Los propietarios de terrenos cultivados con eucaliptos van a poder plantar la misma cantidad de esta especie en una nueva finca si cortan los árboles en la primera. La medida, que aumenta la cantidad permitida para replantar eucaliptos, iba a estar en vigor ya este año, pero un error del PP en la tramitación parlamentaria lo impidió, de modo que la Xunta la ha incluido directamente en su proyecto de ley de acompañamiento a los presupuestos de 2027.

La Xunta había anunciado en 2021 una moratoria que impedía temporalmente nuevas plantaciones de eucalipto. Por aquel entonces, la expansión de la especie era tal que ya había el doble de hectáreas de las que estaban previstas para 2032. La moratoria tampoco frenó el avance: según el inventario forestal, entre 2022 y 2024 se sumaron otras 25.000 hectáreas de esta especie en Galicia. En 2025, cuando faltaba poco para que terminase la moratoria, la Consellería do Medio Rural decidió levantar la prohibición en varios casos y dejar que se creasen nuevas masas de esta especie para reemplazar otras ya existentes y que se habían degradado o si era para sustituir zonas con cultivos de pinos afectados por la enfermedad de la banda marrón.

Esta posibilidad de crear nuevas masas de eucalipto se incluyó en la ley de acompañamiento a los presupuestos de 2026. Pero el PP quiso enmendarla durante el trámite parlamentario porque el texto permitía que la superficie de la nueva plantación fuese, como mucho, el 75% de la del terreno original. El 25% restante debían ser coníferas o frondosas. El cambio que quería hacer el partido conservador era que la superficie de la nueva plantación pudiese ser el 100% de la original. Pero lo registró fuera de plazo, de modo que no se incorporó a la ley.

Este lunes han entrado en el Parlamento de Galicia el proyecto de los presupuestos de 2027 y su ley de acompañamiento y es aquí donde la Xunta incluye ya ese 100% cuando se retiren las plantaciones legalmente existentes en Red Natura. En el resto de casos en los que no sean terrenos del mismo propietario ni se retiren de Red Natura, la superficie de la nueva repoblación de eucaliptos no podrá superar el 75% de la superficie originaria que fue objeto de transformación. El 25% restante tendrá que ser plantado con frondosas.

El verano de “cuatro meses” que ha batido récords de calor en España disparó la contaminación del aire por ozono malo. Los niveles generales de O3 en 2026 son los más altos desde 2010, cuando entraron en vigor los topes máximos legales de este tóxico, según analiza Ecologistas en Acción tras recopilar los datos oficiales.

Según las mediciones, en 33 zonas de Andalucía, Illes Balears, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Catalunya, Comunitat Valenciana, Extremadura y Comunidad de Madrid se ha incumplido el vigente objetivo legal en el trienio 2024-2026, concluye la organización.

Destacan en el ránking negativo Madrid y Catalunya. La capital madrileña “ha vuelto a batir su récord histórico de este contaminante”, destaca la evaluación de los ecologistas, mientras que en Catalunya “se ha registrado en conjunto 124 superaciones del umbral de información, rebasando el umbral de alerta en Barcelona”.

“El cambio climático y el ozono troposférico van de la mano”, comenta la portavoz de la organización en Catalunya, Marta Vía, para referirse a que este gas aparece cuando la radiación solar incide sobre otros gases como el dióxido de nitrógeno cuya fuente son, sobre todo, las actividades humanas como el tráfico.

Con un verano extremo en cuanto a temperaturas y radiación solar como ha certificado la Agencia Estatal de Meteorología, la concentración de O3 que se ha generado al interactuar con los gases precursores ha subido notablemente.

Este tóxico tiene un impacto significativo en la salud humana. “Es responsable de 10.000 muertes en España, según la Agencia Europea de Medio Ambiente”, subrayan en Ecologistas en Acción. El Instituto de Salud Carlos III ha estimado que en el verano de 2026 la combinación de altas temperaturas y aire contaminado puede ligarse 5.800 fallecimientos.

En realidad, casi el 100% de la población española respira aire con niveles de ozono troposférico por encima de lo que la Organización Mundial de la Salud considera admisible —un 20% más restrictivo que la ley vigente actual—.

El ozono troposférico “actúa como un irritante de muchos sistemas del organismo humano, en especial del respiratorio”, explica el médico Ferran Campillo de la Sociedad Catalana de Pediatría. “Entre un tercio y la mitad de los nuevos casos de asma infantil están relacionados con la mala calidad del aire”, cuenta.

Este tóxico abunda el médico, “no afecta igual a todas las personas. En la infancia y la adolescencia en más dañino porque estas personas ”respiran más volumen por kilo y respiran más veces por minuto. Y, además, sus organismos no depuran todavía los tóxicos como el cuerpo de un adulto“.

No les ha gustado nada a los cazadores —y a la Comunidad de Madrid— que, por precaución, los jueces les impidan matar temporalmente nueve especies de aves en la temporada cinegética que acaba de comenzar. “Extraordinaria gravedad”, ha dicho la Federación Española de Caza.

Los cazadores se han llevado las manos a la cabeza, han apelado a los intereses de los cotos y a “gravísimos perjuicios” al tiempo que hablan de “ataques a una actividad legal” porque los magistrados del Tribunal Superior de Justicia han aplicado una medida cautelarísima solicitada por SEO/Birdlife asociada a un recurso contra los permisos para matar “especies en declive”.

Se trata del primer frenazo judicial a los cartuchos en una serie de recursos presentados por SEO/Birdlife en varias comunidades autónomas por el mismo motivo. La organización ha iniciado estos procesos además de en la Comunidad de Madrid, en Castilla-La Mancha y Canarias. Por eso la Real Federación Española de Caza se ha personado en la causa de Madrid para “evitar que actuaciones similares puedan extenderse a otras comunidades autónomas”.

Sin embargo, mientras los cazadores se revuelven por el auto de Madrid, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha paralizado la caza de codornices en la isla de El Hierro mientras dilucida si la autorización cinegética que prolonga los días en los que se puede matar esta ave está científicamente avalada. SEO/Birdlife considera que no.

Tregua de escopetas

Lo que han entendido los jueces madrileños es que si no se paraliza la caza provisionalmente de forma urgente, el recurso pierde su sentido: miles de aves habrían ya muerto cuando se tomara una decisión.

Las especies que disfrutarán esta tregua de escopetas son: codorniz, perdiz roja, la paloma zurita, la corneja negra, urraca y el zorzal alirrojo cuyas poblaciones presentan tendencia negativa, según SEO y la paloma bravía, la becada y el zorzal real que presentan “lagunas sobre su estado”. Para ninguna de estas especies “existe una evaluación reciente y trazable de su estado de conservación en la Comunidad de Madrid” para autorizar que puedan ser abatidas, explica el recurso de la organización.

La cautela aplicada por el tribunal ha soliviantado a los cazadores. La misma federación —que llama “inaudita” la decisión judicial — aduce que “puede ocasionar perjuicios difícilmente reparables” y provocar “gravísimas consecuencias” para los cazadores y dueños de cotos.

Lo cierto es que esta medida judicial es muy provisional. Ahora los magistrados estudian las alegaciones de las partes para ver si mantienen la paralización cautelar y aún quedará por dilucidar el fondo del asunto: ¿se ha autorizado la caza de especies sin saber si sus poblaciones pueden soportar ese castigo?

A la par que la federación, el lobby cinegético Fundación Artemisán ha afirmado que la suspensión cautelar “sin que existan datos científicos que lo justifiquen supondría un perjuicio evidente para los cotos de la comunidad”. También se han personado en la causa y afirma que aportará informes para que los presente la Comunidad de Madrid.

El responsable de acciones legales de SEO/Birdlife, David de la Bodega, explica que con su recurso intentan que judicialmente puedan regularse “unas autorizaciones que van a ser blindadas cuando entre en vigor la recientemente aprobada ley de Caza de la Comunidad de Madrid”. Según el abogado “no se puede cazar primero y preguntar después”.

De la Bodega insiste en que “la nueva ley de caza ha incluido en sus anexos las especies y épocas en las que se puede cazar y eso hará muy difícil poder recurrirlas porque, al ser una ley, va a exigir acudir al Tribunal Constitucional”. La norma se activará a partir de enero de 2027.

La caza de otras variedades continúa

El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso sostiene que “no hay motivos para que se limite esta actividad”. Su consejero de Medio Ambiente, Carlos Novillo, la califica como “muy necesaria”.

Mientras tanto, la Fundación Artemisán pide que se castigue a los grupos como SEO/Birdlife que acuden a los tribunales: “Este tipo de estrategias deberían tener consecuencias. Debe acabarse con la impunidad con la que actúan con el único fin de acabar con la caza”.

En realidad, la decisión del TSJM no acaba con la caza en general, ni siquiera con la caza menor —la que corresponde a estas nueve especies— ni con la caza de aves en particular. Los cazadores de la Comunidad de Madrid todavía pueden disparar desde que se abrió la temporada a liebres, zorros, conejos y aves como el faisán, paloma torcaz, zorzales charlo, zorzales comunes y a los estorninos pintos.

La Asociación Medioambiental Los Árboles Hablan pedirá el lunes en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife la suspensión inmediata de la tala de árboles en el barrio de la Salud, y advierte de que no descarta recurrir a acciones penales.

La entidad ha precisado en un escrito que en la tarde del pasado jueves comenzó la tala del arbolado del entorno de la Plaza de San Gerardo, en el barrio de La Salud, dentro de las obras del proyecto municipal de demolición de la iglesia de San Gerardo y rehabilitación de su entorno.

Según la Asociación Medioambiental Los Árboles Hablan, ya se han talado unos seis árboles y quedan en pie unos 14 de los afectados por el proyecto.

La asociación denuncia que se incumple la Ley canaria de protección del arbolado urbano y ha requerido al alcalde el cese inmediato de la tala, sin descartar acciones penales.

Añade que se aprecia “una clara contradicción” en el proyecto, ya que en su memoria se afirma que “los árboles de gran porte existentes en la Plaza se mantendrán”.

Sin embargo, agrega, la separata de jardinería incluye un capítulo de “talas, podas y limpiezas”, con la tala de flamboyanes y jacarandas, destoconados y una partida para triturar y retirar los restos vegetales.

Recuerda la asociación que desde diciembre de 2025 está en vigor la Ley de protección del arbolado urbano y del arbolado de especial protección de Canarias, una norma autonómica que prohíbe con carácter general la tala de árboles urbanos.

Además, exige un informe técnico preceptivo que la justifique y un estudio previo de alternativas que garantice la conservación del arbolado.

No obstante, en el expediente relativo a la plaza de San Gerardo “no consta ni el informe ni el estudio de alternativas, y el acuerdo municipal que aprobó el proyecto ni siquiera menciona la ley”, afirma.

Lo que se pretende en la parcela donde se encuentran los árboles es un aparcamiento que el propio Ayuntamiento califica de “provisional”, puntualiza la asociación, que señala que ha acreditado la existencia de varios solares alternativos en el mismo barrio para ubicar ese aparcamiento sin talar un solo árbol.

Entre ellos figuran una cancha municipal abandonada en la calle Bartolomé Cifra, dos solares en las calles Guanarteme y Cornisa que ya se usan como aparcamiento, y dos solares de mayor tamaño en Barranco Molina y en la calle José Luis de Miranda.

Estas alternativas se trasladaron al Ayuntamiento en agosto y septiembre sin que conste respuesta.

A la vista de esta situación la asociación tiene previsto pedir el lunes al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife la medida cautelarísima de suspensión inmediata de toda actuación de tala, apeo, destoconado, poda drástica o trasplante de arbolado.

La petición se presentará en el recurso que la asociación ya tiene en curso contra el acuerdo de la Junta de Gobierno de 27 de abril de 2026, que aprobó el proyecto modificado de Demolición de la Iglesia de San Gerardo y rehabilitación de su entorno. Fase 1.

Además, este sábado la asociación ha dirigido un escrito al alcalde de Santa Cruz de Tenerife en el que le pone en conocimiento estos hechos y le requiere que acuerde el cese inmediato de la tala y que facilite el informe técnico y el estudio de alternativas exigidos por la Ley.

La asociación advierte de que no descarta el ejercicio de acciones penales.

“No estamos en contra de mejorar La Salud ni de que el barrio tenga aparcamiento. Estamos en contra de que se haga incumpliendo la ley y a costa de los únicos árboles del barrio, cuando hay otras opciones. Lo que se tala no lo devuelve ninguna sentencia”, señala la entidad. 

Cuando, a principios de los años ochenta, Abel Ojugas tenía nueve años, dice que el agua de la Ría San Martín de la Arena era “color chocolate oscuro”. Así describe el efecto de los vertidos a un estuario que nace en la desembocadura de los ríos Saja y Besaya, entre los municipios de Suances, Miengo, Polanco, Santillana y Torrelavega. El recuerdo del portavoz de la asociación Proyecto Ría San Martín es el de alguien que se crió “a cien metros” de una ría ubicada en una zona marcada por dos siglos de industrialización y urbanismo.

“Nos bañábamos en la ría y, cuando te tirabas al agua, no podías ver ni diez centímetros por debajo de la superficie”, evoca Ojugas, que ahora tiene 54 años: “En aquella época, había vertidos industriales, pero también aguas fecales que llegaban directamente a la ría. Los malos olores eran habituales”, dice de un lugar conocido también como Ría de Requejada, ahora también ría de Suances.

Ojugas recuerda una ría, en la que entre agosto y septiembre aparecieron 94 aves muertas, con síntomas similares, según datos de la asociación Proyecto Ría San Martín. Estas cifras fueron reducidas a 44 por el Gobierno de Cantabria (PP) -que circunscribió el conteo a agosto- sobre los que encargó un análisis sin resultados “concluyentes” de por qué murieron.

Por eso, las asociaciones Ría San Martín, Seo/Birdlife y Ecologistas en Acción de Cantabria piden al Gobierno autonómico que siga investigando el porqué y coinciden en subrayar que la ría carece de una figura jurídica de protección ambiental. Las tres han propuesto una en concreto al Gobierno de Cantabria (PP): la declaración de Área Natural de Especial Interés (ANEI). De tenerla, permitiría una gestión sostenible y una planificación compatible con las actividades turísticas y económicas. Es decir, qué usos están permitidos, cuáles requieren autorización y cuáles estarían prohibidos. En la anterior legislatura hubo unos pocos movimientos por parte de la administración pública, en la actual, no ha habido ninguno.

“Es una de las rías más importantes de Cantabria, pero está totalmente desprotegida. Históricamente, ha sido una ría que se la ha destrozado con vertidos y con rellenos; en este momento, ese deterioro continúa y la mortandad de aves es un dato más de ese deterioro”, resume Ramón Sainz, portavoz de Ecologistas en Acción para los temas de la Ría.

El estudio 'Análisis de los vestigios de contaminación en el estuario de Suances (norte de España): retos para los métodos de datación y la recuperación ecológica tras el cierre de la mina', publicado en la revista científica Regional Studies in Marine Science, en diciembre de 2025, hizo muestreos de sedimentos superficiales en 2022. Los investigadores concluyeron que el estuario almacena cantidades sustanciales de sedimentos contaminados por dos tipos de vertidos: por un lado, mineros, por el vertido directo o accidental de estériles de mina, residuos de lavado de mineral y lodos mineros y, por otro, industriales.

Los recuerdos de infancia de Abel Ojugas tienen que ver con un siglo antes, a finales del siglo XIX, cuando la industrialización de la zona arrancó con la explotación de la Real Compañía Asturiana del gran yacimiento de zinc y plomo en la mina de Reocín, que instaló una cantera en Cortiguera para que la Real Compañía pudiese meter navíos. Esto entroncó, a inicios del siglo XX, con la fábrica de productos químicos de Solvay, que abrió una cantera de piedra caliza, cerca de la playa de Cuchía. Y, posteriormente, con la extinta fábrica de celulosa Sniace, en Torrelavega, a finales de los años cuarenta del siglo pasado. La mina pasó a manos de Asturiana de Zinc (AZSA) a mediados de los ochenta, hasta su clausura en 2003, la cantera dejó de operar en 2005 -en cuyo espacio restaurado anidan hoy aves- y Sniace cerró en 2020.

A lo largo del espacio fluvial que desemboca en la ría de Suances se implantaron con los años la planta de óxido de zinc y dióxido de azufre líquido conocida como Fábrica de Hinojedo (1929, hoy propiedad de Glencore); la fábrica de producción y envasado de azufres Julio Cabrero y Compañía (1960) y la planta química farmacéutica Moehs (2000).

Junto con otros investigadores de País Vasco y Madrid, José Gómez-Arozamena, profesor jubilado de la Universidad de Cantabria (UC) y nacido en Torrelavega, hizo tres estudios sobre la ría, en 2005, 2015 y 2022. Éste último para ver cómo estaba la ría veinte años después del cierre de la mina. Para el informe, analizaron los sedimentos y, en función de lo que se encontraron, determinaron de dónde venía la contaminación: “El principal aporte ha sido la mina”, sintetiza a elDiario.es Gómez-Arozamena.

El estudio documentó elevadas concentraciones de cinc, plomo y cadmio, provenientes de los residuos y lodos del yacimiento minero y también mercurio, vinculado a los efluentes industriales de Solvay. En todos los casos, “se han reducido”, pero la presencia es “alta”, señala el investigador que, en el informe, hizo la datación cronológica de los sedimentos, y que trabajaba en el laboratorio de radioactividad ambiental del departamento de Radiología y Medicina Física de la UC.

La razón, interpretó con su equipo de investigación, es que por la dinámica fluvial y mareal, la contaminación vuelve a estar en suspensión porque las riadas removilizan las capas superficiales. “Lo que podríamos esperar después de 20 años del cierre de la mina es que hubiera habido una regeneración natural de la contaminación y eso es lo que no se ha producido. Ese es el fenómeno por lo cual pensamos que había tal cantidad de contaminación, tales cantidades de concentración que, aunque no haya más aportes, se vuelven a redistribuir. Es casi una mina lo que tenemos en el sedimento”. 

Abel Ojugas no conoce el contenido del informe, pero comprende la realidad de la zona: “No estoy en contra de las fábricas ni de la actividad industrial. Creo que se puede mantener la actividad económica y, al mismo tiempo, conservar nuestro patrimonio natural”, enfatiza Ojugas mientras echa la vista atrás, a cuando los grandes barcos mercantes que entraban hacia el puerto del municipio de Requejada, formaban parte del paisaje habitual de la ría.

Del barquero a las “montañas” de azufre

Antiguamente, antes de los puentes y las pasarelas, un barquero cruzaba a la gente de orilla a orilla, de Suances y Cortiguera, a Cuchía. Abel Ojugas suma a su relato a su vecino José Manuel Gómez Eguren, gran conocedor de la historia de la zona que cuenta que llegó a haber cinco barquerías y la última que aguantó se llamaba Santo Domingo. “El último barquero que quedó, fue precisamente el guarda de la cantera de Cortiguera, que se encargaba de custodiar el polvorín que existió hasta finales del siglo XX”, describe. “Algunos vecinos del pueblo de Cudón estaban casados con vecinos del pueblo de Cortiguera y al grito de: 'barquero', le llamaban y el guarda amablemente les cruzaba de un lado a otro”, agrega.

Frente a la fábrica de Solvay se fue haciendo una isla de vertidos sobre una isla existente, hoy conocida como Isla de Solvay o Isla de Monti, que pertenece a Hinojedo y queda frente al municipio de Requejada. Solvay la compró para utilizarla como vertedero químico durante décadas. Después, la empresa pasó a sacar los vertidos por un emisario submarino, pero la acumulación de materiales en isla Monti quedó sin depurar.

Abel Ojugas solía bañarse de niño enfrente de la isla de Monti y recuerda que la isla estaba vigilada por los guardas de Solvay: En una época en la que, él ni sus amigos sabían apenas nadar, un día su hermano empezó a ahogarse, pero una amiga logró sacarlo del agua, para ir a su casa “todos llenos de fango”, evoca: “Con los años seguimos frecuentando la isla de Monti: cruzábamos para cazar, una actividad que entonces formaba parte de nuestras vidas”.

En la memoria de este vecino se agolpan también las montañas “enormes” de azufre almacenado al aire libre en el puerto de Requejada: “Cruzábamos la ría a nado para llegar hasta allí y llevarnos un poco de azufre. Después cogíamos unas pastillas de potasio que le quitábamos a mi tío y hacíamos nuestras travesuras, provocando pequeños estallidos”.

Cuando Abel Ojugas se bañaba con sus hermanos y amigos en la playa de La Concha, que limita con la desembocadura de la ría, en Suances, en el lugar donde se lanzaban al agua, “se acumulaba tanta espuma que prácticamente nos cubría y apenas podíamos vernos”, dice quien considera que “aquella ría era nuestro mundo”.

Mientras la urbanización de los cinco municipios por los que discurre, ha ido creciendo, también se han instalado en la zona diversos polígonos industriales y a finales de los noventa, el Estado y la consejería de Medio Ambiente para la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) Vuelta Ostrera. “El conjunto de afecciones provocadas por las aguas residuales urbanas, de origen agropecuario e industrial, genera una situación de grave contaminación en el sistema fluvial”, se explica a modo de justificación de la EDAR en el convenio entre ambas instituciones.

En la zona de la cantera, había una cueva que posteriormente quedó tapada cuando se construyó la depuradora de Vuelta Ostrera -que lleva dos décadas pendiente de nueva ubicación, tras una sentencia del Tribunal Supremo-. Un día, Abel Ojugas decidió entrar con un amigo y quemar tres neumáticos: “El humo lo invadió todo. Se hizo completamente de noche dentro de la cueva. No veíamos la salida y empezábamos a asfixiarnos”. Hasta que vio un rayo de luz y salieron: “Teníamos toda la cara negra del humo y solamente nos resaltaban los ojos”.

“Allí nos criamos, aprendimos a nadar, pescamos nuestras primeras lubinas, pasamos noches, enteras pescando angulas”, dice el presidente de la asociación Proyecto Ría San Martín.

Veinte años de mejoría

Ojugas desea una figura de protección para una ría que “en los últimos veinte años”, su situación “ha mejorado mucho”. Lleva años haciendo censos de animales y es rotundo sobre el cambio que ha experimentado la zona. Coincide con su percepción Felipe González, delegado de SEO/Birdlife en Cantabria, que afirma que, “desde el cese de los vertidos de la fábrica de Sniace, además del saneamiento general en 2007”, las condiciones de la ría han mejorado de forma notable.

“Han vuelto las nutrias a Torrelavega y se ha llegado a observar hasta salmones remontar”, ejemplifica antes de señalar que uno de los “grandes” indicadores de calidad de un humedal o de una ría es la presencia de aves limícolas, algo que sucede en la Ría San Martín, que son las que se alimentan en el fango de gusanas y quisquillas.

En la última década, mientras la ría ha mejorado, la política ha empezado a recibir peticiones concretas para cuidarla. En 2017, Ecologistas en Acción solicitó verbalmente a por primera vez a la consejería de Desarollo Rural, una figura específica para preservar la ría, el ANEI. El Gobierno anunció el inicio de expediente para su declaración tres años después, en 2020. En 2023, cerca de las elecciones, el gobierno abrió el expediente a consulta pública y Ecologistas presentó alegaciones. En 2024, ya con el gobierno del PP, volvió a preguntar al respecto, pidió de nuevo la reanudación urgente del expediente para la protección de la ría, denunciando una parálisis de veinte meses en la tramitación del expediente. Pero silencio.

Hoy ecologistas, ambientalistas y expertos en aves destacan el “alto valor” ornitológico de la ría, donde acude con frecuencia gente a hacer avistamientos de aves. Es uno de los 44 humedales de Cantabria incluidos en el  Inventario Español de Zonas Húmedas (IEZH) del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO). De hecho, es el cuarto humedal más importante de Cantabria para aves acuáticas invernantes, situándose solo por detrás de las marismas de Santoña, la bahía de Santander y el embalse del Ebro, señala Felipe González, delegado de SEO/Birdlife en Cantabria, que atribuye, entre otras razones, al “aporte” de agua dulce que vierte el colector de salida de la depuradora de Vuelta Ostrera, que “es lo que más atrae a las aves a ese rincón”.

Es la ría más importante de Cantabria por su ubicación geográfica y por su caudal, apunta Sainz, de Ecologistas en Acción: “Recibe cerca del 10% de las aves invernantes de la comunidad y alberga especies de salmón atlántico y anguila europea, prácticamente extinguidas; además, hay plantas en riesgo de desaparición de especies, abunda, como la Suaeda vera, el junquillo salado y la adormidera marina. ”Está apareciendo el águila pescadora, con el objetivo de conseguir anidar, a pesar de haber sido derribado un poste de anidación recién instalado y con el problema de las motos de agua“, cuestiona Sainz.

Abel Ojugas, que se crio junto al estuario, solo pide protección para la asociación Ría San Martín: que el Gobierno autonómico estudie la figura jurídica del ANEI y considere la posibilidad de incorporar la ría a la Red Natura 2000: “No hemos venido a enfrentarnos con administraciones, empresas, cazadores, ni con nadie. Lo único que defendemos es que este espacio tenga el mismo reconocimiento y las mismas garantías de conservación que merecen las demás marismas y estuarios de Cantabria”, para preservar que la ría que tuvo color “chocolate negro” hoy sea “transparente”. Ojugas cree que “debemos conservar lo que tanto ha costado recuperar”.

Doñana es un espacio tan grande y tan diverso que siempre hay lugar para que, en paralelo, se produzcan buenas y malas noticias. El pasado 30 de septiembre acabó un año hidrológico que en el parque nacional se puede definir de “razonable” en cuanto a lluvias y “bueno” en lo que respecta a la cría de aves, pero las cosas se han complicado con un verano que como quien dice todavía se hace sentir. Esto se ha traducido en un septiembre con récord histórico de temperaturas, lo que tiene a la vegetación del parque “en pausa” y con una elevada mortalidad.

Este es el balance que hace el director de la Estación Biológica de Doñana (EBD), Eloy Revilla, que alerta de que son señales de un “cambio de patrón” fruto de los efectos cada vez más evidentes del cambio climático. Esto propicia “un verano larguísimo” y unas “altísimas temperaturas”, y como muestra valga el botón de que 13 de los 25 días más calurosos del pasado estío se vivieron en septiembre, con récord el 3 de ese mes y sus 42,2 grados.

“En septiembre se han batido todos los récords de temperatura histórica”, apostilla, y toda la primera mitad de octubre también ha tenido registros elevados. Esto propicia que la vegetación en Doñana esté “en pausa” y lo que es peor, “se observa una mortalidad importante en muchas zonas”.

“Un patrón de cambio”

“Hay un patrón de cambio que se está observando en muchos años consecutivos”, prosigue su análisis, y que “tiene que ver directamente con el cambio climático”. Esto no solo ocurre en Doñana, advierte, ya que es algo evidente “en muchos más sitios”, lo cual “genera incertidumbre desde el punto de vista del funcionamiento de los ecosistemas”.

Y eso que el año hidrológico ha sido “bastante razonable” desde el punto de vista de la marisma y de las poblaciones de aves, tras unas lluvias invernales que permitieron una inundación importante y propiciaron “un buen año de reproducción”. La abundancia de agua ha permitido, además, que la laguna más grande, Santa Olalla, no se haya secado por segundo año consecutivo, aunque ha entrado en octubre con un aspecto no precisamente exuberante.

La conclusión es que el verano “se está volviendo muy difícil en el día a día” y eso “tiene que ver directamente con el cambio climático”. Esto provoca “cambios muy importantes” que no solo sacuden a este enclave natural, sino que “nos están afectando a nosotros también como país, tanto en la agricultura como en los servicios”. En este sentido, resalta “que no hay que olvidar que España ”es dependiente del turismo“, aunque aquí Doñana funciona como una oportunidad: ”Es un buen lugar para hacer un seguimiento muy fino y que podamos adelantarnos y adaptarnos“

La cuestión del acuífero

Junto a ello, y a la hora de hacer balance del año hidrológico, apunta a otro problema recurrente en el parque como es la situación del acuífero, “que está pendiente de recuperarse”. Este proceso es mucho más lento, porque el último informe técnico (referido al ejercicio 2024/25) evidenció que el año con más agua en una década –con precipitaciones un 123% por encima de la media– no logró una mejora significativa. “Una recuperación del acuífero requiere no un año aislado, sino un nuevo periodo húmedo”, apuntaba al respecto el análisis de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG).

Tanto es así, que en julio volvió a repetirse lo que ya se ha convertido en un ritual: la Unesco alertó de que Doñana podría entrar en su lista negra de patrimonio en peligro si no se rehabilita esta masa de agua subterránea clave para la vida del parque. El último paso para caminar en esta recuperación se ha dado esta misma semana, con la publicación por fin de las ayudas para los agricultores que dejen de cultivar en el parque y, así, disminuir las extracciones.

Hablamos de 407 hectáreas, y el cálculo oficial es que esto permitiría reducir en 1,8 hectómetros cúbicos anuales el consumo de agua para riego en la zona. El Ministerio para la Transición Ecológica define este dato como “muy significativo” si se tiene en cuenta que el volumen de agua que ahora se extrae de manera ilegal es de casi 1,5 hectómetros cúbicos al año. WWF, en cambio, eleva esta cifra hasta 13,34 hectómetros, ya que calcula que todavía hay unas 3.330 hectáreas de cultivos irregulares.

La asociación ecologista SEO/BirdLife ha informado este jueves que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha aceptado su solicitud de medidas cautelares contra la caza de la codorniz común en El Hierro.

Esta organización informa de que un auto del pasado 5 de octubre de la Sala de lo Contencioso-Administrativo suspende la caza de esta especie en la isla mientras se tramita el recurso presentado contra la Orden de caza para la temporada 2026-2027.

La Orden de este año permite cazar codorniz en El Hierro durante seis domingos, mientras que entre 2023 y 2025 se autorizaban cinco.

La organización apunta que el aumento no se basa en ningún estudio nuevo, ya que el único seguimiento de la población de codorniz común en la isla es de 2023 y ese año con cuatro jornadas de caza efectivas, se capturaron más de 3.000 codornices de las cerca de 8.000 que se calcularon en otoño.

SEOBirdLife insiste en que desde entonces no se ha vuelto a estimar la población y El Hierro no tiene un plan técnico de caza que fije cuántos ejemplares pueden cazarse.

Recuerda en un comunicado que la Directiva de Aves determina que la caza no puede poner en riesgo la conservación de las especies y para las excepciones que regula, la Comisión Europea considera admisible una extracción en torno al 1% de la mortalidad anual de la población.

La ONG explica que ese criterio no fija un límite legal para la caza ordinaria, pero da una idea de la escala que en el caso de El Hierro equivaldría a entre 53 y 71 codornices por temporada, y en 2023 se cazaron entre 44 y 60 veces más.

Según el último informe Estado de las Aves de España, la codorniz común figura como Vulnerable en la reevaluación del Libro Rojo de 2024 y el programa de seguimiento SACRE de SEOBirdLife registra un descenso del 60% de la población reproductora desde 1998 a nivel nacional.

En Europa, la tendencia también es negativa, y el grupo técnico europeo que estudia la caza sostenible de esta especie ha recomendado suspender temporalmente su caza hasta que se conozca mejor su situación.

SEO/BirdLife indica que el problema afecta a más especies: de las 34 especies cinegéticas evaluadas en el Libro Rojo de 2024, solo 14 están en situación favorable.

Añade que en Canarias, no hay datos actualizados de productividad, supervivencia ni movimientos de la codorniz que permitan saber cuánta caza puede soportar. Sin esa información, aumentar las jornadas va en sentido contrario al principio de precaución que exige la normativa.

“La codorniz de El Hierro es una de las poblaciones mejor conservadas del archipiélago y, precisamente por eso, merece una gestión basada en datos. Se ha aumentado la presión de la caza sin saber cuántas codornices hay en la isla. Cuando no se conoce el estado de una población, lo razonable es actuar con prudencia ”, explica Yarci Acosta, delegado de SEO/BirdLife en Canarias.

SEOBirdLife recuerda que, durante la tramitación de la Orden, las asociaciones de defensa de la naturaleza solicitaron por escrito en el Consejo de Caza de Canarias que no se autorizara la caza de la codorniz mientras no se actualizara la información sobre su estado de conservación, y que la Orden incorporara la información científica que justificara la caza de cada especie. Ninguna de esas peticiones se recogió en el texto final.

Esta organización traslada a la Consejería competente y al Cabildo de El Hierro su disposición a trabajar conjuntamente, así como con las sociedades de cazadores para hacer un seguimiento anual de la población con un método común y verificable; tener un registro de capturas fiable por jornada y zona; obtener el cálculo de una extracción sostenible a partir de esos datos, recogido en un plan técnico de caza para la isla; y trabajar para recuperar los cultivos de secano y los pastos de los que depende la especie.

Para esta organización, la situación de las aves cinegéticas es preocupante en el conjunto de España.

Según el informe Gestión sostenible de la caza y conservación de aves silvestres en España 2026, publicado por SEO/BirdLife el pasado mes de julio, el 57% de las 35 especies cinegéticas analizadas en la península ibérica y Baleares presenta tendencias poblacionales negativas.

Otro 26% tiene poblaciones muy pequeñas o carece de información suficiente para conocer su evolución.

En conjunto, casi el 83% de las especies se encuentra en alguna de estas situaciones, lo que pone de manifiesto la necesidad de revisar urgentemente cómo se está gestionando su aprovechamiento cinegético.

Ante esta situación, SEO/BirdLife reclama a todas las comunidades autónomas que pongan en marcha planes de gestión de las especies cinegéticas.

El Cabildo de Fuerteventura ha dado luz verde al desmantelamiento del tendido eléctrico aéreo denominado 'Gran Playa', que atraviesa el Parque Natural Dunas de Corralejo, en el municipio de La Oliva.

La Corporación insular ha explicado que el informe favorable emitido por el servicio de Ordenación del Territorio “supone un paso decisivo para la eliminación de esta red que atraviesa este espacio natural protegido de este a oeste”.

Por su parte, el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Parque Natural Dunas de Corralejo, en cuya modificación trabaja actualmente el Cabildo, prohíbe expresamente los tendidos aéreos en dicha zona, situada en espacio natural protegido parte de la Red Natura 2000.

Por este motivo, el informe emitido por Ordenación del Territorio de la Corporación insular supone un paso fundamental para que este desmantelamiento se haga finalmente realidad por parte de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U.

Como condiciones, se deberá aprovechar las infraestructuras viarias y senderos existentes en lugar de abrir nuevas pistas o caminos, minimizando la afección al medio. En el caso de detectarse alteraciones puntuales, se restaurará el entorno afectado.

Finalmente, la Corporación insular ha indicado que continúa trabajando en la elaboración de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de los parques naturales de Corralejo, Jandía, Islote de Lobos y Parque Rural de Betancuria, como documentos clave para definir la protección y usos de estos espacios.

La organización ecologista Greenpeace ha exigido el desmantelamiento inmediato de las jaulas para cría de lubinas situadas frente a la playa de Melenara, en Gran Canaria, y frenar nuevos proyectos de acuicultura en la isla como el que se tramita en las costas de La Aldea, por su impacto ambiental. Asegura que un activista le ha proporcionado imágenes grabadas este mes en el puerto de Taliarte que “muestran grandes cantidades de peces muertos hacinados en contenedores para su gestión”, procedentes de granjas de acuicultura fondeadas frente a la costa de Melenara.

La portavoz de Greenpace en Canarias, Irene Sánchez, alerta de que “vuelve a ocurrir un episodio de mortalidad masiva de peces” como el que ya sufrió hace meses ese mismo enclave de la costa del municipio de Telde, en una situación que cree “insostenible”.

Por ello, reclama “el desmantelamiento inmediato de las jaulas y que se lleve a cabo un análisis riguroso sobre las causas del problema y exista transparencia en la información”.

“Es más urgente que nunca una apuesta real de las autoridades competentes por un modelo alimentario sostenible”, opina.

Greenpace aboga, además, por frenar nuevos proyectos acuícolas como el presentado por una empresa para instalar una granja acuícola para el cultivo de lubinas en las costas de La Aldea, que pretende producir unas 5.400 toneladas anuales.

Los ecologistas aducen que “el modelo de producción acuícola actual es un negocio que puede llevar al sistema al límite de su capacidad por la acumulación de una gran cantidad de peces en las jaulas”, debido a que “el aumento de las temperaturas en los océanos y la consecuente disminución del oxígeno en el agua, junto al estrés de los peces en las jaulas, son el detonante perfecto de más catástrofes”.

A su juicio, que ocurran ese tipo de episodios “no es un hecho excepcional en la acuicultura”, ya que “hay casos documentados en Noruega o Chile, por citar solo dos ejemplos”.

La organización afirma que la situación se agrava en el caso de Gran Canaria porque se han instalado jaulas “a unos escasos 350 metros de la playa de Melenara, una zona prohibida por el Plan Regional de Ordenación de la Acuicultura de Canarias”, y en La Aldea “la concesión se encuentra muy cerca de una zona catalogada de especial protección para las aves y de otras de especial conservación”. 

Para el profano, una torre de flujo suena a algo de ciencia ficción, si se apura con toques incluso de Regreso al futuro y su histórico condensador. La realidad es más prosaica porque hablamos de estaciones meteorológicas, eso sí, de alta resolución, y eso les permite recabar cascadas de datos. En Doñana hay cuatro, cazan remolinos de viento que –literalmente– permiten saber cómo respira el parque y ahora el portal con toda esta información se ha abierto para que cualquier ciudadano pueda asomarse a ella.

Las infraestructuras se llaman formalmente torres de flujo de covarianza de remolinos, han ido entrando en servicio en los últimos años y lo que permiten es conocer los intercambios de energía, carbono y agua entre Doñana y la atmósfera. ¿Y por qué lo de los remolinos? Pues porque el aire se mezcla en ellos sobrevolando la vegetación y de ahí se extraen todos estos datos, que detallan por ejemplo cómo afecta a los ecosistemas el cambio climático con sus altas temperaturas y su falta de agua.

Esto permite radiografiar la respiración de Doñana, entendida como si la vegetación está capturando carbono de la atmósfera o al revés, está emitiéndolo. Un ejemplo: las fuertes lluvias de la primavera de 2025 fueron un alivio enorme y permitieron una elevada absorción de carbono, pero en este 2026 las cosas no han ido tan bien y ha ocurrido incluso al contrario en verano, el ecosistema llegó a emitir más dióxido de carbono (CO₂) del que absorbía. Esto supone que la masa verde deja de crecer por falta de agua.

“Infraestructuras muy delicadas”

Los datos de las torres los gestiona la ICTS-Doñana (Infraestructura Científica y Técnica Singular), dependiente de la Estación Biológica de Doñana y que se presenta como el mayor laboratorio de campo de Europa, con nada menos que 10.000 hectáreas en la Reserva Biológica de Doñana. Como esto es tan grande y tan variado, hay cuatro torres de flujo en otros tantos ecosistemas: marisma estacional, espacio forestal (sabinar) y dos en zonas de matorral, una seca y otra húmeda.

Además de monitorear el estado del parque, instalaciones de este tipo son muy útiles para la agricultura de precisión, ya que detectan cuándo la vegetación deja de transpirar por la falta de agua asociada a una sequía. “Son infraestructuras muy delicadas y con muchos sensores”, explica el director de la Estación Biológica, Eloy Revilla, que detalla que su mantenimiento es tan complejo que “es más importante que funcionen bien a poner más”.

Esto ahora es una realidad gracias a fondos estatales, de ahí que el propio Revilla confiese que “uno de los grandes retos es mantenerlas en el tiempo” porque son “infraestructuras caras” que requieren un personal especializado. Y, admite, “no es nada sencillo conseguir recursos” en un contexto de competencia con otros organismos investigadores.

Sistema adelantado de alerta

La importancia de Doñana no radica sólo en su enorme valor ambiental, sino que funciona como una especie de laboratorio avanzado de cuestiones que están por venir, como todas las vinculadas con el cambio climático. Aquí se documentan antes unos impactos que acabarán llegando a todos lados, es una especie de sistema de alerta adelantado en el tiempo, por no hablar de que “no podemos proteger lo que no medimos de forma continua”, en palabras de Pedro Gómez, investigador de la ICTS-Doñana.

Los datos que aportan las torres de flujo ayudan a mejorar la gestión y el seguimiento del espacio natural, convirtiéndose en una “referencia fundamental” para refrendar modelos ecohidrológicos y observaciones por satélite. Toda esta información está ahora abierta al público y se suma así a otros cinco portales de datos de Doñana, que permiten conocer décadas de investigación con datos sobre temperaturas, precipitaciones e incluso los censos históricos de aves acuáticas.

El Plan Singular de Interés Regional (PSIR) para el proyecto Olucas que ha aprobado el Consejo de Gobierno de Cantabria supone la expropiación de terrenos privados en el barrio Trapa de Villaverde de Pontones. Los promotores de la piscina de olas de surf no tienen la propiedad de todas las parcelas sobre las que se construirá el complejo turístico-deportivo privado con un lago, alojamientos, restaurante, bar y tienda en el municipio de Ribamontán al Monte. La iniciativa supone recalificar 100.000 metros cuadrados de terreno rústico.

Un proyecto que ha despertado recelos porque cuestiona el interés público de un negocio privado. El Ejecutivo de la presidenta Buruaga justifica que contribuirá a diversificar la oferta turística y deportiva de Cantabria. El informe del Ayuntamiento de Ribamontán al Monte, que mantiene silencio público, da el visto bueno al proyecto con dos condiciones: que se cree un acceso nuevo y no pase por el medio del pueblo y que se garantice el agua, ya que el municipio tiene problemas de suministro. Este verano ha afectado a Liermo, donde “no se podía llenar ni una piscina inflable infantil”, ironizan los vecinos en relación al agua que necesitará la piscina de surf, el equivalente a diez piscinas olímpicas según señala el proyecto.

Antes de conocerse públicamente el proyecto, impulsado como cara visible por Ignacio Martínez-Peñalber, algunos vecinos recibieron ofertas por sus parcelas de suelo rústico sobre las que hasta ahora no se podía construir. Esa circunstancia cambia con la aprobación del PSIR, en realidad una figura administrativa que en aras del bien común recalifica los terrenos para poder edificar, en este caso, la instalación de Olucas.

Para reunir todos los terrenos que incluye el proyecto la previsión es expropiar a aquellos que no vendieron o a quienes no se les ha hecho ninguna oferta. Seis parcelas, según calculan los vecinos y afectados directos que ya tienen todo preparado para constituir una asociación para defenderse de los perjucios que provocará esta instalación en el corazón de un pueblo de unos 470 habitantes.

Dos parcelas de 9.000 metros cuadrados cada una, propiedad de unos vecinos de toda la vida del barrio Trapa, donde hasta poco pastaba el ganado. Una de ellas al lado de la casa familiar, que quedaría totalmente afectada por la construcción a pocos metros de la piscina de surf. “Las dos entran dentro del proyecto”, lamenta Gloria Viadero.

Otros dos terrenos más son de la Junta Vecinal y a ellos se suman otros tantos de particulares con quienes no se ha contactado.

En realidad, como ha ocurrido en el anunciado PSIR de Real de Piasca en Santander, al barrio Trapa le ha sucedido lo mismo que a Rucandial: que se han enterado de que les quitan sus propiedades por los medios de comunicación. En el caso de Rucandial se van a derribar 35 casas. Aquí en Villaverde de Pontones se expropiarán solo parcelas pero, para algunos afectados, supondrá alterar su modo de vida y tener su casa pegada al complejo deportivo y turístico.

“Nosotros no bailamos por dinero”, dice Gloria en referencia a su familia. “No queremos vender y no queremos la piscina” -protesta- “lo que tenemos aquí es porque mis abuelos han trabajado mucho, no se puede expropiar por capricho”.

La normativa municipal no permite hacer el surf-resort con piscina de olas, alojamientos y hostelería que proyecta Olucas, S.L. de ahí que se haya optado por tramitar como un PSIR, con lo cual las competencias desde el punto de vista urbanístico pasan a ser responsabilidad exclusiva del Gobierno de Cantabria.

Olucas Cantabria, S. L. ha firmado acuerdos con Wavegarden, como socio tecnológico para construir la piscina de surf sobre un terreno que -como el propio consejero de Fomento, Roberto Media, admitió en el Parlamento- se proyecta sobre un yacimiento paleolítico con la misma protección que un Bien de Interés Cultural.

El proyecto se registró media hora antes de que comenzase el Debate de Orientación Política de finales de junio en el Parlamento de Cantabria, donde la presidenta lo anunció. En él advierte de que se está negociando la compra de las parcelas privadas que forman parte de la actuación pero, si no se consigue el promotor pedirá una Junta de Compensación, como establece la Ley del Suelo de Cantabria. Cuando presentó el proyecto disponía del 70% del terreno.

Financiación

Respecto a la financiación, el propio documento que registró oficialmente admite que se está buscando los 43 millones de euros que necesita, y reconoce que se están manteniendo contactos “con inversores privados de primer nivel” con experiencia en el sector turístico, inmobiliario y de ocio.

La promotora de la piscina de surf, Olucas Cantabria Sociedad de Responsabilidad Limitada, se constituyó hace un año -en mayo de 2025- con el objeto social declarado de gestionar, explotar y desarrollar instalaciones deportivas “con especial enfoque en la construcción y operación de una piscina de olas artificial para la práctica de surf y otras actividades recreativas y deportivas”, según figura en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME).

La sociedad, que figura a nombre de Ignacio Martínez-Peñalver como socio único, se constituyó con el capital social mínimo de 3.000 euros e hizo una ampliación de 85.000 euros la semana después de anunciarse públicamente.

El promotor califica la iniciativa urbanística como un “modelo de desarrollo” basado en la “diversificación de usos y actividades”, “con distintas líneas de negocio complementarias”: piscina, restaurantes, tienda para alquiler y venta de material deportivo, zona para impartir formación, recepción y vestuarios, zona de eventos, un “graderío natural”, aparcamiento público y privado, escenario al aire libre y alojamiento tipo 'glamping' (acampada con glamour) tipo bungalows. En el proyecto se definen como cabañas para entre dos y seis huéspedes.

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) desarrollará 14 líneas de investigación para estudiar la dinámica costera, el cambio climático y la contaminación en Las Canteras y El Confital. El proyecto cuenta con un presupuesto de 140.000 euros, financiado a partes iguales por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la Fundación Canaria Parque Científico Tecnológico de la ULPGC.

El Ayuntamiento ha renovado el convenio de colaboración con la universidad por sexto año consecutivo, con el objetivo de avanzar en la conservación y la gestión sostenible de estos dos espacios naturales de referencia en la capital grancanaria.

La investigación se articulará este año a través de dos iniciativas: ‘Investiga Las Canteras’, centrada en el estudio científico del litoral, y ‘Cuida Las Canteras’, orientada a la participación ciudadana y la transferencia del conocimiento a la sociedad.

14 líneas de investigación sobre el litoral de Las Canteras y El Confital

El programa ‘Investiga Las Canteras’ contará con un equipo multidisciplinar integrado por más de 30 catedráticos, doctores, profesores e investigadores en formación de distintos institutos universitarios.

Entre las principales líneas de estudio figuran el análisis de los efectos del cambio climático y el desarrollo de medidas de adaptación ante la subida del nivel del mar, así como la monitorización de microplásticos y contaminantes orgánicos en el entorno costero.

Los trabajos también abordarán la dinámica sedimentaria y la hidrodinámica del litoral, aspectos fundamentales para comprender la evolución de las playas y los procesos que afectan a estos ecosistemas.

Además, el proyecto contempla la automatización de simulaciones para identificar posibles fuentes de contaminación bacteriana, con el propósito de mejorar el conocimiento sobre los factores que pueden afectar a la calidad ambiental de la zona.

Inteligencia artificial para estudiar el uso de las playas

La iniciativa incorporará también herramientas tecnológicas avanzadas, entre ellas sistemas de inteligencia artificial para el análisis automatizado de imágenes.

Estas herramientas permitirán caracterizar los patrones de uso y ocupación del espacio costero, aportando información sobre cómo se utilizan las playas y cómo evoluciona la presencia de usuarios en estos entornos.

Ciencia ciudadana para proteger Las Canteras

Por su parte, el programa ‘Cuida Las Canteras’ buscará acercar los resultados de la investigación a la ciudadanía y fomentar la participación social en la conservación del litoral.

Entre las acciones previstas se encuentran la realización de prácticas universitarias y trabajos académicos de fin de grado (TFG) y de máster (TFM), la organización de encuentros de trabajo y el desarrollo de iniciativas de ciencia ciudadana para el seguimiento ambiental.

El programa también promoverá la participación activa de la comunidad universitaria en la Microárea Ecoturística de Las Canteras, reforzando la colaboración entre investigadores, instituciones y sociedad civil.

El ámbito de estudio y gestión comprende más de 634 hectáreas en el sector nororiental de Gran Canaria y se encuentra protegido.

Seis años de colaboración científica

El concejal de Ciudad de Mar, Pedro Quevedo, ha destacado la continuidad del acuerdo entre el Ayuntamiento y la ULPGC, que cumple seis años consecutivos.

“Cumplir seis años de colaboración continuada demuestra que esta alianza es ya un pilar indispensable y consolidado para la gestión de nuestro patrimonio natural más valioso”, ha señalado.

Quevedo ha defendido, además, la importancia de fundamentar la protección de Las Canteras y El Confital en el conocimiento científico. “No concebimos la protección de Las Canteras y El Confital desde la intuición, sino desde el conocimiento riguroso que nos aporta la ciencia”, ha afirmado.

La Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación somete a consulta pública previa desde el viernes, 16 de octubre, y durante diez días, la futura redacción de una orden para regular el uso del fuego en el medio rural y las actividades que pueden provocar incendios forestales en Cantabria.

La resolución sobre esta trámite ha sido publicada este jueves en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) y, según se explica en la misma, la elaboración de esta norma “pretende adecuar las prohibiciones y limitaciones de diversas actividades que pueden dar lugar a riesgo de incendio forestal al diferente nivel de peligro meteorológico y a la realidad de la problemática sobre incendios forestales” en la comunidad autónoma.

Se tendrán en cuenta los análisis sobre la causalidad y las motivaciones de los incendios forestales en Cantabria, “que han de servir de fundamento técnico para el diseño e implementación de las políticas de prevención”.

El Gobierno señala que la Ley de Montes, a partir de la modificación introducida por el Real Decreto-ley 15/2022, de 1 de agosto, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de incendios forestales, mandata a la comunidad autónoma a a adoptar determinadas prohibiciones y limitaciones cuando de acuerdo con la información meteorológica de la Agencia Estatal de Meteorología sea predecible en un determinado ámbito territorial un riesgo de incendio de nivel muy alto o extremo.

La norma tiene por objeto la regulación tanto del uso del fuego en el medio rural como de las actividades que pueden provocar incendios forestales, aludiendo a la necesidad de actualizar y mejorar la normativa anterior sobre la materia, que data de 2007, conforme la experiencia adquirida. El Gobierno no considera viables alternativas no regulatorias.

Cómo participar

Con la consulta pública previa que se va a llevar a cabo se pretende recabar la opinión de ciudadanos, organizaciones y asociaciones más representativas potencialmente afectadas por la futura norma acerca de los problemas que se pretenden solucionar con la norma; la necesidad y oportunidad de su aprobación; los objetivos de la norma, y las soluciones alternativas.

Las opiniones y propuestas que se planteen deben realizarse por escrito y se dirigirán a la Dirección General de Montes y Biodiversidad, mediante el Registro de la Consejería (calle Albert Einstein, 2, PCTCAN, o en cualquier otro registro o lugar de los previstos en la Ley Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria. También podrán presentarse a través del Portal de Transparencia de Cantabria (http://participacion.cantabria.es/) en el que se publicará la presente Resolución, en el cuadro destinado al efecto y siguiendo las instrucciones contenidas en el mismo.

Detrás de cada PSIR hay un nombre propio, un interés privado al que los afectados atribuyen la operación de expropiación y recalificacion de sus casas y sus fincas y contra el que están dispuestos a luchar.

El PSIR de Olucas, para hacer una piscina de surf en Villaverde de Pontones beneficia a su propio promotor privado. El polígono de Solía (Federico Cobo) al fondo inmobiliario norteamericano que ahora controla Stoneshields, la promotora del Centro de Datos Altamira. Real de Piasca plantea hacer 8.000 viviendas en Santander y la plataforma contra el polígono de las Excavadas siempre ha denunciado el interés del grupo Armando Álvarez por la operación.

Los afectados por los PSIR cuestionan el interés público de estas operaciones y se han organizado en asociaciones y plataformas. Ahora se están coordinando entre ellos para actuar de forma conjunta porque consideran que esta excepción urbanística -que se lleva por delante sus casas y terrenos- se está utilizando como un negocio para beneficiar a promotores privados.

La más reciente constituida esta misma semana de urgencia, la Asociación de vecinos afectados por el PSIR Bosques de Cantabria, ya trabaja en red con la Plataforma ciudadana La Mancha Gris (PSIR de Solía y el Centro de Datos Altamira), el Grupo de Afectados por el PSIR de Laredo, los vecinos de Olucas que están en contra del proyecto, o la veterana Plataforma en Defensa de las Excavadas de Torrelavega que lleva una década de lucha contra el proyecto.

Es decir, hay movilizaciones ciudadanas en varios ayuntamientos: Astillero, Villaescusa, Piélagos, Villaverde de Pontones, Laredo, Torrelavega y Ribamontán al Monte.

El Gobierno de Cantabria ha cambiado considerablemente el criterio de los PSIR, los Planes Singulares de Interés Regional. Es decir, una excepción urbanística que permite recalificar suelo e incluso expropiar en aras del bien común.

La norma concibe esta figura para proyectos estratégicos de alcance supramunicipal “pero se está utilizando para eludir el planeamiento urbanístico ordinario de los ayuntamientos afectados”, estiman desde La Mancha Gris, la asociación contra el PSIR de Solía (polígono Federico Cobo) y la instalación del marco centro de datos Altamira. “Se vulnera la singularidad y el interés regional”, advierten.

Durante esta legislatura ha anunciado 6 PSIR de promoción privada que, en algunos casos, como la piscina de olas de surf de Villaverde de Pontones, cuestionan el interés público de la operación. ¿En qué beneficia Olucas a los ciudadanos si ni siquiera podrán acceder a ella gratis? El Gobierno de Cantabria lo justifica, en este caso, porque la comunidad puede situarse a la vanguardia del surf.

Otros, como los PSIR anunciados en Castro Urdiales o en Santander, promocionado por Real de Piasca, son operaciones básicamente inmobiliarias para construir también vivienda libre, a precio de mercado. Algo que es posible desde que PP y Vox lo aprobaron en la Ley de Simplificación Administrativa.

Ahora, el Gobierno de Cantabria puede expropiar una propiedad privada para que un promotor haga negocio construyendo viviendas.

Ese es precisamente el planteamiento del PSIR de Real de Piasca en Santander -8.000 viviendas que se llevan por delante 35 casas- o el de Castro Urdiales, donde la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga anunció 1.700 viviendas. Un proyecto, por cierto, rodeado de silencio sobre el que no se ha dado ningún paso y que despertó los recelos de los grupos de la oposición.

“Ya no se expropia para hacer una carretera, se expropia para levantar promociones inmobiliarias privadas”, explica un afectado.

Los seis proyectos privados han levantado un sonoro rechazo ciudadano, hasta el punto de que ya casi todos tienen su plataforma de afectados. La novedad, además, es que han entrado en contacto y están empezando a funcionar de manera coordinada porque es un problema que se está intensificando en Cantabria. Una excepción urbanística que se está convirtiendo en habitual.

Hace unas semanas algunos de los afectados coincidieron en una reunión en Hazas de Cesto convocada por Cantabria No Se Vende. Las antiguas escuelas no dieron abasto para acoger a todas las personas que acudieron a la llamada

Allí fueron tomando la palabra representantes de los PSIR de Laredo, las Excavadas, Solía y especialmente Olucas. El proyecto para hacer una piscina de olas de surf un poco más lejos, en Villaverde de Pontones, que amenaza con llevarse por delante la tranquilidad y la calidad de vida de sus vecinos, según expresaron.

El rechazo a esta figura urbanística y las consecuencias sobre la vida de los vecinos desgranó historias personales y apeló al tiempo a la conciencia medioambiental y patrimonial. En este sentido, la intervención de Carlos García, en nombre de la asociación ARCA puso en evidencia que los PSIR se están ejecutando sobre los terrenos más fértiles de Cantabria, como La Pasiega o Las Excavadas.

Los ciudadanos afectados coinciden en señalar a los beneficiados de estas operaciones que se venden como interés público. La Asamblea en Defensa de Las Excavadas denunció hace años que detrás del Plan Singular de Interés Regional (PSIR) del parque empresarial de Las Excavadas hay una “maniobra especulativa” del grupo empresarial Armando Álvarez para liberar sus suelos en el casco urbano de Torrelavega.

En el caso del polígono La Solía, al que quieren bautizar con el nombre de Federico Cobo, desde La Mancha gris ven indicios de arbitrariedad, opacidad urbanísticas y conflicto de intereses en la tramitación del PSIR, para alojar las fesas 2 y 3 del proyecto Altamira, y en el Centro de Procesamiento de Datos.

Los vecinos de Ribamontán al Monte consideran que Olucas no tiene interés público, sino privado, y que solo beneficia a su promotor particular. Los afectados por el derribo de sus casas en Rucandial ven claro que el PSIR es una negocio para Real de Piasca.

Desde La Mancha Gris cuestionan la figura del PSIR incluso cuando se promueve desde lo público porque existe una duplicidad de roles en la administración autonómica “que actúa como promotor y juez al mismo tiempo”. En este sentido, explican que la empresa pública SICAN (dependiente del Gobierno de Cantabria) y la Consejería de Fomento actúan como impulsoras directas del PSIR Federico Cobo y del Centro de Datos Altamira. “Mientras que el propio Gobierno autonómico es la autoridad que debe dictar la aprobación ambiental y urbanística”, explican. Una convergencia de intereses que, en su opinión, anula la independencia de los órganos evaluadores, “provocando que los informes sectoriales se orienten a validar decisiones políticas tomadas de antemano”.

La batalla de las plataformas ciudadanas no es solo tratar de neutralizar su propio PSIR, sino cuestionar la utilización de esta excepción que debe restringirse exclusivamente a un interés público.

Transformar los parques infantiles de espacios de tierra y grava en espacios de caucho ha expuesto a los niños y niñas a multitud de compuestos químicos dañinos que, poco a poco, se van colando en sus organismos. Al analizar estos parques “se ha obtenido la evidencia de presencia de tóxicos”, según explica la directora del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua del CSIC, Ethel Eljarrat.

La investigadora —que habla para apoyar la campaña de retirada de este material de Ecologistas en Acción— detalla que, en los parques, se utiliza caucho sintético y reciclado de neumáticos a los que se les añaden otros aditivos. La mayoría de este caucho proviene, pues, de derivados del petróleo.

Todos estos compuestos “que ya sabemos que causan daños a la salud” como metales pesados o los compuestos orgánicos volátiles, no van a desaparecer. Al no estar fuertemente unidos “se van liberando paulatinamente”, subraya la científica del CSIC. Eso hace que los pequeños puedan ingerirlos mientras juegan, inhalarlos o incluso que se expongan mediante el contacto con la piel.

Los compuestos se liberan y, cada día, pequeñas cantidades se acumulan y pueden desencadenar efectos a medio y largo plazo

Ethel Eljarrat — Directora del IDAEA-CSIC

La organización ecologista ha hecho una cata en Cantabria donde “el 95% de los parques son de caucho”. Y sospechan que es la realidad del resto del país.

“La toxicidad no es aguda, no se ven efectos inmediatos, sino que, cada día, pequeñas cantidades se acumulan y pueden desencadenar efectos a medio y largo plazo” abunda Ethel Eljarrat. La contaminación que se adquiere en estos espacios se añade a la que llega al respirar aire con polución o con los alimentos. “Debería haberse estudiado esto antes de aplicar masivamente el caucho”.

Cuando un niño o una niña se pone a jugar en uno de estos parques, a su altura, pueden detectarse los olores de los derivados del petróleo o de los compuestos orgánicos volátiles. Además, a esa edad, se respira más veces por minuto e, incluso, “hay comportamientos propios de la infancia que no se ven en los adultos, como llevarse cosas a la boca”, ilustra el responsable del comité de salud medioambiental de la Sociedad Española de Pediatría, José Antonio Ortega.

“Que los niños toquen la arena y la hierba”

Según este médico, los parques de caucho han proliferado gracias a “varios mitos”. En primer lugar, “el mito de la higiene que se confunde con la ropa limpia”. Ortega afirma que “los pediatras queremos que los niños toquen la arena y la hierba”.

En un parque de grava, arena o mantillo se observan más rozaduras o raspones, pero, en los de caucho se ha comprobado que hay más caídas, torceduras, fracturas o pérdidas de dientes

José Antonio Ortega — Coordinador de la comisión de salud medioambiental de la Sociedad Española de Pediatría

Y en segundo lugar el mito de que son espacios más seguros para jugar: “En un parque de grava, arena o mantillo se observan más rozaduras o raspones, pero, en los de caucho se ha comprobado que hay más caídas, torceduras, fracturas o pérdidas de dientes porque no hay más que observar cómo las baldosas de caucho se levantan, se deterioran y se vuelven inestables”, evalúa el pediatra.

Ortega defiende que este tipo de parque debe desaparecer “por cautela, por salud y por economía, ya que los de materiales naturales son más baratos”. Y apela a los alcaldes para que actúen como “ministros de salud pública”. No es un llamado fácil. Hace solo unos meses, el pasado abril, los técnicos del Ayuntamiento de Madrid echaron mano del estudio de Eljarrat para parar la instalación de caucho en un distrito mientras el material prolifera en la ciudad.

Sin embargo, retirar la goma no es un plan utópico. En Finlandia, por ejemplo, una iniciativa impulsada por el Instituto de Recursos Naturales y la Universidad de Helsinki ha llevado a la sustitución del caucho de decenas de espacios de juego infantil por materiales como la arena, la turba o plantas nativas. Allí han aducido estudios en los se concluye que jugar en esos entornos aumenta la diversidad microbiana y fortalece el sistema inmunitario.

Un veto en diferido

Que forrar los parques de este material no es bueno parece una evidencia ya demostrada porque la Unión Europea ha acordado eliminar el caucho. Sin embargo, es un veto en diferido porque , aprobado en 2023 en el reglamento de microplásticos, no será obligatorio hasta 2031. El portavoz de Ecologistas en Acción, José Antonio Sánchez Raba, opina que esta moratoria “permitirá a la industria petrolera seguir acumulando beneficios y, luego, puede surgir una nueva prórroga o, simplemente, que se fabriquen partículas un poco más grandes que lo prohibido para poder seguir usándolas”. La normativa habla de partículas menores a cinco milímetros.

El pediatra Juan Antonio Ortega insiste en que “lo legal no implica que sea inocuo. El tabaco es legal y nadie sostiene que es inofensivo. Estos materiales pueden ser legales, pero son perjudiciales”. Y luego ilustra que, si para eliminarlo, se exigen estudios científicos sobre el efecto directo en las personas, todo podría demorarse otros 20 años. “El sentido común hace pensar que sería prudente retirarlo”.

Mientras tanto, los expertos reiteran que el objetivo no es “que los niños y niñas dejen de acudir a parques porque son de caucho, sino que puedan jugar al aire libre sin estar expuestos. Que lo hagan con seguridad y un control riguroso”.

Los escombros generados por las obras del polémico proyecto turístico Cuna del Alma, en el Puertito de Adeje (sur de Tenerife), se están acumulando en una parcela pública propiedad del Ayuntamiento de Adeje, según ha podido saber Canarias Ahora.

La parcela, denominada T-5, se encuentra dentro del ámbito urbanístico que prevé la construcción de 420 villas de lujo en el Puertito, un paraje natural rodeado de espacios protegidos y lugares de interés geológico.

Este solar forma parte de los terrenos que la promotora ha cedido al Ayuntamiento de Adeje como parte del aprovechamiento medio de la actuación, tal y como establece la ley. En este caso, la cesión corresponde al 10% del aprovechamiento urbanístico de la iniciativa. Las parcelas entregadas al Consistorio son la T-5, la CO-2 y la RD-6, valoradas en casi diez millones de euros.

Las imágenes vistas por este periódico muestran que efectivamente la empresa impulsora de Cuna del Alma, Segunda Casa Adeje SL, está utilizando como escombrera la finca T-5, de unos 15.600 metros cuadrados. Junto a la pila de despojos también pueden apreciarse camiones, excavadoras y otros vehículos.

El Ayuntamiento de Adeje sostiene que, pese a ser el titular del terreno, no tiene “dominio” sobre él, ya que se encuentra en una situación de “nuda propiedad”. Según explica, no podrá utilizar la parcela hasta que concluyan las obras y el Consistorio la recepcione. Solo entonces “tendrá un uso acorde a lo que permite la ley”, asegura. Ocurre igual con las parcelas CO-2 y RD-6.

La Corporación sostiene que el mismo criterio se aplica a las obras de carácter público que la promotora ejecuta actualmente, como los viarios o el alumbrado, que, llegado el momento, “también serán municipales”. Las fuentes consultadas no aclaran si el Ayuntamiento está conforme con el vertido de escombros en la parcela T-5. Se limitan a señalar que no tienen “dominio” sobre el terreno.

La parcela T-5 es de uso hotelero-extrahotelero y fue inscrita en favor del Ayuntamiento de Adeje en marzo de 2022, según la documentación del Registro de la Propiedad. La nota simple del solar señala literalmente que “se trata de una de las parcelas que se adjudica” al Consistorio “en pago del 10% del aprovechamiento que le corresponde” del proyecto turístico de Cuna del Alma.

Esta figura del aprovechamiento urbanístico no es baladí. Supone la obligación legal de los propietarios de ceder gratuitamente al Ayuntamiento una parte del aprovechamiento urbanístico que el propio planeamiento les reconoce. Con carácter general, ese porcentaje oscila entre el 5% y el 15%.

En estas parcelas solo pueden construirse espacios libres, zonas verdes y dotaciones públicas, según los usos previstos en el planeamiento. En las actuaciones de uso residencial, además, la normativa contempla destinar suelo a la construcción de vivienda protegida.

Cuna del Alma es un proyecto turístico. No prevé la edificación de vivienda pública. Pero el Ayuntamiento de Adeje pretende vender el aprovechamiento urbanístico que ha adquirido para destinar esos recursos a la construcción de viviendas en otros puntos del municipio.

Esta fue la vía que utilizó el Consistorio para declarar de interés público de primer orden la polémica urbanización de lujo. La declaración le permitió después justificar el traslado de la viborina triste, una especie protegida cuya presencia paralizó las obras durante casi dos años.

La parcela T-5, de uso hotelero-extrahotelero, tiene asignadas 8.501 unidades de aprovechamiento; la CO-2, de uso comercial, unas 3.934; y la RD-6, destinada a equipamiento recreativo, alrededor de 69,3. El valor conjunto de los tres terrenos asciende a 9,9 millones de euros.

Un decreto municipal al que ha tenido acceso esta redacción detalla asimismo que al Ayuntamiento de Adeje le corresponden otras 591,1 unidades de aprovechamiento. Como no dispone de ellas, deberá recibir una compensación económica de 447.549 euros.

Las obras de Cuna del Alma avanzan con paso firme salvo en una pequeña parte del complejo, de unos 2.400 metros cuadrados (el proyecto abarca cerca de 430.000), paralizados por orden judicial desde hace medio año por la comisión de un presunto delito contra la ordenación del territorio y el medio ambiente en la zona de protección de la costa.

La causa se instruye en el Juzgado de Instrucción número 1 de Arona. Ante la magistrada han declarado como investigados el director general de Costas del Gobierno de Canarias, Antonio Acosta (nombrado por Coalición Canaria); el jefe del Servicio de Ordenación del Litoral Oriental del Ejecutivo regional, Valeriano Díaz, y el representante legal y los administradores de la promotora, Segunda Casa Adeje SL.

También han declarado como testigos dos técnicos de Costas del Ejecutivo regional.

Castilla-La Mancha ya tiene un nuevo plan para intensificar la educación ambiental en diferentes ámbitos. Se trata del II Plan de Acción de la Estrategia de Educación Ambiental de Castilla-La Mancha para el periodo 2026-2030, que ha sido aprobado este miércoles por el Consejo de Gobierno regional. Esta estrategia contará con un presupuesto de 4 millones de euros y con 55 medidas agrupadas en 12 líneas estratégicas.

El plan da continuidad al desarrollado entre 2020 y 2025 para acercar la educación ambiental a los centros educativos, al ámbito profesional y a los municipios y se ha aprobado tras un proceso participativo en el que participó elDiario.es de Castilla-La Mancha.

Se trata de una estrategia que busca integrar la educación ambiental en las políticas regionales, especialmente en las de educación, medio ambiente y sostenibilidad, e incorpora la perspectiva de género. También plantea introducir los principios de sostenibilidad en los entornos educativos mediante la innovación y la experimentación.

Asimismo, contempla reforzar la formación de docentes, profesionales y otros agentes vinculados a la educación ambiental, y ampliar las oportunidades para que la gente joven proponga y desarrolle sus propias iniciativas.

En el ámbito local, las medidas se orientan a fortalecer la colaboración entre los programas de educación ambiental, las entidades y las redes de los distintos agentes implicados para impulsar soluciones sostenibles en los pueblos y ciudades.

La consejera Portavoz, Esther Padilla, ha señalado que “aprender a dejar limpio el campo” o que “el agua es un tesoro” son enseñanzas sencillas que “acompañan a las personas durante toda su vida”. Por ello, ha incidido en la importancia de transmitir a los niños y niñas, desde sus primeros años y también desde el ámbito educativo, que “nuestro entorno merece respeto y cuidado”. En este sentido, ha recordado que los paisajes y la biodiversidad de Castilla-La Mancha “forman parte de la riqueza de la región” y su conservación, por tanto, es “una responsabilidad compartida entre la ciudadanía y las administraciones”.

‘Vive tu Espacio’, aprender en el medio natural

Padilla ha mencionado como ejemplo el programa ‘Vive tu Espacio’, enmarcado en esta estrategia, que ofrece durante todo el año actividades gratuitas en los espacios naturales protegidos de Castilla-La Mancha para la población local y quienes los visitan. Su programación incluye rutas guiadas, talleres, observación de aves y actividades de astronomía, con profesionales que ayudan a conocer las características de cada espacio y cómo conservarlo. Las propuestas cambian con las estaciones y están dirigidas a públicos de distintas edades.

La consejera ha recalcado que la aprobación de este segundo plan responde a la “voluntad de mantener y profundizar en estas acciones” durante el tiempo necesario para que “puedan transformar la realidad en la dirección que buscamos”.

Por último, Padilla ha apuntado que el plan se ha elaborado con la participación de todos los sectores implicados y contempla el seguimiento y la evaluación de sus medidas. “En un ámbito como la educación ambiental, los resultados se construyen durante años, pero los avances que se consiguen perduran en el tiempo, como ocurre en todo el ámbito educativo”, ha finalizado.

La Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Cantabria ha sacado a información pública un proyecto particular para construir cinco apartamentos turísticos sobre suelo rústico en Langre, cerca de la costa, en el municipio de Ribamóntán al Mar.

Los alojamientos se habilitarán sobre dos antiguos almacenes ya existentes, en el número 6 de la calle Usera, que precisan una ampliación y una reforma integral presupuestada en cerca de 300.000 euros. Las edificaciones de sillería y mampostería, con madera en la cubierta, son anteriores a 1950.

El expediente registrado en agosto en el Gobierno de Cantabria estima que la superficie a construir será cercana a los 500 metros cuadrados. Cuatrocientos de ellos en la edificación principal donde se ubicarán cuatro apartamentos. El quinto se construirá en la edificación secundaria de unos 70 metros cuadrados. Los apartamentos estarán ubicados al lado de la carretera y a un kilómetro y medio de distancia hasta la playa de Langre.

La tramitación de este proyecto turístico -promovido por dos particulares- ya está en marcha con la publicación del expediente para reforma, ampliación y cambio de uso durante quince días para que se puedan presentar alegaciones.

La utilización del suelo rústico para alojamientos turísticos se ha incrementado notablemente. De hecho, recientemente desde la propia Consejería de Vivienda se ha pedido a los ayuntamientos cántabros que no pongan trabas a los usos turísticos del suelo rústico en sus respectivos municipios.

Solo hasta abril en Cantabria se han tramitado 24 proyectos de alojamientos turísticos. 14 de ellos se localizan en el pueblo de Liencres, dentro del municipio de Piélagos, a través de dos proyectos distintos.

A ellos se suma la construcción de un edificio de cuatro apartamentos turísticos en una parcela de suelo rústico en Valdáliga y otros seis más en Ramales.

Más recientemente, un promotor ha pedido autorización para construir tres apartamentos turísticos sobre suelo rústico de especial protección en Meruelo.

El Museo de Historia Natural de Londres ha presentado las imágenes finalistas de su emblemático concurso Wildlife Photographer of the Year, que este año celebra su 62º aniversario. Los ganadores han sido dados a conocer este mes en una ceremonia en el Museo londinense, que inaugurará su nueva exposición este viernes 16 de octubre con fotografías de la naturaleza capturadas por fotógrafos de todo el mundo.

Este año, el certamen ha vuelto a batir récords con 65,403 imágenes de 121 países, casi 5.000 fotografías más que en la última edición que han sido evaluadas por un panel internacional de expertos y fotógrafos que valoraron la creatividad, la originalidad o la excelencia técnica de cada obra.

Entre las imágenes escogidas como las mejores del año se encuentran por ejemplo un tritón de California guardando sus huevos en una pose protectora, una pareja de picozapatos recogiendo plantas y tierra para formar su nido en Uganda, una curiosa imagen de un elefante duchando a un grupo de cebras y jirafas en una charca de agua en la sabana de Kenia, un escorpión escondiéndose en la arena del desierto de Rajastán, en la India, o el cuerpo de un puma atado sobre una valla de madera y alambre en la Patagonia argentina.

El reconocimiento principal ha recaído esta vez en una instantánea del fotógrafo italiano Federico Veronesi llamada 'Aftermath' (Secuela) y que ha logrado captar con su objetivo un curioso a la vez que trágico momento en el que una hembra de elefante carga en su trompa a su cría fallecida en el margen de un río seco en Namibia.

Según explican desde el Museo de Historia Natural londinense, comportamientos similares de elefantes respecto de la muerte de sus seres queridos han sido observados tanto en elefantes asiáticos como africanos. En ocasiones se les ha podido ver realizando sonidos particulares, guardando a sus muertos, inspeccionándolos o tomando sus huesos así como, igual que en este caso, transportando a los fallecidos. Algunos investigadores sugieren que este tipo de comportamientos indican el camino de un elefante para comprender la muerte, mientras que otros interpretan este tipo de acciones como posibles muestras de dolor.

Los cuatro presuntos cabecillas de la trama acusada de saquear la planta del lentisco de varios bosques protegidos de Tarragona y ganar millones tras venderlo en Países Bajos salieron este verano de la prisión provisional en la que permanecían desde el pasado de febrero.

Así lo ha podido saber elDiario.es de varias fuentes jurídicas, que explican que la investigación del caso se ha ralentizado, a la espera de que se completen los informes sobre las 11 entradas y registros realizadas en febrero en Reus (Tarragona) y Mataró (Barcelona). Las defensas del caso también han recurrido varias decisiones del juez sobre el embargo de cuentas corrientes.

La Guardia Civil se incautó de varias cajas con plantas, dinero en efectivo y documentación sobre las empresas de la red. Los agentes también encontraron en casa de uno de los líderes un Porsche Cayenne. Todo ello, destacó el juez, muestra la “amplia capacidad económica” de varios de los investigados. Los pagos de una sola empresa holandesa a cambio de las plantas se cifran en 9,3 millones de euros entre 2018 y 2022, pero la actividad del grupo duró hasta 2026.

La desarticulación de la red provocó que la Generalitat aprobara una nueva normativa para limitar la recogida de plantas naturales, como el lentisco y el brezo, con finalidad comercial.

En un auto del 4 de junio, el juez Diego Álvarez de Juan abrió la puerta a dejar en libertad provisional a los cuatro presuntos líderes de la red si abonaban una fianza de 30.000 euros, una cantidad fijada por el instructor con base a las “grandes cantidades dinero que han movido los investigados para cometer sus delitos”.

El magistrado tomó la decisión de rebajar la prisión preventiva “a la vista del tiempo transcurrido y del avance de la instrucción”, al considerar que la intensidad del riesgo de fuga y de reiteración delictiva que motivó su ingreso en prisión había disminuido. Tres de los cuatro investigados pudieron abonar la fianza a los pocos días y salir de la cárcel.

El encausado que seguía en prisión, defendido por el letrado Gerard Amigó, recurrió la decisión del juez al alegar que no disponía de 30.000 euros por su falta de “capacidad económica”, además de alegar que él era un “presunto testaferro sin capacidad de decisión en la presunta organización criminal” dedicada a la recolección ilegal del lentisco.

La Audiencia de Tarragona aceptó parte del recurso de la defensa y consideró que el no haber podido abonar 30.000 euros, a diferencia de los otros encausados, “viene a avalar que el investigado carecería de medios económicos”.

“Poder eludir una prisión provisional y no hacerlo responde a una cuestión ajena a su voluntad”, recalcó con convencimiento el tribunal, que rebajó la fianza a 10.000 euros. El investigado ya los abonó y permanece en libertad. Todos los investigados que han abandonado la prisión preventiva tienen prohibido salir de España, se les ha retirado el pasaporte y deben comparecer ante el juzgado más cercano a su domicilio los días 2 y 7 de cada mes.

Además del delito contra el medio ambiente, se les investiga por blanqueo de capitales, organización criminal y un delito contra los derechos de los trabajadores y contra la Seguridad Social porque presuntamente habrían explotado a migrantes en situación irregular para extraer las plantas del bosque.

La investigación del Seprona de la Guardia Civil destapó que la red tenía una estructura de recolectores en distintos bosques de Tarragona. Luego las plantas se trasladaban a naves, donde se empaquetaban y se vendían a Países Bajos con fines ornamentales, aunque igualmente lucrativos: de los más de nueve millones que cobró la red, la organización extrajo seis en efectivo o cheques por ventanilla y cajeros sin que se conozca el destino final de estos fondos.

Los seguimientos y los pinchazos telefónicos apuntalaron la primera pata de la investigación: la extracción masiva de lentisco en distintos bosques. El grupo actuó en las sierras de Cardó, Llaberia Pàndols-Cavalls y el Boix; el parque natural dels Ports; los espacios de interés natural de Aligars y sierra Fulletera; el Pas de l'Ase; o las montañas de Tivissa y Vandellòs.

El cabecilla del grupo, destaca el juez, daba órdenes (interceptadas gracias a los pinchazos telefónicos) sobre la cantidad de lentisco que las cuadrillas debían recolectar, organizaba los turnos de trabajo y controlaba el material que terminaba en la nave de Reus, donde se incautaron unos 4.000 kg de la planta.

De los 43 recolectores constatados por la Guardia Civil, solo siete tenían una relación “regular” con la empresa. La mayoría no estaban dados de alta en la Seguridad Social, eran de origen marroquí y la red se aprovechó de su situación irregular para emplearlos sin contrato.