La idea es sencilla: ni matarás, ni torturarás, ni humillarás toros, ni en corridas ni en fiestas. Es anticristiano, es pecado, es inhumano. Ni con los toros ni con cualquier otro animal: “Todas las criaturas de Dios”, según decía San Francisco de Asís. Desde hace décadas, y con más fuerza en los últimos años, son numerosas las voces dentro de la Iglesia que exigen una condena firme de los festejos taurinos, y con ella una exigencia de obediencia a sus miembros. No hay lugar dentro de la fe cristiana para tanta crueldad. Sin embargo, cada Papa ha evitado pronunciarse, a pesar de que los defensores de la tauromaquia son una escandalosa minoría en la cristiandad de nuestros días. ¿Por qué tanto miedo? ¿Ejercen tanto poder la Conferencia Episcopal Española y organizaciones como el Opus Dei? ¿Tiene sentido hablar del amor al prójimo, torturando y asesinando toros en las plazas y calles de España, Francia y Latinoamérica?

Nuevo Papa, vieja lucha. Una vez más, como ya se hiciera con su antecesor Francisco, la comunidad global en defensa de los derechos de los animales actuará en España para reclamar coherencia y justicia al máximo representante de la Iglesia católica. Es decir, pedir al Papa lo que es del Papa. Exigir lo que plantean las Sagradas Escrituras, contrarias a la tortura animal, reclamando a los asistentes y devotos que acudirán en masa a la visita de León XIV una condena firme a las corridas y festejos con toros. El objetivo es convertir esta visita histórica en un acto transformador, con la sociedad y en la fe que les une. Por eso mismo, desde el respeto a sus creencias religiosas, nace la exigencia de que sean cristianos hasta las últimas consecuencias. Que levanten la mano contra la opresión y el sufrimiento de los más débiles: los animales, los toros, las vaquillas, los becerros. Los creyentes y devotos del Papa pueden hacer estos días algo más que rezar y aplaudir: deben exigir a su máximo representante que condene la tauromaquia. Si lo hacen, nos tendrán a su lado.

El silencio es violencia

Conscientes de que la acción es motor de la movilización, la organización mundial PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) inicia este mismo viernes 5 de junio una campaña de presión social para que este mensaje le llegue claro al Papa León y a sus seguidores. Se trata de un nuevo paso en el trabajo explícito con las corridas de toros que su sede británica, PETA UK, viene ejerciendo desde 2023. En todo este tiempo, numerosas personas han realizado acciones públicas de exposición y denuncia sobre la actitud silenciosa y permisiva de la Iglesia católica. Activistas irrumpieron en actos y misas manifestando que “el silencio es violencia” y reclamando que se deje de “bendecir las corridas de toros”. En mayo de 2024 insertaron una publicidad, a color y toda página, en la prensa española, con la imagen de Jesús interponiéndose entre un matador y su víctima, el toro, con la frase: “La tauromaquia es un pecado; pide a tu sacerdote que la condene”.

En 2026, PETA va más allá. En un breve vídeo, estrenado globalmente hoy, varios sacerdotes argumentan su defensa de la tauromaquia, mezclando ideas paganas de sacrificio y declarando que son actos no violentos. Uno de los entrevistados, el padre Antonio Schlatter -miembro del Opus Dei-, declara abiertamente que “la tauromaquia es un símbolo de lo cristiano”. Una provocación militante que pasa de la tolerancia a la elevación teológica. Otro entrevistado, el padre Adolfo Ariza, ridiculiza la idea de que los animales sean “personas” o “tengan alma”, defenestrando planteamientos históricos de grandes místicos del cristianismo, como el mencionado San Francisco de Asís. Se llega a decir que la tortura y muerte en las corridas de toros, aplaudidas y bendecidas por la Iglesia, son el “grado máximo del amor”. Escuchándoles, en clara ausencia de Dios, uno entiende sin reparos la idea cristiana de Satán.

Ni santa ni fiesta

Se cumplen diez años del estreno de mi documental Santa Fiesta: una década denunciando, tratando de avanzar y abolir, gracias a los continuos visionados del largometraje, tanto en hogares como en actos públicos. Gracias a la lucha incansable de organizaciones y de individuos, día a día, puerta a puerta, firma a firma, cada vez somos más en contra de la tauromaquia. En la película quisimos mostrar cómo existen en España numerosas fiestas con crueldad animal que van de la mano de actos religiosos, en honor de patrones santos y matronas santas, bendecidas todas por autoridades y seguidores religiosos. Rituales festivos en los que, a menudo, se pasa de la misa a la muerte. Pero hay mucho más.

Durante la producción de la película, y en los eventos de proyección del film, diferentes personas se acercaron a compartir las demandas que habían realizado a sus párrocos, obispos e incluso ayuntamientos para que se cancelaran esos festejos de tortura animal y se condenaran desde los altares de sus congregaciones. Sólo recibieron silencio, desprecio e incluso amenazas. También fuimos informados del uso de fondos públicos, desviados como ayudas a hermandades y agrupaciones religiosas locales, para contratar y organizar encierros y festejos taurinos, sin que aparecieran en los presupuestos oficiales de los municipios. El demoledor trabajo de investigación realizado por Anima Naturalis en 2023 logró identificar más de 42 millones de euros anuales destinados por los ayuntamientos a fiestas populares con maltrato y muerte animal. Esa cifra es, con toda probabilidad, la punta del iceberg.

La cuestión de la tauromaquia y los festejos taurinos se ha instrumentalizado en la sociedad postpandemia. Un puñado de voces muy ruidosas, agentes devotos del odio, han mezclado nostalgia con extremismo para confundir aún más. Sin embargo, la cuestión religiosa -muchos de los defensores de los toros son creyentes practicantes- se evita interesadamente, porque es clave. Si te declaras católico, tus actos y defensa de la tauromaquia te condenan. Aún más como párroco, conocedor de tu religión y sus obligaciones. Así lo manifestaba el teólogo Robert Culat, en estas mismas páginas, en la entrevista que le realicé: “La Iglesia, para ser coherente con sus propias enseñanzas, no solo debe retirarse de todos los eventos taurinos, sino que, además, en lugar de bendecir, debe condenar enérgicamente estas torturas animales gratuitas”.

El Mandamiento del amor

El pensamiento cristiano es, la mayoría de las veces, torcido y retorcido lejos de sus fundamentos filosóficos (no tanto en sus soluciones divinas). La teología es una enseñanza complicada, enrevesada en figuras, instrumentos, credos y obligaciones, que se simplifican en las catequesis donde muchos, me incluyo, aprendimos el sentir cristiano (acabamos alejados por la corrupción de sus instituciones y el horror de sus abusos). Sin embargo, la espiritualidad acepta muchas formas, y debe ser bienvenida si es fuente de amor, respeto, crecimiento, empatía y solidaridad. Todo ello está ausente en la defensa cristiana de la tauromaquia, sean sus agentes meros fieles o pontífices.

No caben medias tintas: la tauromaquia es pecado. Por acción o por omisión. Y defenderla es un acto que te condena como cristiano. Si tu párroco, tu obispo o el Papa te llevan al pecado, son tan culpables como tú. Pero tu voz puede salvarte (por usar los términos de tu religión) y salvar a otros. Los primeros, las víctimas directas: los toros, vaquillas, becerros, caballos. Después, los demás, incluidos quienes no creemos (recordando que Jesús bendecía también a los no creyentes). Además, esta acción justa en defensa de los animales y de toda la sociedad conecta con el Mandamiento del amor, supremo y esencial: “Amarás al prójimo como a ti mismo”. Incluso con el rotundo “No Matarás”. El otro, los otros, somos todas las criaturas de Dios. Así que te pedimos, os pedimos, que vuestro rezo y vuestra voz sea de amor y no de muerte. Pide a Dios, pide al Papa León, acabar con el sufrimiento, la muerte y la tortura de las corridas de toros y los festejos taurinos. No lo hagas por nosotros, ni siquiera contra nosotros. Solamente escucha tu corazón: en ese amor no cabe matar toros.

El Tribunal Superior de Justícia de Balears (TSJIB) ha declarat nul·les les restriccions aprovades per l'Ajuntament de Palma per a impedir que els cavalls de galeres circulessin durant episodis de calor extrema. La resolució no entra a valorar el fons de les mesures de benestar animal, sinó que justifica que la modificació del reglament municipal es va tramitar sense el preceptiu informe d'avaluació d'impacte de gènere que la Llei balear d'igualtat entre dones i homes obliga a incorporar a l'hora de donar llum verda a normes o modificacions per part de les administracions públiques de les illes.

En concret, la reforma, aprovada al juliol de 2022 per l'anterior equip de govern progressista, introduïa limitacions dirigides a garantir el benestar animal sota condicions meteorològiques extremes. Entre altres mesures, prohibia el treball dels cavalls quan l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) activés avisos grocs, taronges o vermells per altes temperatures, impedia col·locar determinats adorns sobre els animals com a capells, cintes i cascavells, modificava les condicions dels arnesos i obligava a suspendre el servei quan l'estat físic del cavall no fos adequat.

Llevat que l'Ajuntament invoqui altres protocols municipals, reglaments de rang superior o adopti noves mesures d'urgència, la sentència podria deixar sense cobertura jurídica la prohibició específica, vigent avui dia, que les galeres treballin durant alertes meteorològiques per calor. Consultades per elDiario.es, fonts del Consistori assenyalen que en aquests moments es troben analitzant al detall l'abast de la resolució, que no és ferma i pot ser recorreguda en cassació.

La sentència deixa ara en l'aire la futura situació dels cavalls de les galeres a Palma. Malgrat les restriccions aprovades en els últims anys per a limitar la seva activitat durant episodis de calor extrema, les imatges i titulars es repeteixen cada estiu a Palma: equins desplomats sobre l'asfalt, animals desnodrits o exhaustos sota temperatures extremes o denúncies per fer treballar a exemplars d'avançada edat i amb visibles problemes físics. En els últims anys, episodis de cops de calor, caigudes en ple carrer i actuacions policials contra galeres han alimentat una creixent polèmica sobre el benestar animal i la continuïtat d'aquest servei turístic en la capital balear.

En concret, el TSJIB ha estimat el recurs presentat per diversos titulars de llicències de galeres contra l'acord del ple municipal que va modificar diversos articles del Reglament del servei de transport urbà de viatgers amb vehicles de tracció animal. Els demandants al·legaven que l'expedient administratiu era incomplet i que la modificació mancava de proporcionalitat. També van denunciar l'absència de mecanismes de participació ciutadana i, especialment, la falta de l'informe d'impacte de gènere exigit per la normativa autonòmica.

Durant el procediment, el Consistori va defensar que la modificació perseguia garantir el benestar animal i la seguretat viària secundant-se en informes tècnics sobre els riscos de les altes temperatures per als èquids. En aquest sentit, sostenia que l'informe d'impacte de gènere no era necessari atès que la reforma no tenia incidència en matèria d'igualtat.

No obstant això, el TSJIB rebutja aquest argument i recorda que la Llei balear 11/2016 d'igualtat entre dones i homes estableix l'obligatorietat d'incorporar un informe d'avaluació d'impacte de gènere en l'elaboració de disposicions reglamentàries per part de les administracions públiques de les illes. La Sala subratlla, a més, que el propi informe jurídic incorporat a l'expedient ja advertia de la necessitat d'incloure aquest document abans de l'aprovació definitiva de la modificació.

“L'omissió de l'informe d'avaluació d'impacte de gènere determina, en aplicació de la doctrina jurisprudencial del Tribunal Suprem, la nul·litat de la modificació de l'Ordenança objecte del present procediment”, assenyala el tribunal, que insisteix que l'informe d'impacte de gènere “té caràcter preceptiu i, malgrat que afirmi l'Administració demandada que aquest informe no pot determinar la nul·litat de la modificació reglamentària perquè aquesta manca de connotacions de gènere, és aquest precís informe que no consta el que hauria d'haver fet la referida afirmació”.

Protestes animalistes

Cal recordar que, abans d'aquesta modificació, ja existia un decret municipal aprovat en 2018 que suspenia parcialment el servei entre les 12.00 i les 17.00 hores durant alertes taronja o vermella per calor. Aquell decret va ser recorregut judicialment i un jutjat va concloure que la restricció havia d'incorporar-se mitjançant una modificació reglamentària i no a través d'un simple decret d'Alcaldia, la qual cosa va portar posteriorment a la reforma ara anul·lada pel TSJIB.

Durant els últims anys, entitats com a Progreso en Verde, SOS Animal Mallorca o l'Associació de Defensa dels Animals (ADA Mallorca) han denunciat la situació dels cavalls de les galeres en considerar-la una forma de maltractament animal institucionalitzat. A més, organitzacions com AnimaNaturalis, Baldea i Fundación Franz Weber han liderat campanyes, manifestacions i recollides de signatures per a aconseguir la prohibició definitiva d'aquesta activitat. Alguns partits polítics també han assumit aquesta reivindicació i han intentat legislar al respecte, encara que el debat continua obert.

Els animalistes recriminen, sobretot, les condicions extremes a les quals molts d'aquests animals es veuen exposats en ser obligats a treballar durant llargues jornades, fins i tot en plena onada de calor, arrossegant pesades galeres sobre l'asfalt i exposats al trànsit urbà, especialment en aquelles ciutats amb una forta activitat turística com Palma. La substitució de la tracció animal per galeres elèctriques és una de les seves principals reivindicacions. En el municipi d'Alcúdia, per exemple, les calesses tirades per cavalls ja han estat substituïdes per vehicles elèctrics en una iniciativa presentada com a referent per a altres municipis turístics de Balears.

El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) ha declarado nulas las restricciones aprobadas por el Ayuntamiento de Palma para impedir que los caballos de galeras circulasen durante episodios de calor extremo. La resolución no entra a valorar el fondo de las medidas de bienestar animal, sino que justifica que la modificación del reglamento municipal se tramitó sin el preceptivo informe de evaluación de impacto de género que la Ley balear de igualdad entre mujeres y hombres obliga a incorporar a la hora de dar luz verde a normas o modificaciones por parte de las administraciones públicas de las islas.

En concreto, la reforma, aprobada en julio de 2022 por el anterior equipo de gobierno progresista, introducía limitaciones dirigidas a garantizar el bienestar animal bajo condiciones meteorológicas extremas. Entre otras medidas, prohibía el trabajo de los caballos cuando la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activara avisos amarillos, naranjas o rojos por altas temperaturas, impedía colocar determinados adornos sobre los animales como gorros, cintas, cascabeles y cascabeles, modificaba las condiciones de los arneses y obligaba a suspender el servicio cuando el estado físico del caballo no fuera adecuado.

Salvo que el Ayuntamiento invoque otros protocolos municipales, reglamentos de rango superior o adopte nuevas medidas de urgencia, la sentencia podría dejar sin cobertura jurídica la prohibición específica, vigente a día de hoy, de que las galeras trabajen durante alertas meteorológicas por calor. Consultadas por elDiario.es, fuentes del Consistorio señalan que en estos momentos se encuentran analizando al detalle el alcance de la resolución, que no es firme y puede ser recurrida en casación.

La sentencia deja ahora en el aire la futura situación de los caballos de las galeras en Palma. Pese a las restricciones aprobadas en los últimos años para limitar su actividad durante episodios de calor extremo, las imágenes y titulares se repiten cada verano en Palma: equinos desplomados sobre el asfalto, animales desnutridos o exhaustos bajo temperaturas extremas o denuncias por hacer trabajar a ejemplares de avanzada edad y con visibles problemas físicos. En los últimos años, episodios de golpes de calor, caídas en plena calle y actuaciones policiales contra galeras han alimentado una creciente polémica sobre el bienestar animal y la continuidad de este servicio turístico en la capital balear.

En concreto, el TSJIB ha estimado el recurso presentado por varios titulares de licencias de galeras contra el acuerdo del pleno municipal que modificó diversos artículos del Reglamento del servicio de transporte urbano de viajeros con vehículos de tracción animal. Los demandantes alegaban que el expediente administrativo era incompleto y que la modificación carecía de proporcionalidad. También denunciaron la ausencia de mecanismos de participación ciudadana y, especialmente, la falta del informe de impacto de género exigido por la normativa autonómica.

Durante el procedimiento, el Consistorio defendió que la modificación perseguía garantizar el bienestar animal y la seguridad vial apoyándose en informes técnicos sobre los riesgos de las altas temperaturas para los équidos. En este sentido, sostenía que el informe de impacto de género no era necesario dado que la reforma no tenía incidencia en materia de igualdad.

Sin embargo, el TSJIB rechaza este argumento y recuerda que la Ley balear 11/2016 de igualdad entre mujeres y hombres establece la obligatoriedad de incorporar un informe de evaluación de impacto de género en la elaboración de disposiciones reglamentarias por parte de las administraciones públicas de las islas. La Sala subraya, además, que el propio informe jurídico incorporado al expediente ya advertía de la necesidad de incluir dicho documento antes de la aprobación definitiva de la modificación.

“La omisión del informe de evaluación de impacto de género determina, en aplicación de la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo, la nulidad de la modificación de la Ordenanza objeto del presente procedimiento”, señala el tribunal, que insiste en que el informe de impacto de género “tiene carácter preceptivo y, pese a que afirme la Administración demandada que dicho informe no puede determinar la nulidad de la modificación reglamentaria pues ésta carece de connotaciones de género, es ese preciso informe que no consta el que debería haber hecho la referida afirmación”.

Protestas animalistas

Cabe recordar que, antes de esta modificación, ya existía un decreto municipal aprobado en 2018 que suspendía parcialmente el servicio entre las 12.00 y las 17.00 horas durante alertas naranja o roja por calor. Aquel decreto fue recurrido judicialmente y un juzgado concluyó que la restricción debía incorporarse mediante una modificación reglamentaria y no a través de un simple decreto de Alcaldía, lo que llevó posteriormente a la reforma ahora anulada por el TSJIB.

Durante los últimos años, entidades como Progreso en Verde, SOS Animal Mallorca o la Asociación de Defensa de los Animales (ADA Mallorca) han denunciado la situación de los caballos de las galeras al considerarla una forma de maltrato animal institucionalizado. Además, organizaciones como AnimaNaturalis, Baldea y Fundación Franz Weber han liderado campañas, manifestaciones y recogidas de firmas para lograr la prohibición definitiva de esta actividad. Algunos partidos políticos también han asumido esta reivindicación y han intentado legislar al respecto, aunque el debate continúa abierto.

Los animalistas recriminan, sobre todo, las condiciones extremas a las que muchos de estos animales se ven expuestos al ser obligados a trabajar durante largas jornadas, incluso en plena ola de calor, arrastrando pesadas galeras sobre el asfalto y expuestos al tráfico urbano, especialmente en aquellas ciudades con una fuerte actividad turística como Palma. La sustitución de la tracción animal por galeras eléctricas es una de sus principales reivindicaciones. En el municipio de Alcúdia, por ejemplo, las calesas tiradas por caballos ya han sido sustituidas por vehículos eléctricos en una iniciativa presentada como referente para otros municipios turísticos de Balears.

Puy du Fou quiere contratar a una persona a la que “le apasione el bienestar animal” para ocupar el puesto de responsable del equipo de animales. La oferta laboral se ha publicado una semana después de que el parque temático anunciase el despido de tres responsables de este departamento y reconociera que dentro del recinto de este parque ubicado en Toledo se realizaron enterramientos clandestinos de animales que forman parte de sus espectáculos.

“Tu misión principal será garantizar el máximo bienestar, salud y seguridad de nuestros animales, asegurando el cuidado, alimentación, higiene y conducta”, afirma el texto de la oferta, publicado en una popular plataforma de empleo, que busca a una persona que tenga, entre otros requisitos, un conocimiento “profundo” de la legislación y normativa vigente sobre bienestar animal.

Obligaban a trabajadores a enterrar animales

La investigación que abrió Puy du Fou, que ha concluido con el despido de tres responsables del departamento de animales y la admisión de que en su recinto se enterraban animales, se produjo como consecuencia de las informaciones publicadas por elDiario.es, en las que varios extrabajadores aseguraban que existió un cementerio de animales dentro del perímetro.

Según contaron estos exempleados, los responsables de los departamentos de animales y caballería obligaban a sus equipos a enterrar especies como ocas, gansos, corderos, cabras, ovejas y conejos; además de restos de partos como placentas.

Se trata de una práctica ilegal, según la Ley de Bienestar Animal, de la que el máximo responsable de Puy du Fou España, Olivier Strebelle, fue informado por medio de una exempleada. Esta trabajadora también le advirtió sobre el maltrato sufrido por algunos animales, anomalías en los registros de nacimientos y muertes; así como del suministro de pienso en mal estado.

Ante estos hechos, Ecologistas en Acción denunció este lunes a Puy du Fou por presuntos delitos de maltrato animal y contra el medio ambiente y los recursos naturales, y exigió su cierrre total o parcial hasta que se pueda “garantizar el buen estado de salud sanitario”.

Dejar al perro atado a una farola, a la valla de un comercio o junto a la puerta del supermercado mientras entramos a comprar el pan o a hacer un recado rápido ha sido, durante décadas, una estampa de lo más cotidiana en nuestros barrios. Sin embargo, este gesto tan arraigado ya forma parte del pasado y es motivo de sanción. La entrada en vigor de la Ley de Bienestar Animal en España ha transformado por completo las obligaciones de los titulares de mascotas, priorizando la seguridad y el cuidado de los animales en los espacios públicos y prohibiendo de forma expresa ciertas conductas que antes considerábamos inofensivas.

El marco legal actual es muy claro respecto a las nuevas obligaciones de los propietarios en la vía pública. El Artículo 27.d de la normativa, centrado en las prohibiciones específicas respecto de los animales de compañía prohíbe explícitamente “mantenerlos atados o deambulando por espacios públicos sin la supervisión presencial por parte de la persona responsable de su cuidado y comportamiento”.

Esta prohibición de mantener a los animales desatendidos en la vía pública se enmarca dentro de las políticas para combatir una de las grandes problemáticas actuales en España: la falta de identificación y el abandono. Según el primer estudio oficial sobre la gestión de la protección animal en España, presentado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, más del 80% de los perros y gatos que llegan a los centros de recogida no están identificados con chip.

De forma concreta, el estudio revela lo siguiente:

Infracciones y sanciones de la Ley de Bienestar Animal

El marco regulador de la normativa determina en su Artículo 72 que constituyen infracciones administrativas todas las acciones u omisiones que incumplan las obligaciones o prohibiciones dispuestas en la ley. Para garantizar una aplicación justa de la norma, estas conductas se clasifican en tres niveles diferenciados (leves, graves y muy graves) según la naturaleza de la falta, el riesgo generado o el daño físico ocasionado al animal. Este cuadro sancionador se traduce en un estricto baremo de multas económicas cuyos ingresos, tal y como dictamina la propia ley, se destinarán íntegramente de forma finalista a la financiación de actuaciones y planes públicos enfocados en la protección de los animales.

Asimismo, el Artículo 77 contempla la aplicación de sanciones accesorias que complementan a la multa económica según la naturaleza de los hechos. Así, ante una falta leve, el infractor puede ser obligado a realizar trabajos en beneficio de la comunidad o cursos de formación en bienestar animal, mientras que en los casos más graves la autoridad puede intervenir al animal para trasladarlo a un centro de protección o la inhabilitación para la tenencia de mascotas. Para fijar la cuantía exacta y graduar estas sanciones, el Artículo 78 establece que las autoridades tendrán en cuenta criterios clave como el perjuicio causado al animal, la continuidad de la conducta o el grado de culpabilidad, intencionalidad, imprudencia o negligencia del responsable.

El Tribunal Superior de Justícia de Balears (TSJIB) ha suspès cautelarment l'ordre de sacrifici del gos que el passat mes de desembre va arribar en pastera a la platja de s’Estanyol, a Santa Eulària, juntament amb una família procedent d'Algèria.

L'acte dictat per la Sala del Contenciós-Administratiu estima el recurs interposat per l'Ajuntament de Santa Eulària contra la resolució amb la qual la Direcció General de Salut Pública del Govern balear va ordenar sacrificar l'animal per procedir d'un país amb ràbia endèmica.

Mentre es resol el procediment judicial, el cadell continuarà aíllat i sota vigilància veterinària a les instal·lacions de Natura Parc, a Mallorca, on roman des de gener “en perfectes condicions”, segons ha informat el Consistori en un comunicat. La corporació municipal seguirà assumint els costos derivats de la seva cura i manteniment.

El gos va arribar a l'illa l'11 de desembre juntament amb una família argelina i posteriorment va ser traslladat a un centre d'inclusió de Creu Roja a Mallorca, d'acord amb la informació facilitada per la Policia Nacional i Estrangeria. L'animal, un cadell mestís de caniche d'uns tres mesos, va ser recollit pel servei municipal d'acollida a les dependències de la Fundació Natura Parc Eivissa.

Segons l'Ajuntament, el cadell no presentava ferides de mossegada ni símptomes compatibles amb la ràbia quan va ser localitzat. No obstant això, cinc dies després de la seva arribada, Salut Pública va dictar una resolució ordenant el seu sacrifici en aplicar el protocol previst per a animals procedents de països on la ràbia és endèmica.

El Consistori va recórrer aquesta decisió en considerar que la mesura no estava prou justificada i defensant alternatives previstes en la pròpia normativa, com el manteniment de l'animal en quarentena i sota observació veterinària. També va al·legar que, a causa de la curta edat i reduïta mida del ca, així com a l'absència de lesions o símptomes, la probabilitat que fos portador del virus era “molt baixa”.

El recurs d'al·çada va ser desestimat el passat 6 de març, mantenint-se l'ordre de sacrifici. Davant això, l'Ajuntament va presentar el 14 d'abril un recurs davant la jurisdicció contenciós-administrativa sol·licitant la suspensió cautelar de la mesura.

En la seva resolució, el TSJIB considera que, malgrat que la protecció de la salut pública ha de prevaler, en aquest cas és possible compatibilitzar aquest interès amb la conservació de l'animal, atès que roman “perfectament aïllat”, sota control veterinari permanent i sense que existeixi actualment risc per a la població. La Sala també aprecia que executar el sacrifici abans de resoldre el fons de l'assumpte podria causar un perill irreversible si finalment prosperàs el recurs interposat per l'Ajuntament.

El Consistori ha desmentit, així mateix, les informacions que atribuíen al propi Ajuntament la decisió de sacrificar el gos i ha subratllat que ha estat precisament l'administració municipal la que ha impulsat les accions judicials per intentar evitar-ho.

El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) ha suspendido cautelarmente la orden de sacrificio del perro que el pasado mes de diciembre llegó en patera a la playa de s’Estanyol, en Santa Eulària, junto a una familia procedente de Argelia.

El auto dictado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo estima el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Santa Eulària contra la resolución con la que la Dirección General de Salud Pública del Govern balear ordenó sacrificar al animal por proceder de un país con rabia endémica.

Mientras se resuelve el procedimiento judicial, el cachorro continuará aislado y bajo vigilancia veterinaria en las instalaciones de Natura Parc, en Mallorca, donde permanece desde enero “en perfectas condiciones”, según ha informado el Consistorio en un comunicado. La corporación municipal seguirá asumiendo además los costes derivados de su cuidado y mantenimiento.

El perro llegó a la isla el 11 de diciembre junto a una familia argelina y posteriormente fue trasladado a un centro de inclusión de Cruz Roja en Mallorca, de acuerdo a la información facilitada por la Policía Nacional y Extranjería. El animal, un cachorro mestizo de caniche de unos tres meses, fue recogido por el servicio municipal de acogida en las dependencias de la Fundació Natura Parc Eivissa.

Según el Ayuntamiento, el cachorro no presentaba heridas de mordedura ni síntomas compatibles con la rabia cuando fue localizado. Sin embargo, cinco días después de su llegada, Salud Pública dictó una resolución ordenando su sacrificio al aplicar el protocolo previsto para animales procedentes de países donde la rabia es endémica.

El Consistorio recurrió esa decisión al considerar que la medida no estaba suficientemente justificada y defendiendo alternativas previstas en la propia normativa, como el mantenimiento del animal en cuarentena y bajo observación veterinaria. También alegó que, debido a la corta edad y reducido tamaño del can, así como a la ausencia de lesiones o síntomas, la probabilidad de que fuese portador del virus era “muy baja”.

El recurso de alzada fue desestimado el pasado 6 de marzo, manteniéndose la orden de sacrificio. Ante ello, el Ayuntamiento presentó el 14 de abril un recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa solicitando la suspensión cautelar de la medida.

En su resolución, el TSJIB considera que, aunque la protección de la salud pública debe prevalecer, en este caso es posible compatibilizar ese interés con la conservación del animal, dado que permanece “perfectamente aislado”, bajo control veterinario permanente y sin que exista actualmente riesgo para la población. La Sala también aprecia que ejecutar el sacrificio antes de resolver el fondo del asunto podría causar un perjuicio irreversible si finalmente prosperara el recurso interpuesto por el Ayuntamiento.

El Consistorio ha desmentido, asimismo, las informaciones que atribuían al propio Ayuntamiento la decisión de sacrificar al perro y ha subrayado que ha sido precisamente la administración municipal la que ha impulsado las acciones judiciales para intentar evitarlo.

Más del 46 % de los hogares europeos conviven con un animal, lo que se traduce en 91 millones de unidades familiares en las que se comparte espacio y vida con ellos. Son cifras de la Federación Europea de la Industria de Alimentos para Animales de Compañía (FEDIAF, por sus siglas en inglés), que asegura además que los más comunes son los gatos (127 millones), seguidos de los perros (104 millones). Un sector que según los datos del Parlamento Europeo genera 1.300 millones de euros al año en la Unión Europea. Con esos números encima de la mesa, Bruselas ha movido ficha y ha dado forma a las primeras normas para regular de forma común la protección de perros y gatos.

Una normativa, la europea, que se centra sobre todo en endurecer y unificar las reglas sobre cría, comercio, trazabilidad e importación de perros y gatos, pero mantiene en manos de los Estados buena parte de las obligaciones a los particulares propietarios de mascotas. En España ya contamos desde 2023 con nuestra propia ley de bienestar animal, una norma muy ambiciosa que regula asuntos como los seguros, los cuidados, los tiempos de soledad o la convivencia responsable. El reglamento europeo no sustituye esa legislación, pero sí que endurece el control del negocio de los animales.

Con 558 votos a favor, 35 en contra y 52 abstenciones, la norma europea salió adelante el pasado 28 de abril y todavía está pendiente de que sea ratificada en el Consejo para su entrada en vigor. Pero, ¿qué cambia realmente respecto a la Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales española? Para empezar, este reglamento europeo se aplicará de forma directa en todos los Estados miembro sin necesidad de incorporarse a las legislaciones nacionales. Será de obligado cumplimiento en cuanto entre en vigor.

En este sentido, hay que tener en cuenta una serie de precisiones:

Trazabilidad e identificación de los animales

La Ley de Bienestar Animal española ya establecía la obligatoriedad de identificar con microchips a perros, gatos y hurones, aunque es cierto que la norma europea da un paso más. Como novedad, se ha anunciado la puesta en marcha de una base de datos global que conectará a los Estados miembro para facilitar el rastreo de los animales.

También se han establecido más requisitos para el comercio de animales online con el objetivo de luchar contra la venta ilegal de cachorros. Para ello, se exigirá verificar la identidad del animal previa publicación de un anuncio, y habrá un control más exhaustivo para evitar ventas bajo fórmulas encubiertas de cesiones no comerciales.

Cría responsable

En materia de cría, la ley española ya establecía que la reproducción debía hacerse de forma responsable y prohibía determinadas prácticas, pero el reglamento europeo lo detalla más y fija límites concretos: se prohíbe cruzar animales con parentesco cercano para evitar la práctica de la endogamia y se establecen condiciones más estrictas sobre la edad adecuada y el momento de reproducción.

Por otra parte, el reglamento europeo establece una edad mínima de separación entre madre y crías de ocho semanas para los perros y doce para las camadas de gatos. En la norma española se establecía como normal general ocho semanas para perros y gatos, por lo que en este caso habrá que aplicar la europea al ser más restrictiva en el caso de los felinos.

Convivencia doméstica

En este apartado sí que concreta más la norma española, que obliga a garantizar unas condiciones mínimas de bienestar para nuestros animales: un espacio suficiente y bien ventilado, unos cuidados veterinarios dignos y alimentación y agua en condiciones. No permite dejar a los perros solos más de 24 horas ni más de 72 en el caso de los gatos. Y prohíbe que las mascotas habiten de forma habitual en terrazas, patios o trasteros.

La normativa introduce además la obligatoriedad de hacer un curso de tenencia para nuevos titulares de perros, algo que sin embargo no contempla el reglamento europeo, pero que España puede seguir manteniendo.

Collares de castigo y mutilaciones

Ambas normativas son muy claras a este respecto y prohíben mutilar orejas o rabos por razones estéticas y sin justificación médica. Prohíben asimismo cualquier otra práctica que genere sufrimiento en los animales. En el caso de la norma europea se especifica, además, que queda prohibido exhibir en concursos y exposiciones a animales mutilados. Además, en el caso de los collares de castigo es más explícita que la española, al concretar más los dispositivos prohibidos entre los que figuran los collares de pinchos o los de estrangulamiento sin sistemas de seguridad que no eviten ahogos o lesiones.

Perros de caza y trabajo

En este apartado la norma europea sí que es más restrictiva que la nacional, que dejó fuera de algunas regulaciones a los perros de caza, rescate, pastoreo o de trabajo para las fuerzas de seguridad. En el enfoque europeo, sin embargo, no se hace distinción según la función de los canes y quedan todos igualmente protegidos, aunque sí que establece que algunas funciones requerirán adaptaciones específicas, como en el caso de los perros de los cuerpos de seguridad en los que se establecen especificidades en el adiestramiento o en el registro; o en los perros de pastoreo, en los que también hay concreciones respecto a los espacios de habitabilidad o condiciones ambientales.

En cuanto a los perros de rescate o caza, en cambio, la norma europea no contempla diferencias respecto al sistema de protección general establecido.

Otro elemento clave es el calendario por el que se regirá la aplicación. El reglamento europeo se implantará de forma progresiva y los tiempos pueden alargarse hasta 15 años. Los cambios, por tanto, no serán inmediatos pero sí escalonados y obligatorios a medio y largo plazo.

Un informe reciente de la Fundación Franz Weber (FFW) señala que los cinco municipios rurales de Cantabria beneficiados con ayudas publicas para eventos taurinos -Rasines, Pesaguero, Bárcena de Pie de Concha, Molledo y Tudanca- han registrado cuatro nuevos habitantes en tres años. El coste de este 'éxito' demográfico asciende a 132.000 euros, de lo que se desprende que cada nuevo residente - financiado bajo la premisa de que los toros fijan población- ha costado a las arcas públicas unos 33.000 euros.

Rubén Pérez Sueiras, portavoz de incidencia política de FFW, advierte igualmente que varios de los municipios que organizan este tipo de eventos comparten una misma empresa organizadora: Tudanca Toros. El portavoz denuncia que estas ayudas son, en la práctica, un “mantenimiento artificial”. Las subvenciones, que en municipios como Tresviso o Valle de Villaverde pueden cubrir hasta el 100% del gasto, llegan a pagar desde la organización hasta la publicidad de los eventos. “Cubren absolutamente todo”, explica Pérez, “lo que permite a los promotores no arriesgar su propio dinero” y que resulte “un negocio redondo”.

Pérez trabaja para la fundación desde 2012 y se ha convertido en la sombra de las administraciones que intentan sostener artificialmente la tauromaquia. El activista antitaurino explica cómo en un informe de 14 páginas que el Ejecutivo de Sáenz de Buruaga (PP) le remitió el pasado mes de marzo -en respuesta a una consulta pública que realizó-, lejos de aclarar el impacto económico de las subvenciones a la tauromaquia, se enumeran una serie de medidas genéricas que no aclaran en ningún caso el impacto económico de las mismas. “Dedica páginas enteras a hablar de becas universitarias, mejoras en consultorios rurales, exenciones en el canon del agua o deducciones por gastos de guardería”, advierte el portavoz.

La “excusa” de la despoblación

En el documento firmado por el subdirector general de Seguridad y Protección Ciudadana José Manuel Rios Salinas, al que ha tenido acceso elDiario.es, hay únicamente dos menciones directas a la tauramoquia, asunto que motivaba la consulta. “El Gobierno de Cantabria no tiene la más mínima idea ni dato que sustente que estas subvenciones han tenido un impacto real”, afirma Pérez con rotundidad. “Te contestan con una relación de todas las actuaciones del Gobierno en todos los ámbitos, pero no resuelven la pregunta concreta sobre el impacto de los toros”.

La respuesta oficial que recibió la fundación no contiene cifras concretas sobre venta de entradas o movimiento de personas no empadronadas en estos eventos subvencionados. En su lugar, el Ejecutivo se limita a defender que la tauromaquia es una “medida favorecedora del desarrollo” y el “fomento de la economía”.

“Es un debate que debe darse a nivel político y social: ¿qué modelo de cultura u ocio necesitan estos municipios?”, reflexiona el portavoz. “Si el presupuesto de las fiestas se va en gran parte a los toros, no queda nada para ludotecas, actividades familiares o programación cultural de pequeño formato que sí podría ayudar a las familias”. Pérez subraya que, mientras el 97,7% de la ciudadanía cántabra declara no asistir a eventos taurinos, el Gobierno se empeña en una “dinamización” que solo beneficia a un lobby muy concreto.

Incluso es habitual inflar los datos de asistencia a estos eventos, según la FFW. Pérez menciona el caso de la última corrida de toros celebrada en Pesaguero, el pasado septiembre, donde el gobierno habló de 1.800 asistentes: “Vimos las fotos de aquel día y ahí no había esa cantidad ni de broma”. El portavoz cuestiona además cómo se barema la presencia en un encierro: “¿Cuentas a la gente que corre unos minutos o a los que se asoman a ver qué pasa?”, se pregunta.

Fomento de violencia animal entre menores

Más allá del despilfarro económico, el punto más crítico para la Fundación Franz Weber es la exposición de menores a la violencia. Recientemente, la entidad ha denunciado que el Ayuntamiento de Castañeda ha patrocinado entradas gratis para niños de 0 a 7 años para asistir a una suelta de vaquillas. Esta práctica ignora las advertencias directas del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, que en 2018 y en febrero de este año reiteró su recomendación de alejar a los menores de 18 años de la violencia taurina.

“La participación de menores en la tauromaquia preocupa a la ONU, y Cantabria tiene que hacer los deberes si no quiere ser interpelada de nuevo”, advierte Pérez. El portavoz señala casos como la suelta de becerros en Rasines, donde se permite la participación infantil en un ambiente que refuerza la normalización del sufrimiento animal. La justificación del Gobierno cántabro para no sancionar estos eventos en 2025 fue, según Pérez, el “absurdo máximo”: alegaron que el animal no pertenecía a una raza brava y que, por tanto, no representaba un riesgo para los menores.

Desde un punto de vista científico, Pérez recuerda que existe un consenso sobre los efectos negativos de esta exposición: “Diferentes especialistas han advertido alteraciones en el comportamiento, niveles de agresividad y ansiedad posterior en menores expuestos a contenidos violentos”. Para la fundación, regalar entradas a niños de seis o siete años es una estrategia del lobby para buscar un “relevo generacional” a través de la insensibilización temprana.

Falsa vinculación con la identidad cántabra

Otro tema recurrente, denuncia Pérez, es la supuesta vinculación de la tauromaquia con la identidad cántabra, algo que la consejera de Cultura ha defendido recientemente. “Es algo impostado”, sostiene el activista. “Sociológicamente, Cantabria es cada vez más parecida a Asturias o Galicia, donde la afición es mínima fuera de ferias muy específicas sostenidas por turistas, como la de Santiago en Santander o la de Pontevedra”.

La conclusión de Pérez es clara: el dinero público debería destinarse a servicios básicos y no a financiar “sangre y violencia” bajo una excusa demográfica que los propios datos desmienten, ya que el conjunto de municipios rurales sigue perdiendo población.

Desde la Fundación Franz Weber adelantan que van a seguir vigilantes, analizando cada expediente de subvención y cada oferta infantil, en una Cantabria donde, en esta legislatura, las vaquillas parecen tener más prioridad presupuestaria que otro tipo de ocio en línea con la ley de bienestar animal.

Sota la consigna “No és diversió, és esclavitud”, l’organització global Empty the Tank, dedicada a posar fi al captiveri de balenes i dofins, promou aquest cap de setmana concentracions i protestes en diferents ciutats espanyoles i europees amb l’objectiu de posar fi al patiment dels cetacis. A Espanya, diferents organitzacions animalistes faran concentracions a Palma (Mallorca), el Port de Santa Cruz de Tenerife, Lanzarote i València per “visibilitzar la dura realitat d’aquests animals en captivitat i promoure la fi d’aquesta indústria a escala global”.

En concret, Satya Animal ha dut a terme una protesta aquest matí davant de l’aparcament del parc temàtic Marineland, mentre que l’organització Imagine Canarias ho ha fet davant del Loro Parque (Port de Santa Cruz de Tenerife) amb l’objectiu d’“unir les nostres veus contra la indústria mundial del captiveri”. “És important destacar que quatre orques han mort en un curt període de temps al Loro Parque de Tenerife”, critica l’Associació We Whale, que convoca la protesta de Lanzarote.

Aquesta protesta tindrà lloc aquest diumenge a partir de les deu del matí davant del parc temàtic Rancho Texas Lanzarote Park, en una acció “per mostrar el nostre rebuig al captiveri i l’explotació d’aquests animals increïblement intel·ligents i sensibles” en un “moment crític” per a la conservació marina. “Mentre que més parcs marins estan tancant, els dofins i les orques estan sent reubicats en altres instal·lacions, en lloc de donar-los l’oportunitat de tenir la llibertat que mereixen en santuaris marins”, lamenta el moviment.

Finalment, sota el lema “Llibertat”, diferents entitats (FAADA, AnimaNaturalis, Captain Paul Watson Foundation Spain, WeWhale, ARDA, Denia Animal Save i l’activista Olivia Mandle) es concentraran també diumenge a partir de les onze i quart del matí davant de l’Oceanogràfic de València. Durant el cap de setmana hi haurà concentracions al Regne Unit (Manchester i Londres), als Països Baixos (Utrecht), a Alemanya (Duisburg), a Bèlgica (Bruges) i a Grècia (Atenes).

En el cas de Mallorca, la mobilització promoguda pel grup animalista Satya Animal s’ha situat a l’entorn del parc temàtic Marineland, a Costa d’en Blanes (Calvià), un dels epicentres turístics de l’illa. Kike Gimeno, portaveu de l’organització, explica que l’explotació animal es resumeix “en dos nivells”. D’una banda, el conjunt d’animals que viuen en captivitat en instal·lacions d’aquest tipus i, de l’altra, aquells que, a més, són utilitzats en espectacles. “Uns són els animals que simplement viuen allà, tancats en pocs metres, en unes condicions que no són les pròpies del seu medi”. “Viuen en condicions d’espai molt limitat en què, a més, reben el soroll de les persones que hi entren”, explica. Marineland no ha respost a les preguntes d’aquest diari, en què se li demanava per les protestes davant de les seves instal·lacions.

“Se’ls priva de menjar”

Gimeno detalla que aquestes condicions afecten de manera general totes les espècies mantingudes en captivitat en aquest tipus de parcs, majoritàriament animals exòtics, allunyats del seu entorn natural. Tanmateix, afegeix un segon nivell de preocupació en el cas dels cetacis i altres animals utilitzats en exhibicions. “Els dofins, lleons marins i lloros són forçats a fer espectacles davant de la resta de persones que hi venen”, assenyala.

Aquests animals no només viuen en espais reduïts, sinó que, a més, són sotmesos a dinàmiques d’entrenament i exhibició basades en reforços alimentaris. “Se’ls priva de menjar per estimular-los i obligar-los a fer els exercicis que se’ls demanen”, afirma. “Després d’això se’ls premia amb menjar”. En aquest sentit, Gimeno recorda que es tracta d’animals “especialment intel·ligents i sensibles”. Aquesta mateixa capacitat cognitiva és la que intensifica el patiment en captivitat. “La mateixa intel·ligència que els permet fer l’espectacle és la que, a més, els situa en una situació de vulnerabilitat absoluta davant del patiment”, sosté.

En el cas concret dels dofins, Gimeno insisteix que “són animals molt intel·ligents”. “Són plenament conscients del que està passant, del que se’ls demana i de les condicions en què es troben”, critica. L’alimentació, afegeix, es converteix en la principal eina de control del comportament. “L’única manera d’estimular-los i d’obtenir la seva atenció és privant-los d’aliment”. “Sovint passen moltes hores sense menjar fins que tenen tanta gana que són molt més receptius al que se’ls està demanant”, assegura.

L’organització també denuncia les interaccions amb el públic com a part del mateix sistema d’explotació. “Es venen interaccions directes amb turistes o amb visitants del parc, en què es pot fer una foto o tocar els dofins”, explica Gimeno. “Tot això només s’aconsegueix perquè al darrere hi ha el menjar”. En el cas dels dofins, afegeix també un problema addicional derivat de l’exposició ambiental. “En estar en una piscina tan poc profunda, això els genera contínuament problemes de pell perquè estan excessivament exposats al sol”, lamenta.

Mentrestant, mig centenar de persones s’ha concentrat aquest dissabte davant de les portes de Loro Parque, a Puerto de La Cruz. Durant la protesta han cridat consignes com ara “prou presons d’aigua, demanem vida lliure per als cetacis”, “no són pallassos, tenen dret a la llibertat”, “no són màquines de fer diners” o “prou maltractament animal”. També han explicat que els dofins no poden moure els músculs de la cara, “així que no ens enganyin més amb els seus somriures, ja que se’ls subministren antidepressius perquè són conscients del seu empresonament”.

Contra una indústria global

Les protestes a Espanya es produeixen en un context més ampli que, segons Empty the Tanks, connecta la indústria del captiveri amb el turisme internacional i amb la captura d’animals en diferents punts del món. En el cas dels dofins, el moviment assenyala especialment l’existència de xarxes de captura i comerç internacional. “El mercat de venda de dofins està molt connectat amb la situació del Japó i són els principals proveïdors de la resta de zoològics del món”, assenyala Gimeno, que fa referència a mètodes de captura de cries en el medi natural.

Paral·lelament, el moviment situa el fenomen dins d’una indústria global vinculada al turisme. “Al final, els principals proveïdors són els establiments turístics. És un gran reclam per al turisme familiar perquè saben que els infants voldran anar a veure els dofins”, assegura. També apunta a la presència de campanyes promocionals a l’Aeroport de Palma com a part d’aquesta estratègia de visibilitat.

La Federació Hotelera de Mallorca (FEHM) no ha respost a les preguntes d’aquest diari. A la patronal hotelera se li demanava, concretament, la seva posició respecte a les crítiques plantejades per organitzacions i col·lectius en relació amb la tinença de cetacis en parcs temàtics; el paper que exerceixen aquest tipus d’“atractius” en l’oferta turística de la destinació i les consideracions del sector hoteler en relació amb el benestar animal i la sostenibilitat de l’oferta.

L’acció prevista a Mallorca no s’ha limitat a la concentració. Satya Animal ha dut a terme, a més, una performance simbòlica en què una persona ha ocupat una estructura que simula una petita piscina. L’objectiu, segons expliquen, és transmetre visualment la idea de confinament. “Hem fabricat una petita piscina en què hem introduït una persona perquè es vegi en perspectiva la vida que tenen els dofins allà dins”, assenyala Gimeno. “És una petita simulació de la vida que passen els dofins”.

Més enllà de la protesta puntual, l’organització insisteix en un horitzó de transformació del model. “El primer és que desapareguin aquests espais perquè fan un ús comercial dels animals”, afirma el portaveu de Satya Animal. En el seu plantejament, l’alternativa passa per reconvertir aquestes instal·lacions en centres de rescat i recuperació. “El futur seria que acollissin animals que no poden ser reintroduïts al medi natural o que s’utilitzessin com a centres de rescat, se’ls curés i se’ls retornés al mar quan fos possible”.

Brooke Spurling, coordinadora d’AnimaNaturalis a València, insisteix que el problema no és puntual ni aïllat, sinó estructural. “El nostre missatge és clar: orques, dofins i belugues no pertanyen a un tanc. Són animals que en llibertat recorren desenes de quilòmetres al dia, viuen en estructures socials complexes i desenvolupen cultures pròpies. Tancar-los en piscines perquè facin piruetes no és educació, és entreteniment a costa del seu patiment”, sosté.

Espanya, el país amb més dofinaris

En aquest sentit, lamenta que Espanya és el país de la Unió Europea “amb més dofinaris” i l’únic que “encara manté orques i belugues en captivitat”. Mentre que altres països europeus avancen cap al tancament d’aquestes instal·lacions o prohibeixen directament la cria en captivitat, Espanya continua “legitimant una indústria que se sosté sobre la reproducció forçada i el trasllat d’individus entre centres, trencant vincles familiars i socials que per a aquests animals són essencials”.

Per aquestes raons, Spurling considera que accions com la que duran a terme davant de l’Oceanogràfic de València són “fonamentals”, ja que “traslladen al carrer un debat que la indústria prefereix mantenir ocult darrere la façana de l’oci familiar”. “La ciutadania cada vegada té més informació i rebutja aquests espectacles; ara cal que les administracions estiguin a l’altura i acompanyin aquest canvi social amb un marc legal que posi fi al captiveri de cetacis a Espanya”, conclou.

L’Oceanogràfic de València ha respost a aquestes crítiques explicant que és “un centre compromès amb els més alts estàndards de benestar animal”, en què treballen cada dia més de 120 professionals veterinaris, científics i tècnics especialitzats “en la cura, seguiment i enriquiment dels animals sota la seva responsabilitat”.

Defensen que el benestar animal “és una disciplina científica avaluable mitjançant indicadors objectius i verificables”, i que, en el seu cas, està avalat per un Comitè de Cura i Benestar Animal independent liderat per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), “integrat per experts interns i externs que supervisen tots els protocols”. A més, defensen que compten amb la certificació de Global Humane, que estableix “exigents estàndards internacionals en benestar animal, conservació i investigació”.

Així mateix, asseguren que participen en diferents “projectes de conservació desenvolupats en diversos ecosistemes marins”. En un context en què els oceans afronten amenaces creixents derivades de la contaminació, la pèrdua de biodiversitat, el canvi climàtic o l’activitat humana, destaquen que centres científics i de conservació com l’Oceanogràfic “contribueixen al coneixement, recuperació i protecció d’espècies amenaçades i dels seus hàbitats”.

Sobre els models de santuaris marins, afirmen que “qualsevol proposta relacionada amb animals marins s’ha d’analitzar des de criteris científics, veterinaris, logístics i de sostenibilitat a llarg termini, garantint sempre el màxim benestar animal”. En aquest sentit, afirmen que actualment “hi ha molt poques instal·lacions operatives a escala internacional i el seu funcionament continua sent objecte d’anàlisi i debat dins la mateixa comunitat científica i professional”. Malgrat tot, aclareixen que respecten “el dret de totes les persones i col·lectius a expressar les seves opinions”.

Els parcs canaris es defensen

Loro Parque defensa que les instal·lacions zoològiques modernes compleixen estàndards científics i veterinaris orientats al benestar animal. “Quan es decideix allotjar una espècie animal en un parc zoològic, això només es pot fer si es poden satisfer les seves necessitats biològiques, fisiològiques i comportamentals, perquè cada individu pugui gaudir d’una experiència de vida positiva”, assenyala el parc a elDiario.es.

La companyia assegura que tots els animals sota la seva cura, inclosos dofins i orques, disposen d’“hàbitats adequats”, alimentació suficient i condicions que els permeten expressar “comportaments naturals”. A més, explica que l’estat dels animals és supervisat de manera contínua per veterinaris i especialistes en comportament animal. “Tots els nostres animals són objecte d’un seguiment regular per part d’un equip especialment dedicat, format per veterinaris i especialistes en comportament, que avaluen el seu nivell de benestar sobre la base de criteris científics i objectius”, afegeix.

Respecte a les peticions de tancament d’aquest tipus d’instal·lacions o la seva reconversió en santuaris marins, Loro Parque rebutja aquesta possibilitat i qüestiona la viabilitat d’aquests models alternatius. “Estem molt preocupats per les conseqüències que aquest tipus de discurs extremadament simplificador pot tenir per als mateixos animals”, sosté.

L’empresa afirma que “els santuaris marins no existeixen” i els defineix com “el gran negoci dels activistes”. Com a exemple, esmenta el cas de dues belugues traslladades a Islàndia des de la Xina, la situació de les quals —assegura— ha evidenciat “importants dificultats de gestió i de benestar animal”. També al·ludeix a les orques Keijo i Wikie, de Marineland Antibes, que “fa més d’un any que acumulen promeses incomplertes”.

El parc tinerfeny situa, a més, el debat en el marc més ampli de la conservació marina. “Creiem que el veritable repte és la conservació de les espècies i la protecció dels ecosistemes marins”, sosté la companyia, que considera que amenaces com la contaminació, les captures accidentals, el canvi climàtic o el soroll submarí continuen agreujant-se per als cetacis salvatges.

En aquest sentit, Loro Parque reivindica la feina desenvolupada per la seva fundació i els programes científics en què participa conjuntament amb institucions públiques. “Loro Parque i la seva fundació han contribuït al rescat i la conservació de nombroses espècies amenaçades”, afirma, citant projectes impulsats conjuntament amb el Govern de Canàries en el marc del programa CANBIO i altres iniciatives vinculades a la protecció de la Macaronèsia i dels cetacis salvatges. “El nostre compromís amb els animals es tradueix en accions concretes. Som veritables activistes, en el sentit més positiu i útil del terme”, conclou.

En la mateixa línia, Rancho Texas Park ha explicat a aquest diari que “és important assenyalar que, igual que existeixen postures crítiques, hi ha altres opinions que sí que donen suport a la feina que fem”. “Des de la nostra responsabilitat envers els animals que allotgem aquí, la seva salut i el seu benestar, complim tots els estàndards de benestar establerts per la legislació europea, espanyola i, per descomptat, canària”, assenyalen.

Així mateix, afirmen que treballen constantment “per garantir que els animals es trobin en les millors condicions possibles, mitjançant programes d’enriquiment ambiental, plans de control veterinari preventiu i totes les cures necessàries per atendre adequadament les seves necessitats”. D’altra banda, fonts del parc afirmen que també desenvolupen “una important tasca de conservació, col·laborant en projectes de recerca in situ juntament amb universitats i entitats especialitzades”. Aquesta tasca contribueix, segons la seva opinió, a conservar aquestes espècies en el seu hàbitat natural, així com a protegir i preservar els cetacis i altres animals marins.

Finalment, pel que fa als santuaris marins, consideren que es tracta d’“una proposta difícilment viable des del punt de vista científic i tècnic”. “Parlem d’animals que han nascut i s’han desenvolupat sota la cura humana, de manera que la seva adaptació a altres tipus d’entorns planteja nombrosos desafiaments relacionats amb la seva salut, benestar i seguretat”, conclouen.

Bajo la consigna 'No es diversión, es esclavitud', la organización global Empty the Tank, dedicada a poner fin al cautiverio de ballenas y delfines, primueve este fin de semana concentraciones y protestas en diferentes ciudades españolas y europeas con el objetivo de poner fin al sufrimiento de los cetáceos. En España, diferentes organizaciones animalistas harán concentraciones en Palma (Mallorca), el Puerto de Santa Cruz de Tenerife, Lanzarote y València para “visibilizar la dura realidad de estos animales en cautividad y promover el fin de esta industria a nivel global”.

En concreto, Satya Animal ha llevado a cabo una protesta esta mañana frente al parking del parque temático de Marineland, mientras que la organización Imagine Canarias lo ha hecho frente al Loro Parque (Puerto de Santa Cruz de Tenerife) con el objetivo de “unir nuestras voces contra la industria mundial del cautiverio”. “Es importante destacar que cuatro orcas han muerto en un corto periodo de tiempo en Loro Parque de Tenerife”, critica la Asociación We Whale, que convoca la protesta de Lanzarote.

Esta protesta tendrá lugar este domingo a partir de las diez de la mañana enfrente del parque temático Rancho Texas Lanzarote Park, en una acción “para mostrar nuestro rechazo al cautiverio y la explotación de estos animales increíblemente inteligentes y sensibles” en un “momento crítico” para la conservación marina. “Mientras que más parques marinos están cerrando, los delfines y las orcas están siendo reubicados en otras instalaciones, en lugar de darles la oportunidad de tener la libertad que merecen en santuarios marinos”, lamenta el movimiento.

Finalmente, bajo el lema “Libertad”, diferentes entidades (FAADA, AnimaNaturalis, Captain Paul Watson Foundation Spain, WeWhale, ARDA, Denia Animal Save y la activista Olivia Mandle) se concentrarán también el domingo a partir de las once y cuarto de la mañana frente al Oceanogràfic de Valencia. Durante el fin de semana habrá concentraciones en Reino Unido (Manchester y Londres), Países Bajos (Utrecht), Alemania (Duisburg), Bélgica (Brujas) y Grecia (Atenas).

En el caso de Mallorca, la movilización promovida por el grupo animalista Satya Animal se ha situado en el entorno del parque temático de Marineland, en Costa d’en Blanes (Calvià), uno de los epicentros turísticos de la isla. Kike Gimeno, portavoz de la organización, explica que la explotación animal se resume “en dos niveles”. Por un lado, el conjunto de animales que viven en cautividad en instalaciones de este tipo, y por otro, aquellos que además son utilizados en espectáculos. “Uno son los animales que simplemente viven ahí, encerrados en pocos metros, en unas condiciones que no son las propias de su medio”. “Viven en condiciones de espacio muy limitado en el que reciben además ruido de las personas que entran”, explica. Marineland no ha respondido a las preguntas de este diario, en las que se le consultaba por las protestas frente a sus instalaciones.

“Se les priva de comida”

Gimeno detalla que estas condiciones afectan de forma general a todas las especies mantenidas en cautividad en este tipo de parques, en su mayoría animales exóticos, alejados de su entorno natural. Sin embargo, añade un segundo nivel de preocupación en el caso de los cetáceos y otros animales utilizados en exhibiciones. “Los delfines, leones marinos y loros son forzados a realizar espectáculos ante el resto de personas que vienen”, señala.

Estos animales no solo viven en espacios reducidos, sino que además son sometidos a dinámicas de entrenamiento y exhibición basadas en refuerzos alimentarios. “Se les priva de comida para estimularles y obligarles a realizar los ejercicios que les mandan”, afirma. “Después de eso se les premia con comida”. En este sentido, Gimeno recuerda que se trata de animales “especialmente inteligentes y sensibles”. Esa misma capacidad cognitiva es la que intensifica el sufrimiento en cautividad. “La misma inteligencia que les permite hacer el espectáculo es la que además les pone en situación de vulnerabilidad absoluta ante el sufrimiento”, sostiene.

En el caso concreto de los delfines, Gimeno insiste en que “son animales muy inteligentes”. “Son conscientes plenamente de lo que está pasando, de lo que se les pide y de las condiciones en las que están”, critica. La alimentación, añade, se convierte en la principal herramienta de control del comportamiento. “La única forma de estimularles y de recibir su atención es privándoles de alimento”. “A menudo están muchas horas sin comer hasta que tienen tanta hambre que son mucho más receptivos a lo que se les está pidiendo”, asegura.

La organización también denuncia las interacciones con el público como parte del mismo sistema de explotación. “Se venden interacciones directas con turistas, o con visitantes del parque, en las que se puede hacer una foto o tocar a los delfines”, explica Gimeno. “Todo esto solo se consigue porque detrás está la comida”. En el caso de los delfines, añade además un problema adicional derivado de la exposición ambiental. “Al estar en una piscina tan poco profunda, les va generando problemas de piel continuamente porque están excesivamente expuestos al sol”, lamenta.

Mientras tanto, medio centenar de personas se ha concentrado este sábado frente a las puertas de Loro Parque, en Puerto de La Cruz. Durante la protesta han gritado consignas como “no más cárceles de agua, pedimos vida libre para los cetáceos”, “no son payasos, tienen derecho a la libertad”, “no son máquinas de hacer dinero” o “basta ya de maltrato animal”. También han explicado que los delfines no pueden mover sus músculos de la cara, “con lo que no nos engañen más con sus sonrisas, pues se les suministra antidepresivos porque saben de su encierro”.

Contra una industria global

Las protestas en España se producen en un contexto más amplio que, según Empty the Tanks, conecta la industria del cautiverio con el turismo internacional y con la captura de animales en distintos puntos del mundo. En el caso de los delfines, el movimiento señala especialmente la existencia de redes de captura y comercio internacional. “El mercado de venta de delfines está muy conectado con la situación de Japón y son los principales proveedores al resto de zoológicos del mundo”, señala Gimeno, que alude a métodos de captura de crías en el medio natural.

En paralelo, el movimiento sitúa el fenómeno dentro de una industria global vinculada al turismo. “Al final los mayores proveedores son los establecimientos turísticos. Es un gran reclamo porque saben para el turismo familiar porque saben que los niños van a querer acudir a ver a los delfines”, asegura. Apunta además a la presencia de campañas promocionales en el Aeropuerto de Palma como parte de esa estrategia de visibilidad.

La Federación Hotelera de Mallorca (FEHM) no ha respondido a las preguntas de este diario. A la patronal hotelera se le pedía, concretamente, su posición respecto a las críticas planteadas por organizaciones y colectivos en relación a la tenencia de cetáceos en parques temáticos; el papel que desempeñan este tipo de “atractivos” en la oferta turística del destino y las consideraciones del sector hotelero en relación con el bienestar animal y la sostenibilidad de la oferta.

La acción prevista en Mallorca no se ha limitado a la concentración. Satya Animal ha llevado a cabo además una performance simbólica en la que una persona ha ocupado una estructura que simula una pequeña piscina. El objetivo, según explican, es trasladar visualmente la idea de confinamiento. “Hemos fabricado una pequeña piscina en la que hemos introducido a una persona para que se vea en perspectiva la vida que tienen los delfines ahí dentro”, señala Gimeno. “Es una pequeña simulación de la vida que pasan los delfines”.

Más allá de la protesta puntual, la organización insiste en un horizonte de transformación del modelo. “Lo primero es que desaparezcan estos espacios porque hacen un uso comercial de los animales”, afirma el portavoz de Satya Animal. En su planteamiento, la alternativa pasa por reconvertir estas instalaciones en centros de rescate y recuperación. “El futuro sería que acogiesen animales que no pueden ser reintroducidos en el medio natural o que se utilicen como centros de rescate, se les cure y se les devuelva al mar cuando sea posible”.

Brooke Spurling, coordinadora de AnimaNaturalis en Valencia, insiste en que el problema no es puntual ni aislado, sino estructural. “Nuestro mensaje es claro: orcas, delfines y belugas no pertenecen a un tanque. Son animales que en libertad recorren decenas de kilómetros al día, viven en estructuras sociales complejas y desarrollan culturas propias. Encerrarlos en piscinas para que hagan piruetas no es educación, es entretenimiento a costa de su sufrimiento”, sostiene.

España, el país con más delfinarios

En este sentido, lamenta que España es el país de la Unión Europea “con más delfinarios” y el único que “todavía mantiene orcas y belugas en cautividad”. Mientras que otros países europeos avanzan hacia el cierre de estas instalaciones o prohíben directamente la cría en cautividad, España sigue “legitimando una industria que se sostiene sobre la reproducción forzada y el traslado de individuos entre centros, rompiendo vínculos familiares y sociales que para estos animales son esenciales”.

Por estas razones, Spurling considera que acciones como la que llevarán a cabo frente al Oceanogràfic de Valencia son “fundamentales” ya que “trasladan a la calle un debate que la industria prefiere mantener oculto tras la fachada del ocio familiar”. “La ciudadanía cada vez tiene más información y rechaza estos espectáculos; ahora hace falta que las administraciones estén a la altura y acompañen ese cambio social con un marco legal que ponga fin al cautiverio de cetáceos en España”, concluye.

El Oceanogràfic de Valencia ha respondido a estas críticas explicando que es “un centro comprometido con los más altos estándares de bienestar animal”, en el que trabajan cada día más de 120 profesionales veterinarios, científicos y técnicos especializados “en el cuidado, seguimiento y enriquecimiento de los animales bajo su responsabilidad”.

Defienden que el bienestar animal “es una disciplina científica evaluable mediante indicadores objetivos y verificables”, y que, en su caso, está respaldada por un Comité de Cuidado y Bienestar Animal independiente liderado por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), “integrado por expertos internos y externos que supervisan todos los protocolos”. Además, defienden que cuentan con la certificación de Global Humane, que establece “exigentes estándares internacionales en bienestar animal, conservación e investigación”.

Asimismo, aseguran que participan en distintos “proyectos de conservación desarrollados en diferentes ecosistemas marinos”. En un contexto en el que los océanos afrontan amenazas crecientes derivadas de la contaminación, la pérdida de biodiversidad, el cambio climático o la actividad humana, destacan que centros científicos y de conservación como el Oceanogràfic “contribuyen al conocimiento, recuperación y protección de especies amenazadas y de sus hábitats”.

Sobre los modelos de santuarios marinos, afirman que “cualquier propuesta relacionada con animales marinos debe analizarse desde criterios científicos, veterinarios, logísticos y de sostenibilidad a largo plazo, garantizando siempre el máximo bienestar animal”. En este sentido, afirman que en la actualidad “existen muy pocas instalaciones operativas a nivel internacional y su funcionamiento continúa siendo objeto de análisis y debate dentro de la propia comunidad científica y profesional”. Pese a todo, aclaran que respetan “el derecho de todas las personas y colectivos a expresar sus opiniones”. 

Los parques canarios se defienden

Loro Parque defiende que las instalaciones zoológicas modernas cumplen estándares científicos y veterinarios orientados al bienestar animal. “Cuando se decide albergar una especie animal en un parque zoológico, esto solo puede hacerse si se pueden satisfacer sus necesidades biológicas, fisiológicas y comportamentales, para que cada individuo pueda disfrutar de una experiencia de vida positiva”, señala el parque a elDiario.es.

La compañía asegura que todos los animales bajo su cuidado, incluidos delfines y orcas, disponen de “hábitats adecuados”, alimentación suficiente y condiciones que les permiten expresar “comportamientos naturales”. Además, explica que el estado de los animales es supervisado de forma continua por veterinarios y especialistas en comportamiento animal. “Todos nuestros animales son objeto de un seguimiento regular por parte de un equipo especialmente dedicado, compuesto por veterinarios y especialistas en comportamiento, que evalúan su nivel de bienestar sobre la base de criterios científicos y objetivos”, añade.

Respecto a las peticiones de cierre de este tipo de instalaciones o su reconversión en santuarios marinos, Loro Parque rechaza esa posibilidad y cuestiona la viabilidad de estos modelos alternativos. “Estamos muy preocupados por las consecuencias que este tipo de discurso extremadamente simplificador puede tener para los propios animales”, sostiene.

La empresa afirma que “los santuarios marinos no existen” y los define como “el gran negocio de los activistas”. Como ejemplo, menciona el caso de dos belugas trasladadas a Islandia desde China, cuya situación —asegura— ha evidenciado “importantes dificultades de gestión y de bienestar animal”. También alude a las orcas Keijo y Wikie, de Marineland Antibes, que “llevan más de un año con promesas incumplidas”.

El parque tinerfeño sitúa además el debate en el marco más amplio de la conservación marina. “Creemos que el verdadero desafío es la conservación de las especies y la protección de los ecosistemas marinos”, sostiene la compañía, que considera que amenazas como la contaminación, las capturas accidentales, el cambio climático o el ruido submarino continúan agravándose para los cetáceos salvajes.

En este sentido, Loro Parque reivindica el trabajo desarrollado por su fundación y los programas científicos en los que participa junto a instituciones públicas. “Loro Parque y su fundación han contribuido al rescate y la conservación de numerosas especies amenazadas”, afirma, citando proyectos impulsados junto al Gobierno de Canarias en el marco del programa CANBIO y otras iniciativas vinculadas a la protección de la Macaronesia y de los cetáceos salvajes. “Nuestro compromiso con los animales se traduce en acciones concretas. Somos verdaderos activistas, en el sentido más positivo y útil del término”, concluye.

En la misma línea, Rancho Texas Park ha explicado a este diario que “es importante señalar que, al igual que existen posturas críticas, hay otras opiniones que sí respaldan la labor que realizamos”. “Desde nuestra responsabilidad hacia los animales que aquí albergamos, su salud y su bienestar, cumplimos con todos los estándares de bienestar establecidos por la legislación europea, española y, por supuesto, canaria”, señalan.

Asimismo, afirman que trabajan constantemente “para garantizar que los animales se encuentren en las mejores condiciones posibles, mediante programas de enriquecimiento ambiental, planes de control veterinario preventivo y todos los cuidados necesarios para atender adecuadamente sus necesidades”. Por otro lado, fuentes del parque afirman que también desarrollan “una importante labor de conservación, colaborando en proyectos de investigación in situ junto a universidades y entidades especializadas”. Esta labor contribuye, en su opinión, a conservar estas especies en su hábitat natural, así como a proteger y preservar a los cetáceos y otros animales marinos.

Finalmente, en cuanto a los santuarios marinos, consideran que se trata “una propuesta difícilmente viable desde el punto de vista científico y técnico”. “Estamos hablando de animales que han nacido y se han desarrollado bajo el cuidado humano, por lo que su adaptación a otro tipo de entornos plantea numerosos desafíos relacionados con su salud, bienestar y seguridad”, concluyen.

PP y Vox han sellado un acuerdo que incorpora la eliminación de una de las prohibiciones expresas que el Ejecutivo de Francina Armengol introdujo en 2017 en la ley balear de protección animal: la que veta la celebración de competiciones de tiro al pichón y codorniz, una práctica consistente en lanzar aves vivas para ser abatidas en competiciones.

La medida, sin embargo, no será materializada mediante la modificación específica de la legislación animalista, sino mediante una disposición final que prevén añadir al proyecto de ley autonómica de aceleración de proyectos estratégicos, una norma concebida para agilizar inversiones pero que PP y Vox han convertido en cajón de sastre para modificar buena parte del ordenamiento autonómico balear. Las correcciones están provocando la reforma encubierta, como denuncian desde la oposición, de más de 50 leyes autonómicas.

La acumulación de medidas heterogéneas en una ley de carácter económico ha despertado las críticas de los grupos de izquierdas sobre el uso de este tipo de normas 'ómnibus' para introducir reformas de calado sin un debate específico. Junto a la reforma de la ley animalista, el último pacto alcanzado en ponencia por conservadores y extrema derecha incluye la autorización de pistolas táser para policías locales, la exención del catalán para alumnos desplazados temporalmente y la flexibilización del requisito lingüístico en plazas docentes de difícil cobertura.

En el caso de la normativa de protección animal, el acuerdo contempla suprimir la letra d) del artículo 4 que el Govern de Armengol introdujo “con carácter específico” en su reforma de la ley autonómica de 1992. Junto a las competiciones de tiro al pichón y a la codorniz en sus distintas modalidades -a brazo o palomero, a brazo mecánico o tubo y a jaula-, la norma prohíbe los circos con animales, los espectáculos que impliquen tortura, maltrato o sufrimiento, las peleas de animales y la filmación de escenas con crueldad animal.

El veto de las prácticas de tiro provocó el inmediato rechazo de las federaciones de caza y tiro y parte del sector trasladó pruebas y campeonatos fuera de las islas para poder seguir celebrándolos sin infringir la normativa autonómica.

Entre quienes se mostraron más beligerantes contra aquella prohibición figuró el entonces presidente de la Federación Balear de Caza, Pedro Bestard, en la actualidad dirigente de Vox y vicepresidente del Consell de Mallorca. Bestard denunció que el veto suponía un “ataque al mundo rural y cinegético” y proclamó que  los cazadores son “los primeros ecologistas, amantes de la naturaleza y de los animales”, al tiempo que reprochó a las fuerzas progresistas “hablar de maltrato cuando se refieren a prácticas propias del mundo rural que vienen de muy lejos y que forman parte de la cultura”.

El paquete de enmiendas pactadas por PP y Vox incluye también otras medidas de alto contenido político. Por un lado, se autoriza a los ayuntamientos a dotar a la policía local de dispositivos eléctricos de control -los conocidos táseres- y, por otro, se introducen cambios en el sistema educativo: los alumnos desplazados temporalmente, como hijos de militares o trabajadores trasladados, quedarán exentos de la evaluación de catalán, y se flexibiliza el requisito lingüístico para cubrir plazas docentes de difícil acceso.

En un comunicado difundido este miércoles, Vox reivindica el acuerdo como una demostración de su capacidad de influencia: “Cuatro victorias reales para los ciudadanos”, recalca su portavoz parlamentaria, Manuela Cañadas. El proyecto de ley de proyectos estratégicos encara ahora su tramo final de tramitación y deberá ser aprobado en el pleno del Parlament. De confirmarse los distintos acuerdos alcanzados por ambos socios de investidura, Balears no solo avanzará en la agilización de proyectos estratégicos, sino que también, como advierten desde la oposición, dará marcha atrás en algunas de las políticas vigentes en los últimos años.

Dinero público para buscarle clientes a un espectáculo en decadencia. Quizá una persona muy aficionada a Instagram podría hacerse a la idea de que, de un tiempo a esta parte, hay hordas de personas, en especial jóvenes, acudiendo en masa a ver corridas de toros. El relato está ahí, pero la realidad de los datos dice lo contrario: cada vez va menos gente a las plazas. Y el porcentaje de españoles que reniega de la tauromaquia se mantiene firme, por encima del 75%.

Este viernes, primero de mayo, la organización taurina Chenel y Oro —con la colaboración de la Comunidad de Madrid— organiza el denominado 'Día del niño en Las Ventas'. Un evento pensado para menores de 16 años. “Gimkana infantil” hasta los 12 y “toreo de salón” para el resto, dice el programa. Es un intento más por revertir el desinterés mayoritario y progresivo que generan los toros en España: tratar de que los más jóvenes miren con buenos ojos las corridas.

Hay una estrategia clara de introducción de los menores en la tauromaquia de una forma paralela o parecida a lo que ocurre con la caza. No parece muy lógico que un menor vaya a ver violencia explicita sobre animales, pero ahora se hace pasar como algo normal

Rubén Pérez — Fundación Franz Weber

“Hay una estrategia clara de introducción de los menores en la tauromaquia de una forma paralela o parecida a lo que ocurre con la caza”, cuenta el portavoz de la Fundación Franz Weber, Rubén Pérez. Ambas actividades comparten practicantes envejecidos, falta de renovación y caída sostenida de aficionados. “No parece muy lógico que un menor vaya a ver violencia explicita sobre animales, pero ahora se hace pasar como algo normal”, señala.

En este sentido, el Comité de Derechos del Niño de la ONU ha expresado en su informe sobre España 2026 su “preocupación por que los niños sigan presenciando la violencia y muerte de los participantes durante las fiestas taurinas”. También ha recomendado recientemente que “se establezca la edad mínima de 18 años para participar en eventos, festivales y escuelas taurinas sin excepción”. El Comité reitera que debería informarse de “los efectos negativos que tiene en los niños, incluidos los espectadores, la violencia asociada a las corridas de toros”.

Mensajes en vano: la Fundación Franz Weber contabilizó más de 400 espectáculos en 2024 en los que se “impulsó el acceso de niños”. En la Comunitat Valenciana, un menor de 15 años sufrió una cornada grave durante unos bous al carrer en agosto de aquel año. No fue el único y eso que el reglamento de la Generalitat impide la participación a menores de 16 años.

Para el curso siguiente, Rubén Pérez calcula que “pueden ser el doble porque prácticamente todas las ferias a partir de un tamaño medio —no hace falta que sea San Isidro o Sevilla— incluyen promociones para menores. Desde descuentos fuertes a la gratuidad para los más pequeños”, avisa.

No es solo descuentos en taquillas. Diferentes escuelas taurinas están orientadas a menores. Inclusos se han organizado campus específicamente publicitados “para niños y niñas de 8 a 14 años”. El partido animalista PACMA denunció en enero pasado que, en Madrid, las clases prácticas de los alumnos a partir de 14 años eran “espectáculos donde los animales son heridos y matados en presencia de público”.

La Junta de Andalucía de Juan Manuel Moreno Bonilla (PP) ha llegado a decir que “lo mismo que no se puede prohibir el acceso de menores a museos, tampoco se puede prohibir el acceso a la tauromaquia” y a asegurar que las corridas “pueden generar en el menor una conciencia ecológica y de empatía con el entorno animal”.

“Hay una especie de negacionismo y competencia entre PP y Vox para ver quién es más taurino”, concluye Rubén Pérez.

Hay una conversión de la tauromaquia en una guerra cultural por parte de PP y VOX, de hecho, desde hace veinte años. Y, paradójicamente se da cuando la afición a la tauromaquia es cada vez menor y más circunscrita a un perfil muy minoritario

Joaquim Rius — Catedrático de la Universidad de València

Porque, “efectivamente, hay una conversión de la tauromaquia en una guerra cultural por parte de PP y VOX,”, explica a elDiario.es el catedrático de la Universidad de València, Joaquim Rius, que señala que ocurre desde hace tiempo. Y “paradójicamente”, subraya el investigador, esta guerra se da “cuando la afición a la tauromaquia es cada vez menor y más circunscrita a un perfil muy minoritario”.

La decadencia en cifras

¿Cuánto menor? Alrededor de un 20% menos en 10 años. Los que acudieron a un espectáculo han caído de 3,2 millones en 2014 a 2,5 en 2024, según la 'Encuesta de hábitos y prácticas culturales en España'. Si en 2014 el 9,5% de la población acudió a algún espectáculo taurino, en 2024 fue el 8%. Pero si se especifican las corridas de toros, el descenso ha sido desde un 6,9% a un 5,9%.

Lógicamente, si hay menos afición, hay menos espectáculos. En 2007 se celebraron 953 corridas de toros en España. En 2024 fueron 376, según las estadísticas del Ministerio de Cultura. Es un 40% menos. A eso se le une el rechazo de gran parte de la población a las corridas de toros: las encuestas de la Fundación BBVA sobre “las percepciones de la naturaleza y los animales” muestran que un 75% de los ciudadanos ve inaceptable el uso de animales en estos espectáculos taurinos.

Así que la promoción entre menores de los toros por parte de gobiernos autonómicos, ayuntamientos o diputaciones provinciales —como el 'Día del niño en Las Ventas' de este 1 de mayo— es un salvavidas público a una actividad en decadencia a la que, especialmente los partidos de la derecha, han asignado el estatus de “manifestación de la españolidad”, según describe el catedrático Rius en un recentísimo estudio que investiga el paso de la tauromaquia de “práctica cultural a guerra cultural”.

Así, la tauromaquia ha conseguido algunas victorias a pesar de su declive. Una es “el posicionamiento de cierta parte de la intelectualidad española y de la derecha nacionalista y extrema derecha (PP y Vox) a favor de la tauromaquia como herramienta política”, según describe el investigador.

Aunque el Partido Popular comenzó a usar los toros como herramienta política —impulsó en 2013 la declaración por ley de la tauromaquia como Bien de Interés Cultural que, a la luz de los datos, ha servido más para esta batalla cultural que para impulsar la afición—, la cosa se “ha radicalizado con la irrupción del partido de extrema derecha VOX”. Sus políticas han servido para “presentar la tauromaquia, que consideran como inherentemente española, como víctima de una conspiración”, según las explicaciones de Joaquim Rius.

Construcción de enemigos más que fomento

Esta lucha que es al mismo tiempo competencia entre ambas formaciones políticas es constante. Sin ir más lejos, el presidente andaluz Moreno Bonilla presentaba la I Estrategia Andaluza de Tauromaquia el pasado 15 de abril, en vísperas de las elecciones autonómicas. Pocos días después, este lunes, el Senado aprobó una moción presentada por Vox para “proteger el toro de lidia” y “promover el turismo del toro bravo”. El PP tuvo que votar a favor.

Ese mismo día se entregaba en el Antiguo Salón de Sesiones de la Cámara Alta el ahora llamado premio nacional de tauromaquia, promovido por el Senado, actualmente con mayoría absoluta del PP, la fundación Toro de Lidia y algunas comunidades autónomas. Este premio se organizó tras la decisión del Ministerio de Cultura de suprimir el galardón oficial.

El catedrático Joaquim Rius concluye en su investigación que, en gran medida, “la tauromaquia ha dejado de ser una práctica cultural para pasar a ser esencialmente una batalla cultural, en la que su finalidad es más la construcción de enemigos políticos que el fomento de la práctica”.

Tras reunir más de 10.000 firmas y solicitar a las Juntas Generales de Bizkaia que los perros de más de 8 kg puedan viajar en metro, la petición formada por la Agrupación de Ciudadanos por un Metro Bilbao Inclusivo con las Familias con Perro de Compañía ha escalado este martes a la Comisión de Movilidad Sostenible del Parlamento Vasco. En Bilbao, el artículo 18 de la normativa del Metro de Bilbao establece que se permite a las personas usuarias ir acompañadas de un único perro o gato, cuyo peso sea inferior a 8 kg, siempre y cuando viajen en las condiciones idóneas y no resulte peligroso, ni molesto por su forma, volumen, ruido u olor. Sin embargo, esta normativa es distinta a la del tranvía de Bilbao que establece que los perros de cualquier tamaño pueden viajar, siempre que vayan atados con correa, sin necesidad de transportín. Esto ocurre porque el tranvía está gestionada por la empresa pública Euskotren, quien en sus trenes, también en la línea 3 del mismo metro, que recorre la capital vizcaína desde Otxarkoaga hasta Matiko, permite la entrada de perros de cualquier tamaño. Una situación que, a ojos de la plataforma ciudadana, es “anómala” y “carece de sentido”.

 “Una de cada tres familias en Bilbao tiene perro. Por tanto, estas familias necesitan poder desplazarse con el perro por la ciudad. Es más, en metro, actualmente, podemos ir cómodamente desde Basauri a Santurtzi o Plentzia. No tiene sentido que impidamos que una de cada tres familias no pueda hacer uso de esta importante infraestructura que es de todos. Una ciudad que aspira a ser moderna no puede dejar, en la actualidad, sin opciones para desplazarse con su perro a una de cada tres familias”, han denunciado desde la plataforma, quienes han destacado que en la línea 1 y 2 del metro no se puede ir con perros grandes pero en la línea 3 sí, porque esta última, al estar gestionada por Euskotren, tiene una normativa diferente.

En la comisión, los parlamentarios han presentado sus dudas acerca de la propuesta, sobre todo en cuanto a seguridad, higiene y “el tema de las alergias” a los canes. Al igual que ocurrió en las Juntas Generales, los miembros de la plataforma han respondido asegurando que en la línea 3 del metro los perros grandes viajan con total normalidad, y que su propuesta puede limitarse a un único vagón y un horario específico. “La sociedad de Bilbao ya conoce y ya está acostumbrada a todo esto. Es decir, los bilbaínos y los usuarios de los medios de transporte en Bilbao ya viajan con perros grandes desde hace muchos años en Euskotren, en el tranvía o en el funicular. No estamos hablando de algo nuevo que haya que implementar, o de algo que traemos de otro planeta, de otro país o de otra ciudad. Es algo que ya está en Bilbao. Está inventado, no entendemos el rechazo. Las personas que tienen alergia ya viajan en esos medios de transporte. Las personas que tienen miedo por algún motivo a los animales también viajan en esos medios de transporte en los que ya se cruzan cada día con familias que van con su perro. No es un debate nuevo. Lo que hay que hacer es implantar la medida y Metro Bilbao tendrá que comunicarla de la mejor manera posible a todos sus usuarios para transmitirles tranquilidad y no resucitar un debate de hace 30 años de perros sí o perros no. En 2026 lo que hay que hacer es comunicar, formar y sensibilizar simplemente de la medida que se implanta”, han argumentado los miembros de la plataforma.

En el Parlamento Vasco han mostrado los ejemplos del metro de Madrid, Barcelona, Granada o Palma de Mallorca, donde desde hace años los perros grandes pueden viajar en metro en vagones específicos y un horario determinado. “¿Qué están haciendo en esas ciudades? Si usted tiene alergia, no hay ningún problema, tiene todo el tren para ir, excepto un vagón en el que va la gente que va con perro. Problema solucionado. Si usted tiene fobia a los perros, no hay ningún problema, usted tiene todo el tren para viajar, excepto un vagón. Esas garantías ya existen, es cuestión de bienestar animal y cuestión de seguridad. En las horas punta no se viaja con perro, en la mayoría de metros, entre semana no se viaja antes de las 10.00 horas, no se viaja al mediodía en una franja que suele ser de una o dos horas y no se viaja a la salida de los trabajos. En fin de semana o periodo estival, no hay limitaciones. Madrid, Barcelona, Palma y Granada ya lo tienen. Está todo inventado. No se trata de crear un debate nuevo en la sociedad inexistente, ni de enfrentar a las personas”, han señalado.

Según han destacado, en su lucha por conseguir que los perros grandes viajen en metro han visitado distintas localidades de España y se han percatado de que no se trata de “una cuestión de colores políticos”. “El mismo partido en una ciudad que toma medidas avanzadas y en otra no. Es una cuestión simplemente de sensibilidad social y de responder a las demandas”, han apuntado, tras recalcar que la medida, además de al número de usuarios de transporte público, podría beneficiar al turismo de países que ya están más avanzados en esta materia, como Francia, Italia o Inglaterra. “Todos los europeos que vienen aquí, están acostumbrados a viajar con su perro en el metro, llegan a Bilbao y se llevan una imagen pésima. Entonces, por favor, tengamos ese chip, dejemos de estar en hace 30 años. Estamos en 2026 y hay que hacerlo por Bilbao. Hay que hacerlo por Euskadi y hay que hacerlo por las familias, la movilidad sostenible y el planeta”, han apuntado.

Al igual que han explicado en otras ocasiones, desde la plataforma se han reunido varias veces con Metro Bilbao, y reconocen que entienden sus preocupaciones, pero no su rechazo a la medida. “Nosotros entendemos la postura de Metro Bilbao. Lo entendemos porque así se nos ha transmitido en las reuniones que hemos tenido con ellos la preocupación por la seguridad y la preocupación también por los usuarios que pueden tener problemas de alergias, problemas de fobias y es algo perfectamente razonable. De hecho, nosotros somos los primeros que hemos manifestado la preocupación por poder viajar en Metro Bilbao con nuestra mascota con total seguridad. No es un sitio al que vamos a llevar a nuestro perro a pasear. No es un hábitat normal para un para una mascota, es un medio de transporte. Yo quiero ir del punto A al punto B con total seguridad, sin que nadie me moleste y sin generar molestias a nadie y poder volver de nuevo a mi punto de partida. Eso es lo que estamos pidiendo”, han solicitado.

Desde Metro Bilbao realizaron una encuesta de satisfacción a finales de 2025, en la que un 27% de los participantes, alrededor de 86.000 personas, indicaron que si se permitiera viajar con perros de más de 8 kg reducirían el uso del metro e incluso dejarían de utilizarlo. Sin embargo, desde la plataforma, lamentan que las preguntas de la encuesta iban dirigidas y no se preguntó si estaban “a favor o en contra”, sino si consideran que el hecho de que hubiera perros en el metro podría alterar su uso o las instalaciones. “Yo fui a la única de la plataforma a la que le hicieron la encuesta, una tarde en Algorta. Lo que vi es que las preguntas carecían de contexto. No se informaba sobre qué medidas se han adoptado en otros lugares o en qué condiciones se aprobaría la nueva medida. Metro Bilbao proponía, por ejemplo, que el acceso se garantizara. Entonces, cuando tú tienes una propuesta, una pregunta la puedes hacer de muchas formas, pero la puedes dirigir o la puedes presentar con una carencia de información que no te permita tomar una decisión informada. Eso es lo que echamos en falta”, ha asegurado una de las miembros de la plataforma ciudadana en el Parlamento Vasco.

Del mismo modo que el pasado marzo en las Juntas Generales de Bizkaia, los partidos políticos que forman parte de la Comisión de Movilidad Sostenible del Parlamento Vasco han valorado positivamente la iniciativa y se han abierto a estudiarla. No obstante, los miembros de la plataforma han lamentado que con las buenas palabras no basta, ya que hace 10 años, el 26 de abril de 2016, el pleno del Ayuntamiento de Bilbao acordó solicitar a Metro Bilbao la posibilidad de modificar la normativa de mascotas facilitando el acceso y acompañamiento de las mismas a semejanza de otros metros de Europa. “Es una solicitud que lleva tiempo dando vueltas sin dar pasos. Las propias Juntas de Bizkaia aprobaron el 12 de junio de 2020 por unanimidad una enmienda transaccional en la que se instaba a los diferentes operadores de transporte público de Bizkaia a analizar a la mayor brevedad posible la regulación en relación con el transporte de mascotas adoptando las modificaciones oportunas para permitir viajar con perros de más de 8 kg. Solicitamos que se analicen y estudien este caso, que tomen las decisiones que les parezcan oportunas para que se modifique la normativa de Metro Bilbao”, han argumentado desde la plataforma ciudadana, que ya ha acudido a la mayoróa de los organismos vascos para que valoren y aprueben las medidas que posibiliten el acceso a perros grandes a todas las líneas de Metro Bilbao.

Quien convive con un animal en casa acaba organizando su día en función de sus necesidades, prepara horarios para sacarlo o darle de comer y adapta incluso los viajes para no dejarlo desatendido. En España, las mascotas han pasado a ocupar un lugar principal dentro del hogar, con una presencia que ya no se limita a acompañar, sino que implica un cuidado diario, gastos y atención continua.

Esa cercanía ha llevado a una mayor concienciación animal, que se traduce en cambios evidentes en la forma de convivir con perros, gatos u otras especies. Esa forma de vida implica también asumir límites claros sobre cuánto tiempo pueden estar solos y en qué condiciones deben permanecer.

La ley prohíbe dejar animales en ciertos espacios habituales

La Ley de Bienestar Animal aprobada en marzo de 2023 fija esas obligaciones y establece sanciones económicas cuando no se cumplen, tal como recoge el Boletín Oficial del Estado. El texto legal señala que su objetivo es “garantizar la protección de los animales, en general y, particularmente, de los animales que viven en el entorno humano”. También indica que busca “regular el reconocimiento y la protección de la dignidad de los animales por parte de la sociedad”.

La norma no se queda en una declaración general, ya que concreta situaciones en las que el cuidado se considera insuficiente y detalla las consecuencias legales. El artículo 27 introduce restricciones claras sobre dónde pueden permanecer los animales y durante cuánto tiempo pueden estar sin vigilancia. Está prohibido mantener de forma habitual a perros y gatos en terrazas, balcones, azoteas, trasteros, sótanos, patios o vehículos, ya que esas ubicaciones limitan su bienestar diario.

Además, se fija un límite temporal para evitar abandonos encubiertos dentro del propio domicilio. Ningún animal puede quedar sin supervisión durante más de tres días seguidos, una regla que afecta a gatos, hurones y otras especies que conviven en casa. En el caso de los perros, ese plazo se reduce a 24 horas, ya que requieren atención más frecuente.

Ese límite tiene efectos directos en situaciones habituales como un viaje o una ausencia prolongada. Dejar a un animal con comida y agua para varios días no cumple con la norma, aunque a simple vista parezca suficiente.

La ley considera que la supervisión implica presencia real o el cuidado de otra persona que se haga cargo del animal durante ese tiempo. Cuando no hay daños físicos ni cambios en su comportamiento, esa conducta se encuadra como infracción leve, según el artículo 73, que define este tipo de faltas como acciones u omisiones que incumplen obligaciones sin causar perjuicio directo.

La falta de microchip dificulta devolverlos a sus familias

El contexto en el que se aplica esta regulación es amplio. En España conviven más de 20 millones de animales de compañía, y uno de cada tres hogares tiene al menos uno. Esa presencia masiva explica por qué la norma pone el foco en hábitos cotidianos, ya que afectan a millones de casos.

También aparecen datos que reflejan un problema claro de identificación de los animales. Cuando un perro o un gato llega a un centro de acogida, en muchos casos no se puede saber de quién es porque no lleva microchip, que funciona como un sistema de identificación con los datos del propietario.

Solo un 27% de los perros están identificados de esta forma, y en los gatos el porcentaje cae hasta el 4,3%. Esa falta de identificación complica mucho poder localizar a la familia y devolver el animal a casa, incluso en situaciones en las que no ha habido abandono intencionado.

Las multas varían según la gravedad del incumplimiento

La ley distingue tres niveles de infracción en función del daño causado o del incumplimiento. Las leves abarcan descuidos o faltas administrativas sin consecuencias físicas para el animal. Las graves incluyen situaciones que generan sufrimiento, como no identificar al animal o utilizarlo como premio en sorteos. Las muy graves se reservan para casos extremos, como la muerte del animal o su sacrificio sin autorización, siempre que no constituya delito.

Cada nivel lleva asociada una sanción económica distinta. Las infracciones leves pueden suponer un apercibimiento o multas que van de 500 a 10.000 euros. Las graves elevan la sanción hasta una horquilla de 10.001 a 50.000 euros, como ocurre cuando se mantiene a perros o gatos de forma habitual en espacios inadecuados. Las muy graves alcanzan cifras más altas, entre 50.001 y 200.000 euros, en situaciones como el adiestramiento para peleas o el uso de animales para consumo humano fuera de los supuestos permitidos.

Este sistema de sanciones busca que el cuidado deje de depender solo de la voluntad de cada persona y pase a tener consecuencias claras cuando no se cumple. La norma introduce así una relación directa entre conducta y multa, con cantidades que obligan a replantear hábitos que antes podían pasar desapercibidos.

De esta manera, dejar a un animal sin supervisión durante días, aunque tenga alimento y agua, deja de ser una decisión privada sin consecuencias y pasa a ser un incumplimiento tipificado por la ley.

La ley redefine cómo se convive con animales en casa

Ese cambio también tiene un efecto en la forma en la que se entiende la convivencia con animales. La presencia de multas elevadas empuja a buscar soluciones como dejar al animal al cuidado de otra persona cuando no se puede atender. Ese tipo de decisiones se convierten en parte del día a día, igual que alimentar o sacar a pasear.

El objetivo final de la ley aparece en su planteamiento inicial, que sitúa la protección y la dignidad de los animales como una responsabilidad social. Ese planteamiento se traduce en normas concretas que afectan a acciones diarias dentro de casa y en la forma en la que se organiza la vida con un animal, desde el tiempo que permanece solo hasta el lugar en el que pasa las horas cuando no hay nadie en casa.

La Guàrdia Civil investiga dos homes per la seva presumpta implicació en la mort de 27 cans de caça durant un trajecte en ferri. Les investigacions apunten que els animals van morir perquè dins la furgoneta en què viatjaven no es va garantir una ventilació adequada ni se’ls van proporcionar les cures necessàries.

En concret, els cans van ser localitzats a principis del passat mes de novembre a l’interior del vehicle que els traslladava a la bodega del vaixell. El buc, procedent de Barcelona, acabava d’atracar al port de Palma.

Segons ha informat l’Institut Armat, un grup de caçadors mallorquins va contractar una empresa de transport de cans amb seu a Catalunya per traslladar amb fins cinegètics 36 animals des de Palma fins a Lituània i posteriorment per al retorn a la capital balear. Va ser en el trajecte marítim de tornada a Palma quan van morir 27 dels cans.

Després del que va succeir, agents de la Unitat de Protecció de la Natura (Uprona) de la Guàrdia Civil a Mallorca van iniciar una investigació, batejada com a operació ‘Xólotl’, per esclarir els fets i identificar els possibles responsables. Les investigacions conclouen que a l’interior del vehicle no es va mantenir una qualitat ni una quantitat d’aire adequades atès l’elevat nombre d’animals transportats. A més, durant el trajecte no se’ls van prestar les cures necessàries.

L’elevat nombre de cans i la seva pròpia morfologia van provocar una acumulació considerable de calor metabòlic, humitat i diòxid de carboni dins el vehicle, unes condicions que la majoria dels animals no van poder suportar.

Com a resultat de la investigació, la Guàrdia Civil ha imputat dues persones: el responsable de l’empresa encarregada del transport i el conductor del vehicle, un jove de 21 anys, per un presumpte delicte de maltractament animal. Les diligències ja han estat remeses al jutjat corresponent.

La Guardia Civil investiga a dos hombres por su presunta implicación en la muerte de 27 perros de caza durante un trayecto en ferry. Las pesquisas apuntan a que los animales fallecieron porque dentro de la furgoneta en la que viajaban no se garantizó una ventilación adecuada ni se les proporcionaron los cuidados necesarios.

En concreto, los canes fueron hallados a principios del pasado mes de noviembre en el interior del vehículo que los trasladaba en la bodega del barco. El buque, procedente de Barcelona, acababa de atracar en el puerto de Palma.

Según informa el Instituto Armado, un grupo de cazadores mallorquines contrató a una empresa de transporte de perros con sede en Catalunya para trasladar con fines cinegéticos a 36 animales desde Palma hasta Lituania y posteriormente para el regreso a la capital balear. Fue en el trayecto marítimo de vuelta a Palma cuando murieron 27 de los perros.

Tras lo ocurrido, agentes de la Unidad de Protección de la Naturaleza (Uprona) de la Guardia Civil en Mallorca iniciaron una investigación bautizada como operación ‘Xólotl’ para esclarecer los hechos e identificar a los posibles responsables. Las pesquisas concluyen que en el interior del vehículo no se mantuvo una calidad ni una cantidad de aire adecuadas a tenor del gran número de animales transportados. Además, durante el trayecto no se les prestaron los cuidados necesarios.

El elevado número de perros y su propia morfología provocaron una acumulación considerable de calor metabólico, humedad y dióxido de carbono dentro del vehículo, condiciones que la mayoría de los animales no pudo soportar.

Como resultado de la investigación, la Guardia Civil ha imputado a dos personas: el responsable de la empresa encargada del transporte y el conductor del vehículo, un joven de 21 años, por un presunto delito de maltrato animal. Las diligencias ya han sido remitidas al Juzgado correspondiente.

El Centre Sanitari Municipal de Protecció Animal de Son Reus, a Palma, ha posat en adopció 50 gossos recentment rescatats d'una finca on convivien en pèssimes condicions higièniques i sanitàries. La intervenció duta a terme a la propietat va detectar múltiples irregularitats i una situació incompatible amb la normativa vigent de benestar animal, tal com ha explicat aquest dimecres l'Ajuntament de Palma.

En concret, els animals van ser localitzats durant una intervenció realitzada el passat 24 de febrer pel Servei de Protecció de la Natura (Seprona) de la Guàrdia Civil i tècnics de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural. Després de l'operatiu, els gossos van ser traslladats a Son Reus, on un equip veterinari va realitzar una avaluació clínica completa a tots els cans per determinar el seu estat de salut.

Els gossos han estat desparasitats interna i externament, vacunats, identificats mitjançant microxip i sotmesos a diferents proves diagnòstiques, entre elles tests ràpids per a la detecció de leishmaniosi. En els casos en què es van detectar símptomes o problemes de salut, els animals van romandre ingressats sota supervisió veterinària per realitzar analítiques i un seguiment més exhaustiu. La resta van ser traslladats progressivament a les dependències habituals del centre aprés confirmar-se una evolució favorable.

Gràcies a aquesta intervenció integral, els 50 gossos es troben actualment en òptimes condicions i, des d'aquest dimecres, han estat posats a disposició de la ciutadania per a la seva adopció responsable. L'Ajuntament subratlla que, d'aquesta manera, s'està oferint “una segona oportunitat a uns animals que han estat patint una situació d'extrema vulnerabilitat”.

El Consistori destaca, així mateix, “la professionalitat i el compromís” del personal veterinari i tècnic del centre de Son Reus, en considerar que la seva tasca “ha resultat fonamental per recuperar unes condicions de vida dignes per a aquests gossos, fent possible que, a partir d'ara, puguin ser donats en adopció”.

El Centro Sanitario Municipal de Protección Animal de Son Reus, en Palma, ha puesto en adopción a 50 perros recientemente rescatados de una finca donde convivían en pésimas condiciones higiénicas y sanitarias. La intervención llevada a cabo en la propiedad detectó múltiples irregularidades y una situación incompatible con la normativa vigente de bienestar animal, tal como ha explicado este miércoles el Ajuntament de Palma.

En concreto, los animales fueron localizados durante una intervención realizada el pasado 24 de febrero por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y técnicos de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medi Natural. Tras el operativo, los perros fueron trasladados a Son Reus, donde un equipo veterinario realizó una evaluación clínica completa a todos los canes para determinar su estado de salud.

Los perros han sido desparasitados interna y externamente, vacunados, identificados mediante microchip y sometidos a diferentes pruebas diagnósticas, entre ellas test rápidos para la detección de leishmaniosis. En los casos en los que se detectaron síntomas o problemas de salud, los animales permanecieron ingresados bajo supervisión veterinaria para realizar analíticas y un seguimiento más exhaustivo. El resto fueron trasladados progresivamente a las dependencias habituales del centro tras confirmarse una evolución favorable.

Gracias a esta intervención integral, los 50 perros se encuentran actualmente en óptimas condiciones y, desde este miércoles, han sido puestos a disposición de la ciudadanía para su adopción responsable. El Ajuntament subraya que, de este modo, se está ofreciento “una segunda oportunidad a unos animales que han estado sufriendo una situación de extrema vulnerabilidad”.

El Consistorio destaca, asimismo, “la profesionalidad y el compromiso” del personal veterinario y técnico del centro de Son Reus, al considerar que su labor “ha resultado fundamental para recuperar unas condiciones de vida dignas para estos perros, haciendo posible que, a partir de ahora, puedan ser dados en adopción”.

El Juzgado Social número 25 de Barcelona ha dictado una sentencia en la que declara improcedente el despido de una trabajadora de la empresa Majorel SP Solutions, S.A.U., que tuvo que ausentarse de su puesto de trabajo para aplicar de urgencia la eutanasia a su perra.

En el fallo consultada, la empresa justificó la decisión de despedir a la empleada, que trabajaba como teleoperadora desde marzo de 2023, alegando que había acumulado ausencias injustificadas en el periodo de un mes. La compañía alegó que se había ausentado sin justificación en cuatro fechas, lo que constituye una falta “muy grave” de acuerdo con el convenio colectivo del sector del 'contact center' y merecedora de la sanción disciplinaria, que le fue comunicada en enero de 2025.

Pero tras analizar las ausencias de forma individualizada, el juez entiende que el 29 de noviembre de 2024, cuando se vio obligada a acudir de urgencia al veterinario, si bien es cierto que no tenía permiso para ello, las “razones humanitarias, éticas y morales justifican que se haya priorizado la salud de un animal doméstico que prácticamente agonizaba” a la obligación de acudir a su puesto de trabajo.

Su ausencia no puede entenderse como un capricho, argumental juez, sino que debe atribuirse a razones sobrevenidas, imprevisibles, éticas y humanitarias, pues haber hecho que el animal esperase a que la trabajadora terminase su jornada considera que hubiese sido “inmoral”.

El juzgado invoca la Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales y recuerda que el principal objetivo de esta norma es “regular el reconocimiento y la protección de la dignidad de los animales por parte de la sociedad”.

Sobre el resto de días que según la empresa la trabajadora se ausentó sin justificación, el juez determina que una se trata de una falta de puntualidad, mientras que las otras dos ausencias pueden considerarse realmente injustificadas.

Por todo ello, condena a la empresa a que readmita a la trabajadora en su puesto de trabajo en las mismas condiciones y a que le abone los salarios que le correspondan desde que fue despedida y hasta la fecha de notificación de la sentencia. O bien, que extingan la relación contractual y la indemnice con 4.116,42 euros por despido improcedente.

El abogado del Col·lectiu Ronda Albert Vallribera, que ha representado a la trabajadora en este procedimiento, destaca el carácter innovador de esta sentencia, que deriva de “la mirada jurídica, pero también humana y moral” con la que considera que se evalúa la ausencia de la trabajadora para atender las necesidades de su perra.

Para el letrado, la sentencia comprende el cambio en la relación de la sociedad con los animales. “Afortunadamente han dejado de ser considerados como simples bienes para convertirse en lo que son: seres vivos titulares de derechos sobre los cuales, como cuidadores, tenemos una responsabilidad objetiva que no es superficial ni caprichosa, sino exigible e imperativa”, afirma.