“Alejandro tenía razón. El tejido vecinal también. Y vamos a seguir hasta que se depuren responsabilidades, se repare el daño causado y se garantice que ninguna persona mayor vuelva a ser tratada de esta manera”. Con esta contundencia cierra su escrito la Asociación Vecinal La Chispera, remitido a los medios a los pocos minutos de que trascendiera una noticia por la que llevan meses luchando: este hombre de 81 años podrá permanecer en su apartamento municipal para mayores del residencial San Francisco, en el número 1 de la céntrica calle del Jerte. “Le he ganado al santísimo señor alcalde. Me puedo quedar aquí hasta que me muera”, ha festejado el propio Alejandro en un vídeo colgado en las redes sociales de la agrupación vecinal.

La noticia saltaba el pasado lunes. La Sección de lo Contencioso-administrativo del Tribunal de Instancia de Madrid deniega al Ayuntamiento de Madrid, liderado por José Luis Martínez-Almeida, la autorización para desalojar temporalmente a uno de los últimos residentes de estos pisos cuya titularidad ostenta el Consistorio. Según la resolución, que es recurrible y por tanto todavía no firme, el Gobierno de Cibeles no ha justificado con informes técnicos que las obras de rehabilitación en el inmueble exijan vaciarlo por completo. Pese a ello, el Ejecutivo de Almeida ha expulsado ya a 59 de los 61 residentes en el edificio.

La corporación local se apoyaba en una nota interna de la Dirección General de Arquitectura y Conservación del Patrimonio, fechada el 21 de abril de 2025, según la cual “el inicio de las obras contempladas en el proyecto no puede tener lugar si el edificio no se encuentra completamente libre de ocupantes”. Para el juez, por contra, esta afirmación “no se encuentra suficientemente justificada”: “No consta en el expediente administrativo ni en la documentación disponible o facilitada que exista un informe de naturaleza técnica”. Esto es, un estudio donde se expliquen las razones por las que resulta “imperativa” la necesidad de desocupar por completo la construcción.

“El auto deja claro que una medida de este tipo no puede concederse de forma automática, sino que exige justificar su necesidad, su procedencia y su proporcionalidad. Una información que el Ayuntamiento no ha aportado”, sostienen desde La Chispera. “La resolución subraya que ni en el escrito de solicitud ni en la documentación aportada por la Administración consta el hecho de que el residente se opusiera a abandonar su residencia, cuando se le intentó desalojar en junio de 2025. Esta omisión de información, afirma el juez, vuelve la solicitud improcedente”, añaden desde esta entidad vecinal, que opera en la zona del distrito Centro popularmente conocida como La Latina.

Pese al revés de los tribunales, Almeida ha insistido este martes en que “hay problemas técnicos que afectan a la estructura y la estabilidad del inmueble”. Recalca que “hay otros dos autos anteriores de jueces que sí nos han dado la razón y han permitido que los vecinos se pudieran ir”. Ocurrió tras las denuncias de algunos de los 59 residentes que ya abandonaron sus apartamentos. Para el regidor, “la persona que quiere ocupar el piso debe saber que es necesario para garantizar la seguridad que se puedan ejecutar las obras, que le vamos a dar una alternativa como a la mayoría de vecinos y que va a poder volver sin incremento de renta”. “No lo hacemos por capricho”, ha dicho el alcalde, antes de adelantar que están “estudiando” un posible recurso “si se dan las condiciones”.

Dos años de batalla legal

“Estamos ante una decisión que frena una actuación municipal mal planteada y que desautoriza un nuevo intento de avanzar por la vía de la imposición”, denuncian, después de una gran movilización que comenzó en 2024. Las primeras notificaciones de desalojo llegaron en junio de aquel año. En ellas se les comunicaba que serían reubicados transitoriamente en otras residencias de la Comunidad de Madrid. Dos años después, solo Alejandro Ibáñez y otra persona permanecen en el lugar. Desde La Chispera sostienen que la mudanza forzosa tendría duras consecuencias sociosanitarias para la vida de ambos.

Víctor Palomo, abogado del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES) que ha gestionado la defensa de Alejandro, cuestiona las actuaciones ejecutadas por el equipo de Almeida: “Se podría alegar que el ayuntamiento no ha seguido el procedimiento, que no se han hecho las cosas como se deberían de hacer y, por tanto, podemos decir que aquí ha habido unos intereses políticos. No estaba bien justificado”.

“Por eso esta resolución es tan importante. Porque confirma que resistir tiene sentido. Porque demuestra que había razones humanas, sociales y jurídicas para oponerse. Y porque lanza un mensaje político de fondo: el Ayuntamiento no puede actuar como si todo estuviera ya decidido mientras exige obediencia a quienes llevan dos años sufriendo las consecuencias de una operación opaca y lesiva”, expone La Chispera en su comunicado.

La resolución lanza un mensaje político de fondo: el Ayuntamiento no puede actuar como si todo estuviera ya decidido mientras exige obediencia a quienes llevan dos años sufriendo las consecuencias de una operación opaca y lesiva

Creen que la resolución, emitida el pasado 2 de julio, “tiene que marcar un punto de inflexión”: “El Ayuntamiento de Madrid debe abandonar de inmediato la estrategia de presión, desgaste y hechos consumados con la que ha gestionado este conflicto. No basta con encadenar decisiones administrativas y tratar después de imponerlas por la fuerza. Cuando lo que está en juego es la vivienda, la dignidad y la cida de personas mayores, la obligación institucional es extremar las garantías, la transparencia y el cuidado. Y eso es exactamente lo que no ha ocurrido en los Apartamentos San Francisco”.

Se ha sumado a las críticas y a la congratulación por la decisión judicial Rita Maestre, portavoz de Más Madrid en Cibeles: “Almeida se empeñó en echar a los mayores para acometer obras en los apartamentos de San Francisco, en vez de hacerlas por fases y ofrecer alternativas como propusimos. La victoria judicial de Alejandro, de la mano de la asociación vecinal La Chispera, debe marcar el regreso de todos los vecinos”, ha publicado en Blue Sky.

“Dos años lleva Almeida anteponiendo cualquier cosa al bienestar de las personas mayores. Dos años negándose a arreglar los apartamentos plantas para no tener que sacarles de sus hogares. Constantemente se hacen obras en inmuebles residenciales, en hospitales y en edificios municipales. No por eso se desaloja el edificio entero. La victoria de Alejandro debe marcar el regreso de todos. Y Almeida tiene que habilitarles las casas de manera urgente, permitir su vuelta a los apartamentos y hacer lo que tenía que haber hecho hace dos años: ejecutar las obras por fases”, ha incidido este lunes la concejala en declaraciones a los medios de comunicación.

Ana Lima, concejala del PSOE, ha asegurado asimismo que el auto “deja en evidencia” al Gobierno de Almeida, al que ha reprochado que se sacara de sus viviendas a personas mayores “cuando no había un informe técnico que lo avalara”. “Ni había riesgo de ruina inminente, ni había riesgo de demolición, ni tampoco había un informe técnico que avalara que no se podían hacer las obras con las personas dentro. Y, sin embargo, solo con una nota interna se decidió arrancarles de sus hogares”, ha manifestado. Lima ha acusado al alcalde de actuar con la “máxima dureza” hacia los vecinos y ha afirmado que las personas afectadas fueron trasladadas a residencias sin que se estudiaran otras alternativas adecuadas a sus circunstancias. “Esto no es una buena gestión, es opacidad, insensibilidad e irresponsabilidad política”, ha aseverado la socialista en declaraciones a la prensa.

Ni La Chispera ni el propio Alejandro van a quedarse aquí, como subrayan en el comunicado: “La lucha vecinal no termina con este auto. Tanto los residentes que permanecen en la residencia como aquellos que ya fueron desplazados siguen peleando para poder recuperar su vida cotidiana en el barrio. Desde la asociación seguiremos exigiendo transparencia a la administración, y señalando la responsabilidad política del Ayuntamiento. También seguiremos pidiendo el comienzo inmediato de las obras, con el objetivo de que los residentes puedan volver lo antes posible y recuperar su vida y su autonomía”.

Nueva evidencia de fascismo en la Policía Municipal madrileña. elDiario.es ha tenido acceso a la fotografía de la taquilla de un agente del Cuerpo decorada con pegatinas nazis. “Hitler fans”, “El fascismo es alegría” o “Zona fascista ¡¡Atención!!”, son los lemas de esos adhesivos. Un agente distinto al dueño de la taquilla colgó las fotos en un chat con otros policías y la conversación llegó hasta los mandos del Cuerpo. El Ayuntamiento de Madrid solo confirma la apertura de un “expediente informativo” y alega que las tomas de declaración de Asuntos Internos y el resto del desarrollo de la instrucción tienen carácter secreto.

La taquilla pertenece a un agente de la Unidad Central de Seguridad (UCS-2), el grupo especial de la Policía Municipal con sede en la Casa de Campo. Las fotos fueron volcadas el 8 de junio en un chat de agentes donde se debatía sobre la infiltración del fascismo en las filas del Cuerpo local. Frente a quienes lo ponían en duda, uno de los participantes aportó la captura. En pocas horas, las pegatinas fueron retiradas, informan las fuentes consultadas.

elDiario.es lleva preguntando por este asunto desde el 25 de junio pasado a la Delegación de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid, de quien depende la Policía Municipal. La Delegación, a cargo de Inma Sanz –número dos de Almeida– se limita a confirmar que hay un “expediente informativo” abierto por los hechos y añade que si los agentes de Asuntos Internos detectan alguna falta abrirán un “expediente disciplinario” para imponer las correspondientes sanciones.

Un portavoz del Ayuntamiento esgrime el secreto de la investigación interna para no aclarar si se está investigando la conducta del neonazi, del agente que tomó la foto y la difundió o la de ambos. Las fuentes policiales consultadas por elDiario.es afirman que tanto el autor de la fotografía como el policía nazi han prestado declaración ante Asuntos Internos.

La unidad en la que se han producido los hechos ya fue objeto de polémica cuando el Gobierno de Carmena decidió suprimirla por considerar que sus funciones ya las realizaba la Policía Nacional y era un nido de privilegios para sus miembros. Los conocidos como “antidisturbios” de la Policía Municipal participaban en desahucios y vigilaban manifestaciones. El Ayuntamiento progresista redujo sus efectivos y les asignó otras tareas. Los agentes que salieron de la Unidad perdieron el complemento salarial que tenían asociado a ese puesto.

El descontento de parte del cuerpo desembocó en un escrache al delegado del área, Javier Barbero. Unos 300 agentes acudieron a la salida de una Comisión de Seguridad para asediar al concejal con gritos como “rojo de mierda”, “gordo”, “perroflauta” o “dictador, hijo de puta”. Golpearon su coche oficial y agredieron a una periodista. Barbero dijo entonces que la protesta tenía tintes “fascistas”, lo que le valió una querella por parte del sindicato mayoritario, el Colectivo Profesional de la Policía Municipal (CPPM), que comandaba la oposición policial al Ayuntamiento cuando era de izquierdas. Se archivó sin más consecuencias.

El Ayuntamiento de Almeida rehizo la unidad y la ha dotado con un centenar más de efectivos. Entre sus actuaciones más destacadas, el propio Consistorio de Almeida destaca su participación en los desalojos de los centros sociales okupados de La Ingobernable, La Dragona y La Quimera. Los policías integrantes de la UCS, a través de los sindicatos, demandan ahora que se les entreguen armas largas y munición expansiva para hacer frente a “amenazas terroristas y grupos violentos” ataviados con sus uniformes negros y boinas azul oscuro.

El chat contra Carmena, los precedentes

La aparición de la parafernalia nazi en una taquilla de la UCS retrotrae a la exclusiva de elDiario.es de 2017 sobre los comentarios contra la entonces alcaldesa Manuela Carmena en un chat de decenas de agentes municipales del distrito centro. “Ojalá tenga una muerte lenta y agónica”, le deseaba un policía municipal a su máxima responsable política de entonces.

Otros se animaban en aquel chat deseando la muerte a políticos de izquierdas o independentistas o hacían loas a Hitler y el nazismo. Tras colgar una foto del dictador, un agente escribía: “Este señor sí que sabía cómo hacer las cosas, este señor es dios, ya estarían echando humo las chimeneas sin parar si estuviese al mando”. Otro agente se hacía llamar Führer y algunos compañeros se referían a él como “camarada 14/88”.

Un policía municipal incorporó entonces las capturas del chat a una denuncia por amenazas contra sus compañeros a raíz de que les reprochara el contenido de los mensajes que vertían en el foro. Comenzó entonces un periplo judicial que derivó en el archivo de la causa por un juzgado de Madrid y su posterior ratificación por la Audiencia Provincial de Madrid, que consideró que los comentarios se habían proferido en un “ámbito privado” y que no tenían carácter “amenazante”.

Con el cambio de Gobierno, el Ayuntamiento del Partido Popular y de Ciudadanos decidió archivar el expediente interno abierto contra tres policías municipales por los comentarios en el chat que había abierto el equipo de Carmena. El Consistorio de Almeida concluyó que la conducta que se les atribuía no era “reprochable”.

“Hay que entender que vivimos en una ciudad y en un país que somos de ruido”. Estas palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lanzaron un controvertido guante a Florentino Pérez que el presidente del Real Madrid no tardó en recoger. “Está ya arreglado, hemos ganado en los tribunales, haremos conciertos. Tenemos el apoyo del Ayuntamiento y la Comunidad. Van a hacer unas normas especiales”, declaró el empresario en su ya histórica rueda de prensa del pasado 31 de mayo. Desechaba así la realidad de unas actuaciones canceladas por la Justicia, que ya suman multas por valor de cientos de miles de euros, las cuales deben afrontar las promotoras musicales.

Desde el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida, ya hay cantos de sirena que apuntan en la dirección de esas “normas especiales”. “El Ayuntamiento en lo que siempre ha trabajado y en lo que se seguirá trabajando es que desde el punto de vista de nuestras competencias se puedan celebrar conciertos y que el descanso y el bienestar esté garantizado”, declaró el regidor el día después de la comparecencia de Florentino Pérez. El pasado lunes, uno de los hombres fuertes de su equipo fue un paso más allá. El concejal delegado de Medio Ambiente, Urbanismo y Movilidad, Borja Carabante, desgranó en declaraciones a la prensa los planes del Ejecutivo regional con la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas (Lepar): “La idea que tiene la Comunidad de Madrid es flexibilizar esa normativa para que los ayuntamientos tengamos mayor capacidad para la autorización de estos conciertos”.

La afirmación de Carbante ha despertado, sin embargo, un inesperado efecto dominó. Una especie de petición de café para todos. Solo un día después de las palabras del edil, la Plataforma por el Ocio, la Hostelería, el Turismo y los Espectáculos de Madrid manifestaba en un comunicado su “sorpresa” ante los objetivos de ese cambio legislativo: “La principal prioridad de la modificación debe ser aportar seguridad jurídica a las pymes y fijar criterios objetivos de seguridad para el cálculo de los aforos”. Es decir, reclaman que las novedades vayan más allá de los macroeventos y permitan, entre otros puntos, aumentar la capacidad en salas de menor tamaño.

“La prioridad de esta ley debe ser la de acometer la redacción rigurosa y objetiva de las condiciones de seguridad que deben cumplir los establecimientos públicos, y particularmente, los grandes eventos mediante la necesaria aplicación del Código Técnico de Edificación para calcular el aforo”, señalaban en su escrito. Según la Plataforma por el Ocio, llevan “décadas sufriendo la crisis de los aforos” en Madrid a consecuencia de la aplicación “arbitraria” de cálculos “al margen de los criterios de seguridad”.

El Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, dispuestos a abrir la mano

La propuesta de la entidad pone sobre la mesa un debate en una ciudad todavía marcada por la tragedia del Madrid Arena en 2012, cuando el exceso de aforo fue una de las principales causas de una aglomeración descontrolada donde acabaron muriendo cinco jóvenes. De momento, parece que Carabante abre la mano para contentar a los espacios de ocio nocturno: “Es una cuestión que hemos analizado con la Comunidad de Madrid. Sigue sobre la mesa la posibilidad de adecuar los aforos urbanísticos a los aforos de seguridad”, dijo el miércoles el concejal, apenas 24 horas después del comunicado emitido desde el sector hostelero.

Así, en apenas 48 horas, el Gobierno municipal ampliaba esa aspiración de “flexibilidad” a diferentes recintos de la ciudad y la región. Las declaraciones a Somos Madrid del promotor Vicente Pizcueta, portavoz de la Plataforma por el Ocio, dan cuenta de un rápido entendimiento con el Consistorio: “Valoramos positivamente las palabras de Borja Carabante. Es una reivindicación que venimos planteando desde hace años y puede suponer un avance importante, siempre que se concrete de forma adecuada. En este sentido, hemos solicitado ya una reunión con el Ayuntamiento de Madrid y con la Comunidad de Madrid para definir los objetivos de la Lepar, dando prioridad a la seguridad jurídica de las empresas regladas y abordando después las situaciones excepcionales y la regulación de los macroeventos”. El objetivo, dice, es “evitar interpretaciones discrecionales por parte de la Agencia de Actividades del Ayuntamiento”.

Entidades vecinales temen cambios “a golpe de rodillo”

En medio de estos cambios regulatorios, o desregulatorios, la preocupación se acrecienta entre vecinos que conviven tanto con grandes como con pequeños recintos. Alejandro Fernández, portavoz de eventificación de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (Fravm), alerta de posibles ajustes legislativos “a golpe de rodillo”. Recuerda que deberían acometerse sin prescindir de “la participación ciudadana, los estudios y los expertos pertinentes”.

“En el tema de los eventos entran en juego tres elementos, un triángulo que debe mantenerse en equilibro. Primero la propia licencia de actividad que necesita cualquier local, grande o pequeño, y que da el Ayuntamiento. Después está el cumplimiento de la Ordenanza de Protección contra la Contaminación Acústica y Térmica (Opcat), de forma que además del permiso debes respetar un tope de decibelios. Y por último la Lepar, que data de 1997 y les está generando muchos problemas. La Comunidad de Madrid lleva años tratando de moldearla con una nueva superley en la que trabajan”, expone Fernández.

“Actualmente, por mucho que diga la Ley de Espectáculos, si no cuentas con la licencia pertinente o no cumples la ordenanza no deberías poder llevar a cabo un evento. Pero lo que hemos visto en el Bernabéu o el Metropolitano es que se utiliza la Lepar para otorgar esos permisos aun sin licencia de actividad, puesto que los conciertos se celebran en suelo deportivo, o incumpliendo la ordenanza de ruidos. El objetivo de esa nueva ley en la que se trabaja es que las autorizaciones que concede prevalezcan sobre las otras dos cosas”, resume el integrante de la Fravm.

Por mucho que diga la Ley de Espectáculos, si no cuentas con la licencia pertinente o no cumples la ordenanza no deberías poder llevar a cabo un evento. Pero hemos visto que se utiliza la Lepar para otorgar esos permisos aun sin licencia de actividad

Alejandro Fernández — Portavoz de eventificación de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid

“Si cuentas con licencia de actividad y cumples la Opcat, no necesitas pedir ningún permiso con la Ley de Espectáculos, pero nos encontramos con que se solicitan constantemente a través de ella”, advierte Fernández. Una inseguridad jurídica que, cree, se puede incrementar todavía más con “estos globos sonda sobre una flexibilidad todavía mayor que nadie sabe realmente a qué se refiere”. Considera, en cualquier caso, que “la propuesta está muy verde”.

“Estamos en un momento muy feo. Ayuso le dice a Florentino que va a flexibilizar y las salas pequeñas dicen qué hay de lo mío. Pero lo más importante es que hay que cumplir la ley”, recalca el activista vecinal. Una jerarquía normativa en la que prevalece por su carácter estatal la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido: “La Lepar está debajo y queda sin competencias sobre las emisiones sonoras. Por eso en la Comunidad y el Ayuntamiento le están dando vueltas a lo que quieren, más y más eventos sin importar las molestias vecinales o las afecciones a la movilidad, dentro de sus competencias”.

Pese a todo, Alejandro Fernández coincide en que la solución no es el inmovilismo regulatorio. De hecho, propone ir todavía más allá para adaptarla y ampliarla a la actual diversidad de los espectáculos: “En el fondo, hay que elaborar una nueva ley. Todo ha cambiado todo mucho. ¿Qué hacemos, por ejemplo, con los drones? Cada vez vemos más eventos con este tipo de tecnología y no cuentan con una normativa propia. Es solo un ejemplo de los muchos que se podrían poner”. Lamenta que “nadie quiere abrir ese melón”. Porque, de hacerlo, el efecto dominó que Ayuso, Almeida y Florentino Pérez proponen para los macroconciertos podría tornarse en un efecto péndulo: que los vecinos terminen por hartarse de la eventificación de su ciudad.

Fumata blanca después de una negociación que el propio alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, calificó de “compleja”. El Ayuntamiento ha ratificado este jueves el acuerdo laboral con la Policía Municipal, como ha trasladado la vicealcaldesa Inmaculada Sanz en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

El nuevo convenio colectivo ha sido acordado con los tres sindicatos mayoritarios (CPPM, CSIT-UP y UPM) e incluye una mejora en la retribución de casi 6.300 policías de la capital. Con ello, dice Sanz, el objetivo es asegurar “el mejor servicio”. Firmado el pasado viernes por el regidor y unas organizaciones sindicales que representan al 78% de los trabajadores, el pacto contempla mejoras en el complemento específico, las horas extraordinarias, las jornadas voluntarias en fines de semanas y festivos o la cobertura de grandes eventos.

En concreto, según adelantó El Mundo, el acuerdo conlleva la integración definitiva de la productividad por especial dedicación dentro del complemento específico. Gracias a ello, la cuantía se percibirá en 14 pagas y no se perderá por baja médica, para un aumento de unos 675 euros anuales para la categoría de policía. También habrá una subida directa del complemento específico de 2.478 euros para los agentes, para un aumento mensual de 225,51 euros repartido en 14 pagas.

El texto del preacuerdo ahora validado fija otra mejora en la remuneración de las horas extraordinarias. En días laborables pasarán de 22,41 a 24,4 euros por hora, mientras que las de los sábados tendrán la mayor alza, al pasar de 26,57 a 32 euros por hora. Las horas extraordinarias en domingos, festivos u horario nocturno subirán a los 33 euros por hora frente a los 31,26 actuales. Por su parte, quienes opten por compensar esas horas con descanso se favorecerán de coeficientes más ventajosos.

Se mantiene asimismo la voluntariedad de los servicios extraordinarios vinculados a grandes eventos, aunque mejora sensiblemente su retribución. Las horas por estos dispositivos especiales se abonarán a 65,82 euros, limitados a un máximo de 50 horas anuales por profesional. En cuanto a las cantidades percibidas por jornadas voluntarias en sábados, domingos y festivos, podrán superar los 380 euros por servicio de ocho horas en el mismo turno y superar los 416 euros cuando se lleven a cabo en un turno diferente.

El descanso y la conciliación de los agentes ha sido otro puntal de la negociación. El acuerdo mejora la compensación por trabajar en festivos, que pasarán a generar un día libre y dos horas adicionales de descanso. En el turno de noche, además, se reducen de siete a seis el número de festivos obligatorios de trabajo obligatorio al año. Aparecen nuevos mecanismos para garantizar una rotación más equilibrada de los turnos y amplía el plazo para disfrutar los días libres generados por compensaciones, hasta el 31 de marzo del año siguiente. También se establece un descanso mínimo garantizado de ocho horas entre jornadas cuando se produzcan prolongaciones involuntarias del servicio. Entre las novedades figura igualmente la concesión de un día libre para los agentes que superen las pruebas físicas obligatorias, así como medidas específicas para que puedan conciliar quienes trabajan de noche.

Las otras inversiones en el cuerpo

Según Inmaculada Sanz, el acuerdo entra dentro del compromiso del Ayuntamiento de Madrid con el Cuerpo policial “en reconocimiento de su labor diaria para garantizar la convivencia y la seguridad en la ciudad”. Ha recordado que el Gobierno de Almeida ha aumentando un 54% el presupuesto destinado a la Policía Municipal desde 2019 a 2026 y la plantilla ha crecido un 13%. Tiempo en el que se han construido ocho comisarías y una unidad logística, además de acometerse diversas reformas en instalaciones policiales.

La vicealcaldesa ha subrayado la incorporación de dispositivos taser, sistemas de videovigilancia, drones y la inversión de más de 60 millones de euros para renovar la flota de vehículos de la Policía Municipal. Inversiones que no impidieron que las aguas se revolvieran en la plantilla durante la negociación, aunque ahora todo hace indicar que vuelven a su cauce.

Javier Ortega Smith ya es oficialmente un concejal no adscrito en el Ayuntamiento de Madrid. Es decir, no forma parte de ningún grupo municipal pero seguirá formando parte de la oposición en Cibeles. Su relevo en la Portavocía de Vox, en cambio, tendrá que esperar hasta que la Justicia dirima si el resto de los díscolos, Carla Toscano e Ignacio Ansaldo, pueden continuar o no en el partido. Así lo ha constatado el alcalde José Luis Martínez-Almeida, que este lunes ha confirmado la salida de Ortega Smith.

En palabras de Almeida, el presidente del Pleno (Borja Fanjul) ha desestimado la petición del Grupo Municipal Vox para nombrar a Ansaldo como sustituto del que también fue secretario de Organización de Santiago Abascal, con el que ahora mantiene una guerra abierta. “Tendremos que esperar también a la situación en la que queden definitivamente los últimos concejales que han sido expulsados, que también tienen un procedimiento judicial en curso”, ha zanjado el regidor.

La petición en favor de Ansaldo se comunicó pero una vez pasado el 30 de junio, que es cuando se dio traslado de la desestimación de las medidas cautelares sobre la expulsión del partido. También la reclama la autodenominada “portavoz legítima”, Arantxa Cabello, afín a la dirección, una situación que se complica aún más dado que Carla Toscano (simpatizante de Ortega Smith) se encuentra de baja laboral.

“Ella [Toscano] sigue siendo la portavoz adjunta y será en el seno del grupo municipal Vox donde se tengan que resolver todas las cuestiones que hay en este momento”, ha apostillado el alcalde, que lamenta que el “futuro de un grupo municipal se esté decidiendo en los tribunales. Desde que Ortega Smith, Toscano y Ansaldo se convirtieron en díscolos rompiendo con los preceptos de la dirección nacional de Vox, entraron en distintos procedimientos legales para resolver su situación en el partido.

Los dos últimos continúan a la espera de una resolución, pues sigue abierto su procedimiento judicial para decidir si se aceptan o no las medidas cautelares que han pedido sobre sus expulsiones. Provisionalmente continúan dentro del grupo, aunque su destino será el mismo que el de Javier Ortega Smith si la Justicia no estima sus peticiones.

Almeida no ha obviado que Ortega podría recurrir judicialmente la decisión del presidente del Pleno, algo a lo que “tiene todo el derecho”, aunque le ha advertido de que “hay pocas dudas, es decir, si le ha denegado la medida cautelar por parte del juzgado, que es lo que en su momento se acordó por el presidente del Pleno, esperar por prudencia a que el juzgado se pronunciara sobre esa medida cautelar una vez se desestima correspondía que pasara a esta situación de no adscrito”.

Lo que tiene claro el primer edil es que “no puede ser que el futuro de un grupo municipal se esté decidiendo en los tribunales”. “Y siento decirlo así, con todo mi respeto a Vox, con todo mi respeto a sus procedimientos internos y a las personas que integran el grupo municipal Vox, pero creo sinceramente que un grupo municipal no puede decidir y dirimir su futuro en los tribunales, que tienen que entender que deben estar a la altura de los madrileños y que, dentro de sus discrepacias, deberían hacer por lo menos las cosas más fáciles para que el Ayuntamiento de Madrid pudiera funcionar con normalidad”, ha declarado.

“Es una injusticia lo que han hecho con ellos. Les han desahuciado aunque ya lo paralizaron varias veces y saldaron lo que debían”. A la portavoz de la familia desalojada el pasado 23 de junio de su vivienda en la calle Sombrerería, en Lavapiés, le cuesta tanto encontar una explicación a lo ocurrido como contener la emoción que le genera. Un matrimonio, la octogenaria madre de la mujer y dos menores de 7 y 11 años fueron forzados a abandonar su piso, propiedad de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo de Madrid (EMVS). Esto es, un organismo público dependiente del Ayuntamiento que lidera José Luis Martínez-Almeida.

La entidad se parapeta en una deuda de apenas 3.129 euros que derivó en un proceso judicial resuelto hace ya tres años. De hecho, este diario ha podido constar que la familia saldó esa cantidad mediante varios pagos fraccionados a lo largo de 2025. La documentación acredita que tampoco hay irregularidades en la subrogación de la propiedad, al menos en el caso de la anciana desahuciada. Después de la muerte de su marido, el cambio de titularidad quedó aprobado en junio de 2022 por la directora de Servicios Sociales y Atención Ciudadana del Consistorio.

Según sostiene la portavoz familiar, fue de hecho la muerte del patriarca lo que derivó en esa deuda inicial: “Intentaron pagar los recibos y cambiar de titular, per les exigían que se hiciera con cita. Coincidió con la pandemia, cuando era muy difícil lograrlas, y todo se complicó mucho sin ser culpa de ellos. Se juntó esa deuda de más de 3.000 euros y, en vez de negociarlo, ya les denunciaron para echarles”. Cuenta que, después del primer intento, el matrimonio removió cielo y tierra para conseguir el dinero que saldase la deuda, además de cumplir con las mensualidades vigentes. Lo consiguieron, pero a EMVS no le ha bastado para detener el procedimiento. Otra fuente próxima al caso va más allá y afirma que “no les dejaron pagar” y que “les trataron como okupas sin serlo”.

La situación más delicada es la de la anciana, que depende de un respirador constante debido a sus problemas de salud. Por el momento se aloja con otra de sus hijas, debido a la limitada movilidad de la que dispone por la bombona de oxígeno y a que “se niega a irse sola a una residencia después de pasar toda la vida con sus hijos”. El resto de la familia se ha mudado por el momento a casa de otra allegada, ya que “no se ha sabido nada de un alojamiento alternativo de emergencia”. La portavoz alerta también de la situación de la madre de familia: “Está muy mal. Casi no come, ha perdido bastantes kilos y atraviesa una depresión”.

Además de volver a la que todavía consideran su casa, ahora luchan por conseguir que se les devuelva el dinero abonado en 2025 si no se les permite regresar. No saben sí lo lograrán: “Se nos escapa. Es un proceso muy complicado”. Aunque agradecen la labor de los abogados de oficio, lamentan que en el momento del desalojo se encontraban fuera de España y desde que se produjo apenas han podido abordar los nuevos escenarios que se les presentan. “Han pagado 10.000 euros desde 2023. Ese dinero no tendría que haberse cobrado”, critican fuentes profesionales próximas al caso.

EMVS acelera los desahucios y recrudece sus formas ante la caída del escudo social

El desahucio culminado el día 23 estuvo precedido por un intento previo el pasado 11 de diciembre que ya hacía presagiar este drástico escenario. Han incidido factores como “la no generación de una comunidad de vecinos en lucha”. Observa otros procesos similares en marcha dentro de un bloque del que Ana Botella ya intentó desprenderse en 2013 (cuando puso la alfombra roja a la llegada de Blackstone a Madrid): “No quieren hablar, aunque el próximo les puede tocar a ellos”.

Critica el acelerón en el número de desahucios en viviendas de EMVS con la caída del escudo social que protegía los desahucios a familias especialmente vulnerables. A ello hay que sumar la “falta de mediación” en los últimos intentos de expulsión de estos afectados. Una “irregularidad”, dice, como el hecho de haber desalojado a la anciana octogenaria: “El resto de la familia no aparece en el contrato, pero lo de la señora no tiene sentido”. Apostilla de hecho que cuando se ejecutó el lanzamiento quedaba pendiente de resolución un segundo recurso de revisión de su expediente, después de que un juzgado rechazase el primero.

Desde EMVS trasladan a este diario que no ofrecen datos concretos sobre procedimientos específicos en marcha, pero recuerdan que “las viviendas son públicas, un bien de todos los madrileños y están sujetas a una normativa y un reglamento por cuyo cumplimiento EMVS Madrid tiene la obligación legal de velar”. Aseguran que la compañía municipal “solo inicia procedimientos judiciales ante incumplimientos contractuales; por generar problemas de convivencia o por ocupaciones ilegales, tanto forzadas como no forzadas; cesiones ilegales; subarriendos o impagos reiterados durante muchos años sin voluntad de atender a planes de pago, y con deudas acumuladas de miles de euros”.

En esas circunstancias, argumentan, “los servicios jurídicos de EMVS Madrid cumplen con su deber de interponer demandas de desahucio para proteger los derechos de los solicitantes inscritos, que esperan la adjudicación de una vivienda, así como proteger el patrimonio municipal”. Respecto de la subrogación, apostillan, “solo se produce cuando se cumplen los requisitos legales y contractuales que le son de aplicación”. En este caso, a excepción de los problemas de convivencia que según otras fuentes anónimas cercanas sí se han generado desde el entorno de los desahuciados, la documentación descarta los demás argumentos aportados por la entidad. Es así a tenor de la voluntad por cumplir con los planes de pago y oa regularización del cambio de titularidad.

“Todo esto responde a una especulación desmesurada de una EMVS que ha perdido el norte, que pasa por alto las vulnerabilidades y contribuye a la gentrificación. Han externalizado el equipo de trabajadores sociales y jurídicos que va a los barrios, mermando el número de profesionales a pie de calle que pueden evitar estos desastres”, expone una conocedora del caso que prefiere conservar su anonimato.

“En vez de expulsar a las familias, lo que hay que hacer es regularizar su situación mediante planes de pagos o ayudándoles a cumplimentar la documentación que necesitan y a ordenar las carpetas que manejan”, opina. Desde EMVS, ante las preguntas de Somos Lavapiés, no confirman si a la familia desahuciada se le concedió plan de pago alguno.

Lucía Lois, concejala de Más Madrid, considera en declaraciones a este periódico que Almeida “ha convertido la EMVS en un casero insensible y deshumanizado que pone a las familias más vulnerables en la calle”. “Día sí, día también, lo que debería ser un instrumento de política pública para garantizar que la gente tenga una vivienda digna se dedica a poner de patitas en la calle a quien más la necesita”, denuncia. Cree que ya “no es una anécdota”, sino que “el alcalde lo ha convertido en una tendencia estructural, ya que EMVS ha pasado de tres desahucios en 2023 a 60 hace un año y a 60 hasta el pasado abril”.

Clama especialmente contra “el detalle” en algunos de estos desalojos, porque “Almeida está echando a la calle a gente por cantidades ridículas, incluso por menos de 300 euros”. “Uno de cada cinco procedimientos está por debajo de 5.000 euros. El PP está utilizando el desahucio como una herramienta normalizada de gestión, incluso en situaciones perfectamente abordables con políticas sociales. Hablamos de gente que está intentando encauzar su situación, que quiere pagar y regularizar sus situaciones y se encuentran con un muro que ni les escucha. Es una política despreciable, Almeida blinda a rentas más altas, utilizando el suelo público para hacer viviendas para ricos, mientras pega un portazo y desahucia a la gente más vulnerable de sus casas”, concluye.

Paradójicamente, el mismo día en que esta familia se vio forzada a abandonar su casa de EMVS, la entidad llevó a cabo el primer sorteo de sus nuevas promociones para “ingresos medios”. Esto es, por encima de 68.000 euros anuales. 52 viviendas que dan una idea del nuevo modelo pretendido por la compañía pública y de la gente que deja atrás.

El Ayuntamiento de Madrid tiene un problema: el Tribunal Supremo acaba de echar por tierra uno de los concursos más polémicos licitados durante la era Almeida, el que iba a servir para construir dos aparcamientos bajo la calle Padre Damián y el paseo de la Castellana, que iba a gestionar y explotar el Real Madrid sobre suelo público durante los próximos 40 años.

La sentencia inapelable del Alto Tribunal termina por constatar la ilegalidad de un concurso hecho a medida por el área de Urbanismo y Movilidad para el Real Madrid, después de que el club blanco reclamara ambos aparcamientos en verano del año 2021 y consiguiera su adjudicación –al ser la única empresa en presentarse– en verano de 2023. La Justicia lo anuló un año después por falta de “interés público”, entre otras razones, sentencia ratificada después por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y ahora por el Supremo.

Como las obras fueron detenidas por los tribunales un año después de su comienzo, el Real Madrid había ya iniciado los trabajos de construcción de los parkings, especialmente en el caso de la Castellana, el que estaba más avanzado. Dice el club blanco en un informe encargado a Acciona –la empresa que ejecutaba los trabajos– que la factura de las obras ascendía a 17,4 millones de euros cuando la jueza ordenó parar la ejecución, según los datos que publicó en su día El Confidencial.

La Asociación Vecinal de Perjudicados por el Bernabéu (AVPB) tuvo que pedir parar las obras porque el Real Madrid seguía adelante con los trabajos pese al primer pronunciamiento judicial en contra. El club de Florentino Pérez cifraba además en 3,5 millones de euros adicionales los costes de desmovilización, seguridad y desmantelamiento de la obra y 1,6 millones por el alquiler de instalaciones, los salarios del personal o las extensiones de garantías.

¿Debe el Ayuntamiento de Madrid indemnizar al club merengue? Su contrato de concesión con la adjudicataria indica que “la suspensión de las obras no dará derecho al contratista al abono de daños y perjuicios”, un escudo legal que podría no frenar el interés de los de Chamartín, que podrían llegar a reclamar –si nos atenemos a las cifras publicadas anteriormente– hasta 22,5 millones de euros.

De momento, la estrategia que está siguiendo Almeida es la de la negociación para intentar salvar uno de los dos aparcamientos, el de la Castellana. Lo lleva intentando desde hace meses, al no recurrir al Supremo la sentencia del TSJM por las escasas posibilidades de éxito. El Real Madrid decidió seguir apelando hasta la decisión final de esta semana. 

El Área de Movilidad ya se ha reunido con la asociación demandante buscando una salida, aunque desde abril no ha habido ningún encuentro más, apuntan fuentes de la AVPB. Los vecinos mantienen la postura de que el parking de Castellana es indisociable del previsto en Padre Damián y el concurso está anulado por la Justicia. Pero se muestran abiertos a otra vía: si se plantea en otro concurso ese aparcamiento en solitario y cumple con la legalidad –indican los vecinos a este periódico–, la asociación lo estudiaría, siempre que beneficie al barrio y sea dedicado a los residentes, algo que en principio no estaba previsto.

El aparcamiento de la Castellana tenía planificadas 1.299 plazas para turismos, además de otras 123 para otros vehículos. Pero no contemplaba ninguna plaza para residentes en sus 37.863,35 metros cuadrados bajo el subsuelo, distribuidos en cuatro plantas. Esta distribución estaba pensada para aumentar el lucro del Real Madrid en días de partido o eventos, dejando las únicas plazas para residentes en el parking de Padre Damián, donde también iría un aparcamiento de autobuses, distribuido a lo largo de un túnel de conexión. Lo que está claro es que esa segunda parte del proyecto no volverá después de la contundente sentencia del Supremo.

Este periódico ha consultado al Ayuntamiento de Madrid sobre qué alternativas está manejando el consistorio después del fallo judicial definitivo. De momento, fuentes del área de Movilidad se muestran prudentes y explican que aún no se conoce si el Real Madrid exigirá una indemnización. Respecto a las negociaciones, el último pronunciamiento lo tuvo la vicealcaldesa en abril. Entonces aseguró que “hasta el moment,o las reuniones van razonablemente bien, estamos avanzando en ese sentido para conseguir llegar a un acuerdo para mejorar y darles unas plazas de aparcamiento que ahora no tienen y que son especialmente necesarias también en esa zona de la ciudad”. Desde entonces no ha habido más contactos.

Los parkings del Bernabéu se proyectaron como guinda final al proyecto para eventos que el Real Madrid ideó para su nuevo estadio, en el que ha construido un hipogeo donde guardar el césped y así poder organizar conciertos y encuentros multitudinarios como el que tuvo lugar durante la visita del Papa. El plan de Florentino Pérez era organizar hasta 58 eventos al año y facturar hasta 470 millones de euros gracias a los aparcamientos, que utilizaría en parte para estas citas. Sin embargo, las demandas vecinales, que han logrado el espaldarazo de la Justicia, han truncado de momento tanto los conciertos como esta infraestructura subterránea en forma de concurso público.

“Nos están robando Madrid, ustedes y sus amigos”, arrancaba su discurso Rita Maestre durante el Debate sobre el Estado de la Ciudad que se celebraba este martes en Cibeles. La portavoz de Más Madrid aprovechaba el turno de la oposición para dibujar una ciudad “cada vez más difícil, en la que tener un empleo no garantiza poder acceder a una vivienda y en la que pagar impuestos no garantiza tener acceso a una sanidad y educación de calidad”.

Frente al discurso triunfalista de Almeida, en el que ha habido algunos anuncios, Maestre ve una ciudad “más difícil” que cuando este llegó a la alcaldía: “Una ciudad en la que el miedo está cada vez más presente: a que no te renueven el alquiler, a perder el trabajo y tener que marcharte, miedo a que la extrema derecha llegue al poder y te deporten a tu país”. Luego ha citado un reciente libro sobre urbanismo para cargar contra las actuales políticas municipales: “Lo que antes era Madrid hoy es una agencia turística que tiene como único objetivo traer cada vez a más y más turistas cada año, más hoteles de lujo, más viviendas turísticas, más vaciar barrios sin saber si beneficia a los madrileños o a los capitales extranjeros. Y sin una tasa turística que financie las políticas de vivienda”.

Uno de los momentos de mayor tensión durante el parlamento de Maestre se ha producido al acusar al Gobierno de Almeida de no conocer la ciudad en la que vive, poniendo el ejemplo de que la mitad de los madrileños viven cobrando menos de 1.600 euros al mes. “¿Usted podría vivir con 1.600 euros al mes? ¿Podría pagar la residencia de mayores de 2.500 euros al mes? ¿La cuota de la escuela infantil de 600 euros al mes? ¿El comedor, las extraescolares y el campamento urbano?”, le ha preguntado a la vicealcaldesa, que interrumpía su discurso. Hubo muchos comentarios en la bancada del PP, con numerosas llamadas al orden por parte del presidente del Pleno. La de Más Madrid aprovechó para quejarse por ver a “veinte concejales muy nerviosos cuando les decimos las verdades a la cara”.

Justo antes, Maestre había dibujado a Almeida como “un admirador, un siervo, un esclavo” que trabaja para “el equipo de los ricos” y los intereses de los grandes capitales en la ciudad. “Usted trabaja para los que se forran con las subidas del alquiler”, añadía, antes de arremeter contra él por su “rotundo fracaso de las políticas de vivienda del Partido Popular” después de 7 años en la alcaldía y 30 años en la Comunidad de Madrid.

Entre los ejemplos de este “fracaso”, aseguraba que el Plan Reside ha provocado al menos la conversión de 1.000 viviendas residenciales en pisos turísticos, distribuidas en 60 bloques de los que se ha expulsado a sus residentes. “La realidad de la vivienda hoy en Madrid es una inmensa burbuja especulativa”, y enganchaba el tema de la vivienda, sobre el que ha centrado su discurso, a otros como

Solo al final Maestre ha deslizado alguna de sus propuestas frente al modelo de Almeida. Prometía “freír a impuestos a los ricos y a los especuladores”, además de construir “viviendas para la gente, prohibir la compra especulativa” o “congelar la subida de los alquileres”.

Almeida se quejaba en su turno de réplica que recurriera a la “deshumanización del adversario político” y lamentó que llevara tantos años “con cargo a sueldo público en el Ayuntamiento de Madrid”, además de invitarle a marcharse en lugar de renovar “el 73% de su lista”. También calificó a la oposicíon de “izquierda triste y amargada” y aventuró que “sin usted y sin la señora Maroto los resultados del Partido Popular serían imposibles de obtener”, en referencia a su mayoría absoluta.

Maroto: “Le recordarán como el alcalde del pelotazo”

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Reyes Maroto, ve al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, “un fraude” que gobierna “de espaldas a la ciudadanía” dejando tras siete años de mandato una ciudad “para sobrevivir” y no “para vivir”, a golpe de “titulares y propaganda”.

Así lo ha trasladado durante su intervención en el Debate sobre el Estado de la Ciudad de Madrid, donde ha cargado contra el balance del Gobierno municipal y ha defendido que existe una “alternativa” para abrir “una nueva etapa” en la capital. “Del PP también se sale”, ha asegurado.

Maroto ha preguntado a Almeida si, después de sus siete años de mandato, “en Madrid se vive mejor o peor” y ha asegurado que, para “miles de madrileños”, la respuesta es “peor”. “Usted no deja un legado. Usted deja mucha decepción”, ha lanzado.

La socialista ha situado así la vivienda como el principal eje de su intervención y ha acusado al alcalde de haber convertido este derecho en “un negocio”. “Si los buitres están comprando Madrid es porque usted ha convertido el derecho a la vivienda en un negocio”, ha afirmado. También ha cargado contra el Plan Reside, al que ha calificado de “plan expulsa”, y ha advertido de que “siete de cada diez edificios residenciales de la almendra central” estarían en riesgo de convertirse en pisos turísticos. Además, ha afirmado que los planes de inspección urbanística “han fracasado” y que “nueve de cada diez viviendas turísticas son ilegales”.

“¿Cree que le recordarán por construir vivienda pública o por haber puesto Madrid al servicio de la especulación?”, ha preguntado al alcalde. “La respuesta es muy sencilla: le recordarán como el alcalde del pelotazo”, ha añadido. Frente a ello, Maroto ha planteado un “pacto local por el derecho a vivir en Madrid” que incluya el “blindaje del suelo público”, la construcción de vivienda pública de alquiler asequible, un plan municipal de emancipación joven, la aplicación de la Ley Estatal de Vivienda, la declaración de zonas tensionadas y un plan de choque contra las viviendas turísticas ilegales.

La socialista ha dedicado además parte de su intervención a denunciar lo que ha definido como “el caos” de la gestión municipal, con “demasiada improvisación, anuncios, rectificaciones y decisiones que terminan en conflictos administrativos y judiciales”. “Una vez puede ser un error. Dos veces puede ser una casualidad. Pero cuando los jueces corrigen una y otra vez al Ayuntamiento, el problema ya no está en los tribunales. El problema está en la gestión”, ha afirmado. Según Maroto, después de siete años, la marca política de Almeida “ya tiene nombre en Madrid: 'chapuzas Almeida'”, ha dicho recordando la contundente sentencia del Supremo con la que el concurso de los aparcamientos del Bernabéu, redactado a medida del Real Madrid, ha quedado anulado.

En materia de limpieza, ha asegurado que Madrid está sucia“ y que este problema ”se ha convertido en el símbolo más visible del abandono de la ciudad“. ”Basura acumulada alrededor de los contenedores, suciedad en las calles y vecinos que llevan años soportando el abandono“, ha detallado mientras enseñaba una imagen de residuos fuera de los contenedores.

La socialista ve a Almeida “máximo responsable” de la situación que describe que no se puede resolver “con un plan de choque de tres meses y una campaña de marketing” un deterioro que, según ha sostenido, “lleva años produciéndose por la falta de planificación y de control sobre los contratos de limpieza”.

En este punto, ha censurado la tasa de residuos, que ha calificado de “injusta”, “profundamente desigual” e “ilegal”, y ha aclarado que el PSOE apuesta por un cambio en la política municipal de residuos orientado a la economía circular, el residuo cero y la elaboración de un plan de cierre de la incineradora de Valdemingómez.

Finalmente, Maroto se ha dirigido a los madrileños que se sienten “defraudados, engañados o desilusionados” porque “en estos siete años el PP les ha fallado”. “Les digo que no se resignen. Hay una alternativa”, ha afirmado. La portavoz socialista ha defendido que el PSOE ha recorrido “cada barrio y cada distrito” y que cuenta con “proyecto, equipo y un modelo de ciudad” para situar “a las personas, los barrios y los servicios públicos en el centro de la acción política”.

“Nuestra hoja de ruta es la 'Agenda del cambio'”, ha señalado, una agenda que, según ha recordado, aborda el acceso a la vivienda, la movilidad sostenible, la limpieza, el cuidado del espacio público, el reequilibrio territorial, la defensa de los servicios públicos y el fortalecimiento de la democracia local. Maroto ha contrapuesto así el “Madrid del pelotazo” que atribuye al PP con un “Madrid para vivir”; el “Madrid de la desigualdad” con uno que “no abandone ningún barrio”; y el “Madrid del odio y la crispación” con una ciudad que “recupere la confianza en las instituciones”. La socialista ha concluido asegurando que “Madrid está preparada para abrir una nueva etapa” y que la ciudad avanza “cuando escucha a su gente, cuando amplía derechos y cuando se gobierna pensando en la mayoría”.

“Un esfuerzo gigantesco que no ha solucionado el problema, pero estamos en condiciones de darle una solución y una esperanza”. Así describía el alcalde de Madrid las políticas de su equipo para poner en marcha la construcción de decenas de miles de viviendas públicas y -sobre todo- privadas durante su mandato. El problema que más preocupa a los madrileños centró el inicio del discurso de José Luis Martínez-Almeida durante el Debate sobre el Estado de la Ciudad que tiene lugar este martes en Cibeles y protagonizó alguno de sus anuncios más destacados.

Lo primero que lanzó el alcalde es que el jueves el Ayuntamiento aprobará la urbanización de la Operación Campamento, para que el Gobierno de España pueda empezar a construir las calles de esta nuevo barrio con 10.700 viviendas, algo que reclamaban desde Casa 47, que ya tiene listo el presupuesto para ejecutar los trabajos después de la demolición. Luego puso cifras al nuevo tipo de pisos con protección pública, que va a ofrecer el Ayuntamiento en alquiler con opción a compra a los siete años: serán 1.500 viviendas las que se sacarán con esta fórmula, criticada por la oposición. Casi un millar vendrán por la parte del área de Urbanismo y otras 600 serán de la EMVS.

Respecto a la limpieza en la ciudad, Almeida restó importancia al aumento de avisos relacionados con la suciedad en Madrid y se aferró al dato de las quejas -mucho menor- que va a menos. La única medida que anunció para mejorar la situación en las calles fue la firma de un convenio con la Asociación Española de Marcas de Restauración, para concienciar a los usuarios y mejorar la limpieza en los entornos de este tipo de locales.

Entre las pocas novedades que desveló el alcalde están las fechas para el lanzamiento de proyectos que ya se conocían: el millonario proyecto para remodelar AZCA será presentado “después del verano”, el Palacio del Capricho reabrirá en septiembre y el 6 de julio se entregará la Serrería Belga a la Fundación Pérez Simón.

Otro de los anuncios que llamó la atención será la dedicatoria de dos zonas verdes de la ciudad a los papas que antecedieron a León XIV. Según Almeida, habrá un parque de Benedicto XVI en Latina y otro con el nombre del papa Francisco en San Blas-Canillejas.

Cumbre del Antisemitismo en Madrid

Almeida aseguró durante el debate haber cumplico el 98,33% de su programa electoral, dentro de un discurso triunfante en el que no hubo espacio para la autocrítica y sí para un repaso de todas sus actuaciones durante los últimos tres años de mandato. También añadió algún anuncio más como el empadronamiento 100% digital en todos sus trámites antes de que acabe el año, una nueva Escuela Municipal de Danza y Música en Puente de Vallecas, o la confirmación de que el Ayuntamiento sacará a concurso la gestión del parque de atracciones. También puso fecha a la reapertura del teleférico de Madrid: el primer trimestre del año que viene. Y avanzó que la capital acogerá una cumbre de la Alianza Mundial contra el Antisemitismo en Madrid, con la participación de unos 500 alcaldes.

El alcalde aseguró que cumplirá su promesa de plantar medio millón de árboles en esta legislatura, aunque no dio cifras de cuántos llevaba hasta el momento. De lo que sí que habló fue de la petición de Moncloa para talar 70 árboles por deficiente estado de conservación o mantenimiento, mientras sacaba pecho de que durante los años 2024 y 2025 es “cuando menos se han talado en la ciudad de Madrid”, y arrojó la cifra de 26.000 troncos echados abajo. Como cuando lo dijo no le debió parecer poco, después aseguró que en el año 2016 se talaron bastantes más.

El último debate del mandato de Almeida antes de las próximas elecciones arrancó con un recuerdo emocionado hacia Federico López de la Riva, el magistrado que ejerció de secretario del Pleno durante los últimos 20 años. También tuvo un momento cuanto menos curioso: cuando el alcalde elogió especialmente el trabajo de una de sus delegadas: “Nadie ha hecho tanto en menos tiempo en esta ciudad para transformar el espacio público como el área de Obras y Equipamientos”. Y entre sonrisas aprovechó para dejar un recado a uno de sus concejales con más poder: “Sí, señor Carabante: nadie ha hecho más que la señora García Romero y su equipo”.

En la parte de crítica política, el alcalde remató su intervención, de algo más de una hora, pidiendo que la capital acoga la final del Mundial en el año 2030 y advirtiendo del “riesgo que tenemos que evitar de cara al año que viene: que el sanchismo tome Madrid”.

Medio millón de euros a cargo del erario público se ha embolsado la pareja de Jorge Rodrigo, consejero madrileño de Vivienda, tras casi una década encadenando puestos a dedo en Administraciones del PP de esta región, según estimaciones a partir de la información disponible en diversos portales de Transparencia de la Comunidad de Madrid.

El último empleo de la pareja del responsable de las políticas de Vivienda del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso es el mejor pagado hasta ahora: los 63.134,12 euros brutos anuales que, según información oficial, va a cobrar en el puesto que desempeña desde hace unas semanas en la alcaldía del Ayuntamiento de Madrid. Allí se ha recolocado en un día, como reveló elDiario.es, tras su salida forzosa de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), propiedad del consistorio de la capital de España. 

No consta que F. T., la pareja de Jorge Rodrigo, disponga de un perfil en la red social LinkedIn. Sí se sabe que en los 80 cursó una FP, rama Administrativa; que tiene un nivel de inglés “básico”, y que realizó un cursillo acelerado online poco antes de saltar al sector público.

Así consta en el currículum oficial que puso a disposición de los ciudadanos cuando ocupó un cargo de cierta responsabilidad en un relevante y acaudalado municipio madrileño que el PP gobierna desde hace casi 40 años. Un puesto de alta exigencia en el que no duró ni seis meses. Como explicó alguien con quien trabajó en aquella época, “quería algo más tranquilo”.

Su siguiente destino fue la EMVS, que ha tenido que sacar a concurso este año la plaza que F. T. ocupaba de forma “temporal” desde diciembre de 2023 tras un duro informe de la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción del Ayuntamiento, previa denuncia de Más Madrid, y después de que elDiario.es revelase hace un año la sucesión de puestos públicos de la pareja del consejero de Vivienda de Ayuso.

El pasado diciembre, Antifraude criticó sin medias tintas su contratación en la EMVS, que no dio “detallada explicación sobre cómo llegó el currículo de la persona seleccionada a la empresa, si se hacía algún tipo de publicidad para que quien se considerara con los requisitos necesarios pudiera presentarlo, o si procedían de procesos de selección para trabajadores fijos”.

“No consta si hubo otros candidatos” para una plaza que “al cabo del tiempo, en ciertas condiciones”, podría convertirse en “permanente”, advirtió el órgano fiscalizador del ayuntamiento, que instó a la EMVS a informarle de cómo cubriría esa plaza de forma definitiva. Finalmente, ha salido a concurso este año y se ha adjudicado a otra persona por promoción interna.

Tras su salida de la EMVS, la mayor empresa pública de vivienda de España, el consistorio de Almeida ha recolocado a F. T. como personal de “libre designación”. Su nuevo puesto es el sexto consecutivo que ocupa en un organismo público en la Comunidad de Madrid, con sueldos que han llegado a duplicar el salario medio en España. Actualmente, este asciende a 29.540 euros brutos anuales, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La portavoz municipal de Más Madrid, Rita Maestre, ha calificado el caso de “enchufismo” y cree que “hay responsabilidades políticas, administrativas y patrimoniales por la contratación ilegal de esta persona en la EMVS durante dos años y medio, que no pueden quedar impunes”.

“Escándalo sideral”

El pasado jueves, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, y preguntada por este asunto, la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, quitó hierro al asunto y calificó de “sorprendente” que “a Más Madrid le parezca un escándalo sideral cualquier mínima cosa” y “sin embargo, estén tan contentos en el Gobierno más corrupto de la historia de la democracia”, en alusión a la reciente condena al exministro José Luis Ábalos y a los escándalos que afectan al PSOE.

“Que haya una persona trabajando como eventual en el Ayuntamiento de Madrid les parece un escándalo sideral porque, por lo que sea, entienden que no es adecuada para el puesto”, señaló Sanz, que no negó que se trate de la pareja de Rodrigo, político de larga trayectoria en el PP cuyo nombre suena en las próximas listas de Almeida para el ayuntamiento. “En el ámbito de las competencias municipales se ha entendido que esa persona podía ser adecuada para ese puesto y está trabajando como uno más”, dijo la vicealcaldesa.

Una fuente con conocimiento del asunto definía hace tiempo el anterior puesto de F. T. en la EMVS como el de “un conserje muy bien pagado”. Cobraba 49.667,8 euros anuales. No consta que su paso por la empresa fuera problemático. “Con lo que hacía lo tenía difícil para meter la gamba”, ironiza otra persona que trabaja en la EMVS. Acudía a diario a su puesto, al contrario que Jessica Rodríguez, expareja de Ábalos, que durante el juicio al exministro socialista reconoció que fue enchufada en la empresa pública Ineco, donde cobró 30.000 euros sin pisar la oficina.

El perfil de F. T. es muy diferente al del consejero Rodrigo, licenciado en Derecho por la Universidad Complutense, máster de Asesoría Jurídica de Empresas por la Pontificia de Comillas y con programas de gestión pública en el IESE de la Universidad de Navarra (la escuela de negocios del Opus Dei) y Comillas-ICADE (de los jesuitas).

La trayectoria de su pareja en la relación de asesores de la web del Ayuntamiento de Madrid no está disponible, pese a que publicar esa información es obligatorio, según la normativa municipal de Transparencia. Según el currículum oficial ya citado, F. T. ocupó puestos administrativos en el sector privado durante más de 20 años. Tras más de una década en el área contable de una empresa, hizo un cursillo a distancia de 150 horas de “Auxiliar de Protocolo” de la Fundación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

Se trata de un título propio de esa entidad, sin carácter oficial y diferente a los otorgados por el Ministerio de Educación, que tienen validez en todo el territorio nacional y suelen ser más reconocidos y valorados, al cumplir unos estándares de calidad y rigor establecidos por el gobierno.

Ese curso costaba 650 euros, incluyendo tasas académicas y materiales didácticos. Fue una excelente inversión. Acto seguido, F. T. empezó a encadenar puestos en Administraciones del PP de Madrid: del Gobierno de Cristina Cifuentes al Ayuntamiento de Almeida, el Gobierno de Ayuso, la coordinación del gabinete de la Alcaldía de un relevante municipio, la EMVS y ahora, de nuevo, el Consistorio de la capital.

En la web de la Comunidad de Madrid ya no hay rastro de su etapa con Cifuentes. En su primer destino en la cosa pública se embolsaba 51.480,2 euros anuales. Más del doble del salario medio bruto anual de entonces en España (24.009,12 euros, según el INE).

Cuando en junio de 2025 elDiario.es preguntó directamente a Jorge Rodrigo por este asunto, el responsable de Vivienda de la Comunidad de Madrid derivó la cuestión a su departamento de prensa. Una portavoz aseguró que “evidentemente él no ha tenido que ver” con la contratación de su pareja en la EMVS. E instó a no revelar información personal que pudiera constituir “una intromisión ilegítima del derecho al honor e intimidad de la persona”. Tras la nueva contratación de su pareja, la Consejería no ha respondido a este medio.

Rodrigo preside la agrupación del PP en el distrito de Salamanca, cuya concejal presidenta, Cayetana Hernández de la Riva, es consejera de la EMVS. Cuando esta entidad, una de las principales empresas públicas del ayuntamiento, contrató a F. T., su consejero delegado era Diego Lozano, hoy jefe de gabinete del alcalde de Madrid. Lozano fue también jefe de gabinete del expresidente madrileño Ignacio González, que previsiblemente será juzgado en septiembre de 2027 por las presuntas irregularidades y comisiones ilegales en las obras del campo de golf del Canal de Isabel II, una de las causas del caso Lezo, que estalló hace casi diez años.

Definido como el consejero “con mayor peso político” de Ayuso, Rodrigo fue designado vicesecretario electoral del PP por la presidenta madrileña en 2022, cuando era vicepresidente de la Asamblea de Madrid. En enero, tras unos meses apartado por un cáncer, se reincorporó a su Consejería, que se niega a aplicar los controles de precios de la Ley estatal de Vivienda para las zonas tensionadas.

También acaba de llevar al Tribunal Supremo el Plan de Vivienda del Gobierno, que blinda de forma perpetua la vivienda de protección oficial (algo que según Rodrigo vulnera la Constitución) y cuyos fondos la Comunidad de Madrid acabó aceptando (como otras regiones del PP) pese a su rechazo inicial. Suya ha sido la decisión de dejar fuera a los no empadronados en Madrid de los descuentos del abono transportes, excluyendo a miles de usuarios, sobre todo migrantes y estudiantes.

El popular lleva más de 25 años encadenando puestos con su partido, que incluso le encontró acomodo en Aussa, empresa semipública de aparcamientos en Sevilla, cuando en 2012, con Ana Botella como alcaldesa, se vio obligado a dimitir como gerente de Madrid Espacios y Congresos por la tragedia del Madrid Arena, en la que murieron cinco adolescentes en una fiesta de Halloween. Unos hechos por los que llegó a estar imputado, aunque acabó exonerado.

En los perfiles oficiales del equipo de Gobierno de Ayuso no hay mención a la etapa de Rodrigo en Aussa, cuyo socio privado desde 2010 (49% de las acciones) es Azvi. Esta constructora andaluza figuraba en los Papeles de Bárcenas con donaciones al PP de al menos 858.000 euros entre 2002 y 2008. En 2023 contrató como consultor a un tal Koldo García, recién condenado en el ‘caso mascarillas’ junto a Ábalos.

El pasado jueves, según su agenda oficial, Rodrigo mantuvo un encuentro con responsables de la constructora andaluza Sando, señalada hace años como otro de los grandes donantes del PP en esa contabilidad en B del extesorero de los populares.

Un día ha tardado el Ayuntamiento de Madrid en recolocar a la pareja de Jorge Rodrigo, consejero de Vivienda de la Comunidad de Madrid, tras su salida forzosa de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), una contratación a dedo que cuestionó la Oficina Antifraude madrileña en diciembre. Su nuevo sueldo supera los 63.000 euros brutos anuales, el más alto de los que, como reveló elDiario.es, ha encadenado en la última década en organismos públicos gobernados por el PP en Madrid.

Sin título universitario y con un nivel de inglés “básico”, F. T., pareja del responsable de las políticas de Vivienda y Transportes de Isabel Díaz Ayuso, es ahora personal “de libre designación”, confirma el ayuntamiento. Cobra 63.134,12 euros, un 27% más que en la EMVS. Es su sexto puesto consecutivo en un organismo público en Madrid y el mejor pagado.

La EMVS, la mayor empresa pública de vivienda de España, se ha visto obligada a sacar a concurso este año la plaza que F. T. ocupaba de forma “temporal desde el 1 de diciembre de 2023 hasta que tenga lugar el proceso de selección para su cobertura definitiva”, como explicó la entidad a la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción del Ayuntamiento, en el marco de una investigación por esa contratación tras una denuncia de Más Madrid.

Antifraude reclamó en diciembre a la EMVS que le informara “sobre la conclusión del proceso de selección para la cobertura definitiva de la plaza”. La EMVS ha comunicado que se ha cubierto por promoción interna tras presentarse cuatro candidatos. F. T. “ha causado baja en EMVS Madrid, no manteniendo en la actualidad vinculación laboral alguna con esta empresa municipal”. Y Antifraude ha archivado el expediente, según la resolución a la que ha tenido acceso elDiario.es

Un portavoz de la EMVS declina precisar en qué fecha abandonó F. T. la empresa, al ser “datos personales”. Según fuentes internas, lo hizo hace unas semanas. Un día después de su salida se incorporó como personal eventual del equipo de José Luis Martínez-Almeida.

En la web del Ayuntamiento no hay datos sobre el perfil profesional de F. T. que deben publicarse para cumplir la ordenanza municipal de Transparencia. Tampoco figura la declaración de actividades e incompatibilidades, si realiza actividades privadas, si solicita compatibilidad o se compromete a cesar en actividades incompatibles antes de la toma de posesión; ni declaración de no incurrir en causa de incompatibilidad, exigida con carácter previo al nombramiento. “Lo cumplimentará como cualquier otro trabajador municipal”, aseguran desde el Ayuntamiento.

La pareja del consejero de Vivienda ha sido repescada por el consistorio después de que el 16 de diciembre Antifraude cuestionara que la EMVS cumpliera al contratar a esta persona las exigencias del Estatuto Básico del Empleado Público sobre “los criterios de acceso de igualdad, mérito y capacidad, así como los principios rectores contenidos en el artículo 55” de esa norma: “Publicidad, transparencia, agilidad, adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones a desarrollar, así como la imparcialidad, profesionalidad e independencia de los órganos de selección”.

Antifraude criticó que la EMVS no dio “detallada explicación sobre cómo llegó el currículo de la persona seleccionada a la empresa, si se hacía algún tipo de publicidad para que quien se considerara con los requisitos necesarios pudiera presentarlo, o si procedían de procesos de selección para trabajadores fijos”. “No consta si hubo otros candidatos o, en su caso, detalle objetivado de los méritos valorados que justificaron la elección”.

Para justificar la elección de F. T., la EMVS indicó que debía “cubrir de forma urgente” esa plaza “temporal” y “entre los currículos que obraban en poder de la entidad se consideró que era el que más se adecuaba al perfil”. En un dictamen del 3 de junio, Antifraude insiste en que “la existencia de circunstancias concretas que justifiquen la contratación temporal puede conllevar una urgencia que requiere un procedimiento especialmente ágil”, pero “sin rehuir los principios de igualdad, mérito y capacidad, y máxime teniendo en cuenta que dicha temporalidad puede llevar al cabo del tiempo, en ciertas condiciones, a que el acceso acabe siendo permanente”.

No ha sido así, tras destacar Antifraude en diciembre “la importancia” de que al cubrir este año definitivamente esa plaza la EMVS respetara “la imparcialidad y el interés común, al margen de cualquier otro factor que exprese posiciones personales, familiares, corporativas, clientelares o cualesquiera otras que puedan colisionar con este principio”.

Para la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, “este caso demuestra, una vez más, que el PP utiliza las instituciones madrileñas como su propia agencia de colocación. Colocar a dedo a amiguetes es una forma clara de entender el poder: los cargos para los suyos, para sus enchufados, y las normas para los demás”.

Maestre subraya que la denuncia de su formación ante Antifraude “obligó a la EMVS a prescindir de esa persona y a convocar la plaza por concurso público, como exige la ley. Es inaceptable, hasta la propia EMVS llegó a reconocer que ni siquiera podía aportar a la investigación de la oficina contra el Fraude la oferta de la plaza a esta persona, ni explicar cómo llegó su currículum y la solicitud del puesto”.

Simplemente, “le llamaron para que viniera a firmar el contrato”. “Lejos de reconocer la irregularidad y abrir una investigación interna y cesar a los responsables, como le reclamamos en su momento desde Más Madrid, Almeida ha optado por recolocarle en la Alcaldía, ¡buen plan!”.

Maestre reprocha al PP que exija “estándares de transparencia y moralidad que ellos mismos no cumplen, mientras colocan a dedo a sus amigos. Y cuando les pillamos y lo llevamos a la Oficina contra el Fraude y la Corrupción, su solución no es pedir disculpas ni depurar responsabilidades: es darle un puestazo en la Alcaldía”. Y recrimina a Almeida su “enchufismo” para usar el Ayuntamiento “como si fuera su chiringuito particular,”. “Es una vergüenza inaceptable. Aquí hay responsabilidades políticas, administrativas y patrimoniales por la contratación ilegal de esta persona en la EMVS durante dos años y medio, que no pueden quedar impunes”.

Caminos distintos

F. T. tiene un perfil muy diferente al del responsable de las políticas de Vivienda de Ayuso. Rodrigo, con décadas en política, es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense y Máster de Asesoría Jurídica de Empresas por la Pontificia de Comillas, con programas de gestión pública en el IESE de la Universidad de Navarra (la escuela de negocios del Opus Dei) y Comillas-ICADE (de los jesuitas).

Su pareja, según el currículum oficial de su anterior cargo público en un organismo del PP madrileño, cursó en los 80 una FP, rama Administrativa, y tiene un inglés “básico”. Su carrera dio un giro cuando tras más de una década en el área contable de una empresa, hizo un cursillo no oficial de 150 horas de “Auxiliar de Protocolo” de la Fundación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) por 650 euros, incluyendo tasas académicas y materiales didácticos.

Acto seguido, empezó a encadenar puestos en Administraciones del PP: del Gobierno de Cristina Cifuentes al Ayuntamiento de Almeida, el Gobierno de Ayuso, la coordinación del gabinete de la Alcaldía de un relevante municipio madrileño (cobraba 62.600 euros brutos anuales, pero no duró ni cinco meses), la EMVS y ahora, de nuevo, el Consistorio de Almeida.

Cuando en junio de 2025 elDiario.es preguntó a Jorge Rodrigo por este asunto, el responsable de Vivienda de la Comunidad de Madrid derivó la cuestión a su departamento de prensa. La consejería no comenta esta nueva contratación. Rodrigo preside la agrupación del PP en el distrito de Salamanca, cuya concejal presidenta, Cayetana Hernández de la Riva, es consejera de la EMVS, una de las principales empresas públicas del Ayuntamiento. Su anterior CEO, Diego Lozano, es el jefe de Gabinete de Almeida.

Definido como el consejero “con mayor peso político” de Ayuso, Rodrigo se reincorporó en enero a su puesto tras unos meses apartado por un cáncer. Su consejería se ha negado a aplicar los controles de precios de la Ley estatal de Vivienda para las zonas tensionadas y acaba de llevar al Tribunal Constitucional el Plan de Vivienda del Gobierno. Suya es también la decisión de dejar fuera a los no empadronados en Madrid de los descuentos del abono transportes en Madrid, excluyendo a miles de usuarios, sobre todo migrantes y estudiantes.

El popular lleva más de 25 años encadenando puestos en diferentes Administraciones. Su partido le encontró acomodo en una empresa pública en Sevilla (con Juan Ignacio Zoido como alcalde) tras dimitir en 2012 como gerente de Madrid Espacios y Congresos por la tragedia del Madrid Arena: murieron cinco adolescentes en una fiesta de Halloween y llegó a estar imputado, aunque acabó exonerado.

A principios de 2025, tuvo que retractarse por una respuesta fuera de tono en la Asamblea de Madrid a la diputada de Más Madrid Luisa Escalante: “¡No me ponga morritos, que me descentro!”, le espetó, en un debate sobre el funcionamiento del transporte público en la región. Expresión que Escalante tachó de “sexista y machista” y “que no es propia de un consejero ni de este Parlamento autonómico”. Rodrigo se disculpó con la boca pequeña y minimizó los hechos: “No creo que haya sido así, si usted se lo ha tomado mal, le pido disculpas”.

Diputado en la Asamblea hasta 2023, desde ese año Rodrigo está a las órdenes de Ayuso, periodista de formación que apenas ha trabajado fuera de la política, cree que a los jóvenes “les falta cultura del esfuerzo” y aboga por el “mérito a la española” para “enfrentarse a la aventura de vivir” y “protegerse en un momento donde la ideología lo impregna todo”.

Barrio de Entrevías. 17 de junio a las 18.00 horas. El termómetro marca 34 grados. Los viandantes buscan cobijo en la sombra que proporciona el escaso arbolado de la calle Pedroches. Previsiblemente, quien camina por el barrio a estas horas y con esta temperatura no lo hace por gusto, aunque quedarse en casa tampoco es una opción viable para muchos de los vecinos del distrito de Puente de Vallecas. El 27,3% no tienen recursos para mantener su vivienda a una temperatura adecuada.

En este contexto, contar con espacios que sirvan como refugio climático resulta imprescindible, sobre todo para niños y personas mayores, dos grupos que resultan especialmente vulnerables en lo que al calor respecta. Más aún cuando, según datos de 2023, solo un 36,2% de la población de Puente de Vallecas puede permitirse una semana de vacaciones al año.

Pasar el verano en el barrio puede convertirse en un desafío cuando las altas temperaturas limitan tanto la estancia en el espacio público como la comodidad dentro de las viviendas. Sin embargo, para miles de madrileños esa es la realidad. En distritos como Puente de Vallecas, donde una parte importante de la población no puede permitirse salir de vacaciones y muchas viviendas no reúnen condiciones adecuadas para afrontar las olas de calor, encontrar un lugar fresco donde pasar las horas centrales del día se convierte en una necesidad.

La plaza del Mercado de Mediodía, en Entrevías, es uno de esos pocos rincones donde el calor parece dar una tregua. Bajo las carpas instaladas para la ocasión, entre mesas con fruta fresca, limonada y actividades acuáticas para niños, Más Madrid eligió el miércoles pasado este espacio para presentar su alternativa frente a las altas temperaturas: una red de oasis climáticos repartidos por toda la ciudad.

La formación propone desplegar una red de 181 oasis climáticos aprovechando espacios públicos y equipamientos ya existentes. Bibliotecas, centros culturales, colegios, mercados, instalaciones deportivas, parques o plazas pasarían a formar parte de una infraestructura de proximidad pensada para ofrecer sombra, agua, vegetación, descanso y actividades comunitarias durante los meses más calurosos del año.

El objetivo, explican desde Más Madrid, es que cualquier vecino pueda encontrar a pocos minutos de su casa un lugar donde refugiarse del calor, socializar y disfrutar del espacio público. “No se trata solo de tener un sitio donde estar fresquito”, advierte en conversación con Somos Madrid el concejal y portavoz de Medio Ambiente de la formación, José Luis Nieto.

Poco tiene que ver con el plan contra el calor presentado por Gobierno municipal de José Luis Martínez-Almeida hace unas semanas. Un paquete de medidas que incluye la apertura de algunos centros de mayores durante el verano, cuatro nuevos nebulizadores en toda la ciudad y la consideración de determinados mercados municipales como refugios climáticos. Para Más Madrid, se trata de actuaciones insuficientes frente a una realidad cada vez más evidente: los veranos son más largos, más intensos y golpean con mayor dureza a quienes tienen menos recursos para protegerse de ellos.

La red de oasis urbanos se enmarca en un contexto de aumento sostenido de las temperaturas en la ciudad. Según los escenarios climáticos citados por la formación, Madrid experimentará veranos cada vez más extremos, con un clima progresivamente más similar al de ciudades como Sevilla en la próxima década y cercano al de Marrakech hacia 2055, con aumentos de temperatura de entre 2,5 y 3,5 grados, más días de calor extremo y menos precipitaciones.

Más Madrid sostiene que estos cambios ya están afectando a la vida cotidiana de la ciudad. Las altas temperaturas obligan cada vez más a modificar horarios para evitar las horas centrales del día, buscar recorridos alternativos con más sombra o limitar actividades cotidianas como hacer la compra, acudir al trabajo o desplazarse por el barrio. En este sentido, la formación acusa al gobierno municipal de no haber actuado con suficiente contundencia frente al avance de la isla de calor urbana.

Paliar la desigualdad climática desde lo público

El impacto del calor no se distribuye de forma homogénea en Madrid. Según los datos proporcionados a este periódico por Más Madrid, el 15% de los hogares de la ciudad no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada, pero este porcentaje aumenta notablemente en algunos distritos del sur y del este.

En barrios como Carabanchel, Latina, Usera o Villaverde, la proporción de hogares que no pueden garantizar condiciones térmicas adecuadas en verano supera en algunos casos el 30%. En contraste, distritos como Salamanca, Chamartín o Retiro presentan niveles significativamente más bajos.

A ello se suma la dificultad para salir de la ciudad durante el verano. En 2023, el 22,7% de los hogares madrileños no podía permitirse una semana de vacaciones al año, cifra que asciende al 23,9% si se mide en términos de población.

Las diferencias por distritos son especialmente significativas. En Puente de Vallecas, por ejemplo, el 37,2% de los hogares no puede costear unas vacaciones anuales, mientras que en Usera la cifra se sitúa en el 35,3%. En Carabanchel alcanza el 34,4%. En el extremo opuesto, distritos como Salamanca (11%), Chamartín (12,8%) o Retiro (12,1%) presentan niveles mucho más bajos.

Estos datos, según la oposición, evidencian una “desigualdad térmica y social” que agrava los efectos del calor en los barrios más vulnerables. Es precisamente en estos distritos donde Más Madrid considera que una red de oasis climáticos puede desempeñar un papel clave, al garantizar espacios frescos, gratuitos y accesibles a pocos minutos de cualquier vivienda.

En este sentido, la portavoz del Grupo Municipal de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, defiende la propuesta como una medida de aprovechamiento del espacio público ya existente: “La propuesta aprovecha el espacio público que ya tenemos, no hay que inventarse nada nuevo, simplemente ponerlo a funcionar”. El plan es ambicioso, Maestre explica que la idea es “llevarlo a toda la ciudad, con más de 180 localizaciones”.

181 oasis para los 131 barrios de Madrid

La Red de Oasis Climáticos es una propuesta para transformar 181 espacios públicos ya existentes en Madrid en refugios frente al calor extremo, distribuidos por los 131 barrios de la ciudad. Todos funcionarán como espacios accesibles y gratuitos para toda la ciudadanía.

Según la formación impulsora, un oasis climático es mucho más que un lugar fresco: es un espacio donde protegerse de las altas temperaturas y, al mismo tiempo, hacer vida de barrio. Combina sombra, vegetación, agua, confort térmico en exteriores y climatización en interiores, con actividades gratuitas, zonas de descanso, juego, estudio y encuentro comunitario. La idea es que estos espacios se conviertan en un servicio público esencial durante los meses de calor.

La red distingue entre oasis interiores y exteriores. Entre los interiores se incluyen equipamientos como la Biblioteca Municipal José Hierro (San Blas-Canillejas), la Biblioteca de Canillejas, el Mercado de Tirso de Molina (Latina), el CEIP Isaac Peral (Carabanchel), el Centro Deportivo Municipal Ciudad de los Poetas (Moncloa-Aravaca), la Estación de Atocha (Arganzuela), el Mercado de Maravillas (Tetuán), la Biblioteca Dámaso Alonso (Chamartín), el Mercado de Chamberí, la Caja Mágica (Usera), el Mercado de La Cebada (Centro) o el Centro Deportivo Municipal Daoíz y Velarde (Retiro), entre muchos otros.

En cuanto a los oasis exteriores, la red incorpora parques, plazas y zonas verdes como Madrid Río (Arganzuela), el Parque del Retiro (entorno Niño Jesús), los Jardines del Descubrimiento (Salamanca), el Parque de Berlín (Chamartín), el Parque de Santander (Chamberí), la Dehesa de la Villa y el Parque del Oeste (Moncloa-Aravaca), la Plaza de la Remonta (Tetuán), la Plaza de Oporto (Carabanchel), el Parque El Calero (Ciudad Lineal), el Parque Lineal del Manzanares (Villaverde) o el Parque Juan Carlos I (Barajas), entre otros muchos puntos distribuidos por toda la ciudad. Todos se pueden consultar en un mapa elaborado por la formación en colaboración con Zuloark y Montera34.

El objetivo es que cualquier vecino o vecina pueda identificar un oasis cercano a su casa y acceder a él caminando, creando una red de proximidad que conecte equipamientos ya existentes y espacios públicos abiertos para hacer frente a los episodios de calor extremo. Además, desde Más Madrid subrayan que se trata de una iniciativa construida de forma conjunta con asociaciones vecinales y con las distintas organizaciones de cada barrio que quieran participar en su desarrollo y programación.

En el caso del proyecto piloto de Entrevías, por ejemplo, en el que la red Somos Tribu VK, un colectivo de apoyo mutuo y solidaridad vecinal nacido durante la pandemia, fue la encargada de dinamizar la jornada, proporcionando agua, limonada y fruta, además de organizar un intercambio de plantas. La concejala y portavoz de Economía de Más Madrid, Sara Ladra Álvarez, indica que la propuesta también busca crear un espacio común para los residentes de cada barrio: “Es un trabajo conjunto con las asociaciones vecinales del entorno, para no solo definir el espacio, sino ver cómo llenarlo de actividad durante todo el verano”.

Por su parte, Rita Maestre considera que se trata de una medida sencilla que, a su juicio, debería formar parte de la gestión ordinaria del Consistorio: “Es una cosa muy sencilla que sería ideal que no tuviéramos que hacer desde la oposición, mientras nos condenan a achicharrarnos”. Subraya además el papel del sector público en la protección frente al calor: “Hay que asumir que lo público tiene que cuidar a lo público”, y pone el foco en la infancia y las desigualdades de acceso al ocio estival: “Sobre todo para los niños pequeños, ahora que empiezan las vacaciones y mucha gente no puede permitirse pagar la entrada de una piscina municipal”

La propuesta de los oasis climáticos llega después de la presentación del plan contra el calor del Ayuntamiento de Madrid. Más Madrid considera que las medidas anunciadas son “limitadas” y de escaso impacto real. Entre las actuaciones municipales destacan la apertura de uno o dos centros de mayores adicionales por distrito durante el verano, la instalación de cuatro nebulizadores en toda la ciudad, uno de ellos ya fuera de servicio, según la oposición, y la habilitación de la sede del Samur Social como refugio para personas en situación de calle.

También se incluyen descuentos en cines en horario de tarde, una medida que Más Madrid ironiza por su limitada eficacia en las horas de mayor calor, y el programa Veranos de la Villa, que ofrece 54 actividades, de las cuales solo 11 son gratuitas, con precios que oscilan entre 15 y 25 euros. La oposición critica además que el Ayuntamiento presente los mercados municipales como refugios climáticos cuando muchos cierran a mediodía y solo 43 de los 131 barrios cuentan con este recurso.

Frente a ese modelo, Más Madrid defiende que la adaptación al calor no puede resolverse con medidas puntuales ni simbólicas, sino con una red estable de espacios públicos de proximidad que garantice refugio en todos los barrios de la ciudad durante los meses de temperaturas extremas. En una ciudad donde los veranos son cada vez más largos y duros, la formación defiende que el espacio público debe convertirse, también, en una herramienta activa para proteger a quienes más lo sufren.

El Ayuntamiento de Madrid insiste en que se cuidan todas las garantías, pero las quejas han terminado llegado hasta el Defensor del Pueblo. El organismo público, que dirige Ángel Gabilondo, ha solicitado información a José Luis Martínez-Almeida sobre los protocolos municipales a la hora de atender a las personas que viven en la calle. En concreto, reclama un listado con las actuaciones del último medio año y, especialmente, aquellas que se siguieran antes de retirar enseres a las personas sin hogar, después de que El País publicara testimonios de trabajadores denunciando que estas pertenencias se tiraban sin el permiso de sus dueños.

Según indicaron, el Área municipal de Políticas Sociales, Familia e Igualdad ha dado una orden reciente a los Equipos de Calle (que trabajan diariamente con las personas sin hogar) para no avisar a los afectados si mandaban un operativo especial de limpieza al lugar donde pernoctan, y en el que normalmente guardan enseres como mantas, ropa o algunos muebles de segunda mano.

Aunque el departamento responsable mantuvo en su día que “no se tira nada sin avisar”, el Defensor del Pueblo ha exigido datos que avalen esta respuesta. Entre ellos, el número de actuaciones efectuadas en los últimos seis meses, la cifra de personas afectadas y las alternativas habitacionales que se les ofrecen para salir de esta situación de calle. En un comunicado, la institución nacional detalla que su petición viene después de conocer el caso en los medios y recibir dos quejas distintas: una de los trabajadores municipales y la otra, de una sección sindical con representación.

“Las personas que han interpuesto la queja manifiestan su preocupación por una posible vulneración de derechos fundamentales de personas en situación de sinhogarismo de la ciudad de Madrid al expulsar a estas personas de los espacios públicos en los que pernoctan, sin ofrecer alternativas y retirando sus pertenencias personales sin previo aviso, incluida la documentación y medicación”, sentencia en su nota el Defensor del Pueblo.

No obstante, Almeida ha respondido públicamente a la solicitud de Ángel Gabilondo. Reitera que “en esta ciudad no se tira ni una sola de las pertenencias personales de las personas sin hogar”, salvo los cartones. “Y, en mi opinión, los cartones no son pertenencias personales y en ellos puede haber un riesgo sanitario en esos cartones”, ha sentenciado esta misma semana.

Antes de recibir esta última solicitud, el alcalde de Madrid ya salió al paso de las críticas defendiendo que su equipo actúa “siempre conforme a criterios de salud pública y seguridad”, e insiste en los recursos municipales que ya existen para personas sin hogar. No obstante, un albergue o centro social no siempre es la opción más óptima a ojos de estas personas vulnerables, tal y como explicaron en este reportaje. Por su parte, la vicealcaldesa Inmaculada Sanz vicealcaldesa aseguró que los protocolos se mantienen y continúa la comunicación con gente en situación de calle.

Más allá del trabajo de campo, existen seis centros de acogida en la red municipal: San Isidro, La Rosa, Juan Luis Vives, Puerta Abierta, Beatriz Galindo y Pedro Meca. En total son 1.210 plazas disponibles para una ciudad que atiende a miles de personas a lo largo del año, y la idea es abrir unas 200 plazas más a lo largo de este año, ya sea en viviendas de la EMVS o con contratos específicos con el mercado privado.

Polémica en Madrid por otro cartel del Orgullo LGTBIQ+, que el Ayuntamiento acaba de empezar a colocar por las calles de Madrid durante el fin de semana. En las diferentes versiones de esta campaña, el Gobierno de Almeida utiliza el lema “orgullosamente de Madrid”, que coloca junto a la bandera arcoíris y a diferentes objetos con los que busca representar el casticismo madrileño: un balcón florido, botes de caramelos y las sillas apiladas de una terraza.

Los carteles, trufados de trazas de inteligencia artificial, son la imagen que el Ayuntamiento de Madrid ha elegido para anunciar la llegada del Orgullo, que se conmemora todos los años cada 28 de junio, y sus fiestas posteriores. El área de Políticas Sociales, responsable de la campaña, no ha contestado a las preguntas de este medio sobre la temática, el propósito de los mensajes, ni las técnicas utilizadas.

“Almeida lo ha vuelto a hacer. Ha conseguido que el protagonismo del Orgullo no sean las personas LGTBIQ+”, ha denunciado la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, que comparte el resto de carteles de la campaña. La socialista considera que esta cartelería “no está a la altura” y “demuestra que sigue sin entender las reivindicaciones, los derechos y la lucha histórica del colectivo”.

Desde organizaciones del colectivo como Arcópoli también ha tenido duras palabras contra esta campaña, que consideran “insulta a la memoria” y “desvirtúan por completo el sentido del Orgullo”, ejecutando “un borrado sistemático de las personas LGTBI+, a las que ni siquiera se dignan a mencionar”.

Arcópoli denuncia que “parece más la promoción de un día del madrileño o una mera fiesta de estética vacía, olvidando que el 28J no es un decorado, es una reivindicación histórica”, añaden sobre una camaña que consideran “una provocación política consciente que busca despolitizar, desarmar y volver invisible la disidencia sexual y de género en los espacios públicos de nuestra ciudad”.

Por último, esta asociación advierte que “El Orgullo nació de una revuelta contra la opresión. No vais a encerrarnos de nuevo en el armario de la indiferencia institucional. Madrid es y seguirá siendo orgullosa, diversa y combativa, a pesar de vuestro empeño por borraros de la historia. Exigimos rectificación, respeto y políticas reales, no campañas que nos niegan la existencia”.

La otra portavoz de izquierdas en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, ha criticado por su parte otro acto público del alcalde relacionado con el Orgullo, el de que haya acudido a Ávila a recoger un premio por su “activismo LGTBI”, entregado por una asociación de un concejal del PP en la localidad castellana.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha respondido a las críticas asegurando que “Estamos acostumbrados a esto: a que cada año, cuando llega el Orgullo lanzan sus tuits Reyes Maroto, hace sus declaraciones Rita Maestre... y yo recuerdo lo que decían cuando llegué en el año 2019 de alcalde: que se iba a acabar el Orgullo en la ciudad de Madrid, que mi pretensión era que no se celebrara, que nos lo íbamos a llevar por delante. Y sigue, o tiene mejor salud que cuando llegué a la alcaldía en el año 2019”.

Almeida asegura que “trabajamos para que el Orgullo se celebre igual que se ha celebrado siempre, que se celebre con la misma alegría, que se reivindique la diversidad que es una seña de esta ciudad”, ha dicho sin querer responder directamente a las polémicas o críticas sobre la cartelería. “Ellos se entretienen con las banderas y con los carteles; nosotros nos ocupamos de que el Orgullo sea esa fiesta reivindicativa, abierta y alegre que ha sido siempre en la ciudad de Madrid”, ha concluído.

Si me permiten, empezaré por el final. El ayuntamiento de Madrid ha ordenado no avisar a las personas sin hogar, que viven y duermen en la calle, de que van a tirar sus pertenencias cuando se activa, sin notificarlo tampoco, el protocolo de limpieza. Hasta ahora los llamados Equipos de Calle sí les advertían para que pudieran recoger al menos lo último que les queda: su ropa, zapatos, medicamentos, documentación completa y hasta recuerdos personales. Han sido algunos de estos empleados municipales los que han dado la voz de alarma mostrando su preocupación al Colegio Oficial de Educadores Sociales de la Comunidad de Madrid.

Es un signo de crueldad extrema quitar lo poco, aunque esencial, que tienen estas personas que no disponen de un hogar en la ciudad con la vivienda más cara de España, gracias a las políticas para ricos del PP de Madrid. Y creo que es importante destacar esta noticia a pesar de que nos inunden supuestos finales de guerras, campeonatos de fútbol en el país que las genera o la lucha —presunta pero implacable— contra la democracia que se libra en España, incluida la alianza de las derechas-ultraderechas española y catalana para exigir un adelanto electoral fuera de los cauces de la lógica parlamentaria. Ha sido rechazada por la Mesa del Congreso y tampoco sabemos si Junts planeaba votar con PP y Vox o hacerles quedar en ridículo.

No son comparables, pero podría decir que casi me indignan de forma similar esos avatares en los que nos encontramos, incluido el atropello a los sintecho. Sobre todo porque quitarle a los más pobres lo único que tienen, no es el final, como les decía, sino un punto y seguido. Más bien dos puntos ortográficos que llevan a mucho más. Porque así ha venido sucediendo. No es sino aprender de la historia. Tirar a la basura lo que las personas atesoran porque son pobres y no disponen de la vivienda que debería garantizarles el Estado de Derecho, según la Constitución, es el aperitivo con el que sueñan los fascistas antes de tirar a la basura también a los humanos que consideran inservibles. Prioridad nacional se atreven a llamarlo a veces.

Antes, han ido minimizando buena parte de los derechos que tanto costó conseguir, robando la capacidad de resistencia y hasta la percepción de lo que realmente ocurre que es la base de todo. Porque, quizás, solo cuando duermes en la calle y vas a lavarte a los baños de una cafetería y al volver ya no hay nada de lo que tenías precariamente en la calle, entiendes de qué se trataba todo esto. O, también, cuando te pones en la piel de esas personas. Algo que los fascistas y asimilados no hacen ni en sueños.

 Viví en Nueva York en los 90, en pleno apogeo de George Bush. Y conocí el fenómeno de los “homeless” que no había llegado al menos con cierta notoriedad a España. El parque de Tompkins Square, situado en el East Village al Sur de Manhattan, registraba una “rebelión” de los sin casa. Unos 200, atrincherados en el lugar, mostraban resistencia al desalojo, a pesar de que ocasiones anteriores se habían resuelto con duras agresiones policiales. El alcalde Koch también les envió esta vez a la policía y las tanquetas se llevaron por delante sus escasas pertenencias. Pero los homeless no se marcharon. “Hasta el dueño de un apartamento te avisa con 72 horas de antelación” se quejaba en extraña lógica una chica norteamericana (había gente de toda procedencia). Se quedaron. Pasaban el día entre músicas y comían o cocinaban la comida que les bajaban los vecinos y organizaciones sociales diversas. “¿Cómo encontrar trabajo y alojamiento si uno se pasa la noche tirado en la calle?”, decían. Leo que aún sigue siendo ese parque un símbolo.

Los sin casa con carrito de supermercado como armario volante pululaban por Manhattan. Con las mantas y la ropa, Carlo, un puertorriqueño en la treintena, llevaba una escoba para barrer donde decidiera dormir. Cada día, al ir a tomar el autobús, me encontraba a un egipcio de 43 años con una pierna que mostraba inicios de gangrena. Apoyado sobre la otra, sana, agitaba un papel con el diagnóstico de su enfermedad y su carencia de seguro médico para pedir dinero y tratar su grave dolencia. Un día dejó de aparecer por allí. Es el espejo del futuro por este camino.

Y lo que viene, paso a paso y ya acelerado. Pregunté entonces por lo que parecía ser una llamativa afición de los ancianos por las mascotas, dada la cantidad de latas de comida para perros o gatos que adquirían en el súper del barrio. Era la Séptima Avenida con la 46, no un suburbio, y resulta que los ancianos compraban las latas de animales para alimentarse ellos por su menor precio. Aquí ya van a por las pensiones. Es el futuro, sí. Vean a Trump, a Milei, al Madrid de Ayuso que no por casualidad le condecoró con su medalla de oro. Tenemos que hablar un día a fondo de eso. Siempre queda relegado.  

Empiezan a escribir sobre el fracaso de la socialdemocracia, cómo ha defraudado. Y, si bien no ha reaccionado al tremendo envite del capitalismo salvaje, la causa de esta degradación de la vida social no es precisamente de la izquierda. Esos años 90 venían con la caída del Muro de Berlín y la rápida reacción del otro lado de la muralla: el capitalismo que enseguida, sin freno alguno ya, se trocó en desbocado.  En el mismo mes de noviembre de 1989 que se festejaba la apertura de Berlín, se firmó el Consenso de Washington y en enero el de Bruselas. Participó en su redacción hasta el FMI.  Ahí estaba todo. Desregulación, separación de la banca comercial de la de inversión que favorece que el capital financiero crezca sin control, recorte del gasto público, reforma fiscal para favorecer a los más ricos, bajada de salarios, liberalización del comercio internacional, y privatizaciones, con mayor hincapié en sanidad y educación que son las más rentables en varios sentidos.

Ha ido a más. No faltaba sino el estallido de nuevas formas de comunicación. Políticos desaprensivos usan la mentira como arma de destrucción masiva. De ahí el éxito de Trump, de Ayuso, del PP de Feijóo y sus medios serviles… De la ultraderecha fascista que se cuela como potable en una sociedad deliberadamente abotargada. Casi es increíble que esté cayendo todo lo que se ve. Miren España qué degradación de la política, la justicia, el periodismo.

Arrasar con las pertenencias de los sin techo en Manhattan era solo el principio. El presidente actual de Estados Unidos se permite arrasar... los derechos humanos hasta de futbolistas de otros países. Y el resto del mundo sigue manteniendo a sus equipos allí. El seleccionador de Irán lo denuncia y nadie mueve un dedo para solucionarlo. De eso se valen.

Trump se dedica también a perseguir a rivales políticos, como denuncia el exitoso gobernador de California. Asegura -y los medios lo corroboran- que es víctima de una investigación prospectiva ordenada por el presidente.

Y, si no hay nada, se inventa como hicieron aquí las cloacas policiales del gobierno de Rajoy para cambiar rotundamente el curso de las elecciones de 2016, con complicidades mediáticas que siguen impunes. El principal encausado, el exministro Fernández Díaz, se enfrenta a una petición de 15 años de cárcel, y sigue con su pasaporte y su vida y mucho nos tememos que así continuará. La última jugada de la justicia española ha sido la de Pedraz contra el dirigente del equipo fundador de Podemos, Miguel Urbán. Este juez le ha retirado a Urbán la condición de víctima en el caso del montaje de la coca que urdió contra él la cloaca del Partido Popular justo en aquella época. Rechaza imputar al confidente porque le ha dicho que no recuerda nada de lo ocurrido. “Es completamente increíble que no reconozca su propia firma ni que alegó que lo hacía por el bien de España”, dicen los abogados de Podemos. Lo increíble es que el juez le crea.

 Son las tanquetas que se han llevado múltiples derechos ya, la honestidad y la conciencia también. Desposeer a los sin techo de lo último que tenían no era el final, no. Les queda mucho más con lo que arramplar. No hay más que ver la tranquilidad con la que operan; el aplauso de muchas víctimas, verdugos improvisados, incluido. Mientras se dejen, ¿verdad? Aquel Nueva York queda tan lejano, ya. Ha elegido ahora, sin embargo, a un alcalde honesto y demócrata, no es mal camino. Pero el país está en manos de un indeseable que opera sin control. Aquí todavía estaríamos a tiempo de no dar un paso más hacia ese futuro. Al menos en el gobierno del Estado. Es obvio que la deriva sí ha llegado a algunas administraciones locales. Pero las barreras diarias, los gritos, los bulos si se tercia, la ley del embudo en su máximo esplendor, los pobres diablos con techo y sin alma, casi oscurecen el camino. Ojalá una luz. Una hoguera de San Juan. Algo.

En la Fórmula 1 importa más la velocidad que el tamaño, pero esto no ha impedido que el evento que ha descubierto el circuito de Madring haya querido destacarse por la mayor bandera española jamás izada. Lo es en cuanto a la altura alcanzada, gracias a un mástil de récord: 54 metros, un guiño a los 5,4 kilómetros del trazado. También con sus 16,6 metros de ancho y 25 de largo, para un total de 416,5 metros cuadrados.

Fuentes de Ifema trasladan a Somos Madrid que es la rojigualda de mayor tamaño de la historia, un dato que también ha resaltado en la presentación del trazado el presidente del comité ejecutivo de Ifema, José Vicente de los Mozos. El empresario ha descubierto además el trofeo de la carrera, previamente anunciado. Lo ha hecho en una intervención en el espacio WAH de Ifema, donde también han tomado la palabra la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso; el alcalde, José Luis Martínez-Almeida y el piloto Carlos Sainz.

Todo ello precedido por la interpretación del himno de la Fórmula 1, versión aflamencada (la segunda del día) y culminado por una versión actualizada del chotis Madrid. Una visión superficialmente muy española, pero que no acababa de casar con el diseño ecinto WAH: una estética gótica, oscura y futurista (un futurismo sin mucha imaginación).

Para muestra, la primera imagen al acceder al lugar: varios azafatos inmóviles con un casco de piloto en la cabeza. Siniestro, cuanto menos. El acto ha estado revestido por un pseudocasticismo mal entendido, sin un ápice de elegancia ni emoción. Si el papa León XIV hubiera estado presente (pocos días antes estaba en Ifema), le habría recordado más a lo del Bernabéu que a lo de la Sagrada Familia.

Aunque Ayuso ha alabado la “seguridad, orden, limpieza y belleza” que Madrid desprende en este tipo de citas, lo cierto es que la puesta de largo de la Fórmula 1 ha vuelto a distar mucho de lo sublime o de representar realmente a la sociedad madrileña. La ciudad ha quedado reducida a un lema facilón en el cartel (“de Madring al cielo”) y algunas postales visuales de la Puerta de Alcalá o la Plaza Mayor.

Bandera de récord a falta de novedades

La parafernalia y la bandera han tratado de cubrir una jornada falta de noticias y solmenidad. Así, la enseña se convierte en la de mayor altura izada de la historia con los colores de la rojigualda, así como la de mayores dimensiones. La marca previa correspondía a otra en Madrid, la ubicada en la plaza de Colón. Sus 294 metros cuadrados de superficie total han sido pulverizadas por la bandera de Ifema, así como los 50 metros de mástil. Su izado, laborioso, suelen ejecutarlo miembros del Ejército de Tierra. La primera vez fue el 12 de octubre de 2001, primer Día de la Hispanidad del milenio.

No obstante, ninguna de ellas es la mayor rojigualda de la historia. Se quedan lejos de la que Vox encargó en 2019 para un acto en la citada plaza, esa que dejó la mítica foto de Colón, con una derecha unida contra Pedro Sánchez de la que quedan pocos supervivientes (Pablo Casado, Albert Rivera o Iván Espinosa de los Monteros acabaron abandonando la política sin echar al presidente). 50 metros de largo por 20 de ancho, 130 kilos y unos 1.000 metros cuadrados para una superficie total equivalente a una piscina olímpica.

Además de para intentar levantar la moral nacional después del tropiezo de la Selección el pasado lunes ante Cabo Verde, el izado ha servido de pistoletazo de salida al acto, con el que el circuito Madring se ha presentado en sociedad. Ayuso y Almeida han permanecido de pie ante la enseña mientras sonaba una versión entre flamenca y rockera del himno nacional (la primera del día).

Ya en WAH, los dos políticos han elogiado el proyecto, que para la presidenta de la Comunidad de Madrid culminará en “el mejor circuito del mundo”. También ha valorado la capacidad de la capital para acoger macroeventos como este, con los conciertos de Bad Bunny y la visita del papa León XIV recién superados. “Puede parecer un disparate, pero eso es Madrid: muchos eventos todos a la vez”, ha asegurado la líder autonómica en su discurso desde Ifema. Ayuso cree que la ciudad ha demostrado estar “llena de seguridad y vida” en la última semana, un contexto que el alcalde José Luis Martínez-Almeida ha definido desde el mismo escenario como “test de estrés” que los ciudadanos “han superado”.

Como novedad, en esta ocasión ha acudido y hablado un representante del Gobierno central, que ha mantenido una posición distante con la llegada de la Fórmula 1. Ha sido el subsecretario del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes de España, Santiago Antonio.

Un polémico regreso entre protestas

En este trazado, ya asfaltado pero con mucho trabajo por delante en paddocks o gradas a medio hacer, tendrá lugar el Gran Premio de Fórmula 1 de Madrid del 11 al 13 de septiembre. La gran cita del automovilismo regresa a la capital 45 años después de la última carrera de la competición en El Jarama, disputada en 1981.

La jornada de este martes ha presentado el circuito semiurbano, que discurre en parte por el interior de Ifema (un consorcio público-privado que ha liderado la inversión y cuyos fondos aportan en un 62% el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid). Madring cuenta con 22 curvas, con la más pronunciada y espectacular bautizada como La Monumental, en homenaje a la plaza de toros. El trazado semiurbano tiene 5,47 kilómetros de longitud.

A pocos metros de la bandera izada, aunque fuera del recinto ferial, una sonora protesta de vecinos y ecologistas ha manifestado el sentir de los colectivos que rechazan el proyecto por su impacto medio ambiental, sonoro y en la movilidad de los distritos de Hortaleza o Barajas. Una movilización organizada a través de la Plataforma Stop F1 Madrid.

Las novedades a nivel automovilístico han sido escasas, más allá de que habrá una grada propia de apoyo a Carlos Sainz, como la ya operativa en el Gran Premio de Catalunya. El hijo del campeón de rally ha protagonizado una rueda de prensa propia en la que ha dejado pocos titulares, más allá de que ve complicado vencer en la primera carrera de Madring con su coche actual.

La curiosa vuelta al circuito en un autobús de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) ha servido para mostrar la impresionante curva de La Monumental, donde el bus ha tenido que avanzar a escasa velocidad para garantizar la seguridad. La sensación de desequilibrio es cuanto menos desasosegante. También se han visto las entrañas de la obra, con pabellones todavía en construcción y excavadoras a pleno rendimiento.

El último detalle del evento, dirigido a los más aficionados, ha sido la posibilidad de cambiar las ruedas a un monoplaza. La propia Nira Juanco, periodista especializada y maestra de ceremonias, se ha atrevidos sobre el escenario. Luego, muchas personas se han animado en el exterior del recinto.

Rectificación: en una versión previa de esta noticia se detallaban unas dimensiones erróneas con las que la bandera no era la mayor rojigualda izada.

Una de las entidades más volcadas en la inclusión y la dinamización de Lavapiés, barrio multicultural por antonomasia del centro de Madrid, se enfrenta a una situación crítica ante la falta de instalaciones donde desarrollar su actividad. Dragones de Lavapiés, club de fútbol base y aficionado cuya labor ha sido reconocida por el Consejo Superior de Deportes (así como LaLiga o FIFA), lleva meses con su campo inoperativo por unas obras del Ayuntamiento de Madrid. Ahora, una de sus sedes alternativas también queda fuera de juego.

Juan, vecino de Lavapiés desde hace 20 años, es padre de un niño de 8 años que juega en Dragones. Cuenta que desde que el terreno de juego de Embajadores, 18, quedó clausurado por obras gran parte de la actividad (sobre todo de los más pequeños) se trasladó a las canchas del cercano Parque Casino de la Reina. Pero en ellas también se está trabajando en una reforma municipal: “Hubo ya una recientemente en la zona infantil [cuya inauguración se postergó en su término hasta que los propios residentes tiraron las vallas para utilizarla], pero ahora se quiere actuar sobre las canchas, un área con problemas derivados de gente en situación de calle. Hay que tener en cuenta que no hay ni baño”, lamenta en conversación con Somos Lavapiés.

Defienden esa actuación, sí, pero critican los tiempos del Gobierno que lidera José Luis Martínez-Almeida: “Las obras del campo iban a terminar en febrero, pero ahora están abandonadas y deterioradas, con mucha suciedad. La alternativa del parque no era ideal por su falta de mantenimiento y sus insuficientes instalaciones, pero es que ahora nos empujan a la calle. En septiembre no sabemos qué pasará”. Los trabajos iniciados en septiembre en la instalación deportiva municipal se detuvieron en noviembre, al hallarse construcciones subterráneas de los antiguos edficios comerciales sobre el solar.

Dolores Galindo, presidenta del club, recuerda que Dragones “juega en distintos espacios de Madrid, pero el de Embajadores es el espacio más emblemático, nuestro símbolo donde han surgido equipos como el de madres, el de personas sin hogar o el de amputados”. Todo de una forma “estructurada a través de entrenamientos”, dando acceso a colectivos que muchas veces no lo han tenido al deporte más mediático del mundo y a unos 600 jugadores del barrio o el conjunto de la ciudad. Una labor que explica el respaldo de más de 100 organizaciones sociales al manifiesto “600 Dragones sin instalaciones”.

El origen de este “campo icónico” ahora tomado por los escombros parte además del propio club, fundado en 2014: “Nuestros entrenadores colocaron las porterías”, recuerda Galindo, aunque resalta tambien la colaboración del Ayuntamiento. “Lo poco que había lo han hecho Dragones y el barrio”, apostilla Juan.

La directiva traslada su “sensación de que se quiere cambiar o borrar la huella de un fútbol por la igualdad y el progreso”. Dragones ha llegado a recibir el apoyo del Ministerio de Igualdad, con un reconocimiento a su forma de “cambiar los clubes de fútbol para hacerlos acogedores para las mujeres”. “Es una huella que no quieren que permanezca. Tratamos de contar que en nuestro barrio se puede vivir en paz, vengas de donde vengas. Algo que se quiere borrar porque en el mundo lo que suenan son tambores de guerra”.

“Había unos árboles plantados que han quitado. La placa del Consejo Superior de Deportes tampoco está. Percibimos que se quiere difuminar lo que hemos hecho. Eso nos preocupa, además de las instalaciones, porque hay 400 menores que no son tan fáciles de mover como otros combinados con miembros más mayores”, protesta la presidenta. De hecho, comenta que la situación ya era compleja antes de las obras del Casino de la Reina por lo “degradado” del espacio“, ”sin baños, con ratas y con excrementos“.

Fuentes de la Junta Municipal del distrito Centro, de la cual dependen las obras trasladan a este periódico que se reanudarán después del verano con una duración aproximada de cinco meses, por lo que previsiblemente acabarán ya en 2027. “Se está cerrando el importe modificado de la obra, ya que tras haber encontrado los sótanos del edificio preexistente, se tienen que hacer rellenos con hormigón para consolidar el terreno y asegurar el apoyo de la cimentación del muro, especialmente en el lado de la calle San Cayetano”. En cuanto a las obras de Casino de la Reina, “se llevarán cabo durante el verano, época en la que los entrenamientos se reducen o se suspenden”. Puntualizan por último que la Junta “esta abierta a estudiar cualquier solicitud formal que plantee el club”.

La actuación en el solar de Embajadores incluye un espacio estancial con la creación de una zona verde formada por tilos, arces paliformos, lavanda, romero, espino de fuego y madroños, así como la mejora del cerramiento con un muro de granito acorde al entorno. También busca dotar al espacio de un almacén que podrán utilizar los usuarios de la zona deportiva para guardar los enseres necesarios para los entrenamientos.

Horas después de la publicación de esta información, el propio concejal de distrito, Carlos Segura, ha publicado una carta en redes sociales detallando algunos aspectos de la obra. “No voy a tolerar que se cuestione el trabajo de los funcionarios de la Junta de Centro, y mucho menos que se juegue con la seguridad de los niños”, ha añadido.

Obra sobre obra en un barrio falto de dotaciones

“El Casino necesita obras, pero lo ideal es que no fueran todavía”, opina Juan. “Si se ejecutan, pedimos al Ayuntamiento que nos preste coles para poder entrenar en el barrio. Que nos den acceso a los colegios por la tarde”. Avisa de una “alarmante escasez de instalaciones deportivas en centro”: “Igual que el Santa María nos ha prestado su patio, hay tres o cuatro coles más donde el Ayuntamiento posee el terreno y pueden proveer instalaciones deportivas propias”.

Dolores resume la situación con un hecho muy simbólico. En la parcela de Embajadores, un gran graffiti que cita a Rosa de Luxemburgo coronaba el espacio: “Socialmente diferentes, humanamente diferentes, totalmente libres”. “El Rey de la Ruina, su autor, ha pedido que lo arreglen porque está muy degradado. Pero en el Ayuntamiento me han dicho que no les gusta”, afirma la mandataria del club.

“Todo esto tiene que ver con que es un espacio que ha vivido mucho en la indeterminación, nunca tuvimos adjudicación, pero lo administrábamos de facto. Ahora nos dicen que se trata de mejorar la instalación, supuestamente, pero vemos que por ejemplo no se va a mejorar el césped. Conseguimos que una empresa lo instalara gratuitamente y ahora se está estropeando. Por no hablar de que han arrasado árboles con los que casi nos denunciaron solo por podarlos”, expone Dolores Galindo, que habla de “una falta de reconocimiento total hacia queines hemos cuidado el campo”.

La presidenta cuestiona esta falta de apoyo institucional a un proyecto caracterizado por la “gestión comunitaria”, reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como uno de los mejores en la resistencia a la pandemia a través de actividades dinamizadoras o colaboración con el Banco de Alimentos.

Es una huella que no quieren que permanezca. Tratamos de contar que en nuestro barrio se puede vivir en paz, vengas de donde vengas. Algo que se quiere borrar porque en el mundo lo que suenan son tambores de guerra

Dolores Galindo — Presidenta de Dragones de Lavapiés

Frente a ese historial, un porvenir mucho más incierto: “En septiembre solo podremos garantizar el acceso al deporte de los niños solo si nos ayudan los coles del barrio, que el CEIP Santa María renueve y nos vuelva a ceder instalaciones, pero también que se sumen más. Lo que pedimos al Ayuntamiento que nos ayude con esta emergencia deportiva”.

Juan destaca el “crecimiento orgánico de estos diez años, cumpliendo una función social y saciando la demanda de fútbol”. La “integración en el barrio” y “el fomento del tejido social” han sido dos puntales del proyecto en un barrio donde “apenas hay instalaciones”.

Por toda esta contribución, familias de Lavapiés han lanzado una campaña con la que solicitar un calendario para las obras del solar y que siga siendo de gestión público-vecinal: “Que siga perteneciendo al club, que no cambien de modelo”. Es la alternativa ante “un perjuicio a un grupo de 600 personas, ligado a una entidad que todo el mundo quiere y que pertenece al barrio”.

Las educadoras infantiles madrileñas han denunciado la firma de cerca de 40 prórrogas de los contratos de las empresas que gestionan las escuelas infantiles de la capital. Según explican desde la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI), “Almeida comenzó a firmar prórrogas que condenaban a la precariedad más absoluta a los cientos de trabajadoras de la red de escuelas municipales de Madrid”. Además, recuerdan que la existencia de unos nuevos pliegos para el próximo curso, en vez de la continuación de los vigentes hasta este verano, se traducirían en una mejora salarial a partir de septiembre para las educadoras infantiles que, según detalla la PLEI, ascendería a los 1518 euros al mes, en vez del SMI.

Cerca de veinte educadoras, junto a CGT, UGT y CCOO, firmaron el recurso que se presentó contra estas prórrogas. Según sostiene la PLEI, “desde el Ayuntamiento de Madrid no solo no han parado las prórrogas ya aprobadas a la fecha de presentación de los recursos, si no que han aprobado el gasto para otras 20 más”. La presentación de este recurso ha supuesto otra situación preocupante para las educadoras. Según han explicado en un comunicado, varias educadoras que firmaron el recurso “han sido coaccionadas” por las empresas que gestionan las escuelas donde trabajan. “Estas coacciones se han producido porque dichas empresas han tenido acceso a esta información facilitada por las Juntas de Distrito, concretamente, los datos personales de las trabajadoras firmantes”, reconoce la PLEI.

Las educadoras atacan al Ayuntamiento de Madrid por estos hechos: “Podría vulnerar la normativa en materia de protección de datos y los principios de buena fe, seguridad jurídica y tutela efectiva, en su vertiente de garantía de indemnidad”, desarrollan las educadoras. “Además, podría haber incurrido en desviación de poder, ya que estaría utilizando sus potestades -la tramitación de un recurso- para un fin distinto del previsto por el ordenamiento jurídico, facilitando colateralmente herramientas de presión laboral a una empresa privada, con graves consecuencias para los derechos laborales de las trabajadoras”, añaden.

Almeida promete “estudiar lo ocurrido”

El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha prometido “estudiar” el reproche de las trabajadoras. “Lo que he pedido es a protección de datos del Ayuntamiento de Madrid, dado lo sensible del tema, que estudie la cuestión y que determine que es exactamente lo que ha pasado”, ha señalado en declaraciones a los medios desde el Palacio de Cibeles, añadiendo que investigarán lo sucedido a través de los “canales internos de protección de datos”. “Cada escuela depende de los distritos y queremos saber cuál ha sido el modo de actuación exacto desde el punto de vista de protección de datos para así ha habido cualquier irregularidad inmediatamente solventarla y en el caso de que no la haya habido que tengamos todos la tranquilidad de que se ha actuado correctamente”, ha concluido Almeida.

Sin embargo, las denunciantes sostienen que los datos personales de las trabajadoras que firmaron el recurso (nombre, apellidos y DNI) “se recaban en el marco de un procedimiento administrativo [un recurso de reposición]. La finalidad de esos datos es tramitar y resolver dicho recurso”. Las educadoras entienden que las empresas que gestionan las escuelas pueden conocer la presentación del recurso, por estar implicadas, “pero siempre protegiendo los datos de las trabajadoras que no son necesarios para el hecho vinculante y deberían haber sido anonimizadas antes de haber sido trasladados”.

Las educadoras describen esta situación como “hechos muy graves”, y exigen que termine “esta represión por parte de las empresas gestoras”. Desde la Plataforma recuerdan que denunciar injusticias laborales de manera personal “no debe suponer amenazas, ni presiones” por parte de esas empresas, y explican que aplicarán “las medidas oportunas para hacer frente a la represión ejercida a las compañeras por el mero hecho de impugnar unas prórrogas que son una vergüenza”.

Las movilizaciones de las educadoras continúan

Las escuelas siguen de huelga indefinida después de más de dos meses desde que comenzó. Ante las pocas soluciones que reciben por parte de las instituciones, las educadoras continúan sus movilizaciones, apoyadas también por las familias. Este miércoles, 17 de junio, la coordinadora de familias en defensa del 0-3 entregará en la Consejería de Educación 20.000 firmas en apoyo a la huelga durante la concentración semanal organizada por la Plataforma. Las familias demandan “la apertura inmediata de una negociación real y efectiva, una interlocución directa con las familias y un aumento de dotación de escuelas infantiles públicas que garantice que un elevado número de familias se quedan excluidas en las matriculaciones”.

Por otro lado, han convocado concentraciones en muchas ciudades de todo el país para este jueves 18 de junio, para reclamar la reducción de las jornadas educativas durante las temporadas de calor. Las educadoras infantiles denuncian una “discriminación calendaria” que sufren los niños y las niñas de 0 a 3 años, “cuyas jornadas anuales llegan a alcanzar los 215 días frente a los 175 del resto de etapas educativas”.

Las profesionales del 0-3 recuerdan que “estudios de neuroeducación alertan de que las jornadas escolares excesivas en pleno verano cronifican el estrés biológico en la primera infancia”. Por ello, exigen “una solución política real que obligue al Estado y a las comunidades a legislar de cara a las empresas (con reducciones de jornada estivales pagadas o permisos flexibles) en lugar de institucionalizar a los bebés durante 11 meses al año”. Ante esta situación, han convocado concentraciones bajo el lema “El descanso infantil no debería ser el precio por ir a trabajar” en muchas comunidades autónomas de toda España. En Madrid, se reunirán en la Puerta del Sol, este jueves 18 de junio, a las 19:00 horas.

El Ayuntamiento que lidera José Luis Martínez-Almeida ha aplicado uno de los principales mandamientos que el alcalde ha solicitado a la ciudad ante la llegada del papa León XIV. Los empleados públicos del Consistorio teletrabajan desde el pasado miércoles 3 de junio y hasta el martes 9.

Solo quedan eximidos de ello los puestos que por sus condiciones no pueden acogerse a la norma, como seguridad, emergencias, mantenimiento o limpieza. También oficinas de atención ciudadana o al contribuyente, donde en algunos casos la actividad telemática sí se ejecutará el lunes 8 (previsiblemente la jornada más intensa y la más complicada a nivel logístico) y el martes 9 de junio.

Ya en mayo, el regidor pidió a las empresas adoptar esta medida durante al menos cuatro días laborables ante un “acontecimiento histórico” de una magnitud “prácticamente sin precedentes”. Como finalmente ha ocurrido, avisaba Almeida que ya en los días previos a una visita que tendrá lugar del 6 al 9 de junio habría “afecciones importantes” al tráfico en zonas clave, como el entorno de Cibeles o la plaza de Lima.

“Solicito que por parte de las empresas y de los centros de trabajo se faciliten las condiciones de teletrabajo. El Ayuntamiento de Madrid ha decidido que del 3 al 9 de junio habrá teletrabajo para los empleados del Ayuntamiento”, avanzó desde el Palacio de Cibeles. Incluso pidió a la ciudadanía que “evite desplazamientos que no sean estrictamente necesarios a lo largo de todos esos días”. Su llamamiento parece haber tenido calado, ya que este jueves el tráfico se redujo un 32% con respecto a un día normal en el interior de la M-30, comunicó en X el delegado de Movilidad, Borja Carabante.

El Gobierno de Almeida ha puesto a disposición de los peregrinos hasta 33 edificios públicos (principalmente polideportivos) en los que podrán pasar la noche de forma gratuita. El Consistorio también pone autobuses gratis de la EMT o vehículos de Bicimad entre el 3 y el 9 de junio. Asimismo se han autorizado más licencias de taxi , incluyendo a las que tenían libranza.

El sábado 23 de mayo quedó ocupado de forma permanente el carril derecho del paseo de Recoletos sentido norte. El 25 se ocuparon las dársenas de autobuses nocturnos de la plaza, además de tres carriles del paseo de la Castellana para instalar una plataforma, reservada al coro del domingo. Ese mismo día de mayo comenzó el montaje del altar, aunque estos trabajos no suponen una ocupación de calzada. El 3 de junio se procedió al corte prácticamente total del tráfico en los carriles centrales de la Castellana. Y, a partir del 4 de junio, a todo el tráfico rodado en torno a la plaza de Cibeles.

El Gobierno central también muestra su fe en que el teletrabajo reduzca el colapso

El Ejecutivo municipal no es el único que aplica medidas en este sentido. Por parte del Gobierno central, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública que lidera Óscar Lóprez ha aprobado el teletrabajo los días 5, 8 y 9 de junio, según fuentes consultadas por Somos Madrid.

La responsable de la cartera de Trabajo, Yolanda Díaz, ya emplazó a las empresas a favorecer el trabajo a distancia para “reducir los desplazamientos innecesarios y contribuir al normal desarrollo” de los servicios. Para la plantilla de este Ministerio está en vigor desde el 4 de junio y hasta el 9, ambos incluidos. La Delegación del Gobierno en Madrid se ha sumado al requerimiento, respaldado igualmente por los sindicatos.

Este periódico ha contactado a la Consejería de Economía, Hacienda e Innovación (de la que depende la Dirección autonómica de Función Pública) para conocer el alcance de la implantación del teletrabajo en los funcionarios de la Comunidad de Madrid ante el multitudinario evento, sin que lo concreten en su contestación: “Desde 2020 la Administración de la Comunidad ya cuenta con una regulación del teletrabajo en situaciones ordinarias como en situaciones de especial relevancia y corta duración, como es el caso”.

“Nuestra Villa sigue sintiendo hondamente la huella espiritual dejada por la fe católica durante siglos”, asegura el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, al comienzo de su último bando municipal, que firma a dos días de la llegada a la ciudad de León XIV a la capital de España.

El alcalde agradece al Papa su paso por Madrid dentro del viaje de seis días por la geografía nacional y asegura que la ciudad cuenta con “manifestaciones espirituales y culturales profundamente arraigadas en el tejido social”, que forman parte de su identidad y que se mantienen “con entusiasmo, sinceridad y fervor”, como “la devoción a Nuestra Señora de la Almudena, a San Isidro Labrador y al Cristo de Medinaceli, Señor de Madrid”.

Almeida también ha lanzado un mensaje de fraternidad, al citar a León XIV diciendo que “vivimos un tiempo en el que la paz, la concordia o la fraternidad corren el riesgo de ser consideradas por algunos una utopía de otros tiempos”. A la vez, pide “recordar la necesidad de no resignarse al enfrentamiento, al desencanto o a la indiferencia y seguir defendiendo, desde el respeto, aquello que une y fortalece a los barrios, las ciudades y la nación”.

Por último, exhorta a los madrileños “a hacer sentir desde el primer momento al Santo Padre la cercanía y el afecto que siempre han distinguido a esta ciudad acogedora y hospitalaria”.

Este es el texto completo del bando municipal publicado por el alcalde de Madrid:

¡Madrileños!

Tras aceptar la invitación de Su Majestad el Rey Felipe VI y de la Iglesia de España, el Papa León XIV visitará nuestro país del 6 al 12 de junio convirtiéndose de esta manera —tras sus venerados predecesores san Juan Pablo II y Benedicto XVI— en el tercer sucesor de San Pedro en realizar un Viaje Apostólico a España.

Quisiera en primer lugar, en nombre de la Corporación Municipal y del pueblo de Madrid, agradecer al Santo Padre haber escogido nuestra ciudad como destino durante tres de los seis días que durará su estancia en nuestro país. Para Madrid esta ocasión es un motivo de sincera alegría y de auténtico orgullo, pues nuestra Villa sigue sintiendo hondamente la huella espiritual dejada por la fe católica durante siglos.

Este sentimiento se hace evidente, en la vida cotidiana de nuestra ciudad, a través de manifestaciones espirituales y culturales profundamente arraigadas en nuestro tejido social que, como tantos otros rasgos de nuestra identidad, los madrileños mantenemos con entusiasmo, sinceridad y fervor. Entre ellas, destacan la devoción a Nuestra Señora de la Almudena, a San Isidro Labrador y al Cristo de Medinaceli, Señor de Madrid, por citar tan solo alguno de los principales hitos de ese verdadero rosario de romerías, novenas, verbenas populares, procesiones, costumbres piadosas, peregrinaciones, y manifestaciones de religiosidad popular que jalonan el calendario de la ciudad a lo largo de todo el año.

Por todos estos motivos, y en el contexto de las numerosas ocasiones en las que Madrid recibe a mandatarios y jefes de Estado procedentes de todo el mundo, este Viaje Apostólico del Santo Padre León XIV resuena en el corazón de muchos madrileños de una manera particularmente intensa.

Y precisamente por ello, si ya es proverbial la hospitalidad de nuestra ciudad, con mayor motivo Madrid está llamada a superarse a sí misma para que esta visita histórica alcance la dignidad y la calidez que merece.

El lema elegido por el Santo Padre para este Viaje Apostólico es ‘Alzad la mirada’ un eco de las palabras que Jesucristo pronunció a sus discípulos en Sicar de Samaría como una invitación a anticipar los futuros frutos que su mensaje de paz y de esperanza para la humanidad tendría en los siglos sucesivos: “Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega” (Jn 4,35).

También hoy esta invitación a “alzar la mirada” tiene su eco e interpela a nuestras sociedades. Como ha señalado el propio León XIV, vivimos un tiempo en el que la paz, la concordia o la fraternidad corren el riesgo de ser consideradas por algunos una “utopía de otros tiempos”. Frente a ello, debemos recordar la necesidad de no resignarnos al enfrentamiento, al desencanto o a la indiferencia, y de seguir defendiendo, desde el respeto, aquello que une y fortalece a nuestros barrios, nuestras ciudades y nuestra nación.

Finalmente, querría subrayar que este viaje de León XIV posee un significado especial porque constituirá el primer Viaje Apostólico que el actual Sucesor de Pedro realice a una gran nación europea para dirigirse al conjunto del viejo continente.

Y lo hará, en primer lugar, desde Madrid.

Así pues,

¡Madrileños!

Como alcalde de la capital de España, os invito a hacer sentir desde el primer momento al Santo Padre la cercanía y el afecto que siempre han distinguido a esta ciudad acogedora y hospitalaria.

Os animo igualmente a participar en los distintos actos que tendrán lugar con motivo del viaje; ya sean actos institucionales, encuentros con los jóvenes, iniciativas culturales, conciertos, jornadas de voluntariado y acciones solidarias organizadas por la Archidiócesis, la Comunidad y el Ayuntamiento para estos días, y a contribuir, con vuestro civismo y generosidad a que la estancia en Madrid de los cientos de miles de peregrinos y visitantes venidos de toda España y de otros países sea una experiencia tan profunda como inolvidable.

Que nuestras calles vuelvan a ser ejemplo de alegría, convivencia y respeto; y que esta visita de León XIV quede en la memoria de Madrid para siempre y constituya, como está llamado a ser, un acontecimiento de inmensa relevancia espiritual y humana para nuestra ciudad y para el conjunto de España.