El Gobierno de Almeida va a seguir apostando por vender suelo municipal para la construcción de vivienda a cargo de promotoras privadas, con el único límite de establecer “alquileres asequibles” durante siete años. El anuncio lo hizo este martes el propio alcalde de Madrid, unas horas después de que este periódico publicara que cinco parcelas vendidas bajo esta fórmula están siendo ofrecidas para el autoalquiler de los propios compradores.

El caso destapado en Arganzuela y en otros cuatro terrenos municipales, que Más Madrid ha tachado de “escándalo”, desvela que una cooperativa compró hasta cinco parcelas de suelo público por el precio mínimo. Estos lugares iban a estar destinados a alquileres asequibles -según el Ayuntamiento de Madrid- pero la promotora que vende estas parcelas pide por su venta hasta 660.000 euros y explica a los posibles compradores cómo alquilar cada piso “a uno mismo”.

Sobre este caso, el alcalde aseguró que “se cumple escrupulosamente la legalidad” y añadió que los “cooperativistas” no se pueden alquilar “a sí mismos” porque “no son propietarios” de las viviendas. “Es una buenísima medida la que se adoptó en su momento”, añadía pese a que dos de los tres lotes ofertados en el concurso municipal quedaron desiertos. Mientras, Rita Maestre acusaba al Ayuntamiento de intentar tapar una “malversación de suelo público” con esta operación.

Justo después de responder a la noticia, José Luis Martínez-Almeida anunciaba que su equipo planea vender otras diez parcelas valoradas en más de 82 millones de euros con el objetivo de que promotores privados construyan allí un millar de viviendas para ofrecerlas a “alquileres asequibles” durante los próximos siete años. Esta vez la fórmula elegida es la del alquiler con opción a compra: los arrendatarios podrían deducirse parte de las rentas en una hipotética adquisición al final del periodo máximo de su arrendamiento. “Es lo que a las personas les da seguridad”, añadía el primer edil para justificar este modelo en lugar de alquileres a largo plazo y recuperación de las parcelas municipales al final del periodo de explotación.

El área de Urbanismo no ha comunicado todavía qué porcentaje de las rentas satisfechas podrán restarse del precio de venta final y anuncia que la medida llegará a la Junta de Gobierno, en una fecha aún no definida. Sí que asegura que el consistorio “no cesa en su propósito de promover la creación de nuevas viviendas en la capital”, explica en la nota de prensa en la que detallaba la medida este martes.

Las parcelas que se pondrán a la venta cuentan con 70.410 m² de superficie edificable y se encuentran todas en Vicálvaro, en los nuevos desarrollos de Los Ahijones y Los Berrocales. La mitad de los pisos que se construyan estarán reservados a menores de 35 años. El área de Urbanismo clacula que los importes de renta y venta serán un 31 % inferiores a los del mercado actual: 949,5 euros de alquiler para una vivienda tipo de 90 m² construidos y 3.600 euros el m² para compra.

En cuanto al concurso por el que se venderán estos terrenos, situados todos en zonas recién urbanizadas y, de momento, sin acceso en Metro, el mayor peso lo tendrá especial importancia el diseño de la edificación (hasta 20 puntos), seguido de la propuesta económica (10 puntos), con incremento del precio y forma de pago. 

Más Madrid: “Beneficios para unos pocos y una ciudad que se queda sin su patrimonio”

“Lo llaman alquiler asequible con opción a compra. Nosotras lo llamamos por su nombre: malvender el patrimonio público para que fondos y promotoras se forren, mientras la gente normal sigue sin poder pagar un alquiler”, ha denunciado Rita Maestre ante esta nueva venta de suelo público por parte del Ayuntamiento de Madrid .

“Lo que anuncia Almeida es casi peor que lo que ya denunciamos con la parcela de Mahou Calderón”, alerta la portavoz de la oposición. “No serán viviendas protegidas, sino libres, lo que genera muchas incógnitas, como que ocurrirá cuando pasen los siete años y haya inquilinos que ejerzan su derecho a compra”, añade.

“Desde Más Madrid lo decimos alto y claro: este suelo es de los madrileños, no es de Almeida ni de sus amigos del ladrillo. Cuando entregas suelo público para que el privado construya y cobre, lo pierdes para siempre. El resultado es siempre el mismo: beneficios para unos pocos y una ciudad que se queda sin su patrimonio”. Y ofrece una fórmula alternativa: “Ante la emergencia habitacional que vivimos, la respuesta es sencilla: un parque público de vivienda en alquiler, gestionado por el Ayuntamiento, permanente, con precios que se ajusten al salario real de las familias y que les permitan vivir, no con precios ajustados a la especulación del mercado”.

Hace algo más de dos años, el Ayuntamiento de Madrid anunció que iniciaba una venta de suelo público para que varias cooperativas levantaran viviendas destinadas al “alquiler asequible”. Sacó a concurso doce parcelas, divididas en tres lotes, donde cabían más de 600 pisos en régimen cooperativista, pero la operación no fue bien: el periodo de ofertas acabó desierto. Después, una cooperativa compró el primer lote por el precio mínimo y ahora está vendiendo los inmuebles sobre plano a precios elevados y sin especificar en sus anuncios que deben ser arrendadas posteriormente durante los próximos 15 años, como marcó el concurso municipal por el que fueron enajenadas.

Así consta en las cinco promociones que se ofrecen sobre otras tantas antiguas parcelas municipales, que están siendo comercializadas a través de una consultora inmobiliaria que las ofrece “para aquellos clientes que desean realizar la mejor inversión de sus vidas”. En los textos publicitarios publicados en su web aseguran que cada una de estas promociones “ha sido concebida, no solo como un gran proyecto residencial excelentemente situado pensado para ti, sino también como una apuesta segura en un mercado inmobiliario en continuo crecimiento donde la demanda es altísima y la oferta muy escasa”.

El más jugoso de esos proyectos, por su valoración, es el que se va a levantar en Arganzuela, en la zona de Madrid Río. Se trata de la promoción llamada Mahou-Calderón, con hasta 60 viviendas, que se va a construir en forma de cooperativa. La consultora que las ofrece, Proel, solo indica a los posibles compradores que deben dedicarlas al alquiler asequible durante 15 años en emails posteriores compartiendo los detalles de la adquisición, a los que ha tenido acceso este periódico. Y lanza una posibilidad no anunciada por el Ayuntamiento en su momento: “el departamento jurídico de la cooperativa ya ha transmitido todas las posibilidades para que un adjudicatario cooperativista pueda ser a quien se le haga el alquiler, siempre que cumpla los requisitos”. “Puede alquilarse a uno mismo o a un tercero”, añaden.

Los pliegos de la venta de la parcela pública indicaban, sin embargo, que “las personas físicas que opten al arrendamiento de las viviendas construidas deberán acreditar que no ostentan la propiedad de vivienda alguna en el término Municipal de Madrid”. Y lo debían hacer mediante la presentación de un Certificado Negativo de titularidad expedido por el Registro de la Propiedad, “el cual deberá quedar unido al contrato de arrendamiento correspondiente”, dictan los pliegos consultados por este periódico.

En el área de Urbanismo, sin embargo, respaldan las prácticas de Proel y lo justifican de la siguiente forma: “El adjudicatario del contrato es una cooperativa. Por tanto, no existe un propietario que pueda alquilarse la vivienda a sí mismo”. Fuentes municipales explican que “la cooperativa está obligada —como cualquier otro propietario, sea persona física o jurídica— a que durante 15 años los pisos sean arrendados a precios asequibles y el arrendatario debe cumplir los requisitos fijados en el pliego, incluyendo el de ser persona física y el resto de los requisitos indicados”.

También añade el Ayuntamiento que “en el caso de que un cooperativista opte por ser arrendatario de un piso de la cooperativa, deberá cumplir iguales requisitos”, dice en su contestación. La respuesta obvia que la comercializadora está vendiendo los pisos directamente a los compradores interesados, como si formalmente fuera una promoción de vivienda libre y la cooperativa se utilizara tan solo como un paraguas legal para ejecutar la operación.

La parcela de Mahou-Calderón fue adjudicada a la sociedad cooperativa Villas del Naranjo el pasado 16 de octubre, según los documentos a los que ha tenido acceso este periódico. El lote se componía de estos terrenos y otras cuatro parcelas situadas en distintos puntos de Puente de Vallecas por 22,05 millones de euros (impuestos incluidos), el precio mínimo que el Ayuntamiento había fijado, ya que el concurso había quedado inicialmente desierto. Allí tiene planificado levantar 217 viviendas libres, sin ningún tope en el precio de venta.

“Importes muy favorables para la cooperativa”

Los pisos más caros, los situados junto a Madrid Río y de hasta tres dormitorios, con derecho a garaje y trastero, los está vendiendo por unos 660.000 euros (impuestos incluidos), según la correspondencia de la comercializadora Proel a la que ha tenido acceso este periódico. Otros de dos dormitorios alcanzan casi los 620.000 euros. En el resto de parcelas, situadas en Puente de Vallecas, los precios de los pisos son menores aunque en algunos casos superan los 400.000 euros. Todos se definen como “vivienda libre asequible”.

Según detalla Proel en sus anuncios, gracias a los “importes muy favorables para la cooperativa” a la hora de comprar el suelo es posible ofrecer a los socios “una verdadera oportunidad para obtener costes de adjudicación por debajo del mercado, debido a los condicionantes de la adjudicación que realizará el Ayuntamiento de Madrid en esta parcela”.

Estos condicionantes, no detallados inicialmente en el anuncio aunque sí cuando luego se ofrece información por email a los interesados, son los de la obligatoriedad de alquilar por 15 años el inmueble adquirido y hacerlo con límites a las rentas que pueden cobrar a los inquilinos. En el caso de la promoción Mahou-Calderón, el máximo está fijado en 17,85 euros por metro cuadrado útiles para viviendas de tres dormitorios, cantidad que baja hasta los 11,85 euros por metro cuadrado para las viviendas que se construyan en Puente de Vallecas, dentro de este mismo lote. Además, los inquilinos han de cumplir otros requisitos como un máximo de ingresos en la unidad familiar en función de los miembros y la promoción o al menos un año de empadronamiento en la capital.

Las condiciones de la venta de las parcelas municipales incluían también que al menos un 25% del número de viviendas proyectadas en cada uno de los lotes se debían reservar al alquiler de jóvenes menores de 35 años. Los importes finales de los alquileres, en cualquier caso, dependen del nivel de ingresos y los arrendadores pueden exigir más renta si su arrendatario se acerca al máximo legal para acceder a la promoción.

Las parcelas del primer lote, el que se adjudicó la cooperativa Villas del Naranjo, estaban valoradas en 18.223.656,03 euros, cantidad que ha de abonar al consistorio junto a 3.826.967,77 euros en concepto de IVA. Los otros dos lotes de parcelas de las que constaba el concurso, con terrenos ubicados en Carabanchel, Latina, Chamartín o Villaverde, quedaron desiertos y ninguna cooperativa se interesó por ellos.

¿Cómo controla el Ayuntamiento de Madrid que se están cumpliendo las condiciones de los arrendamientos a las que obligan el pliego? El área de Urbanismo asegura que puede pedir en cualquier momento “la relación individualizada de los contratos en vigor y la documentación complementaria de los mismos, a fin de que se acredite que las personas que arriendan las viviendas construidas lo hacen en las condiciones de renta y con los límites establecidos en el pliego”. Además, la cooperativa ha de presentar anualmente durante los 15 primeros años de explotación un informe de auditoría externa acreditando que mantiene los límites de renta marcados en la adjudicación.

Maestre: “Almeida deja el suelo público en manos de promotoras disfrazadas de cooperativas”

Las condiciones de venta de estas parcelas ha cosechado las críticas del primer partido de la oposición en el Ayuntamiento de Madrid. Su portavoz, Rita Maestre, lamenta en declaraciones a este periódico que “con Almeida, la vivienda se ha convertido en un agujero negro, que se lleva la mitad de los ingresos de las familias trabajadoras cada mes”. Para luego denunciar: “¿Y qué hace el alcalde para solucionar esta crisis habitacional?: malvender el suelo público a promotoras que, como esta del ámbito Mahou-Calderón, se disfrazan de cooperativas que terminan vendiendo los pisos a precios desorbitados y dejan el alquiler asequible en manos de los compradores de la propia promoción”.

Maestre ironiza sobre el que llama modelo Almeida: “¡Cómprate un piso por 700.000 euros y te lo alquilas a ti mismo por un precio asequible!”. “Es una desvergüenza absoluta”, añade.

A su parecer, “lo grave es que no es un error técnico, ni un despiste, es una decisión política deliberada, vende el suelo público para que hagan negocio y se forren los privados, mientras muchas familias se ven obligados a vivir en habitaciones y los jóvenes, condenados a quedarse eternamente en casa de sus padres”. La portavoz de Más Madrid ve en esta operación “un mecanismo opaco, que deja en manos de los privados la decisión de quién va a vivir en las casas que construyan. ¿A quién van a elegir?, la respuesta es sencilla, a las rentas más altas de entre los solicitantes. El alquiler asequible como excusa, la especulación como negocio”.

Moverse por el centro de Madrid pasará a depender casi por completo del transporte público ante la llegada de León XIV. La visita del Papa entre el 6 y el 12 de junio reunirá a millones de personas y obligará a cortar buena parte del eje Recoletos-Castellana.

Por este motivo, Madrid activará autobuses gratuitos, accesos vigilados y horarios especiales mientras prepara actos en Cibeles, Plaza de Lima, la Almudena y Palacio Real.

EMT Madrid ofrecerá viajes gratuitos y ampliará el dispositivo

El Ayuntamiento ha situado el transporte en el centro del operativo para absorber la llegada masiva de peregrinos prevista en la capital. Según EMT Madrid, los autobuses y Bicimad serán gratuitos entre el 3 y el 9 de junio, mientras Metro y Cercanías ampliarán frecuencias en las franjas con mayor afluencia.

El alcalde José Luis Martínez-Almeida explicó junto a Inma Sanz y Borja Carabante que el dispositivo afectará a la ciudad antes de la visita papal y también en los días posteriores por la retirada de estructuras.

La vigilancia alrededor de Plaza de Lima y Cibeles ha obligado a desplegar un operativo poco habitual incluso para grandes citas celebradas en Madrid. Más de 10.000 voluntarios ayudarán a repartir agua, orientar a los asistentes y gestionar los accesos en las zonas reservadas para familias o personas mayores.

De forma paralela, la Policía Nacional, Guardia Civil y servicios sanitarios trabajarán con controles permanentes mientras el Ayuntamiento prepara áreas de primeros auxilios y puntos de información en varios idiomas cerca de los escenarios principales.

León XIV iniciará una semana repleta de actos

La agenda de León XIV arrancará el sábado 6 de junio con la ceremonia oficial de bienvenida en Palacio Real y una vigilia juvenil en el entorno de la Castellana. El domingo llegará uno de los momentos con mayor asistencia prevista cuando el Papa presida la misa del Corpus Christi en Cibeles y después participe en una procesión eucarística hacia el Paseo del Prado. También habrá un encuentro con la sociedad civil en el Movistar Arena, una oración en la Almudena y una visita al albergue CEDIA de Carabanchel.

Los museos ampliarán horarios durante las actividades nocturnas

Madrid ha reservado buena parte de la madrugada del sábado al domingo para una programación cultural gratuita ligada a la visita papal. El Prado abrirá hasta las 00:30 horas y el Reina Sofía permanecerá operativo hasta las 23:30 dentro de la iniciativa Noche en Blanco y Amarillo.

La Galería de las Colecciones Reales, el Museo Naval o la Fundación Mapfre ampliarán horario mientras Teatros del Canal acogerá conciertos y sesiones musicales pensadas para jóvenes que llegarán desde distintos puntos de España.

Google y Waze actualizarán recorridos alternativos en Madrid

Los cortes previstos en la Castellana han empujado al Ayuntamiento a trabajar con Google y Waze para actualizar rutas alternativas casi en tiempo real. Almeida recomendó usar la M-30 y otras vías con mayor capacidad ante el cierre parcial del eje norte sur por la instalación de altares, plataformas y zonas de seguridad.

Además, Ifema abrirá aparcamientos periféricos para autobuses de peregrinos y el Consistorio habilitará espacios en Valdebebas, Ciudad Universitaria, Casa de Campo o Caja Mágica para reducir tráfico en el centro.

Madrid lucirá decoración especial y reforzará la limpieza

Las calles próximas a Cibeles, Recoletos y la Almudena han empezado a llenarse de decoración blanca y amarilla antes de la llegada del pontífice. El Ayuntamiento y la Archidiócesis instalarán alrededor de 100.000 flores repartidas entre plazas, jardines y recorridos del papamóvil. También aparecerán banderolas en calles céntricas, balconeras en edificios municipales y lonas sobre varios puentes de la M-30. A todo eso se suman 30 autobuses de EMT vinilados con la imagen de León XIV y las fuentes de Cibeles o Neptuno se iluminarán con colores vaticanos.

El plan turístico preparado para esos días incluirá una ruta llamada Madrid sacro con paradas en catorce iglesias y monasterios repartidos por la capital. El recorrido estará disponible en español, inglés, francés y portugués e incorporará enclaves como San Jerónimo el Real, Las Descalzas o la basílica de Atocha.

A la vez, el Ayuntamiento instalará más de 1.200 contenedores de reciclaje cerca de Cibeles, Plaza de Lima y el Bernabéu para reforzar la limpieza en los distritos con mayor presencia de visitantes.

Lío político en Cibeles con un texto que normalmente consensúan los grupos políticos ante acontecimientos importantes. Este martes se debería haber aprobado en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid una declaración institucional ante la visita a de León XIV pero un enfrentamiento entre PP y PSOE por el texto ha derivado en la imposibilidad de sacarlo adelante, pues ha de contar con el apoyo de todos los grupos políticos.

El PSOE de Reyes Maroto no ha podido presentar el texto, que había planteado en la Junta de Portavoces de la semana pasada, conocedores de que no había acuerdo por parte del PP, aunque su propuesta que sí había sido respaldada por Más Madrid y Vox -aseguran- e incluso por el Arzobispado de Madrid. Los del PP creen que es un texto que no está suficientemente consensuado y por ello presentaron un documento alternativo, que solo contó con el respaldo de los de Javier Ortega Smith.

El grupo municipal abanderado por Reyes Maroto defiende que su declaración recogía “el sentir mayoritario de la ciudadanía madrileña” ante una visita de “relevancia histórica e institucional” y sostiene que el texto está alejado de polémicas partidistas. Por ello, no han aceptado los cambios “de última hora” del PP.

El texto de los socialistas hacía alusiones de marcado carácter social como la “defensa de la paz” de León XIV frente a las “graves vulneraciones de derechos humanos” y alababa su defensa de la “justicia social”, entre otros argumentos. La contrapropuesta del PP hacía referencia a las “raíces cristianas” de la ciudad y hablaba de un “viaje apostólico”.

Durante el Pleno y una vez aceptado que el texto no saldría adelante, Maroto ha acusado al PP de haber “bloqueado” la declaración institucional “demostrando que no están a la altura de este acontecimiento histórico para Madrid”. “Con sus excusas y su sectarismo vuelven a demostrar que son incapaces de llegar a acuerdos”, ha lanzado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, asegurando que el PP sólo ha conseguido hacer “el ridículo”.

Almeida ha contestado que el PSOE envió una propuesta a las 13.35 horas del pasado viernes, respondida con un texto de modificación por el PP a las 9.35 horas de este lunes, tres días después, a lo que ha añadido que se les preguntó con quién del Arzobispado habían acordado la propuesta. “Se ha negado a decirlo. ¿Por qué no quiere decirlo usted? ¿Sabe por qué? Porque como diría el capo 'di tutti capi', el jefe de la mafia (en alusión indirecta a Pedro Sánchez), vaya inventada se ha pegado, señora Maroto”, ha espetado a la socialista.

Son tres puntos en torno a los cuales pivotaba el texto de los socialistas en un intento de conseguir auparlo a declaración institucional, informa Europa Press: la bienvenida institucional al Papa León XIV con motivo de su visita a la ciudad de Madrid; el deseo de que su visita contribuya a fortalecer los lazos de fraternidad, convivencia y entendimiento entre toda la ciudadanía madrileña y reconocer el valor de los mensajes de paz, convivencia, justicia social y defensa de los Derechos Humanos promovidos por el Pontífice.

El equipo de Maroto, católica reconocida, trasladaba que el texto propuesto ha sido acordado además con el Arzobispado de Madrid, con José Cobo a la cabeza. El PP, de boca de su portavoz ha explicado que presentaron un texto alternativo porque “una declaración institucional debe nacer del acuerdo y del consenso entre todos los grupos municipales, no de un texto elaborado unilateralmente por una sola formación política”.

También reclamaban conocer con quién se había pactado el texto planteado por el PSOE por parte del Arzobispado, en la convicción de que “no ha habido voluntad real de diálogo por parte de los socialistas para construir un texto compartido que representara al conjunto de la Corporación”.

A lo que suman que el texto presentado por el PSOE “ofrece una visión incompleta de la figura del Papa León XIV al limitar prácticamente su consideración a la de jefe de Estado” cuando “es también el líder espiritual de la Iglesia católica y una referencia moral y religiosa para millones de personas”.

Estos son los textos propuestos por ambos partidos, que finalmente no han sido aprobados:

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DE LA VISITA DE SU SANTIDAD EL PAPA LEÓN XIV A LA CIUDAD DE MADRID (PROPUESTA DEL PSOE)

El Pleno del Ayuntamiento de Madrid traslada su bienvenida a Su Santidad el Papa León XIV con motivo de su visita a nuestra ciudad, quince años después de la última visita de un pontífice a la capital de España. Esta visita adquiere un significado especial al producirse en el primer año de su pontificado y formar parte de sus primeros viajes internacionales, proyectando la imagen de un Madrid abierto, diverso y comprometido con los valores del diálogo, la convivencia y los derechos humanos.

Madrid recibirá a Su Santidad con los honores institucionales que corresponden a un jefe de Estado, reconociendo también la dimensión humanista y social que caracteriza su pontificado y su cercanía a quienes sufren pobreza, exclusión, soledad o desigualdad.

El Pleno del Ayuntamiento de Madrid valora especialmente el mensaje del Papa León XIV dirigido a la juventud, reivindicando el compromiso, la participación y la responsabilidad colectiva de las nuevas generaciones en la construcción de una sociedad más justa y solidaria. Asimismo, valora su voluntad de acercarse a una ciudad construida desde el encuentro y la convivencia entre personas de diferentes orígenes y culturas, una pluralidad que constituye una de las mayores fortalezas de nuestra sociedad y un elemento esencial de la identidad abierta, acogedora y solidaria que caracteriza a Madrid.

En un contexto internacional marcado por guerras, conflictos y graves vulneraciones de derechos humanos, el Papa León XIV se ha consolidado como una referencia moral en defensa de la paz, el diálogo y la dignidad humana. Su llamamiento permanente a la convivencia, al respeto entre pueblos y a la defensa de los derechos fundamentales constituye un mensaje de especial valor en el momento actual.

Por todo ello, desde el Pleno del Ayuntamiento de Madrid queremos:

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DE LA VISITA DE SU SANTIDAD EL PAPA LEÓN XIV A LA CIUDAD DE MADRID (PROPUESTA DEL PP)

El Pleno del Ayuntamiento de Madrid traslada su bienvenida a Su Santidad el Papa León XIV con motivo de su Viaje Apostólico a nuestro país, durante el cual permanecerá 3 días en nuestra ciudad quince años después de la visita de Benedicto XVI a la capital de España en 2011.

Esta visita adquiere un significado especial al producirse en el primer año de su pontificado y formar parte de sus primeros viajes internacionales, proyectando la imagen de un Madrid acogedor, abierto al mundo y comprometido con los valores de la dignidad de la persona y el bien común.

Madrid recibirá a Su Santidad con la dignidad institucional que corresponde a un jefe de Estado y, al mismo tiempo, con la calidez y el afecto que el sucesor de Pedro despierta en el pueblo madrileño, profundamente vinculado a las seculares raíces cristianas de nuestra ciudad.

El Pleno del Ayuntamiento de Madrid valora especialmente el mensaje del Papa León XIV dirigido a la juventud, alentando a las nuevas generaciones a vivir con responsabilidad, espíritu de servicio y compromiso con los demás para construir una sociedad más justa. Asimismo, reconoce su voluntad de acercarse a una ciudad construida a lo largo de los siglos desde el encuentro entre personas y culturas diversas, una realidad que ha contribuido decisivamente al carácter hospitalario, la vocación universal y el espíritu profundamente humano que distingue a Madrid.

En un contexto internacional marcado por guerras, conflictos y graves vulneraciones de los derechos humanos el Papa León XIV se ha consolidado como una referencia moral en defensa de la paz y el derecho a la vida y la dignidad de la persona. Su llamamiento permanente a la convivencia, al respeto entre los pueblos y al reconocimiento del valor intrínseco de todo ser humano constituye un mensaje de especial valor en el momento actual.

Por todo ello, desde el Pleno del Ayuntamiento de Madrid queremos:

El Ayuntamiento de Madrid se prepara a contrarreloj para un “acontecimiento histórico”, de una magnitud “prácticamente sin precedentes”. Es lo que ha advertido este jueves el alcalde, Jose Luis Martínez- Almeida, asegurando que entre el 6 y el 9 de junio e incluso en los días previos, desde el próximo lunes 25 de mayo, habrá “afecciones importantes” al tráfico en zonas clave para la visita del Papa, como son el entorno de Cibeles o la Plaza de Lima. Así que Almeida ha instado a la empresas a impulsar el teletrabajo durante cuatro días laborales, desde el 3 de junio y hasta la marcha de León XIV.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, y acompañado de la vicealcaldesa, Inma Sanz, y el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, el gobernante ha constatado la importancia de la visita y la avisado de la saturación que atravesará la ciudad. Para ello, se han puesto a disposición de los peregrinos hasta 33 edificios públicos (principalmente polideportivos) en los que podrán pasar la noche de forma gratuita.

El consistorio también pondrá autobuses gratis de la EMT o vehículos de Bicimad entre el 3 y el 9 de junio, los mismos días en los que se ha instado a las oficinas a propiciar el teletrabajo. Asimismo, se han autorizado más licencias de taxi , incluyendo a las que tenían libranza, para el fin de semana de la vigilia. Esta comenzará el sábado, y al día siguiente se celebrará la eucaristía: para ambos eventos se trabaja en un dispositivo con 140 agentes de movilidad. En Cibeles, las cargas y descargas nocturnas, sin ocupación de calzada, comienzan este jueves 21.

El sábado, 23 de mayo, quedará ocupado de forma permanente el carril derecho del paseo de Recoletos sentido norte. A partir del lunes se ocuparán las dársenas de autobuses nocturnos de la plaza, además de tres carriles del paseo de la Castellana para instalar una plataforma, reservada al coro del domingo. Ese mismo día de mayo comenzará el montaje del altar, aunque estos trabajos no supondrán una ocupación de calzada. El 3 de junio se procederá al corte prácticamente total del tráfico en los carriles centrales de la Castellana. Y, a partir del 4 de junio, se cortará prácticamente todo el tráfico en torno a la plaza de Cibeles.

Desde este mismo jueves, en la de Lima, quedará ocupado hasta próximo aviso el carril izquierdo del paseo de la Castellana, en sentido norte y desde la plaza de San Juan de la Cruz hasta Raimundo Fernández Villaverde. Al inicio de la semana que viene se añadirán también los centrales, de forma que los vehículos solo podrán circular en ellos hasta la glorieta de Lima, y desviarse desde allí a los carriles laterales.

Rutas alternativas en transporte público

A partir del día 25 de mayo y conforme a las ocupaciones de calzada necesarias se materialicen de manera gradual, el Ayuntamiento recomienda el uso del transporte público. Para aquellos ciudadanos a los que les resulte imprescindible el privado, se recomienda como vía principal para los desplazamientos la M-30, así como evitar el centro de la ciudad. No obstante, se recomienda como alternativa pasar por vías en la zona interior a M-30 que cuenten con mayor capacidad y no estén afectadas por las ocupaciones: por ejemplo, las calles de Bravo Murillo o Santa Engracia en la zona oeste; Serrano, Velázquez, Príncipe de Vergara, Francisco Silvela o Joaquín Costa en la zona este y para desplazamientos norte y sur. En desplazamientos este y oeste, se priorizarán viales como Costa Rica, Alberto Alcocer o Doctor Esquerdo.

Almeida ha trasladado a la prensa que se trabajará para incorporar en los navegadores más utilizados (Google y Waze) las incidencias para ofrecer los mejores itinerarios alternativos.Las afecciones a las líneas de autobuses de EMT Madrid se focalizarán en aquellas que circulan en las proximidades de las plazas que acogerán la vigilia y la eucaristía, esto es, Cibeles y Lima. Para ello, La empresa municipal prevé un refuerzo de hasta 184 autobuses el sábado 6 y domingo 7 de junio, que suponen aproximadamente un 25% de incremento sobre la dotación prevista.

En Lima, el sábado 6 de junio, se desviarán 22 líneas (3, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 19, 27, 40, 43, 45, 51, 61, 68, 69, 73, 120, 126, 147, 150) y se suprimirán otras durante la vigilia (149 y S10). El servicio especial S10 entre plaza de Castilla y Nuevos Ministerios se verá afectado debido a los cortes en los días previos a este acto. El domingo 7, en la plaza de Cibeles, un total de 25 líneas verán desviado su itinerario: 001, 1, 2, 3, 5, 7, 10, 15, 19, 20, 21, 27, 28, 34, 37, 40, 45, 46, 51, 53, 74, 146, 149, 150, Express Aeropuerto. Además, se suprimirá la línea 002 durante la misa y las líneas nocturnas verán modificadas sus cabeceras.

A partir de la próxima semana comenzará la instalación de aseos químicos en el entorno de las dos plazas, 2.000 en Cibeles y sus proximidades y 800 en la plaza de Lima. Serán 97 puntos en los que se colocarán hasta 1.027 contenedores de 800 litros de capacidad cada uno. Para descongestionar la zona central de la ciudad se ha trasladado a los organizadores la disponibilidad de seis aparcamientos periféricos para el estacionamiento de autobuses, ubicados en Ifema Madrid (con una capacidad para 120-150 autobuses), Valdebebas (80-100), Ciudad universitaria (70-90), Casa de Campo (60-80), Caja Mágica (60-80) y Planetario-Méndez Álvaro (50-70).

Problemas logísticos para un “acontecimiento extraordinario”

Allí podrán quedarse los autobuses que lleguen a la ciudad de Madrid y desde donde saldrán lanzaderas de transporte público para que los peregrinos puedan llegar a las zonas más céntricas de la ciudad. Almeida ha hecho una petición a empresas y centros de trabajo para que, dentro de lo posible, se fomente el teletrabajo en las zonas afectadas en las fechas más complicadas, así como que se permita la entrada y salida flexible de los trabajadores, fundamentalmente en todas las zonas que están especialmente afectadas por la dificultad que se va a generar.

“Solicito que por parte de las empresas y de los centros de trabajo se faciliten las condiciones de teletrabajo. El Ayuntamiento de Madrid ha decidido que del 3 al 9 de junio habrá teletrabajo para los empleados del Ayuntamiento de Madrid”, ha planteado desde el Palacio de Cibeles. Incluso ha pedido a la ciudadanía que “evite desplazamientos que no sean estrictamente necesarios a lo largo de todos esos días”.

Almeida no ha ocultado las “grandísimas dificultades a la movilidad en la ciudad de Madrid a lo largo de todos esos días”. “Van a ser días complicadísimos, van a ser días muy difíciles para los madrileños, van a ser días en los que la movilidad se va a ver gravemente afectada porque estamos hablando del principal eje norte-sur de la ciudad que desde el 25 de mayo va a tener afecciones parciales pero realmente importantes y que, desde el 3 y el 4 de junio va a estar completamente cortado al tráfico”, ha constatado.

José Luis Martínez-Almeida intentará renovar como alcalde con un tercer mandato en Madrid. El actual regidor lo ha confirmado en una entrevista, después de meses de incertidumbre en su partido sobre cuál sería su decisión final, a raíz de una respuesta que dio a la vuelta del verano, en la que pedía “una reflexión” para valorar si se presentaba de nuevo a la reeleción: “Igual quiero cambiar de trabajo”, afirmaba entonces.

Ahora Almeida ha terminado de deshojar la margarita: “Pedí en su momento un proceso de reflexión (...) y estoy en condiciones de poder decirles a los madrileños que se cumplen todos esos requisitos en mí para presentarme a las próximas elecciones municipales”, asegura durante una entrevista en El Mundo, el mismo medio donde sembró las dudas en agosto del año pasado.

En su momento, el alcalde aludió a su reciente paternidad y a su cambio de modo de ver las cosas como uno de los orígines de las dudas. En ese sentido, aseguró que necesitaba contar con el respaldo de su mujer para dar el paso hacia un tercer mandato: “Me ha dicho que si quiero continuar y creo que tengo la fuerza para continuar, debo hacerlo”, explica ahora Almeida, quien también agradece a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que se adelantara a su anuncio, confirmando ella misma que sería el candidato: “Que me haya dado esa confianza, incluso antes de que yo lo pudiera anunciar, ha sido un factor determinante para tomar la decisión”, apunta en la entrevista.

Almeida asegura que su objetivo será mantener la mayoría absoluta que consiguió en el año 2023 por estrecho margen. “Las mayorías absolutas son muy caras y lo que nos toca ahora es trabajar, trabajar y trabajar para que los ciudadanos valoren las ventajas de tenerla en Madrid”, apunta en ese sentido.

¿Cuáles serán los ejes de su programa electoral? Todavía no los desvela pero apunta a que “la prioridad será, por supuesto, mantener el crecimiento económico de la ciudad de Madrid”. La vivienda, pese a ser el primer problema declarado por los madrileños en la última encuesta municipal, la pone en el tercer lugar de sus prioridades.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha sancionado al Ayuntamiento de Madrid por la “revelación, transmisión y difusión” en medios de comunicación de los datos personales de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso. Esos datos que saltaron a la opinión pública estaban incluidos en los expedientes que se le abrieron en 2022 para analizar la posible ilegalidad de las obras que llevó a cabo en el domicilio de Chamberí en el que convive con la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Este es el segundo litigio que el comisionista y empresario gana al consistorio dirigido por José Luis Martínez-Almeida en relación a esa vivienda. En abril de 2025 trascendió que un juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid falló a favor de González Amador al entender que la reforma integral que realizó sí se encontraba amparada por una declaración responsable que fue debidamente presentada.

La batalla administrativa entre el novio de Ayuso y el Ayuntamiento tiene su origen en julio de 2022, cuando el empresario adquirió la vivienda por 850.000 euros. La entrada fue de 350.000 euros (cantidad cercana a la que presuntamente esquilmó al erario público), y el resto del dinero, 500.000 euros, lo aportó mediante una hipoteca. Ya con las llaves en la mano, arrancaron las reformas que derivaron en la apertura de esos expedientes municipales. Y es que esas obras fueron de todo menos pacíficas para los vecinos: al restaurante ubicado en el bajo llegaron aguas fecales, las empresas de cristalería ocuparon la vía pública y hubo derribo de tabiques.

En mayo de 2024 trascendió a la prensa que el Ayuntamiento estudiaba la legalidad de esas obras, y fue justo un mes después cuando González Amador decidió poner una reclamación ante la AEPD contra el consistorio madrileño. Una acción que apoyó su pareja, Díaz Ayuso: “Un ciudadano tiene derecho a defenderse si una institución revela datos personales ante la administración que sea”.

Tras meses de diligencias y de alegaciones por parte del equipo de Almeida, el asunto se ha resuelto con una sanción para el Ayuntamiento de Madrid por la vulneración de hasta tres artículos del Reglamento General de Protección de Datos. Pero esa sanción, al ir contra una administración pública, se queda solo en una suerte de apercibimiento para que se subsanen los agujeros de su sistema de protección de datos. Y eso que la norma recoge que las multas —que van dirigidas fundamentalmente a empresas— pueden ascender a 20 millones de euros.

Se da la coincidencia de que la AEPD dictó esta sanción un día antes (19 de noviembre de 2025) de que se hiciera pública la sentencia del Tribunal Supremo que condenaba al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz por un delito de revelación de secretos. Esa causa del Alto Tribunal nacía también en González Amador y su fraude a las arcas públicas. La Fiscalía le pide tres años y 9 meses de cárcel por dos delitos de fraude fiscal, equivalentes a 350.951 euros, y otro de falsificación de documentos.

La resolución de la AEPD, que ha podido consultar en fuentes abiertas elDiario.es a través del portal de la agencia, explica que el novio de Ayuso denunció que entre los datos que acabaron en poder de los medios estaba su nombre completo, su DNI, su dirección postal, su número de teléfono, la dirección de correo personal, y el contenido íntegro de los expedientes urbanísticos vinculados a su vivienda habitual. También lamentaba que terceros pudieron ver datos de la vivienda, como su distribución, la superficie, la ubicación de las entradas y salidas al exterior o datos como el presupuesto y coste de la obra. Explicaba en su denuncia que los datos difundidos en los medios “únicamente eran conocidos por el Ayuntamiento como organismo responsable de la tramitación del expediente urbanístico”.

Las dos aplicaciones

La Agencia, siguiendo el protocolo administrativo por el que se rige, trasladó la denuncia al Ayuntamiento, que respondió un mes después indicando que, tras estudiar el asunto, detectaban doce noticias que hacían mención o incluían literales de dos expedientes administrativos relativos a la vivienda en cuestión. Y que esa información había sido obtenida a través de dos aplicaciones distintas del consistorio.

La primera de esas aplicaciones, que en la resolución anonimizada aparece como 'Aplicación 1', es una herramienta de acceso público que sirve para consultar licencias y expedientes urbanísticos y que depende de la Agencia de Actividades. Y la segunda de ellas, la 'Aplicación 2', es de uso exclusivo del personal municipal autorizado. Con estas primeras pesquisas, el Ayuntamiento bloqueó la aplicación de acceso telemático público.

Tras esto, y a requerimiento de la Agencia, el consistorio indicó que no se podía calificar el incidente como “brecha de seguridad” porque no tenían constancia de la existencia de una violación de seguridad de los datos personales o accesos ilegítimos en relación con los sistemas de información gestionados por la IAM, Informática del Ayuntamiento de Madrid. Y sobre las medidas que se iban a adoptar, el Ayuntamiento explicó que ya había llevado a cabo una “desconexión temporal” de la aplicación pública para trabajar en la anonimización de datos sensibles y que se capó el acceso a la persona que había consultado en decenas de ocasiones la aplicación interna.

Con todos los datos sobre la mesa, los inspectores asignados por la Agencia iniciaron un largo procedimiento de meses que cristalizó en diciembre de 2024 con el arranque del procedimiento sancionador. Tras diversas alegaciones de los organismos municipales afectados, en agosto de 2025 la AEPD entendió que el Ayuntamiento había infringido el reglamento europeo de protección de datos y conminaba a Martínez Almeida a anonimizar todos los datos de carácter personal contenidos en la aplicación pública; a documentar las altas y las bajas de los usuarios que tenían acceso a bases de datos sensibles; y a la revisión periódica de los permisos de acceso a las bases internas.

En la resolución, la AEPD explica que si bien el derecho de acceso a la información urbanística “debe interpretarse conforme al principio de transparencia máxima”, esta “no es ilimitada y debe armonizarse con el derecho fundamental a la protección de datos personales”. Por eso, recuerda que no es permisible “la publicación indiscriminada de cualquier dato personal, sino únicamente aquellos realmente necesarios para la finalidad de (…) fiscalización”.

La Agencia concluye su resolución dándole seis meses al Ayuntamiento para que implemente todas las medidas que le exige, incluida la anonimización de datos personales en la aplicación que es de acceso público. El Ayuntamiento, en diciembre de 2025, recurrió la decisión de la AEPD, pero solo para matizar que la aplicación de acceso público no debía ser anonimizada totalmente porque esto sería contrario “al marco normativo aplicable en materia de transparencia y urbanismo”. Y la Agencia aclaró que se debían disociar solo los datos personales no pertinentes.

Mientras, la pareja Ayuso-Amador continúa disfrutando no solo del piso reformado sino también del ático de lujo del mismo edificio, adquirido por 950.000 euros por una sociedad denominada Babia Capital SL, que es administrada por el fiscalista de González Amador, Javier Gómez Fidalgo. El propio empresario declaró en una comparecencia judicial que Fidalgo se lo alquilaba por 5.000 euros al mes con derecho a compra, que finalmente ejecutó en noviembre del año pasado.

Florentino Pérez accedía a la presidencia del Real Madrid el 17 de julio del año 2000, marcando un nuevo siglo y una nueva etapa para una entidad que ya venía de conquistar recientemente dos Champions después de tres décadas de sequía continental. El proyecto de los galácticos y el reclamo del antes barcelonista Figo le permitieron imponerse a Lorenzo Sanz pese a que este traía una reciente orejona bajo el brazo.

Ayudó a la victoria de Pérez que los requisitos para presentarse eran menos estrictos que los que luego impuso él y que el tiempo para preparar la candidatura era mayor que el que ahora posee su gran rival, el empresario alicantino Enrique Riquelme. Pero para completar esas ambiciones deportivas, el presidente de la constructora ACS necesitaba tejer (o reforzar, pues ya se movía como pez en el agua) una serie de lazos institucionales y desbloquear grandes operaciones urbanísticas.

Pérez puso sus miras en la antigua ciudad deportiva, ubicada por entonces en La Castellana. Los terrenos fueron recalificados de deportivos a terciarios, en una operación junto al Ayuntamiento (con José María Álvarez del Manzano como alcalde) y la Comunidad de Madrid (presidida entonces por Alberto Ruiz-Gallardón) que multiplicó por seis su edificabilidad y permitió construir cuatro torres de oficinas. Los cuatro rascacielos que comenzaron a simbolizar una nueva ciudad y un artificial distrito financiero en ciernes.

La operación de puesta en valor de unos terrenos públicos que el franquismo le había vendido a bajo precio a Santiago Bernabéu en 1960 le supuso al Real Madrid ingresos por valor de 501 millones de euros. Impulsaron la era de los fichajes estelares y varias Champions League en los años posteriores, antes de que Pérez cerrara en 2006 su primera etapa al frente del club por haber “malcriado a los jugadores” (un error que dos décadas después no cree haber cometido).

Su primer período como presidente duró solo seis años, pocos para los 17 (de momento) en esta segunda, pero fueron vitales para completar esas operaciones a través de la mudanza a un nuevo desarrollo urbano que el Real Madrid puso en el mapa: Valdebebas. Un entorno entre los distritos de Barajas y Hortaleza que ahora supera los 30.000 habitantes y sigue en expansión, con mayores dotaciones, servicios y transportes proyectados que zonas análogas de la ciudad al sur o al este.

En este segundo mandato, además de construir un nuevo equipo de estrellas ganadoras que ahora comienza a desgastarse y de desbarrar con los conciertos o los parkings del renovado Santiago Bernabéu, Pérez ha acordado una nueva operación urbanística con el alcalde José Luis Martínez-Almeida. En mayo de 2025, presentó su nuevo proyecto de futuro para el club merengue: el Madrid Innovation District (MID). Un enorme campus empresarial de innovación y ocio con la intención de construir sobre esos mismos terrenos de Valdebebas que recibió del Ayuntamiento hace décadas, cuando tenían un valor muy inferior al actual, con el objetivo de erigir allí su nueva ciudad deportiva y a la vez mantener una enorme extensión de tierras en barbecho, a la espera de posibles usos futuros.

Los terrenos del citado MID ocupan 85 hectáreas y para poder levantar todas las oficinas, universidades y centros de ocio previstos es necesaria una nueva recalificación, porque toda la parcela está pensada para usos deportivos privados. La operación urbanística se encuentra, de momento, guardada bajo llave. Ni el Ayuntamiento de Madrid ni el club blanco han ofrecido más detalles de sus trámites. Incluso la presentación del MID se hizo a puerta cerrada, con la presencia del alcalde o de la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero sin ningún periodista presente que pudiera preguntar sobre el proyecto. Tan solo ha trascendido que será necesaria una “inversión internacional” de 8.500 millones de euros para ponerlo en marcha.

El futuro campus empresarial se situará en una parcela que se está rodeando de numerosas infraestructuras de transportes. A su cercana situación respecto del aeropuerto de Barajas se le ha unido un recién inaugurado intercambiador, que enlaza dársenas de bus con el Cercanías. También la ampliación de la línea 11, que prevé siete estaciones en el barrio. La línea del AVE habrá llegado igualmente a Barajas cuando se empiecen a construir los primeros edificios del MID.

Un presidente tranquilo pese a los reveses de conciertos y aparcamientos

La confianza del dirigente deportivo en la administración madrileña quedó patente en la primera entrevista concedida después de la agitada rueda de prensa en la que anunció el adelanto electoral. El presidente del Real Madrid aseguró que los conciertos van a volver “prontísimo” al Bernabéu después de la resolución judicial que exime a la entidad de responsabilidad penal, según avanzó el 13 de mayo durante una entrevista en La Sexta. “Vamos a negociar con la Comunidad, si hay que acabar a las once o lo que sea”, aseguraba el presidente blanco. “Tiene que hacer la Comunidad y el Ayuntamiento una legislación que nos permita” hacer conciertos, añadía.

Pérez aseguró también que la facturación de los conciertos supone solo el 1% del total del negocio para el Real Madrid. “Nosotros no ganamos dinero con los conciertos, es un tema reputacional, que lo prestamos para la ciudad”, decía. Las cuentas del club, sin embargo, preveían una facturación mucho mayor. También indicó en la misma entrevista que le había dolido la sentencia sobre los aparcamientos que iba a explotar el Real Madrid. “Eran parkings para residentes, porque nos lo pidió el Ayuntamiento, y no los han querido”, dijo anoche. En realidad, los dos aparcamientos los solicitó el propio club blanco, como publicó este periódico en el año 2022. El único que está a medio hacer, el de la Castellana, no contaba con ninguna plaza para residentes, ya que sus 1.500 aparcamientos iban a dedicarse a rotación.

“Esos vecinos que van contra el Real Madrid, tengo que pensar que son del Atleti”, añadió en la entrevista Florentino Pérez en relación a la Asociación Vecinal de Perjudicados por el Bernabéu, que de momento ha tumbado la concesión de los parkings por importantes ilegalidades en su tramitación y que el club blanco ha recurrido hasta el Supremo. El Ayuntamiento se retiró del procedimiento por las escasas posibilidades de que le dieran la razón frente a la entidad vecinal.

“Todas las informaciones parten de una denuncia falsa. No hay demanda contra mí, así que todo cae por su propio peso”. Yolanda Estrada se ha zafado así de las preguntas y reproches de la oposición en un tenso pleno de la Junta de Chamartín, en el que Más Madrid, PSOE y Vox habían solicitado una comparecencia de la concejala presidenta del distrito que versara específicamente sobre las acusaciones por acoso laboral.

“La oposición se ha puesto de acuerdo para que yo aclare lo que un medio ha publicado. Algo absurdo, pues solo el medio podrá aclararlo. Me piden explicaciones por lo que se ha publicado rayando la difamación”, sostiene Estrada en su primera explicación pública sobre este asunto, después de que Somos Madrid informara el pasado 22 de abril acerca de dos denuncias por acoso laboral a las que este periódico ha tenido acceso.

Una se presentó el 23 de marzo ante los Juzgados de lo Social, dirigida contra la coordinadora del distrito Alicia Gregorio, y otra once días antes en la Inspección de Trabajo, en ese caso contra Estrada, Gregorio y el director general de Función Pública del Ayuntamiento, Juan José Blázquez (en su caso por “dejación de funciones”). Ambas describen un ambiente “hostil” con “hostigamiento”, “trato vejatorio”, “episodios de llantos” o “ceses indiscriminados”.

Para Estrada, en cambio, son ella y Gregorio las víctimas de una “campaña de difamación”: “Esto es un acoso económico y social. La víctimas somos esta persona [señalando a su coordinadora] y yo. En un estado de derecho, quien acusa tiene la obligación legal de demostrarlo. En una democracia, el honor es un derecho fundamental que nadie debe amenazar por intereses personales. Todas las informaciones publicadas por ese medio parten de una denuncia falsa. No hay demanda contra mí, así que todo lo demás cae por su propio peso. Le dan el pábulo de quien pretende enriquecerse desde un anonimato corrupto”.

La edil ha enumerado diversos documentos que, afirma, acreditan que no ha recibido requermiento judicial alguno. No ha aclarado si la Junta tiene constancia de la denuncia elevada a la Inspección de Trabajo, ni si Gregorio (sentada a su izquierda durante toda la sesión) tampoco ha sido notificada acerca del procedimiento judicial. Tampoco ha apuntado que la notificación podría producirse una vez sea admitida a trámite.

Ha llegado a comparar su situación con la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que “ha sido demandado por acoso laboral y prácticas irregulares por la exresponsable de la Internacional Socialista”. Para Estrada, el líder del Ejecutivo “es libre para tomar la decisión que considere oportuna ante esa acción, que ha sido callarse”. Por contra, dice, en su caso “el periodista publica una noticia falsa y sin la demanda estoy expuesta con indefensión a una exposición mediática”. Adelanta además que no volverá a ofrecer explicacionens públicas sobre este asunto.

“A pesar de ello hemos respondido en el Ayuntamiento y a pesar de ello han continuado con el hostigamiento. Con una demanda, yo podría defenderme y presentar una querella por denuncia falsa. Pero como no existe entramos en un terreno diferente al de la Justicia. Estamos ante una bazofia moral y ética, un terreno en el que Mar Barberán y Enma López se sienten cómodas”. Estrada ha pasado entonces a una espiral de descalificaciones y ataques rescatados de la hemeroteca hacia las portavoces en Chamartín de Más Madrid y PSOE, respectivamente. También contra Vox, al que ha afeado “ponerse del lado de los comunistas”.

Un repaso a la actualidad y la hemeroteca de la oposición para eludir las acusaciones

“Desde que José Luis Martínez-Almeida es alcalde, defendemos una mayor transparencia”, afirma Estrada. “Es el PP quien garantiza la normalidad institucional frente a un Gobierno que en una legislatura no tramita unos Presupuestos, que según el Tribunal de Cuentas ha desviado dinero de fondos europeos a gastos corrientes [maniobra amparada por la Comisión Europea], que hace política exterior en función del despacho del presidente o que tiene a su mujer imputada por cuatro delitos”, ha enumerado la concejala. Ha reprochado a López que no condene las palabras de María Jesús Montero, que calificó de “accidente laboral” la muerte de dos guardias civiles mientras perseguían unas narcolanchas. “Nosotros defendemos a todos los empleados públicos, también esos guardias civiles o los jueces que el PSOE ataca”, ha aseverado, mientras la bancada socialista le echaba en cara usar el dolor de los fallecidos en servicio.

Estrada ha pasado luego a atacar a Más Madrid, no sin antes sugerir que si López “ha recibido algún sobre haría bien en reconocerlo”. En sus ataques al principal partido de la oposición, la edil se ha retrotaído al juicio contra Rita Maestre por su protesta en una iglesia para indicar que aunque finalmente no fue condenada el juez tachó su actuación de “irrespetuosa”. Estrada ha pasado después a arremeter contra sus “amigos de Bildu, que se defienden matando” e incluso contra Mónica Oltra. Finalmente, ha reprendido a Vox por “enfrentarse a todo el mundo: al PP, a la Iglesia católica y hasta entre ellos”.

La concejala, en las listas de Almeida aunque integrante la pasada legislatura del grupo del PP en la Asamblea de Madrid que lidera Isabel Díaz Ayuso, ha dedicado especial atención a dos puntos de las informaciones que han causado en ella un especial enfado. En primer lugar, su tortuosa relación con los vecinos del entorno del Santiago Bernabéu: “He mantenido 15 reuniones con vecinos, convocadas por mí o por terceros. Dejando mi número o llamando puerta a puerta, como hago con cualquier sector de Chamartín”.

Pero sobre todo se ha mostrado molesta con un aspecto recogido en una de las denuncias: el cese de la persona que precedió a Alicia Gregorio cuando el afectado por la destitución padecía una situación oncológica. “La falseded de algo tan vil demuestra que esa orquesta de difamadores quiere retratarme como un monstruo, destruir mi imagen pública y moral”.

“Me asquea el uso de la salud y del cáncer para acabar conmigo. Yo he padecido dos cánceres, mi madre falleció de ello y mi padre también. ¿En qué momento un desaprensivo ha podido afirmar algo tan grave contra mí? Ser paciente oncológica no me exlcuye de ninguna responsabilidad, pero es repugnante lo que ha ocurrido. La gentuza detrás de esta cacería usa el cáncer para hacerme daño. No me conocen si piensan que su fango va a anularme. Intentan ensuciar mi ética y mi imagen público y personal. Esto demuestra quienes somos las personas acosadas”, ha rematado.

Hasta ahora, la edil no se había pronunciado sobre las acusaciones. Tan solo las había negado al Ayuntamiento, según trasladó la vicealcaldesa Inmaculada Sanz después de que estallara el caso. Sanz también detalló que el Consistorio no ha recibido denuncias o informaciones sobre el caso a través de los protocolos laborales municipales establecidos para ello. Pese a ello la denuncia contra la Inspección de Trabajo también se dirige contra Juan José Blázquez, director de Función Pública en el Gobierno de Almeida, por una presunta falta de actuación.

Este periódico ha recopilado testimonios de personas que han estado o están vinculadas laboralmente a la Junta y corroboran las actitudes descritas en las denuncias. “Está jodiendo vidas”, asegura una persona sobre el día a día con Estrada. “Yo he sufrido acoso”, reconocía otra. Todo ello mientras las plazas vacantes han aumentado en Chamartín y un programa educativo distrital de apoyo al alumnado con necesidades especiales no ha sido renovado.

La oposición, unida contra Estrada: “No vamos a institucionalizar la violencia”

Estrada trató de reconvertir la peticion de la oposición de un pleno extraordinario en uno más genérico sobre politicas de personal, aunque finalmente no logró hacer prevalecer su propuesta en la Junta de Portavoces. Enma López ha destacado que la edil “ha conseguido algo imposible en estos tiempos: unanimidad, ante unas informaciones tan graves como las que hemos conocido, por las cuales no podemos mantener la normalidad”.

“Todo el respeto a la presunción de inocencia, pero nada nos importa más que conocer la verdad. Leyendo las informaciones no nos extrañan por la violencia institucional que vivimos cada día en estos plenos y en el distrito. Si eso hace en público, ¿qué no hará en privado? Hay asociaciones que han dejado de venir ante sus faltas de respeto. Me duele y me pregunto si no deberíamos haber dicho basta a sus formas mucho antes. Espero todas las explicaiones, si las acusaciones son ciertas, si lo sabía y lo ocultó, si las condiciones de los empleados públicos son las adecuadas. Queremos respuestas y responsabilidades. Estamos defendiendo el respeto de esta Junta y este Ayuntamiento porque son dos instituciones que merecen estar a la altura”, ha dicho López en una encendida intervención que ha acabado con aplausos (y con Estrada recordando que no está permitido aplaudir en los plenos).

Mar Barberán ha cuestionado que Estrada intentase imponer un debate sobre plazas vacantes, aunque a este respecto ha apuntado que “diez ceses sin explicaciones en tres años son demasiados”. Tras ello, ha apuntado que “si algo permite la excelencia en el trabajo es un buen cima laboral, cosa que sé de primera mano porque he trabajado diez años en recursos humanos”. “Hay funcionarios que han dicho cosas muy fuertes, que hablan de un entorno laboral intimidatorio, degradante y hostil. De trato vejatorio, humillaciones y faltas de respeto. Que como chilla, te encoge. Son cosas ante las que no se puede poner de perfil y ante las que debe al menos pedir perdón. No vamos a normalizar el insulto, sería institucionar la violencia”.

Estrada ha contestado esas aseveraciones manteniendo que la oposición “ha venido al espectáculo” y a plantear una acusaciones que, a su juicio, impiden debatir “otros asuntos que interesan más a los vecinos”. Todo ello después de fundar su defensa en alusiones a la política nacional o a sucesos ocurridos hace décadas. Para la vocal vecina del PSOE Carolina Sánchez ha sido la propia concejala presidenta quien ha quedado en evidencia: “Se ha hecho usted un Florentino Pérez”, ha zanjado.

El grupo VVV [Trippin' you] llevó este martes al escenario de San Isidro el título de su tema Ya no tienes miedo y aprovechó la exposición del momento para ceder un espacio al Sindicato de Vivienda de Carabanchel. En un vídeo emitido en la gran pantalla a su espalda, la organización en defensa de los derechos inquilinos alertó del desahucio que ha tenido lugar este miércoles en una antigua vivienda de la Agencia de Vivienda Social (AVS) de la Comunidad de Madrid. Un piso que la compañía dependiente del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso vendió a un particular, en un acto que desde el Sindicato definen como “privatización de la vivienda pública”.

En el clip, acompañado de una pancarta con el mensaje “Llenan la Pradera, desahucian Madrid”, un miembro del Sindicato denuncia que “mientras se celebran las fiestas más importantes de Marid, a tan solo unos metros Ayuso quiere desalojar bloques enteros de vivienda pública para vendérsolos a inversores privados”.

“Este 13 de mayo quieren desahuciar a Ana y su hijo. No lo vamos a permitir. Sabemos que la vivienda pública que nos venden como solución no lo es en absoluto. También desahucia, tiene condiciones miserables y jamás será estable. Ayuso y Almeida están vendiendo Madrid a los especuladores mientras el Gobierno central se dedica a hacer la misma mierda”, exponen.

Así, “la única solución pasa por organizarnos como clase en los sindicatos como clase en los sindicatos de vivienda, poner el cuerpo en los desahucios y defender nuestras casas juntas para superar este modelo miserable de vivienda pública y lograr una vivienda universal, gratuita y de calidad”. Llaman además a acudir a la manifestación del próximo domingo 24 de mayo en Atocha.

La emisión de este mensaje fue recibida por el público con víteres, aplausos y algunas descalificaciones contra el alcalde, José Luis Martínez-Almeida. Entre la audiencia se desplegó otra pancarta que anima a la protesta del 24 de mayo, con la frase “la vivienda nos cuesta la vida”. El Sindicato de Vivienda de Carabanchel había llenado previamente la Pradera y sus alrededores de pegatinas sobre el del desahucio, muy visibles en distintos rincones del entorno.

El desalojo de este miércoles en la calle Alto de San Isidro ha sido finalmente ejecutado, pese a la movilización y contestación del Sindicato de Vivienda de Carabanchel. De nuevo, como en el caso del jubilado Mariano Ordaz la semana pasada, un enorme despliegue policial ha apoyado el desalojo.

Almeida no ha tardado en salir al paso de la acción para cuestionarla: “Respeto las manifestaciones culturales, en esta ciudad no hay censura. Pero una fiesta es una fiesta y una reivindicación política tiene que ser en el ámbito adecuado. Muchas personas no están de acuerdo y solo fueron a disfrutar de un concierto de San Isidro. Las opiniones políticas las tienen que dar en otros ámbitos”.

VVV [Trippin' you] se ha convertido en uno de los grupos de la escena electrónica más fulgurantes del momento. Formado en Móstoles en 2015, lo integran Adrián Bremner, Elinor Almenara y Salvador “Salvi” Urbaneja. Con esta acción siguen la estela de Biznaga, que en 2023 aprovechó el altavoz de San Isidro para reivindicar un Madrid que “no es de los buitres”.

La Federación Comarcal Sur Villaverde Alto de Confederación Nacional del Trabajo (CNT) y la organización Regularización Ya han presentado una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Madrid contra el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y el concejal delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández. Les atribuyen delitos por presunta prevaricación e irregularidades en la gestión del proceso extraordinario de regularización de personas migrantes aprobado por el Gobierno central.

La denuncia, recogida por Europa Press, está firmada por el secretario general del sindicato, Pablo Redondo Jiménez. En ella solicita que acuerde la apertura de la correspondiente investigación y ejercite las acciones penales de los delitos que se denuncian ante la autoridad judicial que resulte competente. El sindicato sostiene que el Ayuntamiento habría obstaculizado “el acceso de miles de personas migrantes en situación administrativa irregular a los certificados de vulnerabilidad exigidos para tramitar su regularización extraordinaria antes del próximo 30 de junio”.

El escrito atribuye a los responsables municipales posibles delitos de denegación discriminatoria de prestación pública, recogido en el artículo 511 del Código Penal, y de prevaricación administrativa, tipificado en el artículo 404. Además de Almeida y Fernández, la denuncia incluye como presuntos responsables a la coordinadora general de Políticas Sociales, Raquel Muros Delgado; a la directora general de Servicios Sociales y Atención a la Discapacidad, María Consolación Alfaro Moreno; y a la jefa del Departamento de Coordinación y Programación de la Atención Social Primaria, María Pilar Benito Pecharromán.

Según la denuncia, los protocolos implantados por el Ayuntamiento desde finales de abril habrían introducido “trabas burocráticas adicionales” para acceder a los servicios sociales municipales y obtener el certificado de vulnerabilidad necesario para completar el proceso de regularización. CNT sostiene que dichas medidas afectaron especialmente a personas migrantes con dificultades idiomáticas, problemas de acceso digital o sin recursos económicos, provocando retrasos que podrían dejar fuera del proceso a numerosos solicitantes.

El Gobierno aprobó el pasado 15 de abril de 2026 el proceso extraordinario de regularización de personas migrantes mediante el Real Decreto 316/2026. Entre los requisitos establecidos figura la acreditación de situación de vulnerabilidad a través de servicios sociales públicos o entidades colaboradoras autorizadas. La denuncia señala que, tras la entrada en vigor de la norma, los centros de servicios sociales municipales de Madrid no recibieron instrucciones claras durante varios días pese al fuerte aumento de solicitudes.

Posteriormente, el 21 de abril, los trabajadores sociales recibieron órdenes para cancelar citas previamente organizadas y derivar las solicitudes al sistema de Registro General del Ayuntamiento. Según el sindicato denunciante, este nuevo procedimiento añadió barreras administrativas y retrasó el acceso a los informes necesarios para la regularización.

Almeida minimiza las acusaciones: “Maniobra de propaganda”

Almeida, por su parte, ha trasladado en un acto con prensa desde Carabanchel que, aunque no conoce la denuncia, sí está seguro de que tanto él como el delegado Fernández no han cometido irregularidad penal alguna y que esto le parece “más bien una maniobra de propaganda por parte de la CNT”. Lo sustenta en que no le consta siquiera que CNT se haya dirigido de cualquier manera al Ayuntamiento de Madrid instando a que acometiera cualquier tipo de actuación en relación con el proceso de regularización.

“Este es un Estado de Derecho, que acudan a la Fiscalía, pero conviene acudir a la Fiscalía no para obtener un titular, sino cuando verdaderamente se pueda haber producido un ilícito penal. E insisto, estoy seguro de que ni el delegado ni yo hemos cometido ese ilícito penal. Así que tranquilidad total y absoluta”, expone el primer edil.

Polémicas palabras del alcalde recogidas en la denuncia

El documento de CNT se sustenta además en unas palabras del regidor después de la Junta de Gobierno municipal. El alcalde aseguró públicamente que el Ayuntamiento “no iba a colaborar” con el proceso de regularización impulsado por el Ejecutivo central. CNT considera que esas manifestaciones reflejan “una voluntad política de obstaculizar el procedimiento” y relaciona dichas declaraciones con los protocolos posteriores implantados en servicios sociales.

La denuncia subraya además que el Ayuntamiento conocía previamente la situación de saturación de los servicios sociales municipales. El escrito recoge datos internos que reflejarían esperas medias de hasta 36 días para obtener cita en servicios sociales y demoras superiores a los 50 días en algunos distritos como Villaverde, Hortaleza o San Blas-Canillejas. Pese a ello, el sindicato sostiene que el Consistorio no adoptó medidas extraordinarias de refuerzo de personal para afrontar el incremento de solicitudes derivado del proceso de regularización.

CNT solicita a la Fiscalía que abra diligencias de investigación, reclame los protocolos internos elaborados en abril y tome declaración tanto a los responsables políticos como a trabajadores sociales y personas migrantes afectadas. Entre las diligencias solicitadas figuran requerimientos al Ayuntamiento para que aporte comunicaciones internas, datos sobre citas anuladas y estadísticas de emisión de certificados de vulnerabilidad. Asimismo, el sindicato pide investigar quién elaboró y ordenó aplicar los protocolos denunciados y por qué dichos documentos carecían, según la denuncia, de firma oficial.

“Tomadura de pelo”, “despilfarro absurdo”, “costoso e inservible lavado de cara”. Así han calificado la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (Fravm) y la Coordinadora de Asociaciones Vecinales de Puente de Vallecas el proyecto Vallecas Abierto, que presentó el pasado lunes el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. El plan busca “regenerar” el espacio existente bajo el scalextric, aunque según las entidades que firman el escrito “carece de sentido” gastar 11,5 millones de euros en una operación que “tiene mucho de cosmético y poco de mejora real de la calidad de vida de la vecindad del entorno en los barrios de San Diego y Numancia (Puente de Vallecas) y Adelfas (Retiro)”.

En el marco del proyecto, Almeida ha anunciado la construcción en los próximos dos años de un jardín vertical de 700 metros, alguna instalación municipal bajo el puente que podría ser un local de ensayo, más pasos peatonales y la peatonalización de un trozo de la vía pública en una reforma que el Ayuntamiento define como “ambiciosa y realista”. Actuaciones “completamente inútiles para combatir el problema más grave que genera el scalextric, la contaminación atmosférica provocada por los 170.000 vehículos que lo usan a diario”, según reza la comunicación de las agrupaciones de residentes. La intervención no eliminará ninguno de los 20 carriles de tráfico operativos en la zona.

Por ello, los colectivos vecinales de Vallecas y Retiro insisten en el desmantelamiento definitivo del paso elevado, una actuación que el propio Ayuntamiento aprobó con la unanimidad de todos los grupos políticos hace cinco años, en el pleno municipal del 30 de marzo de 2021, con la idea de cerrar una de grandes heridas que aún siguen abiertas en la capital. El alcalde ha supeditado la retirada del scalextric al desarrollo de la operación del Abroñigal, una “fea excusa para eludir su propia responsabilidad, pasando la pelota del problema a otra Administración, la que representa el Gobierno central”.

“Más de 120.000 personas viven en San Diego, Numancia y Adelfas y a diario padecen los malos humos, los ruidos y la fealdad de la frontera que representa el paso elevado. El regidor está obligado a velar por su salud y bienestar, como los de cualquier vecino o vecina del municipio que gobierna”, lamenta el comunicado.

“No es de recibo que el Ayuntamiento se gaste casi 80 millones de euros en el proyecto Parque Ventas para construir una losa de hormigón de 200 metros lineales sobre la M-30 (una actuación que rechazan las asociaciones vecinales de Salamanca y Ciudad Lineal y la Fravm por costosa y absurda), mientras renuncia a desmantelar el último scalextric de la ciudad, una añeja demanda vecinal que cuenta con la simpatía de todo el mundo”, añaden los firmantes del documento.

La Fravm considera “sorprendente” que el alcalde haya anunciado esta mañana que dialogará con las asociaciones vecinales para determinar la dotación que irá debajo del scalextric cuando el proyecto general se ha gestado en los despachos del Consistorio sin ningún tipo de participación ni diálogo con el tejido asociativo vecinal.

“Lo que queremos es que se pongan las bases para la retirada definitiva del scalextric, una auténtica fractura en la ciudad y símbolo del enorme desequilibrio territorial y social que aún padece la ciudad, pero que con voluntad política se puede y debe reparar”, sostiene Jorge Nacarino, presidente de la Fravm. “Todo lo que no sea avanzar hacia este horizonte será tirar el dinero”, apostilla.

Por ello, las asociaciones vecinales de Puente de Vallecas sugieren que los 11,5 millones presupuestados para Vallecas Abierto se empleen en cubrir otras necesidades o demandas históricas del distrito, como la “siempre aplazada” biblioteca municipal de la calle Monte Olivetti, la Escuela de Música de Vallecas, que fue aprobada en el plan SURES para ser ejecutada en una parcela situada en la intersección de las calles Javier de Miguel con Martínez de la Riva pero anulada en 2024; o la apertura de un equipamiento público en el edificio del antiguo colegio Fernán Caballero de la calle Francisco Laguna.

La visita del jefe de Estado del Vaticano será correspondida por el Ayuntamiento de Madrid con la entrega de su distinción más preciada, la Llave de Oro de la Villa. Lo ha anunciado este martes el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, con motivo de la visita a principios de junio de León XIV.

La entrega tendrá lugar el domingo 7 de junio, dentro de la apretada agenda del Papa, aprovechando que estará junto al Ayuntamiento, en la plaza de Cibeles, para ofrecer una misa. El primer edil ha indicado que el propio Palacio podría ser “quizás” el lugar elegido para el acto.

Almeida ha avanzado este reconocimiento durante su intervención en el desayuno informativo protagonizado por el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Argüello, organizado por Nueva Economía Fórum. El alcalde ha destacado que la visita del sumo pontífice será “histórica”, ya que “desde el año 2011, con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud, no venía un papa a España” y ha asegurado que la capital “se siente profundamente orgullosa” de recibirle y “darle el acogimiento que merece”.

En este sentido, Almeida ha destacado que la entrega de la Llave de Oro supone un “testimonio del afecto, de la admiración y del cariño” de Madrid hacia el santo padre, a quien ha definido como “una brújula moral imprescindible en los tiempos que vivimos”. También ha relacionado a la capital con el cristianismo asegurando que es “una ciudad que no desconoce ni ignora sus raíces” y que “se asienta sobre sus raíces cristianas” como la “mejor forma de encarar nuestro futuro”.

La Llave de Oro de la Villa es una pieza de orfebrería que emula las antiguas llaves de la muralla y representa la confianza y la bienvenida de los madrileños a los mandatarios más relevantes que visitan la ciudad en viaje oficial. Este reconocimiento se suma a la tradición municipal de distinguir a los líderes mundiales, con el precedente directo de la entrega de la misma llave a Benedicto XVI en el año 2011. 

La novena medalla de la ciudad que entrega Almeida

La concesión de la llave de la ciudad a mandatarios internacionales es un gesto no demasiado habitual en la ciudad de Madrid y se concede a muy pocas personas en cada mandato. El alcalde solo había otorgado tres en su segunda etapa en Cibeles, mientras que en la primera llegó a dar hasta cinco distinciones.

Tres candidatos a la presidencia de Venezuela que no han gobernado el país la han recibido durante esta etapa: Juan Guaidó en 2020, Edmundo González en 2025 y María Corina Machado hace solo unas semanas. También Almeida entró llaves al expresidente de Corea del Sur, a Gustavo Petro, al presidente de Italia Mattarella y a dos monarcas absolutos, el emir de Qatar y el sultán de Omán, esta última en noviembre del año pasado.

El Gobierno de Almeida también registró en 2022 un hecho poco usual, el de la retirada de esta distinción a una persona que la había recibido dieciséis años antes, al considerar que no era merecedora de tal distinción: fue en el año 2022 cuando el Pleno votó quitar la Llave de Oro a Vladimir Putin, que la tenía desde el año 2006 durante otra visita de estado.

Entre las personalidades relevantes que poseen la llave de oro de Madrid se encuentran el rey Carlos de Inglaterra (la recibió en 2011), el presidente chino Xi Jinping (2018), el expresidente argentino Mauricio Macri (2017) o el exsecretario general de la ONU Kofi Annan (2002). En cuanto a políticos ya fallecidos a los que se les entregó la llave de la ciudad, la lista incluye mandatarios como Gorbachov, Gadafi, Ceaucescu o Nixon.

La concejala de Más Madrid en Puente de Vallecas, Olga Martínez, ha enviado una carta al presidente de la Junta Municipal del distrito donde solicita la instalación de pantallas en los alrededores del Estadio de Vallecas para la final de la Conference League. Un partido histórico para el club de la franja que se disputará en Leipzig (Alemania) el miércoles 27 de mayo y ante el cual el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, no cierra la puerta a que pueda seguirse en un gran evento público.

“Solicito que esta Junta de Distrito valore, junto con las áreas competente del Ayuntamiento de Madrid, la instalación de pantallas gigantes en nuestro distrito. El histórico momento que vive el club y la enorme ilusión que ha despertado entre la afición vallecana hacen necesario que las instituciones estén a la altura y faciliten espacios públicos donde las vecinas y vecinos puedan reunirse para seguir el partido de manera segura, accesible y colectiva”, recoge la misiva remitada por la edil al concejal Ángel Niño.

Propone para ello “una ubicación especialmente significativa para nuestro barrio: en los alrededores del Estadio de Vallecas, casa del rayismo y símbolo de identidad para generaciones de vecinas y vecinos”. Defiende que “se podría hacer uso del recinto ferial del parque Payaso Fofó, un espacio amplio y adecuado para acoger a cientos de personas en un ambiente popular y familiar”.

“Vallecas es un barrio que vive el fútbol como parte de su identidad colectiva. Esta final supone un acontecimiento excepcional, que trasciende lo deportivo y representa también el orgullo de un barrio trabajador y luchador que quiere vivir este momento unido. Creemos que facilitar estos espacios públicos contribuiría, además, a garantizar una celebración organizada, segura y accesible para toda la afición, evitando desplazamientos innecesarios y favoreciendo la convivencia vecinal. Esperamos que el Ayuntamiento atienda esta petición y colabore para que Vallecas pueda disfrutar de una cita histórica como merece”, concluye el escrito remitido al miembro del Ejecutivo municipal responsable del distrito.

Olga Martínez ha formalizado la exigencia después de publicar un vídeo en TikTok en el que reclamaba la misma iniciativa: “El Rayo está haciendo historia y Vallecas forma parte de ella. Tiene un barrio detrás y ese barrio tiene un empuje que puede más que todos los millones. Por eso el Rayo va a jugar la final de la Conference”, expone, antes de lanzar una cuestión: “¿Cómo es posible que el Ayuntamiento de Madrid aún no haya anunciado la colocación de pantallas gigantes para que todo el barrio pueda vivir unido esta final histórica?”.

Almeida, desde la sede de Calle 30 en Méndez Álvaro, ha explicado en respuesta a una pregunta de Somos Madrid al respecto que “lo más razonable por seguridad y logística” sería instalar estos elementos de retransmisión dentro del propio estadio, aunque están “dispuestos a estudiar diferentes escenarios”.

El seguimiento desde los estadios ha sido la norma en otras citas futbolísticas que no involucran a la Selección Española (cuyos grandes efrentamientos sí suelen tomar el espacio público), como la última final continental disputada por un equipo madrileño. Fue en 2024, cuando el Real Madrid se impuso en el encuentro definitivo de la Champios ante el Borussia Dortmund. En aquel entonces, la entidad blanca habilitó pantallas para que los hinchas vieran el encuentro en el Santiago Bernabéu. La falta de iniciativa desde la directiva del Rayo a la hora de emprender acciones socioculturales, así como su menor potencial económico, dejan dudas sobre si emularán esta práctica de manera autónoma.

Almeida no ha perdido la oportunidad para destacar la “proeza” del Rayo y calificarlo como “el primer equipo de Madrid en estos momentos”, así como “el único de la ciudad que ha estado por encima de las expectativas deportivas durante este año”. El regidor lanza así un reproche velado al Real Madrid e incluso al Atlético de Madrid, equipo del que es un seguidor declarado (y al que ha puesto la alfombra roja municipal).

El Rayo Vallecano ha logrado un hito histórico, alcanzar su primera final europea, después de eliminar en semifinales al Estrasburgo francés (uno de los grandes favoritos). Se enfrentará al Crystal Palace, también equipo de barrio, en su caso londinense. La Conference, creada en 2021, es la tercera competición de la UEFA por importancia y prestigio. Hasta el momento ningún equipo español ha logrado alzarse con el trofeo, hazaña que solo han consumado la Roma italiana, el Olympiakós griego y dos clubes londinenses: West Ham y Chelsea. Precisamente ante el equipo blue cayó la pasada temporada el Real Betis, primer equipo español en alcanzar el partido definitivo. El contundente resultado fue de 1 a 4.

“Ninguno”. Esa es la respuesta del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, al ser preguntado por este periódico sobre cuántos carriles va a suprimir su Gobierno en la reforma del scalextric de Vallecas. El propio Almeida ha definido el espacio como “entorno degradado” y como “una barrera que impide la convivencia adecuada” en el plan anunciado este lunes desde la sede de Calle 30, en Méndez Álvaro.

Actualmente el entorno tiene 20 carriles dedicados al tráfico de vehículos motorizados: ocho sobre el puente, seis a nivel de suelo (todos ellos datan de 1976) y otros 6 subterráneos, en el bypass de la M-30 puesto en marcha en 2004 por el Consistorio que lideraba Alberto Ruiz-Gallardón. Todos continuarán operativos, ya que según Almeida “300.000 vehículos circulan cada día por este tramo y esto es lo que se puede hacer para que sigan circulando”.

En un plan bautizado como Vallecas Abierto, entre las actuaciones municipales destaca la adición de nuevos pasos peatonales bajo el puente y la peatonalización de la calle Monte Oliveti, que incrementará en 3.770 metros cuadrados la superficie peatonal. La actuación incluye como otra gran novedad la construcción de una dotación municipal bajo el puente, que según el regidor podría ser “una sala de ensayo”, así como un local destinado a Madrid Calle 30 y la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT). Equipamientos municipales que, en la práctica, podrían contribuir a asentar más si cabe el scalextric, al comprometer su hipotético desmontaje la viabilidad o continuidad de esos espacios públicos.

La instalación de jaridines verticales, la plantación de 48 árboles y miles de arbustos o la reordenación de las dársenas de autobuses de EMT bajo el puente son otras de las principales intervenciones previstas en una rehabilitación que según el primer edil arrancará “de forma inminente”. Para el Ejecutivo de Cibeles, se trata de un proyecto “ambicioso y realista”.

Una de las acciones de este planteamiento “ambicioso” consiste en renovar el ámbito y su relación con el arroyo de Abroñigal “mediante el color en los pilares (verde que simula ribera y azul que aparenta el cauce del arroyo), con configuraciones diferentes en cada pórtico, que representarán la vibración de la superficie del agua”.

300.000 vehículos circulan cada día por este tramo y esto es lo que se puede hacer para que sigan circulando

José Luis Martínez-Almeida — Alcalde de Madrid

“No venimos a engañar, a prometer lo que no se puede cumplir, como hicieron los que no movieron un dedo en cuatro años”, ha espetado el alcalde. Desde su punto de vista, solo la activación de la Operación Abroñigal podría permitir que se plantee el desmantelamiento del scalecxtric, ya que ese nuevo desarrollo “traería nuevas oportunidades al sur de la ciudad”. “De momento esto es lo factible, pero no quiere decir que renunciemos. Habrá una segunda fase”, ha zanjado. Hasta entonces, Almeida ha tenido que insistir en las mejoras “acústicas y estéticas” que esperan conseguir en el entorno con estas actualizaciones.

El Ayuntamiento prevé una inversión de 11,5 millones de euros durante dos años para acometer los trabajos, un plazo marcado por las obras de Metro de Madrid en zonas cercanas, como Conde de Casal. La colocación de los jardines verticales empezará en verano, con vistas a su ejecución en el primer trimestre de 2027.

La reforma está muy lejos de responder a las demandas de los residentes. Los vecinos de Puente de Vallecas han cargado reiteradamente contra este scalextric que actúa como frontera artificial del distrito desde 1976. Cuando se cumplen 50 años de su instalación, y después de que el resto de infraestructuras de estas características en Madrid hayan desaparecido o quedado en desuso, colectivos como Vallekas Sostenible han reclamado su eliminación con protestas e infomes.

En un análisis reciente, recopilan testimonios vecinales que dan cuenta de las distintas afectaciones que genera en el día a día de los barrios: contaminación atmosférica y acústica, problemas de movilidad, inseguridad o aumento de la temperatura del entorno. Unas afecciones que está por ver si resolverá la tímida intervención publicada este lunes por el Ayuntamiento.

La portavoz de Más Madrid en el Consistorio y líder de la oposición, Rita Maestre, ha cargado contra el plan anunciado por el equipo municipal: “Lejos de abordar el verdadero problema del scalextric de Vallecas, el último de Madrid, Almeida sigue sin escuchar a las vecinas y vecinos que llevan años exigiendo su desmantelamiento. La solución a esta brecha de desigualdad, a los miles de tubos de escape y a los ruidos, es derribarlo. Sin embargo, Almeida ignora el mandato del pleno de Cibeles, que en 2021 aprobó por unanimidad nuestra propuesta.

Críticas de Maestre y Maroto: “lavado de cara” y “actuación cosmética”

Para Maestre, el regidor “ha decidido hacer un lavado de cara, dar una mano de chapa y pintura, con 48 árboles y asfalto fonoabsorbente [que reduce el impacto sonoro], pensando que así va a engañar a las vecinas y vecinos”. “Los dos supuestos equipamientos que plantea no son para los vecinos y vecinas, que necesitan centros juveniles (no hay ninguno en el distrito), una biblioteca (no hay en el barrio de Numancia) y ampliar las zonas verdes en barrios como el de Numancia o San Diego con una superficie arbolada mínima, entre otras muchas cosas”, critica.

La concejal recuerda que mejorar la accesibilidad universal bajo el puente “es un mandato legal que se olvida en Vallecas”, donde “una gran parte de las calles no cumple con la normativa de accesibilidad universal”. “Por no hablar de que la superficie estancial peatonal que plantea en la parte inferior del puente es una de las zonas con más contaminación acústica y atmosférica”, concluye.

En cuanto a la portavoz socialista, Reyes Maroto, tacha el anuncio de “actuación cosmética que no resuelve el verdadero problema”. “La infraestructura sigue partiendo los barrios, generando ruido y degradando el entorno urbano y la calidad de vida de los vecinos”, añade. Maroto ha recordado además que “esta no es solo una crítica de la oposición, sino una reclamación histórica de las asociaciones vecinales, que llevan años pidiendo una solución estructural y definitiva”.

“Madrid tiene ahora una oportunidad real para afrontar ese problema de manera integral, vinculándolo a la operación de Abroñigal”, ha explicado la edil socialista, un punto en el que coincide con Almeida. “No estamos en contra de mejorar el entorno ni de ganar espacio peatonal para los vecinos”, indica, pero cree que “no se puede vender como una gran transformación urbana lo que en realidad es una intervención limitada y provisional”. “Vallecas merece una solución definitiva y ambiciosa. No un parche de 11,5 millones de euros”, ha rematado.

“Apartamentos de convivencia que están equidistantes de las dos fórmulas”. Así describe el concejal delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, el formato de hospedaje flex living. Las dos fórmulas en cuestión son el alquiler tradicional y el temporal o turístico. Este reciente modelo habitacional e híbrido, con una notoria falta de regulación específica, ha sido apadrinado por el Gobierno liderado por José Luis Martínez-Almeida.

Lo ilustraba el propio Carabante en un controvertido post publicado en Instagram del que se extrae la declaración que abre esta pieza y donde el mismo edil ejercía de publicista de una promoción: “Se han ejecutado 583 apartamentos en dos parcelas que había vendido el Ayuntamiento de Madrid por 37 millones de euros. Los promotores han desarrollado esta instalación para dotar a Madrid de 583 apartamentos en los que se podrá disfrutar de distintas estancias. Están destinados no a la vivienda, pero tampoco a un uso turístico específico y por eso aquí se van a ofrecer desde estudios hasta apartamento de dos habitaciones dentro de esa extraordinaria oferta que tiene que ofrecer Madrid por seguir creciendo”. Hablaba de ofertar “vivienda para los madrileños, pero también alternativas a los turistas”.

Conviene puntualizar que flex living, modelo que apunta a ocupar 25.000 camas en la Comunidad de Madrid en 2028 y donde la mitad de ellas ya están en funcionamiento, no es un término ni urbanístico ni jurídico. El concepto agrupa modalidades de alojamiento sobre el papel de carácter temporal, pero con cierta vocación de permanencia, en espacios amueblados que ofrecen servicios incluidos como limpieza, internet, zonas comunes o coworking. Son, en resumidas cuentas, viviendas temporales de alquiler con prestaciones adicionales y precios generalmente elevados.

Como señala en declaraciones a Somos Madrid el portavoz del PSOE en la Comisión de Urbanismo, Antonio Giraldo, hasta la definición es flexible en lo que al flex living respecta: “Es algo parecido a vivir en un hotel todo incluido”, dice, pero avisa de que su uso como alquiler de temporada fraudulento está cada vez más extendido: “El alquiler de temporada tiene una razón de ser y existe por algo en concreto, pasar el verano en un apartamento de playa o trabajar seis meses en un sitio. Pero usarlo en algo difícilmente justificable para eludir la LAU [Ley de Arrendamientos Urbanos] es otra cosa. Cuesta ver este formato para un estudiante y más en trabajadores”.

Una notoria diferencia respecto a, por ejemplo, los colivings está en la obtención de permisos. El flex living opera principalmente bajo licencia hotelera o de hospedaje en suelo terciario destinado a oficinas, permitiendo alquileres de media estancia (de días a meses) sin las restricciones de la vivienda turística o la convencional. Cierto es que esta particularidad comienza a extenderse a otros modelos, dadas las facilidades de la nueva legislación de la Comunidad de Madrid para permitir el uso como vivienda de suelos terciarios.

Giraldo añade como divergencia adicional que las estancias en los colivings “suelen tener un carácter más a largo plazo, aunque también tengan que ver con nuevas formas de precariedad y en ellos pueda ocurrir igualmente lo de compartir cocina”. Son, en resumidas cuentas, “dos formas de exprimir al máximo el metro cuadrado, que puede ser un 33% más rentable que en el alquiler tradicional, en un contexto de presión inmobiliaria y mercado tensionado que lo convierte en un caramelo”. Desde su punto de vista, es esa rentabilidad lo que explica el auge del modelo y no tanto la demanda por ese tipo de alojamientos.

25.000 camas en Madrid para ser “alternativa estructural”

Flex living se trata así más bien de una forma sofisticada de referirse a lo que siempre se ha conocido como apartahotel. Los precios alcanzan cotas mucho más elevadas que las del alquiler tradicional, sin apenas seguridad para los inquilinos ni moderación de las cantidades que pagan largo plazo (en cambio, la LAU limita las subidas anuales al IPC o al 3% durante unos contratos que deben durar un mínimo de cinco años). Todo ello dificulta echar raíces en este tipo de hospedajes y emprender proyectos de vida. De hecho, suelen enfocarse a nómadas digitales o a expats.

Una apuesta en plena ebullición, como se desprende de las cifras difundidas desde la sede en Madrid de la compañía de servicios inmobiliarios JLL. Un informe de finales del año pasado estimaba en 19.089 la cantidad de camas flex living en España, un número que podría duplicarse hasta las 38.716 en solo dos años. El análisis expone que la Comunidad de Madrid concentra esa oferta, el 60% de las camas actuales y el 72% de las proyectadas. 11.375 están ya en el mercado y más de 14.000 en desarrollo, para un total de 25.375 plenamente operativas en 2028 (en Barcelona, segunda provincia en implantación, no llegan a las 7.000). La capital aglutina la inmensa mayoría dentro de la región.

Para JLL, son “la presión demográfica” y “la transformación del hogar” los principales factores que impulsan estos alquileres flexibles que en realidad no son viviendas aunque muchos de sus inquilinos las habiten como tales. Apostillan que ha dejado de ser “una solución dirigida exclusivamente a jóvenes profesionales o millennials” para convertirse en “una alternativa estructural dentro del mercado residencial español”.

Un modelo auspiciado por Cibeles que ya llega los barrios

Las compañías dedicadas al flex living han sabido tejer conexiones con la política institucional. Se mencionaba que Carabante, delegado de Urbanismo, ha llegado a publicitar una promoción que se edificará sobre terrenos cedidos por el Ayuntamiento en canales de comunicación municipales, lo cual fue contestado con dureza por otros usuarios (“¿ahora sois Booking?”, preguntaba irónicamente uno de los perfiles que respondieron al post). Su predecesor es directamente toda una cabeza visible del sector. Mariano Fuentes, que llegó al Consistorio de la mano de Ciudadanos, se incorporó en febrero a la Comisión de Urbanismo de la Asociación de Espacios Inmobiliarios Compartidos COWORD. Aterriza, según la propia entidad, para “impulsar el desarrollo normativo del flex living en España”.

Un desarrollo al cual el Gobierno de Almeida está contribuyendo más allá de notas de prensa o blanqueos publicitarios. Para muestra, escenarios como el paseo de la Ermita del Santo del distrito de Latina, donde un “agujero normativo” (en palabras de la oposición socialista) permite que una promotora haya vendido una de sus parcelas terciarias para que sean dedicadas a este tipo de viviendas de alquiler que escapan a la LAU. Todo ello después de que dichas parcelas multiplicaran su labor gracias a una recalificación del Ayuntamiento, que precedió al desmantelamiento del antiguo centro de ocio de la zona para edificar torres mediante un “pelotazo” en palabras de los vecinos que lo han llevado a la Justicia.

La implantación del flex living en las nuevas edificaciones estaba ya prevista inicialmente en el proyecto apoyado por el Consistorio, pero a los 530 pisos originales se le sumarán varios cientos más. Al planeamiento de las viviendas, aprobado en solitario por el PP municipal gracias a su mayoría absoluta, se le unirán otros 5.763 metros cuadrados (y 1.200 adicionales de uso dotacional privado) comprados por la empresa Dazia Capital para un proyecto de flex living. La misma empresa ha adquirido allí otra parcela residencial de 11.040 metros cuadrados. Ha pagado por ambas alrededor de 50 millones de euros.

Giraldo detalla lo ocurrido: “Había cinco parcelas destinadas a usos residenciales, dos más de carácter público y dos terciarias. Se aprueba con un estudio de movilidad planeado para 500 viviendas y que ya iba justito a nivel de movilidad o de refuerzo al transporte público. Pero además, si en esas parcelas terciarias se van a instalar flex living, va a estar viviendo más gente aunque sea con carácter temporal y eso añade presión de personas que van a ir entrando y saliendo del barrio cada día”. Así, se pregunta “dónde queda el planeamiento si de 500 viviendas se pasa a 750”.

Las repercusiones de esta práctica atienden así al precio de las viviendas, pero también a la falta de dotaciones y servicios que estas pueden traer aparejadas para los vecinos. Los flex living no son tenidos en cuenta a la hora de analizar las necesidades del barrio para colocar un nuevo centro de salud o educativo. Este es un punto especialmente importante dado que la alta densidad que la operación de la Ermita del Santo va a generar en la zona ha sido uno de los principales motivos de la oposición entre residentes. “No hay garantía de que existan los servicios y equipamientos que sí están vinculados a la construcción de viviendas”, concluyen desde el Grupo Municipal Socialista.

Cuando la noticia trascendió el pasado febrero, el PSOE de Madrid avisó de que este tipo de promociones no están reguladas como una categoría urbanística, ni a nivel municipal, ni en lo que compete al Gobierno autonómico de Isabel Díaz Ayuso. Si los socialistas hablan de ese “agujero normativo” es porque se permite construir pisos para alquileres de hasta un año, evitando la Ley de Arrendamientos Urbanos. Lo paradójico es que el modelo permite a las promotoras ofrecer habitáculos sin los mismos espacios y calidades mínimas que las normativas municipales les exigen a las viviendas, mientras que sus precios acaban siendo mucho más elevados que los del alquiler tradicional.

Estas consecuencias no preocupan al equipo de Almeida, que hablaba en la mencionada publicación oficial de Carabante de un “modelo de alquiler que puede ir desde unos días o semanas hasta varios meses, gracias a la flexibilidad y variedad de contratos que oferta”. Una visión que el PSOE no comparte, sobre todo en casos como el de la Ermita del Santo: “La flexibilidad del flex living beneficia sobre todo a los promotores privados”, apuntan, a la vez que convierte a “inquilinos en clientes” y les ofrece “habitaciones de hotel” en lugar de hogares. En ellos, rematan, es más difícil “iniciar proyectos de vida”.

Valdebebas: flex living a todo gas junto a la Fórmula 1

Las parcelas situadas en los alrededores del futuro circuito de la Fórmula 1 de Madrid también están siendo escenario de este tipo de operaciones, al coincidir la atracción de la cita automovilística como una zona en pleno desarrollo urbano como Valdebebas (situada entre los distritos de Barajas y Hortaleza). El último proyecto inmobiliario en abrir, el de los 583 apartamentos de Bext Valdebebas que recibieron licencia municipal el pasado verano, iba a ser comprado por un gigantesco fondo de inversión con idea de entrar en el negocio del flex living. Así lo reveló Expansión.

Encabeza la maniobra BGO (BentallGreenOak), un fondo con 89.000 millones de dólares en activos en todo el mundo y que ultima la compra del citado complejo inmobiliario a M&G-Stoneweg, otro gigante que estaba detrás de la empresa Effenberg SL. Con esta última firma se presentó a un concurso municipal para comprar unos terrenos propiedad del Ayuntamiento con una edificabilidad de casi 40.000 metros cuadrados, dividida en dos parcelas. La venta se cerró en 2022 por 37,2 millones de euros. Por entonces, la Fórmula 1 era todavía un proyecto deportivo y político que no se había hecho público, por lo que ahora los terrenos se han revalorizado sobremanera.

No ha trascendido el importe de la compra por parte de BGO, pero al impacto del circuito Madring hay que añadir que los precios de la vivienda en Valdebebas están en máximos históricos. Los crecimientos anuales superan el 13% y el precio medio los 5.500 euros por metro cuadrado, según datos de Idealista. Esta coyuntura elevaría a unos 220 millones la valoración de Bext. La operación será en todo caso muy rentable para los que venden, ya que consiguieron comprar la parcela pública ofertando solo el 0,1% más de lo que pedía por ella el Gobierno de Cibeles.

La reventa a BGO se produjo solo unos meses después de la citada visita a este espacio de Carabante, quien acudió a las instalaciones de Bext Valdebebas para sacar pecho por la política de ventas de parcelas públicas a cargo de su departamento. El objetivo, sostenía el Consistorio en una nota de prensa, es “reactivar solares sin uso y desarrollar actividades sociales, económicas y de vivienda”. El equipo municipal destacaba también las virtudes de esta zona de Madrid, próxima al aeropuerto de Barajas, a Ifema y “a un entorno natural privilegiado” como el parque forestal Felipe VI.

Todo un Botín para el sector inmobiliario

Próximos a los apartamentos de Bext y junto al terreno donde se construye la autoproclamada curva Monumental de Madring, se levantará otro proyecto de flex living todavía más grande, también sobre una parcela que vendió el Ayuntamiento de Madrid. Lo prepara la empresa Flexy Valdebebas Propco I, nombre actual de una propiedad que se adjudicó la compañía Global Filema. Fue la única en presentarse al concurso para la construcción de estas viviendas temporales, convocado en 2024.

El Ejecutivo de Almeida enajenó esta parcela por 41,45 millones de euros, cuando ya se conocía que los edificios estarían al lado de uno de los puntos más destacados del circuito automovilístico. Lo hizo junto a otra parcela aún más grande, situada también en Valdebebas (pero más lejos del circuito), que vendió por 75,45 millones de euros y sobre la que se edificarán otros 2.041 apartamentos de alquiler. La única oferta recibida se acercó muchísimo al precio de salida que propuso el equipo de Almeida. Como en el caso de Bext.

La compañía Stoneshield Souther Real Estate Holding es quien está detrás de Flexy Valdebebas propco I, que ya ha pedido sus primeras licencias para las obras. La entidad matriz tiene su sede en Luxemburgo y fue creada en enero de 2024. Es filial a su vez de Stoneshield Capital, un fondo de inversión fundado en 2018 por el empresario argentino Juan Pepa y por Felipe Morenés Botín. Este último es hijo de la actual presidenta del Banco Santander, Ana Patricia Botín.

La flexibilidad también está en la regulación (o en su ausencia)

Estas operaciones se desarrollan con mucha mayor facilidad gracias a una modificación normativa. Las parcelas vendidas por el Ayuntamiento son de suelo terciario, que desde hace poco permiten el desarrollo de viviendas en alquiler con espacios compartidos para estancias cortas o medias. En la práctica, no se diferencian del suelo con destino residencial, pero este último es habitualmente más caro de comprar.

Los de Bext y Flexy Valdebebas son los proyectos inmobiliarios más grandes que se han aprovechado de estos cambios, pero no los únicos de una zona convertida en gran atractivo inmobiliario. Cuenta también con el Hotel 101, que se ha construido con un modelo de pequeños inversores que compraban habitaciones para que luego fueran explotadas por Double Dragon, la compañía filipina propietaria de las instalaciones.

Al principio, estas habitaciones eran vendidas a extranjeros con la promesa de obtener la golden visa para residir legalmente en España, pero el fin de este programa por parte del Gobierno de Pedro Sánchez ha provocado que las últimas unidades se intenten comercializar gracias al reclamo de las carreras de coches.

Para Giraldo, “lo que falla es que no hay una regulación concreta, no como en Barcelona, donde de manera municipal se ha comenzado a legislar con cierta asimiliación al alquiler de temporada”. “Me consta que el Ministerio de Vivienda está trabajando en ello”, asegura, al tiempo que indica que “en Madrid lo han rechazado”. Admite, eso sí, que “determinados aspectos del fraude en el planeamiento urbanístico escapan al control de cualquier Ayuntamiento”, pero cree que el mayor problema es que “el de Madrid además lo promociona”. El concejal explica que “si no te parece mal el flex living en suelo terciario, al menos puedes regular que en él las condiciones sean las mismas que en el suelo residencial, pero eso tampoco sucede”. Concluye que “los promotores están alineados con el Consistorio y la Comunidad”.

'Colivings', residencias de pedigrí y otras minas de oro

La inoculación cual virus del flex living en el sector inmobiliario madrileño convive con la de otros modelos habitacionales alternativos que llevan años proliferando. El más conocido es el de los coliving, que escapan igualmente de la LAU y se rigen por la libertad de pactos bajo el Código Civil, aunque la normativa desarrollada es algo mayor.

La legislación principal sobre la materia en Madrid es la Modificación Puntual de las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana (PGOUM), aprobada provisionalmente en julio de 2023 y que establece una diferenciación concreta respecto a los alquileres tradicionales. Esta regulación define el coliving como “residencia compartida” y exige un edificio exclusivo, con unidades privadas mínimas de 15 metros cuadrados por persona si es individual y diez por persona si es doble.

El sector desembarcó en el corazón de Malasaña, pleno centro de la ciudad, en 2024. La empresa Sharing Co_living, especializada en este tipo de proyectos, transformó un antiguo edificio de viviendas de la calle San Vicente Ferrer en el que residió la escritora Rosa Chacel en otro de habitaciones con espacios compartidos. Una decena de pisos donde vivían vecinos a largo plazo reconvertidos en 18 habitaciones individuales y baño, con espacios comunes como cocina, lavandería, comedor o salón en sus plantas superiores. Y una chimenea junto a un jardín vertical en el patio de manzanas. En el bajo resisten los azulejos de la característica Farmacia Juanse, que goza de protección patrimonial, pero el lugar lo ocupará otro tipo de negocio.

Aunque todavía no ha empezado a operar (pese a que ya permite solicitudes de reserva vía web), los impulsores del proyecto afirman que no quieren ser “una empresa de turismo”, sino “promover los viajes de empresa (...) por eso no hacemos estancias de una noche, una decisión con la que también hacemos una selección natural del cliente”.

También en el centro de Madrid, junto a plaza de España, un característico edificio de siete plantas que fue sede del Ministerio de Trabajo y albergó oficinas de Comisiones Obreras se reconvirtió en una residencia que pide 1.685 euros mensuales por habitación. El perfil objetivo son estudiantes, pero de alto standing. De la gestión se ocupa, gracias a una permuta por 99 años aceptada en este caso por el Gobierno central, el fondo de inversión Azora. Una compañía protagonista de varias informaciones en los últimos años por sentencias de los tribunales contra cláusulas abusivas en sus contratos de alquiler tradicional. En Vallecas, un fallo judicial histórico condenó a la empresa Nestar (dependiente de Azora) y declaró abusivas seis de las siete cláusulas introducidas en los contratos de varios vecinos.

Aunque un escenario especialmente sacudido por este tipo de fenómenos ha sido el distrito de Chamberí. Los colivings se han extendido a la par que el antiguo convento de San Francisco de Sales, dos edificios de oficinas en el entorno de Arapiles o las antiguas oficinas de El Corte Inglés se transformaban en campus urbanos de la mano de planes especiales auspiciados por el Ayuntamiento. Espacios con el que las instituciones privadas plantean una ciudad como experiencia, a raíz de la cual la zona se llena de habitaciones para estudiantes (con su correspondiente oferta de ocio en terrazas).

Las residencias de estudiantes son tendencia entre las inversiones inmobiliarias. La Universidad de Nebrija cuenta con dos residencias en el distrito, donde el coste de la habitación va de 1.500 a 1.800 euros. Pero los colivings son la última moda en Chamberí. En 2018, se renovó un edificio entero en la calle Andrés Mellado para ofrecer esta modalidad de alojamiento; en 2021 un grupo italiano hizo lo propio con un edificio de la misma época en el entorno de la plaza de Olavide (donde no es el único en su género) y se pueden encontrar en internet ofertas en las cercanas calles de Cea Bermudez o Santa Engracia. Ser estudiante y alojarte en un apartamento con una habitación en un edificio preparado para ello en la calle de Donoso Cortés, pensado para estudiantes extranjeros, cuesta como mínimo 2.000 euros, con la limpieza y el wifi incluidos. Puedes compartir habitación en el mismo edificio por algo menos de 900 euros, eso sí.

Según el informe Estado actual del mercado de residencias de estudiantes de Atlas, Madrid es la ciudad donde más caro es alojarse en una residencia, con un precio medio de 1.096 euros frente a una media de 757 para España. Villaviciosa de Odón, Pozuelo de Alarcón y Villanueva de la Cañada son los siguientes municipios en la lista, por delante de Barcelona. Mientras, el Consistorio se preocupa por generar “alternativas a los turistas” para que la urbe “pueda seguir creciendo”. Ojalá la ciudad y sus habitantes no se estampen contra el cielo.

Yolanda Estrada se pronunciará por primera vez sobre las denuncias por acoso laboral en la Junta de Chamartín el próximo miércoles 13 de mayo. Será en el pleno mensual de la entidad distrital que preside, después de que este jueves hayan presentado una petición de comparecencia los tres partidos de la oposición: Más Madrid, PSOE y Vox.

La Junta de Portavoces de Chamartín se reunía este 7 de mayo para abordar el orden del día del pleno venidero. Los representantes de las tres formaciones que lo integran al margen del PP habían acordado previamente forzar una sesión monográfica en la que rendir cuentas a Estrada tras las acusaciones de “humillaciones”, “trato vejatorio” o “ceses indiscriminados” recopiladas en dos denuncias. También sobre los efectos de esta dinámica en el funcionamiento de los servicios municipales.

Hasta el momento, ha sido la vicealcaldesa Inmaculada Sanz quien ha hablado por boca de la concejala, para afirmar que Estrada les ha negado los hechos. Sanz también trasladó a los medios que el Consistorio no ha tenido constancia de actitudes de esta índole a través de los cauces establecidos para la prevención de riesgos laborales.

Una de las denuncias se dirige contra la Inspección de Trabajo y apunta a Estrada; a su mano derecha, la coordinadora del distrito Alicia Gregorio y al director general de Función Pública del Ayuntamiento, Juan José Blázquez, en este último caso por la no adopción de “medidas eficaces para prevenir o corregir la situación”. Tres altos cargos del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida señalados en un duro escrito que recoge “epidodios de llantos en el trabajo”, así como bajas o traslados indiscriminados. La otra denuncia, presentada ante los Juzgados de lo Social de Madrid, centra el relato de los hechos en Gregorio.

Según trasladan a Somos Madrid fuentes cercanas a la Junta de Chamartín, Estrada ha intentado atajar la propuesta de la oposicón registrando una propuesta alternativa para un pleno focalizado en políticas de personal, sin concretarlo en las denuncias de acoso laboral (reforzadas con otros testimonios a este medio que hablan de una actitud que “está jodiendo vidas”). Finalmente, después de la negativa de los tres grupos fuera del Ejecutivo, ha cedido y se pronunciará específicamente sobre este asunto.

El pleno arrancará con una comparecencia de siete minutos por parte de la concejala de Almeida, a la que seguirá una comparecencia de cinco minutos por grupo de la oposición, que Estrada volverá a replicar durante un máximo de cinco minutos. A continuación, un vocal de grupo volverá a tomar la palabra tres minutos, para una posterior respuesta de la edil que podrá alargarse hasta 21 minutos. El último tramo de la sesión se cerrará con cinco comparecencias de cinco minutos cada: una por grupo político (en este caso también el PP) y por último la de la propia Estrada. Está previsto que arranque a las 17.00 y se extienda hasta alrededor de las 19.00

Más Madrid apunta al alcalde: “Tendría que tomar cartas en el asunto”

“Por muchas trabas que ponga y por mucho que se empeña Yolanda Estrada, va a tener que dar explicaciones en el pleno del próximo dia 13”, avisa en declaraciones a este periódico Mar Barberán, concejala de Más Madrid. “Las vecinas y vecinos de Chamartín y las concejalas de la oposición sufrimos pleno tras pleno sus insultos, su trato humillante y sus arranques de ira. Su agresividad y malas formas son, lamentablemente, reflejo del Gobierno de Almeida”, lamenta.

“Si su comportamiento en público es este, no quiero ni imaginarme lo que puede llegar a humiillar y hostigar a las personas que trabajan para ella. Esta situación de intimidación que describen los funcionarios afectados va más allá del ámbito de salud laboral: tiene un impacto directo sobre los servicios que presta el distrito, y, por tanto, trasciende las medidas que se puedan considerar desde el departamento de recursos humanos”, expone. Todo ello después de que en los últimes meses hayan aumentado las vacantes de personal en el distrito y se haya dejado de prestar un servicio de refuerzo educativo que no había decaído previamente en ningún otro distrito.

“Cuando hay gente que describe situaciones de acoso afecta al servicio y cuando no se cubren las vacantes también, por lo que el propio alcalde tendría que tomar cartas en el asunto”, reprocha Barberán. “No es el momento de atrincherarse y esperar a que pase la tormenta o victimizarse, excusándose en que no hay un dictamen o no les ha llegado la denuncia. Hay distintos testimonios que coinciden con el talante y la actitud que la presidenta de la Junta muestra en cada pleno. Hay que poner pie en pared exigiendo que se tomen medidas contundentes, que acaben con el ambiente de hostilidad que parece ser habitual en este distrito”, concluye la edil.

La portavoz adjunta del PSOE en el Ayuntamiento, Enma López, recuerda que “las informaciones conocidas son gravísimas, por tanto los grupos hemos entendido que no podemos mantener una normalidad institucional hasta que se sepa qué ha pasado”. Pide “explicaciones” a Estrada, ya que las denuncias “se suman al maltrato institucional a los grupos o a los vecinos que asisten al pleno”.

“No puede suceder que los empleados públicos desarrollen su actividad en condiciones que no sean las dignas, las justas y las legales. Nos hemos unido para que dé explicaciones. Nada más importa hasta que sepamos qué ha ocurrido realmente y si de verdad ha habido un delito”, completa la concejala socialista.

El Ayuntamiento de Madrid quiere que la polémica amaine en uno de los grandes emblemas de la ciudad. El alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, anunciaba este martes la suavización de los protocolos que rigen los cierres del parque del Retiro debido a determinadas condiciones meteorológicas. Unos ajustes que de momento atañen solo a este pulmón verde de la urbe, aislando las decisiones que le conciernen de las de otros parques. Según los cálculos del área de Medio Ambiente, dirigida por el concejal Borja Carabante, la actualización permitirá rebajar la cifra de días con clausuras en torno al 20%. Las modificaciones, eso sí, no terminan de contentar a unos vecinos y una oposición que exigen medidas de calado e integrales para mejorar el mantenimiento de las instalaciones.

La iniciativa se aprobará inicialmente este jueves en la Junta de Gobierno municipal y entrará en vigor, previsiblemente, en junio. Solo en los dos primeros meses de 2026, el Retiro permaneció plenamente cerrado en parte de su horario o en jornadas completas durante 13 días, casi uno de cada cuatro. A ello hay que sumar la clausura de estancias parciales, algunas precintadas y otras (como determinados jardines) valladas o con puertas echadas con llave.

La novedad implantada por el Ejecutivo de Cibeles incidirá en la velocidad del viento a partir de la cual se toman las medidas de seguridad. El Consistorio aumentará en 5 kilómetros por hora el umbral de rachas de viento para la activación de la alerta naranja, que se pondrá en marcha con velocidades entre 45 y 60 kilómetros por hora. Hasta ahora, el baremo para su activación iba de las 40 a las 55. En cuanto a la alerta roja, se fijará a partir de 60 kilómetros por hora frente a los 55 que debían superar las rachas con el reglamento actual.

El protocolo actual: por niveles de alerta y estándar en todos los parques

El actual protocolo establece distintos niveles de alerta que, al activarse, afectan al estado del Retiro y el resto de parques de la ciudad, donde de momento se mantiene sin cambios. Cuando se superan los 35 grados y la velocidad del viento oscile entre 40 y 55 kilómetros por hora se habla de alerta amarilla: en estos casos, cierran los Jardines de Cecilio Rodríguez y el Retiro restringe el acceso a zonas infantiles, deportivas o de mayores para balizar las partes afectadas.

Un nivel por encima, en alerta naranja, significa que a esa misma temperatura (más de 35 grados) el vendaval rebasa los 50 y puede llegar hasta los 65. Si se da esa circunstancia, se limitan las mismas áreas clave que en la alerta amarilla (infantiles, deportivas y de mayores) en el Retiro, donde también se anulan eventos al aire libre o se prohíbe entrar a determinadas zonas. Además, muchas veces las clausuras se trasladan a las primeras horas del día siguiente, hasta que los técnicos completen las comprobaciones oportunas.

El nivel de máximo riesgo es la alerta roja. Se inicia cuando al calor se suma un viento que corre a más de 65 kilómetros por hora. Es entonces cuando el Ayuntamiento clausura todas las áreas de recreo que puedan cerrarse materialmente (es decir, con puertas o muros) y aquellas de libre acceso, para las que aplica el mismo tipo de alerta.

Además del Retiro, cierran otros ocho parques históricos de la capital: el del Jardín del Capricho, en la Alameda de Osuna; el Parque Juan Carlos I; el de Juan Pablo II; la Quinta Torre Arias, la de los Molinos y la de Fuente del Berro; la rosaleda del Parque del Oeste y el Lineal del Manzanares. La normativa restringe igualmente el acceso a zonas de Madrid Río o Casa de Campo y suspende eventos al aire libre en el Parque del Oeste o la Dehesa de la Villa. Entre las medidas que contempla el Consistorio está la de que la protocolización individualizada no se constriña al Retiro, sino que cada parque tenga su propio patrón de clausuras y protocolos, lo que puede derivar en que con determinadas condiciones unos parques cierren y otros permanezcan abiertos durante la misma jornada.

Vecinos instan a poner el foco en otro sitio: “Necesitamos más recursos”

Almeida ha advertido que a lo largo de 2025 se produjeron más de 65 caídas de árboles durante los cierres previstos en el protocolo y también se acumularon más de 460 ramas caídas de gran porte, por lo que pide tomar en serio el protocolo de cierre. Actualizado por última vez en 2019, después de que la caída de un tronco acabara con la vida de un niño en un suceso que marcó profundamente a la exalcaldesa Manuela Carmena, vecinos y hosteleros del Retiro lo han tachado de “ambiguo”, “impredecible” o “errático”.

Este último calificativo lo utiliza en declaraciones a Somos Madrid Javier de la Puente, presidente de la Asociación de Amigos de los Jardines del Buen Retiro, vecino del barrio y figura con amplia formación y experiencia como ingeniero de montes e ingeniero técnico forestal. A su vez, tacha el nuevo anuncio de Almeida de “insuficiente”. A su juicio, el foco debería estar no tanto en las decisiones sobre las clausuras, sino más bien en el cuidado del entorno y en una vigilancia efectiva: “Ahora el protocolo del Retiro se basa en tres cosas: el viento, la temperatura y la humedad del suelo, factores importantes para la caída de las ramas. Pero no se presta la suficiente atención a la situación de un arbolado envejecido y en mal estado, debido a podas defectuosas y a un suelo demasiado compactado. Por no hablar de errores como que se han llegado a plantar pinos de secano en césped de regadío”.

No se presta suficiente atención a la situación de un arbolado envejecido y en mal estado, debido a podas defectuosas y a un suelo demasiado compactado. Por no hablar de errores como que se han llegado a plantar pinos de secano en césped de regadío

Javier de la Puente — Presidente de la Asociación de Amigos de los Jardines del Buen Retiro

El área de Medio Ambiente no coincide con todas las valoraciones previas y recalca que esta medida se ha tomado analizando los cierres que ha habido durante los años de funcionamiento de los protocolos, así como que no conlleva una disminución de la seguridad. Desde el departamento municipal trasladan que se ha detectado una menor influencia de la temperatura máxima y la humedad del suelo en la sucesión de incidencias en alerta naranja y roja. Así, el equipo de Almeida otorga a las rachas de viento una influencia mucho mayor en los desprendimientos de la que se extrae del análisis de Javier de la Puente, para quien las condiciones del suelo son igualmente determinantes.

De la Puente reclama más personal y con mayor preparación: “Lo que hace falta en el parque más valorado de España, todo un Bien de Interés Cultural, es gente especializada en arboricultura. Necesitamos recursos técnicos y humanos, que vengan ingenieros de montes o agrónomos”. La movilización de la agrupación que lidera se ha redoblado en los últimos meses, cuando los cierres han comenzado a proliferar a la par que lo hacían sus consecuencias. A comienzos de año, un temporal provocó la decapitación de dos bustos, componiendo una siniestra imagen en el corazón del Retiro. La escultura homenaje al dramaturgo Ramón de Campoamor y Campoosorio, en la que tres mujeres rodean al autor, presenta desde hace semanas a dos de ellas sin cabeza. Fue la consecuencia más simbólica de las últimas caídas de árboles y ramas.

En cuanto a la eficacia de los cierres, este apasionado y gran conocedor de la naturaleza urbana exige mayor rigor a los que se ejecutan de manera parcial afectando solo a determinados recintos, como parques infantiles o zonas caninas: “Muchas veces el Retiro se precinta por áreas, pero se llenan de niños y de familias sin que pase nada. No hay sanciones, parece que con esta nueva idea de libertad estamos acostumbrados a que nos dejen hacer cualquier cosa”. De la Puente no plantea acabar definitivamente con estos cierres parcelados, ya que coincide en que con ciertas circunstancias “hay zonas peligrosas y otras que no lo son”, pero llama a “acotar mientras se vigila”.

Sí celebra el establecimiento de un protocolo desgajado del de otros parques: “Son 500 años de historia muy ligados a la ciudad. Pero luego están las cuestiones técnicas, como que es un parque con características propias. Por ejemplo, debido a la elevada compactación de su suelo, las raíces no respiran y eso facilita que puedan caer. Este es por cierto otro punto en el que el Ayuntamiento tendría que intervenir para su mejora trayendo una tecnología más moderna”. No entra a valorar que el equipo de Almeida “se base en datos que ellos tienen para subir el límite máximo de rachas de viento de cara a los cierres”. Desde su punto de vista, lo “importante” es “potenciar el cuidado de los árboles”.

El concejal de Más Madrid José Luis Nieto ha mostrado a su vez sus “dudas” ante unos ajustes del protocolo que desde su formación venían demandando: “No se ha hecho el inventario completo del arbolado que exige el propio plan director del Retiro, que debería haberse actualizado en 2021. El Gobierno de Almeida se comprometió a individualizar protocolos parque por parque y ahora plantea rebajar las exigencias de manera general y dar el asunto por zanjado”.

“Los datos que tenemos no son nada tranquilizadores, entre octubre y febrero se han producido más de 200 incidencias en el Retiro, con 50 árboles caídos y más de 150 ramas fracturadas. Si caen sobre alguna persona, pueden tener consecuencias muy graves”, alerta. Nieto lamenta asimismo que “el Ayuntamiento justifica una vez más una decisión importante en un estudio estadístico que no comparte con la oposición”. “La seguridad y el uso del parque como refugio climático son compatibles, pero no tenemos claro que lo que propone Almeida vaya a permitirlo”, concluye.

“Su objetivo fundamental es que Chamartín no se pare. Que Chamartín siga avanzando”. Con esa aseveración concluía la nota de prensa que presentaba a Yolanda Estrada como nueva concejala presidenta del distrito del norte de Madrid en 2023. Menos de tres años después hay cosas que se han detenido, como los conciertos y las obras de los parkings del Santiago Bernabéu que los vecinos llevaron a la Justicia. Como un programa de refuerzo educativo promovido desde la Junta para el alumnado con necesidades especiales. Y como, según cuentan testimonios de personas que han estado vinculadas al organismo municipal, se está ralentizando la actividad ordinaria de la entidad debido a un ambiente “hostil” que ha desembocado en una denuncia por acoso laboral contra Estrada y otros dos altos cargos del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida.

La denuncia presentada el pasado 12 de marzo en la Inspección Provincial de Trabajo de Madrid presenta “un entorno laboral intimidatorio y degradante” en la Junta de Chamartín. La edil ha negado los hechos, según trasladó la vicealcaldesa Inmaculada Sanz, que afirma además que el Ejecutivo de Cibeles no tiene constancia documental alguna de la denuncia, ni se han elevado escritos similares en las instancias municipales habilitadas para este tipo de cuestiones.

En cualquier caso, no es esta la primera polémica de Estrada (Hannover, Alemania, 1974) desde su llegada a Chamartín, todo un caladero de votos para el Partido Popular por el carácter conservador y acomodado de su población (con excepciones en zonas como el barrio de Prosperidad): la formación aglutinó el 61% de los sufragios en las últimas elecciones municipales. En los más recientes comicios celebrados hasta la fecha en la capital, las europeas de junio de 2024, los populares superaron el 69% y el 66% de los votos en las dos secciones censales correspondientes a las viviendas más afectadas por las molestias sonoras del Bernabéu. Pero las acusaciones de acoso laboral sí suponen la controversia que le afecta de manera más directa, al menos en la más reciente etapa de una trayectoria política originada en un entorno tan agitado como el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón y en pleno estallido de la trama Gürtel.

De dimitir por su imputación en la Gürtel a ser repescada por Ayuso

Estrada pasó de la noche a la mañana de funcionaria interina en el Área de Urbanismo del municipio madrileño, puesto al que llegó en 2001, a concejala de Obras y Servicios entre 2003 y 2008. Eran los años de la burbuja inmobiliaria en una localidad de la periferia madrileña, por lo que las oportunidades de negocio parecían infinitas. También para los consistorios. Estrada ascendía mientras lo hacía la economía, hasta que todo colapsó a finales de 2007 y comienzos de 2008. Ese año se convirtió en teniente de alcalde.

Dicho regidor era Jesús Sepúlveda, condenado a 14 años y ocho meses de prisión por la trama Gürtel. Según acreditó la Audiencia Nacional, Sepúlveda recibió dinero negro y regalos “por las irregularidades en las adjudicaciones públicas que favoreció”. Además de metálico, la trama le obsequió con “viajes y servicios turísticos”, “eventos familiares” o “servicios prestados para su campaña electoral como candidato del Partido Popular a la alcaldía de Pozuelo”. El tribunal condenó a su exmujer, Ana Mato (exministra de Sanidad en el Gobierno de Mariano Rajoy), como responsable civil a título lucrativo por beneficiarse de los regalos que su entonces esposo obtuvo de la trama.

Los juicios se desarrollaron mientras Estrada estaba fuera de la política activa, de la que se mantuvo al margen nueve años desde 2010, cuando dimitió de sus cargos en el Ayuntamiento de Pozuelo y el PP la expulsó del grupo municipal al ser imputada por el Juzgado Número 3 de Pozuelo debido a los incrementos del presupuesto para construir un parque. Finalmente, la causa acabó sobreseída.

En 2019, fue repescada por un Partido Popular de Madrid que trató de ofrecer una imagen de renovación y frescura. La por entonces candidata a presidir la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, la incorporó a sus listas para unas elecciones autonómicas en las que los populares consiguieron formar gobierno con la colaboración de Ciudadanos y Vox. Además de diputada autonómica, ejerció de coordinadora territorial del grupo parlamentario del PP en la Asamblea y estuvo al frente de la Comisión de Vivienda y Administración Local. Así, como David Pérez (exconsejero autonómico de Transportes y Vivienda que también está protagonizando una agitada legislatura con los vecinos y su propio personal), acabó en el equipo de Almeida procedente del círculo de poder ayusista.

Estrada, señalada por los vecinos del Bernabéu

En los comicios de mayo de 2023, Estrada pasó de las listas de Ayuso a las de Almeida, donde ocupó el puesto 21 (el PP consiguió 29 ediles). Su gestión en la Junta Municipal de Chamartín, a cuya presidencia le destinó el alcalde, ha estado marcada por los frustrados conciertos y parkings alrededor del Santiago Bernabéu, que los vecinos frenaron en la Justicia. La edil, acusada de rechazar peticiones y reuniones con las asociaciones de afectados, trató por contra de concertar encuentros privados con las comunidades de residentes instando a su equipo a entregar notas manuscritas en las porterías. Un suflé que en las últimas semanas parece haberse rebajado, después de marcar toda la legislatura de Almeida, ya que el Consistorio no ha recurrido las más recientes decisiones de los tribunales (sí el Real Madrid) y se abre a dejar el proyecto de dos aparcamientos en uno solo.

Los residentes también se han movilizado contra el proyecto del Ministerio de Defensa, en un principio apoyado por el Ayuntamiento de Madrid, para edificar una torre de 18 plantas y 60 metros de altura junto a la colonia El Viso (otro entorno con una elevada renta media). Finalmente, el área de Urbanismo trasladó a este diario que no se aprobará la construcción, después de numerosas alegaciones que aludían a la protección del terreno o molestias por tráfico y contaminación.

Estrada también se ha inmiscuido en controversias de carácter puramente ideológico, como cuando incluyó referencias religiosas mezcladas con proclamas políticas (“La Venezuela libre está en Madrid”) en un programa de fiestas de Chamartín. Aunque sin duda la más comentada fue el envío por parte de la Junta Municipal de una felicitación navideña dirigida a los más pequeños en la que un hombre con la cara pintada de negro encarnaba a Baltasar. Todos estos conflictos han derivado en plenos distritales extremadamente broncos, aunque fuentes de los grupos políticos trasladan que “las malas formas y las faltas de respeto” por parte de Estrada han sido “la tónica habitual” durante toda la legislatura.

Así lo expone en declaraciones a este periódico la edil de Más Madrid Mar Barberán: “El hecho de que haya distintos testimonios acusando a la concejala de vivir un ambiente asfixiante, hostil, nocivo y vejatorio es reflejo de lo que vivimos y soportamos en cada pleno de distrito. Parapetándose en su presidencia dirige la junta y los plenos como si Chamartín fuera su cortijo, insultándonos y descalificándonos constantemente. Las concejalas de la oposición y los vocales vecinos sufrimos faltas de respeto continuas, sus malos modos, su agresividad y sus provocaciones, como si de un hooligan se tratara”.

El clima de Chamartín según la denuncia: “Ansiedad, crisis nerviosas y llantos”

“Si todo esto lo hace en un espacio público como el pleno —donde hay cámaras y actas—, nos podemos imaginar cómo amedrenta y hostiga a las personas que trabajan para ella y de puertas para adentro”, teme Barberán. La documentación a la que ha accedido Somos Madrid acredita que la denuncia por acoso laboral a Inspección de Trabajo derivó en una segunda ante los Juzgados de lo Social de Madrid, tras la “inacción” de la entidad de control laboral.

Este último escrito incorpora el sello oficial de la Junta de Chamartín y centra las acusaciones en la coordinadora general del distrito, Alicia Gregorio. Solicita “medidas cautelares urgentes” para “evitar la continuidad del daño y la agravación de sus consecuencias”, ante hechos que “vulneran derechos fundamentales como la integridad moral, la dignidad en el trabajo o la salud laboral”. 20 páginas que desarrollan un “deterioro progresivo y grave del clima laboral” tras la llegada de Estrada a la Junta de Chamartín, en junio de 2023. Desde entonces, se han generado “consecuencias graves para la salud de los trabajadores como episodios de ansiedad, crisis nerviosas y llantos”.

Estrada ha ejecutado “nueve ceses de funcionarios” en menos de tres años (el último de ellos en febrero), una cifra que fuentes consultadas por este diario elevan a once. También han proliferado las bajas laborales, cinco de ellas de larga duración, y al menos cuatro solicitudes de reasignación en otros puestos fuera del distrito. Esta última cantidad se refiere a las especificadas en el escrito judicial, aunque las mencionadas fuentes sostienen que hasta “16 personas se han ido voluntariamente”.

Dichas peticiones de traslado buscarían, según un denunciante que obra “con reserva de identidad” por “temor real, fundado y objetivable a represalias laborales”, escapar de “conductas constitutivas de acoso laboral” que se habrían recrudecido desde el nombramiento de una nueva coordinadora del distrito en 2024. El documento atribuye a Gregorio, mano derecha de Estrada, “humillaciones, trato vejatorio, gritos y descalificaciones públicas en reuniones o en presencia de otros empleados”. La lista de acusaciones es extensa: amenazas sobre el mantenimiento del puesto, restricciones de permisos con efectos en la conciliación, coacciones para firmar documentos, vigilancia fuera del horario laboral o prohibición de comunicar estas situaciones. La denuncia apunta asimismo que el nombramiento de Gregorio estuvo precedido por el cese del anterior coordinador del distrito mientras “se encontraba en enfermedad oncológica”.

“En realidad, el comportamiento de Yolanda Estrada representa muy bien lo que es el Gobierno de Almeida”, lamenta Barberán. “No podemos normalizar el insulto, el amedrentamiento o la vejación a representantes políticos ni a funcionarias. Deberíamos poder ejercer nuestro trabajo como servidores públicos mediante la escucha, no con gritos y humillaciones, generando confianza, no imponiendo e intimidando. Desde Más Madrid apoyamos a las funcionarias y funcionarios que levantan este Ayuntamiento cada día y exigimos a Almeida que puedan realizar su trabajo en un ambiente adecuado. Por nuestra parte vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para hacerlo posible”, remata.

Más puestos sin cubrir y un programa educativo no renovado

En paralelo, las plazas de personal municipal sin cubrir en la Junta de Chamartín han ido aumentando a lo largo del actual mandato. Las vacantes llegaban a 37 en marzo de 2023 (última relación de puestos de trabajo previa al aterrizaje de la edil) y pasaron a 48 en marzo de 2026 (un 30% más), según los documentos a los que ha accedido Somos Madrid a partir del portal de datos del Ayuntamiento de Madrid. Estas vacantes son mayores que las de distritos con una plantilla similar, como Salamanca o Centro.

Los testimonios recopilados por este medio sugieren que la situación de Chamartín afecta a los recursos humanos de la Junta y, con ello, a la efectividad de los servicios que debe acometer: “No hay personal funcionario que quiera venir a Chamartín, salvo la gente que tenga mucha necesidad. Se ha corrido la voz. Están quedando plazas desiertas, cubiertas por interinos de otras administraciones o gente de la Oficina para el Empleo. Eso provoca que las cosas tarden más en hacerse, que haya que estar pendientes constantemente para arreglar y corregir”.

“Antes de Estrada éramos un equipo supercoordinado, ahora cada vez más lo compone gente nueva y sin experiencia. Es alguien que va arrasando, que no entiende que estamos para servir al ciudadano. Lo hacíamos bien, simplemente no le hemos caído bien. Aunque ni siquiera nos ha conocido”, expone una persona que ha estado laboralmente vinculada al organismo distrital.

Desde 2015, la Junta de Distrito Chamartín ofrecía un programa de refuerzo educativo enfocado al alumnado con dificultades de aprendizaje; estudiantes de Educación Infantil y Educación Primaria del distrito que no cumplen los requisitos para que se les considere como de necesidades especiales, pero con dificultades que interfieren en su proceso educativo. Sin embargo, este curso 2025-2026 el servicio se interrumpió.

En la actualidad, solo cuatro de los 21 distritos de Madrid no ofrecen este servicio, alguno análogo o actividades de carácter similar. De esos cuatro, Chamartín es el único en el que ha decaído después de ponerse previamente en marcha. La última licitación se produjo en 2021, con Sonia Cea como concejala presidenta de Chamartín y ya dentro de un Gobierno de Almeida. Se hizo mediante una adjudicación prorrogable en 2023, la cual recibió luz verde ya con Estrada en la Junta. Esta prórroga concluyó en julio, sin que el servicio fuese renovado o sacado de nuevo a concurso.

La concejala de Vox en el Ayuntamiento de Madrid Arantxa Cabello, que se ha reafirmado como “portavoz legítima” de este partido político, ha arremetido contra la “cacicada” del equipo del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, a favor de Javier Ortega Smith, expulsado de la formación, una decisión que ha recurrido a los tribunales.

“Soy la portavoz legítima del partido político, de Vox, porque así se concurrió a las elecciones. Ahora mismo la situación jurídica es que hay tres miembros de lo que era el grupo municipal, que están expulsados, una decisión ejecutiva que tenía que haber realizado el Ayuntamiento y se ha producido una cacicada”, ha lanzado Cabello a su llegada al Pleno de Cibeles en declaraciones recogidas por Europa Press.

Se ha referido así al informe que está realizando la Secretaría de este órgano para dilucidar en qué situación quedarían dentro de la Corporación los tres ediles expulsados, Ortega, Carla Toscano (ausente del Pleno por baja) e Ignacio Ansaldo. Para realizarlo solicitaron a Vox todos los documentos que acrediten las expulsiones sumando las peticiones de medidas cautelares de los de Ortega ante la Justicia ordinaria. De momento, Ortega Smith controla el Grupo Municipal de Vox gracias a su mayoría de ediles fieles

Cabello ha asegurado que en el Ayuntamiento “no se ha aplicado el artículo 73.3 de la Ley de Bases del Régimen Local, que dice que cuando los miembros de un partido son expulsados, el grupo municipal tiene que enviar, si se solicita por parte del partido, a esos miembros a no adscritos pero esa situación, como suele ocurrir en un Ayuntamiento con un alcalde que actúa como un cacique, no se ha producido”, ha reprochado. “Estamos acostumbrados a un alcalde que actúa como un cacique, que pasa por encima de los derechos de los vecinos de Madrid, de los derechos de los españoles, pasa por encima de las leyes, pasa por encima de las sentencias judiciales”, ha lamentado.

El alcalde Almeida le ha respondido poco después, en su primer turno de palabra en respuesta a otra pregunta de Ortega Smith, al reprocharle a Cabello que “cuando uno tiene que apellidar la condición de portavoz, a lo mejor es que no es portavoz”.

Antes, la edil había subrayado que Vox “es el partido que se caracteriza por perseguir el cumplimiento de la ley en cualquiera de sus facetas, en cualquiera de sus órdenes”, así que será ahora la organización política la que tendrá que considerar cuál es la situación que tiene el Ayuntamiento de Madrid y “obrar en consecuencia, como siempre hace en cualquier decisión que considera que no cumple lo estrictamente recogido en el ordenamiento jurídico”.

Arantxa Cabello ha insistido en que Ortega y Ansaldo acuden al Pleno “como integrantes del grupo municipal”. “Ahora mismo ya la resolución del partido tenía que haber sido ejecutiva, según dice la ley. Esto no es una cuestión de una opinión, esto lo dice exactamente la ley. El hecho de que estén aquí quiere decir que no están en no adscritos”, ha reiterado.

La edil votará en el Pleno de manera individual dándose la circunstancia de que tanto ella como Ortega defenderán una proposición en torno a la tasa de basuras. En la sesión, cuando tome la palabra, Cabello se presentará como “la representante legítima del grupo municipal Vox”.