Un adolescente fantástico y cercano ha vivido la espera del eclipse con el íntimo deseo, disfrazado de broma, de que el fenómeno nos convirtiera en superhéroes tipo Marvel. El milagro no se ha dado. Sea porque en la cornisa cantábrica, donde lo observamos, estuvo nublado o porque, según él, para “notar los efectos” hay que esperar a vivir los eclipses de los dos próximos años. Es divertido su apego a la infancia de la que se aleja. Como ha sido emocionante experimentar, incluso nublado, el eclipse que tanto debía sobrecoger, en la Edad Media y la de Piedra.

Sin necesidad de acontecimiento estelar, desde la plena adultez e incluso con la responsabilidad de gobernar, hay quienes, en vez de encarar los retos y problemas pagando gestiones y personal que los resuelvan, deciden gastar nuestros impuestos en rezos. Literal.

Acaba de aflorar una verdad tan insensata que ni la fascinación por el eclipse, ni la agosticidad logran tapar: que la Junta de Andalucía del ex moderado y ex esperanza de la derecha de España, Moreno Bonilla, va a gastar 7,4 millones de euros esta legislatura en pagar a la Iglesia católica por 117 capellanes para hospitales públicos, en vez invertir en la sanidad pública más deteriorada del país, con una sobremortalidad por cáncer respecto al resto de España que ha causado, en los últimos seis años, 4.500 muertes evitables.

A Dios rogando y con el mazo dando

Al ponerse el foco sobre este desorbitado gasto, hay quienes han vinculado las críticas con anticlericalismo, ateísmo e izquierdismo. Los mismos que despotrican de que “se meta la ideología en todo” atribuyen sólo a la ideología un estupor que, en cambio, es lógico y legítimo. Por supuesto entre Andalucía laica y las Mareas blancas, pero también mucho más allá, de forma transversal.

Porque a ver, digo yo, si a cualquiera que esté enfermo o tenga una hija, o hijo, madre o padre, pareja, amigo, con cáncer, o necesitado de cirugía, o trasplante, si a cualquiera pendiente de salvarse o morir, nos plantearan “Elija: ¿médico o sacerdote?”, ¿qué íbamos a preferir? ¿Qué querríamos, con independencia de lo que votemos?

No hace falta ser anticlerical, ni ateo, ni de izquierda para sentir estupor frente al gasto millonario en capellanes de hospitales mientras se desmantela la sanidad pública. ¿Qué elegiría cualquier enfermo o padre o hijo de enfermos: médicos para salvar sus vidas o capellanes para llorar sus muertes?

Nada impide rezar, en paralelo. Y no se trata aquí de comparar las subvenciones que recibe la iglesia más rogativa y esa otra encomiable por su acción social con la gente empobrecida y rechazada, como los emigrantes. Pienso en Cáritas, en las teresianas y trabajos suyos como el proyecto Rajab en Jaén, en SJM y Claver, en la gran tarea de Elín en y desde Ceuta.

Centrandos en el tema de salud, hagamos lo que las derechas siempre dicen: “seamos realistas, pragmáticos”, “dejémonos de pajaritos”. Si tenemos un presupuesto limitado y no hay dinero para aumentar, como necesitamos, las plantillas de médicas, enfermeros y auxiliares, si no hay fondos para hacer los cribados de cáncer de mama y de colon que tantas amputaciones evitarían y salvarían tantas vidas, si falta presupuesto para bajar listas de espera… ¿De qué y de cuándo vamos a gastar 7,4 millones en 117 capellanes de hospitales?

Más ilógico aún cuando, encima, en hospitales de referencia como el Virgen del Rocío de Sevilla, el convenio de la Junta y la Iglesia estipula pagar por 7 capellanes a jornada completa y uno a media jornada pero, en verdad, según desvela Javier Martín-Arroyo, en El País, sólo trabajan 5 curas. Vamos, que pagamos por 3 de más, que ni van al hospital.

Todo mientras, con frecuencia, hay quienes justifican su islamofobia fingiéndose indignados de que en países de mayoría musulmana no haya separación Islam-Estado. Todo mientras en Sevilla lleva años impidiéndose la construcción de una mezquita en suelo privado y con fondos privados, a la que Vox aún se niega, obstaculizando la libertad religiosa. Todo mientras, en los últimos 2 años, la sede histórica de la Universidad de Sevilla, casa del pensamiento científico, ha cedido 500 m2 a la Hermandad de los Estudiantes, que se suma a la capilla que ya ocupaba y, para colmo, la pasada Semana Santa, se colocó, por primera vez, una palma de Ramos en el balcón del Rectorado.

¿“Excentricidades sureñas” o el presupuesto en capellanes también está disparado en hospitales de las demás autonomías? ¿Hay una deriva nacional-católica generalizada?

Prodigios que podemos obrar

La supuesta explicación al pacto con la Iglesia dada por gobierno andaluz de PP-Vox es que el pago de 1,8 millones anuales, hasta 2030, prorroga acuerdos existentes desde 1986, hace 40 años. Lo que está mal, mal está, se hiciera antaño o ahora, por gobiernos del PSOE o del PP. Pero, además, ¿acaso gobernar es calcar lo ya hecho sin adecuarlo a las necesidades del momento? Si hoy, por razones como el aumento de edad de la población, necesitamos más médicos y no hay con qué pagarlos, -sobre todo si las derechas les perdonan impuestos a quienes más tienen-, ¿no podríamos recortar la cantidad, o las horas, o el servicio de capellanes?

Pues, al contrario, PP y Vox han visto urgentísimo renovar a los curas hospitalarios. Tanto que el acuerdo lo firmaron sólo 12 días después de ganar las andaluzas.

Las y los médicos movilizados contra la ministra Mónica García para acabar con las guardias de 24 horas bien pueden exigir ahora a presidentes autonómicos como Moreno Bonilla que deroguen sus convenios con capellanes y destinen esos millones de euros a ampliar las plantillas para hacer turnos de 8 horas.

Digo yo que, quizá, las y los médicos que en los últimos tiempos hacen huelga contra la ministra Mónica García, reclamándole el razonable fin de las guardias de 24 horas, protestarán ahora contra presidentes como Moreno Bonilla por contratar a curas antes que a doctores y doctoras con quienes poder establecer los turnos de 8 horas.

Porque el eclipse no nos ha dado poderes sobrehumanos, ni siquiera hemos podido controlar los nublados interpuestos entre las gafas especiales y los astros, pero estaría genial que actuáramos en lo que sí está en nuestra mano. Empezando porque el dinero que la ciudadanía gana con tanto esfuerzo y que, vía impuestos, se destina al sistema sanitario vaya, con urgencia, a salvar y mejorar las vidas de quienes, sea o no agosto, haya o no prodigios en el cielo, hoy están, estáis quizá, enfermos, doloridos y asustados.

Todo nuestro amor y apoyo a vosotros, a vuestras familias, a las y los sanitarios que os cuidan. Estáis en nuestro pensamiento, en nuestras oraciones, religiosas o laicas, y ojalá en nuestra acción colectiva, de forma fraterna y altruista, sin dineros de por medio.

El vicepresidente segundo de la Junta y líder de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha definido este martes a Rafael Sánchez Saus como “el mejor viceconsejero que hay en el Gobierno de Andalucía”, y ha minimizado el que pudiera haber simpatizado con la Falange Española “en su juventud”, desde la premisa de que no le importa ni le preocupa “lo que pensara” entonces, sino lo que piensa “ahora”.

Así lo ha manifestado Manuel Gavira en una entrevista en Canal Sur Televisión seguida por Europa Press, y en respuesta a la pregunta de si sabía que el recién nombrado viceconsejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local “había militado en Falange”.

El vicepresidente segundo y consejero de dichas competencias en el Gobierno de Juanma Moreno ha respondido que él conoce a Rafael Sánchez Saus “desde hace muchos años”, y está “muy contento y muy agradecido” con que el también catedrático de Historia y exrector de la Universidad CEU San Pablo forme parte del nuevo Gobierno andaluz.

“La verdad es que a mí ni me preocupa ni me importa lo que pensara el señor Rafael Sánchez Saus en su juventud. Sé lo que piensa ahora, y sé el problema que tenemos en nuestra nación”, que “no es lo que pensara una persona hace 50 años”, ha añadido Gavira.

El vicepresidente del Gobierno andaluz en representación de Vox ha agregado que “el problema” que sufre actualmente España tiene que ver con “los casos de corrupción a nivel nacional” que se van conociendo, y ha incidido en defender que “eso es lo importante”, y no hablar “de lo que pensaba uno hace 50 años”.

Además, Gavira ha opinado que “todos los andaluces antes pensaban una cosa, y han madurado, han evolucionado y han crecido, y ahora piensan de otra manera o pueden pensar de otra manera”. “Pues eso es lo que se da aquí”, ha añadido en relación a Sánchez Saus y antes de concluir afirmando que está “encantado”, porque quiere contar con “los mejores”, y cree que tiene en dicho catedrático “al mejor viceconsejero que hay en el Gobierno de Andalucía”, según ha finalizado el vicepresidente segundo.

Elogios a Primo de Rivera

ElDiario.es Andalucía desveló la pasada semana el pasado falangista de Sánchez Saus. El nuevo viceconsejero de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local del Gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno, nombrado directamente por Gavira, fue candidato a la Jefatura Nacional de Falange Española de las J.O.N.S. en el Consejo Nacional del partido celebrado el 4 de julio de 1987. Es autor de múltiples libros, artículos y conferencias trufadas de referencias elogiosas a la figura de José Antonio Primo de Rivera.

En una respuesta ofrecida a este diario, Sánchez Saus explicó que “nunca ha renegado” de su pasado falangista, pero insiste en que “no tiene influencia sobre mi pensamiento actual”, y apostilló: “Yo puedo seguir admirando la figura de José Antonio Primo de Rivera, pero para nada me considero ya un falangista”.

La revelación del pasado falangista de Sánchez Saus motivó la exigencia de dimisión por parte de Adelante Andalucía, que señaló que era un “fascista con carné de fascista”. También el PSOE criticó el nombramiento. “¿De qué caverna ha salido esta gente, a qué siglo pretende llevarnos?”, se preguntó María Márquez, portavoz parlamentaria de los socialistas. Moreno dijo desconocer este capítulo de la vida del nuevo viceconsejero, pero avaló su designación subrayando que tiene un “currículum brillante”.

Sánchez Saus es doctor en Historia por la Complutense, catedrático de Historia Medieval en la Universidad de Cádiz, exrector de la Universidad CEU San Pablo (de la que sigue siendo rector honorario); consejero nacional de la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP), miembro de la Real Academia de la Historia, de la Academia Hispano Americana de Cádiz y de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, así como autor de más de 20 libros.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha trasladado la “solidaridad” de esta comunidad autónoma con las víctimas del incendio forestal declarado en la localidad almeriense de Los Gallardos, que deja ya al menos once fallecidos. Ha ofrecido además colaboración al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla.

A este respecto, ha calificado de “tragedia enorme” el incendio que, según ha dicho, va a requerir de “un enorme esfuerzo” de “solidaridad emocional” y, por supuesto, de ayuda. “Les deseo lo mejor y les ofrezco como presidente de Castilla-La Mancha toda nuestra colaboración”.

“Un incendio voraz que seguramente ha sorprendido por su rapidez y que ha pillado a mucha gente desprevenida”, ha añadido García-Page, que ha querido hacer hincapié en que “frente a la frivolidad de algunos”, muchos de los incendios y catástrofes que se están viviendo actualmente están dejando “muy claro” el cambio climático.

“Nadie puede frivolizar con este tipo de cosas e incluso diría que tienen que salir este tipo de tragedias para que también se vayan del escenario político todos aquellos que hacen de la muerte, del dolor, de la tragedia, siempre un escaparate de miseria política”, ha concluido.

Al ver el acuerdo de PP y Vox en Andalucía, en el que la inmigración en el segundo punto, en el que se habla de prioridad nacional, hay una pregunta irremediable: ¿Ha mentido Juanma Moreno? ¿Ha traicionado a sus propios votantes? Hacemos un repaso a las distintas declaraciones que el presidente andaluz ha hecho en campaña y a lo largo de los años, siendo sutil en sus palabras, pero asumiendo que sus postulados nada tenían que ver con los de la extrema derecha.

Ahora que el PP ya ha pactado con Vox incluso en Andalucía… ¿Se allana el terreno para Feijóo a nivel nacional? Lo hablamos con los periodistas de elDiario.es Aitor Riveiro y Daniel Cela.

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El peligroso incendio de la sierra de Alcubierre, que sigue sin estar controlado, volvió a coger a Jorge Azcón fuera de Aragón. En concreto, en el Comité Europeo de las Regiones, donde se ha convertido ya en un habitual: se ha desplazado hasta Bruselas hasta siete veces en los menos de tres años que lleva como presidente autonómico para actos en esta institución, de menor fuste que la Comisión o el Parlamento Europeo. Su antecesor, el socialista Javier Lambán, solo fue dos veces en ocho años de gobierno a la capital belga, y en ambas para sendos eventos en la Eurocámara.

No es la primera vez que un suceso le sorprende lejos de la comunidad, ya que la riada de hace un año le cogió de boda privada en Galicia. En esta ocasión ha sido distinto: primero era un viaje oficial y además Azcón reaccionó a tiempo al adelantar su regreso 24 horas: el mismo viernes a primera hora ya estaba en la Sala de Crisis del 112 Aragón para seguir la evolución del fuego en Leciñena, y a continuación se desplazó hasta las zonas afectadas.

La historia de Azcón con el Comité de las Regiones viene de lejos. Al principio de su etapa como primer edil de Zaragoza, en 2020, trascendió que recibía semanalmente su despacho de Alcaldía clases de inglés sufragadas por este órgano comunitario, que da voz a las regiones y a las entidades locales. “Me lo pago yo y se la paso al Comité de las Regiones para que me la abone”, admitió entonces al diario Público. Ahora, como presidente autonómico, ha conseguido ascender hasta una de las vicepresidencias de la Mesa, lo que según fuentes del Ejecutivo autonómico justifica tanto desplazamiento de Azcón a Bruselas. Sin embargo, esto tiene una segunda lectura: en realidad, la Vicepresidencia Primera recae en el presidente andaluz, Juanma Moreno, mientras que el dirigente aragonés se ha repartido con su homólogo gallego, Alfonso Rueda, una de las otras 27 vicepresidencias de la Mesa y la ocupará durante la segunda mitad del actual mandato.

Según informó el 'Faro de Vigo' hace unas semanas, Rueda se ha desplazado a Bruselas desde enero del año pasado en cinco ocasiones, tantas como Azcón pese a que el primero ha sido quien ha ocupado en este tiempo el puesto de vicepresidente. El exalcalde de Zaragoza ha acudido a la capital belga en enero y noviembre de 2024; en febrero, mayo y octubre de 2025, y en mayo y junio de este año. En este tiempo, además de asistir a las sesiones plenarias del Comité de las Regiones, Azcón ha escenificado reuniones con los comisarios europeos de Transportes, de Agricultura y de Start Ups, Investigación e Innovación. Las mismas fuentes autonómicas recuerdan la importancia de “defender los intereses de Aragón” ante estas instancias en materias “críticas” como el transporte (como el Canfranc) o la agricultura (por la PAC).

El Comité de las Regiones es una institución comunitaria de carácter más secundario que decisorio: su mayor competencia es que debe ser consultado por la Comisión Europea y el Consejo de la UE en propuestas que generen afecciones en el ámbito regional o local. Su influencia se articula a través de dictámenes que se publican en el Diario Oficial comunitario y mediante estudios sectoriales con la ayuda de expertos. Desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa tiene también la capacidad de interponer recursos ante el Tribunal de Justicia de la UE.

En sus ocho años como presidente aragonés, entre 2015 y 2023, el socialista Javier Lambán fue mucho menos proclive a viajar hasta Bruselas y de hecho delegó en los consejeros de Presidencia, Vicente Guillén primero y Mayte Pérez después, la asistencia a los plenos. Sí que se desplazó en su primera etapa a la capital belga, pero para tres actos concretos —en octubre de 2016 y en julio y noviembre de 2018— sobre el Canfranc, la política regional comunitaria y el Corredor Cantábrico Mediterráneo.

Otras polémicas

El presidente aragonés ha vivido más de una polémica debido a sus viajes fuera de Aragón, especialmente en los desplazamientos privados. A finales de enero de 2024, precisamente poco antes de su primer vuelo a Bruselas como jefe del Ejecutivo, saltó una gran controversia debido a la semana de asueto que Azcón pasó en Puerto, adonde fue con su amigo, el constructor Juan Forcén, más las respectivas parejas. Ante la petición de explicaciones por parte de la oposición, justificó que fue un viaje pagado por su mujer por su 50 cumpleaños.

A este se suma la mencionada visita a Galicia en junio del año pasado, hasta donde acudió con vehículo y chófer del Gobierno de Aragón para asistir a la boda del conselleiro de Presidencia, Justicia y Deportes de la Xunta. Ahí permaneció dos días pese a que ya había comenzado un episodio de fuertes tormentas que arrasaron municipios de Zaragoza y Teruel.

Le llamaban la vía andaluza, puestos a inventarse un nombre que sólo se basaba en resultados electorales, lo que no es poca cosa. Cuando el PP andaluz se quedó sin mayoría absoluta, la vía se quedó a mitad de camino y luego terminó llegando a la estación de Vox. Se acabó el truco de Juanma Moreno, que consistía en aplicar el programa electoral del partido sin carcajadas sádicas, que es más del estilo del PP de Madrid. La política sanitaria de ambos gobiernos es muy similar. Lo que les diferencia es el estilo político. Lo del PP andaluz es un poco como disparar a alguien mientras le dices: esto me va a doler más a mí que a ti. En el PP de Díaz Ayuso, disfrutan disparando.

Lo que resulta extraño es que Moreno y su equipo intentaran negar la evidencia hasta el último minuto. Sólo un día antes del anuncio del pacto con Vox y después de que la extrema derecha le negara el apoyo en la primera votación de investidura, aún andaban diciendo a El Mundo que Moreno no iba a entregar un triunfo a Vox: “Juanma no quiere ceder lo mismo que los demás, y no va a ceder”. Pero que no se engañe a nadie. No se refería a la llamada “prioridad nacional”. Eso ya lo tenía asumido. La gente de Moreno decía que no tenía prisa. Ya lo creo que la tenía. El viernes, hubo acuerdo y votación. 

Después de emitir señales contradictorias durante bastante tiempo, Alberto Núñez Feijóo se ha decidido por no esconderse más y aceptar que su llegada a Moncloa solo será posible de la mano de Santiago Abascal. Lo de antes era una fantasía que no sostenían ni las encuestas. La mayoría de ellas indica que el PP está más o menos en el mismo porcentaje de voto que en las elecciones de 2023. Todo el ruido que ha hecho en los últimos tres años, que ha sido mucho, solo ha servido para engordar a Vox, que ha ganado en torno a cinco puntos desde entonces.

Por cada alegato apocalíptico de Miguel Tellado y Ester Muñoz, la caja registradora de los votos a Vox hace el ruido de recibir más ingresos. Si Feijóo denuncia que Sánchez es un peligro para la democracia, la cuenta de resultados de Vox mejora un poco más. 

Las caras de los dirigentes del PP en Sevilla, incluida la de Moreno, eran bastante serias cuando se anunció el pacto. Habían despertado de un sueño y lo que estaban viendo no era lo que esperaban. La verdad es que han comprado toda la mercancía de Vox. Prioridad nacional hasta el final, aunque ahí intentan alegar que no es para tanto. Mínimo de diez años de empadronamiento para acceder a las ayudas por compra de viviendas sociales y cinco en caso de alquiler. “Rechazo frontal” a los menores inmigrantes, como si fueran una amenaza para la sociedad. Recortes de subvenciones a entidades que trabajan con inmigrantes, entre las que está Cáritas.

El mensaje más duro de la extrema derecha contra la inmigración ha sido asumido entero por el adalid de la moderación en el PP. Así que hay que deducir que no era más que una etiqueta para presumir de ella en la familia. 

En materia de medio ambiente, se va más lejos que en los demás pactos con Vox en otras comunidades. Se niega el apoyo a las zonas libres de emisiones en los municipios. Suprimen impuestos medioambientales. Se oponen a la instalación de macroproyectos de energía eólica y solar en suelos de uso agrícola (¿los van a reservar para las ciudades?). 

Carlos Alsina ha resumido así el giro: “En dos meses, la prioridad nacional ha pasado de ser la promesa de una ilegalidad que hacía la extrema derecha populista, y que el presidente (Moreno) denunciaba con vehemencia, a ser el compromiso firme del presidente, que aún tendrá el cuajo de criticarle a Sánchez sus cambios de opinión para satisfacer a los socios que le hacen presidente”. 

“Un Gobierno con Vox es imposible”, dijo Moreno en la campaña. Lo que es imposible es confiar en que el PP ponga obstáculos reales a las exigencias más reaccionarias de la extrema derecha. Sólo hay dos posibilidades, o los del PP son muy ingenuos o esas ideas no les provocan un rechazo visceral.

Dos giros sucesivos de 180 grados en el PP

Ha sido una semana muy loca en el Partido Popular. Se embarcaron en otra de sus cruzadas que anuncian el fin de la civilización en España y de todo lo demás, esta vez a cuenta del proceso de nacionalización de los descendientes de españoles en Latinoamérica. Feijóo acusó a Pedro Sánchez de “fabricar dos millones y medio de votantes” a través de la “ingeniería electoral” corriendo como un galgo cojo detrás de lo afirmado por Vox. Luego, empezaron las risas al recordarse que el líder del PP prometió lo que ofrece la Ley de Memoria Democrática a los exiliados del franquismo en una visita a Argentina en 2022. Su promesa era para todos “los nietos de españoles en el exterior”.

La hemeroteca rescató un discurso en el Senado de Ester Muñoz, la actual portavoz parlamentaria del PP: “Es de justicia que todos los nietos de aquellos ciudadanos españoles que tuvieron o quisieron salir de España al exilio puedan acceder ahora a la plena nacionalidad que está en sus orígenes”.

Tocaba frenar y volver atrás para reconocer esas palabras y, como mucho, se quejaban de la rapidez con que se estaba afrontando el proceso cuando habitualmente todos estos trámites consumen varios años. Lo mejor es que la página 101 del programa electoral del partido en 2023 pedía exactamente lo que se está llevando ahora a la práctica. 

El viernes, en un acto de su partido en Castellón, Feijóo dio otro giro de 180 grados, con lo que ya sumaba 360 y volvía a la posición original. “Esta ingeniería social no tiene objetivos inocentes”, dijo sumando las cifras de dos cosas diferentes, las nacionalizaciones a descendientes de españoles y la regularización de más de un millón de inmigrantes sin papeles. El objetivo del Gobierno era, según Feijóo, “alterar el censo” de votantes. Estaba denunciando un pucherazo en toda regla sin tener pruebas. Hasta afirmó que la población española puede aumentar en ocho millones de personas, una cifra que se inventó. Dijo ocho como podría haber dicho dieciocho.

Mientras tanto, algunos dirigentes del PP muestran en privado su estupor por esta campaña, porque creen que deberían centrarse en los casos de corrupción que afectan al Gobierno, en los que no hay semana sin noticias, y olvidarse de conspiraciones truculentas más propias de la extrema derecha. Pero no tienen nada que hacer. Feijóo reincide en la torpeza que le caracteriza y que perjudica a sus propios intereses. Como apuntaba antes, cuanto más atiza la hoguera de la furia, más fácil le hace el trabajo a Vox. 

En el PSOE, han disfrutado de su ración semanal de sustos relacionados con la corrupción. El juez Pedraz ha citado como imputada a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y al director operativo del Instituto Armado, el teniente general Manuel Llamas, por el caso Leire Díez. El Gobierno ha respondido que ninguno de ellos va a presentar la dimisión y que esperará acontecimientos. Ese parece ser el argumento decidido por Sánchez ante posibles y futuras imputaciones. Ya no dimite nadie y ya veremos qué pasa en la instrucción de esos casos. No se entregarán más cadáveres a la oposición, porque no sirve de nada. 

Por lo demás, si creen que eso reducirá el desgaste político causado por la corrupción, no pueden estar más confundidos. En este asunto, lo que no le funcionó en su momento al PP de Rajoy no le va a funcionar al PSOE. 

El influencer que se cagó en 48 horas

Para acabar, un detalle que no pasa de ser cómico. El influencer ultra Vito Quiles volvió a desobedecer una citación judicial y a la jueza no le quedó otra opción que ordenar su detención estrictamente para asegurar que compareciera en su juzgado. Es casi una cuestión de trámite si alguien decide que no le apetece cumplir con la ley. En este caso, por una denuncia por difamación presentada por un funcionario del Ministerio de Hacienda.

Al igual que las modelos de OnlyFans, la publicidad es esencial para mantener la imagen de marca. El concepto de publicidad negativa no existe. El propagador de bulos elogiado por el PP se las dio de gallito y denunció una “persecución” del Gobierno. Se escondió en una urbanización con piscina, porque hacer de rebelde antigubernamental en mitad de una ola de calor te obliga a muchas pausas por hidratación. Hasta que se le acabó el cuento. No tiene muchas luces y acabó ofreciendo la frase que le define: “Me he cansado de vivir como un fugitivo”. La osadía le duró 48 horas. Nada más. Payasos de este tipo no pueden poner en peligro la democracia, como algunos creen. Sólo están para dar espectáculo en estos tiempos en que las personas elegantes salen de casa con el cuchillo entre los dientes. Y, como en OnlyFans, enseñar el culo puede ser muy lucrativo para algunos. Es sólo un modelo de negocio. Incluso durante 48 horas.

Con la investidura de Moreno Bonilla, el Partido Popular da un paso más, asumiendo definitivamente la prioridad nacional y todos los postulados de la derecha ultra como propios. Ya no se puede alegar excepción, ya no hay vía andaluza que los diferencie. Vox ha conseguido que su agenda ultra pase a formar parte de la agenda de toda la derecha española.

Si a ello sumamos la prioridad nacional que esta semana proponía Aznar, una idea según la cual había que obviar a los nacionalismos de cara a la formación de gobierno para apoyarse únicamente en la derecha española, el proceso ya está completado. PP y Vox formarán a partir de ahora un todo indisoluble que aspira a gobernar España. Veremos si lo consiguen.

Escribo dolidísima, indignada, triste y muy preocupada. Ya sé que Moreno Bonilla es PP. Y que el PP va, cuesta debajo, siguiendo a Vox, hacia su propia extinción. Sin aprender del s.XX, ni de actuales derechas fagocitadas por el fascismo, en EEUU, Brasil, Italia, Francia… Mirad en la foto el anillo negro que Moreno lleva en su índice izquierdo. Es para el insomnio. Sufre ansiedad, según él ha contado. Lógico en los gobernantes, dadas las implicaciones de sus decisiones. Pero, ahora ya, el anillo no va a bastarle. Lo siento. De verdad, de corazón, sin cinismo. Ha rendido Andalucía al fascismo. Deja a España sin la esperanza de una derecha democrática. Su pacto de la vergüenza queda para la historia.

Yo nunca dejo cerrada, si no una puerta, una rendija a la esperanza. Yo nunca menosprecio la humanidad y la conciencia que cada cual tenga dentro de su pecho. Y no hago excepción con Moreno ni líderes, miembros, militantes, simpatizantes o votantes del PP. El fascismo viene a por todos los demócratas. También a por ellos, aunque, en la lista, les precedan los inmigrantes, las personas no blancas y cristianas, las feministas, miembros del colectivo LGTBIQ+, nacionalistas periféricos, sindicalistas, gente de izquierdas, crítica… Aunque algo más tarde, las mujeres y hombres demócratas de derecha también son para el fascismo, como demuestra la historia, objetivo a batir.

Moreno ha abierto la Junta de Andalucía al fascismo. Deja a España sin la esperanza de una derecha democrática. Su "pacto de la vergüenza" queda para la historia. Pero yo no menosprecio la conciencia de nadie. Ojalá, si los remordimientos le impiden dormir, sea capaz de rectificar.

Pero hoy debemos poner el foco en la traición del PP de Moreno. De subrayar la irresponsabilidad de asumir, con su firma, postulados racistas, discriminatorios, islamófobos, contrarios a nuestra identidad y al legado de Al-Ándalus, anticonstitucionales y negacionistas de los derechos humanos universales y de la catástrofe climática que, avisa Francia, allí, ya ha causado 2.025 muertes la última semana de junio. La insensatez de fraguar este pacto con Vox para que la gente vea normal la escalofriante opción de Feijóo-Abascal como presidente y vicepresidente de España, 90 años después del golpe de Estado de Franco.

Moreno, que tanto ha reivindicado al ministro de la UCD Clavero Arévalo, quien contradijo a Suárez para defender la plena autonomía andaluza, y ha ensalzado a Blas Infante, padre de la patria andaluza, asesinado por los franquistas y echado a una cuneta aún por localizar… Moreno debía haber defendido, frente a cualquier presión centralista, la dignidad de una Andalucía libre del fascismo que quiere cargarse nuestra autonomía, como todas.

Rendir los principios al fascismo

Leed, por favor, el “pacto de la vergüenza”. Ojead, siquiera por encima, esa ignominia. Y compartidla. Son 60 páginas y 150 puntos, pero atrapa y te lo bebes: los ataques a esos pobres niños y adolescentes inmigrantes solos, ataques a las organizaciones humanitarias que los protegen, a los sindicatos, ¡si hasta anula impuestos a las bolsas de plástico, a las emisiones de gases y a los vertidos a ríos y mares!

Yo creí a Moreno Bonilla cuando, en julio de 2024, paró los pies al líder de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, diciéndole que vincular extranjeros y delincuencia es mentir para rascar votos. Me hice eco, en este artículo, de las palabras de Moreno (escuchadlas en este vídeo) al señalar que “solo el 7% de los delitos anuales en Andalucía los cometen inmigrantes, muchos europeos”. Ahora Gavira es su vicepresidente.

Moreno podría y debería no haberse prestado a la estrategia centralista de normalizar un futuro gobierno de Feijóo-Abascal. Podría y debería, tras haber condenado tantas veces el racismo electoralista de Vox. Duele que él, que tanto ha ensalzado a Blas Infante, padre de la patria andaluza, asesinado y echado a una cuneta por franquistas, convierta al neofranquista Gavira en su vicepresidente.

En septiembre de 2025, en esta columna donde critiqué las dañinas políticas de Moreno para la educación, sanidad, ayuda a la dependencia públicas, y su trilerismo fiscal, pese a todo, empecé así:

“En el contexto de auge neofascista y radicalización de la derecha yo quiero creer, me empeño y busco y defiendo el papel que debe jugar una derecha con cuya visión y enfoques yo discrepo, pero que es demócrata y valora y quiere proteger y preservar para nosotros y nuestros hijos y nietos la convivencia en paz de los diferentes. Con esa convicción mía en mente, prefiero el PP que encarna el presidente de la Junta andaluza, Juan Manuel Moreno, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.”

Con la legitimidad que me da haberle dado crédito, puedo decir ahora que, o bien nos ha mentido siempre sobre sus principios solidarios y humanitarios, o se ha traicionado a sí mismo al vendernos al fascismo.

Vox en la Consejería de Turismo para amordazar a los medios

Desde la firma del pacto y la investidura de Moreno, el PP andaluz intenta restar importancia a su traición a la democracia. Por los pasillos del Parlamento andaluz decían que nadie prestaría atención al tema “el día en que han imputado a la Directora General de la Guardia Civil y se juega el España-Austria”. Los populares minimizaban la cesión de una sola consejería, la de Turismo, Justicia, Administración Local y Desregulación, a Gavira, a Vox.

Incluyendo el área de Turismo en la Consejería para Vox, el PP de Moreno le da un presupuesto millonario, que suele pagar muchas campañas de publicidad institucional en medios de comunicación. Algo que Vox espera que le sirva para amordazar a la prensa y que no desvele sus atropellos.

Periodistas y medios acríticos con la derecha también minimizaban la cesión del PP (callando que, además, se da a Vox una vicepresidencia de la mesa del parlamento y un senador autonómico). Bien puedo afear a esos colegas su irresponsabilidad, con la legitimidad de ser yo crítica con la izquierda, que me es afín, en mis columnas y noticias, como la que publiqué, ayer mismo, sobre el incomprensible caso de 33 estudiantes gazatíes que llevan hasta dos años a la espera de que el gobierno central los traiga para formarse en las universidades españolas que les han concedido plaza.

Apuntemos algo no evidente de primeras: ¿Por qué Vox se “conforma” con Turismo si en Agricultura, Igualdad o Cultura podría dar más “batalla cultural”? El Turismo es el principal motor económico de Andalucía, con casi el 13% del PIB, y la Consejería, ahora en manos de Vox, tiene casi 200 millones de euros de presupuesto. Buena parte ha ido siempre a campañas de publicidad institucional en medios de comunicación. Algo clave para sus cuentas y subsistencia. Veis la jugada, ¿verdad? La estrategia facha es cargarse todo lo que puedan, con los 150 puntos del acuerdo y las múltiples competencias de la macro consejería, manteniendo amordazada a la prensa. Apañados van con muchos de nosotros. No nos conocen.

Hará falta toda la unión, estrategia y coordinación democrática, de la gente, la sociedad civil organizada y los partidos políticos, para hacerles frente. Pero se lo haremos. Todas y todos, juntos, protegeremos nuestra democracia. Y, ojalá tengamos la generosidad e inteligencia de acoger a nuestro lado a las y los demócratas, liberales, democristianos y de derecha que también se sientan traicionados o que rectifiquen, más pronto que tarde, firmes y constructivos ante el fascismo demoledor.

Se acabó el juego. El sonriente Juanma Moreno se ha rendido a la evidencia de que, como en la canción de Amaral, sin Vox no es nada y ha tenido que encaramarse a la ola ultra. Antes les tocó pasar por el aro a sus compañeros de Extremadura, Aragón y Castilla y León. Y Núñez Feijóo deberá hacer la misma cabriola si quiere tener alguna posibilidad de llegar a la Moncloa. El acuerdo PP-Vox en Andalucía, así como los anteriores, prevé que los inmigrantes irregulares queden excluidos de prestaciones y servicios sociales salvo en “supuestos de urgencia vital”, signifique lo que signifique la inquietante expresión. Prioridad nacional, llaman a esta deshumanización del extranjero.

Pero el pacto contiene otros puntos además de la monserga contra los inmigrantes. Por ejemplo, habla de Cultura y de Educación. Por lo menos eso dicen los epígrafes correspondientes. No sé cuántos lectores han leído el texto íntegro del acuerdo, pero en estos dos temas, más que de prioridad nacional, lo que cabe es hablar de escopeta nacional. De inundación de caspa. De la muerte de la inteligencia.

Uno pensaría que un plan de gobierno en materia cultural debería incluir, por ejemplo, políticas de incentivos a la lectura, máxime cuando la comunidad en cuestión, Andalucía, ocupa el puesto 11 a nivel nacional en hábito lector. O que hubiera medidas de fomento a creaciones artísticas modernas o al desarrollo del pensamiento. Pero esto es lo que han acordado PP y Vox: impulsar un fondo de conservación y recuperación de iglesias, conventos y monasterios; reforzar la programación de los centros culturales de gestión regional; promocionar la tauromaquia, la caza y la pesca como atractivos turísticos; implementar un plan de protección del patrimonio cultural en riesgo, habilitándose una línea específica del patrimonio taurino; y un “rediseño” de los museos andaluces. Y ya. Eso es todo. No meneen el ratón, que no hay más. De aquí, el pacto salta al item Vivienda.

En cuanto al capítulo de Educación, uno esperaría que trasluciera alguna reflexión de fondo sobre modelos educativos, sobre el impacto de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías, sobre los mecanismos futuros de aprendizaje, etc. Pero veamos lo que dice el pacto PP-Vox: gratuidad en educación de cero a tres años (medida que encaja más en Conciliación Familiar que en Educación); orientación de la universidad al mercado laboral mediante una colaboración estrecha con las empresas (eufemismo por mercantilización del conocimiento); climatización de los centros educativos; defensa de los productos andaluces en los comedores escolares, y aceleración de la educación concertada (pagada por los contribuyentes y tutelada por la Iglesia). ¿Eso es todo? Qué va. Faltan las dos propuestas estrella: fin del Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí en los centros docentes andaluces, como parte del “rechazo explícito de cualquier programa de adoctrinamiento en las aulas y a cualquier injerencia extranjera o intento de diluir nuestra identidad” (para cualquier duda sobre la identidad según Vox remito al lector al apartado sobre Cultura). Y la enseñanza de la Historia del terrorismo en España (dejo a la lectora el ejercicio de imaginar cómo sería esta asignatura en manos de la tribu de Abascal).

Dice casi al final el acuerdo PP-Vox que la acción Gobierno se inspirará en los principios de libertad, eficiencia y austeridad, “renunciando expresamente a todo intento de imprimir cualquier sesgo ideológico o condicionar el libre pensamiento y juicio de los ciudadanos”. Tienen un morro que se lo pisan. Todo su pacto es un monumento al sesgo ideológico, desde el mismo preámbulo, en el que los firmantes anuncian una gestión contrapuesta al “declive ético y moral” del Gobierno de Pedro Sánchez.

Ahora bien, que un programa de gobierno esté impregnado de ideología no es en sí mismo un motivo de descalificación. A fin de cuentas, la política es en el fondo una batalla de ideas, y los ciudadanos tienen el derecho de poder elegir la opción con las que sientan más afinidad. La Ley de la Memoria Democrática, por ejemplo, fue producto de una decisión cargada de ideología. Pero, por favor, señores del PP y Vox, no nos salgan con el embeleco de que su propuesta de una “Ley de Concordia” para reemplazar a aquella está libre de polvo y paja ideológicos. Tampoco lo están las propuestas culturales y educativas de su acuerdo. Y la totalidad del pacto de gobierno para Andalucía. De lo que aquí estamos hablando es de que Vox ha impuesto su ideología al PP, el partido que hasta hace algún tiempo se presentaba como una formación homologable al centro-derecha europeo. Y de que el PP ha normalizado políticamente unas ideas que chocan con el espíritu de modernidad y tolerancia que ha guiado a la Europa de posguerra.

La opción moderada de Juanma Moreno, si es que alguna vez existió bajo la fachada de bonhomía, se ha evaporado por dos votos. Lo que a estas alturas ya falta por dilucidar no es si Feijóo pactaría con Abascal tras las elecciones generales de 2027, sino si les darán los números. En lo que respecta a un hipotético programa de gobierno, ya tenemos pistas.

Para sorpresa de nadie, Juan Manuel Moreno Bonilla gobernará con Vox en Andalucía. Como se decía antes de forma irónica: gol en las Gaunas. Digo “para sorpresa de nadie”, porque ni el propio presidente andaluz se creía que no iban a gobernar juntos. Habiendo sido el primer dirigente político que en España firmó un acuerdo con la ultraderecha (en 2019, que se nos olvida), después de que hayan aceptado gobiernos de coalición sus colegas de otros territorios, y a meses de unas elecciones generales tras las que, si les dan los números, está cantado el gobierno Feijóo-Abascal, había que ser muy cándido para creerse la resistencia del simpático “Juanma”.

Pero tanto insistió Moreno en que nunca gobernaría con la ultraderecha, ni aceptaría la “prioridad nacional” ni otros trágalas habituales, que al final le ha tocado pasar por debajo del futbolín. Y se ha arrastrado él solo: tiene el acuerdo que en cualquier caso iba a acabar firmando, pero le ha añadido una dosis de humillación por tragarse sus palabras anteriores y tirar por tierra su muy trabajado perfil de “derecha moderada”. No querías caldo facha, pues dos tazas: gobierno de coalición, y prioridad nacional, aunque la disfraces de “arraigo” y constitucionalidad.

La foto de Moreno pasando por debajo del futbolín es más celebrada por los suyos que por sus rivales: imagino el contento de Guardiola, Mañueco y Azcón, y de tantos alcaldes que en su día pactaron con Vox, que hasta ahora se sentían menospreciados por el campeón de la derecha centrada y amable, el que no pasaría nunca por ese aro. Y doblemente feliz Núñez Feijóo, que ve cómo el ala suave-suave de su partido legitima gobernar con Vox, y le pone alfombra roja para su posible coalición tras las generales.

En los acuerdos PP-Vox se juntan siempre el hambre con las ganas de comer: por un lado un Vox que siempre hace la apuesta más alta, que plantea máximos porque no tiene nada que perder y sabe que no le perjudica electoralmente impedir la gobernabilidad ni provocar adelantos o repeticiones electorales. Por otro, un PP cuya verdadera “prioridad nacional” es gobernar, al precio que sea, y que viene ya ultraderechizado de casa: ha ido desplazando tanto su eje, que lo acordado se acaba pareciendo a su propio programa electoral.

La rendición a la ultraderecha de la mayor comunidad autónoma es el último paso para normalizar y hacer inevitable un gobierno nacional PP-Vox, con Abascal en la vicepresidencia y varios ministros ultras. Llegado el momento, Feijóo pasará bajo el listón por mucho que se lo bajen. Y en su caso, más que arrastrarse bajo el futbolín, parecerá que está bailando el limbo.

Apenas 30 minutos antes de la votación de investidura de Juanma Moreno, los líderes del PP y Vox en Andalucía han sellado su acuerdo de gobierno que consagra la 'prioridad nacional', un concepto de la extrema derecha que el PP ya había abrazado en Extremadura, Aragón y Castilla y León. Durante la campaña, llegó a definir la 'prioridad nacional' como “literatura” de Vox para su electorado y, también, como un “lío”. Mediante este pacto, Manuel Gavira, líder de la formación de extrema derecha, asumirá la consejería de Turismo, Administración Local y Justicia, un cargo que además tendrá rango de vicepresidencia.

En rueda de prensa, Moreno y Gavira han escenificado la firma del Acuerdo de Gobierno y Estabilidad para Andalucía. Ante la falta de una mayoría absoluta, Moreno ha justificado el pacto señalando que “la dinámica parlamentaria te lleva a llegar a acuerdos” para evitar una parálisis autonómica y nuevas elecciones. Sin embargo, para lograr esta estabilidad, el PP ha tenido que asumir gran parte del programa de Vox, admitiendo el propio Moreno que, pese a tener “sensibilidades diferentes”, han realizado un “esfuerzo de aproximación”.

En el plano institucional, la principal concesión es la entrada de Vox en el Ejecutivo. La formación asumirá la citada Consejería de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local, la cual estará dotada con rango de Vicepresidencia con Gavira al frente.

El giro migratorio y la 'prioridad nacional'

El documento refleja un endurecimiento radical en materia de extranjería, asumiendo las tesis de Vox. Pese a que Moreno en campaña recordaba que era absurdo debatir sobre inmigración porque las Comunidades Autónomas no tienen competencias, ha abrazado el discurso de Vox de principio a fin y la inmigración es el segundo punto del acuerdo. El pacto decreta un “rechazo frontal” a la llegada de “más menores extranjeros no acompañados (MENA)” y estipula la “supresión total” de subvenciones a ONG que, según el texto, “favorezcan la inmigración ilegal”. Además, se prohíbe el uso del burka y el nicab en los espacios públicos autonómicos.

La gran victoria discursiva de Vox cristaliza en el blindaje de la llamada 'prioridad nacional', sobre la que el texto dice literalmente: “El acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas se inspirará en el principio de prioridad nacional, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio”. Este mismo principio rector se aplicará para el acceso a la vivienda protegida y al alquiler social.

Sin rastro de la violencia de género

No hay en el pacto ninguna mención a la “violencia machista” ni a la “violencia de género”. El documento del acuerdo entre PP y Vox no recoge ninguna medida, plan o apartado dedicado a combatir o abordar específicamente este tipo de violencia.

Las únicas referencias directas a la “mujer” en el texto del pacto se limitan a dos aspectos muy específicos: la citada prohibición del burka y el nicab en espacios públicos autonómicos, (justificando que son prácticas que “invisibilizan a la mujer y vulneran los valores de igualdad y dignidad) y la puesta en marcha de un ”Plan Integral de Apoyo a la Mujer Embarazada“. No hay tampoco ninguna mención al colectivo LGTBIQ+.

Negacionismo climático

Pese a las diferencias de visión que separaban a ambos partidos en temas como la Agenda 2030, el PP ha accedido a “blindar” al sector primario frente a los “aspectos negativos” de dicha agenda y a rechazar explícitamente “las imposiciones de agendas ideológicas” en el cuidado del medio ambiente, declarando a Andalucía libre de las cargas del Pacto Verde. Al rechazar la “condicionalidad climática del Pacto Verde” europeo Moreno asume directamente el negacionismo climático de Vox. También rechaza el pacto la reforma de la Política Agraria Común (PAC) para el periodo 2028-2034, argumentando que encarece la producción sin ofrecer contrapartidas.

En el ámbito de la 'batalla cultural', las cesiones a Vox también son notables. El Gobierno andaluz pondrá fin al Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí en los colegios –como ya ha ocurrido en la Murcia de López-Miras y va a suceder en la Extremadura de María Guardiola– alegando que es un intento de “diluir nuestra identidad”,.

En contrapartida, el pacto se compromete a promocionar activamente la tauromaquia y la caza. Asimismo, se comprometen a proteger la ganadería brava, las escuelas taurinas y las plazas de toros frente a cualquier intento de discriminación ideológica o de exclusión de las políticas públicas

Finalmente, ambas formaciones han acordado impulsar una “Nueva Ley de Concordia” que derogará y sustituirá a la actual normativa andaluza en materia de memoria histórica. El documento incluye la Memoria Histórica en el apartado de “Leyes Ideológicas”.

Derogación de los impuestos a los vertidos y a las bolsas de plástico

La Fiscalidad es la primera materia que aborda el pacto. Se trata de un aspecto en el que PP y Vox han encontrado un amplio campo de encuentro basado en la supresión y/o rebaja de impuestos. El pacto contempla reducir la cuota autonómica del IRPF en el 0,25% en los tramos de menos de 60.000 euros cada año, hasta un punto porcentual a final de legislatura. Además, se prevén nuevas deducciones por nacimiento o adopción. En el Impuesto de Sucesiones y Donaciones se prevé una nueva bonificación para ladquisición de vivienda habitual entre hermanos, “primer paso” para ampliar la bonificación del 50% a los colaterales de segundo y tercer grado (tíos y sobrinos) “si la evolución de la recaudación del impuesto lo permite”.

Vox también ha impuesto su agenda cultural en materia fiscal, con el incremento de la deducción por familia numerosa de 200 a 300 euros y, en especial, con la previsión de suprimir tres tributos propios en materia ambiental: el que se impone a las bolsas de plástico, el de emisión de gases y el de vertidos a aguas litorales. El objetivo de esta supresión, dice el pacto, es “rerducir la presión fiscal, simplificar el sistema tributario y aliviar las cargas” sobre familias, empresas y autónomos.

Este es el pacto de Gobierno firmado por Moreno con Vox con 150 medidas:

Juanma Moreno será investido presidente de la Junta de Andalucía este jueves, en segunda votación en el Parlamento, tras alcanzar un acuerdo in extremis con Vox muy similar al que la ultraderecha cerró con el PP en Extremadura, Aragón y Castilla y León.

El dirigente popular comparecerá en el Parlamento andaluz junto al portavoz andaluz de la ultraderecha, Manuel Gavira, media hora antes de esa segunda votación, para suscribir el llamado “Acuerdo de Gobierno y Estabilidad para Andalucía”, según han confirmado ambas formaciones en sendos comunicados a las 16.10 horas.

[ACTUALIZACIÓN: Moreno, investido presidente de Andalucía tras un pacto con Vox que asume la vicepresidencia del nuevo gobierno]

Moreno acató desde el inicio de las negociaciones el término antiinmigrante “prioridad nacional”, que venía allanado por otros tres barones populares y bendecido por la dirección nacional del PP, y también ha cedido a la entrada de Vox en su nuevo Gobierno.

En campaña electoral, el candidato popular alertó del “lío” que sería tener que negociar con la ultraderecha (“no tienen personal con experiencia en la administración” y minimizó la prioridad nacional a un “eslogan vacío” de dudosa legalidad. Tras ganar las elecciones del 17 de mayo y quedarse a dos escaños de la mayoría absoluta, siguió reclamando un Gobierno “en solitario” y pactos puntuales con Vox en el Parlamento. No ha logrado ni una cosa ni la otra.

La prioridad nacional significa, según la explicación de la ultraderecha, que las prestaciones y ayudas públicas beneficien antes a los ciudadanos españoles que a los inmigrantes. Lo que usarán para medir esta preferencia en el reparto de recursos públicos, intentando no tropezar con la Constitución, con el Estatuto de Autonomía y con la legislación, es el concepto de “arraigo”, esto es, el tiempo que llevan viviendo y trabajado en Andalucía.

El acuerdo programático que se firma este jueves contiene un centenar de medidas, recoge los puntos en común en materia fiscal y desregulación administrativa e introduce algunas propuestas ideológicas de Vox, pero deja abierta aún el peso que tendrán los consejeros de la ultraderecha en el nuevo gabinete.

Éste es el segundo pacto de gobernabilidad entre el PP de Moreno y el partido de Santiago Abascal. El primero, rubricado en enero de 2019, le convirtió en el primer presidente andaluz de derechas y abrió la puerta a la alternancia política en la única comunidad de España donde aún no había ocurrido (tras 37 años ininterrumpidos de gobiernos socialistas).

Moreno se quedó a dos escaños de la mayoría absoluta (53), pero no ha sido ese número dos sobre el que ha pivotado la negociación entre ambos partidos, como hubiese querido el presidente andaluz. Han sido los 15 diputados de Vox y los 576.635 votos (13,8%) que obtuvieron en las pasadas elecciones. La dirección nacional del PP también ha remado en favor de un pacto andaluz “homologable” al del resto de comunidades, evitando que Moreno -referente de la derecha más moderada- salvase un perfil propio que le ha distinguido del resto de sus compañeros. Ese perfil se perdió con la mayoría absoluta.

Los de Abascal han ignorado los porcentajes a los que aludía Moreno para intentar desmarcarse de las concesiones que tuvieron que deglutir sus compañeros en Extremadura, Aragón y Castilla y León. El marco de negociación siempre ha sido uno: no aceptar que Andalucía y Moreno sean una excepción y, por tanto, asimilar lo máximo posible el pacto andaluz al del resto de territorios. Esta concatenación de acuerdos de gobiernos autonómicos -el cuarto en dos meses- es la hoja de ruta de Abascal y de Alberto Núñez Feijóo hacia la Moncloa.

Quinto gobierno andaluz de coalición

Éste será el quinto gobierno de coalición de la historia autonómica andaluza. El primero se gestió en la quinta legislatura [1996-2000] entre el PSOE de Manuel Chaves y el Partido Andalucista (PA), entonces comandado por Antonio Ortega. Fue un pacto estable que duró todo el mandato y que se reeditó cuatro años más, en la sexta legislatura [2000-2004]. De aquella alianza, Chaves saldría reelegido en 2004 con 2,2 millones de votos y una mayoría absolutísima.

En 2012 el PSOE perdió las elecciones andaluzas por primera vez en su historia, frente al PP de Javier Arenas que se quedó a cinco diputados de la mayoría absoluta. Los socialistas pactaron un gobierno con Izquierda Unida (IU), presidido por José Antonio Griñán, con el líder de IU, Diego Valderas, como vicepresidente y tres consejerías en manos de los comunistas (Gobernación; Fomento y Vivienda, y Turismo). Duró tres años [2012-2018]. Griñán cedió la presidencia a Susana Díaz, que expulsó a sus socios del Ejecutivo y adelantó las elecciones para gobernar en solitario con apoyo externo de Ciudadanos.

El siguiente gobierno de coalición fue el primero ya sin los socialistas en la Junta [2019-2022], una alianza de PP y Ciudadanos, apoyada desde fuera por Vox. El partido de Albert Rivera, que se quedó a cinco escaños del PP más jibarizado de la historia (26 diputados), se hizo con una vicepresidencia y cinco consejerías. Vox le aprobó a Moreno tres presupuestos autonómicos, le tumbó el cuarto, y en las elecciones de 2022 los populares conquistaron su primera mayoría absoluta, con unos rotundos 58 escaños.

El futuro Gobierno de coalición PP-Vox nace del segundo acuerdo político con la ultraderecha, que es más tangible que el primero, porque contiene los “plazos de ejecución y las garantías de cumplimiento” que citó su líder andaluz, Manuel Gavira, en la primerra sesión de investidura fallida, el pasado martes. El PP andaluz es hoy más fuerte que hace ocho años y Moreno, indiscutiblemente, ha consolidado su liderazgo como referente de la derecha moderada en España.

Sin prisas

El inicio de las negociaciones se dilató durante12 días -hasta la primera llamada a Vox- en las que Moreno dijo no tener prisa y ofreció a la extrema derecha un gobierno del PP en solitario apoyado desde fuera por la ultraderecha con pactos puntuales en el Parlamento (el mismo formato que en 2019). Las primeras conversaciones entre los equipos negociadores no se iniciaron hasta el 9 de junio, apenas 48 horas antes de la constitución del Parlamento andaluz.

La falta de un acuerdo previo entre ambas formaciones de derechas también ha marcado el inicio de la XIII legislatura andaluza, el pasado 11 de junio. Ante la ausencia de un pacto, el PP se hizo con el control absoluto de la Mesa del Parlamento y obtuvo cinco de los siete puestos, mientras que Vox se quedó sin representación ni amagó con pedirla. Su objetivo era pactar todo el bloque político con el PP, de ahí que el acuerdo obligue ahora a rehacer la composición del órgano rector de la Cámara, y que alguno de los cinco dirigentes populares tengan que dimitir.

A diferencia de lo ocurrido en otros territorios -o puede que como consecuencia de ellos- el asunto sobre la prioridad nacional ha llegado muy diluído a la negociación. Moreno lo aceptó casi desde el principio -“todo el mundo lo ha firmado ya”-, consciente de que el impacto mediático es menor, una vez que ha acaparado titulares en Extremadura, Aragón y Castilla y León.

El dirigente popular se pasó la campaña electoral ignorando este tema, como un tabú, pero sin llegar a confrontar abiertamente con la política antiinmigrante de sus socios potenciales. Terminó por decir que la “prioridad nacional” era un “eslogan vacío”, que en la práctica tendría poco recorrido, porque el planteamiento de máximos de los ultra estaba acotado por la propia Constitución, el Estatuto de Autonomía y el Código Penal. “Si lo quieren llamar así, me parece bien”, dejó dicho a pocos días de las urnas.

A pesar de los aparentes desencuentros con Vox, Moreno se propuso formalmente ante el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, como candidato a la Presidencia de la Junta y solicitó la convocatoria del debate de investidura lo antes posible. El lunes pasado, sin límite de tiempo, presentó un proyecto político para un gobierno en solitario, con apenas guiños a la ultraderecha. No mencionó la prioridad nacional, pero hubiese dado lo mismo, porque cuando llevaba 40 minutos hablando, el portavoz nacional de Vox, desde Madrid, adelantó que dijera lo que dijera su grupo ya había decidido votar no ese día. Y amenazó con volverlo a hacer en la segunda votación, 48 horas después.

En todo este tiempo, Vox ha escenificado su voluntad de replicar en Andalucía sus otros pactos autonómicos. Su portavoz, Manuel Gavira, ha llegado a anticipar un voto contrario en la investidura si no se firmaban medidas concretas. Desde la oposición, la socialista María Jesús Montero viene denunciando que todo el proceso ha sido un teatro y que el pacto de gobierno entre el PP y Vox lleva semanas cerrado en secreto.

PP y Vox han iniciado este martes la negociación para la investidura de Juan Manuel Moreno como Presidente de la Junta de Andalucía, a 48 horas para que se constituya el Parlamento autonómico. Representantes de ambos partidos se han reunido en el la Cámara legislativa en un encuentro breve tras el que se han emplazado a seguir dialogando.

La reunión, adelantada por la Cadena Ser, ha empezado a las cinco de la tarde y se ha prolongado una hora, “en un clima de cordialidad” para abordar “un posible acuerdo de gobernabilidad”, según un comunicado remitido a los medios por el PP andaluz y, poco después, por Vox.

Moreno ganó las elecciones el pasado 17 de mayo con 53 escaños, a dos de la mayoría absoluta, por tanto necesita los votos de la ultraderecha para ser investido presidente y para garantizarse una gobernabilidad sin sobresaltos en esta legislatura. Estas conversaciones arrancan dos días antes de que tomen posesión los 109 diputados electos, y se elija al presidente o presidenta del Parlamento y al resto de miembros de la Mesa (siete en total).

Esa composición es clave para adivinar si PP y Vox han avanzado en un pacto político que dé estabilidad a la legislatura y allane la investidura de Moreno. Si no cierran ningún acuerdo antes del jueves, cada partido se votará a sí mismo y los populares podrían quedarse con cuatro o incluso cinco miembros del órgano rector del Parlamento, que tiene un papel decisivo en la legislatura, porque es quien debe calificar las iniciativas de todos los grupos políticos y establecer la prioridad de los debates.

Vox no ha demostrado especial interés por presidir las cámaras legislativas en Extremadura, Aragón y Castilla y León, todas bajo control del PP, pese al acuerdo de ambas fuerzas para garantizar la gobernabilidad de estos territorios. Sin un pacto entre las partes, Moreno podría lograr en la composición de la Mesa del Parlamento lo que no ha logrado en las urnas, es decir, una mayoría absoluta que le dé ventaja tanto en su alianza con Vox como frente al resto de partidos de la izquierda.

Con cuatro de los siete miembros -presidencia, dos vicepresidencias y un secretario- ya tendría el control absoluto de la Mesa de la Cámara. Para que eso no ocurra, Vox tendría que negociar duro con el PP y exigirle que renunciase a dos puestos para que los ultras se hicieran con dos miembros, los mismos que el PSOE.

Otra opción, más improbable, es que Vox y los tres partidos de izquierdas -PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía- pacten al menos “para no hacerse daño”, y que presenten o no presenten candidatos con el objetivo común de impedir que Moreno se alce con la mayoría absoluta en la Mesa: es decir, que el PP se quede con tres miembros, en vez de cuatro.

El reglamento establece que todos los partidos con grupo parlamentario deben estar representados en la Mesa de la Cámara, aunque no todos tengan voz y voto. En esta legislatura, el PP tenía cuatro, el PSOE dos y Vox uno. Por Andalucía contaba con un miembro, que no tenía voto, pero sí acceso a las decisiones importantes que se adoptaban. Ahora, todos los partidos tendrán al menos un representante en este órgano de decisión, porque todos lograron al menos los cinco diputados necesarios para tener gruupo.

La primera reunión (conocida) de los de Moreno con los miembros de Vox en Andalucía ha tenido lugar también la misma tarde en que, si todo discurre como se espera, Alfonso Fernández-Mañueco será reelegido Presidente de la Junta de Castilla y León con el apoyo de Vox, consolidando la dinámica de pactos entre el PP y la ultraderecha en las comunidades autónomas que han celebrado elecciones desde el pasado diciembre: Extremadura, Aragón, Castilla y León y, si las conversaciones fructifican, Andalucía. Hasta ahora, todas con el eje común de la “prioridad nacional” de los ultras en el acuerdo político firmado por ambas formaicones.

En Andalucía, la negociación parte de un reparto electoral más decantado para el PP que en las otras comunidades. Sólo le restan dos escaños para lograr la mayoría absoluta.

El presidente en funciones de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juan Manuel Moreno, había anunciado este martes por la mañana la apertura de un “diálogo inminente” con Vox. El objetivo, ha dicho durante la inauguración de un nuevo puente colgante en el Caminito del Rey (Ardales, Málaga), es llegar a un “acuerdo que sea razonable y justo y que represente el interés general de los andaluces”.

Morenono ha aclarado en esa comparecencia cuándo empezarían las negociaciones, que a esa hora no habían comenzado. “Todavía no hemos iniciado esas conversaciones y por tanto no sabemos a dónde nos llevará este caminito; lo que sí sabemos es que lo vamos a recorrer con responsabilidad, con sentido común y con determinación, y esperemos llegar pronto a esa meta”. “Cuando lleguemos al puente, cruzaremos el puente, todavía no lo hemos cruzado”, ha añadido Juanma Moreno, utilizando una terminología acorde con el entorno en el que ha realizado las declaraciones.

A dos días de constituirse el Parlamento

Moreno ha esperado tres semanas desde que se celebraron las elecciones autonómicas para empezar a hablar con Vox. El PP obtuvo 53 escaños en esos comicios, cinco menos que los que obtuvo en 2022 y a dos de la mayoría absoluta. Los tiempos lentos manejados por el candidato del PP han exasperado a Vox, cuyos dirigentes han lamentado en público esta parsimonia acusando al PP de “bloquear” la formación de gobierno.

El presidente en funciones hizo del temor a la apertura de estas negociaciones uno de los ejes de su campaña, planteando la dicotomía entre la “estabilidad” si sacaba mayoría o el “lío” si no, y se veía abocado a buscar algún tipo de apoyo en la ultraderecha. De ahí que su incontestable victoria tuviese un regusto amargo para él. Logró el objetivo de ganar, pero no el de conservar la mayoría absoluta que blindara la constitución de gobierno.

Moreno suele marcar distancias con los planteamientos de la ultraderecha, y ya advirtió durante la campaña electoral que la “prioridad nacional” de Vox es “irreal”, cuando no “ilegal”. Sin embargo, es consciente que la dinámica electoral y los resultados le encaminan a una negociación con Vox. Esta mañana, ha explicado que “uno tiene que ser realista” por la “dinámica parlamentaria en la que vivimos”, que supone que cuando una formación no obtiene una mayoría absoluta, tiene “la obligación de dialogar con el resto de fuerzas políticas”.

El líder del PP ha lamentado que los partidos de izquierdas no hayan dejado opción a facilitar su investidura. La única “opción de diálogo”, según ha agregado, es Vox, después de que las tres formaciones de izquierda, PSOE-A, Adelante Andalucía y Por Andalucía, se hayan “automarginado” dejando claro “de manera contundente y nítida” el día siguiente a las elecciones que “no iban a participar en ningún tipo de diálogo” y que no se iban a abstener en su investidura como presidente de la Junta.

En los últimos días, las presiones sobre Feijóo para que presente una moción de censura al Gobierno de Pedro Sánchez se han redoblado, sin que parezca, al menos de momento, que vayan a surtir efecto. El Partido Popular se encuentra en una situación complicada, incapaz de presentar ante la ciudadanía su proyecto de gobierno alternativo porque pasa por gobernar con Vox, al que ya se ha plegado en tres comunidades autónomas. 

Para ello, el Partido Popular ha tenido que asumir algunos de los postulados xenófobos de Vox, como la prioridad nacional. Y lo mismo ha sucedido en materia de igualdad y no discriminación, desplazando las políticas de promoción de la igualdad y prevención de la violencia machista por un concepto rancio de familia, que es el centro ahora de toda protección social. 

Y en Andalucía, de momento, el Partido Popular de Moreno Bonilla guarda silencio.

Veremos que pasa finalmente en la comunidad autónoma más poblada de España, aunque no parece que el PP pueda zafarse, tampoco esta vez, de un gobierno con la ultraderecha.

El último ciclo de elecciones autonómicas ha reforzado la presencia de la ultraderecha de Vox en casi media docena de territorios. En Aragón, Castilla y León y Extremadura los de Santiago Abascal ya han conseguido varias consejerías, mientras que en Andalucía negocian el precio de permitir la investidura de Moreno Bonilla. Unas conversaciones y pactos políticos que han llegado poco después de que los abogados de Vox pidieran, sin éxito, la imputación de tres de esos presidentes autonómicos por cuatro delitos distintos por la gestión de la ola de incendios del verano de 2025. La última solicitud de imputación contra Juanma Moreno Bonilla, María Guardiola y Alfonso Fernández Mañueco fue realizada al Tribunal Supremo en marzo.

El partido de Santiago Abascal anunció el pasado mes de septiembre que tenía intención de desplegar su habitual estrategia penal para abordar la gestión de la ola de incendios que en el verano de 2025 arrasó más de 343.000 hectáreas en todo el país, el peor año del siglo con respecto a la superficie forestal calcinada, y varias víctimas mortales. Vox acudió al Tribunal Supremo para pedir la imputación del presidente del Gobierno y de varios ministros, pero también de los presidentes y consejeros de varias comunidades autónomas afectadas: Castilla y León, Andalucía, Extremadura, Galicia y Asturias.

En ese momento Vox no formaba parte de ningún gobierno autonómico tras la ruptura con el PP consumada un año antes. Pero sí sostenía a varios de ellos donde los de Alberto Núñez Feijóo no tenía mayoría absoluta. Esas peticiones de imputación llegaron a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en la primera semana de septiembre de 2025 y fueron rechazadas en marzo de 2026 por el magistrado Julián Sánchez Melgar. El Supremo recordó a Vox entonces que no podía pedir imputaciones de cargos públicos por la “mera detentación” de ese cargo. Y que en el caso de los presidentes autonómicos ni siquiera era el tribunal competente para abrir o rechazar una investigación.

Vox volvió a la carga con un recurso presentado a finales de marzo y que fue rechazado de forma definitiva a principios de mayo. Pedían que se reconsiderara su negativa a abrir una causa contra el ejecutivo central y los gobiernos autonómicos. Para cuando fue presentado el recurso, las elecciones en Extremadura y Castilla y León ya se habían celebrado. Se resolvió semana y media antes de los comicios de Andalucía, con la campaña ya en marcha.

En septiembre de 2025 la querella de Vox atribuyó cuatro delitos a los presidentes de estas tres comunidades autónomas: homicidio imprudente, incendio, prevaricación y otro más contra los derechos de los trabajadores. Entre duras acusaciones de haber tenido una actuación “negligente” y de haber incurrido en una “inexistencia de previsión”. PP y PSOE, dijo entonces Santiago Abascal, habían estado “lanzándose las competencias asquerosamente” incurriendo en “terrorismo climático”. Previamente el eurodiputado Jorge Buxadé había hablado de “bipartidismo pirómano”.

De querellarse a pactar

La querella de Vox contra el Gobierno y estos presidentes autonómicos ha seguido viva hasta que el Tribunal Supremo dictó el archivo definitivo hace menos de un mes. Un proceso judicial preliminar que, como es habitual con las denuncias y querellas de Vox, no ha pasado ni el primer filtro de los jueces de lo Penal, pero que se ha solapado en el tiempo con los procesos electorales autonómicos de los últimos meses en los que los de Santiago Abascal han hecho todo lo posible por pasar a gobernar con los dirigentes a los que acusaban de cuatro delitos distintos.

Vox pactó su entrada en el gobierno extremeño de María Guardiola a mediados del pasado mes de abril tras una primera investidura fallida. Su negociación con Alfonso Fernández Mañueco para formar parte del ejecutivo de Castilla y León, la tierra más afectada por los incendios del año pasado, ha fructificado esta misma semana. En Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla necesita de los votos de Vox para revalidar su presidencia y, por el momento, la extrema derecha ha mostrado su “mano tendida” al presidente autonómico al que hace unas pocas semanas pretendían imputar. Si a finales de 2025 Vox centró su crítica política en la gestión medioambiental de los territorios, ahora la clave para pactar es la denominada 'prioridad nacional'.

El partido de extrema derecha siguió en septiembre de 2025 la estrategia que desarrolla desde hace años contra sus rivales políticos, sobre todo de los partidos de izquierda. Denuncias y querellas sistemáticamente rechazadas por el Tribunal Supremo entre acusaciones de judicializar la vida política española y de pretender la imputación de un cargo público por el hecho de ostentar ese puesto, sin especificar qué actuaciones concretas se le atribuyen.

En los autos que han rechazado esta querella por los incendios de 2025 el Supremo recuerda que sus múltiples acciones penales fallidas contra rivales políticos ya han generado una doctrina propia sobre este asunto. Por ejemplo, recuerda el magistrado Sánchez Melgar, cuando en 2020 se querellaron contra el Gobierno por la gestión de la crisis del coronavirus y la Sala de lo Penal ya rechazó su iniciativa con argumentos similares.

Las querellas por la gestión de los incendios no abarcaban solo gobiernos regionales que Vox había apoyado y que ahora pretende integrar, sino también a Alfonso Rueda (Galicia) y a Adrián Barbón (Asturias), de PP y PSOE respectivamente. Las acusaciones contra ellos tampoco prosperaron por falta de competencia. El objetivo de Vox era, como es habitual, montar una macrocausa pero los jueces no ven delito posible en la actuación del Gobierno central y no son competentes para juzgar a presidentes autonómicos.

La extrema derecha, zanja el Supremo, ha actuado “expresando únicamente reproches genéricos válidos para cualquier impugnación” mientras que “no analiza la conducta de los querellados en cada uno de los hechos esgrimidos”. Entre los querellados, dos presidentes autonómicos con los que ha pactado un gobierno y otro con el que pretende hacerlo en los próximos meses.

La entrega del XIX Premio Europeo Carlos V ha convertido este lunes al Monasterio de Cuacos de Yuste (Cáceres) en el epicentro de la política autonómica y municipal de la Unión Europea. Tras el polémico aplazamiento del acto para no interferir en la campaña electoral andaluza, el Comité de las Regiones ha recogido un galardón que reivindica la política de cercanía y del consenso frente a la polarización actual.

Felipe VI ha entregadoel premio a la concejala de Budapest Kata Tütto, máxima responsable de ese organismo europeo, y a su vicepresidente primero, el jefe de la Junta de Andalucía en funciones, Juan Manuel Moreno Bonilla.

El Premio Carlos V, que en su anterior edición recayó en el político y diplomático Josep Borrell, está destinado a reconocer a aquellas personas físicas, organizaciones, proyectos e iniciativas que hayan contribuido con su esfuerzo al conocimiento general y engrandecimiento de los valores culturales, sociales, científicos e históricos de Europa o a la unificación de la Unión Europea.

En esta ocasión, ha decidido reconocer al Comité Europeo de las Regiones, asamblea consultiva que reúne a los representantes locales y regionales de la Unión Europea, por hacer posible que los ciudadanos puedan elevar sus problemas e inquietudes más cotidianos a las instituciones comunitarias.

Un galardón que reconoce no solo a esta institución del Comité de las Regiones de la UE sino también la idea que la inspira, ha dicho el rey, que ha destacado que la puesta en valor de esta unidad en la diversidad es una tarea “siempre inconclusa” que compete a todos los europeos.

En su discurso, Felipe VI ha reivindicado la unidad en la diversidad que representa la Unión Europea frente a la idea de exclusión en estos tiempos de fragmentación y ha definido Europa como un puzle en el que “no hay piezas centrales ni marginales, grandes ni pequeñas: cualquier pieza que falte dejaría un evidente —e irremplazable— espacio en blanco”. En este sistema, es el comité el que da voz a entes locales y regionales que se dedican a la política más próxima al ciudadano, ha señalado el rey.

Y con este reconocimiento se premia a una institución y un trabajo “que van a contracorriente de algunas tendencias del tiempo en que vivimos: hacia la atomización, la fragmentación y la exaltación de la diferencia por sí misma; sin una razón superior y, a veces, incluso, a costa del bien común”, ha destacado Felipe VI.

También a la diversidad como forma de grandeza de Europa se ha referido en el acto el exministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, quien ha destacado cómo en la actualidad la diplomacia basada en el diálogo y el consenso ha sido sustituido por la fuerza y cómo asistimos a un cambio absoluto del orden comprometido con los valores democráticos basados en reglas universales. “Ya no podemos dar por sentado que las normas europeas nos protegerán de las complejas amenazas a las que nos enfrentamos”, ha indicado García Margallo.

La presidenta del comité, Kata Tütto, a la que sustituirá Juanma Moreno como máximo responsable del Comité de las Regiones, ha destacado cómo el premio de este año destaca el liderazgo local y cómo en este organismo cientos de alcaldes, concejales y representantes regionales se reúnen desde todos los rincones de Europa para atender los problemas cotidianos de la ciudadanía.

“Damos forma correcta a valores universales como la dignidad, la justicia y la sostenibilidad”, ha indicado Tütto, que también ha recalcado cómo estos poderes locales “son reservas de atención en esta era de distracción”, y deben atender también cuando empieza “a desaparecer la confianza”.

El acto celebrado este lunes tuvo que ser aplazado del 12 de mayo inicialmente previsto a raíz de una denuncia de Adelante Andalucía ante la Junta Electoral en la que exigía la cancelación de la entrega que se iba a celebrar en plena campaña electoral andaluza

Vox tiende la mano al PP de Juanma Moreno, así lo manifiesta su líder andaluz, Manuel Gavira. La cuestión es llegar a un acuerdo para que “de una vez por todas, Andalucía cambie de rumbo”. Pero, ¿a qué rumbo se refiere Vox, en qué materias, con qué finalidad? Mientras el PP de Castilla y León busca llegar a un punto de encuentro, los gobiernos de Extremadura y Aragón rubricaron el documento con la formación de ultraderecha que los ata durante los próximos cuatro años, sin contar los baches por el camino. Inmigración, mundo rural y medioambiente, rebaja de impuestos y fiscalización de lo que denominan gastos improductivos, líneas en las que el partido de Santiago Abascal marca su agenda, pese a las trabas relacionadas con las competencias estatales.

Las elecciones en Extremadura (21 de diciembre de 2025) y las de Aragón (8 de febrero de 2026) lograron los pactos de gobierno entre PP y Vox cuatro y dos meses después de que la ciudadanía fuera a las urnas, respectivamente. Los plazos en Andalucía todavía están en el aire y la única fecha segura es que el próximo 11 de junio se iniciará la XIII legislatura andaluza en la que los 109 diputados tomarán posesión de su escaño y se votará la composición de la Mesa de la Cámara. A partir de ahí, el reloj marcará los tiempos de las negociaciones y Moreno enarbolará los 53 diputados de la mayoría frente a Gavira, que apelará a los 15 representantes convertidos en la llave del Ejecutivo autonómico. La prioridad nacional, el mantra de la ultraderecha, capilariza los puntos acordados en las otras autonomías, aunque el candidato popular haya manifestado que se trata de un eslógan sin base legal.

La prioridad nacional, con la que se pretende discriminar a las personas migrantes en las prestaciones públicas al ponerlas detrás de las españolas, queda definida en los acuerdos así: “El acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas se inspirará en el principio de prioridad nacional, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio”, excluyendo a aquellas personas que estén en situación irregular y solo amparándolos “exclusivamente a supuestos de urgencia vital”.

Este reclamo con el que Vox mira hacia las generales incluye sus líneas más duras en los documentos firmados en Extremadura y Aragón contra los menores migrantes no acompañados, con párrafos que son un calco: “No más MENAS”. “Rechazo frontal a la política de inmigración del Gobierno central y a cualquier reparto de inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad”, se recoge, al igual que “devolver a los menores no acompañados a sus países de origen”, para lo que los gobiernos autonómicos promoverán “acuerdos con los países de origen, que faciliten y agilicen las repatriaciones y retornos efectivos de los menores con sus padres”.

Recorte en acogida de menores

Una serie de actuaciones que no podrán acometer al no contar con competencias en la materia, sin mencionar que se incumpliría con la Convención sobre los Derechos del Niño adoptada por las Naciones Unidas y que España suscribe. En todo caso, podrían instar al Gobierno central a hacer cambios que luego se reflejarían en el Sistema de Protección de Menores en Andalucía (SIME), que sí está en manos de la Junta. A ello, habría que añadir la persecución de la lengua árabe o del burka o el niqab, una prohibición en las que la ultraderecha ha utilizado a las corporaciones municipales para hacer presión y que ahora ocupa la agenda de dos administraciones autonómicas.

“No se habilitará ningún nuevo centro de acogida de inmigrantes ilegales durante la legislatura ni se ampliarán plazas en los existentes”, rezan los escritos. En este caso, Vox obvia que los menores no acompañados son integrados en los espacios a los que también acuden los nacionales. “En España tenemos el Sistema de Protección, el cual se pone en marcha cuando un menor se ve privado del cuidado parental por un motivo u otro”, explica Carmela del Moral, responsable de Incidencia Política y Social en Save the Children. En 2024, el Observatorio de la Infancia señala que el acogimiento residencial en el país se dio más hacia extranjeros (9.606) que a españoles (9.162), sin embargo, en el caso de Andalucía, los menores españoles siguen utilizando más los recursos que los foráneos, ya que son 1.565 frente a 876, respectivamente. Por tanto, ¿se recortarían recursos para ayudar a la población más vulnerable?

“En el caso de los menores extranjeros que vienen separados de su referente familiar, entran en el sistema, al igual que los niños y niñas que están en situación de desamparo, como se le llama a la figura administrativa”, indica Del Moral. A partir de ahí, se podrá derivar al menor a un centro de protección o a un acogimiento familiar, ya sea en unidades acogedoras o extensas. “En determinados lugares hay centros de recepción temporal, pero, de nuevo, la legislación no diferencia entre si son de origen extranjero o español, por lo que cualquier medida que se tome en el Sistema de Protección afectará a la infancia y adolescencia independientemente del motivo por el que lo necesiten”, asevera.

“Objetos de odio”

En lo pactado, Vox y PP establecen que habrá un “endurecimiento del régimen disciplinario” de los centros de acogida, sin especificar si se realizará mediante el incremento de agentes policiales o de seguridad, número de trabajadores o similares. Al respecto, la responsable de Save the Children subraya que la exposición de estos menores los hace “objetos de odio” e, incluso, podrían “generar dificultades en su incursión en el territorio”. Por tanto, ve con preocupación que el descontento en materia de migración se focalice en este colectivo “especialmente vulnerable”.

Además, añade que continuarán realizando su misión, pese a que el pacto de los conservadores establezca que habrá una “supresión total de subvenciones a ONGs que favorezcan la inmigración ilegal”. En el caso de Extremadura, se afirma que la Junta “no destinará ni un solo euro público a estructuras que incentiven el efecto llamada”, un bulo alentado por la extrema derecha para el que el Gobierno de Moreno ha puesto alfombra roja, ya que ha recortado un 60% los fondos para la cooperación al desarrollo, así que esta nueva medida daría la estocada definitiva a tantas organizaciones. En este punto, se expresa el rechazo y recorte presupuestario a los sindicatos, organizaciones empresariales y entidades privadas “sin utilidad pública”, obviando que las líneas de subvenciones dada por la Junta ya tienen un sistema de baremación que garantiza que las subvenciones reporten beneficios sociales.

Medidas fiscales y rechazo a Bruselas

En cuanto al campo andaluz, nicho de Vox para encadenar el voto agrario, Extremadura pide la eliminación de la ecotasa energética, mientras que Aragón suprimirá el impuesto medioambiental sobre la emisión de contaminantes a la atmósfera. Con ello, el Ejecutivo no aprobará “ninguna medida que perjudique objetivamente al sector primario y lo protegerá activamente de las imposiciones de Bruselas y del Pacto Verde”, aparte de rechazar la implantación de Mercosur. En el tinglado burocrático, abogan por la simplificación administrativa a destajo y la “aplicación del principio de declaración responsable” con tal de agilizar procedimientos para los que se necesitan una rigurosa inspección. A su vez, se creará una dirección general de regadíos, una cuestión que en Andalucía ya tiene su polémica avanzadilla con la iniciativa que registró Vox para amnistiar regadíos ilegales en el entorno del Parque Nacional de Doñana (Huelva)

Hay bonificaciones, varias y cuantiosas. En Aragón, por ejemplo, la reducción del 80% de la tasa por servicios de expedición de licencias y permisos de caza y pesca, o que incluya a los sobrinos en las ampliaciones de las bonificaciones del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

A ello, habría que añadir que apuestan por ampliar la “concertación” de plazas para residencias de mayores, dejando la puerta abierta a una mayor privatización y, como reza en Aragón, también a la modalidad educativa de Bachillerato, “garantizando la libertad de elección de centro”. Indicios de lo que podría ocurrir en Andalucía, donde una de las mayores protestas de la comunidad educativa está en la escasa oferta en Formación Profesional pública que ha provocado la falta de oportunidades entre los estudiantes.

Hay un apartado en el que Vox quiere colgarse la medalla. “Publicación de estadísticas de delincuencia vinculada a inmigración masiva e ilegal”: el Ministerio del Interior publica el balance en el Portal Estadístico de Criminalidad y también el Instituto Nacional de Estadística, donde la serie de 2024 destaca que el 74% de los condenados por delitos era de nacionalidad española. Desde noviembre del año pasado, la Ertzaintza se convirtió en el primer cuerpo policial del Estado en comunicar el origen de sus arrestados, pero por zonas geográficas y no por nacionalidad, siendo una estrategia que se está estudiando en Cataluña y en la Comunidad Valenciana.

Igualmente, el empadronamiento o el acceso a una vivienda protegida y al alquiler social son varias de las cruzadas de la ultraderecha en pos de la prioridad nacional. Por ejemplo, con la creación de un servicio de verificación del empadronamiento ignoran la legislación estatal que ampara a las personas sin hogar que necesitan estar inscritas en albergues, unidades de atención o similares con tal de acceder a los servicios básicos, como la educación, la sanidad o demostrar el arraigo para pedir la residencia.

Además, Extremadura y Aragón piden un mínimo de 10 años de estancia en el país para la compra de una VPO y otros cinco años para alquiler social a un colectivo vulnerable que sufre la discriminación de los servicios inmobiliarios y la subida de los precios del mercado; y aunque los gobiernos autonómicos de PP y Vox expresan por escrito su oposición a la política de vivienda del Ejecutivo de Pedro Sánchez, ambas, al igual que Andalucía, votarán a favor del Plan Estatal de Vivienda para acceder al fondo de 7.000 millones de euros. A la espera de lo que ocurra, estas son las primeras pinceladas que se podrían esperar de un acuerdo con Vox, que ya en 2019 presentó un total de 19 propuestas para facilitar el que fuera el primer gobierno autonómico que quitó el cordón sanitario a su formación.

Hace siete años la guerra cultural con la que Vox se hizo un hueco en el tablero político estaba enfocada a la protección de la tauromaquia, a la derogación ley de memoria histórica y a la negación de la violencia machista contra las mujeres mientras aludían a la defensa del modelo de la familia tradicional donde la comunidad LGTBI no tenía cabida. En esta ocasión, y con esos mandatos ya implantados en la esfera pública, el discurso de la ultraderecha se ha endurecido, defendiendo sin complejos una política xenófoba que necesitará del apoyo de Moreno.