Marruecos ha liberado al periodista independiente Ali Lmrabet, detenido el domingo a su llegada a Tánger procedente de España por supuestos cargos de difamación, tal y como han confirmado a EFE fuentes familiares. Lmrabet se encuentra bien y ya ha salido de las dependencias de la Fiscalía de Casablanca, según esas fuentes.

Mientras, la agencia oficial de noticias marroquí MAP ha informado de que “el Fiscal del Rey en el Tribunal Penal de Casablanca anunció que la Fiscalía decidió liberar a la persona identificada (como A.M.) después de revisar y estudiar los diversos documentos procesales, completar la investigación y realizar la pericia técnica necesaria”.

Lmrabet fue puesto a disposición de la Fiscalía el miércoles, según MAP, y “fue interrogado sobre los hechos que se le imputan”. A continuación, la Fiscalía “decidió, tras revisar y estudiar los diversos documentos del procedimiento, concluir la investigación y realizar los peritajes técnicos necesarios; y poner en libertad a la persona implicada y devolverle los objetos incautados, que consisten en dos ordenadores, un dispositivo de almacenamiento y un teléfono móvil”.

El periodista, con pasaporte francés y residente en España, fue detenido el domingo a su llegada al aeropuerto de Tánger y trasladado a Casablanca para responder sobre supuestos delitos relacionados con “la publicación de una serie de contenidos digitales que contienen declaraciones difamatorias e injuriosas contra personas e instituciones, así como expresiones ofensivas dirigidas contra organismos regulados por la ley”.

Lmrabet conduce un podcast sobre política marroquí y ha colaborado con medios internacionales de España, Francia y Reino Unido, entre otros países.

Ayer, Reporteros Sin Fronteras (RSF) y la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPA) exigieron al Gobierno de Marruecos que liberara al periodista, que ya había sido condenado a cuatro años de cárcel en 2003, pero salió de prisión al año siguiente por un indulto del rey Mohamed VI. Lmrabet (Tetuán, 1959) es conocido por sus críticas contra las autoridades marroquíes, que le prohibieron ejercer el periodismo en 2005.

Las dos organizaciones señalaron que Lmrabet llevaba dos décadas exiliado en España “pero conoce lo que es vivir sufriendo cárcel, prohibiciones y censura por ejercer el periodismo con independencia en Marruecos”, tal y como recoge Europa Press.

RSF denunció que su detención no era un hecho aislado, sino que “forma parte de una estrategia para silenciar a quienes se atreven a informar en un país donde el periodismo independiente ha sido erradicado por un régimen que lo ataca con mano de hierro”.

El periodista crítico marroquí Ali Lmrabet, afincado en España, fue detenido el domingo en el aeropuerto internacional de Tánger tras su llegada a Marruecos en un vuelo procedente de Barcelona, tal y como confirmó a EFE su esposa. Laura Feliú explicó que Lmrabet se comunicó con ella para decirle que estaba detenido en la sede de la Dirección de Seguridad de Tánger y afirmó que “se considera secuestrado”.

Las autoridades marroquíes no han confirmado oficialmente la detención del periodista ni su situación legal en el país.

Lmrabet (Tetuán, 1959) es uno de los periodistas más críticos con la monarquía marroquí. Su carrera ha estado marcada por el compromiso informativo al frente de Le Journal, Demain y varias publicaciones satíricas que fueron prohibidas en Marruecos. En 2003 fue condenado a cuatro años de cárcel, pero salió de prisión al año siguiente por un indulto del rey Mohamed VI tras una huelga de hambre y una campaña internacional a favor de su liberación.

Marruecos le prohibió ejercer el periodismo durante diez años y, desde 2005, vive en España aunque viaja con frecuencia al país norteafricano para visitar a su familia.

Es la primera vez, desde que reside en España, que es detenido en Marruecos, según Feliú, que no pudo precisar los cargos que hay contra él ni los motivos detrás de su detención, aunque apuntó que es posible que el periodista sea trasladado a Casablanca.

En los últimos años, Lmrabet ha colaborado con medios internacionales de España, Francia y Reino Unido, entre otros países, y realiza un podcast sobre política marroquí.

Ruth Ferrero, profesora de la Universidad Complutense de Madrid, ha participado en el curso 'Geopolítica y los retos del espacio Mediterráneo', celebrado en Mazarrón. Un año después de los disturbios racistas que sacudieron Torre Pacheco, la politóloga analiza en esta entrevista qué ha cambiado y qué permanece intacto: desde la islamofobia que subyace a episodios como los ocurridos tras la victoria de Marruecos en el Mundial, hasta el papel de Murcia como “laboratorio” de políticas que después se blindan en otras comunidades autónomas, pasando por la responsabilidad de la prensa a la hora de narrar —o desmontar— el marco del 'problema migratorio'.

Ha pasado un año desde los disturbios de Torre Pacheco. ¿Qué ha cambiado y qué sigue intacto en el diagnóstico que se hizo entonces?

Lo primero que hay que decir es que no se han repetido disturbios. Las autoridades han reforzado la presencia de fuerzas de seguridad, pero no ha habido nuevos brotes, lo que induce a pensar que hubo una inducción externa a esa violencia, en una localidad diversa donde habitualmente no se dan episodios así. El problema es que Torre Pacheco ha quedado fijado en el imaginario colectivo, algo que no beneficia a las autoridades locales, porque en realidad existe una convivencia pacífica entre la población agrícola migrante y el resto de vecinos. La cuestión de fondo es si se han dotado de los recursos necesarios para evitar que esto se repita. Sabemos que ha habido una inversión notable en el apartado punitivo —nuevos agentes de policía local, cámaras de videovigilancia—, pero no tengo tan claro que haya habido la misma inversión en infraestructuras o servicios municipales.

Hace unos días hubo en Torre Pacheco un nuevo altercado entre personas de origen migrante, y desde Vox se volvió a vincular el episodio y a difundir vídeos de la agresión, como ocurrió hace un año.

Los bulos que incitan a este tipo de violencia tienen una base de realidad, pero luego son manipulados por fuerzas políticas que buscan una implosión social. Eso es lo que hay que evitar, informando adecuadamente. Plantear que los migrantes, por el mero hecho de serlo, incitan a la violencia es muy peligroso. Hay que disociar los brotes delincuenciales de la cuestión migratoria: podemos hablar de extranjeros delincuentes, pero no de migrantes delincuentes, porque son términos con una carga muy distinta.

La celebración de la victoria de Marruecos en el Mundial se vivió con alegría en las calles de Torre Pacheco, pero también generó comentarios de rechazo. ¿Por qué la comunidad marroquí provoca ese tipo de reacciones cuando pasarían desapercibidas en otro colectivo?

Porque hay una islamofobia de fondo. La población procedente del norte de África se ha convertido en objetivo de las fuerzas reaccionarias, primero por una cuestión religiosa: el islam se asocia al terrorismo internacional, algo que no es real —hay fanáticos en un colectivo religioso, no todo el colectivo es violento—. Y también porque desde hace años, no solo desde la extrema derecha sino desde posiciones de centroderecha —recuerdo los gobiernos de Aznar—, se ha planteado que hay colectivos no integrables en las sociedades occidentales, entre ellos las personas de religión musulmana. Esa vinculación entre seguridad y migración tiene su origen en los atentados del 11-S, y a partir de ahí se incorpora a las estrategias de seguridad nacional, tanto europeas como española, desde 2001 y con la Estrategia Solana de 2003. Lo que estamos viendo por parte de las extremas derechas, y de parte del centroderecha, es una reconfiguración del cuerpo nacional sobre bases esencialistas en lugar de sobre el respeto al Estado de derecho y la Constitución, que debería ser el único límite.

Hace 25 años, El Ejido vivió una oleada de violencia racista tras un crimen puntual. ¿Qué paralelismos y diferencias encuentra con Torre Pacheco? ¿Hemos aprendido algo como país?

Aquel momento coincidió con los atentados del 11-S y con un incremento muy importante de la presión migratoria desde finales de los noventa. Hubo que adaptar los modelos de integración y la dotación de servicios públicos, y se produjo una fuerte segmentación étnica en el acceso a determinados nichos laborales, como la agricultura y los invernaderos, algo que la sociedad vio con recelo. Desde entonces hemos pasado por momentos de enorme tensión, como los atentados de Atocha, en los que las autoridades españolas respondieron de manera mucho más adecuada: España se puso como modelo de buenas prácticas porque no hubo ataques contra la población magrebí en Madrid. Ahí la narrativa de las autoridades juega un papel fundamental: si no separas claramente a quienes cometen delitos graves del colectivo en su conjunto, acabas generalizando, cuando entre el 80% y el 90% de cualquier colectivo son personas pacíficas.

Más allá de la violencia explícita, ¿cómo se mide académicamente el racismo de baja intensidad que atraviesa espacios cotidianos?

A través de encuestas, cuestionarios y entrevistas. Hay bastantes estudios sobre acceso a la vivienda que detectan una suerte de rechazo cuando el propietario percibe, por el acento, que la persona no es suficientemente española. En el acceso a sanidad o educación no se detectan tanto actuaciones discriminatorias por parte de los funcionarios que atienden, sino comentarios entre usuarios. El problema real está en la dotación de esos servicios públicos, que tiene que adaptarse al número real de población. Por eso ha sido tan importante el proceso de regularización extraordinario: para saber cuál es el universo real sobre el que hay que operar y evitar que los servicios queden infradotados.

El cierre de un centro de menores no acompañados, por ejemplo, o la eliminación del programa de lengua árabe y cultura marroquí en Murcia, ¿qué papel juegan estas decisiones aparentemente administrativas en la normalización del discurso antiinmigración?

Es dar la razón al discurso antiinmigración. Cuando el poder institucional niega la propia diversidad cultural de un colectivo, está diciendo que ese colectivo es un riesgo para la cohesión social. Y eso azuza precisamente esos microrracismos que pueden ir a más.

Torre Pacheco no ha sido un caso aislado en Europa: ha habido disturbios en suburbios franceses, brotes racistas en Reino Unido o, recientemente, en Belfast. ¿Qué tienen en común estos episodios?

Lo que tienen en común es la búsqueda de un colectivo al que culpabilizar de los males de la sociedad, y la manera más sencilla es elegir uno que no cuenta con los mismos derechos que el resto para defenderse. A eso se suma la utilización instrumental de fuerzas políticas reaccionarias para movilizar a su electorado, cuando los partidos sistémicos no dan respuesta a las demandas de cohesión social. Es mucho más sencillo decir que los servicios públicos fallan porque hay demasiados migrantes que hacerse cargo de un aumento del gasto público. Y esto no es exclusivo del centroderecha: lo hemos visto en Dinamarca, en los últimos gobiernos socialdemócratas de Alemania o con Starmer en Reino Unido.

El concepto de 'prioridad nacional' que Vox ha impuesto en los pactos de gobierno con el PP, el último en Andalucía, ¿qué significa en términos jurídicos y qué recorrido tiene para condicionar políticas de vivienda, sanidad o educación?

Lo primero que hay que determinar es si es discriminatorio, y parece bastante claro que lo es, por lo que no se ajustaría a nuestro Estado de derecho. Una característica de las políticas racistas es que quiebran las bases fundacionales de las democracias liberales: negar derechos a una parte de la población residente es síntoma de que lo siguiente irá a más, porque una vez que se vulnera el Estado de derecho una vez, hay casi carta blanca para seguir haciéndolo con otros colectivos. Al principio la población mira hacia otro lado porque no le toca a ella, pero poco a poco esas políticas van favoreciendo un modelo más securitario y de recorte de derechos, donde todo queda supeditado a la seguridad en vez de a la protección de las personas.

¿Ha sido la Región de Murcia un laboratorio de políticas que después se blindan en otros pactos institucionales, como el andaluz?

Sí, evidentemente Murcia ha sido un laboratorio. Por eso es muy importante que el resto de actores políticos y sociales muestren cuál es la realidad: si le quitas derechos a la población que sostiene el modelo económico murciano, la región no tendría el PIB que tiene ahora mismo, porque no hay quien sustituya a esa mano de obra en el campo. Hay un interés en mantener a esa población trabajando pero sin derechos plenos: en situación irregular, con miedo a ser atacada o detenida, es mucho más difícil que se defienda. Detrás de esto hay poderes económicos interesados en una explotación laboral sin límite. Es verdad que la regularización extraordinaria ha permitido aflorar parte de esa economía sumergida, pero muchos empleadores seguían prefiriendo vivir cómodos pagando mal.

Desde la geopolítica de las migraciones, ¿cómo encaja Torre Pacheco en las dinámicas migratorias más amplias del Mediterráneo occidental?

La Región de Murcia y Andalucía son puntos de llegada porque han sido territorios de intensa mano de obra agrícola, mientras la población local ha protagonizado una migración campo-ciudad hacia Cataluña, Madrid o el norte en los últimos treinta años, con el consiguiente riesgo de declive demográfico. Para mantener ese modelo productivo hace falta mano de obra que murcianos y andaluces no quieren hacer, y cuanto menos se pague, mayor es el beneficio. La población migrante no va a regiones sin trabajo: cuando decimos que los sirios 'iban a Alemania', en realidad iban a ciudades concretas con empleo, no a Berlín, que tiene instituciones pero poco tejido productivo. Por eso llega más gente a Murcia y Baleares que a otras regiones con menor tejido productivo basado en agricultura o servicios. Esto podría cambiar con el cambio climático: las olas de calor ya afectan también al norte de Europa, y a medio plazo turismo y mano de obra podrían reorientarse hacia allí.

¿Cómo valora la cobertura que hace la prensa española de los fenómenos migratorios? ¿Se refuerzan los marcos de 'problema' y 'amenaza', o hay ejemplos que rompen esa lógica?

Hay una disputa por ese relato. Hace unos años costaba encontrar en el discurso político un abordaje de la migración como fenómeno y no como problema; ahora hay más cuidado en ese sentido por parte de los operadores políticos. Pero la irrupción de Vox contamina todo el debate público: en buena medida ha conseguido que, incluso cuando el PSOE y el PP ya tenían asumido que se trataba de un fenómeno estructural y necesario para la economía española, sus marcos empiecen a desplazarse. Eso es lo preocupante, y afecta especialmente al PP, que hasta hace poco tenía asumido un discurso de la inmigración como oportunidad de desarrollo económico.

El proceso de regularización de extranjeros avanza con bastante lentitud burocrática. ¿Qué coste político y social tiene este abandono administrativo, más allá del sufrimiento individual de quien espera?

El proceso está avanzando: desde que terminó el plazo, los expedientes resueltos se han ido duplicando. Cuanto antes se resuelvan, mayor seguridad jurídica tendrán personas que, recordemos, no acaban de llegar: ya vivían y trabajaban en España. De lo que se trata ahora es de hacer coherentes los servicios públicos con la cantidad real de personas que existen en el territorio, algo que solo es posible conociendo ese número con precisión.

El partido entre Marruecos y Francia invita casi de forma automática a una lectura histórica. La antigua colonia frente a la antigua potencia colonial. El Sur contra el Norte. La revancha simbólica de un país y su gente, Marruecos, que ya no acepta ser observado y tratado desde la vieja jerarquía. Pero esa lectura, poderosa y contextual, ya no trasciende de la misma forma.

Tras los pitidos finales de las victorias en el Mundial 2026 de Marruecos contra Canadá y de Francia contra Paraguay, los memes tomaron las redes sociales. Una simulación de una partida de Grand Theft Auto (videojuego donde los jugadores controlan a criminales en misiones como atracos o tiroteos), con coches incendiados, explosiones de edificios y un exceso de violencia venía a avanzar el escenario que acogería París el próximo 9 de julio tras el fin del partido, ganase quien ganase. Mañana qué.

La relación franco-marroquí atraviesa hoy una paradoja mucho más contemporánea que, en parte como en el meme, habla de distanciamiento social, identidad, violencia y rechazo. Mientras Rabat y París viven uno de sus mejores momentos diplomáticos en décadas, una parte creciente de la juventud marroquí se distancia culturalmente de Francia mientras que el debate político francés y la ultraderecha endurece su discurso sobre inmigración, identidad y pertenencia.

Del choque diplomático al deshielo

Hace apenas unos años, el clima diplomático entre Rabat y París no era tan suave como en la actualidad. Desde la llegada de Emmanuel Macron al Elíseo, en 2017, Francia había intentado reconstruir su relación con Argelia, rival regional de Marruecos y principal apoyo internacional y hogar para el Frente Polisario. Desde Rabat, el acercamiento a Argel fue interpretado como una señal de distanciamiento político.

La tensión se agravó en 2021 con la revelación de que los servicios secretos marroquíes habrían utilizado el programa israelí Pegasus para espiar el teléfono personal de Macron. Una acusación que desde Rabat se negó, pero que sin duda deterioró gravemente la confianza entre ambos gobiernos, hasta caer a su punto más bajo.

A este episodio se sumaron las restricciones francesas a la concesión de visados para ciudadanos marroquíes, pero también argelinos y tunecinos. Entonces, París justificó que la medida era una forma de presionar a los países del norte de África para aceptar con mayor rapidez la readmisión de sus nacionales expulsados de territorio francés.

El desencuentro alcanzó otro momento simbólico después del terremoto de septiembre de 2023 en la región de Al Haouz. Marruecos ignoró oficialmente la asistencia humanitaria francesa y solo aceptó apoyo de España, Reino Unido, Emiratos Árabes Unidos y Qatar. Desde Rabat justificaron que era por cuestiones de orden y para evitar la sobresaturación de los servicios de rescate. Desde París, Macron lanzó un mensaje directamente dirigido a la población marroquí que provocó una oleada de rechazo en redes sociales bajo el lema: “Soy marroquí y rechazo el discurso de Macron”.

A pesar de la consecución de episodios que han minado la relación entre ambos, la imagen de la visita de Estado de octubre de 2024 fue la contraria. Banderas francesas y marroquíes ondeando en Rabat, en la avenida Mohamed V, en el aeropuerto de Rabat-Salé, en los alrededores del Gran Teatro y en la torre Mohamed VI. El rey, apoyado sobre un bastón, recibió al presidente personalmente al final de la escalerilla del avión a su llegada a Marruecos. Era la primera visita de Estado del presidente francés desde 2018.

El giro llegó en julio de 2024, cuando Macron comunicó oficialmente a Mohamed VI que Francia entendía el plan marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental como “la única base” para alcanzar una solución política duradera. Una decisión que abandonaba décadas de ambigüedad francesa y la alineación definitiva con una de las principales prioridades de la política exterior de Rabat.

Una semana antes de la visita de Macron, el monarca expresó ante el Parlamento su “más profundo agradecimiento” a Francia y al presidente francés por su apoyo a la “marroquinidad del Sáhara”. Macron, por su lado, fue todavía más explícito durante su intervención ante un Parlamento marroquí atento y entregado: “Con Mohamed VI hemos decidido escribir un nuevo libro juntos”, afirmó. “El presente y el futuro del Sáhara Occidental se inscriben en el marco de la soberanía marroquí”, sentenció.

Durante la visita de Estado de Macron, Francia y Marruecos sellaron 22 acuerdos comerciales y financieros por un valor de 10.000 millones de euros, según el Elíseo. Los contratos incluyeron proyectos ferroviarios, de energías renovables, hidrógeno verde o desalinización, entre otros sectores.

Entre los acuerdos más destacados figura el contrato adjudicado a Alstom para construir el segundo tramo del tren de alta velocidad marroquí, que ya conecta Tánger con Casablanca y que busca ampliar la vía a Marrakech. El contrato, valorado en unos 1.800 millones de euros, recayó en manos de la empresa francesa y no de competidores como las españolas Talgo y CAF.

Macron definió la nueva etapa como una “asociación excepcional y reforzada”. La expresión fue diplomática, pero el mensaje político también fue muy claro. Francia quería recuperar terreno en Marruecos para compensar el que estaba perdiendo en otros países del continente africano, especialmente en el Sahel, y en un contexto en el cual otros socios del norte global como España, Estados Unidos o China estaban compitiendo cada vez más por la influencia económica y estratégica en el reino.

Los marroquíes ya no ven a Francia como antes

Aunque el acercamiento entre Estados no solo convive, sino que mejora, la evolución cultural y social avanza en otra dirección.

Durante décadas, el francés fue la lengua de prestigio de las élites marroquíes, la principal lengua extranjera y el vehículo de acceso a la educación superior, la administración y el mercado laboral. Hoy sigue teniendo una posición dominante en sectores diversos. Según la Organización Internacional de la Francofonía, alrededor del 36% de la población marroquí habla francés. Pero su monopolio está siendo cuestionado por las generaciones jóvenes, sobre todo por la conocida como Generación Z.

Lo más significativo ya no es solo la arabización impulsada tras la independencia o, incluso, el reconocimiento oficial de otras lenguas locales como el amazigh (bereber) en 2011, sino la creciente anglofilia de las nuevas generaciones. Un estudio del British Council publicado en 2021 reveló que el 40% de los jóvenes marroquíes considera que el inglés debe ser un idioma preferente en la enseñanza, frente a apenas un 10% que antepone el francés.

Desde 2019 se han abierto colegios privados británicos y estadounidenses en el reino, pero el salto llegó en 2023, cuando el Ministerio de Educación de Marruecos comenzó a incluir progresivamente el inglés dentro de los colegios públicos. Aunque para el ministro de Educación marroquí, Mohamed Zarouali, esta decisión “nunca fue una ruptura con el idioma francés”, en la calle, en los bares y entre los jóvenes la narrativa es bien distinta.

Meryem ha estudiado y hablado siempre en francés con su familia. Hoy, en edad adulta, quiere formarse y buscar trabajo fuera de su país, pero reniega del idioma de París: “Estamos anclados en la relación colonial. El francés es un idioma que nos cierra las puertas a oportunidades laborales fuera del país. O te vas a Francia o a Canadá, no hay muchas más opciones”, explica en conversación con elDiario.es. Haytham, por su parte, tomó la decisión hace años. Decidió priorizar aprender inglés porque quería vivir y trabajar en Londres para después volver a Rabat, su ciudad natal. “Cada vez hay más gente que habla inglés y que se maneja en las redes sociales en inglés. Con el Mundial 2030 a la vuelta de la esquina, es fundamental que los jóvenes aprendan este idioma internacional”, explica.

Ese cambio en la narrativa del lenguaje tiene una carga política de fondo. El Marruecos institucional y de los despachos quiere relacionarse con Francia, pero la sociedad civil recuerda que no quiere depender de la antigua colonia. Inversión, cooperación y reconocimiento diplomático, sí, pero, a su vez, diversificación lingüística y mayor autonomía cultural y simbólica.

Francia endurece el discurso sobre migración

Al otro lado del Mediterráneo, la evolución es distinta, pero también apunta en contra de la reconciliación entre los Estados. Durante la última década, y como consecuencia de la creciente presencia de la extrema derecha con partidos políticos como Agrupación Nacional, los conceptos como la prioridad nacional han ganado visibilidad y adeptos entre la sociedad civil francesa. Entre esos discursos de odio y xenófobos, la población procedente del norte de África, incluida la marroquí, ocupa con frecuencia el centro de las políticas migratorias sobre integración, laicidad o delincuencia.

La comunidad marroquí representa una de las diásporas más grandes de Europa, siendo Francia el principal destino de estos flujos migratorios con un 32% del total de migrantes marroquíes en el extranjero en su país. Unos números que en 2022 se tradujeron en alrededor de 747.000 marroquíes residentes en Francia, según el Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos en Francia. Son mayoría y, al mismo tiempo, con los crecientes discursos de odio, la diana antimigratoria. Según el Ministerio de Interior francés, en 2024 las fuerzas de seguridad registraron más de 16.000 infracciones de carácter racista, xenófobo o antirreligioso. Los delitos aumentaron un 11% respecto al año anterior y las faltas, un 6%. Entre las víctimas aparecían sobrerrepresentados los extranjeros procedentes de países africanos, especialmente Marruecos.

El clima social, desde las generaciones más jóvenes o desde los discursos de extrema derecha, en Francia y en Marruecos, pesan sobre la relación bilateral, aunque no se manifiesta en los comunicados oficiales o en las visitas de Estado. Nunca las relaciones entre París y Rabat habían estado tan sólidas en lo político y sus sociedades tan fracturadas en lo cultural e identitario.

El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia por la cual interpreta que la Ley de Extranjeria no permite las “devoluciones en caliente” a los migrantes interceptados en alta mar cuando intentan acceder a nado a Ceuta y Melilla. En el fallo, los jueces de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo dan la razón a un ciudadano argelino que fue devuelto a Marruecos en noviembre de 2024, junto a otras dos personas, cuando intentaban alcanzar la costa de Ceuta.

Un juzgado de Ceuta y, posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, habían dado la razon al demandante aunque no accedieron a indemnizarlo. Esas dos instancias entendían que quien entra por mar a nado “no supera un elemento de contención fronterizo” por lo que no se le podía aplicar el extremo recogido en la disposición adicional décima de la Ley de Extranjería. El Supremo rechaza el recurso de la Abogacía del Estado y da la razón a las dos instancias inferiores.

El demandante alegaba en su recurso que se le había devuelto por la vía de los hechos al ejecutarse sin procedimiento ni resolución, omitiendo los derechos de asistencia letrada y de protección internacional. Solicitaba una indemnización de 6000 euros por los daños morales causados y que se le reconociera como situación jurídica individualizada la adopción de las medidas que fueran necesarias para lograr su retorno y readmisión en España.

La Sala interpreta la Disposición adicional décima de la citada ley y sienta jurisprudencia. Los jueces tienen en cuenta dos sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional sobre esta cuestión. Dicha disposición establece que los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla mientras intentan superar los “elementos de contención fronterizos” para cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España.

El fondo del asunto trataba de determinar si en el mar se podía aplicar la alusión de la ley a “los elementos de contención fronterizos”, tales como las vallas terrestres. El Supremo concluye que no será así. “No cabe equiparar tales elementos de contención con los dispositivos tecnológicos de control fronterizo -como drones, cámaras térmicas o sensores- que, en principio (y salvo que se demuestre lo contrario), no cumplen una función material de contención, sino de vigilancia, detección y alerta, permitiendo detectar la presencia de personas, pero no impedir físicamente el cruce de la línea fronteriza, ni retener a quienes lo intentan”, recoge el fallo del alto tribunal

La citada Disposición de la Ley no podrá extenderse a todos los extranjeros que intentan cruzar irregularmente la frontera, sea terrestre o marítima, como en este caso, “sino solo para aquellos que intentan hacerlo superando los elementos de contención fronterizos establecidos, como las vallas”.

En todo caso, el Supremo advierte de que si el Estado establece en el futuro “elementos de contencion en el mar para proteger la línea fronteriza” entonces sea de aplicación la citada disposición adicional de la ley.

Duelo de altura en el Mundial 2026. Marruecos y Francia se enfrentan este jueves en los cuartos de final (22:00 horas), un duelo que ya se vivió en la anterior edición de la competición. En esa ocasión, la eliminatoria se decantó para el cuadro galo y el país africano tuvo que conformarse con un cuarto puesto, tras ceder en el partido de consolación ante Croacia.

Marruecos ha pasado de ser una revelación a una realidad. El combinado africano fue la gran sorpresa de Qatar 2022: acabó liderando un grupo donde estaban Bélgica y Croacia, eliminó a España en la tanda de penaltis de los octavos de final y superó a Portugal en los cuartos. A los Leones del Atlas solo se le resistió la Francia de Kylian Mbappé.

Ese es el único precedente que existe entre ambas selecciones en Copa del Mundo. En aquel choque, Theo Hernández adelantó a Francia en el minuto cinco. El cuadro africano lo intentó, pero no consiguió el empate. En el tramo final, Kolo Muani sentenció el triunfo para los galos, resultado que le permitió al equipo de Didier Deschamps clasificarse a su segunda final consecutiva. Este jueves quieren dar un paso más para la tercera consecutiva.

Francia, que parte como favorita en el duelo, sabe que no lo tendrá fácil. “Es un equipo bien organizado y bien estructurado, con cierta solidez y, sobre todo, un equipo muy bueno en la transición que ha marcado muchos goles”, vaticinó el segundo entrenador galo, Guy Stephan, tras superar los octavos de final.

El camino de Francia y Marruecos

Francia se ha plantado en los cuartos de final del Mundial 2026 casi sin sobresaltos. El equipo galo acabó primero de un grupo complicado, donde también estaban Senegal, Irak y Noruega. Saldó todos los encuentros con victoria. En los dieciseisavos de final, se encontró a Suecia, al que ganó con autoridad (3-0). Más complicado lo tuvo en octavos contra Paraguay y su sistema defensivo. Al final, se impuso con un solitario gol de penalti.

Ahora, se miden a un rival de mayor entidad, que quiere la revancha de las semifinales del Mundial de Qatar 2022. Y se aferran a su delantera para pasar de ronda: Mbappé, Dembélé, Olise, Barcola y Doué.

Marruecos ha tenido un camino más difícil. En la fase de grupos, debutó ante la pentacampeona Brasil, a la que fue superior en muchos momentos. Se tuvieron que conformar con un empate y el reparto de puntos (1-1). Pasaron como segundos de grupos y han superado unos cruces de lo más exigentes. Un cabezazo de Issa Diop llevó el partido frente a Países Bajos a la prórroga, donde los Leones del Atlas terminaron imponiéndose en la tanda de penaltis. Después, superaron a Canadá (3-0), uno de los anfitriones.

El cuadro africano no solo ha tenido un camino complicado, sino que ha perdido a varios efectivos por el camino. En el último momento, perdieron a Abde por lesión. Su delantero de referencia, Ismael Saibari, también se retiró lesionado en el partido de octavos de final.

Horario y dónde ver el partido entre Francia y Marruecos

El partido entre Francia y Marruecos, primer encuentro de la ronda eliminatoria de cuartos de final del Mundial 2026, se disputará durante este jueves, 9 de julio, a las 22:00 horas. El encuentro se podrá ver por televisión a través de La 1 de RTVE y también en la plataforma DAZN. El ganador de este enfrentamiento llegará a las semifinales, donde se encontrará al vencedor del España - Bélgica.

El Mundial 2026 encara su recta final con la disputa de los cuartos de final, la penúltima eliminatoria antes de la gran final que se disputará el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York. Para este tramo de la competición, se han clasificado España, Bélgica, Argentina, Suiza, Marruecos, Francia, Noruega e Inglaterra.

Tres de las favoritas siguen en pie, aunque con sufrimiento. La selección española alcanzó los cuartos de final tras superar a Portugal en el tiempo añadido, gracias a un gol de Mikel Merino. Al equipo de Luis de la Fuente le faltó finura arriba para decantar el encuentro antes, pero sigue recuperando sensaciones para la fase decisiva del campeonato. Y nadie se atreve a sacar a la campeona de Europa de las quinielas.

Argentina también estará en los cuartos de final del Mundial 2026 tras firmar una remontada histórica ante Egipto. La albiceleste perdía 0-2 en el minuto 80 de partido, con un penalti fallado por Messi incluido. Pero la vigente campeona se levantó de la lona a lomos de la pulga, que dio una asistencia y marcó el tanto del empate. El tercer gol lo firmó Enzo Fernández en un contraataque.

Francia no ha sufrido tanto en su camino a cuartos de final. Al combinado galo solo se le atragantó Paraguay en octavos y solo le pudo superar desde el punto de penalti, gracias a un gol de Kylian Mbappé.

En el caso de Inglaterra, se ha plantado en esta ronda eliminatoria con una sufrida victoria ante México, uno de los anfitriones (2-3). La sorpresa de esta edición ha llegado de la mano de Noruega, que eliminó a Brasil. También de Suiza, que no se veía en esta ronda desde hace décadas. En el caso de Marruecos, el combinado africano ya es casi la confirmación del anterior Mundial, donde acabó en cuarta posición.

Partidos de cuartos de final del Mundial 2026

La fiesta de cuartos de final arrancará este jueves con el Francia - Marruecos. Solo existe un precedente en esta competición, precisamente en la pasada edición, disputada en Qatar. Se vieron las caras en semifinales. Theo Hernández adelantó a Francia en el minuto cinco y Kolo Muani sentenció la eliminatoria en los minutos finales (2-0).

España entrará en escena el viernes. Se medirá a Bélgica, que ha acabado con los sueños de Estados Unidos. La selección intentará superar una de sus barreras históricas: generalmente, se le han resistido los cuartos de final. Solo los superó una vez, en la edición de Sudáfrica 2010, cuando acabó levantando el título.

Los otros dos partidos restantes se disputarán el fin de semana. Argentina, vigente campeona, cuenta los precedentes mundialistas contra Suiza por victorias y nunca perdió un amistoso contra los helvéticos. En el caso de Inglaterra, se medirá ante la revelación del campeonato, la Noruega de Erling Haaland. Un duelo inédito en esta competición.

Horario y fechas de los partidos

Todos los partidos de cuartos de final del Mundial 2026 se podrán ver por televisión en DAZN y algunos de ellos en La 1 de RTVE de forma gratuita. De esos emparejamientos, saldrán las semifinalistas de la competición.

En diciembre de 2024 supimos que Donostia había sido designada candidata a ser sede del Mundial de Fútbol de 2030, que organizarán Marruecos, Portugal y España. Entonces, los representantes de las instituciones públicas lo celebraron: situar la ciudad en el mapa mundial, acercar un espectáculo deportivo a la ciudadanía, un supuesto logro colectivo para Donostia. La FIFA dejó en evidencia, en su informe de evaluación de 2024, que Donostia tiene graves problemas para cumplir las condiciones de este evento. Proponía contar con las plazas de alojamiento de Biarritz o Baiona y ampliar la oferta de Airbnb porque Donostia no daría abasto. Preveía el impacto del tráfico en zonas residenciales y comerciales. A ello habría que añadir estrictas medidas de seguridad, la ocupación del espacio público, la invasión de publicidad y marcas privadas, y el uso de recursos públicos.

Pero desde el principio lo dijimos claro: Donostia vive un salvaje proceso de turistificación, y el Mundial sería un enorme dispositivo para profundizar, acelerar y blanquear ese proceso. Por eso, varias asociaciones vecinales y la plataforma Bizilagunekin enviamos una carta a la FIFA para pedir que revocara la decisión. Explicamos que este evento agravaría la turistificación, empeoraría la emergencia habitacional, transformaría el espacio público en función de intereses comerciales y condicionaría la vida cotidiana de la ciudadanía. Desde las instituciones públicas, sin embargo, lo que recibimos fue desprecio hacia las preocupaciones vecinales y una negativa a abrir el debate.

Cuando en marzo de 2026 los representantes de la FIFA visitaron Donostia, las instituciones públicas volvieron a mostrarse satisfechas y optimistas ante la posibilidad de acoger el Mundial. Pero poco después, en mayo de 2026, han aparecido dudas en Donostia, han aparecido dudas en Bilbao, y ahora se nos presenta como solución una candidatura conjunta improvisada. De repente, ahora sí, parece que hay que medir los pros y los contras. Ahora sí, parece que hay que analizar los costes. Ahora sí, parece que hay que tener en cuenta la capacidad, los límites y las consecuencias para la ciudad. Bienvenidos al grupo de quienes no pensamos que todo lo que trae el turismo sea beneficioso. Pero no vamos a aceptar que quienes durante años han puesto alfombra roja al crecimiento turístico se presenten ahora como representantes de la prudencia. 

Este evento agravaría la turistificación, empeoraría la emergencia habitacional, transformaría el espacio público en función de intereses comerciales y condicionaría la vida cotidiana de la ciudadanía

El problema no es que la candidatura sea de Donostia, de Bilbao o de ambas ciudades. El problema es que se quiera organizar un macroevento como el Mundial en ciudades turistificadas, mientras empeoran las condiciones de vida de sus habitantes. 

En Donostia, el Mundial agravaría la situación. Más turistas, más presión y más viviendas destinadas al turismo en Donostia y en los municipios del entorno. Traería la masificación del espacio urbano, su ocupación y el bloqueo de la vida cotidiana. Calles, plazas, transporte y servicios públicos se adaptarían a las necesidades de un evento gigantesco. Las instituciones públicas pondrían dinero, infraestructuras, personal y capacidad de gestión al servicio del Mundial y del negocio a su alrededor. Sabemos cómo funciona: los beneficios se privatizan y los daños se cargan sobre la población además de quedarse en la ciudad pasado el evento.

Además, ha habido una grave falta de transparencia en todo el proceso. No sabemos cuánto costaría. No sabemos qué acuerdos se han alcanzado con la FIFA. Y no es una cuestión menor: estamos hablando de una organización como la FIFA, salpicada una y otra vez por la corrupción y por redes de intereses privados.

Por eso exigimos un debate transparente y honesto. Pero no meramente aparente, no un debate que sirva para blanquear decisiones previamente tomadas por las instituciones y la industria turística. Hay que valorar los pros y los contras, pero desde el punto de vista de la mayoría de las y los donostiarras que sufre la emergencia habitacional, la subida de precios, la masificación, el ruido, la precariedad laboral y la elitización de la ciudad. Los intereses de la industria turística, de las constructoras y de los especuladores inmobiliarios no pueden presentarse como si fueran los intereses de la mayoría de la ciudadanía. Vivimos una situación de sobreturismo y no podemos empezar el debate desde cero ante cada nuevo evento, como si antes no hubiera pasado nada. No es momento de postureos. Para garantizar el bienestar de la mayoría, Donostia debe tomar el camino del decrecimiento turístico.

Por eso, desde la plataforma Bizilagunekin hacemos un llamamiento a las y los donostiarras a que alcen la voz contra la celebración del Mundial 2030 en Donostia. Les llamamos a organizarse en asociaciones vecinales, movimientos populares y otras organizaciones, para impulsar un cambio de modelo de ciudad y acumular fuerzas a favor del decrecimiento turístico. No permitiremos que vendan nuestra ciudad para el negocio de unos pocos. No celebraremos ningún gol en contra.

Pelé predijo en una ocasión que “una nación africana ganará la Copa del Mundo”. Eso sí, situó esa conquista antes del año 2000 lo que invalida, en sentido estricto, su profecía. Esa larguísima espera no responde a la falta de talento del fútbol africano, sino a una suma de factores que trascienden el terreno de juego; un camino marcado por un sinfín de obstáculos estructurales, aunque también por una enorme dosis de dignidad y exigencia.

África sigue reivindicándose en este Mundial, y pocos ejemplos lo ilustran mejor que la alegre Cabo Verde. La pequeña nación insular disputa por primera vez una fase final del torneo. Y lo que comenzó como una sorpresa descomunal —su empate ante España— ha adquirido tintes de cuento de hadas con guion sólido tras repetir resultado frente a Uruguay. Los caboverdianos afrontan ahora el partido del viernes contra Arabia Saudí con fundadas esperanzas de victoria, aunque quizá ni siquiera la necesiten para alcanzar la siguiente ronda.

La historia de Cabo Verde encierra una singularidad fascinante: hay más caboverdianos viviendo fuera del país que dentro. Y fue precisamente en esa vasta diáspora donde la federación encontró buena parte del talento que hoy sostiene a la selección más inesperada del torneo. De hecho, incluso uno de estos futbolistas, Roberto Lopes, fue contactado a través de redes sociales profesionales como LinkedIn, en una suerte de reclutamiento global que ha dado forma a un equipo recién salido de un cascarón fascinante.

Cabo Verde, por supuesto, no es la única selección africana que está demostrando una solidez sorprendente en el Mundial. Portugal no pudo superar a la República Democrática del Congo, que hizo historia al anotar su primer gol en un Mundial. Brasil no pudo con la potente Marruecos, una de las grandes favoritas que ya fue cuarta en el anterior campeonato. Costa de Marfil derrotó 1-0 a Ecuador y Ghana venció 1-0 a Panamá en Toronto. África arrancó el Mundial 2026 con cuatro de sus seis selecciones debutantes sumando puntos.

Más presencia africana que nunca

Hay más historias africanas que nunca en este Mundial (las de Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, la República Democrática del Congo, Egipto, Ghana, Marruecos, Senegal, Sudáfrica y Túnez) porque el continente ha duplicado su presencia en el torneo al pasar de cinco a diez representantes. Es cierto que esa mayor presencia responde en parte a los intereses de Gianni Infantino por ampliar la competición a 48 equipos para incrementar beneficios. Pero también es cierto que el nuevo reparto de plazas responde a la reivindicación histórica de un continente que durante décadas denunció que el acceso estaba diseñado para favorecer a Europa y Sudamérica.

La plaza adicional en juego a través del play off intercontinental ha permitido, por ejemplo, el regreso de la República Democrática del Congo a un Mundial cincuenta años después de su única participación. La selección era entonces Zaire y jugaba bajo la férrea autoridad del dictador Mobutu Sese Seko. Tras encajar dos derrotas en sus primeros encuentros de aquel Mundial del 74, los jugadores recibieron una advertencia inequívoca desde el régimen: una goleada por más de cuatro goles ante Brasil tendría consecuencias graves para ellos y para sus familias. Varios hombres de la guardia presidencial de Mobutu se habían presentado en su hotel, cerrado a cal y canto para que no hubiese testigos directos de la amenaza.

Con Brasil dominando 3-0 en el marcador, llegó una de las imágenes más célebres de la historia de los Mundiales. Corría el minuto 79 cuando los brasileños se disponían a lanzar una falta cerca del área. Mientras todos aguardaban el disparo, el defensa zaireño Mwepu Ilunga abandonó la barrera de forma repentina, corrió hacia el balón y lo despejó con todas sus fuerzas antes de que el rival pudiera ejecutar el lanzamiento. Durante años, aquella escena fue utilizada como prueba de la supuesta ignorancia táctica de los futbolistas africanos. En realidad, era la expresión desesperada de un equipo paralizado por el miedo y sometido a una presión insoportable.

El régimen de Mobutu había explotado el éxito de la selección mientras esta servía a la propaganda oficial. Sin embargo, cuando el equipo se convirtió en símbolo del fracaso, sus jugadores fueron abandonados a su suerte. La historia de Zaire sigue siendo una de las más elocuentes sobre las dificultades que durante décadas acompañaron al fútbol africano lejos de los terrenos de juego.

El boicot que comenzó a cambiarlo todo

En el Mundial de Inglaterra 1966, la distribución de plazas reflejaba con crudeza los desequilibrios del fútbol internacional. De los 16 cupos disponibles, diez correspondían a Europa, cuatro a Sudamérica y uno a Norteamérica. El puesto restante debía decidirse en una única eliminatoria que enfrentaba a todas las selecciones de África, Asia y Oceanía.

La Confederación Africana de Fútbol (CAF), fundada apenas nueve años antes, consideró aquella fórmula una injusticia manifiesta. Sus dirigentes reclamaron a la FIFA una plaza directa para el continente, argumentando que el reparto vulneraba los principios de igualdad y competitividad que la propia organización decía defender. Pero la reivindicación trascendía lo deportivo. Para decenas de países recién independizados, obtener presencia en el mayor escaparate futbolístico del planeta suponía también una forma de reconocimiento político y de afirmación internacional frente a las antiguas potencias coloniales.

La FIFA, presidida entonces por el inglés Stanley Rous, rechazó la propuesta. La respuesta africana fue inmediata e histórica. Las quince selecciones afiliadas a la CAF se retiraron en bloque de la fase de clasificación, acompañadas por Siria y Corea del Sur en señal de solidaridad. Nunca se había producido un boicot tan amplio y coordinado en el fútbol internacional.

La protesta marcó un antes y un después. A partir del Mundial de México 1970, África obtuvo por fin una plaza directa. Más tarde, Sudáfrica fue expulsada de la FIFA debido al apartheid, y el brasileño João Havelange derrotó a Rous en las elecciones presidenciales gracias, en gran medida, al respaldo de las federaciones africanas. El continente había descubierto su capacidad para organizarse, negociar y ejercer influencia dentro de las estructuras del fútbol mundial.

El brillo africano bajo los problemas estructurales

La paradoja del fútbol africano contemporáneo es evidente. Mientras sus futbolistas brillan cada fin de semana en los mejores clubes de Europa, muchas de sus selecciones continúan enfrentándose a obstáculos que sus competidores rara vez conocen. Problemas económicos, infraestructuras insuficientes, inestabilidad institucional o federaciones con recursos limitados siguen condicionando el desarrollo de sus proyectos deportivos.

El caso de Senegal es quizá el más ilustrativo. Semanas antes del inicio de este Mundial, su seleccionador, Pape Thiaw, se negó a embarcar en el vuelo que debía trasladar al equipo desde Dakar. Llevaba meses sin percibir su salario y trabajaba sin un contrato formal. No es una excepción. Los internacionales senegaleses aún no han cobrado las primas correspondientes a la conquista de la Copa África ni las derivadas de la clasificación para este Mundial. Durante la concentración, además, han expresado su malestar por las condiciones del hotel de Nueva Jersey y por la alimentación proporcionada por la organización.

Y, pese a todo, el talento sigue emergiendo sobre el césped. África lleva décadas produciendo algunos de los mejores futbolistas del planeta, en una factoría inabarcable que luego rentabilizan otros. Marruecos derribó una barrera histórica al alcanzar las semifinales de Qatar 2022 y demostró que su techo competitivo ya no es una hipótesis, sino una realidad tangible. La pregunta ya no parece ser si una selección africana puede llegar a una final mundialista, sino cuándo lo hará. Quizá la respuesta llegue el próximo 19 de julio. Aunque, paradójicamente, muchos de los aficionados africanos que llevan décadas soñando con ese momento difícilmente podrían presenciarlo en directo. Los visados y el precio de las entradas constituyen una nueva barrera, otra más, en un camino lleno de tapias.

El pionero en los Mundiales fue Benito Mussolini. Pero no el primero. Italia, como siempre, fue la primera selección cuyos colores vistió un futbolista que no había nacido en el país. En 1914, el argentino Eugenio Mosso disputó un partido con los azzurri. Nació en Mendoza, pero su padre era turinés. Fue el primer oriundi, el término italiano que popularizó el fascismo italiano en su mundial de 1934 para nacionalizar a cuatro argentinos y un brasileño. Habían nacido fuera de Italia, pero por ascendencia tenían el corazón azzurri. 

La España del franquismo también fichó a futbolistas extranjeros para la selección, que poco o nada tenían que ver con el país antes de venir a jugar aquí. Kubala, Di Stefano o Puskas defendieron los colores de la selección española. Lo hicieron tras nacionalizarse. Todos habían jugado antes con sus respectivas selecciones.

Pero lo que siempre fue poco habitual es que jugadores nacidos en España acabasen jugando en otras selecciones de otros países. En el Mundial 2026 se podría hacer un equipo entero. Once futbolistas que han nacido en España representan a otros países en la competición. Algunos de ellos son estrellas mundiales. Sus historias retratan una realidad social, la de la inmigración y, también, la de la propia emigración.

El capitán de Marruecos

Marruecos es, con diferencia, la selección en la que juegan más futbolistas nacidos en España. Su gran estrella y capitán nació en Getafe hace 27 años. Achraf Hakimi es hijo de padres marroquíes que emigraron a España buscando un futuro mejor; su madre limpiaba casas y su padre era vendedor ambulante. Hoy es una de las grandes estrellas del fútbol europeo Se formó en la cantera del Real Madrid y, tras pasar por el Borussia Dortmund y el Inter de Milán, es hoy una estrella consagrada del Paris Saint-Germain con el que ganó las dos últimas Champions League. Está pendiente de ser juzgado en Francia, acusado de una violación a una joven en 2023.

Achraf sí tiene la nacionalidad española, pero su caso evidencia cómo en España el nacimiento en el país no te la da automáticamente (como ocurre en Estados Unidos). Para ser español de nacimiento, se necesita que uno de los padres sea español (o nacionalizado). Si ambos son extranjeros sin nacionalizar, no la obtendría hasta los 18 años, aunque podría tramitarla antes.

Quien sí que es español de nacimiento y nacionalizado es otra de las estrellas de Marruecos: Brahim Díaz. Nació en Málaga. Su padre es melillense de ascendencia marroquí y su madre es malagueña. Brahim creció en la cantera del Málaga CF antes de fichar por el Manchester City, pasar por el AC Milan y recalar en el Real Madrid. Aunque jugó amistosos con España en el pasado, a principios de 2024 tomó la decisión definitiva de representar a los Leones del Atlas. Brahim esperó hasta el último minuto la llamada del seleccionador español, Luis de la Fuente, que nunca se produjo. Su primera opción era España, pero finalmente se inclinó por Marruecos. Díaz quería seguir los pasos de las actuales estrellas de la selección española, como Lamine Yamal o Nico Williams. Los dos nacidos en España de padres extranjeros.

Por Marruecos también juega Munir Mohamedi, de 37 años. Nació en Melilla y ha desarrollado gran parte de su carrera en clubes españoles como el Numancia y el Málaga. Por sus raíces familiares, eligió a Marruecos desde sus inicios, siendo el portero titular en el Mundial de 2018 y una pieza clave de experiencia en la actual convocatoria.

También ha sido convocado Chadi Riad (22 años), nacido en Palma de Mallorca de padres marroquíes. Este espigado central se formó en la academia del RCD Mallorca y del FC Barcelona. Tras destacar en el Real Betis, dio el salto al fútbol europeo. Siempre tuvo claro su compromiso con las categorías inferiores de Marruecos hasta llegar a la absoluta.

Una de las grandes promesas de Marruecos es Ayoube Amaimouni (21 años). Nacido el 30 de noviembre de 2004 en Vic (Barcelona), creció en esta ciudad catalana y tiene ascendencia marroquí por parte de sus padres. Actúa como extremo y, tras pasar por equipos juveniles en Alemania, fichó por el Eintracht Frankfurt a principios de 2026, firmando un contrato hasta 2031. 

Un caso diferente es el de Ismael Saibari (25 años), que nació en Terrassa (Barcelona), pero cuando tenía solo seis años su familia se mudó a Bélgica. A pesar de formarse futbolísticamente entre Bélgica y los Países Bajos (actualmente es un jugador clave en el PSV Eindhoven), el centrocampista optó por el país de origen de sus padres.

Un emigrante en el partido inaugural

Otro caso singular es el de Álvaro Fidalgo, titular en el partido inaugural del Mundial 2026 con México y uno de sus jugadores más destacados. Fidalgo nació hace 29 años en Hevia (Asturias). Su abuelo Rafael Fidalgo fue futbolista profesional y despuntó en el Real Oviedo. Fidalgo nieto se formó en la cantera del Real Madrid desde 2012 e incluso debutó con el primer equipo en 2018. Su vida cambió cuando fichó por el Club América de México, donde se convirtió en un ídolo ganando tres ligas. Tras obtener la nacionalidad mexicana y al no haber debutado con la selección absoluta española, la FIFA aprobó su cambio de federación en febrero de 2026. Ese mismo año regresó al fútbol español para jugar en el Real Betis.

También está en Argentina Nico Paz, una de las grandes irrupciones del fútbol albiceleste en los últimos años. El mediapunta nació hace 21 años en Santa Cruz de Tenerife, cuando su padre, el exfutbolista argentino Pablo Paz, jugaba en el CD Tenerife. Formado en la cantera del Real Madrid, Nico llegó a debutar con el primer equipo blanco antes de continuar su carrera en Italia, ahora en las filas del Como. Aunque pasó por las categorías inferiores de España, el peso de la historia familiar y su estrecha vinculación con Argentina hicieron que se decantara por la vigente campeona del mundo para jugar al lado de Messi.

La historia de los Williams es una de las más simbólicas del Mundial. Nació en Bilbao hace 31 años después de que sus padres emprendieran una durísima ruta migratoria desde Ghana hasta España en busca de una vida mejor. El delantero del Athletic Club llegó a debutar en un amistoso con la selección española, pero en 2022 decidió representar al país de origen de su familia. Desde entonces se ha convertido en uno de los referentes de las Estrellas Negras y en un símbolo de la diáspora africana. Su hermano, Nico, eligió la roja y fue uno de los jugadores más destacados en la Eurocopa donde España fue campeona.

Uruguay cuenta también con un futbolista nacido en España. Rodrigo Zalazar, de 26 años, vino al mundo en Albacete, donde su padre, el histórico internacional uruguayo José Luis Zalazar, era el ídolo absoluto del equipo manchego. El centrocampista desarrolló gran parte de su carrera en Alemania y Portugal, pero siempre tuvo claro que seguiría la tradición familiar defendiendo la camiseta celeste.

El último caso es el de Jeremy Sarmiento, internacional con Ecuador. El extremo nació hace 24 años en Madrid, aunque siendo todavía un niño se trasladó con su familia primero a Ecuador y posteriormente a Inglaterra. Formado en las categorías inferiores del Charlton Athletic, el Benfica y el Brighton, se ha consolidado como uno de los futbolistas más desequilibrantes de la selección ecuatoriana. Su elección por la Tri estuvo marcada por las raíces familiares y por el tiempo que pasó en el país sudamericano durante su infancia.

Después de casi treinta años de investigaciones, arqueólogos e historiadores han conseguido identificar la identidad de uno de los naufragios más enigmáticos hallados frente a la costa sur de Inglaterra. El pecio, descubierto en 1995 y conocido por albergar más de 400 monedas de oro en el fondo marino, ha sido identificado como el Dom van Keulen, un barco mercante neerlandés que navegaba desde Marruecos hacia los Países Bajos cuando se hundió en el otoño de 1633. El hallazgo pone fin a una incógnita que había movilizado durante décadas a especialistas del Museo Británico, la Universidad de Bournemouth y el South West Maritime Archaeology Group.

La identificación ha sido presentada en un libro, De Marruecos a la costa de Inglaterra: La historia del Dom van Keulen y su extraordinaria carga, que reconstruye la historia del barco y de su cargamento. El trabajo se apoya en documentos localizados en los Archivos Nacionales británicos por el historiador Ian Friel, quien logró rastrear referencias al viaje realizado por la embarcación entre el norte de África y Europa occidental. Según esos registros, la nave se encontró con fuertes temporales durante la travesía, sufrió una vía de agua y terminó hundiéndose cerca de la localidad costera de Salcombe, en el condado de Devon. Pese al naufragio, todos los miembros de la tripulación lograron sobrevivir.

La carga transportada por el Dom van Keulen ayuda a comprender la importancia comercial de aquella ruta marítima en pleno siglo XVII. Entre los productos que llevaba a bordo figuraban 150 sacos de goma arábiga, 64 sacos de salitre, 320 pieles de cabra y 9.000 ducados de Berbería, monedas de oro acuñadas en Marruecos. Los investigadores creen que la mayor parte de la mercancía fue recuperada poco después del hundimiento, aunque más de 400 monedas permanecieron en el fondo marino hasta su descubrimiento en 1995.

Un cargamento que conectaba África y Europa

Las monedas recuperadas constituyen uno de los aspectos más relevantes del hallazgo. Procedían de la denominada costa de Berbería, identificada en la documentación con el actual Marruecos, y reflejan la intensa actividad comercial que existía entre el norte de África y los Países Bajos durante los siglos XVI y XVII. En aquella época, los comerciantes neerlandeses intercambiaban productos manufacturados por oro puro procedente de África occidental, una materia prima de enorme valor que alimentaba parte de la economía europea y que posteriormente era utilizada para acuñar monedas neerlandesas ampliamente aceptadas en el comercio internacional.

Los investigadores destacan que el pecio ofrece una evidencia material excepcional de las redes comerciales que conectaban Marruecos, los territorios neerlandeses y las Islas Británicas. También proporciona información sobre la riqueza, la arquitectura y el contexto histórico de los saadíes, la dinastía que gobernaba Marruecos en aquella época. Según los autores, la embarcación constituye una prueba tangible del floreciente comercio marítimo del siglo XVII entre el norte de África, los Países Bajos y Gran Bretaña.

A pesar de la relevancia del hallazgo, todavía se conoce muy poco sobre el aspecto original del barco. No se conservan pinturas ni representaciones conocidas del Dom van Keulen, y los arqueólogos han tenido que reconstruir parte de su historia a partir de los restos localizados bajo el mar. El yacimiento arqueológico tiene aproximadamente treinta metros de longitud y se encuentra a unos dieciocho metros de profundidad. Entre los elementos identificados figuran cañones, anclas y diversos objetos pertenecientes a la carga.

Treinta años para resolver el enigma

Las excavaciones y trabajos de recuperación también han permitido rescatar otros materiales que hoy forman parte de las colecciones del Museo Británico. Entre ellos se encuentran joyas de oro, recipientes de peltre, cerámicas, un sello de estampación, una pesa con forma de pez utilizada en tareas de navegación y una pepita de oro trabajada. Estos objetos han contribuido a reconstruir la historia de la embarcación y a contextualizar mejor el comercio marítimo de la época.

Los responsables del proyecto consideran que se trata de un descubrimiento de importancia internacional, ya que permite reconstruir con precisión la historia de un barco que transportaba oro norteafricano y aporta nuevas evidencias sobre unas rutas comerciales que desempeñaron un papel fundamental en la economía de la Edad Moderna.

Solo uno de los 26 futbolistas por Curaçao ha nacido en esta pequeña isla del Caribe. De los 26 seleccionados por la República Democrática del Congo, 20 vinieron al mundo fuera del país. 19 de los 26 futbolistas de Marruecos han nacido también fuera de sus fronteras. Pero todos son hijos o nietos de emigrantes. De trabajadores que salieron de su tierra de origen en busca de una oportunidad. El campeonato de fútbol sirve como retrato del mundo en 2026.

El torneo que se disputa en México, Estados Unidos y Canadá es el más global y diverso de todos los que se han jugado hasta ahora. No solo por el récord de selecciones nacionales que lo disputan (48, cuando hasta ahora fueron 32 desde el Mundial de 1998). También porque por primera vez, prácticamente uno de cada cuatro futbolistas representa a un país en el que no ha nacido, según los datos recopilados por una investigación académica.

Las 48 selecciones que compiten en esta edición han convocado a 1.248 futbolistas. De ese conjunto, y según los datos recopilados por elDiario.es a través de las fichas de la FIFA, de Wikipedia y de Wikidata, al menos 287 jugadores han nacido en otro país distinto al que van a defender. Esto supone un 23% sobre el total. En el siguiente mapa puedes ver el lugar de nacimiento de todos los futbolistas que participarán en la Copa Mundial de la FIFA 2026, según la información oficial disponible. ¿Qué banderas te llaman la atención?

Los datos de 2026 suponen un nuevo hito en la diversidad de origen de los futbolistas mundialistas. En Qatar 2022 hubo 139 jugadores nacidos fuera del país al que representaban. Eso sí, con menos selecciones nacionales. Representaban el 16% del total. En Rusia 2018 fueron 84 los nacidos fuera que disputaron el Mundial. En Brasil 2014, 85. Es una estadística que va consolidando una realidad en el mundo del fútbol y también fuera de él.

En este Mundial, solo hay ocho países que jugarán con el 100% de sus futbolistas nacidos en su territorio: Arabia Saudí, República Checa, Brasil, Sudáfrica, Suecia, Austria, Colombia y Panamá. En el resto, al menos uno de sus componentes ha nacido en otro país. En el caso de España es Aymeric Laporte, que nació en Agen, Francia, en 1994, pero que se nacionalizó español tras ser incorporado a las categorías inferiores del Athletic Club de Bilbao. Y esa es también una de las causas por la que tanto jugador nacido fuera de su país juega con otras selecciones, la progresiva profesionalización del fútbol, especialmente en los países más ricos.

El caso más paradigmático es el de Francia. Los bleus disputan el Mundial con un futbolista nacido en Inglaterra, otro en Italia y otro en el Congo. Pero hay un total de 76 futbolistas nacidos en Francia que correrán con las camisetas de otros países: 13 argelinos, 12 haitianos, 11 congoleños y diez senegaleses, entre los más destacados. 

El siguiente país que más futbolistas aporta en su conjunto al Mundial es Países Bajos, pero por el caso de Curaçao. 25 de los 26 jugadores de la selección debutante han nacido en Holanda. Cabo Verde, la selección que empató con España, tiene a seis holandeses en sus filas. Turquía a tres y Marruecos a otros tres, entre otros. Inglaterra también aporta otros 24 futbolistas nacidos en ese país a otras selecciones, Alemania 25 y España 11. 

En la siguiente tabla se muestran todos los futbolistas de cada selección que nacieron en un país diferente. Curaçao, Congo, Marruecos y Bosnia lideran el ranking.

En muchos casos, el origen de los futbolistas del Mundial dibuja también la diáspora geopolítica. Hay 17 futbolistas de Bosnia que han nacido fuera del país. La mayoría lo ha hecho en Alemania, pero también en Suecia. Son estados que han acogido a muchos refugiados políticos. Por ejemplo, hay cuatro iraquíes que han nacido en Suecia, dos en Alemania y uno en Inglaterra, Noruega y Dinamarca. Alemania es también el principal origen de los futbolistas turcos (cinco).

Pero es Francia el país de procedencia de muchos de los jugadores cuyos padres o abuelos acudieron al Hexágono en busca de un futuro mejor, muchos buscando el país donde el idioma fuera importante. Es el caso de Marruecos, Senegal, Argelia o Túnez, antiguas colonias. 

A esa herencia colonial y migratoria se suman también las corrientes económicas de las últimas décadas. Muchos futbolistas crecieron en países con estructuras deportivas más desarrolladas que las de sus lugares de origen familiar, lo que les permitió acceder a academias profesionales y competir al máximo nivel. En numerosas ocasiones, la decisión de representar a una selección u otra responde tanto a un vínculo emocional como a las oportunidades deportivas disponibles. 

La expansión de las dobles nacionalidades y la flexibilización de algunas normativas para ser seleccionados han contribuido igualmente a este fenómeno. La FIFA permite desde hace años que un jugador pueda cambiar de selección en determinados supuestos si no ha disputado partidos oficiales absolutos con otro combinado, una medida que ha incrementado los casos de futbolistas que recuperan la nacionalidad de sus padres o abuelos para competir internacionalmente.

Son los casos de futbolistas como Brahim Díaz, Iñaki Williams, Nico Paz o Achraf Hakimi. Todos nacidos en España, desarrollados en las categorías inferiores del fútbol español que ahora representan a países como Marruecos, Argentina o Ghana gracias a la doble nacionalidad.

Michael Olise, una de las estrellas de la selección francesa, es uno de los mayores ejemplos de esta nueva diversidad en el fútbol. Nacido en Londres, su padre es británico-nigeriano y su madre franco-argelina. Se formó en las categorías del Reading F.C., en Inglaterra, pero juega para Francia a nivel internacional.

Estados Unidos, uno de los tres países anfitriones, es también un ejemplo de esta realidad. Su selección reúne jugadores con raíces mexicanas, europeas, africanas y asiáticas, reflejando la diversidad de una sociedad construida históricamente por la inmigración que ahora su presidente, Donald Trump, persigue y castiga. Una situación similar se observa en Canadá, donde conviven futbolistas con orígenes caribeños, africanos y europeos.

El fenómeno no solo afecta a las selecciones tradicionalmente asociadas a la inmigración. Países que durante décadas fueron emisores de población, como Croacia, Serbia o Portugal, también encuentran en sus comunidades en el exterior una fuente de talento y una manera de mantener el vínculo con generaciones nacidas lejos de la tierra de sus antepasados.

El resultado es un Mundial que, más allá de la competición deportiva, actúa como un espejo de los movimientos de población de las últimas décadas. Las alineaciones cuentan historias de guerras, colonización, oportunidades económicas y reencuentros familiares. Sobre el césped, las fronteras nacionales siguen existiendo, pero las trayectorias personales de los futbolistas revelan un mundo cada vez más interconectado.

Mientras todavía retumban los halagos del Papa a la posición española sobre Gaza, sobre Irán, sobre la defensa del derecho internacional y el multilateralismo, sobre nuestra confianza hacia la ONU frente a Trump… llega una noticia desde tan solo unos cientos de kilómetros de distancia. Marruecos ha matado en el Sáhara Occidental, en un ataque con drones, a tres miembros del Frente Polisario… Y eso nos lleva a preguntarnos, de nuevo… ¿Por qué España, en lo que tiene que ver con el Sáhara, está en este lado de la historia? ¿Por qué aquí no hay desafío?

Esto sucede en un contexto en el que hay una ley para conceder la nacionalidad española a algunos saharauis parada en el Congreso y ante una regularización extraordinaria de migrantes… de la que los saharauis también se han quedado fuera. ¿Por qué? Tratamos de responder a estas preguntas con la periodista de elDiario.es, Gabriela Sánchez.

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El Frente Polisario ha anunciado la muerte este domingo en combate del dirigente saharaui Lahbib Mohamed Abdelaziz, hijo del fundador de la organización independentista y miembro de su Secretariado Nacional, quien cayó “mártir en la contienda” contra Marruecos junto a otros dos combatientes.

Las fuerzas armadas saharauis han difundido un comunicado en el que no especifican las circunstancias de las muertes ni detallan la identidad de las otras dos personas fallecidas. El País ha confirmado, citando fuentes de su organización, que un ataque marroquí con drones ha matado al dirigente saharahui.

Lahbib Mohamed Abdelaziz es hijo del expresidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) e histórico líder del Polisario Mohamed Abdelaziz, muerto en mayo de 2016, a los 68 años de edad tras una larga enfermedad, y que llevó la lucha por la independencia saharaui de los campos de batalla a los pasillos de la ONU.

Abdelaziz nació en 1989 en los campamentos saharauis de Tinduf (suroeste de Argelia), era licenciado en Relaciones Internacionales y se incorporó al Ejército de Liberación Popular Saharaui –que lucha por la independencia del Sáhara Occidental de Marruecos– en noviembre de 2011.

Ocupó diversos cargos en las estructuras políticas y militares saharauis hasta llegar a ser miembro del Estado Mayor General del Ejército y director central de formación.

Casado y padre de tres hijos, fue nombrado comandante de la primera brigada de campaña de las fuerzas armadas saharauis en 2024 y elegido miembro del Secretariado Nacional en el XVI Congreso del Frente Polisario.

En la zona este del Sáhara se vive una situación de tensión desde 2020 cuando las tropas marroquíes penetraran en el área desmilitarizada de Guerguerat, que separa Mauritania de los territorios del Sáhara, para desmantelar una sentada de activistas saharauis que bloquearon la única carretera que conecta Marruecos con los países subsaharianos.

El Polisario consideró que la acción marroquí suponía una ruptura del acuerdo de alto el fuego firmado bajo los auspicios de la ONU en 1991, y emprendió operaciones militares contra el muro levantado por Marruecos en el Sáhara Occidental para blindar su control sobre el 80% del territorio saharaui que se encuentra bajo su administración.

Marruecos respondió principalmente con bombardeos de drones contra las fuerzas independentistas cuando intentaban acceder al territorio disputado.

Las franjas este y sur del Sáhara Occidental, que suponen el 20% del territorio, son para el Polisario parte de sus “territorios liberados”, mientras que la ONU las llama “zona colchón” (obligatoriamente desmilitarizada).

Históricamente, las rutas marítimas entre Marruecos y Europa han sido una pieza fundamental para conectar ambos lados del Mediterráneo. Cada verano, miles de personas cruzan estas aguas para reunirse con sus familias, empezar las vacaciones o transportar mercancías entre dos regiones que mantienen una relación cada vez más estrecha.

Ese movimiento constante sigue creciendo y las compañías navieras se preparan para responder a una demanda cada vez mayor. En ese contexto se enmarca la llegada de dos nuevos ferris de GNV, la compañía del Grupo MSC, que desde este verano reforzarán las conexiones entre Marruecos, España e Italia.

Los nuevos GNV Aurora y GNV Virgo, dos buques de última generación propulsados por gas natural licuado (GNL), operarán en las rutas que unen Tánger Med, Barcelona y Génova. Precisamente uno de los corredores marítimos más importantes del Mediterráneo occidental y una vía esencial para la conexión entre ambos continentes.

Pero la presencia de GNV en aguas españolas es más amplia, ya que cuenta con una red de conexiones que incluye rutas regulares con las islas Baleares desde los puertos de Barcelona y Valencia durante todo el año, así como la ruta estacional entre Almería y Nador, que refuerza el vínculo entre el sur de España y el norte de Marruecos en los meses de mayor movilidad. 

Una relación cada vez más estrecha entre ambas orillas

La relación entre Marruecos y Europa ha evolucionado mucho en los últimos años. El crecimiento del turismo, el aumento de los intercambios comerciales y la mejora de las infraestructuras han intensificado los movimientos entre ambas orillas hasta convertirlos en parte de la vida cotidiana de millones de personas.

Las cifras ayudan a entender esa evolución. En casi veinte años de actividad en Marruecos, GNV ha transportado cerca de seis millones de pasajeros. Solo en 2025 movió más de 465.000 viajeros en sus rutas con el país norteafricano, por lo que nos podemos hacer una idea de la importancia que ha adquirido este tráfico marítimo.

El pasado 1 de junio, la ciudad de Tánger acogió el bautizo oficial del GNV Aurora, un acto que reunió a representantes institucionales de Marruecos e Italia, además de directivos de la compañía. La elección de la ciudad marroquí no fue casual. “Gracias a su posición estratégica entre el Atlántico y el Mediterráneo, el país desempeña un papel fundamental en el fortalecimiento de la red marítima mediterránea”, señaló Pierfrancesco Vago, presidente de GNV. Para reforzar esta conexión, el GNV Virgo se incorporará a la ruta el próximo 1 de julio.

Tres puertos conectados por una misma ruta

Los nuevos barcos operarán entre Tánger Med, Barcelona y Génova, tres puertos que desempeñan funciones muy diferentes pero complementarias dentro de esta red de conexiones.

Barcelona actuará como punto de enlace entre las rutas procedentes de Marruecos y las conexiones con Italia. Para los viajeros españoles, esto supone, además, la puerta de entrada al país transalpino a bordo de estos nuevos buques, una alternativa cada vez más valorada por quienes prefieren combinar la travesía con la experiencia de viajar con su propio vehículo.

Génova, por su parte, será la base de suministro de gas natural licuado para ambos barcos. Y en el extremo sur de la ruta aparece Tánger Med, convertido en uno de los principales centros logísticos del norte de África.

La importancia de este corredor va mucho más allá del transporte de pasajeros. Cada día circulan por él mercancías que alimentan cadenas de suministro repartidas entre Europa y África, reforzando el papel del Mediterráneo como una de las grandes áreas de intercambio económico del continente.

Además, la mirada ya está puesta en los próximos años. La celebración del Mundial de fútbol de 2030 por parte de Marruecos, España y Portugal apunta a un aumento de los desplazamientos entre ambos continentes, lo que previsiblemente incrementará también la demanda de transporte marítimo.

Una flota que sigue creciendo

La llegada de los GNV Aurora y GNV Virgo forma parte de un programa de renovación con el que la naviera prevé incorporar nuevos barcos hasta 2030, sumando cuatro nuevos buques cada seis meses a partir de 2027 y completando así una inversión total que asciende a 1.300 millones de euros. El objetivo es modernizar una flota que deberá responder a un volumen de tráfico cada vez mayor en las rutas mediterráneas, incluidas las que unen Barcelona y Valencia con las islas Baleares y el puerto de Almería con la ciudad de Nador.

Para Matteo Catani, consejero delegado de la compañía, Marruecos ocupa un lugar cada vez más relevante dentro de esta estrategia de crecimiento. Una presencia que también se refleja sobre el terreno, donde GNV cuenta con unos 250 trabajadores entre personal embarcado y equipos en tierra.

Más allá de las cifras, la incorporación de nuevos barcos responde a una realidad evidente: las conexiones marítimas entre Europa y Marruecos siguen ganando peso año tras año, al igual que lo hacen las rutas domésticas con Mallorca, Menorca e Ibiza, y necesitan más capacidad para absorber ese crecimiento.

Más comodidad para viajes cada vez más largos

El GNV Aurora puede transportar hasta 1.700 pasajeros y dispone de 426 camarotes, además de zonas de restauración, espacios infantiles, áreas comerciales y conexión Wi-Fi a bordo. Estas prestaciones serán cada vez más habituales en la flota de la compañía que apuesta por elevar los estándares de calidad y sostenibilidad de sus buques, combinando confort, innovación y un mayor respeto por el medio ambiente en la experiencia de viaje. 

Según explica Matteo De Candia, director general de GNV España, una de las prioridades de los nuevos buques de GNV ha sido mejorar la experiencia de quienes pasan muchas horas navegando, especialmente durante los meses de verano, cuando los viajeros protagonizan buena parte de los desplazamientos .

Junto a estas mejoras, y en términos de sostenibilidad ambiental, los nuevos barcos incorporan motores propulsados por gas natural licuado (GNL), que permite reducir las emisiones respecto a generaciones anteriores más contaminantes. Y además, están preparados para utilizar combustibles alternativos como el bio-GNL o el GNL sintético, dos opciones llamadas a ganar protagonismo en el transporte marítimo durante los próximos años.

De este modo, la llegada de los GNV Aurora y GNV Virgo representa un nuevo paso en una estrategia más amplia: la de una naviera que lleva años tejiendo una red de conexiones cada vez más eficiente entre Europa y el norte de África, al ritmo de los intercambios, los viajes y las relaciones a ambos lados del Mediterráneo

El Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí (PLACM), que actualmente se imparte en dos centros educativos de Talayuela (Cáceres), continuará en Extremadura, aunque dejará de desarrollarse dentro de las aulas. Así lo ha anunciado este jueves el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea, José Ángel Sánchez Juliá, durante el debate de una propuesta de impulso presentada por el PSOE para exigir a la Junta que mantenga este programa en su oferta educativa.

La iniciativa socialista, previsiblemente rechazada por la mayoría parlamentaria de PP y Vox, reclamaba garantizar la continuidad y correcta cobertura del PLACM en el principal núcleo de población marroquí de Extremadura. El programa se imparte en horario no lectivo y está financiado íntegramente por Marruecos.

Tanto Sánchez Juliá como la portavoz de Vox, Beatriz Muñoz Rodríguez, defendieron que “el pacto se va a cumplir” y aseguraron que la decisión no pretende “romper ninguna convivencia”. El dirigente popular instó además a la oposición a leer “la literalidad del pacto” firmado entre ambas formaciones.

Desde el PSOE, la diputada Lara Garlito sostuvo que el acuerdo de gobierno entre PP y Vox representa “el más extremista que jamás haya tenido la región” y denunció el “señalamiento público” a los menores matriculados en este programa. Según defendió, el PLACM “no supone ningún coste para la Junta” y puede impartirse como actividad complementaria o extraescolar.

Garlito acusó al Ejecutivo autonómico de intentar suprimir el programa “sin ningún criterio educativo”, únicamente por una decisión “ideológicamente extrema” que, a su juicio, “busca lío y conflicto donde no lo había”. Además, rechazó las acusaciones de adoctrinamiento y recordó que en el programa “está prohibido hablar de política y religión”.

La diputada socialista pidió escuchar a la comunidad educativa antes de sacar el programa de los centros, al considerar que su permanencia en las instalaciones escolares garantiza una mejor organización y accesibilidad para las familias.

La propuesta contó también con el respaldo de Unidas por Extremadura. Su portavoz, David Araujo, advirtió de que este acuerdo “sienta un precedente” y señaló directamente a la presidenta de la Junta, María Guardiola, y a la consejera de Educación, a quienes acusó de “convalidar la agenda del odio”.

Por su parte, Sánchez Juliá rechazó las críticas de la oposición y aseguró que la iniciativa socialista no persigue beneficiar a los extremeños, sino atacar al Ejecutivo autonómico. El portavoz popular recordó que el Gobierno regional cuenta, dijo, “con el respaldo del 60 por ciento de los extremeños” y defendió que el PLACM “ni es obligatorio ni forma parte del currículo educativo”.

Asimismo, sostuvo que sacar el programa de los centros educativos “no afectará a la escolarización” del alumnado participante y acusó al PSOE de practicar una “política de asustar”. Finalmente, trasladó a los vecinos de Talayuela un “mensaje de calma social” y reivindicó la apuesta de la presidenta extremeña, María Guardiola, por la integración y la igualdad de oportunidades.

Tenía su ropa preparada en una bolsa en la celda del Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) de Valencia. Tras haber sido detenido justo cuando se dirigía a presentar la petición de la regularización, pero sin que sus circunstancias hubiesen importado para la policía ni el juzgado, su retorno parecía irrevocable. Pero ahora, poco más de una semana después de su liberación, al marroquí Mounir se le escapa una carcajada nerviosa al describir el giro de acontecimientos de la última semana: en cuestión de días ha pasado de estar encerrado por no tener papeles y esperar su deportación inminente, a recibir un permiso provisional de residencia y trabajo. 

“Aún no lo creo”, dice Mounir por teléfono ya fuera del CIE donde estuvo privado de libertad dos semanas en un centro en el que, como confirman los hechos posteriores, nunca debería haber entrado. Solo cuatro días después de su salida del centro de detención para extranjeros, su abogado recibió un correo electrónico del departamento del Ministerio de Inclusión encargado de estudiar los permisos de residencia de extranjeros: el Gobierno había admitido a trámite su petición de regularización extraordinaria, esa que estaba a punto de registrar justo cuando fue detenido por la Policía y que finalmente presentó su abogado después de que él fuese enviado al CIE.

Como ya tenía todos los papeles preparados, pues tenía cita con su abogado cuando el coche en el que viajaba fue parado en un control policial de camino al despacho, su letrado, Álvaro Vico, pudo registrar con facilidad la documentación de Mounir pese a haber sido internado en el CIE. La semana pasada, cuatro días después de la liberación del marroquí después de que su caso fuese denunciado por la Plataforma CIEs No Valencia y difundido en medios de comunicación, su solicitud fue admitida a trámite, lo que conlleva la concesión de un permiso provisional de residencia y trabajo, según el documento oficial al que ha accedido este medio.

“Hace una semana y algo estaba preparando mi ropa para irme y ahora tengo papeles”, resume Mounir aún con cierta sorpresa.

En busca de trabajo en el campo almeriense

El marroquí no daba crédito cuando recibió la llamada del familiar que se lo comunicó. El teléfono sonó cuando acababa de subir en un autobús con destino Almería. Habían pasado solo cuatro días de su salida del CIE y Mounir ya se dirigía a la provincia andaluza para buscar trabajo, aprovechando el aumento de demanda de mano de obra por la campaña del melón y la sandía: “No pensaba que me iban a responder tan rápido. Llevaba semanas sin trabajar y necesitaba dinero. Un amigo vive en Almería y me dijo que allí, con la temporada, se podía conseguir trabajar días sueltos”.

Cuando subió a ese autobús, Mounir no tenía papeles. Cuando llegó a su destino, ya los tenía. “Me llamó mi familiar y me dijo que tenía papeles. No sabía qué hacer. Le dije: ¿Qué hago? ¿Me bajo y vuelvo a casa?”, describe Mounir con cierto tono de burla sobre su bloqueo inicial. “Estuve a punto de volver, pero ahora en Altea es más complicado encontrar trabajo y al tener ya pagado el billete, decidí mantener el plan de ir a Almería. Ahora hay más trabajo y necesito el dinero”. 

Mounir responde a las preguntas de elDiario.es desde la habitación que comparte con el amigo que le acoge en Almería. Ha pasado solo unos días de recibir el permiso y aún no ha encontrado un empleo en el que volver a cotizar, pero cuenta que ya ha empezado a buscar. “Lo que me importa ahora es conseguir algo con contrato, porque así será más fácil luego renovar los papeles y más posibilidades tendré de quedarme”, explica el joven. Mientras no lo logra, necesita seguir pagando sus gastos, por lo que acepta los jornales que le ofrecen por empleos puntuales pagados “en b” en el campo almeriense o en almacenes de la zona. “Si me llaman para descargar un camión o hacer algo puntual, lo hago. Pero lo principal para mí es volver a cotizar”. 

El día de la liberación: “Casi abrazo al policía”

El pasado 18 de mayo aún temía la posibilidad de ser deportado tres días después. Según le habían comunicado a su abogado, esa era la nueva fecha prevista para su salida. Pero esa tarde un agente se acercó a él: “Vas a salir hoy”, recuerda que le dijo. “Me puse tan contento que salté hacia él de la alegría y hasta quería darle un abrazo”, añade entre risas. Rondaban las 18:40 cuando salió del centro. 

Cree que su salida se debe a la unión de distintas personas que decidieron denunciar su caso y pedir su liberación. “Agradezco mucho a la gente que me ha apoyado. No esperaba tanto apoyo”, indica el marroquí, que a su vez recuerda a otros compañeros que se quedaron en el CIE, pese a tener una “situación parecida” a la suya (arraigo y falta de antecedentes). “Me acuerdo de un argelino y un marroquí, que también tenían casi todo preparado. Pero ellos no tenían familia en España como yo, que buscase a un abogado o llegase a ONG o a los medios de comunicación, y no han tenido esta ayuda”, lamenta Mounir. 

“Cuando me cogió la Policía y me llevó al CIE se sentía solo. Pero gracias toda la gente que me apoyó sé que, aparte de mi familia, no estoy solo, porque mucha gente buena me ha ayudado”, reflexiona.

“Me acuerdo de un argelino y un marroquí, que también tenían casi todo preparado. Pero ellos no tenían familia en España como yo, que buscase a un abogado o llegase a ONG o a los medios de comunicación, y no han tenido esta ayuda”, lamenta Mounir. 

Sus palabras evidencian un panorama que coincide con otros casos publicados por elDiario.es de migrantes encerrados en el CIE, en cuyo internamiento no se tuvo en cuenta ni el arraigo ni el hecho de que podían optar al proceso de regularización extraordinaria. Ya son tres los casos difundidos en medios con el tiempo suficiente para evitar el retorno (Mounir, Omar y Oussama) acabasen en su liberación, lo que en la práctica supone un reconocimiento oficial de que no deberían haber sido encerrados.

Criterio clave: el arraigo

En 2014, la Dirección General de la Policía, mediante una circular, estableció unos criterios a tener en cuenta para solicitar el internamiento de personas extranjeras en los CIE, entre las que se contemplan una serie de circunstancias personales genéricas a considerar, entre las que se incluye el arraigo en España, la existencia de domicilio conocido, hijos a cargo o consecuencias de la expulsión para la persona o sus familiares. Mounir estaba empadronado en Altea desde hacía más de un año, había estado dado de alta en un empleo y llevaba en su móvil toda la documentación que iba a presentar a la abogada para solicitar la regularización. No podía ir más preparado para demostrar su arraigo. Pero ni la Policía ni el juzgado de Benidorm que acabó aprobando el internamiento propuesto por los agentes lo tuvieron en cuenta. 

 “Para mí supone un alivio general. Ahora voy con la calle y no tengo que esconderme, no tengo que mirar detrás de mí, no tengo miedo por si me deportan. Me siento como una persona normal, puedo expresarme. Si veo un coche de policía, sé que ahora no me tiene por qué pasar nada”

Cuando se le pregunta qué supone para él tener papeles otra vez, Mounir habla de la tranquilidad de vivir sin miedo. “Para mí supone un alivio general. Ahora voy con la calle y no tengo que esconderme, no tengo que mirar detrás de mí, no tengo miedo por si me deportan”, responde desde Almería. “Me siento como una persona normal, puedo expresarme. Si veo un coche de policía, sé que ahora no me tiene por qué pasar nada”. 

Pero ese temor diario fue tan intenso que a veces el cuerpo tarda en asimilar lo que la mente confirma al obtener un permiso de residencia. El pasado domingo vio a unos agentes pasar a su lado y fue consciente del cambio. Aunque no se asustó, sí fue consciente de su presencia y se recordó que ya no tenía que esconderse por el mero hecho de existir: “Pasaron a mi lado y yo me quedé tranquilo”. 

Las dos semanas de detención estuvieron marcadas por la ansiedad de la deportación. “Estaba asustado, porque sabes que en cualquier momento te pueden llevar y se pasa mal. Aunque allí no me pasó nada malo, no tuve problemas con nadie, estar atrapado cuando quieres trabajar es muy agobiante”, explica. “Da miedo porque te sientes impotente. Yo hasta soñaba que estaba en Marruecos. No sabía qué hacer”, explica el jornalero.

Si hubiese sido expulsado, dice, habría vuelto a intentar venir a España. “Iba a volver a intentarlo aunque me costase la vida. Desde pequeño soñaba con venir, miraba el mar y pensaba en atravesarlo para vivir aquí”.

En los días en que tenía su regreso a Marruecos también pensaba en todo lo que le costó salir de allí. Antes de lograrlo, había pedido un préstamo de cerca de 5.000 euros para costear el viaje en una patera desde El Aaiun (Sáhara Occidental) a Canarias. “Me estafaron. Se fueron con mi dinero. Al principio no quería volver a casa, reconocer a mi familia lo que había pasado, pero me acabaron apoyando”.

Un año después, volvió a intentarlo por la frontera de Ceuta: “Nadé con otro amigo durante todo el día. Salí a las 8 de la mañana y llegué a las 12 de la noche”.

Mounir insiste en que quiere “volver” a cotizar. Dice “volver” porque ya estuvo dado de alta en la Seguridad Social. El marroquí había solicitado asilo tras su llegada a España en 2024. Después de que su petición fuera admitida a trámite, el joven obtuvo el permiso de residencia temporal habitual durante la tramitación del procedimiento. Con esa autorización, trabajó y cotizó durante cerca de cuatro meses como limpiador y ayudante de cocina en un restaurante en Altea. La respuesta negativa a su petición de protección internacional acarreó la pérdida de sus papeles y, por esa razón, la empresa tuvo que despedirle, como prueba la documentación a la que ha accedido este medio. 

“Trabajaba en el mismo restaurante donde yo trabajo y los jefes estaban encantados de con él”, dice Ahmed (nombre ficticio porque prefiere mantenerse en el anonimato) que apoya a Mounir en España. Mientras trabaja en Almería, Ahmed le ayuda a buscar una una oportunidad laboral. Como había estado dado de alta anteriormente, él ya tenía número de la Seguridad Social, por lo que ya está preparado para reactivar su vida laboral en España.

El plan de Mounir pasa por quedarse una temporada en Almería y, si no consigue nada estable y con contrato, volver a Altea donde le encantaría volver a trabajar en la hostelería. “Me gustaba mucho vivir allí y trabajar en la cocina. Voy a ahorrar algo de dinero para después volver, mantenerme por mí mismo y buscar un empleo en el sector”, proyecta el marroquí, unas semanas después de haber dado por hecha su expulsión a las puertas de una regularización que, con muchas trabas, ha acabado logrando de forma provisional.

Cuando un control policial paró el coche en el que viajaba, Mounir Meziat estaba a punto de pedir formalmente la regularización. El joven marroquí salió desde Altea (Alicante) para recoger a su primo y, juntos, ir al despacho de su abogada para registrar su solicitud. Tenía una cita confirmada y todos los documentos guardados en una carpeta, pero acabó encerrado en el Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) de Valencia por orden del juzgado de instancia número 4 de Benidorm, que aprobó su internamiento sin comprobar su arraigo en el país, una mala práctica recurrente denunciada por los expertos en inmigración. Allí espera su expulsión, prevista inicialmente para este jueves pero aplazada in extremis para el 21 de mayo, pese a que su defensa ya ha presentado en estos días su solicitud de regularización.

“No es justo. Estoy muy nervioso. Estaba a casi a cinco minutos de presentar mis papeles y me encierran para expulsarme”, explica Mounir por teléfono desde el centro de internamiento, donde son encerrados migrantes sin papeles para proceder a su expulsión. Desde el exterior, Yassim, su primo, dice seguir impactado por lo sucedido: “¿Cómo pueden llevárselo a él en ese momento? Tiene el expediente limpio, no tiene antecedentes, solo trabaja y estábamos a punto de llegar al despacho de mi abogada, donde teníamos la cita”, afirma el familiar.

El chico marroquí, quien ahora trabajaba como jornalero en el campo alicantino, fue enviado al CIE por orden judicial ante su supuesta falta de arraigo en el país, pese a llevar más de dos años en el país, estar empadronado en Altea y haber trabajado con contrato durante meses en un restaurante del pueblo alicantino mientras tenía papeles durante la tramitación de una petición de asilo. Tras perder su permiso de residencia, empezó a trabajar en el campo, por lo que se desplazaba por temporadas a la comarca de la Vega Baja del Segura, donde solía encontrar fincas donde necesitaban su mano de obra, especialmente en la campaña de la naranja.

El joven cumple con las condiciones de la regularización. Este medio ha revisado toda la documentación presentada por su abogado en la Oficina de Extranjería de Alicante, que confirma la carencia de antecedentes penales en su país, su vinculación laboral pasada y distintas pruebas que acreditan haber residido en España durante el tiempo exigido. “Tenía toda la documentación preparada e iba a entregarla para registrarla. Hasta el pago de la tasa”, dice Álvaro Vico, el abogado que trata de sacarle del CIE, quien finalmente se encargó de registrar su petición de regularización dos días después del internamiento de su cliente, que ha presentado un recurso al jugado que autorizó su encierro apelando al arraigo de su cliente. La Plataforma CIEs No Valencia ha pedido también la liberación del joven. “Otro joven que cumple los requisitos para regularizarse ha sido internado en el CIE de Zapadores y se le ha notificado que mañana será deportado a Marruecos”, denunció el colectivo.

El marroquí fue detenido el pasado 7 de mayo a las 12:45 por la Policía Nacional, según consta en el auto de internamiento al que ha tenido acceso elDiario.es. La magistrada del juzgado de instancia número 4 de Benidorm, Ana Isabel García-Galbis, autorizó su encierro argumentando la “falta de domicilio conocido”. De la “declaración obrante en autos”, sostiene la jueza, “no se desprende la existencia de elementos que haga pensar que no vaya a evadir la acción de la autoridad gubernamentativa frustrando el expediente de expulsión, porque no le consta trabajo ni domicilio conocido”.

Mounir Meziat está empadronado en Altea (Alicante) desde mayo de 2025, según consta en la documentación a la que ha accedido este medio. Hace solo dos semanas, cuenta su abogado, el joven estaba en Almoradí, el pueblo al que se mudaba temporalmente para buscar empleo en el campo. “Creemos que, cuando la jueza le preguntó por su domicilio, como acababa de volver, no supo decirlo o le daba miedo al estar trabajando allí de manera irregular”, explica el letrado, quien empezó a defender su caso después de la orden de internamiento.

Esta semana, Meziat recibió la notificación oficial de su expulsión prevista inicialmente para este jueves. Para ganar más tiempo y defender su arraigo en el país, el marroquí pidió asilo en el CIE como estrategia jurídica, dado que su solicitud será previsiblemente rechazada, ya que cuenta con un proceso anterior que resultó denegado. Tras recibir una queja por parte de Vico, el Defensor del Pueblo ha pedido información sobre el caso a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, por lo que esta gestión también ha podido influir en el aplazamiento del retorno para la semana que viene, según el letrado.

Según el Ministerio del Interior, tras haber recibido el aviso por parte del Defensor del Pueblo, el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska ha solicitado información al Ministerio de Migraciones sobre la situación administrativa de Mounir Meziat y, por el momento, espera una respuesta.

El marroquí llegó a Ceuta a nado en agosto de 2024, donde solicitó asilo. Después de que su petición fuera admitida a trámite, el joven obtuvo el permiso de residencia temporal habitual durante la tramitación del procedimiento, explica el hombre. Con ese permiso, encontró un trabajo como ayudante de cocina en un restaurante de Altea, donde vivía con su primo, en marzo de 2025. “Allí trabajamos los dos, hasta que su documentación iba a caducar y le tuvieron que despedir”, explica su primo Yassim, preocupado por su familiar. Entre los papeles presentados para acogerse a la regularización extraordinaria, también está la carta de despido emitida por su antigua compañía, documento que confirma que el joven perdió su trabajo un día antes de la vigencia de su permiso provisional como solicitante de protección internacional, que no pudo renovar. En el escrito, los responsables explican su obligación “sobrevenida” de interrumpir su contrato por “la imposibilidad legal” de que Mounir continuase en su puesto debido a que iba a carecer “de autorización legal” y no había presentado hasta entonces un documento que acreditase su renovación.

El 17 de junio fue el último día que acudió al restaurante alemán en el que, durante cuatro meses, ayudó a cocinar las pizzas que pedían algunos de los miles de turistas que cada año recibe el pueblo alicantino. El día siguiente, su permiso de residencia caducó y Mounir se quedó en situación irregular. Desde entonces ha trabajado en empleos puntuales, especialmente en el campo. En las temporadas de mayor demanda de mano de obra agrícola, el joven suele mudarse temporalmente a la zona agrícola de Almoradí, en la provincia de Alicante, donde ha trabajado en las campañas de la naranja. En esos días, se junta con otros compañeros temporeros y pernocta en la zona, algo común en el personal agrícola temporal, especialmente en situación irregular. “Dos días antes de su detención, terminó su trabajo en Almoradí, para renatar los trámites para la regularización en Altea y presentarla”, dice su primo.

“Él vive en Altea, pero sabes que si estás irregular, tienes que comer. Él iba a Almoradí o a otras zonas para intentar trabajar, se apañaba con sus amigos para dormir, para trabajar y sobrevivir. Y si no consigue trabajo, volvía a Altea”, detalla su primo. El día de la detención, un amigo le estaba llevando en coche a Benidorm, donde se encontraba su primo, para recogerle y, juntos, ir a la cita con la abogada, ya que le estaba ayudando en el proceso de regularización. “Cuando salía de Altea, me llamó, diciendo que le iban a detener”, explica Yassim.

Con la intención de revocar la orden de internamiento, el letrado Álvaro Vico ha registrado un recurso de reforma ante el juzgado de instrucción número 4 de Benidorm el internamiento cautelar de Mounir “sobre la base de una supuesta situación de riesgo de incomparecencia y frustración de la expulsión”. El abogado recuerda que, mientras que la magistrada indica que “no le consta trabajo ni domicilio conocido” dicha afirmación “resulta manifiestamente incompleta y contradicha por la documentación obrante”. Para acreditar su afirmación, Vico ha adjuntado los documentos de empadronamiento, la asignación del número de la Seguridad Social, su contrato de trabajo extinto, copia de la tarjeta sanitaria y el certificado que demuestra la inexistencia de antecedentes penales en su país.

“Debe recordarse que esta parte ha aportado abundante documentación acreditativa de arraigo social, laboral, sanitario y administrativo en España, así como acreditación de la reciente formalización de solicitud de regularización extraordinaria, concurriendo circunstancias plenamente incompatibles con una ejecución automática e inmediata de la expulsión”, indica un escrito enviado por el abogado al juzgado este mismo miércoles, tras el susto de la notificación de retorno que finalmente fue pospuesta.

El caso de Mounir Meziat, como tantos otros, refleja una sucesión de varios abusos y errores del sistema en cadena, desde la dificultad para realizar ciertos trámites, como su detención policial, una asistencia jurídica deficitaria y el “automatismo” de muchos jueces de instrucción a la hora de decretar los internamientos en los CIE, según analiza Jesús Mancilla, abogado de Algeciras Acoge, en declaraciones recientes a elDiario.es. Este medio ha publicado los casos de Omar y Oussmane, dos jóvenes marroquíes con arraigo que fueron ingresados en un CIE a las puertas del proceso de regularización, cuando cumplían con los requisitos. Tras su publicación, ambos fueron finalmente liberados, pero los expertos se preguntan qué pasará con todos aquellos que no hayan tenido acceso a la prensa o a una ONG que denuncie su caso.

En 2024, un informe de Amnistía Internacional cuestionó el “automatismo por parte de los jueces” al decretar el internamiento en un CIE. Según concluyó la ONG, “el juez o jueza de instrucción, así como la fiscalía, tienden a seguir casi en exclusiva el criterio policial en vez de realizar una valoración propia a la luz de todas las circunstancias”. En la mayoría de los juzgados “se tira de modelo de auto de internamiento, sin analizar más allá los requisitos legales, el caso por caso”, concluyó la investigación. La organización también denunció “la falta de representación letrada adecuada y de calidad que permita a las personas privadas libertad una tutela judicial efectiva que visibilice aquellas circunstancias o situaciones de vulnerabilidad que pueden ser clave para oponerse a una medida de internamiento”.

Una tarjeta plastificada asoma entre los documentos que Abdeluadud Mohamed conserva desde hace más de 50 años. En la fotografía, un hombre atractivo, de 23 años y cabello oscuro, posa con sonrisa ladeada. Parece orgulloso de haber conseguido un empleo en la mayor empresa española en el Sáhara Occidental, la mina de fosfatos de Fosbucraa. Su gesto transmite el brío de quien da los primeros pasos en una carrera bien encaminada: un empleo en nómina, derecho a la Seguridad Social, un buen sueldo como peón de mecánica y condiciones regidas por la normativa de España en la que era su provincia número 53. 

Medio siglo después de utilizar esa tarjeta para entrar en la mina, Abdeluadud, sentado en una jaima levantada sobre el desierto argelino, le cuesta reconocerse en el joven que fue, pero lo reivindica. “No siempre fui así, no siempre tuve este aspecto, ni esta vida. Tenía bastante dinero, vivía desahogado, vestía bien, trabajaba en la mejor empresa que podía trabajar”, describe el mismo hombre de la imagen, de pelo canoso, rostro ajado y unas gafas que ocultan el ojo perdido por el impacto de una mina antipersona. A sus 73 años, tras una espera interminable en los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf, el hombre ve en esa fotografía una vida arrebatada por la ocupación marroquí, pero también el abandono de los trabajadores saharauis, cuando la abrupta retirada de la empresa pública española les dejó atrás sin indemnización ni reconocimiento de sus derechos laborales. 

En su caso, el abandono de la que era —y sigue siendo a ojos de la ONU— la potencia administradora del Sáhara Occidental va más allá de la cesión ilegal del territorio a Marruecos. Para quienes trabajaban para empresas españolas, la salida supuso también la vulneración de sus derechos laborales, quienes en su mayoría, pese a estar contratados y amparados bajo la normativa española, no recibieron indemnización alguna ni han recibido pensión en caso de corresponderles. Uno de los colectivos más afectados por esta situación son los saharauis empleados por Fosbucraa, la empresa dedicada a la explotación a cielo abierto de fosfatos en la mina de Bucraa (Sáhara Occidental). 

La compañía, fundada en 1962, fue impulsada por el Instituto Nacional de Industria durante el franquismo. Durante sus primeros años, los trabajos se centraron en la investigación de los yacimientos de fosfatos, descubiertos por un geólogo toledano, y la construcción de la infraestructura, que incluía una cinta transportadora de más de 100 kilómetros de largo, la más larga del mundo, para desplazar miles de toneladas de roca fosfórica por hora hasta el puerto de El Aaiún, donde finalizaba la cinta con un cargadero que se internaba tres kilómetros en el mar para su exportación. A partir de 1972 inició su explotación, que se mantuvo bajo control español hasta 1976, que pasó a manos de Marruecos a través de una sociedad estatal. 

La tarjeta de identificación laboral de Adeluadud demuestra junto a otros documentos su vinculación laboral con la empresa. Entre los papeles que guarda está un documento oficial, sellado por el ayuntamiento de El Aaiún, que certifica su residencia en la ciudad; una tarjeta de asistencia sanitaria; y una de las nóminas recibidas por la compañía minera, un largo y estrecho papel amarillo, escrito íntegramente en español. Las cantidades son recogidas en la moneda vigente hasta 1976 en el Sáhara Occidental: las pesetas y todo está escrito en castellano, el idioma oficial de entonces. Con toda esa documentación, el saharaui intenta desde hace décadas reclamar su derecho a una compensación económica como trabajador de la empresa. 

Su lucha es compartida con los cerca de 2.000 trabajadores saharauis de Fosbucraa que, según calculó Comisiones Obreras y UGT, trabajaron para empresas españolas antes de la ocupación marroquí. Tras un trabajo de casi una década, ambos sindicatos españoles y la organización saharaui UGTsario, alcanzaron en 2011 un acuerdo con el Gobierno español para indemnizarles. Durante los últimos meses de mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, su Ejecutivo aprobó una reforma de la Ley de Seguridad Social que incluía un primer paso para cumplir su compromiso.

Una ley incumplida

“El Gobierno, en el plazo de dos meses, presentará a la Comisión de Trabajo e Inmigración un informe que recoja una relación de las personas saharauis que trabajaban en empresas españolas el 26 de febrero de 1976, momento en el que España se retiró del Sáhara Occidental. Aparte de las personas trabajadoras afectadas, este informe incluirá el coste, su fórmula de articulación y los plazos”, indica la norma publicada en el BOE en agosto de 2011. El plazo de dos meses expiró, como también han transcurrido casi 15 años sin que ni siquiera se hayan empezado los trámites oficiales para reparar a estos trabajadores. Aunque muchos habrán fallecido sin ver su derecho reconocido, otros, repartidos entre los territorios ocupados y los liberados, continúan reclamando lo que consideran suyo.

Los turnos en la empresa consistían en tres días trabajados y cuatro de descanso. El 6 de noviembre de 1975, Abdeluadud Mohamed disfrutaba de las jornadas de libranza en su ciudad, El Aaiún, cuando Marruecos inició la invasión de la entonces colonia española a través de la llamada ‘Marcha Verde’. Ningún superior se puso en contacto con él, nadie le advirtió del proceder de la empresa a partir de entonces. “Simplemente, se fueron”, explica el saharaui. El joven, temeroso de posibles represalias marroquíes, huyó a Argelia, donde los refugiados levantaron varios campamentos temporales que permanecen 50 años después, donde Abdeluadud vive desde entonces a la espera de la convocatoria del referéndum de autodeterminación exigido por la ONU.

“Estoy muy enfadado con lo que hicieron los españoles. Ni siquiera nos han dado una indemnización a los trabajadores de Fosbucraa. No nos han reconocido nada”, dice el hombre, resguardado del sol bajo una jaima desplegada en el campamento de Auserd, durante la celebración del Festival de Cine del Sáhara Occidental (FiSáhara). Él vive en otro campamento, a media hora de distancia, y se ha desplazado hasta aquí, con su carpeta de documentos, para explicar su situación a elDiario.es y tratar de abrir una puerta al reconocimiento de su derecho. 

“Ellos son los que se han ido. No nosotros. Yo tenía un contrato, estaba en nómina y nunca firmé un despido ni la cancelación del contrato. ¿Dónde están las leyes españolas de las que hablan? ¿Dónde está la humanidad?”, se queja el señor, quien en los últimos años dice tener aún mayor necesidad de recibir la compensación económica que considera suya: “Somos muchos los que reclamamos nuestros derechos. Hay que conseguirlo. Sobre todo a esta edad, que lo necesitamos”.  

Cuando este medio pregunta al mecánico saharaui si ha intentado solicitar este derecho por alguna vía formal, Adeluadud responde con otra pregunta, que atina de lleno en el diagnóstico del bloqueo de su situación: “¿Cuál es la puerta abierta para solicitarlo?”, se pregunta el anciano, con la misma sonrisa ladeada que lucía en los 70, pero más envejecida.

“Es cierto”, confirma Alejandra Ortega Fuentes, responsable para países árabes, África y Asia de CCOO, quien lleva décadas pidiendo a las distintas autoridades españolas el reconocimiento de sus derechos laborales. “A día de hoy, no existe ninguna puerta para solicitarlo. Eso es lo que falta: el informe y la creación del procedimiento. Y así llevamos más de diez años”, indica.

La batalla sindical que quedó bloqueada

En los años de batalla sindical, actualmente con bajo fuelle, el objetivo inicial era lograr la concesión de una pensión para los extrabajadores saharauis de Fosbucraa que alcanzasen la jubilación. “A partir del año 2003, y de manera sistematizada, se enviaron las documentaciones que demostraban y avalaban la pérdida de estos derechos. Se logró enviar más de 3.000 expedientes. Una vez informatizados los archivos de la Seguridad Social se empezaron a recibir contestaciones que concluían, en la mayoría de los casos, que los trabajadores no habían trabajado suficiente tiempo como para generar derecho a obtener una pensión”, recoge CCOO en un informe publicado en 2016. 

Después de intentar sin éxito obtener “una concesión de una pensión mínima no contributiva a los trabajadores saharauis” que demostraran la relación laboral que tuvieron con empresas españolas en el Sáhara. Las negativas y complicaciones burocráticas con las que se chocaron Zapatero, empujó a los sindicatos plantear una vía de compensación de mínimos: la obtención de una indemnización única. Para ello, sostiene CCOO, no hacía falta una ley, pero sí “realizar un informe que pudiera avalar el cálculo de estas posibles indemnizaciones”. Esta es la opción que acabó aceptando el Gobierno, como quedó reflejado en una disposición adicional de la Ley de Seguridad Social, aprobada en el BOE en 2011. 

elDiario.es ha preguntado al Ministerio de Seguridad Social y al de Trabajo sobre cuál es la razón de no haber actuado sobre este asunto pendiente hasta el momento y si han recibido las peticiones de los sindicatos al respecto, pero por el momento no ha recibido respuesta, aunque aseguran que lo estudiarán y contestarán próximamente.

“Han pasado más de 10 años y no se ha avanzado nada desde entonces”, dice a elDiario.es Ortega Fuentes. “El Gobierno de España no ha realizado todavía un informe que debía haberse presentado en dos meses a partir de la fecha de publicación en el BOE”, indica la sindicalista, que asegura que durante este tiempo se han enviado cartas a los distintos equipos de gobierno sin haber recibido una respuesta por escrito. “En algunas ocasiones se han alegado dificultades técnicas, y en otras, sin alegar nada”, recogía ya su informe de 2016. Diez años después de la publicación del documento, el sindicato confirma con cierta vergüenza que el texto apenas requiere de actualización: “Todo está bloqueado”.

El punto 4 del acuerdo de gobierno firmado por PP y Vox en Extremadura ordena la “supresión inmediata” del Programa para la Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí (PLACM) en todos los centros de Primaria y Secundaria de la región. El texto justifica la medida apelando a un supuesto “adoctrinamiento”, a “injerencias extranjeras” y a un intento de “diluir nuestra identidad, usos y costumbres”. Sin embargo, en el único municipio extremeño donde se imparte este programa —Talayuela, 7.439 habitantes— nadie reconoce esa descripción. Ni los equipos directivos, ni las familias, ni la comunidad educativa, que defienden unánimemente un recurso que consideran esencial para la convivencia y la integración.

Talayuela es una localidad marcada por las dinámicas migratorias vinculadas al desarrollo agrícola desde finales de los años noventa. El tabaco, el espárrago o el pimiento atrajeron a cientos de trabajadores marroquíes que, con el tiempo, se asentaron con sus familias. Hoy, alrededor del 40% de la población es de origen marroquí, una realidad estable y normalizada que forma parte de la identidad del municipio.

El programa cuya eliminación se plantea para el próximo curso no supone coste alguno para la Junta de Extremadura ni para el Gobierno central. Se financia íntegramente a través de un acuerdo bilateral con Marruecos, que mantiene a los dos docentes que trabajan en Talayuela, uno en cada centro educativo público. Pese a ello, su futura supresión ha generado un rechazo generalizado entre los centros y sus familias, que subrayan que su valor va mucho más allá del aprendizaje lingüístico.

Uno de los colegios afectados es el CEIP Juan Güell, con unos 230 alumnos, de los cuales cerca del 40% son de origen marroquí. En el CEIP Gonzalo Encabo, más antiguo y con más de 400 estudiantes, la proporción asciende al 60%. “Es un recurso fundamental para facilitar la adaptación del alumnado que llega nuevo y para mejorar la relación con las familias”, explica su director, Luis Alfonso Corrales. La retirada del programa, advierte, obligará a los centros a asumir esas funciones con menos medios. “Cualquier recurso que se elimina y que está demostrado que beneficia al alumnado es una pérdida”.

Corrales considera que la medida parte de un “desconocimiento total” de la realidad educativa del municipio. “La mayoría de nuestro alumnado ha nacido ya en España y sus familias llevan más de 20 o 30 años aquí, trabajando y cotizando”. Le sorprende que un programa que solo afecta a un pueblo y a dos colegios aparezca en un acuerdo regional. “No le encuentro el sentido”.

El director insiste en que las clases no tienen ningún contenido religioso ni político. “El profesorado no quiere saber nada de religión islámica, ni de política, ni de nada. Hay un punto en el convenio que indica precisamente que se debe informar sobre las leyes y la normativa española para que el alumnado y sus familias la conozcan y la respeten”. La convivencia en el centro, asegura, es “total”. “Aquí no hay niños españoles ni marroquíes, simplemente hay niños y niñas”. Se emociona al recordar casos de alumnos que llegaron sin conocer el idioma y hoy han prosperado, como una estudiante que ahora ejerce como abogada. “Si conocieran lo que hacemos, no quitarían estas clases”.

La comunidad musulmana del municipio comparte la preocupación. Youssef Meziane Yaala, uno de sus representantes, recuerda que Talayuela recibió en 2004 el Premio de Extremadura a la Integración. “Nunca han sido un problema estas clases; al contrario, ayudan a que haya una mejor convivencia en los colegios”. Subraya que la evolución positiva del municipio es fruto de la colaboración entre todos los tejidos sociales.

Recurso clave

En el CEIP Juan Güell, su director, Regino Regidor, defiende la continuidad del programa como un recurso “clave” para el centro, que además no solo beneficia al alumnado de origen marroquí: en su colegio al menos cinco familias españolas han inscrito a sus hijos en esta actividad extraescolar. “Es una herramienta de apoyo tanto académica como social. Facilita la vida en el centro, refuerza la acogida del alumnado recién llegado, la mediación familiar y la convivencia escolar”. Actualmente, unos 50 niños y niñas participan en las clases de tarde, mientras que por la mañana el profesorado del programa colabora en tareas de integración y acompañamiento lingüístico. “Hay niños que llegan sin conocer el idioma y este recurso permite trabajar el vocabulario básico y acompañarles en sus primeros pasos en España”.

Regidor rechaza que el programa tenga un carácter segregador. “No se trata de religión en absoluto, sino de integración”. Y lamenta la falta de información oficial por parte de la Junta. “No estamos de acuerdo con una medida que perjudicará al centro”. En los próximos días se reunirá el consejo escolar para analizar la situación y decidir qué pasos dar si finalmente se confirmara la supresión de la extraescolar de Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí. “Además, nadie se ha puesto en contacto con nosotros para informarnos de nada”, se lamenta.

Se da la circunstancia de que el alcalde de Talayuela, el popular Óscar Baños, gobierna gracias a los apoyos de Vox y Extremeñistas. Pese a que la medida afecta de forma directa a sus vecinos y vecinas y a la convivencia en el municipio, evita fijar una posición pública. Ante las preguntas de elDiario.es Extremadura, Baños se limita a remitir al Ejecutivo regional, “que es quien ha tomado esta decisión”, sin entrar a valorar el impacto que tendrá en los dos colegios del municipio.

Mientras tanto, en Talayuela crece la sensación de que se está legislando desde lejos, sin conocer la realidad de un pueblo que lleva décadas construyendo convivencia y de una actividad que beneficia a unos y otros. Una convivencia que, según quienes la sostienen día a día, no se fortalece eliminando recursos, sino manteniéndolos.