucoma corneal cicatricial central y paracentral que afecta a sus ojos, lo que supone un daño irreversible en el tejido que cubre el iris y la pupila. Entre las consecuencias, sufre una fotofobia aguda, por lo que no puede conducir ni realizar esfuerzos visuales, como usar el ordenador o hacer trabajo de oficina. Así lo constatan los informes médicos periciales comprendidos entre 2020 y 2025, en donde se detallan las hasta diez enfermedades que provocó el desinfectante que cayó sobre sus globos oculares durante una operación. A pesar de ello, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha sostenido una batalla legal durante estos seis años.

Cabe recordar que el Juzgado de lo Social n.º 1 de Sevilla sentenció el 10 de febrero de 2025 que la demandante tenía una incapacidad permanente y un grado de incapacidad permanente absoluta para toda profesión u oficio. Sin embargo, el TSJA revocó el fallo el 16 de octubre, sin atender a los informes que había presentado la paciente, absolviendo así al INSS y a la Tesorería General de la Seguridad Social de pagar su prestación económica por baja permanente. Este paso atrás motivó que la afectada presentara un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, pero la ansiedad y la angustia la mantienen en vilo por si le revocan su última baja.

Informe de la mutua

Apenas habían pasado seis meses desde que el TSJA revocó la decisión del tribunal sevillano cuando la Consejería de Inclusión Social de la Junta de Andalucía remitió el pasado 7 de abril la resolución de reconocimiento del grado de discapacidad: tenía un 70%, según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico. El grado, revisable por agravamiento o mejoría, se producirá dentro de tres años. Con esta evaluación se respaldan los diversos informes médicos periciales que ha ido acumulando la afectada en el último lustro, donde se ha constatado la pérdida paulatina e irremediable de visión. En este periodo, no solo ha tenido que luchar contra la administración del Estado, sino con la mala praxis del seguro privado en el que había depositado su confianza.

El 3 de noviembre, tras el fallo del TSJA, pidió una baja por trastorno ansioso-depresivo. Entonces, la mutua decidió intervenir y le ofreció a la paciente cuatro sesiones terapéuticas. Creyendo que sería un refuerzo extra que la ayudaría a procesar este trance, decidió aceptarlas, teniendo en cuenta que lleva años en tratamiento psicológico y psiquiátrico. Es más, Calderón recuerda la última vista con la psicóloga de la mutua como la más pesarosa, ya que la ONCE le había comunicado el 2 de marzo que había sido admitida como afiliada permanente en la organización. En el escrito, se recoge que su agudeza visual es del 0,020 en el ojo derecho y de 0,100 en el ojo izquierdo. Además, el campo visual es de 10 grados tanto en el ojo derecho como izquierdo, por lo que, una vez más, se confirmaba su ceguera legal debido a que tiene la visión gravemente disminuida. Este ingreso le permitirá recibir apoyo de la entidad, tanto en materia de formación como de acompañamiento, aunque también significa enfrentar y aceptar su delicado estado de salud.

A pesar de lo narrado, la psicóloga de la mutua recogió que estaba lista para incorporarse a la vida laboral. Una valoración que no fue comunicada en ningún momento a la paciente. “Emitió el informe y, el mismo 13 de marzo, me llamó el médico de cabecera para que le mandara todos los informes actualizados, en donde se ve que se me ha aumentado la dosis de la medicación y también la falta de visión”, detalla. En la jornada del viernes se remitió toda la información a Inspección Médica, el órgano responsable para valorar su estado. Documentos varios en los que se aprecia, de un lado y otro, el déficit visual que padece la mujer y el deterioro de la salud mental, pero rápidamente la decisión llegó el lunes 16: un SMS a las 10.20 horas notificaba que, a propuesta de la mutua, se emitía el alta laboral.

“Esto es una agonía”

“La Inspección no ha tenido tiempo, fin de semana por medio, de revisar todo mi expediente para que se me conceda el alta después de que la mutua lo proponga. Es su responsabilidad decir sí o no”, recalca Calderón, que duda del criterio que ha movido en esta ocasión a Inspección Médica. Puesta una reclamación a la profesional de la mutua y al Colegio de Psicólogos de Valencia, fue incapaz de volver a su puesto de trabajo y pidió una nueva baja médica por el estado de sus ojos, la cual fue concedida el día 25 de marzo.

“Tenía hasta tres ataques de ansiedad al día y no podía dormir”, presa de la inquietud en aquella semana, “esto es una agonía, y volveremos a mandarle un escrito al Defensor del Pueblo para informar sobre la actuación de la mutua”. En un primer momento, Calderón envió una carta en la que informaba sobre su procedimiento al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, pidiendo su intermediación para conseguir la incapacidad permanente que le denegaba el TSJA. Sin embargo, el 9 de febrero se le notificó que la institución no puede interferir en los procedimientos judiciales ni revisar las resoluciones en virtud de la independencia que debe caracterizar las actuaciones de los jueces y tribunales, recogido en la Constitución. Por lo que se le sugería que continuara el procedimiento legal de la mano de su letrado.

Calderón, que ha estado asesorada en todo momento, hace referencia a las palabras de su propio abogado, que ha llevado su caso con estupefacción. “Me dice que es la primera vez que se ha encontrado algo tan difícil a nivel administrativo cuando está todo tan claro, que no entiende por qué lo están enredando de esta manera”. El 12 de febrero de este año un informe clínico de la Agencia Sanitaria Bajo Guadalquivir ratifica que la agudeza visual es del 0,020 en el ojo derecho y de 0,100 en el ojo izquierdo.

Cooperativas Agroalimentarias Castilla-La Mancha entregará el próximo 23 de abril los Premios Cooperativos 2026 durante un acto que tendrá lugar en el Paraninfo de la Universidad de Castilla-La Mancha, en Ciudad Real.

Se entregarán premios en las categorías de Sostenibilidad Económica, Sostenibilidad Social, Sostenibilidad Medioambiental, Excelencia Cooperativa y Mérito Rural, dirigido a cooperativas ubicadas en municipios menores de 2.000 habitantes, informa la entidad.

Aunque el nombre de las cooperativas premiadas se desvelará a lo largo de la gala, la organización, como en ediciones anteriores, ha dado a conocer la concesión de los reconocimientos especiales.

Así, la Insignia de Oro de Cooperativas Agroalimentarias Castilla-La Mancha, máximo distintivo que otorga la organización por su trayectoria profesional a personas destacadas en el cooperativismo de la comunidad autónoma, recaerá en el Instituto de Desarrollo Regional (IDR) de la Universidad de Castilla-La Mancha, en reconocimiento a su trayectoria y apoyo al cooperativismo agroalimentario.

El Premio Especial Valores Solidarios se concederá a AFAS, Asociación de Familiares y Amigos de Personas con Discapacidad, por “su admirable labor, compromiso y dedicación en favor de la inclusión, el bienestar y la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias”.

Con estas distinciones, Cooperativas Agroalimentarias Castilla-La Mancha reconoce los méritos y valores de cooperativas y sociedades agrarias de transformación castellanomanchegas que hayan destacado en el último año por sus buenas prácticas en diferentes ámbitos

El evento, que alcanza su quinta edición, reunirá a más de 400 representantes de cooperativas agroalimentarias de la región, así como autoridades, patrocinadores y colaboradores.

La entrega de galardones está enmarcada en la celebración de la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar previamente. En ella se someterá a votación, entre otros asuntos, la Memoria de Gestión del Consejo Rector durante el año 2025, las Cuentas Anuales correspondientes al pasado ejercicio o el Plan de Actuación 2026 y adopción de los acuerdos necesarios para su ejecución.

Además se procederá a la elección de vocal en el Consejo Rector y de un interventor, en la Comisión de Intervención de Cuentas.

600 personas con discapacidad podrán participar en la primavera y el otoño próximos en 10 rutas senderistas accesibles en entornos naturales de Castilla-La Mancha, combinadas. Se trata de la I edición de las Rutas Senderistas Accesibles para Personas con Discapacidad, una iniciativa que el Gobierno de Castilla-La Mancha que incluirá actividades lúdicas, culturales y sociales.

Cada provincia castellanomanchega acogerá dos de estas rutas, con un calendario y localizaciones ya confirmadas que son Caspueñas (Guadalajara), el 8 de mayo; Los Yébenes (Toledo), el 15 de mayo; Agramón (Hellín, Albacete), el 20 de mayo; y Ruidera (Ciudad Real), el 3 de junio. A la provincia de Cuenca llegará en octubre, mientras que el resto de fechas y ubicaciones todavía no se han hecho públicos.

Rutas gratuitas de dificultad media-baja

El vicepresidente segundo del Gobierno regional, José Manuel Caballero, y la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano; han presentado este lunes este programa en el toledano Palacio de Fuensalida, junto a representantes del sector de la discapacidad, entidades colaboradoras y alcaldes de los municipios por los que transcurren estas rutas.

García Torijano ha detallado algunas de las principales características del programa, destacando que ofrece rutas de cuatro a cinco kilómetros con una dificultad media-baja y de carácter gratuito, que incluyen transporte, comida y avituallamiento, además de actividades complementarias como visitas culturales o interpretación del entorno.

Tal y como ha explicado la consejera, el programa “está pensado desde las personas, garantiza acompañamiento, seguridad y participación real y lo hemos impulsado junto al Tercer Sector para asegurar que responde a las necesidades reales de quienes van a disfrutarlo”.

En colaboración con entidades de la discapacidad

En este sentido, ha subrayado que la iniciativa se desarrolla en colaboración con entidades sociales especializadas en discapacidad, designadas por cada delegación provincial: en Albacete participará ASPRONA; en Ciudad Real, Laborvalía; en Toledo, Marsodeto; y en Guadalajara, los Centros Ocupacionales y CADIG propios. Asimismo, la entidad ‘Correr y Correr’ colabora en el desarrollo del programa.

La participación se articula a través de centros, asociaciones y recursos especializados, reforzando un modelo de colaboración real con el Tercer Sector, en el que las políticas públicas se construyen junto a las entidades sociales. Cada ruta cuenta con una organización completa que garantiza seguridad y calidad: transporte en autobús, acompañamiento profesional, material específico (gorro y bastón) y dispositivos de apoyo logístico y sanitario.

Por su parte, el vicepresidente segundo ha puesto en valor que esta es la I edición del programa, lo que supone un paso relevante en la consolidación de nuevas políticas públicas de ocio inclusivo en Castilla-La Mancha y ha señalado que nace con vocación de continuidad y crecimiento en próximos años. Además, ha puesto en valor que esta iniciativa también contribuye de forma directa a la mejora de la autonomía personal, la inclusión y la calidad de vida de las personas con discapacidad.

“Es una iniciativa plenamente inclusiva, diseñada para garantizar la participación en igualdad de condiciones de las personas con discapacidad”, ha remarcado Caballero.

La Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha y Plena inclusión Castilla-La Mancha han formalizado un convenio de colaboración para la promoción de la accesibilidad cognitiva, la formación y la atención a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. 

El documento ha sido suscrito por el delegado del Gobierno en la comunidad, José Pablo Sabrido, y el director gerente de Plena inclusión Castilla-La Mancha, Daniel Collado.

La iniciativa parte de la necesidad de avanzar en la formación y sensibilización de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y del personal de la Administración General del Estado en Castilla-La Mancha, así como en la mejora de la accesibilidad cognitiva y comunicativa de sus dependencias, procedimientos y materiales.

Además parte de la premisa de “una especial necesidad de atención y acompañamiento adecuado” a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo que sean víctimas, testigos o aquellas que participen en procedimientos administrativos o judiciales, tal y como recoge la Ley del Estatuto de la Víctima del Delito.

Coordinación para garantizar derechos

El delegado del Gobierno ha agradecido a todas las organizaciones que se dedican a luchar por la inclusión de las personas con discapacidad, destacando que “realizan una labor fundamental”. En este sentido, ha puesto en valor que, de no ser por el asociacionismo, el avance para la consecución de la igualdad real iría a otro ritmo.

Además, Sabrido querido destacar que este acuerdo pone en evidencia el compromiso del Gobierno con la inclusión de las personas con discapacidad y que, por ende, “nadie puede quedar atrás en el ejercicio de los derechos, todos somos iguales y vamos todos avanzando de la mano”.

Por último, el delegado del Gobierno ha elogiado la labor de integración de las personas con discapacidad, que cumplen con sus deberes y cuyos derechos hay que garantizar tras el trabajo conjunto entre todas las administraciones y asociaciones.

Es un paso muy decisivo para que una parte importante de la sociedad vea garantizados sus derechos

Por parte de Plena inclusión Castilla-La Mancha, Daniel Collado ha valorado este acuerdo como un “paso adelante” fundamental en la coordinación dentro de Castilla-La Mancha, agradeciendo el compromiso de la Delegación y de las plantillas de Policía y Guardia Civil.

“Es un paso muy decisivo para que una parte importante de la sociedad vea garantizados sus derechos cuando estos han sido vulnerados o cuando la persona ha podido ser responsable de una presunta falta o delito”, ha explicado Collado.

Por ello, el protocolo establece un marco de actuación coordinada para desarrollar medidas destinadas a garantizar la accesibilidad cognitiva en depedencias, procedimientos y documentos de uso público y administrativo; la formación y sensibilización del personal de la Administración General del Estado y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la región; la atención adecuada a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y la coordinación institucional para promover una seguridad ciudadana inclusiva.

Ámbitos de colaboración

El protocolo, que tendrá una vigencia de cuatro años, se centra, principalmente, en los siguientes ejes operativos dentro del territorio castellanomanchego:

Para velar por el cumplimiento de estos objetivos en Castilla-La Mancha, se constituirá una Comisión de Seguimiento paritaria que se reunirá al menos una vez al año para planificar y evaluar las actuaciones derivadas del protocolo.

Este acuerdo se fundamenta en el marco legal vigente, incluyendo el Estatuto de la Víctima del Delito y la Estrategia Española sobre Discapacidad 2022-2030.

La discapacidad intelectual es una limitación tanto en el funcionamiento cognitivo de la persona como en sus habilidades adaptativas. Esta limitación conlleva la necesidad de poner especial atención al acompañamiento y cuidado integral de la salud.

Los profesionales de APANAS sabemos que la salud no es únicamente la ausencia de enfermedad. Las relaciones, el contexto de la persona, su historia de vida, el estado emocional o las oportunidades que la persona tiene de participar en la sociedad también aportan salud. Entendemos la salud como el completo bienestar físico, psicológico y social.

En mi experiencia como psicólogo, he podido comprobar cómo numerosas personas con discapacidad intelectual que se encontraban físicamente saludables, no podían disfrutar de este completo bienestar. Personas que pese a tener una 'salud de hierro', carecían de motivación para participar en ninguna actividad, no tenían la oportunidad de hacerlo o no tenían los apoyos necesarios para ello. Estas situaciones acababan provocando que la persona estuviese insatisfecha en algún área importante de su vida y no alcanzase esa plenitud.

Del mismo modo que una dolencia física, por ejemplo, un dolor de muelas, nos impide disfrutar, los problemas emocionales o las limitaciones para participar en el entorno, también hace complicado que podamos disfrutar plenamente. A las personas con discapacidad intelectual les ocurre lo mismo, pero además ellas precisan de apoyos para gestionar un problema relacional, una emoción intensa, o para participar en su contexto más cercano. La falta de apoyos impide que disfruten de un bienestar completo.

Los profesionales de APANAS se ocupan de fomentar un estilo de vida saludable en las personas, apoyarles en la gestión emocional, crear un grupo de apoyo significativo e implicar a los diferentes recursos del entorno para promover las oportunidades necesarias que hagan posible su participación en la sociedad.

La persona es el centro de nuestra intervención y por ello nos apoyamos en su historia de vida, su estado emocional y sus deseos y preferencias.

En el Día mundial de la Salud, queremos recordar que un modelo integral de la salud no solo es una cuestión médica o asistencial, sino una apuesta por mejorar la calidad de vida de las personas y conseguir una vida más plena. Desde APANAS trabajamos para que así sea.

Una vez más, y van tropecientas, la inactividad de las escaleras mecánicas de la estación de autobuses- sin funcionar desde 2018- y la rotura también del ascensor ha provocado la indignación de los cientos y cientos de usuarios que estos días de Semana Santa se desplazan a la capital regional por un motivo u otro. presentando cara al exterior y a los toledanos usuarios de este medio de transporte.

Se dio la circunstancia de que un autobús con viajeros procedentes de Santander, al llegar a la estación el sábado santo y tratar de subir las maletas al exterior, en la calle, se vieron sorprendidos con esa desagradable situación. Ello ocurría a las 18.30 horas, y según testigos presenciales la situación llevaba más de un día sin solucionarse. Para más inri, una viajera con discapacidad física tuvo que ser subida a la espalda de otros viajeros que se prestaron a ello.

La imagen que se ofrece al forastero es lamentable e impresentable impropio de un país desarrollado y de una ciudad de las que casi todos cacareamos de ser Patrimonio de la Humanidad y no sé cuántas cosas más. Tristemente los viajeros son los paganos de la inacción de la Junta de Comunidades y el Ayuntamiento, dueños de la instalación y responsables del mantenimiento, respectivamente.

Periódicamente, los culpables y responsables de la situación dicen que están cerca de encontrar una solución, pero no es más que prolongar la agonía. Un viajero decía que “si se fija uno en la barandilla está llena de suciedad de estos años sin funcionar y además han puesto un cubo y una valla para impedir el paso, y el cubo parece que lo han sacado de un basurero”. Otros dicen, “que ha puesto una denuncia hace varios meses y ni siquiera le han contestado”.

Ibon y Aarón han sido dos de los jugadores con discapacidad que han participado en el Torneo Comunidad Foral de Navarra F8 Inclusivo. Para Ibon, de 26 años, vestir la camiseta y “representar a la Real Sociedad”, su equipo “de la muerte”, significa “ser parte de algo” y una de las mayores ilusiones en su vida. Una sensación parecida vive Aarón, otro fanático del fútbol de 24 años, ya que para él jugar en el Real Zaragoza es “una forma de poder ser él mismo”. Según han contado los padres de ambos, el fútbol para ellos supone “autonomía” y “parte de su educación”. Los jugadores “lo viven con muchísima ilusión”. Para ellos “jugar en un equipo es lo más y celebran un gol como si fuera la final de la Champions”, explica Iván González, entrenador de la Federación Navarra de Fútbol.

La segunda edición del Torneo Comunidad Foral de Navarra F8 Inclusivo se ha saldado, este puente de Semana Santa, con la victoria de Osasuna Genuine. Ha participado en la entrega de premios la consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, Carmen Maeztu. La iniciativa, impulsada por el Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Física (INDAF), y organizada por Aspace Navarra, ha sido un éxito en asistencia y participación, ya que han acudido tanto los jugadores y jugadoras de los diez equipos que competían, como familias, amigos y compañeros que no estaban convocados. Además, “esta edición ha reforzado su carácter inclusivo con equipos mixtos, tanto en género como en la participación conjunta de personas con y sin discapacidad”, explican desde Aspace.

Este año, los futbolistas han tenido una sorpresa: jugar con sus entrenadores. Lo que les ha hecho “un montón de ilusión”, cuenta la madre de Ibon Sánchez. Desde Aspace, la elección de que este año los equipos fueran mixtos (tanto en género, como en personas “con y sin discapacidad”) responde a la búsqueda de “compartir equipo, experiencias y vivencias en igualdad”. “Poder compartir en la pista de juego personas con discapacidad y sin discapacidad hace que todos se sientan iguales. Con el deporte se genera inclusión”, añaden. Aunque, en un día tan especial, algunos miembros del cuerpo técnico no han querido robarles el protagonismo. “Los ves con tanta ilusión, de que todos quieren jugar”, explica el entrenador González, “que se te hace hasta mal salir a quitarles un rato a ellos”.

Para las personas con discapacidad, el fútbol es una forma de “conocer a otras personas y hacer amistades”, explica Elena Redondo, jugadora del equipo Ardoi con discapacidad intelectual que, a pesar de que no ha sido convocada, ha venido a apoyar a sus compañeros que sí que han jugado en el torneo. Antes de que elDiario.es/Navarra la interrumpa, está junto con Ainhoa Pérez, jugadora de un equipo rival de Tafalla, aunque para ellas no supone ningún agravio. “Para mí es una oportunidad de pasártelo bien y hacer amistades. Aunque en el rato de jugar es tu contrincante, haces amigos y hablas mucho”, afirma Redondo.

Para Aarón Guerrero, jugador del Real Zaragoza con discapacidad intelectual, el deporte es su vida y “donde se junta con sus amigos”, cuenta su madre, que ha acudido a verle junto a Darío, hermano mayor del futbolista. “[Aarón] ve el fútbol todo el día y da igual la categoría, no sale de ahí. Y para verlo se junta con sus amigos”, afirma Darío. “Incluso se va con mis propios amigos a la peña”, comenta. Su madre explica que “lo que le motiva [del fútbol] es irse en el autobús con el equipo”, y añade que los viajes que Guerrero hace con el Real Zaragoza le ayudan a “ser autónomo”. “Va él solo con su equipo. Desde el minuto cero nos dijeron que iban a estar exactamente al mismo nivel que cualquier otro equipo [y categoría], y en eso han cumplido perfectamente. Van con el entrenador, pero duermen solos y hacen todo solos. Además, los llevan mucho de paseo o a museos. Para Aarón es una forma de ser él mismo”, describe. “El fútbol ha supuesto un antes y un después para bien” en su vida y desarollo.

Los padres de Ibon Sánchez, jugador con autismo de la Real Sociedad, también afirman que el deporte le ha ayudado a “afianzar las relaciones personales” al sentirse “parte de un grupo”. Además, también aprende “disciplina, jugar en grupo (con lo que supone) o seguir las reglas. Para él es muy positivo”, cuenta su padre, y añade que, para Ibon Sánchez, el futbol supone “parte de su educación personal”. “En la liga [en la que juega Ibon] dan mucha importancia al comportamiento. Que no contestes a los árbitros, que si pegas una patada pidas perdón o que ayudes a levantarse al rival. Justamente los comportamientos que no siempre se ven por televisión de los futbolistas profesionales y tienden a imitar algunos jugadores de estas ligas”. Por ello, “lo que se intenta es que, la actitud y valores que se fomentan en el campo, se den en su vida diaria. La competitividad cuenta mucho menos que en otras categorías”, apostilla.

Preguntado por este mismo asunto, Iván González afirma que “el fútbol da muchísima autoestima” a los jugadores con discapacidad. “Se ven capaces, que es de lo que se trata esto, que sepan que pueden hacer cosas como cualquier otra persona”. Además, el entrenador navarro ve cómo el deporte “les ayuda a gestionar la frustración”. “Pueden fallar, pero lo llevan de forma muy natural. Desde luego, les ayuda en su día a día y es una buena experiencia para ellos”, describe. En palabras del director-gerente del Instituto Navarro del Deporte y la Actividad física, Jorge Aguirre Oviedo, que sintetizan lo que ya se ve en el campo de juego y en las gradas, en las personas con discapacidad el deporte “no solo genera actividad física”, sino crea “comunidad, sensibilización y cambio social”.

Por otra parte, los padres de Ibon Sánchez han podido viajar por España “en el autobús de la Real” para ir a ver los partidos de su hijo. “No nos perdemos ni uno”, añade su madre, que no duda que su hijo es parte del club y el club parte de él. “Es de la Real [Sociedad] y representa al equipo” que para él significa “todo”, afirma. Un sentimiento compartido con otros jugadores de su liga, como Aarón Guerrero, que “para él, representar al Zaragoza es una satisfacción, y más con lo zaragocista que es. Tiene todas las medallas y trofeos colgados en su habitación”, describe su hermano mayor con orgullo, mientras muestra el reportaje que le hicieron en el Heraldo de Aragón. “Es el que más sabe del equipo y tiene todo los habido y por haber del Zaragoza. Y ser parte de todo eso es su vida”. Además, afirma que su hermano le ha abierto muchas puertas, pues ha tenido la oportunidad de “hablar con Enrique Cerezo o Vicente del Bosque” y conocer a referentes del fútbol porque “le conoce todo el mundo”.

A pesar de que el equipo de Ibon Sánchez no ha ganado porque han jugado “contra un equipo muy fuerte, aunque han luchado hasta el final”, ha disfrutado mucho y ya tiene la cabeza en “seguir compitiendo en LaLiga Genuine”. Su referente y “jugador favorito” es Luka Sučić, centrocampista 'txuri urdin', aunque no puede ir a verlo a Anoeta. “Cuando juega partido el primer equipo de la Real [Sociedad], si marcan gol se tiran cohetes e Ibón no los lleva bien”, afirma la madre del joven con autismo, que explica que disfrutan del fútbol al otro lado de la pantalla.

Elena Redondo, jugadora del Ardoi, ha explicado que la visibilidad es necesaria, pues las personas con discapacidad “tienen los mismos derechos”, pero “falta educación”. “Yo tengo una discapacidad intelectual y [a veces siento que] no se me ve ni se me oye. La sociedad no nos ve igual, nos rechazan. Tienen que tratarnos como personas, no como monstruos o cualquier cosa”, afirma con rotundidad y cierta tristeza.

La Mesa para la Accesibilidad de La Rioja se ha constituido hoy, día 30, como nuevo órgano de participación y coordinación para impulsar una Comunidad plenamente inclusiva. Con la creación de este espacio estable de diálogo, escucha y trabajo conjunto, el Gobierno regional da un paso decisivo para reforzar las políticas públicas que garanticen los derechos de todos los ciudadanos en general, pero, en especial, de las personas con discapacidad.  La constitución de este órgano colegiado está prevista en la Ley 1/2023 de Accesibilidad Universal, modificada por el Parlamento de La Rioja en julio del año pasado. 

La Mesa nace como un foro de coordinación con una composición plural al estar representados el Ejecutivo regional, el Parlamento de la Rioja, las entidades locales y los agentes y organizaciones sociales y profesionales, si bien de manera destacada el CERMI La Rioja, como entidad más representativa de las asociaciones de personas con discapacidad. Además, la Mesa podrá convocar a personas expertas, representantes de sectores afectados o entidades no presentes, garantizando así una participación aún más amplia y efectiva.

“La accesibilidad es un derecho fundamental y un elemento imprescindible para garantizar la igualdad de oportunidades, y este foro que hoy hemos creado será clave para coordinar, evaluar y avanzar en accesibilidad”, ha destacado el consejero de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía, Alfonso Domínguez, quien ejerce la presidencia de la Mesa para la Accesibilidad, como consejero competente en materia de impulso, seguimiento y coordinación de la acción de gobierno. El objetivo es “coordinar esfuerzos, anticipar necesidades y avanzar hacia una comunidad plenamente accesible, donde nadie quede atrás”.

Entre las funciones principales de la Mesa, Alfonso Domínguez ha señalado las de “asesorar e informar al Gobierno regional en materia de accesibilidad y su desarrollo reglamentario, planificación y evaluación de las políticas públicas sobre estas medidas, y proponer criterios de actuación en este ámbito”. Y también la de “emitir un informe anual sobre el grado de cumplimiento de la normativa, que será remitido al Ejecutivo riojano y posteriormente al Parlamento de La Rioja”, y la de “evaluar el grado de cumplimiento de la Ley y los avances producidos en materia de accesibilidad”. 

En esta primera reunión se han presentado un calendario de reuniones (al menos dos sesiones ordinarias al año) y un plan de trabajo inicial que incluye la elaboración del reglamento de funcionamiento de la Mesa y la elaboración de un diagnóstico actualizado sobre accesibilidad en edificios públicos, y la creación de un canal específico para que los ciudadanos comuniquen problemas de accesibilidad y de un registro para su seguimiento.

“Cuando alguien baila tú no ves a una persona con discapacidad, ves a alguien que está bailando, y que lo está haciendo muy bien. Las personas somos diferentes, no todos somos igual de guapos y estupendos, pero formamos parte de la sociedad y tenemos un gran potencial”. Estas son las palabras de Mariángeles García, portavoz de Castilla-La Mancha Activa, una organización sin ánimo de lucro que desarrolla diferentes proyectos en defensa de los colectivos vulnerables.

Uno de estos proyectos es 'Danza Inclusiva', una iniciativa que quiere lanzar un claro mensaje: “Todos podemos”. Este proyecto surge a partir “de la demanda que existía en Ciudad Real por hacer alguna actividad de danza, sobre todo inclusiva, porque había varias personas que lo practicaban y quería ampliar”.

Nació en Ciudad Real y después llegó a Daimiel. Apenas cuenta “con un pequeño presupuesto”, pero ha logrado la participación de personas de todas las edades, “desde los veintipocos hasta los setenta y muchos años”, con más alumnas que alumnos. “Por el momento contamos con 10 alumnos, que son los mismos que teníamos el año pasado en la segunda edición, ocho mujeres y dos varones”, explica. Mariángeles señala que “el año pasado fue un éxito y culminó con una actuación superemocionante en un instituto de Daimiel”.

Ese proyecto, como su propio nombre indica sigue diferentes líneas de inclusión. Primeramente, por la movilidad, el local en el que se realizan los bailes es “totalmente accesible”, donde cuentan con la colaboración de la Academia Amanecer: “Las coreografías también se adaptan a las personas que tienen diferentes posibilidades de movilidad, ya sea que vayan en silla de ruedas, que tienen más o menos movilidad en los brazos”, pero también “adaptadas para chicos que no tienen dificultad de movilidad, pero sí una discapacidad de tipo intelectual”. Mariángeles asegura que “tocan un poco de todo en cuanto a estilos de baile”, desde bachata, rock and roll o música contemporánea, entre otros.

Fortalecer la amistad y sentir que son capaces

La portavoz de Castilla-La Mancha Activa asegura que a los participantes “les ha cambiado bastante la vida”, sobre todo en una lucha contra el capacitismo: “Una persona que vive y se mueve en silla de ruedas, pensar que podría bailar cuando a lo mejor había sido su sueño era casi impensable, y ahora lo están consiguiendo. Tienen una gran satisfacción cuando te lo cuentan, cómo se sienten maravillosamente bien pudiendo bailar”.

Mariángeles expone que para los alumnos y alumnas de Danza Inclusiva, “al final es como una necesidad, están esperando a que llegue el día de la clase porque se sienten muy bien y les gusta mucho” y que “están enganchados al baile”.

Las clases no son solo un espacio en el que desarrollan habilidades de danza, sino también un lugar de escucha, en el que construir relaciones de amistad y también fortalecer las de familia. “Hay dos chicos que su pareja de baile una es su hermana y la de otro es su madre, y es impactante ver también como la familia forma parte del ocio, que es algo que hace que conozcan mucho mejor la realidad de esa persona. Es fundamental que la familia nos acompañe y en este caso lo hemos conseguido”, explica Mariángeles.

Danza Inclusiva pretende que adquieran hábitos, rutinas, tomar partido de un pasatiempo como la danza, pero también de formar parte de un grupo y sellar el sentimiento de compañerismo: “Al final generan comunidad entre ellos. Son un grupo, un equipo, donde trabajan las habilidades sociales, el autoliderazgo. Por ejemplo en personas con discapacidad de tipo intelectual refuerzan determinadas habilidades que luego se van notando en su vida diaria”, señala la portavoz. Además, Mariángeles García apunta que de esta manera “trabajan la autoestima, el respeto, el sentirse realizados, en definitiva sentir que son capaces”.

Un proyecto con matrícula abierta permanente

Durante el desarrollo del proyecto participan en diferentes exhibiciones donde muestran todo lo que van aprendiendo. “El año pasado estuvimos en Fuente el Fresno, y luego tuvimos una actuación final ante 400 chavales de instituto, donde nos preguntaban cómo bailaban, donde de una de las coreografías el grupo levantaba a una de las chicas que va en silla de ruedas, y al final se van con la idea de que todos podemos”, recuerda Mariángeles.

Un proyecto que, en definitiva, quiere dar un claro mensaje: “El hecho de tener una discapacidad nos supone que no seamos capaces. Creo que el efecto transformador es importante en este tipo de proyectos”.

Las clases de Danza Inclusiva se celebran una vez a la semana, “debido a que tenemos poquito presupuesto” ya han comenzado en Damiel. Mariángeles García señala que la matrícula se mantiene abierta durante todo el proyecto: “Cualquiera que desee apuntarse puede hacerlo, ya sea en abril, mayo o en agosto”.

Como novedad, esta edición en 2026 van a dedicar una pequeña partida económica para “colaborar con algún gasto de desplazamiento, por si a alguien de alguna localidad cercana a Daimiel le interesa venir”. Mariángeles García anima a todas las personas que estén interesadas a que den un paso adelante y se apunten, y que si les gusta bailar “no dejen de intentarlo”, ya que “hay que tener en cuenta que no son profesionales, y es un grupo muy majo, que le van a acoger muy bien y a ayudar”.

Sevilla vive, paradójicamente, de espaldas a su río en los barrios que más lo necesitan. Mientras los clubes históricos mantienen el remo como un coto cerrado de élite y competición pura, al final del paseo, en el Distrito Norte, ha nacido una revolución silenciosa. En el Club de Remo San Jerónimo, el Guadalquivir no es una pista para colgarse medallas, sino una herramienta de salud y libertad.

Miguel Ángel, director del club, fundó este espacio con una premisa clara: democratizar el agua. “Para que un deporte tenga arraigo, tiene que ser popular, como sucede en Alemania o el Reino Unido”, explica. En Sevilla, el acceso al remo ha sido históricamente excluyente: “Si quieres aprender y no eres socio de los grandes clubes privados, o no tienes menos de 14 años con proyección de medalla, lo tienes muy difícil”.

San Jerónimo fue el lugar elegido no solo por su identidad obrera, sino por sus condiciones técnicas: posee la mejor y más tranquila lámina de agua de toda la ciudad. Lo que antes era un recurso infrautilizado, hoy es un centro de Utilidad Pública que sostiene tres pilares sociales fundamentales:

1. VIDA-ON: Un programa pionero para mujeres supervivientes de cáncer de mama. Con más de 50 años en su mayoría, muchas nunca habían hecho deporte; hoy compiten y son referentes nacionales de superación.

2. Juventud y Reinserción: El club funciona como aula abierta para 12 centros de Formación Profesional y colabora con Justicia Juvenil y la Fundación La Caixa para ofrecer un futuro a menores tutelados o en riesgo de exclusión.

3. Diversidad Funcional: Un enfoque 100% inclusivo que trabaja con asociaciones de autismo y discapacidades físicas, donde el material y el trato se adaptan a la persona, y no al revés.

“El dolor de los dolores”

La necesidad de este club se entiende a través de la piel de Aitor Alonso. Aitor convive con el Síndrome de Sudeck (distrofia simpático refleja), una enfermedad rara que le provoca un dolor constante de 8,5 sobre 10. “Es un dolor superior al de un parto o una amputación; es inhumano”, confiesa. Tras perder su empleo y verse obligado a caminar con dos muletas y un neuroestimulador de 18 electrodos implantado en su columna, el piragüismo fue su salvación.

Su historia es una lección de humildad para el deporte sevillano. Aitor comenzó en el Club Piragüismo Tartessos de Huelva. Aunque no era un club especializado en inclusión, su directiva no dudó: “Me dijeron que sí el primer día. El que me animó a competir fue Mario Merayo, hoy seleccionador nacional”. Para Aitor, aquel gesto fue el inicio de su “vía de escape”. “En el agua eres una persona más que no depende de muletas. Son tus brazos los que tiran. Aunque el dolor aumente después del entrenamiento, el beneficio mental de no tener la enfermedad al 100% en la cabeza es mucho mayor”.

Falta de apoyo

A pesar de la valentía de deportistas como Aitor y la entrega de Miguel Ángel, ambos coinciden en una crítica amarga hacia las instituciones. “La palabra inclusión es muy bonita, pero se materializa poco”, denuncia Aitor, señalando la invisibilidad de las Paralimpiadas en televisión. Por su parte, Miguel Ángel lucha contra el muro de la financiación: “No existen ayudas para lo que no sea la competición pura. No hay mentalidad social en el deporte español”.

Pese a tener la concesión del embarcadero ampliada hasta el año 2040, el club de San Jerónimo sigue siendo un proyecto “a pulmón” con inversión privada. Tienen autorizado construir una casa de botes, gimnasio, taller, oficinas y aulas de formación, pero la ejecución de estas infraestructuras públicas sigue estancada por falta de apoyo institucional.

El “Tercer Tiempo”

El éxito real del club no se mide en los despachos, sino cada sábado por la mañana. Entre las 9:00 y las 14:00 horas, convergen en el agua unas 50 personas: desde la mujer que supera un cáncer hasta el joven con autismo o el palista experimentado. Al terminar, se produce el rito más importante: el “Tercer Tiempo”. Los socios cruzan la pasarela y llenan los bares de San Jerónimo, devolviéndole la vida y el orgullo a un barrio que ya no mira al río con nostalgia, sino con propiedad.

Aitor Alonso lo resume con una frase que debería marcar el camino de todos los clubes de la ciudad: “No depende tanto del club, sino de las personas que estén dentro y de cómo miren la discapacidad”. Mientras tanto, él seguirá remando bajo su lema: “Rendirse no es una opción”.

En los últimos días, la comunidad de personas con discapacidad en España ha visto cómo se reabría una herida que creíamos cerrada. Un debate que nos golpea directamente en uno de nuestros derechos más fundamentales: el de ser escuchados en las decisiones que moldean nuestras propias vidas. La pregunta que duele y que nos negamos a ignorar: ¿por qué pretenden decidir sobre nuestras vidas en despachos donde nunca hemos sido invitados?

El detonante de esta preocupación es un nuevo criterio que pretende modificar radicalmente la forma en que se realizan las consultas a las personas con discapacidad sobre las leyes y políticas que nos afectan. La propuesta plantea un cambio que no es menor: pasar de una consulta automática y obligatoria a un modelo en el que solo se nos consulte si nosotros, o las organizaciones que nos representan, lo solicitamos expresamente.

En apariencia, algunos podrían verlo como un simple ajuste administrativo. Nada más lejos de la realidad. Porque trasladar la carga de la consulta a quienes ya enfrentamos barreras no es simplificar trámites; es construir un muro invisible que nos deja fuera antes de empezar. Este giro de 180 grados vacía de contenido el principio de participación y coloca el peso de la defensa de nuestros derechos sobre unas espaldas que ya soportan demasiadas dificultades para acceder a la información, a los canales políticos y a la justicia.

Habría que preguntar: ¿cómo vamos a solicitar ser parte de un debate si ni siquiera sabemos que está ocurriendo? ¿Cómo defender nuestros derechos si se nos exige estar en alerta permanente para no perder la oportunidad de ser escuchados en una nueva ley que, se nos consulte o no, llevará nuestra huella?

Afortunadamente, la presión de la comunidad y la fuerza de nuestros argumentos han logrado, por ahora, la suspensión temporal de este criterio. Pero este respiro no es una victoria, sino una advertencia. La discusión sigue abierta, y la preocupación de organizaciones como la nuestra no ha hecho más que intensificarse. Porque lo que está en juego no es una cuestión burocrática menor, sino el cumplimiento de un tratado internacional de derechos humanos.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) de Naciones Unidas es meridiana en su Artículo 4. Obliga a los Estados a garantizar la participación activa de las personas con discapacidad en la elaboración de políticas y leyes que nos conciernen directamente. El lema que nos ha guiado durante décadas, “Nada sobre nosotros, sin nosotros”, no es un simple eslogan para lucir en pancartas. Es el espíritu de la Convención, un mandato legal y un derecho innegociable.

Ignorar este principio tiene consecuencias concretas y dolorosas, y la historia, tozuda, así lo demuestra. Durante demasiado tiempo, las leyes se hicieron “para nosotros”, pero sin nosotros. El resultado fue una sociedad llena de barreras infranqueables: edificios públicos inaccesibles, sistemas educativos que nos excluían, un mercado laboral con puertas cerradas y una atención sanitaria que no comprendía nuestras necesidades. Cada vez que se silencia nuestra voz, se corre el riesgo de repetir esos errores del pasado, creando decisiones incompletas, ineficaces y, sobre todo, profundamente injustas.

Nuestra experiencia vital, nuestro conocimiento de primera mano sobre las barreras que enfrentamos a diario, no es un complemento ni un adorno institucional. Es un saber imprescindible para construir leyes justas y efectivas. Incorporar nuestra perspectiva desde el inicio del proceso legislativo no es un acto de caridad ni una concesión generosa: es una garantía de calidad democrática.

Por todo ello, desde la Alianza por la Polio-Postpolio en Andalucía alzamos la voz para hacer un llamamiento a la reflexión. A los legisladores y autoridades, les preguntamos directamente: ¿por qué quieren decidir sobre nosotros sin nosotros? Les pedimos que recapaciten y se comprometan firmemente con los principios de la CDPD. No podemos permitir que un criterio administrativo mal concebido se convierta en un paso atrás en el camino hacia la igualdad real.

Nuestra voz no es un ruido de fondo que pueda silenciarse con un cambio de criterio: es la brújula ética que debe guiar cualquier ley que pretenda llamarse justa. Sin ella, ninguna decisión estará completa, ninguna ley será digna de ese nombre.

“Nada de nosotros sin nosotros” no es solo un principio: es el pilar sobre el que debemos construir una sociedad donde quepamos todas y todos, sin excepción. Es, en definitiva, un compromiso ineludible con la justicia y la dignidad.

Y mientras alguien, desde algún despacho, se pregunte si debe consultarnos o no, nosotros seguiremos aquí, preguntando más alto: ¿por qué quieren decidir sobre nosotros sin nosotros.

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), la Consejería de Bienestar Social de Castilla-La Mancha y la delegación regional del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI Castilla-La Mancha) han presentado en Toledo un protocolo de actuación para el desarrollo de seis microcredenciales universitarias en el ámbito de la discapacidad. La iniciativa busca mejorar la cualificación profesional y promover la igualdad de oportunidades en la región.

En la presentación del acuerdo, el rector destacó que esta colaboración “a tres bandas” beneficiará al conjunto de la sociedad castellanomanchega y responde a la misión de la Universidad de mejorar la vida de las personas a través del conocimiento.

Las seis acciones formativas se impartirán desde la próxima semana

Según indicó Garde, se han previsto seis acciones formativas que comenzarán a impartirse la próxima semana. Se estructuran en dos bloques temáticos: gestión y sostenibilidad de entidades sociales e intervención y acción social directa con personas en situación de vulnerabilidad. El objetivo es reforzar tanto la capacidad organizativa del tercer sector como la atención profesional a las personas con discapacidad.

El rector señaló que esta colaboración se inscribe en el programa de microcredenciales universitarias impulsado mediante el acuerdo entre la UCLM, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Gobierno de España. En este marco, el objetivo autonómico fijaba 832 microcredenciales, de las cuales 714 correspondían a la UCLM. Hasta la fecha, la institución ha ejecutado y evaluado 128 acciones formativas, que han permitido emitir 2660 microcredenciales. Además, hay 132 nuevas acciones aprobadas hasta el final del periodo, lo que supondrá más de 1500 microcredenciales adicionales.

Las microcredenciales se dirigen a perfiles distintos del estudiantado tradicional y permiten actualizar competencias de forma ágil. En este contexto, el rector subrayó que la UCLM “ha multiplicado por seis el objetivo inicial fijado para Castilla-La Mancha, consolidándose como una referencia nacional en microcredenciales universitarias”. Al término del periodo establecido, “más de 4000 personas habrán recibido formación flexible, especializada y alineada con las necesidades del mercado laboral, con especial atención a la igualdad de oportunidades y a los colectivos más vulnerables”.

En la presentación del protocolo participaron también la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, y el gerente del CERMI Castilla-La Mancha, José Antonio Romero, quienes respaldaron la colaboración interinstitucional y, en particular, esta iniciativa de formación especializada orientada a mejorar la atención y la inclusión de las personas con discapacidad.

La directora del Centro de Estudios de Posgrado, Susana Villaluenga, y las codirectoras del Aula de Inclusión e Innovación Social UCLM-CECAP, Yolanda Salinero y Sonia Morales, asistieron a la presentación junto a representantes de la Consejería y de las entidades sociales.

Este domingo fue día de derbi Logroñés. La Unión y la Sociedad se daban cita en las Gaunas, que esperaba el comienzo del partido con más ambiente del habitual. Mientras, Jorge y Vicente Esteban, hijo y padre, ocupaban sus asientos de siempre en el estadio, con más calma que el bullir general de la grada, pero con la misma emoción que el resto de la afición de su equipo, la UD Logroñés, que terminó disfrutando de una victoria por goleada.

Jorge y Vicente son fijos en Las Gaunas cuando juega su equipo, al que son abonados desde hace cinco años. Son compañeros de afición, hijo y padre y Vicente es también los ojos de Jorge en el campo. Jorge, de 20 años, es invidente de nacimiento y su padre le narra todo lo que ocurre en el campo de fútbol durante el partido. “Me va describiendo lo que pasa de forma continua, las jugadas, un córner, una falta, un saque de portería... todo. A veces no puede ser tan continuo porque la acción en el campo es rápida, pero lo hace muy bien”, agradece el hijo.

Ambos son aficionados al fútbol desde siempre y empezaron a acudir al campo con algunas entradas que les proporcionaba la ONCE. “Desde que empecé a seguir a la UDL, sigo mucho más el fútbol en general, también a través de la radio y la televisión”. Así que en 2021, el padre le propuso a su hijo Jorge hacerse abonados y desde entonces no fallan. “Cuando hay partido, realmente para nosotros ya es un día más. Ambos disfrutamos y sufrimos porque también se va a sufrir”, apunta Jorge entre risas.

Vicente no se preparó especialmente para poder narrarle los partidos a su hijo y, aunque intenta que su hijo no se pierda nada, cuando las jugadas son rápidas, la labor se complica. “En la radio usan palabras más técnicas y es mucho más continuo, pero esa gente está preparada para narrar”, defiende Jorge, que sabe que lo que hace su padre no es nada fácil, sobre todo en un equipo como la UD Logroñés, “que cada año cambia prácticamente siempre de plantilla”. Vicente se la aprende y se ayuda de las aplicaciones de su hijo, que le muestran de forma bastante actualizada la alineación de jugadores. “Siempre hay margen de mejora, pero lo hace muy bien”, ríe el hijo.

Este joven logroñés agradece poder disfrutar de los partidos de fútbol desde Las Gaunas. Porque, según asegura, “no tiene absolutamente nada que ver” vivirlo allí que seguir una retransmisión desde casa: “Por el ambiente cuando los jugadores salen al campo o cuando la afición se ponen a ganar y puedes cantar o seguir el ritmo con las palmas”, dice de los momentos que siente con más emoción. “Es verdad que no es uno de los estadios más grandes que conozco, pero es el estadio de mi ciudad y me siento muy bien de poder ir casi cada fin de semana”, señala. Otros estadios en los que ha estado, por ejemplo, cuentan con sus propios sistemas de narración en directo.

Aunque Vicente y Jorge siempre han tenido buena relación, estos planes “sí que fortalecen las relaciones personales”, como reconoce Jorge. En Las Gaunas, entre los gritos de la afición, el sonido del balón y los pitos del silbato, resuena también el relato incansable de este padre para que su hijo pueda disfrutar de su pasión como cualquier otro aficionado. Y gracias a su padre, Jorge ha encontrado la forma más pura de vivir el fútbol: a través de los ojos y la voz de quien mejor le conoce.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha anunciado este jueves que la Seguridad Social va a incluir 11 nuevas patologías en la norma que permite la reducción de la edad de jubilación de las personas trabajadoras con discapacidad en grado igual o superior al 45%. Saiz ha afirmado que la regulación estará lista “antes del verano”.

El Ministerio calcula que la medida permitirá que “en torno a 50.000 personas” con discapacidad puedan anticipar su edad de jubilación hasta los 56 años, debido a la patología que padecen.

Las nuevas patologías son: espina bífida, amiloidosis por transtiretina variante, párkinson, distrofia miotónica tipo 1 (Steinert), enfermedad de Huntington, enfermedad renal crónica estadio 5, esclerosis sistémica, lesión medular, degeneración corticobasal, atrofia multisistémica y parálisis supranuclear progresiva.

La ampliación del listado de patologías se va a realizar concretamente en el Anexo del Real Decreto 1851/2009, que desarrolla el artículo 161 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (TRLGSS). Es decir, es un reglamento, que no tiene que pasar por el Congreso de los Diputados y que, por tanto, solo requiere de la acción legislativa del Gobierno.

“Es una medida de justicia con miles de personas que padecen enfermedades de gravedad que les condicionan enormemente su día a día y que, por ello, necesitan anticipar su edad de jubilación para equipararse al resto de los trabajadores. Era algo con lo que el Gobierno estaba comprometido y que viene a atender una demanda de este colectivo”, ha afirmado Elma Saiz, acompañada del secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez.

Ambos han mantenido este jueves una reunión de trabajo con el presidente del CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad), Luis Cayo, y otros representantes de la organización, enmarcada en la semana en que se conmemora el Día Mundial de las Enfermedades Raras.

Se trata de una medida muy esperada por los colectivos de personas con discapacidad y que el Gobierno de coalición anunció en 2020, hace cinco años, cuando el titular de la Seguridad Social era José Luis Escrivá.

Condiciones para los beneficiarios

Una vez que el Gobierno modifique este real decreto, las personas trabajadoras con discapacidad, que estén afectadas por estas patologías podrán anticipar su edad de jubilación hasta los 56 años, sin que esto suponga una reducción de la cuantía de su pensión siempre que cumplan los siguientes requisitos:

La ministra Saiz ha destacado que se ha llegado a esta decisión tras “meses de trabajo” conjunto entre varios organismos. “Este es un ejemplo de un trabajo fruto del diálogo, de la escucha permanente que en la Seguridad Social se hace a los colectivos”, ha sostenido.

El Ministerio detalla que la DGOSS (Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social) ha presidido una Comisión Técnica, integrada por especialistas médicos, científicos y expertos en discapacidad representantes del Instituto de Salud Carlos III, el Consejo Médico Forense, la Sociedad Española de Medicina Interna, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) y el Consejo Nacional de la Discapacidad, que ha estado encargada de estudiar las solicitudes y, posteriormente, de elaborar los informes sobre cada patología, que han desembocado en la resolución favorable para estas 11 nuevas patologías.

Un estudio pionero en España pone el foco en mejorar la participación activa de las personas con discapacidad en la cultura universitaria atendiendo a dos premisas fundamentales: eliminar las barreras físicas y sociales y dotar de recursos económicos a las políticas públicas que están contempladas en la legislación. Este es un primer paso que invita a hacer una reflexión sobre el sistema universitario, en el que, a pesar de que la norma estatal y andaluza dan herramientas a favor de la integración, todavía queda pendiente hacer efectivo este cambio para los miles de estudiantes que, más allá de las aulas, quieren vivir todas las experiencias que ofrece esta etapa.

El proyecto, en el que participado un grupo de 24 expertos de distintos ámbitos relacionados con la diversidad funcional y en el que se ha procedido a realizar una revisión bibliográfica de más de 700 artículos a nivel internacional, da una visión panorámica sobre la situación de este alumnado que, más allá de cortapisas, quiere avances. El principal “cuello de botella”, observa el análisis, es que se entiende la accesibilidad como una “adaptación puntual”, en vez de promoverse un diseño universal y una visión corresponsable desde la institución académica.

“No estamos tan alejados del conjunto de Europa, pero no para bien, sino para mal: sigue habiendo barreras de todo tipo, físicas, actitudinales, culturales, y, aunque a nivel normativo hay mucho desarrollo, no se entiende que la persona con discapacidad tiene que ser actora y participante”, describe David Cobos, autor del estudio junto a la profesora María José Parejo, de la Universidad Pablo de Olavide. Entre los hallazgos, el informe describe las múltiples barreras que existen: arquitectónicas y físicas, tanto en los accesos como en la falta de protocolos de uso inclusivo en espacios escénicos y culturales, y, también, simbólicas, donde se hace referencia a las actitudes paternalistas y capacitistas que fortalecen estereotipos, en vez de tomar a estos individuos como sujetos de derecho.

Capacitismo vs. celebración de la diversidad

Al mismo tiempo, hay barreras digitales y tecnológicas que se traducen en desigualdad de acceso y, por otra parte, de tipo curricular y organizativa, ya que la programación cultural en las universidades no prevén necesidades diversas. Asimismo, hay una ausencia de profesionales con discapacidad en equipos de curaduría, producción o toma de decisiones, lo que menoscaba una perspectiva amplia y obvia las realidades de quienes quedan finalmente afectados. A esta serie de faltas, habría que añadir las representaciones que “exotizan o infantilizan” la discapacidad y el uso de criterios estéticos que invisibilizan modos alternativos de creación, ritmo y corporalidad, apunta el informe.

El estudio, bajo el título Promoción y desarrollo de una Cultura Inclusiva en las universidades españolas, fue presentado este martes en la Fundación Valentín de Madariaga y Oya y contó con la presencia de CERMI Andalucía y de la Junta de Andalucía, así como de una actuación de la compañía Flamenco Inclusivo, del bailaor José Galán. Esta iniciativa responde a una inquietud de la ONCE por ampliar el campo de actuación, como ha hecho con el deporte inclusivo, entendiendo que, como apunta Cobos, “el estudiante no solo va a clases, sino que tiene que desarrollarse en el ambiente universitario, y este tema no se había tenido en cuenta”.

“A nivel social, no solo en la cultura, hay un debate muy profundo en las lógicas médicas tradicionales”, reflexiona el especialista, “en vez de adaptar a la persona discapacitada en todos los ámbitos, se ven otras orientaciones y enfoques que optan por la integración”. En este sentido, el análisis contrapone el modelo médico patologizado, que contempla la discapacidad como una deficiencia a ser corregida, contra la cultura CRIP, un movimiento que da voz y visibiliza las experiencias del colectivo utilizando el arte y la tecnología como herramientas para la inclusión, resistencia y celebración de la diversidad. Una actitud emergente que quiere subvertir las lógicas predominantes y poner en el centro cómo se autoperciben las personas con diversidad funcional.

Presupuestos

Hay ejemplos de inclusión en la cultura universitaria que funcionan en la actualidad. Entre ellos, está el Coro Cantatutti, de la Universidad de Zaragoza, en el que un 21% de los 175 participantes que acuden a los ensayos semanales posee una discapacidad reconocida y casi la mitad presenta un perfil vulnerable. Abre sus puertas tanto a la comunidad educativa como a la ciudadanía en general, sin distinguir entre personas con diversidad funcional o no para participar en la actividad como una forma de cohesionar a los integrantes. También, la Universidad de Málaga ofrece el título propio Técnico Auxiliar en Entornos Culturales (TAEC) con un itinerario para jóvenes con discapacidad intelectual orientado a los museos, salas y eventos, con tal de mejorar su empleabilidad y participación social.

“A la intención política hay que dotarla de financiación, porque, si no, nos quedaremos en el terreno de las buenas intenciones”, advierte Cobos, “la ley universitaria nacional y autonómica establece la necesidad de trabajar y dar servicios en este sentido, pero en su desarrollo debe haber presupuesto, tanto en materiales como en recursos humanos”. Al fin y al cabo, los expertos consultados tenían una crítica común: los departamentos vinculados a las políticas sociales de inclusión en las universidades contaban con presupuestos ínfimos, “hay una queja generalizada de falta de recursos”. Una cuestión para la que, desean, haya un segundo informe que examine exhaustivamente las condiciones que presentan las universidades españolas.

Por ahora, las recomendaciones del estudio se centran en fomentar la participación cultural desde una perspectiva de empoderamiento, así como facilitar el consumo cultural con la eliminación de las barreras simbólicas y físicas. El uso de aplicaciones móviles podrían ayudar a este propósito, al igual que generalizar la presencia del braille, el audio o la lengua de signos. Todo ello, acompañado de la organización de campañas de concienciación y planes de formación específicos para lograr vencer la mirada capacitista en el ámbito cultural, así como de unir distintos ámbitos, como el deportivo. “La universidad era tradicionalmente un lugar para las élites, donde solo estudiaban los hombres blancos y ricos. Con la democracia, llegan las mujeres y las personas de todas las clases sociales y, ahora, están las personas con discapacidad que implican nuevos retos, para lo que hay que dar formación y recursos al profesorado, porque todos los estudiantes tienen los mismos derechos”, subraya.

En 2019, un estudio alertaba sobre el descenso progresivo de la presencia del alumnado con diversidad funcional a medida que se escalaba en la carrera académica: el estudiantado con alguna discapacidad suponía un 1,8% del total en los grados, mientras que en los posgrados se bajaba al 1,2% y, en los doctorados, al 0,7%. Ahora, y en busca de un cambio de paradigma, el estudio se presentará ante la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE), en Madrid. Si bien el acceso ha aumentado en los últimos años a partir de la creación de servicios de atención a la discapacidad, hay margen de mejora, como su integración en estos espacios en los que los universitarios tienen nuevas experiencias, conocen a gente distinta a ellos y, en definitiva, crecen como personas.

El Tribunal Constitucional levanta la suspensión provisional que había aplicado hace un mes a varios puntos de una ley gallega referidos a la repotenciación eólica y la equiparación entre dependencia y discapacidad. Esa suspensión se había aplicado de forma automática al admitir a trámite el recurso contra esa norma que presentó el Gobierno central, con el argumento de que invade competencias estatales.

El Alto Tribunal informó este martes de que la decisión de levantar la suspensión se tomó por unanimidad en el pleno, en el que se revisó la medida que afectaba a varios apartados del artículo 30 y a uno del artículo 45 de la ley de medidas fiscales y administrativas que acompañó a los presupuestos gallegos de 2025. En el primer caso, la suspensión afectaba a la obligación de repotenciar los parques eólicos transcurridos 25 años y, en el segundo, el desacuerdo fundamental gira en torno a la equiparación que hace la ley gallega entre el reconocimiento de un grado de dependencia y uno de discapacidad.

Al admitirse a trámite el recurso del Gobierno, se aplicó el artículo de la Constitución que señala que la impugnación de una resolución adoptada por una comunidad autónoma produce su suspensión, pero el Constitucional debe ratificarla o levantarla en un plazo que no debe superar los cinco meses. La decisión definitiva queda pendiente de la sentencia, que se emitirá en los próximos meses.

El Constitucional señala que tanto la Xunta como el Parlamento de Galicia solicitaron levantar la suspensión con el argumento de que “no concurría la apariencia de un derecho en la pretensión del Estado” ni se producían perjuicios irreparables en el interés público o de particulares. El abogado del Estado sí reclamó que se mantuviese la medida.

En su nota informativa, el Tribunal considera que no hay perjuicios irreparables si se aplican los preceptos impugnados. Sobre la habilitación de zonas adecuadas para la instalación de parques eólicos argumenta que la creación de estas zonas depende de que se aprueben antes planes de ordenación del territorio, lo que hace que los posibles perjuicios para el interés del Estado sean “hipotéticos”. Tampoco ve daño grave en el punto que permite que se suspenda el plazo para obtener la autorización de explotación en los parques que hayan sido llevados ante la Justicia.

Analiza también el punto que habla de la repotenciación y concluye que hacerla efectiva defiende más el medio ambiente que impedir tal repotenciación.

Sobre el artículo que homologa los baremos de la discapacidad y de la dependencia, el Constitucional considera que los perjuicios para el interés público “no resultan ciertos ni actuales ni efectivos”.

La Xunta cargó en varias ocasiones contra el Gobierno central por haber recurrido varios puntos de su normativa. Antes de la impugnación, las dos administraciones se habían sentado a negociar, pero no lograron un acuerdo sobre todos los artículos y finalmente se presentó el recurso. El Gobierno gallego había anunciado que se personaría en el proceso y acusó al central de haber provocado la paralización del plan autonómico de agilización en la atención a la dependencia y de dejar en el aire la repotenciación de 16 parques eólicos, que pasarían de tener 572 a 112 molinos.

El centro cívico de San Julián, en Sevilla, acoge los talleres de la asociación y compañía Flamenco Inclusivo, donde se enseña este arte tanto a las personas con discapacidad funcional como sin ella de forma integradora. El proyecto, a cargo del bailaor José Galán, solo divide las clases por edad y tiene el propósito de conformar una metodología para extender su enseñanza a todas aquellas personas interesadas en conocer este mundo.