Estimado Emiliano García-Page:

Leemos con auténtica preocupación sus declaraciones en el marco del acto institucional del Día Mundial del Agua que se celebró el 22 de marzo. Usted no está de acuerdo con los primeros planteamientos de los planes de cuenca, no quiere ajustes con el agua, quiere poder realizar personalmente parte de la gestión de las confederaciones hidrográficas porque quiere seguir despilfarrando el agua que nos pertenece a todos los habitantes de Castilla La Mancha.

Le recomendamos que cambie de asesores y se rodee de científicos e hidrogeólogos si de verdad quiere mejorar la vida de los habitantes de esta maltratada comunidad autónoma. Le vamos a aportar datos para reflexionar y para preguntarse dónde vamos con el actual despilfarro de un recurso vital imprescindible para la vida como usted mismo dice.

El agua, en contra de su personal creencia de abundancia infinita, es un recurso escaso. La mayor parte del agua en nuestro planeta es salada, el 97,5 % y tan sólo un 2,5 % del agua es dulce. Según datos de la FAO: disponemos de 9-14 millones de hm3 en el mundo disponibles para uso humano (es decir <0,04% del agua dulce). España, debido a su alto consumo actual en función del agua real de la que disponemos, es un país con estrés hídrico severo (Sanchez Gómez con datos de la FAO).

La mayor parte de los estudios de modelización sobre cambio climático realizados por la AEMET y el IPCC (panel intergubernamental para el cambio climático) muestran el arco mediterráneo como una zona “caliente” dónde el cambio climático va a tener un efecto importante. El IPCC muestra en un escenario de emisiones medias, con aumento de temperatura y variación en las precipitaciones una disminución de la escorrentía para finales de siglo, en el arco mediterráneo, entre un 30%-40%. España que actualmente tiene un estrés hídrico severo puede pasar a finales de siglo a estrés hídrico extremo.

Es una realidad basada en la Ciencia, que a pesar de que estos dos últimos años ha llovido abundantemente dándonos un respiro, que las modelizaciones realizadas sobre los efectos globales del cambio climático y los estudios de tendencias muestran que en España cada vez llueve menos; en la cabecera del Tajo, estudios realizados por la Universidad de Alcalá (UAH) comparando las precipitaciones en la zona en los periodos 1951-1980 y 1980-2022 demuestran que hemos tenido una disminución de lluvias de un 16%, un aumento de temperatura de 1º C lo que ha provocado una disminución en escorrentía de un 48% (efecto multiplicador). Los resultados de los estudios y tesis doctorales llevadas a cabo por la UAH muestran que en la cuenca del Tajo para finales de siglo, la escorrentía podrá variar entre un 25% y un 50% de media, pero con gran variabilidad dependiendo de las regiones (Tesis Doctoral Alejandro Sánchez Gómez, 2026).

Ante estos datos científicos, un buen gestor evitaría despilfarrar el agua y pondría en prioridad absoluta la resiliencia del territorio para poder abastecer de agua (ahora y a finales de siglo) a los habitantes de la comunidad autónoma: abastecimiento y calidad del agua respetando los caudales ecológicos para conservar nuestros ríos y humedales. Somos una comunidad y un país con estrés hídrico severo y todos nuestros esfuerzos deberían centrarse en conservar nuestros acuíferos y embalses evitando consumos por encima de nuestras posibilidades reales.

Sin embargo, se siguen impulsando nuevos proyectos bajo el mantra del crecimiento ilimitado: más regadíos, pero, sobre todo, nuevas industrias electro intensivas como son las fábricas de hidrógeno y los centros de datos, que acaparan todos los recursos hídricos y de energía eléctrica allí donde se instalan y que se caracterizan por su falta de transparencia de sus consumos de agua y energía (Valdivia, 2024).

En Guadalajara ya existen centros de datos en marcha, como el de Torija, y otros previstos en la capital y en Cifuentes, que van a multiplicar el “consumo de territorio” al requerir nuevos macroproyectos de renovables (eólica y fotovoltaica, subestaciones y líneas de alta tensión) para alimentarlos, expoliando campos agrarios, masas forestales y aumentando las expropiaciones de terreno.

Pero lo más preocupante es el ingente aumento de consumo de agua. Según su administración, dichos centros no tienen un consumo de agua significativo porque refrigeran sus instalaciones con aire seco las 24 horas. Sin embargo, tal afirmación no se ampara en ningún dato creíble: como es conocido a nivel internacional, cualquier instalación o raks que supere los 30Kw precisa un enfriamiento basado en agua debido al enorme calentamiento de los servidores. En consecuencia, los datos reales de consumo de agua multiplican escandalosamente las cifras anunciadas por las empresas, tal y como señalan diversos estudios: los nuevos centros de datos de Google, Microsoft, Meta y Apple tienen un gasto de agua superior en un 662% a las declaradas oficialmente (O´Brian, 2025). Sin embargo, las administraciones no están cuestionando estas previsiones, mientras las compañías eluden evaluaciones ambientales más exigentes al ubicarse en polígonos industriales, sin valorar el impacto real sobre los acuíferos subterráneos y embalses de los que pretenden abastecerse, incluidas las Confederaciones Hidrográficas, que deberían estar poniendo el grito en el cielo.

La experiencia internacional también debería servir de advertencia. Países con bastantes menos problemas hídricos que España, como los Países Bajos, ya han restringido la instalación de nuevos centros de datos precisamente por su elevadísimo consumo de agua. En otros lugares donde estas infraestructuras ya se han implantado, se han detectado impactos preocupantes como la desecación del territorio, el avance de la desertificación y tensiones crecientes en el suministro eléctrico.

Señor Emiliano García-Page, en los territorios rurales estamos saturados y hartos de proyectos que enriquecen a unos pocos mientras comprometen la calidad de vida y el futuro de nuestros pueblos. Si de verdad apuesta por una buena gestión, es el momento de priorizar la conservación del agua, proteger nuestros paisajes, apoyar la agricultura y la ganadería sostenibles e impulsar energías renovables a pequeña escala y comunidades energéticas. En definitiva, es el momento de apostar por un desarrollo que cuide el territorio que vamos a dejar a nuestros hijos y nietos.

Varios ex altos cargos del Gobierno andaluz, incluidas dos consejeras, no serán finalmente procesados por el caso de los gases tóxicos de la barriada del Guadalquivir, en el municipio sevillano de Coria del Río, una contaminación que sufren unas 4.000 personas. El colectivo que las aglutina, la Asociación de Vecinos Afectados por Tóxicos en Coria del Río, denunció a altos responsables de Salud (entre ellas, las dos consejeras) por un presunto delito de “prevaricación omisiva”, es decir, por inacción ante lo que estaba ocurriendo. La resolución judicial no es firme y todavía puede ser recurrida.

La denuncia –que llevó al juez a incoar las diligencias previas que ahora se cierran– incluía a Catalina García, consejera hasta 2024 de Salud y actual titular de Medio Ambiente, y a Rocío Hernández, su sucesora como responsable sanitaria en el Ejecutivo de Juan Manuel Moreno. Hernández cesó en el cargo el pasado mes de octubre arrastrada por la crisis de los cribados de cáncer de mama.

La entidad denunciante apuntó en total contra seis altos cargos, entre ellos la ex delegada territorial de la Consejería de Salud Regina Serrano y otros responsables del Servicio Andaluz de Salud (SAS), acusándoles de “inacción prolongada ante la exposición de la población a agentes químicos potencialmente tóxicos”. Ahora, el titular del Juzgado de Instrucción número 20 de Sevilla ha decretado –en un auto al que ha tenido acceso este periódico– el sobreseimiento y archivo de la causa “por no quedar debidamente justificada la perpetración de delito alguno, quedar esclarecido el hecho y no ser necesario la práctica de diligencias de investigación”.

Hasta cinco presuntos delitos

El caso que derivó en el señalamiento de las consejeras se remonta a 2017, cuando los vecinos de la barriada Guadalquivir denunciaron fuertes olores a gasolina incluso en el interior de sus viviendas, lo que habría derivado en problemas de salud de numerosos afectados. Los gases tóxicos provendrían presuntamente de una gasolinera cercana, lo que dio lugar a una investigación judicial por un posible delito contra el medio ambiente. El caso fue archivado a finales de 2024, pero se reactivó al confirmar la Fiscalía la existencia de “daño constatado en la salud y afección demostrada” a los vecinos.

En este contexto, la asociación vecinal decidió actuar también contra varios responsables sanitarios, a los que acusaban de no tomar cartas en el asunto para atajar el problema. En concreto, el año pasado les acusó de los delitos contra el medio ambiente, de prevaricación omisiva y prevaricación medioambiental omisiva, lesiones y tratos degradantes.

En cambio, el instructor considera que una querella “exige la existencia de una mínima apariencia de tipicidad penal” y que, como en este caso, “cuando resulta la inexistencia de indicios de la perpetración de un ilícito penal, la instrucción agota su función”. La base de la denuncia es la inacción de los altos cargos de Salud, algo que el auto descarta porque en todo momento actuaron conforme a la información que tenían.

Informes de Salud descartando riesgos

En concreto, señala que reclamó un informe a la actual Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencia para determinar los pasos dados por los querellados. “Los informes declaran que no hay riesgo significativo y que en el momento de emisión de los tóxicos no se puede concluir la existencia de un riesgo para la salud”, fue la respuesta obtenida.

Eso sí, el juez recuerda que esta conclusión “no es definitiva” y que están pendientes informes forenses para conocer el alcance de las lesiones en el marco de la causa que se sigue por un posible delito ambiental. Pero los ahora exculpados tomaron decisiones “basándose en dichos informes en el momento en que fueron emitidos”, de ahí que no accedieran a las peticiones que hacía la asociación, lo que “no supone automáticamente la comisión de un delito de prevaricación omisiva”.

En cuanto a la prevaricación administrativa o medioambiental, tanto activa como omisiva, “trata de castigar supuestos arbitrios, circunstancias que no han sido acreditadas en el presente procedimiento”. Si no se da este caso, argumenta el magistrado, “tampoco queda probada la relación causal de la inactividad de la administración con las lesiones denunciadas”.

Tirón de orejas a los denunciantes

Asimismo, no aprecia pruebas del “trato degradante denunciado”, ya que no acceder a las peticiones del colectivo vecinal “no conlleva la comisión de un delito de trato degradante”. Y cierra su auto con un tirón de orejas a los denunciantes: “No se puede acudir a la jurisdicción penal para obtener lo que se ha rechazado en sede contencioso-administrativa, máxime cuando la vía penal es la última ratio”.

Así que su conclusión es que “no aparece suficientemente justificada la perpetración del delito que ha dado lugar a la causa”, por lo que acuerda el sobreseimiento provisional de la misma. La decisión no es firme porque todavía los querellantes pueden interponer recurso de reforma o de apelación.

Los defensores del medio ambiente no son los únicos críticos con las políticas desplegadas por la Xunta desde la Consellería de Medio Ambiente. La responsable de este departamento, Ángeles Vázquez, se acaba de poner en contra también a los cazadores, a pesar de que el Gobierno gallego se ha inclinado por aplicar políticas favorables para sus intereses. El motivo son las medidas aplicadas para “controlar” la población de jabalí en Galicia, que se han traducido en la declaración de una emergencia cinegética, es decir, en autorizar que se cace esta especie sin limitaciones. “Su efectividad real en el campo es sencillamente ridícula”, afirma la Unión de Tecores y Cazadores de Galicia (Unitega), que agrupa a unas 11.000 personas y cerca de un centenar de tecores -terrenos cinegéticamente ordenados-.

A la crítica de la falta de efectividad le añaden varias más. Unitega cree que los anuncios relacionados con el jabalí son una estrategia propagandística por parte de la Consellería de Medio Ambiente, un “paripé” para sostener que ha tratado de reducir el número de ejemplares y, en caso de complicaciones, como una posible entrada de la peste porcina africana, poder descargar responsabilidades sobre los cazadores. “La realidad que vivimos día a día en el monte demuestra que la administración nos quiere utilizar como una cortina de humo. La intención es clara: descargar sobre las espaldas de los tecores toda la responsabilidad en caso de que se acaba produciendo un positivo de peste porcina en Galicia”, asegura la agrupación, que pone el foco también sobre un desencuentro que ha llevado a que los cazadores aireen su oposición a las políticas de la Xunta. Rechazan que se introduzca una modalidad típica de la caza menor, que es la denominada caza en mano, para el jabalí, que es caza mayor. Avisan de que va a haber menos control y un aumento del riesgo de accidentes.

El secretario de Unitega, Antonio Mota, insiste, en conversación con elDiario.es, en que la Consellería de Medio Ambiente está dando mucha publicidad a la emergencia cinegética para trasladar “una imagen de que se están tomando medidas”. La Xunta está recurriendo a estos permisos para cazar jabalíes sin límite desde hace unos años. Primero lo justificó con las denuncias de los ganaderos por las pérdidas causadas al entrar estos animales en los terrenos cultivados y con los accidentes de tráfico con ejemplares implicados. Con el brote de peste porcina africana en Catalunya, detectado en esta especie, la vinculó también a la prevención para evitar la enfermedad.

Mota avisa de que, mientras tanto, hay “una ceguera voluntaria” sobre lo que considera “verdaderas vías” potenciales para la entrada de la peste porcina: productos cárnicos procedentes de zonas afectadas por la enfermedad y la introducción de los mismos por parte de humanos. Considera que la administración autonómica debería hacer una campaña informativa para avisar de los riesgos de que queden restos en zonas naturales o transitadas por personas a las que puedan acceder jabalíes. Y cree que las autovías A-6 y A-52 son “puntos calientes” porque los viajeros que pasan por ellas pueden dejar atrás, por ejemplo, un bocadillo de embutido contaminado. Recuerda que esta fue la teoría a la que se le dio más peso en el brote registrado en diciembre de 2025 en Catalunya.

“Es mucho más fácil firmar papeles de emergencia cinegética en un despacho y señalar al cazador que realizar un trabajo de campo y prevención real en las infraestructuras viarias”, protesta Unitega, que dice que “el silencio ya no es una opción” para los cazadores porque consideran que “la inacción institucional y las medidas puramente de cara a la galería” están abocando a “un desastre sanitario” del que creen que van a ser culpados de forma “premeditada”. Las medidas de la Xunta, insisten, “son tan poco realistas que apenas hay solicitudes”. Mota indica que lo normal es que la caza del jabalí se permita los jueves, sábados, domingos y festivos y que, con la emergencia cinegética, estos animales pueden ser abatidos todos los días. Pero es “innecesario”, dada la cantidad de jornadas en las que ya se puede hacer. La actividad, recalca, se concentra el fin de semana y solo algunos jubilados salen también los jueves.

“Una vez más, la Consellería de Medio Ambiente trabaja para la galería: solo buscan transmitir a la parte de la sociedad ajena a la caza una falsa sensación de control, tanto respecto a la peste porcina africana como a los continuos daños agrícolas o los accidentes de tráfico provocados por la fauna. Y no, no está bajo control”, afea la agrupación.

Mato se detiene también sobre la nueva modalidad que quiere permitir la Xunta para cazar el jabalí. Expone que los cazadores en Galicia suelen salir organizados en cuadrillas, en las que hay al menos ocho personas y en las que una de ellas actúa como responsable del grupo. Al aplicar la modalidad de la caza en mano, señala, serían suficientes dos personas para recorrer el monte en busca de animales a los que disparar. Pero para matar a un jabalí son necesarias balas. “Es otro nivel. Pasamos de una caza organizada a una caza que puede ser bastante más incontrolada”, protesta. La intención de la Xunta, según trasladó en reuniones recientes con representantes de los cazadores, es publicar en breve la orden en la que se va a permitir esta modalidad para abatir jabalíes, con la idea de hacerla opcional y que sean los tecores los que decidan si solicitarla o no. Mota dice no tener dudas de que habrá un cierto número que sí lo hará y eso le preocupa.

Todos los entornos escolares de Logroño, excepto el del CEIP Ana María Matute, están por encima de los niveles de dióxido de nitrógeno (NO₂) considerados seguros por la OMS. Éste es el resultado obtenido en la capital riojana por una campaña estatal de ciencia ciudadana en la que participaron el grupo local de Ecologistas en Acción y FAPA Rioja y más de una veintena de personas voluntarias de todas las edades.

En Logroño se instalaron 34 captadores en otros tantos entornos escolares distintos. Los dispositivos permanecieron instalados durante un periodo de tres semanas, entre el 8 y el 30 de noviembre de 2025, y han permitido obtener una muestra representativa de los niveles de concentración de NO₂ en distintos puntos de la ciudad.

Estudio completo: la calidad del aire en todos los centros escolares

Todas las mediciones, excepto la correspondiente al entorno del CEIP Ana María Matute, superan los 10 µg/m³, valor anual considerado seguro por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esto implica que el 97% de los entornos escolares está expuesta a niveles considerados inseguros por el citado organismo internacional. Además, resulta muy preocupante que el entorno del CPC Agustinas supere los 30 µg/m³ y el del CEIP Vuelo Madrid Manila esté muy próximo a ese valor, lo cual supone un 300% más de los valores anuales considerados seguros por la OMS.

El estudio ha identificado cuatro entornos escolares, los de CPC Agustinas, CEIP Vuelo Madrid Manila, CEIP Caballero de la Rosa e IES Duques de Nájera, con niveles superiores a 25 µg/m³, lo que supera, en la media de las tres semanas analizadas, el límite diario considerado seguro por la OMS, esto es, durante tres semanas han superado de media un límite que, según la OMS, no debería superarse ni en un solo día.

Además, un total de 15 centros escolares (45,45%) superan los 20 µg/m³, límite anual establecido en la nueva Directiva europea de calidad del aire aprobada en octubre de 2024, cuya entrada en vigor está prevista para 2030. Además, cinco centros (15,15%) presentan valores muy cercanos a ese límite, por encima de los 19,4 µg/m³. En consecuencia, el 60,60% de los entornos escolares medidos se encuentra incumpliendo o en riesgo inminente de incumplir la normativa europea.

Por otro lado, el análisis de estos datos pone de manifiesto una relación directa y significativa entre la intensidad del tráfico rodado a motor y los niveles de contaminación registrados. En concreto, el entorno del CPC Agustinas registra el valor más alto (32,9 µg/m³), coincidiendo con una de las vías con mayor intensidad de tráfico. Este valor triplica los niveles recomendados por la OMS y supera en más de un 50% los futuros límites europeos.

Tambuién el CEIP Vuelo Madrid Manila (29,5 µg/m³), la proximidad a calles con múltiples carriles de circulación (tres en República Argentina y dos en Huesca) explica los elevados niveles registrados y recoge que es “especialmente preocupante” que el patio escolar de infantil se ubique junto a esta intersección. El CEIP Caballero de la Rosa (26,9 µg/m³) presenta una alta exposición debido a la confluencia de hasta 14 carriles de tráfico a motor y la presencia de un gran aparcamiento y el entorno del IES Duques de Nájera (26,1 µg/m³) también muestra niveles elevados en una zona de gran densidad circulatoria.

Otros centros con valores superiores a 20 µg/m³, lo que incumple la Directiva comunitaria, están igualmente asociados a alta densidad de tráfico, incluyen: CEIP Las Gaunas, IES Cosme García, CPC Jesuitas, CPC Escolapias del Sotillo, CEIP Doctores Castroviejo, CEIP Duquesa de la Victoria, IES Tomás Mingot, CEIP Espartero y Hermanos D’Elhuyar.

Además, los responsables del estudio resultan el ejemplo del IES Batalla de Clavijo, donde se colocaron dos captadores, en el exterior (16,79 µg/m³) y en el interior (10,8 µg/m³), lo que muestra la relación entre el tráfico y la contaminación atmosférica. “Esto supone una concentración un 55,46% mayor en la zona expuesta al tráfico, evidenciando el impacto directo de este factor”.

Efectos altamente nocivos para la población

“Todos estos resultados son muy preocupantes”, dicen desde FAPA y Ecologistas en Acción, responsables de la medición.. El dióxido de nitrógeno (NO₂) es un compuesto altamente oxidante con efectos nocivos directos sobre la salud humana. Por su vía de entrada al organismo a través de la respiración, el NO₂ genera importantes problemas respiratorios, como un aumento de la incidencia de asma, enfermedades inflamatorias bronquiales o pulmonares, patología irritativa y alérgica. 

Más allá de esto, al tratarse de un importante proinflamatorio puede asociar efectos mucho más severos en el ámbito de la salud cardiovascular o cerebral. Valga como ejemplo un reciente estudio publicado en 2026 que identifica al dióxido de nitrógeno y al ozono (resultante de forma secundaria de los niveles del primero) como los dos principales contaminantes responsables de los ingresos en urgencias asociados a enfermedades neurológicas en 10 provincias españolas (Iriso el al (2026). How air pollution and extreme temperatures affect emergency hospital admissions due to neurological diseases: A study in 10 Spanish provinces. Atmospheric Environment, 364, 121663).

La elección de los entornos escolares para su medición no es casual. “La infancia constituye uno de los grupos más vulnerables a la contaminación atmosférica debido a varios factores fisiológicos: mayor frecuencia respiratoria, mayor proporción de aire inhalado en relación con su peso corporal, mayor actividad física al aire libre y la inmadurez tanto de sus pulmones como de su sistema inmunitario. Todo ello incrementa significativamente el impacto de los contaminantes sobre su salud”, recalcan.

En definitiva, los responsables del estudio subrayan que los datos obtenidos “evidencian una relación clara entre el tráfico motorizado y los niveles de contaminación por NO₂ en los entornos escolares de Logroño” y que esta situación supone “un riesgo significativo para la salud de la población infantil, especialmente en aquellos centros con niveles superiores a 25 µg/m³”.

Por ello, Ecologistas en Acción y Fapa Rioja consideran imprescindible la implantación urgente de Zonas de Bajas Emisiones en todos los entornos escolares, la priorización de actuaciones en los centros con mayores niveles de contaminación y el cumplimiento efectivo de la Ley de Cambio Climático y su normativa de desarrollo. “Garantizar una buena calidad del aire en los entornos escolares no solo es una obligación legal, sino una medida esencial para proteger la salud de la infancia y avanzar hacia un modelo de ciudad más sostenible y habitable”.

Cada vez que se encienden los medidores, la evidencia se impone: el aire que respiran los alumnos y alumnas al entrar, salir o estar en sus escuelas es nocivo para su salud. En esta ocasión, los datos recopilados por Ecologistas en Acción dicen que, de los más de 400 centros escolares analizados en 54 localidades, el 96% tienen niveles de dióxido de nitrógeno (NO2) por encima de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Las mediciones culminadas en 2026 se unen a las otras cuatro campañas coordinadas por la organización. La cinco oleadas reflejan que solo 20 escuelas de las 985 en las que se analizó el aire de sus entornos cumplen las recomendaciones de la OMS. El NO2 provoca en los niños y niñas problemas respiratorios y perjudica la capacidad de atención, según han constatado diversos estudios.

Para este año, solo 17 escuelas se quedan por debajo de los 10 microgramos/m3 de aire que es la concentración máxima indicada por la OMS. Y 163 (un 39% del total) respetan el umbral revisado por la Unión Europea de 20 microgramos que será obligatorio a partir de 2030.

En la misma línea, el 60% de los centros analizados superan ese tope e, incluso, el 2% se fue por encima de los 40 microgramos que es el nivel máximo legal actual.

A las lecturas del aire exterior en los alrededores de edificios, se les ha añadido algunas catas del interior en 34 escuelas. Ahí, el 80% tenían una concentración de contaminación más allá del umbral OMS. “Es un reflejo de los elevados niveles de NO2 en el entorno que llegan a entrar al interior”, exponen las conclusiones de este trabajo de ciencia ciudadana.

Los núcleos urbanos analizados en esta campaña –y en las anteriores– pueden verse en el mapa creado por Ecologistas en Acción. Para 2026, los voluntarios han pasado por centros de Barcelona, Bilbao, Donostia, Logroño, Murcia, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Santander, Salamanca o Palma, entre otros.

Los resultados agregados de estas cinco campañas muestran una situación que obliga a una “urgente acción local para reducir la contaminación que respiran niñas y niños”, afirman los ecologistas.

Cuando se mira el panorama general dibujado por la acumulación de datos desde 2022, solo el 22 % de los centros analizados en todas las campañas cumplen los límites de la nueva directiva europea y en uno de cada diez centros escolares no se cumple la actual normativa vigente.

Lo que ocurre en los entornos escolares no deja de ser una prolongación de lo que pasa en el resto de ámbitos. La contaminación del aire en España conlleva “uno de los principales riesgos ambientales para la salud”, como recuerda el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).

“La evidencia científica demuestra que incluso niveles bajos de exposición conllevan impactos perjudiciales”, ha apuntado el ISCIII en su monografía específica sobre polución del aire. Entre los impactos generales se cuentan “el aumento de la morbimortalidad por causas circulatorias, respiratorias, endocrinas, mentales y del sistema nervioso”.

Su conclusión es que “cada año se producen 62.000 ingresos anuales urgentes a corto plazo atribuibles a la contaminación, lo que representa el 2,5% de todos los ingresos urgentes que se producen en España”.

¿Qué está detrás?

El principal foco de dióxido de nitrógeno en las ciudades es el tráfico. Por eso, Ecologistas reitera que “para preservar la salud infantil” debería “pacificarse el 100% de los entornos escolares mediante la restricción del tráfico motorizado”.

En este sentido cabría limitar la velocidad a 20 km/h, crear caminos escolares y carriles bici “seguros” para poder llegar a la escuela, limitar el aparcamiento además de “monitorizar los niveles de contaminación atmosférica y acústica”.

Y, lógicamente, esto implica “priorizar el transporte público, el compartido, en bicicleta y peatonal”, insiste la organización, para facilitar el acceso a los centros escolares con menos necesidad de utilizar el coche privado de combustión de cuyos tubos de escape salen los gases contaminantes.

La cuestión del aire contaminado por el tráfico en los colegios es una preocupación, al menos de las familias, desde hace años. En 2021 saltó la revuelta escolar en Barcelona que cada dos semanas sacaba a las calles a escolares y progenitores para reclamar la reducción del tráfico y unos accesos al centro más seguros, con más espacio y menos ruido.

De hecho, los expertos del ISCIII han estudiado que el ruido cerca de los colegios en ciudades como Madrid, puede llegar a ser un factor todavía más perjudicial que la contaminación en menores de 14 años y eso que el NO2 y las micropartículas (PM) ya “tienen una afectación importante”.

Con todo, desde Barcelona, la revuelta escolar saltó también a Madrid donde consiguió algunos logros como la ampliación de aceras en algún centro educativo. A la luz de los datos recogidos en este trabajo, queda mucho aire por limpiar.

Tapices sintéticos. Macrodiscotecas. Viviendas de lujo. Casi cualquier cosa vale para intentar mantener la rentabilidad económica de las montañas. Si el cambio climático causado por los humanos hace que escasee la nieve sobre la que se sustenta el negocio del esquí, afloran ideas para seguir adelante, casi siempre, a costa del medio ambiente.

Es lo que parece estar sucediendo en el Sistema Central –una de las principales víctimas del calentamiento global–. Tanto en la sierra de Guadarrama como en la de Ayllón han brotado planes para tratar de prolongar como sea el esquí o incentivar el turismo masivo y el urbanismo asociados a las estaciones.

En Guadarrama, y en un monte justo al lado del parque nacional, como la Justicia ha fallado finalmente que la estación de esquí de Navacerrada en su vertiente de Segovia tiene que desmantelarse para iniciar la recuperación ambiental, se ha desempolvado un plan para incrementar el uso de las pistas en la parte madrileña, aunque allí nieva menos y nunca ha habido cañones para fabricar manto blanco. ¿Cómo? Poniendo tapetes sintéticos por los que deslizarse.

La manera de rescatar la idea tras la decisión definitiva del Tribunal Supremo ha sido montar una reunión entre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la cabeza visible de la plataforma Hijos del Guadarrama, María Jesús Martín-Merino, para explicar lo que llaman Navacerrada 365.

En realidad, el “proyecto” se hizo público el 1 de julio de 2025. Y decía que “apuesta por un puerto de Navacerrada abierto todo el año”. El alcalde de la localidad, Jorge Herrero (PP), avaló la idea. “Esquí alpino, de fondo y en tapiz”. También “nuevos espacios de aparcamiento” en un lugar que padece atascos masivos durante los inviernos. El tapiz plástico pensado para instalar sobre la ladera de la montaña tiene 30.000 m² y 360 de longitud.

Díaz Ayuso –que ha utilizado la estación como campo de lucha contra el Gobierno de Pedro Sánchez (dueño del suelo) que quiere recuperar los ecosistemas de la montaña– se vio con los promotores el 6 de abril. Eso sirvió para aparecer profusamente en medios de comunicación que presentaron 365 como una novedad de “pistas verdes” o el “renacer” de Navacerrada.

El aviso de que la crisis del clima iba a impactar especialmente en la economía de las montañas sonó hace décadas. Ya en una investigación del año 2002 podía leerse: “Como una industria que se verá severamente afectada por el cambio climático, el turismo [de nieve] tendrá que centrarse en las estrategias de mitigación, por ejemplo, menores emisiones de gas del tráfico de los turistas”. Y añadía que “detrás de los costos para el turismo están las personas directamente afectadas que perderán sus formas de vida. Ellos no podrán adaptarse tanto como los turistas que pueden, simplemente, ir a otros sitios”.

Los jueces anulan las viviendas 'premium'

En la sierra de Ayllón, en la estación de La Pinilla, el responsable de Ecologistas en Acción, Claudio Sartorius, ha recibido hace apenas un mes la sentencia favorable del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que anula el plan de la empresa gestora para levantar allí diez viviendas de lujo. “El proyecto se les viene abajo sin el plan urbanístico porque la nieve es una ruina”, cuenta ahora a elDiario.es. “No es que no puedan fabricar nieve –que tampoco tienen permiso para usar el agua de la Confederación Hidrográfica– es que la que se fabrica no dura”.

La estación de esquí segoviana nació a finales de la década de los 60 para una promoción urbanística de miles de viviendas. “Con la nieve parecía que el modelo funcionaba, pero al dejar de caer, decayó. Ahora vemos casas decrépitas y bloques fantasma”, rememora el ecologista.

Pensé: si paro esto, paro lo que viene detrás. Sin el plan urbanístico, el proyecto se les viene abajo porque la nieve es una ruina

Claudio Sartorius — Responsable de Ecologistas en Acción en Segovia

De hecho, al decaer el negocio, la estación pasó a manos públicas y ser gestionada por la Diputación de Segovia junto a la Junta y Caja Segovia. Finalmente, vendieron la instalación al Ayuntamiento de Riaza por una peseta en el año 2000.

Como los números del esquí seguían sin salir, el Consistorio privatizó la gestión de La Pinilla a una empresa por un canon de 150.000 euros anuales que es la actual promotora de estos proyectos.

Cuando Sartorius vio el proyecto de viviendas premium pensó: “Si paro esto, paro lo que viene detrás”. E interpuso el recurso judicial que ha terminado ganando. Lo que “venía detrás” era “llenar de casitas la montaña hasta la cumbre flanqueando las pistas”.

Sin embargo, no es la única iniciativa que afecta a un monte a 300 metros del espacio protegido Sierra Norte de Guadalajara y pegado a la zona de especial conservación Sierra de Ayllón. La empresa dio a conocer a principios de este año que quiere construir una gigantesca pista de baile de 12.000 personas y 7.000 m² en plena montaña. En las instalaciones ya se han celebrado sesiones musicales multitudinarias, pero el plan es tener un domo de conciertos contra el que han alegado organizaciones como Plataforma Ecologista o Salvemos el Pico del Lobo.

Son solo tres ejemplos con fecha muy reciente sobre las ideas que brotan más de dos décadas después de que asomaran los avisos científicos sobre el riesgo que el calentamiento global generado por los humanos suponía para este modelo económico instalado en las cumbres. No son los únicos ni la única cadena montañosa española implicada.

Sin ir más lejos, en los emblemáticos Pirineos, surgió un plan para unir varias estaciones de esquí situadas en los valles Aragón y Tena –Formigal, Candanchú y Astún–. El proyecto pretendía la construcción de una telecabina de 4,3 km con 37 torres a través del canal Roya. También contemplaba la creación de una carretera de evacuación y dos estaciones intermedias.

Al plantearse una fuerte oposición de diversos grupos sociales, con manifestaciones incluidas, por el momento, el Gobierno de Aragón ha desistido de la idea. “Podría reactivarse o modificarse con futuras decisiones políticas y administrativas”, alertan desde Greenpeace. Los ecologistas pretenden la declaración de parque natural de la zona para su conservación legal.

Organizaciones ecologistas han mostrado su indignación por la publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha el pasado 10 de abril de la concesión de autorización ambiental integrada al proyecto de una granja avícola de casi un millón de gallinas en San Clemente (Cuenca), promovido por el grupo Rujamar.

La coordinadora 'Stop Ganadería Industrial', que agrupa a organizaciones como Ecologistas en Acción, Greenpeace o Amigas de la Tierra, y la plataforma vecinal 'Stop macrogranja de gallinas de San Clemente, Casas de Los Pinos y Villarrobledo' han alertado de que, de llegar a construirse, esta granja será “la explotación de gallinas más contaminante de España en cuanto a emisión de amoniaco”, y generará más de un millar de toneladas de gallinaza al mes.

Según han trasladado en un comunicado de prensa, la explotación incluye 810.000 gallinas ponedoras y 187.500 de recría, producirá 235 millones de huevos al año y, a juicio de estas organizaciones, contribuirá al agravamiento “de la ya deficiente calidad del agua del acuífero Rus-Valdelobos”.

Estos colectivos califican de “inadmisible” que en un escenario de crisis climática y tras el sacrificio de “millones de aves” por la gripe aviar, el Gobierno de Castilla-La Mancha haya dado luz verde a “un proyecto de dimensiones faraónicas”.

Asimismo, han afirmado que el proyecto está a 700 metros de la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) de San Clemente, lo que puede incrementar el riesgo de contagio de gripe aviar procedente de aves silvestres, y han aseverado que las macrogranjas son “una auténtica bomba de relojería”.

Presentarán alegaciones

Estas organizaciones han anunciado que presentarán alegaciones a la solicitud de concesión de agua, que está en proceso de participación pública en la Confederación Hidrográfica del Guadiana, y también al Real Decreto que establecerá las normas de ordenación de explotaciones ganaderas.

La resolución publicada el 10 de abril en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha recoge que las parcelas están a 4 kilómetros del núcleo más cercano, que es Casas de Roldán (Cuenca), que no afecta a ningún espacio natural protegido y que el cauce más cercano se encuentra a 8,5 kilómetros

La Fiscalía ha anunciado este lunes, en el primer día del juicio que se vuelve a celebrar contra la antigua cúpula de Sniace por vertidos al río Saja entre 2008 y 2010, que rebajará su petición de cárcel para los ocho acusados de 16 a 6 meses, al eliminar la continuidad del delito contra los recursos materiales y el medio ambiente que aprecia en los hechos.

Este juicio, a cargo de la Plaza número 2 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Santander, se vuelve a celebrar después de que la Audiencia de Cantabria anulara parcialmente la vista y la sentencia en la que se condenó a los exconsejeros y al jefe de operaciones de esa empresa de Torrelavega, cerrada desde 2020, a tres meses y medio de cárcel, siete meses de inhabilitación y 900 euros de multa, y acordara también que se practicaran dos pruebas testificales que no se admitieron antes.

La Fiscalía acusa al que fuera jefe de operaciones de la compañía como autor material de un delito contra los recursos materiales y el medio ambiente, pues cree que fue el responsable de la decisión de realizar los vertidos contaminantes. También acusa al presidente de la compañía y al resto del consejo de administración como autores del citado delito, ya que considera que cometieron el ilícito por omisión, al ser conocedores de los hechos y no oponerse o prohibir los mismos.

En las cuestiones previas, las defensas han interesado la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, la prescripción de los hechos y la nulidad del proceso, al entender que la llamada a la instrucción de sus clientes se produjo tarde, lo que, en opinión de los letrados, supone “indefensión”, y también al considerar “indebida” la recusación del anterior juez.

La jueza ha señalado que se apreciarán las dilaciones indebidas muy cualificadas y ha rechazado en este momento el resto de cuestiones mencionadas, sin perjuicio de lo que pueda plantearse, en su caso, en la sentencia. Al tratarse de penas inferiores a dos años, la jueza ha dado la opción a los acusados de abandonar la sala. Cinco de ellos han salido y dos se han quedado, mientras que el octavo no había acudido por motivos médicos.

Testimonios

El primer testigo en declarar ha sido quien fuera jefe de Servicio de Prevención y Control de Contaminación de la Dirección General de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria, que decidió hacer informe sobre Sniace porque la situación “ya era insostenible”. “Todos los días teníamos denuncias”, ha apuntado a preguntas del ministerio público, antes de señalar que era “muy difícil” trabajar con políticos.

También ha testificado un vecino que presentó varias denuncias por vertidos que, según ha recordado, eran líquidos “rojizos, tirando a marrón”, con un olor “fuerte” y que dejaban “turbidez” en el agua.

Ha sostenido que eran “vertidos clandestinos”, porque se producían por la noche, y ha aludido a sus efectos sobre la vida piscícola del río. “Era inexistente en el punto donde se vertían”, ha apuntado este vecino, que en una ocasión vio dos cormoranes muertos en la zona.

Penas

La pena solicitada por la Fiscalía para cada uno de los acusados, además de los séis meses de prisión, es de multa de 12.000 euros e inhabilitación especial para ejercer cualquier actividad relacionada con la emisión de vertidos al medio natural por tiempo de un año.

Y pide que todos ellos indemnicen conjunta y solidariamente al Estado en la cantidad que se fije en sentencia o en ejecución de la misma por el perjuicio causado al medio natural.

Además de la Fiscalía, están personadas dos acusaciones particulares: Ecologistas en Acción, que se suma a la petición de la Fiscalía, y la Abogacía del Estado, que pide para cada uno de los ocho acusados una pena no inferior a dos años de prisión.

La indemnización solicitada por la Abogacía del Estado para que abonen de manera conjunta y solidaria los ocho acusados asciende a 49,87 millones de euros. El juicio se celebrará durante cinco jornadas, hasta el 22 abril. 

Para la Sociedade Galega de Ornitoloxía (SGO) la actitud de la Xunta con respecto a las aves es negligente: asegura que hay una desatención institucional que está contribuyendo al declive de numerosas especies y que ha hecho que el Catálogo Galego de Especies Amenazadas, lejos de ser una garantía para la atención de poblaciones vulnerables, se haya convertido en “un listado de extinciones anunciadas”. La avifauna gallega pasa por “uno de sus momentos más críticos” y no es solo por las presiones ambientales, sino por la parálisis de la administración autonómica.

La SGO organizó el pasado fin de semana un encuentro que reunió a más de medio centenar de especialistas en A Pobra do Caramiñal (A Coruña). La conclusión es demoledora, hay “un declive general” de la población de aves y, de las 30 especies de este tipo de animales que están incluidas en el catálogo de especies amenazadas, solo cinco tienen una tendencia positiva. Otras 13 siguen cayendo pese a estar dentro de esa lista que obliga legalmente a la Xunta a elaborar planes de recuperación para las especies en peligro de extinción y de conservación para las catalogadas como vulnerables. Y hay 12 más de las que estos expertos denuncian que no existen siquiera datos para evaluar su estado.

La labor de la Xunta -en concreto, de la Consellería de Medio Ambiente que dirige Ángeles Vázquez- fue el centro de las críticas de la jornada, a la que el Gobierno gallego declinó enviar a algún representante, según señala la SGO. El incumplimiento de la normativa es “sistemático”. A pesar de que el catálogo de especies amenazadas existe desde 2007, solo tres de las 201 especies incluidas tienen un plan de protección en vigor. Dos de ellas son aves: la escribenta das canaveiras (el escribano palustre, Emberiza schoeniclus L. subsp. lusitánica Steinbacher) y la píllara das dunas (el chorlitejo patinegro, Charadrius alexandrinus L.).

El análisis de la situación del escribano palustre y el chorlitejo patinegro valió para ilustrar que estar dentro del listado e incluso tener un plan de protección no hace que las especies estén atendidas. Sobre la segunda, los ornitólogos confirmaron que Galicia y Baleares son las dos únicas comunidades autónomas en las que hay una tendencia positiva. Para esta ave hay medidas y presupuestos, señalan: 1.000 parcelas instaladas para proteger los nidos de los depredadores, cierres perimetrales para que los polluelos tengan tranquilidad y un programa que permitió liberar 200 ejemplares en el medio natural desde 2018. Pero el caso del escribano palustre es la antítesis. Tiene un plan aprobado desde 2013, pero está “congelado administrativamente” y las poblaciones registran un “descenso catastrófico” del 60% desde 2007 y desapareció de seis localidades históricas de cría. La subespecie lusitanica, solo presente en Galicia y el norte de Portugal, “se encamina hacia una desaparición irremediable”, avisan.

Pero la lista de preocupaciones es larga: los ornitólogos piden que se incluyan en el catálogo de especies amenazadas la gaviota patiamarilla (Larus michahellis), la garceta (Egretta garzetta), la focha común (Fulica atra) o la grajilla occidental (Coloeus monedula). En zonas húmedas y medios agrarios destacan como especialmente negativa la situación del zarapito real (mazarico real en gallego, Numenius arquata), del que queda una única pareja reproductora. Citan también la avefría (Vanellus vanellus), cuyos nidos son “arrasados por tractores en plena campaña agrícola” pese a que es una especie en peligro y el alcaraván común (pernileiro en gallego, Burhinus oedicnemus), del que quedan dos parejas en Corrubedo y algún núcleo residual en las comarcas de A Terra Chá y A Limia.

 En cuanto a las aves marinas, destacan al paíño europeo (Hydrobates pelagicus) con un descenso que califican de notable en su colonia principal, que relacionada con la presencia de depredadores como el visón americano, y el cormorán moñudo (Gulosus aristotelis), que no se ha recuperado del “colapso” que supuso el desastre del Prestige hace más de 20 años. También recalcan que Galicia resulta crucial para la pardela balear (Puffinus mauretanicus) como zona de paso en su migración. Esta especie atraviesa áreas que coinciden “peligrosamente” con zonas proyectadas para la eólica marina.

Algunas rapaces aparecen recurrentemente entre las especies con más riesgo: la tartaraña (aguilucho cenizo, Circus pygargus) y la gatafornela (aguilucho pálido, Circus cyaneus) pierden sus hábitats como consecuencia de la política forestal de la Xunta, señala la SGO, que recuerda que su declive es acentuado. El águila real (Aquila chrysaetos) registra una ligera expansión, pero sigue amenazada también por las extensiones de especies de cultivo como los pinos y el eucalipto, que señalan que son pirófitas y ardieron (fundamentalmente pinos) en los grandes incendios de agosto de 2025. Los especialista encontraron pocos motivos de optimismo en la jornada, pero señalaron como positivo el proyecto del colirrojo real (Phoenicurus phoenicurus) en Trives, en donde un programa privado de instalación de cajas nido permitió que se alcanzasen las mayores densidades mundiales, aseguran.

Falta de transparencia

La SGO también recordó especies ya extintas en Galicia: el arao (Uria aalge) ha desaparecido como reproductor, al igual que el sisón (Tetrax tetrax) y la gaviota tridáctila (Rissa tridactyla), mientras que el urogallo (pita de monte, Tetrao urogallus) hace años que no se encuentra en la comunidad.

Entre las denuncias de los ornitólogos están que la Xunta no presta atención a la conservación y destina recursos que califican de ridículos a la tarea. Además, la acusan de falta de transparencia porque en varios de los censos que realiza no difunde los datos para que la comunidad científica los pueda estudiar. Esta opacidad, dicen, obliga a que sean las iniciativas privadas y de voluntarios las que se ocupen de hacer un seguimiento de las poblaciones. Llaman la atención sobre que el catálogo de especies amenazadas está obsoleto. Hay especies que “viven en estado burocrático” en ese listado, pero en el terreno están desapareciendo. Otras deberían figurar en él, pero siguen sin incluirse. “Sin un cambio radical en la política de la Xunta que transforme los planes de papel en acciones sobre el terreno, la ornitología gallegga seguirá siendo la crónica de cómo nuestras aves aprendieron a desaparecer en un mar de burocracia”, concluyen.

La biodiversidad que Canarias aporta al mundo está a la altura de la de los archipiélagos más biodiversos como Hawái, la Polinesia en general, Galápagos o las Islas Mascareñas. En todos estos casos, la condición de archipiélago volcánico marca el curso de la vida, que necesariamente ha tenido que llegar de fuera y, tras quedarse aisladas, desarrollar sus propias características endémicas, como es el caso del pinzón azul de Gran Canaria, el lagarto gigante de El Hierro o el drago de Gran Canaria entre otros cientos.

Según la información disponible en el banco de datos oficial Centinela, el archipiélago cuenta actualmente con 457 especies silvestres protegidas, clasificadas en cuatro categorías definidas por la Ley 4/2010, de 4 de junio, del Catálogo Canario de Especies Protegidas.

Se trata de 130 especies “en peligro de extinción”, aquellas cuya supervivencia es poco probable si los factores causales de su situación continúan actuando; 91 especies “vulnerables”, taxones que podrían pasar al nivel anterior si no se corrigen los factores adversos o por la degradación de su hábitat; 98 especies de “protección especial”, merecedoras de atención por su valor científico, ecológico o cultural, aunque no se encuentren en riesgo alto; y 138 especies de “interés para los ecosistemas canarios”, relevantes por su papel en la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos o en la Red Natura 2000.

Hábitat y ecosistemas

Para el doctor en Ciencias Biológicas José García Casanova, que no se adopten medidas eficaces y urgentes con los endemismos que se encuentran entre los 130 taxones en peligro de extinción significaría que esas especies “se nos van del mundo, no solamente de Canarias, del mundo, porque muchas de estas especies son exclusivas, endémicas, de nuestro archipiélago, una extinción a nivel mundial”, explica. 

“Vivimos en un archipiélago que, fuera de los trópicos, es uno de los puntos calientes de biodiversidad, porque alberga un montón de formas de vida que, fruto de la evolución de las especies cuando llegaron, han producido nuevas especies y esa aparición de nuevas formas de vida”. 

Para García Casanova, son los seres humanos que habitan las islas los que “con un estilo de vida socioeconómico determinado estamos reventando el territorio y el territorio contiene hábitats, ecosistemas y especies”, señala.

“La consecuencia lógica de esta transformación del territorio -y me refiero no solamente al territorio terrestre, sino también al marino- provoca que muchas de las especies, de las poblaciones de las mismas estén experimentando una igualmente acelerada modificación negativa”.

Entre las 130 en peligro más crítico, algunas ya han desaparecido en la naturaleza, en su estado silvestre, y solo se conservan gracias a que en su momento se guardaron semillas en bancos de germoplasma o, si se trata de animales, en algún centro de recuperación de fauna amenazada.

Figuras de protección

Una de las mayores preocupaciones es si se está actuando con celeridad y en relación con la fragilidad de los ecosistemas que contienen a estas especies. Para García Casanova, quien también fue técnico superior en la Viceconsejería de Medioambiente del Gobierno de Canarias, desde un punto de vista legislativo “si hablábamos de más de cien especies en peligro de extinción, solamente para esa categoría que la ley dice que hay que hacerle un plan de recuperación, no llegan ni al 10%”, asevera.

“Como se puede comprobar, frente a las 130 especies incluidas actualmente en el Catálogo Canario de Especies Protegidas con la categoría de ‘En peligro de extinción’ y a las 91 con la categoría de ‘Vulnerable’, que solo una docena tengan un plan de recuperación vigente es una realidad harto elocuente de que el Gobierno de Canarias suspende escandalosamente en lo que al cumplimiento de sus obligaciones en materia de Biodiversidad se refiere”.

La extinción de una especie

La posible sexta extinción masiva, provocada por la actividad humana -destrucción de hábitats, deforestación, contaminación y cambio climático-, amenaza con superar las cinco extinciones geológicas pasadas analizadas en ‘National Geographic’, ‘Revista Ciencias de la Tierra’ y ‘The Conversation’, según advierte la UNEP en sus datos sobre la crisis de la naturaleza.

Según expertos citados en estos análisis, la tasa de extinción actual es hasta mil veces superior a la natural, con un millón de especies en riesgo global. En contraste con eventos pasados (volcanes, asteroides), esta sería la primera provocada exclusivamente por nuestra especie, con efectos irreversibles en ecosistemas como los canarios.

El Gobierno de Cantabria ha desactivado el nivel de preemergencia del Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales (INFOCANT), así como el nivel 2 del Operativo de Lucha Contra Incendios Forestales, debido a una mejora notable de la situación y de los niveles de riesgo por la labor del operativo desplegado y las favorables condiciones meteorológicas.

Los incendios registrados ya ascienden a 649 en lo que va de año, con más de 10.000 hectáreas afectadas, una superficie quemada mayor a la que hubo en todo 2025.

Cantabria registra ya solo un incendio forestal activo, localizado en La Rasa (Vega de Liébana), según la información del Gobierno regional. Además, en este municipio se encuentra un incendio estabilizado, en el Mirador del Corzo, y otro ya controlado, en Campollo.

El director general de Montes y Biodiversidad del Gobierno de Cantabria, Ángel Serdio, ha hecho balance del actual episodio de incendios forestales iniciado el pasado 4 de abril, fecha desde la que se han provocado en Cantabria 183 incendios. Según ha detallado, hasta el 31 de marzo, ya se ha habían producido 466 incendios forestales, lo que suman un total este año 649 incendios, lo que ha tenido como consecuencia más de 10.000 hectáreas afectadas. A juicio de Serdio, se trata de un dato “relevante”, porque se supera ya toda la superficie quemada durante todo el año 2025, con 8.300 hectáreas

Por último, el director general ha tenido palabras de agradecimiento a todo el personal que ha estado estos ocho días peleando contra el fuego, especialmente al personal del Centro de Atención de Emergencias 112 y del Servicio de Protección Civil de la Consejería de Presidencia, los miembros de las Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales del Ministerio para la Transición Ecológica y muy especialmente a todo el personal de la Dirección General de Montes, que forman parte del Operativo de Lucha y de Extinción de Incendios (técnicos de guardia, emisoristas, agentes del medio natural y las brigadas de incendios forestales).

Cada año, en invierno y primavera, en cuanto asoma algo de calor y sopla el viento del sur, el norte de España arde. Decenas de incendios simultáneos, la mayoría provocados por humanos para generar pasto y clarear el monte para el ganado, calcinan centenares de hectáreas esta semana en Asturias, Cantabria y Galicia. “Este monte no se quema, lo queman”, sentencia al reflexionar sobre ello el delegado de SEO/Birdlife en Asturias Nicolás López.

En Cantabria, el Gobierno regional ha contabilizado más de 140 incendios solo en los primeros nueve días de abril. El 75% de los fuegos de esa región en la última década se concentran en febrero y marzo y casi todos son “intencionados” por las “prácticas ganaderas”, informa el Ejecutivo, es decir, los ganaderos prenden el monte.

En Asturias se han sucedido más de 30 focos sobre cuyo origen, el Principado ha dicho: “No se producen de manera natural”. En Galicia ya se ha registrado un gran incendio forestal que ha carbonizado 750 hectáreas.

El efecto ecológico de que se quemen esos montes año tras año es devastador. Lo primero es que, con el fuego, se empobrece el suelo lo que luego lleva a la erosión y a que, en las zonas que se queman recurrentemente en primavera, al final solo quede pedregal

Alfredo F. Ojanguren — Profesor de Zoología de la Universidad de Oviedo

Cuando arden Las Médulas o grandes masas de árboles, la desolación se generaliza. Con el crepitar de llamas gigantescas de muchos metros, la formación de incendios inextinguibles o la aparición de nuevos monstruos ígneos como los pirocúmulos, la opinión pública y las administraciones ponen el grito en el cielo. En el caso de estos incendios tempranos, que destruyen el monte bajo, el foco pasa de puntillas.

Suelo degradado, destrucción de hábitats

Sin embargo, “el efecto ecológico de que se quemen esos montes año tras año es devastador”, explica el profesor de Zoología de la Universidad de Oviedo, Alfredo Ojanguren. “Lo primero es que, con el fuego, se empobrece el suelo lo que luego lleva a la erosión y a que, en las zonas que se queman recurrentemente en primavera, al final solo quede pedregal”.

A lo que se refiere Ojanguren es un fenómeno descrito con claridad por los investigadores: “Los incendios incrementan significativamente la escorrentía y la pérdida de suelo con valores hasta 30 veces superiores en comparación con áreas no quemadas”, según detalla esta ponencia del último Congreso Nacional Forestal. También “registran altas tasas de erosión durante lluvias intensas”, añade.

Es una idea que remacha la experta en incendios forestales de WWF, Lourdes Hernández: “Los incendios eliminan la cubierta vegetal protectora y, dado el terreno montañoso de –por ejemplo– Cantabria, intensifican los procesos de erosión y de escorrentía lo que altera el funcionamiento ecológico de los ecosistemas”.

Al hablar de suelo no se trata de cualquier piso o superficie, sino la capa fina de entre 15 y 25 centímetros capaz de proporcionar alimento, biomasa y materias primas, además de regular los ciclos del agua y el carbono. Su deterioro abre la puerta a la desertificación. La degradación del suelo es un problema en la Unión Europea con especial atención a España. El ciclo, fuego-erosión-degradación es una de las causas diagnosticadas.

Hernández amplía además que, al quemarse repetidamente las mismas zonas, “se acumula la degradación. El bosque pierde capacidad de regeneración y se consolidan formaciones vegetales cada vez más pobres e inflamables”. Y esto provoca “un círculo vicioso difícil de romper, que incrementa el peligro año a año”, remata la experta.

Fernández Ojanguren, doctor en Biología, aclara que “este tipo de quemas se centran en zonas no arboladas como laderas cubiertas por monte bajo, brezos, tojos, escobas... Se trata de un hábitat esencial, no solo para esa vegetación que arde, sino para muchas especies de animales que dependen de ello”.

En época reproductora causan gravísimos daños no solamente a las especies de aves, sino que conllevan una destrucción de todos los invertebrados, de flora, de bancos de semillas y de individuos de especies que no pueden desplazarse y que estaban saliendo ahora de su letargo invernal para acabar calcinados

Nicolás López — Delegado de SEO/Birdlife en Asturias

Nicolás López explica que estos incendios “en época reproductora como es ahora mismo causan gravísimos daños. No solamente a las especies de aves que están criando, sino que conllevan una destrucción de todos los invertebrados, de flora, de bancos de semillas y de individuos de especies que no pueden desplazarse y que estaban saliendo ahora de su letargo invernal para acabar calcinados”.

En este sentido, un reciente informe sobre afecciones del fuego a la biodiversidad detectó que los incendios en Cantabria en 2025 afectaron entre 8% y el 15% del territorio donde vive el urogallo, especie en peligro crítico de extinción, o hasta el 17% del desmán de los pirineos, en el mismo máximo nivel de peligro.

Ojanguren completa el periplo por el daño ambiental describiendo que los fuegos rompen un proceso llamado “sucesión ecológica”. El monte bajo ardido es un “estado intermedio entre los pastizales y un bosque que se compone de especies de arbustos que luego dan a paso a árboles. Estos incendios pretenden revertir ese proceso de sucesión ecológica”.

Criminalización vs. intención ganadera

El sector ganadero, mediante diversas asociaciones, ha protestado porque se les “criminalice” como responsables de estos incendios. En contraposición, las fiscalías de medio ambiente de estas comunidades han reiterado en muchas de sus memorias anuales cómo las prácticas ganaderas y agrícolas de las quemas han estado detrás del fuego.

Los fiscales lo han dejado por escrito con citas como “destaca que casi todos [los incendios] están relacionados con una motivación unívoca, a saber, la de regeneración de terrenos para pastos”. Una idea repetida en las fiscalías del norte de España: en Cantabria, por ejemplo, “destaca que perdura, a lo largo de los años, la práctica consistente en utilizar el fuego por parte de los ganaderos para regenerar pastos”. En Asturias se describe que los incendios están “generalmente provocados para generar pastos”.

Estos incendios no son episodios aislados, sino un problema crónico reflejo de fuertes conflictos sociales, económicos y territoriales cada vez más enquistados. Centrarse solo en apagar incendios no funciona porque el verdadero problema está en un sistema territorial y socioeconómico en desequilibrio

Lourdes Hernández — Experta en incendios de WWF

Hernández reflexiona que “estos incendios no son episodios aislados, sino un problema crónico reflejo de fuertes conflictos sociales, económicos y territoriales cada vez más enquistados” y que “centrarse solo en apagar incendios no funciona porque el verdadero problema está en un sistema territorial y socioeconómico en desequilibrio”. También pide que se realice “una gestión participada y compartida” entre las administraciones y los ganaderos para garantizar la actividad y la biodiversidad.

Con todo, Nicolás López insiste en que “no hay que dejar de destacar que el 100% de estos incendios son provocados porque, al menos en Asturias, no ha habido ninguna tormenta eléctrica para producir incendios fortuitos y que hay una impunidad total: no hay sentencias”.

Cantabristas ha denunciado que el Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT), que pretende aprobar el Gobierno de Cantabria que preside María José Sáenz de Buruaga (PP), “convierte en norma el modelo ruinoso de convertir Cantabria en un resort turístico”.

De hecho, el partido considera que el Gobierno del PP “está apretando el acelerador para terminar de exprimir nuestra tierra antes de que termine esta legislatura” y que los principales partidos políticos, como el PRC, “seguirán sosteniendo este modelo ruinoso de vender nuestro territorio al mejor postor como vienen haciéndolo desde hace décadas contra los intereses de la gente que vivimos en Cantabria todo el año”.

En un comunicado, el portavoz cantabrista, Paulu Lobete, también se ha referido a lo que considera una falta de respeto del consejero de Fomento, Roberto Media (PP), hacia los colegios profesionales de Geólogos, Arquitectos y Agrónomos, que abandonaron la mesa de negociación en protesta por la falta de tiempo para estudiar el proyecto del PROT y “por su falta de participación pública”.

“Cantabria es la comunidad autónoma donde más se ha encarecido la vivienda -un 14,4% el año pasado-, la comunidad que tiene más pisos turísticos que todo el País Vasco o todo Asturias. Todo esto no les basta. Quieren convertirnos en un parque temático para el turismo”, ha manifestado.

Por otra parte, Lobete ha advertido que contra el PROT “podemos plantear alegaciones, y lo haremos; podemos protestar, y lo haremos; podemos decir muchas cosas que se están haciendo mal, y las diremos. Pero mientras esta gente esté en el Gobierno y tenga apoyos para sostener este modelo de las políticas del hormigón y la masificación turística, hay muy pocas cosas que podemos hacer”.

Por eso, desde Cantabristas han hecho un llamamiento, a un año de las próximas elecciones autonómicas, para seguir construyendo la alternativa para “frenar este proyecto esquilmador del PP y para poner fin a la destrucción de nuestra tierra”.

De nuevo novedades sobre el parque temático Puy du Fou con sede en Toledo y que tienen que ver con su intención de crecer, multiplicando instalaciones, visitantes y, por tanto, retorno económico para la multinacional francesa propietaria.

Una resolución de la Dirección General de Calidad Ambiental del Gobierno regional publicada este viernes en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, considera “viable” el proyecto para ampliar el parque temático, pero detalla todas las “condiciones” y “correcciones” que debe hacer la empresa promotora del parque de ocio, asociadas a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), si quiere seguir adelante con la anunciada expansión de las instalaciones: más espacio, más oferta de ocio, incluyendo tiendas y restaurantes, y tres hoteles.

Esas 'condiciones' tienen que ver con el abastecimiento de agua, con la protección frente a incendios o inundaciones, con la preservación de la flora o la fauna e incluso sobre la forma en que deben construirse los edificios. Y es que el llamado proyecto 'Primera Innovación del Proyecto de Singular Interés del Parque Temático Puy du Fou España' supone cambios que pueden tener efectos significativos sobre el medio ambiente, dentro de un proceso de expansión en ocho fases, hasta 2035.

Ha sido incluso necesaria la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Toledo. Por un lado, se han incorporado nuevas tipologías de edificación, tanto para hoteles como para Centros de Formación (guardería, formación de empleados...).

Por otro también se han incorporado nuevos usos del territorio -como el hotelero- y se han realizado “ajustes” en las superficies de suelo rústico, entre otras cosas porque en todo este proceso se ha localizado - y se ha incluido en el inventario- el yacimiento Casa de los Conejos. Eso ha supuesto incrementar la superficie clasificada como suelo rústico no urbanizable de especial protección arqueológica.

Así serán los tres hoteles que suman 426 habitaciones

La “innovación” en su conjunto ocupa 161 hectáreas y se sitúa al suroeste del término municipal de Toledo, en la finca Zurraquín, lindando con la autovía de circunvalación Suroeste de Toledo, la CM-40.

La resolución publicada hoy por el Gobierno de Castilla-La Mancha describe cómo serán los hoteles. El primero de ellos ocupará más de 5.600 m2, 138 habitaciones, una altura de 13,5 metros- y tres alturas- y tendrá la posibilidad de incluir restaurante y salas de reuniones. Se situará en el extremo sur del parque y junto a él habrá un aparcamiento de 394 plazas.

Este hotel sí estaba contemplado en el proyecto original, y a él se sumarán otros dos. Uno de ellos estará entre la entrada al parque y los actuales aparcamientos de visitantes. Se compone de 39 edificios cuya morfología pretende simular los asentamientos medievales, de una sola planta. Cada edificio alberga tres habitaciones con cuarto de baño, sumando un total de 117 habitaciones. En total supone 6.628,05 m2 de superficie.

El tercer hotel estará también a la entrada del parque muy cerca del segundo hotel. Tendrá 171 habitaciones distribuidas en tres plantas, con restaurante y un bar, cuya morfología pretende simular el urbanismo irregular de las tramas medievales. Su superficie es la más grande, con 11.214,34 m2 y su construcción provocará “el traslado” de un lago artificial del parque.

La ampliación de instalaciones contempla un restaurante y también un segundo aparcamiento que ocupa 38.100 m2, incluyendo 1.262 plazas y 11.880 m2 de ajardinamientos.

Pese a las nuevas edificaciones, no preocupa, según la resolución, la afección al paisaje. “No alteran de forma significativa el impacto global del parque temático sobre el paisaje”, recoge el documento. Tampoco preocupa el impacto acústico, aunque se reconoce la necesidad de “seguimiento” de este aspecto. Ni se consideran “relevantes” los efectos de la contaminación lumínica.

La concesión de agua que hay que “legalizar”

La ampliación de Puy du Fou supondrá consumir más agua, con permiso de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Sobre este aspecto el Gobierno regional advierte: “Es necesario que se legalice la situación de las concesiones de agua de las que se suministra la ciudad de Toledo, no siendo aceptable que se prolongue en el tiempo la situación actual de falta de títulos válidos que cubran dicho abastecimiento”, aunque el documento aclara que no es una situación “imputable” a la empresa promotora y fuentes de la Consejería de Desarrollo Sostenible consultadas por este medio apuntan a la responsabilidad en este sentido de la Confederación Hidrográfica del Tajo.

Es necesario que se legalice la situación de las concesiones de agua de las que se suministra la ciudad de Toledo, no siendo aceptable que se prolongue en el tiempo la situación actual de falta de títulos válidos que cubran dicho abastecimiento

Consejería de Desarrollo Sostenible

Todo un toque de atención al que se suma la condición, para que el negocio siga adelante, de actualizar de forma permanente las necesidades de agua del parque, teniendo en cuenta que ahora habrá hoteles y muchos más usuarios.

Sin embargo, fuentes del parque consultadas por elDiario.es Castilla-La Mancha sostienen que “las afirmaciones sobre una supuesta ilegalidad en el uso del agua, carecen de fundamento” y que “el proyecto cuenta con una concesión de dotación de agua vigente desde 2018, otorgada en el marco de la aprobación del Plan de Singular Interés (PSI) de la iniciativa empresarial”. La empresa asegura que los parámetros que marca ese plan “se han respetado escrupulosamente desde entonces” y que “los consumos registrados anualmente se han mantenido siempre por debajo de los valores autorizados”.

El proyecto cuenta con una concesión de dotación de agua vigente desde 2018. No ha sido necesario solicitar una ampliación de la concesión, y en la actualidad ni siquiera se han iniciado consumos adicionales, lo que refuerza la falta de sentido de las acusaciones de irregularidad

Puy du Fou España

Desde la empresa francesa aseguran también sobre las futuras necesidades de agua que, en el estudio incluido para ampliar el parque y que contempla tres nuevos hoteles, se analizan “escenarios de máxima ocupación y consumo” y que “incluso en estas condiciones exigentes, se concluye que la demanda de agua se mantiene dentro de los límites ya aprobados en el PSI original”.

En este aspecto remarcan que “no ha sido necesario solicitar una ampliación de la concesión” y que “en la actualidad ni siquiera se han iniciado consumos adicionales, lo que refuerza la falta de sentido de las acusaciones de irregularidad”.

Con la ampliación se ha calculado que se consumirán unos 250 litros de agua por huésped con el 100 % de ocupación, hasta alcanzar 214.891 m3 de consumo máximo posible en 2035, cuando la ampliación del parque esté concluida.

Esto impactará también en las necesidades de depuración. La Confederación del Tajo indica que, atendiendo a las demandas de agua potable previstas, “se estima necesario ampliar la depuradora autorizada para ofrecer unas capacidades de depuración apropiadas”.

Además, antes de que se proceda a la apertura del tercer hotel, que se prevé para el año 2032, deberá haberse obtenido un nuevo informe actualizado de la Confederación Hidrográfica del Tajo, del Ayuntamiento de Toledo y de la entidad Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, que deje claras las capacidades del sistema de abastecimiento y las necesidades hídricas que tendría en situación de máximo desarrollo y ocupación hotelera.

Se pide incluso un seguimiento sobre la “correcta aplicación” del Plan de Emergencia por Sequía del 30 de mayo de 2025, y sus posteriores actualizaciones.

El impacto en la vegetación y en la flora merece una supervisión detallada porque el informe de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad alerta sobre el retraso en la implantación de las medidas compensatorias que ya se preveían en 2018

En el proceso se ha reconocido que habrá impacto en la vegetación y en la flora y la Dirección General de Calidad Ambiental considera que esta afección “merece una supervisión detallada”, sobre todo teniendo en cuenta que un informe de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad “alerta sobre el retraso en la implantación de las medidas compensatorias” que ya se preveían en 2018.

La empresa promotora propone también 'tocar' el arroyo Guajaraz, en una franja de 10 metros a cada lado de sus márgenes a lo largo de dos kilómetros aguas abajo del punto de vertido de la depuradora del parque (sumando una superficie de unas cuatro hectáreas) y en este aspecto la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad exige la presentación de un plan de restauración “detallado” con las especies, método de plantación, cronograma y presupuesto para que pueda ser aprobado.

Plan de Incendios en un parque que ha sufrido dos desde que abrió

En el documento de impacto ambiental del parque también se pone el acento en los dos incendios sufridos en sus instalaciones, en los años 2021 y 2022 (hubo un tercero en una cocina en 2025). “Parte de las zonas de riesgo alto son ocupadas por instalaciones del parque”, resaltan, de ahí la necesidad de un Plan de Autoprotección contra incendios forestales. El que hay diseñado data del 3 de junio de 2025 (aunque en otro apartado del documento se señala que es de 2024, sin que quede aclarado).

Se pone en acento en los posibles impactos de los espectáculos con pirotecnia y en la necesidad en que las acciones preventivas y de protección desplegadas “deberán adaptarse a las condiciones estacionales y meteorológicas”.

Puy du Fou también explica, a preguntas de este medio sobre las correcciones que deberá incluir en su proyecto para evitar el impacto ambiental que, tanto su contenido como lo que implica la ampliación, “han sido debidamente expuestos en la documentación presentada durante la tramitación de la innovación del PSI, que fue sometida a información pública. Durante este proceso se han recabado los informes de todas las administraciones competentes”.

La compañía subraya que ya a finales de febrero se recibió la Declaración Ambiental Estratégica, y posteriormente, a finales de marzo, la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que hoy recoge el Diario Oficial de la comunidad autónoma.

“Ambos pronunciamientos son favorables al proyecto, si bien incorporan, como es habitual, determinadas condiciones de seguimiento y control sobre aspectos concretos -entre ellos el uso del agua- que en ningún caso implican una situación de irregularidad, sino la aplicación de criterios de vigilancia ambiental propios de este tipo de desarrollos”, inciden fuentes del parque.

La Consejería de Desarrollo Sostenible ha concedido a la empresa Rujamar la autorización ambiental para la construcción de una explotación avícola con capacidad para casi un millón de aves en San Clemente (Cuenca).

De acuerdo con la resolución publicada hoy en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, las instalaciones se ubicarán en un paraje denominado Hoya Cabrera y albergarán 810.000 gallinas de puesta y 187.500 aves de recría. Esta segunda cifra se redujo respecto a la cifra inicial, a instancias de un informe emitido por la Confederación del Guadiana.

Rujamar prevé construir seis naves idénticas para las gallinas, con capacidad para 135.000 aves cada una; y dos más para las pollitas de recría.

La explotación contará también con un centro de producción para el procesamiento del huevo, vestuario, viviendas para granjeros y silos de almacenamiento de pienso, entre otras dependencias.

En las instalaciones proyectadas se ha optado por un sistema alojamiento de las gallinas en aviario de varios niveles, por lo que el proceso de puesta será el de huevos producidos en suelo. El promotor utilizará sistemas sin jaula.

El ciclo comienza con la recepción de pollitas de 1 día en las naves de recría hasta las 17 semanas de edad que alcanzan su madurez sexual y pasan a las naves de puesta, con un ciclo de puesta entre 52 y 80 semanas de producción y una tasa de reposición anual en torno al 60%.

El Grupo Avícola Rujamar, que comenzó su actividad en 1984, cuenta con distintos centros de actividad en San Lorenzo de la Parrilla, Saelices y Honrubia y que tiene en marcha proyectos en Cuenca y esta explotación San Clemente, que sería una de las más grandes de España, lo que provocó las reticencias de grupos ecologistas cuando esta iniciativa dio sus primeros pasos en el año 2018, cuando la empresa adquirió el suelo.

Verdes Equo ha criticado que Cantabria haya puesto en marcha la campaña para fomentar el uso del contenedor para residuos orgánicos 'El marrón está de moda' cuando “no está disponible” para el 90% de la población.

Según el partido ecologista, solo en doce municipios de los 102 de Cantabria está instalado o se encuentra en fase avanzado de implantación.

Recuerda que tampoco está disponible en Santander, que concentra el 30% de la población de Cantabria, por lo que, en su opinión, una campaña que anima a separar la basura orgánica carece de sentido, señala en un comunicado.

También denuncia la que considera “otra gran contradicción”: que los biorresiduos que se recogen en los doce municipios que tienen el contenedor marrón se trasladen a una planta de tratamiento en Asturias, “lo que reduce de forma importante el supuesto beneficio ambiental de la medida”.

La asociación ecologista Rosalía Alpina denuncia que se han arrasado con maquinaria pesada hasta dos hectáreas de terreno que aspiraba convertirse en un pequeño bosque en Ocón. Unas prácticas que aseguran cuentan con la autorización del Gobierno de La Rioja a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente. “La Consejería sigue autorizando roturaciones para convertir estos enclaves en nuevos viñedos o campos de cereal”.

Y desde la asociación ecologista reflexionan que “en plena Rioja vitivinícola y cerealista, entre extensiones continuas de viñedo o de cereal, aún sobreviven pequeños reductos de biodiversidad: pequeños trozos de monte que, con el paso de los años, se han ido regenerando de forma natural, dando lugar a bosquetes de encinas, arbustos mediterráneos y fauna asociada”. Son espacios modestos, apuntan, “pero de gran valor ecológico, especialmente en un territorio cada vez más homogéneo desde el punto de vista agrícola”.

Sin embargo, alertan de que esta regeneración natural “está siendo sistemáticamente destruida”. Y responsabilizan a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente porque “continúa autorizando roturaciones para convertir estos enclaves en nuevos viñedos o campos de cereal, incluso cuando ya se han formado bosquetes jóvenes o cuando existen ribazos con árboles, encinas y arbustos que actúan como refugio para aves, reptiles, anfibios, insectos, arácnidos y pequeños mamíferos”. En el valle de Ocón calculan que se ha eliminado un monte de cerca de dos hectáreas, “el más grande de los eliminados en los últimos años”.

Una destrucción que ocasionará una “grave pérdida de biodiversidad”. Y es que la eliminación constante de ribazos, lindes y pequeños bosquetes “rompe corredores ecológicos, empobrece el paisaje —precisamente aquel que el propio Gobierno dice proteger a través de la Ley del Paisaje— y acelera procesos de desertificación”. Y además alertan de afecciones directas a la fauna silvestre y a la actividad cinegética porque perjudicará a especies como la perdiz roja, la codorniz o la tórtola. Además, la destrucción de estas hectáreas de montes también tendrá consecuencias en la agricultura. “Estos espacios albergan insectos y aves que actúan como depredadores naturales de plagas, ayudando a mantener el equilibrio ecológico de los cultivos, por lo que su desaparición rompe estos procesos naturales y aumenta la dependencia de tratamientos químicos, con el consiguiente impacto ambiental y económico”.

Por todo ello piden a la administración que deje de conceder autorizaciones “de forma sistemática y que apueste por compatibilizar la actividad agraria con la conservación de los últimos reductos naturales que aún resisten entre los viñedos y cultivos de La Rioja”.

Sin embargo, parece que la petición de Rosalía Alpina caerá en saco roto. Y es que preguntada por esta cuestión, la respuesta de la Consejería ha sido rotunda. Desde Medio Ambiente aseguran no tener constancia de denuncia alguna y afirman, “que todo lo que desde la Consejería se autoriza en cambios de uso, cortas de resalveo, entresacas… cumple rigurosamente con la normativa y ha sido objeto de informes técnicos favorables”, sentencian y añaden “para su tranquilidad”.

La “amenaza” de las pistas forestales

Y además de esta “destrucción”, desde la asociación Rosalía Alpina también alertan del impacto que generan las pistas forestales en algunos encinares. De hecho las consideran una “amenaza” para algunos encinares que aún sobreviven en zonas especialmente “sensibles” de La Rioja Baja: Bergasillas, Enciso y Cornago.

Explican que estas pistas forestales se están construyendo para facilitar explotaciones de leña. “No estamos en contra del aprovechamiento de leñas porque es una actividad tradicional que puede ser compatible con la conservación de monte si se realiza de forma cuidadosa y proporcionada”. Lo que censuran es “la desproporción entre el impacto generado y el beneficio obtenido, especialmente cuando las pistas atraviesan los escasos encinares de La Rioja Baja”.

Y el problema no es solo paisajístico. “En un territorio semiárido como La Rioja Baja, con precipitaciones escasas e irregulares y suelos poco profundos, estas actuaciones activan procesos de erosión difíciles o imposibles de revertir. La eliminación de la cubierta vegetal, la alteración del perfil del suelo y la creación de taludes desnudos favorecen la escorrentía y la pérdida de suelo fértil”. Además, “estas pistas fragmentan el hábitat, facilitan el acceso de vehículos a zonas antes tranquilas y aumentan la presión humana sobre espacios que funcionaban como refugio para la fauna”.

La Junta de Castilla y León ha pedido al Ministerio para la Transición Ecológica y a la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) que paralice de manera inmediata las obras que impliquen la eliminación de vegetación y tala de arbolado en el Canal de Castilla, como medida para minimizar los riesgos en la época de reproducción de la avifauna protegida.

Esta petición se produce después de analizar las actuaciones en curso y comprobar la existencia de posibles afecciones en la época más sensible para las especies animales que es su época de reproducción, y en la vegetación existente y un día después de que grupos ecologistas pusieran el foco en esta cuestión.

La Delegación Territorial de Palencia recuerda a través de un comunicado que en octubre de 2024, el Ministerio formuló un Informe de Impacto Ambiental en el que se concluía que no se preveían efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, condicionado al cumplimiento estricto de las prescripciones recogidas tanto en el documento ambiental como en la propia resolución.

El Ejecutivo autonómico considera “imprescindible” garantizar el cumplimiento de dichas condiciones ambientales, por lo que ha instado a las administraciones competentes “a paralizar cualquier actuación que suponga la eliminación de vegetación hasta que se verifique la ausencia de afección y a lo dispuesto en el Informe de Impacto Ambiental”.

Este miércoles, la Asociación de Naturalistas Palentinos y Ecologistas en Acción han solicitado a la CHD la paralización temporal e inmediata de la tala de arbolado que está ejecutando en el Canal de Castilla, en las provincias de Palencia y Valladolid. Se trata de miles de pies de árboles, y los ecologistas han defendido que muchos de ellos están “en perfecto estado” y tienen “un gran valor ecológico”. Las organizaciones ecologistas habían pedido al Servicio de Medio Ambiente de Palencia que instara a la CHD a parar las talas y también que la Consejería valorase la afección de esta actuación a la Red Natura 2000.

Las asociaciones han criticado que los trabajos de la CHD estén suponiendo “un grave deterioro ambiental y paisajístico en Tierra de Campos, una comarca necesitada de enclaves biodiversos como el Canal”. Estas obras se están acometiendo dentro del proyecto de la CHD de Consolidación del Canal de Castilla como corredor ecológico y cultural (Palencia, Burgos y Valladolid), en el ramal Campos, con el objetivo de impulsar la conservación y puesta en valor del canal de Castilla como Patrimonio Histórico.

Sin embargo, los conservacionistas aseguran que la ejecución excesiva y desproporcionada de estos trabajos está suponiendo que muchos tramos del Canal de Castilla, hasta hace poco jalonados por cientos de árboles, presenten en la actualidad un aspecto “desolador” al haber sido eliminada la totalidad de la superficie arbolada que conformaba el bosque de ribera.

El Canal de Castilla forma parte de la Red Natura 2000 y la vegetación de ribera es uno de los elementos más importantes a conservar. Una de las acciones del programa permitió la ejecución de trabajos para la creación de franjas arbustivas que protegiesen las márgenes de los humedales y del propio Canal, realizando para ello la plantación de 84.400 árboles y arbustos.

Las asociaciones subrayan que se produzca “una contradicción que puede estar incurriendo en un grave atentado a la Red Natura 2000, ya que muchos de estos árboles están siendo ahora mismo talados por la propia Confederación Hidrográfica del Duero”. Por ello piden la paralización inmediata de estos trabajos y animan a actuar al resto de instituciones públicas afectadas por estas “cortas desmesuradas”, ayuntamientos, diputación y Junta de Castilla y León.

La CHD niega una “tala masiva”

La CHD ha negado que se esté produciendo una “tala masiva” en el Canal de Castilla (los apeos afectan al 10% de los árboles) y defiende las actuaciones desarrolladas en las riberas para mejorar la vegetación, dentro de la obra de consolidación del Canal como corredor ecológico y cultural, y concretamente en el ramal Campos. La Confederación ha suscrito a través de un comunicado que el propósito de la obra es “conservar y mejorar” el entorno del ramal “como instrumento conector y vertebrador del extraordinario patrimonio cultural de los pueblos de Tierra de Campos” a través de una inversión de 6,4 millones de euros. Por eso es necesario intervenir sobre el paisaje a través de la vegetación y sobre los caminos de sirga a efectos de senderismo y cicloturismo, además de la construcción de varias áreas recreativas y otras actuaciones complementarias.

Una de las líneas de actuación de esta obra es la eliminación de vegetación autóctona en mal estado fitosanitario, puntiseco o con inclinación superior a quince grados. No obstante, y una vez saneada la masa, también se prevé la plantación de 30.000 árboles y arbustos de diferentes especies.

La Confederación asegura que las zonas más próximas a cauces naturales tenían “un grado mayor de naturalización” que las zonas más alejadas, donde la vegetación era “escasa”. “Los chopos proceden en su mayoría de brotes de producción, desarrollan maderas menos densas y más frágiles que no consiguen anclarse firmemente, lo que los hace proclives a inclinarse y desplomarse por rachas de viento. Además, las caídas de estos árboles representan un peligro serio para barcos, usuarios y la propia infraestructura del Canal”, expone la CHD, que también ha señalado que casi todos los olmos están infectados de grafiosis.

“Aunque la cantidad de madera apeada puede resultar alarmante, es preciso aclarar que, como consecuencia de estos tres problemas mencionados, la no intervención sobre la vegetación desencadenaría en una disminución y deterioro progresivo de la misma”, ha insistido la CHD a través de un comunicado.

Además técnicos de la CHD se han reunido con varios alcaldes de la zona “para lanzar un mensaje de tranquilidad y dar cuenta de las actuaciones realizadas dentro del proyecto”. “Fruto de la comunicación permanente con los ayuntamientos, se están realizando visitas de campo con los alcaldes que así lo están considerando. En estas visitas se comprueba cómo los árboles marcados tienen problemas de seguridad debido a la inclinación, la edad avanzada o la presencia de infecciones y pudriciones importantes e irreversibles”, ha rematado.

Sigue creciendo la lista de alcaldes y alcaldesas que deciden frenar desde los ayuntamientos la instalación de plantas de biogás en sus términos municipales. Tienen potestad para hacerlo, puesto que de las administraciones locales depende que estas compañías obtengan licencia municipal para implantarse en esos terrenos.

En esta ocasión, el Ayuntamiento de Chinchilla de Montearagón, en la provincia de Albacete, es el que le pone freno. El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) publica un anuncio de su alcalde, Francisco Morote (PSOE), mediante el cual se hace pública la resolución la Corporación local adoptada el pasado 24 de marzo en la que se suspenden las licencias para instalaciones de plantas de biogás, compostaje y “otras industriales similares” que “perjudiquen el medio ambiente”.

En este municipio está proyectada una planta de tratamiento de residuos orgánicos para la producción de biometano cuya empresa promotora es Bioenergía Gas Renovable VII, del grupo The Green Vector. El expediente está actualmente en tramitación y aunque su ubicación está prevista en el término municipal de Chinchilla, estaría más próxima la localidad vecina de Pétrola.

La resolución municipal se produce después de que el Gobierno de Castilla-La Mancha pidiera al Ayuntamiento en noviembre del año pasado que se pronunciara al respecto de la intención de la futura planta de biogás.

Amenaza con destruir un valioso ecosistema

Stop Ganadería Industrial

Este proyecto es uno de los más de 70 que actualmente están en tramitación o ya instalados en Castilla-La Mancha. Sobre el mismo ya había puesto el foco la plataforma Stop Ganadería Industrial, que alertó de que “amenaza con destruir un valioso ecosistema” del que forma parte el complejo lagunar de Pétrola, junto con las cercanas lagunas de Horna, Hoya Usilla y Corral Rubio.

Según habían denunciado, en la Laguna de Pétrola, declarada Reserva Natural, conviven numerosas aves como flamencos, fochas, moritos, malvasía cabeciblancas, algunas de ellas en peligro de extinción, formando un “entorno único en el que incluso algunas de estas especies anidan y crían”. De todo ello se hicieron también eco vecinos y vecinas de ambas localidades.

Este colectivo también alerta del “efecto negativo” para los vecinos y vecinas de Pétrola, que por proximidad de la planta (unos cinco kilómetros), podrían sufrir los olores que desprende la materia orgánica con la que trabajan estas plantas para generar el biogás, en su mayoría purines procedentes de macrogranjas, además de “las plagas de insectos atraídos por el olor a putrefacción”. 

“Por si esto fuera poco, contaminarán la tierra y el agua subterránea, además de los pozos y las lagunas con el subproducto sobrante resultado de toda la descomposición orgánica: el digestato”, añaden en Stop Ganadería Industrial.

El PP i Vox han reactivat desenes d'esmenes amb què pretenen reformar d'amagat més de 70 normes de Balears i alterar l'actual model lingüístic, educatiu i social de les illes. Si no hi ha canvis -ambdues formacions compten amb majoria parlamentària per tirar-les endavant-, les correccions seran incorporades a la llei autonòmica d'acceleració de projectes estratègics, una norma el contingut de la qual no té res a veure amb els canvis que volen fer i que tant conservadors com extrema dreta han convertit en instrument per modificar bona part de l'ordenament autonòmic balear. Es tracta d'un moviment que permetrà tramitar de forma conjunta modificacions de gran calat sense el debat específic que requeriria cadascuna d'elles per separat.

Ho ha anunciat aquest dimecres la vicepresidenta segona del Parlament balear, Mercedes Garrido, després de la Junta de Portaveus de la Càmera, on ha detallat el gir produït en la tramitació de la norma i l'abast de les esmenes en conflicte. En la seva intervenció davant els mitjans, la diputada socialista ha asseverat que el paquet impulsat pel PP i Vox introdueix importants canvis en múltiples àrees sense que cap dels dos partits hagi justificat la seva connexió amb la llei esmenada. No en va, el reglament del Parlament, en el seu article 124, estableix que les esmenes han de guardar relació material amb el text en tramitació, mentre que l'article 23 reconeix el dret dels diputats a exercir les seves funcions amb plenitud, cosa que inclou participar en un debat informat i ordenat de les lleis.

Si bé les correccions havien estat inicialment rebutjades per la Mesa de la Comissió d'Economia i Hisenda, tant populars com extrema dreta han acabat recuperant-les, rebutjant al seu torn bona part de les presentades pels grups d'esquerres. El portaveu de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, va anunciar en el seu moment que estudiarà portar les correccions al Tribunal Constitucional en considerar que s'estaria utilitzant una llei de caràcter econòmic per introduir canvis estructurals aliens al seu objecte i, potencialment, vulnerant garanties del procediment legislatiu.

Segons les estimacions de la formació ecosobiranista, un 70% de les esmenes no guarda relació alguna amb la llei d'acceleració de projectes estratègics i, de fet, una d'elles es traduiria en l'impuls “per la porta del darrere” “d'una nova llei” a la qual els grups no podran fer aportacions. Des del PSIB-PSOE, el seu portaveu adjunt, Marc Pons, ja va advertir que les esmenes plantegen la modificació, sense informe previ, de fins a 74 lleis, decrets i ordres.

PP i Vox defensen, tanmateix, que les modificacions introduïdes responen a la necessitat d'agilitzar l'Administració i eliminar traves burocràtiques, negant que es tracti d'una maniobra irregular. Els populars presenten les seves mesures com a part d'una estratègia de simplificació administrativa orientada a reduir terminis i facilitar l'activitat econòmica i la prestació de serveis públics, mentre que el seu soci d'investidura apel·la a un discurs d'enduriment de les condicions d'accés a les polítiques públiques i reforç de l'ordre públic. En essència, ambdues formacions sostenen que l'ús d'esmenes és un instrument legítim dins del procediment parlamentari.

Política lingüística

Un dels blocs més rellevants d'esmenes incideix directament en la política lingüística. D'una banda, s'introdueixen canvis en educació i funció pública per a flexibilitzar l'exigència del català. La incorporació d'aquestes mesures permetrien eximir del requisit lingüístic en places de difícil cobertura, eliminar-lo en algunes categories laborals bàsiques de l'administració i obrir la porta a excepcions quan no hi hagi suficients aspirants amb el nivell requerit, una modificació amb impacte directe en el model d'accés a l'ocupació pública i en l'estatus de la llengua pròpia balear.

Així mateix, es pretén modificar la Llei de normalització lingüística -la norma que estableix el marc per a assegurar el coneixement de la llengua catalana- per a establir que els topònims de Balears tinguin forma oficial en castellà i català sense preferència entre ambdues, eliminant la prevalença de la llengua pròpia en la denominació oficial de llocs, trencant amb això el model lingüístic consolidat en la comunitat.

El paquet inclou també mesurades en matèria de seguretat que reforcen el paper dels cossos policials. Entre elles, els de Santiago Abascal proposen modificar la normativa de coordinació de policies locals per a permetre que els ajuntaments reservin fins a un 20% de les places de policia local a militars de tropa i marineria amb més de cinc anys de servei, així com l'autorització de l'ús de pistoles elèctriques (taser) com a equipament policial. També busquen introduir un canvi rellevant en l'accés als cossos policials municipals, en obrir les portes a una via específica per a perfils procedents de l'àmbit militar.

En l'àmbit social, Vox planteja una reforma profunda de la renda social garantida (resoga). L'esmena introdueix un requisit de tres anys de residència legal ininterrompuda en Balears, a més d'endurir les condicions de manteniment de l'ajuda: els beneficiaris hauran d'acceptar ofertes d'ocupació i romandre inscrits com a demandants de treball, amb el risc de perdre la prestació en cas contrari. El PP, per part seva, proposa vincular l'actualització del resoga a l'IPC per a assegurar el manteniment del seu poder adquisitiu. També es reforcen els mecanismes de control, revisió i reintegrament, reconfigurant el sistema d'ajudes autonòmiques. Aquesta modificació no és menor: altera l'accés a la principal xarxa de protecció social de la comunitat i redefineix la seva lògica, introduint criteris més restrictius que, segons la pròpia exposició política de Vox, busquen frenar el “efecte crida”.

Creació d'una oficina antiocupació

En paral·lel, en matèria d'habitatge, es proposa la creació d'una Oficina Antiocupació, un organisme administratiu orientat a assessorar, acompanyar i coordinar la resposta institucional enfront de l'ocupació il·legal. Encara que no tindria competències executives, la seva creació institucionalitzaria l'enfocament antiocupació dins de la política autonòmica.

El PP també ha presentat esmenes amb les quals pretén apuntalar una altra de les normes més controvertides de la legislatura a les Balears, la llei de liberalització del sòl, que permet legalitzar habitatges construïts de forma il·legal en sòl rústic en determinades condicions sota pretext, segons defensa el Govern de la popular Marga Prohens, de facilitar l'accés a l'habitatge. El text obre a més les portes a regularitzar centenars d'edificacions, incloses aquelles situades a les àrees de màxima protecció de la Serra de Tramuntana, el pulmó verd de Mallorca declarat el 2011 Patrimoni Mundial per la UNESCO.

Les correccions, a més, busquen ampliar l'ús de les declaracions responsables no només per iniciar activitats, sinó també per substituir documentació en nombrosos procediments administratius, evitant, com sostenen des del PP, que els ciutadans “hagin d'aportar repetidament documents que ja estiguin en el seu poder o la verificació dels quals es pugui fer posteriorment”. En la pràctica, aquest sistema permetria impulsar activitats sense necessitat d'autorització prèvia, traslladant el control a un moment posterior però reforçant el règim sancionador en cas d'incompliment.

Externalització de controls i agilització de llicències

Un altre dels punts passa per incorporar les entitats col·laboradores de certificació -com els col·legis professionals o les cambres de comerç- perquè puguin validar la documentació i els requisits tècnics amb eficàcia administrativa. Es tracta d'un model que, tot i amb la intenció de reduir temps de revisió, suposarà en la pràctica una externalització parcial de les funcions de control i una major agilització de llicències i tràmits en un context marcat per la creixent saturació turística i el debat sobre els límits del creixement a les Balears.

Les esmenes també arriben a àmbits professionals específics, com el dels Agents de la Propietat Immobiliària (API), a través de modificacions en la seva regulació. Els canvis plantejats afecten el marc d'accés i exercici de l'activitat, en línia amb l'objectiu declarat pel PP de simplificar tràmits i reduir càrregues administratives. En aquest cas, la reforma s'orienta a flexibilitzar els requisits i procediments vinculats a l'exercici de l'activitat immobiliària, introduint mecanismes que facilitin la incorporació de nous operadors i redueixin els controls previs en favor de sistemes de verificació posterior.

Les esmenes s'estenen a altres àmbits. En sanitat, es busca crear la categoria de psicòleg general sanitari en Atenció Primària amb l'objectiu d'intervenir en prevenció i atenció bàsica en salut mental. En comerç, preveuen modificar-se procediments d'autorització de grans establiments, reforçant el pes d'informes municipals i certificats urbanístics en la tramitació.