Hace más de un año que los tribunales les dieron la razón y seis meses desde que lo confirmó el Tribunal Supremo: los derechos fundamentales de los vecinos de As Conchas (Lobeira, Ourense) se ven vulnerados por la inacción de la Xunta y a la Confederación Hidrográfica Miño-Sil (CHMS) con respecto a la degradación que la contaminación de las macrogranjas provoca en el embalse. Pero denuncian que nada ha cambiado, de modo que han decidido dar un paso más y presentar una demanda para la ejecución forzosa de la resolución judicial.

“Seguimos igual. Estamos como hace un año, cinco años o diez años”, dice Mercedes Álvarez, una de las residentes en As Conchas que promovió el procedimiento por vulneración de derechos fundamentales junto a varios de sus vecinos y con el apoyo de ClientEarth, Amigas de la Tierra y la Federación de Consumidores y Usuarios (CECU). Han esperado unos meses, pero consideran que las administraciones han tenido tiempo ya de cumplir de forma voluntaria y no lo han hecho.

“Nuestro fin no es ganar una sentencia, sino recuperar el embalse, así que seguiremos peleando”, dice Álvarez. Mientras conversa por teléfono con elDiario.es sube una de las persianas de su vivienda, desde la que se ve el agua: “Aún esta mañana me decía mi hija que está todo todavía más verde [el color del que se tiñen las aguas con las proliferaciones de cianobacterias]”. Considera que la situación sigue “fatal”, como en la presa de Lindoso, aguas abajo, en territorio portugués, y como asegura que empieza a ocurrir en la de Salas, también en la provincia de Ourense. Este año cree que no han padecido tanto los malos olores, pero duda de si han sido menos intensos o es que “el ser humano se acostumbra”. Relata que sigue sin acercarse al agua: “Hace años que vivimos como si no tuviésemos un embalse ahí. Bueno, no, no vivimos como si no estuviese, vivimos con miedo a él”.

Mercedes Álvarez forma parte del grupo de vecinos que llevan años movilizándose para pedir que se ponga freno a una situación que hace que en el agua haya hasta 97 millones de bacterias peligrosas por litro. En el proceso judicial lograron que les diesen la razón y los tribunales -primero el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y luego el Supremo- consideran que están vulnerados el derecho a la vida, a la intimidad, a la inviolabilidad del domicilio y a la propiedad, en relación con el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado y con el derecho humano al agua.

La resolución responsabiliza a las administraciones públicas por no haber actuado en el caso de la contaminación de la ganadería industrial que afecta a la cuenca del río Limia y ordena a la Xunta y la CHMS -dependiente del Gobierno central- que adopten las medidas necesarias para detener la degradación ambiental de As Conchas y garantizar el abastecimiento de agua limpia y segura.

Nieves Noval, abogada de ClientEarth, señala a través de un comunicado que las administraciones han tenido oportunidad de cumplir la sentencia de forma voluntaria, pero no lo han hecho. Por ello se registra la petición ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) para que la haga cumplir. “Los vecinos y vecinas de As Conchas, como tantas otras comunidades afectadas por la contaminación, ya han esperado demasiado”, señala.

Las organizaciones que se han implicado en el proceso indican que, hasta ahora, las únicas actuaciones comunicadas son el pago de las indemnizaciones que reconoce la sentencia, algunas inspecciones a explotaciones ganaderas y tomas de muestras para evaluar la calidad del agua. Consideran que esto es insuficiente para cumplir la sentencia y recalcan que, de hecho, no ha habido mejoría y se han seguido registrando episodios de proliferación de cianobacterias potencialmente tóxicas. Siguen la contaminación y los olores pestilentes y hay indicios de que la afectación se extiende aguas abajo, hasta Lindoso.

Medidas concretas

Lo que piden ahora es la ejecución de la sentencia, para lo que señalan que se deben poner en marcha medidas concretas por parte de las administraciones que ya se recogían en la decisión judicial, como estudios ambientales y sanitarios, programas permanentes de seguimiento de la calidad del agua, sistemas de información a la población, vigilancia de la contaminación y medidas para reducir la presión en la cuenca. Añaden que debería declararse A Limia zona vulnerable a la contaminación por nitratos, piden que se aplique una moratoria que impida abrir nuevas explotaciones ganaderas industriales o ampliar las existentes mientras no se resuelva el problema, sistemas reforzados de vigilancia de las aguas, protocolos de alerta rápida a la población y seguimiento de los episodios de cianobacterias, olores y otros impactos sobre la salud y el entorno.

También exigen plazos concretos y que se determinen responsables e indicadores objetivos de cumplimiento, además de que las administraciones informen periódicamente de las medidas adoptadas para que puedan verificarse los avances.

En las administraciones “se echan la culpa unos a otros”

La coordinadora de Amigas de la Tierra, Blanca Ruibal, avisa de que retrasar el cumplimiento de la sentencia “pone en peligro a la población de la zona y demuestra una gran falta de responsabilidad”. Por su parte, el director de CECU, David Sánchez, señala que la respuesta de las administraciones “no puede ser mirar para otro lado o echarse la culpa unos a otros”.

En junio, cuando estaba a punto de cumplirse un año desde la sentencia, la Confederación Hidrográfica señalaba a esta redacción que había puesto en marcha medidas de seguimiento de la calidad de las aguas y había intensificado la vigilancia sobre posibles vertidos y acumulaciones de purines. Señalaba a la Xunta, como administración responsable de autorizar las actividades contaminantes. Por su parte, en este tiempo el Gobierno gallego apenas se ha pronunciado sobre el asunto. La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, se limitó a lamentar que no estaba habiendo la “coordinación” que le gustaría con la CHMS. La Xunta sacó a exposición pública a mediados de agosto el decreto sobre la contaminación por nitratos que tiene pendiente. Varias organizaciones ecologistas lo han calificado ya como un “no-decreto” porque consideran que supone “enrocarse en negar” la contaminación de la ganadería industrial.

La Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Gobierno de Cantabria tramita la construcción de un hotel rural de quince habitaciones con piscina en Tagle (Suances) sobre suelo rústico. Una parcela segregada pediente de autorización de la CROTU (Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria) que aún no está inscrita en el castastro, según explica la documentación sometida a información pública que notifica el Boletín Oficial de Cantabria.

El establecimiento hostelero se edificará sobre una superficie de casi 900 metros cuadrados en dos plantas con sótano, configurado por dos alas entorno a un patio frontal coronado con cubierta a dos aguas. En la planta baja habrá cinco habitaciones, salón acristalado con acceso a una terraza exterior y recepción. Las otras diez habitaciones con terraza se ubican en el piso superior.

El proyecto contempla instalar una piscina exterior, zonas de terraza, jardines, arbolado y aparcamiento.

El proyecto, registrado por un particular de la zona, aspira a aprovechar las ventajas turísticas de Suances con “un edificio abierto al paisaje, en el que junto con la oferta de alojamiento se ofrezca al cliente la experiencia de descubrir el litoral de Suances, hoy incluido en el Geoparque Costa Quebrada”, una excepcional joya natural incluida en la Red Mundial de Geoparques de la UNESCO, explica el proyecto.

La edificación se ha diseñado un mirador para que “el cliente se conecte con el territorio mediante terrazas y miradores que le permitan disfrutar de las vistas que ofrece la parcela hacia las islas por el este, hacia Picos de Europa por el oeste, y hacia la mar por el norte”.

Este hotel se une a otros proyectos de alojamientos turísticos sobre suelo rústico tramitados a lo largo de este año. Entre ellos, dos establecimientos en Liencres de 6 y 8 apartamentos turísticos, y otro edificio de cuatro apartamentos con piscina en Valdáliga.

El episodio de altas temperaturas que vive la Península Ibérica llegará a Cantabria este viernes, 4 de septiembre, de forma que ese día el índice de peligro de incendios forestales será muy alto e incluso extremo en la mayor parte de la región.

En concreto, será muy alto en las zonas interiores del litoral occidental y extremo en la costa oriental y toda la mitad sur de Cantabria, según el mapa de peligro de incendios difundido este miércoles por la Delegación de Cantabria de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Además, la previsión de temperaturas en la Cantabria del Ebro para este viernes es de máximas de 36 grados centígrados, por lo que la AEMET ha decretado aviso amarillo (peligro bajo) entre las 13.00 y las 21.00 horas.

El Ayuntamiento de Alfaro ha comunicado a Amigos de la Tierra La Rioja que no continuará la tramitación del expediente de licencia ambiental y de obras para la instalación de un cebadero de ganado bovino de carne promovido por Granja La Cantera S.L., previsto a unos 85 metros del Área Natural Singular Carrizal de Cofín.

La decisión se produce después de que la asociación presentara alegaciones durante el periodo de información pública y tras el informe de la Dirección General de Calidad Ambiental, Cambio Climático y Agua, que determina que la actividad debe someterse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada, en lugar de tramitarse mediante licencia ambiental.

Para Amigos de la Tierra La Rioja es positiva esta decisión, ya que permitirá que las posibles afecciones ambientales de la instalación sean analizadas mediante el procedimiento de evaluación de impacto ambiental que corresponde.

La asociación recuerda que el proyecto se plantea en las inmediaciones de un espacio natural protegido y considera especialmente importante valorar sus posibles efectos sobre el suelo, las aguas, la fauna y los valores naturales del Carrizal de Cofín, así como los impactos derivados de la generación y gestión de estiércoles, residuos, tráfico, polvo y ruido.

La Sección de Instrucción 3 del Tribunal de Instancia de Ávila ha incoado diligencias previas para investigar el incendio forestal que se inició en el término municipal de Burgohondo, el mayor de la historia reciente de España que arrasó 37.800 hectáreas, por los indicios de que se hayan cometido los delitos de incendio forestal y contra el medio ambiente.

Según ha informado este miércoles el TSJ de Castilla y León en un comunicado, el tribunal abulense ha decidido abrir esta investigación tras examinar el atestado inicial elaborado por el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil del fuego.

Asimismo, el órgano judicial ha recibido hasta el momento alrededor de medio centenar de denuncias presentadas por personas perjudicadas por el incendio, explica EFE.

La Guardia Civil detuvo a finales de julio a una persona e investigó a otra como presuntas autoras del incendio forestal de Burgohondo, que obligó activar por primera vez la emergencia nacional por su capacidad destructiva. El Seprona determinó que el origen habría sido una chispa provocada por maquinaria pesada utilizada en una zona donde estaba prohibido, después de localizar indicios de esta actividad durante una inspección técnica. A ambas personas se les atribuían de forma inicial presuntos delitos de incendio forestal y contra los recursos naturales y el medio ambiente, con agravantes por la proximidad del fuego a zonas habitadas y los graves daños a los sistemas naturales.

El incendio de Burgohondo se declaró el pasado 22 de julio y calcinó un total de 37.818 hectáreas, afectó a una veintena de municipios de los valles abulenses del Alberche y de Tierra de Pinares y del Alto Tiétar, obligó al desalojo de cerca de 40.000 personas y al confinamiento de otras 10.000. También arrasó la Reserva Natural del Valle de Iruelas, una de las poblaciones de buitre negro más importante de Europa.

Durante la fase de instrucción, el Tribunal llevará a cabo las diligencias necesarias para esclarecer el origen del incendio, determinar las circunstancias en las que se produjo y depurar, en su caso, las posibles responsabilidades que pudieran derivarse de los hechos investigados.

El Ministerio de Transición Ecológica ha pedido a la Fiscalía que investigue el tiroteo de una orca en aguas de Portugal el pasado agosto. La investigación llevada a cabo por el departamento que dirige Sara Aagesen aprecia “indicios de delito” en los disparos realizados “desde un barco español”.

La orca, bautizada con el nombre de Toñi, es el ejemplar más longevo del estrecho de Gibraltar y presentaba heridas de arma de fuego en su aleta dorsal. Transición Ecológica informa de que tanto el animal como su grupo nadan ahora en aguas gallegas donde “han sido avistadas”. Las orcas son una especie muy migrante.

Además, según cuentan desde el Ejecutivo, también se ha solicitado la intervención de la Guardia Civil para “la identificación, y en su caso toma de declaración, de los presuntos responsables. También, para la comprobación de la situación administrativa y documental en relación con la tenencia y uso de armas”.

La orca (Orcinus orca) es una especie protegida en España y su población en el estrecho y golfo de Cádiz está calificada como “vulnerable” en el Catálogo de Especies Amenazadas. Disparar contra un ejemplar podría entrar en el tipo penal de delito contra la fauna protegida cuya pena prevista en el Código Penal oscila entre seis meses y dos años de cárcel.

“Desde el ministerio seguiremos con las pesquisas, colaborando tanto con la Fiscalía como con la Guardia Civil y las autoridades portuguesas, para tratar de esclarecer lo ocurrido y evitar que este daño contra el medio ambiente quede impune. También, seguiremos de cerca la evolución de las heridas”, ha indicado la vicepresidenta del Gobierno y ministra del ramo, Sara Aagesen.

La temperatura global del planeta va a superar “en los próximos años” el límite de seguridad de 1,5 grados sobre los niveles preindustriales, según el último informe de situación de la ONU, publicado este miércoles. Ese umbral es el que se trazó en el Acuerdo de París contra el cambio climático como objetivo para finales del siglo XXI.

Los cálculos del Programa de Medio Ambiente de la ONU (UNEP) hablan de un cercano pico de las temperaturas que oscila entre los 1,8 grados centígrados y los 2 grados por encima de lo que se registraba antes del comienzo de las emisiones masivas de CO₂ a la atmósfera de las actividades humanas, especialmente por el uso de combustibles fósiles como el carbón y el petróleo.

“Este verano de calor abrasador, incendios salvajes e inundaciones mortales son una advertencia de lo que nos espera”, reitera el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, tras conocer las conclusiones del informe.

“Una acción insuficiente ha hecho que superar los 1,5 grados sea inevitable”, puede leerse en el análisis, que lamenta que “décadas de advertencias científicas y compromisos no han conseguido una rápida reducción de emisiones de gases de efecto invernadero”. El resultado de todo esto es que el calentamiento global de la Tierra —que genera la alteración del clima mundial— “se acerca y va a superar ese umbral”.

El trabajo también explica que aunque se rebase el límite en el corto plazo, la situación puede revertirse para llegar a tiempo de contener el calentamiento extra del planeta dentro de los niveles establecidos en el Acuerdo de París.

Este overshooting, como lo denominan los técnicos, “llevará los riesgos climáticos y los impactos a nuevos y peligrosos picos”, ilustra el informe. Entre estos impactos, detalla los eventos meteorológicos extremos (como las sequías o las tormentas torrenciales que derivan en riadas violentas) o el riesgo de inundación por la subida del nivel del mar en las zonas costeras y las islas.

“El informe hace sonar una vez más la alarma sobre la urgencia de una acción rápida para reducir los impactos más severos del cambio climático”, analiza el investigador del Barcelona Supercomputing Center (BSC) Raffaele Bernardello en declaraciones a Science Media Center (SMC). También “ofrece un relato detallado de lo que se requiere y de las posibles consecuencias de seguir retrasando una acción coordinada a nivel mundial”.

En este sentido, el calentamiento global más allá de los límites de seguridad provoca, explican los expertos, “cruzar puntos de inflexión difíciles de revertir en escala temporal humana”. Entre esos puntos de inflexión se cuentan la pérdida del bosque amazónico, la caída de la corriente de circulación del Atlántico (la AMOC) o el derretimiento del hielo marino.

La directora ejecutiva de UNEP, Inger Andersen, resume la situación: “No podemos esperar nada bueno si nos mantenemos por encima de los 1,5 grados extra. Debemos asegurarnos de que esta superación es lo más pequeña y breve posible”.

La ventana de oportunidad

Los mismos científicos de la ONU explican que “si actuamos ahora, podemos limitar ese overshoot y que decline”. Para ello, es precisa “una respuesta inmediata que afronte los impactos y rebaje las emisiones” además de gestionar los riesgos y trabajar a largo plazo para conseguir que la temperatura, tras elevarse, baje.

Con todo, este informe recuerda que la senda para conseguir esto pasa, sí o sí, por conseguir las emisiones netas cero, “un objetivo que no puede evitarse”. Conseguir que, a finales de siglo XXI, la temperatura global de la Tierra no supere los 1,5 grados extra respecto a la era preindustrial implica incluso emisiones negativas y extraer carbono de la atmósfera.

El meteorólogo superior del Estado de la Asociación Meteorológica Española, Ernesto Rodríguez, subraya al SMC que existe esperanza “siempre y cuando la superación del límite de 1,5 grados no sea superior a unas pocas décimas de grado (0,2–0,3 ºC) y limitado en el tiempo”.

Durante generaciones, los grandes olmos fueron mucho más que árboles en los pueblos de Guadalajara. Presidían plazas y ermitas, daban sombra a vecinos y visitantes y, en torno a sus copas, se desarrollaba buena parte de la vida social.

Bajo su generosa sombra se colocaban los vendedores ambulantes, allí tocaban los músicos y se representaban obras de teatro. En algunos pueblos era allí donde se reunía el ganado comunal antes de salir a los pastos. A veces hacía las veces de parada del autobús.

En momentos festivos, era el lugar elegido para que las procesiones se detuvieran. Incluso durante la Fiesta del Corpus se convertían en altar de obligada visita. De sus ramas colgaban al ‘Judas’ en Semana Santa, un muñeco de paja y trapo que terminaba siendo quemado y apaleado.

Más allá de eso, aunque solo unos pocos se convirtieron en olmos concejiles. En torno a ellos se sentaban los miembros del concejo municipal para gobernar el pueblo. Ocurrió en la población de Canales de Molina.

Son algunos de los detalles vinculados a la costumbre popular en casi toda la provincia que recoge la publicación de 55 Olmos históricos de la provincia de Guadalajara, editado por la Asociación Micorriza, una entidad fundada en 2013, de carácter socio-ambiental, que trabaja en la conservación del patrimonio natural y cultural de las áreas rurales y “para la transformación de una sociedad más respetuosa con su entorno”, como ellos mismos definen.

Rafael Marco es técnico de medio ambiente en esta asociación y se ha encargado de coordinar un libro coral en el que, además, han participado Ossian de Leyva Briongos, Rodrigo García Vegas, Iván Maldonado García y Javier Aragoncillo del Río. También han colaborado Ignacio Abella Mina, David León Carbonero y Luis Gil Sánchez.

La obra documenta 55 ejemplares emblemáticos de la especie Ulmus minor. “Queremos que se sepa que en casi todas las plazas de los pueblos de la provincia de Guadalajara había uno de estos árboles en una posición importante”.

El libro recupera la memoria de aquellos ejemplares y reivindica su papel como parte del patrimonio natural, cultural y paisajístico de la provincia. La idea surgió allá por 2014, tras editar otra publicación. “Cuando hablábamos con los vecinos siempre sacaban a relucir el olmo de la plaza del pueblo. Se les iluminaban los ojos. Fueron un instrumento de vertebración municipal”.

El olmo y la olma que retrató Cela en su ‘Viaje a la Alcarria’

En el libro Viaje a la Alcarria (1948), Camilo José Cela también habló de los olmos como elementos fundamentales del paisaje castellano, ofreciendo sombra y refugio al caminante en caminos o plazas de los pueblos.

Una de las referencias más sonoras se refiere a la famosa ‘olma’ del municipio de Pareja. Una placa recuerda hoy en este pueblo cómo lo describió el premio Nobel de Literatura durante su viaje por el sur de la provincia.

“La plaza es amplia y cuadrada, y en el centro tiene una fuente de varios caños, con un pilón alrededor, y un olmo añoso -olma le llaman porque es redondo, copudo, matriarcal-, un olmo tan viejo, quizás, como la piedra más vieja del pueblo”.

Lo cierto es que la distinción entre olmo y olma, dice Rafael Marco, “no tiene sentido científicamente hablando”, pero reconoce que es algo que se ha instaurado en la cultura popular de Guadalajara, según el aspecto del árbol.

Un árbol ‘todoterreno’ que los romanos ‘plantaron’ por media Europa

La elección del olmo para ocupar un lugar central en las plazas tampoco era casual. El Ulmus minor, la especie más habitual en estos espacios, reunía unas características especialmente adecuadas para el entorno urbano tradicional.

“Es un árbol todoterreno que crece rápido, hasta un metro al año”, explica Marco. Su copa es muy densa y proporciona una sombra abundante, soporta tanto las altas temperaturas estivales como los inviernos fríos y no resulta especialmente exigente con el suelo.

Además, toleraba bien una de las condiciones más difíciles de las plazas de los pueblos: la compactación provocada por el tránsito de personas y carros de otros tiempos.

Su facilidad para reproducirse contribuyó también a su enorme expansión histórica. Marco recuerda que los romanos utilizaron el olmo como soporte para cultivar la vid mediante el sistema de viña alta. Para ello se empleaban estaquillas, ramas de olmo capaces de enraizar con facilidad.

La expansión de este sistema contribuyó a extender el cultivo del olmo por Europa, pero también dejó una población con una variabilidad genética reducida y vulnerable a las enfermedades.

La enfermedad que vació las plazas

Micorriza maneja una lista de los 55 pueblos que tuvieron uno de esos olmos (u olmas) históricos. Ya no existen, al menos no están los originales. La razón es una enfermedad que afecta a esta especie. La grafiosis acabó con buena parte de los grandes olmos que durante siglos habían presidido los pueblos. La enfermedad, causada por hongos del género Ophiostoma y transmitida por pequeños escarabajos escolítidos, bloquea los vasos conductores del árbol hasta impedir que el agua llegue a las hojas.

La cepa más agresiva, Ophiostoma novo-ulmi, provocó durante las décadas de 1970 y 1980 una auténtica catástrofe para las poblaciones de olmos en Europa y América. “De aquellos 55 no queda ninguno”, lamenta Marco, al referirse a los ejemplares históricos documentados en el libro.

Desde hace varios lustros desde el Gobierno de España se ha impulsado la investigación para conservar los recursos genéticos de los olmos ibéricos y obtener ejemplares tolerantes o resistentes a la enfermedad, en colaboración con la Universidad Politécnica de Madrid.

Ese esfuerzo científico ha permitido localizar olmos supervivientes, estudiar su resistencia y reproducir mediante clonación aquellos ejemplares capaces de soportar la grafiosis. El objetivo es recuperar el Ulmus minor autóctono y devolverlo progresivamente a espacios donde desapareció.

A partir del año 2015, el Gobierno de España comenzó a donar algunos de estos árboles autóctonos resistentes a la grafiosis. “Cinco asociaciones ambientales nos pusimos de acuerdo para asesorar a los ayuntamientos en Guadalajara” y algunos de ellos se sumaron a la iniciativa. Según Rafael Marco, entre 30 y 40 municipios han plantado nuevos olmos en los últimos años, entre ellos Pareja, Maranchón, Molina de Aragón, Sigüenza, Yela, Marchamalo, Torrejón del Rey o Cifuentes.

En la actualidad, el programa español de conservación de los olmos permite solicitar plantas, estacas o semillas dentro de las iniciativas de conservación de los recursos genéticos forestales. El plazo anual para presentar solicitudes se extiende del 1 de junio al 15 de octubre.

Para quienes han publicado este libro, recuperar estos árboles supone algo más que plantar una especie autóctona. No se trata de plantar árboles, sino de reconstruir una parte de la memoria colectiva asociada a ellos. “Son muchos los años que llevamos desarrollando proyectos de restauración ecológica, de educación y sensibilización ambiental, de recuperación del patrimonio etnográfico... pero de entre todas las líneas de trabajo y proyectos que llevamos a cabo, siempre nos hemos preocupado de una forma especial por los árboles singulares, intentando protegerlos y conservarlos frente al desconocimiento y las agresiones externas que puedan sufrir”.

Rafael Marco afirma que “los grandes olmos que habitaban en las plazas y ermitas de nuestros pueblos también eran árboles singulares y hemos escrito este libro para que nunca los olvidemos. Nos gustaría que en la medida de lo posible pudieran recuperarse. No es un pasado tan lejano. La gente más mayor todavía lo recuerda”.

Sin embargo, reconoce que no resulta sencillo. “Ahora la distribución de las plazas ha cambiado. El trazado urbano no es el mismo, ni tampoco los materiales que se usan en el diseño. Algunas ya no tienen hueco para ponerlo”, advierte.

PP y Vox elevarán al Gobierno central una propuesta de pronunciamiento desde la Asamblea de Extremadura para modificar el artículo 50 de la Ley Estatal de Montes. La medida pretende eximir de la prohibición de cambio de uso forestal a las actuaciones de prevención de incendios, permitiendo permutas de fincas y la implantación de actividad agrícola o ganadera como cortafuegos naturales en zonas arrasadas, como las 3.700 hectáreas calcinadas este verano en Las Hurdes.

La presidenta de la Junta, María Guardiola, ha anunciado este paquete de medidas tras la celebración del consejo de gobierno en la alquería de Vegas de Coria, en el municipio hurdano de Nuñomoral (Cáceres). La reunión se ha celebrado como gesto de apoyo a una comarca que ha sufrido el mayor incendio forestal de la temporada estival en la región, con un balance de cerca de 1.000 vecinos evacuados.

Guardiola ha defendido que, aunque la limitación de 30 años fijada en la norma estatal nació para evitar la especulación, “no podemos aceptar que con esa excusa se impida realizar labores de prevención”. Según la presidenta extremeña, la restricción estatal actual frena la gestión preventiva necesaria mediante cambios de uso en el suelo.

Cambios en la Ley Agraria regional y menos burocracia

De forma paralela, la Junta acometerá una modificación de la Ley Agraria de Extremadura, integrada en el Decreto Ley de ayudas, recuperación y protección frente a los incendios forestales. Esta reforma permitirá agilizar las permutas de pequeñas fincas en monte público, hasta ahora limitadas a parcelas de más de 10 hectáreas, para intercambiarlas por terrenos cercanos a los cascos urbanos. Con ello se busca que la actividad agrícola o forestal actúe como cortafuegos natural entre el monte y las viviendas.

Asimismo, se eliminará la carga burocrática en los bancales abandonados para su reaprovechamiento agrícola y se profundizará en la figura de la “infraestructura preventiva productiva”, permitiendo su instalación en cualquier punto del monte público para reducir combustible vegetal.

Sustitución de pinares y ayudas al pastoreo

Dentro del plan de actuaciones, la Junta impulsará la transformación progresiva de las masas forestales en Las Hurdes y Sierra de Gata para sustituir al menos el 20% de la superficie de pino por otras especies. “El problema no es una especie concreta, sino cuando las masas forestales no están suficientemente gestionadas y favorecen la propagación de las llamas”, ha señalado Guardiola.

El plan contempla también el respaldo al Proyecto Mosaico Gata-Hurdes de la Universidad de Extremadura, ayudas a ayuntamientos en zonas de alto riesgo para incentivar el pastoreo preventivo y 1,3 millones de euros para frenar la erosión del suelo mediante helimulching, retirada de madera quemada y recuperación de pistas.

Por último, se acometerán obras de emergencia para proteger embalses y sistemas de abastecimiento en Las Hurdes y Casas de Millán, al tiempo que la Casa Forestal del Buen Agua se reconvertirá en un Centro de Innovación y Desarrollo Forestal.

Agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife destinados en la zona de Anaga, junto a efectivos de Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife, han detectado dos estanques en el parque rural que se encuentran vacíos y pueden suponer un “riesgo” para la población de pardelas de esta zona.

En concreto, el Ayuntamiento ha detallado en una nota que la inspección ha sido en las zonas de Los Orovales y Las Breñas, y en ambos casos los agentes solicitaron la adopción de medidas para evitar el daño que la primera de las infraestructuras genera en la población de pardelas de esa zona.

Así, hace unos días, y partiendo desde El Draguillo, dos policías y una agente medioambiental realizaron una inspección recorriendo toda esa zona a pie por el sendero que conecta con Las Palmas de Anaga hasta Los Orovales.

Tras realizar una búsqueda visual en un área de difícil acceso, bajo los derrubios de la cara (este) del Roque del Aderno, se localizó un depósito de agua abandonado y, en el interior de la infraestructura, se constató la presencia de una gran cantidad de esqueletos de aves.

Consultada una agente insular de Medio Ambiente, especialista en la materia, determinó que los restos corresponden a pardelas cenicientas Calonectris borealis, especie que cuenta con un alto nivel de protección en Canarias.

De la inspección se reafirmó la hipótesis de que muchas de estas aves, especialmente crías, caían desorientadas al citado estanque y luego se veían imposibilitadas para salir.

Siguiendo con la información facilitada previamente, los agentes se desplazaron hacia por un sendero poco visible en dirección a Las Breñas donde los policías localizaron una segunda infraestructura; un tanque de agua de pequeñas dimensiones que se encuentra actualmente lleno de residuos y basura, pero se determinó que no supone peligro especial para los ejemplares de esta especie protegida. Aún así, también se considera que debe intervenirse en el mismo.

Se ha solicitado al Cabildo tinerfeño la intervención urgente en el primer depósito puesto que se ha convertido en una “trampa mortal” para las crías de pardela que, además en estas fechas, comienzan a abandonar las uras o nidos.

En el segundo estanque se valoró este riesgo y también se incluyó para que se adopten medidas y clausurarlo o cubrirlo eliminando esta situación.

“Junto a estas medidas correctoras, que deben diseñar e instalarse bajo el criterio de personal técnico competente, se garantizaría su sellado impidiendo que los ejemplares de pardela cenicienta caigan y queden atrapados o se enreden en las actuales instalaciones”, añade el Ayuntamiento.

Del mismo modo, los policías locales han trasladado esta información al servicio de Disciplina Urbanística capitalino para la búsqueda del propietario y que también se proponga un vallado de estas infraestructuras.

El consejero de Fomento y Medio Ambiente de Cantabria, Roberto Media (PP), ha asegurado que hay cuestiones en la transferencia de la competencia de Costas a la comunidad autónoma que “no están cerradas, ni mucho menos”, y ha indicado al respecto que están relacionadas con temas económicos y de traspaso de personal y edificios que “hay que negociar”.

“Y a nosotros todavía no se nos ha pasado ninguna propuesta al respecto. Por lo tanto, cuando se nos pasen esas propuestas, tomaremos las decisiones oportunas. No vamos a cargar con una competencia que traiga más costes para los ciudadanos de Cantabria”, ha avisado el dirigente 'popular', que ha afirmado que “sobre el tema del dinero y del personal no se ha hablado ni una sola palabra hasta el momento”.

Con estas palabras ha respondido, este martes a preguntas de los periodistas, a las declaraciones que hizo la semana pasada el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, en Santander, donde afirmó que dicha transferencia estaba “lista para que, en cualquier momento, se pueda culminar”. Según apuntó, la propuesta de traspaso, realizada en el marco de un proceso de negociación bilateral y que sigue el modelo del País Vasco o Galicia, contaba con “el visto bueno” del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.

Pero el consejero cántabro, que ha admitido reuniones para tratar este asunto, ha reconocido que se ha llegado a un acuerdo sobre “el marco general” de la transferencia, que es “similar” al de “todas” las comunidades autónomas, pero hay cuestiones que no están “cerradas”, por lo que ha afeado el “desconocimiento total” de Morán y el que “hable de cosas que absolutamente parece desconocer”.

“Nos tendrán que transferir la competencia de Costas en las condiciones que hemos establecido, que son las mismas que para el resto de las comunidades autónomas, pero con una financiación suficiente detrás para que sea sostenible el ejercicio de esa competencia. Y a día de hoy de eso no se ha hablado porque no han tenido ningún interés en hablar”, ha lamentado.

Media ha aprovechado para insistir en que sigue pendiente la transferencia de las competencias de las confederaciones hidrográficas, que “todavía seguimos esperando” y desde “mucho antes” que las de Costas. “No sé dónde se habrán perdido los papeles, en qué ministerio”, ha apostillado al respecto.

El Gobierno de Cantabria ha concluido que los análisis realizados a las 44 aves silvestres halladas sin vida en la ría de San Martín, en Suances, no son concluyentes y no han permitido por tanto determinar la causa de la muerte, ya que si bien la sintomatología es compatible con botulismo aviar tampoco se ha podido confirmar este extremo, al igual que ha ocurrido con la salmonella, aunque ésta sí se ha detectado.

Las pruebas han descartado gripe aviar, enfermedad de Newcastle, fiebre del Nilo y pasteurelosis, mientras la salmonella detectada no se considera compatible con la sintomatología de los animales.

Así lo ha informado este martes la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación en un comunicado, en el que ha indicado que se han analizado esos seis posibles motivos y que cinco gaviotas reidoras, también afectadas y rescatadas, han sido tratadas en el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre y devueltas a su hábitat.

En cuanto a las pruebas, se han realizado mediante técnicas de PCR para la detección de gripe aviar, enfermedad de Newcastle y fiebre del Nilo Occidental, y han arrojado resultados negativos, con lo que descarta “de manera concluyente” la presencia de estas enfermedades en las aves analizadas. Asimismo, las efectuadas para detectar pasteurelosis también han resultado negativas.

Y aunque en los análisis sí se ha conseguido aislar salmonella, los especialistas han determinado que este hallazgo “no explica la mortalidad observada” y, además, los síntomas que presentan los ejemplares recogidos “no son compatibles con un proceso de mortalidad aguda por esta causa”.

Desde la Consejería han señalado que la sintomatología observada en los animales apuntaba inicialmente hacia un posible episodio de botulismo, ya que entre los signos detectados figuraban parálisis flácida, incapacidad para mantenerse erguidos y sintomatología nerviosa compatible con esta enfermedad. En estos casos, los animales presentaban una pérdida progresiva del tono muscular.

No obstante, pese a que los indicios clínicos eran compatibles con el botulismo, los análisis realizados no han logrado aislar de forma “concluyente” la toxina botulínica responsable de la enfermedad, ni confirmar la presencia del agente causal en cantidad “suficiente” para establecer un diagnóstico “definitivo”.

La Consejería ha indicado que los episodios de botulismo aviar son “relativamente frecuentes” durante los meses más cálidos del año y suelen verse “favorecidos” por condiciones ambientales “muy concretas”, como elevadas temperaturas, escasa renovación del agua y situaciones de bajo nivel de oxígeno.

Así, las condiciones registradas este verano en algunas zonas de la ría de San Martín “podrían haber favorecido el desarrollo de este tipo de procesos”, aunque los resultados analíticos obtenidos “no permiten confirmarlo”.

La Consejería ha señalado que continuará las labores de vigilancia sanitaria sobre la fauna silvestre y mantendrá el seguimiento de la situación en coordinación con los servicios veterinarios especializados, con el objetivo de garantizar una “rápida detección de cualquier incidencia que pudiera afectar a la salud animal o al medio natural”.

Prosigue la batalla de los vecinos y vecinas de la pedanía de Torre Uchea, perteneciente a Hellín (Albacete), para frenar el proyecto de una macrogranja de terneros a menos de medio kilómetro de sus casas. Apuntan ahora que un informe de la Oficina Comarcal Agraria (OCA) de la ciudad recoge “numerosas deficiencias técnicas”, entre ellas que la propia pedanía no aparece mencionada y solo incluye a Nava de Campana como la zona habitada más cercana.

Agrupados bajo la Asociación en Defensa de la Torre Uchea (ADTU), que forma parte de la coordinadora Stop Ganadería Industrial y cuenta con el apoyo de Ecologistas en Acción, este colectivo ha exigido al equipo de Gobierno municipal, en el pleno municipal celebrado el 31 de agosto, que fije públicamente su postura sobre la macrogranja de vacuno de cebo que la empresa Nutripelet, S.L. proyecta junto a esta pedanía.

Según apuntan, el alcalde de Hellín, Manuel Serena (PP), no asistió a la sesión al encontrarse fuera de España, por lo que la asociación formuló la pregunta al conjunto del equipo de Gobierno en el turno de ruegos y preguntas, amparándose en una modificación legal que desde julio obliga al Ayuntamiento a certificar en pleno si apoya o rechaza el proyecto para poder reactivar la evaluación ambiental.

El cambio normativo al que se refiere este colectivo es la modificación de la Ley de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha recientemente aprobada, que otorga a los plenos de los ayuntamientos la posibilidad de vetar proyectos que consideren nocivos para su término municipal.

El Ayuntamiento quiere “recabar más informes”

Según ADTU, durante el pleno se leyó la respuesta que el alcalde había dejado preparada en la que se reconocía la necesidad de que el pleno se pronunciase, pero recordando que cuenta con un plazo de un año y que es necesario “recabar más informes”, sin que fuera posible pronunciarse en ese momento.

La asociación recuerda que el pasado mes de abril ya preguntó al alcalde sobre la distancia que debía guardar la macrogranja respecto a las viviendas de Torre Uchea. En ese momento respondió que se trataba de “una pregunta de carácter técnico y no de política municipal” y que había que determinarlo según los informes técnicos pendientes de elaborar, entre ellos la evaluación ambiental, cuya competencia corresponde al Gobierno regional.

Los vecinos y vecinas de la pedanía recuerdan que el proyecto contempla una explotación de 1.416 terneros de ganado vacuno de cebo en la pedanía. Apuntan que la Oficina Comarcal Agraria (OCA) de Hellín, a petición del propio Ayuntamiento, emitió un informe sobre el proyecto el 25 de marzo de 2026. Y añaden que la asociación no tuvo constancia de su existencia hasta que accedió al mismo a través del registro electrónico municipal el 30 de junio de 2026, casi un mes después de haber presentado sus alegaciones al proyecto, el 2 de junio.

El informe de la OCA, señala ADTU, recoge “numerosas deficiencias técnicas” del proyecto. Entre ellas, que el expediente “no contempla la existencia” de Torre Uchea: el documento sitúa la zona habitada más cercana a la explotación en la pedanía de Nava de Campana, sin mencionar que las viviendas de la otra pedanía se encuentran a menos de 500 metros de las instalaciones proyectadas.

Nutripelet y la familia de la concejala de Medio Ambiente

A fecha de hoy, y según ha podido comprobar también este periódico, el expediente no figura con información activa en la plataforma de expedientes de evaluación ambiental de Castilla-La Mancha (Nevia). Es decir, su tramitación no se ha iniciado oficialmente.

La asociación de Torre Uchea afirma además que el proyecto arrastra, además, un “elemento de conflicto de interés” que lleva meses señalando: la empresa promotora, Nutripelet, S.L., pertenece a la familia de la concejala de Medio Ambiente, Agua y Desarrollo Rural del Ayuntamiento de Hellín y senadora en la actual legislatura, Miriam García Navarro. Así lo ha comprobado también este periódico en el Registro Mercantil. “Esta circunstancia refuerza la necesidad de que sea el pleno en su conjunto quien fije una posición explícita sobre el proyecto”, añaden.

ADTU recuerda que, a pesar de la respuesta recibida por parte del alcalde, el certificado del pleno deberá trasladarse al órgano medioambiental de la Junta de Castilla-La Mancha para que la evaluación ambiental del proyecto pueda reanudarse.

La asociación advierte de que seguirá reclamando una respuesta “clara y por escrito” mientras el Ayuntamiento no fije postura, y no descarta recurrir a la vía judicial si finalmente se concede la licencia a Nutripelet.

La Justicia es lenta (sobre todo si se tienen recursos para demorarla), pero termina llegando. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha desestimado el último intento de la multinacional israelí Iberpotash para impedir su obligación de desmantelar la montaña de sal contaminante que tiene en Sallent (Barcelona) fruto de su actividad minera.

A la espera de que la empresa cumpla con la sentencia y retire los 45 millones de toneladas de sal contaminante que acumula en la montaña de El Cogulló, convertida en uno de los principales peligros ecológicos de Catalunya, se empieza a poner punto y final a un litigio que dura dos décadas.

En una providencia, adelantada por La Vanguardia y que ha confirmado elDiario.es, la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC inadmite el último recurso de Iberpotash, y vuelve a dar la razón a la asociación de vecinos del barrio de la Rampinya de Sallent, representados por el abogado Climent Fernández.

La contaminación provocada por la actividad minera de Iberpotash, que afecta en especial la salinización de las aguas del Llobregat, lleva décadas siendo denunciada por vecinos, ecologistas y Fiscalía de Medio Ambiente, sin que las autoridades políticas hayan querido abrir un conflicto con la empresa por el relevante peso económico que tiene en la comarca.

Tras años de inacción del consistorio y de la empresa, los vecinos lograron en 2014 la sentencia que acordaba un expediente de protección de la zona y obligaba a Iberpotash a cesar los vertidos salinos en El Cogulló, al tiempo que le instaba a retirarlos. Los vertidos se siguieron produciendo hasta 2019.

La empresa recurrió ante todas las instancias posibles, sin éxito, y tampoco cumplió con la sentencia de forma voluntaria. Los vecinos pidieron entonces la ejecución forzosa de la resolución, y la Justicia les volvió a dar la razón. Iberpotash volvió a recurrir hasta encontrarse con el último portazo judicial de este mes de julio.

En suma, ahora llega el turno de la empresa para cumplir con “el restablecimiento de la realidad física alterada” que le imponía la primera sentencia. Todas las instancias judiciales han rechazado las alegaciones de Iberpotash, que consideraba que los usos del vertedero de sal ya estaban legalizados.

“No consta que se haya retirado ni un solo metro cúbico de residuo salino desde que cesó ese vertido”, recordó el TSJC en su sentencia de 2024.

Las consecuencias medioambientales de la minería en la comarca de El Bages han comportado procedimientos tanto por la vía contenciosa como por la penal. Una sentencia de 2016 condenó a tres exdirectivos y a la compañía a sufragar el coste de la recuperación ambiental de la zona hasta que se eliminara la elevada salinidad de las aguas.

Debido a la contaminación salina, estos acuíferos de la comarca del Bages no se pueden destinar al consumo humano o del ganado. Además de afectar a una docena de pozos y fuentes, los escombros salinos también causaron filtraciones de agua contaminada a los ríos Cardener y Llobregat.

Este año, España es la protagonista de un auténtico hito medioambiental y climático. En toda la historia del programa LIFE —el instrumento financiero de la Unión Europea creado en 1992 dedicado de forma exclusiva al medio ambiente y a la acción por el clima— nunca se habían movilizado tantos recursos: hasta 271 millones de euros. El sujeto del esfuerzo es igualmente trascendental. Se trata de la red de humedales españoles, la más diversa de Europa y la tercera más numerosa del mundo, según la Lista Ramsar.

“Durante décadas, los humedales en toda Europa han estado bajo una presión intensa. Están desapareciendo ante nuestros ojos [...] Este trabajo revertirá la degradación ambiental, reconectará a las personas con la naturaleza y ofrecerá beneficios concretos para nuestras economías, nuestras comunidades y nuestra calidad de vida [...]. Me llena de esperanza por el futuro, me emociona por España y me inspira para el resto de Europa”, expresó al respecto en febrero, cuando se presentó el proyecto, Jessica Roswaltz, comisaria europea de Medio Ambiente, Resiliencia Hídrica y Economía Circular Competitiva.

La iniciativa, hija del Plan Estratégico de Humedales aprobado en 2022, pretende restaurar 26.100 hectáreas de zonas húmedas en las 17 comunidades autónomas en el transcurso de una década, logrando así el 130% del objetivo de este plan. “Que todo un Estado se haya volcado en un único ecosistema nos va a convertir en un referente a nivel internacional”, considera Antonio Guillem, ingeniero en Ecotecnología Acuática y uno de los coordinadores del proyecto de la mano de la Fundación Global Nature.

Que todo un Estado se haya volcado en un único ecosistema creo que nos va a convertir en un referente a nivel internacional

Antonio Guillem — Coordinadores de LIFE Humedales

A través de este objetivo la Unión Europea también busca facilitar la aplicación de su legislación medioambiental y climática. Por eso ha aportado 30 millones, mientras se esperan 111 millones más provenientes de fondos complementarios, de los cuales ya se han comprometido 26. Los otros 130,5 los han puesto el Ministerio de Transición Ecológica —impulsor y líder del proyecto—, y el resto de los socios, entre empresas, fundaciones públicas y una docena de comunidades autónomas.

Un punto estratégico para Europa

Debido a la presión humana, la sobreexplotación de acuíferos y ríos, desecación, contaminación, etc., este tipo de ecosistema se ha convertido en el más amenazado del mundo. Desde 1.700 se ha perdido cerca del 87% de estas masas de agua.

España en concreto ya se ha despedido en el último siglo del 60% de su superficie húmeda. Guillem recuerda que “venimos de la Ley Cambó (1918-1985)”, la cual favorecía la desecación de estos espacios por considerarlos insalubres. “Pero son, de hecho, los ecosistemas más productivos que tenemos en nuestro planeta. Son puntos críticos de biodiversidad y generan multitud de servicios ecosistémicos”, apunta.

Almacenan carbono, sostienen sectores como la agricultura, y contribuyen a atenuar las sequías y a controlar las inundaciones, además de actuar como los “riñones del planeta” filtrando el agua, protegiendo la costa o mejorando la calidad del aire. “[Los humedales europeos] ahorran decenas de millones de euros [...] porque reducen los daños que puedan ocasionar las inundaciones y almacenan millones de toneladas de CO2”, aseguró Sara Aagesen, ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, durante la presentación del LIFE.

Solo el 12% de los humedales en buen estado de conservación

España cuenta con alrededor de 5.000 zonas húmedas de hasta 30 tipos. Del total de enclaves Ramsar —llmados así por la conferencia sobre humedales celebrada en la ciudad iraní en 1971— españoles analizados por el Miteco, solo el 12% se encuentra en un buen estado de conservación. La inacción ante este escenario podría contribuir, entre otras cosas, a la aceleración del calentamiento global, explica la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica.

Además, los humedales del país son puntos verdaderamente estratégicos para la conservación de la biodiversidad en toda Europa (y del mundo), ya que facilitan rutas migratorias de multitud de aves entre África y el viejo continente.

Este histórico esfuerzo de restauración, sin embargo, coincide con las negociaciones que se están llevando a cabo en la Unión Europea sobre el próximo presupuesto comunitario 2028-2034, en las que se está planteando una reorganización de los instrumentos de financiación que podría afectar a futuros proyectos similares. Desde la Fundación Global Nature temen que el mecanismo de financiación específico para el medio ambiente del que parte esta gran acción por los humedales se diluya entre otros más amplios.

10 de los 107 enclaves ya están confirmados

En el LIFE Humedales —donde no estarán incluidos ni Doñana ni el Mar Menor, debido a que ya cuentan con sus propios marcos de financiación y actuación— se prevén 280 acciones de restauración en 107 espacios de la Red Natura 2000 de las 17 Comunidades Autónomas.

La Fundación Biodiversidad ha adelantado a elDiario.es que 10 de estos 107 enclaves ya están confirmados: En la Comunidad de Madrid se actuará en la Laguna de Soto de las Juntas y en la Laguna de Soto Gutiérrez; en Castilla-La Mancha en la Laguna de El Hito (Cuenca); en Castilla y León (Palencia) se atenderán las de Prados de Autillo de Campos, además de las Lagunas del Canal de Castilla; en La Rioja se actuará en las de Urbión (Soria); en Andalucía (Sevilla) se renaturalizará el meandro de la Margazuela del Brazo del Este; en Asturias La Junquera; en Galicia las marismas de la Ensenada de Mera en la ría de Ortigueira (A Coruña) y en las Islas Canarias el Humedal Mareta (Tenerife).

Distintos niveles de gobernanza

Las actuaciones se resolverán en varias fases hasta 2036. “La primera, en la que nos encontramos ahora, es la de realizar un diagnóstico del estado ecológico de estas zonas. Posteriormente, se desarrollarán las actuaciones de restauración propiamente dichas, que pueden incluir adquisición de tierras, mejoras hidrológicas, recuperación de hábitats y de especies, mejora de la calidad del agua o control de especies invasoras”, explica el coordinador.

Se pretende que haya talleres de encuentro con los usuarios de todos estos humedales (agricultores, ganaderos, cazadores…) para darles voz

Antonio Guillem — Uno de los coordinadores de LIFE Humedales de la mano de la Fundación Global Nature.

“En paralelo, se va a trabajar mucho desde la participación social y la sensibilización ciudadana. Se pretende que haya talleres de encuentro con los usuarios de todos estos humedales (agricultores, ganaderos, cazadores…) para darles voz, buscar soluciones compartidas e intentar que se asuma a largo plazo un compromiso común en la gestión y conservación de estos ecosistemas para que el trabajo sobreviva a esta década. Por último, se procederá a monitorizar y evaluar los resultados”, prosigue.

Teresa Gil Gil, responsable del Departamento de Aguas de WWF España, y del área de Gobernanza en el LIFE, explica que tendrán que hablar, por ejemplo, con actores de la industria hotelera para llegar a un punto en común que logre ponerle freno a los vertidos ilegales en estos espacios naturales. O realizar convenios de colaboración con arroceros procurando que perciban un beneficio para su producción. O dialogar con piragüistas para zonificar los lagos donde practican la actividad.

Gil Gil sostiene que uno de los principales retos será el de la alta complejidad interadministrativa que este proyecto requiere, además de los posibles cambios de gobierno. “Va a haber cambios legislativos, por eso nosotros siempre proponemos que estas iniciativas se presenten y se aprueben por mayoría tanto por el gobierno actual como por la oposición, de forma que el siguiente herede lo que ya ha hecho suyo”, cuenta.

Se va a habilitar, además, en el Comité Nacional de Humedales, del que ya forman parte casi todas las comunidades autónomas, un grupo de trabajo específico en el que también estén incluidas las oenegés para así favorecer la coordinación interadministrativa, algo que esperan que enriquezca mucho el LIFE. “Vamos a invertir muchos recursos y tiempo en esto, en generar estas relaciones de confianza y mantenerlas, porque es decisivo”, apunta.

Por último, se desplegarán actividades de ciencia ciudadana, campañas de sensibilización pública, y eventos de capacitación en todo el país para decenas de miles de personas implicadas en los diversos sectores vinculados. El valor del legado que este proyecto puede dejar a las generaciones futuras durante esta década, celebra Guillem, es incalculable.

El líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha cargado contra la Xunta por la falta de anticipación para evitar situaciones de escasez de agua como la que se está dando este verano en Galicia- La respuesta del Gobierno gallego, dice, es “que ya lloverá o que la culpa es de los ayuntamientos”, pero “esperar por la lluvia no es una alternativa de suministro, no es una política de abastecimiento.

Besteiro visitó este lunes el embalse de Baíña, en Baiona (Pontevedra), uno de los municipios afectados por la falta de agua y en el que la Xunta aplica desde hace tres semanas medidas iguales a las de la alerta por sequía. Además, ha tenido que pedir ayuda ante la posibilidad de quedarse sin recursos para abastecer a una población que se multiplica en la temporada estival. El Gobierno gallego tiene, en total, a 32 municipios en alerta y a otros 59 en prealerta por la falta de agua. En la demarcación Miño Sil, que depende del Gobierno central, están en prealerta las cuencas del Miño, el Sil y el Cabe. Galicia afronta una sequía repentina que se ha dado pese a las abundantes lluvias del invierno pasado. En un contexto de escasas precipitaciones en verano y varias olas de calor consecutivas que favorecieron la evaporación, buena parte del territorio sufre escasez de agua.

El secretario xeral de los socialistas gallegos manifestó desde Baiona que la Xunta debe asumir que esto “no es una anécdota del verano del 26” y que el cambio climático va a hacer que la situación vaya a peor. “El único que parece no entender que tenemos un problema real de agua es el Gobierno del PP”, dijo. Galicia, añadió, “no va a ser el paraíso del agua” y los efectos se están apreciando ya en restricciones en muchos municipios y en el campo, con unas pérdidas que Unións Agrarias cifra en 164 millones de euros.

Critica a la Xunta por no tener una planificación adecuada y reclama que los esfuerzos se centren en la red de captación y distribución, incluido el tratamiento. También propone que el 50% o más de lo que se recauda por el canon del agua se destine a que los ayuntamientos puedan renovar sus redes, que “pierden agua por todas partes”.

Galicia ha vuelto a secarse este verano. Tres de cada cuatro municipios están en alerta o en prealerta por sequía. Y, en un contexto de cambio climático, la previsión es que en los próximos años se van a reproducir las condiciones que han favorecido la escasez de agua de estos meses: muy pocas precipitaciones y olas de calor concatenadas que han agudizado la evaporación. La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, lanzó una propuesta para hacerle frente a la situación, que pasa por construir más embalses y estudiar las aguas subterráneas. Los expertos critican ambas vías. “No caben más embalses”, zanja uno de los especialistas consultados.

Vázquez tiene dentro de su Consellería las competencias sobre la gestión de sequías en la demarcación Galicia Costa, que es la que depende de la Xunta —en Galicia hay otras tres demarcaciones, de las que la Miño-Sil es la más relevante, que dependen del Gobierno central—. Ante la situación de escasez, su apuesta es levantar más presas porque, razona, sin ellas “el agua acaba en el mar”. Empezando por este concepto, los expertos rechazan la postura de la Xunta. “Conviene desterrar la idea de que el agua que llega al mar es agua 'perdida'. Esa visión refleja un profundo desconocimiento del ciclo hidrológico y del papel que desempeñan los caudales fluviales en el funcionamiento de los ecosistemas”, señala Horacio García, profesor de Geografía en la Universidade de Santiago de Compostela (USC).

Los embalses, añade, tienen unos impactos ampliamente documentados en la literatura científica. El más relevante es que alteran la función esencial de un río, que es transportar agua, sedimentos, nutrientes y organismos desde la cabecera al mar. Dominic Royé, doctor en Geografía Física por la USC e investigador de la Misión Biolóxica de Galicia, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), señala que el consenso es general entre los expertos: ya hay demasiadas presas en los ríos gallegos.

Royé advierte de que esa “no es la vía correcta”. Con más embalses habría más grandes superficies de agua, en las que hay también más pérdidas por evapotranspiración cuando se dan olas de calor y falta de lluvias. A este mismo efecto alude Julio Barea, geólogo y responsable de la campaña de agua de Greenpeace: “Los embalses no 'construyen' agua. Si no llueve y las temperaturas baten récords, se van a vaciar. Y las grandes láminas de agua se evaporan más fácil”.

Juan Ramón Vidal Romaní, catedrático emérito de Geodinámica de la Universidade da Coruña, añade al impacto ambiental los riesgos geológicos, que sostiene que se citan menos a menudo en el análisis y que se derivan tanto de la presión del agua como de los momentos en los que se liberan grandes masas, con “movimientos sísmicos asociados”.

“No caben más embalses”, sostiene. Hay ríos, como el Miño y el Sil, con tramos que son una sucesión de presas, dice. Y buena parte de ellas no son para abastecer de agua hogares, sino para aprovechamientos hidroeléctricos, pero defiende que “no se pueden dedicar únicamente a empresas”. Sobre estas últimas propone que, igual que se requiere que se mantenga un caudal ecológico se reserve lo que llama “un caudal humano”. Es decir, que sea obligatorio guardar parte de los recursos para el consumo de las personas.

Vidal Romaní insiste en que construir más en los ríos “no resuelve los problemas”, sino que más bien añade otros. “Si se acumula mucha agua y empieza a llover, hay un problema con las evacuaciones porque es mucha agua que tiene que salir por un mismo sitio. Puede ser un colapso terrible”, dice. Son riesgos para las poblaciones, pero también para el entorno o, en el caso de las rías, incluso para sectores como el marisquero.

Ilusión de abundancia

Los expertos consultados coinciden en que la solución está en la mejora de la red de abastecimiento para reducir las pérdidas —que llegan al 30%—, conservar los ecosistemas de ribera y los humedales, que retienen agua, y sobre todo actuar sobre la demanda. El consumo no ha parado de crecer en los últimos años, recalca Julio Barea, de Greenpeace, que añade otra crítica a la idea de construir más embalses: crean una sensación de falsa abundancia que puede llamar todavía más al consumo. “Es como estar en quiebra y querer resolverlo pidiendo una tarjeta de crédito aún más grande”, compara.

Concuerda Dominic Royé, que cree que, de hecho, en la España húmeda ya existe esa falsa sensación de que el agua no va a escasear. Pero insiste en que lo que hay es una tendencia a años secos y sequías repentinas como la de este año. “Y aún no hemos llegado al punto final [del cambio]”, enfatiza.

También habla de “sensación de seguridad hídrica que favorezca nuevos consumos” Horacio García. La construcción de nuevos embalses, añade, solo debería estar sobre la mesa cuando ya se han desarrollado “al máximo” el resto de medidas disponibles: convencer a la ciudadanía de un uso eficiente, eliminar las fugas y avanzar en la reutilización.

Sobre este último punto expone que se da una “paradoja” en el sistema urbano. Potabilizar el agua para que sea apta para consumo humano exige muchos recursos tanto económicos como energéticos, pero después una parte elevada de esa agua se usa para funciones que no requieren tanta calidad, como regar jardines, llenar cisternas o baldear calles. Instalar una red dual que separe el agua de consumo humano de la destinada a otros usos es caro y tiene dificultades técnicas, admite, pero se ha convertido en una opción “cada vez más interesante en un contexto de creciente estrés hídrico”.

Sobre la demanda, Julio Barea, de Greenpeace pone el foco no tanto en el consumo de los hogares como del sector industrial y agrícola y critica que la Xunta plantee primero construir nuevas presas, en lugar de rebajar el agua que se gasta y analizar otras medidas que “no dan dinerito a los de siempre”.

Las aguas subterráneas que casi no hay

Horacio García agrega una vía más a explotar antes de pensar en nuevos embalses, que es la de diversificar las fuentes de suministro. En este punto, dirige la mirada a los acuíferos, aunque con el aviso de que, dado que suelen tener una elevada calidad, deberían reservarse solo a usos que de verdad no se pueden satisfacer con aguas regeneradas.

Pero los expertos también ven un problema insalvable en este punto: no hay grandes acumulaciones bajo tierra en Galicia, como sí sucede en la zona mediterránea de la Península. Vidal Romaní es tajante y responde a la idea de la conselleira de Medio Ambiente de estudiar más a fondo esos recursos: “Es solo gastar dinero”.

Eran los meses de abril y mayo de 2018. Investigadores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) acudieron al espacio protegido de las Dunas de Maspalomas, en el sur de la isla, para preguntar a los turistas que traspasaban los límites de la reserva por qué lo hacían. La intención era conocer la psicología, motivaciones y justificaciones de aquellos que estaban destruyendo el área. Medir su “sensibilidad ecológica”. Y los resultados fueron cuando menos reveladores.

El 78,2% de los encuestados (101 en total) no sabía que se encontraba dentro de una Reserva Natural Especial protegida. Solo el 40,6% sabía que existían normas y el 62,4% desconocía la existencia del Centro de Interpretación. Además, muchos usuarios se opusieron rotundamente a pagar una tasa para la conservación de las dunas. De los 28 que justificaron su rechazo por escrito, el 60,7% de ellos afirmó que “la naturaleza es libre y pública” y que, por tanto, el acceso debe ser gratuito; el 21,4% argumentó que una tasa sería perjudicial para el turismo local; y el 7,14% advirtió de que no volvería a visitar las dunas si tuviera que pagar.

Ese mismo año, también en 2018, los investigadores de la ULPGC mapearon 298 puntos dentro de la reserva donde se habían acumulado residuos o destruido vegetación endémica. El proyecto Masdunas, del Cabildo de Gran Canaria, logró restaurar 295 de ellos y retiró poco más de 2.000 metros cúbicos de restos vegetales entre 2019 y 2023. Pero, aunque las zonas señaladas en 2018 fueron casi recuperadas por completo, la imposibilidad de mantener una vigilancia las 24 horas ha provocado la aparición de nuevos focos de degradación en áreas previamente intactas y en las zonas de mayor tránsito.

Todo ello hace que la Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas parezca una reserva solo sobre el papel, según un estudio publicado en la revista ‘Journal of Outdoor Recreation and Tourism’. La investigación muestra que en el interior de este espacio continúan realizándose de forma habitual actividades prohibidas que provocan la destrucción de hábitats y que, pese a las medidas desplegadas para frenar su degradación, es necesario tomar decisiones “sólidas” que involucren a todas las partes implicadas.

“A pesar de haber eliminado algunos refugios, hemos visto que se siguen organizando (a través de redes y páginas web) para poder entrar en la reserva cuando no hay vigilancia. Esto hace que, aunque haya un compromiso por conservar el espacio, de un año para otro o en cinco años no puedes cambiar la mentalidad de la gente. Eso solo lo consigues con un bombardeo diario”, explica Carolina Peña-Alonso, investigadora del grupo del Instituto de Oceanografía y Cambio Global de la ULPGC y primera autora de la publicación.

La investigación destaca varios factores que complican la protección de las dunas. Uno de ellos es la dificultad de educar a una población turística que permanece de media una semana en las Islas. El visitante puede concienciarse durante su estancia, pero ese conocimiento no necesariamente se mantiene. El esfuerzo pedagógico pierde efecto cuando coge el avión de vuelta a casa. Y así con los más de dos millones de turistas que visitan Maspalomas cada año.

Algunos turistas extranjeros también muestran una especie de “sentimiento de propiedad” cuando construyen refugios en la reserva, indica Peña-Alonso. Además, en “numerosas ocasiones”, los infractores eran visitantes habituales que parecían sentirse “empoderados” al saber que sus actos no tendrían consecuencias legales, dada la “escasa presencia de personal de seguridad” en Maspalomas. Muchos eran conscientes, continúa el artículo, de que las multas no llegarían a cobrarse una vez regresaran a sus países de origen.

El estudio señala directamente al modelo empresarial de la zona por utilizar las dunas como un mero escaparate publicitario para atraer millones de visitas “sin asumir apenas responsabilidad en su conservación”. También lamenta el choque competencial entre las distintas administraciones encargadas de gestionar el espacio, una situación que está comprometiendo la supervivencia del sistema dunar. Peña-Alonso explica que, para que este funcione, el viento debe empujar la arena desde la playa hacia el interior. Pero “si sigue pasando la máquina para alisar la playa todos los días, y se siguen instalando lotes de hamacas, sombrillas y demás, la zona de entrada no está bien”, y eso impide que la arena circule.

A ello hay que sumar la construcción masiva de complejos hoteleros y carreteras que rodean por completo el norte del ecosistema. Estas infraestructuras han bloqueado la dinámica natural del viento y han seguido dificultando el movimiento de la arena hacia el interior. Peña-Alonso destaca que cada vez existe una “menor entrada de arena” hacia las dunas, mientras el conjunto de actividades “intensivas” a su alrededor (e incluso dentro de ellas) no ha cesado. La investigadora apunta que, en la zona de Maspalomas, de hecho, la línea de costa ya ha retrocedido más de 100 metros en las últimas décadas.

“Ya hemos pasado ese punto de no retorno, por desgracia. Entonces… lo que nos queda es mantener lo que hay. Sobre todo, las dunas que vemos en la zona del RIU Palace, que es una postal, vamos, que son las dunas moviéndose libremente sin vegetación. Ese sistema depende de la zona de entrada que está en Playa del Inglés, que se está protegiendo con los proyectos Masdunas. También se está recuperando la zona sur de la playa, que era una de las más sensibles”, detalla Peña-Alonso.

Los resultados de la investigación muestran que en más del 50% de los puntos degradados detectados en 2018 (un total de 298, de los que 56 se encontraban dentro de la zona de exclusión) había vegetación dañada o talada. Entre los residuos encontrados había principalmente colillas, papel higiénico, toallitas húmedas, preservativos y bolsas de basura orgánica. Estos desperdicios favorecen la presencia de depredadores exóticos introducidos en el sistema dunar, como ratas de alcantarilla, erizos y gatos asilvestrados procedentes de las urbanizaciones, que suponen una amenaza para lagartos y aves protegidas.

El estudio indica que el 84,3% de los encuestados eran extranjeros (el 39,1% alemanes y el 15,2% británicos). El 96,1% eran hombres y el 58,7% tenía más de 44 años. Más de la mitad (57,6%) contaba con estudios universitarios (licenciatura, máster o doctorado). De manera paradójica, el 48,35% criticó la “falta de gestión” y reclamó papeleras y baños públicos dentro de la reserva, servicios que están prohibidos para proteger el entorno. El 13,1% se quejó de características propias de un desierto, señalando que en las dunas “hacía demasiado calor” o “faltaban árboles”. Y solo el 7,6% identificó la degradación ambiental como un problema real.

Todos estos datos formaron parte del diagnóstico inicial del proyecto Masdunas hace poco más de siete años. Los expertos eligieron este periodo de tiempo precisamente para alejarse de los estudios centrados solo en las condiciones ecológicas de las áreas protegidas y analizar cómo las evaluaciones iniciales pueden contribuir a mejorar las medidas de gestión.

Lo que ocurre en las dunas es, a juicio de los investigadores, un problema “de carácter estructural y no circunstancial”, remata el trabajo académico.

“Las Dunas de Maspalomas son únicas porque representan en Europa los espacios sedimentarios eólicos. Tienen un papel de atracción del turismo, que al final es el motor de nuestra economía. Pero más allá de eso, a nivel funcional, es un espacio que nos está protegiendo de las tormentas del oeste, que cada vez llegan con más potencia y duración. Y si las dunas no estuvieran, el agua entraría directamente hasta los hoteles. Es decir, a nivel climático, tendríamos problemas de inundación bastante relevantes”, concluye Peña-Alonso.

El Cabildo de Gran Canaria, a través del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino ImpulsaMaspalomas, ha implantado cámaras de videometría inteligente, sensores de flujo de personas en tiempo real para medir la carga de visitantes, postes alimentados con energía solar y señalética digital. También ha incorporado sistemas de megafonía inteligente en los accesos clave para emitir advertencias disuasorias en varios idiomas a los turistas que intenten salirse de los senderos. Y ha distribuido 43 papeleras inteligentes con sensores de llenado en los paseos marítimos y accesos a la playa para evitar la dispersión de basura hacia el interior de las dunas.

Fuentes de la Corporación insular indican que estas son las últimas medidas anunciadas por el Cabildo para proteger la reserva, junto con la incorporación de agentes en horario de tarde para reforzar la vigilancia.

El estudio de Peña-Alonso y otros expertos reclama la puesta en marcha de un enfoque que abarque a las distintas partes interesadas y tenga en cuenta las motivaciones de las personas que visitan las dunas. Señala la importancia de gestionar las expectativas de los visitantes, poner en marcha campañas eficaces de educación ambiental, establecer directrices claras e información clave sobre la reserva y, por último, apoyar al personal de seguridad en su intento de controlar los usos conflictivos.

Vanessa Cabuérniga (Reinosa, 1982) se dio cuenta de que era una ingeniera forestal que tenía un fuerte vínculo con los montes, pero trabajaba “mucho en la mente”. Le faltaba algo. Y lo dice así: “Algo”. Su empleo implicaba planificar y gestionar los bosques y los recursos naturales de forma sostenible, incluyendo la repoblación de zonas verdes, la prevención de incendios, el control de plagas, entre otras cosas: “Me faltaba el corazón”. En 2015, empezó a ser más consciente del agotamiento de los recursos naturales al volver a Cantabria, después de trabajar varios años en una multinacional en Chile, donde cartografiaba el volumen de la madera extraída por las grandes empresas forestales. Pero para 2023, cuando ya llevaba años trabajando en educación ambiental, el vacío seguía presente, los proyectos de eólicos en el sur de Cantabria, le marcaron, admite esta ingeniera que regresó a su pueblo, Villaescusa (Campoo de Enmedio), donde sigue hoy.

Entonces, descubrió una metodología con la que trabaja en los municipios rurales de Cantabria: la Pedagogía del paisaje, con su proyecto 'Bosque Raíz' y en talleres que da en el sur de Cantabria con el nombre 'Habitar el Paisaje'. “Hemos creado una coraza ante los grandes problemas ambientales, como la pérdida de agua, los grandes incendios, que trae consigo una desesperanza, como una inacción, como una imposibilidad”.

¿Qué es la Pedagogía del paisaje?

La Pedagogía del paisaje es un sistema de enseñanza y aprendizaje orientado a activar el papel regenerador del ser humano en su entorno. Dado que el paisaje es subjetivo, el enfoque no es solo la intervención directa en el terreno, sino actuar sobre la mirada de las personas para que sean ellas quienes lo cuiden. Se basa en tres dimensiones fundamentales: la interioridad por medio del sentir, la comunidad mediante la escucha y el entorno a través de la regeneración. Esta visión busca que la mente esté al servicio del corazón para superar la inacción y las perspectivas puramente utilitarias del territorio. El método incluye fases como honrar el dolor por la degradación de la tierra para poder ver con ojos nuevos y comprometerse con acciones concretas basadas en una esperanza activa

¿Cómo sería esa mirada apreciativa del paisaje?

La pedagogía del paisaje se fundamenta en tres dimensiones: la interioridad, que se explora a través del sentir; la comunidad, que se construye mediante la escucha; y el entorno, que se aborda a través de la regeneración. La visión regenerativa surge cuando se logra integrar estas tres esferas: la relación con uno mismo, con los demás y con el territorio. Esta metodología, desarrollada por la Fundación Paisaje, nació de la observación directa con agricultores y ganaderos, donde se percibió que el desafío principal no era solo técnico, sino la dificultad de cambiar la mirada. Aunque existen métodos para implementar una agricultura más regenerativa que proteja el suelo y el agua —pilares fundamentales del paisaje—, el cambio real ocurre al transformar la manera de sentir y transmitir ese vínculo con la tierra. Por ello, la red de educadores en paisaje incluye perfiles diversos como arquitectos, ingenieros, agricultores y profesores, reconociendo que todos, de forma directa o indirecta, tienen un papel en la construcción y cuidado del paisaje.

Entonces, ¿cómo se aplica con la gente que reside en el campo?

Con agricultores directamente no he tenido un trabajo directo, pues este proyecto se basa más en población general y toca todos los ámbitos porque está abierto. La manera en la que se trabaja es volver a crear momentos significativos en la naturaleza y volver a reconectar con el sentir. Como ingeniera forestal, me di cuenta de que estaba mucho en la mente y me faltaba el corazón; por eso, la mente tiene que estar al servicio del corazón. Si ponemos la mente a dirigir nos encontramos en escenarios caóticos y capitalistas, siguiendo un sistema donde los recursos finitos de la Tierra se agotan cada vez antes, llegando al límite del consumo anual quizás en junio. Esta metodología trata de validar el sentir porque hemos creado una coraza ante problemáticas ambientales gigantes que parecen escaparse a nuestra acción, como la pérdida de agua, los grandes incendios o el cambio climático. Todo esto trae consigo una desesperanza o inacción que hace sentir muy chiquitito al ser humano, dividiendo a la sociedad en tres caminos: esperar una solución en nombre del progreso, creer que ya nada tiene arreglo o seguir desde la frustración sabiendo que nada cambiará. Dentro de este discurso, trabajo mucho con la ecología profunda.

¿Qué es la ecología profunda?

La ecología profunda es un término que se acuñó en los años 80 por un filósofo del norte de Europa que trataba de volver a hacernos conscientes de que formamos parte de la naturaleza y no estamos separadas de ella. A partir de ahí, Joana Mey desarrolló la metodología del trabajo que reconecta, buscando ese vínculo con el paisaje porque, aunque ya se conocían las problemáticas, nadie hacía nada; siempre estábamos en la mente con datos, justificándonos en que alguien lo arreglaría o en el progreso económico. Ella trajo el concepto de la esperanza activa para poder cambiar y ser un agente regenerador del entorno, siendo primero un agente regenerador de la propia mirada. Este trabajo tiene cuatro fases e incluye algo que me faltaba en la educación ambiental tradicional, que era muy mental: la conexión con el sentir. La metodología introduce el concepto de honrar el dolor por el mundo. Primero agradecemos y después honramos ese dolor, permitiéndonos sentir la rabia o la tristeza que solemos bloquear ante la pérdida de un paisaje de referencia o la tala de un árbol vinculado a nosotros. Al reconocer ese dolor desbloqueamos también el amor y pasamos a la fase de ver con ojos nuevos. Desde ahí somos capaces de mostrar una mirada apreciativa, ver el potencial de regeneración, la belleza en las cosas pequeñas y la importancia de cuidar la casa de todos. Finalmente, con esa nueva visión, nos ponemos en marcha.

¿Cómo?

Es la parte que te lleva a la regeneración, con esa esperanza activa y habiendo reconocido el dolor. Hacemos pequeños compromisos, ante la comunidad. No es que vaya a cambiar la temperatura de la Tierra, no son cosas que se escapan, pero quizás cada vez que visite un lugar voy a dejar lo mejor de lo que lo encuentro. Voy a darme mis espacios de regeneración para yo poder regenerar.

¿Cómo recibe la gente la información? Pregunto porque es gente que, a priori, conoce su territorio, ¿no es violento para ellos que les digan cómo cuidarlo?

La Pedagogía del paisaje no es algo que se desarrolla teóricamente, sino que es vivencial. Al ser vivencial, me estoy encontrando con gente que piensa que lo que vamos a hacer es un paseo, una ruta, siempre con un objetivo. Entonces, cuando llegan, se sorprenden mucho. El otro día un señor jubilado ya me decía que no esperaba haber estado viendo las nubes pasar durante un tiempo. Para él ha sido como una fuerza que le ha permitido pensar que su entorno hay que cuidarlo, para que lo vean sus hijos, sus nietos, para que puedan disfrutar de la sombra de un árbol, porque quiere que pasen por el mismo parque, por el mismo campo, por el mismo bosque que pasa él.

Personas de 70, 80 años, me dicen: 'Esta planta yo sé que mis padres la cogían, pero no sé para qué

Hay una mirada general que puede ser distante o puramente utilitaria del entorno, difícil de encajar con su método.

Dentro de Bosque Raíz, mi proyecto, también se trata de recuperar mucho las tradiciones ligadas al campo, a la naturaleza de las plantas, etnobotánica, y en estos proyectos que llevo desarrollando, sobre todo con población, mayoritariamente mujeres, me he dado cuenta de que es fácil involucrar a mujeres en proyectos sociales y a los hombres hay que encontrarles mucho lo que les toca. Y los remedios naturales, el conocimiento de las plantas, el trabajo de la madera, todas estas cosas que se han perdido, les toca mucho y ahí se ha visto porque he trabajado mucho con el programa Viernes, que es para prevenir la soledad no deseada en el sur de Cantabria, y ellos tratan de hacer talleres y ofrecer cosas a la población que demande. Entonces, el conocimiento de las plantas, del campo, es algo que están demandando; personas de 70, 80 años incluso. Me dicen: 'Esta planta yo sé que mis padres la cogían, pero no sé para qué'.

Es un poco extraño que formamos parte de la naturaleza, pero tenemos que volver a conectar con ella

¿Ni cómo se llama?

Ni cómo se llama. Lo que estamos tratando es de recuperar esa sabiduría del campo, esa sabiduría que nunca se ha valorado porque, en el momento del desarrollo industrial y de las ciudades, todo el mundo abandonó el campo. Esa información no se transmitía de padres a hijos porque, al venir de vidas duras, se prefería para ellos todo lo nuevo. Ahora se está recuperando esa información y estamos elaborando ungüentos y jarabes, recogiendo las plantas más sencillas. La gente se va quedando con esa información y ve que lo que tiene al lado de casa, esas plantas que consideraban malas hierbas, tienen propiedades para un picor, una quemadura o fortalecer el cabello. Esta mirada evita la visión de que vengan y desbrocen todo para dejarlo limpio; ahora se prefiere que dejen espacios para recolectar plantas o frutos buenos para el sistema inmune. Actualmente, tenemos una visión de utilidad distante del campo, como si solo estuviera ahí para traernos recursos a la ciudad o a casa. Fortalecemos de nuevo ese vínculo recordando que hace cien o doscientos años no había farmacias y la gente conocía qué planta quitaba la hinchazón, el dolor de barriga o la tos. Recuperar toda esa sabiduría fortalece el vínculo con la tierra y el hecho de salir a reconectar. Es un poco extraño que formamos parte de la naturaleza, pero resulta que tenemos que volver a conectar con ella. Es muy curioso, hay muchos talleres ahora de meditación, de respiración y respirar sabemos todos, pero tenemos que volver a aprender cuál es la mejor manera de respirar porque vamos en un ritmo en el que se nos ha olvidado lo más básico. Y también hay incluso, pues cómo relacionarnos, cómo vincularnos, cómo beneficiarnos de la naturaleza.

¿De qué plantas nos hemos olvidado en Cantabria?

En realidad, en general todas las plantas están olvidadas. Con unas mujeres en el sur de Cantabria estamos elaborando un proyecto porque en San Juan, durante el solsticio de verano, es cuando el sol está más alto y las plantas tienen la mayor concentración de principios activos. Antiguamente, antes de la romería, el pueblo se reunía y recogía la planta que necesitaba para tener recursos y remedios para el invierno. Lo que hacemos ahora son paseos etnobotánicos en junio e identificamos las plantas cerca de cada pueblo; hemos hecho 16 ubicaciones distintas en el sur de Cantabria y cada mujer se encarga de recoger una. Cada mujer trae una planta y con eso hacemos el ungüento entre todas y nos lo repartimos. Es muy bonito porque lo hacemos con 28 plantas, ya que el ungüento de San Juan estaba muy relacionado con la mujer; este número me gusta especialmente por el ciclo de la luna. La gente lo demanda porque el remedio es maravilloso y funciona. Meses después te cuentan que les fue fenomenal o que lo aplicaron a su familia. Es un remedio muy sencillo y no hace falta hacerlo con 28 plantas; nosotros lo hacemos así para dar más información y hacer un taller más completo, pero se puede hacer con tres, cuatro o cinco plantas que se conozcan mejor. En general se ha perdido incluso la toponimia. Antes, cuando vivía en un pueblo y mis padres tenían ganado, venía un vecino y avisaba de que una vaca estaba pariendo en el muro o donde los robles, y se sabía exactamente a dónde ir. Ahora nos manejamos por ubicaciones. Esa toponimia de los lugares que estaba vinculada totalmente con la vida del campo y la utilidad que tenía se está perdiendo. Es curioso, pero lo he descubierto a raíz de empezar con esta metodología, porque yo venía de mi visión forestal puramente de ingeniería.

¿En qué momento hizo usted, como ingeniera, la conexión emocional con su entorno?

Yo estudié Forestales porque mi vínculo con el monte era muy fuerte y pensé que, si eso era lo que más me movía, mi camino sería por ahí. Después te dejas llevar por lo que te marca la carrera y terminé trabajando en una multinacional en Chile. Era muy curioso porque regaban las plantaciones de pinos mientras la región de los lagos se estaba secando; Chile exporta el agua que esas especies de crecimiento rápido absorben y, cuando las cortas a los quince o veinte años, lo que estás haciendo es sacar el suelo. Me di cuenta de que ese trabajo no me llenaba y decidí volver al sur de Cantabria, asentándome en Villa Escusa, mi pueblo natal de sesenta habitantes. Al volver empecé con la educación ambiental para dar un giro y ahora trabajo de forma institucional y paralela con mi proyecto. En el sur de Cantabria trabajo sobre todo con la gente local porque es gratificante ver su cambio de mirada. Cuando hablamos de recoger plantas, ya no se trata de llevarse todo lo que se pueda por una mentalidad de escasez, sino de recoger solo lo que se necesita, que suele ser poco. Se trata de cambiar pequeñas prácticas para dejar una cantidad de especies que permita la regeneración al año siguiente. Hay muchas plantas en riesgo por exceso de recolección, incluyendo especies protegidas y otras comunes que no valoramos, como la manzanilla. La idea es fomentar buenas prácticas; en lugar de imponer una prohibición sin que se entienda, la educación explica por qué se toma una medida. Al dar información, la gente comprende los ciclos biológicos y los ritmos de la tierra, entendiendo que si evitamos ciertos excesos, tendremos la especie disponible durante mucho tiempo. Educar es lograr que se comprenda la regeneración y lo que el entorno necesita

Para los talleres trabaja con ayuntamientos, ¿cómo reciben las instituciones de Cantabria este método?

El proyecto 'Habitar el Paisaje' está subvencionado por la Consejería de Medio Ambiente y el promotor es la Asociación de Desarrollo Territorial de Campoo Los Valles. Ha sido muy bonito porque, con este proyecto que trata de unir más el sentir, nos unimos institucionalmente con Bosque Raíz para crear una propuesta diferente y siento que ha gustado porque obtuvo muy buena puntuación en el concurso. Sin estar yo tan vinculada a la institución, este resultado es un dato que indica que, si presento algo basado en el sentir, y se valora positivamente, es que la mirada está cambiando. Existe una apertura hacia esta nueva realidad en la que debemos poner la mente al servicio del corazón.

Decía que hay que revisar las prácticas forestales, ¿y en Cantabria?

En el sector forestal de ingeniería en Cantabria nunca he trabajado, pero quizá esas prácticas únicamente necesitan un cambio de mirada. Tiene que haber un equilibrio, no solamente en lo que yo creo, porque a lo mejor creo que esta flor es muy bonita y es una especie invasora. Tienen que ir de la mano la ciencia y el corazón y esa para mí es el camino. Una dinámica que hacemos en los talleres de 'Habitar el paisaje' es pensar en la séptima generación: pensar en qué voy a dejar a una persona que habite mi territorio dentro de 200 años, ¿qué va a encontrar? ¿Qué me gustaría a mí? Hemos perdido esa visión tan a largo plazo, pero 200 años no es nada. Mi proyecto de fin de carrera de Forestales fue una repoblación forestal con pino. En ese momento, lo único que me planteaba eran las condiciones, la climatología y la edafología que necesitaba esa especie de crecimiento rápido para obtener producción. Esa parte está bien porque todos necesitamos muebles en casa o papel; la naturaleza nos da alimento y cobijo, siempre obtenemos de ella lo que necesitamos. Sin embargo, en ese proyecto no había ninguna mirada social ni de vínculo; y, en ese momento, no me di cuenta, simplemente seguí todas las pautas que correspondían. Tras trabajar fuera en grandes multinacionales, donde se habla de sellos de certificación que resultan lejanos para la población y no fortalecen el vínculo, regresé a Cantabria. Ahí me di cuenta de que un bosque no es una repoblación. En un bosque, encuentras rebrotes jóvenes, árboles maduros y árboles caídos que alimentan el suelo, además de distintas especies. En cambio, en una repoblación, todos los árboles suelen ser de la misma especie y tienen la misma edad, por lo que la biodiversidad se reduce drásticamente. Es fundamental diferenciar entre bosque y plantación; las plantaciones son necesarias, al igual que las de cultivo, pero debemos revisar el uso que hacemos de todos estos recursos naturales.

¿Por los datos de sequía y las olas de calor en Cantabria?

Sí, tenemos que darnos cuenta de las prácticas que tenemos. Los bosques atraen humedad. Para mí, el vínculo con las nieblas en verano es muy fuerte porque el bosque de mi pueblo es un robledal; ves la nube ahí y eso atrae esa agua. Si yo corto todas esas especies y dejo una montaña que no tiene arbolado, esa nube ya no va a volver y esa agua se va a perder.

El Gobierno de Cantabria ha hecho una adaptación de un reglamento europeo contra la deforestación que ha sido muy cuestionada por científicos, que recomiendan potenciar la regeneración natural de los bosques en la región, hablaba antes de que una repoblación no es un bosque...

Estamos volviendo a buscar refugios climáticos que nos brindan los árboles, el bosque, la niebla y las zonas de arbolado que dan sombra en los pueblos. Aunque hemos talado árboles para asfaltar parques, es vital regenerar el paisaje con especies autóctonas para preservar la esencia de Cantabria. Al recuperar lo que tenemos, volverán diversas especies animales y aves en un ciclo donde actualmente les retiramos demasiado espacio. El declive del gorrión común es un ejemplo de la necesidad urgente de recuperar una mirada holística sobre todo lo que representa un bosque. Todavía quedan en los pueblos zonas boscosas amuralladas, similares a pequeñas huertas, donde antiguamente se podía cortar leña. En las dehesas cercanas a los pueblos, con árboles muy espaciados, se realizaba un manejo forestal tradicional para aclarar el bosque. Este aclarado permitía que los árboles crecieran más rectos, obteniendo fustes de calidad destinados a la construcción de viviendas. El vecino que necesitaba madera la solicitaba al pueblo, cortaba los ejemplares reservados para ese fin y se los llevaba para construir su casa. A cambio, este vecino se encargaba de cuidar un vivero forestal comunitario en el bosque para trasplantar nuevas especies a otros lugares. Lamentablemente, se ha perdido la conciencia de devolver al bosque lo que extraemos de él. Hoy en día solo extraemos recursos o, si replantamos, lo hacemos con especies de crecimiento rápido. Debemos recuperar ese manejo consciente del monte, recordando que aquellas personas sabían que, sin regeneración, no habría recursos para el futuro.

En Cantabria, en las comunidades que habitan zonas más rurales, ¿se ha perdido la conexión con el paisaje?

Siento que sí se ha perdido la conexión. Sigue habiendo un vínculo mucho más fuerte que en las ciudades, obviamente, pero se ha perdido la relación que había en el sur de Cantabria, en los pueblos donde antes siempre había mucha ganadería. En esos pueblos hemos pasado de tener veinte vecinos con ganado a tener solo uno o dos; el uso de las tierras se ha concentrado en muy pocas manos. Esto significa que actividades como salir al campo a recoger la hierba o vigilar las zonas de pasto han desaparecido, y con ellas se ha roto ese vínculo. Aunque fuera un trabajo duro y físico, al quitar la actividad hemos quitado también la relación con el entorno. Ahora toca buscar un nuevo equilibrio, porque el anterior lo hemos cortado.

He ido pasando desde la ingeniería pura y dura, a la educación ambiental, hasta ir encontrando mi camino que es éste que lleva más al sentir

¿Es una rara avis dentro de los ingenieros forestales?

Me rodeo de gente que tiene la misma visión y de gente que va cambiando hacia esta visión. No tengo tanta relación con ingenieros forestales. Al final para mí el camino ha sido muy orgánico, ha sido ir pasando desde el lado más de la ingeniería pura y dura, a la educación ambiental ,y dentro de la educación ambiental ir encontrando mi camino que es este que lleva más al sentir, porque me di cuenta de qué era lo que me faltaba y que necesitaba yo expresar ese dolor que yo tenía por la tierra porque también lo había bloqueado.

¿Qué dolor concreto tenía usted bloqueado?

Uno de los dolores que más he sentido ha sido el tema de los polígonos industriales eólicos. El sur de Cantabria se definió como zona de sacrificio para la construcción de estos parques eólicos y aquí también yo veo una trampa. Porque estamos a favor de las energías renovables, sí, pero vamos a ver cómo lo hacemos. No vamos a hacerlo en una zona donde está pasando el oso pardo, donde hay un robledal y un hayedo. Vamos a buscar el sitio ideal, quizás más cerca de una ciudad donde haya ese consumo de electricidad. Entonces, hubo un momento, en 2020, que en Cantabria había más de 30 proyectos abiertos que estaban dispuestos a salir. Fue muy abrumador porque veía abierta la posibilidad de que el bosque de mi pueblo se convirtiera en un polígono eólico.

¿Cómo era el proyecto?

Ese ya lo han rechazado, pero mi pueblo está muy cerquita de Olea, es la otra ladera. Desde la cima de del monte de Villaescusa, que es mi pueblo, con todos los proyectos que estaban proyectados, que algunos ya se han ido cayendo, pero se hubieran visto 500 aerogeneradores. Entonces, para mí pasar de no ver ninguno y de y de tener unas vistas de un paisaje, de montañas preciosas, a subir y ver una zona industrial, me causó mucho dolor y lo tuve que gestionar a través de este tipo de herramientas, este tipo de prácticas me ayudaron a ponerme en acción. Decidí no quedarme abrumada por todo esto, sino reconocer el dolor que me paraliza y ponerme en acción. Yo estudié en Palencia, esa carretera la he hecho mucho. Cuando ahora voy y me veo esos campos de cultivo que son todo placas eólicas, pues también me duelen mucho. Entonces, hay que ver cómo hacemos esa transición a unas energías renovables, pero manteniendo un equilibrio con lo que ya es natural. A lo mejor esas placas eólicas las podríamos poner en tejados de naves, de zonas industriales, y no de repente en medio de un campo que ya simplemente el impacto sobre la biodiversidad, el impacto visual, el impacto del vínculo con ese terreno, se va a ir degenerando. Entonces, es muy difícil meter ahí esa mirada apreciativa, la población se va a ir se va a ir desvinculando de ese territorio.

Ahora mismo en Cantabria son 18 proyectos, ¿cómo describirías el sentido de estos proyectos en eólicos en Cantabria?

Hay algo que es objetivo: las alegaciones que se han hecho, no se han tenido en cuenta en el momento de determinar si ese es el lugar adecuado o no. Por los motivos que fuera, no se ha dado respuesta inmediata ni en plazos; aquí entran los tiempos y todo lo que tiene que ver con la burocracia. Todos los colectivos y todas las miradas tienen que poder expresarse —teniendo en cuenta esa expresión desde un lugar científico, con datos, y también desde un lugar emocional—. Si viéramos los beneficios económicos que nos reporta un bosque, la cosa cambiaría, cuántos ansiolíticos nos evitaríamos. La repercusión económica, a veces indirecta, es muy fuerte. Perder un paisaje de referencia también hay que tenerlo en cuenta.

A principios de agosto, las imágenes de unas palmeras canarias emparedadas en hormigón en Vallehermoso, La Gomera, dieron la vuelta a las redes sociales y situaron en el centro del debate un modelo muy made in Canarias de intervención en el paisaje: uno que no integra la naturaleza, sino que insiste en luchar contra ella.

Esas imágenes corresponden a las obras del proyecto de encauzamiento y canalización del barranco de Vallehermoso, ejecutadas por la Dirección General de Aguas, con una inversión pública estimada de 5,9 millones de euros. El objetivo de la actuación es evitar desbordamientos por lluvia y proteger de las crecidas del barranco a los vecinos y las viviendas y dotaciones públicas cercanas al cauce. ¿El delito de las palmeras antes de ser emparedadas? Estar en un cauce en el que llevan más de cien años.

Lo más grave en este caso es que, durante la planificación, ejecución y revisión de las obras, nadie consideró, al menos, extraño recubrir de hormigón estos árboles, que han crecido como un don del propio cauce. Un cauce que se hará más veloz en caso de lluvias si la única solución aplicada es la impermeabilización, entre otras lagunas que tiene el plan.

Tras la difusión de las imágenes, se alzaron voces como la del arquitecto y urbanista Juan Palop-Casado, quien calificó desde su cuenta de X la intervención como una “imagen de época”: la ilustración gráfica de una gestión urbanística de más de medio siglo que insiste en “alicatar hasta el techo” como solución en cualquier intervención, sin contemplar aspectos como el paisaje, los ciclos hidrológicos de los cauces, las dinámicas ecológicas, la conservación de los palmerales, la seguridad ciudadana, la laminación de escorrentías o factores intangibles como la identidad que se desprende del entorno que rodea a los canarios.

“Llevamos 50 años con esta especie de turbo desarrollo en Canarias que ha generado más problemas de los que ha resuelto, sin negar todos los avances que se hayan podido hacer”, explica el arquitecto a este periódico. “Pero ahora toca intervenir en los paisajes de forma multidisciplinar y combatir un problema estructural en el que hacer bien las cosas significa contar con un equipo de participación, consultar a expertos y vecinos e incorporar a ecólogos y paisajistas. Pero, cuando solo se tienen martillos en la cabeza, solo se ven clavos”.

Un error de seis millones de euros

En declaraciones a la Cadena Ser durante los días en que se difundieron las imágenes, el viceconsejero de Aguas y Emergencias, Marcos Lorenzo, admitió que había sido un error: “El propio ingeniero que nos acompañaba llegó a la conclusión de que no era la mejor solución, ni para la palmera ni, fundamentalmente, para la estabilidad de la obra”.

Preguntada por esta redacción, la Consejería de Política Territorial asegura que la solución adoptada fue liberar el fuste de las palmeras afectadas -esto es, romper la capa de hormigón-, unos trabajos en los que la empresa adjudicataria se encuentra actualmente.

“Canarias no admite un error más”

Para Palop-Casado, debe producirse un cambio multidimensional en la manera de mirar e intervenir en el paisaje, “sin entrar en una guerra con él”, respetando y aprovechando los ecosistemas, con soluciones basadas en la naturaleza y ejecutadas por equipos con cultura ecológica. “Asumimos estos 50 años de turbo desarrollo, pero ahora necesitamos regenerar ciclos. Canarias ya no aguanta un error más”.

“Un disparate”

El concejal Alejandro García, de Iniciativa por La Gomera, tilda la intervención directamente de disparate. “Son obras con un alto coste para el erario público y con una eficiencia poco demostrada. Son más de seis millones de euros para cementar ciertos tramos del cauce del barranco de Vallehermoso”, sostiene.

El concejal entiende que, de las cuatro partes en las que se va a intervenir durante este proyecto es “la del casco, donde se van a ganar algunas plazas de aparcamiento o incluso hacer un paseo interurbano. Pero el resto del proyecto es un disparate que no responde a las necesidades de la isla, ni económicas ni ecológicas”.

García tampoco entiende por qué se gastan millones de euros “en echar cemento en un barranco para luego recrear zonas verdes: es una contradicción en sus propios términos”. Y pudo haber sido peor, ya que el edil afirma a Canarias Ahora que, en una primera versión del proyecto, “esas palmeras iban a ser taladas y esa tala se paralizó gracias a la protesta vecinal y en las redes sociales”.