Artur Mas es el expresident de la Generalitat que gasta más recursos, 41.877 euros en 2024, a pesar de que reduce gastos en 3.000 euros con respecto a 2023. Así se desprende de los datos del Portal de Transparencia de la Generalitat consultadas por la ACN. Quién utilizó menos dinero el año pasado fue Carles Puigdemont, a causa de la baja médica de siete meses del responsable de su oficina, Josep Lluís Alay. Redujo gastos en 15.000 euros hasta el mínimo histórico de 2.862 euros. José Montilla hace constar un gasto de 33.879 euros, poco menos que en 2023; Joaquim Torra ha ahorrado unos 5.000 euros y Pere Aragonès ha destinado 18.160 euros en arrancar su oficina.

Los presupuestos de la Generalitat dedican cada año un máximo de 60.000 euros a cada oficina de los expresidentes, que sirven para pagar la seguridad, traslados, desplazamientos y la organización de actos y conferencias que hagan tanto en Catalunya como fuera. Ninguno de los expresidentes ha llegado al máximo que puede consumir.

En cambio, los gastos de personal, alquiler, consumos y mantenimiento de las oficinas de los expresidentes se atienden directamente desde la Presidencia de la Generalitat, que asume los costes. Por lo tanto, los recursos gastados que los expresidentes argumentan en sus memorias anuales no incluyen la factura del funcionamiento de la oficina.

Ninguno de los expresidentes de la Generalitat aumento los gastos en 2024 con respecto a 2023. Todos los reducen en menor o mayor medida. Mas es el que ha gastado más dinero en los últimos tres años. Los que han gastado menos son Torra, con 15.763 euros, 5.265 menos que el año anterior, y Puigdemont, con un mínimo histórico de 2.862 euros.

Puigdemont, condicionado por la baja de Alay

Según la memoria, el gasto de la oficina de Puigdemont se ha reducido considerablemente en 2024 respecto con otros años a causa de la baja por motivos de salud del responsable de su oficina, Josep Lluís Alay, entre el primero de febrero y el 31 de agosto del 2024. Una baja de siete meses que, según fuentes de la oficina, condicionó tanto la actividad como el gasto de la misma oficina. Concretamente, los recursos gastados han caído en más de 15.000 euros pasando de los 18.665 el 2023 a los 2.862 euros el 2024, la cifra más baja desde que el 2018 Puigdemont estrenó su oficina de expresidente.

Entre los viajes que constan en la memoria está el del 8 de agosto del año pasado cuando lo también presidente de Junts asistió al acto celebrado al Arco del Triunfo, en Barcelona, coincidiendo con el pleno de investidura de Salvador Illa. Justo después del acto dribló la presencia policial, que no lo detuvo, y volvió a marcharse a Bruselas, donde vive desde el 2017.

La oficina de Puigdemont afirma que no tiene ningún gasto de alquiler ni de seguridad, puesto que “el Departamento de Interior no autoriza la seguridad que correspondería al presidente Puigdemont de acuerdo con la Ley 6/2003 de 22 de abril, del estatuto de los expresidentes de la Generalitat”.

Mas, 12.200 euros para su videopodcast

De los 41.877 euros que Mas gastó en 2024, la partida más importante, 15.000 euros, se destina a seguridad. Y, en segundo lugar, figuran 12.200 euros que ha dedicado a su videopodcast 'A favor de la política'. Por ejemplo, según compilación de su memoria, publicó una conversación con el expresident Jordi Pujol sobre Catalunya.

En 2024 Mas viajó a China, donde participó en el acto central del 20º aniversario de la presencia en el país del grupo industrial catalán Relats. También visitó la empresa catalana Ficosa, también con actividad industrial en China desde hace años.

Montilla se mantiene en segunda posición

De los casi 34.000 que la oficina de Montilla utilizó en 2024, 15.684 euros corresponden a seguridad y 18.195 a gastos ordinarios. En la memoria anual, el expresidente Montilla hace constar que ha gastado 2.464 euros en ornamentos de la oficina; 2.990 euros en prensa; y casi 8.000 euros para mantener su página web.

Montilla trabaja como consejero de Enagás desde 2020. Justifica su cargo por su experiencia y conocimiento del sector energético y gasístico, al haber ejercido como ministro de Industria.

Según explica en la memoria, la oficina de Montilla ha continuado gestionando el archivo documental del expresidente, informatizando y registrando los documentos en el archivo y en la biblioteca. También se ha trabajado en la creación y mantenimiento de un archivo fotográfico que recoge imágenes de su actividad pública desde el año 1979 hasta la actualidad.

Los primeros cuatro meses de Aragonés como expresidente

En el último cuatrimestre del 2024, Pere Aragonès puso en marcha su oficina de expresidente ubicada en el Pabellón Norte de los Jardines de Pedralbes, después de pasar el relevo de la presidencia de la Generalitat a Salvador Illa en agosto.

En los primeros cuatro meses de expresidente, Aragonés viajó a Roma para participar en un foro sobre políticas industriales y mantener varias reuniones. También destacan los encuentros que mantuvo con el lehendakari Iñigo Urkullu y con el expresidente José Montilla, tal como detalla su memoria.

Del total de 18.160 euros gastados de septiembre en diciembre del 2024, las partidas más relevantes corresponden al diseño gráfico de la página web (5.324 euros), a la seguridad (8.541 euros) y a formación (2.580 euros).

Torra reduce los gastos en 5.000 euros

El expresidente Torra declara que en 2024 gastó 15.763 euros. Unos 8.000 euros corresponden al servicio de seguridad del presidente, concretamente a la manutención, alojamiento y desplazamientos del personal de seguridad. El resto de los 7.700 euros hacen referencia a gastos ordinarios, que incluyen alojamiento y desplazamientos de los miembros de la oficina, mantenimiento de la página web y suscripciones a los medios de comunicación, entre otros.

Torra interrumpió temporalmente su agenda por la muerte de su esposa, Carola Miró, en mayo del 2024.

El caso de Pasqual Maragall no es comparable con el resto de expresidentes de la Generalitat. El Gobierno acordó en 2020 transferirle la dotación presupuestaria que le corresponde para atender sus necesidades personales y sociales básicas, al padecer Alzheimer.

Según la memoria del ejercicio de 2024, Maragall recibió una aportación directa de 42.350 euros y alega gastos corrientes por un valor de 3.670 euros, que corresponden a las dietas de los escoltas. En total, suma 46.020 y son 2.590 euros menos que el 2023.

Por último, Jordi Pujol, está sin oficina desde e 2014. El julio renunció tanto a su sueldo como a su oficina de expresidente después de revelar que su familia tenía dinero sin regularizar en el extranjero, herencia de su abuelo.

La esposa del lehendakari Juan José Ibarretexe, Begoña Arregi, ha fallecido este domingo a los 65 años de edad tras estar enferma durante un tiempo, según han confirmado a Europa Press fuentes cercanas a la familia. Nacida en Llodio (Álava), en la misma localidad que Ibarretxe, con quien tuvo dos hijas, su fallecimiento ha llenado de condolencias las redes sociales. El portavoz de Sare y consejero de Justicia en el gobierno liderado por Ibarretxe, Joseba Azkarraga, ha sido el primero en dar el pésame a la familia a través de un mensaje publicado en X (antes Twitter).

“Con la tristeza por la muerte de Bego, estoy contigo como nunca antes, Lehendakari Ibarretxe. Nunca olvidaremos su risa y alegría. Goian Bego”, ha escrito poco antes de que el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, trasladara también sus condolencias al exlehendakari. “Nos ha dejado Bego Arregi. Ha sido un honor para mí haber tenido relación con ella: es una mujer a la que tenía en gran estima, abertzale y sencilla”, ha lamentado el líder independentista.

Por su lado, el exportavoz del PP en el Parlamento Vasco, Carlos Iturgaiz, también ha “sentido mucho” el fallecimiento de Arregi, a quien ha dedicado unas palabras en X. Varios políticos catalanes del entorno de Junts como el presidente de la formación, Carles Puigdemont; el secretario general, Jordi Turull, y el expresident de la Generalitat, Quim Torra, también han trasladado sus condolencias a Ibarretxe.

La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha seguido los pasos del Tribunal Supremo y ha llevado la ley de amnistía frente al Tribunal Constitucional. El tribunal apunta que la norma vulnera diversos artículos de la Constitución en lo relativo a las causas del expresident de la Generalitat Quim Torra y a los exdiputados del Parlament Pau Juvillà (CUP) y Bernat Solé (ERC).

El TSJC ha decidido plantear al Tribunal Constitucional una cuestión de inconstitucionalidad y ha decidido suspender la resolución de los tres casos hasta tener una respuesta del órgano de garantías, a pesar de que todos los implicados han cumplido ya su condena de inhabilitación a cargo público.

El TSCJ condenó en 2019 a Quim Torra, entonces todavía president, a un año y medio de inhabilitación por negarse a retirar en plazo un cartel de apoyo a los presos del procés del balcón de la Generalitat. Torra fue apartado de su cargo en septiembre de 2020 y fue sustituido temporalmente por el entonces vicepresident Pere Aragonès.

En el caso de Bernat Solé, fue condenado en 2021 a un año de inhabilitación por un delicto de desobediencia por su participación en el referéndum del 1-O mientras ejercía como alcalde del municipio de Agramunt (Lleida). Por su parte, Pau Juvillà, también fue condenado por desobediencia al negarse a retirar lazos amarillos durante la campaña de las elecciones generales de 2019 de una ventana del Ayuntamiento de Lleida, en el que ejercía como concejal.

El expresident de la Generalitat Quim Torra ha cargado contra el pacto entre el PSOE y Junts para investir a Pedro Sánchez. En su opinión, la amnistía no es ninguna “victoria” para el independentismo, sino una “enmienda a la totalidad del procés”, y añade  que los partidos soberanistas tienen que insistir en la vía unilateral. “Nunca deberíamos empezar ningún diálogo ni negociación que de entrada situara los límites en la Constitución”, ha expresado en un comunicado este miércoles. 

Torra admite que se alegra por todas las personas que puedan beneficiarse de la ley amnistía -“¡Tanta gente de buena fe que se ha implicado y lo ha arriesgado todo!”, exclama-, pero añade que le preocupa que alguno de los encausados quede excluido, y que no se devuelvan las multas ni se incluya el 'lawfare'.

Según Torra, los pactos políticos de Junts y ERC para investir a Sánchez dejan claro que ya no se continúa con el proceso iniciado con las elecciones autonómicas de 2015 que, según el expresidente, quería dejar atrás la Constitución. “¿Era esto lo que pretendíamos? Muchos sí pensamos que el proceso de la vía unilateral hacia la independencia, de un gran sacrificio por la generación que se lo propone, comportaba que no había marcha atrás, que no se trataba de ‘presionar’ a España por a ganar vete a saber qué, sino de defender nuestra independencia. Llevado el país a este extremo, no había vuelta atrás posible”, plantea. 

Torra lamenta que la vía que ahora proponen los partidos es la de un referendo acordado con el Estado, de acuerdo con lo establecido en la Constitución. Y que la ley de amnistía sitúa los límites en este marco legal y establezca que “todos los caminos deben transitar dentro del ordenamiento jurídico”.

En cuanto al diálogo que abren los acuerdos del PSOE con ERC y Junts, Torra defiende que nunca debería aceptarse negociación alguna que, de entrada, situara los límites en la Constitución. Y echa de menos que en la figura de los verificadores internacionales estén en las mesas de diálogo entre partidos pero no en la que compromete a los gobiernos catalán y español. 

“Sigo creyendo que la única manera de salir de la jaula constitucional es por la vía democrática y unilateral, de acuerdo con la doctrina internacional. Con ‘seguridad jurídica’, sí, pero nunca sometidos a la Constitución”, remacha el expresident. 

El pacto que este jueves alcanzaron el PSC, ERC, Junts y los comuns para garantizar que catalán y castellano sean lengua de uso escolar en Catalunya ha causado revuelo interno en el partido de Carles Puigdemont. Tanto el expresident como su sucesor en la Generalitat, Quim Torra, han aireado críticas públicas al acuerdo. El resultado ha sido que Junts ha congelado su ratificación del cambio en la normativa solo doce horas después de presentar la propuesta.

El pacto entre los cuatro grupos anunciado este jueves supone, por un lado, un intento de responder a la sentencia que acaba con el sistema de inmersión lingüística y obliga a la Generalitat a implantar un 25% de castellano en las aulas. El acuerdo no fija un porcentaje concreto de castellano, pero por primera vez explícita en la normativa lingüística que el castellano también debe usarse en clase “en los términos que fijen los proyectos lingüísticos de cada centro”.

A nivel político, el acuerdo reunía un consenso importante de la Cámara -106 de 135 diputados-, además de aunar partidos partidarios y contrarios a la independencia, rompiendo así la política de bloques de la última década en el Parlament. Pero rápidamente este jueves sindicatos y plataformas por el catalán salieron en tromba a criticar el acuerdo. A última hora de la tarde, figuras políticos de Junts como Puigdemont y Torra se sumaron a las críticas, y el partido acabó la jornada anunciado que suspendía el acuerdo hasta llegar a un “consenso” con la comunidad educativa y las entidades de defensa del catalán.

A través de Twitter, Puigdemont reclamó “no abrir más rendijas que debiliten” el catalán en la escuela, en una velada referencia al pacto. Más contundente fue Torra. “No en mi nombre”, expresó el expresident en las redes.

Las críticas en redes al pacto hicieron virar la posición de Junts. Por la mañana el partido había suscrito un comunicado conjunto con el resto de grupos del acuerdo en el que celebraba el pacto como una herramienta para “garantizar el dominio de las lenguas oficiales, con el catalán como centro de gravedad del sistema educativo”. Pero a última hora de la noche Junts envió otro comunicado en solitario, para dar marcha atrás en el pacto ante el “rechazo” generado entre las entidades defensoras de la lengua y la educativa.

El resto de partidos que suscribieron el pacto han afeado a Junts su actitud. La diputada del PSC-Units Esther Niubó ha recordado a Junts que detrás del acuerdo hay un “esfuerzo” de más de dos meses de negociación para “rehacer” el consenso sobre el catalán en la escuela. “Espero que Junts pueda rehacer esta situación y que no se descuelguen”, ha dicho en declaraciones a SER Catalunya.

En un comunicado, ERC ha acusado a Junts de “partidista” y ha lamentado que un acuerdo “trabajado, negociado y transaccionado durante días” se quiera “dinamitar”. Y el portavoz de Catalunya en Comú, Joan Mena, ha pedido a Junts que ponga el catalán en la escuela por delante de sus “intereses partidistas”.

Por su parte, Òmnium Cultural ha emitido un comunicado en el que no entra a valorar el contenido de la reforma planteada. Òmnium en cambio reclama que “cualquier acuerdo en relación con la lengua se consensúe en el marco del Pacto Nacional por la Lengua” y avisa de que “el consenso de país en el ámbito educativo es fundamental y no puede fraguarse sólo en el ámbito de los partidos políticos, sino que hay que hacerlo también en el ámbito civil y de la comunidad educativa aprovechando espacios transversales como Somescola”. Para la entidad, “la prioridad es proteger y garantizar el modelo de escuela catalana”.

En esa línea, la entidad cultural asegura que es el Departamento de Educación quien “debe garantizar que todos los centros tengan directrices normativas claras para blindar el modelo de escuela catalana, y los recursos para que se garanticen sus proyectos lingüísticos” y añade que “de acuerdo con la realidad sociolingüística de cada entorno, la escuela debe estar abierta a conocer y reconocer todas las lenguas y culturas de la comunidad educativa”.

Juicio en ausencia. El expresident de la Generalitat Quim Torra ha plantado a la jueza en la vista oral de este jueves de su segunda causa por retirar más tarde de lo ordenado por los tribunales una pancarta con lazos amarillos a favor de la libertad de los presos del procés. “No legitimaré una farsa”, ha manifestado en un comunicado Torra, que pese a no acudir a la vista ha sido juzgado.

El final del juicio ha sido de alto voltaje. La defensa de Torra, que ejercen los letrados Gonzalo Boye e Isabel Elbal, ha comparado a la Fiscalía con el presidente ruso, Vladímir Putin, por las críticas que la fiscal del caso ha realizado a la resolución de la asamblea parlamentaria del Consejo de Europa que, antes del indulto, pidió la excarcelación de los condenados por el 1-O, reformar el delito de sedición y retirar las peticiones de extradición.

El rifirrafe ha empezado después de que la fiscal minimizara el informe del Consejo de Europa, recordando que fue adoptado con un “cuórum mínimo” de la asamblea y que no es una resolución vinculante. Pero ha sido la mención de la fiscal a que se trataba de un “documento anecdótico” lo que ha encendido al letrado Boye y lo ha llevado a comparar la posición del Ministerio Público con la del líder ruso, que ha sacado a su país del Consejo de Europa tras la invasión de Ucrania.

“Vladímir Putin se ha ido del Consejo de Europa porque le molestan sus resoluciones, lo mismo que a la señora fiscal”, ha espetado Boye en su informe final, en el que además de pedir la absolución de Torra ha cargado con contundencia contra la Fiscalía. “El concepto de democracia que ha manejado el Ministerio Fiscal en sus conclusiones es aterrador. ¿A dónde nos quiere llevar, a Polonia? ¿A Rusia?”, ha enfatizado Boye, en plena polémica polémica política por los contactos del entorno de Puigdemont con la órbita el Kremlin

Retador, Boye ha advertido a la Fiscalía de que no desoiga a organismos internacionales como el Consejo de Europa o el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de la ONU, que en el pasado se han posicionado a favor de los condenados e indultados por sedición, pero no se han pronunciado sobre el caso de la pancarta de Torra. “No nos vayamos a encontrar un día sentados junto a Putin”, ha lanzado el letrado a la fiscal.

Por su lado, la fiscal ha confirmado que pide veinte meses de inhabilitación para Torra y una multa de 30.000 euros y ha acusado al expresident de haberse instalado en la “insumisión institucional” por sus dos negativas a retirar las pancartas y lazos en favor de los presos.

“Daba igual lo que le dijera la Junta Electoral o el mismísimo TSJC, el señor Torra tenía la voluntad explícita de no dar cumplimiento a nada”, ha aseverado la fiscal, que ha afeado a Torra su “contumaz y sostenida actitud desobediente” y el “alarde público” de la misma. El abogado de Impulso Ciudadano ha calificado de “recalcitrante y reiterada” la conducta “desobediente” de Torra y ha elevado la petición de multa a 109.500 euros.

Más allá de las referencias rusas, sobre los hechos enjuiciados Boye ha reprochado a las acusaciones no haber presentado una sola prueba de la culpabilidad de Torra y de haber actuado guiados por su “ideología” contraria al independentismo. “¿No sería más sencillo quemarlo [a Torra] en la hoguera?”, ha ironizado Boye. 

El enfrentamiento entre Boye y la fiscal ha dejado en un segundo plano las razones expuestas por Torra para no acudir a su juicio. En un vídeo colgado en sus redes sociales, el expresident ha mantenido que no legitimará una nueva “escenificación represiva disfrazada de justicia” y ha anunciado que pedirá amparo a los tribunales internacionales, algo que ya hizo en su primer juicio pero fue rechazado por el TSJC. Y ha vuelto a criticar a la “justicia española”, a la que ha dicho que no reconoce “legitimidad” porque, en su opinión “no respeta ni a los tratados internacionales ni a los derechos fundamentales”.

Ya sin el expresident, dentro de la sala de vistas han comparecido tres testigos. El inspector de los Mossos que recibió la orden del TSJC ha corroborado que se personó el 27 de septiembre de 2019 en el Palau de la Generalitat, instó a un asesor de Torra a retirar la pancarta y abandonó la sede de la presidencia “una vez comprobado que la pancarta había sido retirada”. El único requerimiento judicial que había recibido en toda su carrera para retirar una pancarta fue el otro caso de Torra. Otra mossa ha declarado en el mismo sentido.

El jefe de prensa de Torra, Pere Cardús, ha confirmado que recibió el requerimiento de los Mossos y lo trasladó a los servicios de mantenimiento del Palau. Además, Cardús ha equiparado los lazos amarillos y la pancarta por los presos con los símbolos de repulsa de los asesinatos machistas que el Ayuntamiento de Barcelona y otras instituciones cuelgan cuando una mujer es asesinada a manos de un hombre. “En cuestiones de derechos fundamentales siempre ha habido posicionamientos políticos en el balcón del Palau”, ha indicado.

Fuera de la Ciudad de la Justicia de Barcelona una decena de independentistas que no sabían la decisión de Torra de no acudir a la vista esperaban la llegada del expresident para mostrarle su apoyo. “¿Qué no viene? Pues no me había enterado”, expresaba a la prensa uno de los asistentes. El juicio ha quedado visto para sentencia.

El Tribunal Constitucional ha hecho pública su sentencia de más de 200 páginas en la que rechaza el recurso del expresident Quim Torra contra su condena por desobediencia. Una condena de inhabilitación por negarse a retirar símbolos independentistas de la fachada de edificios públicos en la campaña electoral de 2019 que le costó el sillón de diputado en el Parlament y, en última instancia, el puesto de president de la Generalitat de Cataluña. Dos de los magistrados del pleno han emitido votos particulares en los que cuestionan que un juez del tribunal no fuera apartado y, también, que las consecuencias de su condena son desproporcionadas.

Tal y como ya hizo público el tribunal de garantías la semana pasada la inmensa mayoría de los miembros del pleno avalan la condena de Quim Torra. Año y medio de inhabilitación por un delito de desobediencia que el Tribunal Supremo confirmó en septiembre de 2020 por negarse a retirar pancartas y lazos amarillos - simbología independentistas - de edificios públicos durante la campaña de las generales de 2019, tal y como había exigido la Junta Electoral Central. Una condena que le privó de su escaño en el Parlament así como de la presidencia de la Generalitat.

La mayoría del pleno del Constitucional rechaza sus argumentos. Por ejemplo, afirman que la condena no ataca su derecho a la libertad ideológica o libertad de expresión. “No ha sido condenado por sus ideas, opiniones o manifestaciones, sino por el incumplimiento de unos requerimientos derivados de un uso inadecuado de los edificios públicos que estaban sujetos a su responsabilidad de gestión”, le reprocha el pleno. Su decisión de no retirar los lazos cuando lo ordenó la Junta Electoral, sigue el Constitucional, “no estaba amparada en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales invocados” por su defensa.

También rechazan los magistrados que la actitud de Torra pueda equipararse a la de cualquier otro ciudadano que quisiera expresar apoyo a los presos independentistas durante una campaña electoral. “No se puede colocar en el mismo plano axiológico a un cargo público que a un ciudadano. El recurrente asumía la máxima responsabilidad de una administración pública como la Generalitat y, como tal, estaba sometido al principio de legalidad”, zanja el Constitucional.

La decisión ha contado con el voto particular de dos magistrados: el vicepresidente Juan Antonio Xiol y el recién incorporado Juan Ramón Sáez, los dos considerados del sector progresista del tribunal de garantías. El escrito de Xiol, apoyado por Sáez, cuestiona el alcance de las consecuencias que tuvo la condena de inhabilitación con la pérdida del escaño y la presidencia. Tal y como sostuvo durante las deliberaciones, Xiol entiende que sus compañeros tendrían que haber examinado si el artículo del Código Penal que establece “la privación definitiva del empleo o cargo” de quien sea condenado a inhabilitación“ es constitucional.

Según su opinión, esa consecuencia tajante puede no ser proporcional si se examina en relación con el derecho de acceso a los cargos públicos que recoge la Constitución en su artículo 23.2. Habla también de una “ausencia de regulación legal” para medir estos efectos, la ausencia de aplicar una “rehabilitación” a los que pierdan el cargo público representativo una vez cumplida la condena. Cuando un cargo público es condenado a inhabilitación especial, razona, “el efecto de la pérdida del cargo público es ineludible sin posibilidad de ponderación alguna por parte del aplicador jurídico”.

El presidente del tribunal

Ramón Sáez, magistrado también del sector progresista y una de las últimas incorporaciones al pleno, también se ha adherido a este argumento y ha planteado algunos más. Por ejemplo, cuestiona el antiguo magistrado de la Audiencia Nacional que Torra fuese juzgado y condenado, entre otros, por Jesús María Barrientos, presidente del Tribunal Superior de Cataluña que firmó su condena por inhabilitación. Barrientos participó en la admisión a trámite de la querella que desembocó en la condena y, además, abandonó un acto en el Colegio de Abogados de Barcelona en febrero de 2018 cuando Roger Torrent, presidente del Parlament, habló de “presos políticos”.

Para Sáez, es “razonable y legítima la duda sobre la posición institucional” de Quim Torra sobre Barrientos en este proceso. El objetivo no es analizar si es un juez imparcial, sino también la imagen que proyecta de la Justicia ante los ciudadanos: “Si está en condiciones de presentarse y ofrecer una imagen adecuada para generar la confianza de las partes y de la sociedad respecto a su posición como tercero”, razona este magistrado.

El incidente de recusación de Torra contra Barrientos y otro magistrado fue rechazado a finales de 2019 por parte del propio TSJC. Los jueces avalaron a su compañero y aseguraron que no tenía ninguna razón para apartarse del proceso: “Ninguno de los comportamientos públicos en forma de manifestaciones o conductas o incluso resoluciones del magistrado señor Barrientos revela una pérdida de imparcialidad objetiva o subjetiva por su parte, sea por razón de ostentar un interés en la causa o de profesar una enemistad manifiesta hacia el acusado”, dijo el tribunal superior catalán.

El Tribunal Constitucional ha decidido rechazar el recurso del expresident catalán, Quim Torra, contra su condena de año y medio de inhabilitación por desobediencia. Los magistrados desestiman las alegaciones de Torra contra su condena por negarse a quitar lazos amarillos de la fachada del edificio de la Generalitat de Cataluña en plena campaña electoral en marzo de 2019, una vez se lo había ordenado la Junta Electoral Central. La sentencia no ha sido unánime: los magistrados Juan Antonio Xiol y el recién incorporado Juan Ramón Sáez han anunciado votos particulares.

La sentencia, que se conocerá en los próximos días, asegura que Torra “no fue condenado por sus ideas, opiniones o manifestaciones, sino por el incumplimiento de unos requerimientos derivados de un uso inadecuado de los edificios públicos, que deben estar al servicio de los intereses generales, no de un grupo más o menos concreto o numeroso de personas, con exclusión del resto”. La exhibición de los lazos amarillos, símbolo del independentismo catalán, “infringía el deber de neutralidad y objetividad que, en todo momento, debe ser respetado por los poderes públicos, pero especialmente durante el periodo electoral, como garantía de la limpieza del proceso democrático, y de la igualdad en las elecciones”.

El pleno del Tribunal Constitucional asegura en un comunicado difundido este miércoles que la conducta de Torra, que se negó en un principio a retirar los lazos amarillos, “no podía estar amparada en el ejercicio de derechos subjetivos, porque en su condición de Presidente de la Generalitat de Cataluña, y máximo responsable de la gestión de los edificios públicos, su conducta venía determinada por lo dispuesto en el ordenamiento jurídico”.

El Tribunal Supremo ratificó en septiembre de 2020 la condena de desobediencia que le había impuesto previamente el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Los jueces acusaron a Torra de desobedecer a la Junta Electoral de forma “contumaz y obstinada” y mantener la simbología independentista en edificios públicos en plena campaña electoral. Una sentencia que desencadenó un terremoto político en Cataluña: los jueces ejecutaron de manera casi inmediata la sentencia y Pere Aragonès fue proclamado su sustituto.

El lehendakari Juan José Ibarretxe -el cargo es vitalicio- ha reaparecido en la tarde de este viernes en el Kursaal de Donostia en un foro promovido con motivo del décimo aniversario del final de ETA acompañado entre otros por el expresidente catalán Quim Torra y del líder de Ómnium Cultural y expreso Jordi Cuixart. En la charla se ha hablado poco del terrorismo -prácticamente nada, de hecho- y mucho de la independencia y del derecho a decidir. “La única manera de resolver los problemas políticos es hacerlo democráticamente. No es negociable que el pueblo catalán, el escocés, el quebequés y el vasco tengan derecho a decidir. Lo que sí es posible es pactar su ejercicio”, ha proclamado un Ibarretxe ovacionado por un auditorio al 50% y que se ha dicho militante no del PNV sino del “movimiento nacional vasco”. Eso sí, ha matizado que él prefiere opinar con “humildad” porque no tuvo éxito con su propuesta de superación del Estatuto vasco y porque fue presidente “en la Edad Media”. La duda -se ha preguntado- es “cómo se pacta con una silla vacía”, que es como ha descrito la negativa de España a los referendos secesionistas.

La mesa redonda, en la que también estaban Amalur Álvarez, portavoz de la plataforma Gure Esku Dago, y Stephen Gethins, exasesor de los ministros principales de Escocia Alex Salmond y Nicola Sturgeon, era el último acto en Donostia de las jornadas organizadas por el Foro Social Permanente diez años después de la conferencia de Aiete, que supuso una pista de aterrizaje para que unos días después ETA comunicara el final de la violencia. En el público estaba el portavoz del PNV en el Parlamento Vasco y líder en Gipuzkoa, Joseba Egibar, que es también el representante del ala más soberanista del partido. Con él, el alcalde de Donostia y el diputado general de Gipuzkoa, Eneko Goia y Markel Olano, respectivamente. También se ha sumado la portavoz de EH Bildu, Maddalen Iriarte, y otros muchos cargos de la coalición abertzale, como el alcalde en 2011, Juan Karlos Izagirre. En las últimas filas, más discretamente, escuchaba a los ponentes David Pla, uno de los últimos jefes de ETA y al que se le atribuye la lectura de aquel comunicado de 2011. Esta semana ha ofrecido una entrevista a TV3.

Ibarretxe, en castellano tras un brevísima introducción en euskera, ha ofrecido un discurso sin papeles y en el que ha considerado que su etapa como lehendakari entre 1998 y 2009 supuso al menos elevar la importancia de la autodeterminación al “campo base” de la agenda política. Ha asegurado que quizás el 50% de la sociedad puede estar de acuerdo con la independencia vasca pero que está seguro que más del 70% apoyaría el “principio democrático” de poder votarlo. Es más, ha ironizado que los dos procesos que han sido pactados en Occidente, el de Quebec en Canadá y el de Escocia en el Reino Unido, se saldaron constatando “mayorías a favor de la unión” y no de la ruptura. Y ha añadido con una metáfora futbolística: “Yo tengo respeto por el pueblo español, por sus símbolos. Tengo aprecio por la gente del pueblo español: es buena gente. Pero yo soy vasco. Me alegro cuando mis amigos de España se alegran con la Roja. Pero yo tengo derecho a hacer lo mismo con la Verde [color de la selección vasca]”. “La democracia no es contar votos. Es tener en cuenta los votos”, ha enfatizado también.

Torra no estaba en Donostia, sino en Girona. Ha intervenido por videollamada y su imagen ha sido proyectada en una pantalla gigante de unos quince metros cuadrados. Ha comparecido tratando de ofrecer una imagen institucional: de traje y corbata, en una sala con fondo blanco y neutro y acompañado de una 'senyera'. En ocasiones ha leído las notas que llevaba preparadas. Su mensaje ha sido muy contundente en defensa de la unilateralidad en Catalunya y en contra de la mesa de diálogo impulsada por su sucesor, Pere Aragonès, y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, aunque a la vez se ha permitido criticar veladamente a Unidas Podemos por hacer “oposición” al Ejecutivo del que forma parte.

“La secesión unilateral no es una secesión prohibida”, ha señalado de arranque. Ha apuntado también que “Catalunya sufre un expolio fiscal de 17.000 millones cada año” lo que deja camiones de bomberos obsoletos y sueldos “indecentes” para los maestros. “Rodalies es un desastre. Tenemos unos servicios de colonia”, ha denunciado. Y ha añadido también: “Las estructuras franquistas perviven [en el Estado español]. La respuesta del PSOE no cambia nada a la del PP. No, nunca jamás a la autodeterminación. Llamar mesa de diálogo a lo que es una foto de conveniencia política no ayuda a Catalunya y menos al relato internacional. Fecha, condiciones y cómo vamos a hacer el referéndum es una cosa, pero es poco creíble una mesa sin mediadores o relatores internacionales”. Torra también ha considerado que el independentismo solamente ha fallado en “defender” los resultados del 1 de octubre, en “haber llegado hasta las últimas consecuencias en su defensa”.

El anterior 'president' ha recordado que ya participó en un acto en Donostia en 2018, cuando estaba en el cargo. Cuando se conocieron los documentos acumulados por el lehendakari, Iñigo Urkullu, durante su mediación en Catalunya para evitar la independencia unilateral y el 155, trascendió un correo electrónico que le envió a Sánchez mostrando su disgusto por la visita. “Me veo en la situación de aceptar el encuentro y recibirlo”, le contaba al presidente. El PNV que representa Egibar ha aplaudido en 2021 a Torra.

Cuixart también ha sostenido que en Catalunya “tiene muy poco sentido ir a mesas de negociación si no hay una estrategia compartida desde el frente soberanista”. Ha asegurado que el 'procés' debería aprender de cómo la comunidad internacional se implicó en Aiete con el final de ETA -participaron Kofi Annan, Jonathan Powell o Brian Currin, entre otros- para internacionalizar la causa. No obstante, ha asegurado que el gran valor del octubre de 2017 fue el empuje de la sociedad civil frente a los partidos, el éxito de que dos millones y medio de personas metieran “un trozo de papel en una caja de plástico” a pesar del 'no' del Tribunal Constitucional y la presencia policial. “No queremos ser turistas soberanistas”, ha afirmado Álvarez con admiración hacia Catalunya, y ha anunciado que Gure Esku Dago ya colabora con la entidad de Cuixart y con la ANC para aprovechar “oportunidades” y activar una “nueva ola” vasca.

El expresidente de la Generalitat Quim Torra ha rechazado este jueves la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat, que “todo el mundo sabe que tiene unas implicaciones catastróficas”, y ha pedido al independentismo optar por la defensa del medio ambiente.

“Basta de poner los intereses económicos y de un consumo enfermizo por encima de la naturaleza, de la misma forma que dije basta a pasar los intereses empresariales por encima de la vida y la salud de las personas” con la pandemia, ha destacado Torra en un artículo en el diario Ara recogido por Europa Press, titulado 'La tierra de nuestros hijos'.

Ha pedido adoptar nuevos modelos de desarrollo humano y económico: “Sí, tiene que haber otra manera de vivir. La ampliación del Aeropuerto no forma parte de ella”, y ha destacado que el coronavirus ha evidenciado que la Tierra y la humanidad son frágiles.

“Si la pandemia ha sido un aviso de alerta, sepamos actuar ahora en correspondencia y aprendamos que no es posible sostener ninguna decisión política que atente contra la naturaleza”, ha reclamado, y ha admitido que el coronavirus le ha cambiado, también políticamente.

Así, no puede defender “ningún posicionamiento que no ponga la vida de las personas por encima de todo y que no preserve la Tierra y la naturaleza”, y ha garantizado que, como un ciudadano más, estará al lado de quienes no están dispuestos a dañar el futuro de la próxima generación.

BANDERA DEL INDEPENDENTISMO

Ha proclamado que “el independentismo debe tomar la bandera del medio ambiente como una de sus banderas más importantes”, como cree que ocurría en las décadas de 1970 y 1980, cuando la lucha medioambiental formaba parte de la defensa de la independencia, ha resaltado.

“Que no nos pase como puede pasar con la lengua, que el día que tengamos un Estado ya no nos quede país. Conviene salvar la tierra, el entorno, el medio, para salvar el país”, ha advertido Torra, que ha augurado que no se percibirá la magnitud de la tragedia natural tal vez hasta que los humanos estén contra las cuerdas.

“Los partidos políticos hoy no son sectas y hay, afortunadamente, opiniones diversas y plurales, en todos los partidos”, ha afirmado este lunes el secretario general de Junts, Jordi Sànchez. “En Junts per Catalunya los acuerdos los toma la ejecutiva y todas las decisiones tomadas hasta ahora por unanimidad son para llegar a un acuerdo de Govern”, ha añadido, despejando así la pregunta de la periodista Laura Rosel en El Matí de Catalunya Ràdio sobre las divergencias entre los sectores de su partido sobre la repetición electoral. Sin embargo, más allá de la posición oficial, durante la última semana en la que las tensiones con ERC han crecido hasta hacer descarrilar la negociación, las diferencias entre sectores internos de la formación se han agudizado y han subrayado la existencia de hasta tres grupos con opiniones distintas sobre qué hacer con la investidura de Pere Aragonès.

Durante la mayor parte de las 11 semanas que ha durado la negociación, Sànchez y la dirección de Junts han mantenido un discurso que aseguraba, por una parte, que buscaban un acuerdo con ERC para entrar al Govern y, a la vez, que si ese pacto se mostraba imposible investirían a Aragonès para evitar una repetición electoral. Con este equilibrio, Sànchez trataba de aunar a la corriente más favorable a una incorporación de Junts al nuevo Ejecutivo, posición representada principalmente por actuales consellers como Meritxell Budó o Damià Calvet, junto a aquellos que ponían más pegas a la coalición, como los números dos y tres de la lista electoral, Laura Borràs y Joan Canadell.

En los equilibrios que hacia Junts entre la exigencia a ERC y la garantía de nuevas elecciones acabó abriéndose una vía de agua en la rueda de prensa del partido del lunes pasado, cuando la portavoz Elsa Artadi aseguró que cualquier decisión que acabase tomando la formación debía ser avalada por las bases. Incluyendo facilitar la investidura para evitar la repetición electoral y pasar a la oposición. La afirmación respondía a un clima de opinión que se había instalado incluso en ciertos miembros del equipo negociador de JxCat, que afirmaban que ERC no tenía incentivos para moverse si ya sabía que podía haber una investidura sin acuerdo. Junts quería aumentar la presión en un momento clave de la negociación, cuando Aragonès se había incorporado a las conversaciones y ya se discutía sobre el reparto de carteras.

Hasta aquel momento, los republicanos consideraban que el sector de Junts que apostaba por entrar en el Govern se había impuesto. Así se lo habían trasladado, de hecho, algunos negociadores, favorables al acuerdo pero también más beligerantes. Sin embargo las palabras de Artadi pusieron en guardia a los republicanos, que comenzaron a temer que los equilibrios internos de Junts podrían haber cambiado súbitamente. Un día después, Joan Canadell escribía un mensaje en Twitter que no pasó desapercibido: “No sé qué decidirá la militancia de Junts. Dependerá de cuál sea el acuerdo que nos presente. Todos sabemos que el 52% nos emplaza a culminar el proceso, pero si esto no lo acepta ERC, muy probablemente no estaremos en el Govern o habrá que repetir elecciones y que hable la ciudadanía...”.

El miércoles, cuando las conversaciones se retomaron, Artadi acudió junto a Canadell a la reunión en el Parlament. Los republicanos temieron lo peor. Tras una semana en que las negociaciones apenas avanzaron, el pasado viernes Sànchez volvió a repetir el mensaje de Artadi, aunque esta vez de forma más contundente porque ni siquiera descartaba la repetición electoral. “Si la militancia lo avala todo es posible”, resumía el secretario general.

Guerra de declaraciones entre sectores

Aunque la autoridad de Sànchez, que ha dirigido las negociaciones con impronta personal, era capaz de mantener en el mismo barco posiciones tan dispares, lo cierto es que cada sector ha ido enviando mensajes por su cuenta a lo largo de estas semanas. A principios de abril, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, aseguró que su partido estaba “más lejos de entrar en el Govern que de no entrar”, unas declaraciones que avivaron la sensación de que Junts se planteaba en serio investir a Aragonès y pasar a la oposición. El propio Sànchez lo había dicho unos días antes: “No vamos a especular con elecciones, si quieren, que gobiernen en minoría”, había exclamado el secretario general en una entrevista con La Vanguardia.

También Canadell, considerado un verso libre pero con fuerte tirón entre las bases de Junts, ya había marcado perfil con anterioridad. Tres semanas después de las elecciones, el expresidente de la Cámara de Comercio afirmó en su cuenta de Twitter que, después de analizar las propuestas de Aragonès, él no “compartía” la “visión del país” del candidato de ERC. “Si esto lo acepta Junts per Catalunya, yo me descarto para estar en el Govern”, remachó el diputado en una serie de mensajes que posteriormente borró.

No era el único que remarcaba que el apoyo a ERC no podía ser a cualquier precio. Diversos nombres del entorno cercano de Carles Puigdemont se manifestaron en la misma dirección a lo largo del mes de abril. El exvicepresident del Parlament, Josep Costa, afirmó rotundo: “El país necesita un Govern y estar bien administrado y bien gestionado. Pero si el precio es enterrar definitivamente el 1-O, creo que esto es peor que unas elecciones”. Mientras, Toni Comín, eurodiputado de Junts y mano derecha de Puigdemont en Waterloo, veía “muy difícil el acuerdo” si ERC no aceptaba “como plan B la hoja de ruta de Junts sobre el desborde democrático”.

Este bombardeo de mensajes que abrían la puerta a una repetición electoral o a un Govern en minoría de ERC fueron rápidamente replicados, días más tarde, por un aluvión de opiniones del sector más institucional del partido. Una de las que más se ha significado ha sido la consellera de la presidencia, Meritxell Budó, que desde mediados de abril hasta prácticamente la semana pasada ha insistido en que su partido debe formar parte del nuevo Ejecutivo catalán y ha descartado una repetición electoral a toda costa. “Junts tiene que estar en el Govern en la próxima legislatura”, afirmó la portavoz del Govern la semana pasada, tras considerar que su partido tiene “vocación de gobierno”.

El silencio de Puigdemont

El sector institucional, con los consellers, la corriente más dura encabezada por el entorno de Quim Torra o el 'freerider' Canadell y el equipo intermedio que dirige el partido a cuatro manos entre Sànchez y Artadi forman un triángulo que solo se articula gracias al liderazgo total que ejerce Puigdemont. Sin embargo, el expresident apenas se ha referido a la situación política catalana desde que optó por no recoger su acta de diputado catalán para conservar el escaño europeo. Hasta el momento, el líder en Waterloo había delegado en Sànchez la marcha de las conversaciones, con el convencimiento de que conseguiría algunas de las cuestiones que se consideraban de mínimos, como un buen acuerdo sobre el Consell per la República como actor principal para la dirección estratégica independentista.

Sin embargo, un acuerdo amplio que se esperaba ha hecho aguas en las últimas horas y, pese a que Sànchez insiste en que la situación aún se puede reconducir, ERC se muestra dura y exige una investidura antes de continuar con la negociación del Govern. Mientras tanto, el único mensaje lanzado por el expresident ha sido reproducir el comunicado del Consell per la República en el que el organismo afirma que desea un Ejecutivo con todas las fuerzas independentistas y niegan que tengan intención de ejercer tutelas sobre el nuevo president.

La dirección de Junts asume que en este momento los escenarios solo son tres: seguir intentando el gran acuerdo que ahora ERC rechaza, intentar un acuerdo de mínimos con o sin entrada en el Govern o presentar ante sus bases un no acuerdo y preguntar explícitamente sobre la investidura. Puigdemont ha evitado hasta el momento entrar públicamente en el debate sobre los próximos pasos, más allá de afirmar este sábado que su partido “se prepara para seguir batallando desde donde haga falta” aunque en la dirección todos son conscientes de que el máximo líder tiene la posibilidad de inclinar la balanza en cualquier consulta a las bases por lo que, sin un acuerdo que presentarles, las repetición electoral en Catalunya está hoy mucho más cerca que el viernes pasado.

'¿Cloacas? Sí, claro' (Roca Editorial) es el tercer libro del abogado Gonzalo Boye (Viña del Mar, Chile, 1965). El dietario repasa la actividad frenética del letrado durante el año pasado, incluso en pandemia. Además de relatar su defensa de Carles Puigdemont y Quim Torra, el abogado responde a su imputación y procesamiento por blanqueo de capitales; un dinero que, según la Audiencia Nacional, procede del narcotráfico de Sito Miñanco. Boye, asesor legal de este medio, niega los cargos y asegura que su causa judicial nació por los éxitos obtenidos en el frente exterior del procés y la demanda que interpuso contra el juez Llarena en Bélgica.

Está semana interrogó a José María Aznar en el juicio de la caja B del PP. Tanto él como Mariano Rajoy negaron la contabilidad B del PP. ¿Dijeron la verdad al tribunal?

No. Fueron a contar su versión de los hechos. Su situación es muy compleja: si bien están declarando como testigos, podrían terminar imputados por lo que digan. Como están en una condición mixta de testigo y posible imputado, creo que están dispensados de decir la verdad.

¿Imputados por falso testimonio en el juicio o por la corrupción del PP?

Por la situación del PP. Está demostrado que había una contabilidad B y se está estudiando si hubo un cohecho u otras cosas. Aznar y Rajoy están en su perfecto derecho de defenderse.

¿Su falta de memoria es, por tanto, una estrategia de defensa?

Estoy convencido de que sí y si yo fuera su abogado se lo hubiera aconsejado. Me ha sorprendido que no quisieran declarar acompañados de abogado.

¿A qué cree que se debe que los exresponsables del PP usaran mascarilla para declarar si estaban solos en una habitación?

Algunos usan pasamontañas y otros mascarilla. Estamos ante un nuevo concepto, el de las 'facharillas'.

Vayamos al procés. ¿La vuelta de Meritxell Serret facilita la extradición de Puigdemont?

No afecta en nada porque Meritxell Serret ni siquiera tenía una orden europea de detención. Lo único que se imputaba a Serret era un presunto delito de desobediencia y ella era libre de volver cuando quisiera.

Pero si una investigada en la causa que estaba en Bélgica vuelve para ponerse a disposición del Supremo, ¿no se debilita el argumento de que en el Supremo no tendrán un juicio justo y que no es el tribunal competente?

No. Y esto no lo decimos nosotros, lo dijo la Cámara de Apelación de Bruselas en el caso de Lluís Puig. Los jueces belgas ya han dicho que el Supremo no es el tribunal competente y que hay un riesgo evidente de vulneración del derecho a la presunción de inocencia, que es algo que venimos alegando desde 2017.

En el libro afirma que, más pronto o más tarde, el Supremo fracasará en la entrega de Puigdemont y los eurodiputados de Junts. ¿Son los precedentes en Alemania y Bélgica los que le hacen estar tan seguro?

Son los precedentes y que el derecho de la Unión Europea tiene una interpretación bastante previsible. Lo que ha venido haciendo el Supremo estos años es una interpretación imprevisible del derecho que genera inseguridad jurídica. En cambio en Europa hay una previsibilidad del derecho que hace que los operadores jurídicos podamos actuar previendo lo que va a pasar. En esto caso lo previsible es que el Supremo no prospere.

En el caso concreto de Puigdemont, el juez Llarena ha acudido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). ¿Le ha sorprendido?

Con el juez Llarena hemos perdido la capacidad de sorprendernos.

¿El Supremo intenta que el TJUE haga el trabajo de los tribunales belgas?

Es una apelación prejudicial más que una pregunta prejudicial. El Supremo intenta que el TJUE corrija el trabajo a los jueces belgas en el caso de Lluís Puig, pero este no es el sentido de una cuestión prejudicial. Llevamos dos años pidiendo al juez Llarena que plantee una serie de preguntas prejudiciales que son justamente las que no ha elevado. Ninguna de las siete preguntas que el juez Llarena ha elevado tiene carácter prejudicial. Las nuestras sí tenían que ver con normas y una interpretación adecuada del derecho que sería bueno que España conociese.

¿Cuánto tiempo puede tardar la resolución del caso en el TJUE?

Hay un cauce que si el TJUE cree que el tema está absolutamente claro, previo informe del Abogado General, las preguntas prejudiciales se devuelven. Si no, el procedimiento puede tardar de seis meses a un año. 

Sin inmunidad tras aceptar el Parlamento Europeo el suplicatorio, ¿como abogado recomendaría a Puigdemont salir de Bélgica?

Lo vamos a estudiar una vez que el juez Llarena tome su siguiente movimiento, pero de momento no le veo inconveniente. Aunque hay un concepto que hay que aclarar: al president Puigdemont no le han levantado la inmunidad en términos generales, sino exclusivamente para continuar con la tramitación de una euro-orden concreta. Que nadie se haga la ilusión de que va a poder salir a cazar al president Puigdemont por las calles de Bruselas ni de Europa porque no es así.

Otra de las tesis del libro es que Puigdemont y los independentistas son discriminados por formar parte de una “minoría nacional”. ¿Por qué vincula el independentismo a una minoría nacional de la que también forman parte miles de catalanes que no son independentistas?

A la minoría nacional catalana en general se la maltrata en el momento en que toma una decisión que no es del agrado de la mayoría nacional española. Así funciona el tema de las minorías nacionales. Aquí no se trata de que solo se persiga a los independentistas. Es más, cuando deponen al president Torra también afectan los derechos electorales de los que no le votaron. En democracia gana el que más votos tiene, y si se depone al que más votos tiene también afecta al que tenía menos votos. Con el tema del independentismo siempre se cae en la paradoja de que el problema es del otro. Pues no, el problema es de todos, es de calidad democrática.

En este libro, además del procés, también relata varios episodios de un calvario personal: dos entradas en su despacho sin que Securitas Direct logre conseguir las imágenes de las cámaras de seguridad, insultos por la calle.... ¿Tiene alguna sospecha de quién estaba detrás de esas entradas en su despacho?

Alguien desactivó las alarmas e impidió que Securitas pudiera recuperar las imágenes. Quien hizo este trabajo conocía perfectamente este tipo de instalaciones y tenía los conocimientos técnicos. Estamos viendo en la operación Kitchen de lo que son capaces algunas cloacas del Estado.

¿Cree que detrás de la entrada de su despacho hay alguna unidad de la Policía?

Ladrones no eran porque no se llevaron nada.

¿Ha temido por su integridad física?

El temor no es por la integridad física porque con temor no se puede trabajar. Pero ser conscientes de que hay un riesgo evidente en mi integridad física, sin duda.

En el libro también aborda la causa por blanqueo en la que está procesado. La acusación se basa en las declaraciones de otros dos procesados en la causa, Puentes Saavedra y González Rubio, un antiguo cliente suyo al que intervinieron casi un millón de euros en efectivo en el aeropuerto y que usted defendió que, si bien sí era una infracción llevarlo en metálico, su origen procedía de unas letras de cambio. Por contra, según la jueza, el dinero era un intento de Sito Miñanco por blanquear dinero del narcotráfico. ¿Cómo ha pasado González Rubio de cliente a señalarlo por blanqueo?

Porque la prisión es muy dura, muy injusta y hay gente que la sabe encajar de una forma u otra. No es la primera vez que a un preso se le ofrecen beneficios. Los dos coprocesados en la causa han obtenido importantes beneficios a partir del momento en que declaran contra mí. Uno de ellos queda en libertad [Puentes Saavedra] seis días después de incriminarme. Eso fue la bandera de enganche para que el que quisiera se apuntara. El siguiente en apuntarse fue González Rubio, a quien no pueden poner en libertad porque tiene dos homicidios en grado de tentativa de dos policías nacionales. Pero a González Rubio no se le toca un céntimo de su patrimonio. Es más, se niegan sistemáticamente a investigar su patrimonio. El motivo es que no les interesa que aparezca como lo que es, una persona con capacidad económica. Están presentando como un 'correo humano' a un señor que tiene propiedades por valor de varios millones de euros.

La jueza dice que las letras con las que justifica el dinero en el aeropuerto son falsas porque algunas de esas letras son anteriores a la fecha de la hipoteca por las que se emitían y que otras ya estaban vencidas y canceladas un año antes.

Eso es falso. Quienes eran los titulares de esas letras de cambio lo han acreditado en la causa. Esas letras hipotecarias en algunos casos hasta se ejecutó la hipoteca a través de los juzgados. Pero además nosotros recurrimos [la intervención del dinero en efectivo a González Rubio] en la jurisdicción Contencioso–Administrativa. Cinco salas distintas del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) dicen que no hay blanqueo de capitales y ordenan la devolución del 50% del dinero, que es lo que siempre pensé yo como su abogado. Ya el primer día le dije a este cliente que le iban a poner una multa del 50% seguro. ¿A quién se le ocurre llevar casi un millón de euros en efectivo en el aeropuerto? A nadie. Pues a él se le ocurrió y esto tiene un precio, que es una sanción administrativa. Tampoco el SEPBLAC, la máxima autoridad española en materia de blanqueo capitales, ha visto blanqueo. Solo lo han visto la juez Tardón y el fiscal De Lucas.

¿González Rubio firmó en su despacho las letras de cambio que la jueza dice que son falsas?

En absoluto. Hay hasta testigos. González Rubio nos trajo esos contratos y una serie de documentación que nadie ha cuestionado. El día que se supone que González Rubio firmó eso en mi despacho con Sito Miñanco en realidad el primero está en Colombia y el segundo en Algeciras. Hemos hecho una prueba pericial de las escuchas telefónicas incorporadas a la causa que geocalizan a González Rubio en Brasil y en Colombia en esas fechas. Y hemos demostrado con prueba científica que Sito Miñanco no estuvo en mi despacho ni en febrero, ni en marzo, ni en abril, ni en mayo ni en junio de 2017. Pero lo quieren situar en mi despacho porque el caramelo es hacer ver como que el dinero incautado en el aeropuerto procede del narcotráfico. Cualquier mínima lógica de cómo funciona el negocio del narcotráfico indica que ese dinero no es de Sito Miñanco. Y esto lo saben jueces, fiscales, policía y abogados.

El otro elemento para incriminarle es una anotación del contable de Sito Miñanco, en la que escribió ‘Gonzalo fondos aeropuerto salva’ y, según la jueza, un pago de 10.000 por recuperar el dinero incautado en el aeropuerto. ¿Es usted ese Gonzalo?

No, eso no es así. La jueza lo interpreta así. Además existen serias dudas sobre esta anotación. Ante la fe pública que levanta el secretario judicial en la entrada y registro solo se contabilizan siete folios, y en cambio en el informe policial aparecen siete folios más y esta anotación está en el folio catorce. ¿Y eso que prueba que a un tal Gonzalo le hayan dado 10.000 euros? A mí seguro que no. Resulta que si hice todo esto, soy el que menos he cobrado. Esto es absurdo y es tratarme por tonto, que es algo que me sienta fatal en la vida.

En el libro vincula esta investigación por blanqueo y se declara “objetivo” de “un sector de Estado que se sentía más cómodo en el régimen anterior y que se ha camuflado de demócrata” debido a los éxitos que ha obtenido con Puigdemont y los independentistas. ¿Cómo ha llegado a esta conclusión?

Si el Estado estuviera detrás de esto como tal, como Estado, en mi casa hubieran encontrado una maleta con un millón de euros o un paquete de cocaína. Esto comienza con un director de un medio de comunicación diciendo en diciembre del 2017 que yo tendría que estar bajo el control permanente de los servicios de inteligencia del Estado. Meses después la mujer de ese director me presenta una querella por la demanda en Bélgica contra el juez Llarena que atiende la jueza Tardón, y resulta que ambas son íntimas amigas. El mismo día que la jueza Tardón se ve obligada a archivar la causa en mi contra está citando a Puentes Saavedra para que venga a declarar en mi contra. Hace tiempo que dejé de creer en las casualidades.

Pero se podría decir que en su relato hay una relación de casualidad, no de causalidad.

¿De verdad? Es obligación legal de un juez abstenerse cuando una de las partes es su amiga personal, y la jueza Tardón es amiga personal de la querellante. Todo esto surge a partir de que ponemos una demanda contra el juez Llarena en Bélgica. Nunca antes en todos mis años de ejercicio profesional había tenido problemas con los juzgados ni con las autoridades. Bastó que fuéramos exitosos en el caso del procés para que me aparecieran toda serie de problemas. Con todo esto, es difícil creer en las casualidades.

¿Confía en revertir su situación? ¿Si en el juicio no resulta condenado o la Audiencia Nacional revoca su procesamiento, el mal ya estará hecho?

Le voy a poner un ejemplo. ¿De qué sirve la anulación de la sentencia al presidente Lula de Silva si ya ha estado en prisión, se le impidió ser candidato, ganó Bolsonaro y terminó nombrando ministro al juez del caso de Lula? Las cosas se parecen: la jueza Tardón fue concejal del Partido Popular. El daño a mi reputación, a mi familia y a mi despacho ya está hecho. El mal está hecho desde que empezaron a disparar contra mí, pero voy a pelear hasta el final. Que no le quepa ninguna duda a nadie.

El Tribunal Supremo ha rechazado los recursos planteados por el expresidente catalán Quim Torra contra las tres multas que le impuso la Junta Electoral Central (JEC) por un total de 8.500 euros por incumplir su deber de “neutralidad política” al mantener durante la campaña electoral de 2019 lazos amarillos y otros símbolos independentistas en el balcón del Palau de la Generalitat y otras sedes del Govern así como por su mensaje institucional del día de Sant Jordi y un correo electrónico que envió a todos los funcionarios en el que tildó de “nefasto” el artículo 155 de la Constitución. El expresident ya ha anunciado que no pagará la multa.

El Supremo ha avalado la multa de 3.000 euros que la JEC acordó para Torra el 13 de junio de 2019 por exhibir lazos amarillos y banderas esteladas en edificios y espacios públicos dependientes del Gobierno que presidía. Para los magistrados, “ninguna duda ofrece que el lazo amarillo y las banderas esteladas no representan a todos los ciudadanos de Cataluña, careciendo de prueba alguna el pretendido carácter transversal de los citados símbolos”.

También han respaldado el acuerdo del 22 de julio de ese año, por el que la JEC le impuso otra multa de 3.000 euros por su mensaje institucional por el día de Sant Jordi de 2019, al coincidir, a juicio de la JEC, con el de algunas formaciones políticas concurrentes a dichos comicios. En concreto, el pasaje que según la JEC vulneró la neutralidad fue uno el que Torra habló de “demócratas convencidos encerrados en la cárcel u obligados a vivir lejos de su casa por haber defendido los derechos y las libertades más fundamentales”.

El Supremo ha entendido que “lo dicho por una autoridad en esa condición no puede ser caracterizado como ejercicio de la libertad de expresión, entre otras razones, porque los derechos fundamentales no están concebidos como instrumento de los poderes públicos, sino como medio de protección de los ciudadanos”. Ha enfatizado que incluso en el supuesto de que, tal y como esgrimía Torra, su intención con esas palabras era lograr una resolución pacífica y democrática de la situación en Catalunya, “no estarían justificadas manifestaciones públicas de una autoridad que sustentan de manera clara las posiciones de algunas fuerzas políticas concurrentes a las elecciones, en detrimento de las posiciones de otras fuerzas políticas”.

Además, el TS ha rechazado el argumento de Torra de que la JEC le sancionó por participar en una fiesta popular. “Es evidente”, ha razonado, que Sant Jordi constituye una “importantísima fiesta” en Catalunya y que el líder regional puede participar en ella en periodo electoral. “Ahora bien, de aquí no se sigue que, con ocasión de la festividad y haciendo uso de su cargo, el presidente pueda hacer manifestaciones incompatibles con su deber de neutralidad”, ha subrayado.

El tercer acuerdo de la JEC impugnado por Torra y confirmado por el TS, también de 22 de julio de 2019, le impuso una multa de 2.500 euros por un correo electrónico dirigido a los funcionarios catalanes con motivo de Sant Jordi en el que se hacía referencia a “el nefasto 155” o a la ausencia de “el presidente Puigdemont y los consejeros de su gobierno que están con él en el exilio o en prisión”.

Los magistrados han recordado que Gobierno y administración no significan lo mismo, explicando que el primero es un “órgano político”, mientras que la segunda “sirve con objetividad a los intereses generales, de ahí que se hable de la 'eficacia indiferente de la administración' y de su neutralidad política, desde esa vocación servicial”. Torra, han indicado, actuó en ese correo electrónico como “órgano superior de la Administración de la Generalidad”, por lo que, “al margen de la relevancia de esa fiesta, no cabe que con ocasión de la misma y haciendo uso de su cargo el presidente, en esa dimensión administrativa, haga manifestaciones incompatibles con su deber de neutralidad en periodo electoral”.

Asimismo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha puntualizado que, de los términos empleados por Torra en ese 'email', no se puede deducir la constatación de un hecho, sino “una valoración política de unos hechos”, incidiendo en que se trata de una “valoración ajena a esa neutralidad política exigible a todo órgano administrativo, en este caso al órgano máximo de la administración catalana”. Igualmente, ha aclarado que “no cabe aceptar como excusa que haya fuerzas políticas que optan por el silencio respecto de los hechos a los que se refiere el correo electrónico sancionado y de ahí considerar que tal silencio, en sí, tiene también dimensión electoral”. “Cada fuerza política elige su mejor estrategia electoral, pero este no es el caso”, ha zanjado el Supremo.

El expresident de la Generalitat Quim Torra ha vuelto al primer plano político este domingo en el acto central de Junts para arropar a su candidata, Laura Borràs. En un mitin en Granollers, Barcelona, Torra ha retomado el pulso que mantuvo contra el Gobierno central por la gestión de la epidemia y ha vuelto a cargar contra el entonces ministro de Sanidad y hoy número uno del PSC, Salvador Illa. 

Torra ha calificado la gestión del ministro de Sanidad de “castrófica” y ha dedicado la mayor parte de su discurso a enumerar los que considera sus principales errores durante la pandemia. Como hizo una y otra vez hasta que fue inhabilitado en septiembre, Torra le ha echado en cara al Gobierno central no haber decretado un confinamiento más duro en marzo y la centralización de las compras de material sanitario y equipos de protección. “Esto pesará siempre sobre la conciencia de Illa”, ha proclamado Torra. 

En un discurso que ha mantenido hasta hoy en sus redes sociales, Torra ha insistido en que un país debería ser capaz de “cerrarlo todo” para “proteger a sus ciudadanos”, para lo cual ha reprochado de nuevo al Gobierno de Pedro Sánchez que no haya puesto en marcha más ayudas directas a trabajadores y autónomos. “Si Catalunya fuese independiente hubiese tenido recursos para atender a los profesionales, empresas y trabajadores”, ha afirmado.

Torra, que ha precedido la intervención de Laura Borràs, ha querido destacar también su tristeza por la reacción no unánime del independentismo ante la imputación de la candidata por irregularidades en la adjudicación de contratos. “‘¡Pero por el amor de dios! ¡Estamos en el Estado español! ¿No sabéis que es imposible que haya justicia para un independentista catalán? Que no haya unidad antirrepresiva en el caso de Laura me duele muchísimo”, ha insistido el expresident. 

Antes que Torra han intervenido el diputado Francesc de Dalmases, la consellera de Presidencia, Meritxell Budó, y el exconseller ahora encarcelado Jordi Turull. Este último ha insistido en la idea de que el voto de Junts serviría para “asegurar” que no ganan las opciones no soberanistas. “Tenemos que reaccionar de forma clara a los que nos querían descabezados y dejarlos desbordados”, ha proclamado el exconseller.

Ciudadanos ha presentado este lunes uno de sus vídeos para la campaña de las autonómicas catalanas en el que equipara el asalto al Capitolio en Washington (EE. UU) del pasado 6 de enero -en el que murieron cinco personas- con algunas de las protestas independentistas ocurridas en Catalunya durante los últimos años.

El vídeo no solo compara ambos tipos de protesta, sino que también equipara los discursos del expresidente de EE. UU., Donald Trump, con el de los expresidentes de la Generalitat Carles Puigdemont y Quim Torra así como el del expresidente de la ANC, Jordi Sànchez. La grabación también asimila los ataques contra la prensa estadounidense en los aledaños del capitolio -mostrando manifestantes rompiendo cámaras- con el acoso sufrido por algunos periodistas durante las manifestaciones independentistas.

El candidato de Ciudadanos, Carlos Carrizosa ha lamentado que mientras su partido sí ha visto “el parangón entre lo que ocurría en EEUU y lo que lo que ocurrió en nuestra tierra”, unos “se pusieron de perfil” y otros no condenaron los hechos. Esto le ha llevado a concluir que está claro que tras el 14F no puede haber “pactos con el populismo que no respeta la libertad”. Por eso ha alertado de nuevo de que “si al PSC le dan los números pactarán con los émulos de Trump aquí en Catalunya”. “Con ERC ya lo han hecho –a nivel nacional- en el Congreso y también en la Diputación de Barcelona con el partido de Puigdemont”. 

El vídeo en el que se llama a votar el próximo 14 de febrero para que “gane la democracia”, intercala imágenes de Washington y Barcelona. Muestra tanto las imágenes del asalto al Capitolio como la manifestación frente al Departameto de Economia del 20 de septiembre de 2017 y la protesta ante el Parlament del primer aniversario del 1-O.

En esa manifestación, celebrada en octubre de 2018, los manifestantes llegaron hasta las puertas de la cámara catalana si bien no irrumpieron en su interior. El partido naranja también compara a los congresistas americanos que tuvieron que esconderse durante el asalto al Capitolio -algunos aseguraron temer por sus vidas- con los diputados de Ciudadanos que salieron escoltados ese día por la puerta principal del Parlament.

“Se nos ponen los pelos de punta viendo lo que ocurrió allí”, “la comparación es obvia”, ha señalado Inés Arrimadas, que ha intervenido por videoconferencia desde Madrid en el acto protagonizado por Carrizosa, que se ha reunido en Barcelona telemáticamente con el grupo de Ciudadanos en el Parlament. La líder de Ciudadanos sí que ha precisado, no obstante, que en Washington “hubo muertos y en Catalunya no”, aunque la actitud de los gobernantes en ambos sitios, alentando el asalto, a su juicio, ha sido muy similar.

Ciudadanos no es el único partido que asimila lo ocurrido en EE.UU. durante los últimos días de Trump con las protestas independentistas. El candidato del PSC, Salvador Illa, también ha advertido en varios momentos de la campaña sobre los peligros de que en Catalunya ocurran hechos similares.

Las legislaturas en Catalunya pasan, pero el 'Polònia' permanece. El programa de humor que produce Minoria Absoluta y emite TV3 cumple este año su decimosexta temporada en antena convertido en un referente de la sátira política imbatible en audiencias. A lo largo de más de tres lustros, el programa ha parodiado gobiernos de todos los colores y los principales eventos políticos, pero ninguna legislatura ha sido tan convulsa como la que se ha cerrado en Catalunya. Repasamos los momentos clave de estos tres últimos años a través de la mirada de los 'polacos'. 

1. La investidura telemática y fracasada de Puigdemont

Ciudadanos ganó por primera vez unas elecciones en Catalunya, pero el independentismo conservó la mayoría absoluta. Las semanas que siguieron a la constitución del Parlament tras los comicios del 21 de diciembre de 2017 estuvieron marcadas por las disputas entre JxCat y ERC a cuenta de la investidura de Carles Puigdemont, que permanecía en Bélgica desde otoño tras el fracaso de la DUI mientras su antiguo vicepresident Oriol Junqueras otros exconsellers estaban en prisión provisional por orden de la Audiencia Nacional. La negativa del presidente del Parlament, el republicano Roger Torrent, a la investidura telemática de Puigdemont abrió la caja de los truenos entre dos socios de Govern cada día peor avenidos. 

2. Quim Torra, president vicario 

Tras la investidura frustrada de Puigdemont, la negativa del juez Llarena de permitir la investidura de Jordi Sànchez y el encarcelamiento de Jordi Turull el día antes del debate de investidura que debía llevarle a la Generalitat, JxCat propuso a Quim Torra como candidato a la presidencia. Torra empezó su mandato avisando de que sería “un vicario” de Puigdemont y acabó centrado en la gestión de la pandemia. En 2019 Polònia retrataba la etapa de Torra al frente del Govern con el president en el papel que Jim Carrey interpretó en 'El show de Truman'.

3. Manuel Marchena, protagonista de la legislatura

Al elenco del Polònia se sumó el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, que junto a los políticos de Madrid y Barcelona se convirtió en otro de los personajes clave de la legislatura catalana. En el programa anterior a la sentencia del procés, cuando ya se intuía la condena dura que acabó imponiendo el Supremo a los líderes soberanistas, el Marchena de Polònia, Queco Novell, versionaba el 'Bonito' de Jarabe de Palo:

4. Y el coronavirus llegó a 'Polònia'

A finales de febrero el coronavirus también llegó al plató de 'Polònia'. El primer gag de la COVID-19 fue profético e ilustrativo de la actitud de la clase política frente al virus: la consellera de Salud, Alba Vergés, interpretada por la actriz Agnès Busquets, pasa en pocos segundos de minimizar importancia de la la enfermedad al pánico y a buscar mascarillas desesperadamente.

5. Torra, inhabilitado

La cuenta atrás a la legislatura catalana empezó el pasado mes de septiembre con la confirmación de la inhabilitación de Torra por parte del Tribunal Supremo. El president de 'Polònia', que interpreta Iván Lavanda, se despidió del programa con una particular versión de 'El principito'.

6. Los sanitarios, quemados con el Govern

Los efectos de los más de nueve meses de pandemia también han sido objeto de las parodias del 'Polònia'. Mediante la versión del popular 'Rehab', de Amy Winehouse, el programa se hizo eco del hartazgo de los sanitarios y el cansancio que acumulan tras salvar miles de vidas en los centros durante la pandemia.

7. Los candidatos, a punto para el 14F

En uno de sus últimos programas antes de la campaña electoral, 'Polònia' abordó la designación del ministro de Sanidad, Salvador Illa, como candidato del PSC a presidir la Generalitat y la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) de mantener las elecciones para el 14 de febrero, dando así inicio a la precampaña para las elecciones catalanas más inciertas de los últimos años. El programa mostró a todos los candidatos a punto para el 14F interpretando 'One day more' de 'Los Miserables'. Un clásico de los escenarios en un programa que se ha convertido ya en un clásico de la política catalana.

Ha hecho fortuna la cita de Tolstoi en el inicio de Ana Karenina que asegura que “todas las familias felices se parecen unas a otras, pero cada familia infeliz lo es a su manera”, porque captura un fenómeno frecuente que cualquiera ha observado alguna vez. Los catalanes, por ejemplo, lo han podido ver en la legislatura que este martes acaba, durante la que han sido testigos de las mil formas, algunas de ellas increíblemente sofisticadas, que ha utilizado la familia independentista para pelearse, ponerse la zancadilla y hacerse la puñeta los unos a los otros a lo largo de casi tres años.

Si el periodo 2015-2017 fue el de la ruptura con el Estado, con el orden constitucional español o de Catalunya en dos mitades, la última legislatura ha sido la de la ruptura interna entre independentistas. La batalla electoral entre la corriente que viene de Convergència y la de ERC, y también de estas con la CUP, no es nueva. Pero la bronca nunca había sido tan dura, tan pública y tan fratricida como en los últimos años, con acusaciones cruzadas que incluso ponen en duda las intenciones independentistas o el compromiso con la libertad de los presos del contrario.

El vicepresident Pere Aragonès firmó este lunes el decreto que convoca las elecciones para el 14 de febrero, después de que el Parlament se disolviera automáticamente tras dos meses sin poder investir a un president. Los independentistas llegan a los nuevos comicios en una situación muy diferente a la de diciembre de 2017, cuando planteaban la votación como una reválida del referéndum y un acto de rechazo al 155. La ruptura interna del secesionismo es ahora tan profunda que en la precampaña ambas formaciones agitan el espantajo de que el contrario firme una coalición no independentista en el Govern, pese a que ni las encuestas ni los juegos de alianzas apuntan en esa dirección.

Desde Junts hace tiempo que afirman sin medias tintas que ERC buscará un tripartito con el PSC y los 'comuns' si la suma da, algo que tanto republicanos como socialistas descartan. Mientras, los de Oriol Junqueras aluden a los acuerdos de Junts con el PSC en la Diputación de Barcelona para sembrar la duda sobre un posible acuerdo 'sociovergente' en la Generalitat. Son dardos clásicos entre rivales de cualquier competición electoral pero, entre dos formaciones que han sido socias y aspiran a volver a serlo, demuestra hasta qué punto se han deteriorado sus relaciones.

Del 155 a la COVID-19

La legislatura tardó en arrancar. Desde el 21 de diciembre de 2017 hasta el 18 de mayo del año siguiente el Parlament fue incapaz de nombrar a un nuevo president, por el veto impuesto por la justicia a Carles Puigdemont y, posteriormente, por el encarcelamiento de Jordi Turull, a quien se impidió presentarse a la segunda sesión de su investidura. El independentismo había prometido la “restitución” del anterior Govern, pero la presión del artículo 155, que el Gobierno central se negaba a levantar hasta que no se formase un nuevo ejecutivo catalán sin presencia de encausados, acabó haciendo que Junts per Catalunya y ERC eligieran a Quim Torra y, este, aceptara nombrar un gabinete con todos sus miembros limpios de causas penales.

Fue en aquella primera etapa, previa a la formación del Govern, cuando se produjo una de las heridas más profundas entre los independentistas. Después de que el Constitucional prohibiera explícitamente la investidura telemática de Puigdemont, Junts consideraba que el Parlament debía continuar adelante y votarlo de todas formas. ERC, en cambio, se mostró partidaria de ir cuanto antes a lo que entonces llamaron un “Govern efectivo”, es decir, que sirviera para recuperar las competencias autonómicas y echar a andar la legislatura.

Los caminos entre los socios se bifurcaron entonces, sobre todo en la Cámara, que posteriormente tuvo que ver como la justicia apartaba a los presos de sus escaños antes de ser condenados, ponía trabas al voto a distancia de Puigdemont y Comín, o impedía que ciertas resoluciones, sobre la independencia pero también sobre asuntos diferentes, como la monarquía, fueran votadas y aprobadas en el Pleno. Ante todas esas situaciones, Junts y ERC apostaron por respuestas diferentes, al menos de palabra, y acabaron llegando a soluciones de compromiso que no contentaron a ninguna de las partes y las enfrentó aún más.

El choque definitivo llegaría con otra causa penal, en este caso la inhabilitación de Torra por el delito de desobediencia al haberse negado en un primer momento a retirar una pancarta sobre los presos del Palau de la Generalitat durante periodo electoral, tal y como le reclamaba la Junta Electoral. El president trató de evitar que el Parlament le retirara el acta de diputado, para lo que consiguió incluso que el Pleno se lo reafirmara mediante una resolución. Pero la Junta Electoral continuó adelante y los funcionarios de la Cámara acabaron ejecutando la sentencia y retiraron el escaño.

Torra y Junts acusaron a ERC y, en concreto, al presidente del Parlament, Roger Torrent, de haber “desprotegido la institución” de la presidencia, motivo por el cual anunció que convocaría elecciones una vez los presupuestos estuviesen aprobados. Era el 29 de enero de 2020 y la OMS ya lanzaba advertencias sobre una emergencia sanitaria internacional que, por el momento, no ocupaban las primeras páginas de los diarios.

Presupuestos, regulación del alquiler y pandemia

El balance legislativo de este periodo es de 12 leyes impulsadas por el Govern y 20 por los grupos, una cifra que sin ser de récord no ha evitado que la legislatura quede como infructuosa. Pese a un arranque en parálisis por parte del Ejecutivo, Junts y ERC finalmente han conseguido superar algunas pruebas de la legislatura, como aprobar unos presupuestos, en la primavera pasada, que sirvieron para liberar unos recursos que el sistema necesitaba después de tres años de inanición.

Sacar adelante unas cuentas era un empeño del vicepresident Aragonès, centrado en ofrecer una imagen de gestión, y conseguir el voto favorable de los 'comuns' le servía también para exhibir la capacidad de llegar a acuerdos más allá del independentismo. A cambio, el Govern aceptó acometer una reforma fiscal que tocaba el tramo autonómico del IRPF para hacerlo más progresivo y reducía exenciones en figuras como la de sucesiones. El Govern siguió además impulsando fiscalidad verde mediante tributos propios, como ya había hecho en los anteriores presupuestos.

Otro de los hitos en el ámbito legislativo fue la ley de contención de precios del alquiler, presentada por los grupos de Junts, ERC, Catalunya en Comú y la CUP tras un acuerdo con entidades por el derecho a la vivienda. La norma introdujo unos topes en el precio de los arrendamientos de viviendas que han sido celebrados por entidades como el Sindicat de Llogaters y la PAH, que colocó a Catalunya como pionera en esta cuestión a la espera de que el Gobierno central presente su propia normativa. Meses antes, el Govern también había introducido una normativa restrictiva contra las llamadas VTC, servicios que prestaban empresas como Cabify o Uber.

El ritmo legislativo no era ni mucho menos frenético, pero la llegada de la pandemia cambió el compás. De las normas que entraban a la Cámara como proyectos que debían recorrer cada trámite parlamentario, el Govern catalán pasó a tirar de decreto como nunca antes en pleno Estado de Alarma. En los últimos meses el Parlament ha validado 67 decretos-ley firmados por Torra, hasta septiembre, o por Aragonès a partir de entonces. Entre los más importantes de estos la mayoría han estado relacionados con la situación sanitaria, bien para inyectar recursos gracias a la flexibilización del límite de déficit por parte del Gobierno central, o bien para la ampliación de hospitales, como el Parc Taulí de Sabadell o el Josep Trueta en Girona, ambos licitados después del verano.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha fijado los plazos de la primera inhabilitación de Quim Torra para ocupar cargos públicos, que vencerá en enero de 2022. Los jueces han acordado rebajar la inhabilitación en casi tres meses al descontar de los 18 meses de condena por los lazos los casi noventa días que estuvo suspendido como diputado del Parlament antes de la sentencia definitiva del Supremo.

En un auto, la Sala Civil y Penal del TSJC dirime así los límites de la ejecución de la condena a un año y medio de inhabilitación que se impuso a Torra por un delito de desobediencia al desoír la orden de la Junta Electoral para que retirara los símbolos de apoyo a los políticos presos de los edificios públicos.

La Fiscalía y Vox ya habían aceptado que Quim Torra cobrara la pensión que le corresponde por su cargo en el ejecutivo catalán y pudiera disponer de la oficina de expresident. La mayoría del tribunal acuerda mantener su pensión como exjefe del ejecutivo catalán, una decisión contra la que se ha posicionado el presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, en un voto particular.

Al contrario que sus compañeros de Sala, Barrientos argumenta que la inhabilitación de Torra como president “comporta necesaria y legalmente, sin necesidad de debate alguno en plenario” la pérdida de todos los derechos –incluidos los económicos– y también de los tratamientos y honores como expresident. Según Barrientos, Torra no debería percibir la pensión que le corresponde como expresident hasta que se haya extinguido la pena de inhabilitación impuesta.

Sin embargo la mayoría del tribunal acuerda que Torra pueda disponer ya de las prerrogativas –sueldo, oficina con secretaría y gabinete y coche oficial a costa del erario público– de expresident al entender que la condena de inhabilitación “no puede extenderse” más allá del cargo de president que ocupaba.

Respecto al tiempo que debía durar la inhabilitación para ocupar cargos públicos a la que fue condenado, la Fiscalía se oponía a restar a los 18 meses de la sentencia la mitad de los casi ocho meses en los que Torra se quedó sin escaño antes de ser condenado en firme por decisión de la Junta Electoral Central (JEC), tal y como pedía la defensa.

El TSJC, esta vez sí por unanimidad, atiende en parte la petición de la defensa y acuerda que se resten de los 18 meses de inhabilitación uno de cada tres días de los ocho meses que estuvo suspendido como diputado del Parlament –unos 80 días–, lo que fija el horizonte del fin de la inhabilitación en enero de 2022.

No obstante, casi con toda seguridad Torra sumará una nueva condena por inhabilitación ya que está otra vez imputado por desobediencia por no retirar por segunda vez la pancarta de apoyo a los presos independentistas. En caso de resultar nuevamente sentenciado, Torra sumaría más meses de inhabilitación para ocupar cargos públicos.

Sobre el pago de la multa de 30.000 euros a la que fue condenado, el TJSC señala que la defensa de Torra “no dispone todavía de elementos suficientes para plantear al tribunal ninguna de las fórmulas legales previstas para su cumplimento”.

Los tres últimos expresidentes de la Generalitat han comparecido juntos este viernes por primera vez para denunciar la “represión” del Estado español. Artur Mas, Carles Puigdemont y Quim Torra han dirigido sus dardos hacia el Poder Judicial, los dirigentes pasados y presentes de los principales partidos estatales y, en especial, hacia la monarquía, tanto al actual rey Felipe VI como al emérito Juan Carlos I.

La rueda de prensa de los tres últimos expresidentes desde la casa de la Generalitat en Perpignan (Francia) ha contraprogramado la visita del rey Felipe VI y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Barcelona. La comparecencia se ha mantenido alejada de un tono institucional y ha tenido más bien tintes de mitin de la próxima campaña electoral catalana –aunque Mas y Puigdemont, a día de hoy, apoyen a dos partidos distintos, el PDeCAT y JxCat.

“Catalunya tiene a tres presidentes perseguidos y el rey emérito español está fugado y protegido”, ha empezado Artur Mas, que ha considerado una “anormalidad inmoral y falta de ética” esta situación. Carles Puigdemont ha cogido el testigo recordando que la monarquía actual es “sucesora” de Franco. Ha destacado además que en los seis años de reinado de Felipe VI los tres presidentes de la Generalitat han sido inhabilitados o destituidos, lo que a su juicio supone “un récord que encaja en la tradición de los borbones pero que resulta vergonzoso para los responsables políticos que lo han tolerado o promovido”.

Por su lado, Torra ha enviado un torpedo a la apuesta de ERC por la negociación con el Gobierno: “Nosotros tres somos el ejemplo de que el diálogo acaba en sentencias”. Y en línea con su crítica a la autonomía desplegada desde su inhabilitación, ha sostenido que no existirá nunca “un gobierno efectivo dentro de los límites del autonomismo”.

Torra fue el primer president inhabilitado en el ejercicio del cargo por desobedecer la orden de la Junta Electoral de retirar una pancarta en favor de los presos. Mas también fue condenado por desobediencia, ya tras abandonar la Generalitat, por la consulta del 9-N. Sobre Puigdemont –cesado por la aplicación del 155 por parte del Gobierno en 2017– pesa una orden de detención en España por rebelión y una petición de extradición en suspenso mientras el Europarlamento decide sobre su suplicatorio. Al gozar de inmunidad como eurodiputado, puede viajar sin ser arrestado por toda Europa salvo en España.

Los tres exjefes del Govern han orillado sus diferencias alrededor del futuro de su espacio político. Mientras Puigdemont ha roto amarras con el PDeCAT para fundar su propio partido, Junts per Catalunya, Mas se ha mantenido fiel a la formación de David Bonvehí. Torra –que es independiente y nunca militó en Convergència, a diferencia de sus antecesores–, es un fiel a Puigdemont.

El Tribunal Constitucional mantiene la inhabilitación de Quim Torra como president de la Generalitat de Catalunya avalada la semana pasada por el Tribunal Supremo. Los magistrados han rechazado por unanimidad la medida cautelarísima solicitada por su defensa, que había pedido su restitución inmediata tras ejecutarse el fallo del Alto Tribunal, informan a elDiario.es fuentes jurídicas.

El Pleno del Constitucional sí ha acordado admitir a trámite su recurso, pero el expresident seguirá inhabilitado mientras el tribunal de garantías estudia si le da amparo en relación a la condena a un año y medio de inhabilitación y multa de 30.000 euros por un delito de desobediencia que le impuso el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) por desoír la orden de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar los lazos amarillos de la Generalitat en la precampaña de las generales de 2019. 

El Constitucional ha admitido el recurso al entender que el asunto “trasciende del caso concreto porque plantea una cuestión jurídica de relevante y general repercusión social o económica y porque pudiera tener unas consecuencias políticas generales”, según la resolución.

Los abogados Gonzalo Boye e Isabel Elbal habían solicitado que el Constitucional suspendiera de manera cautelar su inhabilitación para evitar la pérdida de la finalidad de su recurso y “el daño irreparable continuado” que, según la defensa del expresident, “se viene produciendo” contra él y contra “los ciudadanos de Catalunya que lo eligieron como diputado en las pasadas elecciones al Parlament”.

El Tribunal, sin embargo no aprecia una “urgencia excepcional” y, en consecuencia, determina que no procede resolver inaudita parte, es decir, sin escuchar las alegaciones de la otra parte. Los magistrados argumentan que la inhabilitación especial ya “se ha hecho efectiva” y que el asunto requiere un estudio “meditado y contradictorio” de la medida solicitada.