Los residentes más cercanos a Madring, circuito de Fórmula 1 donde la capital acoge el Gran Premio de España del 11 al 13 de septiembre, continúan experimentado nuevos inconvenientes mientras se acerca el evento. Después de que las pruebas de F3 duplicasen los límites sonoros permitidos, multiplicándolos por 27 ajustados a la sensibilidad del oído, ahora los vecinos comenzarán a experimentar nuevas afecciones al tráfico que ponen trabas incluso a llegar y salir de sus casas.

No son los primeros cortes causados por la actividad del circuito, pero en este caso chocan de lleno con la zona residencial de Las Cárcavas, cerca de Valdebebas. De hecho, el plan de movilidad de Ifema contempla un sistema de reparto de pegatinas para que los vecinos puedan acceder con sus vehículos a algunas áreas restringidas para el resto de conductores durante los tres días de competición. Incluidas sus propias viviendas, ya que el plan recoge el objetivo de “facilitar el acceso en vehículo privado a sus domicilios”.

En un documento compartido por la cuenta de X Hilos Valdebebas, dichas zonas aparecen marcadas con amarillo y se corresponden con la manzana alrededor de la calle Antonio López Torres. Otras áreas, más próximas a Madring, indican mediante el rojo que su acceso queda totalmente prohibido incluso para los vecinos. Este sistema busca, según Ifema, garantizar la “correcta y ordenada celebración del evento”.

Las pegatinas se están repartiendo desde este martes 1 de septiembre y hasta el día 9 (sin incluir sábado ni domingo) en la sede de la Asociación de Vecinas de Las Cárcavas, en el número 26 de la calle Maruja Mallo. El horario 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00, aunque el lunes y el martes de la próxima semana solo podrán recogerse por la tarde. Los interesados deben presentar DNI o NIE, así como un documento que acredite su vinculación con la vivienda propia situada dentro del perímetro amarillo. También tendrán que indicar número de matrícula y un teléfono de contacto. Estas etiquetas, informa Ifema, deben colocarse en una zona visible de los coches y no se entregarán más de tres por vivienda.

El Ayuntamiento defiende una “medida de protección” ante las dudas y quejas vecinales

Desde el área de Movilidad del Ayuntamiento, ante las preguntas de Somos Madrid, afirman en un primer momento que esta propuesta “es de Ifema”. Apostillan que el plan de movilidad definitivo “no está aún”. Al cuestionar por qué están entonces ya habilitados los puntos de entrega de las pegatinas, estas fuentes municipales del departamento liderado por Borja Carabante añaden que es “una medida de protección a los vecinos”.

Pero las respuestas a la publicación de Hilo Valdebebas recogen numerosas dudas y quejas de la ciudanía. Por ejemplo, la de quienes no viven en Las Cárcavas pero pasan por el entorno categorizado de amarillo para servicios esenciales. ¿Y la gente que lleva a sus hijos a la guarderia? ¿También tendrán pegatina?“, preguntan varios usuarios. En este espacio se incluye la escuela infantil Doña Francisquita, en el número 1 de la calle Cambados.

Otras personas claman contra la falta de información: “Como siempre, los vecinos afectados somos los últimos en enterarnos. Esa llamada Asociación vecinal lo ha gestionado como un chiringuito. Nos enteramos de este despropósito por redes sociales. Solo funciona Radiopatio. Mi calle es afectada y no me han notificado por ningún medio”, lamenta una persona en otra de las respuestas al post original.

Este mismo martes, en el acto de relanzamiento de la temporada política municipal, el alcalde José Luis Martínez-Almeida se ha referido a todos estos efectos de la Fórmula 1 entre la población cercana al circuito. El regidor da por hecho que los residentes más cercanos a Madring sufrián inconvenientes: “No negamos que las molestias se van a producir, la molestia 0 no existe, pero estamos adoptando junto con ifema las medidas oportunas para reducirlas”, ha dicho en un acto celebrado en el Retiro.

Almeida ha adelantado que se instalarán pantallas protectoras para reducir el ruido y que el plan de movilidad fomentará el acceso fundamentalmente mediante el transporte público. Pero considera que todos estos contratiempos merecen la pena ante el impacto de la cita: “Es uno de los grandes eventos y oportunidades de los próximos meses en Madrid. 40 años después la Fórmula 1 nos elige”, ha zanjado el primer edil.

El alcalde de Madrid se ha pronunciado a la vuelta de vacaciones sobre la recalificación aprobada por su equipo en la última Junta de Gobierno antes del parón de agosto y sobre la que se conocieron los detalles la semana pasada, con el paso a exposición pública de los cambios en el Plan General de Ordenación Urbana.

Ante una pregunta sobre los millones de euros que aumentarán de valor los terrenos del Real Madrid con este cambio legal, el alcalde ha respondido que “esto no es una cuestión de lo que gana el Real Madrid, esto es una cuestión de lo que gana la ciudad”, poniendo el foco sobre la zona verde en la periferia de la parcela que el club merengue entregará al Ayuntamiento a cambio, además de las dotaciones públicas incluidas en la operación.

“Creo que todo el mundo puede entender que lo que se planteó y planificó hace más de dos décadas no tiene por qué corresponderse con la realidad que hay 20 años después”, aseguraba José Luis Martínez-Almeida sobre el cambio en 448.000 m2 de suelo propiedad del Real Madrid en Valdebebas, donde podrá construir centros de negocios u hospitales, en terrenos hasta ahora solo aptos para el uso deportivo.

En concreto, el Ayuntamiento incrementará la edificabilidad de los terrenos del club en 172.550 m², hasta los 532.550 m². La modificación deberá completar su tramitación urbanística antes de alcanzar la aprobación definitiva.

“Lo que parece razonable es que en esos terrenos pueda haber un uso que sea productivo, no solo para el Real Madrid, sino también para la ciudad”, ha añadido indicando que las instalaciones que construya el club presidido por Florentino Pérez generarán “atracción de talento” y “creación de empleo” en la zona.

El alcalde defiende que “donde no teníamos ningún tipo de terreno ni ningún tipo de suelo, podrá haber dotaciones del Ayuntamiento de Madrid y podrá haber zonas verdes que hasta este momento los vecinos no podían disfrutar”. Estas zonas verdes públicas servirán para rodear las inversiones económicas del Real Madrid en la zona.

El club deportivo quiere impulsar la construcción de un campus deportivo que llevará el nombre de Madrid Innovation District. El proyecto se dio a conocer de forma somera en mayo de 2025 durante un acto a puerta cerrada en el que estuvo el alcalde y también la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que apoyan la idea formulada por Florentino Pérez. La victoria electoral de este último el pasado mes de junio ha servido para impulsar esta recalificación inmobiliaria.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha inaugurado el curso político lanzando un ataque directo al Ministerio de Exteriores por la situación de Casa Árabe. El regidor acusa al departamento que dirige José Manuel Albares de “okupación ilegal” por no haber desalojado las instalaciones este 1 de septiembre, fecha marcada por el Consistorio para vaciar las antiguas Escuelas Aguirre de la calle Alcalá, en la confluencia con O'Donnell. El Ayuntamiento anunció su intención de recuperar el inmueble y acometer “inmediatamente” las obras de “reforma urgente”.

“Vamos a ejercer las acciones legales oportunas para que se desaloje y se convoque el consejo rector de Casa Árabe, de forma que la Comunidad de Madrid pueda abandonarlo”, ha dicho el primer edil ante las preguntas de la prensa en un acto con sus concejales y todo su equipo celebrado en el Pabellón de los Jardines de Cecilio Rodríguez del Retiro. La salida de la Comunidad de Madrid de la institución es necesaria a nivel formal para que el Ayuntamiento pueda ejecutar el derecho de recuperación del edificio sin que proceda indemnización, como apuntó el propio consistorio cuando anunció la decisión de desalojar a la entidad de las Escuelas Aguirre.

“No hay respuesta de Ministerio frente a los requerimientos del Ayuntamiento, mientras hay un riesgo cierto a la integridad de las personas, por lo que Exteriores es el responsable directo que está jugando con la seguridad de trabajadores y visitantes”, avisa Almeida. “Hay daños estructurales que han obligado a colocar redes para que no caigan aleros o cornisas. Cuando se desaloje, entraremos de forma urgente para ejecutar las obras”, añade. El líder del Ejecutivo municipal ha insistido en que “lo grave” es que “el ministro se niegue a conovar el consejo rector”, un paso imprescindible para completar el trámite de expulsión.

Las palabras de Almeida llegan en la jornada fijada para el lanzamiento, en la que el alumnado ha convocado una nueva manifestación en los jardines del recinto desde las 19.00. En las últimas semanas, los estudiantes han llevado a cabo acciones contra la decisión de Cibeles bajo el lema Casa Árabe no se toca.

Los afectados defienden que la institución no es solo un espacio de cursos, sino un centro cultural, académico y diplomático vinculado a las relaciones entre España y el mundo árabe. Además, han advertido de que el plazo dado por el Ayuntamiento para abandonar el edificio resulta insuficiente para reorganizar la actividad. Los alumnos han pedido al alcalde que “lo piense” y reconsidere la decisión. Creen que si el edificio requiere obras o reformas, estas deberían abordarse mediante diálogo y colaboración institucional, sin que ello implique el desalojo definitivo de Casa Árabe de Escuelas Aguirre.

Cuca Sánchez, concejala de Más Madrid apunta que “no hay ninguna necesidad de que esto ocurra, Almeida está a tiempo de rectificar y parar este despropósito”. “Hablamos de una institución que lleva 20 años construyendo puentes entre España y el mundo árabe, que acoge a diplomáticos, estudiantes, intercambios culturales con numerosos países, y un patronato en el que están el Ministerio de Exteriores, la AECID, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Córdoba y el propio Ayuntamiento de Madrid. Y aun así, Almeida prefiere echarla a la calle antes que sentarse a buscar una solución”, subraya.

“¿Haría lo mismo con Casa Sefarad? ¿También la consideraría un chiringuito? ¿Ha puesto en conocimiento de la Unesco esta decisión, ya que el edificio está en pleno Paisaje de la Luz?”, se pregunta la edil. Recuerda que “Ayuso ya rompió 20 años de diplomacia cultural abandonando el patronato porque no le gustaba quién lo dirigía”. “Exigimos a Almeida que escuche a la comunidad diplomática, académica y cultural que hoy defiende Casa Árabe para que dé marcha atrás en una decisión que solo beneficia a sus prisas para darle otros usos ¿privados? a este edificio de alto valor inmobiliario”, zanja.

“Una ciudad con ambición y vocación de conseguir el mejor futuro para todos”. Con esas palabras presentaba el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, el Plan de Industria de la ciudad de Madrid 2025-2027, aprobado por su Junta de Gobierno en septiembre del pasado año. El documento, consensuado con distintos agentes sociales y económicos (desde la patronal madrileña hasta los sindicatos UGT y CCOO), compromete casi 200 millones de euros para proteger y recuperar el tejido productivo madrileño con 44 medidas de toda índole. Pero este ambicioso programa se enfrenta a un difícil equilibrio con otras políticas de Cibeles, en concreto en materia de Urbanismo.

La iniciativa del área de Economía, Innovación y Hacienda describe la amenaza que supone para la reindustrialización la presión de determinados usos del suelo. Un factor que estaría generando la transformación y expulsión de la industria en áreas de actividad económica de la ciudad. En su línea 2, como parte de su cronograma de actuaciones, establece la creación de una comisión junto al área de Urbanismo para definir una “estrategia de suelo de largo recorrido” y una “diversificación de usos por implantar”. El Plan de Industria defiende así la hibridación de usos, pero enfocada en dar cabida a la “nueva industria que integra tecnologías emergentes”.

Esta apuesta por una industria urbana limpia, perfilada hacia centros de energías renovables o I+D+I, contrasta con la reducción en la protección de suelos que promueve otro gran proyecto aprobado el pasado mayo por el Ejecutivo de Almeida. Se trata del Plan Especial relativo a la modificación del uso terciario hospedaje en la norma zonal 9 grado 3º y en las parcelas de uso cualificado industrial incluidas en ámbitos de uso global no industrial. Esta medida persigue facilitar la implantación de usos terciaros con la categoría de hospedaje, habitualmente dirigido a hoteles o apartahoteles, pero en cuyo paraguas comienza a proliferar la figura del flex living, en entornos donde se habían venido desarrollando otras actividades económicas. Con ello, según el Ayuntamiento, se descongestionará la actividad turística y no quedará concentrada en el centro.

En pos de esta “descentralización”, uno de los aspectos en los que más incide la memoria del expediente, el Consistorio aprovecha suelos con el grado 3º según la Norma Zonal 9. Se trata de una categoría destinada a actividades económicas e industriales, así como servicios avanzados, en zonas específicas de la ciudad. No obstante, según la documentación con la que el Ayuntamiento sustenta el plan especial, su “vocación industrial” no es tan definitoria ni característica.

El Ayuntamiento alude a la “pérdida de carácter industrial” para “suprimir cautelas”

Una resolución de la directora general de planeamiento, consultada por Somos Madrid al analizar la tramitación del Plan Especial, lo explica en estos términos: “Mientras que los grados 4º [polígonos industriales] y 5º [parcelas singulares] de la Norma Zonal 9 y los ámbitos de planeamiento de uso cualificado industrial de normativa particular se caracterizan por su clara vocación industrial, los ámbitos regulados por el grado 3º de la NZ 9, con uso cualificado mixto —industrial en coexistencia con el terciario oficinas—, han mostrado un claro proceso de terciarización con la consecuente pérdida de su carácter industrial”. Concluye que esta circunstancia, justo la que persigue solventar el Plan de Industria, “posibilita suprimir en ellos las cautelas y limitaciones introducidas sobre el uso terciario hospedaje”.

Para Más Madrid, en cambio, existe una “incoherencia aguda” y una “contradicción directa” entre las políticas del Ayuntamiento. De hecho, centran en este argumento gran parte de sus alegaciones al Plan Especial de Urbanismo que permitirá la proliferación de suelos terciarios para hospedaje. Aluden a su “incompatibilidad con los objetivos municipales de preservación y fortalecimiento del tejido productivo”. Recalcan que el propio diagnóstico del Plan Industrial advierte de la existencia de “competidores en el consumo del suelo” y cita expresamente usos que desplazan la actividad económica para empujar fuera de la ciudad actividades productivas consolidadas. La norma señala igualmente que los cambios en la organización de la producción dificultan medir adecuadamente la evolución real de la actividad industrial, sobre todo en aquellos ámbitos donde se desarrollan servicios asociados a la industria.

El principal partido de la oposición cree que Plan Especial debe incorporar algún análisis específico sobre la hipotética pérdida de capacidad productiva de los ámbitos afectados, el impacto en el empleo asociado a las actividades económicas existentes, la compatibilidad expresa con los objetivos del Plan Industrial, las posibilidades de modernización o transformación de las actividades productivas implantadas por otras vías y el mantenimiento de actividades servindustriales o tecnológicas vinculadas a la economía del conocimiento.

Las alegaciones presentadas por la portavoz municipal, Rita Maestre, y por José Luis Nieto (su homólogo en la Comisión de Urbanismo) observan otra discordancia en lo relativo al “impacto especulativo” que introduce el Plan Especial al habilitar normativamente que las parcelas industriales aisladas se conviertan en apartamentos turísticos u hoteles. La disponibilidad de espacio idóneo para albergar estos nuevos “contenedores productivos” o hubs tecnológicos dentro de la ciudad consolidada “disminuye drásticamente”, afirman. Esto hace “inviable económicamente” la atracción de nuevas PYMES tecnológicas, debido al encarecimiento del suelo urbano.

Más Madrid alerta además de discrepancias en el modelo de ciudad que dibujan ambas normativas. Las alegaciones recogen que el Plan Especial “choca frontalmente” con los objetivos de Sostenibilidad y Economía Circular que marca el Plan de Industria en su línea 3, donde enfoca el futuro de los espacios productivos madrileños en la transición ecológica y energética o la medición de la huella de carbono. También en la manera de afrontar la Movilidad Sostenible de Mercancías versus el Tránsito Turístico. El Plan de Industria está ideado para el movimiento de personas y mercancías en las áreas productivas y de servindustria. El Plan Especial, al introducir hospedaje turístico masivo en un entorno donde se busca potenciar y transformar la logística urbana, genera “incompatibilidades de uso insalvables” ante el tráfico “constante” de maletas, taxis, autobuses turísticos y peatones.

Fuentes del área de Economía, Innovación y Hacienda consideran, por contra, que ambas normativas son “instrumentos distintos y compatibles”. Sostienen que el Consistorio “no está transformando suelo industrial en residencial ni liberalizando el hospedaje en los polígonos”, ya que “el hospedaje ya era un uso alternativo en estas parcelas, limitado a hoteles”. Eso sí, “la modificación amplía sus modalidades, aunque únicamente en ámbitos del grado 3º, cuya evolución ya es terciaria”. Apostillan asimismo que “el Ayuntamiento, a través de su Plan de Industria, destina 196,2 millones a modernizar, hacer más sostenibles y reforzar los espacios con verdadera capacidad productiva”. Desde el área de Urbanismo no responden hasta el momento las preguntas trasladadas por este periódico.

Almeida ha firmado el fin de la industria en Madrid con un plan especial desde Urbanismo que desmantela normativamente la protección del suelo industrial para subordinarlo a las necesidades del sector hostelero y turístico

Sara Ladra — Concejala de Más Madrid y portavoz del grupo en la Comisión municipal de Economía y Hacienda

A Sara Ladra, edil de Más Madrid, no le convencen ni el propio Plan de Industria ni su coexistencia con los cambios en los usos del suelo: “Almeida ha firmado el fin de la industria en Madrid. Después de seis años sin estrategia en la materia, presentó un plan estratégico que es puro humo y que acaba de dilapidar con un plan especial desde Urbanismo, que desmantela normativamente la protección del suelo industrial para subordinarlo a las necesidades del sector hostelero y turístico”.

“¿Para qué dice el PP que va a recuperar naves y polígonos si al mismo tiempo cambia las reglas del juego para que sea más rentable convertirlas en hoteles que en proyectos industriales o centros tecnológicos?”, se pregunta en declaraciones a este diario. “Almeida ha apostado todo el modelo económico de nuestra ciudad al sector servicios, al turismo, la hostelería y, por supuesto, al sector inmobiliario, que es su gallina de los huevos de oro. La especulación y la venta de Madrid, al mejor postor. El peso de los servicios alcanza ya el 84% en Madrid, 10 puntos más que en el conjunto de España”, incide la concejala.

Modelo entre el hospedaje y la vivienda reforzado con políticas municipales

Más allá de la coherencia y cohesión con este marco de acción, las alegaciones de Más Madrid al Plan Especial aluden a otras cuestiones para solicitar su retirada y no aprobación, o al menos una revisión específica de cualquier cambio de uso a hospedaje. Denuncian la ausencia de una evaluación de la carga turística que supondrá la nueva oferta turística, tachan de “insuficiente” el estudio económico-financiero y la justificación de la prevalencia del hospedaje sobre otros usos urbanos y critican “déficits” en la delimitación de los ámbitos afectados o la accesibilidad de la información pública.

La normativa en ciernes supone un nuevo impulso del equipo de Almeida al hospedaje turístico, en particular a una figura ambigua y desregularizada como el flex living. El concepto agrupa modalidades de alojamiento sobre el papel de carácter temporal, pero con cierta vocación de permanencia, en espacios amueblados que ofrecen servicios incluidos como limpieza, internet, zonas comunes o coworking.

Son, en resumidas cuentas, viviendas temporales de alquiler con prestaciones adicionales y precios generalmente elevados. Así, se asientan sobre suelos terciarios, pero en la práctica el uso es prácticamente residencial (una diferencia fundamental con modelos similares como el coliving). Esto permite alquileres de media estancia, de días a meses, sin las restricciones legislativas de la vivienda convencional y ni siquiera las de la turística. Todo ello sin que los barrios se adecúen a nivel de movilidad o servicios públicos como lo harían si esas dotaciones se considerasen viviendas.

Las compañías dedicadas al flex living han sabido tejer conexiones con la política institucional. Borja Carabante, delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, ha llegado a publicitar una promoción que se edificará sobre terrenos cedidos por el Ayuntamiento en canales de comunicación municipales. Una acción contestada con dureza por otros usuarios (“¿ahora sois Booking?”, preguntaba irónicamente uno de los perfiles que respondieron al post). Su predecesor es directamente toda una cabeza visible del sector. Mariano Fuentes, que llegó al Consistorio de la mano de Ciudadanos, se incorporó en febrero a la Comisión de Urbanismo de la Asociación de Espacios Inmobiliarios Compartidos COWORD. Aterriza, según la propia entidad, para “impulsar el desarrollo normativo del flex living en España”.

Además de estas campañas y del nuevo Plan Especial, el Gobierno de Almeida ha contribuido al formato en escenarios como el paseo de la Ermita del Santo del distrito de Latina, donde un “agujero normativo” (en palabras de la oposición socialista) permite que una promotora haya vendido una de sus parcelas terciarias para que sean dedicadas a este tipo de viviendas de alquiler que escapan a la Ley de Arrendamientos urbanos (LAU). Todo ello después de que dichas parcelas multiplicaran su labor gracias a una recalificación del Ayuntamiento, que precedió al desmantelamiento del antiguo centro de ocio de la zona para edificar torres mediante un “pelotazo”, como lo definen los vecinos que lo han llevado a la Justicia.

La implantación del flex living en las nuevas edificaciones estaba ya prevista inicialmente en el proyecto apoyado por el Consistorio, pero a los 530 pisos originales se le sumarán varios cientos más. Al planeamiento de las viviendas, aprobado en solitario por el PP municipal gracias a su mayoría absoluta, se le unirán otros 5.763 metros cuadrados (y 1.200 adicionales de uso dotacional privado) comprados por la empresa Dazia Capital para un proyecto de flex living. La misma empresa ha adquirido allí otra parcela residencial de 11.040 metros cuadrados. Ha pagado por ambas alrededor de 50 millones de euros. Se espera que este formato residencial tenga también presencia en los terrenos recalificados por la corporación municipal en la ciudad deportiva del Real Madrid.

Sara Ladra teme que el modelo continúe expandiéndose pese a los escasos beneficios que depara para la ciudadanía: “Almeida tiene muy claro su modelo de ciudad y su último invento para seguir robándonos Madrid es una estratagema perversa para especular con las viviendas. El plan especial abre el abanico del suelo industrial al sector turístico y aquí es donde entra el flex living, otro truco para permitir que se siga construyendo vivienda turística en terreno público, gracias a un agujero negro en la legislación del suelo. No es una actividad económica que tenga un retorno para la ciudad, para mejorar la vida de la gente, es una actividad para favorecer el turismo”.

“El Gobierno de Almeida argumenta que sus políticas buscan redistribuir a los turistas fuera del centro, pero el flex living es un truco para evitar la LAU. Es lo mismo que ha hecho en el centro de Madrid con el Plan Reside: permitir que inversores privados hagan más y más vivienda turística en nuestra ciudad”, dice Ladra. La concejala opina que estos alojamientos de flex living “van a ser las nuevas viviendas de uso turístico [VUT]”. Esto es, “apartamentos para estancias de semanas o meses en zonas como Vallecas, Usera, Retiro o Puerta del Ángel o pegado a la gran curva del circuito de Fórmula 1”. Considera “irónico” que, mientras “las ciudades europeas legislan a toda velocidad para acabar con el alquiler turístico o de temporada”s, Almeida hace “justo lo contrario”. Con ello, zanja, el Ayuntamiento “favorece a los turistas y a los especuladores en vez de a los vecinos y vecinas de Madrid”.

La compañía de servicios inmobiliarios JLL estima en un informe de finales de 2025 en 19.089 la cantidad de camas flex living en España, un número que podría duplicarse hasta las 38.716 en solo dos años. El análisis expone que la Comunidad de Madrid concentra esa oferta, el 60% de las camas actuales y el 72% de las proyectadas. 11.375 están ya en el mercado y más de 14.000 en desarrollo, para un total de 25.375 plenamente operativas en 2028 (en Barcelona, segunda provincia en implantación, no llegan a las 7.000). La capital aglutina la inmensa mayoría dentro de la región.

Para JLL, son “la presión demográfica” y “la transformación del hogar” los principales factores que impulsan estos alquileres flexibles no calificados como viviendas, aunque muchos de sus inquilinos las habiten como tales. Apostillan que ha dejado de ser “una solución dirigida exclusivamente a jóvenes profesionales o millennials” para convertirse en “una alternativa estructural dentro del mercado residencial español”. Una nueva y distante forma de habitar la ciudad que se deja notar cada vez en más barrios de Madrid.

El proyecto de modificación del plan general, puntal de la recalificación de terrenos en la ciudad deportiva del Real Madrid que se encuentra desde el pasado miércoles en información pública, revela los pormenores de una operación con la que Florentino Pérez vuelve a lograr grandes ventajas para el club de la mano del Ayuntamiento de Madrid. El Gobierno de José Luis Martínez-Almeida recalifica la edificabilidad de 448.000 metros cuadrados en Valdebebas para darles un uso lucrativo: un hospital y una universidad privadas, oficinas, hoteles, comercios y hasta formatos de hospedaje temporal estilo flex living podrían aterrizar en el entorno.

El documento, cuyos detalles ha adelantado El País, refleja que la zona apenas conserva 89.000 metros cuadrados de edificabilidad para uso dotacional deportivo, frente a los 360.000 de la actual normativa. De ellos, el Real Madrid tiene construido solo unos 60.000, la mayoría ocupados por el estadio Alfredo Di Stéfano. Hasta los nuevos 532.000 metros cuadrados de edificabilidad, el resto pasan a ser 276.000 metros cuadrados para equipamiento privado y 172.550 en calidad de servicios terciarios tipo oficinas, hoteles u otro tipo de alojamientos.

Todo ello implica un mayor valor de los suelos, ahora con una valoración de 360,1 millones de euros, según un informe adjunto de la consultora inmobiliaria Savills. En ese documento recogido por El País la revalorización es notoria: fijan en 40,7 millones el precio del suelo deportivo; en 133,9 millones el dotacional privado y en 185,5 millones el terciario. El Real Madrid consuma así su propósito de convertir los terrenos baldíos de Valdebebas en un gran campus tecnológico y educativo al que añadir servicios de ocio, que no encajan en los actuales usos para los que está pensada la parcela. El nombre escogido para el entorno es Madrid Innovation District, como anunció Florentino Pérez en un acto conjunto con Almeida y la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso.

En el uso deportivo, el Real Madrid levantaría nuevos campos de fútbol y servicios vinculados (10.000 metros cuadrados), así como un “club deportivo” de 9.993 metros cuadrados. Respecto al suelo terciario, alrededor de 100.000 metros cuadrados se destinarán a edificios de oficinas y el resto a otros usos como hospedaje, recreativo y comercio de proximidad. Este último apunte cierra la puerta a que se construya un centro comercial, aunque ya se prepara otro en otro punto de Valdebebas. En cuanto al equipamiento privado, alrededor de 110.000 metros cuadrados están previsto para sanitario, caso de un hospital privado. La misma cifra para educativo, lo que parece que se traducirá en la llegada de una universidad privada. Alguna instalación cultural completará la edificabilidad de este apartado.

La entidad blanca figura como único promotor, al tener en propiedad una parcela de 1.200.000 metros cuadrados de uso vigente dotacional deportivo privado, pero ello no le impide futuras ventas. De hecho, el club ya lo hizo en la primera etapa de Florentino Pérez como presidente, a comienzos de siglo. Fue con otra gran recalificación auspiciada por el Ayuntamiento de la capital: la de la ciudad deportiva de la Castellana, donde actualmente se erigen las conocidas como las Cuatro Torres. El Real Madrid se trasladó entonces a Valdebebas, salvo su estadio, en un movimiento que reportó grandes beneficios al club y que resultó vital para la sostenibilidad en su etapa de “galácticos”. Ahora, tras el traspié de los conciertos paralizados en el Bernabéu, la recalificación podría revitalizar de nuevo las cuentas de la entidad.

La memoria económica del proyecto, del que Pérez hizo gala en los últimos comicios en el club que acabaron con su reelección, apunta a un coste de 1.200 millones euros en la construcción. Desde Cibeles auguran que las obras arrancarán en 2029, después de la aprobación definitiva que deben dar el Ejecutivo municipal y el autonómico, algo que no parece difícil dado que su éxito está garantizado siempre que se confirme la continuidad del PP en los gobiernos madrileños.

Los documentos indican que el desarrollo estaría “estabilizado” en 40 años y los primeros ingresos para los promotores llegarían en 2031. Justifican la operación aludiendo a que hasta ahora solo se ha ejecutado un 17% de la edificabilidad máxima en la parcela del Real Madrid, lo que supone una infrautilización del suelo urbano consolidado. Una situación análoga a la de otros terrenos del entorno donde no se han puesto en marcha operaciones de este calado. Mientras, los vecinos de Valdebebas (área cercana a Ifema o al aeropuerto de Barajas) ven cómo aterrizan otros grandes eventos como el Gran Premio de Fórmula 1.

La oposición critica un “pelotazo” y se pregunta “dónde está el interés general”

Los reproches de la oposición no se ha hecho esperar. Desde Más Madrid califican la información conocida de “pelotazo”, como traslada la concejala Sara Ladra: “Almeida lo ha vuelto a hacer. Ha vuelto a demostrar en pleno mes de agosto, aprovechando que media ciudad está de vacaciones, para quién gobierna realmente Madrid: para que los más ricos se hagan megarricos”. Y añade: “Unos terrenos que iban a ser para equipamientos deportivos, ahora serán más hoteles y colivings de lujo, hospitales o universidades privadas... Todo para que se forren los de siempre. Valdebebas necesita colegios y centros de salud públicos, no más hoteles y oficinas”.

“Esta recalificación nos costará más a todas y todos los madrileños: 25 millones todos los años, que no se compensarán, si lo hacen, hasta más allá del año 2033 y que no se dedicarán a otros servicios públicos esenciales que no están suficientemente dotados: limpieza, escuelas infantiles, más autobuses y más rápidos…”, subraya Ladra.

También se ha mostrado muy crítico Antonio Giraldo, portavoz socialista en la Comisión municipal de Urbanismo: “Este es otro caso de urbanismo a la carta que Almeida y Borja Carabante practican desde que empezaron a gobernar”, afirma el edil. Explica que se trata de una recalificación inmensa, que ya viene de una anterior que se hizo “por la supuesta necesidad de un equipamiento deportivo”. “Lo justifican diciendo que solo se ha desarrollado una pequeña parte de él y nos preguntamos qué justificación es que un propietario no haya cumplido con sus deberes de desarrollar su suelo”, apostilla.

“Lo que ocurre es que al Real Madrid le ha surgido una nueva oportunidad de negocio y eso puede ser consecuencia de la deuda que tiene con el Ayuntamiento después del desastre que el Consistorio le provocó al Real Madrid con los aparcamientos del Bernabéu, o sea, por la negligencia habitual del Gobierno municipal. La pregunta es dónde está el interés general de toda esta operación y la respuesta es que lo que está bien claro es el interés particular del club por el enorme y abultado volumen de ingresos, por encima de los 300 millones de euros, que va a provocar esta recalificación urbanística. Por el momento no hemos encontrado ninguna repercusión en el interés general”, concluye el concejal.

La delegada de Obras y Equipamientos del Ayuntamiento de Madrid, Paloma García Romero, ha rechazado por contra la calificación de “pelotazo”, al tiempo que ha defendido que será una actuación “buena para Madrid” y “buena para los madrileños”. Preguntada por las críticas de Más Madrid y PSOE en declaraciones a los medios tras un acto, García Romero cree que “lo que tiene que hacer es presentar alegaciones” y ha recordado que el plazo permanece abierto hasta finales de septiembre. “Es una tramitación urbanística normal y corriente”, ha manifestado, al tiempo que incide en que la modificación todavía no tiene carácter definitivo.

En la Gran Vía de Madrid hay letreros de todos los colores y tamaños, que dan vida a una de las arterias más reconocibles de la capital. Pero solo uno resiste 16 años después de que el Ayuntamiento emitiese una orden de desmontaje que sigue sin ejecutarse desde el 16 de diciembre de 2010. Ubicado en el número 64 de la céntrica calle, se trata de un luminoso con 13,8 metros de longitud de España SA, aseguradora del ultrarrico profesor Jesús Huerta de Soto. Una conocida figura en ambientes ultraliberales y entre los alumnos de la Universidad Rey Juan Carlos, pero cuyo protagonismo mediático creció exponencialmente al convertirse en uno de los gurús del presidente argentino, Javier Milei. Ambos han manifestado su admiración compartida en entrevistas e intervenciones públicas.

La situación del cartel, enconada pese a que hasta seis sentencias han rechazado los argumentos de la compañía, ha llegado incluso al Defensor del Pueblo. En un escrito al respecto, al que ha tenido acceso Somos Madrid, Ángel Gabilondo solicita al Ayuntamiento de Madrid que le mantenga “informado de los avances en la tramitación del expediente” y “confirme que, en efecto, se ha procedido al desmontaje de la instalación publicitaria”.

La contestación de Gabilondo menciona asimismo que el Ejecutivo de José Luis Martínez-Almeida “ha remitido [al Defensor del Pueblo] copia de un informe emitido por el Servicio Jurídico del distrito Centro”. Este incluye la orden original de eliminar el luminoso y cita otras medidas igualmente infructuosas “debido al incumplimiento de dicha orden”, entre ellas “sucesivas multas coercitivas”, todo ello “sin que hasta la fecha se haya procedido al desmontaje de la instalación”. El patrimonio de Huerta de Soto explica la falta de éxito de las sanciones económicas. Entre 2017 y 2023, su empresa Inmobiliaria Hispania tuvo que pagar 6.000 euros en calidad de propietaria del inmueble. Solo en 2023, la compañía facturó cerca de 9 millones y consiguió unos beneficios de 3,46 millones de euros.

La documentación menciona igualmente que “se ha incoado el expediente de ejecución sustitutoria número 101/2026/03440”. Es decir, el trámite que desbloquearía al fin el cumplimiento de la directriz municipal. Dicho expediente “se encuentra en el Servicio de Medio Ambiente y Escena Urbana del distrito, pendiente de la emisión del correspondiente informe”. Fuentes municipales consultadas por este periódico aluden únicamente a este reciente avance al ser consultadas por este tema: “El Ayuntamiento ha iniciado el expediente para la ejecución subsidiaria de la retirada”.

El Defensor del Pueblo espera “algún avance significativo” en “un plazo prudencial”

El pronunciamiento de Gabilondo llega después de una queja remitida por un concejal de Más Madrid, José Luis Nieto, portavoz de la formación en la Comisión municipal de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad. El Defensor del Pueblo paraliza con la contestación su intervención en el proceso, salvo que este permanezca bloqueado: “Como puede transcurrir algún tiempo antes de que se produzca dicho desmontaje, se suspenden las actuaciones seguidas con el Ayuntamiento hasta que se produzca algún avance significativo al respecto. Ahora bien, si en un plazo prudencial no se recibe dicha respuesta, esta institución volverá a dirigirse al Consistorio para conocer los motivos de la demora”.

Nieto, en declaraciones a este medio, compara la situación con la de otra polémica reciente: “Como en el caso del ático de Ayuso, el PP de Almeida ha intentado esconder el escándalo de no ejecutar una sentencia judicial firme metiendo el expediente en el fondo de un cajón. Pero el Defensor del Pueblo les ha vuelto a pillar con el carrito del helado y les ha forzado a abrir el expediente de ejecución sustitutoria, al tiempo que les advierte de que va a estar atento para que no vuelvan a archivarlo”.

“Las preguntas son claras. ¿Quién dio la orden de paralizar el expediente y no seguir con su tramitación? ¿Cuáles son los vínculos entre el multipropietario inmobiliario Huerta de Soto y el PP? ¿Por qué este trato de favor del que no goza el común de los vecinos de Madrid?”, traslada el edil. “Más allá de la ejecución sustitutoria del desmontaje del rótulo que le ha exigido el Defensor del Pueblo, el alcalde debe dar respuesta a estas preguntas y depurar responsabilidades. Desde Más Madrid vamos a seguir explicaciones en todos los ámbitos institucionales que hagan falta para que Almeida cumpla con la ley”, zanja.

Un letrero heredado de una empresa heredada

Huerta de Soto es a la vez anarcocapitalista, ultracatólico, funcionario público y partidario de desmantelar el Estado. Desde hace años difunde sus teorías desde la Rey Juan Carlos (centro universitario público), de la que es catedrático, así como a través de YouTube.

Pese a su firme creencia en la meritocracia, heredó España SA de su padre, aunque fue su abuelo quien fundó una entidad especializada en seguros de vida. También es propietario de la citada Inmobiliario Hispania, con una importante cartera de pisos en Madrid (el primero de la familia fue el del letrero en cuestión), agraciada con subvenciones, que tuvo relación con personajes vinculados al franquismo y, en definitiva, es un negocio con importantes beneficios.

Todo ello pese al escenario catastrofista que dibuja el magnate desde hace décadas, sobre todo para los emprendedores y los grandes empresarios. Poco antes de que el Ayuntamiento por entonces liderado por Alberto Ruiz-Gallardón le ordenara desmontar el cartel en septiembre de 2010, el empresario afirmaba en una entrevista que la Seguridad Social “está en una situación sin salida”. También que “el Pacto de Toledo es un pacto de silencio, que oculta la verdad a los ciudadanos” y que “es más difícil despedir a un trabajador que divorciarse”. Abogaba además por privatizar las calles, “como si fueran urbanizaciones privadas”: “Serían así más seguras y menos ruidosas”.

Eterno tira y afloja

La ilegalidad del letrero, colocado en 1973, ha quedado refrendada en varias sentencias. Ya en 2014, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) declaró firme la resolución de 2010 del Ayuntamiento que obligaba a retirar el letrero. En septiembre de 2022, el TSJM rechazó un recurso de España SA e Inmobiliaria Hispana SA contra la decisión del Consistorio. Los argumentos eran contundentes: “El cartel en cuestión carece de licencia dado que la concedida en el año 1973 lo era condicional y sometida a revisión en el plazo de dos años, lo que no se produjo, sin que se haya procedido a su legalización”. Esa sentencia la confirmó el Tribunal Supremo a principios de 2023.

Ya antes, en agosto de 2022, otra sentencia del TSJM negó que el cartel pueda considerarse parte del patrimonio histórico de Madrid “por su valor histórico y cultural, conforme el paisaje urbano de la ciudad”, como pretendía la compañía: “Solo consta una licencia del año 1973, ilegal desde dos años después al no constar la renovación de la misma. Fuera de ese dato no existe un estudio histórico y cultural que haga ver que el rótulo, configurado por el nombre comercial de la aseguradora en letras sueltas, reúna dichas características, ya que el mero hecho del transcurso del tiempo no da ese valor”.

Así, el intento por compararse con los icónicos rótulos de Schweppes y Tío Pepe no surtió efecto, ni en el Ayuntamiento ni con los jueces. En marzo de 2021, los técnicos de la Comisión para la Protección del Patrimonio Histórico Artístico y Natural del municipio de Madrid (CPPHAN) rechazaron esa petición por entender que “el rótulo supone un impacto negativo en la fachada dado que no contribuye a la defensa de los valores que permitieron la catalogación del edificio” y no tiene reconocido el carácter de histórico, “a diferencia de los rótulos mencionados en su propuesta”.

El TSJM recalcó que “son los hechos singulares, el significado especial que pueda tener el rótulo para la gente u otro tipo de consideraciones que acrediten ese especial valor especial” lo que “merece” protección. Confirmaba así una sentencia previa del Juzgado de lo Contencioso 28 de Madrid, que desestimó los “argumentos patrioteros, desprovistos de toda base jurídica” utilizados por la empresa de Huerta de Soto. Un portavoz no identificado de España SA reconoció a elDiario.es que ese letrero es ilegal, como “miles” similares en Madrid.

Después de la primera publicación al respecto en este diario, España SA volvió a pedir regularizar el letrero al equipo de Almeida. Un expediente de obtención de “licencia urbanística de actividad” para su “legalización” se dio de alta en los registros del Ayuntamiento el 4 de abril de 2025. Desde la aseguradora ignoraron una vez más las valoraciones de los profesionales de Patrimonio para aducir que “su singularidad es evidente”.

El informe presentado entonces en el Ayuntamiento concretaba que el horario de funcionamiento del luminoso sería “entre las 7 de la mañana al orto y desde el ocaso hasta las 12 horas”. Hablaba además de un “mensaje atemporal pero muy significativo”: “Es el nombre de la Nación, es ESPAÑA, ubicado en la vía más importante de Madrid, su capital, y junto a la plaza del mismo nombre. Su singularidad es evidente, y por ello, creemos que por su mensaje (social) sus características (letras sueltas) y su nombre (España), nadie podrá sentirse molesto por su mantenimiento. Al contrario, todos los inquilinos se sienten orgullosos y favorables”.

La solicitud concluía que con ese edificio España SA “ilumina desde hace años la fachada principal a la Calle Gran Vía para asombro y deleite de los madrileños”. La alta estima hacia la construcción dejaba pasajes como el siguiente: “Todos los edificios de la Compañía España SA, que son más de treinta, mantienen el mismo grado de conservación y mantenimiento. Son un verdadero lujo para la ciudad y para los ciudadanos, y representan una inestimable colección de la historia arquitectónica madrileña de los últimos siglos”. Lo contrastan incluso con otros artefactos similares de Gran Vía para indicar que el suyo “parece casi ingenuo, relajante y modélico”. Apostillaban para terminar que el letrero “ha formado parte de la escena de acontecimientos históricos, como la coronación de Felipe VI”.

La partida extraordinaria del Ayuntamiento de Madrid para la visita a la capital del papa León XIV, entre los pasados 6 y 9 de junio, superó los tres millones de euros solo en gastos directos. La inversión municipal alcanzó en concreto los 3.075.000 euros, que ascienden a 3.225.000 al añadir el IVA. Así lo detalla la respuesta del Ejecutivo de José Luis Martínez-Almeida a una petición de información al respecto, a la que ha tenido acceso este periódico y de la que informa en primicia.

Más de la mitad de ese dinero, en concreto 1,55 millones sin sumar impuestos, se corresponden con la gratuidad de los buses de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) del 3 al 9 de junio. La medida, que buscaba descongestionar el tráfico (una de las grandes preocupaciones de Cibeles para el acontecimiento), se aplica habitualmente en períodos como la vuelta de vacaciones de verano, las de Navidad o el Black Friday. Sin embargo, no suele durar tantos días seguidos, de ahí que haya comprometido una cantidad así de alta en esta ocasión. 1.727.095 viajeros usaron los buses urbanos durante esas jornadas, según recoge la documentación a la que ha tenido acceso Somos Madrid.

De hecho, otro de los principales desembolsos se dirigió a establecer el coste cero de Bicimad durante las mismas fechas, algo mucho menos usual. En este caso, se trata de más de 262.000 euros, IVA excluido. Tanto en Bicimad como en los buses, la contestación remitida por el Consistorio indica que los “ingresos dejados de percibir son a cubrir por el Ayuntamiento”. La EMT destinó asimismo más de 100.000 euros a otras tres partidas: el suministro, transporte y recogida de vallas extraordinarias; la producción y fijación de cartelería o banderas en 30 autobuses y la entrega de banderines de mano. Estos dos últimos gastos, de corte más simbólico, superan los 71.000 dejando el IVA al margen.

La siguiente partida en importancia fue la publicidad institucional: el diseño, producción y difusión de la campaña por parte de la Dirección General de Comunicación, dependiente del área de Gobierno de Vicealcaldía, Portavoz, Seguridad y Emergencias. 498.115,92 euros fue el precio de colocar la visita del Santo Padre como el gran reclamo y compromiso del equipo de Almeida.

De la misma área de Gobierno dependen tres grandes partidas que en su conjunto rebasan el medio millón de euros: las de los dispositivos especiales de Bomberos, Samur-Protección Civil y Policía Municipal. El primero de ellos supuso 84.313 euros, según informa la Dirección General de Bomberos. Samur divide sus costes entre personal (177.089 euros) y material (22.139). El cuerpo de agentes locales se lleva la cuantía más amplia: 257.845 euros.

La concejalía delegada de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad presenta tres inversiones por valor de unos 61.000 euros en conjunto. Las gratificaciones a agentes de movilidad supusieron 33.398 euros el sábado 6 y 22.426 el domingo 7 (no incluyen detalles de más días). Otros 5.153 euros se destinaron a la liquidación de servicios extraordinarios al personal de la Dirección General de Servicios de Limpieza y Residuos, de nuevo tomando únicamente los dos días del fin de semana.

El área de Obras y Equipamientos derivó por su parte 36.892 euros a través de la Dirección General de Conservación de Vías Públicas. Corresponden al pavimentado para facilitar la instalación del escenario en Cibeles, la colocación de iluminación y los gastos asociados a cortes de carril o alumbrado público.

El último departamento con gastos específicos es el de Cultura, Turismo y Deporte, concretamente a través de su secretaría general técnica: 10.506 euros en alza de la inversión por seguridad y 9.226 en un contrato menor de suministro de balconeras, al que hay que añadir 1.937 euros en concepto de IVA. Por último, la empresa municipal Madrid Destino (adscrita al área que lidera Marta Rivera de la Cruz) dedicó 4.103 euros a seguridad y limpieza, más otros 1.372 para publicidad institucional. Ambas partidas hay que completarlas con los correspondientes impuestos.

Estos gastos no incluyen otros ocasionados en el contexto de la visita eclesiástica, pero que el Consistorio ha situado dentro de los presupuestos “ordinarios”. Entre ellos se encuentran, por ejemplo, las 99.000 flores blancas y amarillas (colores de la Ciudad del Vaticano) que el Gobierno de Almeida plantó en grandes monumentos y rotondas. O las composiciones con letras de gran tamaño que daban la bienvenida a León XIV en lugares muy reconocibles de la capital, como el parque del Retiro, los jardines de Sabatini o la plaza de España.

Además, el alcalde entregó al sumo pontífice la Llave de Oro de la ciudad. Se trata del máximo reconocimiento de hospitalidad de la capital, entregado al Papa por su condición de jefe de Estado. Es una pieza de orfebrería que emula las antiguas llaves de la muralla y representa la confianza y la bienvenida de los madrileños a los mandatarios más relevantes que visitan la ciudad en viaje oficial. Se sumó con ello a un gesto previo de Isabel Díaz Ayuso, que entregó al sumo pontífice la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid como “cortesía y agradecimiento del pueblo de Madrid por su próximo viaje apostólico a España”. “Es nuestra máxima distinción”, dijo la presidenta autonómica.

Las cesiones y subvenciones directas ya superan las previsiones de la Conferencia Episcopal

Las dudas sobre los gastos de la ruta de Robert Prevost por España comenzaron a generarse ya antes de su llegada. Fuentes del Govern catalán aseguraban a elDiario.es que la subvención directa a la visita del pontífice sería de 1,6 millones. El dinero, sostenían, provendría de los ingresos obtenidos por la tasa turística. “No costará un solo euro a los contribuyentes”, apuntaban. En la Generalitat, no obstante, evitaban precisar el coste de la campaña publicitaria y de su inserción en medios públicos en horarios de máxima audiencia. En Canarias, el Gobierno regional aportó 2 millones de euros a las dos diócesis isleñas (Nivariense y de Canarias). Esta cantidad se suma a los 500.000 que puso cada cabildo insular, es decir, un millón más de los contribuyentes de Tenerife y Gran Canaria.

La Comunidad de Madrid afirmó que no destinaron subvenciones directas a la visita, aunque cedió espacios como la Real Casa de Correos, convertida en Centro Internacional de Prensa; la plaza de Lima (cerrada al tráfico para la vigilia con los jóvenes) y la plaza de Cibeles, donde el domingo 7 de junio se celebró la gran misa. Además, el Ejecutivo de Ayuso puso a disposición de la visita 80 institutos para alojar a los fieles, aunque finalmente el Arzobispado solo utilizó 18, después de que varios centros se rebelaran y emitieran comunicados contra el proceso seguido para la cesión de estos recintos. El Gobierno regional tampoco ha concretado el coste de estas actuaciones: “Cuando presentamos el proyecto de la visita del Papa intentamos hacer esa estimación, pero hasta que no concluya el evento es complicado hacer una valoración”. Dos meses después, siguen sin hacerla.

De hecho, ninguna administración ha aportado públicamente cifras totales sobre el dispendio total asociado al evento, que como muestran los diversos expedientes en la respuesta del Ayuntamiento de Madrid a través del portal de transparencia son completamente heterogéneos. La única estimación, que con la información actual parece bastante alejada de la realidad, fueron los 25 millones de euros de inversión total según la Conferencia Episcopal. El organismo eclesiástico asociaba apenas un 20% de esa cifra a administraciones públicas. Unos 5 millones de euros que ya quedan por debajo de las cifras detalladas que se conocen: los 3 millones de gasto directo del Ayuntamiento de Madrid; los 2,5 del Gobierno canario más los cabildos y los 1,7 del Govern. 7,2 millones que ni siquiera contemplan gastos indirectos.

Un retorno por debajo de las expectativas

Desde estas administraciones han insistido repetidamente en que cualquier inversión quedaría compensada con las ganancias que el paso del sumo pontífice por el país dejaría en sectores privados e incluso en las arcas públicas. Pero el efecto positivo de la visita a nivel económico pronto pareció diluirse, al menos en Madrid, más allá de algunos puntos concretos de la ciudad.

La Conferencia Episcopal estimaba un retorno de 150 millones de euros solo en la capital, que luego la Comunidad de Madrid redujo a 120 en toda la región. La sensación fue todavía menos halagüeña entre diversos comerciantes. Los más perjudicados fueron libreros y editores de la Feria del Libro, cuya logística se vio sensiblemente afectada por el dispositivo asociado a la visita papal, que obligó incluso a restringir las puertas de entrada y salida en El Retiro.

Incluso los hosteleros expresaron su decepción una vez finalizó: “Ha venido menos gente el fin de semana. En junio ya pasa que los findes son más flojos, mucha gente se va fuera. Pero con esto de reducir desplazamientos ha sido más heavy”, explicaba la trabajadora de un establecimiento de Arganzuela, dando cuenta del efecto de los mensajes del Consistorio para restringir las salidas o teletrabajar. “Hemos notado un bajón”, lamentaban desde un restaurante griego de Malasaña, mientras una pastelería de Antón Martín vio menos trasiego ese fin de semana por “los cortes de movilidad”. Incluso en pleno distrito de Chamartín, uno de los centros neurálgicos de actividad con eventos como el del Bernabéu, algunos bares trasladaban que “no se ha notado nada”.

Asimismo Hostelería Madrid, patronal del sector en la capital, no ofreció un análisis concreto sobre el impacto concreto de este acontecimiento: “No teníamos previsión de ingresos por lo del Papa”, afirman en una escueta respuesta a las preguntas de este medio. En contraste, la entidad trasladó a la prensa que los diez conciertos de Bad Bunny generarían un impacto de entre 14 y 28 millones de euros en la ciudad.

Begoña Perlines, gerente de la Asociación de comerciantes del Barrio de las Letras, apuntaba que a los hosteleros de este entorno del distrito Centro “no les ha funcionado bien el negocio”, aunque estaban “encantados con la imagen internacional que proyecta”. Exponía además los motivos de esta disfuncionalidad: “Lo peor ha sido para la hostelería de reserva, no tanto en la de comida rápida. Se ha resentido por la movilidad. Pasaban muchos voluntarios, pero no consumían. Llevaban sus bocadillos y bebidas. Las tabernas no han salido muy beneficiados. Han ido a menos, como ya preveían conforme se iba acercando el fin de semana”. El Gobierno de Almeida, en cambio, nunca cedió en su fe. Ni en sus inversiones.

“En vez de facilitar el acceso a la comunicación, que es un derecho humano, pone palos en las ruedas”. Javier Robles lamenta con estas palabras la situación de Radio Enlace, una emisora con 37 años de historia que sigue el día a día de la vida vecinal en el norte de Madrid. Javier, uno de sus coordinadores, arremete contra David Pérez en esas declaraciones después de que el concejal presidente del distrito de Hortaleza no haya renovado la concesión de uno de los dos locales a la emisora, el único accesible a personas con movilidad reducida.

Todo ello en medio de una enquistada confrontación entre el tejido asociativo y el exconsejero de Vivienda en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Un enfrentamiento que se remonta al inicio de la legislatura, cuando Pérez llegó a Hortaleza y comenzó a intentar revertir el peso de asociaciones de gran calado sociocultural en el barrio, las que con el paso de los meses y de su gestión han sido denominadas “críticas”.

“Mucha gente va a dejar de participar en Radio Enlace por el final de nuestra segunda sede. Tenemos 15 o 20 grupos de personas con diversidad funcional que vienen con iniciativas de varias fundaciones a hablar tanto de su realidad y sus circunstancias como de otras cosas que les interesan. Luego hay programas puntuales, como Cine Jabato, en los que una de las dos personas va en silla de ruedas. No sabemos si el espacio podrá continuar”, explica Robles en conversación con Somos Madrid. El situado en el número 6 de la calle Matapozuelos es uno de los dos lugares de grabación con los que cuentan, el más moderno, mientras que el activo desde la creación de la emisora en 1989 se encuentra en la calle Costa del Sol.

“Es un local con unas escaleras superempinadas y sin acceso habilitado para personas mayores o con movilidad reducida. El otro, en cambio, cuenta con rampas, está mejor equipado y es más o menos nuevo”, detalla. Además, servía para almacenar parte del copioso material que manejan y era usado para algunas de las numerosas grabaciones que se llevan a cabo en la cadena. No en vano, en la emisora hacen radio actualmente “cerca de 90 personas”.

Mientras buscan dónde guardar lo que ya han sacado del espacio, ante la falta de sitio en su sede original, confían en que la continuidad dentro de esta última nunca se comprometa: “Nos la cede la asociación vecinal La Unión de Hortaleza. Pero si un día cambia su junta directiva y quieren darle otro uso nos quedamos sin nada”.

Gozaban de las instalaciones ahora perdidas desde 2022, gracias a una cesión de un máximo de cuatro años por parte del anterior concejal presidente de Hortaleza, Alberto Serrano (Ciudadanos). “Lo que ahora pedimos es seguir utilizándolas hasta que se resuelva un concurso que de momento no está ni convocado, pero no nos han atendido. Y luego vemos que se hacen concesiones de parcelas municipales durante 50 años”, reprocha. Cita el caso del colegio Pedro de Alvarado, que lleva 15 años cerrado y solo encontró un nuevo uso como casa de asociaciones durante unos pocos meses, durante el mandato de Manuela Carmena, antes de volver a permanecer clausurado.

Javier Robles reivindica además la aportación de la emisora a un nivel social: “Somos una asociación cultural y una radio comunitaria que facilita el acceso de cualquier persona a la comunicación. No solo a recibirla, sino también a trasladarla. Llevamos desde 1989 haciéndolo sin publicidad, empresarios o administración detrás”. Lo que sí tienen es “un amplio respaldo comunitario en el distrito, así como de la Red Estatal de Medios Comunitariias y la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid”. Para aterrizar ese apoyo popular, han lanzado una campaña en change.org, que en pocas horas ha superado ampliamente el objetivo inicial de 1.000 firmas. Además, han convocado una concentración frente a la sede de Matapozuelos este martes a las 10.30.

La emisora pide más tiempo y el Ayuntamiento aduce que ya ha permitido prórrogas

Además del propio traslado, uno de los principales puntos de discordia ha llegado en los plazos de la ejecución, en pleno verano: “La fecha del 31 de julio nos trastoca bastante. Habíamos pedido en un escrito que nos dejen utilizar las instalaciones hasta la nueva adjudicación, a la cual nos vamos a presentar. Pero solo nos conceden un mes de plazo para irnos, hasta el 31 de agosto”. La Junta les deja acceder al local hasta esa fecha para llevarse sus enseres.

Fuentes del Consistorio madrileño trasladan a este periódico, por contra, que “la cesión del local no termina por una decisión política de ahora”. “El propio decreto firmado el 21 de junio de 2022 establecía una autorización temporal de un año, prorrogable hasta un máximo de cuatro, por lo que su finalización estaba prevista desde el primer día”, recuerdan. Precisan asimismo que “en febrero de este año se les notificó expresamente que el plazo máximo había finalizado y debían abandonar el inmueble una vez concluido el procedimiento”. Por ello, sostienen desde Cibeles que a los perjudicados “no les ha pillado por sorpresa ni se enteran el último día de julio, solicitaron ampliar el plazo hasta el 30 de junio y esa petición fue atendida y luego se les permitió permanecer un mes más para facilitar la retirada del material y evitar problemas”.

“Resulta llamativo que ahora digan que se les echa en verano, cuando fueron ellos quienes pidieron esa ampliación y, además, se les concedió incluso más tiempo del solicitado. Tampoco cuentan que pidieron un certificado para que, de cara al procedimiento de adjudicación de casetas de las fiestas, constara administrativamente que ya no disponían de local, circunstancia que podía beneficiarles en la puntuación”, precisan por último desde el Ejecutivo que lidera José Luis Martínez-Almeida.

“Nadie ha dicho que una cesión no pueda finalizar. Lo que criticamos es su forma de actuar. Meses sin responder, ninguna alternativa y una orden de desalojo inmediato el 31 de julio a una entidad que lleva décadas sirviendo al barrio. Esa es la cuestión que sigue sin contestar”, replicaba en X el concejal socialista Jorge Donaire. Antes, el concejal presidente había utilizado de nuevo sus redes sociales para arremeter contra sectores críticos y contra la oposición: “Según el PSOE y Más Madrid, las entidades de izquierdas no tienen por qué dejar un local municipal cuyo contrato ha vencido. Se creen por encima de la ley. Y no. Vaya ejemplo que dan a los ciudadanos, despreciando así las normas y las instituciones para beneficiar a los suyos”.

La publicación de Pérez ha encendido los ánimos de la Coordinadora de Hortaleza, entidad que aglutina a distintas agrupaciones comunitarias del distrito: “Nos tiene bloqueadas, nunca ha aceptado una reunión, nunca nos contesta, pero sabemos que nos lee. Así que ahí va. Le ha dado locales a asociaciones amigas, con las que ha hablado, ha puesto todas las facilidades posibles y con unas ventajas que más quisieran el resto. No se piden privilegios, se pide diálogo, el mínimo de responder los mensajes, como con otros”.

La Coordinadora cuestiona además la valoración de Radio Enlace como “entidad de izquierda”: “Quien piense que Radio Enlace es eso no conoce nada Hortaleza, pero ¿cómo la va a conocer si viene uno o dos días a la semana como mucho? Radio Enlace ha sido, y será, escuela y altavoz para cientos de vecinas, asociaciones, grupos de música, mayores, etc”.

Un choque más de Pérez con entidades comunitarias

La controversia se suma a un historial de tensiones entre el edil y diferentes entidades vecinales de Hortaleza, que le han valido el apodo de “concejal aguafiestas” y hasta la creación de un juego de mesa a su medida. Todo ello por sus recortes o trabas administrativas en diferentes festejos populares, como el Luis Aragofest o hasta un Carnaval cuyos permisos no fueron concedidos debido a “coincidir con la Cuaresma”. En otras celebraciones que sí han tenido lugar, las entidades critican los “arbitrarios” criterios para la adjudicación de casetas o el veto a la venta de alcohol (gran fuente de financiación). La concesión de ayudas o permisos, con cambios de criterios que ven arbitrarios y poco transparentes y que en ocasiones ni siquiera fueron respetados, ha sido otro de los puntos de fricción.

“Pérez juega a enfrentar asociaciones, te vas encontrando algunas en el barrio y te cuentan cosas con las que flipas. El año pasado en la Junta de Hortaleza dieron puntos a equipos de fútbol por unos torneos que luego nunca se celebraron. Esos puntos dejaron sin ayudas a otras asociaciones por unos supuestos”, narra Javier Robles. “Este año han convertido ayudas competitivas en unas que se repartirán por igual a cada entidad concedente, así que las que obtuvimos más puntos por presentar los mejores proyectos nos vamos a ver perjudicadas. Radio Enlace recibirá 1.250 euros, cuando el año pasado fueron 3.100. Mientras, asociaciones amigas que son de las que menos puntos tenían, conseguirán algo a cambio de perjudicar a las demás. Asociaciones vecinales y de familias van a presentar alegaciones”, expone.

“No sabemos por qué Pérez ha venido con este plan, pero desde el inicio ha jugado a dividir, utilizando para ello la declaración de fiesta popular, las concesiones de casetas o las subvenciones. A nosotros no ha sido capaz de darnos ninguna entrevista para explicarnos su política y mira que se lo hemos solicitado muchísimas veces”, zanja el coordinador radiofónico. Mientras, los festejos del distrito encadenan diversos escándalos por lo que las agrupaciones consideran actos de censura contra protestas vecinales. El último fue en junio, cuando una trabajadora de la Junta Municipal retiró una pancarta desplegada sobre el escenario. “David Pérez se irá y nosotros nos quedaremos porque el barrio es nuestro”, era el mensaje que contenía.

El Gobierno de Almeida acaba de dar el primer paso para otorgar al Real Madrid una ansiada recalificación en sus terrenos de Valdebebas. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento ha dado este jueves su visto bueno a la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOUM) para que estos terrenos, actualmente de uso deportivo, pasen a contar con la calificación de terciarios, un suelo con mayor rentabilidad.

El consistorio lo ha justificado afirmando que esta superficie estaba “siendo infrautilizada” pese a estar situada “en un importantísimo enclave de desarrollo económico” y que con esta modificación que ha pedido el club blanco se ganan “más de 20 hectáreas para equipamientos y zonas verdes”, ha asegurado la vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz, en rueda de prensa posterior al acuerdo.

Con la operación, el Real Madrid obtendrá 532.000 metros cuadrados de edificabilidad sobre unos terrenos deportivos hasta ahora sin uso, que recibió hace dos décadas el club blanco como compensación a otra recalificación, la de las Cuatro Torres de Castellana. “El objetivo es crear un campus de innovación tecnológica que sea de referencia internacional”, ha indicado Sanz. A cambio, habrá un parque público junto al arroyo de La Plata de 166.000 m² de extensión y otros 35.000 m² de una dotación pública, aún sin definir pero que estará vinculado “a la innovación y tecnología”, asegura el consistorio en nota de prensa.

La parcela sobre la que se ejecuta esta operación urbanística ocupa 1,2 millones de metros cuadrados. En ella se sitúa la ciudad deportiva del Real Madrid y el estadio Alfredo Di Stéfano, que ocupa unos 350.000 metros cuadrados. Los restantes 850.000 m² se repartirán de la siguiente forma: 650.000 m² para uso terciario privado del Real Madrid, con los citados 532.000 m² de edificabilidad, además de 200.000 m² de zona verde pública y un equipamiento. “Va a ser un hito histórico para la ciudad de Madrid”, ha asegurado sobre el proyecto la vicealcaldesa.

El Ayuntamiento de Madrid considera la ubicación de la parcela se considera especialmente adecuada por su cercanía al aeropuerto, el intercambiador de Valdebebas, el Hospital Isabel Zendal, IFEMA Madrid y a la futura Ciudad de la Justicia. El terreno es contiguo a los ámbitos Fuente Fría Norte y Solana de Valdebebas por el norte; al aeropuerto por el este; por la carretera M-11 al sur, y por la M-40 al oeste. La nueva valoración de los terrenos es todavía una incógnita, pero el propio Florentino Pérez aseguró que estaría cercana a los 1.000 millones de euros, según sus declaraciones durante la campaña previa a las elecciones por la presidencia del Real Madrid.

El Gobierno de Almeida había encargado hace unas semanas el estudio económico necesario para luego llevar a cabo la Modificación Puntual del PGOUM, la figura legal que permite la recalificación. La sintonía entre el Ayuntamiento y el Real Madrid en este caso parece bastante cercana, como mostró el propio alcalde al acudir a la presentación del proyecto, que se llama Madrid Innovation District (MID) y que tuvo lugar en mayo de 2025 durante un acto a puerta cerrada. También estuvo allí la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, cuyo apoyo también es imprescindible para llevar a cabo una operación que promete atraer una inversión de 8.500 millones de euros.

Ahora el Ayuntamiento de Madrid sacará a información pública el expediente de la recalificación, algo que hará previsiblemente en agosto, mes en el que muchos de los madrileños disfrutan de sus vacaciones. Estará disponible “hasta finales de septiembre”, ha indicado la vicealcaldesa. Pasado este trámite, deberá responder a todas las alegaciones que se efectúen para aprobarlo provisionalmente en el Pleno del consistorio, donde el PP cuenta con mayoría absoluta, y después deberá recibir el visto bueno de la Comunidad de Madrid, tal vez ya en la siguiente legislatura.

La construcción del campus tendría lugar entre 2028 y 2030 para las obras de urbanización y del 2029 al 2035 para los edificios que compongan el enclave.

Una “okupación” de un espacio que supera las 200 hectáreas, casi el doble de las que posee el parque del Retiro, en plena Casa de Campo. Con ese término describe la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, la situación administrativa que permite la continuidad del Real Club de Campo Villa de Madrid con su actual modelo. La líder de la oposición viene denunciando de manera reiterada que los actuales gestores del entorno, un puntal de la jet set y de ciertos sectores cercanos al Partido Popular, se aprovechan de una concesión caducada desde 2025.

El enorme recinto deportivo se erige sobre suelo público, pero su explotación corre a cargo de un grupo privado de socios en la actualidad. Maestre explica en declaraciones a los medios el origen de esta cesión y una controvertida actuación posterior para exponer la anómala coyuntura legal que rige sobre el espacio: “Según el acuerdo del pleno municipal adoptado en 1991, las instalaciones del club debían volver a manos del Ayuntamiento el 31 de diciembre de 2025, revirtiendo a la ciudad y todos los madrileños. Sin embargo, a las puertas de las elecciones municipales de 2003 y con José María Álvarez del Manzano como alcalde, el propio club decidió por iniciativa propia alargar su concesión nueve años más, hasta 2034. Lo hizo sin contar para ello con el refrendo del pleno, al que correspondía legalmente la decisión”.

“El propio Ayuntamiento nos ha confirmado que el Club de Campo Villa de Madrid está okupando los terrenos públicos municipales, ya que la concesión municipal para su uso venció el pasado 31 de diciembre de 2025. Desde el pasado 1 de enero sus instalaciones, que son suelo público y patrimonio de todos los madrileños, están siendo usadas por los socios sin ningún título ni ninguna autorización que lo ampare. Por ello, exigimos al alcalde que termine con esta situación y recupere este patrimonio público para abrirlo como equipamiento deportivo a todas las vecinas y vecinos”, reclama la concejala.

La edil fue un paso más allá en un mensaje publicado a través de BlueSky: “La concesión de los terrenos municipales para que los amiguitos de la jet set del PP hagan hípica y jueguen al golf lleva meses caducadas. Con razón ven okupas por todas partes. Exigimos al alcalde que rescate inmediatamente las instalaciones”. Por las instalaciones del Real Club de Campo Villa de Madrid pasan asiduamente o han acudido de forma ocasional personalidades como la infanta Elena, Cayetano Martínez de Irujo, Carlos Alcaraz o Marta Ortega.

El Club y el Ayuntamiento sostienen que lo que ha caducado no es la concesión

Desde el Real Club de Campo Villa de Madrid aseveran en declaraciones a este medio que el ente “no tiene caducada su concesión como empresa mixta”. Y explica: “La convalidación del pleno municipal en 1991 solo fue necesaria por darse una situación especial en la vida de la sociedad, la incorporación al accionariado como accionista con el 24,5% de las acciones de Patrimonio del Estado. Únicamente por ese motivo se llevó al pleno la cesión de acciones, que debía ser autorizadas por el titular de las acciones tipo A (el Ayuntamiento), según el artículo 6 de los Estatutos, incluyéndose en el cambio estatutario la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2025”. Es ese traspaso en parte de la titularidad del accionariado, sostienen, lo que estaría prescrito desde el 1 de enero.

“La prórroga de la concesión hasta el año 2034 que se hizo en el año 2003, por los tres accionistas de la sociedad mixta, no se llevó al pleno del Ayuntamiento por no existir ninguna circunstancia excepcional como la anteriormente descrita, siendo una facultad ordinaria de los tres accionistas conforme está recogido en sus estatutos fundacionales. Dado que la sociedad mixta se constituyó en el año 1984, la duración máxima de la sociedad mixta se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2034, fecha en que se cumplirán los 50 años establecidos legalmente”, exponen.

Desde el Ejecutivo de Cibeles desmienten las acusaciones del partido de Rita Maestre. En la Junta de Gobierno del pasado 16 de julio, la vicealcaldesa Inmaculada Sanz desechó la acusación de “escándalo mayúsculo” al asegurar que “[Maestre] no se ha estudiado correctamente la estructura societaria y los acuerdos vinculados al Club de Campo”. Así, la número dos del Consistorio respaldó las explicaciones del Club de Campo y recordó que “la entidad se creó en los años ochenta con la participación del Ayuntamiento de Madrid y la Real Sociedad Hípica Española Club de Campo, que aportó unos terrenos que tenía arrendados a Patrimonio del Estado [organismo adscrito al Ministerio de Hacienda]”.

“Patrimonio del Estado se incorporó como tercer socio y pasó a estar representado en el Consejo de Administración del Club de Campo tras firmar un acuerdo con la Hípica relacionado con esos terrenos. Es ese acuerdo entre Patrimonio del Estado y la Hípica el que ha caducado y cuya continuidad están negociando ambas partes”, apuntó Sanz, para luego apostillar que las reclamaciones de Más Madrid deberían dirigirse al ente de Hacienda y no al Ayuntamiento. Lo cierto es que la inauguración del Club de Campo en 1931 vino a raíz de un acuerdo entre Patrimonio del Estado y la por entonces conocida como Sociedad Deportiva Club de Campo, pero esta agrupación fue extinguida en 1984 y sustituida por la entidad vigente en estos momentos. Cuenta con alrededor de 34.000 miembros.

Sanz ha solicitado en cualquier caso a Más Madrid “un poquito de rigor” y ha defendido que, antes de formular una crítica, la oposición “debe estudiar el asunto”. Asimismo, echó en cara Más Madrid que cuestione ahora la gestión de las instalaciones cuando el Gobierno de Manuela Carmena no adoptó “una sola medida distinta de las que ahora se están llevando a cabo”.

Más Madrid alerta de otras irregularidades

Más Madrid venía denunciando ya irregularidades en el club, cuyo Consejo de Administración preside el propio José Luis Martínez-Almeida: “La gestión de nuevos socios es opaca. La lista de espera lleva bloqueada 20 años, mientras el total de miembros crece por la vía de parentesco con los socios ya inscritos. Por tanto, una institución que desarrolla su actividad en suelo público municipal funciona como un coto privado para una minoría privilegiada”. Maestre avanzó que su formación ha exigido ya “una auditoría”.

El Club de Campo acoge uno de los eventos en los que más dinero gasta el equipo de Almeida en lo que tiene que ver con patrocinios deportivos. El pasado año, el Consistorio destinó 3.630.000 euros en un contrato privado de patrocinio del Open de España de Golf. La subvención aumentó significativamente con respecto a la de años anteriores, debido a un nuevo convenio que se alarga hasta 2030.

La otra parte firmante, la compañía Madrid Trophy Promotion, organiza también el Open de Tenis, otro de los eventos deportivos que más dinero público recibe en la capital. En total, el Ayuntamiento de Madrid gastó en 2024 más de 17 millones de euros (impuestos no incluidos) en patrocinar este tipo de torneos, unas cantidades muy superiores a las que dedica cada año al deporte base.

El alcalde de Madrid ha dado este martes su versión sobre la conversación que mantuvo este lunes con el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, sobre el desahucio previsto de Casa Árabe de las Escuelas Aguirre, el edificio municipal que Gallardón cedió a la institución en el año 2008. La salida forzada de la institución está prevista para el 1 de septiembre y el Ministerio aseguró este lunes haber iniciado un diálogo “constructivo”.

En la conversación que mantuvo ayer con el ministro le ratificó que el Ayuntamiento va a “recuperar la posesión del edificio para poder hacer las obras necesarias e imprescindibles para garantizar la seguridad”. “Le trasladé que aquí ha habido una controversia durante demasiado tiempo entre el Ministerio y el Ayuntamiento sobre quién tiene que hacerse cargo de las obras. Como no hemos llegado a un acuerdo, el Ayuntamiento tiene que asumir la responsabilidad de que no pueda haber un peligro para las personas”, ha argumentado.

También trasladó al ministro que el régimen de obras en Escuelas Aguirre “es incompatible con la permanencia en este momento de las actividades de Casa Árabe”. “Y que, en su caso, lo que pueda pasar después necesitará un título jurídico habilitante, que en este momento no disponemos”, para el mantenimiento en ese emplazamiento, ha aclarado. En todo caso resulta “imperativo para el Ayuntamiento recuperar la posesión y hacer las obras que garanticen la seguridad del edificio”.

“Si el Ministerio no ha querido llegar a un acuerdo a lo largo de este tiempo, nosotros no podemos dilatar más la solución y que esta es la solución que nosotros vemos desde el Ayuntamiento”, ha insistido el alcalde. “Le ratifiqué que, al margen de que podamos mantener conversaciones y de que podamos ver de qué manera se puede solucionar de la mejor manera posible el futuro de Casa Árabe en la ciudad de Madrid, porque coincidimos en que queremos que Casa Árabe esté en Madrid, lo que sí le dije es que nos ratificamos en que recuperamos la posesión del inmueble para acometer de manera urgente las obras que sean necesarias”, ha remarcado. Hace unos días, el consistorio se negó a ceder cualquier otro edificio municipal a la institución.

“El ministro Albares lo primero que debería decir es oiga, nos equivocamos porque no pasa nada por reconocer que uno se equivocó nombrado a una persona que ha dejado prácticamente en bancarrota a Casa Árabe. El principal perjuicio que hay a Casa Árabe ha sido el nombramiento de Irene Lozano y cómo su nefasta gestión prácticamente ha dirigido a Casa Árabe a bancarrota”, ha trasladado José Luis Martínez-Almeida a la prensa desde el Planetario.

Hace un año, el alcalde de Madrid pronunció unas controvertidas explicaciones durante el Debate sobre el Estado de la Ciudad. Lo hacía para responder a las críticas de la oposición sobre la falta de bomberos en la capital de España: José Luis Martínez-Almeida echaba mano de la conocida como ley trans para justificarse.

“Vamos a llegar al compromiso en ese convenio colectivo que hemos firmado con el cuerpo de bomberos y con las secciones sindicales del Ayuntamiento de Madrid de alcanzar los 1.750 efectivos, y hemos convocado más de 500 plazas desde que estamos en el Gobierno municipal”, expuso Almeida. “No hay en estos momentos 126 bomberos y 60 conductores especialistas en las calles de Madrid por la infame Ley Trans que ustedes aprobaron en el Congreso de los Diputados. Ninguna ley en democracia ha hecho tanto daño a las mujeres como la del solo sí es sí y la ley trans”, afirmó después.

Almeida aludía a un supuesto retraso producido por el infructuoso intento de un candidato, David L.Y. (vinculado a grupos antifeministas y supremacista blanco), de obtener una plaza mediante el uso fradulento de la Ley Trans en el año 2024. Después de ser excluido enla relación provisional de aspirantes y luego readmitido, a principios de 2025 fue definitivamente expulsado del proceso cuando en un control antidopaje su nivel de testosterona marcaba un grado mayor al aplicable en las pruebas femeninas. Los retrasos en la incorporación de personal, sin embargo, no se debieron a este caso según el seguimiento del proceso que recoge el propio portal municipal. Cuando David presentó sus alegaciones aludiendo que era una mujer, otras cinco personas presentaron las suyas por distintas circunstancias, lo que hubiera retrasado igualmente el proceso aunque no se hubiera dirimido el caso del falso trans.

Aunque los hechos se circunscriben a hace más de un año, las palabras de Almeida están corriendo ahora como la pólvora en redes sociales, donde muchos usuarios las toman como actuales en medio de los incendios que afectan a la Sierra Oeste de Madrid, criticando al alcalde por una justificación ofrecida sobre un servicio que solo opera en Madrid capital y no tiene capacidad para actuar en bosques. Las competencias de apagar los fuegos en las zonas forestales de la región dependen de la Comunidad de Madrid.

La portavoz de la oposición, Rita Maestre, ha aprovechado la viralidad de este tuit para hablar de la querella que han impuesto a los dos últimos directores debido a la falta de personal. “Esta fue la respuesta infame de Almeida cuando le reclamamos más bomberos en Madrid: esparcir bulos y odio contra las mujeres trans”, ha recordado. “Prometió 1700 bomberos y hoy hay 200 menos, con jornadas de 72 horas. Se enfrenta a una querella por su gestión temeraria. Es un indecente”.

El propio alcalde Almeida ha respondido este martes a las palabras de Maestre, asegurando que su Gobierno sí que va a llegar al objetivo de 1.700 bomberos. “Tenemos un 10% más de plantilla que en 2019”, ha recordado mientras llama “indecente” a la portavoz de Más Madrid por “no incorporar más bomberos que este equipo de gobierno en un año”.

José Luis Martínez-Almeida también ha insistido hoy en que -pese a que los hechos contrastados indican lo contrario- “se retrasó la incorporación de una promoción de bomberos por una persona que quería aprovechar la Ley Trans para tener una ventaja”.

El ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación y Unión Europea, José Manuel Albares, ha hablado este lunes con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, para abordar la continuidad de la Casa Árabe en su actual sede, las Escuelas Aguirre. Según fuentes del Ministerio, la conversación ha sido “cordial” y “constructiva” y ha concluido con el acuerdo de mantener abierto el diálogo con el objetivo de que la institución pueda permanecer en el edificio, donde tiene su sede desde hace 20 años.

La llamada se ha producido después de que Albares remitiera una carta al regidor madrileño en la que le pedía abordar el anuncio de retirar la cesión del inmueble y desalojar la Casa Árabe antes del 1 de septiembre. El ministro ha trasladado de nuevo a Almeida que considera la decisión “incomprensible” y ha reiterado la “mano tendida” de Exteriores para buscar una solución. También le ha transmitido el malestar y la sorpresa que la medida ha provocado entre embajadores árabes acreditados en Madrid, estudiantes de árabe, intelectuales y otros sectores de la ciudadanía.

Albares ha expresado asimismo su “extrañeza” por que el anuncio se produjera públicamente sin haber sido consensuado con el resto de integrantes del Consejo Rector de Casa Árabe, del que forman parte el Ministerio de Exteriores, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Córdoba y el Ayuntamiento de Madrid. En este sentido, el ministro ha advertido a Almeida del “grave daño” que, a su juicio, supondría la salida de la institución de las Escuelas Aguirre para la política exterior española, la imagen internacional de España y la proyección exterior de Madrid.

Durante la conversación, Albares también ha recordado que el Ayuntamiento de Madrid ha participado en los patronatos de Casa Árabe y ha firmado las actas relativas a su gestión, al tiempo que ha defendido la labor de la actual dirección y el plan de gestión que está desarrollando. Además, el ministro ha anunciado que este martes mantendrá una reunión solicitada por los estudiantes de árabe en la sede del Ministerio de Exteriores del Palacio de Santa Cruz, quienes buscan una solución para poder continuar con sus cursos.

Almeida anunció a finales de junio que el Ayuntamiento recuperaría la posesión de las Escuelas Aguirre y que Casa Árabe tendría hasta el 1 de septiembre para abandonar el inmueble. La decisión se comunicó formalmente en una reunión extraordinaria del Consejo Rector del Consorcio Casa Árabe, después de que la Comunidad de Madrid abandonara el organismo. El Consistorio sostiene que este cambio en la composición del consorcio le permite recuperar el edificio en virtud del decreto de cesión de 2008.

El histórico inmueble, situado en la confluencia de las calles de Alcalá y O'Donnell, es la sede principal de Casa Árabe desde hace 18 años. En su momento, el Ayuntamiento justificó la decisión por el estado del edificio y por sus críticas a la gestión de la institución durante la etapa de Irene Lozano. Al mismo tiempo, manifestó su disposición a colaborar para que Casa Árabe encontrase otra ubicación, aunque descartó cederle otro edificio municipal.

Florentino Pérez tiene en mente varios planes para asegurar abundantes ingresos para el Real Madrid durante las próximas décadas que mantengan un alto nivel deportivo. La millonaria remodelación de su estadio –1.300 millones– es solo el eje sobre el que pivotarán los negocios del club blanco, algunos de los cuales necesitan de permisos, concesiones o recalificaciones de las administraciones públicas para llevarse a cabo.

De entre ellos, el más importante es el de convertir los terrenos baldíos de Valdebebas, junto a su ciudad deportiva, en un gran campus tecnológico y educativo al que podría añadir servicios de ocio, que no encajan en los actuales usos para los que está pensada la parcela, de 1,2 millones de metros cuadrados. La intención del Real Madrid es separar los campos de entrenamiento y el estadio Alfredo Di Stéfano de ella, actualmente con uso dotacional deportivo privado, y recalificar para poder albergar las nuevas actividades los restantes 850.000 metros cuadrados a uso terciario, un uso mucho más rentable.

El Gobierno de Almeida ya está moviendo fichas para cumplir los trámites necesarios. De momento, acaba de encargar el estudio económico necesario para luego llevar a cabo la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana, la figura legal que permite la recalificación. La sintonía entre el Ayuntamiento y el Real Madrid en este caso parece bastante cercana, como mostró el propio alcalde al acudir a la presentación del proyecto, que se llama Madrid Innovation District (MID) y que tuvo lugar en mayo de 2025 durante un acto a puerta cerrada. También estuvo allí la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, cuyo apoyo también es imprescindible para llevar a cabo una operación que promete atraer una inversión de 8.500 millones de euros.

Queda por saber qué reclamará el Ayuntamiento al Real Madrid por el incremento del valor de sus terrenos en esta operación. El propio Florentino Pérez aseguró durante su última campaña electoral por la presidencia que la parcela sin urbanizar está valorada en 1.000 millones de euros, aunque no detalló si esa valoración estaba calculada con el actual uso o con el que pretende darle. En cualquier caso, parece que la compensación a la ciudadanía de la capital por esta recalificación debería ser muy alta. El siguiente gran paso para este proyecto será el de la aprobación inicial de la propuesta de recalificación y su exposición pública, ante la que se podrán presentar las correspondientes alegaciones. Los trámites se alargarán varios meses y salvo sorpresa no llegarán a ser aprobados hasta la siguiente legislatura.

Pese a la relevancia de lo que se cuece en esa parcela de Valdebebas, pocos detalles se conocen del proyecto: ningún periodista ha podido preguntar al Real Madrid por los detalles, ya que en su presentación no hubo contestación alguna. Entonces, en declaraciones enviadas a los medios, Pérez aseguró que quería convertir Valdebebas en el “Silicon Valley” europeo. Antes, un vídeo de presentación publicado por el club deportivo apuntaba a que el campus albergaría compañías relacionadas con la inteligencia artificial, el big data, la educación o la investigación, además de empresas biológicas, de biotecnología, farmacia, genética, medicina deportiva y nutrición. También contemplaba otros negocios distintos a los puramente innovadores, como “empresas y universidades de ocio y tecnología, producción audiovisual, aplicaciones digitales, eSports, arte digital y entretenimiento”.

Un aparcamiento junto al Bernabéu y la cesión de la plaza

El segundo de los grandes negocios ideados por Florentino Pérez para el Real Madrid es el de los dos aparcamientos sobre suelo público (uno bajo Castellana, otro a lo largo de Padre Damián) que iba a explotar durante los próximos 40 años hasta que los vecinos de la zona se cruzaron por el medio. Una sentencia del Supremo tumbó a principios de mes el concurso que el Ayuntamiento le había hecho a medida y adjudicado en verano de 2023. La Justicia lo anuló un año después por falta de “interés público”, entre otras razones, sentencia ratificada después por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y ahora por el Supremo. Aquella sentencia consideró acreditado que hubo cambios relevantes en el estudio de viabilidad económico-financiera y estos no se sacaron a información pública, como era obligatorio. Los aparcamientos, además, son incompatibles con el propio Plan Especial del entorno, algo que ya pusieron de manifiesto los técnicos municipales del área de Desarrollo Urbano a través de un documento desvelado por Somos Madrid.

Una vez enterrado ese concurso, el Ayuntamiento intenta sacar adelante otro para salvar el parking de la Castellana. Lo hace para intentar salvar las aspiraciones del Real Madrid y por la elevada factura que el club blanco ha amenazado cobrar, que podría elevarse hasta los 22,5 millones de euros (17,4 por las obras ya ejecutadas, 3,5 millones por los costes de desmovilización, seguridad y desmantelamiento de la obra y 1,6 millones por el alquiler de instalaciones, los salarios del personal o las extensiones de garantías). De momento el área de Movilidad se ha reunido una vez con la Asociación Vecinal de Perjudicados por el Bernabéu (AVPB), la que logró la victoria judicial, para intentar convencerles de que no se opongan a un nuevo concurso. La idea del consistorio es que esta vez sí que haya espacio para los residentes en estas instalaciones, al contrario que en el primer concurso, que incluía 1.299 plazas solo para rotación -más rentables- distribuidas en cuatro sótanos.

Una de las claves del primer concurso es que el Real Madrid iba a llevarse también la gestión privada de 10.000 metros cuadrados de espacio público junto al estadio, donde el club merengue iba a poder organizar eventos. El Ayuntamiento podría intentar ahora volver a incluir esta cláusula, con evidentes ventajas para el club de Florentino Pérez. En este caso, los plazos son más cortos para que el concurso pueda ser adjudicado antes de que acabe mayo de 2027 -cuando serán las próximas elecciones municipales- y el Gobierno de Almeida podría intentar acelerar para completar todo el proceso burocrático justo antes de los comicios, aunque siempre estará el peligro de una nueva demanda vecinal de la AVPB, en el caso de que se vuelvan a oponer a la operación.

La vuelta de los conciertos, más lejana

El Real Madrid salió triunfante de otra denuncia de la AVPB sobre los eventos musicales que acogió en el año 2024. El director general del club, José Ángel Sánchez, evitó el juicio al que parecía abocado por haber permitido conciertos que se saltaron los niveles máximos de ruido. Después de haber constatado que el club blanco no es responsable de estas superaciones por alquilar su estadio, Florentino Pérez daba por hecho que volverían los grandes eventos, pero los promotores -que tendrían que pagar las multas y exponerse a las denuncias- aún no lo ven tan claro.

“Van a hacer unas normas especiales”, aseguró el presidente merengue sobre una supuesta relajación en las normativas que estarían preparando Almeida y Ayuso. “Hay que entender que vivimos en una ciudad de ruido”, respondió la segunda para justificar un posible cambio legal que parece será introducido en su recién iniciada ley LIDER. En este caso, el alcalde de Madrid se ha desmarcado de los favores habituales hacia el equipo de fútbol y considera que no debe tocar la parte municipal del control de decibelios. “Nosotros esto no nos lo planteamos en este momento y, en su caso, debería ser una cuestión que suscitara un amplio debate, si en algún momento dado planteáramos que se pudiera llegar a su modificación”, argumentaba esta misma semana.

La decisión de tirar, sin previo aviso, los pocos enseres de las personas sin hogar con la excusa de limpiar la calle ha despertado la indignación de colectivos y entidades del tercer sector. La decisión del Ayuntamiento de Madrid, sobre la que puso el foco del Defensor del Pueblo, que solicitó al consistorio que dirige José Luis Martínez-Almeida información sobre las actuaciones en este sentido, no es exclusiva de esta administración. “Esto es consecuencia de una política generalizada en España, que trata de gestionar las consecuencias del sinhogarismo pero no dedica a solucionarlo”, adelanta el director general de Hogar Sí, José Manuel Caballol.

Lo sucedido en Madrid ha sido el penúltimo ejemplo de una decisión que perjudica a los más vulnerables, pero no es el único: desde sustituir bancos por sillas como parte del mobiliario urbano o colocar reposabrazos para impedir que las personas puedan dormir en ellos, hasta las protestas por los escasos recursos del centro de acogida Juan Luis Vives de Vicálvaro, cuyos trabajadores denuncian condiciones de “hacinamiento”, según adelantó la Cadena Ser.

Según aduce el mismo Caballol, bajo normas aparentemente cívicas se termina castigando a las personas en situación de calle. En mayo de 2024, alrededor de los Jardines del Turia, en Valencia, aparecieron unos carteles que avisaban del desmantelamiento del asentamiento de personas en la zona. Para llevarlo a cabo, se valieron de la Ordenanza Municipal de Limpieza Urbana, que prohíbe “tirar y abandonar en la vía pública toda clase de productos que puedan deteriorar el aspecto de limpieza de la ciudad”.

La intervención en Valencia se ejecutó bajo el mandado de la regidora del PP María José Catalá, sin acompañamiento de los servicios sociales y sin alternativa habitacional para los afectados, que acabaron reasentándose en otras zonas de la ciudad. Todo ello sucedió tras la puesta en marcha de otras medidas, como la prohibición del reparto de comida a las entidades sociales y la aprobación de una estrategia de arquitectura hostil con el objetivo de “evitar los asentamientos ilegales”, con el anuncio de la construcción de unos estanques en la zona donde antes vivían personas en situación de calle.

En Málaga, la ordenanza de Convivencia también puede afectar de manera directa, por medio de sanciones administrativas, a las personas en exclusión social, incluidas aquellas en situación de calle. A pesar de la oposición del sector social, la modificación realizada en esta norma en 2023, por el equipo del 'popular' Francisco de la Torre, no despenalizó algunas de las prácticas a las que se ven abocadas las personas en situación de calle. Por ejemplo, “cualquier manipulación en las instalaciones o elementos de los estanques y fuentes, así como bañarse” o “lavar cualquier objeto” supone multas de hasta 750 euros.

“Estrategias hostiles para desalojar”

Según Hogar Sí, estas normativas sirven a los Ayuntamientos “como elemento promotor de estrategias hostiles para desalojar los asentamientos de personas en situación de sinhogarismo”. Otro ejemplo es Barcelona y su Pla Endreça, que recoge que la limpieza se establece como “uno de los ámbitos prioritarios de actuación del mantenimiento integral del espacio público”. Este Plan bebe de las ordenanzas de convivencia, sobre el uso de las vías y los espacios públicos, medio ambiente, circulación y la Ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana. La norma fue aprobada en julio de 2023 bajo el mandato del socialista Jaume Collboni.

Tal y como recalcan desde la entidad dirigida por Caballol, de las medidas derivadas de este Plan no solo se afirma la sanción de conductas incívicas, sino que también se promueve la denuncia del vecindario por medio de un portal online o a través de un número de teléfono. Una de las situaciones que animan a denunciar es la de “personas molestando en la calle”.

La Fundación Arrels, que trabaja con personas en situación de calle en la capital catalana, ha denunciado que desde que está en vigor este Plan han aumentado las multas, las amenazas de quitarles sus animales de compañía, tirar sus pertenencias o mojarlos para que se marchen de los lugares en los que viven.

Tenerife recula

Más allá de la geografía peninsular, desde el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife han intentado aprobar un reglamento de Atención Ciudadana que atentaba contra los derechos de las personas sin hogar. Tal y como expuso el propio Caballol en las alegaciones realizadas durante la tramitación del reglamento, algunos de sus artículos podían acabar con la denegación de entrada a las personas en situación de calle a los lugares en los que se ofrecen los servicios públicos municipales. En general, había una aportación al reglamento de una trabajadora municipal en la que se desprendían “diversos estereotipos o prejuicios relacionados con la higiene y la salud tanto física como mental de las personas en situación desinhogarismo”, afirma Hogar Sí.

El Consistorio tinerfeño está gobernado por José Manuel Bermúdez, integrante de Coalición Canaria, quien dirige el Ayuntamiento en coalición con el PP. En este caso, la alegación planteada por la entidad sí ha tenido el éxito buscado y el Consistorio ha modificado el texto propuesto para contemplar los requisitos establecidos por la Ley de Igualdad de Trato y no Discriminación que protegen a las personas en situación de calle.

Alta tasa de pobreza severa en España

Según el informe de 2026 sobre El estado de la pobreza, realizado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español, la tasa de pobreza severa española se sitúa por encima del promedio de la Unión Europea (5,3%) y alcanza el 8%. Por encima solo queda Bulgaria (8,1%), Croacia (8,3%) y Letonia (9,8%).

Asimismo, el documento recoge que las transferencias del Estado juegan un papel esencial en la contención de la pobreza y la reducción de la desigualdad, aunque existe margen de mejora. En este sentido, las transferencias —entre las que se cuentan los ingresos por jubilación o el ingreso mínimo vital— evitan que un 22,4% de la población esté en pobreza, 11 millones de personas. Sin embargo, otros países que parten de situaciones parecidas logran reducir mucho más la pobreza gracias a políticas más eficaces. Al mismo tiempo, la Red Europea afirma que en los últimos años más personas acceden a prestaciones sociales, tanto entre la población general como entre la población en pobreza.

Iván Lendrino, representante de Pueblos Unidos en la Mesa por la Hospitalidad de la Archidiócesis de Madrid, ha criticado las últimas medidas impulsadas por el Ayuntamiento de la ciudad y el Gobierno regional. El Ejecutivo liderado por Isabel Díaz Ayuso ha anunciado que no permitirá utilizar el abono transporte a aquellas personas no empadronadas en la Comunidad, lo que golpea directamente a muchas en situación de calle. “La Administración toma decisiones sin tener en cuenta otras perspectivas y por el camino quedan los más vulnerables, los que no tienen papeles, los que vive en la calle”, ilustra el propio Lendrino.

Por su parte, Alberto Tabernero, responsable del centro de atención a personas sin hogar Acouga de A Coruña, gestionado por Accem, reivindica que la población en situación de calle tiene que tener “la misma capacidad a la hora de ejercer sus derechos y posibilidades de participación”. Por eso, tirar a la basura los enseres de estas personas supone “desposeerles de lo poco que tiene”, dice Tabernero, quien alerta que, en muchas ocasiones, en esa acción también se pierde documentación importante.

La aporofobia, concepto creado por Adela Cortina y desarrollado en ‘Aporofobia, el rechazo al pobre. Un desafía para la democracia’ (Paidós, 2025), también tiene consecuencias severas a la hora de facilitar la participación ciudadana a las personas más desfavorecidas. “Las personas sin hogar se ven excluidas de esta participación, lo que hace que la opresión que recae sobre ellas sea mucho mayor. Tanto a nivel político como el voto o a nivel administrativo con quejas, su capacidad de réplica es muy limitada”, finaliza el responsable coruñés.

Estas medidas se producen y alimentan contextos de desprecio por los más pobres. En abril de 2024 en Valencia un grupo de individuos intentó quemar vivo a un hombre sin hogar en la zona de la Ciudad de la Justicia. Al mes siguiente y en la misma ciudad, fueron detenidos 11 jóvenes por humillar y agredir a personas en situación de calle. Las normativas que de forma directa o tangencial golpean a las personas sin hogar conllevan la deshumanización, el primer paso para que puedan tener lugar este tipo de acciones.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha trasladado que no aumentarán los decibelios permitidos en la ordenanza y ha anunciado que el Ayuntamiento presentará alegaciones en la regulación de la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas (LEPAR) para que siga siendo la Comunidad la competente en autorizar los eventos extraordinarios.

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobaba ayer el Proyecto de Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado de la Región (LIDER), una nueva Ley del Suelo con la que el Ejecutivo madrileño busca agilizar el desarrollo urbanístico, facilitar la construcción de vivienda y reducir los plazos de tramitación de planes urbanísticos de los actuales doce años a un máximo de cuatro. Dentro se encuentra la modificación de la LEPAR.

En cuanto al ruido y la vía libre que la modificación normativa da a los ayuntamientos, el alcalde ha confirmado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno que el Ejecutivo municipal “en principio” no tiene previsto modificar la ordenanza que determina el límite de decibelios en la ciudad de Madrid.

Esa modificación “merecería un debate muy amplio donde también debieran estar presentes los grupos municipales porque es una cuestión muy sensible, que afecta a la calidad y al bienestar de los vecinos”. “Nosotros esto no nos lo planteamos en este momento y, en su caso, debería ser una cuestión que suscitara un amplio debate, si en algún momento dado planteáramos que se pudiera llegar a su modificación”, ha argumentado.

La mayor tolerancia en los niveles de ruido para eventos especiales es una de las peticiones de sus promotores y de algunos de los dueños de recintos que los albergan. El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, confía en las reformas legales que le permitan volver a celebrar conciertos en lugares como el Santiago Bernabéu, donde actualmente se incumple la normativa sonora para este tipo de eventos.

Para José Vicente de los Mozos, presidente de Ifema, quedan apenas dos meses para alcanzar un “sueño”: traer la Fórmula 1 a Madrid. Es la gran apuesta de la institución público-privada, pero también de los gobiernos de José Luis Martínez-Almeida y de Isabel Díaz Ayuso. Un “sueño” que cada vez más se convierte en una pesadilla para algunos vecinos y cuyos pasos recuerdan a otros macroeventos. Los beneficios que según De los Mozos y la presidenta autonómica traerá el Gran Premio no terminan de convencer a falta de los últimos preparativos de cara a septiembre. “No va a haber una revalorización de las casas. Pompeya también es más conocido después del volcán, pero fíjate cómo está”, dice con su habitual lenguaje metafórico Constantino, portavoz de la Plataforma Stop F1 Madrid.

Vecino del barrio de Las Cárcavas, donde los distritos de Hortaleza y Barajas colindan, Constantino es una de las figuras más activas contra el Gran Premio de España, que se desarrollará en los alrededores de Ifema entre el 11 y el 13 de septiembre. Resume así su postura: “La rentabilidad social es muy negativa. ¿Qué precio tiene un barrio?”. Desde su punto de vista, los promotores públicos y empresariales del proyecto “organizan Madrid en contra de los ciudadanos”.

El escenario a su espalda parece respaldarle: una enorme grúa de 40 metros ocupa la acera y la mitad de un carril. Sorprende, nada más llegar a Madring, la cantidad de personas que trabajan todavía construyendo las gradas o los pabellones. Para septiembre el circuito tiene que estar totalmente listo, pero hay muchas cuentas pendientes. Lo primero que se aprecia es una gran polvareda fruto de las obras, una “tormenta de arena”, como dicen algunos residentes. Inmaculada explica que el polvo llega fácilmente a las casas bajas más próximas al circuito, incluido su propio patio. Lidian con él desde hace meses. Constantino apostilla que las placas solares que hay instaladas en las casas de uno de sus vecinos están continuamente llenas de ese polvo. Es lo que tiene estar “en primera línea de playa”, añade irónicamente.

“Una vecina tenía una pancarta en la puerta de casa y algunos la interpelan”, asegura Constantino. El motivo es que declararse a favor o en contra se lee en algunos espacios como un posicionamiento político, en apoyo o detrimento del PP de Madrid. Pero a medida que las obras avanzan y las noticias sobre las posibles consecuencias son cada vez más frecuentes, parece que la acogida también es diferente. “Hay más personas que se están posicionando, ya no tengo que buscar a esos vecinos, ahora ellos me buscan a mí. También hay gente que no se pronuncia, pero que están en contra”, explica. “Al final a la gente le molestan cosas como no poder circular con su coche sin etiqueta y que a la vez vayan a pasar por aquí 20 monoplazas ultracontaminantes”, apunta Jesús, otro residente de los alrededores.

El ruido y las dudas

Cuando De los Mozos presentó el proyecto el pasado lunes 13 de julio durante un desayuno informativo en la capital junto a Ayuso, el directivo de Ifema aseguró que había ya un “sold out técnico” de las entradas y, como hacen también el alcalde y la presidenta regional, volvió a asegurar que el Gran Premio iba a traer mucho más beneficio que gasto: “Solo en sponsors vamos a pagar toda la infraestructura para el circuito”.

Insisten en que no habrá gasto público, cuando Ifema ha aportado al menos 137 millones de euros y el 62% del presupuesto del consorcio lo aportan Ayuntamiento y Comunidad. A ello hay que sumar gastos directos en patrocinios, eventos y actuaciones urbanas ligadas al circuito. Por ejemplo, el desvío de la vía pecuaria Vereda de los Leñeros (con un futuro puente incluido) para permitir que el trazado desvíe su recorrido actual sin que desaparezca un entorno que la ley protege por su valor ecológico e histórico.

“Ayuso y Almeida dicen que no van a gastar un euro de dinero público, pero Ifema la financian mayoritariamente ellos mismos. Y luego lo de la Vereda no lo consideran como una actuación por la Fórmula 1, se hace únicamente por eso. Los circuitos a coste cero no existen”, expone Jesús.

Al ser preguntado por las relaciones con los vecinos de la zona, De los Mozos aseguró que todavía se están haciendo test para el ruido. Pero, tal y como publicó elDiario.es el año pasado, Almeida planea suspender los niveles decibelios máximos previstos por la Ley del Ruido. Ahora, Ifema ha contratado a una empresa para auditar las vibraciones, el ruido o la contaminación del Gran Premio, según publica El País.

El ruido es, además, un vestigio de una lucha vecinal previa en el barrio. Una trabajadora de uno de los escasos negocios en Las Cárcarvas, área mayormente residencial donde también vive, comienza mostrándose aséptica con la Fórmula 1. Ni a favor ni en contra, como otro de los compañeros. Sin embargo, las discrepancias afloran cuando recuerda los incovenientes generados por el Mad Cool. El festival de música se celebraba en el entorno de Ifema hasta su traslado al recinto Iberdrola Music, entre Villaverde y Getafe, y dejó su huella en el vecindario. “Era atronador, no te dejaba dormir. Ahora veremos qué pasa, pero desde luego estos años hemos estado mucho más tranquilos”.

Carmen Morcillo, vecina del barrio de Villa-Rosa en el distrito de Hortaleza, va un paso más allá y apunta directamente a Ifema: “Llevamos años sufriendo sus ruidos, concretamente desde la llegada de la actual directiva de Ifema, que ha sido muy desconsiderada. Insisten en que son tres días de Fórmula 1, pero arrastramos ya los macrofestivales que hemos tenido durante años en el parking de Ifema, juntando a 35.000 personas. Ahí se han dado hasta 90 decibelios, las paredes de nuestras casas vibraban. Ahora no hay macrofestivales por las obras del Match Hospitality, pero siguen los conciertos en pabellones que no están insonorizados”. El pasado 10 y 11 julio, el recinto ferial acogió el festival techno Urban Wave Fest: “Las sesiones arrancaron a las 17.00 y terminaron las 6.00 de la madrugada”.

Cuenta que las calles más cercanas, como el final de Silvano, se sitúan a apenas unos 350 metros. Otra “primera línea de playa”, de las que hablaba Constantino. A esa distancia hay además una guardería, así como “otras cuatro en las proximidades, un colegio que trabaja con niños autistas a 600 metros y dos coles públicos”. Recuerda también la residencia de mayores en el número 38 de la calle Pedroñeras, también a menos de 400 metros.

En este contexto donde los festivales no han cesado y ahora se añade la incertidumbre de la Fórmula 1, Carmen ha emprendido una batalla personal ante las autoridades: “Me he puesto en contacto con Ifema, el Ayuntamiento y el Defensor del Pueblo. Presentamos una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente. Saben que tienen un problema. Hemos llegado a contabilizar 420 horas de ruido durante un año. Por aquí han pasado tres circos en pocas semanas. Es todo un carrusel de contaminación lumínica y acústica”.

Aunque Madring ha cercenado la celebración de los temidos macrofestivales, teme que el remedio sea peor que la enfermedad: “En la salida y la recta pueden alcanzar los 120 decibelios, pero eso cada coche, y son 20. Eso es más del doble del límite legal y roza el umbral del dolor. Y hay que sumarle el ruido de los helicópteros de la televisión o la policía. Carmen Morcillo recuerda el documento de la Comunidad de Madrid que llegaba a recomendar el desalojo de los vecinos de Silvano y Pedroñeras. ”Saben que serán decibelios estruendosos por encima del umbral del dolor. Consienten un problema grave de salud para los que allí viven. Les da igual nuestra salud“, critica. Avanza que ya ha contactado con allegados para irse de su casa durante el Gran Premio si la situación se vuelve insostenible, aunque de entrada pretende quedarse ”para comprobar de primera mano cómo afecta el ruido y poder registrarlo por si hay que denunciar“.

Ifema y los vecinos: de las invitaciones a la falta de comunicación

“Tenemos reuniones habituales con los vecinos de la zona para explicarles todo lo que hemos hecho”, aseguró el presidente de Ifema. Unas declaraciones que no casan con las de los afectados, que critican la falta de información y de cooperación, aunque sí se produjo una primera reunión: “Con la plataforma se reunieron una vez. Nos contaban que era la mejor idea de la historia contemporánea de este país, pero luego no han tenido en cuenta nuestra opinión ni nos han ofrecido una interlocución constante”. Según adelantó De los Mozos, sí que hubo una oferta: regalarles entradas para ver el Gran Premio. “Solo les han llegado a las asociaciones que les son amables”, asegura Constantino.

Otra propuesta fue que los residentes se vayan cuando se celebren las carreras, como planteó la Consejería de Medio Ambiente. Ideas que los residentes rechazan porque no defienden su casa “individualmente, sino el barrio en su conjunto”. “La idea es muy sencilla, les estorbamos, somos un problema para ellos”, lamenta Toni, vecino de Alameda de Osuna que se opone a Madring también por sus firmes convicciones ecologistas.

Otra forma de intentar que los vecinos se posicionen a favor ha sido asegurar que las casas se van a revalorizar, un extremo que tampoco termina de convencer. No solo por el ruido cuando se produzcan las competiciones, también porque en Valdebebas, el otro barrio próximo al circuito, se da una falta de servicios públicos obvia: no hay polideportivo, instituto o biblioteca públicos.

“Tiene tres cosas inútiles, un hospital que no lo es [el Hospital Zendal], la Ciudad de la Justicia que tampoco es lo que dice su nombre, un intercambiador que no intercambia y un cartel de construcción de un centro de salud que cambia cada cuatro años”, critica Constantino. Además, existe un miedo extra de que la Fórmula 1 no solo no ayudaría a esa supuesta revalorización, sino que también puede afectar a la convivencia de los que ya habitan en el barrio: el temor a que se celebren carreras ilegales, como ya ocurre en el circuito urbano de València.

Claro que no todo el mundo lo ve de la misma forma. Laureano, presidente de la asociación vecinal Las Cárcavas, sostiene que desde Ifema sí se han reunido con ellos “cinco o seis veces”. Desde su entidad abogan por una postura “apolítica”: “No nos metemos en ningún terreno político”. Con ello, paradójicamente, ejemplifican el carácter político de la llegada a Madrid de la Fórmula 1. Explica que su interés son “las mejoras para el barrio”, motivo de esos encuentros con Ifema, que resultan en “informes y datos que compartimos a través de nuestros canales de comunicación”.

Laureano considera que la cita automovilística “puede beneficiar a Madrid y a Valdebebas, donde hay muchos negocios en auge”. Ahora bien, coincide con la Plataforma Stop F1 en que Las Cárcavas es “el barrio más perjudicado” ya que, dada su infraestructura, “no se puede beneficiar a ningún comercio porque no se pueden poner más de los que hay”. Estos, a su vez, no están diseñados para atraer turistas ni apenas nuevos clientes: “Aquí lo que tenemos es un bar que no mete más de 30 personas, una peluquería, una barbería, una farmacia y una frutería”. Sostiene que “es una zona residencial donde a nivel económico esto ni nos va ni nos viene”. Rechaza asimismo cualquier tipo de favor ofrecido por Ifema. Ahí coincide de nuevo con la plataforma, para negar que desde la institución les hayan ofrecido entradas para acudir a la carrera: “No nos paga nadie ni nos han ofrecido nada”.

Entre esos negocios lo cierto es que hay todo tipo de perspectivas. La frutería es ahora un pequeño supermercado donde su plantilla acaba de incorporarse y desconocía, incluso, que la Fórmula 1 va a desarrollarse a pocos cientos de metros. En la peluquería, una empleada opina que “traerá cosas buenas y mala, como todo”. Mientras se tiñe, su clienta atiende con amabilidad las preguntas de este diario y defiende que “va a traer prosperidad a la ciudad”. Ambas minimizan las afecciones con uno de los argumentos que más se escuchan entre quienes ven el proyecto con buenos ojos: “Solo van a ser tres días”. Ya se han producido cortes de tráfico y carrera este mes, también se repetirán en agosto, pero ambas les restan importancia: “Para venir al trabajo tomo una ruta alternativa y ya”, dice la peluquera.

Una “gran Disneylandia” con el castillo situado en Valdebebas

“No estamos en contra de la Fórmula 1, sino de que se monte un circuito en medio de un barrio”, resume Constantino, mientras su compañero Jesús alerta de la “eventificación” de la ciudad. Un interés por parte de las administraciones en convertir Madrid en una especie de “gran Disneylandia”.

Esta vertiente comienza a verse ya en la zona de Valdebebas, donde los nuevos negocios hacen mella al alejarse del carácter casi exclusivamente residencial de Las Cárcavas. En los bloques de la calle Francisco Umbral, la “primera línea de playa” frente a Madring ofrece una doble estampa de obras. A las del graderío del trazado se unen las de varios edificios de colivings o flex livings.

Cuenta Constantino que el Bext Valdebebas, uno de los que ya están operativos, despertó una enorme oposición entre vecinos de la zona que no querían perder sus vistas. No en vano, los promotores aprovecharon el carácter de uso terciario de este tipo de negocios para construir con más plantas que los bloques de viviendas. “No consiguieron tumbarlo y eso desanimó a muchos que ahora no se ven con fuerza para unirse a pelear contra la Fórmula 1. Por lo menos abiertamente”.

Los cambios en el modelo habitacional y turístico de la zona se ejemplifican en el Hotel 101, perteneciente a una cadena cuya empresa tiene su sede en Singapur. La construcción sobresale en el entorno por sus grandes dimensiones, su color negro y el desierto a su alrededor.

De hecho, la edificación puede contemplarse desde el propio asfalto, como este medio pudo comprobar al recorrerlo en un bus de EMT. “Justo estaba viendo cómo se ve el hotel desde el Ferrari que vino el otro día”, comenta un trabajador cuando atiende a este periódico, mientras muestra un vídeo de la red social X.

Es el único gesto de emoción o humanidad en un lugar aséptico e impersonal, donde la recepción habitual de estos establecimientos se combina con otros puestos donde se ofrecen operaciones inmobiliarias. Desde el hotel no aclaran si nacen o pretenden crecer al calor de la una Fórmula 1 que, a pocos metros, ha abierto un socavón en la tierra. Con él, según los ecologistas que Toni representa en esta excursión, “destruyen humedales con gran valor ambiental”. Un agujero que parte el suelo en dos, como el propio evento ha hecho con el barrio dividiéndolo entre quienes lo defienden y quienes lo cuestionan. Aunque lo que reina, en realidad, es una amplia mayoría silenciosa y expectante.

“Es escandaloso, una censura”. La Melonera, las fiestas más importantes de Arganzuela que animan el distrito madrileño cada septiembre, van camino de embarrarse este 2026 con un nuevo choque del tejido vecinal con el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida. Las bases para la concesión e instalación de casetas de entidades y colectivos ciudadanos incluyen un novedoso punto que ha causado estupor, tanto entre la oposición como entre diversas agrupaciones de la zona. De hecho, la reacción anticipa ya una batalla legal.

Se trata del apartado 7 del artículo 6 de dichas bases, publicadas el pasado 22 de junio y elaboradas por la Junta Municipal de Arganzuela. La redacción del texto ha levantado ampollas al detallar que “únicamente podrá exhibirse el nombre de la entidad adjudicataria” y “no se autorizará la colocación de elementos distintos de los estrictamente relacionados con la actividad (tales como productos, precios u otros similares)”.

La siguiente frase es todavía más contundente: “En ningún caso se permitirá la presencia de elementos pertenecientes a entidades distintas, ni de símbolos políticos, pancartas o banderas diferentes de las constitucionales”. A continuación, el documento detalla las sanciones por no cumplir con la norma: “Dará lugar a la penalización de la entidad responsable, impidiéndole concurrir a las dos convocatorias siguientes”.

Las palabras que abren este artículo son de Susana de la Higuera, portavoz de la asociación vecinal Pasillo Verde Imperial. Conversa con Somos Arganzuela mientras compagina el inicio de sus vacaciones con la coordinación de un futuro comunicado de entidades vecinales y sociales al respecto de la polémica. “No hay ningún otro distrito con estas condiciones”, dice. Ni siquiera Hortaleza, donde el tejido asociativo acusa al edil David Pérez de boicotear la participación de agrupaciones de residentes en festejos populares, de manera que la continuidad de estas entidades queda en entredicho al perder una importante fuente de recaudación. Pérez ha sido bautizado incluso por los vecinos como “concejal aguafiestas”.

La nuestra es la caseta más multitudinaria, y eso les fastidia. Se hacen muchas actividades y aprovechas para contar lo que haces: la movilización contra las talas, el ruido, los espectáculos de luz en el Manzanares o la operación Mahou-Calderón

Susana de la Higuera — Portavoz de la AV Pasillo Verde Imperial

De la Higuera cree que la Junta de Arganzuela, presidida por Lola Navarro (uno de los perfiles más controvertidos del Ejecutivo de Almeida), ha ido incluso más allá. Desde su punto de vista, el discutido artículo “arremete contra los derechos constitucionales y la libertad de expresión”. Implicaría, por ejemplo, que las asociaciones no puedan poner un cartel con el mensaje “no a la tala” en las casetas. Una consigna que ha vertebrado las luchas vecinales del distrito, sobre todo a raíz de las obras de la línea 11 en Madrid Río. Tampoco lemas contra la eventificación del parque Tierno Galván. Ni la bandera de Palestina o la arcoíris. Solo el nombre de cada entidad y los productos que venden, principalmente bebidas y comida.

Avanza que están estudiando tomar “medidas legales” si la Junta Municipal no rectifica. “Viola nuestros derechos u merece una reprimenda pública”, insiste. “Quieren acallar las voces críticas de Arganzuela”, asegura la dirigente de una de las asociaciones más activas de la zona.

Este diario ha consultado fuentes municipales para conocer los motivos de la actualización de las bases y su defensa ante las acusaciones de “censura”. Hablan de “elementos provocadores” y remiten a las explicaciones del coordinador del distrito, José Herrera de la Morena, durante el pleno de Arganzuela celebrado el pasado martes 14 de julio: “Las bases se han modificado en función de las experiencias de años anteriores. Se exige que las casetas las gestionen las entidades que las solicitaron y se publiciten exclusivamente esas entidades. No se trata de censura, simplemente son fiestas vecinales y lo que se busca es mantener la correcta convivencia. Por eso se entiende que no es un espacio para colocar elementos provocadores, sino los propios de las asociaciones vecinales, de manera que se eviten posibles situaciones de conflicto”.

“No quieren que haya caseta vecinal. No les gustamos”, cree por su parte Susana de la Higuera. Las protestas de este tipo de agrupaciones se han convertido en santo y seña de La Melonera, hasta el punto de que promueven una marcha anual el día del pregón (al cual ya no acude Navarro). “Ya que no pueden prohibir la manifestación, quieren prohibir los mensajes. Y que si no lo cumplimos, nos retiren la caseta”, alerta. “La nuestra es la caseta más multitudinaria, y eso les fastidia. Se hacen muchas actividades y aprovechas para contar lo que haces: la movilización contra las talas, el ruido, los espectáculos de luz en el Manzanares o la operación Mahou-Calderón”.

Rita Maestre habla de “control ideológico” y anuncia un recurso

Desde Más Madrid han presentado un recurso de reposición contra las bases establecidas desde la Junta de Arganzuela. En el escrito, al que ha tenido acceso este periódico, argumentan que “la resolución es contraria a Derecho y lesiva para los derechos e intereses legítimos”. “La presente redacción supone la reducción de los derechos de expresión y la libertad sobre el ornato, estética, contendido e imagen de las casetas para las entidades ciudadanas, partidos políticos o grupos municipales que pudieran solicitarlas”, añaden. Por todo ello, solicitan la suspensión cautelar de la ejecutiva del apartado 6.7 del documento que regula la instalación de casetas en los festejos.

Para Rita Maestre, portavoz del principal partido de la oposición en Cibeles, el objetivo es “frenar la censura que quiere imponer a las Fiestas de La Melonera”. “Pedimos la nulidad y la suspensión cautelar de la cláusula mordaza que impide al tejido asociativo ejercer su libertad de expresión. Por primera vez en la historia de estos festejos, el Ayuntamiento pretende prohibir las banderas, pancartas o símbolos que no sean de su agrado. Quieren imponer unas fiestas de pensamiento único”, alerta la edil en declaraciones a este periódico.

“Traducido al día a día, este año el PP quiere prohibir que en las casetas se cuelgue una bandera LGTBI, una enseña palestina o cualquier lema vecinal”, sintetiza Maestre. “Esto se llama censura previa y la Constitución la prohíbe”, asevera. En concreto, desde su formación argumentan que la cláusula “vulnera derechos fundamentales como el de libertad de expresión o el de asociación y participación”, con el propósito de “controlar ideológicamente lo que siempre ha sido un espacio de diversidad y de libertad”.

“Jamás ha habido ningún problema en un espacio de encuentro y convivencia en unas fiestas que son reflejo de la pluralidad y buen ambiente del barrio. El PP crea problemas donde no los hay, solo porque no soporta que haya quien le pueda llevar la contraria. Esperamos que el Ayuntamiento reconsidere este atropello y se estime nuestro recurso”, concluye Maestre.

“Alejandro tenía razón. El tejido vecinal también. Y vamos a seguir hasta que se depuren responsabilidades, se repare el daño causado y se garantice que ninguna persona mayor vuelva a ser tratada de esta manera”. Con esta contundencia cierra su escrito la Asociación Vecinal La Chispera, remitido a los medios a los pocos minutos de que trascendiera una noticia por la que llevan meses luchando: este hombre de 81 años podrá permanecer en su apartamento municipal para mayores del residencial San Francisco, en el número 1 de la céntrica calle del Jerte. “Le he ganado al santísimo señor alcalde. Me puedo quedar aquí hasta que me muera”, ha festejado el propio Alejandro en un vídeo colgado en las redes sociales de la agrupación vecinal.

La noticia saltaba el pasado lunes. La Sección de lo Contencioso-administrativo del Tribunal de Instancia de Madrid deniega al Ayuntamiento de Madrid, liderado por José Luis Martínez-Almeida, la autorización para desalojar temporalmente a uno de los últimos residentes de estos pisos cuya titularidad ostenta el Consistorio. Según la resolución, que es recurrible y por tanto todavía no firme, el Gobierno de Cibeles no ha justificado con informes técnicos que las obras de rehabilitación en el inmueble exijan vaciarlo por completo. Pese a ello, el Ejecutivo de Almeida ha expulsado ya a 59 de los 61 residentes en el edificio.

La corporación local se apoyaba en una nota interna de la Dirección General de Arquitectura y Conservación del Patrimonio, fechada el 21 de abril de 2025, según la cual “el inicio de las obras contempladas en el proyecto no puede tener lugar si el edificio no se encuentra completamente libre de ocupantes”. Para el juez, por contra, esta afirmación “no se encuentra suficientemente justificada”: “No consta en el expediente administrativo ni en la documentación disponible o facilitada que exista un informe de naturaleza técnica”. Esto es, un estudio donde se expliquen las razones por las que resulta “imperativa” la necesidad de desocupar por completo la construcción.

“El auto deja claro que una medida de este tipo no puede concederse de forma automática, sino que exige justificar su necesidad, su procedencia y su proporcionalidad. Una información que el Ayuntamiento no ha aportado”, sostienen desde La Chispera. “La resolución subraya que ni en el escrito de solicitud ni en la documentación aportada por la Administración consta el hecho de que el residente se opusiera a abandonar su residencia, cuando se le intentó desalojar en junio de 2025. Esta omisión de información, afirma el juez, vuelve la solicitud improcedente”, añaden desde esta entidad vecinal, que opera en la zona del distrito Centro popularmente conocida como La Latina.

Pese al revés de los tribunales, Almeida ha insistido este martes en que “hay problemas técnicos que afectan a la estructura y la estabilidad del inmueble”. Recalca que “hay otros dos autos anteriores de jueces que sí nos han dado la razón y han permitido que los vecinos se pudieran ir”. Ocurrió tras las denuncias de algunos de los 59 residentes que ya abandonaron sus apartamentos. Para el regidor, “la persona que quiere ocupar el piso debe saber que es necesario para garantizar la seguridad que se puedan ejecutar las obras, que le vamos a dar una alternativa como a la mayoría de vecinos y que va a poder volver sin incremento de renta”. “No lo hacemos por capricho”, ha dicho el alcalde, antes de adelantar que están “estudiando” un posible recurso “si se dan las condiciones”.

Dos años de batalla legal

“Estamos ante una decisión que frena una actuación municipal mal planteada y que desautoriza un nuevo intento de avanzar por la vía de la imposición”, denuncian, después de una gran movilización que comenzó en 2024. Las primeras notificaciones de desalojo llegaron en junio de aquel año. En ellas se les comunicaba que serían reubicados transitoriamente en otras residencias de la Comunidad de Madrid. Dos años después, solo Alejandro Ibáñez y otra persona permanecen en el lugar. Desde La Chispera sostienen que la mudanza forzosa tendría duras consecuencias sociosanitarias para la vida de ambos.

Víctor Palomo, abogado del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES) que ha gestionado la defensa de Alejandro, cuestiona las actuaciones ejecutadas por el equipo de Almeida: “Se podría alegar que el ayuntamiento no ha seguido el procedimiento, que no se han hecho las cosas como se deberían de hacer y, por tanto, podemos decir que aquí ha habido unos intereses políticos. No estaba bien justificado”.

“Por eso esta resolución es tan importante. Porque confirma que resistir tiene sentido. Porque demuestra que había razones humanas, sociales y jurídicas para oponerse. Y porque lanza un mensaje político de fondo: el Ayuntamiento no puede actuar como si todo estuviera ya decidido mientras exige obediencia a quienes llevan dos años sufriendo las consecuencias de una operación opaca y lesiva”, expone La Chispera en su comunicado.

La resolución lanza un mensaje político de fondo: el Ayuntamiento no puede actuar como si todo estuviera ya decidido mientras exige obediencia a quienes llevan dos años sufriendo las consecuencias de una operación opaca y lesiva

Creen que la resolución, emitida el pasado 2 de julio, “tiene que marcar un punto de inflexión”: “El Ayuntamiento de Madrid debe abandonar de inmediato la estrategia de presión, desgaste y hechos consumados con la que ha gestionado este conflicto. No basta con encadenar decisiones administrativas y tratar después de imponerlas por la fuerza. Cuando lo que está en juego es la vivienda, la dignidad y la cida de personas mayores, la obligación institucional es extremar las garantías, la transparencia y el cuidado. Y eso es exactamente lo que no ha ocurrido en los Apartamentos San Francisco”.

Se ha sumado a las críticas y a la congratulación por la decisión judicial Rita Maestre, portavoz de Más Madrid en Cibeles: “Almeida se empeñó en echar a los mayores para acometer obras en los apartamentos de San Francisco, en vez de hacerlas por fases y ofrecer alternativas como propusimos. La victoria judicial de Alejandro, de la mano de la asociación vecinal La Chispera, debe marcar el regreso de todos los vecinos”, ha publicado en Blue Sky.

“Dos años lleva Almeida anteponiendo cualquier cosa al bienestar de las personas mayores. Dos años negándose a arreglar los apartamentos plantas para no tener que sacarles de sus hogares. Constantemente se hacen obras en inmuebles residenciales, en hospitales y en edificios municipales. No por eso se desaloja el edificio entero. La victoria de Alejandro debe marcar el regreso de todos. Y Almeida tiene que habilitarles las casas de manera urgente, permitir su vuelta a los apartamentos y hacer lo que tenía que haber hecho hace dos años: ejecutar las obras por fases”, ha incidido este lunes la concejala en declaraciones a los medios de comunicación.

Ana Lima, concejala del PSOE, ha asegurado asimismo que el auto “deja en evidencia” al Gobierno de Almeida, al que ha reprochado que se sacara de sus viviendas a personas mayores “cuando no había un informe técnico que lo avalara”. “Ni había riesgo de ruina inminente, ni había riesgo de demolición, ni tampoco había un informe técnico que avalara que no se podían hacer las obras con las personas dentro. Y, sin embargo, solo con una nota interna se decidió arrancarles de sus hogares”, ha manifestado. Lima ha acusado al alcalde de actuar con la “máxima dureza” hacia los vecinos y ha afirmado que las personas afectadas fueron trasladadas a residencias sin que se estudiaran otras alternativas adecuadas a sus circunstancias. “Esto no es una buena gestión, es opacidad, insensibilidad e irresponsabilidad política”, ha aseverado la socialista en declaraciones a la prensa.

Ni La Chispera ni el propio Alejandro van a quedarse aquí, como subrayan en el comunicado: “La lucha vecinal no termina con este auto. Tanto los residentes que permanecen en la residencia como aquellos que ya fueron desplazados siguen peleando para poder recuperar su vida cotidiana en el barrio. Desde la asociación seguiremos exigiendo transparencia a la administración, y señalando la responsabilidad política del Ayuntamiento. También seguiremos pidiendo el comienzo inmediato de las obras, con el objetivo de que los residentes puedan volver lo antes posible y recuperar su vida y su autonomía”.

Nueva evidencia de fascismo en la Policía Municipal madrileña. elDiario.es ha tenido acceso a la fotografía de la taquilla de un agente del Cuerpo decorada con pegatinas nazis. “Hitler fans”, “El fascismo es alegría” o “Zona fascista ¡¡Atención!!”, son los lemas de esos adhesivos. Un agente distinto al dueño de la taquilla colgó las fotos en un chat con otros policías y la conversación llegó hasta los mandos del Cuerpo. El Ayuntamiento de Madrid solo confirma la apertura de un “expediente informativo” y alega que las tomas de declaración de Asuntos Internos y el resto del desarrollo de la instrucción tienen carácter secreto.

La taquilla pertenece a un agente de la Unidad Central de Seguridad (UCS-2), el grupo especial de la Policía Municipal con sede en la Casa de Campo. Las fotos fueron volcadas el 8 de junio en un chat de agentes donde se debatía sobre la infiltración del fascismo en las filas del Cuerpo local. Frente a quienes lo ponían en duda, uno de los participantes aportó la captura. En pocas horas, las pegatinas fueron retiradas, informan las fuentes consultadas.

elDiario.es lleva preguntando por este asunto desde el 25 de junio pasado a la Delegación de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid, de quien depende la Policía Municipal. La Delegación, a cargo de Inma Sanz –número dos de Almeida– se limita a confirmar que hay un “expediente informativo” abierto por los hechos y añade que si los agentes de Asuntos Internos detectan alguna falta abrirán un “expediente disciplinario” para imponer las correspondientes sanciones.

Un portavoz del Ayuntamiento esgrime el secreto de la investigación interna para no aclarar si se está investigando la conducta del neonazi, del agente que tomó la foto y la difundió o la de ambos. Las fuentes policiales consultadas por elDiario.es afirman que tanto el autor de la fotografía como el policía nazi han prestado declaración ante Asuntos Internos.

La unidad en la que se han producido los hechos ya fue objeto de polémica cuando el Gobierno de Carmena decidió suprimirla por considerar que sus funciones ya las realizaba la Policía Nacional y era un nido de privilegios para sus miembros. Los conocidos como “antidisturbios” de la Policía Municipal participaban en desahucios y vigilaban manifestaciones. El Ayuntamiento progresista redujo sus efectivos y les asignó otras tareas. Los agentes que salieron de la Unidad perdieron el complemento salarial que tenían asociado a ese puesto.

El descontento de parte del cuerpo desembocó en un escrache al delegado del área, Javier Barbero. Unos 300 agentes acudieron a la salida de una Comisión de Seguridad para asediar al concejal con gritos como “rojo de mierda”, “gordo”, “perroflauta” o “dictador, hijo de puta”. Golpearon su coche oficial y agredieron a una periodista. Barbero dijo entonces que la protesta tenía tintes “fascistas”, lo que le valió una querella por parte del sindicato mayoritario, el Colectivo Profesional de la Policía Municipal (CPPM), que comandaba la oposición policial al Ayuntamiento cuando era de izquierdas. Se archivó sin más consecuencias.

El Ayuntamiento de Almeida rehizo la unidad y la ha dotado con un centenar más de efectivos. Entre sus actuaciones más destacadas, el propio Consistorio de Almeida destaca su participación en los desalojos de los centros sociales okupados de La Ingobernable, La Dragona y La Quimera. Los policías integrantes de la UCS, a través de los sindicatos, demandan ahora que se les entreguen armas largas y munición expansiva para hacer frente a “amenazas terroristas y grupos violentos” ataviados con sus uniformes negros y boinas azul oscuro.

El chat contra Carmena, los precedentes

La aparición de la parafernalia nazi en una taquilla de la UCS retrotrae a la exclusiva de elDiario.es de 2017 sobre los comentarios contra la entonces alcaldesa Manuela Carmena en un chat de decenas de agentes municipales del distrito centro. “Ojalá tenga una muerte lenta y agónica”, le deseaba un policía municipal a su máxima responsable política de entonces.

Otros se animaban en aquel chat deseando la muerte a políticos de izquierdas o independentistas o hacían loas a Hitler y el nazismo. Tras colgar una foto del dictador, un agente escribía: “Este señor sí que sabía cómo hacer las cosas, este señor es dios, ya estarían echando humo las chimeneas sin parar si estuviese al mando”. Otro agente se hacía llamar Führer y algunos compañeros se referían a él como “camarada 14/88”.

Un policía municipal incorporó entonces las capturas del chat a una denuncia por amenazas contra sus compañeros a raíz de que les reprochara el contenido de los mensajes que vertían en el foro. Comenzó entonces un periplo judicial que derivó en el archivo de la causa por un juzgado de Madrid y su posterior ratificación por la Audiencia Provincial de Madrid, que consideró que los comentarios se habían proferido en un “ámbito privado” y que no tenían carácter “amenazante”.

Con el cambio de Gobierno, el Ayuntamiento del Partido Popular y de Ciudadanos decidió archivar el expediente interno abierto contra tres policías municipales por los comentarios en el chat que había abierto el equipo de Carmena. El Consistorio de Almeida concluyó que la conducta que se les atribuía no era “reprochable”.