La Asamblea del Consejo de Europa pide la excarcelación de los condenados por el 1-O, reformar la sedición y retirar las euroórdenes

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, junto a otros seis presos del "procés" que cumplen condena en la cárcel barcelonesa de Lledoners.

La Asamblea de Parlamentarios del Consejo de Europa ha pedido este lunes la excarcelación de los condenados por el 1-O, reformar la sedición y retirar las euroórdenes por 70 votos a favor, 28 en contra y 10 abstenciones. La votación se produce el mismo día en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que este martes el Consejo de Ministros aprobará los indultos a los líderes independentistas encarcelados por el 1-O.

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Durante el debate, el pleno ha rechazado enmiendas presentadas por los socialistas y populares españoles que defendían que el informe no llamara a derogar las euroórdenes. "Las recomendaciones que instan al Ejecutivo a detener procesos judiciales y extradiciones pendientes son incoherentes porque chocan con el respeto al principio de separación de poderes", dice el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Los socialistas Antonio Gutiérrez y Sergio Gutiérrez protestaron por juntar en un informe sobre libertades políticas a España y Turquía, además de matizar los párrafos relacionados con la reforma de la sedición. Por otro lado, tanto el popular Pablo Hispán como el dirigente ultraderchista Iván Espinosa de los Monteros, criticaron tanto la posibilidad de los indultos, recogida en el texto, como la de la reforma de la sedición, e incluso pidieron la consideración de minoría necesitada de una protección especial a los diputados no independentistas. Pero prácticamente todas las enmiendas sobre España fueron decayendo, mientras sí se aceptaban las relacionadas con el endurecimiento del texto relativo a Turquía. El texto final contó con el voto favorable de Unidas Podemos –el gallego Antón Gómez-Reino forma parte de la institución–.

Otras enmiendas defendidas por socialistas y populares españoles que no prosperaron tenían que ver con no pedir el carpetazo a los casos pendientes por el 1-O, más allá de los independentistas que se fueron de España.

El informe votado en el pleno había sido aprobado previamente por la comisión de Asuntos Legales y Derechos Humanos de la Asamblea de Parlamentarios del Consejo de Europa (PACE) –una institución no integrante de la UE compuesta por medio centenar de países europeos–, que aprobó hace tres semanas, por 20 votos a 6, un informe que pide la excarcelación de los líderes independentistas condenados por el 1-O.

En el informe, titulado ¿Deberían enjuiciarse los políticos por declaraciones realizadas en el ejercicio de su mandato?, elaborado por Boriss Cilevičs (Letonia, SOC), el ponente vincula la situación en Turquía y España, aunque en el pleno haya dicho que nos "iguales", pero sí ha defendido que en ambos países hay "penas desproporcionadas para políticos".

El informe, que ha sido votado en el pleno de este lunes, pide a las autoridades españolas "reformar las disposiciones penales sobre rebelión y sedición para que no permitan reinterpretar la despenalización de la organización de un referéndum ilegal, pretendida por el Legislativo cuando abolió este delito específico en 2005, o dar lugar a sanciones desproporcionadas para transgresiones no violentas".

El texto también insta a las autoridades españolas a "considerar la posibilidad de indultar o liberar de prisión a los políticos catalanes condenados por su papel en la organización del referéndum inconstitucional de octubre de 2017 y las manifestaciones masivas pacíficas relacionadas con él, y considerar la posibilidad de abandonar los procedimientos de extradición contra políticos catalanes que viven en el extranjero y que son buscados por los mismos motivos".

En este punto, la representante de ERC, Laura Castel, ha pedido incluir el término "amnistía", cosa rechazada también por el pleno. En borradores de la resolución previos a su aprobación en comisión a los que ha tenido acceso elDiario.es, se hablaba de "presos políticos" y de "exilio", cosa que en el texto final ya no aparece tras las negociaciones en la Cámara.

Así mismo, se llama a "retirar los enjuiciamientos restantes de los funcionarios de menor rango involucrados en el referéndum inconstitucional de 2017 y abstenerse de sancionar a los sucesores de los políticos encarcelados por acciones simbólicas simplemente expresando su solidaridad con los detenidos; y garantizar que la disposición penal sobre la apropiación indebida de fondos públicos se aplique de tal manera que la responsabilidad surja solo cuando se puedan establecer pérdidas reales y cuantificadas para el presupuesto público".

Por otro lado, el documento aprobado pide "abstenerse de exigir a los políticos catalanes detenidos que repudien sus opiniones políticas profundamente arraigadas a cambio de un régimen carcelario más favorable o una oportunidad de indulto".

"Sin embargo", sostiene el documento, "se les puede exigir que se comprometan a perseguir sus objetivos políticos sin recurrir a medios ilegales".

El informe, además, pide "entablar un diálogo abierto y constructivo con todas las fuerzas políticas de Catalunya, incluidas las que se oponen a la independencia, con el fin de fortalecer la calidad de la democracia española, uno de los Estados más antiguos de Europa, a través de la autoridad del Estado de derecho, el buen gobierno y total respeto de los derechos humanos, sin recurrir al derecho penal, pero en pleno respeto del orden constitucional español".

La ministra de Exteriores española, Arancha González Laya, ha explicado sobre el informe: "Hay una voto de confianza en el Estado de derecho español definido como 'pleno', incluida la independencia de los tribunales, un reconocimiento de que los políticos presos fueron juzgados por sus actos y no opiniones, unos actos considerados ilegales y anticonstitucionales".

Sin embargo, González Laya cree que el informe "hace una serie de recomendaciones que tienen que ver con el sistema judicial que nos parecen confusas. Pedir al Ejecutivo que se inmiscuya en el poder Judicial es desconocer el funcionamiento del estado de Derecho". La ministra ha añadido, en una rueda de prensa en Luxemburgo tras la reunión de ministros de Exteriores de la UE: "Me quedaría con lo que ocurre, no con lo que se dice; con los pasos que se están dando en nuestro país, relanzando el diálogo y el reencuentro, donde mañana decidiremos sobre los indultos para la búsqueda de la concordia y el reencuentro de todos: es un instrumento de nuestra Constitución, igual que lo está en responder ante violaciones de la Constitución".  

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21 de junio de 2021 - 19:58 h

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