Son pasadas las siete de la tarde en el Parque Natural de Ses Salines. El calor es abrasador: la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene la alerta amarilla por temperaturas extremas elevadas. Algunos usuarios toman el sol; otros se resguardan bajo las sombrillas que han traído desde sus apartamentos u hoteles. Grupos de amigos juegan a cartas, parejas charlan frente al mar, mientras otros prefieren unirse a los bañistas para sobrellevar mejor los treinta grados que marca el termómetro, con sensación térmica algo superior debido a la humedad. Otros se dirigen hacia los beach clubs de playa cuando todavía queda algo más de una hora para disfrutar de la puesta de sol.

Uno de los puntos de masificación del parque natural es Sa Trinxa, más conocida como playa de Ses Salines, la más famosa del espacio protegido. Se estima que cada día de verano acceden al parque más de 15.000 visitantes, así como unos 6.500 vehículos diarios, en una isla con 164.265 personas censadas. A partir de la segunda semana de julio empieza la temporada alta en Eivissa y Formentera, lo que implica alta afluencia de turistas en prácticamente todos los rincones de las islas, excepto en los más recónditos. Este es el segundo verano en que la mayor de las Pitiüses aplica la limitación de entrada de vehículos. No obstante, a estas alturas de julio la saturación de motos y coches continúa siendo un reto a resolver para las instituciones.

Si el visitante se desplaza a una de las playas del parque natural en coche, el modo más rápido es pagar siete euros en el aparcamiento de Ibifor, la empresa creada a comienzos de los 70 como brazo urbanístico de Salinera Española, y que a día de hoy tiene varios negocios relacionados con diferentes servicios turísticos. Si intenta acceder sin pagar, es prácticamente imposible aparcar en las zonas habilitadas para ello, debido a la acumulación de motos, coches y autocaravanas. La opción más sostenible es coger el transporte público: hay dos líneas que llevan a Ses Salines, la A7 desde Vila –topónimo para referirse a la ciudad de Eivissa–, con frecuencias cada media hora en temporada turística, o la P3, que también sale desde la ciudad, pero con menos trayectos.

Un grupo de tres chicas jóvenes reconocen que están de visita en la isla sobre todo por la fiesta. “El taxista que nos llevó a O Beach nos recomendó esta cala”, explica una de ellas, quien añade que fue este trabajador quien les explicó que se trata de una cala integrada en un parque natural, por lo que tiene una protección especial. En este kilómetro y medio de extensión de arenal hay cuatro beach clubs, es decir, restaurantes de alta gama. Algunos de ellos ofrecen música electrónica, cocktails y servicios de playa –hamacas y/o camas balinesas con sombrilla– que ocupan la mitad o más de la playa. En alguno de estos negocios ofrecen botellas de vino entre 100 y 200 euros o champán a 450 euros. En otro puedes pedir platos de pescado y marisco entre 100 y 300 euros el kilo. Es la ‘receta mágica’ que se está promoviendo desde las instituciones públicas: reducir la masificación apostando por el turismo de lujo.

En este kilómetro y medio de extensión de arenal hay cuatro beach clubs que ocupan la mitad o más de la playa. Ofrecen botellas de vino entre 100 y 200 euros o champán a 450 euros. En otro puedes pedir platos de pescado y marisco entre 100 y 300 euros el kilo

Quejas por la cantidad de negocios

Abril y Aina son dos turistas andorranas –18 y 28 años, respectivamente– que están unos días en la isla alojadas por su prima, residente en la isla. Es su cuarto año veraneando en Eivissa. “Llevamos cuatro días. Hay mucha gente, pero nosotras también somos turistas”, empieza diciendo Abril. Su hermana cree que el año pasado, durante la primera semana de julio, había mucha menos gente. “No salimos de discotecas, pero sí que lo hemos notado respecto al tráfico y en las playas”, añade Aina. “Hay tráfico a todas horas, comparado con el año pasado y los dos anteriores”, opina Abril.

Se les explica que es la segunda temporada turística en que el Consell Insular aplica la limitación de la entrada de vehículos en la isla. “No lo hemos notado. Hemos salido al mediodía hacia Ses Salines, pensando que habría poco tráfico, y ha sido todo lo contrario”, afirma Aina. Han escogido esta playa, que ya conocían, por su belleza paisajística y natural. Sin embargo, lamentan que, probablemente por ser tan conocida, está “masificada” y que estando integrada en un parque natural, debería estar más cuidada. Se quejan, por otra parte, de la cantidad de beach clubs que hay a lo largo y ancho de la cala. “El entorno no se lo merece”, argumenta Aina.

Prácticamente todos los establecimientos se sitúan directamente sobre los sistemas dunares, según el plan de gestión, que destaca que muchos de ellos están construidos sobre dunas litorales con sabinas, consideradas hábitat prioritario. Además de en Ses Salines –situada en el extremo sur de Eivissa–, han estado en otras playas y calas del norte y noreste de la isla. “Estamos más tranquilas, aunque sigue habiendo gente”, dice Aina. Su hermana añade que tal vez el perfil del visitante, en esa zona, sea más local, y que tiende a evitar los lugares más turistificados.

Prácticamente todos los establecimientos se sitúan directamente sobre los sistemas dunares, según el plan de gestión, que destaca que muchos de ellos están construidos sobre dunas litorales con sabinas, consideradas hábitat prioritario

Fuentes del Consell Insular explican que el pleno de la institución acaba de aprobar una propuesta de Unidas Podemos para instar al Govern a aprobar la limitación de la entrada de vehículos en el Parc Natural de Ses Salines de cara al inicio de la temporada turística de 2027. Mariano Juan, vicepresidente primero y conseller insular de Territorio, Ordenación Turística, Movilidad, Infraestructuras Viarias y Lucha contra el Intrusismo, explicó a Diario de Ibiza que la medida no iba a estar lista para el verano de 2026. El diario local apunta a que la Conselleria de Medio Natural está redactando, en estos momentos, el borrador del plan que ha de regular los usos en esta área protegida, con el que deberá fijar los espacios habilitados para estacionar, así como su capacidad máxima, para después aplicar una limitación de entrada.

Espacio protegido

El Parc Natural de Ses Salines d’Eivissa i Formentera está regido por el Plan de Gestión Natura 2000, que para este espacio protegido abarca una superficie de más de 16.000 hectáreas, mayoritariamente marinas. La extensión de las praderas de Posidonia oceanica en el ámbito del espacio protegido se extiende a un total de 4.864,21 hectáreas dentro de la Zona de Especial Conservación (ZEC). Esto representa más del 36% de la superficie marina total del espacio protegido. Sin embargo, se estima que la gran pradera situada en el parque de Ses Salines–Es Freus, entre Eivissa y Formentera, tiene una extensión aproximada de 700 kilómetros cuadrados. Estas praderas submarinas son milenarias, de crecimiento muy lento y están declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El documento advierte de que la posidonia en estas zonas está en regresión debido a la fuerte presión del fondeo de barcos, embarcaciones y yates.

El Parc Natural de Ses Salines d’Eivissa i Formentera alberga hectáreas de posidonia. Estas praderas submarinas son milenarias, de crecimiento muy lento, están declaradas Patrimonio de la Humanidad, pero están en regresión debido a la fuerte presión del fondeo de barcos, embarcaciones y yates

El documento indica que debería haber un plan de movilidad global e identifica la ausencia de un control integral para todo el espacio protegido. Este plan debería incluir todos los medios de transporte (terrestres y marítimos); regular aspectos como aparcamientos, transporte público, fondeos y puntos de amarre, así como evitar la degradación de los hábitats y la pérdida de la calidad del paisaje debido a la turistificación. Por otro lado, el plan lamenta que en el caso de Eivissa existe poco control sobre la red de caminos y que el estacionamiento es un gran problema, no solamente porque las áreas habilitadas sean insuficientes, sino porque los visitantes aparcan en zonas no autorizadas.

El plan de gestión propone analizar la capacidad de acogida recreativa en los hábitats y evaluar las necesidades reales de acceso y estacionamiento; plantea regular el acceso, restringiéndolo exclusivamente a los itinerarios habilitados y autorizados para peatones y vehículos no motorizados; prohibir el tránsito de vehículos a motor fuera de los itinerarios autorizados y diseñar y ejecutar una red de senderos en las zonas de playa donde todavía no se ha actuado para proteger el sistema dunar. Este extremo se refiere a los tramos pendientes de actuación, ya que en estos momentos ya existe una red de pasarelas y senderos en las playas de Ses Salines y Es Cavallet, instalada para canalizar el acceso y reducir el pisoteo de las dunas. El hábitat de dunas litorales con sabinas ocupa unas 247,70 hectáreas en todo el ámbito de la ZEC.

Los gobiernos pueden fijar limitaciones

En cuanto a las competencias para regular la movilidad en este espacio protegido, están repartidas entre los respectivos Consells Insulars (Eivissa y Formentera) y el Govern, dependiendo del nivel de planificación y de la naturaleza de la medida. El Ejecutivo autonómico tiene las competencias sobre los Planes Directores Sectoriales (PDS), entre los que se encuentra el Plan Director Sectorial del Transporte de las Illes Balears. Además, a través de la Conselleria de Medio Natural, es responsable de la planificación de la conservación y gestión de los espacios naturales protegidos, lo que incluye la aprobación de programas de actividades en el parque.

Por otro lado, los Consells Insulares (Eivissa y Formentera) tienen competencias clave en ordenación territorial a través de los Planes Territoriales Insulares (PTI). El plan de gestión detalla que el Consell de Formentera –que también tiene competencias de ayuntamiento– es quien ejecuta anualmente la regulación del tráfico en la zona de Ses Illetes –la playa más famosa del parque– durante el verano, gestionando las casetas de control y la información sobre aparcamientos.

Por tanto, mientras que el Govern marca la política general de transporte y medio ambiente en el ámbito autonómico, los Consells Insulars tienen la capacidad de implementar medidas de regulación de tráfico y movilidad concretas en sus respectivas islas. El plan de gestión de Ses Salines de Eivissa y Formentera señala que la situación actual de sobresaturación exige un plan estratégico de movilidad global que integre a todos los medios de transporte y regule aspectos como aparcamientos y transporte público.

El Cabildo de Gran Canaria ha trasladado al Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) los informes de las obras emprendidas por la empresa Costa Canaria de Veneguera, S.A. en la finca de su titularidad en el barranco del mismo nombre.

Estas obras se encuentran dentro de los límites de un espacio de extraordinario valor ambiental, paisajístico, arqueológico y cultural, integrado en el Parque Rural del Nublo y en la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria, indica el Cabildo en un comunicado.

El traslado se produce a raíz de las peticiones del Seprona cursadas la semana pasada.

Los informes facilitados por el Cabildo emanan del seguimiento continuado que la Institución Insular viene realizando sobre las distintas intervenciones detectadas en Veneguera.

Además de sus elevados valores naturales, este enclave alberga hábitats de interés comunitario, constituye un área prioritaria para la conservación de la avifauna y conserva importantes elementos del patrimonio arqueológico insular, lo que justifica la vigilancia por parte del Cabildo.

Entre la documentación, figuran diversas actuaciones del Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo que revelaron diversas afecciones, entre ellas que las obras de desmonte y ataluzado afectaron directamente al Bien de Interés Cultural con categoría de Zona Arqueológica de Cañada de la Mar y al menos a cuatro de sus estructuras de piedra, las cuales se pueden relacionar con las comunidades prehispánicas de Gran Canaria, penetrando hasta 17 metros en el interior del BIC, según se hace constar en el informe.

Patrimonio Histórico concluyó que las intervenciones realizadas, materializadas en extensos desmostes del terreno y movimientos de tierra, han supuesto la alteración y manipulación de cinco yacimientos arqueológicos, ocasionando la destrucción y pérdida irreparable de una parte o casi la totalidad de los mismos, lo que supone daños muy graves sobre el patrimonio arqueológico, por lo que ha dado traslado al Gobierno de Canarias, competente en este tipo de infracciones.

Así, los técnicos indicaron que se ha provocado la desaparición casi total del yacimiento arqueológico de Lomo de Los Gatos de Tabaibales o de los bienes de mayor relevancia del yacimiento arqueológico de Lomo de la Canal.

Patrimonio Histórico también planteó que las obras carecen de un estudio arqueológico global para el conjunto de la actuación, preceptivo por la importancia del patrimonio arqueológico existente, y tampoco se garantizó un seguimiento para la preservación de estos bienes.

Por parte de la Consejería de Medio Ambiente señala que los hechos denunciados por el Seprona fueron puestos en conocimiento de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, al ser el órgano competente para la incoación, instrucción y resolución de los procedimientos sancionadores que pudieran derivarse de una presunta infracción urbanística.

Además, Medio Ambiente recalca que no consta que el Ayuntamiento de Mogán ni la mercantil Costa Canaria de Veneguera, S.A. hayan solicitado a esta Consejería el preceptivo informe de compatibilidad ambiental, trámite exigible con carácter previo al otorgamiento de cualquier licencia o título habilitante para actuaciones ubicadas dentro del Parque Natural del Nublo.

Ante la imposibilidad de acceder por otra vía por impedimento de la empresa, el Cabildo de Gran Canaria, a través de la Consejería de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento, ha desplazado este mediodía un helicóptero con Agentes de Medio Ambiente para inspeccionar las intervenciones.

Este viernes se han reunido diferentes Administraciones Públicas (municipal, autonómica y naiconal) e instituciones (Guardia Civil, Tráfico, Confederación Hidrográfica del Duero) para analizar los posibles incumplimientos del festival Motorbeach que se ha celebrado la semana pasada en Vinuesa (Soria), en el que falleció una joven asturiana de 24 años después de resultar herida de extrema gravedad en un siniestro de motocicleta en el interior del recinto. El alcalde de Vinuesa rechaza que el festival se vuelva a celebrar en su municipio el próximo año.

El dispositivo de seguridad estaba previsto para una afluencia de 4.000 personas, aunque la organización calcula que participaron entre 5.000 y 10.000 personas, según informa EFE. “Los datos disponibles apuntarían a una afluencia muy superior”, avanza la Subdelegación del Gobierno en un comunicado. La mayor afluencia de lo esperado supuso un número de acampadas superior al inicialmente previsto, fuera de los espacios delimitados e incluso en zonas del vaso del embalse de la cuerda del Pozo, integradas en el dominio público hidráulico.

La Guardia Civil tramitó 435 denuncias administrativas y 21 diligencias por presuntos delitos contra la seguridad vial, especialmente relacionadas con infracciones de tráfico, motos sin matrícula, permiso de circulación, seguro o ITV. También hubo actuaciones por drogas, armas, desobediencia, acampadas no autorizadas, afecciones a la cubierta vegetal, embarcaciones y motos de agua.

Un solo agente de seguridad privada

La Guardia Civil señala que recibió toda la documentación dos días antes del inicio del festival, un margen “claramente insuficiente” para organizar un dispositivo para una situación que además fue más numerosa de lo previsto. Los agentes de la Benemérita advirtieron de numerosas motocicletas circulando en condiciones irregulares, menores conduciendo vehículos y conductas que suponían un riesgo evidente para las personas y para el medio natural, entre otros comportamientos.

Los agentes de la Guardia Civil advirtieron durante el festival de situaciones “de aparente descontrol y riesgo” y afirman que los medios de seguridad privada pudieron ser insuficientes, puesto que solo se localizó a una persona. Además, las instituciones creen que la organización ni siquiera tenía a un vigilante de seguridad en las proximidades del agua para evitar accidentes y ahogamientos en el embalse.

Se va a estudiar y cuantificar el impacto medioambiental

Durante el festival, las acampadas, la circulación de vehículos y otras actividades podrían haber rebasado los límites señalizados y balizados sobre el terreno, según los inspectores de la CHD, que ha vuelto a visitar el espacio para evaluar los daños causados, cuya afección se va a cuantificar, así como el coste de su reparación.

Tanto la Confederación Hidrográfica del Duero como la Junta de Castilla y León han iniciado actuaciones para ver si hubo incumplimientos normativos evaluar las afecciones al medio natural y establecer las medidas de restauración. Los agentes medioambientales también han iniciado inspecciones y levantado actas que servirán de base para las denuncias y los expedientes sancionadores por afecciones en el terreno, las labores de limpieza y restauración.

La asociación Ecologistas en Acción-ASDEN ha denunciado que en el festival se ha dañado y eliminado la vegetación en 70 hectáreas de terreno forestal en la zona de la playa del Bardo de Vinuesa. “Ha acudido mayoritariamente un público dispuesto a hacer el vándalo con la patente de corso del organizador”, ha protestado a través de un comunicado.

La edición de 2025 del Motorbeach ya dio lugar a un expediente sancionador en materia de medio ambiente, y el daño ambiental de la edición de este año no ha sido evaluado todavía.

La limpieza inicial de la zona ya se ha efectuado y han comenzado algunas actuaciones preliminares de recuperación. Sin embargo, la Junta cree que será necesario un proyecto técnico “que determine las medidas que deben aplicarse, los plazos y su coste, que deberá repercutirse a quien resulte responsable de los daños”. La organización ha publicado un vídeo en sus redes sociales en el que destacan el estado posterior del festival.

El Iberia Eclipse no está autorizado aún

También se ha analizado el próximo evento en la zona, con motivo del eclipse del 12 de agosto. Las administraciones apuestan por la evaluación, restauración y exigencia de responsabilidades derivadas del Motorbeach antes de plantearse un futuro encuentro como el Iberia Eclipse, cuyas entradas ya están a la venta desde hace meses, con precios entre los 240 y 900 euros por persona.

La CHD ha solicitado conocer la identidad jurídica del promotor, una cuestión se no se ha aclarado “suficientemente”, según el comunicado de la Subdelegación del Gobierno, por lo que no puede tramitarse ni concederse la autorización.

Desde el Ejecutivo autonómico, se rechaza la autorización de otro evento en los mismos terrenos mientras no se haya definido y ejecutado correctamente la restauración de los daños causados por el Motorbeach.

Los que niegan el cambio climático usan ahora el calor extremo que atraviesa Europa —consecuencia de esa crisis del clima— para abastecerse de más munición en su guerra cultural: la extrema derecha europea ha echado mano del aire acondicionado.

Ha bastado que la ONU —mediante la OMS y el Programa de Medio Ambiente— sugiriera una “política matizada” para el uso del aire acondicionado y haya descrito los problemas de apostarlo todo a esta tecnología contra las altas temperaturas, para que la extrema derecha hable de “hacernos morir de calor” y promueva una campaña masiva de instalación de aparatos —sin aclarar quién o cómo financiarlos ni cómo se abonaría luego la factura eléctrica—.

El doctor en comunicación y experto en desinformación en el contexto del cambio climático Lluís de Nadal resalta que “es paradójico o más bien hipócrita que defiendan así el aire acondicionado los que no han aceptado el cambio climático y torpedean las medidas para combatirlo”.

Es paradójico o más bien hipócrita que defiendan así el aire acondicionado los que no han aceptado el cambio climático y torpedean las medidas para combatirlo

Lluís de Nadal — Doctor en comunicación y experto en desinformación en el contexto del cambio climático

Se refiere a cómo los partidos ultraderechistas están aprovechando el choque del calor extremo sin precedente en Europa para presentar la cuestión como una batalla entre “buenos, ellos, y malos, la élite que quiere matarnos para salvar el medio ambiente”, describe. “Una discusión muy efectiva que apela al sentimiento y no a la razón”.

Ante la descripción de la ONU de que en el planeta hay un montón de personas que no pueden ni acceder al aire acondicionado y que la refrigeración pasiva —ofrecida por paredes, techos, sombras, zonas verdes...— puede rebajar la temperatura en una casa “entre 0,5ºC y 8ºC”, varios líderes ultraderechistas se han puesto el sombrero climático del aire acondicionado.

El ataque ultra

Precisamente, en Francia, la líder ultra Marine Le Pen ha dicho estos días: “Es un absurdo hacer morir a la gente de calor”. Es la misma política que ha bloqueado los planes para hacer los edificios energéticamente más eficientes, que ha promovido la retirada de ayudas a las energías renovables para centrarse en la nuclear —la misma que tuvo que detenerse en plena ola de calor— y querría desmantelar los aerogeneradores instalados. “Ante las olas de calor, que van a repetirse, el aire acondicionado se ha convertido en la única solución para las residencias de ancianos, los hospitales y los colegios”, ha sostenido durante las jornadas de temperaturas disparadas.

En Alemania, los que han dado incluso un paso más allá —tanto en el tono como en la contradicción— han sido los del partido ultra AfD al asegurar que la población “está siendo sacrificada en el altar de la ideología climática predominante”. El grupo disemina la idea de que las políticas verdes impiden poner aparatos refrigeradores: “La histeria climática está llevando a más muertes relacionadas con el calor debido a errores ideológicos en la construcción como evitar la instalación de aire acondicionado”.

AfD es el mismo partido que hace solo un año hablaba de “pánico térmico” para restar importancia al número de fallecimientos atribuibles a las altas temperaturas.

“Es una estrategia burda. Una guerra cultural interesada y simplista en torno a los aires acondicionados”, analiza el profesor de la Universidad de Sevilla, Rogelio Fernández-Reyes sobre la postura de los “negacionistas del cambio climático”. Este investigador analiza cómo se construye el discurso en medios de comunicación y recuerda que los científicos del IPCC ya han subrayado que “los aparatos de refrigeración se consideran muy eficaces. Pero también se reconoce que tienen una baja viabilidad económica y social. La realidad es más compleja”.

La cuestión es que colocar el foco principalmente en instalar aparatos para cuando lleguen las olas de calor corre el riesgo de orillar las medidas para la mitigación del cambio climático, es decir, la reducción de las emisiones de gases provocadas por los combustibles fósiles. Una especie de salida que permite decir: “Ya nos defiende el aire acondicionado”.

Lo que verdaderamente ha dicho el Programa de Medio Ambiente de la ONU, organismo que evalúa la situación a nivel mundial, es que “la refrigeración está en primera línea de la adaptación al calor, pero si se hace insosteniblemente, lleva a más emisiones de gases, desigualdad y colapsos eléctricos porque la demanda durante las olas eleva el riesgo de cortes de suministro lo que pone en peligro sistemas vitales”. No es algo inventado, ya que ha sucedido en Europa durante las olas de 2026. Por eso habla de “extender la refrigeración sostenible”.

Es una estrategia burda. Una guerra cultural interesada y simplista porque la realidad ha traído una inesperada necesidad de refrigeración y el aumento de la demanda energética, pero señalar al aire acondicionado como solución única es una estrategia incompleta

Rogelio Fernández-Reyes — Investigador de la Universidad de Sevilla

En este sentido, el Instituto de Investigación Urbana de Barcelona (IDRA) detalla en un informe de este julio que, si bien la “difusión de la refrigeración explica una parte sustancial del descenso de la mortalidad por calor de las últimas décadas” la fórmula tiene sus límites: solo repartir aparatos no sirve porque hay viviendas mal aisladas o insertas en una isla de calor, dejar la medida en “manos de mercado ahonda en la desigualdad”, ya que hay quienes no pueden comprar y además “incrementa el consumo eléctrico y las emisiones”. Su conclusión es que “se trata de una respuesta de emergencia, pero no la única ni la más estructural”.

Rogelio Fernández-Reyes admite que la realidad ha puesto de manifiesto “una inesperada necesidad de refrigeración y el aumento de la demanda energética, pero señalar al aire acondicionado como solución única es una estrategia incompleta”: “Hay experiencias de multitud de mejoras tecnológicas, como el aislamiento térmico, la ventilación, toldos, ventiladores, tejados verdes, reducción del hormigón o más arboleda en la planificación urbana”.

Sin embargo, la batalla ultra ha ido ganando peso hasta el punto de que la Comisión Europea ha tenido que aclarar que no se mete en decisiones privadas como es instalar o no un aparato de aire acondicionado.

Cada vez hay más aparatos instalados

Porque la realidad es que la regulación y planes climáticos de la Unión Europea no parecen haber ejercido gran freno a la instalación de aire acondicionado. En España, el Instituto Nacional de Estadística contó que, en 2008, un 35% de las casas ya tenía uno de estos aparatos. En 2025, el sector industrial de la refrigeración ha informado de que “tres de cada cuatro” viviendas tienen aire —cosa distinta es que el 60% de los usuarios querrían encenderlo más, pero la factura eléctrica les frena—.

En Francia, la instalación ha subido hasta el 28% en el conjunto del país y llega a un 48% en las regiones del sur más expuestas a las altas temperaturas.

Cuando Fernández-Reyes subraya que existe un riesgo de “desigualdad social de poblaciones vulnerables en situación de pobreza energética” se refiere a que, no solo no pueden permitirse la instalación, sino “tampoco su mantenimiento”. Su uso intensivo supone un incremento notable en la factura de la electricidad. Entre un 30% y un 60% más dependiendo de cuánto tiempo y a qué temperatura se aplique.

Y eso se refería el Programa de Medio Ambiente Naciones Unidas al señalar: “Es menos probable que los hogares de bajos ingresos puedan tener un aparato de aire acondicionado al tiempo que se enfrentan a un mayor riesgo”.

Del Nadal resume este proceso en que “lo que debería ser un debate racional sobre cómo podemos financiar esto, la extrema derecha lo transforma en una pelea identitaria”.

El cambio climático ha cambiado las reglas de juego. La mortífera DANA del 29 de octubre de 2024 hizo patente que las inundaciones generadas por las, cada vez más, lluvias torrenciales exigen una preparación que se había retrasado. El Ejecutivo ha revisado la normativa de inundaciones para restringir el urbanismo en zonas inundables, instar a los municipios a adaptarse y generar conciencia en la población.

El nuevo decreto, ahora en elaboración, modifica las reglas sobre qué hacer en áreas no construidas y también con lo ya edificado, ya que décadas de urbanismo descontrolado han agravado los efectos de riadas como las vividas en Valencia y Albacete hace dos años. “Endurece el régimen de construcción”, resumen fuentes del Ministerio de Transición Ecológica.

El Gobierno calcula que unos 2,7 millones de personas viven en zonas de peligro de inundación de las que 700.000 lo hacen en áreas de alto riesgo. Es un desastre natural que, en promedio, se ha cobrado entre 20 y 25 vidas anuales. Y el Consorcio de Compensación de Seguros ha abonado más de 12.000 millones de euros en indemnizaciones por inundaciones entre 1987 y 2024.

Con este decreto, las reglas serán diferentes según el suelo esté encima de una zona de flujo preferente o en zona inundable ordinaria. También es distinto si el terreno es rural o urbanizado.

En las zonas denominadas de flujo preferente —las de mayor riesgo cuando se produce una riada— el decreto prevé que si se trata de suelo rural, no pueda transformarse ya nunca en suelo urbanizable a menos que sea para crear protecciones frente a las avenidas.

En caso de que sea suelo ya urbanizado no se permitirán nuevos usos residenciales, es decir, promociones de viviendas, además de impedirse la construcción de garajes, sótano o cualquier dependencia bajo la rasante.

El resto de zonas inundables, en el suelo rural tampoco estarán permitidas nuevas viviendas o infraestructuras y en la parte ya urbanizada las nuevas casas tendrán que estar construidas de manera que estén un metro por encima de la cota de inundación cuya probabilidad sea de un 0,2% en un año. “No se admiten garajes subterráneos, sótanos y cualquier edificación bajo rasante”, repite.

Sobre las viviendas u otras construcciones ya levantadas, el decreto pretende que se adapten a la nueva situación de peligro de avenida. Elementos “sencillos” como barreras o válvulas antiretorno en los inodoros (para que el agua no acceda a la vivienda por esa vía, la más habitual) pueden defender estas construcciones, señalan en Transición Ecológica.

Los ayuntamientos tendrán cinco años para adaptar su planeamiento urbanístico a las nuevas normas. “Es un tiempo razonable”, apostillan en el Ejecutivo. Si no se actualizan, “las demarcaciones hidrográficas informarán negativamente sobre cualquier actuación”.

“Prevemos que el decreto sea aprobado definitivamente en Consejo de Ministros en esta legislatura”, afirman desde el Ministerio justo cuando se inicia el periodo de información pública, previo al dictamen del Consejo de Estado y más adelante del visto bueno el Gobierno. “En torno a un año”, han resumido las mismas fuentes.

La norma va a recoger que los dueños de inmuebles en zonas inundables tengan la obligación de informar a posibles compradores de cuáles son las características de ese inmueble. “Para que puedan tomarse decisiones plenamente informadas”, aclaran en el Ministerio. La idea es que una casa, una nave, unos pisos situados en áreas peligrosas tienen un valor, un precio, diferente si los potenciales compradores conocen esa situación de riesgo.

Más medidas

El decreto no se limita a la parte urbanística. Otro de los aspectos que recogerá es que los municipios hagan un plan, no de protección civil, que ya deben estar redactados, sino de adaptación al riesgo. “No se trata solo de evacuar a la población, sino una organización previa para que los edificios estén mejor preparados”, explican fuentes de Transición Ecológica.

En este sentido, los Ayuntamientos tendrían que tener preparadas ordenanzas para cuando los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología hagan prever avenidas. “Que se puedan cerrar colegios o centros comerciales o que estos edificios públicos deban disponer de barreras temporales”.

Una de las medidas que llama la atención es la posibilidad de lo que en el Ministerio han llamado “pagos por servicios ambientales”. Se trata de que los dueños de terrenos privados —sobre todo agrícolas— puedan recibir una indemnización porque esos terrenos hagan las veces de freno de las avenidas, que laminen el agua para que pierda velocidad y esa agua no produzca una riada violenta. “No hace falta expropiar, basta con pagar ese servicio”, rematan.

El Ayuntamiento de Pareja, en Guadalajara, ha aprobado por unanimidad, con el respaldo de los dos grupos políticos de la Corporación (PP y PSOE), su rechazo al parque eólico 'Titán', proyectado sobre uno de los espacios naturales de mayor valor ambiental y paisajístico del municipio.

El pleno acuerda impulsar todas las actuaciones técnicas, jurídicas y administrativas necesarias para solicitar la paralización del proyecto y defender un entorno que constituye “uno de los principales patrimonios naturales y económicos de la localidad”.

La iniciativa responde a la tramitación de los parques eólicos 'Titán', 'Mimas' y 'Dione', promovidos para su hibridación con instalaciones fotovoltaicas ya existentes. En el caso de Pareja, el proyecto contempla la instalación de tres aerogeneradores en un enclave forestal situado sobre el casco urbano.

Un acuerdo unánime para proteger el territorio

El alcalde de Pareja, Javier del Río, destaca que este proyecto ha levantado “una frontal oposición” en todos los vecinos, colectivos y asociaciones. “Por ello, nuestro ayuntamiento, de forma decidida y unánime, va a estar siempre al lado de los vecinos, de la defensa de un espacio natural de gran valor que pertenece a todos, y de un monte que forma parte de la identidad cultural y de la forma de vida tradicional de Pareja y de la Alcarria”.

El área afectada constituye “un espacio forestal público de extraordinaria riqueza ambiental”, situado sobre el propio pueblo, que alberga numerosas especies de flora y fauna protegidas y por el que discurre el río Ompólveda, recientemente declarado Reserva Natural Fluvial, que vierte sus aguas en el azud de Pareja y del que se abastece el municipio“, añade Javier del Río.

El regidor afirma que “no hablamos únicamente de un paisaje de gran belleza, que también, sino de un patrimonio cultural y natural de enorme valor ecológico que debemos conservar para las generaciones futuras”.

Además de las afecciones ambientales recogidas en la documentación del expediente, el Ayuntamiento y las asociaciones locales consideran que la implantación del parque tendría importantes consecuencias para el desarrollo económico del municipio.

El modelo de crecimiento de Pareja está estrechamente vinculado al turismo de naturaleza, al turismo deportivo y al aprovechamiento sostenible de su entorno natural, actividades que constituyen “los principales motores de la economía local”.

“Nuestro futuro pasa precisamente por conservar aquello que nos hace diferentes. La belleza de nuestro paisaje, nuestros montes, nuestros senderos, nuestra miel y nuestros recursos naturales son la base de muchas iniciativas empresariales y del modo de vida de nuestros vecinos. Un proyecto de estas características supondría un impacto imposible de revertir”, recalca del Río.

Solicitud de paralización

El acuerdo plenario contempla la elaboración de los informes técnicos, jurídicos y ambientales necesarios para formular las alegaciones correspondientes durante la tramitación del expediente.

Asimismo, el acuerdo unánime del Ayuntamiento solicita a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la paralización del proyecto dentro del ámbito de sus respectivas competencias, al tiempo que faculta al alcalde para realizar cuantas gestiones resulten necesarias en defensa de los intereses municipales.

Además, el Ayuntamiento, de forma conjunta con la asociación 'Alcarria viva', están realizando numerosas iniciativas para manifestar la oposición vecinal al proyecto, como recogida de firmas, y presentación de alegaciones conjuntas.

Del Río concluye afirmando que la planificación energética debe realizarse “con criterios ambientales, sociales y territoriales”. “Hay lugares donde, simplemente, no debería plantearse una actuación de estas características”

Descubrir las mejores piscinas naturales en Canarias es una de las experiencias imprescindibles tanto para quienes visitan el archipiélago como para los que residen en él. Formadas durante miles de años por la acción combinada de la actividad volcánica y el constante embate del océano Atlántico, estos espacios ofrecen zonas de baño protegidas, aguas cristalinas y paisajes de enorme valor geológico y ambiental.

A diferencia de las playas convencionales, las piscinas naturales permiten disfrutar del mar en entornos donde las coladas de lava han dado lugar a auténticos refugios frente al oleaje. Muchas de ellas han sido acondicionadas con escaleras, pasarelas, soláriums y servicios básicos, mientras que otras conservan un carácter completamente natural, convirtiéndose en destinos muy apreciados tanto por residentes como por visitantes.

Aunque prácticamente todas las islas cuentan con charcos naturales de gran belleza, cada una posee espacios singulares que reflejan la diversidad paisajística del archipiélago.

Piscinas naturales en Gran Canaria

Gran Canaria concentra algunas de las piscinas naturales más visitadas de Canarias, especialmente en la costa norte, donde el relieve volcánico ha permitido la formación de numerosos charcos protegidos.

Situadas junto al Puerto de las Nieves, las piscinas naturales de Agaete son uno de los enclaves más emblemáticos de Gran Canaria. Se trata de tres grandes vasos comunicados entre sí que aprovechan las formaciones de roca volcánica para crear una zona de baño segura durante buena parte del año.

El complejo dispone de escaleras de acceso, plataformas para tomar el sol, duchas y una ubicación privilegiada junto al paseo marítimo, lo que lo convierte en uno de los lugares más frecuentados por residentes y turistas.

En la costa del municipio de Gáldar se encuentra El Agujero, una piscina natural muy popular entre la población local. Sus aguas suelen mantenerse tranquilas cuando el mar presenta condiciones favorables. Muy cerca se localiza además el yacimiento arqueológico de La Guancha, lo que permite combinar naturaleza y patrimonio en una misma visita.

Roque Prieto está formado por varias piscinas naturales de distintos tamaños protegidas por las coladas de lava. Este enclave destaca por su tranquilidad y por ofrecer una experiencia menos masificada que otros puntos del litoral norte.

Este conjunto de piscinas naturales constituye uno de los rincones más conocidos del municipio de Arucas. El agua transparente y las amplias plataformas de roca volcánica convierten la zona en un lugar imprescindible para disfrutar del baño y contemplar el paisaje costero.

El Charco de San Lorenzo es una pequeña piscina natural situada bajo los acantilados de Moya. Aunque su acceso requiere cierta precaución, la recompensa llega con un baño en un entorno de absoluta belleza paisajística.

Piscinas naturales en Tenerife

La costa norte de Tenerife alberga algunas de las piscinas naturales más famosas de España. La combinación entre volcanes, acantilados y mar ha dado lugar a espacios únicos donde el baño se integra con el paisaje.

Las piscinas naturales de El Caletón son probablemente las más conocidas de Canarias. Se formaron tras la erupción volcánica que destruyó parte del puerto de Garachico en 1706, cuando las coladas de lava llegaron al mar creando un entramado de charcos naturales.

Actualmente el recinto dispone de accesos adaptados, zonas de descanso y servicios básicos, siendo uno de los principales atractivos turísticos del norte de Tenerife.

Las piscinas naturales de Bajamar, en el municipio de San Cristóbal de La Laguna, cuentan con dos grandes vasos de agua marina, zonas infantiles y servicios de vigilancia durante buena parte del año.

Su amplitud y accesibilidad las convierten en una excelente alternativa para familias.

Muy próximas a Bajamar, las piscinas naturales de Punta del Hidalgo ofrecen unas vistas privilegiadas del macizo de Anaga. La zona dispone de plataformas de acceso y áreas para tomar el sol junto al mar.

En Tacoronte se encuentra esta pequeña piscina natural protegida por las rocas volcánicas. Su proximidad a la playa de arena negra convierte el enclave en uno de los más completos del norte de Tenerife.

Las piscinas naturales de Alcalá, en el municipio de Guía de Isora, destacan por sus aguas tranquilas y por ser uno de los mejores lugares de la isla para contemplar la puesta de sol.

Dos coladas de lava abrazan estas piscina natural del vecindario de Santa Catalina, en el municipio de La Guancha. El acceso es fácil. El coche se deja en un pequeño aparcamiento al final de una pista asfaltada que sale del pueblo. Un sendero escalonado desciende hasta el borde del agua donde se encuentran una piscina mayor y otras más pequeñas. El cercano pueblo de San Juan de la Rambla tiene el charco de la Laja, que se llena con la marea. Además, en la zona hay algunas calitas también muy apetecibles, como la Playa Salvaje y la de Santo Domingo. Pero, atención, sea cual sea el lugar del baño, no hay que ir nunca descalzo.

Piscinas naturales en Lanzarote

El paisaje característicamente volcánico de Lanzarote ha generado algunas de las piscinas naturales más fotogénicas del archipiélago.

Situados al oeste de Playa Blanca, los Charcones forman un conjunto de piscinas naturales de diferentes tamaños y tonalidades turquesa. El acceso se realiza mediante una pista de tierra, aunque es conveniente consultar previamente el estado del mar.

El paseo marítimo de Punta Mujeres alberga numerosas piscinas naturales acondicionadas para el baño. Sus aguas tranquilas y la cercanía a restaurantes y alojamientos hacen de este enclave uno de los más populares del norte de Lanzarote.

Muy próxima a la playa de La Garita, esta piscina natural constituye una opción ideal para familias con niños gracias a su fácil acceso y escasa profundidad.

Piscinas naturales en Fuerteventura

Aunque Fuerteventura es conocida principalmente por sus extensas playas de arena, también cuenta con interesantes piscinas naturales.

En la costa oeste de la isla aparecen varias piscinas naturales esculpidas por la erosión marina. Solo es recomendable el baño cuando el mar permanece completamente en calma, ya que el oleaje puede resultar muy peligroso.

Durante la marea baja se forman pequeños charcos naturales entre las rocas volcánicas cercanas al Faro de El Tostón. La transparencia del agua convierte la zona en un lugar muy apreciado para practicar snorkel.

Piscinas naturales en La Palma

Ubicado en el municipio de San Andrés y Sauces, Charco Azul constituye uno de los complejos de piscinas naturales mejor acondicionados de Canarias. Dispone de varias zonas de baño, piscina infantil, solárium y servicios complementarios.

También en la costa noreste de la isla, La Fajana ofrece tres piscinas naturales comunicadas entre sí y protegidas del oleaje por las coladas volcánicas.

Este pequeño rincón costero combina una playa de arena negra con una piscina natural de gran belleza paisajística.

Piscinas naturales en El Hierro

La isla más occidental del archipiélago conserva algunos de los espacios naturales mejor preservados de Canarias.

Situada en el Valle de El Golfo, La Maceta está formada por varias piscinas naturales creadas por la lava volcánica. Es uno de los lugares más visitados de El Hierro.

Este espectacular charco natural destaca por el intenso color de sus aguas y por encontrarse rodeado de abruptas paredes de roca volcánica.

Conocido por muchos como la “piscina natural del Mar de las Calmas”, Tacorón ofrece unas condiciones excelentes para el baño y el buceo gracias a la tranquilidad habitual de sus aguas.

Piscinas naturales en La Gomera

Las piscinas naturales de Hermigua se sitúan junto al antiguo pescante del municipio y constituyen uno de los paisajes más fotografiados de la isla.

Menos conocida que Hermigua, esta pequeña piscina natural ofrece un ambiente tranquilo y escasa afluencia de visitantes.

Piscinas naturales en La Graciosa

Cuando baja la marea se forman pequeñas piscinas naturales de aguas cristalinas que convierten esta playa en uno de los lugares más espectaculares de la octava isla.

El pequeño núcleo costero de Pedro Barba cuenta con varias zonas donde las rocas volcánicas crean charcos naturales ideales para el baño.

Consejos para disfrutar de las piscinas naturales con seguridad

Las piscinas naturales son espacios sometidos a la influencia directa del océano. Antes de visitarlas conviene consultar la previsión marítima y respetar siempre las indicaciones de seguridad.

Entre las principales recomendaciones figuran evitar el baño con fuerte oleaje, utilizar calzado adecuado para caminar sobre roca volcánica, extremar la precaución en las entradas y salidas del agua y no lanzarse desde zonas cuya profundidad se desconozca.

Asimismo, es fundamental contribuir a la conservación de estos espacios evitando dejar residuos y respetando tanto la fauna como la flora marina.

¿Cuál es la mejor piscina natural de Canarias?

No existe una única respuesta, ya que cada isla ofrece experiencias diferentes. El Caletón, en Garachico; las piscinas naturales de Agaete; Charco Azul, en La Palma; o La Maceta, en El Hierro, figuran habitualmente entre las más valoradas por viajeros y residentes. Pero, lo que todas tienen en común es su origen volcánico y un entorno único que el océano Atlántico ha ido moldeado durante miles de años.

Visitar estas piscinas naturales no es solo una forma de darse un baño, sino también de descubrir algunos de los rincones más sorprendentes de Canarias, disfrutando de su naturaleza, sus costas y un patrimonio geológico que hace del archipiélago un destino diferente.

El número de capturas de salmones en los ríos asturianos ascendió este año a 105 ejemplares precintados, lo que supone un nuevo mínimo histórico, de acuerdo a los datos recabados hasta ayer, víspera del cierre de la temporada.

En su mayor parte (66 salmones) han sido pescados en la cuenca del Nalón y del Narcea, otros 21 han sido capturados en el río Sella-Piloña, 13 en el río Cares-Deva, 5 en el río Esva y ninguno en el río Eo, según los datos publicados por la Real Asociación Asturiana de Pesca Fluvial.

La campaña de 2025 finalizó con 130 salmones precintados, frente a los 348 de 2024 y 2023 y los 415 de 2022, unas cifras distanciadas de los 519 de 2021 o los 766 de 2020. En 2016 se llegaron a echar a tierra 1.060 salmones.

El Gobierno asturiano fijó un cupo de 154 salmones, frente a los 620 que estableció en 2025, y limitó el cupo anual de pesca con muerte a un solo salmón por pescador, ante el descenso de la población adulta de la especie que se observa en los cauces asturianos y la consiguiente merma de capturas.

Este descenso de ejemplares motivó que el primer salmón de este año, el conocido como 'campanu', fuera el más tardío de la historia al ser pescado el 26 de mayo, más de un mes después de la apertura de la temporada.

El pescador Iván Alonso se hizo con este ejemplar en el río Sella, después de que más de cinco mil aficionados lo hubiesen intentando en los cinco cauces salmoneros del Principado a lo largo de los veintitrés días hábiles transcurridos desde que se abrió la temporada el pasado 18 de abril.

El 'campanu' fue vendido por 9.400 euros a la sidrería El Llavianu, de Gijón, tras una subastada organizada por un grupo de hosteleros en Cangas de Onís en la que participaron trece pujadores.

Declive poblacional

La Coordinadora Ecologista de Asturias ha advertido este miércoles de que la disminución en el número de capturas continúa con una tendencia negativa “inquietante”.

Ante esta situación, ha lamentado que el Gobierno del Principado “hace mutis por el foro y sigue sin dar la cara y sin reconocer la crítica situación de esta emblemática especie en Asturias y sin variar un ápice su política de gestión de la misma”.

El colectivo conservacionista ha reclamado que se adopten “medidas valientes”, como la declaración de esta especie en peligro de extinción y el establecimiento de una moratoria en su pesca hasta la recuperación de sus poblaciones, además de pedir que se suspendan las repoblaciones “de la manera en que se están realizando hasta ahora, al reducir la variabilidad genética de las especies repobladas y su adaptabilidad al medio”.

España llega a la canícula —el periodo más cálido del año— soportando un calor extremo, de hecho, hasta este momento se trata del verano con más temperatura desde que hay registros. La media de 24,5ºC está 3,3 grados por encima del promedio habitual, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Esta época del año es calurosa, pero las mediciones de la Agencia reflejan un nivel severo de calor que rebasa por casi medio grado el anterior récord para el periodo 1 de junio a 15 de julio que se marcó en 2024. Es la tendencia constatada por las mediciones y consecuencia del cambio climático como han corroborado los análisis científicos.

En esta primera mitad de la estación, se han registrado ya dos olas de calor —una a finales de junio y otra al comenzar julio— además de un aviso rojo por peligro extremo activo este miércoles para la provincia de Zaragoza y Valencia. España soporta un calor intenso que no se va.

Con el calor extremo se han multiplicado los fallecimientos relacionados con las altas temperaturas: en los primeros nueve días de julio se registraron 662 muertes atribuibles a este fenómeno.

Además, al producirse las olas de calor se ha generado una secuencia casi continuada de incendios forestales debido a las condiciones meteorológicas muy propensas a propagar el fuego una vez iniciado. Entre los siniestros de esta temporada está el incendio de Los Gallardos (Almería) donde fallecieron 12 personas.

El desenvolupament urbanístic del litoral, la pressió turística i la crisi climàtica acceleren el deteriorament i dificulten la recuperació dels sistemes dunars de les Illes Balears. A Cala Mesquida, al nord de Mallorca, fa uns anys s'hi va descobrir una abella endèmica (Dufourea balearica), però la degradació –o fins i tot la possible destrucció– del sistema dunar “podria comportar-ne l'extinció”, en cas que no se'n trobin exemplars en una altra zona de l'arxipèlag balear. La degradació i la regressió de les platges i les dunes –un dels ecosistemes més valuosos de la Mediterrània, però també un dels més fràgils– no només transformen el paisatge: també destrueixen l'hàbitat de nombroses espècies vegetals i redueixen l'aliment dels insectes pol·linitzadors, amb efectes en cadena sobre tot l'ecosistema.

Alguns dels sistemes dunars més ben conservats es troben al Parc Natural d'Es Trenc-Salobrar de Campos i al Parc Natural de s'Albufera de Mallorca, on hi ha la platja d'Es Trenc; al Parc Natural de s'Albufera des Grau, on es troba la platja des Grau, i al Parc Natural de ses Salines d'Eivissa i Formentera. Diversos investigadors alerten de la necessitat de desenvolupar polítiques públiques que protegeixin millor els espais dunars, atesa la seva importància per als ecosistemes.

“Els sistemes dunars insulars, com els de Mallorca, són molt vulnerables perquè ocupen superfícies petites i estan aïllats, fet que en limita la capacitat de recuperació”, explica a elDiario.es Anna Traveset, investigadora de l'IMEDEA (CSIC-UIB) i referent internacional en ecologia de les illes. L'ecòloga argumenta que aquestes dunes acullen espècies altament “especialitzades” –és a dir, espècies molt adaptades a un hàbitat concret, com els sistemes dunars, en aquest cas– i, sovint, endèmiques. Per tant, són “sensibles a qualsevol alteració”. “El meu equip ja ha constatat el declivi de diverses espècies després de la destrucció de l'hàbitat a Mallorca”, denuncia Traveset.

Els sistemes dunars insulars, com els de Mallorca, són molt vulnerables perquè ocupen superfícies petites i estan aïllats, fet que en limita la capacitat de recuperació

Anna Traveset — Investigadora de l'IMEDEA (CSIC-UIB)

Els riscos de la pressió turística

La científica aprofundeix en la idea que aquestes espècies depenen de processos naturals fràgils (el vent, la sorra i la vegetació) que “s'alteren fàcilment amb les infraestructures o la neteja de les platges”. Així mateix, Traveset recorda que la pressió turística provoca “trepig, destrucció de la vegetació i erosió”, i que el desenvolupament urbanístic ha fragmentat molts d'aquests sistemes dunars. A aquests impactes, l'ecòloga hi afegeix que la crisi climàtica “n'agreuja la degradació a causa de l'augment del nivell de la mar i de temporals més intensos, sense espai perquè les dunes puguin retrocedir”, fet que en redueix la resiliència. En el cas de Mallorca, els sistemes dunars d'Es Trenc, Cala Mesquida o Son Serra de Marina “persisteixen, però sota una pressió constant”.

Un grup d'investigadors, la majoria vinculats a la UIB, ja va advertir d'aquests problemes a l'article científic Restauració de sistemes dunars a les Illes Balears (2000-2017): una visió crítica, publicat el juny de 2018. En aquest treball asseguren que la manca de criteris geomorfològics en algunes actuacions de restauració ha “generat i agreujat processos erosius” als sistemes que es pretenia recuperar o ha comportat la fixació de dunes que, per naturalesa, són dinàmiques.

Durant dècades, el litoral s'ha gestionat sobretot com un espai destinat al turisme i al lleure, adaptant les platges a les necessitats dels visitants i relegant el funcionament natural d'aquests ecosistemes. Tanmateix, les dunes són molt més que un element del paisatge: actuen com una barrera davant l'erosió, protegeixen la línia de costa i acullen una gran biodiversitat. La seva fragilitat, unida a la pressió humana i als efectes del canvi climàtic, n'accelera la degradació i posa en risc les funcions ecològiques que exerceixen.

Les dunes són molt més que un element del paisatge: actuen com una barrera davant l'erosió, protegeixen la línia de costa i acullen una gran biodiversitat

Pèrdua d'espècies

La desaparició dels sistemes dunars insulars afecta greument les xarxes ecològiques, especialment les interaccions entre les plantes i els pol·linitzadors, afirma Traveset. Amb la pèrdua de l'hàbitat, afegeix, també desapareixen moltes espècies vegetals adaptades a les dunes, fet que redueix les fonts de nèctar i pol·len per als insectes pol·linitzadors. “Això provoca un efecte en cascada: disminueixen els pol·linitzadors i, al seu torn, es redueix la reproducció de les plantes que en depenen”, afirma. La científica afegeix que, a les illes, “aquest impacte és més gran a causa de l'aïllament i de la menor diversitat funcional, fet que limita la substitució d'espècies”.

La pèrdua d'aquestes espècies afecta el funcionament de tot l'ecosistema. Les dunes tenen més dificultats per resistir l'impacte dels temporals o dels episodis de calor extrema i es debiliten processos essencials, com ara la fixació de la sorra o la regeneració de la vegetació. “En conjunt, la degradació de les dunes implica no només la pèrdua d'espècies, sinó també de les relacions que sostenen l'ecosistema”, assegura Traveset.

L'article científic consultat aprofundeix en els impactes que descriu l'ecòloga i assenyala que, en els darrers anys, ha augmentat la preocupació pel deteriorament dels ecosistemes litorals. En el cas dels sistemes dunars, el seu equilibri depèn d'un procés natural molt delicat en què intervenen l'aportació de sorra, el vent, l'onatge, els temporals i la vegetació. Quan algun d'aquests elements s'altera, el sistema perd estabilitat i esdevé més vulnerable a l'erosió.

A aquesta fragilitat s'hi suma l'activitat humana, estretament lligada a la turistificació, que pot comportar la urbanització del litoral, la construcció de passeigs marítims, la instal·lació de serveis a les platges i algunes actuacions de restauració mal planificades, que han accelerat la degradació de molts sistemes dunars.

Els espais dunars, ja de per si fràgils, es veuen afectats per l'activitat humana, estretament lligada a la turistificació

Per frenar l'erosió i la pèrdua de platges, aquests científics expliquen que durant dècades s'han aplicat diverses estratègies de gestió del litoral. Algunes han consistit a construir infraestructures, com ara espigons o esculleres, per contenir l'onatge i retenir la sorra. D'altres han apostat per regenerar les platges amb aportacions artificials de sorra, una solució que pot generar nous problemes mediambientals tant a les zones d'extracció com als indrets on es diposita el sediment.

Davant aquests models, els investigadors defensen cada vegada més actuacions que imitin el funcionament natural de les dunes. Aquestes intervencions tenen com a objectiu recuperar la dinàmica entre la platja i el sistema dunar perquè la sorra i la vegetació tornin a estabilitzar el litoral per si mateixes. Tot i que aquest tipus de restauració acostuma a oferir millors resultats a llarg termini, també exigeix més espai, més temps i, en alguns casos, limitar l'activitat humana al litoral.

Els investigadors defensen actuacions que imitin el funcionament natural de les dunes. Tot i que acostumen a oferir millors resultats a llarg termini, també exigeixen més espai, més temps i, en alguns casos, limitar l'activitat humana al litoral

“Les actuacions sostenibles són les més adequades per preservar i recuperar el sistema platja-duna, tot i que, des d'un punt de vista socioeconòmic, poden ser complexes d'implementar, ja que requereixen amplis espais on recuperar les morfologies naturals i períodes prolongats per a la seva restauració”, destaquen els científics.

Traveset explica que les dunes costaneres són un entorn molt exigent, on només sobreviuen les espècies capaces d'adaptar-se a la salinitat, el vent, el moviment de la sorra o l'escassetat de nutrients. A les illes, a més, l'aïllament ha afavorit l'aparició d'espècies úniques. Tanmateix, adverteix que el fet que siguin endemismes –espècies pròpies de les Illes Balears– també les fa especialment vulnerables. “Només sobreviuen aquelles amb adaptacions a condicions extremes, com la salinitat, el vent o la manca de nutrients. (...) Aquesta ‘especialització’ implica una baixa flexibilitat ecològica, fet que les fa molt vulnerables als canvis ambientals. En conjunt, són sistemes molt estructurats, però amb una escassa resiliència davant les pertorbacions”.

El desarrollo urbanístico de la costa, la presión turística y la crisis climática aceleran el deterioro y dificultan la recuperación de los sistemas dunares de las Illes Balears. En Cala Mesquida, al norte de Mallorca, hace unos años se descubrió una abeja endémica (Dufourea balearica), pero la degradación –o posible destrucción– del sistema dunar “podría implicar su extinción”, en el caso de que no se encuentre en otra zona del archipiélago balear. La degradación y regresión de las playas y dunas –uno de los ecosistemas más valiosos del Mediterráneo, pero también uno de los más frágiles– no solo transforma el paisaje: también destruye el hábitat de numerosas especies vegetales y reduce el alimento de los insectos polinizadores, con efectos en cadena sobre todo el ecosistema.

Algunos de los mejor conservados son el Parc Natural Es Trenc-Salobrar de Campos y el Parc Natural de s’Albufera, en Mallorca, donde se encuentra la playa de Es Trenc; el Parc Natural de s’Albufera des Grau, donde se encuentra la playa des Grau, y el Parc Natural de ses Salines d’Eivissa i Formentera. Diferentes investigadores alertan de la necesidad de desarrollar políticas públicas que protejan mejor los espacios dunares debido a su importancia para los ecosistemas.

“Los sistemas dunares insulares como los de Mallorca son muy vulnerables porque ocupan superficies pequeñas y están aislados, lo que limita su capacidad de recuperación”, explica a elDiario.es Anna Traveset, investigadora del IMEDEA (CSIC-UIB) y referencia internacional en ecología de islas. La ecóloga argumenta que estas dunas albergan especies altamente ‘especializadas’ –es decir, especies muy adaptadas a un hábitat en concreto, como los sistemas dunares, en este caso– y, a menudo, endémicas. Por tanto, son “sensibles a cualquier alteración”. “Mi equipo ha constatado ya el declive de varias especies después de la destrucción de hábitat en Mallorca”, denuncia Traveset.

Los sistemas dunares insulares como los de Mallorca son muy vulnerables porque ocupan superficies pequeñas y están aislados, lo que limita su capacidad de recuperación

Anna Traveset — Investigadora del IMEDEA (CSIC-UIB)

Los riesgos de la presión turística

La científica ahonda en la idea de que estas especies dependen de procesos naturales frágiles (el viento, la arena, la vegetación) que “se alteran fácilmente con infraestructuras o limpieza de playas”. Del mismo modo, Traveset recuerda que la presión turística provoca “pisoteo, destrucción de vegetación y erosión” y el desarrollo urbanístico ha fragmentado muchos de estos sistemas dunares. A estos impactos, la ecóloga advierte que la crisis climática “agrava su degradación debido al aumento del nivel del mar y temporales más intensos, sin espacio para que las dunas retrocedan”, lo cual reduce su resiliencia. En el caso de Mallorca, los sistemas dunares de Es Trenc, Cala Mesquida o Son Serra de Marina “persisten pero bajo presión constante”.

Un grupo de investigadores, la mayoría vinculados a la UIB, ya advirtió de estos problemas en el artículo científico Restauración de sistemas dunares en las Illes Balears (2000-2017): una visión crítica, publicado en junio de 2018. En él aseguran que la falta de criterios geomorfológicos en algunas actuaciones de restauración ha “generado y agravado procesos erosivos” en los sistemas que se pretendía recuperar o ha llevado a fijar dunas que, por naturaleza, son dinámicas.

Durante décadas, la costa se ha gestionado sobre todo como un espacio para el turismo y el ocio, adaptando las playas a las necesidades de los visitantes y relegando el funcionamiento natural de estos ecosistemas. Sin embargo, las dunas son mucho más que un elemento del paisaje: actúan como una barrera frente a la erosión, protegen la línea de costa y albergan una gran biodiversidad. Su fragilidad, unida a la presión humana y a los efectos del cambio climático, acelera su degradación, lo que pone en riesgo las funciones ecológicas que desempeñan.

Las dunas son mucho más que un elemento del paisaje: actúan como una barrera frente a la erosión, protegen la línea de costa y albergan una gran biodiversidad

Pérdida de especies

La desaparición de los sistemas dunares insulares afecta gravemente a las redes ecológicas, especialmente a las interacciones entre plantas y polinizadores, afirma Traveset. Al perderse el hábitat, añade, desaparecen también muchas especies vegetales adaptadas a las dunas, lo que reduce las fuentes de néctar y polen para los insectos polinizadores. “Esto provoca un efecto en cascada: disminuyen los polinizadores y, a su vez, se reduce la reproducción de las plantas que dependen de ellos”, afirma. La científica añade que en islas “este impacto es mayor por el aislamiento y la menor diversidad funcional, lo que limita la sustitución de especies”.

La pérdida de estas especies afecta al funcionamiento de todo el ecosistema. Las dunas tienen más dificultades para resistir el impacto de temporales o episodios de calor extremo y se debilitan con procesos esenciales, como la fijación de la arena o la regeneración de la vegetación. “En conjunto, la degradación de dunas implica no solo pérdida de especies, sino de las relaciones que sostienen el ecosistema”, asegura Traveset.

El artículo científico consultado ahonda en los impactos que describe la ecóloga y apunta a que en los últimos años ha aumentado la preocupación por el deterioro de los ecosistemas litorales. En el caso de los sistemas dunares, su equilibrio depende de un proceso natural muy delicado en el que intervienen el aporte de arena, el viento, el oleaje, los temporales y la vegetación. Cuando alguno de estos elementos se altera, el sistema pierde estabilidad y se vuelve más vulnerable a la erosión.

A esa fragilidad se suma la actividad humana, muy ligada a la turistificación, que puede conllevar la urbanización del litoral, la construcción de paseos marítimos, la instalación de servicios en las playas y algunas actuaciones de restauración mal planificadas, que han acelerado la degradación de muchos sistemas dunares.

Los espacios dunares, de por sí frágiles, se ven afectados por la actividad humana, muy ligada a la turistificación

Para frenar la erosión y la pérdida de playas, estos científicos explican que durante décadas se han aplicado distintas estrategias de gestión del litoral. Algunas han consistido en construir infraestructuras como espigones o escolleras para contener el oleaje y retener la arena. Otras han apostado por regenerar las playas con aportes artificiales de arena, una solución que puede generar nuevos problemas medioambientales tanto en las zonas de extracción como en los lugares donde se deposita el sedimento.

Frente a estos modelos, los investigadores defienden cada vez más actuaciones que imiten el funcionamiento natural de las dunas. Estas intervenciones buscan recuperar la dinámica entre la playa y el sistema dunar para que la arena y la vegetación vuelvan a estabilizar el litoral por sí mismas. Aunque este tipo de restauración suele ofrecer mejores resultados a largo plazo, también exige más espacio, tiempo y, en ocasiones, limitar la actividad humana de la costa.

Los investigadores defienden actuaciones que imiten el funcionamiento natural de las dunas. Aunque suelen ofrecer mejores resultados a largo plazo, también exige más espacio, tiempo y, en ocasiones, limitar la actividad humana de la costa

“Las actuaciones sostenibles son las más adecuadas para preservar y recuperar el sistema playa-duna, aunque socioeconómicamente pueden ser complejas de implementar, ya que requieren amplios espacios donde recuperar morfologías y tiempos prolongados en su restauración”, destacan los científicos.

Traveset explica que las dunas costeras son un entorno muy exigente, donde solo sobreviven las especies capaces de adaptarse a la sal, el viento, el movimiento de la arena o la escasez de nutrientes. En las islas, además, el aislamiento ha favorecido la aparición de especies únicas. Sin embargo, advierte de que el hecho de que sean endemismos –especies propias de las Illes Balears– también las hace especialmente vulnerables. “Solo sobreviven aquellas con adaptaciones a condiciones extremas como salinidad, viento o falta de nutrientes. (...) Esta ‘especialización’ implica baja flexibilidad ecológica, lo que las hace muy vulnerables a cambios ambientales. En conjunto, son sistemas muy estructurados, pero con escasa resiliencia ante perturbaciones”.

España es un país con muchísima interfaz urbano-forestal. Esto quiere decir que hay muchas viviendas en contacto íntimo con el monte lo que las convierte —a ellas y sus habitantes— en muy vulnerables a las llamas de los incendios forestales.

Un territorio con estas características y especialmente expuesto a los incendios agravados por el cambio climático necesita gestionar este riesgo aumentado. “Todos tenemos que corresponsabilizarnos y los que viven en la interfaz todavía más”, reflexiona la catedrática de la Universidad Politécnica de Catalunya y experta en riesgo e incendios, Elsa Pastor Ferrer.

El biólogo del Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (Creaf), Josep María Espelta, añade que “queda camino por recorrer y quizá una parte especialmente importante es la autoprotección: ser proactivo es un elemento clave sobre el que todavía no hemos encontrado una solución óptima”. Al hablar de ser proactivo se refiere –cuenta— “tanto a las medidas que adoptar en los terrenos y viviendas como a saber qué hacer frente a un incendio”.

No hay más remedio que entender esta situación porque ha venido para quedarse y somos nosotros los que tenemos que adaptarnos

Elsa Pastor Ferrer — Catedrática de la Universidad Politécnica de Catalunya y experta en riesgo e incendios

La superficie de esta interfaz en España no ha parado de crecer. Las investigaciones calcularon que, en 2000, sumaba algo más de un millón de hectáreas. Más adelante, al ampliarse el criterio de qué es interfaz urbano-forestal, los cálculos se han ido al 13% del territorio y, considerando como zona de contacto no solo las urbanizaciones periurbarnas, sino las construcciones más alejadas, la situación puede acercarse al 20%, dicen los expertos. Cuando se confirmen esas estimaciones, eso sumaría usos 10 millones de hectáreas.

“La interfaz ya implica a todo el territorio”, resume el biólogo del Creaf. “Como se ha visto con las construcciones diseminadas en Los Gallardos, ha desbordado la idea típica alrededor de zonas metropolitanas o urbanizaciones”.

Pastor Ferrer explica que podemos encontrarnos una interfaz “compacta como son las urbanizaciones alrededor de Madrid o Barcelona o en la costa” que hacen linde directa con el monte, otro tipo menos compacto de “zonas o comunidades urbanizadas en medio del monte con viviendas más diseminadas” y un tercer tipo de casas aún más desperdigadas o aisladas “muy separadas unas de otras como hemos visto con los cortijos de Los Gallardos”.

Impactos muy duros

“Cada una tiene sus propios retos y el peligro incrementa a medida que la interfaz es menos compacta porque el fuego puede propagarse más fácilmente lo que hace que el riesgo sea muy elevado”, apostilla la ingeniera.

El, hasta ahora, mapa de riesgo en la interfaz urbano-forestal marcaba como áreas de riesgo extremo las provincias de Girona y Madrid y de riesgo alto casi todo el litoral mediterráneo de Barcelona a Alicante. También Málaga. Sin embargo, ese mapa ha ido a peor. La catedrática de la UPC está ultimando un nuevo mapeo, pero “a menos no ha ido porque se ha construido más”.

En este sentido, la experta hace una analogía entre “las zonas inundables y las de alto riesgo de incendios forestal. Igual que no debe construirse en áreas donde pueda haber inundaciones, tampoco debería hacerse en zonas donde el fuego vaya a ser un peligro grande”. Para lo ya edificado “que es mucho” lo adecuado “sería acondicionarlas para que el impacto sea razonable, pero estamos observando impactos muy duros en áreas que deberían haberse preparado”.

El riesgo que representan los incendios en un contexto de condiciones explosivas como las que crea el cambio climático entraña un peligro como son las llamas, el humo o las pavesas, una exposición a ese peligro y un grado de vulnerabilidad. “Cada persona que vive en esas áreas tendría que pensar en cómo rebajar las variantes de ese riesgo”, cuenta Elsa Pastor.

Debemos cambiar la idea de mirar la prevención frente a los incendios como algo que viene de fuera y mirarlo desde dentro: qué podemos hacer

Josep María Espelta — Investigador del Creaf

Josep María Espelta recuerda que las fincas y zonas alrededor de las casas deben ser “franjas de protección contra incendios” donde no haya combustible “natural o artificial”.

La cuestión es que el paradigma de los incendios ha cambiado con la crisis del clima. El fuego ya no entiende de latitudes y las llamas surgen y se propagan en casi cualquier sitio. “No hay más remedio que entender esta situación porque ha venido para quedarse y somos nosotros los que tenemos que adaptarnos. Vivimos en un país que arde. Un país de incendios. Tenemos que aceptarlo y aprender todos”, reflexiona la investigadora.

“Debemos cambiar la idea de mirar la prevención frente a los incendios como algo que viene de fuera y mirarlo desde dentro: qué podemos hacer”, suma el biólogo Espelta.

La idea —insiste la catedrática— es que ha llegado el momento de que las personas que viven en esas casas lindantes con el monte “tienen que empezar a prepararse de forma más activa antes de que los bomberos actúen. Ser conscientes de cómo reducir la vulnerabilidad. Que los vecinos estén conectados y comunicados y, durante todo el año, tener preparadas las acciones”.

El mar está recuperando su sitio. Canarias tiene unas 1.500 hectáreas de superficie que corren el peligro de afrontar una inundación marina, poniendo en riesgo a miles de habitantes, infraestructuras y servicios críticos esenciales para las islas, según el informe SOS Costas Canarias, realizado por Fundación Canarina y el Observatorio de Sostenibilidad.

La dependencia de infraestructuras situadas en la costa casi a nivel del mar coloca a las islas en una posición de extrema vulnerabilidad. Salvo en La Gomera, todo el suministro eléctrico canario y decenas de depuradoras y desaladoras quedarían a merced de un fuerte temporal marino.

Una lámina de inundación marina con un periodo de retorno de 100 años sitúa en peligro directo a 79.095 habitantes en Canarias. Las láminas de 100 años son mapas oficiales que dibujan las zonas exactas que quedarían bajo el agua ante un temporal o inundación tan fuerte que, por estadística, solo ocurre una vez cada siglo, es decir, tienen un 1% de probabilidad de suceder cada año. Su objetivo es advertir de qué calles, viviendas e infraestructuras están en peligro para poder tomar medidas de prevención.

“Canarias y sobre todo la isla de Gran Canaria debe de dar un paso atrás en la ocupación de la primer línea del litoral, casi 80.000 personas están con este riesgo de inundación por temporales marinos, y en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria 32.000 habitantes”, señala Fernando Prieto, director del Observatorio de Sostenibilidad.

Suministro de energía y agua en peligro

De las 11 centrales eléctricas que tiene Canarias, todas excepto la central de El Palmar, en San Sebastián de La Gomera, están situadas en zonas de riesgo por inundación marina. En 6 de ellas, el riesgo de peligro es extremo. Son la central térmica de Jinámar en Gran Canaria, la de Las Salinas en Fuerteventura, la de Punta Grande en Lanzarote, y las centrales de Las Caletillas en Tenerife, los Guinchos en La Palma y Llanos Blancos de El Hierro.

Las desaladoras, potabilizadoras y estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR y EBAR) se construyen muchas veces pegadas al mar por razones técnicas. En caso de ser inundadas por un fuerte temporal marino, no sólo se cortaría el suministro de agua a la población, sino que generaría episodios muy graves de vertidos contaminantes directos al mar.

El informe destaca que los casos más críticos son la desaladora de Montaña Roja, en Lanzarote, que podría comprometer el suministro de toda la zona turística de Playa Blanca, en el sudoeste de la isla; el de la planta potabilizadora de Fuerteventura, ubicada en Puerto del Rosario, justo al lado de la Central Térmica de Las Salinas, cuya afectación comprometería directamente el suministro de agua a la capital isleña, y en Gran Canaria, donde “los servicios del agua están bastante amenazados”, corren grave peligro las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) de El Pagador, en el municipio de Moya, y la de Arguineguín.

El problema más destacado en la isla de Tenerife son las 30 instalaciones de gestión de las aguas que están en zonas de riesgo de inundación, como pozos y estaciones de bombeo, depuración, y las instalaciones privadas de tratamiento de resorts turísticos.

Si un temporal inunda o destruye estas infraestructuras, también se paraliza la capacidad de socorrer a la población civil justo en el momento meteorológico más crítico, ya que son numerosos los Centros de Seguridad y Emergencias que están a pie de playa como algunos centros de la Guardia Civil, de Protección Civil o los puestos de socorro de la Cruz Roja.

Zonas turísticas en peligro

El informe hace un énfasis especial en el peligro que corren las instalaciones turísticas. Un punto singularmente alarmante es el camping de Punta del Hidalgo, en San Cristóbal de La Laguna, Tenerife, donde la lámina de inundación marina cubre el área completa de acampada, lo que obligaría a evacuaciones urgentes para evitar que el mar arrastre a los campistas.

El informe de SOS Costas Canarias también destaca recintos “hiperurbanizados” a pie de mar, como el Palacio de Congresos y el Auditorio Alfredo Kraus en Las Palmas, o los polémicos hoteles de la cadena RIU dentro del Parque Natural de Corralejo.

El patrimonio cultural e histórico de Canarias también está en riesgo de ser destruido por un fuerte temporal marino. Existen más de 80 bienes patrimoniales amenazados directamente por el oleaje extremo, sobre todo en Gran Canaria, como yacimientos arqueológicos, búnkeres antiguos y salinas históricas, como las Salinas de Tenefé o las de Órzola. El problema de estas estructuras es que su posición es fija y no pueden reubicarse, por lo que el daño físico suele ser inevitable. No como las centrales de suministro de energía y agua.

Algunas vías de transporte críticas también están en riesgo. Aunque los aeropuertos y grandes puertos podrían sufrir riesgos menores o perimetrales, como la pista del aeropuerto de Gran Canaria o los aerogeneradores del aeropuerto de La Palma, algunas carreteras importantes están muy expuestas. Un ejemplo claro es la autovía GC-2 a su paso por Arucas, que podría quedar inutilizada por la invasión del mar en más de 2 kilómetros de su trazado.

Son datos del informe de SOS Costas Canarias elaborado por la Fundación Canarina y el Observatorio de Sostenibilidad, que ha sido publicado recientemente de modo íntegro en su web y aporta mapas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) sobre las zonas en riesgo de inundación marina, entre otros.

Viviendas en peligro

Las Palmas de Gran Canaria y el sur de Tenerife son los epicentros del peligro para las viviendas. El afán histórico por edificar viviendas a pie de playa ha dejado un litoral altamente expuesto. El caso más alarmante de todo el archipiélago es el del municipio de Las Palmas de Gran Canaria, que tiene a 30.554 ciudadanos bajo amenaza de inundación marina, lo que supone casi dos quintas partes de la población con este problema en Canarias. El mayor impacto se produce en el entorno de Playa de Las Canteras, en la costa occidental del casco urbano.

Otros puntos bastante afectados por la incidencia de los temporales marinos son el casco urbano de Arinaga, en Agüimes, con un tejido residencial muy denso junto a la línea de la costa; el área urbana de la Playa de Las Salinetas, en Telde, y en Arucas, las áreas residenciales costeras del Puertillo, Quintanilla y San Andrés.

En Tenerife, el principal lugar de riesgo extremo se localiza en los núcleos turísticos del sur. El municipio de Arona tiene 16.502 habitantes conviviendo con el riesgo de inundación marina, concentrados en enclaves hiperurbanizados como Playa de las Américas, Los Cristianos y Las Galletas. En la vertiente norte tinerfeña, la costa de Puerto de la Cruz contabiliza 2.759 vecinos residiendo directamente sobre la lámina de peligro.

En otras islas, la urbanización turística también desafía al mar. En Fuerteventura, el riesgo se sitúa en el casco urbano de Corralejo y amenaza de forma contundente a los polémicos hoteles de la cadena RIU, asentados directamente en el Parque Natural de Corralejo, que resultarían completamente afectados por el riesgo de inundación. También el casco urbano de El Cotillo, con casi 1.200 habitantes en zona de riesgo, incluyendo toda la zona de urbanizaciones que se está construyendo, por lo que serán muchos más.

En La Gomera, el riesgo sobre la población se concentra en su mayor parte en el extremo occidental de la isla, en los núcleos urbanos de Valle Gran Rey y Playa de la Calera.

El riesgo en La Palma y El Hierro es bastante moderado, concentrándose en dos localidades, en Puerto de Naos, en Los Llanos de Aridane de La Palma, y Tamaduste en El Hierro.

“Son urgentes protocolos de aviso a la población y señalización una a una de todas edificaciones con riesgo para informar a la población del elevado riesgo que están asumiendo en esas zonas urbanizadas. Por otra parte, es sabido que en un escenario de cambio climático los fenómenos meteorológicos extremos como temporales marinos, inundaciones, aumento del nivel del mar, serán cada vez más frecuentes y de mayor magnitud y de mayor extensión”, apunta Fernando Prieto, director del Observatorio de Sostenibilidad.

Las conclusiones del informe de Sos Costas Canarias son contundentes. Las cifras constatan la tremenda presión urbanística sobre el litoral. La artificialización de las costas canarias ha sobrepasado los límites prudenciales, se pierde un kilómetro de costa cada 3 meses, y de los 79 municipios canarios que tienen costa, 54 están en riesgo de sufrir inundaciones.

En un archipiélago vulnerable a las alteraciones oceánicas, la protección activa de estas infraestructuras y la exclusión de nuevas urbanizaciones en zonas inundables no son una opción, sino la única alternativa antes de que el mar recupere de forma drástica el espacio que se le ha arrebatado.

Nueva Canarias ha pedido este martes explicaciones y la depuración de responsabilidades tras la denuncia realizada por la Asociación Empresarial Canaria de Consultores Medioambientales (Aeccm) sobre el presunto uso de compuestos derivados del cloro para el tratamiento de las aguas afectadas por los vertidos en Playa Jardín, en Puerto de la Cruz. Se trata de la misma playa que permaneció cerrada durante un año por vertidos fecales en sus aguas.

Según expone la formación, la asociación ha alertado del posible empleo de compuestos organoclorados, entre ellos trihalometanos y otros subproductos de la cloración, para el tratamiento de las aguas de baño.

Nueva Canarias advierte de que estas sustancias, si se estuvieran utilizando, podrían representar un riesgo para la salud pública y el medio ambiente por su potencial toxicidad y reclama que cualquier actuación esté avalada por criterios científicos, técnicos y sanitarios.

El portavoz de NC-BC en Tenerife, Valentín Correa, ha pedido a la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias que aclare los procedimientos aplicados y publique la información técnica que los respalda, al tiempo que ha solicitado que se depuren responsabilidades si se confirma el uso de estos compuestos.

La formación considera que esta situación vuelve a poner de manifiesto la gravedad de la crisis de los vertidos que afecta desde hace años al litoral de Puerto de la Cruz y sostiene que el problema responde a décadas de insuficiencia de inversiones en las infraestructuras de saneamiento y depuración.

Asimismo, NC-BC ha reclamado al Cabildo de Tenerife y al Ayuntamiento de Puerto de la Cruz que impulsen soluciones definitivas para acabar con una situación que, además de afectar al medio ambiente y a la salud pública, perjudica la imagen turística del municipio y la actividad económica vinculada al sector.

Playa Jardín permanece afectada por problemas de contaminación derivados de los vertidos de aguas residuales, una situación que ha motivado cierres al baño y distintas actuaciones de las administraciones para tratar de recuperar la calidad de sus aguas.

Sin embargo, no se trata de un problema exclusivo de este municipio del norte de Tenerife. De hecho, en la costa de toda la isla hay numerosos vertidos de aguas residuales sin autorización, que representan menos de un tercino del total, según ha denunciado este mismo martes la Fundación Canarina.

La campaña ‘Recicla y dale luz al futuro’ quiere seguir mejorando los datos de reciclaje de vidrio en La Rioja y sensibilizar a la población sobre la importancia de realizar una correcta separación y retirada de los envases de este tipo de material. La directora general de Calidad Ambiental, Cambio Climático y Agua, Isabel Vitoria, y el gerente de zona de Ecovidrio, Óscar Acedo, acompañados por la alcaldesa de Haro, Guadalupe Fernández, la han presentado hoy

Isabel Vitoria ha recordado que el pasado 2025, los riojanos depositaron en el contenedor verde 8.433 toneladas de envases de vidrio, “lo que supone un 0,83% más que lo registrado el año anterior”. En este sentido, la directora general ha insistido en la “necesidad de seguir separando adecuadamente los residuos que generamos en nuestros hogares por fracciones y depositarlos en el contenedor adecuado o en los puntos limpios habilitados, para cumplir con los objetivos de recogida separada y reciclado establecidos por la Unión Europea”.

‘Recicla y dale luz al futuro’ arranca la campaña informativa en Haro y durante los meses de julio, agosto y septiembre, aprovechando la celebración de fiestas locales y otros eventos concurridos como los mercadillos, recorrerá las localidades de Navarrete, Arnedo, Alfaro, Ezcaray, Calahorra, Santo Domingo de la Calzada, Nájera, Fuenmayor, Lardero, Villamediana de Iregua, Autol y Logroño.

La acción divulgativa se desarrollará en torno a un iglú transparente, colocado en puntos estratégicos de cada municipio, con iluminación led en su interior y un cartel de neón en su parte superior que llamará la atención de los transeúntes de noche y de día. Con este formato, se pueden ver los envases depositados en su interior, mostrando la ‘transparencia’ del reciclaje de vidrio, “un proceso limpio que puede repetirse infinitas veces”.

La campaña se complementará con carteles informativos de gran tamaño en los que se incluirá un QR que dará acceso a un juego en el que se podrá ganar uno de los 30 miniglús, con un diseño exclusivo para La Rioja, que se sortean. Por otro lado, un equipo de tres educadores ambientales acudirá también a cada uno de los puntos informativos en los que se instale el montaje del iglú iluminado para facilitar información sobre el proceso de reciclaje, y dinamizar la jornada con juegos y sorteo de regalos directos.

Por su parte, el gerente de zona de Ecovidrio, Óscar Acedo, ha resaltado que “hay que seguir haciendo campañas para concienciar a las personas para que no pierdan los hábitos, y, sobre todo, recordar lo que es separar o no separar vidrio y los impropios que tiene”.

La Rioja, tercera comunidad más recicladora de España en 2025

Según los últimos datos correspondientes a 2025, cada riojano depositó en los contenedores verdes unos 25,8 kilos de envases de vidrio, siendo la tercera comunidad autónoma más recicladora.

La Rioja cuenta actualmente con 2.040 contenedores verdes repartidos por toda la comunidad autónoma, uno por cada 160 habitantes. En términos absolutos, los riojanos reciclaron más de 29 millones de envases de vidrio, lo que supone más de 80.000 envases al día y cerca de 56 envases por minuto, unos datos que muestran la implicación ciudadana en la correcta gestión de residuos.

La campaña de concienciación que se ha presentado en Haro continuará a lo largo de todo el verano, y se complementará con acciones paralelas en redes sociales, que incluirán más promociones y sorteos. El calendario detallado de todas las localizaciones y actuaciones informativas se podrá consultar en https://lariojarecicla.com/documentos-para-descargar/, donde se irá actualizando el recorrido de la campaña.

Fundación Canarina ha alertado este martes de que los cierres de playas en Canarias por contaminación fecal ya no son “episodios aislados, sino el síntoma de un sistema de saneamiento que continúa ”incompleto“.

“Cada playa que se cierra por contaminación no representa un incidente aislado, sino la manifestación visible de un sistema de saneamiento que todavía presenta importantes carencias, mientras no se complete la red de depuración y todos los vertidos estén correctamente autorizados y controlados, estos episodios seguirán repitiéndose”, detalla la organización.

La Fundación señala, por ejemplo, que Playa Jardín, en Puerto de la Cruz, reabrió en 2025 tras casi un año cerrada por contaminación fecal, pero en 2026 “ha vuelto la polémica por el supuesto uso de hipoclorito [lejía] en el tratamiento de aguas residuales”.

Este mes de junio, prosigue, era la Playa del Pueblo, en Playa Blanca (Yaiza, Lanzarote), la que clausuraba el baño de forma preventiva tras un vertido de aguas residuales provocado por un atasco en la red de saneamiento.

Apenas unos días después, el 7 de julio, la playa de Leocadio Machado, en El Médano (Granadilla de Abona), volvía a cerrarse al detectarse una concentración de Escherichia coli (una bacteria que se encuentra en las heces humanas) superior a los límites permitidos.

Según el Censo de Vertidos Tierra-Mar del Gobierno de Canarias, actualizado en 2025, el archipiélago registra 403 puntos de vertido al mar, de los que 291 (el 72%) carecen de autorización vigente.

Tenerife, la isla con más vertidos incontrolados

Tenerife concentra la situación más preocupante pues reúne 180 puntos de vertido, casi la mitad del total de Canarias, y únicamente 59 cuentan con autorización.

Los mismos datos ponen además de manifiesto una importante carencia técnica ya que solo el 13% de los puntos de vertido utilizan emisarios submarinos, la infraestructura adecuada para favorecer la dispersión de los efluentes, mientras que más del 70% descarga mediante sistemas que no ofrecen las condiciones óptimas de evacuación.

Este déficit se encuentra detrás de algunos de los episodios que han obligado a cerrar playas como Playa Jardín o Leocadio Machado.

La gravedad del problema, remarca la Fundación, quedó “refrendada” por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que en diciembre de 2025 condenó a España por incumplir la normativa comunitaria sobre tratamiento de aguas residuales urbanas.

Así, la sentencia identifica expresamente varios sistemas de depuración de Tenerife, entre ellos Añaza, Candelaria-Casco, Adeje-Arona y La Laguna-Santa Cruz, como instalaciones que no cumplían las obligaciones de depuración antes del vertido al mar.

La Fundación apunta también que 94 puntos de vertido descargan directamente sobre 10 de las 24 Zonas de Especial Conservación (ZEC) marinas del archipiélago, poniendo de manifiesto que la presión sobre espacios protegidos forma parte de un “problema estructural y no de casos puntuales”.

No en vano, indica, “la reiteración de estos episodios resulta especialmente evidente en municipios como Adeje, donde playas como Troya o El Puertito registran cierres por contaminación bacteriológica prácticamente cada verano”.

Convenio de ACUAES

En la isla de Tenerife, la Comisión de Seguimiento integrada por ACUAES, el Cabildo de Tenerife y el Consejo Insular de Aguas certificó en mayo que las actuaciones previstas en el convenio de saneamiento alcanzan ya un 67% de ejecución, con 158 millones de euros ejecutados de los 233,5 millones previstos.

Sin embargo, buena parte de las infraestructuras necesarias para completar el sistema siguen pendientes, recuerda la Fundación.

Aunque algunas depuradoras ya se encuentran terminadas o en fase de pruebas, todavía faltan colectores, estaciones de bombeo, conexiones y otras actuaciones imprescindibles para que toda la red funcione de forma integrada -el sistema de Acentejo, por ejemplo, sigue en fase de redacción de proyectos-.

“Mientras estas infraestructuras no se completen, los episodios de contaminación y los cierres preventivos de playas seguirán repitiéndose, especialmente durante los meses de mayor presión turística”, señala.

El informe SOS Costas Canarias, elaborado por la Fundación Canaria y el Observatorio de la Sostenibilidad, plantea, entre otras medidas prioritarias, acelerar la modernización de las infraestructuras de saneamiento, completar las redes pendientes, garantizar la autorización y el control efectivo de todos los puntos de vertido y reforzar la vigilancia sobre aquellos que afectan a espacios marinos protegidos.

Un estudio liderado por la Universidad de La Laguna (ULL) revela que la lapa majorera (Patella candei), especie endémica presente únicamente en Fuerteventura y las islas Salvajes (Madeira), ha desaparecido prácticamente de toda la costa de Fuerteventura y del islote de Lobos.

Actualmente, solo sobrevive una única población relicta al sur de Fuerteventura, en la península de Jandía, lo que “enciende las alarmas” sobre el inminente peligro de extinción de este molusco en el archipiélago canario, expone la ULL.

La investigación ha sido publicada en la revista Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems por el grupo de investigación de Ecología de las Comunidades Marinas y Conservación (ECOMAR) de la Universidad de La Laguna.

El trabajo se enmarca en la tesis doctoral de Marina Aliende Hernández, bajo la dirección de los investigadores José Carlos Hernández y Beatriz Alfonso, y ha contado con la colaboración del profesor honorífico Jorge Núñez, quien llevó a cabo los primeros muestreos de esta especie en 1994.

Un plan de recuperación insuficiente

La lapa majorera es una especie emblemática de Canarias que habita en las zonas de mareas.

Al quedar expuesta al aire durante la marea baja, se vuelve extremadamente susceptible a la presión marisquera, su principal amenaza.

Lo que más llama la atención de los resultados es que, a pesar de que en 2015 se instauró un plan de recuperación (Decreto 161/2015, BOC 136) que estableció áreas de conservación prioritarias y la prohibición total de su recolección, este estudio demuestra, mediante una comparación histórica con datos publicados en las últimas décadas, que su estado no ha mejorado.

Este escenario alerta sobre la necesidad “urgente” de poner el foco de atención y desarrollar nuevas estrategias para proteger a esta especie, detalla la ULL.

En este sentido, el trabajo destaca que el área de Jandía donde aún persiste la lapa majorera se caracteriza por presentar un fuerte oleaje durante todo el año, un factor físico que podría estar dificultando el marisqueo ilegal al limitar el acceso a la costa.

Para indagar en las causas ambientales que están afectando a la especie, el equipo científico evaluó variables oceanográficas a lo largo de Fuerteventura, explorando la relación entre el aumento de la temperatura del aire y del mar con el declive del molusco.

Aunque los autores señalan que es necesario desarrollar experimentos específicos de estrés térmico para llegar a una conclusión inequívoca, los datos climatológicos analizados sugieren que la tendencia al calentamiento de las últimas décadas también ha podido influir negativamente en la alarmante situación de la especie.

Las lapas son especialmente vulnerables cuando su abundancia disminuye drásticamente.

Al ser organismos de fertilización externa, dependen de la presencia de un gran número de individuos maduros y cercanos entre sí para asegurar el éxito reproductivo y la prosperidad de la población.

Por ello, el estudio concluye que las futuras acciones de conservación deberían poner el foco en explorar el cultivo en laboratorio de ejemplares de Fuerteventura y su posterior reinserción en el medio natural, priorizando zonas con condiciones oceanográficas similares a las de la península de Jandía, el último refugio de la lapa majorera.

La Guardia Civil de Zamora ha investigado a un hombre como supuesto autor de un delito contra la flora y fauna por taponar en el municipio de Villardeciervos los nidos de una colonia de abejaruco europeo, una especie protegida, que habían sido obstruidos de forma intencionada por un apicultor de la zona.

Los agentes del Seprona de la Guardia Civil iniciaron la investigación tras comprobar que había trece nidos de Merops apiaster, especie conocida popularmente como abejaruco, completamente taponados y para ello se había utilizado un papel muy característico, así como restos de hojas secas y barro, según ha informado este lunes el Instituto armado en un comunicado.

Esos indicios materiales fueron recogidos por los agentes como evidencias del delito, tras lo cual centraron sus sospechas en los propietarios de asentamientos de colmenas próximos debido al impacto natural que esa especie avícola insectóvora tiene sobre las abejas.

Tras descartar algunas explotaciones colindantes, los agentes se entrevistaron con el titular de una próxima a los nidos, quien reconoció de forma espontánea haber taponado los nidos hacía un tiempo, por lo que se le ha investigado como supuesto autor de un delito contra la flora y la fauna.

El abejaruco europeo está incluido en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas.

Ecologistas en Acción ha presentado alegaciones a la modificación de la Ordenanza Reguladora del Tráfico en la isla de La Graciosa instando a la prohibición de excursiones con vehículos a motor y que solo se permita para emergencias, residentes por razones justificadas o labores de gestión del Parque Natural.

La organización solicita que el transporte de visitantes sea sustituido por un programa de visitas guiadas a pie o en bicicleta en coherencia con la “especial fragilidad ambiental” de La Graciosa y que el transporte entre los núcleos de la población sea público y colectivo y que el acceso a las pistas hacia Playa de las Conchas, Montaña Amarilla o Playa Francesa sea a pie o en bicicleta.

Así, considera que la modificación de la ordenanza “no se encuentra suficientemente justificada” desde el punto de vista técnico, jurídico y ambiental, pudiendo “comprometer” los objetivos de conservación que rigen uno de los espacios naturales de mayor valor ecológico del archipiélago canario.

La ordenanza vigente, aprobada en el año 2005, respondió precisamente a esta realidad, configurando un modelo de movilidad basado en la “excepcionalidad” del tráfico motorizado y en la prioridad de los desplazamientos peatonales y ciclistas, limitando estrictamente la circulación de vehículos a motor como instrumento esencial para preservar la identidad territorial y los valores ambientales de la isla.

El colectivo alude que los impactos medioambientales derivados del tráfico motorizado no depende exclusivamente del número de vehículos autorizados, sino también de la frecuencia de circulación, la reiteración de los recorridos, el aumento del tránsito sobre pistas de tierra, la compactación del suelo, la generación de polvo, el ruido, la alteración del paisaje y las molestias ocasionadas a la fauna silvestre.

La modificación ahora propuesta supone una “alteración relevante” de dicho modelo, particularmente mediante el incremento del número de vehículos destinados al servicio de excursiones, de 2 en el año 2005 a 15 en la nueva redacción.

Igualmente recuerda que el Tribunal Supremo ha señalado en reiteradas sentencias que las administraciones públicas no pueden reducir el nivel de protección ambiental ya alcanzado de un espacio protegido sin una justificación reforzada y el principio de no regresión actúa como un límite al ejercicio de la potestad discrecional de la administración.

El incendio de Ribas de Sil (Lugo), parroquia de Soutordei, continúa activo tras quemar 140 hectáreas. En este fuego fue preciso activar la Situación 2 por su proximidad a viviendas en el núcleo de Chenzas, desactivada en la madrugada del domingo.

Según informa la Consellería de Medio Rural y recoge Europa Press, las llamas obligaron a cortar la circuclación de tren entre las estaciones de Soldón-Sequeiros (en Quiroga) y San Clodio-Quiroga (en Ribas de Sil) durante la tarde del domingo, si bien Adif confirmó sobre las 22,45 horas del domingo que se había restablecido la tensión y de la línea y volver la circulación de la línea.

Este fuego, iniciado a las 18,22 horas del sábado, ha contado de forma acumulado con los siguientes medios: nueve helicópteros, ocho aviones, 31 motobombas, 41 brigadas, 30 agentes, cuatro palas y siete técnicos.

Por su parte, el incendio que afecta a los municipios coruñeses de Vimianzo y Laxe, en la Costa da Morte, fue controlado en la medianoche entre el domingo y el lunes tras arrasar 220 hectáreas.

Los fuegos iniciados en Vimianzo, parroquia de Salto, a las 20,16 horas del sábado, y en Laxe, parroquia de Nande, a las 21,55 horas de ese mismo día, acabaron uniéndose en un único frente.

En las tareas de extinción han trabajado hasta ahora de forma acumulada: tres helicópteros, un avión, 44 motobombas, 48 brigadas, 41 agentes, cinco palas, cuatro técnicos y cuatro unidades técnicas de apoyo.