Viktor Orbán parecía una reliquia del pasado en un país que acababa de entrar en la Unión Europea para terminar de hacer una transición hacia la democracia liberal en el bloque del Este. Pero el plan democratizador europeo falló, y Orbán cumple 16 años ininterrumpidos en el poder, convertido en el padrino de una internacional ultra nacionalista que ha terminado con la separación de poderes y la libertad de prensa en un país comunitario. Aunque Hungría no es un país central para muchos, este domingo hay elecciones y por primera vez desde hace muchos años, las encuestas sugieren que Orbán podría perder.

Con Javier Biosca, enviado especial de elDiario.es a Hungría, y con Andrés Gil, que ha seguido la trayectoria de Orbán como corresponsal en Bruselas y ahora en Estados Unidos, analizamos el giro del mandatario húngaro hacia posiciones radicales de ultraderecha, su influencia en otros países europeos, y sus lazos con la Rusia de Putin y el gobierno de Donald Trump.  

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“Viktor Orbán ganará las próximas elecciones en Hungría, estoy convencido de ello”, decía este martes el vicepresidente de EEUU, JD Vance, en una visita de Estado a Budapest convertida en mitin electoral. A su lado, el primer ministro húngaro inclinaba la cabeza y expresaba sus dudas con un gesto inconfundible con la mano.

Pero Vance continuaba su discurso y planteaba una pregunta retórica: “¿No es así, Viktor?”. “Ese es el plan”, contestaba el gran padrino de la extrema derecha europea.

Pese a las fracturas internas de la internacional reaccionaria —dividida entre quienes son más cercanos a Moscú y quienes son más atlantistas; los nacionalistas frente a aquellos con visiones más expansionistas e imperialistas; y los que mantienen una retórica más dura frente a aquellos que optaron por suavizar su discurso—, Orbán es el nexo conector y elemento común de todos ellos.

Pocos, o ninguno, pueden presumir de ser el gran socio de Moscú en Europa al tiempo que se constituyen como uno de los principales aliados de Benjamin Netanyahu en el continente (buscado por crímenes de guerra) y como vanguardia de la revolución ultra impulsada por Washington.

Orbán se ha constituido como una suerte de faro ultraderechista en contra de la UE. Primero lo hace desde dentro del Partido Popular Europeo, lo cual es muy importante porque le da mucha capacidad de maniobra. Cuando le echan y arma el partido Patriots, pierde cierta influencia, pero a su vez se convierte en un profeta ultra

Franco Delle Donne — autor de Epidemia Ultra

Desde Trump a Putin, pasando por toda la extrema derecha europea, Benjamin Netanyahu y Javier Milei, el mundo ultra ha acudido al rescate de Orbán, que lleva 16 años construyendo el modelo iliberal que todos han tomado como ejemplo. El profeta está en peligro. Según las encuestas, parte como perdedor en las elecciones decisivas de Hungría de este domingo, consideradas por muchos analistas como las más importantes del año para Europa por el constante papel de Orbán como gran disruptor en Bruselas.

“Orbán es el representante de lo que él mismo bautizó como iliberalismo, es decir, nos gustan muchas cosas de la democracia liberal, esa que nos liberó del régimen comunista, pero no nos gustan todas las cosas que nos limitan para construir la hegemonía política y sus tendencias autoritarias”, dice a elDiario.es Franco Delle Donne, autor del libro Epidemia Ultra: del fascismo europeo a Silicon Valley, anatomía de un fenómeno que está conquistando el mundo. “Es una ejecución del poder a partir de la cual se van erosionando las diferentes instituciones y pilares del Estado de derecho”, añade.

El primer ministro húngaro, agrega el experto, se ha constituido también “como una suerte de faro ultraderechista en contra de la UE”. “Primero lo hace desde dentro del Partido Popular Europeo, lo cual es muy importante porque le da mucha capacidad de maniobra. Cuando le echan y arma el partido Patriots, pierde cierta influencia, pero a su vez se convierte en un profeta ultra”, explica. “Profeta en el sentido de que él lidera y se convierte en esa vanguardia de la construcción del iliberalismo”.

Crear esta red fue una estrategia muy inteligente de Orbán. Los frutos de esto, que ha costado mucho, es que la gente habla a tu favor. Para formaciones como Vox es importante mantener a Orbán como un aliado. Tanto en términos materiales, porque hay dinero fluyendo, como en términos simbólicos

Carsten Schneider — Central European University

Además, Orbán no solo se erige en faro ideológico de todas las fuerzas iliberales, sino también como una suerte de padrino y fuente de apoyo material. “En estos 16 años, Orbán ha gastado mucho tiempo, dinero público y energía posicionándose a sí mismo y a Hungría como la referencia de la internacional iliberal. Ha creado think tanks, ONG, ha cerrado universidades, ha forjado redes y ha invertido mucho en crear lo que Gramsci llamó hegemonía cultural. Esta narrativa se ha expandido más allá de Hungría y ha llegado hasta el otro lado del Atlántico”, señala a elDiario.es Carsten Schneider, politólogo y rector de la Central European University, perseguida y cerrada por Orbán en 2017 por sus vínculos con George Soros.

“Crear esta red fue una estrategia muy inteligente de Orbán. Los frutos de esto, que ha costado mucho, es que la gente habla a tu favor. Para formaciones como Vox es importante mantener a Orbán como un aliado. Tanto en términos materiales, porque hay dinero fluyendo, como en términos simbólicos”, añade. Vox recibió siete millones de euros de un banco húngaro bajo control del Gobierno para financiar la campaña de las elecciones europeas de 2024. Antes, ya había recibido otros 6,7 millones para sufragar la campaña de las generales de 2023. La formación alegaba que los bancos españoles le negaban la financiación.

Entre los think tanks financiados por Orbán destaca el Mathias Corvinus Collegium, fundado en 1996 en Budapest. En 2020, el Gobierno le otorgó activos y fondos por valor de 1.400 millones de euros, superando el gasto total del país en educación, según denunció la Fundación Friedrich Naumann. Esa apuesta de Orbán transformó la institución en una herramienta a su servicio para la deseada hegemonía cultural. Precisamente Vance ha visitado este miércoles esta institución durante su viaje de apoyo a Orbán.

“Sería una ironía que en un momento en el que las fuerzas iliberales están creciendo a nivel global, Orbán perdiera el poder. Esto afectaría a todo este movimiento porque la narrativa de que son la mayoría silenciosa demostraría ser menos plausible de lo que es ahora”, dice Schneider en la sede de la universidad en Budapest, que ha quedado relegada a un mero papel de representación, ya que fue ilegalizada como universidad en Hungría y trasladada a Viena.

“No creo que Orbán tuviera un plan maestro desde 2010, simplemente ha hecho lo posible por permanecer en el poder. Ahora, el movimiento MAGA en EEUU mira a Hungría como modelo y cree que tiene que hacer todo lo que ha hecho el primer ministro Húngaro para no perder elecciones nunca más”, añade.

Malestar en Bruselas

En su visita de este martes, Vance acusó a la UE de injerencia en las elecciones. Las palabras del vicepresidente de EEUU han sentado realmente mal en la Unión, informa Rodrigo Ponce de León desde Bruselas. Una portavoz del la Comisión Europea ha asegurado este miércoles que van a “trasladar su preocupación” a la Administración estadounidense por los comentarios de Vance en los que acusaba a la “burocracia de Bruselas” de “injerencia” en las elecciones de Hungría.

“Contamos con canales diplomáticos y los utilizaremos para trasladar nuestras preocupaciones a nuestros homólogos estadounidenses”, han respondido en la Comisión Europea.

Vance no tuvo reparos en señalar que quería “ayudar en todo lo que pueda al primer ministro mientras se enfrenta a estas elecciones”. Otro portavoz de la Comisión fue más irónico y llegó a decir que “lo que han estado haciendo los burócratas europeos es establecer un marco sólido para garantizar que las elecciones sigan estando en manos de los ciudadanos”.

Alemania también ha criticado las palabras de JD Vance. El portavoz adjunto del Gobierno alemán, Sebastian Hille, ha declarado a los periodistas: “Rechazamos la acusación hecha por el vicepresidente estadounidense JD Vance en un evento en Hungría. Me gustaría señalar —ya que Vance se queja de la supuesta interferencia de la UE en las elecciones— que el vicepresidente estadounidense estuvo en Hungría apenas unos días antes de los comicios. Este hecho por sí solo habla claramente de quién está interfiriendo”.

“Europa necesita a Viktor”

La operación de rescate comenzó en enero, dado que, desde su inicio, las encuestas han situado a Orbán por detrás de su principal contrincante, Peter Magyar, antiguo aliado de Fidesz y actual líder del partido Tisza, de centroderecha.

“Europa necesita a Viktor Orbán”, decía Alice Weidel, líder del partido Alternativa para Alemania (AfD), en un vídeo publicado a principios de año en el que varios líderes del mundo ultra expresaban su apoyo al primer ministro Húngaro. AfD ni siquiera forma parte del grupo político ultra europeo Patriots, impulsado por Orbán y convertido en tercera fuerza en la Eurocámara.

Marine Le Pen, líder de Agrupación Nacional; Javier Milei, presidente argentino; Santiago Abascal, líder de Vox; Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí; Giorgia Meloni, primera ministra de Italia, Matteo Salvini, líder de la formación ultra Lega; Herbert Kickl, líder del FPÖ de Austria; Andrej Babiš, primer ministro de la República Checa; y Aleksandar Vučić, presidente de Serbia, eran algunos de los participantes en el vídeo.

“La seguridad no se puede dar por hecha. Hay que ganarla y Orbán tiene todas esas cualidades. Tiene la tenacidad, la valentía y la sabiduría para proteger su país”, decía Netanyahu en el vídeo.

Weidel incluso hacía una referencia a su posición respecto a Ucrania, que Orbán ha convertido en el asunto principal de campaña. “Hace 10 años se levantó de manera valiente contra la inmigración masiva y hoy está luchando por la paz en Ucrania y Europa”. El primer ministro ha empapelado ciudades y carreteras con carteles con la cara del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, junto a la del líder de la oposición húngara, Péter Magyar, bajo el letrero: “Peligro”.

“Gracias a líderes como Orbán, el campo de los patriotas y defensores de las naciones y pueblos soberanos está alcanzando más éxito que nunca en Europa”, decía Marine Le Pen.

En las últimas semanas, líderes ultras de todo el mundo han acudido a Hungría para mostrar su apoyo y apuntalar al profeta aprovechando la celebración del congreso de Patriots y la conferencia anual de CPAC, encuentro conservador de referencia. “Orbán es un visionario y, por encima de todo, un pionero”, decía Le Pen en la cumbre.

“[Occidente está viviendo] el mayor realineamiento político de los últimos 100 años. El epicentro de ese realineamiento, su centro de poder, es EEUU y su base de avanzadilla en Europa es Hungría”, aseguró Orbán en la conferencia conservadora. Frente a las encuestas adversas, Orbán ha agitado esas conexiones internacionales como uno de sus principales activos, además de su confrontación con la UE y Zelenski, omnipresente en la campaña del primer ministro.

Aquel joven con ideales liberales que construyó su carrera política contra el comunismo y mirando a Europa y Occidente como modelo se acabó convirtiendo en el gran faro de la ultraderecha mundial y, tras 16 años en el poder contruyendo un régimen a su imagen, Orbán camina por la cuerda floja.

Nadie suele ocultar una operación de rodilla. O la eliminación de un quiste. No solemos guardar bajo llave la endoscopia o la laparoscopia que nos hicieron un día, la extirpación de una mancha sospechosa o de una muela. Nadie tiende a disimular cuando acude al traumatólogo, al endocrino, al neurólogo. No mentimos sobre esas citas médicas, no escondemos los motivos de esas bajas laborales. No nos ocupamos con ahínco de que nuestras familias o amistades nunca sepan que fuimos a la consulta de un hematólogo o que necesitamos un tratamiento antibiótico durante dos semanas para controlar una infección que se fue de las manos. No sentimos temor de que descubran algo así en nuestro trabajo ni lo escondemos a nuestras parejas sentimentales, como si esa revelación fuera a cambiar la manera en la que nos ven y consideran. No tememos que su idea de la mujer que somos pueda cambiar si compartimos con la gente alguna de esas citas médicas, tratamientos, intervenciones.

Con el aborto es diferente. Con el aborto echamos las cortinas para que nadie nos vea. Se hace y se calla. Lo haces y lo guardas: queda ahí, en un rincón, a veces excluido para tu propia conciencia, como si hubiera que apartarlo de quién eres y de cuál es tu historia. Incluso para quienes lo vivieron como un acto de emancipación y autonomía —que son muchas, muchísimas—, el aborto no se pronuncia en voz alta, no se relata a los demás, puede que tampoco a una misma.

Podríamos pensar, entonces, que hablamos de un acto clandestino, de un hecho terrible, reprobable. Y, sin embargo, es un derecho: en algunos lugares, un derecho conseguido; en otros, un derecho por el que se pelea activamente. Sea como sea, es siempre un derecho en disputa, una práctica en entredicho. El silencio existe a pesar de que sabemos que la alternativa al aborto legal y seguro es la maternidad forzosa de mujeres e, incluso, de adolescentes y niñas. La alternativa es entender que las mujeres no tienen derecho a decidir sobre sus vidas. El tabú continúa a pesar de que la falta de acceso al aborto legal y seguro es una de las principales causas de muerte materna en el mundo.

¿Por qué? La respuesta muy resumida es que la interrupción voluntaria del embarazo es el corazón de la autonomía femenina, la rebelión contra la libertad sexual y la maternidad impuesta, pero también contra la idea de que la vida de las mujeres puede ser moldeada y controlada. La posibilidad de abortar voluntariamente amenaza el proyecto patriarcal que, en permanente alianza con el capitalismo y el racismo, genera (porque lo necesita) la existencia de ciudadanos de primera y segunda, también de tercera. Es por eso que existe la resistencia y el ataque feroz contra el aborto. Quienes lo lideran, en España y en el mundo, son los mismos que están empuñando la motosierra como símbolo. Su interés no es la vida, es el control de las mujeres, es el poder para imponer un proyecto que, precisamente, desmantela la vida.

Ni el silencio ni la palabra son actos individuales. Tampoco lo son la vergüenza o la culpa. Los grupos religiosos, las derechas y los ultra promueven ambas cosas como manera de recortar de facto el aborto. Sus discursos están llenos de comentarios ofensivos hacia las mujeres que han abortado. Sus propuestas nos señalan a todas como seres irreflexivos, egoístas e irresponsables que necesitan ser tutorizados. Alimentan un estigma que dificulta que muchas mujeres hablen en voz alta, y alientan, también, la desinformación y el miedo.

Cuando hice un llamamiento para que las mujeres que quisieran compartieran conmigo los relatos de sus abortos para este libro percibí alivio, como si la posibilidad de contar su historia fuera una especie de liberación. Participar en un relato colectivo sobre el aborto, con todos los matices y aristas de cada experiencia, generó la sensación de ser escuchadas, acogidas y comprendidas. Siempre oímos a mujeres quitar importancia a sus historias. Sus vivencias, dicen, no son relevantes ni tienen nada de particular. Así se ha construido la Historia, la que lleva mayúscula, y las historias con minúscula, bajo la idea de que lo importante nunca tiene que ver con las vidas ni las experiencias de las mujeres, hasta el punto de que nosotras mismas hemos interiorizado esa creencia. Si le sumamos el peso de la culpa y la vergüenza, el estigma, la combinación es demoledora. Es por eso que sabemos poco sobre embarazos, sobre partos, sobre pérdidas y duelos perinatales, sobre violencia sexual, sobre deseo femenino, sobre climaterio, sobre menopausia y, por supuesto, sobre abortos. Los nombres de todas las mujeres que cuentan sus historias en este libro han sido cambiados porque esa ha sido la petición mayoritaria. Diría que el deseo de todas es contribuir a una historia pública, compartida, sobre la interrupción voluntaria del embarazo que sirva para ayudar a otras y, sobre todo, para dar batalla al estigma y consolidar la importancia de este derecho.

La retórica de quienes buscan prohibir, limitar o entorpecer el derecho al aborto reivindica «la vida».

«Provida», se autoproclaman a sí mismos, con un lenguaje que la sociedad asumió y que el feminismo ha impugnado. Porque, ¿quién es provida?, ¿qué es ser provida? Hacernos estas preguntas y elaborar una res-puesta diferente a la habitual es el meollo de este libro. La paradoja es evidente. Quienes se reivindican a favor de la vida quieren decirnos que estar a favor del aborto es estar en contra de la existencia. Y, a la vez, son los mismos que parecen perder el interés por la vida una vez el feto nace y se convierte, ahora sí, en un ser humano con plenos derechos y una existencia por delante que debe ser sostenida y atendida con dignidad y garantías.

Los grupos e individuos que se reivindican activamente provida son los mismos que demonizan el gasto, los que rinden culto a la política del déficit y al Fondo Monetario Internacional, al individualismo que convierte al otro en amenaza y hace del «sálvese quien pueda» su máxima. Son los mismos que desmantelan los servicios públicos, que promueven privatizaciones, recortes en dependencia o reformas draconianas de pensiones o del mercado laboral; los mismos que se quejan de que el salario mínimo subió demasiado o de que los permisos para cuidar son excesivos; los mismos que renuncian a intervenir en el mercado de la vivienda, y que rechazan aprobar prestaciones universales para la infancia. Son los mismos que quieren monopolizar el concepto de familia y que criminalizan a quienes se cuidan y estrechan sus lazos de otras maneras. Quienes criminalizan a quienes tienen hijos y forman sus parejas y sus familias, pero no como ellos quieren.

Lo que quienes se llaman provida olvidan (un olvido nada casual, más bien absolutamente intencionado) es que la posibilidad de abortar afecta a mujeres vivas, seres completos con entidad jurídica propia y con autonomía, seres cuya existencia quedará marcada por la posibilidad o no de acceder a ese derecho. Nuestras vidas corren peligro allá donde el aborto seguro no puede ejercerse. Eso son vidas concretas que proteger. Defender la vida no es solo llegar aquí, estar aquí, nacer o respirar. La vida es vida si la podemos vivir con dignidad y con derechos, la vida es vida cuanta más capacidad tenemos de decidir sobre ella, cuanto más podemos cuidarnos y saber que existe un colchón sobre el que derramar la enfermedad, la discapacidad, las dificultades de todo tipo, los dolores, la soledad, las distintas etapas que atravesaremos. Ese colchón hay que construirlo y sostenerlo. Si no, dices defender la vida como quien anima a alguien a saltar de un trampolín a una piscina que sabe que está vacía.

Defender la interrupción voluntaria del embarazo es estar a favor de la vida. Defender el derecho al aborto es radicalmente provida.

Solo han hecho falta dos semanas para que el presidente ultraderechista José Antonio Kast atraviese su primera crisis al frente de La Moneda. Los sondeos muestran cómo su popularidad se resiente tras una serie de anuncios económicos controvertidos que han sentado mal a la población chilena, y que han desencadenado las primeras protestas contra el recién nacido Gobierno.

Todo empezó el pasado lunes, cuando, a través de una modificación del Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles (MEPCO), el Ejecutivo aprobó un alza histórica de los precios de la gasolina y el diésel, como consecuencia de la subida del petróleo por la guerra en Oriente Medio. La medida, que entró en vigor el jueves, repercutirá en el bolsillo de los ciudadanos, pero Kast ha defendido su decisión de no intervenir para paliar el encarecimiento del combustible para no endeudar al Estado, pidiendo “responsabilidad” y “solidaridad” a los chilenos y la oposición.

Como consecuencia, el precio de la gasolina ha aumentado más de un 40% y el del diésel, por encima del 60%. Con el estallido social de 2019 en la memoria, el alza ha venido acompañada de un paquete de medidas paliativas aprobado por el Congreso que incluyen una congelación de las tarifas del transporte público y escolar en Santiago, ayudas para taxistas y algunos transportistas y una bajada, de cara al invierno, del precio de la parafina, uno de los combustibles más utilizados por las familias chilenas para calentar sus hogares.

Pero no ha sido la única medida polémica. Ya pocos días después de asumir como nuevo presidente de Chile el pasado 11 de marzo, Kast mandó una fuerte señal para dejar claro que cumplirá sus principales promesas de campaña enfocadas, además de en la economía, en el orden público y la migración, con la construcción de un muro en la frontera norte.

Desde la ciudad fronteriza de Arica, una de las vías de entradas irregulares que más ha crecido en los últimos años y ubicada 2.200 kilómetros al norte de la capital, Kast dio inicio el 16 de marzo a las obras para la construcción de un muro de cinco metros de altura en el confín de Chile con Perú y Bolivia y zanjas de tres metros de profundidad en los sectores “de alto tráfico migratorio”, para frenar el ingreso irregular de personas. “Esto no es solo una zanja, es mucho más, es un sistema”, dijo el mandatario, rodeado de varios de sus ministros.  

La medida forma parte del llamado Plan Escudo Fronterizo, que busca un cierre total de la frontera a la migración irregular, con sanciones “severas” y un despliegue militar y policial “sin precedentes” que incluye tecnología militar, drones autónomos, alambres y torres de vigilancia en la zona. 

La migración en Chile se ha duplicado desde 2017 y actualmente representa más del 8% de la población, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), que estima en más 330.000 las personas que están en situación irregular, la mayoría venezolanos.

La idea de levantar una zanja en el norte viene de lejos. Ya fue planteada en la campaña electoral de 2021, su segundo intento de llegar a La Moneda que fracasó tras perder la segunda vuelta contra Boric. En su tercer intento –y definitivo– prometió crear un “gobierno de emergencia” enfocado en la economía, la seguridad y la migración para revertir la situación que, según él, legó al país la Administración anterior, aunque las cifras de llegadas de personas extranjeras en situación irregular y homicidios en el país latinoamericano disminuyeron durante el mandato de su predecesor.

“Criminalización y estigma”

La noche de su investidura el 11 de marzo, en un gesto inusual en la tradición chilena, Kast firmó varios decretos, entre ellos uno para aumentar la dotación militar en las regiones fronterizas y otro para ordenar el inicio de las obras del llamado “escudo”. Además, el nuevo Gobierno de extrema derecha ha enviado varios proyectos de ley al Congreso en materia migratoria, como el que restringe los beneficios sociales a las personas sin papeles o el que califica de delito –no de falta administrativa– el “ingreso clandestino” al territorio chileno. De aprobarse, Chile regresaría a la situación previa a 2021, cuando la Ley de Migración y Extranjería actual reemplazó la anterior, instaurada durante la dictadura, y estableció, por primera vez que “la migración irregular no es constitutiva de delito”.

Las organizaciones defensoras de los derechos de las personas migrantes alertan de que el anuncio del nuevo Ejecutivo es “un retroceso significativo en derechos, incluso en los que están resguardados en acuerdos y tratados internacionales”, dice a elDiario.es la directora de la organización Migrantas, Catalina Bosch, quién muestra “preocupación” por “la criminalización y estigmatización” sobre la población migrante, y recuerda que “la mayoría de las personas migrantes no cometen delitos”. 

Las personas igual buscarán lugares por donde migrar porque necesitan buscar asilo

Waleska Ureta — Directora del Servicio Jesuita Migrantes Chile

Para Juan Pablo Ramaciotti, director del Centro de Políticas Migratorias de Chile, “las barreras físicas, las deportaciones y el endurecimiento legal son insuficientes por sí solos” para mejorar el control migratorio y el desarrollo social y económico. Según él, es necesario establecer vías de migración regular “claras”, plazos “razonables” para tramitar visados y políticas de integración para quienes ya residen en el país. 

Kast, que hace dos años visitó la valla en la frontera húngara y ha conversado y aplaudido en varias ocasiones a Víctor Orbán por su iniciativa, pretende crear un amplio dispositivo de muros y vallas de 500 kilómetros en distintos sectores de la frontera norte. “Este es solo el comienzo. Serán muchos kilómetros los que se bloquearán”, ha dicho.

Waleska Ureta, directora del Servicio Jesuita Migrantes Chile, una de las organizaciones de apoyo a esta comunidad, indica que a elDiario.es que, pese a las vallas, “las personas igual buscarán lugares por donde migrar porque necesitan buscar asilo, refugio” por las crisis que atraviesa el continente. “Habrá movilidad humana igual por espacios peligrosos, y así –añade– se va instalando el crimen organizado y la trata de personas en esas zonas”. 

Tanto Bolivia como Perú evitaron criticar a Kast por su despliegue fronterizo y aseguraron que se trata de una medida “dentro del territorio chileno” que no afectará a las relaciones bilaterales con sus vecinos, en especial con Bolivia, donde por primera vez en dos décadas gobierna un presidente de centroderecha. Tanto Rodrigo Paz como Kast han expresado su voluntad de colaborar juntos.

Sin gratuidad después de los 30

Alineado con sus prioridades de Gobierno, el nuevo mandatario ha lanzado también, desde la sureña región del Biobío, su primer gran proyecto de ley, el llamado plan de “Reconstrucción Nacional”. Se trata de una batería de 40 medidas para, entre otras cosas, combatir el déficit fiscal que –asegura– fue heredado de la Administración del progresista Gabriel Boric, entre ellas, rebajar impuestos a las empresas, agilizar los permisos ambientales y limitar la gratuidad universitaria hasta los 30 años.

“El Gobierno busca condenar a la población por sobre de los 30 años y de clase media o baja, ya que el recorte de la gratuidad en este rango significa impedir que las familias se puedan profesionalizar o que quienes tuvieron que suspender sus estudios en su juventud por diversos motivos (maternidad, trabajo, etc.) puedan retomar su sueño de estudiar”, opina a elDiario.es el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Mayor, Diego Torres. 

Reivindicada en las calles por exlíderes estudiantiles como el propio Boric durante la primera Administración del conservador Sebastián Piñera (2010-2014) e instaurada en el segundo mandato de la expresidenta socialista Michelle Bachelet (2014-2018), la gratuidad, que hoy reciben –según recoge la prensa local– casi 26.000 mayores de 30 años, cubre los cuatro o cinco años de duración de una carrera y no tiene un límite de edad máximo.

“Exigimos que se convoque a una movilización nacional”, publicó en redes sociales la presidenta de la Federación de la Universidad de Santiago (Usach), Andrea Abarca. “Ya es tiempo de rearticularnos como movimiento estudiantil, frente a los retrocesos anunciados por el Gobierno de Kast”. 

Precisamente, los estudiantes han sido el primer grupo que ha salido a la calle contra el Gobierno de Kast. Este jueves, en un Santiago blindado, cientos de personas se concentraron fuera de la antigua sede del Congreso, en el centro de la capital, para protestar contra el alza del precio de los combustibles. Según los medios locales, se produjeron algunos disturbios y enfrentamientos entre manifestantes y agentes de los Carabineros, la policía militarizada, que desplegó camiones con mangueras de agua a presión y blindados dotados de gas pimienta. La protesta se saldó con 14 detenidos.

El Partido Popular Europeo está totalmente entregado a las políticas de la ultraderecha en inmigración. Este jueves, los populares han unido su voto a los grupos de ultraderecha del Parlamento Europeo para sacar adelante la medida que permite la apertura de los centros de deportación de personas migrantes que se encuentran en situación irregular fuera del continente, siguiendo la estela de la ultraderechista italiana Giorgia Meloni en Albania. 

La propuesta salió adelante con 389 votos a favor, 206 en contra y 32 abstenciones. La votación en el pleno se realizó tras tres solicitudes separadas de los grupos políticos Socialdemócrata, Verdes y La Izquierda, que impugnaron las decisiones del 9 de marzo de 2026 adoptadas en la Comisión de Libertades Civiles.

La votación se produjo tras el fracaso de las negociaciones con los liberales (Renew) y los socialistas en la Comisión de Libertades Civiles (LIBE). Los conservadores ya habían alcanzado acuerdos a puerta cerrada con eurodiputados de extrema derecha para votar conjuntamente a favor de un texto, según reveló la agencia de prensa alemana DPA. Desde Vox se admitió que este texto “es el más contundente de la historia de la Unión Europea en materia de inmigración”.

La ONG en defensa de los derechos de las personas sin papeles, PICUM ha explicado que “los eurodiputados electos públicamente están eligiendo poner a cientos de miles de personas, incluidos niños, en riesgo de daños irreparables. El texto permite a los Estados miembros detener a menores y adultos, separar familias y enviar personas a centros de deportación en países en los que nunca han estado. Cinco países de la UE – Alemania, Países Bajos, Austria, Dinamarca y Grecia – ya están colaborando en planes para establecer estos centros, aunque aún no se dispone de información sobre los países de destino”.

Según PICUM, esta medida “también otorgan amplios poderes para restringir la libertad de movimiento, registrar pertenencias, imponer medidas de ”seguridad“ desproporcionadas y compartir datos personales con países que carecen de garantías adecuadas”.

La posición del Parlamento se suma a un texto que podría normalizar y aumentar la aplicación de políticas de inmigración al estilo ICE en toda la Unión Europea. La propuesta de la Comisión exigiría a los Estados miembros desplegar medidas amplias e indefinidas para detectar personas indocumentadas, lo que podría derivar en vigilancia invasiva, perfiles raciales y obligaciones para los empleados públicos de denunciar a personas sin documentación. La posición del Consejo sobre el borrador del Reglamento de Retorno respalda redadas policiales en espacios públicos y viviendas privadas, con muy pocas garantías.

Silvia Carta, responsable de incidencia de PICUM declaró que “esta votación marca un punto de inflexión peligroso, ya que las fuerzas de centroderecha rompen el cordón sanitario para alinearse con la extrema derecha y aprobar una agenda profundamente represiva. Esta alianza tóxica allana el camino para la detención masiva, la separación de familias y las deportaciones, normalizando abusos que hemos visto con ICE en Estados Unidos y poniendo en riesgo innumerables vidas”.

La Policía Nacional ha detenido a 13 personas acusadas de participar en el ataque que miembros de Falange perpetraron el pasado viernes 6 de marzo en las facultades de Políticas y Trabajo Social de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Otros seis menores han sido puestos a disposición de la Fiscalía por estar presentes en los mismos hechos, informa la Delegación del Gobierno en Madrid.

La agresión tuvo lugar en pleno fin de semana del 8M y fue denunciada por la UCM. Según relataron los decanatos de ambas facultades, cerca de una treintena de personas irrumpieron en las instalaciones situadas en el campus de Somosaguas, arrancaron carteles, “especialmente aquellos relacionados con actividades en torno al 8 de marzo y los derechos de las mujeres”, y retiraron “violentamente” pancartas reivindicativas del estudiantado.

Luego intentaron colocar una pancarta que, junto al símbolo de Falange, portaba el lema Rechaza el feminismo, abraza la feminidad. Aunque el personal de las facultades afectadas impidió su colocación.

Por estos hechos, los detenidos son acusados de delitos de desórdenes públicos, daños y delito contra los derechos fundamentales. Según el relato policial, acudieron a la facultad “de forma coordinada” y, ataviados con ropas oscuras y el rostro cubierto. No se produjeron confrontaciones violentas aunque sí alteraron el normal funcionamiento de la universidad y causaron daños en el mobiliario y el aula empleada por los alumnos para su esparcimiento y que habitualmente usaban las asociaciones estudiantes para planificar actividades.

“El odio y la violencia no pueden quedar impunes, creo que es un mensaje importante para la ciudadanía”, ha explicado a Somos Madrid el delegado del Gobierno, Francisco Martín, al anunciar la operación policial. También ha lamentado la “presencia absolutamente descarada del fascismo en las calles, incluso en las instituciones”.

“Los discursos de odio terminan teniendo sus expresiones en forma de delitos de odio y en forma de envenenamiento de la convivencia. Cuando alguien se va escorando hacia la derecha, siempre hay alguien que quiere estar más allá. Y al final estamos constatando hasta dónde están pudiendo ser capaces de llegar”, ha añadido.

Martín ha querido insistir también en el mensaje de que “el odio es incompatible con nuestra nuestro marco constitucional, con el estado social y de derecho. Y tenemos que demostrar que el odio ni la violencia quedan ni van a quedar impunes en Madrid”.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, inicia una 'purga' en su Gobierno tras la sonora derrota de su referéndum sobre la reforma judicial y fuerza la dimisión de la ministra de Turismo y dos altos cargos de Justicia.

La última salida ha sido la de Daniela Santanchè, titular de Turismo y miembro del partido ultra Fratelli d'Italia de Meloni, que ha presentado este miércoles su dimisión, como le había pedido públicamente la líder del Ejecutivo y pese a su resistencia a hacerlo. “Querida Giorgia, te presento, como has deseado públicamente, mi dimisión del cargo de ministra que quisiste encargarme y que creo que he desempeñado con mis mejores capacidades”, se lee en una carta dirigida a la inquilina del Palazzo Chigi y difundida por el ministerio.

El resultado del referéndum —donde el 'no' a la propuesta se impuso con un 54% de los votos— propició la dimisión de dos polémicos altos cargos del Gobierno, criticados por haber empañado la campaña con sus declaraciones y acciones: el subsecretario del Ministerio de Justicia, Andrea Delmastro, y la jefa de Gabinete, Giusi Bartolozzi.

La hasta ahora ministra era uno de los miembros más polémicos del Gobierno por estar implicada en varios procesos judiciales y de fraude. Sin embargo, la primera ministra no ha explicitado los motivos de su petición de renuncia hacia ella. “He querido (y espero que lo entiendas) que quedara públicamente claro que eras tú quien me pedía dejar este cargo, porque, como siempre he dicho, habría dimitido solo ante una solicitud tuya explícita y pública. Quería que quedara claro, por mi honorabilidad, que doy un paso atrás únicamente ante la petición que la jefa de mi partido considera útil y oportuna”, afirma Santanchè en su carta. En la misma, también defiende que actualmente tiene un historial penal “impecable”.

Sobre su decisión de no dimitir inmediatamente, sostiene su intención de separar su renuncia del resultado del referéndum. “Quería que se mantuviera separada tanto de los comentarios sobre el referéndum, ya que no quisiera ser el chivo expiatorio de una derrota que ciertamente no ha sido determinada por mí”, alega.

Santanchè termina su misiva confesando su “amargura” y tendiendo su mano a la primera ministra: “En mi vida estoy acostumbrada a asumir mis responsabilidades y, a menudo, también las de los demás. Valoro más nuestra amistad y el futuro de nuestro movimiento”.

Se trata de la segunda dimisión de un ministro en el Gobierno de Meloni, después de la del extitular de Cultura, Gennaro Sangiuliano, en agosto de 2024 por un escándalo sentimental.

La legislatura se tuerce para Meloni

Hasta hace pocos días el horizonte político de Meloni, en el último tramo de una legislatura que concluirá previsiblemente en 2027, estaba limpio de nubarrones, pero han surgido inesperadamente con su fracaso en el referéndum al que sometió su importante reforma de la magistratura.

El resultado más inmediato ha sido la alegría de una oposición de centro-izquierda que rechazaba en bloque la reforma y que se apunta un triunfo simbólico. Pero también el disgusto de los partidos en el Gobierno y de la mandataria ante su primera gran derrota, que se interpreta también como una encuesta sobre la popularidad de la que goza la líder ultraderechista, al tratarse de una de sus medidas estrella.

La participación ha sido clave, según los medios italianos: se acerca al 59% de los 51,4 millones de italianos llamados a votar en una consulta que no requería una tasa de participación mínima para que el resultado sea válido. Ha sido el referéndum con mayor afluencia de la última década, tras otro celebrado en 2016 sobre la composición del Senado donde se llegó al 65% y que derivó en la derrota y dimisión de su gran promotor, el ex primer ministro Matteo Renzi.

En los últimos días y semanas, la campaña se aceleró en medio de la polarización y la apatía de gran parte de la ciudadanía que, en muchos casos, no entendió los tecnicismos enrevesados de la reforma y fue a votar más bien en función de su apoyo o rechazo al Gobierno ultraderechista de Meloni.

Entre los cambios previstos por la reforma judicial, está la separación de carreras de jueces y fiscales, que hasta ahora pueden cambiar de rol al inicio de su vida profesional. El Ejecutivo apeló a modificar el sistema, alegando que los profesionales de la Justicia ganarán imparcialidad con carreras separadas, sin opción de pasar de juez a fiscal o viceversa, algo que niegan los críticos, que alertaron del mayor control político sobre los tribunales.

El president del Parlament balear, Gabriel Le Senne (Vox), s'ha ausentat del ple d'aquest dimarts en trobar-se a Budapest per assistir a una trobada del grup ultra europeu Patriots -integrat per més de 80 eurodiputats ultranacionalistes i d'extrema dreta- en suport del primer ministre Viktor Orban de cara a les eleccions d'abril a Hongria. Juntament amb Le Senne, tampoc ha estat present la presidenta del Govern, Marga Prohens (PP), qui continua de viatge institucional a la República Dominicana i Puerto Rico.

El màxim representant de la Cambra autonòmica va comunicar la seva absència sense detallar els motius, si bé la seva presència a la trobada ha quedat acreditada a través de xarxes socials amb imatges que ell mateix ha difós. “És un honor que Vox m'hagi ofert l'oportunitat de venir a Budapest a la reunió de Patriots en suport de Viktor Orban abans de les transcendentals eleccions a Hongria”, va posar de manifest a última hora d'aquest dilluns a X.

L'absència de la líder balear i del màxim representant de la Cambra autonòmica ha portat el vicepresident primer, el popular Mauricio Rovira, a exercir temporalment com a màxima autoritat de les illes.

Entre altres dirigents, també s'han desplaçat fins a Hongria el president de Vox, Santiago Abascal, la líder d'Agrupació Nacional a França, Marine Le Pen, o el president de Lega a Itàlia, Matteo Salvini en una demostració de força del bloc ultra europeu en un moment clau per al líder hongarès després de més d'una dècada al poder. El passat mes de gener, líders de l'extrema dreta internacional ja es van unir per donar suport al primer ministre hongarès en un vídeo electoral.

La decisió ha provocat dures crítiques des dels grups d'esquerra, qui han qüestionat el fet que la segona autoritat de Balears s'absenti d'un ple per acudir a un acte de caràcter partidista i alineat amb l'extrema dreta internacional. Durant el ple, el portaveu de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha recriminat que Le Senne hagi prioritzat un “fachaencuentro” a les seves funcions, mentre que el PSIB-PSOE ha recordat que Orban es va situar en el focus d'una investigació que apunta que el seu govern va desplegar agents d'espionatge a Brussel·les per recopilar informació sobre les institucions europees i reclutar funcionaris de la UE.

Per la seva banda, el diputat d'Unides Podem, José María García, ha denunciat l'“abandonament de funcions de la segona autoritat de la comunitat autònoma”, una conducta que, al seu judici, “no es toleraria en cap treballador”: “Està utilitzant temps institucional per a interessos de caràcter personal i partidista”.

Cal recordar que el PP va aupar el 2023 Le Senne a la presidència del Parlament a canvi que els populars poguessin governar les illes en solitari -això sí, amb el suport extern de Vox-. El nomenament del dirigent ultra, qui percep 72.194,64 euros anuals, no va ser indiferent a ningú. Immediatament, van sortir a la llum les seves controvertides idees xenòfobes i negacionistes en forma de bel·ligerants publicacions contra el canvi climàtic, el racisme i la violència masclista que durant els últims anys ha abocat a X.

Le Senne és, a més, seguidor d'algunes tesis vinculades a grups neonazis, com la teoria de “el gran reemplaçament”, segons la qual la població blanca i cristiana estaria sent “substituïda” per pobles no europeus, especialment africans, cosa que consideren que posa en “perill” la cultura i civilització europees. Una teoria racista, definida per grups de supremacistes blancs lligats a grups d'extrema dreta -neonazis inclosos- que va ser popularitzada per l'escriptor francès Renaud Camus i sosté que existeix una espècie de conspiració liderada per una èlit global per acabar amb la població blanca, cosa que anomenen “genocidi blanc”.

Des del seu nomenament, el dirigent s'ha situat diverses vegades en el focus de la polèmica, especialment quan, en ple hemicicle, va estripar la imatge d'Aurora Picornell, icona del republicanisme a Mallorca, i de les activistes Maria i Antònia Pascual, afusellades pels feixistes la vigília de Reis de 1937. Uns fets pels quals es troba pendent de ser jutjat per un delicte d'odi. L'estretament dels vincles de Le Senne amb la cúpula de Vox va portar al Comitè Nacional Executiu del partit, a mitjans de 2025, a designar-lo president de la formació a les illes.

El presidente del Parlament balear, Gabriel Le Senne (Vox), se ha ausentado del pleno de este martes al encontrarse en Budapest para asistir a un encuentro del grupo ultra europeo Patriots -integrado por más de 80 eurodiputados ultranacionalistas y de extrema derecha- en apoyo al primer ministro Viktor Orbán de cara a las elecciones de abril en Hungría. Junto a Le Senne, tampoco ha estado presente la presidenta del Govern, Marga Prohens (PP), quien continúa de viaje institucional en República Dominicana y Puerto Rico.

El máximo representante de la Cámara autonómica comunicó su ausencia sin detallar los motivos, si bien su presencia en el encuentro ha quedado acreditada a través de redes sociales con imágenes que él mismo ha difundido. “Es un honor que Vox me haya ofrecido la oportunidad de venir a Budapest a la reunión de Patriots en apoyo a Viktor Orbán antes de las trascendentales elecciones en Hungría”, puso de manifiesto a última hora de este lunes en X. “Este viaje me ha permitido darme cuenta una vez más de lo importante que es nuestra defensa de la verdad y el sentido común para la supervivencia de nuestra civilización”, ha deslizado, mientras tanto, en Facebook, en línea con el marco narrativo de la extrema derecha.

La ausencia de la líder balear y del máximo representante de la Cámara autonómica ha llevado al vicepresidente primero, el popular Mauricio Rovira, a ejercer temporalmente como máxima autoridad de las islas.

Entre otros dirigentes, también se han desplazado hasta Hungría el presidente de Vox, Santiago Abascal, la líder de Agrupación Nacional en Francia, Marine Le Pen, o el presidente de Lega en Italia, Matteo Salvini en una demostración de fuerza del bloque ultra europeo en un momento clave para el líder húngaro tras más de una década en el poder. El pasado mes de enero, líderes de la ultraderecha internacional ya se unieron para apoyar al primer ministro húngaro en un vídeo electoral.

La decisión ha provocado duras críticas desde los grupos de izquierda, quienes han cuestionado el hecho de que la segunda autoridad de Balears se ausente de un pleno para acudir a un acto de carácter partidista y alineado con la extrema derecha internacional. Durante el pleno, el portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha recriminado que Le Senne haya priorizado un “fachaencuentro” a sus funciones, mientras que el PSIB-PSOE ha recordado que Orbán se situó en el foco de una investigación que apunta a que su gobierno desplegó agentes de espionaje en Bruselas para recopilar información sobre las instituciones europeas y reclutar a funcionarios de la UE.

Por su parte, el diputado de Unidas Podemos, José María García, ha denunciado el “abandono de funciones de la segunda autoridad de la comunidad autónoma”, una conducta que, a su juicio, “no se toleraría en ningún trabajador”: “Está utilizando tiempo institucional para intereses de carácter personal y partidista”.

Cabe recordar que el PP aupó en 2023 a Le Senne a la presidencia del Parlament a cambio de que los populares pudieran gobernar las islas en solitario -eso sí, con el apoyo externo de Vox-. El nombramiento del dirigente ultra, quien percibe 72.194,64 euros anuales, no fue indiferente a nadie. De inmediato, salieron a la luz sus controvertidas ideas xenófobas y negacionistas en forma de beligerantes publicaciones contra el cambio climático, el racismo y la violencia machista que durante los últimos años ha vertido en X.

Le Senne es, además, seguidor de algunas tesis vinculadas a grupos neonazis, como la teoría de “el gran reemplazo”, según la cual la población blanca y cristiana estaría siendo “sustituida” por pueblos no europeos, especialmente africanos, lo cual consideran que pone en “peligro” la cultura y civilización europeas. Una teoría racista, definida por grupos de supremacistas blancos ligados a grupos de extrema derecha -neonazis incluidos- que fue popularizada por el escritor francés Renaud Camus y sostiene que existe una especie de conspiración liderada por una élite global para acabar con la población blanca, lo cual llaman “genocidio blanco”.

Desde su nombramiento, el dirigente se ha situado varias veces en el foco de la polémica, especialmente cuando, en pleno hemiciclo, desgarró la imagen de Aurora Picornell, icono del republicanismo en Mallorca, y de las activistas Maria y Antònia Pascual, acribilladas a tiros por los fascistas la víspera de Reyes de 1937. Unos hechos por los que se encuentra pendiente de ser juzgado por un delito de odio. El estrechamiento de los vínculos de Le Senne con la cúpula de Vox llevó al Comité Nacional Ejecutivo del partido, a mediados de 2025, a designarlo presidente de la formación en las islas.

Luciana Peker llega a la entrevista con prisas, culpa de una agenda cargada de compromisos en plena presentación de su último libro, La odiocracia. Al fondo a la derecha (Libros del KO), un ensayo que en sus páginas propone justo lo contrario a esa velocidad: “leer con profundidad, con tiempo, porque se necesitan diagnósticos certeros para lo que estamos viendo”. La periodista y escritora feminista vive desde hace un tiempo en Madrid, y reconoce que el libro es una forma de contar sin autocensura Argentina, ese país del que se siente “expulsada”, un país “contradictorio, bipolar y muy extremo” que se ha convertido en “el gran laboratorio de la extrema derecha”.

A través de las páginas de La odiocracia, y casi en cada respuesta, Peker advierte de que España no está viendo con suficiente claridad el peligro de ese “gobierno del odio” que la ultraderecha busca instalar como sistema: “La gente cree que camina segura sobre un suelo de derechos, que pueden cambiar las baldosas, pero el suelo permanece. Y no es así. Claro que se perfora ese suelo”. 

La conversación va y viene uniendo líneas de puntos entre la construcción de la masculinidad y las motosierras o los pañuelos verdes y el falso espejo del regreso a un pasado de hombres proveedores y mujeres deseosas de protección, sin olvidar la lógica extractivista que alimenta las relaciones de Estados Unidos y Europa con Latinoamérica. Peker sostiene que todavía hay tiempo para entender y actuar contra el “patriarcado recargado” que sostiene esta ola reaccionaria, y apuesta por el periodismo, aunque no le ahorra críticas: “Con la extrema derecha, está mirando la selfie y no la foto panorámica”.

¿Qué es la odiocracia, en pocas palabras? 

Es un sistema en el que se llega al gobierno con odio, se gobierna con odio y se genera una sociedad que reproduce ese odio, tanto en quienes están de acuerdo como en quienes no lo están. Así, el sistema de relaciones acaba hegemonizado por el odio hacia los demás.

La portada del libro muestra una gran motosierra. La motosierra es un símbolo, pero ¿de qué? 

La motosierra emula una masculinidad productiva que es leñadora, que puede usarse para hacer una casa, pero en la mano de varones inútiles que nunca sabrían hacer una casa y que, en cambio, usan la motosierra desde un lugar de terror. De hecho, la motosierra de Javier Milei está inspirada en una película de terror sobre un feminicida real norteamericano. Es el símbolo mundial más grande de amenaza hacia una sociedad con derechos y protección social. Y que en el caso de Argentina se concreta con el ajuste más grande de la historia. 

Argentina es un país contradictorio, bipolar y muy extremo, muy apasionado. Es un país con enormes avances en derechos humanos, el que llegó más lejos en el enjuiciamiento de delitos de lesa humanidad. Y ahora es el gran laboratorio de la extrema derecha

El libro habla mucho de Argentina, un país que ha vivido una especie de renacer feminista en las calles y que ahora tiene como presidente a uno de los mayores representantes del mundo de la ultraderecha y el “patriarcado recargado”, como lo describe. ¿Qué pasó? 

Argentina es un país contradictorio, bipolar y muy extremo, muy apasionado. Es un país con enormes avances en derechos humanos, el que llegó más lejos en el enjuiciamiento de delitos de lesa humanidad. Y ahora es el gran laboratorio de la extrema derecha. Es el país del movimiento que organizó la huelga feminista que se replicó en España, que fue el germen de lo que se conoce como MeToo, que en realidad empezó el 3 de junio del 2015, que vio nacer el pañuelo verde y generó una ola feminista en toda América Latina. Y por eso para la extrema derecha es tan importante que sea el lugar de su normalización: es como un disciplinamiento a un país que tenía una tradición de derechos humanos, de feminismo, de protesta social muy importante.

¿Cómo funciona esa normalización?

Paso a paso. José Antonio Kast no podría haber ganado en Chile si Europa no normalizaba a Milei en América Latina. No es casualidad que Milei haya venido ya seis veces a España. Creo que había –y todavía hay– un concepto erróneo de que existe un suelo de derechos que no se puede perforar. La gente cree que camina segura, que pueden cambiar las baldosas pero el suelo permanece. Pero esta extrema derecha es otra cosa y claro que perfora ese suelo. 

En el caso de Argentina, una inflación del 260% resulta enloquecedora, claro. En El Salvador podemos ver también una inseguridad que era real. Pero ni la inflación ni la inseguridad pueden justificar el autoritarismo. 

La sensación de frustración y la pérdida de un horizonte es algo que la ultraderecha explota especialmente bien. 

La indignación o el odio con el que hablan personajes como Milei podría funcionar bien en una campaña electoral, pero ellos no lo usan solo para que los voten. Lo usan como un mecanismo permanente. Las extremas derechas no vienen a proporcionar soluciones a esos problemas. Lo que proponen es castigar a otros. Entonces necesitan un electorado y una opinión pública que se conforme con la venganza hacia los demás, en lugar de exigir soluciones.

Hoy no hay libertad de expresión plena en Argentina

¿Este libro es una forma de contar esa Argentina que te expulsó, de alguna manera? 

Me siento expulsada. No es casualidad que la extrema derecha buscara en las periodistas feministas a sus primeras enemigas. Hoy no hay libertad de expresión plena en Argentina. Lo dicen Reporteros sin Fronteras, Fopea o Amnistía Internacional, que fue quien llevó mi querella por la violencia explícita, la censura, la autocensura y el acorralamiento. Para mí es importante contar cómo Argentina es un laboratorio de la extrema derecha y los lazos con España y con Estados Unidos, que parece que no se están mostrando lo suficiente. 

¿Por qué? 

El periodismo está mirando demasiado la letra chica y poco los titulares. Está mirando la selfie y no la foto panorámica. Y la extrema derecha tiene muy clara la panorámica. Las explicaciones locales tienen sentido y hay que hacerlas. Pero estamos perdiendo de vista una estrategia que va más allá de las realidades locales, una unidad que la ultraderecha tiene completamente aceitada.

En un momento del libro afirma que Milei es más un símbolo de la ultraderecha que un jefe de Estado. ¿A qué se refiere?

De hecho, es un embajador. Cuando Milei dice 'yo tengo incidencia en el mundo', tiene razón. De hecho creo que en Argentina se lo subestima. Te subís a un taxi en Panamá, en El Salvador, Guatemala, Honduras, y no saben quién es el presidente de España pero sí el de Argentina.

¿También un agitador? 

El agite es parte del vocabulario popular argentino, del fútbol, de la cumbia… Él toma eso para decir y hacer lo que Santiago Abascal no puede. Y luego está la red trasnacional de la que participan, y que hace que Javier Negre esté acreditado como periodista en la Casa Rosada, y que su socio en Argentina, Fernando Cerimedo, que estuvo imputado por el intento de golpe de Estado en Brasil, ahora sea asesor del presidente de Honduras, Nasri 'Tito' Asfura, que fue el elegido de Trump. 

El afán aprovechador de Trump no es único: Europa no frena a Milei porque también tiene intereses extractivistas y neocolonialistas

¿La influencia de Donald Trump resucita el fantasma de las “relaciones carnales” de Argentina con Estados Unidos? 

La expresión “relaciones carnales”, que usó en los años 90 el ministro de Exteriores menemista Guido Di Tella, forma parte de una violencia sexual explícita en el lenguaje que no es casual. No se habla de tener relaciones cercanas, sino que implica una posición de abuso y sometimiento. Milei usó la metáfora de un pedófilo frente a “niños vaselinados”. De hecho mi editora me pidió que comprobara varias veces ese dato. ¡No lo podía creer! 

Detrás de esa ayuda que EEUU ofrece a su socio Milei y a otros presidentes latinoamericanos hay unos intereses económicos que en esta ocasión ni siquiera se ocultan. 

Trump se pone públicamente la medalla de haberle hecho ganar a Milei las elecciones legislativas, porque ambos son hombres que humillan y que se dejan humillar por otro más poderoso. De hecho, las bases militares ya se están cediendo, los cambios en el puerto de Ushuaia están sucediendo. Milei va a regalar los recursos naturales: litio, oro, cobre, tierras raras, agua. Lo más grave es que quiere derogar la Ley de Glaciares para dejar de protegerlos: es la última riqueza de agua antes de la Antártida. 

¿Y esto no genera sospechas o resistencia en la población? 

Argentina sabe que su posición es de endeudamiento. Y el afán aprovechador de Trump no es único: Europa no frena a Milei porque también tiene intereses extractivistas y neocolonialistas con esos recursos. En cuanto a la gente, sí destaco que hay un fenómeno ciudadano muy importante: más de 60.000 personas inscritas en las audiencias públicas para defender los glaciares. Eso muestra que hay una democracia participativa que va más allá de las elecciones y que están queriendo callar. 

Ellos simulan ser los varones de antes. Hablan de tradición, familia y propiedad, pero no son varones clásicos. Ni siquiera Abascal, que está más cerca de un hombre tradicional, fue capaz de resignarse, por ejemplo, a vivir con una mujer para toda la vida

En el libro destaca que Milei y Elon Musk reconocen tener resentimiento hacia sus padres. ¿Cree que eso tiene que ver con la construcción de una cierta masculinidad?

Para mí es central. Porque además fueron víctimas de violencia. Milei fue un niño golpeado, lo contó él mismo en televisión, y el padre de Musk fue señalado como abusador de menores de su familia. Son varones víctimas de la violencia patriarcal. La diferencia es que las feministas denunciamos para que no siga pasando. En cambio, la posición de ellos es: como yo fui víctima, ahora voy a ser más malo que los que me hicieron mal. Por eso es un patriarcado recargado, opuesto al feminismo de la reparación, de la sanación y de que otros vivan mejor. 

¿Son víctimas de un modelo de hombre al que defienden volver? 

Ellos simulan ser los varones de antes. Hablan de tradición, familia y propiedad, pero no son varones clásicos, no son ni fuertes ni productivos. Y el problema es que muchos jóvenes se miran en un espejo que en realidad no es lo que les están vendiendo. Y también muchas mujeres, cansadas de cargar con toda la mochila solas, pueden pensar que necesitan ese varón proveedor y protector que venga a cuidarlas. Más allá de poder pensar ‘qué horror que las mujeres vuelvan a la casa’, lo importante es que es mentira. Porque hay muchos chicos queriendo emular ese modelo cuando ni van a tener dinero para ser proveedores ni van a estar dispuestos a las obligaciones que tenían esos varones de antes. Ni siquiera Abascal, que está más cerca de un hombre tradicional, fue capaz de resignarse, por ejemplo, a vivir con una mujer para toda la vida.

Hay una parte de los cambios que impulsó el feminismo que sí les interesan. 

Los varones toman los beneficios del fin de los estereotipos. Un hombre como Milei, sin hijos, que se considera ‘invicto’ por no haberse casado y vive con sus perros, nunca hubiera llegado a presidente en Argentina. Un hombre que puede ser emocional y contar sus problemas públicamente. Las mujeres deconstruimos qué era el amor, qué era la familia, y ellos toman esas construcciones para castigarnos.

Los que se querían hacer los progres, los feministos, los aliados, demonizaron y echaron la culpa al feminismo. Y otros se pasaron a la posición de ‘no te conozco’

¿Cree que hubo una tentación de cierta parte del progresismo de despegarse del feminismo frente a la ola reaccionaria? 

El feminismo tenía capacidad para rearmar una oposición, una resistencia a esta extrema derecha a través de sus redes, su masividad y sus alianzas trasnacionales. Pero eso quedó desmantelado cuando el progresismo le soltó la mano. 

Desde lo partidario y lo político hasta los medios de comunicación, los que se querían hacer los progres, los feministos, los aliados, demonizaron y echaron la culpa al feminismo. Y otros se pasaron a la posición de ‘no te conozco’. Las organizaciones de la sociedad civil, las ONG, la cooperación internacional se desligaron completamente del feminismo.

¿Cómo convive eso con la militancia de jóvenes mujeres que se ven a sí mismas como feministas pero apoyan a partidos de ultraderecha? 

Disputo que sean feministas, pero sí creo que instrumentalizan al feminismo. En Argentina peleamos por el cupo femenino, y es cierto que ayudó a que llegaran a puestos de poder mujeres que ahora intentan sacar adelante una ley para criminalizar a quienes denuncian violencia machista.

Esta extrema derecha no es alternancia electoral. Está a la derecha de la corona española y a la derecha del Vaticano, de Francisco y del actual Papa

Hablaba de las mujeres que llegan a los lugares de poder. ¿Cuál es el papel de políticas como Giorgia Meloni, Alice Weidel o Isabel Díaz Ayuso en esta odiocracia?

Meloni, Ayuso o Weidel serían lo que Laura Bates describe como mujeres que odian a las mujeres. Son también una estrategia de la extrema derecha. Weidel es lesbiana, está casada con una inmigrante y lidera un partido [Alternativa para Alemania (AfD)] que defiende deportaciones masivas. En una sociedad a la que le cuesta mucho leer las cosas de manera compleja y que se queda con las fotos de Instagram, diluyen de manera simbólica y efectiva la idea de que las mujeres vamos a hacer la oposición a este neofascismo.

Alvise Pérez, emulando a Milei, prometió que sortearía su sueldo de eurodiputado, pero diversas informaciones indican que en realidad el dinero iba a parar a campañas de agitación de personajes como Vito Quiles, con quien el presidente argentino compartió evento hace pocos días en Madrid. ¿Milei es un modelo a seguir? 

Más allá de que haya o no un efecto imitación, es un modelo de representación social y por eso es tan peligroso. Generan un odio que queda legitimado, que lleva a personas a creer que pueden tener impunidad con el racismo, con la violencia sexual… La excentricidad de Milei es funcional, pero la extrema derecha es muy inteligente y no ha replicado tantos modelos similares: en Chile, Kast tiene mejores modales; en Honduras, Afura hace un discurso más moderado. Distintos modelos que en el fondo generan lo mismo: la impunidad social de la violencia.

¿La ultraderecha juega al despiste? 

Creo que España no llega a tener un diagnóstico certero de lo que pasa y de lo que le puede pasar. La directora argentina Dolores Fonzi lo dijo hace poco en la gala de los Goya: “Yo vengo del futuro. No caigan en la trampa. La ultraderecha vino a destruirlo todo”. Ese futuro es que no solo pueden ganar unas elecciones. Esta extrema derecha no es alternancia electoral. Está a la derecha de la corona española y a la derecha del Vaticano, de Francisco y del actual Papa.

 ¿Y frente a la odiocracia, qué? 

Periodismo. Creo que la odiocracia no hubiera podido llegar a tener el poder político y social que tiene hoy si no fuera por la degradación del periodismo que produjeron las redes sociales, con Elon Musk y Mark Zuckerberg a la cabeza. La gente se tiene que volver a informar a través de medios y no solo por lo que las redes le muestran. Creo que hay que volver a los libros, a leer con profundidad, con tiempo, porque se necesitan diagnósticos certeros para lo que estamos viendo. Hay que impulsar más leyes mientras se pueda, apelar a la unidad social y política con un proyecto a largo plazo. Apoyar a los varones jóvenes, y confiar en esas mujeres que dieron la mayor parte de su vida para generar transformaciones sociales. Ahí hay fortaleza.

La extrema derecha española arremete contra el rey Felipe VI después de sus declaraciones sobre la conquista de América. Este lunes, el rey reconoció que España había cometido “mucho abuso” durante la colonización del territorio mexicano y admitió “controversias morales y éticas” en dicho periodo de la historia. Las declaraciones no han sentado bien en la ultraderecha, que hace años que critica a Felipe VI porque, consideran, sus intervenciones no se alinean con los intereses más conservadores de la Corona.

El eurodiputado de Vox Hermann Tertsch ha condenado las palabras del rey. “Mi Rey, con todo respeto, le recuerdo que 'mucho abuso' hay ahora por parte de un gobierno criminal que saquea a los españoles, ha corrompido toda la administración del Estado, roba sin pausa y además acosa, margina y agrede constantemente la institución de su Majestad”, asegura en redes sociales el eurodiputado ultraderechista, aprovechando para arremeter contra el Gobierno de Pedro Sánchez.

Tertsch califica la conquista de América de “inmensa gesta” y “salto glorioso”, y afirma que “los posibles abusos” contra la comunidad humana indígena “son insignificantes” frente a “los abusos que perpetraban habitantes de aquellas tierras” y frente a la “colosal” gesta de España. “Estamos estupefactos”, asegura. “Somos muchos los que no entendemos su formal y casi habitual adhesión a las tesis de quienes solo buscan daño y desprecio para la historia de España. Juan Carlos Girauta, también eurodiputado del partido, ha repetido parte del argumento de Tertsch. ”Hombre, abuso abuso el de los aztecas sobre el resto de pueblos indígenas antes de tener la suerte de convertirse en españoles“, ha dicho en su perfil de X.

Pepa Millán, portavoz de Vox en el Congreso, ha afirmado que “la empresa española en América fue la mayor obra evangelizadora y civilizadora de la historia universal”, y que esto se hizo “respetando todos los derechos y la dignidad de todos los súbditos de la Corona”.

No solo han mostrado su rechazo a las palabras del monarca quienes forman parte del partido de Santiago Abascal. También han llegado críticas desde la derecha liberal y conservadora. El propio presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha compartido su opinión una entrevista en esRadio: “Hacer ahora un examen de las cosas que ocurrieron en el siglo XV es un disparate”. Para el dirigente popular, la llegada de España a América “ha conllevado una comunidad lingüística y cultural excepcional”. Ha defendido también que los Reyes Católicos consiguieron para los pueblos indígenas derechos “muy superiores” a los “que tenían en su territorio”, después de pedir que se contextualicen las palabras de Felipe VI.

La calificación y el reconocimiento histórico de las consecuencias que tuvo la colonización de América durante el siglo XV ha sido razón de desavenencia entre los gobiernos español y mexicano durante los últimos años. En 2019, el entonces presidente de México, Andrés López Obrador, exigió a la corona española que admitiera públicamente la responsabilidad de los crímenes cometidos en dicho momento de la historia contra los pueblos nativos. Felipe VI se negó y las relaciones diplomáticas se enfriaron. Hace dos años, la dirigente de México, Claudia Sheinbaum, no invitó a ningún representante de la Casa Real ni del Ejecutivo a su toma de posesión del cargo.

Losantos: “El rey bajo ningún concepto puede atacar la memoria de los reyes católicos”

El periodista Federico Jiménez Losantos se ha mostrado especialmente duro con las declaraciones: “El rey de España, de ninguna manera, bajo ningún concepto, nunca, jamás, puede atacar la memoria de los reyes católicos, la memoria de la corona de España, sagrada memoria civilizatoria”, ha asegurado durante su programa en esRadio. Losantos ha asegurado que “España nunca ha cometido abusos en América” y que “llevó la civilización occidental, la más avanzada del mundo”, a América. Ha afirmado que antes del siglo XV quienes cometían crímenes contra la humanidad eran los propios indígenas, que practicaban “sacrificios humanos” y “mataban a miles cada año”. “Los españoles hoy podemos estar muy orgullosos. ¿Quién salva a todos indígenas? España”.

También han expresado su desacuerdo varias organizaciones y activistas de la extrema derecha más radical, como Núcleo Nacional, e incluso algunos medios y sus directores, como OkDiario.

El medio OkDiario publicaba este lunes por la tarde la noticia de las palabras de Felipe VI con el siguiente titular: 'Felipe VI se suma al relato de la leyenda negra: “Hubo mucho abuso durante la conquista de América'. La presidenta del periódico digital ha publicado un mensaje en la red social X, acompañado de la noticia. ”El único abuso que hay es el del Rey Felipe VI con la paciencia de los españoles en los últimos años. Qué vergüenza“, ha criticado.

La organización ultra Núcleo Nacional —cuyo lema es 'No parar hasta conquistar' y que habitualmente utiliza una bandera de España de la que retiran o borran el escudo real— respondió, en la misma plataforma, al vídeo de las declaraciones con un: “Masonada histórica”. Los activistas más ultraderechistas han intentado relacionar reiteradamente a Felipe VI con la masonería. El bulo suele rescatarse cada pocos meses en redes sociales.

Son muchos los ciudadanos anónimos de extrema derecha que también han expresado su descontento con las palabras del rey. Algunos son el escritor Guillermo Rocafort, el falangista Martín Ynestrillas, Marcos de Quinto o cuentas de “divulgación” ultras contra la “batalla cultural”, como A pie de calle. “Increíble y vergonzoso”, se ha quejado Rocafort en su cuenta de X. “Abusos hubo también en la Conquista de Iberia por Roma pero a nadie se le ocurre condenarla porque dicha Conquista configuró nuestra Nación”, asegura. Ynestrillas ha calificado a Felipe VI de “felón” y “títere”. “Un indigno, representante ideal de la época que nos ha tocado vivir, donde ni siquiera el monarca es capaz de mantener la mínima dignidad nacional”, añade. El empresario y exdiputado Marcos de Quinto ha tuiteado: “Es increíble que el rey asuma un relato falso [...] ¿Por qué se muestra siempre sumiso con quienes no respetan a España… y tan distante con quienes la defendemos?”. Y la cuenta de bulos A pie de calle pregunta: “¿Esto debe ser coña con la que tenemos en el puto país, no?”.

El presidente de Argentina, Javier Milei, se ha reunido este sábado en Madrid con el líder de Vox, Santiago Abascal. El mandatario argentino ha aparecido vestido con un mono de trabajo de la petrolera YPF.

Esta empresa, o más bien el 51% de ella, fue expropiada por el gobierno argentino de Cristina Fernández de Kirchner a la empresa española Repsol en 2012. Tras más de año y medio de conflicto, el Ejecutivo argentino y la petrolera llegaron en Buenos Aires a un “principio de acuerdo” para recibir una compensación.

“Siempre es un placer reunirme con mi buen amigo y aliado Milei, referente internacional de la libertad que ha devuelto a Argentina a la senda de la prosperidad y a la liga de las grandes naciones”, ha escrito Abascal en su cuenta de X.

El líder de Vox no mencionaba que, desde que Milei asumió el cargo en diciembre de 2023, treinta empresas cerraron por día en Argentina. Unos 330.000 trabajadores perdieron sus empleos entre noviembre de 2023 y noviembre del 2025 tras el cierre de más de 22.000 fábricas.

En esta ocasión, Milei ha venido a España para clausurar este sábado el Madrid Economic Forum 2026, un foro de economistas, empresarios y políticos de extrema derecha. Allí el presidente argentino habló de los socialistas como “zurdos roñosos”, llamó “impresentable” a Pedro Sánchez y animó al público a no dejarse “psicopatear por los zurdos”.

Es la quinta vez que viene a España en los poco más de dos años desde que es presidente. Anteriormente también vino para asistir a otros eventos de corte ultra que han coincidido con alguno de los escándalos que cercan al mandatario argentino. Así, en septiembre de 2025 visitó nuestro país para asistir al acto 'Europa Viva 25' a la vez que su imagen se desplomaba en Argentina después de que un caso de corrupción envolviese a su Gobierno.

Solo tres meses antes había asistido al foro ultra y cripto Madrid Economic Forum, que coincidió con la polémica por la presunta estafa con la moneda $LIBRA. Al hilo de ese escándalo, Abascal calificó a Milei de “titán”. Este último viaje coincide con la revelación de nuevos detalles sobre la estafa de $LIBRA.

El presidente argentino también se ha visto este fin de semana en la capital española con su compatriota, el empresario Martín Varsavsky, y la esposa de este, Nina Varsavsky. El primero, fundador de Jazztel y Ya.com, huyó de España a Alemania como “refugiado del COVID” en septiembre de 2020. Alabó el modelo de Suecia, que decidió 'ignorar' el virus, frente al “arresto domiciliario” español, pero meses antes había abogado por el aislamiento social.

Además, el millonario Varsavsky, que se ha mostrado en numerosas ocasiones en contra de los impuestos a las grandes fortunas, promovió un artículo de Elon Musk en defensa de AfD en el dominical delWelt enero de 2025. La jefa de opinión del diario presentó su dimisión tras la publicación y la Asociación Alemana de Periodistas publicó una nota en la que acusó al diario de haber dado a Musk “carta blanca para hacer publicidad de la AfD”.

Con el triunfo de José Antonio Kast, defensor de la dictadura de Augusto Pinochet, llega por primera vez la ultraderecha al gobierno de Chile desde el retorno a la democracia. Con él, el tablero de Latinoamérica suma una nueva ficha a un panorama que se ha ido escorando en los últimos años. Kast se sube al podio de las figuras más relevantes de la extrema derecha, en el que ya están el salvadoreño Nayib Bukele (en el poder desde 2019) y el argentino Javier Milei (2023). Pero aunque son los más visibles, no son ni mucho menos una excepción.

Si la década de los 2000 fue el gran momento de la izquierda en América latina, a partir de 2019 –con el triunfo de Bukele y Jair Bolsonaro– la región ha experimentado un crecimiento sostenido de opciones políticas cada vez más a la derecha, en una familia heterogénea de populismos ultraconservadores, libertarios o neopatriotas, en algunos casos con rasgos antidemocráticos. 

Incluso en los países en los que gobierna la izquierda –México (Claudia Sheinbaum), Brasil (Lula da Silva), Colombia (Gustavo Petro) y Uruguay (Yamandú Orsú)– la ultraderecha se ha convertido en una alternativa política con líderes relevantes y posibilidades de expansión electoral.

“Esta ola de derechas no se explica tanto porque la mayoría de la población se haya vuelto más conservadora, sino porque temas que tradicionalmente ha manejado la derecha, como la seguridad y la inmigración, se han vuelto más importantes en la agenda de la opinión pública, además de un efecto castigo a los gobiernos de izquierdas de las últimas décadas”, explica la investigadora del CEU Democracy Institute Lisa Zanotti.

Desde abril de 2025, las urnas latinoamericanas sonríen particularmente a la derecha, con triunfos en Ecuador, Bolivia, Honduras, Chile y Costa Rica, además de las legislativas que fortalecieron a La Libertad Avanza, el partido de Javier Milei. Este año hay tres elecciones importantes –en Perú en abril, a finales de mayo en Colombia y en Brasil, en octubre– en las que la ultraderecha tiene posibilidades.   

PERÚ

Rafael López Aliaga, entre el Opus Dei, Vox y MAGA 

Tras un presidente provisional como José Jerí, que se encargó de emular a Nayib Bukele, y el actual, José María Balcázar, que se opuso a la ley que prohíbe el matrimonio infantil con polémicas declaraciones sobre las relaciones con menores, Perú debe elegir mandatario en las elecciones que se celebrarán el 12 de abril. Será el noveno en una década. 

Uno de los mejor posicionados, según las encuestas, es el exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga (Lima, 1961). Su partido, Renovación Popular, es el núcleo conservador más duro de una ultraderecha que se expande en el país, con una cerrada defensa de la familia tradicional, la economía de libre mercado y la “reconstrucción” de valores conservadores. 

Miembro numerario del Opus Dei, López Aliaga, apodado ‘Porky’, ha declarado practicar la abstinencia sexual y que está “enamorado de la virgen María” y el uso diario del cilicio para autolesionarse. Su discurso se caracteriza por expresiones radicales, machistas y misóginas. Insiste en negar el aborto legal a niñas víctimas de violación y en Lima reemplazó las políticas de género por la promoción del Día de la Familia. Llegó a decirle a una mujer que luchaba por su derecho a una muerte digna, que “el que se quiere matar, se tira de un edificio”.  

Se enfrenta a varias investigaciones por lavado de dinero –está en los Papeles de Panamá– y contratos irregulares en su etapa como alcalde. Tiene una fluida relación con Vox y con el movimiento MAGA. 

COLOMBIA

Abelardo de la Espriella, ‘el tigre’ que viste como un dandy

Según varias encuestas, los candidatos mejor posicionados para las elecciones del 31 de mayo son, en este orden, el senador izquierdista Iván Cepeda, del partido Pacto Histórico (PH), y el abogado Abelardo de la Espriella, apodado ‘El tigre’. 

De la Espriella, un excéntrico penalista sin experiencia política, centra su discurso en la seguridad y la lucha contra la corrupción, con promesas de “mano dura” al estilo Bukele. Su partido político, Defensores de la Patria, se apoya en la clásica trinidad de la extrema derecha: empresa, Dios y familia. 

La popularidad de De la Espriella –que ha crecido a medida que se radicalizaban sus críticas al presidente Gustavo Petro– se ha alimentado en buena medida de su estilo de millonario bon vivant: sus negocios incluyen una marca propia de ron, una de ropa y una línea de sombreros, además de algunos discos de versiones en los que ha volcado sus aspiraciones de cantante.  

La irrupción de la candidata uribista Paloma Valencia parece restarle posibilidades, en la medida en la que pueda conseguir votos del electorado crítico con Petro pero que no comulga con el discurso radical de De la Espriella. Aunque en Colombia los límites en entre el centro y la radicalidad pueden ser difusos: el partido Centro Democrático tiene en sus filas a quien muchos expertos consideran como una de las figuras con mayor proyección a futuro de la extrema derecha: la senadora María Fernanda Cabal, con un discurso plagado de punitivismo, posturas antiizquierda y oposición a lo que llama “ideología de género”.

BRASIL

El clan Bolsonaro: Flávio, Michelle y el militar privatizador

El expresidente Jair Bolsonaro sigue siendo la gran figura de la derecha radical, pero –inhabilitado por la Justicia por promover un golpe de Estado– oficia como referente político alrededor del cual orbitan sus hijos, su esposa, además de algún exasesor y exministros. 

Flávio Bolsonaro, el primogénito del expresidente, es de momento el candidato oficial para las elecciones de octubre. El parecido físico con su padre –que es quien lo designó desde la cárcel– es notable, pero él se encarga de marcar diferencias para reducir el rechazo que genera su apellido en un país altamente polarizado: “Siempre pidieron un Bolsonaro más moderado y yo siempre he sido así, ese Bolsonaro más moderado, equilibrado y centrado”. Lejos de las declaraciones homófobas de su progenitor, este abogado de 44 años y senador desde 2018, ha llegado incluso a usar el lenguaje inclusivo en algún tuit. 

Pero igual que su padre y sus tres hermanos dedicados a la política, Flávio tiene que lidiar con problemas judiciales. Entre otros delitos, ha sido investigado por lavado de dinero, asociación ilícita y malversación, pero los procesos han sido archivados. Su hermano Eduardo, diputado, actualmente está huido de la Justicia, exiliado en Estados Unidos.

Flávio Bolsonaro acudió esta semana a la toma de posesión de Kast –el presidente Lula no fue– en un momento en el que las encuestas ensalzan sus posibilidades: ahora mismo, una hipotética segunda vuelta contra Lula Da Silva acabaría en empate técnico. 

Pero el ambiente en el clan Bolsonaro no es idílico. Flávio es hijo de un primer matrimonio de Jair, por lo que no tiene el apoyo de la actual esposa de su padre, Michelle, quien también llegó a insinuar su propia candidatura. Los expertos explican que ella tiene especial llegada en los estratos sociales más bajos, y creen que puede incluso seducir a algún votante de Lula. 

Como tercero en discordia en esta carrera aparece el gobernador del estado de Sao Paulo, Tarcísio de Freitas, que como ministro de Bolsonaro fue el encargado de anunciar la privatización de un centenar de empresas estatales. De formación militar, alinea públicamente su posición con el faro de la ultraderecha en el continente, Donald Trump. Su discurso, cercano al establishment, genera apoyos sobre todo en las clases medias y altas. 

Las candidaturas definitivas se oficializarán a mediados de agosto. 

ECUADOR

La deriva antidemocrática de Daniel Noboa

Noboa se convirtió en presidente de Ecuador en noviembre de 2023 para completar el mandato de Guillermo Lasso, que abandonó anticipadamente el Gobierno para evitar un juicio político. En 2025, en contra de lo que decían las encuestas, se impuso ampliamente en la segunda vuelta en unas elecciones envueltas en sospechas y fake news. Un monitoreo recogido por el informe de la OEA indicaba que el 74% de los contenidos virales en campaña resultaron ser falsos. 

Noboa presume de una muy buena relación con Nayib Bukele y del apoyo de Donald Trump. Y tras el cuestionado pero contundente triunfo, ha acelerado las medidas más polémicas de su agenda política: eliminar en Ministerio de la Mujer, despidos generalizados de funcionarios públicos y el impulso a proyectos extractivistas que han supuesto que cientos de hectáreas de selva amazónica protegida hayan acabado arrasadas por la minería. 

“Daniel Noboa ha renunciado a proponer un proyecto de país y se concentra en la estrategia de destrucción de opositores, evitando el surgimiento de cualquier proyecto político emergente”, asegura un informe de la organización Celag Data. Se ha enfrentado a la Corte Constitucional, ha establecido nuevos requisitos y exigencias a ONG y fundaciones con el pretexto de combatir el lavado de dinero, y tiene una enorme influencia en los medios de comunicación. Varios periodistas han salido del país denunciando amenazas. 

COSTA RICA

Laura Fernández, “megacárceles” y “familia tradicional” 

La candidata y exministra del presidente Rodrigo Chaves arrasó en las elecciones del 1 de febrero y tomará posesión como presidenta el 8 de mayo. Con una campaña centrada en la “mano dura” contra la delincuencia y el narcotráfico, esta admiradora confesa de Nayib Bukele ha prometido megacárceles, leyes para endurecer las penas y el desarrollo de tecnología de vigilancia masiva: drones, reconocimiento facial, monitoreo de comunicaciones… todo bajo su control directo. Ante la polémica por sus propuestas, esta politóloga de 39 años ha asegurado que si el parlamento se opone a sus planes, forzará los cambios a través de referéndum. 

También defiende reducir el tamaño del Estado y políticas antiderechos: por ejemplo, promete revisar la ley que permite abortar cuando la vida o la salud de la mujer están en peligro. Tiene fuertes lazos con grupos evangélicos y católicos, y ha centrado su discurso en la defensa de la “familia tradicional” y en contra de la “ideología de género”. 

HONDURAS

Nasri 'Tito' Asfura, el 'Papi a la Orden' de Donald Trump

Donald Trump lo calificó como el líder necesario “para detener el avance del socialismo” en la región en la campaña tras la que Asfura, un empresario de 67 años conocido como ‘Papi a la Orden’ se convirtió en presidente de Honduras. Construyó su popularidad como alcalde de Tegucigalpa (2014-2020) haciendo hincapié en su capacidad de trabajo y su rechazo a las élites, vistiendo informal y utilizando un lenguaje sencillo. 

Es el principal aliado de Estados Unidos en Centroamérica, y tiene también buenas relaciones con Vox. Se define como representante de la “derecha valiente”, enfocada en el orden –lucha contra el narcotráfico y contención migratoria–, la fe –instauró jornadas de oración en instituciones públicas– y la desregulación económica –colaboración público-privada, incentivos fiscales, achicamiento del Estado–.

Dominicana, Uruguay, México...

“Una de las razones que explican la oleada de ultraderecha en la región es la reacción al hecho de que diversas minorías se hayan hecho visibles y hayan ganado derechos”, explica Lisa Zanotti. Quizá por eso en México el surgimiento de fuerzas de extrema derecha no es tan evidente. “Gobiernos como el de Manuel López Obrador han defendido desde la izquierda posturas abiertamente conservadoras en temas como la moral pública, la legalización de drogas, las tareas del Ejército o la inmigración”, señala Rodrigo Castro Cornejo en un estudio del Laboratorio para el Estudio de la Ultraderecha.

Sin embargo, con el gobierno de Sheinbaum empiezan a surgir proyectos emparentados con la tendencia de derecha ultraconservadora que se extiende por el resto del continente e impulsados por actores externos, como el argentino Agustín Laje o el español Javier Negre, que ha llevado su proyecto La Derecha Diario a ese país a finales del año pasado. Negre es muy cercano a Ricardo Salinas Pliego, a quienes muchos ven como el nombre más prometedor de una ultraderecha en ciernes, por delante de otro político del espectro, Eduardo Verástegui. A Salinas Pliego se lo relaciona con la sociedad secreta religiosa El Yunque, que también tiene vínculos con Vox.  

En Uruguay la ultraderecha está representada por el partido Cabildo Abierto, que irrumpió en las elecciones nacionales de 2019 como cuarta fuerza política en el país. La “defensa de la familia” en oposición a la idea de la “ideología de género” es el elemento central en los discursos de su líder, Guido Manini Ríos, que se opone abiertamente a las políticas de igualdad de género y los derechos LGBTI. “Cabildo Abierto ejerce presión sobre el régimen político democrático por sus vínculos con los militares”, analiza la investigadora Talita São Thiago Tanscheit. Al punto de que, como José Antonio Kast en Chile, no ha condenado abiertamente los delitos de lesa humanidad cometidos por la dictadura.

Una de las propuestas de Manini Ríos es la declaración de una “emergencia de seguridad”, una de las obsesiones de la extrema derecha en el continente, y uno de los discursos que más réditos electorales les deja. En él se centró la campaña de Luis Abinader, presidente reelecto de República Dominicana, un hombre de negocios cuya política migratoria es considerada “racista” por Amnistía Internacional a causa de las deportaciones masivas y la falta de derechos que sufren las personas de origen haitiano.

El comunicado de la dirección de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) tras el inicio de la última guerra de Donald Trump y Benjamin Netanyahu: “Observamos con gran preocupación los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán. Instamos a todas las partes beligerantes a actuar con la máxima moderación. La población civil y las infraestructuras civiles deben permanecer protegidas. Debe respetarse sin restricciones el derecho internacional y el derecho internacional humanitario. La nueva desestabilización de Oriente Próximo no beneficia a los intereses alemanes y debe finalizar”.

El texto, colgado en la plataforma X por el grupo parlamentario de AfD en el Bundestag pocas horas después del ataque, generó una cascada de comentarios que demuestran cómo la guerra de agresión de Trump y Netanyahu está desgarrando el espacio ideológico de la ultraderecha alemana. “Guau, el comunicado parece de un partido de izquierda”, dice uno. “¿No es este un texto de Baerbock y Von der Leyen?”, agrega otro. “El islam político debe ser combatido siempre y en todos lados”, señala otro.

Las críticas, en este caso, no venían precisamente de movimientos de izquierda o antifascistas, sino de perfiles claramente pertenecientes al espectro ideológico que rodea a AfD. En el contexto de una guerra, apoyada abiertamente por el canciller conservador Friedrich Merz y cuyas consecuencias pueden afectar seriamente a la economía alemana, el partido de ultraderecha se encuentra bajo fuego amigo.

AfD y el 'trumpismo'

La condena de la guerra contra Irán de la presidencia conjunta de AfD, conformada por Alice Weidel y Tino Chrupalla, llama aún más la atención por la estrecha relación mantenida entre el partido ultra alemán y el trumpismo. El vicepresidente de EEUU, JD Vance, dio el año pasado un discurso en la Conferencia de Seguridad de Múnich que se podía interpretar como todo un espaldarazo a Alternativa para Alemania en vísperas de unas elecciones federales alemanas. Numerosas voces de AfD han aplaudido e incluso tomado como ejemplo para el futuro de Alemania las redadas antimigratorias de ICE en EEUU.

Por un lado, está el sector que se orienta culturalmente hacia EEUU, entiende Occidente como un proyecto civilizatorio y considera a Israel como un puesto avanzado de ese proyecto. Por otro lado, está el sector que rechaza a EEUU como potencia hegemónica imperialista, quiere posicionar a Europa como una unidad geopolítica independiente y, a menudo, aunque no siempre, argumenta en línea con los intereses rusos

Nils Schniederjann — Periodista alemán especializado en ultraderecha

En el actual contexto geoestratégico, sacudido por la guerra en Oriente Medio, se observan dos facciones dentro de AfD: la ultraderecha transatlántica y proisraelí –que se mira en el espejo del neoconservadurismo encarnado por Trump y los halcones que le rodean en su segundo mandato– y la ultraderecha soberanista, proteccionista y de posiciones nacional-étnicas, encarnadas mejor que nadie por Björn Höcke, líder de AfD en estado de Turingia y del ala más radical del partido.

“La división en materia de política exterior dentro de AfD es el resultado de un partido que alberga bajo un mismo techo dos visiones geopolíticas profundamente incompatibles”, escribe el periodista alemán Nils Schniederjann, especializado en ultraderecha y cofundador del boletín Überrechts. “Por un lado, está el sector que se orienta culturalmente hacia EEUU, entiende Occidente como un proyecto civilizatorio y considera a Israel como un puesto avanzado de ese proyecto. Por otro lado, está el sector que rechaza a EEUU como potencia hegemónica imperialista, quiere posicionar a Europa como una unidad geopolítica independiente y, a menudo, aunque no siempre, argumenta en línea con los intereses rusos”.

Tensiones en la familia ultra

Esa tensión dentro de AfD descrita por Schniederjann se puede aplicar a la familia política ultraderechista europea, con las particularidades que presenta cada uno de los países. La guerra contra Irán genera un cisma en la ultraderecha europea que se puede resumir en tres grandes posiciones: los indecisos –que prefieren callar o mantener un perfil bajo sobre una guerra que les perjudica–, los que apoyan abiertamente la guerra iniciada por Trump y Netanyahu, y los que se oponen a ella.

El representante más destacado de la primera facción es el primer ministro húngaro, Víktor Orbán. En los primeros días de la guerra, Orbán mantuvo un silencio atronador. Es uno de los principales aliados de Trump –y de Vladímir Putin– dentro de la UE, le gusta presentarse como un defensor de la paz y se opone a la ayuda militar a Ucrania, y ni apoyó ni condenó los ataques contra la República Islámica. Orbán se encuentra en plena campaña, en la antesala de unas elecciones generales húngaras el próximo abril. Las encuestas proyectan su primera derrota electoral en 16 años. La guerra de Irán llega, por tanto, en el peor momento para él y su “democracia iliberal”.

Con unas elecciones municipales a la vuelta de la esquina, el líder ultraderechista francés Jordan Bardella ha intentado mantener un equilibrio: aunque al comienzo de la ofensiva no la condenó de forma directa, subrayó que cualquier cambio de régimen “legítimo y sostenible” debe provenir del pueblo iraní. Rápidamente, pasó a centrarse en el impacto económico negativo que la guerra tiene sobre los ciudadanos franceses.

Entre las voces destacadas que apoyan la agresión contra Irán se encuentran Vox y Reform UK, de Nigel Farage. El presidente del partido de ultraderecha español, Santiago Abascal, dijo que el ataque a Irán le generaba “gran esperanza” sobre la caída de la República Islámica y no dudó en acusar al Gobierno de Pedro Sánchez de acercar a España a “la oscuridad antioccidental” por su negativa a permitir a EEUU el uso de las bases de Rota y Morón para hacer la guerra.

Farage, un seguidor declarado de Trump que incluso participó activamente en campañas en favor del líder republicano, no ha dudado en atacar al primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, por hacer peligrar la “relación especial” de Reino Unido con EEUU: “Está arriesgando la relación con un país sin el que estamos indefensos”, dijo Farage recientemente a la agencia Reuters por las dudas expresadas por Starmer sobre la guerra. No obstante, el líder ultra británico parece haber cambiado de rumbo recientemente dado el escaso apoyo de la población del país a la ofensiva.

Y la facción de la ultraderecha europea más crítica con la agresión está encabezada por la primer ministra italiana, la posfascista Giorgia Meloni, de Hermanos de Italia. Aunque su Gobierno justificó en un primer momento los ataques contra Irán, días después, y tras las críticas de la oposición, Meloni fue tajante: “No estamos en guerra ni queremos entrar en ella”. Este miércoles, la primera ministra italiana reconoció que el ataque está “fuera del derecho internacional”, aunque ha añadido: “Tampoco podemos permitirnos un régimen de ayatolás en posesión de armas nucleares”.

Estas declaraciones sitúan a Meloni, curiosamente, más cerca de Pedro Sánchez que de Santiago Abascal en la cuestión iraní, un síntoma de las enormes contradicciones a las que se enfrentan los líderes de la ultraderecha europea, alineados en el pasado mayoritariamente con el movimiento MAGA de Trump, y que ahora ven cómo ello les puede pasar factura por las consecuencias de la guerra contra Irán que ya se ciernen sobre el Viejo Continente.

Basta con revisar las interacciones a determinados perfiles en redes sociales. “Zorra”, “puta”, “cochambrosa”, “a ver si te mueres”, “roja de mierda”. La cascada de insultos y amenazas que inunda el entorno digital de cualquier mujer resulta inabarcable, más aún si la destinataria tiene algún tipo de notoriedad pública. Y no es novedoso. En realidad, es algo que viene de tan lejos que ese nivel de violencia verbal ha llegado a asumirse como consustancial al uso de esas redes. Como una especie de paisaje cotidiano del odio que se acepta como inevitable y que va a más, especialmente en el caso de mujeres que se dedican a la política y que son de izquierdas. Tanto, que un día salta de Instagram o X para llamar al timbre de la puerta de casa.

“Hay alguien dándole a hombres la dirección de mi casa para que vengan aquí pensando que pueden pagar por sexo. La última vez fue hace dos semanas. Es muy desagradable pensar que en cualquier momento, mientras estoy bañando a mis hijas, las duermo o les doy de comer, pueden llamar al timbre. Tengo sensación de invasión de la intimidad”. La denuncia es de Rita Maestre, dirigente de Más Madrid y líder de la oposición en el ayuntamiento de la capital. La hizo pública hace una semana. “Es una forma de decir: sé dónde vives y puedo acosarte”, advierte. Desde que lo contó, no dejan de acumularse casos similares.

Este mismo miércoles, la Brigada de Información de la Policía Nacional informó de la detención de dos hombres por acosar y amenazar de muerte a Ione Belarra, la secretaria general de Podemos. Uno de ellos había enviado más de 300 mensajes a su cuenta de Instagram. El otro, que la calificaba habitualmente de “feminazi” o “comunista de mierda”, la había amenazado finalmente con pegarle un “tiro en la cabeza”. Solo tres días antes, su compañera de filas y eurodiputada, Irene Montero, también hizo pública una amenaza explícita a su domicilio familiar y a ella misma.

“Estamos viendo cómo le pasa a muchas mujeres, lo que pasa es que algunas amenazas traspasan la línea de la violencia y en este caso es la propia Policía quien le ha dado esa importancia”, contó la propia Montero durante la manifestación del 8M. Fue la Policía, de hecho, la que trasladó a la dirigente de Podemos la gravedad de una retahíla de amenazas de muerte remitidas por correo electrónico por parte de miembros de 764, una organización considerada terrorista por el Departamento de Justicia de EEUU y el FBI que prometía ir a buscarla a su propia casa para matarla.

“Este es un salto cualitativo. He tenido durante un año diariamente a decenas de neonazis en la puerta de mi casa sin que hubiese ninguna consecuencia por ello. Pero sí creo que hay pasos más allá, que hay una violencia cada vez más explícita”, cuenta Irene Montero en conversación con elDiario.es. La eurodiputada denuncia una estrategia de la derecha y la ultraderecha con objetivos claros. “La violencia política es una estrategia para que no se produzcan las transformaciones sociales. Esa violencia se ejerce sobre las personas que tienen más visibilidad porque quieren expulsarnos a las mujeres del espacio público, que sea ejemplarizante para que ninguna mujer más se atreva a hacerlo. Cuando en los medios de comunicación o en el Parlamento se normaliza tal nivel de violencia, todo el mundo sabe que en algún momento alguien como verso libre o de forma más coordinada va a elevar ese nivel de violencia”.

Preguntada también por este periódico, Rita Maestre coincide en el diagnóstico. “Hay un tipo de violencia en redes muy específico, que es un peaje de género por hacer política que ningún compañero hombre paga. La violencia digital no es nueva, la sufrimos las mujeres y más aún las que nos exponemos públicamente. Se llama misoginia. Pero la situación a la que me enfrento ahora mismo, con personas viniendo a mi casa con mis hijas, es la situación más grave que he vivido. Y no es casualidad”.

Hay un tipo de violencia en redes muy específico, que es un peaje de género por hacer política que ningún compañero hombre paga

Rita Maestre

En solo una semana en el entorno del Día Internacional de la Mujer se han sucedido las expresiones de violencia explícita por parte de la ultraderecha. En la propia manifestación del 8M en Madrid, la Policía procedió a la detención de diez militantes de la organización neonazi Núcleo Nacional por provocar altercados. Un día antes, la Universidad Complutense denunció el asalto de decenas de encapuchados que destrozaron la cartelería de los actos del 8M. Justo lo que ocurrió también en las instalaciones de la Diputación de Sevilla con personas identificadas como miembros de Falange.

“Hay toda una infraestructura al servicio de esa estrategia política”, apunta Rita Maestre. “La extrema derecha tiene los mismos objetivos aquí, en Argentina o en Estados Unidos. Y son grandes multimillonarios los que están al frente de las empresas tecnológicas que amplían y promueven los discursos fascistas y además protegen las estrategias violentas”.

Seguir “la huella” del odio

Este miércoles, Pedro Sánchez inauguró el I Foro contra el odio organizado por el Gobierno. “Si el odio ya es peligroso, las redes sociales lo han convertido en un arma de polarización masiva que termina filtrándose en la vida cotidiana”, alertó el presidente, que anunció una nueva herramienta, denominada “HODIO”, para acotar las responsabilidades de los propietarios de esas redes. “La nueva herramienta permitirá que todo el mundo sepa quién frena el odio, quién mira hacia otro lado, quién hace negocio con él y exigir responsabilidades a quienes no actúan. Nada ni nadie, por más poderoso que sea, está por encima o al margen de la ley. Durante demasiado tiempo las plataformas han querido maximizar beneficios y minimizar las responsabilidades. Ese tiempo ha terminado”.

Tiene que haber consecuencias para las personas que ejercen esa violencia. Y tiene que haber consecuencias también para quienes lo están permitiendo

Irene Montero

El Gobierno, que quiere ser pionero en ese combate, ya ha aprobado una ley para que los CEO de las plataformas digitales tengan responsabilidad penal por la difusión de contenidos ilícitos. Además, plantea la prohibición del acceso a las redes sociales a los menores de 16 años. Un camino que para Rita Maestre es el correcto aunque hagan falta muchos más pasos. “No es fácil y todo suma, pero necesitamos medidas más contundentes. Entre las cosas que ha esbozado el presidente está implementar el delito de amplificación algorítmica, y me parece interesante que los responsables de las plataformas afronten responsabilidad penal personal si no retiran contenidos ilegales”.

Para Irene Montero, la única dirección correcta es el fin de la impunidad. “Tiene que haber consecuencias para las personas que ejercen esa violencia. Y tiene que haber consecuencias también para quienes lo están permitiendo. Se haría, por ejemplo, crujiendo a multas a los dueños de redes sociales o medios de comunicación y las grandes televisiones de nuestro país”, apunta Montero sobre la difusión de los mensajes de odio. “Si cada vez que algún presentador o algún tertuliano hace un discurso de odio y no se le para desde la propia cadena, tiene que pagar una multa, ya verías como entonces no habría tantos discursos de odio y se lo piensan. Tiene que parar la impunidad”.

También este miércoles, Antonio Giraldo, concejal del PSOE de Madrid, pidió protección a la Policía tras recibir amenazas de muerte en redes. El portavoz socialista en la Comisión de Urbanismo denuncia un “acoso organizado” en X, con mensajes que piden su “fusilamiento”, en una campaña orquestada después de criticar al Ayuntamiento por la anulación de un proyecto urbanístico.

El Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia asegura que el discurso de odio se duplicó en las redes sociales en el tercer trimestre de 2025. Según los datos del Ministerio de Inclusión Social, más de la mitad de los jóvenes de entre 15 y 29 años ha sido víctima de odio en redes sociales, principalmente por raza, género, orientación sexual o ideología, con predominio claro de la hostilidad por razones de género, raza o religión. Y solo el 35% de los mensajes de odio son retirados, apenas el 4% en las primeras 24 horas.

“Claro que tengo miedo, porque hay una persona dedicando su tiempo a acosarme a través de hombres que quieren pagar por sexo. Y vienen a mi casa, donde están mis hijas. Pero voy a luchar hasta el final, les he denunciado y les van a pillar. Quieren amedrentarnos por hacer política y no lo van a conseguir, no nos vamos a callar y vamos a ir a por ellos”, afirma Rita Maestre. Un mensaje que remarca también Irene Montero.

Hay leyes en política que parecen evidentes: si en un partido las cosas van bien, el líder no suele ser cuestionado, todo el mundo está encantado de conocerse y las rencillas se van guardando para después. Cuando ese después estalla, cuando llegan las crisis internas y las peleas orgánicas por el poder, el partido lo acaba pagando en las encuestas y en las urnas. Pero en el caso de Vox, sucede lo contrario: es el único partido que está creciendo en todas las elecciones a las que se presenta, y las encuestas le sitúan ya en un 20% de voto en toda España, mientras Abascal termina una purga que ha liquidado a toda la cúpula original del partido. ¿Por qué? ¿Qué hace que Vox sea inmune a las crisis internas? ¿Cuál es su secreto?

Hablamos con Pablo Simón, profesor de Ciencia Política en la Universidad Carlos III, para entender la dinámica que rige en este momento en el partido ultra. Con Guillermo Hormigo, periodista de Somos Madrid, nos detenemos en la expulsión de uno de los fundadores de Vox, Javier Ortega Smith, hasta ahora portavoz de la formación en el Ayuntamiento de Madrid. Con Antonio Vega, director de elDiario.es en Castilla y León, recordamos qué hizo Vox cuando tuvo la oportunidad de gobernar en esta comunidad hace ahora cuatro años.  

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La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha anunciado este martes la imposición de una sanción al eurodiputado de Se Acabó la Fiesta Luis Pérez Fernández 'Alvise' por grabar al eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar y lanzar comentarios despectivos contra él en redes sociales.

Metsola ha señalado que Alvise ha sido sancionado por “grabar durante una sesión plenaria a otro eurodiputado sin su consentimiento y posteriormente emitir el vídeo en las redes sociales con comentarios despectivos”.

La sanción contra el eurodiputado ultra será la pérdida de unos 3.500 euros, ya que consiste en la eliminación durante diez días del cobro de la dieta diaria, y una suspensión temporal para acudir al pleno de la Eurocámara durante cuatro días.

El Parlamento Europeo ya sancionó a Alvise por ocultar sus ingresos en su declaración de bienes después de tomar posesión como eurodiputado. La decisión de la presidenta de la Eurocámara fue suspender las dietas de estancia durante dos días, por lo que infringir el código de conducta solo le costó 700 euros. 

Alvise está a la espera de la resolución de la Eurocámara de dos procedimientos para decidir si pierde la inmunidad que le otorga su condición de parlamentario europeo, tras sendas peticiones del Tribunal Supremo.

Las causas por las que el Alto Tribunal ha pedido acabar con la inmunidad de Alvise son por acosar a la fiscal Susana Gisbert, especialista de delitos de odio en el Ministerio Público en València, a la que hostigó con varios mensajes en Telegram, y por financiación ilegal de su candidatura a los últimos comicios europeos.

Además, Alvise también tiene otras dos causas en el Supremo. Está acusado de acosar a los dos eurodiputados de su propio partido, Se Acabó La Fiesta, y por difundir una prueba falsa de PCR del president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, un delito que el político ultra admitió ante los tribunales que había cometido.

El Partido Popular Europeo se ha unido con los grupos de la ultraderecha en la Eurocámara, Europe of Sovereign Nations (ESN), European Conservatives and Reformists (ECR) y Patriots (PfE), para sacar adelante la normativa “más dura jamás planteada en materia de retornos y expulsiones de inmigrantes”. Las ONG aseguran que la medida “desmantela garantías fundamentales de derechos humanos”.

En un primer momento se estaba negociando una propuesta entre el grupo de los socialdemócratas y los liberales, pero ante el fracaso para llegar a un acuerdo, los Populares Europeos han presentado un texto alternativo del proyecto de ley, que ha sido respaldado por los grupos de extremaderecha.

La eurodiputada de los Verdes/ALE y ponente del Reglamento de Retorno, Melissa Camara, ha explicado que “el texto adoptado por el comité, con mayoría de derecha y extrema derecha, refleja una ideología racista y populista, y pondrá en peligro vidas y violará la dignidad de las personas. Los principios básicos del estado de derecho se ven ampliamente vulnerados. El PPE ha mostrado nuevamente que sus posiciones sobre políticas migratorias están alineadas con los grupos de extrema derecha”.

Silvia Carta, responsable de la Plataforma para la Cooperación Internacional con Migrantes Indocumentados (PICUM), ha comentado que “esta votación sella una alianza tóxica entre fuerzas de centroderecha y extrema derecha, después de semanas de acuerdos en la sombra para eliminar las últimas salvaguardas. Pone en riesgo a cientos de miles de personas, incluidos niños, de ser detenidas en toda Europa y permite que los Estados miembros separen familias, enviándolas a centros de deportación en países donde nunca han estado”.

La medida pone sobre la mesa actuaciones tan controvertidas como la posibilidad de que los Estados miembros puedan establecer centros de deportación fuera de la UE, incluso para familias con niños. También convierte los retornos forzosos (deportaciones) en la opción predeterminada para las personas en situación irregular. Con esta medida se amplía masivamente el uso y la duración de la detención por motivos migratorios, incluso para niños: de 18 a 24 meses, con posibilidad de medidas restrictivas de movimiento y control pasados los dos años. Además, va a exigir que los Estados miembros impongan restricciones geográficas para todas las personas en el procedimiento de retorno.

También introduce medidas como prohibiciones de entrada de duración indefinida que podrían determinarse a nivel nacional (incluido “permanente” en casos donde se invoquen riesgos de seguridad), sanciones económicas o limitación de asistencia financiera y sanciones penales para personas que no cooperen con su deportación. Permite a los Estados declarar situaciones “de emergencia” en las que se ignoren salvaguardas durante la detención, como limitar la revisión judicial de decisiones de detención, incluso para familias y niños, cuando haya “números excepcionalmente altos” de personas esperando su deportación.

El jefe de la delegación de VOX en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, ha comentado sobre la medida que “hoy el Parlamento Europeo da el primer paso para las deportaciones y la reemigración que Europa necesita. Es solo el primer paso, pero un gran paso. Europa empieza a reconocer el problema migratorio y a dotarse de herramientas para afrontarlo”.

Por su parte, Sarah Chander, directora de Equinox Initiative for Racial Justice, apunta que “la votación revela el control total de la extrema derecha sobre la política migratoria de la UE. Desde marzo del año pasado, la Comisión, el Consejo y ahora el Parlamento Europeo han complacido voluntariamente los deseos de políticos extremistas en toda Europa. Ahora vemos que ni siquiera se requiere el respaldo de políticos centristas, y Europa legisla su propio marco estilo ICE”.

Agentes de la Policía Nacional detuvieron este domingo a diez personas por haber protagonizado altercados durante la manifestación feminista del 8M en Madrid convocada por la Comisión 8M, la más multitudinaria de las dos organizadas en la capital. La organización ultraderechista Núcleo Nacional afirma que todos los detenidos son “militantes” del grupo aunque la Policía solo confirma los diez arrestos.

Fuentes de la Jefatura Superior de Madrid precisan que los detenidos están acusados de desórdenes públicos y uno de ellos además debe responder de atentado a la autoridad.

Núcleo Nacional afirma que sus militantes acudieron a la marcha con un lema propio, “No fue el patriarcado, fue la inmigración”. Participantes en la marcha presenciaron altercados durante varias partes del trayecto. Según ha difundido el grupo en X (antes Twitter), entre las militantes que abordaron la manifestación se encontraba Isabel Peralta, condenada por su discurso de odio contra la inmigración. La neonazi aparece en una fotografía publicada por la organización, que califica de “decenas de charos histéricas” a las manifestantes.

La organización ultra Núcleo Nacional adquirió notoriedad en las protestas frente a la sede del PSOE en la calle Ferraz a raíz de las negociaciones de PSOE y Junts y la Ley de Aministía que tuvieron lugar en los meses de noviembre y diciembre de 2023.

Un juzgado de Valladolid investiga en secreto a Núcleo Nacional desde la primavera de 2025, a partir de un atestado de la Guardia Civil sobre un mensaje difundido por el grupo ultraderechista en contra de los inmigrantes.

Miles de personas secundaron la marcha convocada en Madrid por el movimiento feminista. Con convocatorias en decenas de ciudades y pueblos, las manifestaciones por el Día Internacional de las Mujeres volvieron a poner el foco en el machismo estructural, con especial atención este año al auge de la ultraderecha y el contexto internacional, marcado por la guerra iniciada por EEUU e Israel en Irán o el conflicto palestino.

Núcleo Nacional nunca ha ocultado su ideología extremista basada en el nacionalismo, el supremacismo blanco, la defensa de las tradiciones o el odio al inmigrante, ideas que toman forma con constantes referencias a la “defensa de la raza” como la “columna vertebral” del pueblo. “Proteger y fomentar nuestra Raza y Cultura” es el segundo de los fundamentos que el grupo enumera en su web después del “fomento de la natalidad” y de los “núcleos familiares tradicionales”. “Sangre, suelo y tradición” es el lema del colectivo, que tampoco disimula su admiración por líderes de extrema derecha como Adolf Hitler.

El pasado verano, la organización abrió sede en Madrid y en su inauguración participó, entre otros miembros, Isabel Peralta. En su estrategia de expansión, el grupo asegura que ya tiene local en seis ciudades después de haber abierto sede el pasado 28 de febrero en Burgos. “Será un bastión del movimiento nacional, como ya lo fue en el pasado”, afirmaron los ultras en referencia al papel clave que tuvo la ciudad para los franquistas durante la Guerra Civil.

Núcleo Nacional se presentó oficialmente el 14 de abril de 2024, el día de la proclamación de la II República, en el espacio Ardemans, clásico epicentro ultraderechista de Madrid. “Aquí habrá gente que procede de ideas franquistas, falangistas, nacionalsocialistas, conservadores... Pero hay una cosa que tenemos clara: ninguno queremos ver cómo la nación que han levantado nuestros padres es totalmente derruida”, pronunció uno de los portavoces haciendo referencia al objetivo de aglutinar corrientes extremistas bajo “una simbiosis” que llama “nacionalismo radical”.

En el escenario hay cuatro mujeres en una habitación casi vacía. Sonrientes, seguras de sí mismas, impecables. La caracterización de las actrices deja poco lugar a las dudas: una es Marine Le Pen, la lideresa de Agrupación Nacional, otra es la premier italiana Giorgia Meloni, la tercera es Alice Weidel, colíder del partido ultra AfD y en la cuarta, la única morena, relucen los rizos y el acento castizo de Isabel Díaz Ayuso. 

Una de ellas mira alrededor y hace notar a las otras lo evidente: “Somos todas mujeres”. Pero otra se adelanta, seria, para descalificar la afirmación: “Eso no es importante”. Este breve momento de la obra Risa Caníbal, del colectivo teatral Las Huecas, resuena en un 8M que ha vuelto a salir a las calles en un momento marcado por el ascenso de la ultraderecha y de la agenda antiderechos en todo el mundo. 

También en España, donde Vox ha crecido en los últimos tres años casi un 10% en la intención de voto en mujeres de 25 a 54 años. Y donde la presidenta extremeña en funciones, María Guardiola (PP) habla del “feminismo que defiende” el partido de Santiago Abascal. Un partido que ha hecho gala de su negación de la desigualdad de género y la violencia machista. Y que este mismo 8M se jactaba de contraprogramar las manifestaciones.

Esta misma semana, el analista del European Policy Centre Javier Carbonell publicaba Una habitación propia es todo lo que puedes permitirte: por qué las jóvenes se mueven hacia la extrema derecha, en el que concluye que, aunque a menor velocidad y en menor medida que en sus pares masculinos, ese viraje político está sucediendo. Y estudios recientes señalan que la ultraderecha se ha vuelto una opción para mujeres que se reconocen a sí mismas como feministas.

Todo esto pone sobre la mesa una pregunta para la que no hay una respuesta sencilla: ¿Puede existir un feminismo de ultraderecha? 

Para sociólogas como Charlène Calderaro, ciertos activismos de extrema derecha reflejan “una apropiación feminista del feminismo”, vertebrada fundamentalmente en tres ejes: la oposición al feminismo interseccional, el uso de marcos posfeministas y la racialización del sexismo.

Pero, ¿es posible ser feminista y no cuestionar las construcciones de género ni tener en cuenta los condicionantes sociales, o ser abiertamente xenófobo o racista? Sara R. Farris, también socióloga y una de las mayores especialistas en el tema, recuerda que el feminismo “nunca ha sido inocente ni singular, sino plural y muy diverso”.

“Desde el principio ha habido muchos conflictos entre los diferentes grupos feministas, especialmente en cuestiones de raza y clase”, señala la catedrática de la Goldsmiths University of London. “Por ejemplo, algunos sectores del movimiento sufragista de principios del siglo XX defendían que las mujeres de las metrópolis debían tener derecho al voto antes que cualquier súbdito de las colonias, ya que pertenecían a una raza superior”. 

Líderes mujeres, ¿líderes feministas? 

“Soy Giorgia, mujer, madre, italiana y cristiana”, se definió Meloni en un encendido discurso para hablar del supuesto ataque a la identidad europea que genera la inmigración. Desde el atril –y desde el escalón más alto del masculinizado mundo de la política–, la primera presidenta del Consiglio en la historia de su país se reivindica no desde el ejercicio del poder sino como madre de familia. 

“Las líderes de extrema derecha encarnan el arquetipo de la supermujer. A la vez femeninas, profesionales y aparentemente capaces de compaginar las tareas domésticas con la carrera profesional”, señala Carbonell.“Mientras que el feminismo critica la cantidad de presiones que se ejercen sobre las mujeres, la extrema derecha las valora como virtudes: promueve abiertamente la estética femenina, los valores familiares, la maternidad y determinados roles tradicionales, al tiempo que respalda la participación de las mujeres en el mercado laboral y destaca a las mujeres en puestos de responsabilidad dentro del partido”, explica. 

La ultraderecha sabe que no puede retroceder en la idea del empoderamiento de las mujeres, y que por tanto tiene que matizarlo y resignificarlo, sostiene Farris, de origen italiano. Porque Meloni no habla desde la lógica ultraconservadora de las tradwives sino desde una más alambicada, la de escapar de lo que considera la “dictadura” del feminismo mainstream y de una “ideología de género” que no emancipa a las mujeres de los roles que históricamente les han asignado, sino que les niega su naturaleza. 

“Al aparentemente abrazar el avance social de las mujeres y rechazar las críticas al patriarcado o al dominio masculino, los partidos de extrema derecha afirman ser pro-mujeres sin cuestionar el orden de género”, concluye Carbonell. 

Adiós antifeminismo, hola feminacionalismo

Si el antifeminismo era tradicionalmente la norma dentro de la extrema derecha, la certeza de que esto les restaba posibilidades de crecimiento electoral ha dado paso a una estrategia diferente: el discurso misógino ha sido reemplazado por la crítica a un feminismo supuestamente “exagerado” o “radical” que fomenta el enfrentamiento entre hombres y mujeres. Ahora se muestran como partidos más modernos y moderados bajo el liderazgo femenino (o, como en el caso de España, Estados Unidos o Argentina, utilizando mujeres como portavoces o figuras relevantes). 

Un buen ejemplo es Alternativa por Alemania (AfD), con Alice Weidel a la cabeza. Homosexual y en pareja con una mujer originaria de Sri Lanka, la vida personal de Weidel choca de frente con casi todo lo que defienden ella y su partido. O la de Meloni, que enarbola su condición de cristiana pero no está casada con el padre de su hija. O la de Marine LePen, preocupada por las amenazas a la familia tradicional, que se ha divorciado dos veces. Pero aparentemente la contradicción no resta, al contrario.

Sobre todo si hay un tercero al que culpar de los males y si es un dedo femenino el que lo señala.  

La campaña de Weidel en 2025 se centró en la supuesta “violencia machista inmigrante” o “criminalidad extranjera”, prometiendo deportaciones masivas y eliminar prestaciones económicas a los solicitantes de asilo. En 2021, apenas un 5% de las jóvenes alemanas votaron a AfD. Cuatro años después, esa cifra se había triplicado. 

Vox ha denunciado machaconamente que los extranjeros cometen “el 50% de las violaciones”, y los señala como responsables un aumento de la delincuencia, aunque los datos lo desmientan. La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), relacionó sin pruebas un centro de menores no acompañados con “varias reyertas” y “algunas agresiones sexuales”. “Su única preocupación es atacar a los migrantes como ‘amenazas sexuales’ con la excusa de la seguridad de las mujeres en las calles y los espacios públicos”, explica Farris a elDiario.es.

Y si los hombres extranjeros son una amenaza, ellas –sobre todo las de religión musulmana– son sujetos a rescatar de la opresión de su cultura. Por ejemplo, cuando Vox, PP y Junts presentan propuestas legislativas para prohibir el uso del burka y en niqab en espacios públicos. Más allá del debate sobre su uso –y de que sea extremadamente minoritario en España– las expertas ven en esas iniciativas una utilización interesada.  

“Varias feministas liberales y neoliberales nos han dicho durante muchos años que las mujeres musulmanas necesitan ser salvadas y emancipadas según las ideas occidentales. De esta manera, han alimentado la islamofobia, que es lo que está haciendo crecer la política de extrema derecha en toda Europa y el mundo”, reflexiona Farris, que en 2021 publicó En nombre de los derechos de las mujeres (Traficantes de Sueños), un libro en el que acuñó el término feminacionalismo. 

Identitarias y libertarias 

Tanto Farris como Calderaro estudiaron a las militantes de Némesis, un colectivo feminacionalista francés formado por mujeres jóvenes que centran su movilización en la lucha contra el acoso callejero, un asunto muy presente en la agenda feminista. Némesis engarza esa reivindicación con el señalamiento a los migrantes, en el marco de un importante ascenso del activismo identitario de extrema derecha.

En su manifiesto se muestran “decepcionadas porque los movimientos que se suponía que nos representaban no abordaran los dramáticos problemas relacionados con la inmigración masiva”. Ellas se reconocen como feministas. Pero reniegan del feminismo interseccional, que consideran mayoritario. “Están pasando cosas tan graves que no entiendo que su comunicación se base en clítoris y pelos”, decía en 2021 Laura, cofundadora de Némesis, entrevistada por Calderaro para su trabajo Más allá de la instrumentalización: la apropiación del feminismo por parte de mujeres de extrema derecha en Francia.

Buena parte del discurso de la ultraderecha se mueve en marcos posfeministas, según los cuales la igualdad entre hombres y mujeres se ha alcanzado legal y socialmente. Por tanto, defiende el rechazo a la victimización y elogia la autonomía y el mérito, y proclama la confianza en el mercado como aliado para la emancipación. En cambio, pone la mira en explotar la idea de la inseguridad de las mujeres, física y económica.

Precisamente, el deterioro económico es otro de los motores de cambio que Carbonell señala como crucial para la creciente derechización de las jóvenes. Una profunda insatisfacción con el mercado laboral y las dificultades para conseguir una vivienda que acaba volcándose contra políticas públicas sociales –derechos humanos, feminismo– durante los ciclos progresistas. “Muchas personas jóvenes no votan a la extrema derecha porque sean sus fieles partidarios, sino simplemente porque la consideran la opción antiestablishment más fuerte”, resume Carbonell.

En Argentina, La Libertad Avanza concentró el mayor porcentaje de votantes de entre 16 y 24 años en las elecciones presidenciales de 2023. La militancia de jóvenes de sectores populares –en las últimas décadas vistos como progresistas y vinculados a la izquierda kirchnerista– llamó la atención de la investigadora Melina Vázquez, que acabó junto a su colega Carolina Spataro en un acto organizado por una legisladora del partido de Javier Milei el 8M. Allí se reivindicaba que el feminismo puede ser “liberal” y no solo “de zurdas” (de izquierdas).

Ese fue el disparador del libro que publicaron en 2025, Sin padre, sin marido y sin Estado. Feministas de las nuevas derechas (Siglo XXI), para el que entrevistaron a casi medio centenar de mujeres de diferentes edades, algunas de las cuales se definen como feministas y libertarias. Apelan al “feminismo de la primera ola” para diferenciarse del actual: “Su apelación al feminismo liberal solo cobra sentido en discusión con el contemporáneo”, analizan las autoras.

“Muchas viven en la tensión de apoyar a un líder a quien muchas consideran misógino o machista, pero lo hacen porque el mileísmo masificó las ideas del liberalismo y una agenda económica que comparten”, explica Vázquez. Spataro confirma que en el activismo de estas mujeres la discusión económica es central: “Llevan carteles a las marchas del 8M con lemas como 'Más mercado, menos Estado' o 'El capitalismo es el mejor amigo de las mujeres'”. En estos grupos de jóvenes funcionan referentes como Gloria Álvarez, una escritora, influencer y feminista libertaria guatemalteca que defiende la despenalización del aborto y el trabajo sexual, aunque critica radicalmente el tamaño y la intervención del Estado.

“Ellas no se sienten representadas por los conservadores ni por el progresismo, aunque comparten ideas con ambos”, señala Spataro. “En reuniones de Ladies of Liberty Alliance (LOLA), una fundación de mujeres liberales con sedes internacionales, se reivindican figuras como la de Margaret Thatcher y María Corina Machado, por ejemplo”, explica esta doctora en Ciencias Sociales e investigadora del Conicet.

Vázquez y Spataro reconocen que las críticas a la agenda feminista actual han sido replicadas desde la propia izquierda como responsable de la pérdida de votos y el avance de la ultraderecha. “Un feminismo genuinamente progresista –que es necesariamente antirracista, anticapitalista y ecologista– debería abordar los problemas estructurales clave que afectan a la vida de la mayoría de las mujeres”, señala Sara Farris. Pero, al contrario de lo que la extrema derecha quiere hacernos creer, durante muchos años la corriente dominante no ha sido el feminismo interseccional, sino uno liberal y neoliberal que nos decía que lo más importante era el empoderamiento personal y romper el techo de cristal“, explica la socióloga italiana, que argumenta que este feminismo individualista ignora a la mayoría de las mujeres que ni siquiera se acercan a ese techo, ya que están ocupadas tratando de llegar a fin de mes en condiciones cada vez más inestables y precarias.

Y allí es donde Javier Carbonell cree ver una clave de futuro. “Si bien es cierto que la extrema derecha está ganando apoyo entre los votantes jóvenes, también lo es que los jóvenes se encuentran entre los defensores más activos de las políticas ecológicas, la redistribución de la riqueza, la movilidad social, una política exterior más justa y la igualdad de género. Esta coexistencia de frustración e idealismo no sugiere una generación perdida para la política reaccionaria, sino una que busca alternativas creíbles, dispuesta a apoyar proyectos inclusivos que ofrezcan seguridad material, dignidad y un futuro más justo”. Y pone un ejemplo: la campaña de Zohran Mamdani, que obtuvo un 84% de los votos entre las mujeres menores de 29 años, y un 68% entre los hombres jóvenes.