A la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, le espera un inicio de curso político entretenido. Después del verano, no solo los políticos vuelven de vacaciones, también los juzgados. Y en el caso de la líder del PP son varias las causas que afectan a su entorno y que avanzarán en los próximos meses: desde el caso de su pareja, Alberto González Amador, hasta el de algunos de sus alcaldes más próximos, como los de Móstoles o de Alcalá de Henares. Ahora también se ha añadido la polémica compra de un ático por parte de la Comunidad de Madrid por 6,3 millones de euros y que tanto particulares como partidos políticos han denunciado. Estos son los casos que evolucionan en los juzgados de Madrid y que pueden sumar más presión a la líder madrileña:

Una jueza vuelve a pedir una macrocausa para las residencias

Las muertes de ancianos en las residencias durante la pandemia de la COVID-19 en la Comunidad de Madrid y los conocidos como “protocolos de la vergüenza” siguen persiguiendo a Ayuso. Hace solo unos días una jueza ha vuelto a pedir una macrocausa para investigar este hecho. En su escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, rechaza estudiar de forma “fragmentada” la muerte de una anciana, ya que, a su juicio, todas las muertes comparten un “núcleo común”: determinar si se produjo una “exclusión sistemática” de los residentes más dependientes en las residencias.

A finales de junio, un juzgado de Arganda del Rey decidió aplazar la declaración como imputada de la jefa de Geriatría del Hospital Gregorio Marañón después de que fuera señalada como supuesta autora de los protocolos, que acabaron con la no derivación de los ancianos. Carlos Mur, el ex alto cargo de Sanidad de Ayuso que firmó los protocolos, declaró ante la jueza que había sido ella quien los presentó “inicialmente”. Ahora hay varios ex altos cargos imputados: Mur y Francisco Martínez Peromingo, su sucesor como exdirector de Coordinación Sociosanitaria. También está siendo investigado Pablo Busca, responsable en ese momento del SUMMA 112, y Antonio Burgueño, exasesor de Ayuso.

Marea de Residencias, la organización que desde hace más de seis años impulsa los procedimientos judiciales en representación de los familiares de ancianos fallecidos, han ampliado sus acusaciones al delito de prevaricación en hasta 60 juzgados de toda la región.

Alberto González Amador

Todavía se desconoce la fecha en la que se juzgará a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, pero lo que sí se sabe es que no será antes de 2027. El juzgado alega que tiene una “sobrecarga” de trabajo y que por eso se ha dilatado tanto en el tiempo, llevando la posible fecha hasta siete años después de que se cometiera el presunto delito.

Lo que se investigan son dos delitos fiscales y falsificación de documentos después de la inspección de la Agencia Tributaria, que se percató de dos fraudes en dos ejercicios distintos y una trama de facturas falsas que empleó para llevarlos a cabo entre 2020 y 2021.

Fue en noviembre de 2025 cuando la Audiencia de Madrid confirmó que la pareja de la presidenta regional se tendría que sentar en el banquillo después de rechazar dos recursos de Amador. La Fiscalía y la Abogacía del Estado pedían cada uno tres años y nueve meses de cárcel para el novio de Ayuso, sobre el que pesa un informe de 19 meses de inspección.

La alcaldesa de Alcalá de Henares

El próximo 19 de noviembre, la alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, tendrá que acudir a declarar a un juzgado de la localidad por un presunto delito de infidelidad en la custodia de un documento, en este caso por filtrar supuestamente informes policiales en 2024.

Ese año, la presidenta autonómica acudió al municipio a criticar los problemas que, según aseguraba, habían ocasionado un grupo de migrantes que el Gobierno central había destinado a un centro de acogida de la zona. Entonces, Ayuso acusó sin pruebas a las personas inmigrantes de haber cometido agresiones sexuales, e incluso de haber producido un brote de sarna.

Después de estas declaraciones, el delegado del Gobierno en la capital aseguró que había “ninguna investigación” sobre esto. El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, publicó un tuit en el que acusaba al primero de mentir y ahí adjuntaba una fotografía de una nota policial con una denuncia de una mujer sobre una “agresión” en diciembre de 2023.

En el auto que coloca a Piquet al borde de sentarse en el banquillo de este mes de agosto, se recogen unas declaraciones que presuntamente habría dicho la alcaldesa: “Hay que salvar a la Presidenta. Hay que salvar a la Jefa”.

El alcalde de Móstoles

El pasado mes de julio, la jueza imputó a Manuel Bautista, denunciado por una exconcejala de su propio partido por acoso sexual y laboral. La fecha para su comparecencia está fijada para el próximo 9 de octubre y ese mismo día también tendrán que declarar cinco testigos vinculados. La magistrada rechazó archivar la causa como pedía el alcalde al entender que las acusaciones son “claramente constitutivos de ilícito penal”.

Después de que la jueza decidiera mantener la causa, Ayuso respondió así ante la pregunta de si continuaba apoyándole: “Está siendo ahora mismo acusado por algo que nadie ha demostrado diferente. Nadie ha demostrado nada que no sea una disputa laboral, que es lo que siempre fue. Por tanto, ¿cómo no voy a defender su trabajo y compromiso por Móstoles?”.

Además, la baronesa del PP aplaudió públicamente el trabajo de Bautista: “No voy a aplicarle la justicia de autor a una persona que he puesto ahí para que gobierne como lo está haciendo”, dijo.

La compra del ático

A todo esto se suman los avances judiciales de las causas que investigan la polémica compra del ático de lujo comprado por la Comunidad de Madrid por 6,3 millones de euros y que aumentan la presión política sobre la presidenta regional.

El pasado 10 de agosto, la Fiscalía envió cuatro denuncias por el ático al juzgado de la capital que investiga el caso. El Ministerio Público remitió la “documentación” presentada por el PSOE y por tres particulares en sus denuncias y este martes supimos que tanto los socialistas como Más Madrid se han personado como acusación popular. Ahora será el juzgado de instrucción número 8 de la capital el que decidirá si admite las denuncias a trámite o no.

Mientras, de forma paralela, el partido de Mónica García ha presentado una denuncia al Tribunal de Cuentas al considerar que puede existir “menoscabo” de dinero público en la operación llevada a cabo por la empresa pública Planifica Madrid.

La crisis en Ceuta está abriendo innumerables grietas en el Gobierno. A la falta de una respuesta institucional suficiente y a tiempo, la defensa de la colaboración con Marruecos por parte del presidente Pedro Sánchez, y la instrumentalización de las personas migrantes más vulnerables, se suma ahora la polémica por un informe policial que señala la implicación de las fuerzas de seguridad marroquíes en la entrada masiva de hace un mes. El resultado son enfrentamientos y contradicciones entre instituciones, ministerios, socios de Gobierno y la propia ciudadanía.

Analizamos cómo puede afectar esto al Gobierno y al PSOE en pleno año electoral, en qué lugar deja al Ministerio del Interior y qué reacciones políticas y ciudadanas está provocando en nuestro primer “Nido de Rojos” de la temporada con Íñigo Sáenz de Ugarte, subdirector de elDiario.es, Antonio Maestre, periodista y escritor, que colabora en medios como Eldiario.es, La Sexta, o La Marea, y Ana María Pascual, responsable de información judicial en Público.

Y también abordamos qué se esconde detrás de la compra por parte de la Comunidad de Madrid de un ático en Chamberí por 6,3 millones de euros con el periodista David Fernández, autor de Ayuso: Zancadillas, intrigas y venganzas en la Corte de Madrid'.

La actualidad sigue pasando por Ceuta, por Marruecos y por un encendido Congreso de los diputados en el que la derecha pide el adelanto electoral. Eso no es una novedad, y no parece que vaya a alterar los planes de Pedro Sánchez: agotar las vías para presentar presupuestos y que las elecciones generales sean en 2027. Las elecciones serán, como máximo, el 22 de agosto del año que viene. Pero todos sabemos que serán antes. ¿Cuándo exactamente? ¿Antes o después de las municipales y autonómicas del 23 de mayo? ¿Quién gana con cada una de las variables?

Abordamos el calendario del curso político con el director de elDiario.es, Ignacio Escolar.

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Anticapitalistas comienza a perfilar su proyecto político de cara a las elecciones municipales y autonómicas de 2027 en la ciudad y la Comunidad de Madrid. La organización trasladó el pasado 29 de agosto en un comunicado su intención de abrir un proceso para explorar la posibilidad de impulsar una candidatura, intentando seguir los pasos del reciente éxito de Adelante Andalucía en los últimos comicios autonómicos celebrados. Ahora ese plan tiene nombre: Liberar Madrid.

Así lo han revelado mediente el lanzamiento de una página web, que incluye las primeras imágenes y eslóganes con los que impulsar el proyecto, así como una identidad gráfica marcada por el negro y el amarillo. “Liberar Madrid es una iniciativa impulsada por Anticapitalistas, personas independientes y activistas sociales y sindicales, que nace con el objetivo de construir una candidatura para las próximas elecciones autonómicas y municipales en la Comunidad de Madrid”, recoge el portal.

“Nuestro objetivo es echar a las derechas, sin renunciar a nada. Necesitamos un nuevo impulso que sea capaz de superar la desafección y las decepciones causadas por la izquierda vinculada al Gobierno central. Por eso queremos construir una izquierda nueva, emancipadora, de confianza y que no renuncie a nada”, añaden.

La web incluye un formulario para sumarse a la participación en esta nueva iniciativa, así como un calendario de eventos. El primero tendrá lugar el 24 de octubre a las 12.00, en el Teatro Sofía (número 70 de la calle Gran Vía), con el título Liberar Madrid de Ayuso y Almeida. Otros eslóganes hablan de Liberar Madrid para la clase trabajadora, para vivirla, del reino del mercado (con una foto de Florentino Pérez o la Fórmula 1), del sionismo genocida o de la dictadura del rentismo .

En su comunicado del pasado fin de semana, la organización puso el foco en la larga hegemonía del Partido Popular en Madrid, que gobierna la Comunidad “ininterrumpidamente” desde 1995 y el Ayuntamiento de la capital desde 1991, a excepción del mandato de Manuela Carmena entre 2015 y 2019. La formación cree que deben “trabajar para echarles” sin resignarse “a un mal menor” y ha declarado que “la compra del ático de Ayuso es solo el último ejemplo de su forma de pensar”: “Sienten que Madrid les pertenece”.

Anticapitalistas formó parte del lanzamiento de Podemos y de la conformación de Ahora Madrid, embrión del actual Más Madrid, aunque acabó por abandonar ambas organizaciones después de importantes desavenencias. En 2019, integraron la candidatura Madrid En Pie Municipalista, que acabó sin representación. Su trayectoria es similar a la de Adelante Andalucía. No en vano la fundadora de esa organización, Teresa Rodríguez, fue una de sus principales y más mediáticas figuras a nivel estatal.

“Yo no visito los inmuebles, salvo que sea un inmueble en el que vaya a trabajar”, ha explicado este jueves el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ante las preguntas sobre su valoración sobre la visita de la presidenta regional al ático que adquirió la Comunidad en Chamberí por 6,3 millones de euros.

“Parece lógico y razonable que si es un inmueble en el que voy a trabajar durante un tiempo, porque va a haber obras aquí en el Palacio de Cibeles, sí me parecería lógico y razonable que pudiera visitar el inmueble y poder conocer las condiciones”, añadía el regidor haciendo un paralelismo entre esta situación que argumentó Isabel Díaz Ayuso para justificar la compra del ático, situado frente a su casa familiar.

Almeida añadía, en declaraciones a los medios después de la Junta de Gobierno de este jueves: “Yo creo que todo el mundo, cuando adquiere un inmueble para oficina, lógicamente lo visita a ver cuáles son las condiciones”. El ático adquirido por la Comunidad de Madrid, sin embargo, no puede ser legalmente destinado a oficinas, como ya indicó el propio Ayuntamiento de Madrid al inicio de la polémica.

El alcalde, no obstante, considera que esta visita de Ayuso, confirmada el miércoles después de una pregunta de elDiario.es, “tampoco tiene más importancia, yo creo que esto va en la línea de seguir estirando el chicle, a ver si de esta manera llegan a las elecciones y no tienen más el programa electoral que este”.

Isabel Díaz Ayuso apuntó en agosto a la Consejería de Presidencia para dar información sobre la polémica compra del ático de 6,3 millones de euros de su gobierno. Durante una de sus ruedas de prensa del verano, la presidenta de la Comunidad de Madrid aseguró que Planifica Madrid, la empresa pública encargada de la operación, “a lo largo de todo el año compra y vende inmuebles” y añadió: “Y de ello no tengo la menor idea porque no es mi competencia saberlo”. Sin embargo, más de un mes después de que saliese a la luz la compra, fuentes cercanas a Ayuso han confirmado que la presidenta fue a visitar el inmueble después de que la Comunidad se hiciera con él.

Este miércoles, por primera vez, se ha conocido la presencia de la líder madrileña en el ático de la calle General Martínez Campos, en Chamberí, y que ahora está en venta por casi 6,7 millones de euros. Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz, consejero de Presidencia y presidente de Planifica Madrid, respondía así a la pregunta de si Ayuso o su entorno fueron a ver el ático: “Lógicamente, cuando se compra un inmueble obvio que se visita”.

Tras la respuesta, fuentes cercanas a Ayuso confirmaron que la presidenta sí estuvo en el inmueble “una vez que la Comunidad lo había adquirido” y que “se dejó para finales de octubre la decisión de qué hacer respecto al traslado con las obras de Sol. Fue a visitar una posibilidad. No una decisión”, precisan estas fuentes. Cuando saltó a la luz, el Gobierno de Ayuso argumentó que se iba a utilizar este ático para mantener reuniones mientras durasen las reformas en la sede del Ejecutivo autonómico, a pesar de que la normativa del Ayuntamiento de la capital impide convertir el inmueble en oficinas y, según la misma, solo podría destinarse a vivienda, ya que en esa parte de la ciudad no se puede implantar ni oficinas ni servicios por encima de la planta baja o la primera de cualquier edificio.

La presidenta aseguró en su primera declaración tras conocer la información que se trataba de una “campaña de desprestigio”, que no era para ella y que todavía se desconocía si ella iría a la Consejería de Presidencia o la de Transportes, y eran los consejeros los que se moviesen al ático durante las obras. “Se compran y se venden inmuebles, se alquilan y se dejan de alquilar (...) en estos mismos meses me consta que está habiendo muchas ventas de otros inmuebles y otras oficinas”, añadió. “La compra sé que es reciente”, dijo después.

Se desconocen más detalles en torno a esa visita posterior de la líder madrileña, pero lo que sí es obvio es que Ayuso no desautorizó la operación, y el proceso continuó hasta este pasado mes de julio, cuando a finales de mes El País publicó la primera información sobre que la Comunidad habría adquirido un ático de más de 400 metros cuadrados y terraza. A pesar de que la compra fue en abril, solo un día después de que la prensa se hiciera eco se decidió poner a la venta el inmueble, según dijo el equipo de Ayuso, para dedicar el dinero a la reconstrucción tras los incendios.

Este verano, durante sus intervenciones públicas, la baronesa del PP ha insistido en que Planifica Madrid se dedica a vender y comprar inmuebles, y ha enmarcado esta operación como una más de la empresa pública. Sin embargo, por el momento se desconoce si Ayuso suele visitar estos inmuebles, como el inmueble de Gran Vía que la empresa pública lleva tiempo intentando enajenar y que ahora ha vuelto a poner en venta más caro que hace un año cuando no logró venderlo.

Antes de firmar el contrato de compra, alguien del equipo de Ayuso fue a visitar el ático, aunque las mismas fuentes del entorno de la presidenta remiten a preguntar en Presidencia. “Nadie compra a ciegas un inmueble”, aseguran, pese a que ahora la Comunidad de Madrid no permite visitar el ático para su compra. Por su parte, desde Presidencia confirman que fue “una persona del equipo de la Consejería”, aunque sin detallar quién. “Planifica gestiona patrimonio”, añaden las mismas fuentes.

La Consejería de Presidencia coordina a todas las consejerías y es la más cercana a la presidenta autonómica. Miguel Ángel García Martín, el también portavoz y presidente de Planifica Madrid, lleva esta cartera y fue señalado por Ayuso durante una rueda de prensa para dar más información sobre la operación. “Lo que no se dice es que Madrid no tiene una residencia oficial para la presidenta, que sí la tienen muchos presidentes autonómicos y sí la tienen muchos ministros”, dijo García Martín en otra comparecencia posterior.

El caso avanza en los juzgados

Mientras, el caso avanza en los juzgados: tanto PSOE como Más Madrid se han personado como acusación popular. “Los hechos evidencian lagunas e irregularidades procedimentales al tratarse de hechos que afectan a la administración pública en relación con su patrimonio”, indicaban los socialistas, mientras que los de Mónica García veían “indicios” de que la operación se llevó a cabo “sin ajustarse al procedimiento legalmente establecido”.

Más Madrid también ha acudido al Tribunal de Cuentas al considerar que la compra puede suponer un posible “menoscabo” de dinero público. El portavoz y consejero de Presidencia ha zanjado estos pasos de la oposición: los ha acusado de intentar encontrar “fantasmas” y ha asegurado que cada vez que acuden a los tribunales contra el Gobierno de Ayuso, los casos nunca prosperan.

Pero septiembre acaba de empezar y con él, la vuelta a la normalidad institucional y política. Solo este mes se espera la comparecencia de García Martín, que a petición propia explicará en la Asamblea de Vallecas la operación del ático, y el Debate del Estado de la Región, que se producirá la próxima semana y que se espera centrado en esta última polémica, todavía con incógnitas por resolver.

Un juzgado de Navalcarnero ha rechazado investigar de forma aislada la muerte de una anciana en una residencia durante la pandemia y ha reclamado la apertura de una macrocausa sobre los protocolos de no derivación aplicados en las residencias de Madrid durante la pandemia. La jueza considera que las investigaciones no deben abordarse de forma “fragmentada”, ya que todas comparten un “núcleo común”: determinar si se produjo una “exclusión sistemática” de los residentes con menor movilidad o mayor grado de discapacidad en las residencias madrileñas. Asociaciones como Marea de Residencias cuantifican en más de 7.000 las muertes provocadas por esos protocolos en esos centros entre marzo y abril de 2020.

Así consta en un auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, y en el que la jueza responde a otra resolución de un juzgado de Madrid que pretendía separar los procedimientos por tratarse de víctimas, patologías y residencias distintas. La magistrada alega que aunque concurren “múltiples víctimas con diversas patologías”, el núcleo de la investigación en todos los casos es la aplicación de los protocolos en los que se basó su derivación o no a centros hospitalarios.

“No debe partirse de una valoración fragmentada de cada víctima sino que lo que debe es determinarse si objetivamente los protocolos de derivación hospitalaria en residencias incorporaban sesgos discriminatorios que pudieran haber condicionado de manera generalizada la asistencia sanitaria disponible”, recoge el auto.

Desde Marea de Residencias, quien ha llevado a los tribunales alguno de estos casos, considera que la resolución de la jueza de Navalcarnero es “una gran noticia”. “Venimos diciendo desde el minuto uno que los protocolos fueron la causa común que propició la gran tragedia, independientemente de las circunstancias personales, de enfermedad o de residencias concretas de cada residente”, apuntan a elDiario.es fuentes de la asociación.

Un asesor de Isabel Díaz Ayuso fue a visitar el ático de Chamberí antes de la adquisición y la propia presidenta acudió también, pero después de que la Comunidad de Madrid lo comprara por 6,3 millones de euros, según ha avanzado el entorno de la líder madrileña a El País y ha confirmado posteriormente elDiario.es. Este mismo miércoles el Gobierno autonómico había reconocido a preguntas de elDiario.es que la presidenta o alguien de su equipo fueron a visitarlo. El portavoz de la Comunidad de Madrid y presidente de la empresa pública Planifica Madrid, Miguel Ángel García Martín, ante la pregunta de si la líder madrileña o alguien de su equipo fue a visitarlo previamente, el consejero ha respondido: “Lógicamente, cuando se compra un inmueble obvio que se visita”.

elDiario.es había preguntado previamente al jefe de Despacho de la presidenta regional, Álvaro Sanz, si fue él quien visitó el ático antes de la firma en abril, pero no obtuvo respuesta. Precisamente en el mes de abril, elDiario.es publicó en exclusiva que Ayuso había utilizado a Sanz para negociar la compra de un nuevo piso en Madrid, un cargo público que gestionó visitas y ofertas para la adquisición de un piso en Chamberí de 850.000 euros. Sin embargo, fuentes del entorno de Ayuso niegan directamente que Álvaro Sanz lo hubiese visitado en algún momento y remiten a la Consejería de Presidencia: “No se pueden comprar inmuebles sin visitarlos”, indican. Fuentes de Presidencia confirman que quien fue a ver el ático antes de la compra pertenece a la Consejería y aseguran que el motivo es que Planifica Madrid “gestiona patrimonio”.

“Se dejó para finales del mes de octubre la decisión de qué hacer respecto al traslado de las obras de Sol. Fue a visitar una posibilidad. No una decisión”, precisan fuentes cercanas a Ayuso sobre las visitas.

Otra fuente del entorno de la presidenta autonómica asegura que “se ha demostrado que es mentira” que la Comunidad de Madrid comprara un inmueble a Ayuso: “La presidenta tiene su propio alquiler. La comunidad nunca le compró un piso a la presidenta”, indican a elDiario.es.

Este miércoles se ha producido la rueda de prensa posterior al primer Consejo de Gobierno tras el verano, unos meses convulsos para el Gobierno autonómico y marcados primero por los incendios de la Sierra Oeste y, posteriormente, por el escándalo de la operación, sobre la que todavía quedan detalles por conocer.

Sobre esos detalles se le ha preguntado al portavoz: quién dio la orden de comprar el inmueble, para qué lo necesitaban, si lo que buscaban era una oficina por qué acudieron a una inmobiliaria de lujo, entre otras cuestiones. García Martín, que comparecerá a petición propia en la Asamblea de Vallecas para dar cuenta de la polémica, se ha limitado a insistir en que “han estado mintiendo durante el mes de agosto diciendo que la Comunidad de Madrid había comprado un apartamento para la presidenta, lo cual se ha demostrado que es rotundamenta falso”.

El también consejero de Presidencia ha asegurado que el Gobierno “a diferencia de otros, no ha parado ni un solo día” con la reconstrucción tras los incendios y ha dicho que llevan “todo el mes de agosto dando explicaciones” sobre el ático.

A la pregunta de elDiario.es sobre por qué se exigió confidencialdad durante la compra, ha indicado que esa cuestión “también ha sido contestada” y que “en todas estas operaciones se pide confidencialidad”, a pesar de ser una compra a través de una empresa pública como es Planifica Madrid, adscrita a la Consejería de Presidencia.

La vendedora accede a que se conozcan detalles

La vendedora del ático para el Gobierno de Ayuso, Astrid Gil-Casares, aceptó la semana pasada que se difundieran detalles de la compra después de que Transparencia alegara que no podía compartir el expediente de compra u otra información porque esta afectaba a “terceros” y estos tenían que dar el visto bueno.

Ahora, una vez que la vendedora ha accedido, Transparencia de Planifica Madrid ya podría ofrecer estos detalles. Sin embargo, en el expediente no aparecería quién ha visitado el ático.

Esta historia no comienza en julio de este año, cuando descubrimos que la Comunidad de Madrid ha comprado un ático de más de 400 metros. Empieza en la primavera de 2024, cuando elDiario.es destapa que Alberto González Amador, la pareja de Ayuso, tenía una trama de facturas falsas y empresas pantalla para defraudar a Hacienda… y que la presidenta y su pareja viven juntos en un ático, pagado por él, a su nombre, y de más de un millón de euros. En ese momento, Ayuso dice esto: yo no vivo en una vivienda oficial ni pública pagada por todos ustedes.

A raíz de la crisis de este verano, el ático que paga la Comunidad de Madrid se pone a la venta, porque se descubre que solo puede ser, legalmente destinado a vivienda, no a oficinas. Esta historia sobre viviendas, áticos de lujo, inmuebles que cuesta una millonada al erario público acaba donde empezó. Es circular, porque volvemos al primer ático, el que compró su pareja después del fraude fiscal… Está ahora a la venta.

¿Será este caso un punto de inflexión en las aspiraciones políticas de Ayuso? ¿O simplemente será una historia de verano? Lo analizamos con los periodistas de elDiario.es África Gelardo y Aitor Riveiro.

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Cuando a mediados de junio Roberto celebraba los buenos resultados en su prueba de selectividad, todavía a cientos de kilómetros de la Facultad de Sociología y Políticas de la Universidad Complutense en Somosaguas, no era consciente de que la Comunidad de Madrid ultimaba una medida que le iba a complicar la nueva etapa a punto de comenzar.

Este estudiante de Relaciones Internacionales, andaluz de apenas 17 años, se ha encontrado con un inesperado contratiempo económico en sus cuentas (y en la de sus padres): no puede acceder al abono joven ni a ningún título de transporte personal, salvo que se empadrone en una ciudad a la que acaba de llegar. Una medida anunciada antes del verano por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que afecta a miles de personas migrantes, tanto nacionales como de otros países. Entre ellos, miles estudiantes que ahora empiezan a llegar a la región.

“La verdad es que es un poco lío. No sé muy bien lo que estoy perdiendo porque todavía no me ubico ni en cómo funciona el propio Metro, pero grupos de WhatsApp han comentado que ahora vamos a tener que pagar bastante más por el transporte. También que antes te podías mover lo que quisieras y eso de los viajes infinitos se nos va a acabar”, cuenta Roberto en conversación con Somos Madrid.

Mayor gasto cuanto más lejos viva o estudie el alumnado

Según los cálculos de este medio, los menores de 26 años no registrados como habitantes de la región o municipios de provincias limítrofes con acuerdos verán cómo su dispendio en Metro, buses y Cercanías se multiplica por hasta seis veces con la nueva normativa de la Comunidad de Madrid. Esta cifra solo tiene en cuenta los trayectos por clases, sin considerar otras actividades académicas, personales o socioculturales.

La situación empeora y se encarece para quienes deban contemplar desplazamientos a otras zonas tarifarias porque estudien o vivan fuera de Madrid capital (zona A1). También para quienes recurran a la intermodalidad por la necesidad de tomar más de un medio de transporte para cubrir los viajes (por ejemplo Cercanías + bus interurbano).

Susana, que empieza Comunicación Audiovisual en el campus de Fuenlabrada de la Universidad Rey Juan Carlos, lamenta esta nueva coyuntura: “Si lo sé, elijo otra uni”. En su caso, ha conocido el efecto de esta modificación normativa hace pocos días, con un ya inminente inicio de las clases. Entre las alternativas por las que habría optado piensa sobre todo en el campus de Vicálvaro del mismo centro o en la Facultad de Ciencias de Información de la Complutense, ambos situados en la ciudad de Madrid (zona A1) y donde, por tanto, el incremento del gasto no sería tan acusado. “Fuera de la Comunidad de Madrid no creo que hubiese ido. Me apetecía mucho venirme y tengo familia aquí”, comenta esta alumna extremeña.

Los actuales 10 euros al mes (90 para un curso de nueve meses), se convertirían en 29,20 euros al mes (262,80 al año) para un estudiante que se desplace cinco días por semana al campus y regrese a casa otras cinco veces. Si alguien debe alternar autobús y Metro para ir a clase, lo que le ocurre a Roberto en el campus de Somosaguas (al que hay que llegar en bus desde Moncloa), en el contexto anterior destinaría la misma cifra a transporte, ya que la cantidad era independiente al número de viajes. Ahora, gastan dos viajes a la ida y otros dos a la vuelta, cuatro al día. Con ello, jóvenes como Roberto que el curso pasado cubrían sus idas y venidas a la universidad por 90 euros al curso pasarán a abonar 525,60 euros (casi seis veces más).

Para más inri, muchos bonos de 10 viajes no funcionan para otros medios de transporte. Por ejemplo, el de Metro no suele operar en Cercanías o buses interurbanos. Tampoco al revés. Esto explica por qué en la mayoría de grandes sistemas metropolitanos del país (Barcelona, Bilbao, València o Sevilla) la acogida a los títulos personales de transporte está abierta toda la población, con independencia del padrón, que sí exigen algunos municipios de una menor entidad con una red no tan interconectada.

El escenario puede empeorar aún más si se retiran las bonificaciones al transporte, que rebajan un 50% el bono joven y un 40% el de diez viajes. Esta última es a priori la alternativa más utilizada por los no empadronados ante el veto de Ayuso y a la que han recurrido la mayoría de jóvenes con las que ha conversado este diario.

Si acabaran estas ayudas, cuya continuidad es incierta cada año, el gasto para quien mantenga el bono joven pasará a 20 euros mensuales y 180 por curso. Con los abonos de diez viajes, incluidos en la tarjeta Multi (que no es unipersonal), el dispendio será de hasta 48,80 euros al mes y 439,20 por curso. Y si es necesario hacer varios transbordos, el coste se eleva hasta los 878,40 euros (multiplicándolo prácticamente por cinco).

La alternativa es empadronarse en una ciudad que todavía desconocen, donde en palabras de Roberto aún no se sitúa. Él, por el momento, lo descarta: “A lo mejor lo pienso si veo que es mucho dinero, lo tendría que mirar con mis padres. Al final tengo el médico en casa y creo que para la beca también influye dónde estás empadronado”, comenta.

Susana no quiere ni pensarlo: “No sé, ya hemos tenido bastante trámite con la matriculación y con el cambio de expediente. De primeras me tengo que situar en mi clase, con los horarios y en Madrid”. Borrarse del padrón en la localidad de origen es todavía más comprometido para residentes en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla porque perderían descuentos de hasta el 75% en vuelos desde y hacia sus puntos de origen.

Un problema para los jóvenes... y para sus familias

Por suerte para Susana ella se queda en un piso familiar, pero Roberto debe afrontar este nuevo dispendio mientras afronta un alquiler “por las nubes”, en torno a 500 euros mensuales por una habitación en Argüelles. “Mis padres trabajan los dos, pero al final somos una familia humilde y cualquier gasto añadido nos va a complicar las cosas. En verdad más a ellos que a mí, porque sé que se van a preocupar de que no me falte de nada”, dice.

De hecho, a nivel particular le inquieta más la pérdida de libertad para desplazarse: “Es una bajona tener una tarjeta que se paga por número de viajes. Ya no es solo gastarte más, sino saber que si un día te apetece salir a lo mejor por ese gasto extra te lo piensas”. Susana lamenta que ahora será “más complicado” dedicar algún finde a “escapadas con amigos para conocer Alcalá de Henares o Aranjuez, que son sitios que me apetece mucho conocer”.

Mis padres trabajan los dos, pero al final somos una familia humilde y cualquier gasto añadido les va compliar las cosas. En verdad más a ellos que a mí, porque sé que se van a preocupar de que no me falte de nada

Pero no todos los jóvenes afectados son recién llegados y estudiantes. Es cierto que quienes adquirieron un título personal antes del cambio normativo pueden disfrutar de él hasta que necesiten uno nuevo por extravío o caducidad (que se produce a los diez años de la expedición), pero la inquietud está ahí. Pablo, informático de 25 años natural de Soria, dispone de una tarjeta virtual en su teléfono móvil (otra reciente movilidad de la red). El Consorcio Regional de Transportes (CRTM) ha asegurado a este medio que el paso al digital no interrumpe el proceso de caducidad, por lo que en pocos años deberá decidirse tirar con títulos de 10 viajes o sumarse al padrón: “A ver qué pasa, es probable que tenga que empadronarme, aunque no tenía pensado hacer nada más allá de sentirme viejo cuando pierda el bono joven”.

La Consejería dice que “sigue trabajando” en acuerdos con las comunidades

Ante la polémica suscitada por la medida, Ayuso insistió en que los cambios no afectarán a “los usuarios de provincias limítrofes” con las que la Comunidad tiene “convenio”, en concreto zonas de Castilla-La Mancha como Guadalajara o Toledo y de Castilla y León como El Espinar. Además, anunció que su Ejecutivo trabajaría en “promover acuerdos con más regiones” para los jóvenes universitarios, pero estos no se han concretado en el inicio del curso y de momento los estudiantes de todo el país sufrirán la novedad.

Fuentes de la Consejería de Transportes indican a Somos Madrid que “se sigue trabajando” en dichos compromisos con otras autonomías. Insisten en que “el empadronamiento responde a una medida adoptada en cumplimiento de la legalidad vigente, no a una decisión discrecional de la Comunidad de Madrid”. Por tanto, sostienen, “se trata de un requisito que debe cumplirse para acceder al abono joven en las condiciones establecidas”.

Ayuso defendió la iniciativa con este argumento: “El contribuyente madrileño sufraga con sus impuestos el 90% del transporte público, lo use o no lo use”. Sostiene la presidenta regional que “hay que seguir” modernizando este transporte y adaptándolo, lo cual “hay que pagar”. Ante las críticas de la oposición en la Asamblea de Madrid, llevó los reproches más allá: “¿Por qué se puede ir un concierto de Bad Bunny y pagar entre 73 a 540 euros, pero no se pagan las nóminas de los empleados de metro de Madrid, de los ingenieros y de los obreros que están todos los días partiéndose la espalda para hacer ampliaciones del mejor suburbano del mundo?”, preguntó.

La Comunidad de Madrid publicó el cambio el pasado 12 de junio en las normas del CRTM, sin previo aviso y con aplicación inmediata tres días después (un intervalo en el que el portal de nuevas citas para adquirir la tarjeta se mantuvo fuera de servicio). A preguntas de los medios sobre el origen de esta modificación, desde la Consejería de Transportes se remitieron ya en esa primera ocasión a la ley que regula el propio CRTM y que indica literalmente que “solo financiará, con cargo a sus recursos, abonos de transporte de usuarios residentes en la Comunidad de Madrid y otras comunidades autónomas con las que se hubieran suscrito convenios”.

Esta normativa entró en vigor el 1 de enero de 2012, con Esperanza Aguirre al frente del Gobierno regional, pero nunca llegó a aplicarse, ni por la propia Aguirre ni por el resto de presidentas y presidentes autonómicos que la sucedieron. Ayuso decidió aplicarla en medio de una fuerte controversia y en pleno debate sobre la “prioridad nacional” o el “arraigo”, un término este último con el que su Ejecutivo también ha aumentado los periodos de empadronamiento exigidos en adjudicaciones de viviendas públicas.

Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, ha acusado este lunes a Pedro Sánchez de mentir sobre el ático de lujo comprado por la Comunidad de Madrid. Rodríguez ha dicho, en un mensaje de X, que el Gobierno autonómico “nunca compró una residencia para la presidenta”.

“Así que no la han pillado, como él dice. A quien sí han pillado es a su mujer haciendo sucios negocios. Y por eso será juzgada. Eso sí es brutal: van pa'lante”, ha dicho Rodríguez.

El presidente del Gobierno había cargado esta mañana en la Cadena Ser contra la líder madrileña asegurando que había “querido comprarse un aticazo con la pasta de los madrileños” pero que se le había “pillado”, en referencia al ático que la Comunidad compró por 6,3 millones de euros y que iba a ser destinado, según indicó el equipo de Ayuso, para “reuniones” mientras durasen las obras de la sede de la Presidencia en Sol.

Esta operación se produjo el pasado mes de abril, aunque ha salido a la luz este verano. Un día después de que se publicase en prensa, el Ejecutivo regional anunció que se pondría en venta para hacer frente a la reconstrucción tras los incendios de julio. Posteriormente, se ha conocido que durante la compra se exigió confidencialidad a la vendedora y que la Comunidad de Madrid trasladó a la inmobiliaria que buscaba un inmueble de “entre 250 y 400 metros y gran terraza”.

Dudas por el uso del ático

El caso ha dado de qué hablar durante todo el verano y ha hecho que tanto la presidenta como su equipo hayan salido a responder a las preguntas de la prensa. Un ejemplo es el portavoz autonómico, Miguel Ángel García Martín, que a su vez es presidente de la empresa pública Planifica Madrid, adscrita a la Consejería de Presidencia y a través de la cual se llevó a cabo la compra del ático. A principios de este mes, García Martín —después de ser señalado por la propia Ayuso— acusó a la izquierda de “buscar fantasmas” y añadió: “Lo que no se dice es que Madrid no tiene una residencia oficial para la presidenta, que sí la tienen muchos presidentes autonómicos, que la tienen la mitad de los ministros”.

Estas declaraciones, junto a la falta de explicaciones del equipo autonómico sobre cuestiones como quiénes formaron parte de la operación o por qué se seleccionó un inmueble ubicado cerca de la casa familiar de la presidenta, aumentaron las dudas sobre la polémica. Además, en mitad del escándalo, la pareja de la presidenta, Alberto González Amador, puso a la venta el piso en el que vivía con ella por 1,79 millones de euros, el doble del precio por el que lo compró.

Después de que se conociese el anuncio, Ayuso cargó contra quienes intentaban “mezclar” ambos hechos: “Se han dado dos circunstancias a la vez”, dijo en rueda de prensa. Esto, sumado a las informaciones que apuntan a que la presidenta se ha mudado a una urbanización de Puerta de Hierro, ha alimentado las elucubraciones sobre si todavía mantiene una relación con Alberto González Amador, teniendo en cuenta además que en 2027 se le juzgará por presunto fraude fiscal.

En este contexto, elDiario.es ha preguntado a Miguel Ángel Rodríguez sobre si Ayuso y González Amador siguen o no en una relación: “Ventanilla prensa del corazón no respondo”, ha replicado el jefe de Gabinete.

La información en torno a la operación por la que la Comunidad de Madrid compró el ático de Chamberí va cayendo como un gotero desde las primeras noticias, hace ya un mes. Posteriormente, se conoció que había costado 6,3 millones de euros a las arcas públicas y, unas semanas más tarde, se puso en venta por casi 6,7 millones. Según justificaron entonces, el dinero obtenido de esta venta y otras de la empresa pública Planifica Madrid iría dirigido a la reconstrucción tras los incendios. Sin embargo, todavía se desconoce el detalle de la operación y, ante esta falta de transparencia, Más Madrid ha decidido acudir al Tribunal de Cuentas por lo que consideran un posible “menoscabo” de dinero público.

Según argumentan en su denuncia, si se tienen en cuenta otros posibles gastos derivados de este tipo de compraventas y con estas cantidades de dinero, el precio total de compra —incluidos impuestos y otros posibles gastos derivados como los de gestión— podría acercarse mucho al precio de venta que ha decidido establecer la Comunidad de Madrid, lo que podría conllevar una posible “pérdida patrimonial”, según el escrito. Otro de los puntos por los que ven ese “menoscabo” de caudal público es que se ha adquirido un inmueble “innecesario o no idóneo para la finalidad o necesidad pública”. El motivo es que cuando se conoció la compra, el equipo de Isabel Díaz Ayuso aseguró que el ático se destinaría a “reuniones” oficiales mientras durasen las obras de la sede de la Presidencia en Sol. Sin embargo, el inmueble no puede ser oficina debido a la normativa del Ayuntamiento de Madrid.

La líder del partido autonómico y ministra de Sanidad, Mónica García, tiene claro que en este caso “ha habido un deterioro de las arcas públicas manifiestas, más allá de la compra y de la posterior venta”. Ese dinero, explica en declaraciones a elDiario.es, se podría haber invertido en algo distinto: “Estamos otra vez en lo mismo, en una contabilidad perversa por parte de Ayuso y del PP, que utiliza los bienes comunes de todos los madrileños para uso propio, para uso personal”. Sobre la denuncia, García y su equipo esperan que el Tribunal de Cuentas pueda dar “fe de esta pérdida patrimonial” dentro de un procedimiento que califica de “absolutamente irregular y obsceno”: “Los madrileños hemos perdido dinero. Hemos perdido dinero en toda esa transacción de la compra, la venta y todos los intermediarios a los que hemos ido pagando los caprichos y los lujos de Ayuso”.

El partido estima que Planifica Madrid, la empresa pública adscrita a la Consejería de Presidencia encargada de la operación, habría pagado un importe de unos 378.000 euros como Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), al margen de esos 6,3 millones que costó el ático. Esa es otra de las claves que se denuncian: la posibilidad de que la empresa haya “soportado una carga tributaria excesiva”, en comparación con otras entidades que no tienen que pagar ITP.

Pero no solo eso, la cifra también podría aumentar si se tienen en cuenta otros gastos, como los de notaría y gestoría. En total, Más Madrid calcula que serían unos 6,68 millones en total, una cifra que se aproxima a los casi 6,7 millones de euros de venta. “De realizarse la venta por ese importe podría producirse una pérdida patrimonial”, aseguran en el documento, al que ha tenido acceso elDiario.es.

Además, en el documento indican que a ese precio final de venta habría que descontar también los otros gastos adicionales a la venta, así como la comisión de intermediación o los gastos en mantenimientos y seguros. “En caso de vender el inmueble, habrá que determinar el importe neto obtenido por la venta y deducir el coste total de adquisición”. Sin embargo, esto de por sí no tendría por qué suponer un menoscabo de dinero público, sino que se tendrían que analizar otros factores como la utilidad pública o la necesidad de la compra.

Falta de documentación pública

Un mes después de que saliera a la luz la operación firmada en abril, todavía se desconocen detalles relacionados u otros documentos que justifiquen la compra del ático. En el escrito remitido al Tribunal de Cuentas, Más Madrid solicita que el Gobierno autonómico entregue al órgano el expediente de compra del inmueble y otros datos como informes jurídicos y técnicos previos, las escrituras o los extractos bancarios para que pueda “determinar la existencia, cuantía y responsables del eventual alcance o menoscabo”.

Además, otra de las peticiones recogidas en el texto es la de analizar si el ático podía destinarse a oficinas o a esas “reuniones” que argumentó el Gobierno autonómico. Por ello, consideran “determinante” conocer la situación urbanística del ático y la posibilidad de que se destine a “actividades administrativas”.

El partido considera que es necesaria la tramitación urgente del mismo y la “inmediata práctica de las actuaciones” que sean precisas. El motivo que exponen es que la enajenación del ático podría suponer trabas en la investigación de estos hechos. Más Madrid también solicita recabar la documentación necesaria para conocer quiénes formaron parte de la operación, el precio total de la misma, así como “continuar el procedimiento jurisdiccional”.

El pasado 7 de agosto, la Comunidad publicó el anuncio de venta de este inmueble de la calle General Martínez Campos y de otro situado en Gran Vía, por el que pedía 11,8 millones de euros y que llevaba ya tiempo intentando enajenar. El consejero de Presidencia, portavoz regional y presidente de Planifica Madrid, Miguel Ángel García Martín, estimó en unos 20 millones el dinero total que obtendrían de estas operaciones.

Las denuncias y la respuesta de Transparencia

Mientras, las denuncias en torno al ático de lujo se acumulan. El primero en acudir a los tribunales tras la compra fue el abogado Javier Flores, que también interpuso una demanda en el Tribunal de Cuentas al ver “menoscabo” de dinero público.

Tampoco es la primera denuncia sobre la operación que interpone Más Madrid. Solo dos días después de que se conociera, el partido anunció que acudiría a los tribunales apuntando a un posible delito de malversación. Unas semanas después, el PSOE madrileño adelantó que presentarían una denuncia ante la Fiscalía, en este caso contra el consejo de administración de Planifica Madrid. En total, la Fiscalía ya ha enviado a un juzgado de Madrid cuatro denuncias por el ático.

Una constante en las denuncias de los partidos, pero también de particulares, está relacionada con la falta de información pública disponible en torno al caso. Un mes más tarde, todavía faltan datos relevantes que han sido requeridos a través de Transparencia. Hace unas semanas, el organismo argumentaba que no podía ofrecer estos detalles porque la información afectaba “a terceros”, y que estos debían acceder. Este mismo viernes se ha conocido que la vendedora del ático, Astrid Gil-Casares, ha aceptado por escrito que la Comunidad de Madrid entregue esta información.

Hace cuatro semanas, escribí sobre dos temas antes de las vacaciones: la crisis de Ceuta y el ático de Díaz Ayuso. Ahora estamos en las mismas. Pedro Sánchez pensaba que había encauzado la situación. La presidenta de la Comunidad de Madrid creía que podía pasar por encima de la polémica, como ha hecho en otras ocasiones. Ambos estaban equivocados. En el primer caso, porque la tensión en la ciudad no ha dejado de aumentar. En el segundo, porque ni siquiera en su partido se creen sus explicaciones.

Consciente de que la habían pillado, Ayuso se quedó sin vacaciones en la primera quincena de agosto y llevó a cabo una agenda frenética de visitas a zonas afectadas por los incendios con muchas promesas y no menos fotos. Se trataba de multiplicarse para que se hablara de ella en relación a los fuegos, y no del ático de seis millones que se había comprado a costa de los contribuyentes. Pero los periodistas no hacían más que preguntarle por esto último –todos sabían que esas visitas eran puro teatro– hasta que cortó por lo sano y se limitó a eso que se llama declaración institucional, que consiste en que no hay preguntas. 

No contaba con que también le preguntaran por el ático a Alberto Núñez Feijóo. El líder del PP dijo que el Gobierno autonómico “tendrá que explicar por qué compró un local que no se puede destinar a oficina”. Además, comentó que le habían hablado de unas obras previstas en la sede del Gobierno en una reunión en abril que tuvo que ser con Ayuso. La presidenta había dicho que se había enterado de la compra en julio. Era una más de las mentiras con las que habían intentado neutralizar la controversia.

Fue el 23 de agosto. Según Ayuso, estaba todo contado y explicado, pero Feijóo la había desmentido al pedir más explicaciones. Optó por la solución por defecto. Un poco de descaro y a correr. Al día siguiente, ofreció una de las frases del verano. “Está a la venta. Chao, pescao”. Una expresión frívola que parecía venir del típico político que se niega a aceptar que está en problemas. Quizá uno de sus toques personales que funcionan en su electorado, como cuando cambia el acento en los mítines para sonar más cheli, más ma-dri-le-ña. Soy macarra, hago lo que quiero y que le den a los que me critican. Pero con esta polémica ha aparecido la auténtica Ayuso. Su idea era: soy macarra, compro el ático que quiero y los contribuyentes me lo van a pagar. 

La armadura mediática que siempre le ha protegido muestra algunos síntomas de corrosión causados por la fatiga de materiales. En voz baja, en el PP no ocultan que ha sido un verano problemático para ella, que comenzó con un viaje a México, cuyo único fin parecía ser atacar a la presidenta Claudia Sheinbaum y prestar un favor a la oposición mexicana. Una agenda internacional de contactos es lo que se necesita si uno aspira a puestos más altos en el futuro. 

Lo único que ha hecho últimamente es su remedio habitual de sacar a Sánchez en todas las declaraciones a ver si así no se habla del ático. El periodista David Fernández, autor de una biografía reciente de Ayuso, explicaba así lo que piensan algunos en su partido: “Me ha chocado mucho que altos cargos de la Comunidad de Madrid, muy cercanos a Ayuso, me han dicho: 'David, la cagada ha sido monumental y el escándalo que se va a conocer ha sido mayúsculo'”.

El ático que quería comprarse, y para el que sus asesores habían pedido a la inmobiliaria una gran terraza, presenta un flanco que la oposición intentará aprovechar en septiembre. Lo que ya está claro es que el manual básico de Ayuso para todas las crisis no le ha funcionado por primera vez en mucho tiempo. Como le gustan las frases populacheras, se puede comentar que todo le ha explotado en el culo cuando pensaba que eran los demás los que tenían que pagar la factura por sus decisiones. Su plan B siempre ha consistido en multiplicar por diez el plan A. Es lo único que sabe hacer Miguel Ángel Rodríguez.

Ceuta necesita ayuda, no más odio

Hace un mes, el Gobierno pensaba que había pasado lo peor en Ceuta con el regreso de la inmensa mayoría de las decenas de miles de personas que habían entrado en territorio español. Gran error. Semanas después, reconoció que las cosas no habían salido como esperaba con la decisión de poner en marcha un mando único para afrontar la crisis y poner al ministro Ángel Víctor Torres al frente. Había transcurrido casi un mes desde el asalto a la frontera, uno en que las víctimas fueron el centenar de personas que perecieron ahogadas. Segundo error. Debería haber hecho eso el primer día, porque la situación superaba en mucho las capacidades del Gobierno ceutí. 

El tercer error se produjo cuando el Gobierno no fue capaz de ofrecer una versión única sobre la actuación del CNI. La ministra Robles dijo que los servicios de inteligencia habían avisado del riesgo de una entrada masiva: “Si hay informes, si no hay informes... Los servicios de inteligencia operan de muchas maneras. No hace falta muchas veces ir a informes manuscritos”. ¿Manuscritos? Espero que no los redacten a mano y que el CNI tenga ordenadores. Marlaska lo negó: “No había ningún informe que atisbara que el 30 de julio iba a acontecer lo que sucedió”. 

Hay un cuarto error que no está en lo que se hizo o no desde el Gobierno, sino en las declaraciones. Sabiendo que no sale ganando si adjudica toda la culpa a Marruecos, algo de lo que siempre han sido conscientes los gobiernos españoles, ha llegado demasiado lejos en el intento de exculpar al régimen de Rabat. Marlaska volvió a llamar esta semana “socio leal” a Marruecos. “Las autoridades marroquíes han interceptado en lo que va de año más de 2.700 salidas irregulares marítimas hacia las costas españolas”, dijo. Esto último es cierto, pero el Gobierno no puede pretender que la opinión pública española culpe más a “los bulos” y “las mafias” de lo ocurrido que al vecino del sur. Ese es un discurso que no le va a comprar casi nadie.

“Podría ser Marruecos, no lo descarto completamente, pero no cuadra en absoluto con crisis anteriores ni tampoco tenemos una sola prueba que demuestre que han sido ellos”, han dicho fuentes del Gobierno a este diario sobre la responsabilidad de ese Gobierno en la crisis. 

Por mucho que a la oposición se le llene la boca exigiendo que los extranjeros que pasaron a Ceuta sean devueltos a Marruecos, eso no puede hacerse sin la colaboración de las autoridades de ese país. Todos lo saben, pero prefieren ignorarlo. Hasta el propio Feijóo no ha querido lanzarse contra Rabat. Quizá algún día esté en la misma situación que Sánchez y hará lo mismo que ha hecho el actual Gobierno.

“Es una recomendación de Feijóo. No es legítimo tratar de sacar ningún rédito político, ninguna ventaja electoral o partidista, de esta crisis existencial que vive Ceuta. Sería absolutamente reprobable”, dijo Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, el 19 de agosto. Eso es precisamente lo que ha hecho el PP, lo que no es ninguna sorpresa. Incluso pasando por encima de la ley, como con la petición de expulsión inmediata de los 5.000 extranjeros que continúan en la ciudad a los que hay que sumar unos 1.500 menores. Una delegada del Gobierno y una vicepresidenta ceutí fueron condenadas por prevaricación hace un año por tomar esa medida con la devolución de menores a Marruecos. 

La primera reacción del PP a los ataques racistas y al intento de impedir por la fuerza la entrega de comida a los extranjeros fue comprensiva. “Mucha paciencia han tenido”, dijo Cuca Gamarra sobre los habitantes de Ceuta. Un día después, se corrigió el mensaje y hubo que esperar a que Vivas dejara claro el rechazo a cualquier tipo de violencia sin ningún tipo de disculpas. 

También hay que añadir el intento del PP de crear alarma con el aviso de que podían producirse brotes infecciosos por culpa de los inmigrantes. Hasta se habló de tuberculosis. “La tuberculosis ha llenado titulares alarmistas y falsos”, respondió la ministra Mónica García. “Hemos detectado tres casos, uno ya tratado, una tuberculosis cerebral y una persona que ya estaba en Ceuta antes del 30 de julio. No hemos detectado ningún caso nuevo”. 

No se puede subestimar el miedo y la preocupación de los ciudadanos de Ceuta por lo que han pasado este mes. Ceuta no está en la misma situación que provincias como Zamora o Alicante, pero los derechos de ceutíes y melillenses deben ser defendidos con la misma fuerza que con los habitantes de la península.

Criminalizar a los inmigrantes presentándolos como “invasores” –y así se está haciendo en varios medios de la derecha– sólo contribuye a alentar el odio y hasta la violencia. Ese es un terreno de juego del que solo se beneficiará la extrema derecha. 

De cobrar en la caja de un supermercado a colarse en las pantallas de más de un millón de personas, con cerca de 900.000 seguidores en TikTok y otros tantos en Instagram, y un nuevo breve espacio en la televisión nacional. Es el recorrido del fenómeno digital @Nosoloviernes, tras el que se encuentra el actor y cómico catalán Marc Biarnés y su peculiar crónica de la actualidad. Gestos sutiles como poner los ojos en blanco o sacar media sonrisa irónica, sumados a una puesta en escena cotidiana, como comerse una fruta, cortar verdura o ver un vídeo en una tablet, hacen que el contenido desenfadado de Biarnés sea magnético, a pesar de que los temas a tratar a veces resulten desesperanzadores.

Entre sus grandes éxitos recientes destacan las imitaciones, peluca mediante, de Isabel Díaz Ayuso, a raíz de sus últimos enredos inmobiliarios. “Le tengo hasta cierto cariño”, confiesa en esta conversación con elDiario.es, en la que opina que la política española ha perdido la seriedad y valora el poder del humor para convencer a los que piensan diferente.

¿Quién es Marc Biarnés y qué es Nosoloviernes?

Marc Biarnés es un actor, cómico y... no sé, bien normalito, una persona que viene de trabajar en el súper durante muchos años y dio el salto a las redes sociales porque se cansó del supermercado. Aposté por esto y ahora hace relativamente muy poco que me estoy ganando la vida. Y Nosoloviernes era un nombre que me inventé, sin pensar yo que se iba a hacer tan grande. Ahora me llamaría solo Marc Biarnés, pero Nosoloviernes viene de que siempre me lo he dicho a mí mismo, porque como la gente siempre espera los fines de semana para hacer las cosas importantes o las cosas más divertidas o de ocio... Yo siempre he sido de si me pillan el lunes, el lunes, que el martes, pues el martes y de ahí salió el concepto este de no solo viernes, de no tener la necesidad de esperar a que llegara el fin de semana.

¿Por qué le sigue tanta gente?

Me sigue tanta gente, yo creo, porque he conseguido plasmar con mi punto de vista humorístico y satírico cómo se siente la mayoría de personas que estamos en este país. Es un poco desde la crítica, pero siempre de una forma divertida. Creo que son tiempos en los que la gente está también un poco cansada de esta sensación de que te están echando la bronca y conmigo acaban conectando con este punto de vista siempre mucho más divertido.

¿Se ha inventado un género humorístico?

Pues no lo sé. A ver, humor sobre política siempre se ha hecho, pero más que un género propio, creo que sí he encontrado una nueva manera de conectar.

Le han empezado a copiar ciertos gestos...

Sí, sí, eso lo he visto. Veo muchas cuentas que han empezado a copiar un poco mi misma puesta en escena... Esto de poner un vídeo y reaccionar a él, y están también incluso los que empiezan a comer mientras comentan el vídeo, que esto fue algo que yo decidí, porque como actor siempre pienso que ha de haber una acción. En el teatro siempre se dice que tiene que haber una acción, sea la que sea, poner una mesa, comer, pintar un cuadro, lo que sea. Y sí que veo que cada vez hay más cuentas haciendo esto.

Ha encontrado en la presidenta de la Comunidad de Madrid una mina de contenido, ¿qué tiene ella que no tengan otros personajes políticos?

Es que ella es un personaje, es un personaje de telenovela, de sketch, es un personaje muy de sitcom, es un personaje que es muy fácil imitar y, a la vez, conectar con ella. Porque cuando tú imitas a alguien o coges su alma, porque al final de alguna manera coges algo de ella, es porque puedes llegar a conectar con ella, que esto es independiente de si pienso lo mismo o no, o de si ideológicamente tenemos algo que ver. No tenemos nada que ver ideológicamente, pero puedo conectar con ella.

También es una política que tiene roto el caparazón que llevan la mayoría de políticos, que los vemos desde una apariencia más seria, como con una pared. Ella eso lo tiene roto. Ella es natural y entonces es mucho más fácil cogerle el alma. Y después es que es muy divertida, la verdad. Su puesta en escena es muy divertida, sus gestos, su mirada, su manera de hablar, ese toque choni, por así decirlo... Tiene eso que la mayoría de políticos, por no decir casi ninguno, tiene.

¿Cuál es el proceso desde que piensa “esto que ha dicho Ayuso es surrealista” al “venga, me pongo la peluca”?

No hay proceso, porque es que yo la veo y ya automáticamente algo me ha pasado que, por ejemplo, me pongo la peluca y podría estar horas por casa haciendo de ella, o sea, como que me posee. Es que es lo que tiene mostrarse tan natural. Yo, como actor, es el personaje ya el que se mete dentro de mí y, sobre todo, que una peluca hace muchísimo, pero el proceso es: verla y ya conecto, literalmente.

Qué relación tan profunda, ¿no?

Sí, sí, tenemos una relación muy profunda. Le tengo hasta cierto cariño, lo digo de verdad. Me gustaría conocerla y tal. Le tengo cierto aprecio.

¿Se ha planteado qué le diría a Ayuso si se pusiera en contacto? ¿Compartiría con ella una fruta en la cocina?

Sí, compartiríamos fruta. Primero le pediría unas disculpas, pero unas disculpas divertidas como digo yo, si se ha sentido ofendida por alguno de mis sketches. Y luego le diría... (ríe) le diría muchas otras cosas... (ríe de nuevo).

¿Ahí lo deja?

Sí, ahí lo dejo.

Acaba de dar el salto de redes sociales al programa ‘Mañaneros 360’, ¿por qué la política española le está dando tanto trabajo?

Porque en la política española antes estaba todo muy encorsetado y ahora mismo son como animales salvajes que han salido al ruedo. Lo que ha pasado es que se ha perdido la seriedad que requiere, por ejemplo, el Congreso de los Diputados, que es el lugar más importante de nuestro Estado. En el momento en el que allí se ha perdido la decencia, que lo han hecho muchísimos, tanto de un bando como de otro, esto ya es ésser a Can Pixa, que se dice en catalán. Ya es “venga, el que pueda hacer que haga” que decía Aznar.

Da tanto juego porque ya no hay complejos, es una política completamente desacomplejada. Ya se ha desnudado todo el mundo. Un espacio tan serio como el Congreso de los Diputados se utiliza como si fuera el plató de una televisión. Eso también se ha trasladado a la ciudadanía, que palpa este cachondeo, por así decirlo, estas faltas de respeto y también se ha empezado a comportar de la misma manera. Ahora todo lo que hay en la política es completamente ruido, pero sobre todo por este momento en el que se dejaron los complejos de lado, se empezaron a insultar, a faltar el respeto. Y luego tienen mucha culpa muchísimos programas de televisión que han ayudado a que la política sea un circo. Es decir, los políticos han convertido la política en un circo y luego muchos programas de televisión han apoyado esta nueva manera de hacer política y, claro, esto se traslada a la ciudadanía.

¿Cree que desde el humor se puede convencer a alguien que piensa diferente o se hace humor para quienes piensan igual?

Totalmente. Claro que se puede convencer. Yo creo, de hecho, que mi manera de explicar la política ayuda a esto, porque hay muchos creadores de contenido que hablan de política, pero el tono siempre es mucho más enfadado, más echando la bronca. Entonces, como la sociedad está tan descontenta con todo el tema político, ya no empatiza tanto con eso. En cambio, creo que a través del humor es muy fácil llegar a cualquier persona, porque yo he recibido muchos mensajes diciéndome: “pues mira, esto no lo veía así y ahora con estos vídeos lo estoy viendo de esta manera, muchas gracias”. O sea, que sucede. Porque a través del humor es mucho más fácil, pensemos lo que pensemos cada uno, independientemente de nuestra ideología.

¿Y le ha pasado eso de grabar un vídeo y después cambiar de opinión?

Sí, yo llevo en redes cinco años y en estos últimos cinco años he crecido también como persona, me he culturizado más, he aprendido mucho y hay vídeos que hice hace cinco años que hoy en día no los haría, porque pensaba distinto o, por ejemplo, hacía algún vídeo con un tipo de humor que ahora mismo no haría porque ese humor podría alimentar ciertos comportamientos. Entonces, ahora mismo no haría humor de eso.

O sea, sí que me ha pasado, y pasa a menudo, sobre todo a largo plazo. Del vídeo que hice ayer es muy difícil que ya no piense lo mismo, pero del que hice hace cinco años, sí, claro.

Hay ciertos temas que son difíciles de parodiar, pienso en uno de sus últimos vídeos sobre el streamer que acosaba a mujeres por la calle, ¿prima la indignación?, ¿piensa que se puede hacer humor de todo?

Justamente de ese streamer decidí hablar desde la absoluta indignación y el absoluto enfado, porque no encontré la vía humorística, la verdad, me ha pasado con más de un tema. Mira que hay muchos temas muy delicados con los que consigo hacer humor, que más que hacer humor es siempre la manera de explicarlo, el lenguaje que se usa; y en este caso, con este streamer, no encontré otro lenguaje más que ir a faltarle al respeto, porque uno tiene también familia, hermanas, amigas... y piensa en estos descerebrados que andan haciendo este tipo de contenido, y es que, ¿cómo no me voy a cagar en todo lo cagable? Es que claro.

Algunos siguen con lo de “la vida no va conmigo” y seguimos esperando esa supuesta caída de los influencers.

Sí, sí, seguimos esperando. Será muy difícil que caigan porque, lamentablemente, hay contenido muy muy indigno y que tiene muchísimo seguidor. Esto va a ser una batalla que se va a estar librando siempre en la red.

En su bio de Instagram tiene puesto actor, cómico y puntos suspensivos. Creo que he descubierto a qué se refieren los puntos suspensivos porque lo he encontrado en Spotify.

Ah, no, no me refiero a eso, pero sí es un hobby que tengo. Me encanta hacer música en casa.

Es un chico 360, como diría Paquita Salas.

Sí, sí, totalmente. Pero lo de los puntos suspensivos va por otro lado, se sabrá de aquí a muy poco.

¿Nos deja con la intriga?

Sí, es una buena intriga. Y el resultado es mejor.

Astrid Gil-Casares, propietaria del ático que la Comunidad de Madrid compró por 6,3 millones de euros, ha aceptado que se hagan públicos detalles de la operación, según ha adelantado este viernes El País y ha podido confirmar elDiario.es. Planifica Madrid, la empresa pública que gestionó la compra, alegó a través de Transparencia que no podía compartir el expediente u otra información relevante porque esta afectaba a “terceros” y estos tenían que dar el visto bueno. Ahora, después de que la vendedora haya dado el visto bueno por escrito, Transparencia ya podría ofrecer esta información.

La vendedora había firmado durante la operación un acuerdo de confidencialidad exigido por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que alegó cuando la operación salió a la luz que el inmueble había sido adquirido para destinarlo a “reuniones” mientras durasen unas reformas en la sede de la Presidencia de la Comunidad de la Puerta del Sol.

Astrid Gil-Casares ofreció una entrevista a la revista Vanitatis el pasado 30 de julio, un día después de que se conociese la operación. En ella explicó que había firmado ese “acuerdo de confidencialidad”, que le impedía comentar “las circunstancias de la operación”. “En cualquier caso, desconozco por completo el destino que se pretendía dar a dicho inmueble”, añadió entonces.

El diputado de Más Madrid Hugo Martínez Abarca ha sido una de las personas que solicitaron a Transparencia esos detalles de la compra del ático, así como el expediente del mismo. El 21 de agosto, Transparencia suspendió el trámite porque debía preguntar a “terceros interesados” si accedían a dar la información. Después, se reanudó el expediente, aunque se amplió en 20 días hábiles más, “debido al elevado número de solicitudes de contenido diverso recibidas en relación con esta materia”, según indicaron.

Tanto la Comunidad de Madrid como el PP aseguran que ya se han dado explicaciones suficientes, pero un mes más tarde de que se conociera el escándalo, todavía se desconocen incógnitas que rodean a la operación, como quién estaba presente durante la firma o por qué se eligió esa localización en la calle General Martínez Campos, en el barrio de Chamberí, un inmueble situado a pocos metros de la casa familiar de Ayuso y donde ahora reside su madre. Tampoco se tiene información del expediente de compra o de por qué se exigió confidencialidad a la vendedora en una operación de una empresa pública que, como indicaron tanto Ayuso como su consejero Miguel Ángel García Martín, se dedicaba “todo el año” a la compra y venta de inmuebles.

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, ha apelado a “sacrificarnos todos un poquito” para sacar “rentabilidad” de “un fin de semana”, concretamente el del 11 al 13 de septiembre. Será entonces cuando se inaugure en Ifema el Gran Premio de España de Fórmula 1, un circuito internacional cuya perspectiva ha desencadenado numerosas quejas por ruido entre los vecinos de la zona.

No obstante, el representante del Gobierno de Ayuso pide hacer de tripas corazón: “Merece la pena que todos nos sacrifiquemos un poquito”, ha dicho el consejero, que ha subrayado “la rentabilidad que va a tener la Comunidad de Madrid y la ciudad de Madrid con la celebración de ese premio y sobre todo cómo se va a posicionar mundialmente”. En declaraciones a los medios en Quijorna, el consejero se ha mostrado convencido en cualquier caso de que desde el Ayuntamiento de Madrid se pondrán “todos los medios oportunos para intentar minimizar acústicamente los ruidos que se produzcan durante ese fin de semana”.

Así lo ha indicado después de que la Plataforma Stop Fórmula 1 Madrid, un colectivo vecinal que se opone tajantemente proyecto, alertase de los niveles “escandalosos” de ruido durante las pruebas de F3, que han alcanzado una media de 102,7 decibelios ponderados A (dBA), con máximos de 107,7 y picos de 109,1 dBA, según sus propias mediciones.

El delegado de Urbanismo, Movilidad y Medio Ambiente, Borja Carabante, ya había adelantado que el circuito de Madring contará con pantallas acústicas, barreras naturales y otras medidas correctoras para reducir las molestias ocasionadas por el ruido durante el Gran Premio de España de Fórmula 1. Sin embargo, los vecinos temen que nada esto sea suficiente. “La posibilidad de que se celebre aquí un Gran Premio de F1 es importante porque nos va a poner a los madrileños y a nuestra región a nivel mundial y sobre todo nos va a poner el mapa durante un fin de semana”, ha remarcado para señalar que solo serán dos días, del 11 al 13.

El “spoiler de València” del que advierte la oposición

En cuanto a la movilidad para esos días, el consejero del ramo (Jorge Rodrigo) ha explicado que el Consorcio Regional de Transportes (CRTM) ya tiene “preparado y aprobado” el plan de refuerzo para garantizar la llegada al circuito ubicado en el entorno del Recinto Ferial de Ifema Madrid y, en este sentido, ha puesto en valor “la experiencia probada” de este organismo a la hora de organizar el transporte público para “grandes eventos”.

“Tenemos un plan de movilidad muy importante y emplazamos a que todos esos madrileños o ciudadanos que nos visiten, que vayan a participar en este gran evento de carácter mundial, que lo hagan, por supuesto, con todas las garantías, con el transporte público madrileño, que es uno de los de mayor calidad que tenemos actualmente”, ha zanjado Rodrigo.

Por su parte, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, rechaza este ánimo de celebración y advierte que serán los madrileños quienes terminarán pagando “sobrecostes millonarios” para celebrar el Gran Premio de España. “El spoiler está en València”, ha destacado Bergerot, refiriéndose al circuito urbano que les costó unos 300 millones de euros públicos y terminó abandonándose después de más de una década sin uso.

“Esto lo único que va a traer es dinero para los amigos de siempre del Partido Popular y no va a aportar nada para los madrileños y las madrileñas”, ha manifestado Bergerot en declaraciones a los medios desde la Puerta del Sol sobre la competición, que se celebrará del 11 al 13 de septiembre en el circuito Madring de la capital. Así, ha reprochado a quienes “desde la altura de un ático y desde los palcos VIP” no vean las necesidades de los madrileños y ha rechazado que la respuesta a estas pase por impulsar macroeventos como la F1.

En enero de este año, una exclusiva inmobiliaria de La Moraleja puso a la venta un ático en el barrio madrileño de Chamberí de 485 metros cuadrados, de los cuales casi 200 correspondían a una impresionante terraza. Solo unos meses más tarde, ese inmueble encontró comprador: la Comunidad de Madrid, que había pedido a la empresa una propiedad con esas características, “entre 250 y 400 metros y gran terraza”.

La justificación que se dio entonces era que iba a servir para “reuniones” debido a unas reformas en la sede de la Puerta del Sol. Tras la publicación de la operación —una compra por 6,3 millones de euros y para la que se exigió confidencialidad—, la polémica ha acechado a Isabel Díaz Ayuso a lo largo de todo el verano. Hacemos un repaso a las fechas más relevantes de la polémica que todavía deja incógnitas por resolver, como por qué se eligió ese inmueble si la normativa impedía convertirlo en oficinas, por qué se decidió venderlo un día después de que saliese en la prensa o por qué no se hace público el expediente de compra.

enero de 2026

La inmobiliaria pone en venta un lujoso ático en Chamberí

Promora, la inmobiliaria de La Moraleja, pone en venta un lujoso ático en el barrio madrileño de Chamberí por 6,6 millones de euros, en la calle General Martínez Campos. El 31 de enero, suben a sus redes sociales un vídeo para promocionarlo por el que se conocen los detalles de su interior: 485 metros cuadrados de los cuales casi 200 corresponden con una terraza, cinco habitaciones y entrada independiente para el servicio. La casa se encuentra, además, enfrente de la vivienda familiar de Ayuso, en la que actualmente vive su madre. Según ha revelado El País, el Gobierno autonómico trasladó a la inmobiliaria que buscaba un inmueble "entre 250 y 400 metros y gran terraza". No se precisó que tenía que poder albergar oficinas o despachos.

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8 de abril de 2026

La reunión "informal"

Alberto Núñez Feijóo afirmó el pasado fin de semana que sabía que se iban a hacer unas obras en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno autonómico, a través de una reunión “informal” con el equipo de la presidenta. Ese día Feijóo y y su ‘número dos’, Miguel Tellado, se reunieron en Sol con Ayuso y su Gobierno para un "desayuno de trabajo". En ese encuentro se explicó también que se buscaba un emplazamiento temporal para la presidenta por las reformas. Desde el PP no aclaran quién dio esta información

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14 de abril de 2026

La compra del ático

Ese día, la empresa pública Planifica Madrid, adscrita a la Consejería de Presidencia, compra el ático por 6,3 millones de euros, según confirma posteriormente la propia Comunidad de Madrid. Aunque no han trascendido muchos más detalles, sí se sabe que para la compra se exigió confidencialidad antes incluso de la visita del inmueble. Por ahora, el Ejecutivo regional no ha facilitado el expediente de compra ni ha indicado quiénes estuvieron presentes en esa firma. En la web de Planifica Madrid se recoge para ese día una "firma notaria" a las 14.00 horas, aunque sin más datos.

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2 de junio de 2026

La memoria del proyecto de reformas en Sol

La memoria de justificación del proyecto de reformas en Sol tiene como fecha de firma el 2 de junio. El objetivo de las reformas, según indican en el pliego publicado este 7 de agosto, es “modernizar y adecuar a la arquitectura singular del edificio la imagen institucional”. El presupuesto base de la licitación es de casi 60.000 euros adjudicados a la empresa Pombo Estudio S.L., propiedad de Alejandra Pombo, prima de la influencer y empresaria María Pombo. Las zonas a intervenir, según detallan en el portal de contratación, son “los patios interiores de la planta baja, la escalera principal de acceso a la segunda planta y el ala norte de esta planta donde se encuentran la zona Presidencial, el Salón Institucional, el Salón Canalejas y la Sala de Consejo de Gobierno”.

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29 de julio de 2026

Publicación de la compra del ático en prensa

El País publica que la Comunidad de Madrid compró un ático de 485 metros para que la presidenta lo usara para "reuniones" debido a las obras. En ese momento, se indicó que los trabajos de reformas en Sol comenzarían "en agosto". Sin embargo, todavía no se sabía cuánto había costado a la Comunidad de Madrid. Posteriormente, se supo que el ático no podía ser oficina por la normativa del Ayuntamiento de Madrid, que impide convertir en una dotación pública un noveno piso de un edificio residencial en ese barrio de Chamberí. Solo podría albergar un despacho profesional como complemento a una vivienda habitual.

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29 de julio de 2026

La primera comparecencia de Ayuso: "Es una campaña de desprestigio"

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Solo unas horas después de la primera publicación, la presidenta responde a preguntas de la prensa tras una comparecencia centrada en las actuaciones por los incendios de la Sierra Oeste de Madrid. “No es mi casa, no es para mí, yo no me he comprado nada”, insiste y asegura que se trata de "una campaña de desprestigio". “No sé si me quedaré en la Consejería de Presidencia o en la de Transportes, que es muy grande, y es el consejero el que se va para allá”, dijo durante la rueda de prensa. También aseguró que "se compran y se venden inmuebles" y que de esa compra sabía que era "reciente".

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30 de julio de 2026

El Gobierno de Ayuso rectifica

Solo un día después de la publicación en prensa y tres meses después de la compra, el Gobierno de la Comunidad de Madrid recula y comunica que venderá el ático. El anuncio lo hace Miguel Ángel García Martín, portavoz del Ejecutivo regional, consejero de Presidencia y presidente de Planifica Madrid, durante una visita a la Sierra Oeste. Ahí asegura que el importe obtenido por esa venta y la de otro inmueble irá destinado a sufragar parte de las ayudas aprobadas por los fuegos.

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2 de agosto de 2026

Ayuso reaparece pero no da explicaciones sobre el ático

La presidenta reaparece el domingo con una rueda de prensa en la que habla de los incendios y acusa a Marruecos de intentar "quitar" Ceuta y Melilla: "Ceuta es una prueba para la siguiente", dijo sobre la entrada de miles de personas este verano. Le preguntaron si tenía previsto dar más información o mostrar el expediente de compra y respondió: “Está en venta este inmueble y hemos puesto otros cuatro que están en Gran Vía. Con esos 22 millones vamos a reforzar la reconstrucción en la Sierra Oeste”.

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5 de agosto de 2026

Ayuso asegura que “lo mejor desde el primer minuto es venderlo” y señala a su consejero

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Ayuso vuelve a intervenir en rueda de prensa y asegura que "todo aquello que ahora mismo no es necesario se pone a la venta". "Lo mejor es desde el primer minuto dejarlo ahí, venderlo y aprovechar tanto ese recurso como el de los inmuebles de Gran Vía para destinarlo en este momento a una necesidad como es esta. Creo que no se entendería que se gastara o se empleara en otra cuestión". Ahí, la presidenta autonómica señala a su consejero de Presidencia: "Les tengo que remitir a la Consejería de Presidencia porque es quien tiene no solo la información detallada, sino los canales de comunicación a tal efecto". Ayuso niega que el ático fuese destinado a uso personal: "Sería muy poco inteligente".

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6 de agosto de 2026

El consejero señalado por Ayuso: "Lo que no se dice es que Madrid no tiene residencia oficial"

Miguel Ángel García Martín da otra rueda de prensa en otro pueblo afectado por los incendios y la prensa le pregunta sobre el ático después de que Ayuso señalara hacia Presidencia. Ahí explica que Planifica Madrid se dedica a la "gestión de los inmuebles" y que en ese momento "se vio la posibilidad" de adquirir el ático para destinarlo a las "necesidades" que pueda tener el Gobierno autonómico. “Lo que no se dice es que Madrid no tiene una residencia oficial para la presidenta, que sí la tienen muchos presidentes autonómicos y sí la tienen muchos ministros”, añadió. Lo que no dijo entonces y que se ha conocido este miércoles es que el Gobierno autonómico trasladó a la inmobiliaria que buscaba un inmueble con características concretas: "Entre 250 y 400 metros y gran terraza".

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7 de agosto de 2026

La Comunidad pone a la venta el ático de lujo por 6,7 millones y adjudica el diseño de la reforma de Sol

La Comunidad de Madrid publica en la web de contratación pública el anuncio de venta del ático por casi 6,7 millones de euros, además de otro inmueble en Gran Vía, que vende por 11,8 millones de euros y que llevaba tiempo intentando enajenar. El documento está firmado por Pedro Corbalán Ruiz, el actual consejero delegado de Planifica Madrid. Además, también publican casi al mismo tiempo la adjudicación por casi 60.000 euros del diseño de la reforma de la sede en Sol.

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10 de agosto de 2026

La Fiscalía envía cuatro denuncias a un juzgado de Madrid

La Fiscalía Provincial de Madrid remite a un juzgado de Madrid cuatro denuncias presentadas en las últimas semanas en relación con la operación. El teniente fiscal José Luis García-Juanes ordena el archivo de las diligencias “preprocesales” abiertas en el Ministerio Público al constatar que esos hechos “están siendo ya objeto de investigación judicial”.

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13 de agosto de 2026

Ayuso reduce sus apariciones públicas

La presidenta reduce a lo largo de toda esa semana sus apariciones públicas, después de que el lunes 10 de agosto ofreciera una intervención de siete minutos sin preguntas, en la que habló sobre la reconstrucción pero también sobre la gestión de la crisis en Ceuta. Su actividad se centra cada vez más en redes sociales, desde donde carga contra el Gobierno central.

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17 de agosto de 2026

Ayuso: "No voy a necesitar una residencia oficial a 10 meses de las elecciones"

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Ayuso ofrece otra nueva rueda de prensa y confirma que considera que ha dado explicaciones suficientes sobre el ático. "Cada vez que vuelven de vacaciones, vuelven con el mismo argumentario", afeó a los periodistas. La líder madrileña aseguró entonces que en estos años no había "necesitado" ni "pedido" una residencia oficial. No la voy a necesitar a 10 meses de unas elecciones”, dijo. Esa semana el PP también daba por zanjado el tema, asegurando que Ayuso había "dado todas las explicaciones".

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23 de agosto de 2026

La entrevista a Feijóo

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Cuando parecía que Ayuso podía ya pasar página de la polémica del ático, Alberto Núñez Feijóo reabrió el capítulo con una entrevista a Europa Press. En ella, reconocía que desde abril sabía que se iba a buscar un sitio "temporal" por las obras en Sol y aseguraba que "Patrimonio de la Comunidad de Madrid tendrá que explicar por qué compró un ático que no se puede destinar a oficina".

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24 de agosto de 2026

El "chao pescao" de Ayuso

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Ante las declaraciones de Feijóo, la presidenta rechaza aclarar el contexto de esa "reunión informal" con el líder del PP y espeta el ya famoso "está en venta, chao pescao", con el que intenta zanjar definitivamente el escándalo. Además, Ayuso aseguró en su intervención que se trata de un “inmueble destinado a oficinas que además puede albergar despachos”, a pesar de la normativa del Ayuntamiento.

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25 de agosto de 2026

El consejero portavoz pide comparecer en la Asamblea a petición propia

Tras las semanas de revuelo, Miguel Ángel García Martín pide comparecer en la Asamblea de Vallecas a petición propia para hablar sobre la “gestión patrimonial de la empresa pública Planifica Madrid”.

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El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso trasladó a la inmobiliaria de lujo a la que finalmente compró el ático de Chamberí que buscaba un piso de “entre 250 y 400 metros cuadrados y una gran terraza” en ese barrio o alrededores, según ha publicado este miércoles El País. Las características coinciden con lo que finalmente compró la empresa pública Planifica Madrid por 6,3 millones de euros, ahora a la venta de nuevo por 6,69 millones.

Planifica Madrid contactó con la inmobiliaria afincada en La Moraleja a través de un anuncio en internet, según El País, y la agencia les mostró al menos dos propiedades. La primera estaba ubicada en la zona de Argüelles, en el paseo del Pintor Rosales, y tenía unos 350 metros cuadrados, con una terraza de 200. Su precio era de cuatro millones de euros. Según las fuentes consultadas por el periódico, cuando se dieron las especificaciones para la búsqueda del inmueble, no se precisó que tenía que ser una casa en la que se pudiera albergar oficinas o despachos.

La segunda fue el ático de la calle General Martínez Campos, el que finalmente se adquirió, dos millones más caro. “El proceso se prolongó durante aproximadamente un mes y medio antes de la firma de la escritura”, aseguran estas mismas fuentes. La firma fue el 14 de abril.

El consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, registró ayer una petición de comparecencia en la Asamblea de Vallecas. Según confirman fuentes de Presidencia, todavía se desconoce la fecha exacta de su intervención que tratará sobre la “gestión patrimonial de la empresa pública Planifica Madrid”. “El consejero ha dado todas las explicaciones y lo mismo hará en la Asamblea de Madrid cuando la Mesa así lo decida y active esa comparecencia”, indicaron esas mismas fuentes este martes.

Fue la propia Ayuso quien señaló a García Martín el pasado 5 de agosto tras el escándalo de la operación, asegurando que era la consejería de Presidencia quien tenía “la información detallada”. Después de esas declaraciones de la líder madrileña, el portavoz negó que el ático fuese para uso personal y añadió: “Lo que no se dice es que Madrid no tiene una residencia oficial para la presidenta, que sí la tienen muchos presidentes autonómicos, que la tienen la mitad de los ministros”.

Todavía no se ha explicado quién dio la orden a la empresa pública de buscar un piso con esas características en la zona de Chamberí, donde ha crecido y vivido siempre Ayuso. Tampoco por qué se tomó la decisión de adquirir un inmueble que no puede utilizarse para oficinas.