La Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción del Ayuntamiento de Madrid vuelve a estudiar una polémica en torno a David Pérez, el edil presidente de Hortaleza y la figura más polémica en el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida. Después de que el organismo rechazara varias denuncias en torno a posibles contrataciones irregulares en la Junta Municipal del distrito, este jueves el PSOE de la ciudad ha elevado otra por el veto de Pérez a un acto de la Asociación Vecinal La Expansión de San Lorenzo en el centro cultural Huerta de la Salud.

La portavoz socialista en Cibeles, Reyes Maroto, ha recordado al presentar el escrito que el exalcalde de Alcorcón rechazó la petición vecinal “bajo el criterio de neutralidad y, al mismo tiempo, autorizó un acto del PP”. Ambos hechos coincidieron además en el tiempo el pasado 12 de marzo, aunque finalmente el evento con la vicealcaldesa Inmaculada Sanz fue suspendido al estallar la controversia.

“Este doble rasero es inaceptable, un uso partidista de los recursos públicos, y por eso llevamos esta denuncia ante la Oficina del Fraude y la Corrupción por presunto abuso de poder o corrupción administrativa”, recalca Maroto. “El Ayuntamiento no se puede convertir en un cortijo para el equipo del alcalde”, subraya, al tiempo que lamenta cómo “Hortaleza parece el banco de pruebas de Almeida para ver hasta dónde se llega en silenciar a vecinos y vecinas de Madrid”.

Maroto, que ha presentado la denuncia flanqueada por el también edil socialista Jorge Donaire, ha exigido responsabilidades políticas y pide el cese o la dimisión del que fuera consejero de Transportes y Vivienda en el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso. “El PSOE lleva al pleno de este jueves una moción de urgencia en este sentido, porque las asociaciones están indefensas por el uso partidista que hace el concejal presidente. No es un caso aislado. Es su manera de proceder y Almeida tiene que cesar a David Pérez”, concluye la líder del Grupo Municipal Socialista en la capital.

Un veto por “neutralidad” entre actos del PP con Sanz o Álvarez de Toledo

En el escrito presentado por los socialistas, apelan a la importancia que otorga a la participación vecinal en los asuntos públicos el Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid, inspirado a su vez por la Carta Europea de la Autonomía Local de 1985 y la Constitución Española. El mencionado reglamento contempla a su vez la posibilidad de ceder, puntual o temporalmente, espacios municipales a las entidades y colectivos ciudadanos inscritos en el Censo Municipal de Entidades y Colectivos Ciudadanos.

El PSOE contrapone el veto de Pérez, en el que se parapeta en argumentos como la “neutralidad” (término que cita hasta en 16 ocasiones) de los espacios públicos, al acto programado el pasado jueves o a otros que el Partido Popular de Hortaleza ha organizado en centros municipales. Así, el pasado 17 de diciembre tuvo lugar otro en el centro Huerta de la Salud con la portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular, Cayetana Álvarez de Toledo. La denuncia apostilla igualmente que “la propia resolución cita la doctrina del Tribunal Constitucional, según la cual la neutralidad no permite controles sobre el contenido del mensaje, salvo cuando se vulnere la legalidad”.

La prohibición del debate vecinal sobre la gestión de la Junta de Hortaleza se produce en un distrito en el que el pasado octubre se celebró un acto de corte negacionista y antivacunas en el Centro Cultural Sanchinarro, dotación pública de gestión privatizada. Y en un ambiente muy caldeado, que ha granjeado a Pérez el apodo de concejal aguafiestas: prohibió el tradicional Carnaval vecinal de Hortaleza por coincidir con la Cuaresma o festivales de gran trayectoria como el Luis Aragofest, alegando cuestiones burocráticas. También mermó la participación de asociaciones en diferentes festejos al limitar las casetas asignadas y las ayudas recibidas.

“Estás del lado de los asesinos”. Así ha arremetido contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la activista iraní Masih Alinejad durante un acto por el Día de la Mujer organizado este jueves por el PP en el Congreso. Durante un coloquio con Cayetana Álvarez de Toledo, Alinejad ha justificado los ataques militares de Donald Trump y Benjamin Netanyahu contra Irán mientras ha acusado a Sánchez de “utilizar los cuerpos heridos de los iraníes como munición política contra otros partidos”.

El PP ha organizado este jueves un acto por el 8M en la Sala Constitucional del Congreso donde han participado las activistas cubana Rosa María Payá, así como Alinejad. En la primera parte, el representante de la derecha ha sido el vicesecretario de Educación e Igualdad, Jaime de los Santos, quien ha aprovechado el evento para arremeter contra la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y contra su predecesora en el cargo, Irene Montero.

“Soy gay y católico, en Cuba estaría defenestrado”, ha dicho De los Santos. “Sorprende que los partidos de izquierdas estén del lado de esos países como en Irán donde nos cuelgan de una grúa o nos invitan a transitar de hombres a mujeres porque la homosexualidad está penalizada”, ha planteado.

De los Santos ha arremetido primero contra la ministra de Igualdad, Ana Redondo. “Nos dan consejos y se hacen los graciosos, como la ministra de Igualdad que intenta comparar el asesinato sistemático en los siglos XV y XVI de mujeres que llamaban brujas con lo que hoy decimos 'Charos'. No hacen más que destruir el constructo feminista y reírse de esas mujeres que querían ser libres”, ha dicho. “Ese es el feminismo del Gobierno de España, el del chiste fácil, el ridículo absoluto que deja desprotegidas a 5.000 mujeres”, ha apuntado en referencia a los fallos en las pulseras de control de maltratadores.

“Es la misma izquierda, hablo de Irene Montero, que dice que hay que barrer España de fachas”, ha añadido a continuación. “Me recuerda mucho a lo que en Alemania en la década de los 30 del siglo pasado alentaban personajes peligrosísimos que se convirtieron en ejemplos de lo peor que ha tenido la historia de este planeta”, ha añadido, para concluir: “Prefieren dedicar hoy el día previo que reivindica el papel de la mujer a hablar de 'Charos”

“¿Cómo se llama el primer ministro?”

El segundo coloquio se ha convertido en una retahíla de ataques contra Pedro Sánchez por rechazar los bombardeos contra Irán y prohibir el uso de las bases españolas compartidas con EE UU.

La portavoz adjunta del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, ha presentado a Alinejad y desde el primer momento ha criticado a Sánchez por “invocar la paz” y que “por espureos intereses les permiten lapidar mujeres, colgar homosexuales y financiar el terrorismo”. 

Álvarez de Toledo ha lamentado la “cobardía”, la “condescendencia” y “la complicidad” de lo que ha señalado como “apaciguamiento” liderado por el presidente español. La dirigente del PP ha conminado a Sánchez a “aprender de la Historia”. “El apaciguamiento no pacifica, envalentona; no reduce el peligro, lo multiplica”.

El guante lo ha recogido la activista iraní, que ha llamado “hermana” a Álvarez de Toledo en varias ocasiones, como también a la opositora venezolana María Corina Machado. “Te guste o no Trump”, ha dicho sobre el presidente de EE UU, lo que ha hecho “es liderazgo”. ¿Y qué ha hecho? “Quitar a los terroristas no es una tragedia, es justicia para las víctimas”.

Alinejad ha reclamado una “coalición internacional” para “terminar el trabajo” en Irán ante el miedo de que EE UU e Israel no lo hagan: “No queremos que nos dejen solos con un régimen herido”. 

La activista ha pedido “hablar con el primer ministro español”, del que ha tenido que preguntar el nombre varias veces por no sabérselo, para abroncarle por su posición ante la guerra de Irán. “¿Cómo te atreves, cómo te atreves?”, ha empezado, para preguntar a Álvarez de Toledo “¿cómo se llama? ¿Sánchez?”. Después ha recuperado el hilo: “¿Cómo te atreves a utilizar los cuerpos heridos de los iraníes como munición política contra otros partidos? Esto no tiene nada que ver con tu lucha, con derecha o izquierda, es opresión”, ha espetado.

Alinejad ha asegurado que “el primer ministro español decidió mantenerse en silencio contra la masacre” de civiles iranís perpetrada por el Gobierno hace pocos meses para impedir las protestas de quienes piden una transición democrática y que se cambien las leyes que discriminan a las mujeres. “Estás del lado de los asesinos”, le ha acusado.

“Sánchez no actúa de buena fé”, ha dicho Álvarez de Toledo, quien ha recuperado las palabras del entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quien en 2011 se felicitó por la muerte de Osama bin Laden. “Esto se llama hipocresía”, ha respondido Alinejad. “No se puede celebrar la eliminación de Bin Laden como justicia por el 11S, pero cuando se trata de las víctimas de Ali Jamenei, de repente eres racista”, ha sostenido.

La activista iraní ha asegurado que Jamenei, el máximo mandatario de Irán muerto en los recientes bombardeos de EE UU e Irán, fue “padrino del ISIS y de Osama bin Laden”. Tanto el llamado Estado Islámico con Bin Laden son sunitas, versión mayoritaria del islam y predominante en Arabia Saudí, mientras Irán es un régimen chií. EE UU ha dado el visto bueno a que un alto cargo del ISIS sea hoy el presidente de Siria. Trump lo recibió en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

Feijóo critica el “oportunismo de Sánchez”

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha sido el encargado de clausurar el acto, al que ha llegado minutos antes de su final. Y también ha dedicado su intervención a arremeter contra el presidente del Gobierno.

Feijóo ha defendido el suyo como el “feminismo de verdad”. Frente al “el feminismo de salón que se limita a poner lazos morados” ha alabado “el feminismo real que se juega la vida en las calles de Teherán”. “Las feministas de verdad no quieren la paz del burka o la mortaja, quieren libertad”, ha sostenido.

“Para ondear la bandera de la paz hay que tener una respuesta”, ha dicho sobre el ‘no a la guerra’ de Sánchez. “¿Qué les decimos a las iraníes, que esperen 40 años más, que nos pondremos una chapita mientras se las sigue matando?”, ha preguntado. “Si no tienes respuesta a la tiranía, el pacifismo es un aval a la dictadura”, ha planteado.

“No le reconozco a Sánchez ninguna superioridad moral para hablar de paz, Estado de derecho y mucho menos patriotismo”, ha asegurado. “Para tener autoridad moral hay que tener moral”, ha planteado, para aludir a su “entorno manchado por la corrupción”. “Para predicar paz en el mundo no se puede construir un muro. Para hablar de derecho internacional hay que respetar el derecho nacional”, ha sostenido.

Feijóo ha acusado a Sánchez de “oportunismo” y de “reventar los fundamentos de la política exterior” por supuestas “crisis diplomáticas” en América Latina, Magreb, Oriente Medio o con EE UU, así como una “completa pérdida de credibilidad en la UE”. Todo, después de que la Comisión Europea, Francia y Alemania hayan respaldado a España por las amenazas comerciales de Donald Trump.

Feijóo ha criticado que, pese a lo dicho por Sánchez, “despegan aviones de Rota con destino a Oriente Medio”, aunque obvia que ha sido para desplazarse a una base italiana, o que España “manda una fragata a la guerra”, cuando se ha enviado al Mediterráneo, en concreto a Chipre, después de que el país de la UE haya sido alcanzado por algunos ataques cuyo origen está todavía sin determinar. 

El líder del PP ha dicho que la posición del Gobierno “se resume en cuatro palabras: como siempre Sánchez miente. A la OTAN, a la UE y a los españoles”.

Feijóo ha aprovechado también para criticar la ‘ley trans’ por el “borrado de las mujeres”. “En nuestro país basta una afirmación para que un hombre pueda ser considerado legalmente mujer y esquivar los juzgados de violencia de género o entrar en vestuario de mujeres o participar en competición femenina”. “Debemos derogar la ley que permite esto”, ha asegurado.

Han intentado expulsar a Pedro Sánchez del Gobierno de todas las formas posibles. Ayuso inició la vía de la agresión personal para tumbarle como ser humano al llamarle “hijo de puta” en el Congreso, en frase que corean miles de seguidores de derecha-ultra-derecha, incluso hasta un candidato a diputado de Vox en Castilla y León. Está estudiado y analizado: la deshumanización es una de las principales armas del fascismo. Ha sido calificado incluso como un componente central y estratégico de esa ideología en sí. Se trata de despojar a individuos o a grupos de sus características humanas, de debilitarlas en este caso, lo que facilita su persecución e incluso su aniquilación.

Tras ser tratado como un trapo con los más burdos calificativos y motes -tan falsos e injustos como “el galgo de Paiporta” que osó llevar Feijóo al Congreso-, su portavoz Cayetana Álvarez de Toledo se ha apuntado a liderar el clan agresor utilizando la salud del presidente del Gobierno. Varios medios de la fachosfera han lanzado el bulo de que es un enfermo cardiovascular que acude de noche a los hospitales. Como si un corazón enfermo pudiera esperar turnos. Los montajes fotográficos de los pioneros de la basura mediática –que asombrosamente aún deben vivir de subvenciones– da idea de la que están organizando y ya el resto de los cárteles mediáticos se apuntan a buscar la peor foto que encuentran de Sánchez. Que sin duda ha adelgazado, pero no al extremo en el que lo remodelan gráficamente también.

Creado el bulo, Álvarez de Toledo se lanza a pedir en el Congreso la “desclasificación” del historial médico de Pedro Sánchez. El propio presidente afirma que no es un enfermo cardíaco y que incluso, si lo fuera, la sanidad pública les ayuda a estos enfermos a llevar una vida activa. Es repugnante tener que aclarar que el historial médico de todos los individuos es un asunto personal y privado, y un delito hacerlo público sin autorización del interesado o requerimiento legal motivado. El acceso indebido a esos datos conlleva sanciones graves por parte de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). En España y en muchos países democráticos es así.

El presidente de un gobierno en un Estado de Derecho no es un rey cuyas enfermedades puedan desatar procesos sucesorios. Cuenta con vicepresidentes y ministros que le sustituyen dado el caso. Y es que, por supuesto, la salud de Pedro Sánchez le importa un comino a la marquesa portavoz; da la impresión de que, de poder, le autopsiaría en vivo dado el odio que manifiesta de continuo a su persona. Entonces, su intento es debilitarlo o inhabilitarlo. Fascismo puro. Muy supremacista de nuevo porque considera conceptualmente la enfermedad como un demérito. Creo que no se puede llegar a más, es un escalón prominente en la política sucia del Partido Popular.

Ahí tienen ellos a un Eduardo Zaplana, expresidente de la Generalitat valenciana, que pasa por ser un enfermo terminal... inmortal. De éste sí se dio algún dato de salud para justificar su salida de la cárcel. Eduardo Zaplana en noviembre cumplió 2.000 días en libertad por un informe de “enfermedad terminal cercana al 100%” que le fue diagnosticada en un informe. Casi cinco años y medio.

Y no me negarán que hay algunos (y algunas) líderes aquí y en el ámbito internacional que muestran trastornos de personalidad o adicciones y eso sí es un peligro para la sociedad. De hecho, el veneno que parece correr por las venas de Álvarez de Toledo podría considerarse un riesgo de salud pública. Lo que ha logrado ha sido muchas entrevistas y referencias extendiendo el bulo.

El tema ha traspasado ya fronteras y Político, el prestigioso medio que es una biblia en el Parlamento Europeo, escribe en tono jocoso: “El primer ministro español, Pedro Sánchez, quiere que sepáis que los rumores sobre su inminente fallecimiento han sido muy exagerados”.

Días intensos estos en los que la irracionalidad escala a cotas cada vez más altas. Y en el que este país es capaz de volver a burlarse de la ciudadanía con unos secretos oficiales que no lo son y que encima se ofrecen con lagunas para que la derecha pida la vuelta a España, canonizado, de Juan Carlos de Borbón, aquel señor que huyó a Abu Dabi perseguido por sus líos de dinero que nada tenían que ver en ese momento con el 23F. Y que puede volver y vuelve cuando quiere, pero no en las condiciones “reales” que le gustaría: a la Zarzuela. No le deja su hijo, el rey.

Durante algunos años había dejado de identificarme -oh, ilusa- con un poema del poeta catalán Salvador Espriu, Assaig de càntic en el temple, que publicó en 1954, y otra vez vuelvo a leerlo. Porque no hay derecho a todo esto.

“¡Oh, qué cansado estoy

de mi cobarde, vieja, tan salvaje tierra,

y cómo me gustaría alejarme,

hacia el norte,

en donde dicen que la gente es limpia

y noble, culta, rica, libre,

despierta y feliz!

Entonces, en la congregación, los hermanos dirían,

desaprobando: “Como el pájaro que deja el nido,

así el hombre que abandona su lugar“,

mientras yo, bien lejos, me reiría

de la ley y de la antigua sabiduría

de mi árido pueblo.

Pero no he de realizar nunca mi sueño

y aquí me quedaré hasta la muerte.

Pues soy también muy cobarde y salvaje

y, además, amo

con un desesperado dolor,

a esta mi pobre,

sucia, triste, desdichada patria“.

Donald Trump dispara más rápido. Muchas de sus víctimas son los partidos políticos europeos, no sólo conservadores y liberales, que creen que la alianza estratégica con Estados Unidos es esencial para la seguridad del continente. Se levantan por la mañana y descubren perplejos que el presidente norteamericano ha vuelto a dejarlos tirados en la cuneta o ha mostrado lo poco que le importan la cohesión de la OTAN y las opiniones de sus aliados. El Partido Popular lo está sufriendo en carne propia en el tema de Venezuela.

Unas horas antes de que el Congreso fuera el escenario de la comparecencia del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, Trump volvió a dejar pasmado al PP. Lo malo no era que Delcy Rodríguez había mantenido una conversación telefónica con él, sino que Trump se deshizo en elogios a la presidenta en funciones venezolana: “Es una persona estupenda. Es alguien con quien hemos trabajado muy bien. Marco Rubio está tratando con ella”. La política a la que el PP odia es “fantástica”, dijo. Obviamente, Rodríguez está contando y prometiendo a Trump todo lo que este quiere escuchar.

Por todo ello, a Cayetana Álvarez de Toledo le tocaba hacer equilibrios como si fuera una funambulista de circo mientras el público observa entre divertido y asustado temiendo que en cualquier momento se parta la crisma. La única forma de no caer al vacío consistía en atenerse a lo que ha decidido Alberto Núñez Feijóo: a Donald Trump no se le nombra, tampoco al hablar de conflictos internacionales en los que las decisiones más relevantes las está tomando él. Es una especie de ficción que no se puede mantener durante mucho tiempo. Suena un poco absurdo, pero al PP le sirve para ir tirando.

Aquel-que-no-debe-ser-nombrado está reforzando a corto plazo la posición de Delcy. A Álvarez de Toledo no le quedó más remedio que repetir todo el discurso anterior de su partido sobre Venezuela donde resultaba que era el Gobierno de Pedro Sánchez el que sostenía a Maduro. Es una combinación de realismo mágico y política desesperada. Trump dice que está haciendo “progresos tremendos” con el actual Gobierno venezolano para lograr la “estabilidad y recuperación” del país, pero la culpa de que los chavistas sigan en el poder es de Sánchez y Zapatero.

Hubo una única mención a Trump en el discurso de la portavoz del PP. Lo elogió al principio por haber “puesto fin a un tirano criminal”, refiriéndose al secuestro de Maduro y su encarcelamiento en Nueva York. Después, pasó a atacar al Gobierno de Sánchez por todo lo que está haciendo EEUU. Fue particularmente imaginativa cuando dijo que los socialistas quieren “una transición lampedusiana, que todo cambie para que todo siga igual”, una descripción que se ajusta bastante bien hasta ahora a la conducta de la Casa Blanca.

Evidentemente, no habló del petróleo. Eso hubiera elevado la incomodidad a niveles insuperables. Ahí también convenía fingir que algo muy importante ni siquiera existe.

Aceptó que todas las transiciones a la democracia “exigen cesiones”, pero marcó límites. Acusó al Gobierno de “querer liberar a Delcy” –“es la única liberación que les interesa”–, pero ni Sánchez ni Albares han elogiado a la presidenta de la forma entusiasta con que lo ha hecho Trump. “Delcy Rodríguez no es una moderada. No es Adolfo Suárez”, dijo, a pesar de que el Gobierno no ha dicho nada de eso.

La comparación con la Transición española sólo la ha hecho una columnista de El País, despistada o muy mal informada, y quizá algún tertuliano que hoy habla de Venezuela como antes lo hacía de la pandemia, del apagón o de Gaza.

En su discurso, Albares defendió una idea que seguro que el PP comparte en privado. “Ninguna solución para Venezuela puede imponerse desde el exterior. Mucho menos por la fuerza”, dijo el ministro. Eso es lo que está haciendo Trump y de una forma, con la excepción de la caza de Maduro, que ha perjudicado los intereses de la oposición. María Corina Machado ya se veía de vuelta en Caracas con la misión de hacerse con el poder después de una invasión norteamericana y ahora le queda confiar en que Trump no se olvide de ella.

Machado visitó la Casa Blanca el jueves para tener un almuerzo con el presidente. A la salida, dijo que había “presentado” a Trump la medalla del Premio Nobel de la Paz. Inicialmente, no quedó claro si se la había regalado. Después, tanto la Casa Blanca como ella lo confirmaron, así como el hecho de que Trump aceptaba el obsequio. Machado no podía hacer más para someterse al ego del nuevo dueño de Venezuela. Pero de entrada no le sirvió de mucho. La portavoz de la Casa Blanca dijo después que Trump confía en que se celebren elecciones en Venezuela “algún día”. No concretó más.

En el Congreso, Albares tuvo que recordar algo bastante obvio: “A Delcy Rodríguez no la ha puesto donde está el Gobierno de España. La ha puesto la intervención militar de EEUU”.

El ministro reiteró lo que ha dicho en otras ocasiones. El Gobierno nunca reconoció el resultado de las elecciones de 2024, cuando Maduro obtuvo la victoria en medio de pruebas evidentes de fraude electoral. Se explayó más en destacar que España ha acogido a centenares de miles de venezolanos, que huyeron después del hundimiento económico del país, con una normativa específica para ellos de la que no disfruta ningún otro colectivo extranjero. “Hemos estado dispuestos a acoger a cualquier venezolano que lo necesite y lo seguiremos haciendo”.

A pesar de esta evidencia, el PP describe al Gobierno como alguien hostil a los inmigrantes venezolanos y a los dirigentes de la oposición. Álvarez de Toledo volvió a acusarle de haber forzado el exilio de Edmundo González en connivencia con Maduro. “Ustedes montaron una operación para extraer de Venezuela al presidente legítimo”. Si fue así, hay que preguntarse por qué el candidato de la oposición en las elecciones agradeció al Gobierno de Sánchez las gestiones que hicieron posible su salida.

Todas estas contradicciones no importunaron a Cayetana Álvarez de Toledo. Si hablas de Venezuela ahora mismo sin mencionar el papel que juega Trump y el apoyo que está concediendo a Delcy Rodríguez, está claro que no vas a permitir que la realidad te estropee un buen discurso.

Nota: artículo actualizado con la confirmación de que Machado regaló a Trump la medalla del Premio Nobel.

El Congreso celebró el martes el debate sobre la medida más dura que haya tomado un Gobierno español contra Israel desde el establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos estados en 1986. Finalizado el acto, no había manera de saber si el decreto de embargo de armas será ratificado el miércoles en el Congreso. Ione Belarra, secretaria general de Podemos, no quiso concretar el voto de su grupo. Sin al menos su abstención, no saldrá adelante.

En los últimos días, las movilizaciones masivas contra el genocidio de Gaza han llegado a España después de dos años en que fueron muy superiores en Gran Bretaña, Francia o Alemania, países donde sus opiniones públicas no son tan propalestinas como aquí. El boicot a la Vuelta Ciclista inauguró una nueva fase que culminó el pasado fin de semana con manifestaciones masivas en torno a la flotilla solidaria que surcó el Mediterráneo hasta ser detenida por fuerzas navales israelíes en aguas internacionales. Trasladar ese sentimiento de denuncia al Parlamento no es tan fácil, porque nada lo es en esta legislatura.

Frente al escepticismo de varios grupos de izquierda que no se terminan de creer que el Gobierno aplique el embargo hasta el final, el ministro Carlos Cuerpo, que fue quien presentó la iniciativa, quiso poner el listón muy alto. “Es un texto de máximos hasta lo que permite la legislación internacional y la normativa europea”, dijo. Sobre su aplicación, fue tajante al explicar que se aplicará “con el máximo rigor”: “El compromiso con el embargo es total y absoluto”.

El decreto abre la posibilidad de que se produzcan excepciones por razones de seguridad nacional, un concepto demasiado amplio y del que no dio ningún ejemplo. Sí contó que se deberá contar con el acuerdo previo del Consejo de Ministros, lo que descartaría en teoría que se pueda hacer en secreto.

Grupos de la sociedad civil han denunciado en el último año que no se han cumplido anteriores promesas del Gobierno sobre el fin de la importación y exportación de material de defensa a Israel. Varios barcos utilizados para ese comercio han recalado en puertos españoles en medio de denuncias de esos grupos. La mayor partida ha sido la importación de componentes y armamento israelíes con destino a las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad, con lo que ahí el Gobierno lo tendrá difícil para esconderse.

Si sale adelante la votación, se votará si el decreto se tramita como proyecto de ley con lo que los grupos parlamentarios podrán introducir cambios. Enrique Santiago, de Sumar, adelantó que esperan mejorar el texto “para reforzar la vigilancia en los puertos españoles”, un factor que será crucial para comprobar que el embargo se cumple.

EH Bildu y Esquerra coincidieron en calificar el decreto de insuficiente, pero se comprometieron a apoyarlo. Mertxe Aizpurua dijo que la prioridad es ahora mismo “romper el tratado de asociación que la UE aún mantiene de forma vergonzosa con Israel”. Gabriel Rufián llamó al decreto “insuficiente y cobarde”, aunque consideró más importante los efectos que pueda tener: “Pero si esto sirve para que no llegue una sola arma a Israel y así se salve la vida de un solo niño o niña en Gaza, nos vale”.

La posición de Podemos fue diferente. Ione Belarra lo llamó “embargo fake”. Dijo que llegaba muy tarde: “Los embargos de armas se hacen antes de que los crímenes se cometan”. No dio ninguna credibilidad a las promesas del Gobierno y calificó de “electoralismo barato” la posición de Pedro Sánchez y de su Gobierno. Ese es un argumento que también utilizó el Partido Popular en el pleno al denunciar que Sánchez utiliza Gaza como escudo para escapar de sus problemas judiciales.

Belarra no contó qué hará su grupo en la votación. La posición de Junts en favor del decreto, que no fue nada entusiasta, hace que todo dependa de Podemos. Parece difícil que pueda provocar la derrota del embargo, lo que sería una noticia excelente para el Gobierno de Netanyahu. Para el partido, el Gobierno español es tan cómplice de lo que ha ocurrido en Gaza como otros gobiernos europeos, a pesar de su apoyo a las movilizaciones contra el genocidio y a medidas más radicales contra Israel que en estos momentos no cuentan con el apoyo de la Comisión Europea y de la mayoría de miembros de la UE.

La dirección palestina de BDS –la principal organización internacional que apoya desde hace años el boicot a Israel– pidió el martes a los grupos parlamentarios que saquen adelante el decreto. “No dejen que se pierda esta oportunidad”, dijo en un comunicado. “Permitir que fracase supondría un grave revés y enviaría un mensaje de indiferencia en relación al genocidio contra nuestro pueblo”.

No se espera otra cosa que el voto en contra del PP y Vox. Fue Cayetana Álvarez de Toledo la que subió a la tribuna, lo que hacía prever que no reconocería los crímenes de guerra cometidos en Gaza, nada que se pareciera a lo que dijo Feijóo, que calificó de “inadmisible” la conducta israelí, o lo que han afirmado presidentes autonómicos del PP como Moreno, Azcón y Guardiola.

La diputada del PP dio algunos ejemplos para sostener que no hay genocidio en Gaza. Afirmó que hay diputados palestinos en el Parlamento israelí. Eso es cierto, como también que esos diputados han denunciado en numerosas ocasiones lo que está ocurriendo en Gaza y suelen ser tachados de traidores al Estado por la derecha israelí. También sostuvo que Gaza “será reconstruida”, porque lo dice el plan propuesto por Donald Trump y que aún se está negociando. Como si sólo tuvieran que levantar algunos edificios nuevos, cuando todo el norte de Gaza es ahora mismo un lugar inhabitable para el ser humano y varias ciudades han sido arrasadas. Según cálculos de la ONU, el 90% de los edificios de Gaza han sido destruidos o dañados.

La diputada recordó el ataque de Hamás sobre territorio israelí del 7 de octubre de 2023 con el que mataron a 1.139 personas. 695 civiles israelíes, 373 militares y policías israelíes y 71 civiles extranjeros, según datos oficiales. El mayor número de víctimas se produjo en el festival musical de Supernova, donde 364 civiles fueron asesinados. Álvarez de Toledo incluyó hechos atroces de esa matanza, algunos de los cuales fueron desacreditados muy pronto porque no había pruebas que respaldaran esa denuncia: “Bebés destripados delante de sus madres. Padres decapitados delante de sus hijos. Mujeres violadas, mutiladas y exhibidas en las redes sociales”.

Varias de esas denuncias se refieren a los hechos producidos en los kibbutz más cercanos a la frontera con Gaza. Una televisión digital israelí informó de que “cuarenta bebés” habían sido asesinados en Kfar Aza. Nunca se presentó ninguna prueba de semejante atrocidad, y hubo muchas ese día. Los periodistas que llegaron al pueblo vieron decenas de cadáveres, pero no bebés decapitados ni “destripados”. Los datos de la Seguridad Social israelí, que incluían los nombres de las víctimas y el lugar y fecha de su muerte, permitieron saber que 46 civiles murieron en Kfar Aza y que el más joven tenía 14 años.

Otro lugar en el que se produjo una matanza fue en el kibbutz Beeri, pero no con las historias que se propagaron los primeros días, que hablaban precisamente de decenas de bebés decapitados. Hubo un bebé muerto, de diez meses de edad.

Álvarez de Toledo no mencionó los 67.173 palestinos eliminados en Gaza, el 3% de su población. Los niños y adolescentes asesinados han sido 20.179, el 30% de todos los fallecidos. A la diputada del PP no le pareció que fueran datos relevantes.

En 1938, los nazis asaltaron la casa de Sigmund Freud y se llevaron varios miles de chelines. Con muy buen criterio, el padre del psicoanálisis, asombrado porque ni él cobraba tanto por una simple visita, decidió dejar Viena con destino a Londres. La única condición que le puso el régimen fue negar que le hubieran acosado. Así, dejó escrita una carta en la que reconocía: “Desde el Anschluss de Austria, he sido muy bien tratado por todas las autoridades (…). Recomiendo de corazón la Gestapo a todo el mundo”.

No sé hasta qué punto tiene sentido recordarlo —quizás vuelvo a ser víctima de mi penchant por meter en mis columnas citas eruditas con calzador—, pero la anécdota (falsa, por supuesto) me vino a la cabeza el otro día, cuando alguien, como si no hubiera bastante basura ya, subió a las redes un video de Cayetana Álvarez de Toledo y Peralta-Ramos. La XV marquesa de Casa Fuerte (por méritos propios, qué duda cabe) indagaba entre los asistentes a un curso de verano qué estarían dispuestos a sacrificar por la democracia liberal. Como Freud en su día, ella la recomendaba de corazón a todo el mundo.

A sus palmeros allí presentes, la portavoz adjunta del PP en el Congreso les preguntó: “¿Qué estáis dispuestos a sacrificar cada uno de vosotros por la democracia y la libertad (…) ¿El bienestar?, ¿las vacaciones?, ¿los festivos?, ¿la vida?”. Hacía bien en consultarlo. Y más al utilizar ese tono de trascendencia de la que tiene claro que con ella no cuenten para sacrificar una mierda, pero que sabe que con tanto ingenuo aspirante a heredar la empresa, la que sea, no van a faltar voluntarios para ir al matadero. Solo con los tontos que comprenden que Macron o Starmer hayan declarado la guerra a los servicios públicos para poder multiplicar el gasto militar da para formar un ejército.

Esa democracia liberal de la que usted me habla se basa, según la marquesa, en el manido mantra de que trajo el cielo a la Tierra. Es un mundo que solo existe en la imaginación de los expertos de guardia y que nace del disparate de que el orden occidental se basaba en el respeto al derecho internacional. Tanto respeto al derecho internacional que hasta la isla de Granada hubo que invadir, con sus tan peligrosos como escasos cien mil habitantes, para mantenerlo. Un hecho anecdótico, es cierto, pero que se suma a las cerca de 128 intervenciones que realizó Estados Unidos, solo entre 1946 y 2014, para que nosotros pudiéramos vivir en Happylandia. Pero para la marquesa, fuera de ese mundo, solo había “fuerza, violencia, decadencia y degradación”. No como en su Argentina natal, donde que solo se asesinaba y torturaba con arreglo a derecho.

No se trata de preguntarnos qué han hecho por nosotros los romanos. Es evidente que, en esta parte del mundo, se ha vivido de lujo desde la II Guerra Mundial a costa del resto. Aunque la libertad, la democracia o los derechos humanos eran optativos (España, Portugal o Grecia son tres ejemplos), a largo plazo, nos ha salido a cuenta. El problema es que esa democracia liberal que la marquesa defiende ha muerto y que es la que nos ha traído a donde estamos: un mundo en que una hija de papá rico (y mamá rica, por cierto) pide sacrificios a los que cada vez llegan menos a fin de mes, mientras ella posee varios pisos y un sueldo de cerca de 200.000 euros anuales y 1,4 millones de euros en activos financieros. Sinvergonzonería nivel pro.

La democracia liberal ha caducado, y ya solo sirve de excusa para que sigamos cavando nuestra propia fosa

La democracia liberal ha caducado, y ya solo sirve de excusa para que sigamos cavando nuestra propia fosa. Mientras, otros se lo llevan crudo. Para salvarla no hay que sacrificar nada. Que se hunda. No hay nada que agradecerle a esa Gestapo, aunque algunos pretendan lo contrario. No es ninguna casualidad que al régimen de Tel Aviv se le llame la única ‘democracia liberal’ de Oriente Medio, porque ser un Estado genocida no está reñido con cierta visión del mundo.

La democracia liberal es la causa directa de que en Estados Unidos pueda llegar a presidente un abusador sexual condenado (y presunto) pederasta; que en Hungría, Polonia o Italia gobiernen tres versiones del fascismo y que, en el resto de Europa, la ultraderecha esté de fiesta mayor. Aquí, es difícil saber cuándo alcanzó su prime. ¿En 2011, cuando PSOE y PP modificaron el artículo 135 de la Constitución para que pagar deuda fuera más importante que el gasto social? El dinero por delante de los votos. ¿Cuándo la Policía patriótica y sus palmeros mediáticos declararon la guerra a Podemos? ¿Cuándo Montoro alquiló el BOE? Y dentro de poco, seguramente, celebraremos otro hito: la entrada de Vox en el Gobierno.

La democracia liberal es la responsable de que, en España, el salario medio haya bajado (y si el mínimo ha subido, ha sido con la oposición de los y las Álvarez de Toledo); de que el 33,4% de los españoles no pueda irse ni una semana de vacaciones; de que un ciudadano medio dedique el 43% de su sueldo al alquiler para engordar a un rentista (en Baleares, hasta un 63%); de que los beneficios empresariales hayan crecido un 53,6% desde 2019 y los salarios, apenas un 31,3% (y eso incluye el aumento del salario mínimo, que si no…), y etecé. Y lo que nos queda por ver. El futuro, seamos optimistas, va a ser mucho peor para la inmensa mayoría y mucho mejor para el resto.

El futuro, seamos optimistas, va a ser mucho peor para la inmensa mayoría y mucho mejor para el resto

Hace unas semanas, desde esta misma atalaya, recomendé a la Humanidad meterse el centro por el culo, pero no toda me hizo caso. Veremos quién ríe el último. Pero ese centro político que nos venden como el Parnaso de la civilización no es más que el Santo Grial del timo de la democracia liberal. La máxima expresión del pacto para que siempre mojen el churro los mismos a costa de los de siempre. Esa democracia no tiene nada de liberal, es censitaria. Por eso, la marquesa (y los suyos) la defienden, no porque sean mala gente, sino por coherencia: no luchan por nuestros derechos sino por sus privilegios. Y eso da mucha vidilla. El que tendría que darnos a nosotros trabajar por una democracia verdadera y sin apellidos. Pero, por lo visto, es mejor discutir.

“Autonomía política” de Alberto Núñez Feijóo. Es lo que ha exigido el líder del PP catalán, Alejandro Fernández, en la presentación en Madrid de su nuevo libro, ‘A calzón quitao’, cuyo subtítulo más preciso para saber de qué trata: “España, Cataluña y el PP”. El aterrizaje de Fernández en la capital ha estado amadrinado por Cayetana Álvarez de Toledo. Ha sido casi el único rostro reconocible del PP en activo. El plantón ha sido generalizado y ni siquiera el PP de Ayuso ha osado mandar más que a representantes de tercer o cuarto nivel.

El autor y la telonera han dedicado buena parte de sus intervenciones a justificar el libro, su portada e incluso a desmentir que en él haya críticas al PP. “No es contra el PP, sino para el PP”, ha dicho Álvarez de Toledo en la presentación. “No está escrito contra Alberto Núñez Feijóo, sino para Feijóo, para que sea presidente del Gobierno, el mejor presidente del Gobierno, cuanto antes y por el bien de todos”. “Está escrito desde la buena fe absoluta”, ha zanjado la portavoz adjunta del PP en el Congreso.

El propio autor ha salido al paso de las críticas, más o menos veladas, que ha suscitado la publicación del libro. “Mi compromiso con mi partido y con mi presidente es absolutamente indiscutible”, ha dicho. Y ha lanzado el mensaje que quería dar: “Yo no pido autonomía para desmarcarme del PP. Pido autonomía para poder ser el PP, naturalmente, sin giros estratégicos”.

Alejandro Fernández está de prestado al frente del PP. El hoy presidente del partido en Catalunya logró un pésimo resultado en febrero de 2021, apenas tres diputados en el Parlament, pero permaneció en el poder orgánico por su afinidad con el entonces líder nacional, Pablo Casado, más preocupado por permanecer él mismo en su puesto. Un año después, Feijóo asumió el liderazgo del partido y puso proa al PP catalán. Pero, como otros de sus intentos de remover el partido, no pudo, no quiso o no supo hacerlo.

Más allá de Álvarez de Toledo la ausencia de rostros reconocibles ha sido notable. Estaba prevista la asistencia del portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, pero ha comparecido su adjunto, Rafa Núñez Huesca. De Génova, 13, solo una presencia, y más por amistad que por el contenido del libro en sí: la del secretario de Política Territorial, el diputado por Guadalajara Antonio Román. 

Entre el público asistente, ya fuera de la política activa, Esperanza Aguirre o Alejo Vidal-Quadras, quien ocupara el mismo asiento de líder político a finales del siglo pasado, cuando se hacía llamar Aleix. Luego fundó Vox. También han estado presentes la abogada de la pareja de Isabel Díaz Ayuso y de la reciente querella de Juan Carlos de Borbón contra Miguel Ángel Revilla, Guadalupe Sánchez, o la escritora Lucía Etxebarría.

España, “república confederal”

“Hay en marcha una operación para cambiar el modelo de Estado”, ha dicho Alejandro Fernández, quien ha vaticinado que España está casi condenada a ser una “república confederal plurinacional” mediante un proceso “sin respetar las reglas de juego, haciendo trampas y rompiendo el espíritu de la transición”.

“Zapatero y Pablo Iglesias ni se cortan en decirlo. Esta operación está en marcha”, ha espetado el autor, quien ha renegado de “hablar del IVA de las legumbres y lo que interesa a la gente” como mantra político. Hoy mismo, Feijóo había planteado la bajada de impuestos como receta contra la guerra arancelaria emprendida por Donald Trump. Fernández ha denunciado una “falsa disyuntiva entre ideas y gestión pública”.

Fernández ha defendido así que el PP se equivoca en sus mensajes y en qué ofrece a sus electores. “Por eso también escribo el libro”, ha dicho, porque “hay algunos fallos estructurales en nuestro proyecto político que si los corregimos seremos capaces de afrontar este enorme desafío que tenemos por delante”.

Según el autor, el supuesto miedo del PP a defender su ideología real le ha generado problemas al partido y a los líderes que sí han defendido esta supuesta pureza. “Debería ser motivo de reflexión profunda en la derecha española que Cayetana, Alejo, Esperanza hayan tenido muchos problemas de aceptación pública en el propio entorno del partido”, ha defendido. 

Alejandro Fernández ha señalado el punto temporal en el que España entró en decadencia: el 11 de marzo de 2004, día de los peores atentados terroristas en la historia del país. “Las grandes naciones entran en decadencia, por falta de estabilidad institucional, por falta de seguridad jurídica, por falta de un proyecto común compartido que sea capaz de sacar el país adelante. Ese es el camino que recorrió, por desgracia, durante 60 o 70 años Argentina. Y ese es un camino que nosotros llevamos recorriendo demasiado tiempo. Yo diría que desde el 11 de marzo de 2004”.

“Ojo a la próxima legislatura”

Antes que Alejandro Fernández ha hablado Cayetana Álvarez de Toledo. Y durante más tiempo que el propio autor. La diputada ha transitado por sus habituales digresiones contra el Gobierno y su presidente, Pedro Sánchez, al que ha comparado expresamente con Donald Trump.

La portavoz adjunta del PP ha denunciado que Zapatero está negociando ya “con Junts el reconocimiento de la identidad nacional de Catalunya”, es decir, “el reconocimiento de Cataluña como nación, el borrado del artículo 2 de la Constitución, la mutación de España hacia un Estado plurinacional como meta volante hacia la segregación”.

Álvarez de Toledo ha señalado además que este proyecto se producirá “en la próxima legislatura”, dando a entender que Sánchez seguirá al frente. “Ojo a la próxima legislatura”, ha dicho, para concluir: “Quieren plebiscitar las próximas elecciones generales para que no elijamos gobierno, sino régimen. Convertir esas elecciones en el referéndum que no

pueden hacer constitucionalmente. Convertir esas elecciones en esa elección entre monarquía constitucional del 78 que ellos presentarán como régimen caduco, tutelado por fachas sin toga y una luminosa República Confederal Plurinacional y pluscuamperfecta“.

“Es preferible el conflicto y tenemos que estar dispuestos a asumirlo”, ha zanjado la madrina del acto. Dicho queda.

La red social X —antes Twitter— sufre en estos momentos una pequeña estampida de usuarios, que marchan a otras plataformas tras la implicación de X en la campaña electoral de Donald Trump y su papel en la posterior victoria del magnate estadounidense. Son muchos los que aseguran que el algoritmo de X, propiedad de Elon Musk, se ha convertido en una máquina de publicidad salvaje de criptomonedas y contenido neoliberal. Pero hay quienes no abandonan el barco.

Una de ellos es la jueza y exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena. No solo no quiere dejar X, sino que su perfil en la red social está en uno de sus mejores momentos.

Carmena ha respondido hoy, lunes 2 de diciembre de 2024, a las famosas declaraciones de hace ocho años de la por aquel entonces portavoz del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo. El 5 de enero de 2016, Álvarez de Toledo criticaba los trajes que vestían sus majestades los Reyes Magos en la cabalgata de la capital, de la que era alcaldesa en ese momento Carmena, y sus palabras de convirtieron automáticamente en meme nacional.

“Mi hija de 6 años: 'Mamá, el traje de Gaspar no es de verdad'. No te lo perdonaré jamás, Manuela Carmena. Jamás”, dijo la diputada del PP en un mensaje de X. “¿Son ocho años suficientes para perdonarlo?”, ha preguntado este lunes la exalcaldesa.

Las palabras “no te lo perdonaré jamás, Manuela Carmena, jamás” se ha popularizado y ha sido objeto de risas durante los últimos años. Ese era el primer desfile navideño que se celebraba durante la legislatura de Carmena, alcaldesa por Más Madrid. La organización y la indumentaria de sus majestades de Oriente fue, en efecto, algo diferente a la de los años anteriores. Se suprimieron los camellos, muchos de los motivos navideños y se potenciaron los colores fosforitos frente a las túnicas clásicas que los niños acostumbran a ver en Navidad.

A una parte de la ciudadanía de Madrid le encantó, a otra, no. Claramente, Álvarez de Toledo se encontraba en el segundo equipo. Aun así, la portavoz del PP ya había decidido perdonar a Carmena y pasó página hace siete años, cuando publicó sus memorias.

Álvarez de Toledo revelaba que en el momento de poner el tuit estaba de viaje en Suiza, en un “suntuoso hotel de Verbier” bebiendo vino y disfrutando de una fondue “ después de una mañana perfecta de esquí” y “una tarde de spa”. Entonces, la Cabalgata de Reyes que veía con su hija motivó aquel “no te lo perdonaré jamás”. “Jamás” para Álvarez de Toledo fueron 365 días porque un año después, en la ciudad de los canales, decidió perdonar a la alcaldesa tras una suerte de epifanía operística en un paseo nocturno camino de la iglesia de San Giorgio defli Schiavoni, según contóp ella misma en su libro.

Sin emabargo, muchas personas han respondido ya al mensaje de este lunes de Manuela Carmena. “Si tenemos en cuenta que ni el traje ni Gaspar son reales, no hay nada que perdonar”, dice un usuario. “Compraré cualquier producto que derive de la campaña de Navidad a la que corresponda este teaser”, añade otro. “A sus pies señora”.

La diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo ha advertido este miércoles de que la intervención del correo electrónico y el teléfono móvil del Fiscal General, Álvaro García Ortiz, ordenada por el Tribunal Supremo en el marco de la investigación por la supuesta filtración de los datos personales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso puede derivar en otra investigación sobre asuntos que no están relacionados con la materia. Así lo ha explicitado en su pregunta parlamentaria al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.

“Usted tiene miedo por otras cosas que pueden aparecer en el móvil del fiscal general”, le ha dicho, para especificar: “Correos, conversaciones comprometedoras, incluso nuevos delitos de García Ortiz o de otros que la Guardia Civil tendrá que investigar”. “Es la doctrina del hallazgo casual”, ha explicado la portavoz adjunta del PP. “Quédese con ese sintagma, perdonavidas, hallazgo casual”, ha espetado a Bolaños.

Álvarez de Toledo ha anticipado incluso sobre qué asuntos debería buscar información la Guardia Civil y el Tribunal Supremo en las comunicaciones del fiscal general. “¿No se le habrá ocurrido a usted maniobrar contra el novio de Ayuso o a favor de Begoña Gómez o en beneficio de Puigdemont contra el criterio de los fiscales, verdad?”, ha dicho.

Aunque la causa por la que se han intervenido las comunicaciones tiene que ver con Alberto González Amador y Ayuso, la diputada del PP ha propuesto desviar la investigación hacia otros asuntos: “Los correos y conversaciones incautados coinciden con la fecha de la aprobación de la ley de amnistía y de los primero pasos de la Justicia contra en entorno político y familiar del presidente del Gobierno. ¿Sabe quién sale en las portadas del día 8 [de marzo de este año, fecha inicial de la incautación de la información]? Usted, felicitándose por la ley de amnistía”.

El juez Ángel Hurtado habilitó a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil a copiar y llevarse todos los correos electrónicos y mensajes de móvil del fiscal general desde marzo hasta la actualidad. Siete meses de comunicaciones profesionales y privadas de Álvaro García Ortiz que, según ha denunciado la Abogacía del Estado por escrito ante el juez, incluyen “información que puede comprometer la seguridad del Estado”.

Aunque el clonado de información fue global e indiscriminado, desde el principio el juez Hurtado ha explicado que solo se deberá recopilar los mensajes relacionados con el caso: la supuesta filtración a la prensa de información sobre el caso de fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Pero en el mismo auto también dejó abierta la puerta a que la UCO extrajera cualquier cosa que, según su criterio, pudiera parecer un delito.

“En el caso de la aparición de un hallazgo casual”, dijo el juez, el funcionario del Supremo tenía el encargo de dejar constancia y recoger el material identificado, en referencia al momento mismo del registro. Si ese día la Guardia Civil incautó algo al margen de lo que pedía el juez por considerar que podía ser una prueba de otro delito no relacionado con Alberto González Amador, sería necesario una nueva autorización judicial.

Una búsqueda acotada

La propuesta de Cayetana Álvarez de Toledo para que el Supremo coja todo el material incautado y busque si hay algo más choca, en principio, con las órdenes de Ángel Hurtado: el análisis pericial de los correos y mensajes, dijo en un auto del pasado ocho de noviembre, “queda acotado a las fechas que abarcan” unos cuantos días de marzo de 2024. Y todos sus autos han especificado solo debe analizarse material relacionado con la causa.

La doctrina del hallazgo casual de la que habla la diputada del PP ha sido matizada y limada por el Tribunal Supremo y la Fiscalía en el último lustro. “Los poderes públicos no pueden inmiscuirse en la intimidad de los sospechosos, interceptando sus comunicaciones, con el exclusivo propósito u objeto de indagar a ciegas su conducta”, ha dicho en una ocasión el Supremo.

No es imposible abrir una nueva causa cuando durante un registro o una intervención telefónica se obtengan indicios de otro tipo de delito. Pero a lo largo de las últimas dos décadas España ha sido condenada en varias ocasiones precisamente por irregularidades en la obtención de este tipo de pruebas. “Será preciso valorar y fundamentar que el hallazgo casual no se ha obtenido fraudulentamente, es decir, acordando medidas que -bajo el amparo de la averiguación de otro delito- realmente perseguían el descubrimiento de infracciones para cuya investigación no había fundamento”, estableció la Fiscalía en una circular de 2019.

Los conversos son los peores. Intentan disimular, pero siempre corren el riesgo de que alguien les recuerde su pasado. Para solventar esa situación embarazosa, lo habitual es aguantar el tirón y echarle mucha cara. Es lo que hace Juan Carlos Girauta, que ya va por el cuarto partido, pero que dice que él no se ha movido de donde estaba. Son los demás los que se movían mientras él se quedaba impertérrito en el mismo sitio. Se movió el PSC, se movió el PP, se movió Ciudadanos, se movió la Tierra, se movió el Sol, y Girauta se encontró de repente con que se había quedado en territorio de Vox. El universo gira a la izquierda a gran velocidad dejándole sin más opción que pedir el alta en una nueva formación. Le van a terminar volviendo loco, pero mientras tanto ya tiene otro sueldo de cargo electo.

Juan Luis Cebrián es otro de los que han demostrado una gran habilidad en el movimiento lateral. Claro que él dice que quienes se han movido y de mala manera han sido Pedro Sánchez y el PSOE. En general, la realidad se ha venido abajo ante su descontento. Afirma que estamos gobernados por “idiotas”, y no sólo en España. Prácticamente en todo el mundo. Comenta que cuando estaba en la universidad, gobernaba De Gaulle (en Francia). Estamos en las últimas.

En la presentación de su último libro –'El efecto Sánchez'– que es una recopilación de artículos, contó el lunes con la presencia de Cayetana Álvarez de Toledo. La diputada del Partido Popular cuenta con la lengua más afilada de la derecha española y la puntería más precisa. A fin de cuentas, se nota que ha leído mucho. La verdad es que de Feijóo y Tellado no se puede decir lo mismo. Cebrián tuvo la ocasión de probar sus dentelladas, y eso que fueron amables.

Nunca remisa a la hora de impresionar a la audiencia, Álvarez de Toledo comenzó reconociendo lo evidente. “Si Polanco me viera aquí, me pregunto qué diría. Diría que Cebrián se ha vuelto loco”. Una suposición interesante que es probable que compartan muchos de los periodistas que trabajaron para él.

De ahí pasó a recordar que su estreno en política fue precisamente cargar contra la empresa Prisa de la que entonces Cebrián era su principal directivo a las órdenes de Jesús de Polanco. “Mi primera acción en política fue promover el boicot del Grupo Prisa”, dijo, aludiendo a la respuesta de su partido a un discurso de Polanco que tachó una manifestación del PP de “franquismo puro y duro”.

Ese boicot a los medios de Prisa no acabó en una fecha concreta, afirmó la diputada, sino que se terminó diluyendo con el paso del tiempo, y no quedó claro si ella lo lamenta o piensa que fue el final apropiado.

“No tengo nada claro que el Juan Luis de hoy sea el mismo que el Juan Luis de antes”, explicó después, con lo que le estaba cerrando lo que podríamos llamar la salida Girauta. Pero ese no es su problema. “Cebrián se ha centrado y el PSOE se ha extremado”. Así que un poquito converso, sí que es.

El exdirector de El País y expresidente de Prisa se sintió obligado a negarlo: “Cayetana está contenta, porque he cambiado mucho, pero no he cambiado casi nada”. Entonces, como Girauta, la culpa sería de El País y del PSOE. O del país, con minúscula.

A la hora de castigar al partido al que tanto apoyó desde el periódico que dirigía, no se quedó corto, lo que complació a su interlocutora. “El PSOE no es un partido. Es una secta y amenaza con convertirse en una mafia”, anunció coincidiendo así con los puntos de vista radicales de los medios más combativos de la derecha. Ahora escribe en uno de ellos, The Objective, cuyo presidente del Consejo Editorial es Antonio Caño, a quien Cebrián nombró director de El País para que lo derechizara hasta que la empresa descubrió que la estaban llevando a la ruina. “Intentamos ser de derechas, pero no funcionó”, dijo años después el nuevo accionista mayoritario de la empresa.

Como gran exclusiva, dijo que diputados y ministros del PSOE no son obreros en alusión al nombre de Partido Socialista Obrero Español. Ver a alguien de la trayectoria personal y profesional de Cebrián acusar a otros de no ser obreros es algo que llama la atención. No es que tenga la culpa de eso –cada uno nace donde nace y se dedica a lo que quiere–, aunque los demás tampoco.

Otro de su quinta que está desatado, y que también estuvo en la presentación, fue el escritor Félix de Azúa, colaborador de El País durante décadas y hoy, qué casualidad, también en The Objective. El Gobierno se ha convertido “en una tiranía o en una satrapía o no está claro a qué régimen se dirige”, afirmó. Lo bueno de invitar a escritores como él a una presentación de libros es que utilizan palabras como 'satrapía'.

A sus 80 años, lo único que lamenta personalmente es no ser más joven, porque se iban a enterar los demás. “Si yo tuviera 50 años menos, les diría que ha llegado el momento de la acción, la acción cívica. No digo que nos convirtamos en Hamás”. Es un alivio no tener que imaginarse a Azúa con una cinta verde en la cabeza y un kalashnikov en la mano. Lo malo es que de inmediato anunció que “se ha acabado el tiempo de las palabras”. Acción cívica sin palabras. Suena raro viniendo de un escritor. Ese es un concepto que debería trabajarlo más.

En esa confusión entre El País y el país que ha dado lugar siempre a tantos equívocos, Álvarez de Toledo se refirió al periódico en términos no muy amables. Aunque podría haberse referido al segundo, pareció estar hablando del diario con una frase propia precisamente de alguien que no ha olvidado el boicot que mencionó y del que está tan satisfecha. “Hoy da pena y a veces hasta da risa”, dijo. Cebrián prefirió no seguir esa línea.

Sólo es una casualidad que el acto coincidiera con el primer artículo de un nuevo colaborador de la sección de opinión de El País. Es otro fichaje hecho en el campo de la derecha. Para que sus amigos no le digan que se ha vendido a Prisa, el autor ha comenzado su andadura propinando una buena patada a uno de los grandes iconos de la izquierda en la cultura, Pedro Almodóvar. Esas cosas no pasaban cuando Cebrián dirigía el periódico o presidía la empresa. Una vez, un crítico literario publicó una reseña muy negativa de un escritor de Alfaguara y la cosa no acabó bien. Para el crítico, claro.

En esa línea de abjurar de todo lo que se ha hecho en España desde Zapatero, porque no se le escucharon críticas a la derecha, Cebrián dijo que “hay una traición directa del espíritu de la Transición”. No entiende que este país, como cualquier otro, se pueda gobernar con criterios distintos a los de los años ochenta. Los hay que piensan que deberían vivir en la España del pasado o creer que entonces se alcanzó el punto máximo de inteligencia en la historia de la política.

En este punto, muchos responden con el listado de los errores de la Transición desde su posición ideológica. Ese no es el tema principal. Es más relevante pensar que no es posible repetir las soluciones de hace 40 años pensando que serán tan efectivas como entonces. El mundo cambia y unas cuantas personas de la edad de Cebrián están seguras de que todo se ha ido al carajo. Económicamente, a él le ha ido muy bien, pero ha acabado escribiendo en The Objective. Como para no estar enfadado.

Los líderes del Partido Popular y de Podemos han expresado este domingo sus críticas a la decisión del Gobierno español de conceder asilo político al líder opositor venezolano, Edmundo González Urrutia, mientras el PSOE reclama que se reconozca su labor en la crisis política que atraviesa Venezuela desde las elecciones presidenciales del 28 de julio.

El candidato presidencial ha aterrizado a primera hora de la tarde en la base militar de Torrejón de Ardoz mientras se sucedían las críticas al Ejecutivo de Pedro Sánchez por “quitarle un problema” al régimen de Maduro, según el PP, y por las “legitimar a la oposición de extrema derecha más golpista de América Latina”, según Podemos.

El vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, ha criticado el asilo político que España ha brindado al opositor venezolano Edmundo González, principal rival del presidente Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de julio, porque “no es hacerle un favor a la democracia, sino quitarle un problema a la dictadura”.

“Sánchez y los oficios corruptos de ZP deberían ser parcos en autoalabanzas: sacar a Edmundo González sin reconocerlo presidente legítimo no es hacerle un favor a la democracia, sino quitarle un problema a la dictadura. Lo mismo haría Cuba si se le pide”, ha publicado este domingo en la red social X.

Las críticas de Pons han estado acompañadas de las de Cayetana Álvarez de Toledo, portavoz adjunta del PP en el Congreso. “El Gobierno se cuelga medallas por traer a. España al hombre equivocado. No es al presidente electo de Venezuela al que debieron poner un puente de plata, sino al usurpador criminal”, ha escrito Álvarez de Toledo en su cuenta de X.

El PSOE, por su parte, ha respondido a los dos políticos del PP que “pase lo que pase, vosotros siempre a la contra”. A través de un mensaje en X, los socialistas han contestado al partido de Alberto Núñez Feijóo que “a ver si os aclaráis entre vosotros, nos contáis cuánto le costó a los españoles el viaje a Venezuela que hicisteis para sacaros un selfie y reconocéis al Gobierno de España su trabajo”. 

El secretario de organización de los socialistas, Santos Cerdán, también ha empleado la misma plataforma para decir que en el PP, “todo es fake” y de haber protagonizado un “nuevo ridículo para Feijóo. ”Tanto, que acusan al Gobierno de inacción el mismo día que España concede asilo político a [González Urrutia]“, ha añadido Cerdán.

Por su parte, Sumar ha insistido este domingo en “una salida negociada entre gobierno y oposición en Venezuela” tras conocerse la inminente llegada de González Urrutia a España y ha añadido que la concesión de asilo al líder opositor “no supone reconocimiento de ningún resultado electoral no observado internacionalmente”. Los socios del PSOE en el Gobierno de coalición insisten en que esa negociación “es más necesaria que nunca” y reiteran que siempre han apoyado la exigencia de la publicación “plena y transparente” de los resultados electorales.

La eurodiputada de Podemos Irene Montero también ha expresado sus críticas al gobierno español a través de un mensaje en X. “Once meses manteniendo relaciones diplomáticas, comerciales y tránsito de armas con el Estado genocida de Israel pero van corriendo a legitimar a la oposición de extrema derecha más golpista de América Latina”, ha escrito Montero este domingo. “Para hacer lo que hace este Gobierno ya tenemos al PP”.

La líder de Podemos, Ione Belarra, también ha reprochado al Gobierno la “prisa” que se ha dado para ofrecer asilo político a González, al que ha calificado de “ultraderechista”, y critica que, en casi un año, España no haya roto las relaciones diplomáticas con Israel por el conflicto de Gaza.

“La prisa que se ha dado el gobierno 'progresista' del PSOE en dar asilo al opositor venezolano ultraderechista y se va a cumplir un año sin que haya roto relaciones diplomáticas con Israel, un estado genocida que lleva miles y miles de niños asesinados a sus espaldas. Sin palabras”, ha publicado en la red social X.

Ayuso pidió que España le diese asilo en la embajada

Las declaraciones de los miembros del PP se producen solo unos días después de la petición de Ayuso “España hoy mismo debería abrir las puertas de la Embajada para dar protección a este hombre, porque lo van a matar o lo van a detener y no lo van a soltar. Y lo están haciendo con los familiares y el entorno de los ganadores de las elecciones, que no son la oposición, es que es el gobierno elegido por el pueblo de Venezuela”, dijo la presidenta de la Comunidad de Madrid en una entrevista con Antena 3.

Además, el PP tenía preparada para llevar a votación esta semana al Pleno del Congreso una iniciativa sobre las elecciones presidenciales en Venezuela con la busca que España reconozca al candidato de la oposición, Edmundo González Urrutia, como ganador y nuevo presidente del país, así como una condena de la represión del régimen de Nicolás Maduro y una reprobación del silencio del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, que ha participado en tareas de mediación entre Gobierno y oposición.

Edmundo González Urrutia ha partido de Venezuela rumbo a España este domingo en condición de asilado político, tal y como han informado los gobiernos de ambos países.

“Edmundo González ha despegado de Caracas en dirección a España en un avión de las Fuerzas Aéreas españolas. El Gobierno de España ha dispuesto los medios diplomáticos y materiales necesarios para su traslado, realizado a solicitud suya”, reza el comunicado publicado por el Ministerio de Asuntos Exteriores.

El titular de la cartera, José Manuel Albares, ha confirmado esta información en su cuenta de la red social X, donde ha reiterado el “compromiso” de las autoridades españolas “con los derechos políticos y la integridad física de todos los venezolanos”.

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, también ha anunciado que González Urrutia había abandonado el país con un salvoconducto concedido “en aras de la tranquilidad y paz política”.

Sobre Edmundo González pesaba una orden de arresto dictada a instancias de la Fiscalía, que le había convocado en tres ocasiones en el marco de una investigación por presuntos delitos vinculados a la publicación en Internet de documentación que acreditaría la derrota de Maduro y desmontaría los datos del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Cuando el pasado viernes, 26 de julio, diez dirigentes del PP embarcaron en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas en el avión que les iba a trasladar a Caracas con intención de supervisar la jornada electoral del domingo, 28 de julio, en Venezuela, todos ellos –entre ellos el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado– ya sabían desde hacía tiempo que iban a ser expulsados del país nada más tocar suelo venezolano.

Los diputados y senadores populares mantuvieron sus planes a pesar de que el propio Gobierno venezolano, a través de su embajada en España, les advirtió por escrito nueve días antes, el 17 de julio –aunque no les llegó oficialmente hasta el 19–, de que no podrían entrar en su territorio. El rechazo se explicitó en una respuesta oficial al Ministerio de Asuntos Exteriores, que fue la institución encargada de gestionar las solicitudes que presentaron tanto el Grupo Parlamentario Popular como la Mesa del Senado.

En sendos escritos, a los que ha tenido acceso elDiario.es, Venezuela advirtió de que la “participación” tanto de los miembros del grupo del PP como de los del Senado “en una misión de veeduría internacional durante las elecciones presidenciales” del 28 de julio “no ha sido contemplada en el Programa de Acompañamiento diseñado por el Consejo Nacional Electoral”. La embajada añadió, por ello, que la disposición mostrada por los parlamentarios “no acarrea su inclusión en dicho Programa de Acompañamiento, el cual decide el Poder Electoral Venezolano en ejercicio de sus competencias, de forma soberana e independiente”.

“En tal sentido”, añadió el texto, “se informa que, en caso de que representantes parlamentarios pretendan violentar las normas electorales de la República Bolivariana de Venezuela, intentando ingresar a territorio venezolano sin formar parte del referido Programa de Acompañamiento Electoral, serán inadmitidos”.

El Ministerio de Exteriores trasladó la decisión al PP y al Senado, donde consta el registro de entrada de la comunicación de las autoridades venezolanas el 19 de julio, una semana antes del viaje que finalmente sí hicieron los diputados y senadores populares desoyendo las advertencias de la embajada venezolana. El resto de grupos parlamentarios de la Cámara Alta que también pensaban acudir a Venezuela desistieron del viaje, excepto los del PP.

Una vez allí, cuando las autoridades les confirmaron su expulsión, desde el Partido Popular dieron a entender que desconocían las advertencias y trataron de convertir su desplazamiento en un acto político ya no solo contra el Gobierno de Nicolás Maduro, sino también contra el de Pedro Sánchez.

“Me acaban de comunicar que la delegación del PP formada por 10 diputados, senadores y europarlamentarios está retenida en el aeropuerto de Caracas por el régimen de Maduro. Exijo su liberación inmediata y que el Gobierno de España ponga los medios necesarios a tal fin”, escribió en X el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, poco antes de que esa delegación cogiera el vuelo de vuelta a Madrid.

En el viaje exprés participaron, además de Tellado, el eurodiputado y vicesecretario de Institucional, Esteban González Pons, la portavoz adjunta en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, las diputadas Macarena Montesinos y Belén Hoyo, y los senadores Juanjo Matarí y Alfonso Serrano, que es también el secretario general del PP madrileño y, por tanto, mano derecha de Isabel Díaz Ayuso.

Matarí es el presidente de la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado cuya Mesa iba inicialmente a viajar a Venezuela junto a un senador “a designar” por cada uno de los grupos parlamentarios. Una vez conoció el rechazo de la embajada venezolana, la Presidencia de la cámara tramitó una segunda petición que no fue respondida. Pero según ha podido conocer este diario a través de los correos que se intercambiaron dentro de la comisión, Matarí insistió al resto de grupos en la necesidad de acudir a Caracas para “apoyar la democracia y la libertad en Venezuela”.

Esos otros partidos se negaron, por lo que la directora de Relaciones Internacionales del Senado, Mónica Moreno, tras constatar que no se había recibido respuesta de esa segunda solicitud, informó el 25 de julio, un día antes del viaje, de que en nombre del Senado solo se desplazarían a Caracas Matarí y Serrano. Moreno canceló los billetes del resto de senadores, que se habían comprado “en clase turista”, pero mantuvo los de los dos dirigentes del PP, que fueron sufragados por la Cámara Alta.

Fuentes del Senado reconocen a elDiario.es que la cámara donde el PP tiene mayoría absoluta pagó el viaje a Matarí y Serrano porque el desplazamiento ya fue aprobado por la Mesa el 17 de julio, justo el día en que Venezuela declinó la propuesta. Desde el PP no han querido aclarar quién pagó los billetes de los otros ocho participantes en la visita exprés al aeropuerto caraqueño. “No creo que haya mucha diferencia si se ha pagado desde el Partido Popular o desde el grupo parlamentario”, se limitó a señalar el lunes en rueda de prensa la secretaria general del partido, Cuca Gamarra.

Cuando el sábado regresaron a Madrid los diez miembros de la delegación del PP no admitida en Venezuela trataron de convertir esa expulsión que conocían de antemano en una nueva arma arrojadiza contra el Gobierno español. González Pons criticó que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no acudiera a “amparar a nueve compatriotas suyos sometidos a la arbitrariedad de un poder dictatorial” y aseguró que “el Ministerio de Exteriores se equivoca poniéndose de parte de Maduro”.

Atendidos por el cónsul en Caracas

“No tenemos una orden por escrito de deportación, ningún documento diciéndonos que somos deportados, ni las razones ni las causas. La decisión ha sido absolutamente arbitraria”, añadieron, pese a conocer que no iban a ser admitidos en el país desde hacía diez días.

Desde el Ministerio de Exteriores explican que mientras estuvieron en suelo venezolano los parlamentarios del PP fueron “atendidos por el cónsul general de España en Caracas que estaba esperándoles en el aeropuerto para facilitarles la asistencia que necesitaran”.

El departamento que dirige José Manuel Albares señala, asimismo, que “tanto la mesa del Senado como el GPP solicitaron poder acudir como misión de observación electoral a Venezuela” y que “el Ministerio de Exteriores no vio ningún inconveniente en esta solicitud, y trasladó y realizó todas las gestiones ante las autoridades venezolanas para ello”. No obstante, recuerda que “las autoridades venezolanas denegaron la autorización” y que una vez informados de esa inadmisión “ todos los grupos políticos, excepto el PP, decidieron no realizar el viaje”. 

Tras la jornada electoral del 28 de julio, Nicolás Maduro se autoerigió como ganador pese a las dudas de los observadores internacionales que viajaron al país, incluidos los del Centro Carter, que exigen la publicación de todas las actas de votación. Tanto España como algunos de los principales referentes de la izquierda latinoamericana han puesto en cuestión también el triunfo del chavismo y exigen total transparencia al oficialismo venezolano para conocer el resultado real de los comicios.

Una de las cosas más irritantes de los políticos es la rapidez con la que piden que se llegue a pactos de Estado sobre los temas que más les interesan. No es que sean contraproducentes. Lo que ocurre es que es habitual que sepan que esa clase de acuerdos es a veces imposible por las diferencias ideológicas entre los partidos o, aún peor, porque no tienen ninguna intención de ceder ni un centímetro en sus posiciones. Negociar es sinónimo de ceder. No se ha inventado otra manera de llegar a acuerdos.

En el día después del pacto de la renovación del CGPJ con cinco años de retraso, la política decidió que lo importante era pasar el acuerdo por los morros del rival para presentarlo como el perdedor del combate. Esa fue la posición del Partido Popular, menos en el caso del PSOE. La frase que definió a Pedro Sánchez fue la que envió de vuelta al líder del PP: “Para usted la perra gorda. Lo importante es que se cumpla la Constitución y se renueve el CGPJ”. Alberto Núñez Feijóo prefirió darse golpes en el pecho como un gorila para demostrar a su manada quién es el rey de la selva y el más listo de la clase. Un psicoanalista argentino se haría millonario facturándole todas las sesiones que necesita.

Podemos aprovechó el pacto para denunciar en el Congreso que estamos ante “una rendición”. “Significa darle carta de naturaleza a la guerra judicial sucia” contra las fuerzas de izquierda y “subvertir el resultado de las urnas del 23 de julio”, acusó Ione Belarra en la respuesta a una comparecencia de la vicepresidenta Teresa Ribera sobre la política del Ministerio de Medio Ambiente. Belarra reiteró que el acuerdo judicial ha formalizado “un Gobierno de gran coalición”. Un par de horas antes, Feijóo ya había desmentido la premisa, como era de esperar.

Como muestra de ese supuesto buen rollo, Feijóo y sus diputados exigieron a Sánchez la dimisión del fiscal general por ser “el abogado de su familia” y se dedicaron a lanzar unas cuantas paladas de estiércol sobre el Tribunal Constitucional, porque no les gustan sus sentencias. Ya se sabe que el PP defiende a las instituciones y el Estado de derecho hasta la muerte a menos que sus decisiones perjudiquen a sus intereses.

Cuca Gamarra acusó al Gobierno de “comprar la presidencia de la Generalitat” recurriendo a la financiación autonómica. Eso es curioso, ya que el PP había dado por hecho hasta hace nada, también en el Congreso, que el PSC iba a regalar la presidencia a Carles Puigdemont.

No podían faltar las acusaciones a Begoña Gómez, incluida una supuesta intervención en las ayudas a Air Europa que la Audiencia Provincial de Madrid ya ha calificado de “simple ”conjetura“. En ese caso, el PP ya ha decidido que será el fiscal, juez y verdugo de la esposa del presidente. Y que no le vengan con esa tontería de las pruebas.

Aún faltaba que Feijóo pusiera la firma al Gobierno de “gran coalición”. Ahí fue a lo fácil. Efectivamente, Venezuela. En un acto posterior a la sesión de control, concedió a Isabel Díaz Ayuso la perra gorda para que digiera mejor el acuerdo del CGPJ, no sea que se le haga bola. Comparó al Gobierno de Sánchez con los de Venezuela, Nicaragua o Cuba: “Estamos en un contexto muy cercano a ellos”. Lo justificó con el argumento de que en España “se intenta controlar el poder judicial, el Tribunal Constitucional y los medios de comunicación” y que el PSOE pretende conseguir la “ocupación del Estado”.

En la permanente doble vida que caracteriza al PP como partido estadista, muy pocas veces, o camorrista en función del día, el CGPJ no le podía cambiar el rostro. No iba a enfundar las armas durante al menos una sesión parlamentaria. Inseguro por lo que dirá la derecha mediática, que en general se sintió complacida por el acuerdo, no quiso mostrar grandeza el miércoles –escribió José F. Peláez, columnista de ABC– y Feijóo optó por “un recochineo de mal ganador y un extra de agresividad”.

La dosis usual de colmillo no le funcionó muy bien al PP. María Jesús Montero le pintó la cara a Gamarra por el apoyo de Ayuso a Milei. El termostato de la demagogia reventó por las acusaciones de Ana Belén Vázquez al ministro de Interior y la frase “¿por qué hay dinero para contratar a Broncano y no para la Guardia Civil?”, cuando los agentes de la Policía y la Guardia Civil han gozado de una subida salarial infinitamente mayor que los demás funcionarios.

“Hasta Bolaños pudo con Cayetana”, dijo Peláez. Álvarez de Toledo quiso que el ministro de Justicia se rindiera a sus pies y admitiera su derrota. Bolaños sólo tenía que recordarle su célebre frase: “Estoy convencido de que usted se arrepiente de aquel tuit que decía que nunca entregaremos el Consejo General del Poder Judicial”. A tope con la independencia de la justicia. No se entrega lo que es tuyo de toda la vida.

El acuerdo del poder judicial anuló el ultimátum final de Sánchez, que había amenazado con quitar al CGPJ la competencia de ocupar las vacantes judiciales con algún sistema que no molestara a la Comisión Europea. El nuevo Consejo tendrá el mismo número de vocales progresistas y conservadores, diez y diez, y podrá proponer al Parlamento un nuevo sistema de elección de magistrados con una mayoría de doce apoyos. Lo que se teme en la izquierda es que ocurra algo que ya ha pasado antes. Los diez conservadores funcionarán como un bloque pétreo y algún progresista terminará pasándose al otro lado.

Feijóo alegó que hay miembros del Tribunal Constitucional que le tienen “obediencia debida” a Sánchez –uno sería Juan Carlos Campo, exministro de Justicia–, una forma de deslegitimar a la institución. La imputación se puede comparar con la identidad del nuevo integrante del Constitucional, que tendrá que ser elegido por el Senado, donde el PP tiene mayoría. El elegido es José María Macías, hasta ahora vocal conservador del CGPJ.

Macías reúne varias características que lo hacen ideal para el partido. Es más de derechas que Feijóo, odia a Bolaños y la ley de amnistía, intentó bloquear el nombramiento de los dos miembros del Constitucional que le correspondían al Gobierno y no dijo la verdad al decir que el fiscal general difundió información sobre el caso del novio de Ayuso que no habían ofrecido los medios de comunicación. Vamos, que es una joya.

Viniendo del partido que llevó a Enrique López al CGPJ y al TC y años después a Enrique Arnaldo, mentor jurídico de Pablo Casado, y Concepción Espejel, “amiga del alma” de Cospedal, no se podía esperar otro nombramiento.

En resumidas cuentas, el PP tiene motivos para salir contento por la negociación del CGPJ. Podía haber sido mucho peor para sus intereses. Para la sesión de control, no importó en absoluto. Tocaba la tormenta de furia de todos los miércoles, completada luego por el desvarío venezolano de Feijóo. A José F. Peláez no le sorprendió, por la “ciclotimia de un centro derecha que unos días quiere ser Atila y otros Tocqueville”.

En realidad, lo que le pide el cuerpo es ser siempre Atila y dejar a su paso un reguero de sangre. Si puede ser en forma de cadáveres de jueces y fiscales progresistas, mucho mejor.

El líder del PP, Alberto Nuñez Feijóo, ha renovado su dirección con la intención de hacer una oposición total al Gobierno de coalición, con especial ahínco en las banderas sociales de la izquierda. Dar la “batalla cultural” que tantas veces ha exigido el ala dura del partido que lidera Isabel Díaz Ayuso, y que él había despreciado. Hasta ahora. De hecho, la presidenta de Madrid gana peso en la ejecutiva y se iguala con Andalucía, que da un paso atrás. La oposición será dura, en “bloque” con Vox. Y para ello ha optado por los perfiles más duros: Miguel Tellado como portavoz, mientras recupera a Cayetana Álvarez de Toledo y a Rafael Hernando.

El PP intenta recuperarse del ‘shock’ de haber perdido el Gobierno cuando ya se estaban repartiendo las carteras ministeriales. La dirección que planeó Feijóo cuando asumió el liderazgo tras descabalgar a Pablo Casado era casi de transición. En la derecha nadie concebía la posibilidad de no gobernar hasta bien entrada la noche electoral del 23 de julio. Hubo quien necesitó incluso más días.

Cuatro meses después de los comicios, con Pedro Sánchez reelegido presidente por el Congreso, Feijóo ha reorganizado su dirección para hacer oposición al Gobierno de coalición de PSOE y Sumar. 

El líder se ha tomado su tiempo desde que anunciara los cambios a principios de octubre. De hecho, uno de sus principales colaboradores, el malagueño Elías Bendodo, estuvo dos meses sin saber qué iba a ser de él desde que su jefe le comunicó tras perder su investidura que iba a reordenar el Comité de Dirección.

Bendodo ha sido precisamente uno de los que ha perdido peso en la nueva ejecutiva. Aunque él defiende que tiene las mismas competencias que antes, a las que suma la coordinación autonómica y municipal, la realidad es que deja de ser el auténtico número tres orgánico (como coordinador general) para pasar a competir por ser el número tres virtual. “Las cornadas que no son mortales, te fortalecen”, dijo este viernes en un acto en Andalucía.

Papel para el que tendrá una dura competencia: Carmen Fúnez, ascendida a vicesecretaria de Organización, o Miguel Tellado, nuevo portavoz parlamentario. De la tricefalia que dominaba el PP (Bendodo, Tellado y la secretaria general, Cuca Gamarra), solo la riojana mantiene el estatus, siquiera de forma ornamental, como ‘número dos’ “a tiempo completo”. Ella y Fúnez heredan la gestión de un partido pacificado, al menos sobre el papel, con muchísimo poder territorial y que solo tiene pendiente de resolver el relevo en Catalunya, donde Alejandro Fernández se resiste a dejar paso a otras opciones planteadas desde Madrid.

De la “gestión” a las “banderas”

Pero la nueva dirección del PP no tiene como objetivo el control de un partido cuyos territorios, de momento, están detrás de su líder. Los barones autonómicos tienen que gobernar, y eso implica negociar con el Gobierno de Pedro Sánchez, como ya ha hecho un Juan Manuel Moreno que incluso ha insinuado la construcción de una suerte de bloque andaluz en el Congreso que combine diputados de diferentes partidos para presionar a favor de lograr inversiones en su comunidad.

Feijóo no tiene previsto transitar por el terreno de la oposición constructiva, del bautizado por el propio Moreno como “espíritu de Doñana”. Todo lo contrario. Su estrategia es plantar cara al Gobierno en todos los terrenos. No solo en lo que a unidad nacional y valores patrióticos se refiere. Con eso no logró una mayoría suficiente para lograr la investidura. También, y sobre todo, en las banderas ideológicas de la izquierda.

El jueves, Feijóo presentó en sociedad a su amplia ejecutiva, que definió como “un equipo que no regalará ninguna bandera ni al PSOE ni a sus socios”. Y añadió: “Porque no son suyas la igualdad, la cultura, la sanidad o la educación. Ni la representación de la diversidad territorial de un país donde gobierna mayoritariamente el PP. Ni tampoco el desarrollo sostenible, ni el reto demográfico, que venimos denunciando desde hace décadas, y que los distintos gobiernos han tenido escasa sensibilidad para la mayor parte del territorio despoblado de nuestro país”.

Dicho y hecho. El PP ha eliminado su histórica vicesecretaría de Políticas Sociales, un contenedor donde cabía todo lo “social”, para convertirla en varias vicesecretarías con peso propio: Desarrollo Sostenible recae en la senadora y exconsejera de Madrid Paloma Martín; Igualdad y Conciliación será para la diputada Ana Alós; Sanidad y Educación la dirigirá Esther Muñoz; y Movilización y Reto Digital, para la diputada madrileña Noelia Núñez.

Feijóo sigue así el ejemplo de Isabel Díaz Ayuso. La madrileña asumió el mando del PP de Madrid en mayo de 2022, apenas un mes después de la entronización del gallego. Entonces abogó por “defender principios e ideas”, y por “combatir” otras que calificó de “perversas”. “El centro derecha no puede dejar que la izquierda colonice problemas y pervierta hasta las palabras y pasar después a arreglar solo la economía mientras se asientan las transformaciones ideológicas de la izquierda”, dijo en su discurso al asumir el liderazgo regional.

A la vez, justo a la vez, Feijóo hacía lo contrario: apostar por la “gestión”, por “gobernar”, y huir de “cortinas de humo”.

Año y medio después, y un fiasco mediante, Feijóo parece haber asumido el modelo de Ayuso, cuyo peso aumenta en la nueva ejecutiva de Feijóo. Más allá de Paloma Martín, que ya estaba en la ejecutiva en segundos niveles y ha coincidido con el líder en el Senado, la baronesa madrileña ha metido en la cúpula a la diputada y concejala de la oposición en Fuenlabrada, Noelia Núñez, quien tendrá entre sus competencias “afrontar los problemas, especialmente detectados en edades tempranas, de uso excesivo y no responsable de la tecnología y las redes sociales”.

Un asunto que preocupa a familias y educadores, y que se ha colocado entre los temas de referencia en los medios de comunicación. Una materia que, hasta ahora, había asumido Borja Sémper, partidario de un control de los dispositivos móviles y, especialmente, de obligar a las grandes tecnológicas a asumir un papel relevante ante los problemas que genera el abuso en niños y adolescentes.

Pero asumir esas batallas culturales no implica creérselas, sino intentar intervenir en ellas ideológicamente. Es el caso de la igualdad entre hombres y mujeres. Mientras el PP la convierte por primera vez en una vicesecretaría propia, el máximo rango interno para un área concreta, Feijóo prometió en campaña eliminar el Ministerio de Igualdad. De hecho, en ayuntamientos donde el PP gobierna con Vox esto ya ha ocurrido: en Valladolid, Toledo, Burgos, Huelva, Talavera de la Reina, Orihuela, Molina de Segura y Ponferrada no hay concejalías de Igualdad.

En cuanto al desarrollo sostenible, la tesis del PP es que el respeto al medio ambiente o la lucha contra el cambio climático no puede frenar el crecimiento económico. La nueva responsable de la materia, Paloma Martín, tiene como gran plan para afrontar el tema de la vivienda regalar a las constructoras suelo público dotacional (es decir, destinado a servicios públicos). 

Nombres duros para la guerra

Para la batalla ideológica que propugna, Feijóo ha recurrido a los más duros del lugar. Como portavoz parlamentario ha recuperado a uno de sus más fieles escuderos: Miguel Tellado. 

Tellado es capaz de negar el acoso a un diputado, de pedir que Pedro Sánchez huya del país en el maletero de un coche tras acusarle de “fraude” o de decir que la “democracia está en peligro” en España.

Feijóo ha sumado a Tellado dos reincorporaciones a la primera línea política. Cayetana Álvarez de Toledo será portavoz adjunta en el Congreso y quien lidere al PP en la Comisión Constitucional, una de las más relevantes políticamente dentro de la Cámara Baja.

Ambos ponen fin así a años de desencuentros públicos. Ella dijo de él en sus memorias parciales que era uno de los “barones blandos” contra la dureza que ella quiso imprimir al PP en el Congreso como portavoz parlamentaria en la primera época de Pablo Casado contra el primer Gobierno de coalición, cuando el por entonces líder del PP barruntaba una legislatura corta que le catapultaría a la Moncloa.

De ella Feijóo dijo que no había que “perder los papeles” cuando acusó desde la tribuna del Congreso de “terrorista” al padre de Pablo Iglesias.

La historia da segundas oportunidades, para repetirse, y Feijóo contó con Álvarez de Toledo en la lista por Madrid que él encabezó el 23J, y ahora le da un papel muy relevante en la proyección mediática del proyecto con el que quiere oponerse a Sánchez.

El otro recuperado guarda similitudes: Rafael Hernando. Histórico diputado del PP, alcanzó en 2014 su máximo rango en la política al convertirse en portavoz parlamentario del PP de Mariano Rajoy. Y eso después de intentar agredir físicamente en el propio Congreso al por entonces ministro del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba.

Hernando logró fama pública por sus exabruptos, y ha mantenido su trayectoria incluso tras ser relegado de las primeras filas del poder. Desde su cuenta de Twitter se ha prodigado en los últimos años en la propagación de todo tipo de bulos. Recientemente, llegó a defender la actuación de Israel en Gaza y sugirió que España debería hacer lo mismo si existieran organizaciones terroristas, aunque rectificó sobre la marcha.

Hernando será portavoz en la Comisión Mixta para la Seguridad Nacional, cuya relevancia es menor. Pero su valor radica más en su extensísimo conocimiento de los vericuetos parlamentarios. Ha sido diputado en las V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, y XV legislaturas, además de senador en la IV y XIII.

Es decir, parlamentario ininterrumpido desde 1989. Hernando será fundamental para que el PP ahonde en el uso del reglamento y de las costumbres en el Congreso para, cuando menos, lastrar el trabajo del Gobierno, que tendrá que hacer muchos equilibrios para mantener la mayoría que le dio la investidura a Sánchez.

Feijóo cambia así la estrategia que definió hace año y medio cuando aterrizó en Madrid. Desde abril de 2022 ha pasado de enorgullecerse de parar a Vox a gobernar en decenas de ciudades y comunidades con la extrema derecha. Y ha cambiado su perfil de “gestor” por el de líder ideológico de la derecha. El resultado comenzará a verse pronto.

Entre la indignación, la incredulidad o, simplemente, el miedo a lo desconocido: entre esos tres estados del alma se han movido en las últimas horas Isabel Díaz Ayuso y Cayetana Álvarez de Toledo tras ver un vídeo en el que Yolanda Díaz, candidata de Sumar en las elecciones del 23J, aparecía planchando en su casa.

El vídeo es el clásico reportaje electoral de Un día con tal o cual candidato y fue difundido por el diario Público el 18 de julio. En él, Yolanda Díaz plancha en su casa y comenta que esta actividad le relaja y le sirve para “concentrarse y despejar la mente”. Suele hacerlo al final de las maratonianas jornadas electorales: “me concentro en un punto y plancho. Mi ropa y la de todos”.

La Diputada del PP y marquesa de Casa Fuerte, Cayetana Álvarez de Toledo, decidió –sin evidencias– que ese vídeo era una “reivindicación” de “la mujer que plancha”. Como si Sumar, una formación eminentemente feminista, estuviera defendiendo roles anticuados.

“Esto de Yolanda Díaz reivindicando a la mujer que plancha. Yo esto no lo veía desde el NODO. ¿De qué siglo vienen? ¿De qué glaciación vienen? Y, sobre todo, ¿a qué cueva se dirigen? Es gente que está realmente… en fin, retrógrada”, dijo Álvarez de Toledo en un mitin.

La reacción de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se acercó más a la incredulidad y al miedo. Tras, suponemos, asesorarse en el catastro sobre las dimensiones de la vivienda de Yolanda Díaz, le pareció “inquietante” a Ayuso que “tenga que planchar una mujer que vive en un piso de 400 metros cuadrados”.

O bien ponía en duda Ayuso que Díaz de verdad planchase, o bien le parecía mal que alguien de izquierdas viva en una casa amplia o bien expresó simple y humano miedo de clase: no sea que alguien a partir de ahora vaya a obligar a planchar a las mujeres que viven en casas de 400 metros cuadrados o más.

Los candidatos del PP en las listas electorales para el 23J se pueden agrupar en tres colores: azules, naranjas y verdes. Los azules serían los que encajan con la imagen de moderación que Feijóo quiere proyectar, los naranjas son los candidatos rescatados del naufragio de Ciudadanos y los verdes representan el ala dura del PP destinada a competir con Vox e intentar retener el voto más de derechas.

Hablamos con Aitor Riveiro, periodista de elDiario.es que cubre la información diaria del Partido Popular, para entender qué hay detrás del diseño de las listas electorales que presenta el PP para las próximas elecciones generales.

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El exportavoz de Ciudadanos en el Parlament, Nacho Martín Blanco, será el cabeza de lista del PP en Barcelona, tal como ha avanzado la Vanguardia. Martín Blanco abandonó el partido naranja el pasado jueves, asegurando que había perdido “la esperanza en la capacidad y viabilidad” de la formación. Tanto, que sólo pasó un día entre su renuncia de Ciudadanos y su fichaje por el PP.

De esta manera, substituye como cabeza de cartel a Cayetana Álvarez de Toledo, que en 2019 obtuvo los peores resultados del PP en unas elecciones generales en Catalunya. Álvarez de Toledo, quien se autodefinió como un “verso libre” y se enfrentó con la anterior cúpula del PP, ha sido rescatada por Feijóo, quien le ha asegurado un puesto en la lista del partido en Madrid.

Anna Grau, quien fue alcaldable de Ciudadanos en Barcelona en las elecciones municipales, sustituirá a Martín Blanco como portavoz en el Parlament de Catalunya.

Pero Martín Blanco no es el único que ha renunciado en los últimos días para integrar las listas del PP. El exmiembro del partido Pere Lluís Huguet será cabeza de lista de los populares para la demarcación de Tarragona.

Sus designaciones han sido aprobadas este lunes por el Comité Electoral del PP. El partido renueva 39 de los 59 cabezas de lista.

El Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso de Cayetana Álvarez de Toledo y ha decidido avalar que Meritxell Batet, presidenta del Congreso, retirase del diario de sesiones sus palabras sobre el padre de Pablo Iglesias, al que acusó desde la tribuna de ser “hijo de un terrorista”.

La diputada del Partido Popular pronunció estas palabras en mayo de 2020, cuando todavía ostentaba la portavocía del partido de Pablo Casado en la cámara baja y cuando Pablo Iglesias todavía ostentaba la vicepresidencia del Gobierno.

Durante el cara a cara entre ambos, Iglesias hizo alusión al título de marquesa de Casafuerte de Álvarez de Toledo y ella contestó: “Ha hecho referencia a mi título. Los hijos no somos responsables de nuestros padres. Primera y última vez que lo digo, usted es el hijo de un terrorista. A esa aristocracia pertenece usted, a la del crimen político”, haciendo alusión a su militancia en los FRAP.

El caso llegó hasta el Constitucional después de que Meritxell Batet, que acababa de cumplir un año como presidenta del Congreso, decidiera retirar las palabras de la diputada del PP del diario de sesiones después de pedir sin éxito que se retractase.

El Constitucional explica ahora que este tipo de decisiones por parte de la presidencia del Parlamento pueden ser examinadas por parte de un tribunal, pero que en este caso la medida tomada por Batet no fue “manifiestamente arbitraria, ni discriminatoria”. Usar el término “terrorista”, dice el tribunal de garantías, “posee una denotación peyorativa de la máxima intensidad y la atribución de esa condición al padre del interpelado conllevaba objetivamente un inequívoco descrédito para quien, sin embargo, era del todo ajeno al debate”.

Estas palabras, aunque pronunciadas en una entrevista concedida ese mismo año por Álvarez de Toledo, llegaron también a la Justicia ordinaria. El pasado mes de enero un juzgado de Zamora desestimó con el apoyo de la Fiscalía la demanda del padre del exlíder de Podemos contra la diputada de PP, a la que reclamaba 18.000 euros de indemnización por la vía civil por llamarle “terrorista”. “El padre de Iglesias dice que se limitó a repartir propaganda para una manifestación. En esa manifestación fue cuando mataron a los policías. Pero al margen de la actividad que él ejerciera en la organización terrorista, él militaba en esa organización terrorista”, afirmó en esas declaraciones.

El eurodiputado de Vox, Hermann Tertsch, sí fue condenado por la vía civil a indemnizar con 15.000 euros al padre de Iglesias por relacionarle con la muerte de un policía en 1973 y acusándole de encubrir a los asesinos. En ese caso la Justicia de Zamora entendió que había incurrido en una “evidente lesión al honor” de Francisco Javier Iglesias.

Cayetana Álvarez de Toledo se ha reafirmado este miércoles ante el juez en las acusaciones de “terrorista” que dirigió hace dos años contra Francisco Javier Iglesias, padre del exlíder de Podemos, Pablo Iglesias. La diputada del PP se ha sentando en el banquillo de los acusados durante el juicio celebrado a puerta cerrada en el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Zamora, la ciudad donde reside el demandante, por haberle llamado terrorista desde la tribuna del Congreso y después volver a repetirlo en una entrevista al diario ABC.

Tras prestar declaración esta mañana, Álvarez de Toledo ha afirmado ante los medios de comunicación allí presentes que es tan evidente “declarar que la Tierra es redonda” como decir que “una persona que militó en una organización terrorista puede ser calificada como terrorista sin que se atente contra el honor de nadie”.

Los detalles del caso se remontan a mayo de 2020, cuando Álvarez de Toledo se refirió a Pablo Iglesias, entonces vicepresidente segundo del Gobierno, como “hijo de un terrorista”. La que en ese momento era portavoz del PP en el Congreso realizó esta afirmación en sede parlamentaria y la repitió más tarde en unas declaraciones concedidas al diario conservador. En junio de ese mismo año, el aludido, Francisco Javier Iglesias, confirmó su intención de demandar a la responsable política, a la que ha solicitado una indemnización de 18.000 euros.

Tras el juicio, en el que la Fiscalía ha pedido desestimar la demanda, Iglesias y su letrada han rehusado hacer declaraciones ante los medios, pero Álvarez de Toledo ha dicho frente a los micrófonos de los periodistas que “el FRAP es una organización terrorista”. Acto seguido, ha enumerado algunas de las ocasiones en las que tanto el demandante como su hijo, Pablo Iglesias, han reconocido la pertenencia de Francisco Javier a este grupo.

En concreto, la parlamentaria ha citado un artículo de Pablo Iglesias por la muerte de Santiago Carrillo, algún mensaje en redes sociales y una entrevista concedida por el demandante al diario Público en 2020: “Dijo que perteneció al comité para la creación del FRAP”, ha advertido la diputada.

A partir de ahí, y tras elogiar la argumentación de su defensa, Álvarez de Toledo ha expresado su estupor por la estrategia utilizada por la acusación: “Han hecho algo sorprendente, como decir que eso eran bromas familiares, o algo más extravagante aún, como señalar que la entrevista de Público contenía errores que él no ha corregido más tarde”, ha deslizado la acusada.

Con esas palabras en sede judicial como telón de fondo, Cayetana Álvarez de Toledo ha remarcado que, si ella llega a ser condenada, sería “una manera de legitimar al FRAP”, a cuyas víctimas ha recordado apoyada por un libro de Carmen Ladrón de Guevara sobre las víctimas del terrorismo de extrema izquierda: “Es incompatible el orgullo frapero con el honor vulnerado”, ha zanjado la acusada, con la esperanza de que el caso se archive.

La diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo ha advertido este miércoles que condenarla por llamar terrorista al padre del expresidente del Gobierno Pablo Iglesias sería “una manera de legitimar al FRAP”. La Fiscalía de Zamora ha pedido la desestimación de la demanda de Francisco Javier Iglesias por, presuntamente, atentar contra su honor.

La propia acusada ha confirmado esta novedad tras el juicio celebrado a puerta cerrada en el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Zamora, la ciudad donde reside el demandante.

Los detalles del caso se remontan a mayo de 2020, cuando Álvarez de Toledo se refirió a Pablo Iglesias, entonces vicepresidente segundo del Gobierno, como “hijo de un terrorista”. La que en ese momento era portavoz del PP en el Congreso realizó esta afirmación en sede parlamentaria y la repitió más tarde en unas declaraciones concedidas al diario ABC.

En junio de ese mismo año, el aludido, Francisco Javier Iglesias, confirmó su intención de demandar a la responsable política, a la que ha solicitado una indemnización de 18.000 euros.

Tras el juicio celebrado de forma presencial en Zamora, Iglesias y su letrada han rehusado hacer declaraciones ante los medios, mientras que Álvarez de Toledo sí se ha situado ante los micrófonos para asegurar que ha acudido a la sede judicial con el objetivo de “declarar que la Tierra es redonda”.

A juicio de la política del PP, tan evidente resulta ese dato como decir que “una persona que militó en una organización terrorista puede ser calificada como terrorista sin que se atente contra el honor de nadie”.

En ese sentido, Álvarez de Toledo, ha vuelto a repetir que “el FRAP es una organización terrorista” y ha enumerado algunas de las ocasiones en las que tanto el demandante como su hijo, Pablo Iglesias, han reconocido la pertenencia de Francisco Javier a este grupo.

En concreto, la parlamentaria ha citado un artículo de Pablo Iglesias por la muerte de Santiago Carrillo, algún mensaje en redes sociales y una entrevista concedida por el demandante al diario Público en 2020: “Dijo que perteneció al comité para la creación del FRAP”, ha advertido la diputada.

Estupor ante la estrategia de la acusación

A partir de ahí, y tras elogiar la argumentación de su defensa, Álvarez de Toledo ha expresado su estupor por la estrategia utilizada por la acusación: “Han hecho algo sorprendente, como decir que eso eran bromas familiares, o algo más extravagante aún, como señalar que la entrevista de Público contenía errores que él no ha corregido más tarde”, ha deslizado la acusada.

Con esas palabras en sede judicial como telón de fondo, Cayetana Álvarez de Toledo ha remarcado que, si ella llega a ser condenada, sería “una manera de legitimar al FRAP”, a cuyas víctimas ha recordado apoyada por un libro de Carmen Ladrón de Guevara sobre las víctimas del terrorismo de extrema izquierda: “Es incompatible el orgullo frapero con el honor vulnerado”, ha zanjado la acusada, con la esperanza de que el caso se archive.