Pilar Ferrer tiene 75 años y, pese a los “problemas que le acarrea la edad”, su bienestar es el que menos le preocupa. Su hija Cristina, de 55 años, tiene el grado II de dependencia y el 35% de discapacidad, y han decidido que lo mejor para su futuro es que ingrese en una residencia: “Cuesta aceptarlo, lleva desde que nació conmigo, toda la vida. Pero yo voy a tener que entrar otra vez al quirófano y me da miedo, no por mí, sino por ella”.

La preocupación también la genera el coste mensual de la residencia, pese a que le han concedido una prestación de ayuda, todavía no llega: “Puedo pagar tres, cuatro o cinco meses. Pero más no sé si voy a llegar. No puedo pagar 2.800 euros todos los meses porque con mi pensión y la ayuda que recibe mi hija por la incapacidad, no llega”.

La presión económica asfixia a miles de familias cuidadoras. “¿Podré seguir pagándolo?, ¿tardará mucho la ayuda?”, se plantea Pilar. Algunas familias reconocen haber prescindido de terapias necesarias por no poder costearlas, mientras otras admiten su “suerte” porque conocen la situación de otras personas.

La reforma de las leyes de dependencia y de discapacidad, que contará con la mayor partida presupuestaria de la historia, pretende paliar las problemáticas estructurales a las que se refieren estas familias: se eliminarán incompatibilidades para recibir ayudas, se reforzará el servicio domiciliario y la teleasistencia y se reconoce la accesibilidad universal como un derecho, entre otras medidas.

Las asociaciones y plataformas sociales reconocen el cambio como una “buena ley”. “Permitirá transitar de un modelo asistencialista a uno basado en los derechos y la autonomía”, aseguran desde el Comité Español de Representación de Personas con Discapacidad (CERMI). En la misma línea, el presidente de la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP), Jesús Fernández, la valora positivamente: “Estas dos leyes convergentes impactan muchísimo en millones de ancianos y van a permitir que puedan seguir envejeciendo en su medio habitual, en su vivienda, y que se articulen toda una serie de prestaciones domiciliarias que permitan conseguir este objetivo”.

Las familias también la reciben con esperanza y se alegran del cambio, puesto que plantea cuestiones “muy positivas”, pero insisten en que estas medidas “deben materializarse”.

Javier Pérez es padre de Rosario, una joven de 29 años con discapacidad orgánica y un retraso intelectual debido a un daño cerebral que padeció al ser un parto prematuro. Javier cree que la ley “está muy bien”, pero “mejor está que se cumpla”. Su experiencia y las trabas burocráticas que ha padecido a lo largo de estos años le invitan a dudar de su eficacia. “Durante mucho tiempo me han contado muchas cosas que estaban sobre el papel, pero no estaban sobre la realidad. La Administración es la mayor incumplidora de la norma”, sentencia.

“Ahora es como un rayito de esperanza, siempre quieres pensar que va a ir bien. Pero esto al final no deja de ser una lucha partidista y estamos un poco en medio de las negociaciones entre políticos”, comenta Catalina Pol, la madre de Diego, un menor con Trastorno del Espectro Autista.

Trámites burocráticos

Hasta ahora la ley de dependencia establecía que desde que se presenta la solicitud hasta que se emite la resolución en la que se concede la prestación deben pasar como máximo seis meses. Con la reforma, este plazo pretende reducirse a tres. “No pueden cumplir ni lo de los seis”, interviene indignado el padre de Diego.

Ambos progenitores relatan las dificultades burocráticas: “A mi hijo le hicieron una valoración que se tenía que renovar en julio del 2023 y la renovación se hizo en 2025, dos años después. Mientras tanto hacían prórrogas de 9 meses a expensas de que alguien pasase por tu domicilio a hacer una valoración”, lamenta Catalina.

La familia explica que este retraso conlleva que la ausencia de este reconocimiento les perjudique en múltiples aspectos: “Si no tengo la renovación, no puedo renovar el carné de familia numerosa, si no puedo renovar el carné de familia numerosa, no tengo acceso a algunas prestaciones. Y cuando me lo renuevan, si va con retraso, tengo que volver a solicitarlo todo”. Catalina lo ilustra con ejemplos prácticos: “La tarjeta del coche de discapacidad, el bono social de la luz, la solicitud de ayudas…”.

Claudia García es una joven de Sevilla. Su madre, Mari Carmen López, sufrió un ictus y desde entonces tiene parálisis facial en la parte derecha y le cuesta andar. Mari Carmen tiene reconocida un 75% de discapacidad. “Nos ofrecieron dinero o una persona que viniera a casa”, explica Claudia, que junto a su padre eligió la primera opción porque entre ambos “pueden organizarse”. Sin embargo, no han podido obtener más ayudas: “Queríamos poner la silla que va por las escaleras. Preguntamos y tampoco nos la dan. Hay que presentar un montón de cosas: el certificado de discapacidad, la nómina, de todo. Y al final es para nada”.

Pilar Ferrer señala que para poder optar a las ayudas “ha tenido que presentar muchos informes” y reconoce la labor de las trabajadoras sociales: “Gracias a ellas, que me han ayudado y me han dicho: ‘Ahora ve aquí, ve allá, tráeme esto’”.

Aunque la ayuda de un asistente ya estaba reconocida por la ley, a Javier le dijeron que no “tenía sentido pedirla”: “No estaban concediendo por las carencias presupuestarias, no había para cubrir la demanda. La ley decía que estaba otorgando el servicio, pero en Andalucía había tres personas recibiéndolo”.

La presión económica

Ante las carencias estructurales, las familias asumen los costes económicos de su bolsillo. La familia de Rosario, al no recibir asistencia, la contrató. “Mi hija va a la universidad, a la academia, se desplaza por la ciudad. Necesita un asistente personal para llevar el ritmo de vida que lleva y tenemos contratada una persona que por las mañanas realiza esas funciones y por la tarde vamos nosotros”, explica Javier, que lamenta que no haya ninguna ayuda para costear los seguros sociales de los contratados: “Pago igual que paga el que tiene una persona contratada por tener la camisa planchada. A mí eso no me parece razonable, entiendo que son circunstancias distintas”.

La familia de Mari Carmen ha costeado todos los servicios para tratar de ayudarla en su recuperación, pero admiten que “no da para todo”. “La logopeda la tuvimos que dejar. Entre el fisioterapeuta, la piscina y el gimnasio… Y menos mal que mi padre trabaja y tiene un sueldo que más o menos se lo puede permitir”, relata su hija Claudia.

Las terapias a las que asiste Diego son costosas. Catalina cuenta que la beca del Ministerio de Educación, junto con otras prestaciones destinadas mensualmente para ellas “permiten cubrir una parte pero no todo”. Además, considera que son unos “privilegiados”, porque pueden hacer frente a esos costes: “He conocido familias que han tenido que renunciar y llevar a sus hijos, con mucha necesidad, a una hora a la semana de terapia”. Para ello han tenido que renunciar a otras cosas: “Hubo una época en la que medía todo en terapias, medía el tiempo en el coste de las horas. Veía que alguien se gastaba tanto dinero en algo y pensaba: ‘pues con eso me podría permitir cinco sesiones de terapia de Diego’”.

Las ayudas en ocasiones llegan, otras veces no y otras lo hacen tarde. Es el caso de Pilar, su prestación está aprobada para pagar una parte del coste de la residencia de su hija Cristina, pero todavía no la ha recibido: “La Generalitat Valenciana me dijo que sí. ¿Pero cuándo llegará?, ¿Cuándo me quede sin dinero para poder pagar? Lo empecé a solicitar hace 3 años”.

Catalina Pol, de Mallorca, explica que, en ocasiones, las prestaciones llegan con retraso: “A veces la ayuda te la pagan un año después, a los seis meses o a los cinco años. Nosotros esperamos casi cuatro años en cobrar una, que dices: ”‘Si son 160 euros igual ya hasta renuncio', pero eran 1.200 euros“.

“¿Quién cuidará de ella cuando yo no esté?”

El futuro es incierto para estas familias, que desconocen qué ocurrirá con sus familiares cuando ellos no puedan prestarles ayuda. “¿Quién cuidará de ella cuando yo no esté?”, plantea Pilar. Claudia también reflexiona sobre ello: “Vivo con mis padres, pero me terminaré yendo y claro, mi padre irá envejeciendo y va a tener que estar al cuidado de otra persona. Mi preocupación del día de mañana es cómo lo van a llevar los dos”.

Javier y su mujer están preparando un colchón económico: “Estamos haciendo un esfuerzo para que tenga un patrimonio y pueda cubrir los costes de asistencia o de una residencia”. Además, explica que hay familias que organizan proyectos privados de cara a futuro: “Plantean viviendas compartidas entre personas con discapacidad para que compartan servicios. En vez de tener una persona en tu domicilio o vivir en una institución grande, vivir en un sitio con cuatro o cinco personas donde los cuidados sean más precisos”.

Rechazo ante la lucha partidista

De alguna forma u otra, la nueva ley trata de dar respuesta y solvencia a las problemáticas que se hallan en el día a día de las personas dependientes, así como de sus familias. Las familias entonan al unísono “esperemos” ante las nuevas medidas. Las asociaciones las aplauden aunque reconocen que “tienen muy presentes los objetivos aún pendientes”.

Tanto unos como otros muestran su desagrado ante las discrepancias políticas, que también generan cierta incertidumbre. “Estos derechos no pueden estar sometidos a vaivenes presupuestarios, de que llegue otro y diga ‘bueno, pues yo voy a dar menos’”, añade Javier. Desde el CERMI reclaman un “aislamiento de la polarización y una paz política” en materia de discapacidad para que “los derechos no se vean malogrados por la crispación o el cálculo partidista”.

El presidente de la PMP habla sobre la necesidad de un “acuerdo” entre las fuerzas políticas: “Tiene que haber un pacto, igual que con el pacto de Toledo para las pensiones. Que se quite este rifirrafe y que se garantice, porque vamos hacia una sociedad muy envejecida donde cada vez vamos a tener que invertir más en cuidados”.

Las aulas de la ludoteca de verano del Centro de Educación Especial Marqués de Vallejo, dirigido a menores con discapacidad, superan cada día los 30. Así lo ha denunciado UGT, que advierte que las medidas tomadas por las personas trabajadoras, como mantener todas las persianas bajadas e intentar favorecer la ventilación, “resultan claramente insuficientes ante la ausencia de una climatización adecuada”.

UGT Servicios Públicos La Rioja, a través de su Sindicato de Técnicos de Educación Especial, ha denunciado públicamente “las condiciones térmicas incompatibles con un entorno seguro”. “Los usuarios permanecen la mayor parte de la jornada en estas condiciones, una circunstancia especialmente preocupante al tratarse de un centro de educación especial, donde muchas de las personas atendidas presentan una especial vulnerabilidad frente a las altas temperaturas debido a sus patologías, discapacidades o necesidades de apoyo”, señalan.

Actualmente, el centro únicamente dispone de aire acondicionado en el comedor y en un gimnasio, espacio que solo puede ser utilizado por una parte de los usuarios, por lo que la inmensa mayoría desarrolla la ludoteca de verano en aulas sin climatización.

“La situación también afecta gravemente a los trabajadores”, según apunta UGT, pues desarrollan la mayor parte de su jornada en aulas sin climatizar y, además, realizan parte de sus actividades en espacios exteriores sometidos a altas temperaturas. “Esta combinación incrementa el riesgo para su salud y pone de manifiesto la necesidad de adoptar medidas preventivas eficaces que garanticen unas condiciones de trabajo seguras”, realta el sindicato, que considera “inaceptable” que, en un contexto de episodios de calor cada vez más frecuentes e intensos, la Administración siga sin garantizar unas condiciones térmicas adecuadas para usuarios y trabajadores.

A pesar de que UGT Servicios Públicos La Rioja ha trasladado esta situación a la Consejería de Educación y Empleo, hasta la fecha no se ha recibido respuesta ni se han adoptado medidas para solucionar el problema.

El Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, fija en su Anexo III que, en los locales cerrados donde se realizan trabajos sedentarios propios de oficinas o similares, la temperatura debe mantenerse entre 17 y 27 ºC, debiendo evitarse condiciones ambientales que supongan un riesgo para la salud de las personas trabajadoras.

Las temperaturas registradas en el centro superan de forma reiterada esos valores, lo que evidencia la necesidad de que la Administración adopte medidas preventivas de manera urgente. Por ello, UGT exige a la Consejería de Educación del Gobierno de La Rioja que adopte de forma inmediata las actuaciones necesarias para climatizar las aulas y el resto de espacios donde usuarios y trabajadores desarrollan la ludoteca de verano, garantizando unas condiciones dignas y seguras tanto para la prestación del servicio como para la atención de personas especialmente vulnerables.

El Congreso de los Diputados ha aprobado este martes la reforma de las leyes de Dependencia y Discapacidad y también su modelo de financiación, en lo que supone “la mayor reforma social en nuestro país en lo que va de siglo”, en palabras del ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Bustinduy.

Solo Vox ha anunciado durante el debate previo su voto en contra de ambos cambios y de la nueva financiación. El PP ha adelantado su “sí” al aumento de la partida económica después de reprochar al Gobierno que solo busca votos con este cambio y de no tener presupuestos para ejecutarlo, pese a que hay 6.200 millones extras anunciados y negro sobre blanco en la ley para dependencia, y tras mantener la intriga toda la tarde se ha abstenido en la votación de la reforma de la ley en sí. Finalmente, las reformas normativas han salido adelante con 179 votos favor (del Gobierno y sus socios), 137 abstenciones (del PP) y 33 en contra (Vox).

“Es un día que va a marcar un antes y un después en la historia de nuestra política social. El 14 de julio se recordará durante décadas como el día que se refundó el sistema de cuidados. Es difícil poner en perspectiva los cambios. Son comparables a lo que sucedió en el siglo XX con la construcción del sistema de pensiones, del sistema público de sanidad o del sistema educativo”, ha expresado Bustinduy en el Congreso.

Formalmente han sido dos debates. Uno, sobre la financiación de las reformas, que el Gobierno regará con 6.200 millones extra entre este año y el siguiente para alcanzar la inversión récord de 7.239 millones de euros en 2027. El otro, sobre las propias reformas de las leyes. Pero el ministro, y todos los grupos excepto el PP, lo han abordado como un todo (ambas reformas son copmlementarias), en la línea mantenida por el Ejecutivo con estos dos temas, y ha realizado una defensa conjunta de los dos cambios.

Bustinduy ha insistido en su intervención en que el objetivo de la reforma es pasar del “modelo asistencialista” que ha regido los cuidados hasta ahora a uno en el que las personas con discapacidad o en dependencia tengan autonomía en su propio hogar y se base en derechos y autonomía personal.

"Hay millones las familias cuyas vidas van a mejorar de forma inmediata. La mirada asistencialista o paternalista sobre personas con discapacidad o dependencia ya no nos sirve. El modelo de macrorresidencias alejadas de los centros urbanos ya no nos sirve. Condenar a miles de compatriotas a vivir de forma no elegida ya no nos sirve"

Pablo Bustinduy — Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030

“Hay millones las familias cuyas vidas van a mejorar de forma inmediata. La mirada asistencialista o paternalista sobre personas con discapacidad o dependencia ya no nos sirve. El modelo de macrorresidencias alejadas de los centros urbanos ya no nos sirve. Condenar a miles de compatriotas a vivir de forma no elegida ya no nos sirve”, ha enfatizado. Según el ministro, el 90% de la población desearía envejecer en casa.

La mayoría de los partidos del Congreso han celebrado la reforma. Compromís, CC, BNG, Podemos, Junts, ERC y Sumar desfilaron por la tribuna del Congreso para anunciar su apoyo a la propuesta, pero también para recordarle al Gobierno que hace años que las comunidades vienen exigiendo el aumento en la financiación, porque el Gobierno central solo se hace cargo actualmente del 27% del coste de la dependencia, según advirtió ERC, dejando el grueso a los Ejecutivos regionales. También se plantearon dudas respecto a qué pasará a partir de 2028.

El PP reprochó al Gobierno que solo busca votos, que la reforma que se aprueba hoy “no cambia el sistema de financiación de la dependencia”, que los 6.200 millones extras anunciados “son solo un titular político” y, recogiendo una expresión que había utilizado Pilar Calvo, de Junts, que el Ejecutivo practica el “yo invito, tú pagas”. Finalmente, tras un discurso que dio la impresión contraria, anunció el voto favorable del partido. Pero solo al aumento de la financiación, en la reforma propiamente se abstuvo.

Vox justificó su rechazo porque duda de que el Gobierno esté en condiciones de implementar todo lo que dice la ley. “Qué fácil es votar 'sí' a esta propuesta, quedar bien con todo el mundo y dejar que las personas con discapacidad y sus familias crean que va a mejorar sus vidas. De nada sirve aprobar ayudas si no están en disposición de asegurar que vayan a llegar”, ha sostenido la diputada María de la Cabeza Ruiz.

Ayudas compatibles y aumentadas

Con esta doble reforma el Gobierno amplía y flexibiliza las ayudas en la ley de dependencia y la discapacidad (entre un 18,4% y un 120% en función del grado concedido), más que duplica la inversión en ambas materias y garantiza que la Administración General del Estado (AGE) aportará en adelante el 50% de la financiación, que las comunidades autónomas deberán complementar.

Con los 6.200 millones extras que aportará el Ejecutivo en dos años, el Gobierno transferirá a las comunidades autónomas “una cantidad récord”, en sus propias palabras, de 5.513 millones de euros este año y 7.239,4 millones el siguiente, primero en el que se aplicará la nueva financiación de manera íntegra.

Los principales cambios en la norma apuntan a flexibilizar y ampliar las ayudas que contempla la ley. Una persona podrá recibir ayudas diferentes de forma simultánea: “Por ejemplo, si una persona en situación de dependencia puede quedarse en su casa podrá acceder a prestaciones combinadas como ir a un centro de día y a la vez tener una prestación de cuidados en el entorno familiar o teleasistencia, etc.”, explica Asuntos Sociales.

El amigo cuidador

La asistencia personal sale del hogar. “La persona que ofrezca una asistencia no solo atenderá a la persona usuaria en su casa, también podrá acompañarla para realizar otras actividades básicas de la vida diaria como ir a hacer la compra, ir al médico, etc.”, explica el ministerio.

También se abre el abanico de los cuidadores no familiares y se contempla que personas del entorno del beneficiario de la discapacidad puedan ofrecer cuidados, “asumiendo los diferentes modelos de convivencia que hay”, argumenta el Ejecutivo: “Por ejemplo, dos personas mayores que mantienen una relación, pero no están casados, o personas que comparten un hogar sin una relación familiar entre sí (modelos unipersonales)”.

Además, se universaliza el derecho a la teleasistencia, de manera que este servicio debería llegar a más gente en situación de dependencia o a otras que no podían acceder actualmente, por ejemplo las personas con demencia. Esta herramienta se usará también de manera preventiva, para evitar o retrasar la institucionalización de alguien.

Finalmente, se eliminan las sujeciones farmacológicas (personas a las que duermen con pastillas), que quedan “solo como medida alternativa”, según el Ejecutivo.

Accesibilidad universal

La reforma de la ley de la discapacidad centra buena parte de sus novedades en el acceso universal, pese a que ya es un servicio recogido en la normativa nacional. Ahora pasa de principio rector a derecho subjetivo.

La diferencia es que el primero marca un objetivo para la administración, mientras el segundo es una garantía reconocida a las personas. Es la diferencia, por ejemplo, entre el derecho a la vivienda digna, principio rector constitucional, y el derecho a la Educación.

Para reforzar esta línea de actuación, la ley modificará la Ley de Propiedad Horizontal “para que las administraciones públicas tengan que ayudar económicamente a hacer obras de accesibilidad en edificios de viviendas y para que las comunidades de vecinos tengan que solicitar estas ayudas si alguna de las personas residentes así lo solicita”.

Se calcula que unas 100.000 personas viven confinadas en su casa porque no es accesible y no pueden salir.

Reconocimientos automáticos

La reforma también contempla que habrá reconocimientos automáticos de discapacidad para agilizar procesos administrativos y reducir listas de espera. A las personas que se asigne un grado I de dependencia se les reconocerá igualmente un 33% de discapacidad y las que obtengan un grado II o III llegarán al 65%.

Por último, se prohibirá que algunos contratos de seguros penalicen económicamente la discapacidad, como hacen algunos actualmente, y se crea la figura del “facilitador procesal” que actúe de mediador entre los operadores jurídicos y las personas con discapacidad cuando estas afronten procesos judiciales.

El debate sobre discapacidad está secuestrado por una falsa dicotomía. Por un lado, el discurso del “empoderamiento individual” (échale ganas, prepárate) que, en el fondo, es una forma cómoda de victimización secundaria: si fracasas, fue por tu falta de actitud. Por otro lado, el discurso del “sistema opresor” que, aunque necesario, a veces se convierte en un paraguas bajo el que esconder cualquier fracaso personal, anulando la agencia del individuo.

Realiza un ejercicio loable de síntesis apelando a la “corresponsabilidad”. Pero permítanme ser el abogado del diablo: ese “punto medio” sensato es, en muchas ocasiones, el mayor enemigo del cambio real. ¿Por qué? Porque al apelar a la responsabilidad compartida sin señalar con claridad quién tiene el poder real para cambiar las reglas del juego, estamos repartiendo culpas de forma equitativa cuando el poder no es equitativo.

El peligro del “esfuerzo personal” como coartada del poder

La preparación es clave. Pero hay que ser brutalmente honestos: en un mercado laboral competitivo, la “preparación” es el precio de entrada, no el factor diferenciador. Decirle a una persona con discapacidad que “se prepare” mientras existe una brecha salarial del 30% y una tasa de desempleo duplicada respecto a la norma, es casi un insulto maquillado de motivación.

La crítica aquí debe ser más afilada: el discurso del “mérito individual” es el caballo de Troya del neoliberalismo en el ámbito de la discapacidad. Nos venden que si triunfas es por tu esfuerzo (y por tanto, eres un “ejemplo”), y si fracasas es por tu falta de resiliencia. Esto exime a las empresas de revisar sus sesgos inconscientes en los procesos de selección, donde el “fit cultural” suele ser un eufemismo para “normalidad”. Prepararse está bien, pero exigir preparación como condición previa para ser tratado con dignidad es la antesala de la discriminación.

La autocrítica interna: ¿unidad o canibalismo? Con valentía las “rivalidades y egos” dentro del colectivo

Este es un punto incómodo pero vital. He sido testigo de cómo la lucha por la representación legítima (¿quién es más discapacitado?, ¿quién sufre más?) fragmenta movimientos que deberían ser monolíticos.

Sin embargo, hay que matizar: la diversidad de voces no es debilidad, es riqueza. El problema no es que haya diferencias de opinión, sino que a menudo se confunde “crítica interna” con “trabajo sucio del sistema”. Cuando una organización de discapacitados pasa más tiempo peleándose por quién ocupa un escaño en un consejo asesor que exigiendo plazas de empleo real, estamos ante un síndrome del palco: se prefiere el privilegio de ser “la voz oficial” antes que la eficacia de ser “la presión real”. Pero ojo, que esta autocrítica no sirva para desviar el foco: por muy divididos que estemos, el poder responsable de nuestra exclusión sigue siendo el mismo.

La responsabilidad colectiva y el síndrome del “tick legal”

Las organizaciones de las diferentes discapacidades dicen, y con razón, que las leyes deben cumplirse. Pero la crítica debe ir más allá: las leyes de accesibilidad en gran parte del mundo están diseñadas para ser incumplidas. Son lo que llamo “leyes de mínimo impacto”: exigen rampas, pero no exigen que el software de RRHH sea accesible; exigen plazas reservadas, pero no exigen que los equipos de trabajo sean inclusivos.

La administración pública no es solo “responsable”, es cómplice por omisión cuando permite que el 80% de los edificios sigan siendo inaccesibles porque la multa es más barata que la obra. Por eso, se debe dice “la inclusión necesita corresponsabilidad”, me temo que está poniendo al mismo nivel al ciudadano que no exige y al estado que no invierte. No es lo mismo el que se ahoga que el que mira desde la orilla. La responsabilidad del Estado es indelegable e innegociable, y no puede supeditarse a lo bien o mal que se organice la sociedad civil.

La propuesta radical

Llegados a este punto, concluyo apelando a “menos discursos enfrentados y más objetivos compartidos”. Suena bonito, pero es ingenuo. El progreso social siempre nació del conflicto y de preguntas incómodas. Los derechos laborales, el sufragio femenino, los derechos civiles... ninguno llegó por un “reparto equilibrado de responsabilidades”; llegaron porque un grupo oprimido dejó de preguntarse “¿Qué más puedo hacer yo para encajar?” y empezó a preguntar “¿Qué le toca hacer a quien tiene el poder para cambiar esto?”.

Por eso, la propuesta que lanzo aquí, y que debe ser el nuevo motor del activismo, es un cambio de eje radical. Dejemos de hacernos la pregunta cómoda y victimista: “¿Qué parte de responsabilidad me toca a mí?” Empecemos a hacer la pregunta incómoda y transformadora: “¿Qué parte le toca al que tiene el dinero, el poder y la capacidad de cambiar mi vida sin que yo tenga que demostrar nada?” Esta pregunta duele, porque incomoda a los que mandan. Pero es la única que mueve montañas. ¿Qué implica esto en la práctica?

Conclusiones: fuera el término medio, dentro la exigencia

No busquemos “un único culpable” porque es obvio que el sistema y el individuo interactúan. Pero no confundamos el análisis de sistemas con la exculpación de los actores. La balanza debe inclinarse hacia la exigencia estructural, no por victimismo, sino por pragmatismo: las barreras no las pone el individuo, las pone el entorno. Y el entorno lo diseñan quienes tienen el poder.

El verdadero debate no es “esfuerzo vs. sistema”. El verdadero debate es “¿Quién tiene el poder de cambiar el sistema?”. Si la respuesta es “todos”, esa es una falacia. La respuesta real es “los que diseñan, legislan y contratan”.

El esfuerzo personal es para sobrevivir; la responsabilidad colectiva es para garantizar la justicia. Pero la exigencia al poder es la única herramienta que garantiza que esa justicia llegue. Dejemos de buscar un punto de equilibrio cómodo para los que están arriba. Empecemos a desequilibrar la balanza hacia abajo, hacia donde realmente se sufre la exclusión.

La próxima vez que alguien te diga “échale ganas”, respóndele: “Mejor exígele a quien puede cambiar mis condiciones sin que yo tenga que esforzarme para que me miren como humano”. Esa es la crítica que duele, pero que, históricamente, es la única que ha derribado muros.

Cambio de paradigma. El Congreso vota este martes la reforma de las leyes de dependencia y de discapacidad, una de las medidas más ambiciosas del Gobierno para esta legislatura y con la que el Ministerio de Derechos Sociales pretende darle la vuelta a la manera en la que se aborda la ayuda a personas dependientes y/o con discapacidad. La idea del Ejecutivo, según ha explicado el departamento que dirige Pablo Bustinduy, es pasar del enfoque “asistencialista y de macrorresidencias” a “un nuevo modelo de atención basado en los derechos de estas personas y en su voluntad de vivir en sus hogares y entornos próximos”. Los cambios podrían afectar a unos dos millones de personas.

Si se aprueban ambas reformas —y saldrán adelante si los partidos se mantienen en las posturas que han tenido hasta hoy–, en la ley de dependencia quedará garantizado que el Gobierno aporte el 50% de la financiación, como le pedían las comunidades autónomas. Se eliminarán incompatibilidades para recibir ayudas, el servicio domiciliario saldrá de las paredes del hogar y la persona que ofrezca asistencia podrá acompañar al usuario en su día a día, se abre el abanico de quién puede cuidar a alguien y la teleasistencia se configura como un derecho subjetivo. Por el lado de la discapacidad, la accesibilidad universal se reconoce como un derecho, se establecen ayudas económicas para realizar obras de accesibilidad, se reconocerá la discapacidad de manera automática a partir de la dependencia y se prohibirá la discriminación actualmente existente para personas con discapacidad en algunos seguros.

Además, el Ejecutivo pondrá 6.200 millones de euros extras para financiar la ley, según anunció hace dos semanas el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, valoró el lunes que la dependencia “es el gran desafío que tenemos a futuro para que no dependa del patrimonio y los recursos de una familia, y que el estado del bienestar proteja y permita vivir a los mayores en su casa”, según explicó en la Cadena Ser. El ministro ha puesto en valor su reforma y ha subrayado la importancia de “dignificar la labor en los cuidados”: “Si mañana no fuesen el medio millón de mujeres que dedican la jornada a cuidar a quienes lo necesitan, nada sería posible”.

El Ministerio de Sanidad informó el pasado mes de abril de que 30.000 personas mueren cada año esperando una ayuda a la dependencia. El plazo medio hasta que se obtiene una respuesta de la administración es de 246 días, y si se obtiene una respuesta favorable pasan otros 62 hasta que se obtiene. Es un total de 329 días, 11 meses.

“Una prioridad institucional”

José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, ha explicado a este periódico que si sale adelante la reforma será una “extraordinaria noticia” que “fortalece el sistema de servicios sociales”, y ha valorado que “el estado ponga a las personas en situación de dependencia y con discapacidad en la agenda pública como prioridad institucional”.

Sin embargo, Ramírez también ha advertido de la necesidad de “incrementar las prestaciones, subir las intensidades de los servicios y compatibilizarlos y mejorar los salarios y las condiciones laborales de las personas que trabajan en el sistema”. El experto ha recordado además que existe el riesgo de que las comunidades autónomas, como ocurrió con el plan de choque del 2026, disminuyan su presupuesto propio de dependencia.

El Gobierno espera y prevé que la reforma salga adelante. El pasado jueves la Comisión de Derechos Sociales del Congreso de los Diputados aprobó el dictamen de la norma —una especie de previa a que lo haga el Pleno— con los únicos votos en contra del PP y Vox. Esta decisión de los populares les han costado las críticas de otros partidos, que recuerdan que las comunidades autónomas que gobierna el PP llevan años exigiendo que el Ejecutivo financie el 50% de la ley de dependencia. “Lo hemos recogido y blindado, y han votado que no”, se sorprendía este lunes Bustinduy. “Espero que ese grado de contradicción les haga votar que sí”, añadió. Junts, habitualmente el partido bisagra en las votaciones del Congreso, votó a favor del texto el pasado jueves.

Dependencia: ayudas compatibles y aumentadas

La ley de dependencia reformada incluirá una disposición, acordada el jueves en la Comisión del Congreso, para blindar el sistema y garantizar el 50% de financiación estatal. “La nueva financiación estatal crece en los dos niveles de que hay, tanto en el nivel acordado como, sobre todo, en el nivel mínimo en el que las cuantías se duplican”, explica Derechos Sociales. Con los 6.200 millones extras que aportará el Ejecutivo en dos años, el Gobierno transferirá a las comunidades autónomas “una cantidad récord”, en sus propias palabras, de 7.239,4 millones de euros para 2027, el primer año completo con la nueva financiación.

Los principales cambios en la norma apuntan a flexibilizar y ampliar las ayudas que contempla la ley. Así, una persona podrá recibir ayudas diferentes de forma simultánea: “Por ejemplo, si una persona en situación de dependencia puede quedarse en su casa podrá acceder a prestaciones combinadas como ir a un centro de día y a la vez tener una prestación de cuidados en el entorno familiar o teleasistencia, etc.”, explica el Gobierno.

Ayuda en el médico o el vecino cuidador

La asistencia personal sale del hogar, donde estaba confinada hasta ahora. “De esta forma, la persona que ofrezca una asistencia no solo atenderá a la persona usuaria en su casa, también podrá acompañarla para realizar otras actividades básicas de la vida diaria como ir a hacer la compra, ir al médico, etc.”, ilustra Derechos Sociales.

Se abre el abanico de los cuidadores no familiares. La ley contemplará que personas del entorno del beneficiario de la discapacidad puedan ofrecer cuidados, “asumiendo así los diferentes modelos de convivencia que hay”, dice el Ejecutivo: “Esto supondrá garantizar que una persona, aunque no esté registrada como familiar, pueda cuidar de una persona en situación de dependencia. Por ejemplo, dos personas mayores que mantienen una relación, pero no están casados, o personas que comparten un hogar sin una relación familiar entre sí (modelos unipersonales)”.

Se universaliza el derecho a la teleasistencia, de manera que este servicio debería llegar a más gente en situación de dependencia o a otras que no podían acceder actualmente, por ejemplo las personas con demencia. También se utilizará esta herramienta de manera preventiva, para evitar o retrasar la institucionalización de alguien.

Por último, se eliminan las sujeciones farmacológicas (personas a las que duermen con pastillas), que quedan “solo como medida alternativa”, según el Ejecutivo.

Discapacidad: la accesibilidad universal como derecho

La reforma de la ley de la discapacidad centra buena parte de sus novedades en el acceso universal, pese a que ya es un servicio recogido en la normativa nacional. Pero hasta ahora, explican desde el ministerio, era un principio rector y pasa a ser un derecho.

La diferencia entre uno y otro es que el primero ejerce de especie de guía para la administración, sobre qué debe hacer, mientras el segundo es una garantía reconocida a las personas que se puede reclamar en los tribunales. Es la diferencia, por ejemplo, entre el derecho a la vivienda digna, principio rector constitucional, y el derecho a la Educación. Una persona que acuda ante un juez para reclamar un hogar solo basándose en ese párrafo de la Constitución está destinada a fracasar, pero una que alegue que se ha vulnerado su derecho a la educación probablemente gane.

Para reforzar esta línea de actuación, la ley modificará la Ley de Propiedad Horizontal “para que las administraciones públicas tengan que ayudar económicamente a hacer obras de accesibilidad en edificios de viviendas y para que las comunidades de vecinos tengan que solicitar estas ayudas si alguna de las personas residentes así lo solicita”. El Gobierno explica que “esta medida es fundamental para acabar con el drama que viven miles de personas en España (se estiman que unas 100.000) que no pueden salir de sus casas porque sus edificios no son accesibles para ello”.

Reconocimientos automáticos

La reforma también contempla que habrá reconocimientos automáticos de discapacidad para agilizar procesos administrativos y reducir listas de espera. A las personas que se asigne un grado I de dependencia se les reconocerá igualmente un 33% de discapacidad y las que obtengan un grado II o III llegarán al 65%.

Por último, se prohibirá que algunos contratos de seguros penalicen económicamente la discapacidad, como hacen algunos actualmente, y se crea la figura del “facilitador procesal” que actúe de mediador entre los operadores jurídicos y las personas con discapacidad cuando estas afronten procesos judiciales.

“Confiamos que la ley alcance su pleno cumplimiento”, cierra su positiva valoración Ramírez, de la asociación de Directores y Gerentes de los Servicios Sociales, “porque está en juego la dignidad y la calidad de vida de dos millones de personas y sus familiares, y porque están en juego 400.000 empleos directos y 200.000 empleos potenciales de nueva creación, por cohesión territorial y por lealtad institucional”.

Para el ministro Bustinduy esta reforma es una victoria. Pero no del Gobierno, “es una victoria de la sociedad”.

“Dicen que todo lo que toco lo convierto en oro… No sé si será verdad, pero de lo que sí estoy seguro es de que el esfuerzo, la constancia y el corazón sí que se transforman en ese color”, escribía el propio deportista en sus redes sociales tras concluir el campeonato. Un mensaje que resume la trayectoria de un nadador que, lejos de conformarse con su impresionante palmarés, continúa ampliándolo año tras año.

En Polonia, Gracia ha conquistado el título continental en las seis pruebas individuales que disputó: 100, 200, 400 y 800 metros libres, 200 braza y 400 estilos, a las que añadió otras seis medallas en las pruebas de relevos con la selección española. Durante el campeonato estableció además nuevos récords del mundo en 100, 200 y 400 metros libres, marcas que también suponen nuevos récords nacionales, a los que se suma el récord de España en 400 estilos.

Los resultados consolidan una carrera deportiva excepcional. Con apenas 22 años, el nadador del Club Cáceres Los Delfines, nacido en Cáceres y con síndrome de Down, ya figuraba antes de este campeonato entre los grandes referentes internacionales del deporte para personas con discapacidad intelectual: 27 títulos mundiales, 15 europeos, 46 campeonatos de España y una docena de récords mundiales formaban parte de su historial antes de este nuevo éxito continental.

Su progresión ya apuntaba a este desenlace. En abril, durante el Campeonato de España FEDDI, logró un nuevo récord del mundo en los 400 metros libres y consiguió las marcas mínimas que le clasificaban para la cita europea de Polonia. Aquella competición le valió además el reconocimiento de la Denominación de Origen Protegida Cereza del Jerte, que le concedió el Premio a la Excelencia Picota 2026 por una trayectoria marcada por el esfuerzo y la superación.

Los Virtus European Summer Games reunieron en Bydgoszcz a más de 600 deportistas de 22 países en distintas disciplinas para atletas con discapacidad intelectual, convirtiéndose en la principal competición continental del calendario. España ha firmado una destacada actuación en la cita polaca, en la que Guillermo Gracia ha sido uno de los grandes protagonistas.

El nadador cacereño, convertido desde hace años en uno de los grandes embajadores del deporte extremeño, volvió a reivindicar tras la competición el valor del trabajo colectivo: “Esto no es solo mío; es el resultado de cada entrenamiento, de no rendirse nunca y del apoyo incondicional de todos los que estáis detrás empujando en cada brazada”.

Con este nuevo botín, Guillermo Gracia no solo amplía un palmarés ya histórico, sino que confirma que continúa marcando el ritmo de la natación adaptada internacional y situando el nombre de Cáceres, de Extremadura y de España entre la élite europea.

Para Manuel, un joven de 22 años afectado por una enfermedad neuromuscular degenerativa, el Real Racing Club es mucho más que un equipo de fútbol; es su “única ilusión” durante los largos meses de invierno cuando solo sale de casa para ir al campo. Lo mismo le ocurre a Miguel Ángel que, a sus 61 años, lleva 23 temporadas apoyando de forma incondicional al equipo, incluso cuando el racinguismo estaba en sus peores momentos. “Cuando empecé a ir al campo todavía caminaba con muletas”, recuerda. Ahora lo hace en silla de ruedas.

Sin embargo, el ansiado regreso del club a Primera División ha traído consigo una realidad amarga para ellos y otros cerca de 20 aficionados con movilidad reducida (PMR) con los que comparten emociones cada partido en los Campos de Sport de El Sardinero.

Lo que debería ser una temporada ilusionante se ha convertido en “una inesperada decepción” que Gisela Saiz, la madre de Manuel y presidenta de la Asociación Cántabra de Enfermedades Neuromusculares (Asemcan), trata de reconducir.

Saiz ha remitido una reclamación por escrito al club el pasado 23 de junio, a petición de ese pequeño colectivo de abonados PMR del Racing con los que ella y su hijo comparten habitualmente grada desde hace 15 años. “Cuando el equipo todavía estaba en Segunda B”, recuerda. El motivo: el cambio de política por el que se han visto sorprendidos al ir a renovar su abono para la temporada 2026-2027 y que consideran “insensible y excluyente”.

Desplazados al “relente” del Fondo Sur

Hasta ahora, este grupo de aficionados PMR se situaba en una esquina del Fondo Norte, una zona donde aunque “la visibilidad no era perfecta” estaban protegidos de las inclemencias del tiempo en las filas superiores, aseguran.

La nueva ubicación que el Racing les ha asignado se encuentra en el otro extremo del estadio de El Sardinero, en el Fondo Sur donde se ubican las aficiones de los equipos visitantes, a pie de campo y justo detrás de una de las porterías.

La preocupación principal es la exposición total al sol, el viento y, sobre todo, a la lluvia. Para aficionados como Manuel, mojarse no es solo una incomodidad, es un riesgo vital. “Si mi hijo se moja y coge un frío, a los tres días está en la UCI de Valdecilla por problemas respiratorios”, advierte Saiz, recordando que el joven ya pasó 12 días ingresado el año pasado por un resfriado.

Miguel Ángel comparte este malestar y no entiende por qué el club ha tomado esta decisión sin consultarles: “No han tenido en cuenta nuestras necesidades, nos han menospreciado”, afirma con rotundidad. “La mayoría de las personas tiene sillas eléctricas, con motores que si se mojan se pueden estropear, con el coste que eso supone”, añade.

La nueva zona es un espacio “al relente” y sin tejavana que lo cubra, lo que obligaría a los aficionados a utilizar paraguas de grandes dimensiones, dificultando la visión de los socios situados detrás.

Además de la meteorología, argumentan que la ubicación detrás de la portería conlleva un riesgo físico evidente. “Estamos justamente detrás de la portería; una persona ágil se aparta de un balonazo, pero nosotros no tenemos tiempo de reacción”, explica Miguel Ángel.

La presidenta de Asemcan contrasta esta situación con la de otros estadios como San Mamés o el Santiago Bernabéu, donde las zonas PMR están en tribunas elevadas y debidamente cubiertas. Es por ello que la respuesta telefónica recibida por parte del responsable de comunicación de la entidad, Roberto González —quien según Saiz se limitó a decir que “se mojarían como el resto”—, le ha parecido “increíble”.

“Soy sus brazos y sus pies”

De otro lado, y por primera vez, los acompañantes de las personas con movilidad reducida deberán pagar el 50% del precio de un abonado nuevo. Hasta la fecha, estos asientos estaban exentos de pago, reconociendo que la persona con movilidad reducida (PMR) no acude con un asistente por ocio, sino por necesidad vital.

Para Gisela, esta medida ignora la realidad de grandes dependientes como su hijo, quien tiene una discapacidad reconocida del 85% y requiere ayuda para realizar cualquier acción cotidiana, desde vestirse hasta beber agua o abrir un paraguas. “Yo soy una extensión de mi hijo; soy sus brazos y sus pies”, recalca, por lo que, en su opinión, cobrar por este asiento “penaliza doblemente a familias que ya soportan gastos elevados derivados de la discapacidad”.

Miguel Ángel pone cifras a este “hachazo” económico: ha pasado de pagar unos 116 euros por su carné a un total de 470 euros (299 por su abono y 171 por el de su acompañante). “Es el 50% de un nuevo abonado, no de lo que yo pago con mi descuento del 5% por antigüedad”, matiza con malestar.

Abono de acompañante nominativo

Además, advierten que a esto se suma la obligatoriedad de que el abono sea nominativo, lo que impide que diferentes familiares o cuidadores se turnen para asistir al estadio. “Mi hija de 16 años lleva toda su vida atendiendo a su hermano y lo hace perfectamente, pero ahora dicen que los menores no pueden entrar como acompañantes”, lamenta Gisela, calificando la medida de otra complicación “injustificada”.

Según relatan, el club les ha llegado a sugerir el uso de voluntarios -que proporcionaría el Racing- para atender a las PMR, una propuesta que la presidenta de Asemcan ha tachado de “locura”: “Un voluntario cualquiera no sabe cómo movilizar a mi hijo para llevarle al baño o cómo actuar ante una urgencia médica”.

“Discriminación cero” y mejor visibilidad, según el Racing

En respuesta a las preguntas de elDiario.es, desde el Real Racing Club, su director de comunicación y portavoz, Roberto González, ha negado que exista una queja formal de una veintena de socios, atribuyendo el escrito únicamente a la presidenta de Asemcan y negando que hubiera “siquiera 20 abonados PMR la pasada temporada”, pero sin especificar el número preciso.

De otro lado, según González, el cambio de ubicación responde a dos objetivos: “mejorar la visibilidad” y garantizar que “no exista ningún tipo de discriminación, ni positiva ni negativa” entre los abonados. “Ahora podrán vivir intensamente los partidos junto a todos los aficionados de Preferencia Sur. Desgraciadamente, y dependiendo del viento, un tercio de los asientos del estadio, todas las preferencias, están sujetas a las inclemencias de la lluvia. También la esquina en donde habían estado hasta ahora las personas con movilidad reducida”, alega.

Respecto al cobro a los acompañantes, González defiende que un descuento del 50% es “de lejos, el mayor de los existentes en el club”, comparándolo con el 15% que reciben los abonados Oro más antiguos del club. El portavoz racinguista asegura también que aquellas familias con dificultades económicas pueden solicitar ayudas a la Fundación Racing en la taquilla del estadio.

En cuanto a la obligatoriedad de que los carnés de acompañante sean nominativos, el portavoz explica que el sistema no permite abonos sin asignar, aunque sostiene que en los accesos “no se hacen controles de identificación” estrictos y que, “si la persona con movilidad reducida lo desea, excepcionalmente, puede solicitar poner los dos abonos, el suyo y el del acompañante, a su nombre”.

Conflicto entre el club y el Ayuntamiento de Santander

La accesibilidad del estadio de El Sardinero es un problema que va más allá de los asientos. Gisela y Miguel Ángel recuerdan la falta de ascensores y rampas adecuadas, así como el estado de los baños. Miguel Ángel teme que los baños compartidos de la nueva ubicación sean un foco de infección: “Si hay una cola y el baño de discapacitados está libre, entrará todo el mundo; el agua sucia que se forme en el suelo me la llevaré en las manos al mover mi silla, que es manual”.

El portavoz del Racing traslada la responsabilidad de estas mejoras estructurales al propietario de la instalación: el Ayuntamiento de Santander. “El Racing lleva años reclamando una actuación, ya que no solo las personas con movilidad reducida, sino cientos de nuestros abonados veteranos deben renunciar a acudir al estadio por las escaleras”, lamenta.

Según el club, existe un proyecto de renovación integral que incluye ascensores en las zonas Este y Oeste, pero “a pesar de la sensibilidad de ambas partes”, sigue siendo un “tema pendiente de resolver” dentro del convenio de mantenimiento con el Consistorio santanderino.

¿Qué dice la normativa?

Lo cierto es que la nueva política que ha decidido aplicar el club cántabro en su regreso a Primera División choca, en primer lugar, con su propio 'Reglamento Interno del Recinto Deportivo Campos de Sport de El Sardinero' aprobado en 2019 y que en su página 48 recoge lo siguiente:

Movilidad Reducida.- Se trata de un abono personal e intransferible exclusivamente para abonados/as con movilidad reducida que vayan en silla de ruedas. Ubicados en la zona asignada de preferencia norte-este, con acceso exclusivo por puerta 7. Para darse de alta por primera vez, es indispensable presentar el certificado de discapacidad correspondiente que en todo caso deberá ser superior al 65% de grado de discapacidad física. Cada abonado/a con movilidad reducida podrá acceder con un acompañante.

De otro lado, la legislación nacional más reciente, el Real Decreto 193/2023, de 21 de marzo, que regula las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación, establece en su artículo 11 que los asistentes personales o personas de apoyo tienen derecho a acompañar a la persona con discapacidad a los servicios de atención al público “siempre que esta así lo requiera, sin que ello suponga un sobrecoste para dichas personas”.

En cuanto a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), aunque no regula los precios en Primera División (dejando libertad a cada club), sí establece para los eventos que organiza directamente (como la Copa del Rey o partidos de la Selección Española) que “la entrada para la persona usuaria de silla de ruedas incluye una invitación gratuita para el acompañante”.

Esta normativa refuerza la postura de Asemcan, desde donde inciden en que gran parte de los clubes de La Liga aplican la gratuidad total entendiendo el asiento como una “extensión” de la PMR. En consecuencia, a medida que se acerca el inicio de la liga, el próximo 15 de agosto, el malestar crece en el grupo de WhatsApp que comparten estos aficionados, que ya barajan medidas de protesta como acudir al primer partido del Racing con pancartas que denuncien su “exilio”.

“Solo pedimos que recapaciten; no es un capricho, es una cuestión de derechos básicos”, concluye Gisela. “Siento que nos han tratado bastante mal, no nos han querido escuchar y cuando se les ha preguntado hemos recibido muy malas contestaciones”, sostiene Miguel Ángel. “El Racing no se ha portado bien. Cuando estábamos en Segunda B íbamos cuatro pelagatos, pero ahora que el campo está lleno…”, sentencia.

Durante todos los jueves de julio y agosto, la organización de Cruz Roja en Alcázar de San Juan va a prestar el servicio de baño asistido en las Lagunas de Villafranca de los Caballeros, en Toledo, dirigido a personas con alguna discapacidad física o personas mayores con movilidad reducida.

La iniciativa no se reduce solo a la ayuda durante el baño, puesto que estas personas también pueden disfrutar de un día entero de ocio, solos o acompañados, gracias a la disposición de un espacio habilitado, donde también se realizan ejercicios para el desarrollo de la movilidad (mancuernas, pelotas y tiras elásticas) y actividades de animación y juegos.

Este servicio es posible gracias al apoyo del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan y del Gobierno de Castilla-La Mancha.

Cruz Roja afirma que cualquier persona que tenga alguna discapacidad o movilidad reducida puede participar en las actividades programadas, previa solicitud en la oficina local que esta organización tiene en Alcázar de San Juan.

Acompañamiento durante el baño

La persona en cuestión es trasladada en un vehículo adaptado, participa en las actividades de animación y juegos y en los ejercicios para el desarrollo de la movilidad y está acompañada durante el baño por el voluntariado, disfrutando así de un día de ocio agradable, fuera de su entorno habitual en compañía de otras personas usuarias y voluntariado, con los que se establecen nuevos vínculos afectivos.

Además, esta experiencia permite que sus familiares dispongan de un periodo determinado de tiempo libre para realizar otras actividades.

El baño asistido es un ejemplo de cómo Cruz Roja utiliza la innovación y la tecnología para “humanizar y mejorar” la atención a las personas y grupos más vulnerables, como las personas con movilidad reducida, para que puedan disfrutar del baño con seguridad.

Este servicio debe solicitarse con cita previa en la oficina de Cruz Roja en Alcázar de San Juan o por teléfono en el 926 54 66 88.

L'Audiència Provincial de Balears ha condemnat aquest dimecres, després d'un acord de conformitat, sis joves acusats de sotmetre un jove amb una discapacitat reconeguda del 38% a una sèrie d'humiliacions i agressions, entre elles tatuar-li un penis a la cara. Els inculpats han reconegut els fets, que van dur a terme al municipi mallorquí de Manacor. Inicialment, van ser detingudes set persones -tres dones i quatre homes- d'entre 20 i 31 anys.

La sentència, dictada 'in voce' pel tribunal de la Secció Segona, considera els sis responsables d'un delicte contra la integritat moral, un delicte lleu de lesions i un delicte de coaccions. L'Audiència imposa a cadascun d'ells cinc mesos de presó pel delicte contra la integritat moral, una multa de vint dies amb una quota diària de cinc euros per les lesions i una altra multa de nou mesos, també amb una quota diària de cinc euros, per les coaccions.

A més, els condemnats hauran d'indemnitzar conjunta i solidàriament la víctima amb 18.160 euros i no podran acostar-se a menys de 250 metres ni comunicar-se amb ella.

Els fets es van produir a principis del 2021, tal com recull la resolució, el fall que ha donat a conèixer el Tribunal Superior de Justícia de Balears (TSJIB). Els magistrats asseveren que la víctima no podia prestar un consentiment vàlid a les actuacions dels acusats a causa de la discapacitat que pateix. Aprofitant-se d'aquesta situació, els joves van organitzar un suposat concurs de canvi de look en què el van sotmetre a diferents càstigs i humiliacions que el tribunal considera greument degradants.

Els acusats li van tatuar un penis a la cara i un altre dibuix similar al costat dret del rostre, li van rapar i tatuar les celles, li van fer un tatuatge amb forma de sostenidor al pit, li van tatuar una orella, li van col·locar pírcings, li van immobilitzar els canells amb brides, li van cremar els llavis amb cola i li van cosir els dits d'un peu.

L'Audiència ha aplicat als sis processats les atenuants de reparació del dany i de dilacions indegudes. Abans del judici van consignar íntegrament la indemnització fixada per a la víctima i van reconèixer els fets.

Així mateix, la Fiscalia ha assenyalat que el procediment va romandre paralitzat per causes alienes als acusats entre el 21 de març de 2023 i el 8 de maig de 2024, així com entre el 5 de juny de 2024 i l'11 de febrer de 2025, circumstància que també ha estat tinguda en compte per rebaixar la condemna.

Tal com van informar en el seu moment fonts de la investigació citades per l'agència Efe, la víctima va acceptar participar en el concurs de “canvi de 'look” mitjançant pràctiques que van degenerar en severs abusos i humiliacions. Els acusats li van proposar desplaçar-se fins a un habitatge de Manacor, a la qual cosa ell va accedir. Allà, durant tot el cap de setmana, es van succeir “proves” les conseqüències negatives de les quals van assolir alts nivells de crueltat. Finalment, el diumenge, la víctima va abandonar l'habitatge en què havia estat sotmesa a les vexacions i va denunciar els fets a la Policia Nacional, que va procedir a detenir els implicats.

La Audiencia Provincial de Balears ha condenado este miércoles, tras un acuerdo de conformidad, a seis jóvenes acusados de someter a un joven con una discapacidad reconocida del 38% a una serie de humillaciones y agresiones, entre ellas tatuarle un pene en la cara. Los inculpados han reconocido los hechos, que llevaron a cabo en el municipio mallorquín de Manacor. Inicialmente, fueron detenidas siete personas -tres mujeres y cuatro hombres- de entre 20 y 31 años.

La sentencia, dictada 'in voce' por el tribunal de la Sección Segunda, considera a los seis responsables de un delito contra la integridad moral, un delito leve de lesiones y un delito de coacciones. La Audiencia impone a cada uno de ellos cinco meses de prisión por el delito contra la integridad moral, una multa de veinte días con una cuota diaria de cinco euros por las lesiones y otra multa de nueve meses, también con una cuota diaria de cinco euros, por las coacciones.

Además, los condenados deberán indemnizar conjunta y solidariamente a la víctima con 18.160 euros y no podrán acercarse a menos de 250 metros ni comunicarse con ella.

Los hechos se produjeron a principios de 2021, tal como recoge la resolución, cuyo fallo ha dado a conocer el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB). Los magistrados asevera que la víctima no podía prestar un consentimiento válido a las actuaciones de los acusados debido a la discapacidad que padece. Aprovechándose de esa situación, los jóvenes organizaron un supuesto concurso de cambio de look en el que le sometieron a distintos castigos y humillaciones que el tribunal considera gravemente degradantes.

Los acusados le tatuaron un pene en la cara y otro dibujo similar en el lado derecho del rostro, le raparon y tatuaron las cejas, le hicieron un tatuaje con forma de sujetador en el pecho, le tatuaron una oreja, le colocaron piercings, le inmovilizaron las muñecas con bridas, le quemaron los labios con pegamento y le cosieron los dedos de un pie.

La Audiencia ha aplicado a los seis procesados las atenuantes de reparación del daño y de dilaciones indebidas. Antes del juicio consignaron íntegramente la indemnización fijada para la víctima y reconocieron los hechos.

Asimismo, la Fiscalía ha señalado que el procedimiento permaneció paralizado por causas ajenas a los acusados entre el 21 de marzo de 2023 y el 8 de mayo de 2024, así como entre el 5 de junio de 2024 y el 11 de febrero de 2025, circunstancia que también ha sido tenida en cuenta para rebajar la condena.

Tal y como informaron en su momento fuentes de la investigación citadas por la agencia Efe, la víctima aceptó participar en el concurso de “cambio de 'look” mediante prácticas que degeneraron en severos abusos y humillaciones. Los acusados le propusieron desplazarse hasta una vivienda de Manacor, a lo que él accedió. Allí, durante todo el fin de semana, se sucedieron “pruebas” cuyas consecuencias negativas alcanzaron altos niveles de crueldad. Finalmente, el domingo, la víctima abandonó la vivienda en la que había sido sometida a las vejaciones y denunció los hechos a la Policía Nacional, que procedió a detener a los implicados.

Aragón cuenta desde hoy con una nueva herramienta para reforzar la atención a las personas con autismo y sus familias. La Fundación a·Autismo ha sido presentada oficialmente como una entidad pionera nacida de la unión de tres organizaciones de referencia en el ámbito social: Atades, Autismo Huesca y Autismo Teruel.

La nueva fundación surge con el objetivo de acompañar a las personas con autismo durante todas las etapas de su vida, ofreciendo apoyos especializados, coordinados y adaptados a las necesidades de cada persona. La iniciativa permitirá extender una red de recursos y servicios que abarcará las tres provincias aragonesas, con presencia en Zaragoza, Huesca y Teruel, además de comarcas como La Jacetania y Alto Gállego.

La Fundación a·Autismo se convierte así en la primera estructura de estas características en Aragón, con la vocación de reducir las desigualdades territoriales y garantizar que el acceso a los apoyos no dependa del lugar de residencia.

“Este proyecto supone un paso muy importante para seguir construyendo respuestas más amplias y coordinadas”, ha señalado Paula Rodríguez, miembro del Patronato de la Fundación. “La unión de entidades nos permite generar sinergias reales, compartir conocimiento y, sobre todo, garantizar una mejor cobertura a todas las personas con autismo y sus familias, independientemente de dónde vivan”.

Por su parte, la presidenta de la Fundación a·Autismo y de Atades, Susana Álvarez, ha destacado el valor humano de esta iniciativa. “Como madre de un chico con autismo, sé lo importante que es sentirse acompañada desde el primer momento. Esta Fundación nace precisamente para eso: para que ninguna familia se sienta sola y pueda encontrar apoyo, orientación y respuestas en cada etapa de la vida”, ha afirmado.

Responder a los retos del autismo desde la proximidad

La nueva entidad pone el foco en la vertebración territorial y en la atención cercana a las familias, especialmente en el medio rural. Severo Acín, vicepresidente primero de la Fundación y presidente de Autismo Huesca, destacó la importancia de este enfoque. “Soy de un pueblo pequeño de Huesca y sus habitantes han actuado como una gran familia para nosotros y nos han ayudado muchísimo con mi hijo Samuel, que ahora tiene 21 años”, ha explicado.

La Fundación ofrecerá una cartera de servicios especializada que incluye atención temprana y postemprana, apoyos educativos, atención psicoeducativa y terapéutica, así como acompañamiento durante la adolescencia, la juventud y la vida adulta.

La creación de la entidad responde además a importantes desafíos sociales. Entre ellos, la elevada tasa de desempleo de las personas adultas con autismo, situada entre el 76% y el 90%, y el incremento del 400% del alumnado con autismo en las aulas durante los últimos trece cursos académicos.

Miguel Ángel Millán, vicepresidente segundo de la Fundación y presidente de Autismo Teruel, ha subrayado la necesidad de garantizar la igualdad de oportunidades. “Con independencia de donde nazcas, desde la Fundación queremos trabajar para que todas las personas tengan las mismas oportunidades de desarrollarse y de tener una vida plena”, asegura.

“No hablamos solo de servicios, hablamos de proyectos de vida. Y de una sociedad que debe implicarse para que cada persona tenga su oportunidad”, ha añadido Susana Álvarez.

Impulsada por entidades con amplia trayectoria

La Fundación a·Autismo nace respaldada por la experiencia de tres organizaciones con una larga trayectoria en la atención a las personas con trastorno del espectro del autismo (TEA).

Autismo Huesca, fundada en 2011, y Autismo Teruel, creada en 2018, son entidades impulsadas por familias que trabajan para mejorar la calidad de vida, la autonomía y la inclusión social de las personas con TEA mediante apoyos individualizados y servicios especializados.

Por su parte, Atades, entidad sin ánimo de lucro fundada en 1962, es un referente en discapacidad intelectual y autismo. Desde 2021 desarrolla una red específica de recursos especializados bajo la marca a·Autismo y presta servicios en Aragón y Madrid.

Con la creación de la Fundación a·Autismo, las tres entidades dan un paso más en su compromiso por construir una red de apoyos sólida, coordinada y accesible para todas las personas con autismo de Aragón.

Antes de conocer que el Ayuntamiento de Logroño mantenía la Escuela de Verano para personas con discapacidad, los socialistas ya anunciaron su compaerencia públcia para analizar la situación. Ha sido el concejal Iván Reinares quien ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha alertado de la “privatización encubierta” de este servicio. Reinares ha explicado el “cambio radical de modelo que quiere imponer el Gobierno de Conrado Escobar en la Escuela de Discapacidad”. Habla de “privatización de manual que liquida el modelo social, humano y especializado” que se ha venido prestando con éxito durante años en la ciudad, vaciando de contenido la verdadera inclusión.

Así y tras analizar minuciosamente el nuevo pliego de condiciones técnicas que el Ejecutivo local ya ha puesto en licitación para las próximas temporadas ha advertido que el “nuevo contrato no asegura en absoluto el mantenimiento ni la calidad de las actividades adaptadas que se venían realizando”. Es más, “el documento disuelve la atención a la discapacidad en una fría lista genérica de horas del llamado 'Nivel 3', junto a disciplinas comunes y sin un proyecto metodológico especializado”.

Las mentiras del Ayuntamiento

Además, Reinares ha criticado con dureza “las mentiras” del concejal de Deportes, Paco Iglesias, en sede oficial. El pasado 29 de mayo, a preguntas del PSOE sobre el futuro del servicio y el respeto al tejido asociativo de la ciudad, Iglesias aseguró ante el Consejo de Logroño Deporte que el cambio de modelo estaba “totalmente avalado y de acuerdo” con los representantes del sector.

“Nos mintió a la cara para conseguir el voto a favor del grupo socialista”, ha desvelado Reinares. La realidad, tal y como ha constatado el PSOE, es que el contrato se lanzó a licitación a principios de mes de forma unilateral, a espaldas del sector y sin haber iniciado una negociación real. “Se ha hurtado la información a los colectivos implicados. Si esa votación se celebrase hoy, el voto del PSOE sería un 'NO' rotundo ante esta privatización encubierta”, ha subrayado.

Por otra parte, el concejal socialista ha calificado de “auténtico desastre de gestión” los bandazos del Gobierno de Conrado Escobar con la Escuela de Verano de este mismo año. Tras emitirse un correo interno el pasado 8 de junio ordenando la suspensión fulminante de la actividad por “poca afluencia”, el PP se vio obligado a rectificar anoche a última hora ante el escándalo desatado en los medios de comunicación y la presión de la oposición.

“Celebramos que las 22 familias afectadas recuperen su derecho a la conciliación y al deporte adaptado este verano, pero exigimos al alcalde que pida disculpas públicas por la angustia que les ha hecho pasar”, ha reclamado Reinares, quien ha sentenciado que Escobar ha reculado “por puro miedo político al verse acorralado”. Para el PSOE, resulta de un “cinismo insoportable” que se firmara el cierre del servicio solo tres días antes de que el alcalde utilizara al colectivo para buscar la foto en los banderazos de San Bernabé.

Por todo ello, los socialistas de Logroño han registrado una batería de preguntas para el próximo Consejo de Administración de Logroño Deporte para que el Gobierno del PP aclare este caos y rinda cuentas por ocultar los pliegos de privatización del próximo curso. “La inclusión es un derecho de los vecinos, no el negocio de ninguna gran empresa”, ha concluido.

Unas 22 familias con personas con discapacidad en Logroño se quedan este año sin la escuela deportiva. Esta era al menos la situación hace apenas dos horas porque el Ayuntamiento de Logroño acaba de informar a través de una nota de prensa que “Logroño Deporte mantendrá las actividades deportivas para las personas con discapacidad que se ofertaban en el programa deportivo municipal para este verano”. En la misma nota aseguran que “la voluntad del Gobierno local de mantener esta oferta deportiva es firme y siempre lo ha sido. Tal y como se avanzó en la presentación del programa deportivo de verano, Logroño Deporte ofertó 350 plazas para personas con discapacidad, incrementando el número de plazas e incorporando nuevas propuestas. Una oferta deportiva municipal específica que no se había producido antes para este colectivo”.

Sin embargo, esa no “voluntad” no era tal hace un par de horas porque la Escuela de Verano no se iba a realizar tal y como ha confirmado a Rioja2 esta mañana el coordinador y director técnico de la Federación Riojana de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual, ahora FERDIS, Juanjo Lozano. FERDIS es la encargada de gestionar esta escuela a través de un convenio con Logroño Deporte, y en colaboración con el Ayuntamiento de Logroño“.

En la conversación mantenida esta misma mañana, Lozano ha relatado que este año habían diseñado un proyecto “muy atractivo respaldado por una inversión más alta (14.000 euros), ya que el programa incluía actividades todos los días”. Y al parecer, ambas partes, FERDIS y Logroño Deporte, estaban de acuerdo. “El pasado 3 de junio me pongo en contacto con Logroño Deporte porque ya estábamos recibiendo inscripciones, pero la Escuela no estaba cerrada del todo”. Insiste y recibe un “sí” desde el Ayuntamiento de Logroño. “Así lo comunico a las familias y trabajadores que estaban pendientes de saber si finalmente podían contar con este trabajo”.

El 8 de junio, el coordinador del programa remite toda la información relativa a las inscripciones a Logroño Deporte y la única respuesta que recibe hace referencia al número de inscripciones. “Sin tener ninguna comunicación más, me dicen por teléfono que la Escuela no sale adelante por lo que solicito dicha información por escrito porque esas no son las formas de comunicar la suspensión de las actividades”.

Con la negativa en la mano, desde FERDIS intentan negociar con el presidente de Logroño Deporte, Paco Iglesias, pero el resultado es el mismo: la Escuela no sale adelante. Algo que desde la Federación censuran tras escuchar tan solo tres días después al alcalde de Logroño, Conrado Escobar, dedicar uno de los banderazos a las personas con discapacidad. “No es de recibo que el Ayuntamiento de Logroño decida suspender esta Escuela para personas con discapacidad, y tres días después, el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, dedique uno de los banderazos a este colectivo”.

A última hora de esta tarde, los responsables de FERDIS han sido convocados a una reunión con el presidente de Logroño Deporte. Y aunque Lozano no era muy optimista porque “un Ayuntamiento no da un paso atrás”, deseaba equivocarse, ya que su único objetivo es que esta Escuela salga adelante. “Es una oportunidad importante para los usuarios de socializar, interactuar con más personas y potenciar su ocio y tiempo libre”. Sin olvidarnos, añade, “que para las familias es un importante recurso para poder conciliar la vida laboral o familiar o simplemente tener un respiro para poder descansar o hacer cualquier recado”.

En cuanto al número de inscritos otros años, Lozano recuerda que la cifra ha ido variando: 13 en 2021; 28 en 2022; 38 en 2023 y 18 en 2024“. El año pasado, la Escuela tampoco salió adelante porque desde el Ayuntamiento ”se organizó un campus para personas con discapacidad muy selectivo dentro del Campus Deportivo Mini Héroe porque las actividades tenían una limitación de edad de 6 a 14 años“. Por primera vez, avanzaba Paco Iglesias, ”se ha convertido en un campus inclusivo, de forma que este verano se han destinado un 10 por ciento de las plazas para personas con discapacidad“. En concreto, de las 363 plazas, 33 están dirigidas niños con discapacidad de 6 a 14 años (nacidos entre 2011 y 2019). El rango de edad para el resto de participantes es de 6 a 12 años (nacidos entre 2013 y 2019).

Con la respuesta del Ayuntamiento de Logroño, y horas antes de la reunión con la Junta Directiva de FERDIS “para reafirmar la voluntad de mantener la oferta para todos los inscritos”, Lozano solo desea que se “mantenga en todos los términos el programa diseñado que incluía actividades todos los días”. Un paso atrás por parte del Ayuntamiento de Logroño del que dice “los únicos beneficiados serán las personas con discapacidad”.

También esta mañana, y antes de conocer la decisión del Ayuntamiento de Logroño, los socialistas también han valorado la decisión del Consistorio que han tildado de “escándalo” además de afear al alcalde de Logroño “utilizar el primer banderazo de las fiestas de San Bernabé para buscar la foto y el aplauso del colectivo de personas con discapacidad”.

El cine y las series son el reflejo de la sociedad a la que representan. En los últimos años, los avances en feminismo, diversidad e integración de colectivos infrarrepresentados han hecho que aumenten el tipo de personajes en el audiovisual español. Pero, ¿es cierta esa tendencia o simplemente se ha aceptado que se avanza en el buen sentido? Para confirmar que los pasos se dan en el sentido correcto, el Observatorio de la Diversidad en los Medios Audiovisuales presenta cada año su informe ODA, que estudia esa representación respecto a variables como el género, la edad, la clase social, la raza o su pertenencia al colectivo queer.

En su estudio del año 2025 se han analizado 2.015 personajes en 125 películas y 91 temporadas de 89 series de ficción. Las conclusiones son que en esta ocasión se han encontrado con una “situación dicotómica respecto a la división por género”. En las películas hay un descenso del porcentaje de mujeres, con un 44,79% frente al 46,98% de 2024. Sin embargo, en las series ha aumentado, suponiendo las mujeres el 48,44 % del total de personajes, una cifra más elevada que el 46,75% del curso anterior. Por su parte, la representación no binaria ha caído a la mitad al pasar de 4 personajes a tan solo 2. Lo que, según el informe implica que “desgraciadamente su ya escasa presencia en pantalla ni siquiera estaba asentada, de modo que podría incluso desaparecer”. 

Creen que los datos muestran “un sesgo patriarcal que tiene su punta del iceberg en el desfase de representación entre realidad y ficción”. Y analizan como parte de ese iceberg la distribución por edades de los personajes femeninos. “Si demográficamente el porcentaje de mujeres aumenta según aumenta la edad, en el audiovisual ocurre lo contrario”, avanzan. El informe desvela que en edades más jóvenes, el número de mujeres llega a superar incluso a los hombres. Pero, según avanza la edad, los personajes masculinos se hacen más presentes.

“Como resultado, encontramos cifras similares de personajes masculinos y femeninos hasta la franja de entre 18 y 30 años, que se convierte en una amplia diferencia en la de 30 a 50, y que se acrecienta todavía más en la de mayores de 50. En definitiva, las mujeres se concentran sobre todo en la juventud, una restricción que no afecta a los hombres por igual”, analizan y ponen el foco en que una de las principales tramas que afectan a los personajes femeninos es la violencia sexual.

En las películas el número de personajes entre 18 y 30 años es casi igual. 114 mujeres, 119 hombres y 1 personaje no binario. La diferencia se agudiza cuando se pasa a la franja de 30 a 50 años, donde hay 213 hombres frente a 164 mujeres, y se agudiza cuando la edad pasa de los 50 años, donde solo hay 75 mujeres por 132 hombres. Además, el estudio subraya que las mujeres de más de 50 en el audiovisual lo hacen en personajes aislados, en comedias familiares o propuestas muy corales, también se muestra la vejez como algo a temer. 

En este informe han analizado también la clase como apartado propio, y los datos señalan que “la clase media predomina, englobando al 47,19% de personajes en las películas y al 48,34% en las series”. “Pero, en general, existe un desclasamiento, ya que pocas obras abordan el impacto real de las desigualdades económicas, con excepciones relevantes como Los tortuga, que demuestra cómo la clase condiciona todo, incluidos los procesos de duelo”, explican.

Estancamiento en la diversidad

En 2025, los personajes LGBTIQA+ representaron el 10,07% del total en el cine y las series, lo que supone un estancamiento respecto a 2024, cuando el porcentaje era del 10,11%. Pero a pesar de que las cifras no sean tan positivas, señalan como algo positivo que han aumentado los personajes que pasan el test de Vito Russo, un conjunto de normas que analiza si la representación queer es correcta o un mero adorno. Sin embargo, aunque más del 60% de los personajes queer son principales, menos de la mitad de ellos tienen una trama relacionada con algo que no tenga que ver con su identidad.

Hacen hincapié en que los personajes queer se concentran en pocas ficciones, lo que implica que en otras muchas no hay ningún tipo de diversidad. Además, se comprueba que se vincula lo queer con la juventud, aunque señalan como ejemplos positivos obras como Maspalomas o Mariliendre. Las narrativas más estereotipadas que muestran al colectivo como personas promiscuas pierden vigencia, aunque la mayor parte de historias se centran en temas como “la discriminación, el acoso y las relaciones afectivas, lo que limita el abanico de experiencias representadas en pantalla”.

Tampoco mejoran las cosas para los personajes racializados. En 2025 se encontraron, según el informe, 201, lo que equivale a tan solo un 9,98% y representa una caída de casi tres puntos porcentuales respecto a 2024. De nuevo, son los personajes latinos quienes tienen más representación, con un 40,67% del total. Les siguen los personajes negros, árabes, gitanos y asiáticos. Como punto positivo se señala el aumento de personajes gitanos en las series, aunque en casi todas las ficciones lo hacen en tramas “vinculadas con la criminalidad, las drogas y la cárcel”, insistiendo en el estereotipo hacia ellos.

El informe ODA detecta lo que han bautizado como fenómeno ‘Pepito Grillo’, es decir, personajes racionalizados cuya trama consiste en ser la voz de la conciencia en las tramas de los personajes blancos o que son ayudados por los salvadores blancos.

Entre los datos positivos del informe se encuentra el aumento en los personajes con discapacidad, que pasan del 3,2% de 2024 al 5,8% en 2025 y destacan que la salud mental cada vez está más presente en las tramas, así como el fenómeno que supuso la película Sorda, “que ha permitido llevar la discapacidad al centro de la conversación pública y explorar la sordera de la protagonista desde ángulos complejos y poco habituales”.

El caso de una mujer cordobesa con una deuda de más de 23.000 euros a raíz de un fallo del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en el cómputo para la concesión del Ingreso Mínimo Vital, del que informó recientemente este periódico, es uno más entre los miles que contabiliza el Colectivo Afectad@s por el IMV y el Consejo Andaluz de Trabajo Social. Las deudas que comprometen la estabilidad y supervivencia de estas personas en situación de vulnerabilidad motivaron que el grupo parlamentario Sumar presentara una proposición de ley en el Congreso de los Diputados para modificar la normal estatal y que no se exija el cobro de las prestaciones indebidas a los afectados cuando se deba a “un error imputable” a la administración.

La ley busca “responder a una necesidad urgente” de reforma en los requisitos de exigibilidad de reintegro de las prestaciones indebidas establecidas en el Real Decreto 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba la Ley General de la Seguridad Social. El texto fue presentado el pasado 12 de mayo por los diputados Aina Vidal y Lander Martínez a la Mesa del Congreso y se justifica “en términos de justicia social” y en vista de la “vulnerabilidad” de los beneficios y las familias, un contexto que se ve agravado por el tiempo que transcurre hasta que la administración revisa su caso y le reclama la devolución de los cobros indebidos.

La proposición de ley fija dos cambios prioritarios. El primero se basa en modificar el artículo 55 del Real Decreto 8/2015, añadiendo un quinto apartado en el que “no tendrán la consideración de exigibles las prestaciones indebidas recibidas por las personas beneficiarias cuando estas se deban a un error imputable a la administración competente, y la persona beneficiaria no haya contribuido a la percepción indebida mediante actos o hechos contrarios a la buena fe”. Así, los casos que han aflorado en los que la concesión de oficio se obró con fallos que luego fueron detectados en las revisiones quedarían perdonados. “Tampoco tendrán consideración de exigibles cuando las cantidades percibidas atiendan a necesidades básicas de subsistencia de personas en situación de vulnerabilidad”, añade, en donde se subraya las necesidades socioeconómicas que sufre este colectivo.

Una condonación extensible a los descendientes

Por otra parte, el apartado dos del artículo 19 de la Ley 19/2021 del Ingreso Mínimo Vital también se cambiaría en lo referido a la exención de las responsabilidades. Si se demuestra que el error es imputable a la administración competente, “se extenderá a los hijos e hijas, personas menores de edad y mayores en situación de vulnerabilidad a cargo de las personas beneficiarias que pudieran considerarse como responsables solidarios”. Este cambio es sustancial debido a que los recargos, intereses y costas que se generen a partir del cobro de la deuda por parte de la Seguridad Social son exigidos en la actualidad a todos los responsables solidarios de la ayuda.

A su vez, el texto presentado por el grupo parlamentario, al que ha tenido acceso este medio, establece dos disposiciones más en la norma que rige el IMV. La disposición adicional primera define cuáles son las características de una persona en situación de vulnerabilidad, estableciendo que serían aquellas que perciban el IMV, la renta mínima de referencia en cada comunidad autónoma, o aquellas que obtengan unos ingresos inferiores a dos veces el salario mínimo interprofesional en el momento de la entrada en vigor de la ley.

En cuanto a la disposición adicional segunda sobre la aplicación de los reintegros del IMV, tendrán la consideración de no exigibles para la administración competente las prestaciones reclamadas “que no hayan sido reintegradas o se encuentran en periodo de reintegro a la entrada en vigor de esta ley”. Asimismo, se procedería “a la suspensión de todos los expedientes de reintegro de ingreso mínimo vital incoados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social para su revisión en aplicación de los nuevos requisitos de no exigibilidad”. Una medida de carácter retroactivo que daría respuesta a las reclamaciones planteadas por la ciudadanía desde el año 2022.

Preguntas al Gobierno de Pedro Sánchez

Tal y como recuerda la proposición de ley de Sumar, las personas beneficiarias del IMV “están siendo contactadas para que se devuelve lo cobrado en los últimos años como perceptores del IMV”. Unidades familiares que “tienen serias dificultades” para hacer frente a las cantidades que se les reclaman. Ante las escasas explicaciones dadas por el Ejecutivo central, el partido registró el pasado 10 de junio, tras la publicación del caso de Carolina en elDiario.es Andalucía y haciendo mención al mismo, tres preguntas por escrito dirigida al Gobierno de coalición en la que consultan si hay prevista una vía “urgente” con la que permitir la condonación de las deudas contraídas por los beneficios del IMV. En paralelo, cuestionan cómo se va a solucionar “esta problemática” y si se van a impulsar las modificaciones legales necesarias “para evitar de una vez por todas” las reclamaciones de “deudas injustas” que afectan “desproporcionadamente” a los hogares más vulnerables.

Carolina, la ciudadana cordobesa cuya identidad prefiere mantener en el anonimato, tuvo que ser asistida por un pariente cercano que le prestó alrededor de 9.000 euros para solventar parte de las deudas que le venía reclamando la Seguridad Social después de comprobar que la cuantía asignada no correspondía a su estatus, ya que su hijo menor de edad estaba bajo tutela de los servicios sociales desde 2019, un año antes de que la ayuda le fuera concedida. Tras un largo tiempo de reclamaciones infructuosas, y mediando ese apoyo familiar, la Seguridad Social acreditó que debía 11.862 euros y admitió que fuera devuelto en mensualidades de 142,25 euros. Aun así, la afectada mostraba su preocupación en conversación con este medio a la hora de afrontar el pago, ya que no cuenta con los recursos suficientes tras haber presentado varios documentos en los que da fe de que es una persona en exclusión social, al igual que consta como desempleada de larga duración y posee una discapacidad acreditada del 45%.

Sumar recuerda en la proposición de ley los pronunciamientos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y del Tribunal Supremo, autoridades que consideran que es desproporcionado reclamar la integridad de lo cobrado cuando se ha podido comprobar el error de la administración y que los beneficiarios desconocían el fallo de las cuantías. En este sentido, citan la sentencia del TEDH del 26 de abril de 2018 en el caso Óakarevió contra Croacia, en la que se estableció que no se podía obligar a un ciudadano a devolver prestaciones indebidamente cobradas si se cumplía con: la buena fe del beneficiario, la naturaleza de la prestación, como que cubriera necesidades básicas, y que la devolución suponga una carga desproporcionada e individual para el individuo.

Una modificación normativa que va en la línea de lo ya expuesto por el Defensor del Pueblo en agosto de 2024, cuando se trasladó a la Secretaría de Estado de Trabajo y al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que se abordara la modificación del artículo 55 de la Ley General de la Seguridad Social. “Se trata de familias sin recursos y en situación, a veces, de extrema necesidad, que percibieron esta prestación social y que tienen serias dificultades para hacer frente a las cantidades ahora se les reclaman”, destacaba Ángel Gabilondo. A pesar de las peticiones, no se han promulgado cambios desde el seno del Gobierno central, por lo que sigue su curso la reclamación colectiva que admitió a trámite en junio de 2025 el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) y que fue presentada por ATD Cuarto Mundo, la Oficina Jurídica de Derechos Sociales y diferentes entes sociales.

El Colectivo Afectad@s por el IMV estima que, según los porcentajes de revisión aplicados desde el año 2022, hay alrededor de entre 300.000 y 450.000 hogares afectados por el sistema de regularización del Ingreso Mínimo Vital en todo el país. Además, la plataforma recuerda que el 65% de la condonación para las unidades con menores a cargo que contempla la Seguridad Social se aplica solo sobre una mensualidad de la pensión no contributiva del año reclamado, no sobre la deuda total que tiene el afectado con el sistema o el periodo total. En este sentido, observan que “a efectos reales no protege a ningún menor del impacto de las deudas”.

Cristina Gómez seguirá al frente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) de Castilla-La Mancha, tal y como ha aprobado la Asamblea General de esta plataforma, que ha validado su “gestión de crecimiento sostenido”.

La propuesta de la presidenta incluye acciones de coordinación y colaboración entre entidades, la mejora de cohesión entre entidades del ámbito de la discapacidad y el desarrollo de marcos de incidencia normativa y legal así como proyectos que visibilizarían de actividad del CERMI y su implantación en el territorio.

Acompañan a Gómez Palomo como miembros de la Junta Directiva, José Martínez Martínez, como vicepresidente; Ana Cabellos, como secretaria general; María del Camen Navarro como tesorera; y Begoña Martín, Dolores Serrano, José Ramón del Pino, Marcelino Escobar, José Julián García, Luis Miguel Garzás, Pedro Jesús Sáez, Eugenia Ramírez y en calidad de vocales.

Según informa la entidad, la Asamblea General también ha aprobado tanto la Memoria del 2025 como las propuestas de gestión para el 2026.

“Tenemos un equipo implicado, ilusionado y con ganas de sumar, nuestro esfuerzo nos ha traído hasta aquí, pero es necesario seguir y avanzar en la consolidación de servicios, reconocimiento de derechos y mejora en la estabilidad de nuestras entidades”, ha afirmado la presidenta.

El Plan de Trabajo aprobado, sobre el que ya se está trabajando, incluye acciones promocionales y de concienciación relacionadas con el XX Aniversario de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y también del XX aniversario de la Ley de Dependencia.

En la Asamblea, el gerente del CERMI de Castilla-La Mancha, José Antonio Romero Manzanares, ha explicado que se está trabajando en colaboración con la Dirección General de Discapacidad en relación con los servicios de Atención Temprana, para el desarrollo del nuevo decreto o concierto social, y en el diseño de la Estrategia de Personas con Discapacidad.

Esta Asamblea ha dado el visto bueno a un proyecto de consumo que se está trabajando con la Consejería de Sanidad destinado a mejorar el acceso y facilitar la compra a personas con discapacidad en supermercados y que llevará el nombre de “Programa de consumo accesible” y durará tres años.

En España, el 14,8% de las mujeres con discapacidad acreditada igual o superior al 33 % ha sufrido violencia física a lo largo de la vida por parte de alguna pareja. Además, la prevalencia de la violencia física aumenta con el grado de discapacidad, situándose en el 13,4% entre las mujeres que tienen una discapacidad acreditada de entre un 33% y un 64% y en el 18,2% entre aquellas con un grado del 65% o superior de discapacidad. En cuanto a la violencia sexual ejercida por alguna pareja, el 11,3% de las mujeres con discapacidad igual o superior al 33% la ha sufrido, así como en la violencia económica a lo largo de la vida, padecida por el 16,6% de las mujeres con una discapacidad de entre el 33% y el 64% y por el 19,2% de aquellas con un grado de discapacidad del 65% o superior.

Se trata de datos aportados por el estudio 'Mujeres especialmente vulnerables a la violencia' publicado este mayo por el Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género (DGVG) que concluye que las mujeres con discapacidad acreditada igual o superior al 33% denuncian la violencia en una proporción más elevada que las que no tienen discapacidad. Ese porcentaje es del 27,6% en el primer colectivo, frente al 16,2% del segundo. Lo mismo ocurre en la búsqueda de ayuda cuando la violencia ocurre. Un 58% de las mujeres con discapacidad ha recurrido a servicios de ayuda como médicos, psicológicos, servicios sociales, etc., debido a la violencia ejercida por alguna de sus parejas, frente al 40,3% del resto de mujeres.

¿Pero qué ocurre cuando esa violencia es ejercida por el principal cuidador de las mujeres con discapacidad? ¿Cómo puede pedir ayuda una mujer cuya movilidad, vestimenta o cuidados diarios dependen estrictamente de su propio maltratador? La abogada Ana Balboa Montavez, y las psicólogas y facilitadoras procesales Sara Poncela Chafik y Sofía Remón Chozas junto con el equipo multidisciplinar de la Unidad de Atención a Víctimas con Discapacidad Intelectual de Navarra (UAVDI) abordan estas cuestiones y aportan algunas claves en el estudio Violencias machistas y diversidad funcional del Máster de Formación Permanente de la EHU Violencias Machistas: Intervención en Red de la Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU).

La alta necesidad de algunas mujeres con discapacidad de cuidados íntimos y la dependencia en tareas de higiene y cuidado físico incrementan notablemente las oportunidades de agresión. Además, las expertas alertan de que el riesgo de sufrir agresiones se eleva de manera pronunciada cuando la atención y el cuidado cotidiano son provistos por múltiples adultos o cuidadores con escasa supervisión. “La falta de herramientas de comunicación accesibles o de educación sexual impide que las mujeres comprendan que están siendo objeto de una agresión”, destaca el estudio, que menciona una práctica frecuente —y errónea— es utilizar a familiares o cuidadores como “intérpretes” en los procesos de revelación, lo cual vulnera la confidencialidad de la víctima y eleva el riesgo de revictimización.

Una educación afectivo-sexual adecuada permite reconocer el propio cuerpo, identificar situaciones de riesgo, aprender sobre el consentimiento y desarrollar habilidades para establecer límites en las relaciones

Para evitar que esto ocurra, en primer lugar las expertas exponen algunos de los mitos que dificultan la valoración de la sospecha de un caso de violencia machista contra las mujeres con discapacidad intelectual y aportan argumentaciones que desmontan esos mitos, como el de “las mujeres con discapacidad intelectual son personas asexuadas”. “La sexualidad es inherente a todas las personas. Tener una discapacidad intelectual no elimina deseos, emociones, ni necesidades afectivas; simplemente puede requerir otras formas de apoyo para su expresión segura y autónoma”, sostienen. El segundo de los mitos es que las personas con discapacidad “tienen una sexualidad desinhibida, incontrolable, impulsiva”. “La supuesta «desinhibición» suele reflejar falta de educación afectivo-sexual, entornos sobre protectores o ausencia de modelos positivos, no una característica propia de la discapacidad. Con información y apoyos adecuados, pueden regular su conducta igual que cualquier persona”, reconocen. El tercer mito a derribar es que “sus dificultades les impiden tener relaciones sexuales normales”. “No existe una única forma «normal» de vivir la sexualidad. Con apoyos, comunicación y respeto mutuo, las mujeres con discapacidad intelectual pueden disfrutar relaciones afectivas y sexuales satisfactorias y seguras”, añaden. El cuarto mito es que “las mujeres con discapacidad intelectual no son personas con atractivo o deseadas”. Según las expertas, “esta idea surge del capacitismo y de la mirada infantilizadora”. “El atractivo es diverso y subjetivo; negarles deseo o capacidad de ser deseadas es negar su derecho humano”. Por último, está el mito de que “las mujeres con discapacidad intelectual no entienden ni necesitan la educación afectivo-sexual”. “Precisamente por su vulnerabilidad a abusos y desinformación, necesitan educación accesible y adaptada. Comprenden mucho más cuando se les ofrece información clara, concreta y respetuosa”, sentencian.

Una vez aclaradas estas cuestiones las expertas ahondan en la necesidad de prevención y formación específica en violencia machistas tanto para las propias mujeres como para las familias de estas. “La prevención del abuso hacia personas con discapacidad intelectual es una responsabilidad social que requiere un enfoque integra. Las mujeres con discapacidad intelectual se encuentran en diversas situaciones de mayor vulnerabilidad ante los diferentes tipos de abuso; físico, emocional, sexual, económico o institucional—, lo que hace indispensable actuar desde el origen del problema. Para prevenir y adelantarse a que puedan darse más situaciones de abuso, es necesario trabajar desde la formación y sensibilización. Esto implica, en un primer momento, educar y formar a las propias mujeres con discapacidad intelectual, empoderándolas a través de información y conocimientos, impartidos por profesionales especializados. Es esencial proporcionarles herramientas accesibles para reconocer situaciones de riesgo, conocer sus derechos y saber cómo pedir ayuda. Del mismo modo, las familias tienen un papel clave como agentes protectores y aliados en el desarrollo de entornos seguros y de confianza”, aseguran.

Una herramienta fundamental para la prevención de conductas machistas, según determinan, es la educación afectivo-sexual a personas con discapacidad intelectual, adaptada a las necesidades cognitivas de cada persona. “Una educación afectivo-sexual adecuada permite reconocer el propio cuerpo, identificar situaciones de riesgo, aprender sobre el consentimiento y desarrollar habilidades para establecer límites en las relaciones. Si bien es cierto que las mujeres con discapacidad intelectual suelen ser excluidas de estas formaciones por mitos sobre la discapacidad que se han expuesto anteriormente como la asexualidad o la falta de madurez, esto solo genera limitaciones en su autonomía como personas con sexualidad”, aseguran.

Las expertas detallan que la mejor forma para trabajar adecuadamente la prevención del abuso a mujeres con discapacidad intelectual, es un espacio en grupo donde puedan formar equipo y puedan compartir sus dudas y sus esfuerzos en distintos aspectos. En esas sesiones, además de la educación afectivo-sexual, es fundamental abordar otras como el reflejo del dolor, los derechos de las personas con discapacidad, el trauma o enseñarles señales y comportamientos que pueden indicar situaciones de abuso, para que puedan identificar posibles riesgos y saber cómo actuar.

A falta de señales físicas, hay que atender a cambios bruscos de conducta como regresiones, retraimiento y agresividad o rechazo a lugares y personas

Al igual que con las personas con discapacidad intelectual, es importante dar un espacio a las familias donde puedan formar equipo de trabajo y puedan compartir sus vivencias, sus miedos y sus herramientas. En este sentido, a modo de claves, a las familias les recomiendan “evitar juicios de valor y tomar en consideración lo que cada persona expone sobre su familiar, evitando minimizar y dando valor de manera individual”, “dar a conocer los recursos y servicios disponibles para actuar ante posibles situaciones de abuso, así como orientarlas sobre cómo buscar apoyo y acompañamiento profesional” y “capacitarlas para identificar signos de alerta físicos, emocionales o conductuales que puedan indicar que algo no va bien, favoreciendo una detección temprana”.

Qué hacer y qué no hacer cuando hay una sospecha de agresión

¿Qué hacer cuando hay sospecha de una agresión? El estudio indica que “solo se revela aproximadamente el 3% de los casos de abuso sexual contra personas con discapacidad intelectual”. Esto se debe a barreras como el desconocimiento de lo que constituye un abuso, las amenazas del agresor, la “ley del silencio”, el miedo a no ser creídas y las dificultades de expresión. Por ello, la detección por parte de profesionales y familias es crucial, fundamentándose en claves básicas, como considerar siempre la posibilidad de abuso. “Las familias y profesionales no deben esperar a que la víctima lo revele directamente. El miedo, la culpa, la vergüenza y las limitaciones de comunicación provocan que el malestar se exprese de forma indirecta. Dado el elevado riesgo del colectivo y los mitos existentes, se debe mantener siempre una actitud de alerta activa”.

“A falta de señales físicas, hay que atender a cambios bruscos de conducta (regresiones, retraimiento, agresividad o rechazo a lugares/personas). Entre las secuelas clínicas comunes se encuentran el Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT) —que suele manifestarse de forma atípica como trastornos de conducta debido a las limitaciones verbales de la víctima —, la ansiedad , la depresión y problemas de conducta (autolesiones, conductas desafiantes o hipersexualización). Los profesionales deben investigar la raíz de estos cambios sin atribuirlos erróneamente a la propia discapacidad. Cabe destacar que hasta un 40% de las víctimas de abuso no muestran síntomas evidentes, por lo que la ausencia de señales jamás debe restar credibilidad a un relato”, explican las expertas, por ello, inciden en que “cuando una persona con discapacidad intelectual revela un abuso, existe una alta probabilidad de que sea real. Se debe desterrar el mito capacitista de que suelen inventar o fantasear. No obstante, para no interferir en investigaciones judiciales, se aconseja corroborar los hechos con especialistas y evitar que la víctima repita el relato múltiples veces, ya que esto puede alterar su memoria”.

Las cosas que sí que tienen que hacer desde las familias una vez hay sospecha de agresión son “generar un ambiente íntimo y discreto, ofrecer contención emocional, transmitir confianza y credibilidad, practicar la escucha activa, fomentar el relato libre respetando ritmos y silencios, y registrar todo de forma minuciosa evitando formular preguntas cerradas”. Lo que no deben hacer cuando una persona con discapacidad muestra signos de alerta por posible agresión es “permanecer inactivos, dudar del relato, juzgar o restar importancia a la confidencia, realizar preguntas cerradas o sugerir respuestas, e interrogar de manera insistente”.

El siguiente paso sería ya acudir a los profesionales que detectarán lo que ocurre y siempre informando a la posible víctima y a sus familiares sobre los pasos a dar y nunca a sus espaldas, decidirán cómo proceder. Ante la sospecha o confidencia de un abuso, el profesional tiene la obligación de actuar bajo criterios de coordinación con especialistas y activar de manera conjunta cinco líneas de acción prioritaria: protección de la víctima, valoración de la capacidad para decidir la denuncia, planificación de los apoyos para el proceso judicial, manejo de la divulgación desde la institución y, por último la valoración de intervención psicoterapéutica o psiquiátrica. “Es indispensable realizar una evaluación clínica adaptada que pondere el impacto del trauma y las particularidades cognitivas de la persona. Un correcto abordaje especializado permite diagnosticar patologías asociadas (depresión, ansiedad, TEPT) y diseñar un plan personalizado enfocado en la recuperación de la autoestima y el desarrollo de la autonomía personal”, concluyen las expertas.

Carolina tiene una deuda de 23.526 euros con la Seguridad Social a raíz de un error en la asignación económica que le correspondía del Ingreso Mínimo Vital. El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) calculó la cuantía económica en base a que su hijo convivía con ella, pese a que el menor estaba bajo la tutela de los servicios sociales un año antes de que se le aprobara la ayuda. El desfase ha generado este agujero a la afectada que, con un 45% de grado de discapacidad y sin trabajo, ha alegado en varias ocasiones que desconocía que su hijo siguiera en el padrón con ella. Pide la condonación total de la deuda, ya que se enfrenta a un embargo de bienes aun cuando tiene acreditada su situación de exclusión social, con el riesgo a quedarse completamente desprotegida por el sistema.

Carolina, quien prefiere guardar su identidad, vive en la casa que heredó de sus padres cuando fallecieron. A través de una videollamada cuenta que está “desesperada” y pide que se examine de nuevo su caso. Todo comenzó cuando cambió su unidad de convivencia para incluir a su hermana en 2023 en el hogar que ahora comparten para cumplir con los requisitos del IMV, momento en el que la Seguridad Social hizo una revisión de oficio y se comprobó que durante 22 meses se había ingresado una cuantía superior a la que le correspondía.

El origen de todo el embrollo está en el padrón municipal: “No sabía que mi hijo apareciera en el registro conmigo y ellos tampoco lo comprobaron cuando me concedieron de oficio el ingreso en 2020. No verificaron los datos ni que estaba en el centro de menores desde un año antes”, explica. Con tres años a sus espaldas lidiando con las reclamaciones que han sido denegadas, acudió a un familiar que abonó unos 9.000 euros. “No puede hacer más por mí”, indica. Tras varios rechazos, la Seguridad Social le notificó el 22 de mayo de este año una resolución en la que que se le concede un aplazamiento por el pago de las deudas contraídas: de junio a diciembre de 2026 tendrá que pagar 853,5 euros en mensualidades de 142,25 euros. Luego, le quedaría a deber otros 11.862 euros, intereses incluidos.

“La Seguridad Social se equivoca”

“No voy a poderlo pagar, que fue lo que ya me sucedió con la primera parte. Tengo que bajar los gastos de la compra, la luz, el agua, ahora tengo termitas en el techo de casa de mis padres... Tengo una situación muy mala”, lamenta, gastos e imprevistos que tiene que afrontar con una pensión que ronda los 600 euros. El primer mes de pago es junio y comenta que lo más probable es que acuda a Cáritas para buscar algún tipo de apoyo con el que sobrepasar este bache: “Estoy esperando a que me den un abogado de oficio para pelear esto”.

Este hecho no es aislado, señala María Isabel Peláez Peña, coordinadora de la Comisión de los Servicios Sociales del Consejo Andaluz de Trabajo Social, que contabiliza por “miles” las quejas atendidas. “La Seguridad Social se equivoca”, critica, “primero, te aprueban la ayuda y tiempo después hacen una revisión y se dan cuenta del error”. El Colectivo Afectad@s por el IMV lleva tiempo denunciando esta situación que afecta a cientos de familias que son incapaces de asumir una deuda de tal calibre y que ya ha posicionado al Defensor del Pueblo, quien ya en 2024 propuso que no se cobraran los pagos indebidos. En un comunicado emitido el 15 de mayo, la plataforma manifestaba que se trataba de “un problema de Estado en materia de protección social” y ya no se trataba de un hecho “aislado”.

Una de las coordinadoras del Colectivo Afectad@s, en respuesta a este medio, destaca que no hay datos oficiales sobre a cuántas unidades de convivencia han afectado los cobros indebidos del IMV desde 2022. En todo caso, se basan en los informes de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que señala que las revisiones anuales de renta afectaron al 83% de los hogares perceptores ese año, al 65% en 2023 y al 68% en 2024, lo que incluye aumentos, reducciones, suspensiones, bajas y reclamaciones de reintegro.

“Si aplicamos los porcentajes de revisión, la cifra acumulada de unidades de convivencia afectadas por el sistema regularización del IMV desde 2022 estaría entre los 300.000 y 450.000 hogares”, detalla, y, según las estimaciones recogidas por la plataforma, situaría a Andalucía entre los 60.000 y 110.000 hogares afectados. “El Gobierno no ha facilitado hasta la fecha datos desagregados y transparentes sobre el número real de afectados por comunidad autónoma”, subraya, mientras sigue en curso la reclamación colectiva que admitió a trámite en junio de 2025 el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) y fue presentada por ATD Cuarto Mundo, la Oficina Jurídica de Derechos Sociales y diferentes entes sociales.

Por su parte, Peláez Peña recomienda desde el Consejo Andaluz de Trabajo Social a los afectados por los fallos administrativos ir en primer lugar a una oficina de Hacienda y solicitar el fraccionamiento de la deuda en una cantidad manejable, a lo que le seguiría un escrito al Defensor del Pueblo Andaluz para que quede constancia de lo ocurrido. Además, indica que si los afectados tienen dificultades a la hora de acceder a los trámites pueden acudir a un punto Vuela, servicio que facilita el acceso a los recursos digitales. Si el IMV es denegado por impago de deudas, recuerda que con apoyo del trabajador social de referencia se puede solicitar la renta mínima de inserción. En Andalucía, la nómina del IMV llegó en abril a 818.528 personas, según la estadística de abril del INSS.

Tres meses para ingresar 10.000 euros

Retrotrayéndonos en el tiempo, el INSS procedió en 2023 a notificar a Carolina la baja del IMV, justificándolo con que hubo un cobro improcedente entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de octubre de 2023 por un importe total de 10.962 euros, según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico. Por este motivo, se le dio a la usuaria un plazo de tres meses para realizar el ingreso que, con el paso de los años, se ha convertido en los más de 23.000 euros. Pese a los informes sociales y sanitarios aportados, las alegaciones fueron desestimadas “al no constituir las mismas aval técnico-jurídico suficiente”, respondieron desde el INSS.

El único supuesto en el que se procedería a una condonación del 65% de la dita sería en el caso de que haya un menor a cargo, según explica el INSS en el escrito. En el caso de Carolina no se cumple con este requisito, ya que su hijo quedó bajo la tutela de la Consejería de Inclusión Social en 2019 y, como única alternativa para resolver el trámite, se le indica el número de cuenta bancaria en el que tiene que abonar las mensualidades para rebajar la deuda.

En septiembre de 2025, la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social solicitó a Carolina el pago de 17.301 euros, a los que sumó un recargo de 3.460 euros por el tiempo transcurrido y los intereses de demora devengados hasta esa fecha, lo que hizo un total de 21.032 euros. En menos de un año, la cantidad aumentó y se pasó a abrir una diligencia de embargo de bienes para compensar la deuda que ascendía a 23.526 euros, en la que se incluían las costas del procedimiento. Una vez más, la afectada presentó una diligencia con las escrituras del inmueble y explicó que el único bien que tiene es la casa de sus padres, por lo que se enfrentaba a un posible desahucio. Ante la urgencia, una familiar aportó un desembolso que aplacara la intervención en la propiedad.

Informes de salud mental y vulnerabilidad social

La última comunicación por parte de la cordobesa fue el 20 de febrero, donde ya no solo pedía que le perdonaran el desembolso en virtud de los informes de desarraigo social y exclusión económica presentados, sino que, como “mínimo”, se paralizara y estudiara su caso de forma pormenorizada, ya que lo único que recibía como réplica por parte de la Unidad de Recaudación Ejecutiva era “solo” un “documento de pago de deuda aumentada por los intereses”.

De esta forma, se ignoran los informes presentados desde enero de 2024, en los que se apunta que la afectada acude al servicio de salud mental desde hace siete años debido a un trastorno ansiosodepresivo, además de que padece una discapacidad mental leve, al igual que su hermana. Por tanto, el diagnóstico pone de relieve las serias dificultades que tiene para organizar varios aspectos de su rutina diaria, como puede ser el trámite de las prestaciones que requiere de una mayor atención a causa de la complejidad burocrática. A su vez, se refleja que se trata de una desempleada de larga duración y no cuenta con una red de apoyo, más allá de la intervención excepcional de su pariente, por lo que los ingresos son “insuficientes” y “apenas cubren las necesidades básicas”.

A tenor de lo sucedido, los servicios sociales recomendaron al INSS que atendiera a la condonación de la deuda “teniendo en cuenta la situación social, sanitaria y económica de exclusión social” y solventar a través de otros métodos, o “de la forma más positiva posible”, el conflicto entre las partes debido a que, a raíz de la “situación económica angustiosa e incierta” se estaba “agravando” el diagnóstico de la paciente. A lo comunicado por este expediente, se suma que el Instituto Provincial de Bienestar Social de Córdoba también acreditó en marzo de 2026 la situación de vulnerabilidad y riesgo de exclusión social que sufre la mujer.

Al cierre de esta edición, la Seguridad Social no ha respondido a las preguntas de este medio. Desde el Consejo Andaluz de Trabajo Social se pide a la administración una mayor rigurosidad a la hora de tramitar los expedientes del IMV para evitar el perjuicio para aquellos que más lo necesitan.

Toni Sánchez cree que para jugar al rugby en silla de ruedas solo hacen falta “ganas de pasárselo bien”. Este vitoriano se mudó el año pasado a Toledo para jugar en el Quijote Rugby Club, un equipo radicado en Illescas que se ha convertido en un referente de este deporte inclusivo y adaptado.

El rugby en silla de ruedas nació en 1977 de la mano de un grupo de deportistas tetrapléjicos canadienses que buscaban una alternativa al baloncesto en silla de ruedas. Su objetivo era crear una disciplina que permitiera competir en igualdad de condiciones a personas con movilidad reducida en brazos y manos.

Se enfrentan dos equipos de cuatro jugadores con un balón similar al de voleibol. El objetivo es cruzar con la pelota la línea de fondo rival. La modalidad combina elementos del baloncesto, el balonmano, el voleibol y el hockey sobre hielo.

Sánchez reconoce que, debido a que están permitidos los contactos entre sillas, desde fuera puede parecer un deporte duro. “Parece que es bruto porque te pegas golpes, pero las sillas los absorben. Te levantas y sigues jugando. Te lo pasas súper bien”, asegura.

Mejoras que pasan del deporte a la vida diaria

Aunque forma parte del programa paralímpico desde los Juegos de Atlanta 1996, el rugby en silla de ruedas no llegó a España hasta dos décadas después. Su implantación fue posible, en parte, gracias al trabajo de Miriam Salas, investigadora postdoctoral de la Unidad de Biomecánica y Ayudas Técnicas del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo.

Salas vio en esta disciplina una herramienta para mejorar la rehabilitación y la calidad de vida de personas con lesión medular cervical, aunque también resulta beneficiosa para deportistas con parálisis cerebral u otras discapacidades que afecten a varios miembros.

“Las sillas en las que se desarrolla este deporte son realmente importantes para las personas con lesión medular o cervical, porque permiten desarrollar estrategias y habilidades que luego se trasladan a la vida diaria”, explica.

La especialista destaca que la práctica regular del rugby en silla de ruedas mejora la capacidad cardiorrespiratoria y fortalece la musculatura implicada en los gestos deportivos. Estos beneficios son especialmente visibles en pacientes que evolucionan desde una fase aguda, en la que permanecen encamados, hasta una fase subaguda en la que comienzan a manejar una silla de ruedas.

“En el rugby la propulsión es completamente manual. Aunque muchas personas utilizan sillas eléctricas en su día a día, este deporte les permite realizar movimientos y gestos que normalmente no podrían mantener durante tanto tiempo”, señala.

Además, la estabilidad que proporciona la silla deportiva facilita la ejecución de acciones complejas y repetidas, lo que contribuye a mejorar el rendimiento físico general. Según Salas, los beneficios observados en el alto rendimiento paralímpico también se trasladan a la práctica recreativa y al día a día de los usuarios.

La disciplina exige una amplia variedad de gestos técnicos, como pases, recepciones, agarres o extensiones de muñeca, que contribuyen a mejorar la funcionalidad de las extremidades superiores. También favorece el aumento del metabolismo basal y reduce la sensación de fatiga asociada a muchas lesiones medulares, permitiendo a los deportistas afrontar con mayor energía las actividades cotidianas.

El reto de darse a conocer

Pese al crecimiento experimentado en los últimos años, el rugby en silla de ruedas continúa enfrentándose a importantes dificultades para consolidarse en España. Así lo reconoce Enrique Álvarez, presidente de la Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Física.

“El deporte paralímpico está viviendo un momento muy positivo. Tiene más presencia en los medios de comunicación, se han equiparado los premios económicos entre medallistas olímpicos y paralímpicos y cada vez tiene una mayor visibilidad social. Aun así, todavía queda mucho camino por recorrer”, afirma.

Y es que, tal y como recuerda Álvarez, gran parte de las ayudas públicas en España para la práctica deportiva están vinculadas al alto rendimiento y la competición internacional, lo que limita el apoyo que pueden recibir disciplinas emergentes o proyectos de base.

“Muchas veces los clubes y los jugadores nos piden más recursos. No es que no queramos ayudar más, es que el sistema de financiación está muy orientado al alto rendimiento. Necesitamos más herramientas para seguir desarrollando este deporte”, explica.

Precisamente ese problema en la base se va a hacer patente este fin de semana. La localidad toledana de Illescas acoge este fin de semana el Campeonato de España por Comunidades Autónomas de Rugby en Silla de Ruedas. Esta competición reunirá a las selecciones de Madrid, Catalunya, Comunitat Valenciana y Andalucía en dos jornadas que permitirán disfrutar en la provincia de Toledo de una de las disciplinas más espectaculares e intensas del deporte adaptado.

Sin embargo, a pesar de ser la región anfitriona, Castilla-La Mancha no estará representada debido a la falta de jugadores, tal y como denuncia Mamen Movellán, jugadora del Quijote Rugby Club, que lamenta lo difícil que resulta atraer a nuevos jugadores a esta disciplina.

La selección española fue campeona de Europa en la categoría B, pero seguimos sin llenar las gradas. Nos faltan medios y cualquier proyecto supone un esfuerzo económico enorme

Mamen Movellán — Jugadora del Quijote Rugby Club

Por eso, Movellán apunta que el principal reto sigue siendo ganar visibilidad. “La selección española fue campeona de Europa en la categoría B, pero seguimos sin llenar las gradas. Nos faltan medios y cualquier proyecto supone un esfuerzo económico enorme”, señala.

Por eso, la deportista hace un llamamiento a instituciones, empresas y particulares para que apoyen una modalidad que considera todavía desconocida para gran parte de la sociedad. “Solo hace falta venir a verlo para enamorarse de este deporte. Competir es el objetivo final de cualquier deportista, pero para llegar ahí necesitamos más apoyo y más oportunidades”, concluye.

CSIF denuncia la “vergonzosa” situación del CRMF de Lardero debido a la falta de personal en el Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad Física (CRMF) de Lardero y sus consecuencias en las personas usuarias del centro. Exigen “medidas urgentes” porque aseguran que la “situación es insostenible y se viene agravando durante los últimos años en los que ha aumentado la precariedad laboral en casi todos los puestos de trabajo: camareras, TCAES, gobernantas y ordenanzas”.

Una situación que aseguran está influyendo en las plantillas que ya están “exhaustas por la sobrecarga laboral y la falta de cobertura de las vacantes y las que se cubren se hacen con contratos temporales de corta duración, a veces incluso de un mes”. En concreto calculan que en la actualidad, el CRMF de Lardero tiene más de 21 vacantes sin cubrir, “cifra que día a día va creciendo por las jubilaciones o traslados de personal a otros organismos”.

Una falta de peresonal que desde CSIF alertan puede afectar a los servicios por lo que exigen a Delegación del Gobierno en La Rioja que el centro s“ea considerado urgentemente como sector prioritario y se autoricen los créditos necesarios desde Función Pública para dotar las vacantes de personal”.