La regularización extraordinaria de medio millón de migrantes continúa dando de qué hablar. Este jueves, el alcalde de Madrid ha arremetido contra la medida extraordinaria, recién aprobada y en vigor desde el pasado 15 de abril. “Es una chapuza”, lo ha catalogado el alcalde en declaraciones a los medios desde la sede municipal de Carabanchel, donde se celebraba una Junta de Gobierno. El regidor espeta al Ejecutivo de Pedro Sánchez que deje a los ayuntamientos “a ciegas” ante la norma.

“Nadie se ha reunido con nosotros para explicarnos qué es lo que tenemos que hacer. Pretenden que salga de nosotros, pero no nos vamos a responsabilizar de este proceso”, ha zanjado Almeida, acompañado de la vicealcaldesa Inmaculada Sanz y el concejal-presidente del distrito, Carlos Izquierdo. Entre sus argumentos, el alcalde ha vinculado la regularización de migrantes con la legalización de personas con antecedentes y en condición irregular, pese a que uno de los requisitos para beneficiarse de la norma es presentar un certificado de delitos penales.

“Lo que no va a hacer el Ayuntamiento de Madrid es cooperar y colaborar a una chapuza que falta el respeto a la dignidad de las personas”, ha considerado Almeida, que incide en otro tipo de antecedentes: los policiales. “Han colado una trampa con los antecedentes [...] No es xenofobia decir que con este decreto se va a regularizar a personas con algunos gravísimos”, aseguraba a la vez que lamentaba su desconocimiento de la norma por la “falta de comunicación” del Gobierno a este respecto.

A raíz de estas declaraciones, la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid y exministra del Ejecutivo que ha aprobado la regularización de 500.000 migrantes, Reyes Maroto, ha acusado a Almeida de propagar un “bulo peligroso”. En sus redes sociales, la concejala ha apuntado a una estrategia de partido para “difundir que la regularización traerá delicuencia” y “alimentar el odio” hacia “personas que llevan años trabajando y sosteniendo Madrid”.

No obstante, también desde la Junta Municipal de Carabanchel aseguró el alcalde que para ellos es “innegociable” la “dignidad” de estas personas, y que su equipo “seguirá ofreciendo a los migrantes todos los servicios públicos” del Ayuntamiento de Madrid. “Ahí no va a estar el problema, aunque nos vayan a echar la culpa”, ha concluido, anticipando la reacción de Reyes Maroto e incidiendo en que ha de ser Pedro Sánchez el que dote de medios a los municipios “si considera que faltan capacidades e instrumentos” para hacer frente a los flujos migratorios. “Nosotros no vamos a colaborar en una chapuza”, fue su conclusión.

Los requisitos de los migrantes para solicitar la regularización

En el texto aprobado por el Consejo de Ministros se exponen los principales requisitos para acogerse a la regularización: podrán hacerlo, por un lado, todas las personas en situación irregular sin antecedentes penales que hayan llegado al país antes del 1 de enero de 2026 y que prueben su permanencia continuada durante al menos cinco meses. También los demandantes de asilo que hayan registrado su demanda de protección internacional antes de dicha fecha, sin tener la obligación de desistir de su procedimiento de asilo previamente, pero sí después de recibir la concesión del permiso extraordinario de residencia por esta vía.

Asimismo, el último borrador del real decreto contempla diferentes supuestos por los que una persona sin papeles podrá acogerse a la regularización extraordinaria, que no computan en el caso de los solicitantes de asilo, pues carecen de estas exigencias. De un lado está la vía laboral, a través de una oferta de contrato de trabajo o una declaración de responsable de un proyecto de empleo por cuenta propia. Por otro, la familiar, probando que la persona se encuentra en el país como parte de una unidad familiar con hijos a cargo o personas dependientes. Y, en tercer lugar, el encontrarse en “situación de vulnerabilidad”. Para demostrarlo habrá que presentar un nuevo informe social.

“Una cuestión de buen gobierno corporativo que entiendo que no gusta a Más Madrid”. Así ha justificado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, las dietas de 612,85 euros por asistencia a cada reunión de los miembros de los consejos de administración de cinco empresas municipales (y 525 euros en otros cuatro organismos autónomos).

El mismo día en el que el órgano de gestión de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) vota elevar la cuestión para su aprobación a la Junta de Gobierno, el regidor ha comparecido ante los medios precisamente en la rueda de prensa posterior a dicha Junta. Sin aclarar si los nuevos pagos han sido ya validados, Almeida ha defendido la medida por su utlidad, dice, para “atraer perfiles independientes” y que “los consejos de administración no sean lugares de colocación”. Precisamente en el de EMVS ocupa el cargo de consejera delegada su exjefa de Gabinete, Ana de Miguel.

El alcalde ha centrado su respuesta a las preguntas de Somos Madrid en atacar al principal partido de la oposición: “Más Madrid dice una cosa en público y otra en privado. En alguna sociedad ha votado a favor”, ha espetado ante las críticas de la concejala Lucía Lois, representante de la formación en el consejo de EMVS.

Almeida ha asegurado que “Sumar se abstuvo cuando se votó lo mismo en Casa 47 [la nueva empresa pública de vivienda]”. Anima a Lois a “dar su opinión sobre la legitimidad” de ese caso, después de que la edil trasladase este miércoles su rechazo a las diestas de EMVS “en el contexto de emergencia habitacional que vive Madrid, donde miles de familias no pueden acceder a una vivienda digna y el precio del alquiler sigue disparado”.

El líder del Ejecutivo de Cibeles ha recurrido también al pago de este tipo de retribuciones en organismos estatales: “Es una homologación con el Gobierno de España, con la diferencia de que las municipales son un 50% inferiores”. Desde el área de Hacienda del Consistorio subrayan que esta novedad “ha replicado la legislación del Estado, donde ya se viene haciendo oscilando en su caso entre 1.189 y 623 euros, dependiendo de la categoría del consejo”.

Esas mismas fuentes aclararon a este periódico las nueve entidades que incorporarán estas dietas, aplicables incluso por la participación telemática en las reuniones: “Las empresas afectadas son EMT, EMVS, Madrid Calle 30 y la EMSFCM. Los organismos autónomos IAM, Madrid Salud, ATM, AE y Agencia de Actividades”. Recuerdan que, salvo rechazo expreso de los beneficiarios (posibilidad que Almeida ha planteado a Lois en la rueda de prensa), incluye a “todos los miembros del consejo de administración (concejales de Gobierno y oposición, cargos directivos, sindicatos y funcionarios)”.

En el caso de EMVS, según la proposición sometida a votación este jueves a la que tuvo acceso este diario, el coste de las indemnizaciones será de hasta 107.861,60 euros este 2026. El consejo plantea además aumentar su número máximo de componentes de nueve a 15, lo que implicará un dispendio más elevado.

El consejo de administración de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo de Madrid (EMVS), organismo dependiente del Ayuntamiento que lidera José Luis Martínez-Almeida, propone este jueves 16 de abril incorporar una dieta de 612,85 euros por la asistencia de sus miembros a sus reuniones, aunque sean telemáticas. Pese a la oposición de los representantes de Más Madrid y PSOE, la mayoría absoluta de la derecha apunta a que la medida será aprobada y elevada a la Junta de Gobierno Municipal, controlada a su vez por el equipo de Almeida.

El Consistorio destinará más de 100.000 euros solo este año para esta nueva dieta en EMVS. Pero no será el único consejo de entidades municipales en introducir estos pagos con un gasto similar: el viernes lo vota Calle 30, responsable de la gestión de la M-30 inmiscuida en recientes nombramientos polémicos. Ya han sido validados en el de Madrid Destino y en el de la Empresa Municipal de Transportes (EMT). En total, la bonificación llegará a los integrantes de hasta nueve consejos de administración de organismos o compañías municipales, según reconocen fuentes del área municipal de Economía y Hacienda a este periódico.

“Es una medida que afecta a todos los miembros del consejo de administración (concejales de Gobierno y oposición, cargos directivos, sindicatos y funcionarios). La retribución establecida será de 612 euros por asistencia en las Empresas públicas y 525 en los organismos autónomos. Las empresas afectadas son EMT, EMVS, Madrid Calle 30 y la EMSFCM. Los organismos autónomos IAM, Madrid Salud, ATM, AE y Agencia de Actividades”, desgranan desde Hacienda.

“La medida, que ha sido informada a todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Madrid, trata de compensar la asunción de una serie de responsabilidades, profesionalizar unas funciones específicas de los consejeros en estos órganos de gobierno clave y mejorar la formación de sus componentes”, argumentan en el Consistorio. Sostienen además que el Ejecutivo de Almeida “ha replicado la legislación del Estado, donde ya se viene haciendo oscilando en su caso entre 1.189 y 623 euros, dependiendo de la categoría del consejo”.

“Serán las empresas y los organismos autónomos los que propongan la composición de estos consejos, que posteriormente se elevarán a la Junta de Gobierno para su aprobación”, confirman en el área de Hacienda, al tiempo que apostillan que “cada persona solo podrá cobrar por asistir a un máximo de dos consejos de administración”.

El caso de EMVS

Analizar el organigrama y el funcionamiento del consejo de administración de EMVS Madrid sirve para ejemplificar el tipo de perfiles que se beneficiarán de esta novedad, así como la forma en la que se aplicará. De acuerdo a los estatutos de la compañía municipal, el Consejo de Administración es “el órgano de administración, dirección, gestión y representación de la Sociedad”. Se reúne en los días que acuerde y siempre que lo disponga su presidente o lo soliciten, al menos, un tercio de sus integrantes.

El Partido Popular domina el consejo de administración de EMVS con seis de los nueve miembros, gracias a que las designaciones las lleva a cabo la propia Junta de Gobierno. Desde el partido ostentan además la presidencia, vicepresidencia y el puesto de consejera delegada. Vox cuenta a su vez con otro componente. La aritmética es similar en el resto de compañías y organismos municipales donde se abonarán estas dietas.

De este modo, solo un cambio de posición de última hora evitaría que prospere la proposición que será sometida a votación en la reunión del consejo de EMVS este jueves, a la que ha tenido acceso Somos Madrid. En ella, evidencian su objetivo de “poder llevar a cabo la aplicación de las indemnizaciones por asistencias”, para lo cual “es necesario que el consejo de administración eleve una propuesta a la Junta General de la Empresa”. Este último organismo se encuentra asimilado en la práctica por la Junta de Gobierno municipal que lidera el propio Almeida.

La instancia del consejo de EMVS a la Junta recoge en concreto que “los consejeros percibirán 612,85 euros brutos como indemnización por asistencia a los consejos de administración de la sociedad, de acuerdo con la cuantía aprobada por el pleno del Ayuntamiento de Madrid a tal efecto”. Apunta el escrito que la cantidad “se actualizará de acuerdo con lo que se establezca por acuerdo del pleno”. “Previendo la realización de un máximo de 11 consejos de administración al año, la cantidad máxima que por dicho concepto se autoriza a la sociedad para 2026 es de 107.861,60 euros”, detalla.

Según dichos estatutos, corresponde a la Junta de Gobierno “fijar la retribución e indemnizaciones de los asistentes al Consejo de Administración”. Y, más importante si cabe, “modificar los estatutos sociales”. Un apartado clave, ya que en su artículo 26 estos establecen lo siguiente: “Los miembros del Consejo de Administración, que no ostenten la condición de concejal con dedicación exclusiva o parcial, consejero delegado de Gobierno o la de personal directivo, percibirán por asistencia a sus sesiones una indemnización por el importe que determine la Junta General de la Sociedad. Fuera de ese supuesto previsto, el cargo de administrador será gratuito”. Por ello, la introducción de esta nueva dieta de 612 euros requiere cambiar los estatutos, como recoge la propuesta de la votación del jueves.

Una segunda proposición que se vota también este jueves aboga asimismo por aumentar el número máximo de integrantes del consejo, instando a la Junta de Gobierno a modificar los estatutos para elevar su tope de nueve (los que tiene actualmente) a quince miembros. En caso de aprobarse, el dispendio municipal en estas indemnizaciones por acudir a las reuniones se elevaría. Todo ello mientras matizan que las retribuciones son independientes a la necesidad o no de desplazarse: “El derecho a la percepción de estas indemnizaciones por asistencia será independiente de si la reunión del consejo se produzca de forma presencial o telemática”.

Seis de los nueve miembros actuales del consejo de EMVS son ediles con dedicación exclusiva, cinco de ellos con retribuciones anuales por encima de los 100.000 euros brutos (todos del PP): el delegado del área de Políticas de Vivienda y presidente de EMVS (así como del propio consejo), Álvaro González López; la delegada de Obras, Paloma García Romero (vicepresidenta); la concejala del distrito de Arganzuela, Cayetana Hernández de la Riva; el edil presidente de Vicálvaro, Ángel Ramos y el concejal de Latina, Alberto González. El socialista Pedro Barrero, último miembro del consejo con dedicación exclusiva, percibe 66.000 euros brutos anuales.

Completan el organigrama la edil de Más Madrid Lucía Lois, con dedicación parcial al 85%; la concejala de Vox Arantxa Cabello (que declaró en 2025 algo más de 20.000 euros anuales de retribución municipal en concepto de asistencia a órganos colegiados) y la consejera delegada Ana de Miguel, la única componente que no ejerce de edil en Cibeles.

De Miguel es, eso sí, una vieja conocida del poder político madrileño. Fue directora de gabinete de Almeida en sus primeros tres años como regidor y a continuación ocupó el cargo de directora general de Relaciones Institucionales y Proyectos Estratégicos hasta 2025, año en el que declaró unos ingresos por encima de los 100.000 euros brutos y en el que sustituyó en el puesto de consejera delegada de EMVS a Diego Lozano. Un curioso intercambio de cromos, ya que Lozano pasó a convertirse a su vez en director de gabinete del alcalde.

Lois aclara por su parte la oposición a esta y el resto de bonificaciones que prevé el equipo de Almeida: “Desde Más Madrid vamos a votar en contra de la indemnización por asistencia a los consejos porque no lo vemos necesario”. Cuestiona especialmente que se aplique en EMVS “en el contexto de emergencia habitacional que vive Madrid, donde miles de familias no pueden acceder a una vivienda digna y el precio del alquiler sigue disparado”.

“Consideramos que el destino de los recursos públicos debe ser la prioridad para abordar este enorme problema. EMVS tiene un propósito muy claro, aunque al Gobierno de Almeida se le olvida: garantizar el acceso a la vivienda de las personas más vulnerables”, clama la edil. “Los esfuerzos deben centrarse en más presupuesto para ampliar el parque de vivienda pública y reforzar los programas de ayuda al alquiler para quienes menos tienen. Pero está muy claro que al PP esto le interesa más bien poco”, lamenta.

“Almeida está utilizando el suelo público para hacer negocio con la vivienda mientras expulsa a quienes más la necesitan. El modelo de alquiler asequible, en vez de dirigirse a las familias con menos ingresos, va a permitir el acceso a hogares con rentas de hasta 7,5 veces el IPREM, es decir, en torno a 80.000 euros anuales. Eso no es vivienda para rentas bajas”, recuerda como conclusión.

El Grupo Municipal Socialista ha presentado este martes una campaña con la que recorrerá los 21 distritos de Madrid para exigir al Gobierno de José Luis Martínez-Almeida que “devuelva la pasta” que según afirman debe a los madrileños por la tasa de basuras.

“Almeida te debe pasta de su tasa de residuos ilegal” es el título de la campaña con la que el equipo de Reyes Maroto envía un mensaje al alcalde pidiendo que no recurra la sentencia de anulación de la tasa y que proceda a “la devolución íntegra” del importe cobrado en 2025. La iniciativa, que se desplegará en las próximas semanas mediante mesas informativas en los 21 distritos, tiene como objetivo que concejales y militantes del partido trasladen a la ciudadanía las implicaciones de la resolución judicial del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), así como reclamar “una respuesta inmediata” por parte del Ayuntamiento.

La campaña ha sido presentada por la portavoz socialista, Reyes Maroto, y por la portavoz adjunta y responsable de Hacienda, Enma López, en las inmediaciones del mercado municipal de Villaverde. Ambas dirigentes han subrayado “el simbolismo” de elegir este distrito como punto de partida de la campaña dado que es “donde el impacto de la tasa de basuras ha sido más gravoso, a pesar de tener los peores datos de limpieza de la ciudad”.

La portavoz del PSOE en Cibeles ha reiterado en declaraciones a los periodistas que esta tasa fue diseñada por el equipo de Almeida de forma “injusta y desproporcionada”. “Hoy sabemos además que es ilegal”, ha reiterado. En este sentido, ha recordado que el Grupo Socialista ya advirtió desde el primer momento de que se trataba de un gravamen “mal diseñado, sin criterios de equidad y que castigaba a los madrileños y madrileñas”.

“Una chapuza” rodeada de “inseguridad jurídica”

“Por eso le queremos pedir al alcalde de una manera muy clara que, con la misma agilidad con la que cobró la tasa, la devuelva y que los vecinos y vecinas de Madrid recuperen cada euro que han pagado de forma ilegal”, ha insistido Maroto.

Por su parte, la concejala socialista Enma López (portavoz de su partido en la Comisión municipal de Economía, Innovación y Hacienda) ha incidido en la necesidad de corregir de “inmediato” esta situación: “Estamos ante una chapuza más que se suma a una larga lista de decisiones fallidas de este Gobierno municipal, con ordenanzas recurridas (terrazas) y cuestionamiento en los tribunales (Cocheras de Cuatro Caminos)”.

A su juicio, esta coyuntura evidencia “una grave crisis en la gestión de Almeida”. “Sucede una y otra vez y en esta ciudad ya no se sabe qué es legal, qué es ilegal, si hay que pagar la tasa, si no, si te la van a devolver, si no te la van a devolver... Madrid no se puede permitir esta inseguridad jurídica”, ha concluído López.

Sigue la escalada en la pirámide de Calle 30, la empresa pública que administra la M-30 de Madrid, de una figura procedente de la compañía privada que ejercía parte de esas labores hasta hace solo unos meses. Sonia Suárez Moreno, directora de producción de Emesa hasta diciembre y nombrada con un puesto análogo en Calle 30 este mismo año (después de su remunicipalización total), ha sido designada ahora directora gerente de la compañía que depende del Ayuntamiento de la capital.

Así lo acredita el acta del comité de selección y la consiguiente propuesta de contratación, con fecha del pasado 24 de marzo, y lo confirman a Somos Madrid fuentes del área de Obras y Equipamientos del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida. El citado documento recoge la “admisión provisional” de la candidata SSM, siglas que corresponden a Sonia Suárez Moreno.

Según el acta, la suya fue la única candidatura para un puesto que de acuerdo a la propia convocatoria cuenta con una remuneración anual 103.000 euros brutos. Al no haberse presentado más solicitudes y acreditar la formación requerida o la falta de cualquier medida inhabilitadora, el comité presidido por el consejero apoderado de Calle 30 (el polémico exconcejal Javier Ramírez) validó la propuesta. El acta de valoración, de consulta pública en este enlace (al igual que otra documentación de estos procesos de contratación), permanece por el momento inaccesible.

Desde el área de Obras añaden que el nombramiento ha sido aprobado en la mañana de este lunes 13 de abril en el Consejo de Administración de Calle 30 “por mayoría”, así que la contratación e incorporación será inmediata, y recuerdan que “la convocatoria estaba abierta a todo aquel que estuviera interesado”.

En el departamento que lidera la edil delegada Paloma García Romero, la cual preside Calle 30 como labor asignada a su puesto, mantienen la defensa del primer nombramiento de Suárez y la hacen extensible a este ascenso: “La sociedad está adaptando su estructura y medios a la nueva forma de gestión”, dicen, razón por la cual “se han iniciado varios procedimientos de contratación de personal para dar cobertura a las nuevas necesidades de recursos humanos”. Sostienen que todos ellos se han desarrollado “conforme a la normativa aplicable, con arreglo a los principios de igualdad, mérito y capacidad, mediante las correspondientes convocatorias abiertas a todas las personas interesadas, previamente autorizadas e informadas por el Ayuntamiento de Madrid”.

Auge en el escalafón de Calle 30 pese a acusaciones de “conflicto de intereses evidente”

Pero las críticas no llegan por el procedimiento o por el perfil de Suárez, sino por su vínculo directo con la antigua sociedad que gestionaba la M-30 y con parte de las empresas adjudicatarias que ahora reciben los contratos para su mantenimiento. Samuel Romero, consejero apoderado de Calle 30 durante la etapa de Manuela Carmena en Cibeles, alertaba en conversación con este diario de “un conflicto de intereses evidente” al colocar a una antigua dirigente de Emesa como alto cargo de la empresa pública. De hecho, cree que esa vinculación podría seguir vigente: “Cuando te nombran cargo público, sueles pedir excedencia en tu puesto de origen”.

Romero exponía la dificultad del puesto previo de Suárez, directora de producción, y las dificultades que entraña debido a la posición de la que procede: “Ha trabajado en empresas que ahora va a tener que vigilar. Eso complica exigir que cumplan sus contratos, algo que ya es muy difícil de por sí con las resistencias que ponen unas compañías que buscan ahorrar hasta el último céntimo”. Una complejidad que ahora adquiere una nueva dimensión con este nuevo cargo, de mayor responsabilidad.

Según las bases de la convocatoria, las funciones de una directora gerente en Calle 30 incluyen “el impulso a las decisiones de los órganos sociales, gestionar los recursos humanos y tecnológicos, dirigir y coordinar unidas orgánicas, etc.” Todo ello “con la máxima autonomía y responsabilidad, solo limitado por los criterios e instrucciones que pueda dar el Consejero apoderado, el Consejo de Administración o la Junta General de accionistas”.

Sonia Suárez trabajó en Emesa desde 2006, al poco tiempo de ejecutarse la privatización parcial de la administración de la M-30, un pozo para las finanzas municipales promovido por el Ejecutivo de Alberto Ruiz-Gallardón que dilapidaba 55 millones de euros anuales. Suárez ocupó el alto cargo de responsable de producción de febrero de 2017 a diciembre de 2025, cuando dejó su puesto. Solo un mes después se incorporó a Calle 30, justo al materializarse la salida de Emesa en la participación de la sociedad y al completarse la remunicipalización.

Un cambio de modelo que mantiene adjudicaciones millonarias

Calle 30 es la sociedad municipal encargada del mantenimiento y explotación de la M-30, la principal vía de circunvalación de la capital. Con 48 kilómetros, se trata de la autopista más transitada de España y cuenta con la red de túneles urbanos más extensa de Europa: 32,5 kilómetros de un anillo que rodea el centro de la ciudad.

Después de la remunicipalización, Calle 30 continúa ejecutando diversas obras y proyectos en la vía a través de adjudicaciones con empresas privadas. Paradójicamente, esos contratos pueden ir a parar a empresas que antes integraban la propia Emesa.

Algunos de ellos alcanzan importantes cifras, como el formalizado el pasado noviembre (cuando la remunicipalización no se había completado y Suárez seguía en Emesa) por valor de casi 198 millones de euros para la explotación y conservación de los túneles del anillo de la M-30. El órgano de contratación, la propia Calle 30, lo adjudicó a una UTE (Unión Temporal de Empresas) integrada por Serveo, API Movilidad, Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas y Asfaltos Vicálvaro. Algunas de esas compañías estaban integradas en la propia Emesa, conformada por Ferrovial (ahora renombrada como Serveo), Api Conservación (perteneciente al mismo grupo que Api Movilidad, imesAPI) y Dragados.

A raíz del nombramiento de Suárez y las millonarias adjudicaciones que el mantenimiento de la M-30 siguen suponiendo para la administración, Romero cuestionaba que el Ejecutivo de Almeida no haya aprovechado la remunicipalización para “crear una empresa pública potente”. Una entidad encargada de “funciones básicas, ordinarias o repetitivas por mucho que luego se liciten labores concretas”. “Han vuelto a licitar contratos de conservación o mantenimiento y las antiguas integrantes de Emesa ahora son adjudicatarias de ellos. Se ha perdido una oportunidad brutal de ahorrar los márgenes de beneficios de las empresas”.

El problema, opina el exconsejero de M-30, es que eso “contradice el modelo de privatización, que solo han abandonado porque suponía destinar muchos fondos y era claramente una atrocidad”. Según Romero, “mantienen el trasfondo de inflar de contratos a las constructoras y ahora ponen a supervisar a alguien que conoce perfectamente ese modelo y que viene de él”.

Calle 30 volvió a ser una compañía de gestión completamente pública el pasado 1 de enero. Fue entonces cuando el Ayuntamiento de la capital puso fin a una privatización parcial que arrastraba desde los tiempos de Gallardón y por la que gastaba 55 millones de euros al año. Una cifra calculada en la etapa de Romero, en 2017, cuando el equipo de Carmena impulsó una auditoría sobre su situación financiera. En total, el agujero ronda los 1.100 millones de euros.

Gallardón apostó en 2005 por un modelo de gestión a través de una empresa mixta para llevar a cabo el ambicioso soterramiento de la vía, con un 80% de propiedad municipal y el otro 20% en manos de varias constructoras agrupadas en la Empresa de Mantenimiento y Explotación SA (Emesa). Ferrovial, Dragados y Api Conservación constituyeron esta sociedad para firmar un contrato que podría extenderse hasta 2040. El dictamen final de la auditoría concluyó que el diseño de la sociedad resultó “lesivo para las arcas públicas municipales”.

El alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, entregará la Llave de Oro de Madrid a la líder opositora venezolana María Corina Machado. Será el viernes 17 de abril en la Casa de la Villa a las 18.00 horas, según ha anunciado el propio Martínez-Almeida durante la presentación hoy de una carrera de atletismo.

“Recibiremos a María Corina Machado en la Casa de la Villa con todos los honores y le entregaremos las Llaves de la ciudad de Madrid”, ha detallado, tras explicar que con este gesto de la ciudad “se le quiere corresponder el esfuerzo en nombre de tantos y tantos venezolanos, especialmente también de aquellos que viven en Madrid”. La líder opositora recibirá la Llave de “una ciudad comprometida con la democracia y los derechos humanos”.

El reconocimiento municipal se otorga normalmente a jefes de Estado de otros países durasnte visitas oficiales, aunque durante el mandato de Almeida está siendo utilizada para homenajear a diferentes líderes de la oposición venezolana. Además de la imposición prevista a la Premio Nobel de la Paz, en 2020 hizo lo propio con Juan Guaidó y en 2025 con Edmundo González.

El alcalde no ha mencionado estas excepciones al explicar la decisión de homenajear a Machado, pero sí las entregas a dos príncipes herederos, Naruhito en 2008 y Carlos de Inglaterra en 2011, para justificar que el Reglamento municipal “establece que se le entregará a todos los jefes de Estado que visiten Madrid en visita oficial, no se dice a quién no se le entregará”.

“Nosotros entendemos que la figura de María Corina Machado trasciende Venezuela para convertirse en una defensora global de la democracia y de los derechos humanos. Tiene todos los méritos para tener las Llaves de la ciudad y que quien quiera ver polémica o decir que no las merece tendrá que explicarlo”, ha replicado el alcalde.

Octava Llave de Oro del Gobierno de Almeida

La concesión de la llave de la ciudad a mandatarios internacionales es un gesto no demasiado habitual en la ciudad de Madrid y se concede a muy pocas personas en cada mandato. El alcalde solo había otorgado dos en su segunda etapa en Cibeles, mientras que en la primera llegó a dar hasta cinco distinciones.

Dos candidatos a la presidencia de Venezuela que no acabaron gobernando el país la han recibido durante esta etapa: Juan Guaidó en 2020 y Edmundo González en 2025. También Almeida entró llaves al expresidente de Corea del Sur, a Gustavo Petro, al presidente de Italia Mattarella y a dos monarcas absolutos, el emir de Qatar y el sultán de Omán, esta última en noviembre del año pasado.

El Gobierno de Almeida también registró en 2022 un hecho poco usual, el de la retirada de esta distinción a una persona que la había recibido dieciséis años antes, al considerar que no era merecedora de tal distinción: fue en el año 2022 cuando el Pleno votó quitar la Llave de Oro a Vladimir Putin, que la tenía desde el año 2006 durante otra visita de estado.

Entre las personalidades relevantes que poseen la llave de oro de Madrid se encuentran el rey Carlos de Inglaterra (la recibió en 2011), el presidente chino Xi Jinping (2018), el expresidente argentino Mauricio Macri (2017) o el exsecretario general de la ONU Kofi Annan (2002). En cuanto a políticos ya fallecidos a los que se les entregó la llave de la ciudad, la lista incluye mandatarios como Gorbachov, Gadafi, Ceaucescu o Nixon.

La periodista Sonsoles Ónega será la pregonera de las fiestas de San Isidro, patrón de Madrid, el próximo 8 de mayo, ha anunciado la portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

La también vicealcaldesa ha descrito a Ónega como “una de las voces más reconocidas del periodismo en España”. Es licenciada en Periodismo con una amplia trayectoria en televisión y radio. En este momento está al frente de Ahora Sonsoles, en Antena 3. A eso se suma su carrera como escritora, que le llevó a ganar el Premio Planeta en 2023.

“Va a ser una extraordinaria pregonera de nuestras fiestas”, ha vaticinado Sanz. El pregón será a las 20.00 horas desde el balcón de la Casa de la Villa el viernes 8 de mayo.

La elección de la periodista supone un hito para el actual Gobierno municipal: será la primera mujer que pronunciará el pregón de San Isidro en los siete años de José Luis Martínez-Almeida como alcalde. Sus predecesores han sido Santiago Segura, Antonio Resines, Ramoncín, David Summers y Dani Carvajal.

El año 2019 fue el último en el que una mujer se subió al balcón de la Casa de la Villa para inaugurar las fiestas del patrón. Fue Elvira Lindo. Han pasado casi siete años desde que la autora de Manolito Gafotas pronunció en la antigua sede del Ayuntamiento aquellas palabras en las que decía sentir orgullo por ver a la Cibeles pasar “de madridista a feminista”.

En aquel entonces, con Manuela Carmena al frente del Ayuntamiento de la ciudad, se buscó una representación paritaria, eligiendo como pregoneros a dos hombres y dos mujeres. Santiago Auserón, músico y exvocalista de Radio Futura, fue el pregonero de 2016, al que le siguió Juan Luis Cano, periodista y humorista conocido por el dúo Gomaespuma, en 2017. Después fueron las escritoras Almudena Grandes y Elvira Lindo, que inauguraron las fiestas en 2018 y 2019, respectivamente.

En 2020, debido a la pandemia, no se celebraron las fiestas de San Isidro, por lo que tampoco hubo pregón. Ya en 2021, con las restricciones por la Covid-19 ya superadas, fue Santiago Segura el encargado de inaugurar los festejos patronales de la capital. A este le siguieron Antonio Resines en 2022, Ramoncín en 2023, David Summers en 2024 y Dani Carvajal en 2025.

La decisión de quién es pregonero cada año por San Isidro se toma en la Junta de Gobierno, la reunión del alcalde y los responsables de cada una de las áreas que tiene lugar cada jueves en Cibeles en la que se aprueban los asuntos de mayor relevancia en la ciudad. Fue significativa la elección del futbolista Dani Carvajal, el último en subirse al balcón de la Casa de la Villa, por sus declaraciones sobre el beso no consentido entre Jenni Hermoso y Luis Rubiales, que calificó como “unos gestos desafortunados”. Sin embargo, a pesar de su polémica posición al respecto, el Ayuntamiento de Madrid lo eligió por considerarlo un “líder en los valores que transmite”.

Con Sonsóles Ónega, el Ayuntamiento rompe con la racha masculina, respondiendo a las reclamaciones de los grupos de la oposición. Tanto PSOE como Más Madrid han denunciado en numerosas ocasiones la falta estructural de representación femenina en el espacio público de la ciudad.

El pasado 2025, la concejala socialista Soledad Murillo, lamentaba que la elección de pregoneros para las fiestas de San Isidro siga un patrón que invisibiliza a las mujeres: “La figura de la pregonera es clave porque une entretenimiento y representación, y tiene un fuerte impacto en niñas y jóvenes”. Por su parte, la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, consideraba que “desde que Almeida es alcalde, la invisibilización de las mujeres campa a sus anchas. Es una cuestión de voluntad política, y está claro que no la tiene”.

En las últimas semanas, ha copado titulares el PEM (Plan Estratégico Municipal) de la ciudad de Madrid, el nuevo marco urbanístico destinado a sustituir el Plan General de Ordenación Urbana de 1997. Las primeras noticias sobre el contenido de la novedosa “norma magna” del urbanismo madrileño ya han generado los primeros debates al otro lado de los foros del sector inmobiliario. Las asociaciones de Tetuán, por ejemplo, han levantado la voz contra la inclusión del distrito entre los espacios susceptibles de aumentar su parque residencial por ser ya unas barriadas muy densas de Madrid.

Si echamos unos pasos hacia atrás para tomar perspectiva, nos daremos cuenta de que la norma en preparación viene acompañada de otras ya aprobadas y alguna por venir cuya motivación de fondo obedece a un mismo análisis: la región y la ciudad de Madrid van a crecer mucho y es necesario movilizar suelo. O, dicho de otra manera, las reglas urbanísticas deben cambiar para facilitar la construcción de más vivienda.

En estos momentos, la Comunidad de Madrid se asoma a la sustitución de la actual Ley del Suelo (ley del 9/2001) por una nueva, que además integrará las competencias de la vigente Ley 9/95 de Ordenación del Territorio. Con esta nueva dualidad el gabinete de Ayuso pretende agilizar el urbanismo madrileño.

La Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado de la Región (LIDER) se presentó en noviembre del año pasado y va quemando plazos hacia su aprobación final, que se espera a finales de 2026. El Anteproyecto es ya consultable y ha estado –Semana Santa mediante– en periodo de información pública y trámite de audiencia (entre el 7 de marzo y el lunes 6 de abril).

Normativas que agradan a la patronal de la construcción

El texto se ha venido presentando en los dos últimos meses con la presencia de Sara Aranda (Directora General de Urbanismo en la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior) y otros responsables de la Comunidad de Madrid. Así ha sucedido en el Colegio Oficial de Aparejadores de Madrid, el ilustre Colegio de la Abogacía (sección Urbanismo), el Colegio de Economistas de Madrid o el Colegio Arquitectos de Madrid, entre otros.

El debate sobre la norma se ha visto contenido, hasta el momento, dentro de los círculos estrictamente profesionales. Pero los foros y publicaciones especializadas del sector de la construcción y las inversiones, sin embargo, vienen celebrando lo que enuncian como un “cambio de paradigma” en el urbanismo madrileño.

Algunas de las frases que se repiten en las presentaciones se refieren a “agilizar el urbanismo en la región”, “activar suelo”, “generar vivienda”, “reducir cargas burocráticas”, “acortar los plazos” o “simplificar los instrumentos de planeamiento y el régimen jurídico del suelo”. La norma en ciernes parece ser del agrado de la patronal de la construcción. Así lo expresaba recientemente en un debate sobre el tema el director de Estrategia de Crea Madrid Nuevo Norte cuando expresaba que, legislativamente “la Comunidad de Madrid ya está en lo que espera el mercado”.

Una de las novedades técnicas más llamativas de la ley, que se asienta sobre la figura del PEM para los diferentes municipios, es la introducción de los llamados Planes Ejecutivos. Este instrumento de ordenación urbanística reflejará las condiciones concretas para que el suelo pueda ser transformado o edificado. Los particulares –es decir, los promotores– formularán estos plantes directamente ante los ayuntamientos, que podrán activar una tramitación abreviada de unos 12 meses a través de Ordenanza Municipal. Lo que se busca es “la puesta en el mercado de suelo finalista”.

Prepararse para crecer a través del boletín oficial

La Ley LIDER (un acrónimo que parece pensado desde el convencimiento de su importancia) se asienta sobre novedades legislativas precias que, soto vocce, han andamiado el nuevo edificio.

La Ley 7/2024, de Medidas para un desarrollo equilibrado en materia de medio ambiente y ordenación del territorio, incorporaba la figura del PEM (Plan Estratégico Municipal) para fijar la estrategia del municipio a futuro, que es uno de los elementos clave de LIDER. Se considera que los detallados Planes de Ordenación Urbana en vigor son aparatajes demasiado pesados y se crea por ello el nuevo instrumento de ordenación urbanística, que tiene más que ver con unas directrices generales que con una lista pormenorizada de usos. Ya no será necesario introducir cambios puntuales en la macronorma cada vez que se quiera llevar a cabo un uso del suelo que no encaje con el marco.

Antes, se había introducido en la Ley 3/2024, de 28 de junio de la Comunidad de Madrid, la posibilidad de convertir fácilmente edificios de uso terciario (oficinas/industrial) a residencial (viviendas) sin modificar el planeamiento urbanístico, con el objetivo de fomentar la vivienda protegida en alquiler. La llegada de los usos mixtos, la flexibilidad y la simplificación de pasos para acometer cambios de uso están en el espíritu de toda la panoplia de normas.

Elocuente es el nombre de otra de las novedades recientes del sector: la Aceleradora urbanística. Se trata de un órgano colegiado que opera en la capa de los informes sectoriales. Es decir, de los documentos técnicos obligatorios emitidos por organismos públicos que evalúan cómo un plan o proyecto urbanístico afecta a materias específicas (carreteras, costas, medio ambiente, cultura, etc.).

Se aprobó en diciembre del año pasado, se constituyó en enero y su objeto es dar seguridad jurídica y agilidad a todo el proceso a través de un repositorio electrónico. A la intención de acelerar los plazos se une el hecho de que el proyecto de construcción de vivienda o servicios puede declararse de interés general, entrando en una vía urgente que permite acelerar los plazos en la mitad de tiempo.

Todos estos documentos y normas son, por supuesto, prolijos y tocan numerosos aspectos sobre lo que una ciudad debe ser, pero la idea rectora que sobresale por encima del resto –y que resaltan en las presentaciones a los profesionales del sector sus responsables políticos– es la de preparar Madrid para acoger a nuevos vecinos.

Los responsables de organizar la región manejan proyecciones que llevarán la población de los actuales siete millones de personas a 8,5 y hasta 10 millones en los próximos 15 o 20 años. En el caso de la ciudad de Madrid la tendencia es menos clara que en el de la región y crece con altibajos que hacen más complicado hacer esas proyecciones tan rotundas para la ciudad más allá de la obvia –e importante– eclosión de los nuevos desarrollos inmobiliarios.

La mirada política articulada para afrontar la tendencia al alza de la población es la de que el crecimiento es una gran oportunidad para incrementar aún más el peso político de Madrid a nivel estatal. Para ello, se mira a su corona metropolitana y se piensa en términos de un nuevo Gran Madrid –así se llamaba en el siglo XX al Madrid expandido anterior a la importante anexión de municipios de mediados de siglo–. Un espacio mancomunado de facto de 12 o 20 municipios que, unidos, se considera la gran conurbación del sur de Europa.

La idea de la recentralización española a través del peso de la región, para competir con las grandes metrópolis globales, es un asunto que se ha visto con buenos ojos en los últimos años en ámbitos de la derecha política y empresarial. Un buen ejemplo de este debate es el libro Madrid DF (en referencia a Distrito Federal), del arquitecto Fernando Caballero.

Las presentaciones de la nueva Ley del suelo y de otras normas en preparación, como el propio PEM para la ciudad de Madrid, abundan en enunciar la centralidad social del problema de la vivienda. Agarrados a las lógicas más evidentes de las leyes de la oferta y la demanda, los rectores de Madrid (ciudad y autonomía) apuntan con decisión hacia la construcción masiva como solución. Tanto en las áreas de crecimiento periurbano como dentro de la ciudad consolidada. El debate sobre la conveniencia (o inconveniencia) del crecimiento ilimitado es habitual también en los foros teóricos sobre la ciudad y no está cerrado pero, mientras los que saben se aclaran, los textos que se publican en los boletines oficiales ya parecen albergar certezas.

Una Feria de Abril a la madrileña y un “estadio” construido a mayor gloria de una artista internacional en el mismo entorno donde el Ayuntamiento planteó “un circuito completo para que los chavales dispusieran de una infraestructura pública para grabar su música”. La evolución del recinto ubicado entre el distrito de Villaverde y el municipio de Getafe simboliza gran parte de las transformaciones que la capital ha experimentado en la última década.

La sede actual del festival Mad Cool, que aterriza cada año entre las quejas vecinales y la disputa política por sus efectos en el descanso o la movilidad de los vecinos, subsiste y consigue nuevos eventos pese a que la masiva asistencia de personas se produce sin una parada de transporte público en al menos un kilómetro a la redonda. Su siguiente reto serán los (de momento) once conciertos de Shakira ante 50.000 espectadores como parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. Los albergará una infraestructura que sus impulsores proclaman “estadio” y que vendrá acompañada de otros servicios de venta ofertados en el “Parque Macondo”, guiño a los Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, alrededor del Iberdrola Music.

Ese es el nombre comercial del recinto desde el verano de 2023, cuando se sumió en una nueva y más ambiciosa etapa, después de los graves problemas de organización en aquella edición del Mad Cool (que han remitido parcialmente en las siguientes) y en el concierto de Harry Styles. La viabilidad económica del espacio, un antiguo trigal relativamente próximo a algunas viviendas, pero sin conexiones de transporte cercanas, se vio reforzada cuando Mahou San Miguel adquirió el 51% de la empresa que lo gestiona. Una operación con vistas a apuntalar el proyecto de la mano de nuevas citas de calado.

Todo ello en medio de un contexto de feroz competencia por convertir a Madrid en referencia internacional de macroeventos deportivos y musicales, con el hueco para recoger parte de la oferta en este segundo apartado que ha dejado la suspensión de conciertos en el Santiago Bernabéu. De ahí la disposición de los gestores del Iberdrola Music a servir de sede para la residencia de Shakira o para la frustrada y cancelada Madrilucía, que ampliaba aún más el rango y características de actividades. Pero, aunque haya caído en el olvido, el enfoque original del entorno distaba mucho de esta concepción actual como “eventódromo”.

La utopía musical que diseñó Carmena, adaptó Villacís y desechó Almeida

Durante el mandato de Manuela Carmena, el ímpetu por convertir a Villaverde en un centro neurálgico de la escena musical tomó un cariz muy distinto. El proyecto para La Ciudad del Sonido, que aquel Ejecutivo no tuvo tiempo de desarrollar, quería impulsar “un circuito completo para que los chavales del distrito dispusieran de una infraestructura pública para grabar su música”. Así lo describió en conversación con elDiario.es Guillermo Zapata, exconcejal de Ahora Madrid y uno de sus ideólogos.

El objetivo era fomentar tres vertientes: “Locales de ensayo, de grabación y un espacio para conciertos”. Zapata hablaba de Villaverde como un distrito donde “un montón de grupos se buscan la vida para grabar y enseñar lo que hacen”. Así, “no en todas partes necesitan que se invierta tanto en recursos y apoyos”.

Con la llegada a Cibeles de José Luis Martínez-Almeida, mediante el acuerdo entre el Partido Popular y Ciudadanos en su primera legislatura, la vicealcaldesa Begoña Villacís hizo suya la reconfiguración de este plan inicial. Al menos, eso deslizaba cuando en 2022 anticipaba el traslado del Mad Cool a Villaverde desde su anterior ubicación en Valdebebas. Auguraba Villacís que el festival actuaría de “lanzadera” para una transformación de mayor calado en la zona, gracias a una serie de dotaciones culturales y educacionales englobadas en la renombrada como Ciudad de la Música.

“Llevamos tiempo trabajando en la localización de un nuevo centro de acumulación de talento, economía y creatividad en torno a la producción musical con un proyecto innovador”, explicó por aquel entonces la ex edil del Consistorio, sin apenas referencias a la idea previa de Ahora Madrid. Desde la corporación municipal matizaron luego que la Ciudad de la Música estaría ligada a los grados de producción musical e ingeniería del sonido de la Universidad Carlos III, la más cercana, a la que cederían parte del suelo público. También los entregarían a “empresas interesadas en invertir en Madrid y traer sus centros de trabajo en torno a la producción musical”. Pero finalmente, con la salida de Ciudadanos de Cibeles y la mayoría absoluta del PP de Almeida, el destino del proyecto fue el mismo que el de Carmena y Zapata: el olvido.

“Han sido un engaño, pero no una sorpresa. Sabíamos que nos estaban vendiendo la moto”, resumió años después en declaraciones a este periódico Gema, una de las portavoces de la plataforma vecinal Stop Mad Cool Villaverde. En uno de los distritos con menor renta por habitante de Madrid, los residentes vieron en la iniciativa cultural una oportunidad de modernizar los barrios y reforzar sus tejidos culturales con dotaciones al servicio de la ciudadanía. El resultado, en cambio, ha provocado su repetida movilización ante el “colapso”, “la suciedad” o la “inseguridad” que generan unos eventos que apenas han contribuido a la prosperidad de la Colonia Marconi, Villaverde Alto y Getafe Norte.

Choque político con dos modelos de ciudad enfrentados

La coyuntura ha generado reproches cruzados entre el equipo de Almeida y el delegado del Gobierno en la Comunidad, Francisco Martín (aliado a su vez con la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández). En una reciente entrevista con Somos Madrid, Martín alertaba del peligro de “actuar en una ratonera” si no se acometen mejoras de cara a las actuaciones de Shakira. Ha llegado incluso a pedir por carta al alcalde que reconsidere las autorizaciones a este tipo de citas. “Él mismo y la Comunidad de Madrid estuvieron de acuerdo hace tres años en que ese recinto no estaba en condiciones de albergar eventos de fenómeno fan y no han hecho nada para mejorar las condiciones”, opinaba. “No hay posibilidad de una evacuación masiva como la que algo de esta naturaleza debe tener prevista, ya que sale todo el público a la vez cuando termina. Todos sabemos que está la M-45 colindando, que no hay aparcamientos, que no hay Metro”, añadió.

Pero el conflicto tiene también un componente de concepción antagónica acerca del modelo urbano. La polémica en torno a Madrilucía, que debería haber aterrizado en el Iberdrola Music a finales de mayo o principios de junio, puso sobre la mesa los reparos de la oposición a la conversión de Madrid en “un parque temático”. Así definió el proyecto la portavoz del PSOE en Cibeles, Reyes Maroto, que llegó a reunirse en el Senado con su homólogo en el Ayuntamiento de Sevilla y con la regidora getafense. Para Maroto, Madrilucía es “un festival que se apropia de un referente con una identidad muy arraigada en Sevilla, como es la Feria de Abril” y se preguntaba si lo siguiente sería “ver los Sanfermines en la Gran Vía”.

El equipo de Almeida, por contra, se ha entregado a esta y la gran mayoría de iniciativas alrededor del recinto. Aunque puso algunos reparos a Madrilucía (solicitó su retraso inicial para no coincidir con las fiestas de San Isidro), desdeñó las críticas de la oposición. El responsable de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha acusado al delegado del Gobierno de fomentar un “boicot a la ciudad” por sus dudas con los conciertos de Shakira. La vicealcaldesa Inmaculada Sanz cuestionó a “una izquierda triste y ceniza”. “Le parece mal la Fórmula 1, le parece mal la NFL, le parece mal cualquier gran evento que viene a la ciudad y le parece mal que Madrid esté de moda”, lamentó la edil, en unas declaraciones que dejaban a las claras el tipo de ciudad que su Ejecutivo pretende seguir fomentando.

En esa misma intervención, solo una semana antes de que trascendiera la suspensión de Madrilucía, Sanz avanzó que el Ayuntamiento estaba trabajando con los promotores “para que pueda ser un grandísimo espectáculo y se desarrolle en las mejores condiciones”. Unas generosas palabras como las que visten cualquiera de los macroeventos a los que aspira la capital en general y el Iberdrola Music en particular. Como las que utilizó Pino Sagliocco, presidente de la promotora Live Nation, para exponer las garantías que a su juicio tendrá el “estadio” de Shakira gracia a un espacio “experimentado y bien acondicionado”. El lugar que pudo haber servido para formar a las bandas madrileñas del futuro y que en cambio ahora pasa la tradición andaluza o la obra de Gabriel García Márquez por el filtro de la mercadotecnia.

Los vecinos de Puente de Vallecas vuelven a la carga contra el scalextric que actúa como frontera artificial del distrito desde 1976. Cuando se cumplen 50 años de su instalación, y después de que el resto de infraestructuras de estas características en Madrid hayan desaparecido o quedado en desuso, el colectivo Vallekas Sostenible reclama en un informe su eliminación, con testimonios vecinales que dan cuenta de las distintas afectaciones que genera en el día a día de los barrios.

Todo ello cuando han pasado ya cinco años sin novedades desde que el pleno de la Junta de Puente de Vallecas acordara por unanimidad, incluídos los votos del Partido Popular, respaldar el desmontaje. El Gobierno de José Luis Martínez-Almeida solo habla de un “proyecto novedoso” que anunciará antes del verano. Desde el área de Obras y Equipamientos, en declaraciones a Somos Madrid, inciden en que “se está trabajando” en ello sin especificar más datos. La oposición ha rescatado el asunto en numerosas ocasiones (sin ir más lejos el pleno del pasado 24 de marzo). Así, Más Madrid ha venido exigiendo de forma reiterada el desmantelamiento en una comisión de seguimiento y critica la “falta de consideración de las propuestas”, elevadas a la subdirección general de Planificación de Movilidad y Transportes.

Mientras, en Vallekas Sostenible exigen la eliminación de lo que definen como un “peligro para la salud”. Así lo describe Mercedes, vecina del barrio de San Diego que lamenta la calidad del aire en un espacio por el que pasan más de 200.000 vehículos al día. Cuenta que, al vivir en una calle cercana, se han agravado su rinosinusitis y sus enfermedades oculares. “Aumenta el riesgo de trastornos cardiovasculares y del sueño por el ruido constante”, recalca, una contaminación acústica que supera los límites recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Ángel, otro residente de San Diego, subraya estos efectos: “Durante los primeros meses, el ruido del tráfico me impedía dormir. Las ruedas de los coches al pasar sobre la estructura generan un sonido continuo y molesto, especialmente por la noche. Aunque me he acostumbrado y ahora puedo dormir, me preocupa el impacto a largo plazo”.

Carlos, que vive en la zona de Doña Carlota (en el barrio de Numancia), debe dar un importante rodeo para llegar al polideportivo más cercano a su domicilio, situado en el barrio de Adelfas de Retiro. Aunque solo está a 300 metros en línea recta, el scalextric se interpone como un obstáculo insalvable. Además, crea un “itinerario muy hostil”: “Tenemos que atravesar una vieja pasarela y una estrecha acera paralela a la A-3, sorteando las distintas conexiones entre la autovía y la M-30. Por las noches, la falta de iluminación y los ángulos muertos de la pasarela hacen que resulte inseguro. Y en verano, la falta de sombras en la zona del puente, convierten este paso en una carrera en el desierto. Las alternativas en bici o bus son todavía peores porque las paradas están a más de un kilómetro de esta zona. A pesar de la cercanía de Numancia y Adelfas, vivimos de espaldas el uno del otro, aislados por el scalextric”.

Punto negro de accidentes con efecto en la calidad del transporte y el disfrute de zonas verdes

Rosa, de San Diego, recalca la incidencia del enclave en la gran siniestralidad de la zona: “Puente de Vallecas es el distrito de Madrid con más atropellos a peatones en los últimos años y el cruce con el scalextric, el punto negro”. Una inseguridad que frustra a los vecinos: “La movilidad peatonal parece no importar, como si solo se pensara en los coches. Es increíble que, en una ciudad como Madrid, nos dejen tan desconectados. Ya no se trata solo de comodidad, sino de seguridad. Caminar por esta zona de noche es desalentador y muchas veces prefiero no hacerlo”.

Para rizar el rizo, estas circunstancias merman también la eficiencia y eficacia del transporte público, como relata Rubén: “Los atascos producidos por los vehículos privados son el principal motivo de la baja velocidad comercial del autobús en nuestro barrio [Portazgo]. Los buses enfrentan un gran problema, especialmente aquellos que circulan por la parte baja de la avenida de la Albufera. El intenso tráfico de vehículos, mayormente causado por las maniobras de incorporación y salida de la M-30 e inducido por el scalextric, afecta la competitividad del transporte público en superficie”.

Mantener la infraestructura es apostar igualmente por un modelo de ciudad que arrincona las zonas verdes en Puente de Vallecas. Blanka, de Numancia, lo expone desde su experiencia como madre: “Sabía que nuestro barrio tenía pocas zonas verdes, pero hasta que no fui madre no lo probé en mi piel. Desde hace cuatro años busco y rebusco áreas en las que mi hija pueda jugar sin ruidos, sin olor a tubos de escape y que tenga sombra en las épocas más calurosas del año. Evidentemente casi todas las áreas infantiles que tocan el scalextric quedan descartadas, porque el ruido es tremendo y el olor horroroso”.

Como detallan desde Vallekas Sostenible, solo el 36% de las calles de Numancia tienen arbolado, al tiempo que un tercio de las muertes atribuibles al calor podrían evitarse si la cobertura arbórea aumentase al 30% del espacio urbano. Manuel, otro vecino de Numancia, baja al terreno del día a día el efecto de islas de calor como la que genera este entorno: “Me preocupa la falta de acondicionamiento de nuestro distrito para paliarlo, pero es que el impacto en las proximidades a la M-30 es sangrante. Esta autopista urbana ha quedado obsoleta y, en verano, se comporta como una plancha de gambas que afecta a más de 200.000 vecinos”. Destaca que los veranos “son cada vez más calurosos en todo Madrid, pero encontramos diferencias de hasta 8 grados entre distritos, condicionados por las decisiones urbanísticas y la falta de arbolado”. Por ello, “los barrios del sureste no solo están entre los más afectados por estas diferencia, sino que además son los más vulnerables a sus graves efectos sobre la salud”.

Un “obstáculo” para la calidad de vida que genera inseguridad

Un último efecto en el día a día de Vallecas está en su efecto en la percepción de la inseguridad. Clara, de San Diego, lo explica desde su experiencia: “El lugar está oscuro, sucio y hay personas viviendo o pasando el rato ahí. No todos son peligrosos, pero alguna vez me ha pasado que hombres me siguen o me hablan, lo cual genera inseguridad. El olor es insoportable y hay mucha basura, ya que algunas personas hacen sus necesidades allí”. Su conclusión es tajante: “De noche, no recomiendo pasar por debajo del puente, especialmente si eres mujer”.

Son algunos de los motivos de un barrio para exigir, una vez más, el fin de una estructura que trastoca y perjudica su rutina. Razones por las que Héctor Tejero, responsable de Salud y Cambio Climático del Ministerio de Sanidad (así como vecino de la zona), reclama su desmantelamiento en un documento compartido desde Vallekas Sostenible: “Para mí, el Puente de Vallecas era simplemente el puente, pero a pesar del enorme simbolismo que tiene para todos los que hemos crecido bajo su sombra, considero que derribar ese puto puente es una de las mejores cosas que nos pueden pasar a los vallecanos y vallecanas. Uno de los principales motivos es nuestra propia salud. Vivir al lado del scalextric nos hace tener peor salud”.

Pero Tejero va más allá y habla de un problema que lo es también de modelo urbano: “La salud no es el único motivo por el cual debemos acabar con el scalextric del Puente de Vallecas, aunque sí es el más importante. Es el último que queda en Madrid, lo que tampoco es casualidad, y un obstáculo para nuestra calidad de vida. Nosotros, los vallecanos y vallecanas, tenemos el mismo derecho a la salud que cualquier otro madrileño. Acabar con el scalextric es un primer paso para conseguirlo”.

Hace justo tres años, el 28 de marzo de 2023, Francisco Martín (Madrid, 1981) tomaba posesión como nuevo delegado del Gobierno en la región. Relevaba a la exconcejala Mercedes González y su perfil era bien distinto al de su predecesora, porque llegaba directamente de Moncloa, donde había ejercido diferentes cargos para Presidencia del Gobierno.

Su llegada fue recibida con recelo primero y luego animadversión tanto desde el Ayuntamiento como desde la Comunidad de Madrid. Tanto Almeida como Ayuso han tenido encontronazos dialécticos con Martín, peleas en reuniones o por redes y algún que otro desplante institucional. Algunos de ellos tienen que ver con los eventos multitudinarios que apoyan los dirigentes del PP, también motivo de discusión. El último tiene que ver con el gran estadio que una promotora va a montar en Villaverde para acoger once conciertos de Shakira.

La entrevista se realizó de forma previa a la detención del exdiputado de Podemos Serigne Mbaye. Preguntado este viernes sobre si la actuación policial pudo tener una base racista, el delegado del Gobierno defendió que no: “Y ninguna actuación policial puede tener una base racista ni discriminatoria. Existen protocolos y mecanismos internos para velar porque así sea y para adoptar las medidas pertinentes en el caso de que se detecte algún incumplimiento”, aseguró a preguntas de Somos.

SOMOS MADRID: ¿Qué problema tiene el recinto de conciertos de Villaverde? ¿Por qué cree que no deberían celebrarse allí eventos como el de Shakira?

FRANCISCO MARTÍN: Le he pedido al alcalde de Madrid en una carta que reconsidere su decisión de autorizar eventos masivos en el Iberdrola Music, porque él mismo y la Comunidad de Madrid estuvieron de acuerdo hace tres años en que ese recinto no estaba en condiciones de albergar eventos de fenómeno fan y no han hecho nada para mejorar las condiciones del entorno. Yo quiero ser clarísimo: ni Shakira ni nadie debe actuar en una ratonera. Y hoy por hoy, desafortunadamente y por la dejadez de la señora Ayuso y del señor Almeida, el entorno del Iberdrola Music es una ratonera.

No hay posibilidad de una evacuación masiva como la que un evento de esta naturaleza tiene que tener prevista, ya que sale todo el público a la vez cuando termina la actuación. Todos sabemos que está la M-45 colindando, que no hay aparcamientos, que no hay Metro. No hay más que recordar lo que pasó hace tres años con el concierto de Harry Styles, se vivieron unas situaciones dramáticas que no terminaron en una catástrofe de milagro. Y que conllevaron que, también con una carta mía, el alcalde cancelara toda la programación de ese año.

Le he pedido al alcalde dos cosas: o acondicionan aquello para que se puedan compatibilizar las condiciones de seguridad con este tipo de eventos, habida cuenta de que quedan seis meses para los conciertos de Shakira, o que se busque otra ubicación, una que sí tenga esas condiciones. Esto no es una cuestión política, por más que la señora Ayuso lo único que quiera sea confrontar con lo que sea. Estamos hablando de una cuestión que es estrictamente técnica y que debiera, de verdad, implicar la responsabilidad de todo el mundo, amenazando la seguridad de decenas de miles de personas. ¿Cuántas tragedias hemos visto ya?

¿Qué medidas se plantea la Delegación del Gobierno si el Ayuntamiento y los promotores insisten en esta ubicación?

Adoptaremos las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los asistentes. Y si lo que se plantea no las tiene, pues recurriremos a donde haya que recurrir para pedir que no se ponga en peligro a la gente. De verdad, no pueden condenar a los asistentes, a los fans, tampoco a los artistas, ni a los medios de comunicación, ni a nadie a tener que acudir a una ratonera para celebrar un evento de esta naturaleza.

¿Tiene un problema Madrid con los eventos? ¿Organiza demasiados?

Creo que tiene falta de planificación legal, pero también logística, para afrontar muchas de las cosas que quiere ir asumiendo. Y en ese sentido es bastante irresponsable la actitud porque va precipitadamente poniendo cosas sobre la mesa y después ya se resolverán. La Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Madrid es antiquísima, fue apenas maquillada tras la tragedia del Madrid Arena y desde entonces no se ha vuelto a tocar. Yo le he reclamado al consejero Novillo por activa y por pasiva una nueva Lepar y no he obtenido ninguna respuesta.

Ahora hemos sabido que en otra ley, como una disposición transitoria, van a incorporar una modificación de algunas cuestiones de la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. ¿Pero acaso Madrid, con el déficit que tiene, no exige el que se pueda tener un debate serio en el que participemos todos los que tenemos algo que decir alrededor de cómo se deben gestionar los grandes eventos?

En este contexto de problemas normativos... ¿Está preparada Madrid para acoger la Fórmula 1 en septiembre?

De nuevo esta es una cuestión que se ha planteado con precipitación por parte de las administraciones madrileñas. Hasta que nosotros no hemos reclamado trabajar la seguridad de este evento, no se ha podido avanzar. Nuestra voluntad es la de procurar que las cosas salgan bien, pero para eso hay que trabajar con planificación, con responsabilidad, con criterios técnicos sólidos, desde luego con lealtad y eso es lo que, ante todo, falta en esta región.

Otro de los grandes eventos que acogerá Madrid en breve será la visita del Papa ¿Cómo se está preparando?

Desde el Gobierno de España, a través del Ministerio de Presidencia. Hubo una primera visita del Vaticano, pero hay que seguir aterrizando toda la agenda y toda la logística alrededor de la visita del Papa. Es una gran oportunidad para Madrid: hay miles de personas que anhelan este momento y debemos trabajar todos juntos para que sea un éxito. Yo le he planteado, al igual que se ha hecho en las otras comunidades que visitará el Papa, la creación de una mesa de coordinación interinstitucional con la parte organizadora de la Conferencia Episcopal, la Presidenta de la Comunidad y el alcalde de Madrid. No han respondido y, por lo tanto, he tenido que convocarles a una reunión para la semana que viene. Confío en que prime la lealtad y la voluntad de que las cosas salgan bien.

Usted que conoció bien la preparación de la Cumbre de la OTAN de 2022, ¿cree que es el mayor evento al que se ha enfrentado Madrid en los últimos años?

En Madrid tenemos mucha experiencia en la organización de grandes eventos, multitudinarios, pero también con la visita de muchos mandatarios internacionales de todo tipo. Seguramente desde la Cumbre de la OTAN, la visita del Papa vaya a ser el evento más exigente que se ha producido en la Comunidad, aunque con una naturaleza diferente: habrá una movilización social importante a lo largo de los días que esté en Madrid, con diferentes actos multitudinarios.

Desafortunadamente Ayuso lidera el ala más ultraderechista dentro del Partido Popular y es quien dentro de todos los barones territoriales más apuesta por la confrontación como proyecto político

Dejemos el futuro para hablar de lo pasado, a ese 28 de marzo de 2023 cuando tomó posesión de su cargo como delegado del Gobierno. ¿Cómo recibió entonces el nombramiento y qué encontró al llegar?

Es un honor el poder representar al Gobierno de España en la Comunidad, un gran reto que afronté con enorme determinación, a sabiendas de las dificultades que había, porque hay quien niega, quien oculta, quien confronta sistemáticamente para hacer de ello su proyecto político. Yo creía que esas dificultades podían ser removibles y que podríamos avanzar desde un trabajo compartido con las demás instituciones. Desafortunadamente, lo que me he encontrado desde el minuto cero ha sido una puerta cerrada a cualquier entendimiento, un rechazo absoluto por parte de las instituciones dirigidas por el Partido Popular de Madrid a ninguna oportunidad para trabajar conjuntamente a favor de los madrileños y madrileñas. Pero tengo que decir que me he encontrado lo contrario por parte del tejido social, del tejido vecinal, de los sectores productivos empresariales que están ávidos de diálogo, de espacios de encuentro, de colaboración y de trabajo conjunto.

¿Qué le cuentan sus otros colegas de puesto? ¿Es igual esta relación con los gobiernos de otras comunidades autónomas?

Desafortunadamente Ayuso lidera el ala más ultraderechista dentro del Partido Popular y es quien dentro de todos los barones territoriales más apuesta por la confrontación como proyecto político. Y esto lo comparto muchas veces con otros delegados que tienen otro tipo de relación, incluso yo he hablado con otros presidentes autonómicos del PP. Responde estrictamente a esa voluntad de confrontar, de evitar cualquier oportunidad para la cordialidad, porque eso parece que desmonta el paradigma en el que cabalga Díaz Ayuso, que el Gobierno de España es lo peor que le ha podido pasar a Madrid y al mundo en la historia. Eso es una falacia, porque todos estamos viendo que el compromiso es el mayor que ha tenido nunca ningún gobierno. Se traduce en aportaciones económicas y en proyectos concretos para transformar, para hacer de Madrid una región más justa.

Cuando llegó hace tres años surgían muchas informaciones sobre sucesos relacionados con bandas juveniles. ¿Cómo ha evolucionado el plan para combatirlas?

Di continuidad al plan de choque que puso en marcha Mercedes González, desde entonces se intensificó la labor policial y se han ido cosechando buenos resultados. Nada tiene que ver la realidad de las bandas juveniles en 2022 con la que hay ahora: en 2025 hubo un 13% menos de hechos delictivos asociados a ellas que en 2024 y un 50% más de detenidos. La intensidad policial es máxima, la vigilancia sobre esta tipología delictiva es total, pero yo siempre reclamo que más allá, debemos trabajar desde una perspectiva preventiva. Estamos hablando de chavales, que requieren de políticas que ofrezcan alternativas a la calle, de formación, de ocio, que son responsabilidad de todas las administraciones y que si se brindan posibilitan también que haya menos gente que se complique la vida tan joven.

Otro de los puntos de fricción con la Comunidad de Madrid está relacionado con los menores no acompañados y sus centros...

Estoy convencido de que Ayuso está muy orgullosa de ser la lideresa territorial del PP que más beligerancia está prestando a la política migratoria del Gobierno de España. En momentos en los que lo que hace falta es solidaridad, altura de miras y atender conjuntamente entre todos la necesidad de una respuesta al reto migratorio, el PP de Madrid lidera las dificultades, el boicot a cualquier iniciativa que adoptemos. Están haciendo gala de esa petición de expulsión de 86 menores, obviando que la tutela corresponde íntegramente a las comunidades autónomas. Los déficits que tienen no son por sobresaturación, están muy por debajo de la capacidad que se le ha determinado a la Comunidad de Madrid en cuanto a menores que puede acoger en el sistema. Es una cuestión de voluntad a la hora de atender adecuadamente la responsabilidad de una manera humana y solidaria.

Y luego está petición del cierre del Centro de Atención a Extranjeros de Pozuelo, porque en el momento en el que atisbaron que en vez de niños ucranianos podían llegar niños con otro color de piel, aquello ya les pasó a no gustar y se buscaron cualquier artimaña para intentar cerrar aquel centro asistencial. También pasa en el de Alcalá, donde además hemos escuchado todo tipo de mensajes que buscan criminalizar y estigmatizar, generar miedo alrededor de las personas migrantes.

También hay críticas sobre la regularización planteada por el Gobierno...

Por la mesa del despacho del delegado han pasado todos los sectores productivos de la Comunidad de Madrid. Ha pasado la Iglesia, el tejido social, los sindicatos... y todos ellos han reclamado que se pusiera en marcha una medida como la regularización prevista por el Gobierno de España. Todos. El propio PP votó a favor de la ILP en el Congreso, pero ha sido la señora Díaz Ayuso quien ha decidido cambiarle el paso al partido.

En 2025 la Comunidad de Madrid ha alcanzado el mínimo histórico de criminalidad en nuestras calles. Desde que hay registros, como saben, se ha registrado la menor tasa de criminalidad de la historia de la Comunidad de Madrid. Esto se ha producido en paralelo al incremento poblacional que ha experimentado Madrid, llegando a los 7,1 millones de habitantes. Hay mayor proporción de población migrante y la menor criminalidad de nuestra historia. Pero el PP, la derecha extrema y la extrema derecha de Madrid están empeñados en señalar, en criminalizar a los migrantes como responsables de la delincuencia. Creo que es francamente irresponsable, además de falaz, es una mentira colosal y, por lo tanto, tenemos que hacer todos los ejercicios posibles para rebatir esos discursos.

Pese a los buenos datos de criminalidad que registra Madrid, ¿qué delitos que todavía persisten le tienen más preocupado?

Estamos en las cifras más bajas de criminalidad en nuestra historia. Acompañadas del máximo histórico de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y de los mejores registros en eficacia policial que ha habido nunca. Pero no nos conformamos con ello, ni mucho menos. Una de estas cuestiones es sin duda la que tiene que ver con los delitos contra la libertad sexual. En Madrid estamos comprobando de manera consolidada, trimestre tras trimestre, un incremento de las denuncias, por encima de la media nacional. Esto siempre tiene un componente de reducción de la cifra oscura, de esa parte que no se ha denunciado y que ahora, por esa sensibilización y confianza en las instituciones, las mujeres sí están pasando a denunciar. Pero también hay otras casuísticas en el entorno de los menores, algún otro tipo de delito contra la libertad sexual que sí que vemos que se puede estar incrementando. Tenemos que multiplicar nuestros esfuerzos para prevenir, para proteger y para atender mejor a las víctimas de la violencia machista.

La Delegación ha abierto una mesa hace dos años para el análisis de la evolución de la violencia machista en la Comunidad de Madrid, en la que han participado cantidad de actores de todos los sectores asistenciales, educativos, jurídicos, políticos... pero se ha negado a estar el Partido Popular. Es una muestra muy preocupante de falta de responsabilidad para trabajar con unidad en favor de esta cuestión.

Año tras año acumulamos cifras inasumibles, cifras absolutamente terribles de asesinatos de mujeres, de menores también. En Madrid estamos promoviendo que los municipios se incorporen al sistema VioGén, que posibilita la coordinación entre las policías locales y las fuerzas de seguridad del Estado, para garantizar una protección más efectiva de las víctimas. Ahora hay 12.300 mujeres que están como casos activos dentro del sistema. Ellas ya han podido pedir ayuda.

Debemos de mandar todos los mensajes que podamos para generar esas condiciones de confianza. La incorporación a VioGén significa ese mensaje. Y aun así, en esta comunidad todavía quedan 30 municipios con más de ocho policías locales que están fuera del sistema VioGén. Municipios importantes como Valdemoro, Torrelodones, Galapagar, Paracuellos... o la situación del Ayuntamiento de Madrid, que está trabajando dentro del sistema VioGén pero con un convenio caducado, porque el alcalde de Madrid pretende instrumentalizar la renovación para desarrollar las competencias de su policía municipal. Y eso es algo inaceptable.

Con estos tres años que lleva como delegado en Madrid ha superado ya el tiempo que estuvo su antecesora, Mercedes González. En el listado hay que remontarse a 1991 para encontrar a otra delegada, en este caso Ana Tutor, que estuvo más tiempo que usted con un gobierno socialista. ¿Cuál ha sido su secreto para resistir?

Bueno, digamos que he leído el Manual de resistencia del presidente (bromea). Ahora en serio, la realidad responde a tener claro que el Gobierno de España está comprometido con esta región y está intentando pelear porque a Madrid le vaya bien, a pesar de todos los obstáculos que nos ponen repetidamente. Es la convicción en ese compromiso con la justicia social, con la igualdad, con la libertad de verdad, la que nos trae a pelear, a salir cada día a intentar que los servicios públicos funcionen mejor, y también a que Madrid sea cada vez una región más justa.

Y todo ello impulsado por el ejemplo que se da desde el presidente Sánchez, cada día desde hace ya casi ocho años. He podido trabajar mucho con él en todos estos años y soy consciente del compromiso que él tiene cada día con nuestro país, y creo que esa es la mejor inspiración para poder salir cada día a pelear en Madrid, que desde luego no es ni mucho menos una plaza fácil.

¿Se plantea dentro de un año ayudar a su partido en otros ámbitos o continuará como delegado del Gobierno?

Llevo 25 años militando en el Partido Socialista de Madrid y voy a trabajar siempre para que el proyecto socialista le vaya lo mejor que pueda a esta región. Porque si Madrid necesita algo es que haya una regeneración democrática, es una urgencia absoluta después de tres décadas de proyectos continuados basados en el pelotazo, en la injusticia social y en perder oportunidades para esas mayorías sociales que tanto necesitan de los servicios públicos. Formo parte de la ejecutiva regional que lidera Óscar López, y estamos trabajando para construir esa alternativa con mensajes muy claros a la ciudadanía que señalen la gravedad de lo que está pasando en la Puerta del Sol, de ese modelo que ahora representa Ayuso.

Es un modelo de tres décadas, que ahora vemos tan claro con el universo de los pelotazos del entorno de la señora Díaz Ayuso alrededor de las contrataciones con Quirón, principal proveedor de la Comunidad de Madrid y, oh casualidad, principal contratista de la pareja de la señora Díaz Ayuso, una relación tan lucrativa como repentina, pero desafortunadamente nada llamativa porque es el modus operandi del Partido Popular de Madrid.

Si pudiera elegir que Almeida o Ayuso se abrieran a una cosa de las que propone, ¿cuál sería la más urgente?

Que vinieran a la mesa de la violencia machista, que se comprometieran a trabajar conjuntamente para buscar soluciones, mejorar las políticas entre todos para atender el drama absoluto, la injusticia que representa la violencia machista. Sin duda sería lo primero que desearía de una larga lista de ejemplos de falta de cooperación y colaboración leal, interinstitucional, que creo que debiéramos corregir.

La anulación de la tasa de basuras del Ayuntamiento, que apenas lleva un año en vigor y empezó a cobrarse desde hace meses, ha pillado a muchos por sorpresa. Esta semana arrancó con la noticia de que el TSJM, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ha decidido estimar los recursos que varias instituciones y organizaciones presentaron contra la norma, burocráticamente llamada Ordenanza Fiscal 8/2024. La resolución del aparato judicial autonómico no es definitiva: aún cabe recurso, pero el alcalde no termina de confirmar si apelará el dictamen.

La responsable de su diseño, la delegada municipal de Hacienda, ha pedido más tiempo para que sus servicios jurídicos estudien la sentencia y concluyan qué se debe hacer. Lo que dice la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo es que el consistorio no explicó debidamente cómo se calculaba el coste del servicio, ni aclaró los criterios que deteminarían cada cuota.

El juzgado concluye con esto que el Ayuntamiento de Madrid cometió una “infracción sustancial de las normas” durante su tramitación, pues determina que Almeida omitió estas cuestiones en el informe técnico-económico expuesto en el período de información pública, perjudicando según el TSJM ciertas garantías esenciales.

Dónde y cómo reclamar: dos vías administrativas

Si la anulación de la tasa se afianza con una sentencia firme, el Ayuntamiento tendrá que devolver el dinero recaudado hasta la fecha a las 130.187 personas que, en su día, reclamaron a la Agencia Tributaria o el Tribunal Económico-Administrativo Municipal de Madrid. Cuando el tributo comenzó a cobrarse, organizaciones como la FRAVM (Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid) pusieron en marcha campañas de divulgación para explicar paso a paso cómo apelar por la vía administrativa. En esta ocasión, se mantiene la misma fórmula.

Con el fallo del TSJM se abre otro proceso de reclamaciones para solicitar la devolución de la tasa correspondiente a 2026, siempre que el afectado ya haya sido notificado del cobro y presente el recurso en el plazo de un mes desde que obtuvo el recibo. Como estos comprobantes no han comenzado a enviarse, aún no es posible recurrir. Igualmente la devolución no será efectiva hasta que no haya una sentencia firme.

Quién puede recurrir la tasa y aspirar a recuperar el dinero

Sin embargo, por el momento y salvo que el Ayuntamiento logre revocar la orden judicial, esta misma solo aplica a quienes presentaron su demanda administrativa en 2025 y aún no la tienen resuelta, o a quienes se la desestimaron hace dos meses o menos, el plazo límite para recurrir por lo contencioso-administrativo.

En realidad, aún se desconoce si el TSJM aplicará la sentencia por defecto solo a las personas que reclamaran la primera vez o bien a todos los vecinos que hayan pagado la tasa, de reafirmarse su anulación. Pero para sumar papeletas a quienes no recurrieron en ese plazo y quieran hacerlo ahora que se ha pronunciado el tribunal autonómico también existen opciones.

Qué pasa con las 130.000 reclamaciones presentadas en 2025

En septiembre de 2025, el área de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid comenzó a girar los recibos de la nueva Tasa de Gestión de Residuos (TGR), un gravamen municipal que recuperaba más de una década después por obligación estatal. Los ciudadanos que no estaban de acuerdo con su abono podían recurrir en ese momento, pero no después: tenían que hacerlo dentro de los 30 días posteriores a la notificación oficial del consistorio.

Tanto entonces como ahora, los recursos pueden presentarse sin necesidad contratar a un abogado. Hay varias formas de hacerlo. Una de ellas es a través de la sede electrónica del Tribunal Económico-Administrativo Municipal de Madrid, pero también se puede acudir presencialmente a cualquier oficina del registro municipal. Al tratarse de un procedimiento administrativo, no tiene coste alguno.

Y si no reclamé en 2025, ¿puedo hacerlo ahora?

Si ese es el caso, o bien se apeló en su día pero el recurso se desestimó recientemente, es posible presentar una solicitud llamada, según su nombre oficial, de revocación de acto de gravamen y nulidad por vulneración de derechos. Esta vía permite requerir la revisión de un acto tributario firme; es decir, para el que ya se ha notificado una negativa a la devolución de la tasa, apelando a la última sentencia del TSJM que declara su nulidad.

En este enlace puede consultarse una guía elaborada por Más Madrid, el principal partido de la oposición local, para recurrir paso a paso o descargar el modelo para la solicitud. Deberán introducirse datos como el importe liquidado, la fecha en la que se abonó la tasa o la referencia catastral del inmueble al que está asociada, así como su dirección postal.

Por qué se aprobó una tasa de basuras en Madrid

La tasa de basuras parte de una orden del Estado que el Ejecutivo municipal insiste en haber aprobado por “obligación” y que, a su vez, obedece a otra directiva europea. Un marco superior que en Cibeles consideran “injusto”, y que desde hace un año exige a los ayuntamientos recuperar este impuesto para costear la limpieza urbana o la recogida de residuos.

A raíz de este último mazazo, ya con el TSJM poniendo la norma en el punto de mira, el Ayuntamiento de Madrid contempla dos opciones: o bien recurrir la sentencia del TSJM ante el Supremo o aceptar su contenido y, luego, estudiar cuánto dinero hay que devolver y cómo debe hacerlo. La decisión no está tomada.

Este jueves, la concejala de Más Madrid Sara Lara ha presentado una campaña de presión que incluye recogidas de firmas contra la tasa y se anuncia bajo un lema provocador: “Almeida te debe dinero, así puedes recuperarlo”. A su vez, la edil socialista Enma López ha asegurado a los medios que el PSOE pedirá explicaciones al alcalde en todas las Juntas Municipales de Distrito, llegando a catalogar el impuesto de “chapuza”.

“Me dirijo a usted para solocitarle formalmente que reconsidere su posición y que el Ayuntamiento de Madrid no autorice la celebración de eventos masivos en el Iberdrola Music”. Así arranca el delegado del Gobierno en la Comunidad, Francisco Martín, una misiva dirigida al alcalde José Luis Martínez-Almeida. En ella, pide al regidor que no autorice por el momento actividades multitudinarias en el recinto situado entre el distrito de Villaverde y el municipio de Getafe.

La comunicación llega en un contexto en el que acaba de hacerse pública la celebración de al menos seis conciertos de Shakira en septiembre. Actuaciones en un “estadio” al aire libre con capacidad para 50.000 espectadores bautizado con el nombre de la artista colombiana y que se levantará para la ocasión. Estará integrado en una residencia que pretende convetir a Madrid en “epicentro de la cultura latina”, según sus promotores. Todo ello en un entorno que albergará otras actividades culturales en las jornadas de conciertos, llamado Parque Macondo.

La petición, con fecha del pasado lunes 23 de marzo, apela a evitar estos grandes acontecimientos “mientras no concurran las condiciones adecuadas de accesibilidad, movilidad y seguridad que una ciudad como Madrid debe garantizar a quienes acuden a estos espectáculos”. Martín recuerda al alcalde que es una “reclamación” que viene realizando expresamente desde hace tiempo ante “los antecedentes recientes que desaconsejaban el uso de ese espacio para eventos con afluencia masiva de público”. Señala, igualmente, que el propio Gobierno de Cibeles “se ha reconocido, desde lo sucedido con Harry Styles, que aquel no era un espacio adecuado para eventos de estas características si no se corregían previamente los déficits”. Una “constatación” que para el delegado “debería haber llevado a una actuación mucho más decidida para evitar los mismos problemas”.

Señala que “en la reunión institucional celebrada en 2024 en la Delegación del Gobierno”, que presidió el propio Francisco Martín, se volvió a constatar por las administraciones y organismos implicados que seguían existiendo “deficiencias relevantes en materia de accesibilidad, movilidad y ordenación de flujos de entrada y salida, incompatibles con la celebración de grandes eventos en condiciones de seguridad”.

Martín había mostrado ya sus reservas ante el proyecto de la cantautora responsable de éxtiso como Loca o Ciega, sordomuda. Deslizó que el Iberdrola Music “sigue sin tener las condiciones adecuadas” para conciertos tan ambiciosos. Reclamó a Almeida e Isabel Díaz Ayuso que se tomen “muy en serio” la seguridad de los asistentes a los grandes eventos en la Comunidad de Madrid: “No puede ser que ahora estén facilitando que en un espacio como Iberdrola Music, donde ellos mismos dijeron que no se podían celebrar eventos de fenómeno fans, ahora se vaya a poder celebrar una serie de conciertos que tienen esa serie de características”.

Un cuestionamiento que el concejal delegado de Urbanismo y Movilidad, Borja Carabante, había desdeñado al achacarle un interés por “boicotear la ciudad”. Pino Sagliocco, presidente de la promotora Live Nation, defendió las cualidades del recinto en la presentación del pasado lunes de la llegada a Madrid del Las Mujeres Ya No Lloran World Tour y lo definió como un espacio “experimentado y bien acondiconado”, sin entrar a valorar las distintas multas a las que Mad Cool se ha enfrentado en los últimos años.

Sagliocco sostiene que “el plan de movilidad está ya hecho” y apela a su experiencia: “Tengo 48 años de profesión, jamás haría un concierto sin un plan de movilidad avalado por ingenieros. La seguridad del público está por encima de todo. No hay ni un detalla dejado al azar”. El empresario rememoró incluso que la cantante Adele “establecó su residencia en un parque de Munich”, en contraposición a las grandes prestaciones que desde su punto de vista ofrece el Iberdrola Music.

El promotor zanjó este tipo de controversias con una declaración tajante que apela precisamente a posibles multas: “Un acto de esta envergadura merece pagar las multas que sea”. Además, contrapuso los beneficios que reportará con otro gran evento que llegará a Madrid en septiembre, ya que cree que los conciertos y experiencias en torno a Shakira “generan diez veces más que la Fórmula 1”.

“De aquellos polvos, estos lodos”. Con esta expresión una afectada resumía el efecto directo, pero también a la hora de redefinir un modelo, que tuvo para la situación de la vivienda en Madrid la venta de 1.860 pisos protegidos al fondo buitre Blackstone. Arantxa Mejías, presidenta de la Asociación de Afectados y Afectadas por la venta de viviendas públicas de EMVS (AAVVE), recordaba así y entre duras críticas una operación impulsada por el Gobierno de Ana Botella en 2013. Un procedimiento que vuelve a ser noticia, ya que según varios medios económicos e inmobiliarios, Blackstone podría estar negociando revender los miles de inmuebles. Todo ello, con la amenaza de que muchos de los contratos de alquiler no sean renovados.

La mejor posicionada al respecto de la compra es la gestora de fondos canadiense Brookfield, la cual negocia en exclusiva con Blackstone la adquisición de su Socimi residencial Fidere, que cuenta con unas 5.300 viviendas en alquiler. Entre ellas, las 1.860 de una de las operaciones de vivienda pública más polémicas de la historia reciente.

La portavoz de Más Madrid en Cibeles, Rita Maestre, preguntará al alcalde José Luis Martínez-Almeida sobre este asunto en el pleno municipal del próximo martes 24 de marzo. En un vídeo compartido en redes sociales, la concejala explica que los vecinos afectados se han organizado “contra la nueva operación con la que Blackstone pretende enriquecerse aún más vendiendo estas casas a otro fondo buitre por mucho más dinero del que pagó”. El objetivo de su partido es que “el Ayuntamiento de Madrid, ahora que los edificios están en venta, recupere el patrimonio de todos los madrileños y los vuelva a comprar”.

Para la líder de la oposición, el Partido Popular “engañó a los vecinos” al asegurarles que los alquileres no se tocarían, cuando no fue así. Arantxa Mejías recordaba en conversación con Somos Madrid que sus padres pasaron de pagar unos 500 euros mensuales cuando el Consistorio les concedió su vivienda de protección oficial en 2004 a unos 1.100 dos décadas después. “Aseguraron que las viviendas que eran con opción a compra lo seguirían siendo y tampoco fue así”, reprocha también Maestre.

La edil abordará en Cibeles la operación de venta de estas miles de viviendas y adelanta además la amenaza de que cientos de contratos dejen de renovarse: “Sabemos, a través de las familias y del Sindicato de Inquilinas de Madrid, que Blackstone ha comunicado que no va a renovar los contratos. Y que estas últimas semanas el posible comprador anda visitando los edificios, concretamente en Carabanchel”. Este periódico ha contactado con Testa Homes, la filial de Blackstone que gestiona las promociones afectadas, acerca de la posible venta a Brookfield y el impacto en las condiciones contractuales de los arrendatarios. Por el momento, no han trasladado ninguna respuesta.

Lamenta Maestre que “Almeida permite a los especuladores y fondos buitre jugar a su antojo con la vivienda de los madrileños y madrileñas”. Así, dice, “ahora estamos en el de Blackstone a Brookfield y tiro porque me toca, mientras las familias caen siempre en la misma casilla: subida de alquileres y expulsión de sus barrios”.

“Aquella operación fue una vergüenza por la que hoy los madrileños seguimos pagando la factura de ese expolio, el de 1.860 viviendas públicas de la EMVS [Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo de Madrid]. Fue la primera gran alfombra roja a los fondos buitre en Madrid. Fue el PP quien creó este problema y el PP tiene la obligación moral y legal de solucionarlo”, sentencia la concejala.

El PP desdeña una posible recompra municipal: “Estupidez propia del comunismo más rancio”

Pero la propuesta de Más Madrid, que el Ayuntamiento compre esas viviendas y las devuelva al patrimonio público de la EMVS porque es “de donde nunca debieron salir” (garantizando además “alquileres indefinidos y asequibles”), se ha encontrado ya con el rechazo del Gobierno de Almeida.

El portavoz del Partido Popular en el Consistorio, Carlos Izquierdo, ha calificado la proposición de Maestre de “auténtica estupidez propia del comunismo más rancio”. Para el también concejal presidente del distrito de Carabanchel (el más afectado por la venta de los pisos públicos), las declaraciones de la edil son “discrecionales y arbitrarias”, ya que “operaciones similares se han hecho por parte de la Seguridad Social y Más Madrid no ha dicho nada”.

Anima a la líder de la oposición en Cibeles a “decir cómo quiere que se saque ese dinero para comprar casi 2.000 viviendas”. “¿Del bolsillo de todos los madrileños?”, se pregunta Izquierdo. Desde su punto de vista, la solución es “aumentar la oferta de vivienda pública y dar estabilidad al mercado”.

Una operación plagada de irregularidades sin consecuencias penales

Bajo el pretexto de garantizar la solvencia económica de EMVS, Botella provocó que 18 promociones de casas públicas de arrendamiento y de arrendamiento con derecho a compra (el 20% del patrimonio total que EMVS poseía por entonces) terminaran en manos de las sociedades Fidere Gestión y Fidere Vivienda, ahora rebautizadas como Testa Homes. Filiales todas ellas del fondo buitre Blackstone, que desembolsó menos de 128 millones de euros. Apenas 70.000 euros por casa.

Con ello, la protección desapareció y miles de personas vieron cómo de la noche a la mañana los alquileres que abonaban se multiplicaban. Lo que la exalcaldesa vendió como un simple “cambio de casero”, se convirtió en realidad en una vulneración de las condiciones iniciales de los contratos. Para Mejías, además de los perjudicados directos, “hubo miles de afectados indirectos al menospreciar un derecho ciudadano como la vivienda social, esa a la que debería poder acceder cualquier familia para vivir con dignidad”.

Por ello la noticia de un posible nuevo cambio en la propiedad ha avivado la controversia sobre un proceso que, según un informe de la Cámara de Cuentas de Madrid publicado en 2016, “vulneró las más elementales reglas de buena gestión”. El dictamen enumeraba a lo largo de 66 páginas un cúmulo de irregularidades por parte de EMVS en la enajenación de su cartera de viviendas. Entre ellas, que el Ejecutivo de Botella facilitó información privilegiada a cuatro compañías (Azora-Morgan Stanley, Lone Star, Harbour Group-Álvarez & Marsal y Magic Real State-Blackstone, la adjudicataria final) sobre las condiciones de la venta, antes de hacer pública la operación el 3 de mayo de 2013.

El órgano de control concluyó que la decisión de vender estas promociones se tomó “como poco entre el 12 de diciembre de 2012 y antes del 2 de abril de 2013”. En otras palabras, “no hubo concurrencia pública” a la hora de vender esa cartera de pisos sociales. De hecho, se habían presentado ofertas antes de que el proceso fuese abierto. Pese a todo ello, el Gobierno de Almeida sigue sin condenar explícitamente la actuación del equipo de Botella, e incluso llegó a torpedear la acusación particular del Ayuntamiento en el juicio (impulsada en la etapa de Manuela Carmena).

Finalmente la Audiencia Provincial de Madrid y luego el Supremo acabaron absolviendo a Botella; el exconsejero delegado de EMVS, Fermín Oslé y el apoderado de Fidere, Alfonso Benavides. En la vertiente administrativa, el Tribunal de Cuentas condenó en primera instancia a la exalcaldesa y siete altos cargos de su Ejecutivo, pero la sentencia fue luego revocada. Dos consejeros nombrados por el PP libraron a Botella de un castigo millonario por valor de 25,7 millones. 

En abril de 2025, el Tribunal Supremo revocó asimismo una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid y asestó un nuevo revés a los inquilinos, al rechazar que los arrendatarios de viviendas de protección oficial tengan derecho a adquirirlas por la misma cantidad que Blackstone pagó al Consistorio. Unos 70.000 euros por casa que ejemplifican el pelotazo del fondo buitre, más cerca de potenciarse todavía más con esta posible reventa.

El alcalde de Madrid ha utilizado el incidente que tuvo este miércoles durante un discurso, cuando una paloma le defecó encima, para lanzar un mensaje de concienciación a los ciudadanos, pidiéndoles que no les den de comer.

José Luis Martínez-Almeida sufrió el incidente mientras presentaba un monumento en la calle Juan Bravo, con un corte de pelo recién estrenado. El alcalde restó importancia a los hechos y hoy ha descartado que haya un problema de plaga de palomas en la ciudad, en respuesta a una pregunta durante la rueda de prensa de Jutna de Gobierno.

“Al margen de lo que sucedió ayer, Madrid Salud nos indica que no hay un problema de plaga de palomas en la ciudad de Madrid. Lo que sí nos dice es que es cierto que hay algunos puntos de la ciudad que tiene alta concentración de palomas”, advertía el primer edil.

Almeida achaca esta situación a que se dé de comer a las palomas, “que por cierto no está permitido por la ordenanza municipal”, puntualizaba, a la vez que reclamaba a la qiudadanía que no alimenten a estas aves, aunque es consciente de que “lo hacen de manera bien intencionada”.

“Todos sabemos, yo el primero, el efecto corrosivo que tienen las palomas”, ha bromeado.

Luego se ha puesto más serio porque, avanzada la rueda de prensa, Almeida ha cargado contra una oposición “que lo único que busca es sencillamente destruir por destruir y el titular por el titular”, lo que le ha llevado hasta la portavoz socialista, Reyes Maroto.

“Lo siento, pero no provoqué que la paloma me cagara. Lo digo porque vi ayer un tuit suyo muy indignada con el hecho de que se le prestara atención a que le había cagado una paloma en la cabeza al alcalde. Oiga, yo no busqué que me cagara la paloma, pero claro, lo de Reyes Maroto ya empieza a sonar un poco grotesco”, ha lanzado.

Almeida se ha referido al tuit a partir de la “anécdota” de la paloma, en el que Maroto escribía que “Madrid tiene problemas como vivienda inaccesible, desahucios, contaminación, barrios sin recursos, familias que no llegan a fin de mes pero el titular es que un pájaro evacúa en el alcalde. No es anécdota, es síntoma de en qué estamos poniendo el foco. Porque lo que elegimos mirar también define lo que decidimos ignorar”.

Para el alcalde resulta “grotesco” que la socialista “se queje del tratamiento que le dan los medios de comunicación” a un incidente que él ha calificado de “anécdota”. “¿Pero qué labor de oposición hace Reyes Maroto para quejarse de que los medios de comunicación se hagan eco de una escena que, nos parecerá mejor o peor, que puede tener cierta gracia incluso?”, se ha preguntado. “Como si esta ciudad no tuviera problemas más graves de los que ella se tuviera que ocupar pero en fin, es lo que hay”, ha concluido.

La Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción del Ayuntamiento de Madrid vuelve a estudiar una polémica en torno a David Pérez, el edil presidente de Hortaleza y la figura más polémica en el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida. Después de que el organismo rechazara varias denuncias en torno a posibles contrataciones irregulares en la Junta Municipal del distrito, este jueves el PSOE de la ciudad ha elevado otra por el veto de Pérez a un acto de la Asociación Vecinal La Expansión de San Lorenzo en el centro cultural Huerta de la Salud.

La portavoz socialista en Cibeles, Reyes Maroto, ha recordado al presentar el escrito que el exalcalde de Alcorcón rechazó la petición vecinal “bajo el criterio de neutralidad y, al mismo tiempo, autorizó un acto del PP”. Ambos hechos coincidieron además en el tiempo el pasado 12 de marzo, aunque finalmente el evento con la vicealcaldesa Inmaculada Sanz fue suspendido al estallar la controversia.

“Este doble rasero es inaceptable, un uso partidista de los recursos públicos, y por eso llevamos esta denuncia ante la Oficina del Fraude y la Corrupción por presunto abuso de poder o corrupción administrativa”, recalca Maroto. “El Ayuntamiento no se puede convertir en un cortijo para el equipo del alcalde”, subraya, al tiempo que lamenta cómo “Hortaleza parece el banco de pruebas de Almeida para ver hasta dónde se llega en silenciar a vecinos y vecinas de Madrid”.

Maroto, que ha presentado la denuncia flanqueada por el también edil socialista Jorge Donaire, ha exigido responsabilidades políticas y pide el cese o la dimisión del que fuera consejero de Transportes y Vivienda en el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso. “El PSOE lleva al pleno de este jueves una moción de urgencia en este sentido, porque las asociaciones están indefensas por el uso partidista que hace el concejal presidente. No es un caso aislado. Es su manera de proceder y Almeida tiene que cesar a David Pérez”, concluye la líder del Grupo Municipal Socialista en la capital.

Un veto por “neutralidad” entre actos del PP con Sanz o Álvarez de Toledo

En el escrito presentado por los socialistas, apelan a la importancia que otorga a la participación vecinal en los asuntos públicos el Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid, inspirado a su vez por la Carta Europea de la Autonomía Local de 1985 y la Constitución Española. El mencionado reglamento contempla a su vez la posibilidad de ceder, puntual o temporalmente, espacios municipales a las entidades y colectivos ciudadanos inscritos en el Censo Municipal de Entidades y Colectivos Ciudadanos.

El PSOE contrapone el veto de Pérez, en el que se parapeta en argumentos como la “neutralidad” (término que cita hasta en 16 ocasiones) de los espacios públicos, al acto programado el pasado jueves o a otros que el Partido Popular de Hortaleza ha organizado en centros municipales. Así, el pasado 17 de diciembre tuvo lugar otro en el centro Huerta de la Salud con la portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular, Cayetana Álvarez de Toledo. La denuncia apostilla igualmente que “la propia resolución cita la doctrina del Tribunal Constitucional, según la cual la neutralidad no permite controles sobre el contenido del mensaje, salvo cuando se vulnere la legalidad”.

La prohibición del debate vecinal sobre la gestión de la Junta de Hortaleza se produce en un distrito en el que el pasado octubre se celebró un acto de corte negacionista y antivacunas en el Centro Cultural Sanchinarro, dotación pública de gestión privatizada. Y en un ambiente muy caldeado, que ha granjeado a Pérez el apodo de concejal aguafiestas: prohibió el tradicional Carnaval vecinal de Hortaleza por coincidir con la Cuaresma o festivales de gran trayectoria como el Luis Aragofest, alegando cuestiones burocráticas. También mermó la participación de asociaciones en diferentes festejos al limitar las casetas asignadas y las ayudas recibidas.

La nueva directora de producción de la sociedad encargada de la explotación de la M-30, Calle 30 —que este 2026 volvió a ser una entidad totalmente pública 20 años después—, ocupaba ese mismo cargo en Emesa. Es decir, en la sociedad privada que durante esas dos décadas ha poseído un 20% del organismo responsable de gestionar la M-30. Desde el área de Obras del Ayuntamiento de Madrid aseguran que todos los procedimientos de contratación se han desarrollado “conforme a la normativa” y “con arreglo a los principios de igualdad, mérito y capacidad”.

Sonia Suárez trabajó en Emesa desde 2006, al poco tiempo de ejecutarse la privatización parcial. Ocupó el alto cargo de responsable de producción de febrero de 2017 a diciembre de 2025, cuando dejó su puesto. Solo un mes después se incorporó a Calle 30, justo al materializarse la salida de Emesa en la participación de la sociedad y al completarse la remunicipalización.

Como directora de producción, Suárez coordina la planificación, organización y supervisión de los recursos y procesos operativos (asfaltado, seguridad, señalización...) en Calle 30. Esta es, a su vez, la sociedad municipal encargada del mantenimiento y explotación de la M-30, la principal vía de circunvalación de la capital. Con 48 kilómetros, se trata de la autopista más transitada de España y cuenta con la red de túneles urbanos más extensa de Europa: 32,5 kilómetros de un anillo que rodea el centro de la ciudad.

Pese a la remunicipalización, Calle 30 (ahora liderada por el polémico exconcejal Javier Ramírez) sigue ejecutando muchas de las operaciones y proyectos en la vía a través de adjudicaciones con empresas privadas. Paradójicamente, esos contratos pueden ir a parar a empresas que antes integraban la propia Emesa. De ahí que Samuel Romero, consejero apoderado de Calle 30 durante la etapa de Manuela Carmena en Cibeles, alerte en conversación con Somos Madrid de “un conflicto de intereses evidente” al colocar a una antigua dirigente de Emesa como alto cargo de la empresa pública. De hecho, cree que esa vinculación podría seguir vigente: “Cuando te nombran cargo público, sueles pedir excedencia en tu puesto de origen”.

Romero expone la dificultad del puesto de Suárez y las dificultades que entraña la posición de la que procede: “Ha trabajado en empresas que ahora va a tener que vigilar. Eso complica exigir que cumplan sus contratos, algo que ya es muy difícil de por sí con las resistencias que ponen unas compañías que buscan ahorrar hasta el último céntimo”. Es por ello que cuestiona el nombramiento, aunque no duda de los “conocimientos” de Suárez “sobre obra civil y las materias de su competencia”.

Ha trabajado en empresas que ahora va a tener que vigilar. Eso complica exigir que cumplan sus contratos, algo que ya es muy difícil de por sí con las resistencias que ponen unas compañías que buscan ahorrar hasta el último céntimo

Samuel Romero — Exconsejero apoderado de Calle 30

Algunos de estos contratos ascienden a importantes cifras, como el formalizado el pasado noviembre (cuando la remunicipalización no se había completado y Suárez seguía en Emesa) por valor de casi 198 millones de euros para la explotación y conservación de los túneles del anillo de la M-30. El órgano de contratación, la propia Calle 30, lo adjudicó a una UTE (Unión Temporal de Empresas) integrada por Serveo, API Movilidad, Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas y Asfaltos Vicálvaro. Algunas de esas compañías estaban integradas en la propia Emesa, conformada por Ferrovial (ahora renombrada como Serveo), Api Conservación (perteneciente al mismo grupo que Api Movilidad, imesAPI) y Dragados.

Desde el área de Obras del Ayuntamiento de Madrid (la delegada, Paloma García Romero, preside Calle 30), en declaraciones a este medio, justifican que “la sociedad está adaptando su estructura y medios a la nueva forma de gestión”. En este contexto, argumentan, “se han iniciado varios procedimientos de contratación de personal para dar cobertura a las nuevas necesidades de recursos humanos”. Defienden que todos ellos se han desarrollado “conforme a la normativa aplicable, con arreglo a los principios de igualdad, mérito y capacidad, mediante las correspondientes convocatorias abiertas a todas las personas interesadas, previamente autorizadas e informadas por el Ayuntamiento de Madrid”.

Una “oportunidad perdida” para “crear una empresa pública potente”

A raíz del nombramiento de Suárez y las millonarias adjudicaciones que el mantenimiento de la M-30 siguen suponiendo para la administración, Romero cuestiona que el Ejecutivo de Almeida no haya aprovechado la remunicipalización para “crear una empresa pública potente”. Una entidad encargada de “funciones básicas, ordinarias o repetitivas por mucho que luego se liciten labores concretas”: “Han vuelto a licitar contratos de conservación o mantenimiento y las antiguas integrantes de Emesa ahora son adjudicatarias de ellos. Se ha perdido una oportunidad brutal de ahorrar los márgenes de beneficios de las empresas”.

El problema, opina el exconsejero de M-30, es que eso “contradice el modelo de privatización, que solo han abandonado porque suponía destinar muchos fondos y era claramente una atrocidad”. Según Romero, “mantienen el trasfondo de inflar de contratos a las constructoras y ahora ponen a supervisar a alguien que conoce perfectamente ese modelo y que viene de él”.

La gestión de Calle 30 es 100% pública, pero solo desde el pasado 1 de enero, cuando el Ayuntamiento de Madrid puso fin a una privatización parcial que arrastraba desde los tiempos de Alberto Ruiz-Gallardón y por la que dilipendiaba 55 millones de euros anuales. Una cifra calculada en la etapa de Romero, en 2017, cuando ejecutó una auditoría sobre su situación financiera. En total, el agujero ronda los 1.100 millones de euros.

Romero recuerda que, cuando el equipo de Carmena accedió al poder, pudo comprobar de primera mano la “opacidad en la documentación de los contratos y licitaciones” dentro de Calle 30: “Nuestra labor no fue solo modernización o sostenibilidad, sino preguntar qué habíamos hecho con el dinero público. Nos topamos con certificaciones de obras opacas y contratos de conservación con conceptos ambiguos y duplicados. Buscábamos mayor transparencia y establecer mecanismos para no repetir errores”.

Remarca que continuar con el contrato con Emesa a partir de 2025 habría resultado “ilegal” y que su etapa al frente de la sociedad “contribuyó a poner esa realidad delante”. La de “un modelo deficiente que nunca debería haberse constituido”. Su mayor lamento es no haber podido completar la remunicipalización ya en la década pasada, antes de que el Partido Popular recuperara el poder: “No tuvimos tiempo suficiente”, dice. El cese de Carlos Sánchez Mato, concejal delegado de Economía y Hacienda que controlaba Calle 30 hasta su destitución en diciembre de 2017, frustró los planes más ambiciosos.

El fin de un modelo “lesivo” entre diversas contrataciones

Gallardón apostó en 2005 por un modelo de gestión a través de una empresa mixta para llevar a cabo el ambicioso soterramiento de la vía, con un 80% de propiedad municipal y el otro 20% en manos de varias constructoras agrupadas en la Empresa de Mantenimiento y Explotación SA (Emesa). Ferrovial, Dragados y Api Conservación constituyeron esta sociedad para firmar un contrato que podría extenderse hasta 2040.

“Lesivo para las arcas públicas municipales”. Así es como el dictamen final sobre la auditoría de Madrid Calle 30, a partir de un informe de la Cámara de Cuentas, definía el modelo de gestión elegido para la sociedad. La investigación impulsada durante el mandato de Carmena reveló que la arquitectura de la gestión de Emesa fue ideada por el equipo de Gallardón para intentar que la deuda generada durante el soterramiento de la M-30 no computara a los fondos del Ayuntamiento. Por ello, aunque Calle 30 comenzó como una empresa pública en 2004, un año después dio entrada al capital privado para evitar los controles de la Unión Europea y que el exalcalde pudiera ejecutar la obra a costa de un endeudamiento no permitido por las instituciones comunitarias de control.

El acuerdo, sin embargo, recogía la opción de su revocación en 2025. Una cláusula que el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida acabó ejerciendo. Con ello, dejó de pagar el IVA o el impuesto de sociedades de todas sus operaciones, así como los dividendos obligados a abonar por haber constituido una empresa en lugar de asumir una gestión pública.

La decisión, irrevocable, fue tomada por el área de Obras y Equipamientos después de un informe del área de Hacienda que informaba del ahorro para las arcas públicas. El cambio de gestión implica que todas las labores de mantenimiento efectuadas por Emesa deben que ser licitadas en nuevos contratos de gestión, como el adjudicado a finales de 2025 por casi 200 millones de euros.

Actualmente Calle 30 se encuentra en pleno proceso de contratación de otros altos cargos, como el de director gerente, cuya oferta de empleo fue publicada el pasado 13 de marzo. La remuneración anual del puesto se sitúa por encima de los 103.000 euros brutos. En área de Obras afirman que “se resolverá de conformidad con las bases publicadas mediante el procedimiento previsto”. Apostillan que la convocatoria tiene por objeto “cubrir la vacante que se producirá con la salida del actual director gerente [Antonio Tocino de la Iglesia], que ha comunicado su voluntad de extinguir la relación laboral con Madrid Calle 30 en un puesto de la máxima importancia para la gestión diaria del servicio”. Otras convocatorias en una fase más avanzada incorporarán tres oficiales administrativos, un técnico del área de instalaciones, uno de estructuras, uno más de explotación y otro especializado en modelos digitales 3D.

“No podía pasar otra cosa que una paloma tuviera la feliz ocurrencia en este momento de aterrizar sobre el corte de pelo que me hice ayer”. Una frase que poco tiene que ver con un discurso solemne sobre la libertad de prensa, pero que Almeida tuvo que improvisar ante un contratiempo escatológico que cayó sobre su cabeza.

El alcalde de Madrid inauguraba este miércoles el monumento que homenajea en la calle Juan Bravo a 15 periodistas españoles caídos en el ejercicio de su profesión, con el que se iba a cerrar el acto. Casi al acabar sus palabras, le caía encima la deposición de una paloma y tenía que improvisar otras palabras.

“Veis cuando yo digo que el periodismo es una profesión de riesgo, es que hasta los que no somos periodistas corremos el riesgo estando con vosotros de que nos suceda cualquier cosa”, decía entre risas, tomándose con humor el incidente después de haber evaluado los daños en su recién estrenado corte de pelo.

“Anécdotas al margen, dicen que esto trae buena suerte y la mejor suerte que podemos tener en Madrid es contar con vosotros para preservar nuestros derechos y libertades, así que muchas gracias”, decía para acabar entre aplausos de los allí congregados, en su mayoría periodistas y también familiares de los homenajeados.

El acto había sido organizado por la Asociación de Periodistas de Madrid (APM), con motivo del encendido del prisma en recuerdo a los periodistas, diseñado por el escultor Daniel Canogar.

La actividad es frenética bajo la carretera de entrada a Madrid desde Extremadura: camiones, excavadoras, grúas y todo tipo de ingenios mecánicos vienen y van por los túneles para que cuando acabe el año pase por allí todo el tráfico que entra y sale en la capital desde localidades como Alcorcón, Móstoles o Navalcarnero. De momento es difícil imaginarse ese futuro en medio de los trabajos, pero las excavaciones van a buen ritmo, explican en el Ayuntamiento. Es la obra más importante que aborda la capital de España desde que hace dos décadas soterrara parte de la M-30.

El Ayuntamiento de Madrid gastará más de 400 millones de euros en un túnel de 3,2 kilómetros que de momento va desde casi la Avenida de los Poblados hasta enganchar con la Avenida de Portugal y la M-30, aunque la intención es que en una segunda fase de obras se extienda hasta Cuatro Vientos, gracias a la Operación Campamento. Por encima habrá parques, plazas, carril bici y un par de vías de tránsito vecinal. En lugar de una barrera frente a la Casa de Campo, se convertirá en una puerta de entrada. Un futuro muy alejado del estruendo que hasta hace poco dejaba el intenso tráfico de la carretera de Extremadura, usada cada día por 80.000 vehículos.

“Pasé el otro día y parecía un escenario de guerra aquello”, contaba el lunes por la noche el alcalde de Madrid, durante una entrevista en televisión. Martínez-Almeida lo decía con ironía, porque sabe que esta obra va bien. Los trabajos están en plazo y le dan muchos menos quebraderos de cabeza que otras intervenciones urbanas recientes, como la de la Puerta del Sol. También está seguro de que va a cambiar por completo la fisonomía de varios barrios enteros y la vida de mucha gente. “Esa obra sí que transforma la ciudad”, añadía en la citada entrevista.

Lo de que va bien lo confirman fuentes municipales a pie de obra, durante una visita de Somos Madrid a los trabajos. “El túnel sur, que servirá para entrar a Madrid, lo tenemos ya al 80% y el norte está al 50%”, apunta Lola Ortiz, directora de Planificación e Infraestructuras de Movilidad en el Ayuntamiento de Madrid. Dos tercios de la excavación, por lo tanto, están hechos. Y el resto avanza en los plazos previstos, pese a las intensas lluvias de inicios de año.

Lola Ortiz es una de las personas que mejor conoce el proyecto en el Ayuntamiento. Lo tiene en la cabeza desde que hace cuatro años lo desvelara a los vecinos de la zona, en una reunión técnica junto al delegado del área, Borja Carabante. Entonces hubo bastantes reticencias vecinales y algunas protestas iniciales. Uno de los miedos de los habitantes del distrito de Latina era la colocación de los pilotes que sujetarán toda la estructura y la posible aparición de grietas o el movimiento de los edificios más cercanos a la vía. “No se ha movido nada”, comenta Ortiz sobre las mediciones que llevan efectuando desde el inicio de los trabajos. “Tenemos la suerte de que el terreno es muy bueno”, añade sobre el subsuelo de esta parte de Madrid, de arena de miga.

Como cada vez que se abre la tierra para una reforma en la capital, han ocurrido sorpresas. Los planos de las instalaciones enterradas no siempre coinciden con la realidad. Canal de Isabel II, saneamientos, gas natural, electricidad, Internet... había incluso un cable de Correos y otro del Ministerio de Defensa. “Una locura de cables por todos los sitios”, resume Lola Ortiz al hablar de todo lo que se han ido encontrando a medida que iban excavando. Las incidencias, explica, no han sido graves y este periódico solo tiene constancia de las más llamativas como un corte de agua durante algunas horas en Aluche y un apagón en Batán que dejó sin luz al barrio. Una de las cosas más complicadas a nivel técnico ha sido elevar una línea de alta tensión que recorre el paseo y que irá soterrada cuando avancen los trabajos.

La obra que facilitará la movilidad de barrios como Lucero o Batán está suponiendo importantes barreras físicas para cruzar de un lado al otro, porque los pasos subterráneos se tuvieron que cerrar. El ejemplo más extremo es el de un colegio de Lucero, cuyos alumnos tienen el comedor en la otra acera y el Ayuntamiento les ha puesto una ruta de bus para que puedan trasladarse durante las obras. “Hemos intentado aliviar las molestias lo máximo posible, de momento el tráfico funciona bastante bien y no hemos tenido muchas otras reclamaciones”, asegura Lola Ortiz. Las últimas han sido las de los comerciantes por la bajada de las ventas en Alto de Extremadura, para los que se prevén indemnizaciones.

Pero volvamos bajo tierra, a los túneles en excavación después de que hace varios meses se colocaran los citados pilotes —unas estructuras de hormigón de varios metros de altura que se inyectan a la tierra— y se colocara una losa encima, sobre la que luego irán los parques. Es la técnica de cut & cover, utilizada en lugar de una tuneladora, reservada para otros agujeros más largos como el de la línea 11 de Metro y cuya construcción ralentizaría la obra. Lo que aquí se emplea es más rápido, porque la velocidad en la ejecución es uno de los objetivos que ha buscado el Ayuntamiento, consciente del trastorno que iba a causar un proyecto así en conductores y vecinos del entorno.

Una 'manta zamorana' para acelerar los trabajos

¿Cómo se consigue acortar una obra de tal envergadura? “Cuanto más industrializados tengas los procesos, más rápido avanzas”, desvela Ortiz, que pone como ejemplo el de la 'manta zamorana' usada en el suelo del túnel, algo que tiene poco que ver con la prenda de abrigo típica de esta provincia castellana. En realidad hablamos de la ferralla que sirve para montar la armadura de la losa, el suelo por donde circularán los vehículos.

En obras más pequeñas, esta armadura la preparan los ferrallistas, poco a poco, de forma artesanal, pero para la A-5 han traído grandes rollos de varios metros de longitud con la trama ya montada. Una vez descargados, solo hay que desenvolverlos y ajustarlos para que vayan cubriendo el suelo los más de tres kilómetros de túnel, con mínimo personal y máximo aprovechamiento del material. Lo de llamarla 'manta zamorana' es por su forma. Y porque lo fabrica una empresa de Zamora.

La manta se coloca una vez excavado el túnel, encima de una primera capa de unos diez centímetros de hormigón de limpieza, luego va rellena de hormigón de resistencia y encima se vierte el asfalto que verán los conductores. Ahora lo están desplegando en la mitad del ancho del túnel, con la intención de permitir por la otra mitad la salida de camiones mientras se va dejando listo el suelo. “La clave es poder tener muchos trabajos a la vez”, resumen los técnicos de la obra. Allí han llegado a trabajar hasta 600 obreros al mismo tiempo.

El carril interior de cada túnel se reserva a los buses y los dos exteriores al resto de vehículos, va indicando Lola Ortiz, a la par que señala las aperturas para las salidas de emergencia y los refugios de seguridad, otra de las estructuras que tendrá la autovía subterránea, cada 200 metros, y el fondo del túnel, donde las excavadoras siguen llenando los camiones de tierra, avanzando metro a metro. Al día salen unos 300 metros cúbicos de cada uno de los cinco frentes de excavación y al final de la obra creen que habrán sacado hasta 600.000.

Fuera ya del túnel se puede ver el destino de los camiones que cargan toda esa tierra: tres colinas que han creado un nuevo relieve en esta parte de Madrid, al lado de la pasarela del carril bici cerca del cruce con la carretera de Boadilla. Seguirán creciendo en altura unas semanas más para luego descender porque, cuando acabe la excavación, parte del material extraído se utilizará para rellenar otras zonas, como el terreno sobre la losa del túnel, que contará con un metro de sustrato. Las tres colinas no desaparecerán del todo, ya que el Ayuntamiento prevé crear allí una zona elevada de biodiversidad y un mirador.

Apertura al tráfico a final de año

Los parques y caminos de la superficie llegarán más tarde que el túnel. El área de Movilidad acaba de sacar a concurso el contrato para la urbanización final, que cifra en 62 millones de euros y que todavía está por adjudicar. Se sumarán a los 347 millones de euros invertidos ya en los dos contratos para excavar el túnel, que ejecutan Ferrovial y FCC Construcción desde el cruce de la M-40 hasta Batán y Dragados y Acciona Construcción soterrará el tramo desde Batán hasta su enlace con la avenida de Portugal.

Una de las claves de esta obra será la conexión del soterramiento con el resto de túneles de Madrid y los accesos a Calle 30. Un momento que será especialmente delicado por lo complicado de unir dos infraestructuras tan grandes y que se producirá durante los próximos meses, en el momento previo a que los vehículos puedan estrenar el nuevo túnel. Los plazos van con cierto adelanto y en el área de Movilidad confían en abrir el tráfico a finales de este 2026. Todavía no dicen en qué mes.

Para que llegue ese momento aún queda un tercio de túneles por excavar, aunque ya no habrá más cambios de recorrido en superficie, anuncian desde el consistorio. Mientras tanto varios vecinos se asoman a contemplar las obras, un entretenimiento que ha llegado a lo digital. “Tenemos muchos ingenieros aficionados. Hay una cuenta en Instagram que va contando la obra día a día”, cuenta Ortiz. Así que nos fijamos en lo que está publicando. El último vídeo es del pasado viernes —el día en el que hicimos la visita para este reportaje— y está grabado desde el enorme edificio del 298 del paseo de Extremadura. Queda todavía mucha obra por enseñar.

El alcalde de Madrid desveló este lunes por la noche algunas cuestiones políticas y otras más personales en un formato de entrevista por el que no suele inclinarse, el de un programa de ocio nocturno. Lo hizo en La noche golfa, el late night que el humorista Miguel Lago presenta en Telemadrid y que tuvo a José Luis Martínez-Almeida como invitado durante casi una hora de grabación.

Los chistes más recurrentes fueron sobre la destreza del alcalde con el balón, después de sus múltiples episodios de pelotazos en diversas presentaciones. Almeida confesó: “Yo veo un balón y me pierdo”, antes de contar que “de pequeño quería ser jugador de fútbol”. De hecho, llegó a practicar este deporte como defensa central, una posición que suele ser adjudicada a jugadores corpulentos: “Es más importante anticipar y saltar bien que ser alto”, se defendía el edil. “¿Calentabas tobillos?”, le preguntaba Lago. “Hombre, alguno he cascado”, respondía.

El alcalde, que se definía como alguien “muy competitivo”, pasaba después a temas más serios como el de su posible candidatura a un tercer mandato como alcalde. “Hacer planes a futuro no me convence demasiado”, respondía en primer lugar, para después asegurar que tenía “la fuerza y la ilusión” para hacerlo... pero dejando la puerta abierta, como lleva haciendo desde hace meses.

“Si mañana son las elecciones, me presento (...) eso será en principio lo que va a pasar en el año 2027. Pero depende de la presidenta de mi casa, la presidenta de mi Comunidad y del presidente de mi partido a nivel nacional”, aseguró. Y reivindicó su derecho a que “cuando a uno le cambia la vida tanto, también tiene derecho a pensar”, en relación al nacimiento de su hijo Lucas, que tiene ahora cinco meses.

“Te cambia la visión de la vida, tu preocupación por el futuro es distinta”, siguió contando pasando a temas más personales y elucubrando sobre la posibilidad de tener más familia: “Que se lleven poco tiempo”, deseaba y daba una cifra: “Entre cuatro y uno, cuatro”, decía acerca de un posible número de hijos. “El matrimonio es para toda la vida pero no para todos los días”, era otra de las frases que dejaba el mandatario al hablar sobre su vida actual.

Volviendo a la política, mientras jugaba a la rana aseguró, en una ronda de preguntas más incómodas, que prefería que Pedro Sánchez pierda las próximas elecciones a que el Atlético de Madrid gane la Champions -eran las únicas dos opciones que le daban-. “Uno es español antes que del Atleti”, explicaba.

Luego pasó a demostrar su pericia cambiando pañales y a recordar el episodio del pliegue de carritos de bebé que ya contó en El Hormiguero, prpeguntándose “qué hacía antes la gente sin los tutoriales de Facebook”, de los que echa mano para este tipo de labores.

Por último, entonó la voz para cantar una de Pimpinela en un karaoke improvisado, aunque cuando de verdad se arrancó a entonar la voz fue con la canción que eligió para su despedida: Hey, de Julio Iglesias. “Soy muy de Julio”, dijo después de confesar que en wrapped de Spotify su edad musical fue de 80 años.