Para José Vicente de los Mozos, presidente de Ifema, quedan apenas dos meses para alcanzar un “sueño”: traer la Fórmula 1 a Madrid. Es la gran apuesta de la institución público-privada, pero también de los gobiernos de José Luis Martínez-Almeida y de Isabel Díaz Ayuso. Un “sueño” que cada vez más se convierte en una pesadilla para algunos vecinos y cuyos pasos recuerdan a otros macroeventos. Los beneficios que según De los Mozos y la presidenta autonómica traerá el Gran Premio no terminan de convencer a falta de los últimos preparativos de cara a septiembre. “No va a haber una revalorización de las casas. Pompeya también es más conocido después del volcán, pero fíjate cómo está”, dice con su habitual lenguaje metafórico Constantino, portavoz de la Plataforma Stop F1 Madrid.

Vecino del barrio de Las Cárcavas, donde los distritos de Hortaleza y Barajas colindan, Constantino es una de las figuras más activas contra el Gran Premio de España, que se desarrollará en los alrededores de Ifema entre el 11 y el 13 de septiembre. Resume así su postura: “La rentabilidad social es muy negativa. ¿Qué precio tiene un barrio?”. Desde su punto de vista, los promotores públicos y empresariales del proyecto “organizan Madrid en contra de los ciudadanos”.

El escenario a su espalda parece respaldarle: una enorme grúa de 40 metros ocupa la acera y la mitad de un carril. Sorprende, nada más llegar a Madring, la cantidad de personas que trabajan todavía construyendo las gradas o los pabellones. Para septiembre el circuito tiene que estar totalmente listo, pero hay muchas cuentas pendientes. Lo primero que se aprecia es una gran polvareda fruto de las obras, una “tormenta de arena”, como dicen algunos residentes. Inmaculada explica que el polvo llega fácilmente a las casas bajas más próximas al circuito, incluido su propio patio. Lidian con él desde hace meses. Constantino apostilla que las placas solares que hay instaladas en las casas de uno de sus vecinos están continuamente llenas de ese polvo. Es lo que tiene estar “en primera línea de playa”, añade irónicamente.

“Una vecina tenía una pancarta en la puerta de casa y algunos la interpelan”, asegura Constantino. El motivo es que declararse a favor o en contra se lee en algunos espacios como un posicionamiento político, en apoyo o detrimento del PP de Madrid. Pero a medida que las obras avanzan y las noticias sobre las posibles consecuencias son cada vez más frecuentes, parece que la acogida también es diferente. “Hay más personas que se están posicionando, ya no tengo que buscar a esos vecinos, ahora ellos me buscan a mí. También hay gente que no se pronuncia, pero que están en contra”, explica. “Al final a la gente le molestan cosas como no poder circular con su coche sin etiqueta y que a la vez vayan a pasar por aquí 20 monoplazas ultracontaminantes”, apunta Jesús, otro residente de los alrededores.

El ruido y las dudas

Cuando De los Mozos presentó el proyecto el pasado lunes 13 de julio durante un desayuno informativo en la capital junto a Ayuso, el directivo de Ifema aseguró que había ya un “sold out técnico” de las entradas y, como hacen también el alcalde y la presidenta regional, volvió a asegurar que el Gran Premio iba a traer mucho más beneficio que gasto: “Solo en sponsors vamos a pagar toda la infraestructura para el circuito”.

Insisten en que no habrá gasto público, cuando Ifema ha aportado al menos 137 millones de euros y el 62% del presupuesto del consorcio lo aportan Ayuntamiento y Comunidad. A ello hay que sumar gastos directos en patrocinios, eventos y actuaciones urbanas ligadas al circuito. Por ejemplo, el desvío de la vía pecuaria Vereda de los Leñeros (con un futuro puente incluido) para permitir que el trazado desvíe su recorrido actual sin que desaparezca un entorno que la ley protege por su valor ecológico e histórico.

“Ayuso y Almeida dicen que no van a gastar un euro de dinero público, pero Ifema la financian mayoritariamente ellos mismos. Y luego lo de la Vereda no lo consideran como una actuación por la Fórmula 1, se hace únicamente por eso. Los circuitos a coste cero no existen”, expone Jesús.

Al ser preguntado por las relaciones con los vecinos de la zona, De los Mozos aseguró que todavía se están haciendo test para el ruido. Pero, tal y como publicó elDiario.es el año pasado, Almeida planea suspender los niveles decibelios máximos previstos por la Ley del Ruido. Ahora, Ifema ha contratado a una empresa para auditar las vibraciones, el ruido o la contaminación del Gran Premio, según publica El País.

El ruido es, además, un vestigio de una lucha vecinal previa en el barrio. Una trabajadora de uno de los escasos negocios en Las Cárcarvas, área mayormente residencial donde también vive, comienza mostrándose aséptica con la Fórmula 1. Ni a favor ni en contra, como otro de los compañeros. Sin embargo, las discrepancias afloran cuando recuerda los incovenientes generados por el Mad Cool. El festival de música se celebraba en el entorno de Ifema hasta su traslado al recinto Iberdrola Music, entre Villaverde y Getafe, y dejó su huella en el vecindario. “Era atronador, no te dejaba dormir. Ahora veremos qué pasa, pero desde luego estos años hemos estado mucho más tranquilos”.

Carmen Morcillo, vecina del barrio de Villa-Rosa en el distrito de Hortaleza, va un paso más allá y apunta directamente a Ifema: “Llevamos años sufriendo sus ruidos, concretamente desde la llegada de la actual directiva de Ifema, que ha sido muy desconsiderada. Insisten en que son tres días de Fórmula 1, pero arrastramos ya los macrofestivales que hemos tenido durante años en el parking de Ifema, juntando a 35.000 personas. Ahí se han dado hasta 90 decibelios, las paredes de nuestras casas vibraban. Ahora no hay macrofestivales por las obras del Match Hospitality, pero siguen los conciertos en pabellones que no están insonorizados”. El pasado 10 y 11 julio, el recinto ferial acogió el festival techno Urban Wave Fest: “Las sesiones arrancaron a las 17.00 y terminaron las 6.00 de la madrugada”.

Cuenta que las calles más cercanas, como el final de Silvano, se sitúan a apenas unos 350 metros. Otra “primera línea de playa”, de las que hablaba Constantino. A esa distancia hay además una guardería, así como “otras cuatro en las proximidades, un colegio que trabaja con niños autistas a 600 metros y dos coles públicos”. Recuerda también la residencia de mayores en el número 38 de la calle Pedroñeras, también a menos de 400 metros.

En este contexto donde los festivales no han cesado y ahora se añade la incertidumbre de la Fórmula 1, Carmen ha emprendido una batalla personal ante las autoridades: “Me he puesto en contacto con Ifema, el Ayuntamiento y el Defensor del Pueblo. Presentamos una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente. Saben que tienen un problema. Hemos llegado a contabilizar 420 horas de ruido durante un año. Por aquí han pasado tres circos en pocas semanas. Es todo un carrusel de contaminación lumínica y acústica”.

Aunque Madring ha cercenado la celebración de los temidos macrofestivales, teme que el remedio sea peor que la enfermedad: “En la salida y la recta pueden alcanzar los 120 decibelios, pero eso cada coche, y son 20. Eso es más del doble del límite legal y roza el umbral del dolor. Y hay que sumarle el ruido de los helicópteros de la televisión o la policía. Carmen Morcillo recuerda el documento de la Comunidad de Madrid que llegaba a recomendar el desalojo de los vecinos de Silvano y Pedroñeras. ”Saben que serán decibelios estruendosos por encima del umbral del dolor. Consienten un problema grave de salud para los que allí viven. Les da igual nuestra salud“, critica. Avanza que ya ha contactado con allegados para irse de su casa durante el Gran Premio si la situación se vuelve insostenible, aunque de entrada pretende quedarse ”para comprobar de primera mano cómo afecta el ruido y poder registrarlo por si hay que denunciar“.

Ifema y los vecinos: de las invitaciones a la falta de comunicación

“Tenemos reuniones habituales con los vecinos de la zona para explicarles todo lo que hemos hecho”, aseguró el presidente de Ifema. Unas declaraciones que no casan con las de los afectados, que critican la falta de información y de cooperación, aunque sí se produjo una primera reunión: “Con la plataforma se reunieron una vez. Nos contaban que era la mejor idea de la historia contemporánea de este país, pero luego no han tenido en cuenta nuestra opinión ni nos han ofrecido una interlocución constante”. Según adelantó De los Mozos, sí que hubo una oferta: regalarles entradas para ver el Gran Premio. “Solo les han llegado a las asociaciones que les son amables”, asegura Constantino.

Otra propuesta fue que los residentes se vayan cuando se celebren las carreras, como planteó la Consejería de Medio Ambiente. Ideas que los residentes rechazan porque no defienden su casa “individualmente, sino el barrio en su conjunto”. “La idea es muy sencilla, les estorbamos, somos un problema para ellos”, lamenta Toni, vecino de Alameda de Osuna que se opone a Madring también por sus firmes convicciones ecologistas.

Otra forma de intentar que los vecinos se posicionen a favor ha sido asegurar que las casas se van a revalorizar, un extremo que tampoco termina de convencer. No solo por el ruido cuando se produzcan las competiciones, también porque en Valdebebas, el otro barrio próximo al circuito, se da una falta de servicios públicos obvia: no hay polideportivo, instituto o biblioteca públicos.

“Tiene tres cosas inútiles, un hospital que no lo es [el Hospital Zendal], la Ciudad de la Justicia que tampoco es lo que dice su nombre, un intercambiador que no intercambia y un cartel de construcción de un centro de salud que cambia cada cuatro años”, critica Constantino. Además, existe un miedo extra de que la Fórmula 1 no solo no ayudaría a esa supuesta revalorización, sino que también puede afectar a la convivencia de los que ya habitan en el barrio: el temor a que se celebren carreras ilegales, como ya ocurre en el circuito urbano de València.

Claro que no todo el mundo lo ve de la misma forma. Laureano, presidente de la asociación vecinal Las Cárcavas, sostiene que desde Ifema sí se han reunido con ellos “cinco o seis veces”. Desde su entidad abogan por una postura “apolítica”: “No nos metemos en ningún terreno político”. Con ello, paradójicamente, ejemplifican el carácter político de la llegada a Madrid de la Fórmula 1. Explica que su interés son “las mejoras para el barrio”, motivo de esos encuentros con Ifema, que resultan en “informes y datos que compartimos a través de nuestros canales de comunicación”.

Laureano considera que la cita automovilística “puede beneficiar a Madrid y a Valdebebas, donde hay muchos negocios en auge”. Ahora bien, coincide con la Plataforma Stop F1 en que Las Cárcavas es “el barrio más perjudicado” ya que, dada su infraestructura, “no se puede beneficiar a ningún comercio porque no se pueden poner más de los que hay”. Estos, a su vez, no están diseñados para atraer turistas ni apenas nuevos clientes: “Aquí lo que tenemos es un bar que no mete más de 30 personas, una peluquería, una barbería, una farmacia y una frutería”. Sostiene que “es una zona residencial donde a nivel económico esto ni nos va ni nos viene”. Rechaza asimismo cualquier tipo de favor ofrecido por Ifema. Ahí coincide de nuevo con la plataforma, para negar que desde la institución les hayan ofrecido entradas para acudir a la carrera: “No nos paga nadie ni nos han ofrecido nada”.

Entre esos negocios lo cierto es que hay todo tipo de perspectivas. La frutería es ahora un pequeño supermercado donde su plantilla acaba de incorporarse y desconocía, incluso, que la Fórmula 1 va a desarrollarse a pocos cientos de metros. En la peluquería, una empleada opina que “traerá cosas buenas y mala, como todo”. Mientras se tiñe, su clienta atiende con amabilidad las preguntas de este diario y defiende que “va a traer prosperidad a la ciudad”. Ambas minimizan las afecciones con uno de los argumentos que más se escuchan entre quienes ven el proyecto con buenos ojos: “Solo van a ser tres días”. Ya se han producido cortes de tráfico y carrera este mes, también se repetirán en agosto, pero ambas les restan importancia: “Para venir al trabajo tomo una ruta alternativa y ya”, dice la peluquera.

Una “gran Disneylandia” con el castillo situado en Valdebebas

“No estamos en contra de la Fórmula 1, sino de que se monte un circuito en medio de un barrio”, resume Constantino, mientras su compañero Jesús alerta de la “eventificación” de la ciudad. Un interés por parte de las administraciones en convertir Madrid en una especie de “gran Disneylandia”.

Esta vertiente comienza a verse ya en la zona de Valdebebas, donde los nuevos negocios hacen mella al alejarse del carácter casi exclusivamente residencial de Las Cárcavas. En los bloques de la calle Francisco Umbral, la “primera línea de playa” frente a Madring ofrece una doble estampa de obras. A las del graderío del trazado se unen las de varios edificios de colivings o flex livings.

Cuenta Constantino que el Bext Valdebebas, uno de los que ya están operativos, despertó una enorme oposición entre vecinos de la zona que no querían perder sus vistas. No en vano, los promotores aprovecharon el carácter de uso terciario de este tipo de negocios para construir con más plantas que los bloques de viviendas. “No consiguieron tumbarlo y eso desanimó a muchos que ahora no se ven con fuerza para unirse a pelear contra la Fórmula 1. Por lo menos abiertamente”.

Los cambios en el modelo habitacional y turístico de la zona se ejemplifican en el Hotel 101, perteneciente a una cadena cuya empresa tiene su sede en Singapur. La construcción sobresale en el entorno por sus grandes dimensiones, su color negro y el desierto a su alrededor.

De hecho, la edificación puede contemplarse desde el propio asfalto, como este medio pudo comprobar al recorrerlo en un bus de EMT. “Justo estaba viendo cómo se ve el hotel desde el Ferrari que vino el otro día”, comenta un trabajador cuando atiende a este periódico, mientras muestra un vídeo de la red social X.

Es el único gesto de emoción o humanidad en un lugar aséptico e impersonal, donde la recepción habitual de estos establecimientos se combina con otros puestos donde se ofrecen operaciones inmobiliarias. Desde el hotel no aclaran si nacen o pretenden crecer al calor de la una Fórmula 1 que, a pocos metros, ha abierto un socavón en la tierra. Con él, según los ecologistas que Toni representa en esta excursión, “destruyen humedales con gran valor ambiental”. Un agujero que parte el suelo en dos, como el propio evento ha hecho con el barrio dividiéndolo entre quienes lo defienden y quienes lo cuestionan. Aunque lo que reina, en realidad, es una amplia mayoría silenciosa y expectante.

La acusación popular que ejerce el PSOE ha solicitado la reapertura de la causa por presunta revelación de secretos contra Miguel Ángel Rodríguez. La jueza Raquel Robles archivó la investigación sin ni siquiera tomar declaración a los policías sospechosos de entregar al jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso los datos de dos periodistas de El País a los que previamente habían identificado en la calle. Los socialistas apelan a la sentencia del Tribunal Supremo que condenó al fiscal general del Estado en la que se le reprochaba no haber conservado los correos electrónicos que habrían probado su versión de los hechos. Lo hacen después de que el novio de Ayuso, Alberto González Amador, y Rodríguez declararan en el juzgado que habían borrado la conversación de whatsapp en la que el primero entregaba al segundo la foto de los periodistas, difundida después junto a sus nombres por el jefe de gabinete de Ayuso.

Esa versión de Rodríguez y González Amador en el Supremo descartaría un delito de revelación de secretos porque, según ellos, la foto fue tomada por un vecino que se la entregó a la pareja de Ayuso y este a su jefe de gabinete. Por contra, si la información procediera de la actuación policial implicaría la comisión de un presunto delito. La jueza llamó a declarar a los policías como testigos, luego suspendió su comparecencia por si debían acudir como investigados, asistidos de un abogado, y antes de resolver esa cuestión se apresuró a cerrar el caso sin tomar declaración a los agentes ni al supuesto vecino que hizo la foto.

El escrito del PSOE, al que ha tenido acceso elDiario.es, recoge: “No será baladí recordar que el investigado [Miguel Ángel Rodríguez], así como el señor González Amador, insistieron en la acusación contra el fiscal general del Estado, que borrar conversaciones era sospechoso en un imputado, ya que un inocente no borra mensajes cuando se ve apuntado por la Justicia. Quien así opinaba ha borrado mensajes cuando se ha visto apuntado por la Justicia”. Los socialistas recurren directamente en apelación ante la Audiencia Provincial, que ya obligó a la jueza Robles a abrir la causa después de que la magistrada rechazara su admisión a trámite.

Miguel Ángel Rodríguez declaró ante la jueza que había sido González Amador quien le pasó la foto de los dos periodistas mientras hacían su trabajo en las inmediaciones del domicilio que comparte el empresario y comisionista con la presidenta madrileña. Justo antes le había dicho a los periodistas que la foto se la envió un vecino. Ante la magistrada rectificó y aseguró que el vecino hizo la foto y se la entregó al novio de Ayuso y este se la dio a él. Luego, González Amador ratificó esta versión ante la jueza.

Para el PSOE, “el señor González Amador aportó tras su declaración una documentación confusa e inconsistente, con pantallazos de unas supuestas conversaciones en fecha ignorada, con imágenes que no se ven y entre interlocutores desconocidos (...)”. “Ninguno de estos mensajes ha sido cotejado ni se ha verificado su realidad, las personas intervinientes o sus fechas”, añade el escrito de la acusación popular.

Los socialistas recuerdan a la Audiencia Provincial que los dos periodistas perjudicados por la difusión de sus datos y otro compañero corroboraron “explícitamente” la versión de que los datos procedían de los policías que les habían requerido la documentación e identificado en plena calle. Un documento policial incorporado a la causa reconociendo la identificación se sumaría a la tesis de la acusación, recoge el propio escrito.

El escrito del PSOE asegura que la jueza Robles “ha anticipado el cierre de la instrucción” antes de aclarar nada y que lo ha hecho a través de “una práctica sesgada de diligencias, donde se descartan aquellas dirigidas a la averiguación del delito en favor de otras dirigidas a exculpar al imputado”, Miguel Ángel Rodríguez.

Los choques entre el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y el Ejecutivo central son más que frecuentes y vienen de lejos. No es de extrañar que las relaciones entre el representante del Gobierno de Pedro Sánchez en la capital, el delegado Francisco Martín, y la presidenta de la Comunidad de Madrid tampoco sean buenas, pero estas han ido empeorando a lo largo de estos últimos años. La última de estas discrepancias se ha producido hace solo unas semanas, después de que Martín presentara un plan de acción contra la violencia sexual ante el aumento de las denuncias en la región.

Delegación de Gobierno presentó este mes un documento con 20 medidas entre las que se incluyen la formación de profesionales del entorno escolar, un mapa territorial de riesgos o un informe anual de violencia sexual en la comunidad, entre otras. Para poder desarrollarlo plenamente, pretendían coordinarse con otras instituciones como la Federación de Municipios de Madrid, la Fiscalía –a quien entregarán el plan el próximo martes– o la propia Comunidad, de quien lamentan que no han obtenido respuesta: “No se le presentó inicialmente un documento cerrado. Durante la fase de elaboración se invitó al Gobierno autonómico y al PP de la Comunidad a participar en los trabajos preparatorios”.

Según explica el propio delegado a elDiario.es, rechazaron participar, ya sea negándose o directamente evitando responder. “Durante 2024 y 2025 se mantuvieron 53 reuniones” con diferentes cuerpos, como organizaciones sociales, empresas o sindicatos. “Tras la presentación he vuelto a dirigirme formalmente a la presidenta”, añade. “Mantengo la mano tendida para que se incorporen ahora al desarrollo y la ejecución”. Por ahora no hay todavía una partida presupuestaria única y cerrada, sino que se trata de una “hoja de ruta transversal” y será cuando se constituya la mesa técnica cuando se verá el calendario, las administraciones responsables o los recursos disponibles.

Durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la Comunidad, el portavoz, Miguel Ángel García Martín, argumentaba que ya se estaban desarrollando planes contra la violencia sexual en la región, aunque no entraba a responder directamente sobre si rechazaban directamente cualquier participación. Fuentes cercanas a la presidenta consultadas por este diario remiten a las palabras de García Martín, mientras que el delegado habla directamente de boicot. “No encuentro ninguna razón técnica ni institucional que justifique su negativa”, argumenta. “Me preocupa que estén anteponiendo la confrontación política a una cuestión que debería quedar fuera de cualquier estrategia partidista. Estamos hablando de violaciones y de víctimas, muchas de ellas menores. Lamentables, Ayuso nos tiene acostumbrado a esto”, añade.

En caso de no producirse esta coordinación entre instituciones, el delegado asegura que se “limita su alcance”, ya que aunque sí cuenten con el visto bueno de algunos ayuntamientos —aseguran que algunos incluso del PP— y puedan desarrollarse actuaciones dentro de las competencias de la propia Delegación y de la Administración General del Estado, Madrid sigue teniendo las competencias esenciales en materia de sanidad, educación, servicios sociales o atención especializada a las víctimas. “Su falta de participación no paraliza el plan, pero sí dificulta que la respuesta sea plenamente integral, que es lo que busco”, asegura Francisco Martín.

Sobre esos planes existentes que argumenta la Comunidad de Madrid, el delegado asegura que valora “positivamente todos los recursos existentes”, pero que “tener protocolos sectoriales no equivale a disponer de una estrategia madrileña integral” y que el plan se trata de una adaptación del I Plan Estratégico para la Prevención de las Violencias Sexuales 2023-2027 del Ministerio del Interior.

La querella del alcalde de Móstoles contra el delegado

Uno de los choques públicos entre los de Ayuso y el delegado del Gobierno se produjo el pasado mes de abril con la polémica en torno al caso del alcalde de Móstoles, ahora imputado tras las denuncias por acoso sexual y laboral a una exconcejala de su propio partido. Francisco Martín acudió a la Junta de Seguridad Local en la ciudad madrileña y cargó al inicio de la reunión contra Manuel Bautista por copresidir la junta a pesar de la causa.

“Este señor tras lo que ha hecho no debe presidir una comisión como la que hemos celebrado en la que se habla de seguridad”, dijo entonces Martín. Ante las críticas del delegado durante la reunión, Bautista anunció una querella contra él por supuesta vulneración del honor.

Ahora, el delegado del Gobierno ve un “grave paralelismo” entre la falta de coordinación con la Comunidad de Madrid para llevar a cabo el plan contra la violencia sexual y el apoyo al alcalde del PP: “El negacionismo de las violencias machistas no solo se expresa con palabras”, critica Martín. “Hasta que no demuestre lo contrario, el Partido Popular de la Comunidad de Madrid es negacionista de la violencia machista”, añade.

“No se puede reclamar a las mujeres que confíen en las instituciones para ponerse a salvo y que, cuando una de ellas denuncia a una persona poderosa, se le abandone, cuestione o se le convierta en el problema”, dice el delegado del Gobierno sobre este apoyo al regidor.

Ayuso y su equipo en diferentes ocasiones han salido en defensa de Manuel Bautista. Tras conocer que se mantenía la investigación, la presidenta de la Comunidad decidió mantener este apoyo cerrado. “Sí. Está siendo ahora mismo acusado por algo que nadie ha demostrado diferente. Nadie ha demostrado nada que no sea una disputa laboral, que es lo que siempre fue. Por tanto, ¿cómo no voy a defender su trabajo y compromiso por Móstoles?”, dijo, ese mismo 1 de julio.

“¿Cómo puede ser tan dócil ante los episodios de acoso sexual en la Moncloa?”. Esa fue la pregunta que Isabel Díaz Ayuso lanzó al PSOE cuando, tras la investigación de elDiario.es, se destapó que varias mujeres habían acusado a Francisco Salazar, exasesor de Pedro Sánchez, de “comportamientos inadecuados” cuando era su jefe. Esas duras críticas contrastan ahora con el silencio tras la imputación del alcalde de Móstoles por acoso sexual y laboral. A pesar del caso y de la reacción en otras situaciones que afectan a los partidos de la oposición, el PP de Madrid continúa con su apoyo cerrado a Manuel Bautista.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, al ser preguntada por si seguía manteniendo su apoyo a Bautista después que la jueza rechazara su intento de cerrar la investigación, respondía así este mismo mes: “Sí. Está siendo ahora mismo acusado por algo que nadie ha demostrado diferente. Nadie ha demostrado nada que no sea una disputa laboral, que es lo que siempre fue. Por tanto, ¿cómo no voy a defender su trabajo y compromiso por Móstoles?”. Faltaban solo unos días para que la jueza decidiera imputar al regidor dos años después de la denuncia de la que fue su compañera.

En febrero de 2024, la entonces concejala en el Ayuntamiento que sigue dirigiendo Manuel Bautista denunció de forma interna al alcalde, según destapó El País. La exedil se dirigió en una carta al gabinete de la presidenta regional para pedirle que la recibiera: “Desde mayo de 2023 llevo sufriendo una discriminación muy grave que no ha cesado y se está incrementando. Me gustaría poder mantener una reunión contigo para que conozcas la situación y puedas mediar para que no tengan que intervenir otros organismos”. Ayuso decidió mantener una reunión, pero no aceptó recibir a la denunciante, sino al alcalde de Móstoles, con quien se vio cinco días después.

Desde entonces, Ayuso no se ha reunido con la denunciante, aunque una semana después de esa primera denuncia interna dos personas de la dirección del partido y del círculo más cercano a la presidenta se vieron con ella: Alfonso Serrano —el secretario general del partido en Madrid que pronunció la polémica frase de “¿y tú cómo ligas?”, dirigiéndose a un periodista que le preguntó por Bautista— y Ana Millán, quienes la presionaron para que no denunciara. “Protegerte es no hacer nada”, le llegó a decir Ana Millán. “Es un caso fabricado contra el Partido Popular”, llegó a decir Ayuso en la Asamblea de Vallecas cuando saltó el caso.

El apoyo público y privado a Manuel Bautista ha sido constante a pesar de que, paso a paso, la causa ha ido avanzando en el juzgado hasta llegar a la imputación del primer edil a principios de esta semana. ¿La respuesta del PP de Ayuso? De nuevo, respaldo total. Preguntado por si Bautista debía dimitir, Alfonso Serrano respondía el lunes con otra pregunta, sobre si debía dimitir el presidente Pedro Sánchez. La baronesa por ahora no se ha vuelto a pronunciar en público sobre el tema.

“¿Qué se puede esperar del trato que le han dado a las mujeres?”

“Viendo los gustos de los socialistas que están yendo a prisión, ¿a quién van a poner al frente del PSOE, a Rocco Siffredi? ¿Cuál es el siguiente? ¿Qué se puede esperar del trato que le han dado a las mujeres, si lo hacen así con sus compañeras, cómo no lo van a hacer con mi vida personal?”. Esas fueron las declaraciones de Ayuso durante un pleno en la Asamblea en diciembre de 2025 cuando saltó el caso contra Salazar, quien fue apartado después de que salieran a la luz las acusaciones de varias mujeres, que denunciaron a través de los cauces internos del partido.

Desde el PSOE critican ese doble rasero. “Cargan las tintas cuando son casos del PSOE” pero ahora “siguen defendiéndole a capa y espada, no ha habido ningún reproche”, aseguran fuentes socialistas de Madrid, que recuerda que el PP dio por cerrado el expediente que abrieron contra Bautista, aunque el portavoz del partido a nivel nacional, Borja Sémper, esta semana se escudaba en que el expediente seguía abierto: “Ha resurgido mágicamente”, critican dichas fuentes, que se preguntan desde “qué protocolo” se actúa, ya que el PP no tiene un protocolo contra el acoso sexual.

“Qué pena haber luchado para que las mujeres lleguen a puestos de poder para que una machista haya llegado ahí”, señalan los socialistas en conversación telefónica.

Pero las críticas por casos de acoso no solo se han producido con la investigación contra Francisco Salazar. Anteriormente ocurrió algo similar con el caso Íñigo Errejón, tras las acusaciones contra el portavoz de Sumar. “Nos enfrentan a hombres y mujeres, se practican las persecuciones sin garantías legales y mientras se han callado tantos casos de acoso. Se practica una doble moral dependiendo de quién es el agresor”, dijo la líder autonómica en octubre de 2024. En ese año también criticó que las acusaciones contra Errejón se hayan “estado ocultando” pese a venir de “mucho tiempo atrás”.

En un acto junto al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, lamentó que tanto Errejón como “muchos dirigentes de su formación y socios” han estado haciendo “bandera de feminismo” pero “están involucrados con todo tipo de causas, que tienen que ver siempre con violencias contra la mujer”.

Durante las declaraciones de Ayuso a principios de este mes, la presidenta adelantó que no iba a apartar a Bautista: “No voy a aplicarle la justicia de autor a una persona que he puesto ahí para que gobierno como lo está haciendo”. Las fuentes del PSOE apuntan a que el motivo por el que Ayuso no prescinde de él es que es su apuesta personal: “Por encima de las mujeres están ella y sus amigos”, aseguran. “Le va a defender hasta el final”, añaden.

El Juzgado de lo Penal número 19 de Madrid, al que le ha correspondido juzgar a Alberto González Amador por dos delitos fiscales y falsificación de documentos, advierte en un escrito que el señalamiento de la vista se realizará “considerando la sobrecarga y circunstancias que pesan sobre el Juzgado y cuando razones de agenda lo permitan”. La situación de los juzgados de lo penal de Madrid ya apuntaba a que el juicio contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso no se celebraría nunca antes de 2027, siete años después del presunto delito fiscal y las facturas falsificadas.

La providencia del juzgado, a la que ha tenido acceso elDiario.es, llega como consecuencia de otro escrito en el que su titular fija la prueba que se verá en el juicio, una suerte de guion de la vista por el que acepta o rechaza las declaraciones de testigos e informes que solicitaron las distintas partes.

En el caso de la acusación popular, que ejercen PSOE y Más Madrid, la magistrada ha rechazado todas las testificales propuestas, lo que supone que no declarará como testigo Fernando Camino, directivo de Quirón. Ya solo resta que la agenda del juzgado permita señalar la vista del juicio y que este se celebre.

El horizonte judicial de Alberto González Amador es sombrío. Contra él pesan las evidencias de un extenso informe de la Agencia Tributaria: 19 meses de inspección que ponen negro sobre blanco dos fraudes a Hacienda en dos ejercicios distintos y una trama de facturas falsas para llevarlos a cabo.

La Audiencia Provincial avaló en noviembre de 2025 la decisión del juzgado de enviarlo al banquillo y solo un acuerdo con la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que representa a Hacienda, podría evitar la celebración del juicio, que no una condena con pena de cárcel que se conocería en la fecha señalada para la vista.

González Amador ha defraudado una cantidad inferior a los 600.000 euros por lo que la ley establece que debe ser un Juzgado de lo Penal –con un tribunal formado por un solo juez– y no la Audiencia Provincial –tribunal de tres– quien celebre la vista. La carga de trabajo de los juzgados de lo penal de Madrid es sensiblemente superior a la Audiencia Provincial.

Los escritos de acusación de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que piden 3 años y 9 meses de cárcel para el empresario y comisionista, y el de la acusación popular, que solicita 5 años, se presentaron en junio. González Amador nunca ha declarado por el doble fraude fiscal y la falsificación de documentos, alegando en varias ocasiones compromisos laborales con Quirón.

Y mientras el supuesto fraude fiscal y la falsificación de documentos están abocados al juicio continúa la instrucción de la pieza separada por el presunto soborno de la pareja de Ayuso al directivo de Quirón Fernándo Camino. Ambos habrían acordado en secreto repartirse una comisión de 2 millones de euros en mascarillas y encubrir dicho reparto con la compra fraudulenta de una empresa de la mujer de Camino por medio millón de euros pese a no tener apenas valor.

Llevo demasiado tiempo leyendo resoluciones de la derecha judicial aplicando estrictamente las garantías constitucionales cuando se trata de investigar o juzgar a personajes del PP y diluyéndolas y pisoteándolas cuando investigan o juzgan a políticos de la izquierda; o a las personas con las que tienen “la sola relación de parentesco”, como se ha atrevido a subrayar la Audiencia de Madrid que ha acabado respaldando la asquerosa “instrucción” del juez Peinado. Demasiado tiempo contemplando cómo manejan los tiempos procesales para acomodarlos al calendario de La Contra política y empresarial, luego mediática.

Demasiado tiempo contemplando cómo abusan del margen de apreciación de las declaraciones de testigos de cargo, si juzgan a la izquierda, y desprecian todas las declaraciones de quienes las contradicen. ¿Recuerdan los periodistas que declararon ante notario y en el juicio conocer el “secreto” del novio de Ayuso antes que el Fiscal General del Estado? Luego ya no era un secreto. ¿Les han pasado inadvertidos las declaraciones testificales desmontando las acusaciones contra David Sánchez? ¿Y cómo los jueces tomaron en cuenta exclusivamente las apreciaciones del teniente coronel Balas?

Tanto tiempo que ya casi no merece la pena detenerse en argumentos jurídicos frente a ese puñado de jueces, eso sí mágicamente ubicados en los tribunales, los procedimientos y los momentos precisos. Ni frente a los de la inmarchesible Sala II del Tribunal Supremo, que ha llegado a condenar por co… al Fiscal General del Estado. Y, para boicotear la aplicación de la Ley de Amnistía, a desdecirse obscenamente de su propia Sentencia sobre el Procés, a cuyos responsables condenó por sedición, que es un delito contra el orden público, y no por rebelión, que es un delito contra la Constitución. La propia Sala II que sentenció que no se les podía condenar por rebelión, porque tratar de culminar la intentona independentista era una “ensoñación”, les ha llamado después “golpistas” para aplicar una excepción a la aplicación de la amnistía. Pura obscenidad y sensación absoluta de impunidad.

Por el camino quedan demasiados atropellos jurídicos con la única finalidad de tumbarse al Gobierno legítimo de España.

Demasiados años tiene uno ya y demasiadas horas dedicadas -en cumplimiento de mis deberes ejerciendo funciones de oposición al “régimen” de ATI/Coalición Canaria- a estudiar casos, teoría y jurisprudencia sobre prevaricación, tráfico de influencias o malversación de dinero público para no quedarme espantado con la manipulación de estos conceptos por parte de los magistrados que han juzgado a David Sánchez; o expandiendo el concepto y el tipo delictivo de malversación para sentar a Begoña Gómez ante un Jurado; o ante el contorsionismo de Marchena (no se han enriquecido con los gastos del Procés pero han evitado tenerlos que pagar con su propio patrimonio, luego han malversado) para inaplicar la Amnistía.

Lo de la malversación de dinero público por la colaboración de la asistenta de Begoña es casi insuperable en cinismo y manipulación. Pero es esa acusación el “fundamento” de la entrada en escena del Jurado. Por eso la mantienen contra viento y marea. ¡Ah, malversación!

Quiero decirles que me he convertido en decidido partidario de que los casos de prevaricación judicial y otros delitos que puedan haber cometido miembros del poder judicial, “delitos en los que la acción típica carezca de excesiva complejidad o en los que los elementos normativos integrantes son especialmente aptos para su valoración por ciudadanos no profesionalizados en la función judicial”, como dice la Ley Orgánica del Jurado, sean juzgados por un Jurado. Al menos así, uno de los factores que les hacen sentirse impunes, el acendrado espíritu corporativo del estamento judicial, quedaría atenuado.¿Quién vería a Peinado ante el riesgo de acabar sentado ante un Jurado, o al Hurtado que instruyó salvajemente la causa contra el Fiscal General?

No me puedo resistir a comentar las afirmaciones de la Audiencia Provincial de Madrid por su flagrante inconstitucionalidad. Y tan campantes: “La sola relación de parentesco por vínculo matrimonial con la más alta autoridad del Gobierno de la Nación, en determinados contextos y circunstancias, como los aquí analizados, puede comportar una presión moral eficiente a efectos de conformar el delito de tráfico de influencias”. O sea que la sola relación de parentesco… puede comportar presión moral eficiente y, por tanto, ¡es un indicio delictivo!. Sólo les faltaba decir si el parentesco corresponde a una mujer, que lo que debe hacer es quedarse con la pata quebrada y en casa. Mayor degradación de las garantías constitucionales y, permítanme, mayor machismo son inimaginables.

“La Contra”, también la judicial, está dispuesta a todo con tal de tumbar al Gobierno progresista, que con la Constitución en la mano es el Gobierno legítimo de España.

Y en un país con una historia tan turbulenta como la de España sólo hay dos opciones: o plantarles cara o echarse a temblar.

Por eso estoy convencido de que desde el lado de la defensa de la democracia, de la soberanía popular, de las libertades y garantías constitucionales “todo el que pueda hacer, que haga”. Pues hagamos.

El desembarco mexicano de Malinche, el último proyecto musical de Nacho Cano, se empezó a fraguar según cerraba su negocio en Madrid. El 4 de marzo de 2025, solo dos días después de la última función del espectáculo en Ifema, el productor y exmiembro de Mecano registraba en Florida (Estados Unidos) una sociedad llamada Malinche Productions MX LLC, en la que él mismo aparece como manager.

El movimiento empresarial se registraba en la misma dirección postal que el lugar donde Nacho Cano ya había registrado en el año 2019 Malinche Productions LLC, con idea de que esa compañía se convirtiera en la matriz de los negocios del musical que por entonces tenía en mente desarrollar y que no estrenaría en Madrid hasta el año 2022, cuando consiguió reunir la financiación para el proyecto.

La apertura de la compañía Malinche Productions MX se produjo poco antes del desembarco de su musical en México, donde llegó acompañado de dos productores ejecutivos, David Hatchwell, que ya invirtió en el lanzamiento de Madrid, y María Laura Medina de Salinas, empresaria que llegó con el apoyo del potente Grupo Salinas, que controla varios medios de comunicación y el Banco Azteca, patrocinador del musical. En este caso los decorados y el concepto artístico, todo se rediseñó con una adaptación escénica local inspirada en la serie Hernán.

El musical se presentaba en mayo y estrenaba temporada en el teatro del Frontón de México DF, donde desarrollaba 428 funciones y 235.000 espectadores -algo menos que su año más exitoso en Madrid- según cifras ofrecidas por sus promotores. Esta misma semana anunció el estreno de la segunda temporada para el próximo 15 de agosto.

En la presentación del proyecto, David Hatchwell hablaba sobre las intenciones de Malinche Productions LLC, la matriz del grupo: “México fue siempre nuestro objetivo, pero esto es solo el principio. EE. UU., con su población hispana, es el siguiente paso, y ya miramos a Las Vegas”, avisaba.

Estas halagüeñas perspectivas contrastan con el agujero económico que ha dejado la sociedad que desarrollaba el espectáculo en España, Producciones Malinche SL, actualmente en concurso de acreedores. La quiebra ha dejado deudas de 6,2 millones de euros que actualmente la compañía es incapaz de asumir con su patrimonio declarado de 2,5 millones de euros. Entre los acreedores se encuentra Ifema, consorcio semipúblico al que debe casi un millón de euros, parte de este montante a consecuencia del desmontaje que la empresa de Nacho Cano no quiso asumir pese a los requerimientos de la entidad. También adeuda 238.000 euros a la Tesorería General de la Seguridad Social.

El cierre de Malinche en España se produjo el 2 de marzo de 2025, a consecuencia de que Ifema necesitaba los más de 4.000 metros cuadrados que ocupaba para construir el circuito de Fórmula 1, que pasa por los terrenos que ocupaba la carpa. Esta salida se produjo en medio de una considerable caída de espectadores: del año 2023 al 2024 el espectáculo perdió más de la mitad de la audiencia que había cosechado. La disolución efectiva de la compañía se producía el 5 de marzo de 2025, un día después del registro en Florida de la nueva empresa que miraba a abrir un negocio similar en México.

Después de conocerse las cifras del fracaso económico en España del musical, el PSOE ha anunciado el registro de varias preguntas al ejecutivo regional en la Asamblea de Madrid sobre cuánto ha costado el apoyo de la Comunidad de Madrid a este musical, en concreto sobre el “sobrecoste que ha supuesto a Ifema el musical Malinche” o la inversión pública para su desarrollo.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha criticado este martes la actitud del secretario general del PP, Miguel Tellado, y de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por asegurar que la Ley de Memoria Democrática “será derogada” cuando los populares lleguen al poder.

Tellado, en un acto de recuerdo a Miguel Ángel Blanco, el pasado 13 de julio, en Madrid, insistió en que “la ley de memoria democrática será derogada en el primer Consejo de Ministros que presida Alberto Núñez Feijóo”.

Al ser preguntado por las declaraciones del secretario general de los populares, Torres manifestó que ambos dirigentes, “están demostrando que están en la involución”, y que, además, con respecto a las palabras del secretario general del Partido Popular, considera como algo “antidemocrático” querer derogar la ley que protege “a quienes han conseguido con su sacrificio que hoy disfrutemos de una libertad y una democracia en la que ellos pueden ser representantes políticos”, puntualizó el expresidente canario.

De esta manera, Torres recalca que tanto Tellado como Ayuso “se colocan en el lado incorrecto de la historia”.

Asimismo, el ministro ha cuestionado las palabras de los populares cuando aseguran que con Franco se vivía mejor. “¿Cómo se puede vivir mejor con un dictador que sepultaba los derechos conseguidos, por ejemplo, por las mujeres?”.

En este sentido, Ángel Víctor Torres ha subrayado que “todo lo que hemos conseguido en la Transición Democrática en los años posteriores ha sido gracias a esos valores que hemos podido recuperar que existían en la República”.

Por último, el ministro ha querido “dar una mala noticia” a los populares, y es que “no van a derogar nada” porque, ha asegurado, para después de las elecciones de 2027, “vamos a seguir nosotros gobernando nuestro país, y defendiendo los derechos de las personas, la igualdad, la justicia, y por supuesto, la dignidad de las personas que dieron su vida por tener nososotros hoy la democracia”, ha concluido Torres.

El sistema de reubicación de menores migrantes que Isabel Díaz Ayuso ha llevado a los tribunales no ha provocado la saturación de la que tanto alertó la presidenta de la Comunidad de Madrid. Lejos de generar el colapso de plazas argumentado por el Gobierno autonómico para justificar su rechazo al mecanismo de reparto, el número de adolescentes extranjeros albergados en la región se ha reducido en más de 670 menores desde el inicio de los traslados, lo que supone una caída de un 30%, según el registro oficial al que ha tenido acceso elDiario.es.

A inicios de 2025, antes de la aprobación del plan de reubicación de menores migrantes, el sistema de acogida de Madrid contaba con 2.184 menores extranjeros no acompañados. A 30 de junio de 2026, la Comunidad acoge a 1.514 niños, niñas y adolescentes, según los datos oficiales.

La ocupación del sistema de acogida madrileño, además, está lejos de colapsar la capacidad mínima que debería tener según la normativa vigente. Actualmente, el número de menores migrantes atendidos supone el 60% de las plazas ordinarias, según los datos oficiales. La Consejería de Asuntos Sociales no ha respondido a las preguntas de elDiario.es sobre las cifras.

Hace solo dos semanas, el Gobierno autonómico advirtió de que ya estaban estudiando acudir a los tribunales para intentar frenar lo que ellos consideran un “atropello”: la actualización de la capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de estos menores en las comunidades y ciudades autónomas, que eleva en 204 plazas las de la Comunidad de Madrid hasta los 2.471 menores que, según cálculos del Ejecutivo central, podría acoger.

El Gobierno de Ayuso se opone a ese decreto. “El cupo relacionado con los menores no acompañados es un asunto que no ha pasado por la conferencia sectorial y, por tanto, es manifiestamente ilegal”, criticó este miércoles el portavoz autonómico, Miguel Ángel García Martín, en rueda de prensa.

Pero las declaraciones de García Martín son solo un ejemplo del choque de Ayuso con el Gobierno de Pedro Sánchez, en este caso en materia de migración y derechos de la infancia migrante. En abril de este mismo año, la Consejería de Asuntos Sociales lanzó un aviso al Ministerio de Política Territorial: no aceptará nuevos traslados de menores migrantes no acompañados. Lo hizo a través de una carta de la consejera madrileña, Ana Dávila, en la que de nuevo amenazó con acciones legales en caso de mantener el sistema de reparto.

En su misiva, la consejera hablaba de un supuesto “efecto llamada” a pesar de que las cifras oficiales desmienten esas acusaciones. Dávila acusaba al Gobierno de tomar “decisiones unilaterales” y de “separar a grupos de hermanos y trasladar a Madrid a menores que manifestaban tener familiares en otras comunidades”.

El centro de menores de La Cantueña, la última causa de disputa por los menores migrantes

Uno de los choques más recientes en cuanto a acogida de menores migrantes se ha producido esta misma semana, después de que la Justicia haya dado la razón a la Comunidad de Madrid sobre el centro de menores de La Cantueña, en Fuenlabrada. El fallo ha concedido al Gobierno autonómico la “única y exclusiva” titularidad de la finca después de meses de disputa, una resolución que todavía puede ser recurrida y que el alcalde socialista de la localidad, Javier Ayala, critica.

Para Ayala, la Comunidad “intentó castigar” a la ciudad con la ubicación del centro, “a más de tres kilómetros de cualquier síntoma de civilización” y con un centenar de menores concentrados en espacios donde, según criticaba, debían tener zonas más “personalizadas”. Este mismo miércoles el portavoz del gobierno regional le recomendó al alcalde socialista Javier Ayala que fuese a la “ventanilla” del Gobierno central al considerar que genera un “caos migratorio” con los menores migrantes que, según sus propias palabras, no han llegado al país “por generación espontánea”, sino que “los ha traído el Gobierno”.

Pero el rechazo de Ayuso por el reparto de menores migrantes viene de lejos y recopila durante meses diferentes choques, desde el protagonizado con Delegación de Gobierno al intentar que retornaran a 110 menores no acompañados, hasta las acusaciones de la Consejería de Dávila y Sol, que hablan de una supuesta estafa por casos de “falsos menores” y advierten que denunciarán a los inmigrantes adultos que se hayan hecho pasar por menores no acompañados. “Nos han colapsado y haremos responsable al Gobierno de España de lo que pueda ocurrir”, dijo Dávila a finales de 2025, además de afirmar que la región “no puede aceptar ni un menor más”.

Descenso generalizado en España

A nivel estatal, los datos del registro oficial de menores, publicados por elDiario.es, confirmaron un descenso continuado en las llegadas de estos chavales tras la aprobación de la medida y la tramitación de la reubicación de alrededor de 2.000 adolescentes.

En mayo de este año, la cifra de niños y adolescentes ha bajado a 13.964, recuperando los niveles de julio de 2024. La cifra marca un punto de inflexión respecto al pico registrado entre finales de 2024 y principios de 2025, cuando el sistema de acogida llegó a albergar a más de 16.000 menores extranjeros en pleno debate político por la reforma de la Ley de Extranjería, cuando Canarias y Ceuta acogían a más del triple de su capacidad.

En marzo de 2025, el Consejo de Ministros aprobó la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería que permitía la creación del sistema obligatorio de reparto de menores migrantes de aquellos territorios declarados en “contingencia migratoria”, tras el acuerdo alcanzado con Junts que garantizó su tramitación parlamentaria. La medida pretendía reducir la presión de los sistemas de acogida cuya ocupación triplicase la capacidad ordinaria de acogida, a través de un mecanismo de reparto por comunidades autónomas basado en criterios como la población, la renta o el número de chavales extranjeros tutelados previamente. Canarias, Ceuta y Melilla cumplieron poco después los requisitos para solicitar los traslados de chavales a otros puntos del país, siempre que se cumpliesen una serie de garantías.

Tras su aprobación, los primeros traslados se llevaron a cabo en septiembre de 2025. Casi un año después, el Gobierno ha tramitado 2.000 expedientes de niños y niñas desde Canarias, Ceuta y Melilla, según los datos proporcionados el mes pasado por el Ministerio de Infancia.

El proyecto musical que Nacho Cano impulsó en Madrid con el apoyo de las instituciones públicas, Malinche, ha acabado en un rotundo fracaso económico, precedido de un importante descenso de espectadores. Así lo acreditan las cifras publicadas sobre el reciente concurso de acreedores de su empresa promotora y la evolución de la asistencia a sus espectáculos, a la que ha tenido acceso este periódico.

La obra se despidió en marzo de 2025 después de casi tres años en Ifema, la entidad público-privada que acogió el espectáculo desde el año 2022. Su despedida fue una sorpresa porque llegaba después de que sus responsables calificaran de “éxito arrollador” sus dos primeras temporadas, pero las cifras desveladas por El Confidencial hace unos días reflejaban una realidad económica bien distinta: tres años consecutivos de pérdidas y una deuda que se elevaba a los 6,2 millones de euros.

Dos organismos con participación pública han resultado afectados por esta quiebra: Ifema, que acogía las funciones y que tuvo que asumir los costes de desmontaje del musical ante el caso omiso que hizo a sus requerimientos la compañía de Nacho Cano. Solo esta partida supuso 249.260 euros, lo que unido a diferentes impagos por la cesión del espacio y otros conceptos eleva la deuda de la promotora de Malinche hasta casi el millón de euros con la institución ferial, participada en un 62% por Comunidad y Ayuntamiento de Madrid. Además, los números publicados indican que la compañía adeuda 238.000 euros a la Tesorería General de la Seguridad Social.

El resto de principales acreedores son las empresas que otorgaron préstamos a Nacho Cano para el montaje, o compañías con las que tenía acuerdos comerciales, con la sociedad Ferrado QT LLD a la cabeza, propiedad de Sandra Ortega, hija de Amancio Ortega. Tampoco ha recuperado su préstamo efectuado mediante Llapan SL el empresario peruano Carlos Añaños. En cuanto a los acuerdos incumplidos, afectan a Hijos de Rivera (cervezas Estrella Galicia) por la gestión de la barra o Prosegur por la vigilancia.

Todos los ejercicios de Malinche acabaron en pérdidas: en 2023 sumó casi dos millones en negativo, en 2024 se quedó en 1,45 millones y en 2025 el resultado fue de 3,9 millones, siempre según los datos publicados por El Confidencial. Las cifras del último ejercicio conllevan mayor lastre porque se cruzó por medio otro proyecto de Ifema: el trazado del circuito de la Fórmula 1 pasaba por la carpa de Malinche y el inicio de sus obras obligaba al desmontaje. “¡Arrollados por la F1!” escribieron los responsables del espectáculo en redes sociales, al anunciar su marcha, que tuvo lugar a principios de marzo de 2025.

El musical de Nacho Cano ya estaba en ese momento de capa caída en cuanto a su número de espectadores. Después de un arranque prometedor y un buen año 2023, el 2024 sufrió una auténtica debacle respecto a sus cifras iniciales, alcanzando menos de la mitad de público que su mejor año de asistencia. Las oficiales de Ifema, a las que ha tenido acceso Somos Madrid, arrojan 70.855 espectadores durante sus primeros tres meses y medio después del estreno (unos 20.000 al mes), otros 261.488 espectadores en el año 2023 (subió la media a 25.000 cada mes, exceptuando la pausa del verano) y el citado bajón de 114.561 en el 2024 (casi 11.000 en los meses de apertura). No se han publicado datos aún de los dos meses de 2025.

Del apoyo de Almeida al patrocinio de Ayuso

Otro de los aspectos que ha revelado el concurso de acreedores es la lista de personas y entidades que entraron como productoras de Malinche, un musical que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, había apoyado explícitamente en su concepción. Entre los nombres que aportaron su capital para sacar adelante el montaje está David Hatchwell, empresario cercano a la líder del PP madrileño, también presidente de la Fundación Hispanojudía. Es citado en el informe de la administración concursal publicado por El Confidencial, a través de dos sociedades: Órdenes&Hatchwell (con 54.000 euros de inversión) y Hatchwell Inversiones Musicales SL (55.700 euros). Ángel Más, presidente de la asociación Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM), relacionada también con Hatchwell, figura como productor con 54.000 euros. Nacho Cano puso otros 52.000 euros en este apartado. La lista se completa con los empresarios Gonzalo Armenteros, fundador de los hoteles Soho Boutique (puso 56.000 euros), Alejandro Baigorri Moreno-Luque (55.800 euros) y el peruano Carlos David Añaños (220.000 euros).

Todos estos nombres apoyaron un proyecto -ahora quebrado- que contó primero con el apoyo explícito del Ayuntamiento de Madrid y luego recibió el respaldo de la Comunidad. El Gobierno de Almeida le ofreció primero a Nacho Cano una parcela municipal en Hortaleza donde el ex de Mecano quería levantar una pirámide azteca de 29 metros de altura y un recinto en el que cupieran 13.000 espectadores. Pese a que el acuerdo con el Ayuntamiento estaba cerrado, el ex de Mecano se echó atrás cuando la negociación saltó a los medios, aunque oficialmente lo hizo por los elevados costes de construcción de la infraestructura. Fue entonces cuando miró hacia Ifema.

El recinto ferial controlado por Ayuntamiento y Comunidad de Madrid ofreció al productor más de 4.000 m2 para acoger el espectáculo, en la línea de otros shows que ya alojaba, y el estreno se planteó para el año 2022. A él acudió Díaz Ayuso, amiga íntima del cantante -ha pasado vacaciones en su lujosa mansión de Ibiza- y que le había obsequiado en 2021 con la gran cruz del 2 de Mayo, una de las mayores distinciones de la Comunidad de Madrid. Entre los favores políticos que recibió Malinche también estuvo la cesión de las instalaciones de Metro de Madrid para su promoción gratuita, en el año 2023.

En paralelo a estos favores, Malinche recibía algunos reveses reflejados en el informe concursal, que habla de un “boicot mediático y político con impacto reputacional, cobertura mediática negativa y pena de telediario”. Se refiere sobre todo al caso de los becarios que acudieron a bailar al musical desde México y los diez meses que pasaron desde la detención de Nacho Cano en el año 2024 hasta el archivo del caso con la exoneración de todas las acusaciones. El administrador también cita el cese del patrocinio de Renfe como otro de los problemas registrados por la empresa, que se produjo después de unas polémicas declaraciones del productor.

La situación del espectáculo en España, quebrado y con un patrimonio de 2,5 millones de euros incapaz de asumir los 6,2 millones de deuda generados, contrasta con la de la misma producción en México, estrenada hace más de un año por el propio Nacho Cano y que acaba de confirmar su segunda temporada después de una primera exitosa en el teatro del Frontón de México DF, con 428 funciones y 235.000 espectadores, según cifras ofrecidas por sus promotores. Sus cantantes arroparon a la propia Isabel Díaz Ayuso durante su último viaje a México, en un acto titulado Celebración por la Evangelización y el Mestizaje en México: Malinche y Cortés, con el que la presidenta de la Comunidad de Madrid quiso mostrar de nuevo su apoyo al musical y este se lo agradeció publicando su imagen en redes sociales y hablando de las “grandes figuras” que acudieron al acto.

El Gobierno de Ayuso desea más espectadores y el PSOE pide explicaciones

Preguntado por las últimas informaciones publicadas sobre el musical, el Gobierno regional ha asegurado que Malinche “no tiene ningún tipo de subvención de la Comunidad de Madrid”. El portavoz Miguel Ángel García, en rueda de prensa este miércoles, ha deseado que espera que este espectáculo “lo puedan ver cuantas más personas mejor”, y ha considerado que “su promotor y productor ha demostrado durante muchos años lo mucho y bueno que ha hecho por la cultura en español”.

Por su parte y ante las nuevas cifras sobre el musical, el PSOE de Madrid ha pedido explicaciones a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre el “sobrecoste que ha supuesto a Ifema”, Para su portavoz en la Asamblea, Mar Espinar, el espectáculo “ha resultado ser una ruina económica”.

En las mismas declaraciones reclama saber “cuánto dinero ha costado a los madrileños” este espectáculo, además de conocer cuánto costó el viaje a México que “también se utilizó para patrocinar este desastre económico”. “La señora Ayuso tiene que dar explicaciones porque los colegas que tiene son un pozo sin fondo para el erario público”, ha añadido después de comunicar que registraban en la Asamblea de Madrid varias preguntas dirigidas al Gobierno regional para que Ayuso valore el “sobrecoste que ha supuesto a Ifema el musical 'Malinche'” o la inversión pública para su desarrollo.

Isabel Díaz Ayuso nos ha ofrecido un nuevo ejemplo de su imaginación arrolladora: el feto fantástico. Prácticamente, le ha conferido personalidad jurídica. Es la Virgen Isabel de los Milagros. “Cada vida importa desde el primer suspiro y por eso estamos legislando para el no nacido, que está en camino y está aquí y que cuenta como uno más para este Gobierno”, dijo en la Asamblea de Madrid. El feto está aquí, dice. Es uno más para su Gobierno. Cualquier día vemos a uno por la acera buscando un bar para tomar algo. 

Se trata de una ley que reconoce al embrión como un miembro de la unidad familiar con vistas a que reciban las ayudas y beneficios fiscales existentes por su número de hijos. La presentan como una norma para fomentar la natalidad, aunque hay que decir que esas ayudas tampoco son tan cuantiosas como para que tengan efectos duraderos. Estrictamente, la ley no es negativa en absoluto. Lo que llama la atención es la cobertura ideológica que le han insertado. 

En la campaña autonómica de 2019, Ayuso presentó esta misma propuesta. Un periodista le preguntó qué pasaría con esa ayuda si el embarazo no terminaba bien. Es decir, si en ese caso la familia debería devolver las ayudas recibidas. Yo estaba allí y me pareció que era una pregunta un poco ridícula y no muy sensible. No es necesario ser tan retorcido. La gran mayoría de los embarazos acaba bien con el nacimiento. Era una época en que Ayuso no tenía tantas tablas como ahora y dio una respuesta confusa y atropellada. La verdad es que parecía que la propuesta no estaba muy preparada y era de esas cosas que se lanzan en campaña a ver si se convierten en un titular. Y no se supo nada más de ella.

Ahora se ha convertido en una ley con una intención ideológica de cuestionar el derecho al aborto. Si el feto tiene derechos, ¿cómo es posible que se pueda interrumpir el embarazo provocando su final? Como explica Marta Borraz, la medida se inspira en el discurso de los grupos ultraconservadores que niegan el derecho al aborto en EEUU. “Si un embrión o un feto es una persona, el aborto podría considerarse legalmente un asesinato”, dice una profesora norteamericana citada en el artículo. “La enseñanza más interesante de lo que ha pasado en EEUU es que el verdadero cambio no está en estas medidas concretas, sino en el marco cultural que se empieza a construir”, opina la politóloga Silvia Aldavert. 

Ayuso dice estar a favor de la vida, pero solo hasta el parto. A partir de ese momento, depende del dinero que tenga tu familia. Esto no es una novedad. Desde la derecha europea y norteamericana, se insiste con frecuencia en que las ayudas del Estado, incluidas las que tienen que ver con el número de hijos, generan incentivos perversos. Les das el Ingreso Mínimo Vital, con una cantidad mayor si tienes hijos, y la gente no querrá trabajar, y cosas por el estilo. 

África Gelardo cuenta en este artículo todo lo que pasa con los niños en Madrid desde el momento en que nacen, todas las necesidades que afrontan sus familias, en especial si son pobres, que no reciben las ayudas y atención que la Administración podría darles. Tenemos las dificultades de muchas familias para acceder a las escuelas infantiles públicas (de cero a tres años). Solo el 13% de las solicitudes recibe una plaza en una escuela infantil municipal. En algunos distritos de la ciudad, el porcentaje es muy inferior. Les queda la opción de una escuela privada que solo es accesible si tienen dinero para pagarla. Se han ofertado 4.131 plazas en la comunidad en la última convocatoria de la ciudad y hay 99.000 niños de hasta tres años en la comunidad. 

Lo mismo ocurre con las becas comedor, que llegan al 40% de los niños en situación de pobreza. Los hijos de inmigrantes sin permiso de residencia se quedan fuera. El presupuesto destinado a ese fin no ha experimentado ninguna subida desde hace cinco años. 

Hay cuestiones de fondo que afectan a la natalidad y que no tienen que ver con ayudas concretas. Lo dijo Raquel Huerta, diputada de Más Madrid: “Los precios del alquiler en Madrid son el mayor anticonceptivo”. 

Hay que proteger a los fetos, pero los niños, y sus familias, que se busquen la vida. 

Conspiraciones televisivas

No hay límites para las tramas conspirativas que se inventa la derecha política y mediática. Siempre hay algún hecho sospechoso que demuestra la naturaleza maligna del Gobierno. ¿Con pruebas? Tampoco nos pongamos tan exigentes. Solo tiene que ocurrir algo fuera de lo común, o que sencillamente no les guste, para tirar del hilo. Porque cuando eres un martillo, todo lo que ves te parecen clavos.

Hay asuntos que no son los más importantes, pero que tienen su gracia. De esta semana, hay un ejemplo tronchante y lo saco aquí por las risas más que nada. Titular de ABC: “Sospechas en el sector por las audiencias milagrosas de TVE: 'Sé que están haciendo trampa pero no sé cómo'”. El autor del artículo presuntamente informativo es Juan Soto Ivars, que ya sabemos de qué palo va. 

Es el colmo de la conspiración: está ocurriendo delante de nuestros ojos, pero no tenemos pruebas. Lo que no nos impide hablar del tema. De paso, llamamos “milagrosas” a esas audiencias y el lector lo entenderá todo. Hasta los que dicen que existen los ovnis creen contar con pruebas de su existencia. Aquí no hay tanta suerte.

Todo viene a cuenta de las buenas audiencias de algunos programas de TVE frente a sus rivales de las televisiones privadas. Los de Ana Rosa Quintana y Susanna Griso están en las cifras que tienen desde hace tiempo con un público fiel más o menos estable. Sus programas siempre son iguales, en general dedicados a atacar al Gobierno en su parte de contenido político, y hay poco margen para la sorpresa. Se reparten la audiencia de los cabreados con Sánchez. Tienen que incluir también amplios bloques de publicidad en los que la audiencia cae.

Es cierto que el programa de Silvia Intxaurrondo a primera hora de la mañana ha aumentado mucho su audiencia y supera con gran facilidad a los de Antena 3 y Telecinco. En cierto modo, su notoriedad se incrementó con su entrevista a Feijóo, de la que el líder del PP salió tan enfadado que no se ha atrevido a volver. Intxaurrondo tuvo la osadía de responderle que un dato que había mencionado no era cierto. Y ya sabemos que ese es un problema recurrente con Feijóo. Solo hay que ver sus comentarios sobre las bajas médicas de los trabajadores.

Luego viene el programa de Javier Ruiz de un estilo más sensacionalista con el presentador dando saltos por el plató y pegando gritos, y comentando titulares y gráficos gigantescos que aparecen en el videowall. Su dieta informativa se centra en política (en su vertiente más polémica) y sucesos. Droga dura directamente inyectada en las venas del público.

Esas cosas siempre han funcionado en televisión, aparentemente ahora también con algunos programas informativos. En estos tiempos crispados, TVE apostó por unos programas de estilo mucho más agresivo de lo habitual en la televisión pública (causando malestar en parte de la redacción, además por el uso de productoras privadas). 

El artículo del ABC da por hecho, basándose en comentarios anónimos, que alguien está cometiendo un fraude con los audímetros: “Según la teoría de la trampa, el Gobierno habría logrado meter sus zarpas en Kantar Media para 'comprar' algunos de los audímetros”. Esto es una teoría conspirativa que tiene décadas de vida. Siempre se ha dicho que las cadenas de TV matarían por conseguir los nombres de un puñado de personas que tengan audímetro en casa. Se trata de una información que obviamente hay que mantener en secreto. 

El autor no da crédito a que las audiencias de las teles no se correspondan exactamente con los resultados electorales por ejemplo en Madrid, donde gobierna Díaz Ayuso. Si esa extrapolación no fuera ridícula, se podría decir que Telemadrid debería ser la cadena líder. El canal autonómico firmemente controlado por Miguel Ángel Rodríguez queda muy lejos de las cifras de las televisiones nacionales y de las autonómicas más vistas.

Telemadrid tuvo un 5,1% de share en 2025 –siendo la octava de trece cadenas–, lo que le colocó en el furgón de cola frente a TV3 (14,2%), Aragón TV (12,2%) y Canal Sur (9,4%). A mediados de junio, emitió un documental especial sobre el caso Zapatero para sacarle todas las vergüenzas en 'prime time'. Se quedó en un triste 4,6% de audiencia con 50.000 espectadores de media. Fue la sexta opción de esa noche sólo por delante de La 2, que daba un programa ya emitido. Votos y audiencias televisivas no caminan por la misma vía.

La cadena autonómica valenciana también debería ser la líder en esa comunidad, según esta lógica electoral absurda. Pues fue la última de todas las regionales (2,9%), después de que el PP se cargara al equipo anterior de À Punt por ser demasiado independiente. 

Los que hacen esos comentarios sobre las trampas sin pruebas son los que están perdiendo en la batalla de las audiencias y que no se atreven a dar la cara. En los tiempos que corren en cierto periodismo, eso ya es suficiente para dedicarles un artículo y dar por buena su versión. 

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, y su portavoz adjunta, Enma López, han logrado recabar los avales suficientes para concurrir a las primarias del PSOE a la Alcaldía. Ambas medirán sus fuerzas en unas primarias el 19 de julio, día en el que se conocerá quién aspirará a arrebatar el bastón de mando al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, en las próximas elecciones municipales.

El plazo de recogida de avales ha finalizado este sábado a las 12 horas, después de una semana en la que las dos precandidatas han recorrido agrupaciones socialistas de la capital para recabar los apoyos de la militancia. Así, poco antes de las 16.30 horas el PSOE-M ha informado de que ambas aspirantes han superado el mínimo de avales necesarios. Ya a última hora de la tarde se conocieron los datos de los avales de cada candidatura: 1.418 en favor de la candidatura de Maroto y 1.080 para la candidatura de López.

La pugna enfrenta a dos concejalas que compartieron campaña en 2023, cuando Maroto fue candidata del PSOE a la Alcaldía de Madrid y López ejerció como su directora de campaña y número tres de la lista. Ahora llegan cada una con su propia candidatura a unas primarias en las que Maroto defiende la continuidad de un proyecto basado en “compromiso, constancia y confianza”, mientras que López apela al “ya toca” y a la necesidad de “dar un paso más” para “ilusionar” y llegar a los barrios.

Durante la fase de recogida de avales, Maroto ha compaginado su actividad como portavoz del Grupo Municipal Socialista con su agenda interna de primarias. Estos días, ha insistido en que su “sitio está en Madrid” y en que cumple la palabra dada en 2023, cuando se comprometió con la militancia socialista y con los madrileños a liderar una alternativa para cambiar el Gobierno municipal. Destaca su visita a la agrupación socialista de Fuencarral, donde Maroto acudió ataviada con la camiseta de la selección española coincidiendo con la jornada en la que España eliminó a Portugal en el Mundial.

Maroto ha estado además arropada por el grueso de los concejales del grupo municipal y por distintos cargos y militantes del PSOE madrileño. Entre los apoyos visibles ha estado el de la portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, a quien se le ha visto acompañando a la portavoz socialista en Cibeles en algunos actos y que compartió en redes sociales su aval a la candidatura de Maroto.

Por su parte, Enma López ha desplegado una campaña de recogida de avales con mucha presencia en las redes sociales y visitas a distintas agrupaciones socialistas bajo el formato de un “avalmaratón”, con el que ha buscado movilizar a la militancia y presentar su candidatura como una alternativa.

La edil ha mantenido ese recorrido incluso durante la fuerte tormenta de verano caída esta semana en Madrid, como destacó —con paraguas en mano— en un vídeo difundido en X. López también ha apelado en la misma red social a depositar el aval hasta el “último minuto”, recordando el gol de Iniesta en el minuto 116 ante Holanda que dio a España su primera y única Copa del Mundo.

Dentro de su campaña visual con guiños al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, también ha lanzado un nuevo cartel con el mensaje 'A mí esa chulapa para Madrid me gusta', donde se la ve ataviada con el traje típico de la ciudad.

Óscar López será el candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid y se enfrentará a Ayuso

A la espera de concretar a la aspirante a desbancar a Almeida, la otra parte del ticket electoral socialista de Madrid ya está clara. El secretario general del PSOE de Madrid y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, será el rival socialista de Isabel Díaz Ayuso en las próximas elecciones autonómicas. En un acto este mismo sábado tras hacerse oficial su candidatura, ha prometido que se va a “dejar la vida en cambiar la Comunidad de Madrid”.

Según ha informado el PSOE, Óscar López ha sido elegido como candidato al superar el máximo de avales solicitado, 2.092, en el proceso de primarias, que es el 15% del censo de militantes, afiliados directos y miembros de Juventudes Socialistas de Madrid. Su rival en primarias, Silvia López Quivira, no ha conseguido superar el mínimo necesario.

López Quivira, una abogada militante de base de la agrupación de Chamartín, sorprendía presentándose a un proceso que se daba por hecho que ganaría el ministro. De hecho, cuando presentó su candidatura en diciembre de 2024 para convertirse en secretario general del PSOE-M, nadie se presentó como alternativa.

En un acto en Fuenlabrada, López ha agradecido a la militancia de la formación el apoyo brindado y ha asegurado que supone “un inmenso honor” ser el candidato socialista a presidir el Gobierno regional. El también ministro ha trazado un paralelismo con la selección española de fútbol, que este viernes logró ganar a Bélgica y pasar a la semifinal del mundial, para explicar cómo quiere afrontar este reto, señalando que La Roja gana “porque ninguna estrella está encima del equipo”.

“Lo que yo quiero para el PSOE de Madrid es que trabajemos todos como un equipo, que cuando uno pierda el balón salgamos todos a recuperarlo, que da igual quién marque el gol, que lo importante es que ganamos todos y que ninguna estrella está por encima del equipo. Nunca, jamás. Lo importante es el equipo”, ha destacado.

Entre sus prioridades, según ha detallado, estará el problema de la vivienda, para el que contará con el Plan de Vivienda Estatal aprobado por el Gobierno central. Además, también ha comunicado su intención de reunir a todos los alcaldes socialistas de la Comunidad de Madrid para “conocer el suelo público y hacer el mayor plan de vivienda pública en la historia de esta región”.

En cuanto a los servicios públicos como la sanidad y la educación, el ya candidato ha defendido la necesidad de devolverle “todo su reconocimiento y capacidad de acción”, dotando de los recursos necesarios a los profesionales e incrementando en 600 millones de euros más la financiación de las universidades públicas. “Frente al sistema perverso que hace que algunos gestores privados se enriquezcan con la salud de todos mientras los médicos se desdoblan para llegar a la atención de cada paciente en cada municipio de la Comunidad de Madrid, nosotros defendemos la buena gestión que disminuya las listas de espera y provea mayor número de sanitarios en los centros de salud y hospitales”, ha asegurado.

La conocida como “ley del concebido” de Isabel Díaz Ayuso, que entra en vigor este sábado y se presenta como una gran norma de apoyo a la vida, la natalidad y las familias, es un buen instrumento de propaganda con bastantes lagunas jurídicas. Quizá la primera y más evidente es la que pone en entredicho el propio discurso de la presidenta de la Comunidad de Madrid cuando quiere dar a entender que su norma protegerá al concebido desde el primer momento de la gestación. No es cierto, si tenemos en cuenta que la propia ley, para cualquier ayuda o beneficio económico (disp. adicional 2ª.d), fija un umbral muy distinto al de la concepción: “En todo caso posterior a la finalización de la semana 14”, es decir, a partir de la semana quince de embarazo. Un cómputo que coincide exactamente con el momento en que deja de ser posible la interrupción voluntaria del embarazo por libre decisión de la mujer conforme a la Ley Orgánica 2/2010. La retórica de Ayuso es “desde la concepción”. Sin embargo, la eficacia económica de su norma comienza cuando termina el plazo de la IVE libre.

La ley, además, no se atreve a decir aquello que pretende sugerir y que en el discurso político se alardea. En ningún momento afirma la norma que el concebido sea una persona, ni que tenga personalidad jurídica, ni que sea sujeto de derechos. No puede hacerlo porque chocaría frontalmente con los artículos 29 y 30 del Código Civil y con una consolidada doctrina constitucional, desde la STC 53/1985 hasta la STC 34/2023. En su lugar, utiliza una fórmula de asimilación (“se le tendrá por nacido”) que no es más que una ficción jurídica que intenta proyectar sobre el plano administrativo y simbólico la equiparación entre concebido e hijo nacido. A estos efectos, resulta sorprendente la forma en que el preámbulo invoca la STC 271/2015 al afirmar que esa sentencia “avala que, al considerar al concebido como ya nacido, se puedan fijar beneficios”. Sin embargo, el Tribunal Constitucional en aquella resolución nunca reconoció una potestad general para equiparar concebido e hijo nacido. Lo que declaró constitucional fue una medida muy concreta de la Comunidad Valenciana relativa al baremo de admisión escolar, insistiendo expresamente en que no atribuía personalidad jurídica al concebido, no modificaba el Código Civil y no establecía una regla general aplicable a cualquier procedimiento administrativo. Convertir aquella sentencia del TC en el fundamento de una equiparación administrativa de alcance general supone llevar mucho más lejos de la realidad lo que realmente viene a decir la doctrina constitucional.

Quizá por eso la ley deja al descubierto la paradoja de que la supuesta protección del concebido no se traduce en el reconocimiento de derechos para ello, porque constitucionalmente no puede hacerse. Los verdaderos beneficiarios de la norma son terceras personas adultas que podrán acceder a determinados beneficios administrativos mientras que el concebido funciona, en realidad, como un presupuesto ideológico para, supuestamente, apoyar a la natalidad y a la familia a través de políticas muy cuestionables a efectos prácticos, como la ayuda de 500 euros mensuales a madres gestantes que la Comunidad aplica desde 2022, y menciona el preámbulo como ejemplo. Parémonos un momento en esta.

Esta ayuda solo se cobra desde la semana 21 de gestación (es decir, desde el quinto mes, no la concepción), solo hasta los 30 años (cuando la edad media de la maternidad en España supera los 32), solo con cinco años de empadronamiento en la región dentro de los últimos diez (lo que expulsa a las mujeres migrantes de llegada reciente), solo bajo umbrales de renta que, además, castigan a las madres solas y no es un derecho subjetivo está condicionada a que haya crédito presupuestario cada año. ¿En cuántas ayudas se ha traducido esta política a favor de la natalidad en estos cuatro años? En algo más de 30.000, un dato ridículo.

Pero quizá el detalle más inquietante a mi juicio es el artículo 2.5, que obliga a comunicar a la Comunidad de Madrid cuando el concebido “no llegue a nacer”. Una obligación que alcanza necesariamente los supuestos de pérdida gestacional, cualquiera que sea su causa, y obliga a las mujeres a trasladar a la Administración un dato especialmente sensible sobre su salud reproductiva. La ley no establece un régimen específico de garantías, no precisa la finalidad de esa información ni regula su tratamiento posterior. Resulta llamativo que una norma presentada como instrumento de apoyo a las familias introduzca, al mismo tiempo, un deber de comunicación sobre un acontecimiento íntimo cuya protección forma parte de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y disidencias sexuales. Una inferencia inaceptable y peligrosa que no puede pasar desapercibida, especialmente en un contexto donde los registros de embarazos y pérdidas gestacionales están siendo la antesala de políticas de control sobre la vida sexual y reproductiva de las mujeres. Normalizar esa comunicación obligatoria no es un tecnicismo, es una línea que no debería cruzarse y que debería alertarnos.

Por último, y no debe servir como alivio, conviene señalar que esta ley incorpora mecanismos que aplazan su eficacia y que la “asimilación del concebido al hijo ya nacido” que proclama el artículo 2 no es autoejecutiva y solo será operativa “con el alcance y las condiciones que se regulen en cada procedimiento concreto”. Es más, la medida estrella (la condición de familia asimilada a familia numerosa) no entrará en vigor hasta dentro de seis meses y los beneficios fiscales asociados dependen de un certificado que todavía no puede expedirse.

Lo que entra en vigor en la Comunidad de Madrid con la gran ley ideológica de Ayuso no son nuevos derechos para las familias. Entra en vigor una determinada forma de concebir el embarazo desde los poderes públicos. Aparentemente, el discurso político quiere situar al concebido en el centro de la norma, sin embargo, toda arquitectura jurídica gira, en realidad, sobre el cuerpo de las mujeres, puesto que son las semanas de gestación las que determinan el acceso a las ayudas, los certificados médicos los que acreditan el embarazo y, en caso de aborto o pérdida gestacional debe comunicarse a la Administración esa situación. Esta no es tanto una ley sobre el concebido sino una ley sobre el embarazo y sobre la manera en que los poderes públicos deciden intervenir en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

La ley estrella del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que reconoce al embrión como “miembro de la unidad familiar” ha sumado días y días de polémica tras su aprobación por la mayoría absoluta del PP en la Asamblea de Madrid. La norma del “concebido no nacido”, como la llama el propio gobierno autonómico, ha recibido críticas por parte de la oposición, pero también de expertas que consideran que se trata de una “batalla cultural” que asume posiciones antiabortistas más que suponer una ayuda real para las mujeres. Tras la bronca subyace una pregunta: qué pasa con los que sí han nacido y viven ya en la región. Es decir, cuál es la situación de los niños que, desde el momento en que nacieron, adquirieron la plena capacidad jurídica y tienen reconocidos sus derechos como seres humanos.

La Comunidad de Madrid argumenta que esta ley no va “en contra de nadie ni de nada” y que “no colisiona con ningún otro texto legal, solo con los prejuicios de algunos miembros de la izquierda”. La norma se centra en aspectos administrativos: “Tiene por objeto habilitar la asimilación del concebido no nacido al hijo ya nacido, a efectos del reconocimiento de aquellos beneficios y derechos que, en el ámbito competencial de la Comunidad de Madrid, se deriven de la existencia de hijos ya nacidos”, según se recoge en el anteproyecto de ley.

Durante el debate en el último pleno extraordinario del parlamento regional, el grupo Más Madrid presentó 14 enmiendas que fueron rechazadas por la absoluta del Partido Popular. Algunas de ellas planteaban, en tono irónico, incluir garantías para una “correcta climatización de las aulas” o “reforzar plantillas” para “garantizar el acceso” de los pequeños al “área de pediatría en atención primaria en todos los centros de salud de la Comunidad de Madrid”. Más allá de la bronca política, la comunidad suma tareas pendientes en cuanto a aspectos como la sanidad infantil o la educación de los más pequeños.

La “situación crítica” de la atención pediátrica

En febrero de 2025, la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap) publicó datos sobre la situación de la atención a los niños en medicina. Entonces, casi dos millones de niños en España no tenían pediatra asignado. En Madrid, un 32% de las plazas de pediatría estaban sin cubrir atendiendo a datos de entre 2018 y 2024, los más actualizados según el análisis que hacen desde la AEPap. Durante la presentación del informe, el presidente de la asociación, Pedro Gorrotxategi, explicaba que en algunos gobiernos regionales, como el de la Comunidad de Madrid, intentaban paliar el problema creando puestos para pediatras en hospitales, pero dejando estancados los centros de salud.

A su vez, esta situación supone que los pediatras tengan asignados a cada vez más niños. Según la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), en 2025 la atención primaria en la Comunidad seguía dependiendo de las horas extraordinarias para poder sostener la actividad. Un comunicado publicado el pasado mes de junio en la web del sindicato alertaba de que una de las más afectadas era, precisamente, la pediatría, que consideran que está en una “situación crítica”.

Denuncian que, según Transparencia, el año pasado se realizaron “37.192 horas de módulos, lo que supone atender a 233.156 niños”. Teniendo en cuenta que los pediatras no pueden atender a más de 24 pacientes, Amyts calcula que se necesitarían al menos 44 pediatras más. Según los cálculos del sindicato mayoritario, en la Comunidad de Madrid 764.000 pacientes en 2025 no contaban con un médico de familia o pediatra asignado, 139.000 pacientes estaban sin pediatra sobre cupos medios de 1.000 pacientes.

Las listas de espera de la atención temprana

Otro de los puntos clave es la atención temprana, un servicio destinado a niños y niñas en las primeras etapas de su vida, de los 0 a los 6 años y que tiene como fin detectar “algún tipo de trastorno en su desarrollo, discapacidad o riesgo de padecerla y/o dependencia”, según la web de la Comunidad de Madrid. Según las cifras de la propia página oficial a fecha de 30 de junio de 2026, el número de demandantes en lista de espera para atención temprana actualmente es de 908 personas, una cifra que varía mes a mes pero que suele rondar los mil pacientes.

Esta espera ha hecho que asociaciones como la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid haya ofrecido costear los tratamientos para menores con discapacidad o riesgo de padecerla que se encuentren en estas listas de espera para evitar que la espera les suponga un perjuicio para su salud.

Falta de plazas en las escuelas infantiles

Mientras la huelga indefinida de las educadoras de infantil de 0 a 3 años continúa, cada año miles de niños y niñas se han quedado sin plaza de nuevo en las escuelas públicas infantiles de la capital. Para el curso 2024-2025, la cifra ascendía hasta las 11.400 familias sin plaza en Madrid ciudad, lo que obliga a muchas de ellas a dejar a los más pequeños en centros privados con el coste extra que eso supone.

Además, la polémica por las altas temperaturas en las aulas saltó de nuevo este año al calor de las movilizaciones de las educadoras infantiles. Una problemática que afecta a colegios públicos de primaria, pero también a las aulas de infantil y que, según explican desde las asociaciones de familias, a los más pequeños les afecta especialmente debido a que pierden la concentración y están más irritables pero no consiguen entender por qué. “Guantánamo está a la par de las escuelas infantiles”, criticaban desde una de las asociaciones de familias, en declaraciones a elDiario.es el pasado mes de junio.

Una polémica que subió el tono todavía más y causó la indignación de las familias ante las declaraciones del consejero de Cultura de Ayuso, Mariano de Paco, que aseguró que el calor insoportable con el que muchos niños tenían que ir a clase también les podía servir de “fuente de inspiración”.

Solo cuatro de cada diez menores en situación de pobreza tienen beca comedor

Las tareas pendientes en materia de educación también afectan a los más pequeños. Se repiten las críticas contra lo conocido como 'cheques-guardería', ayudas para centros de Educación Infantil privados que las familias critican por suponer subvenciones que van a parar a manos privadas en lugar de aumentar las plazas en los centros públicos. Este sistema viene de la Comunidad de Madrid, aunque el Ayuntamiento también tiene una medida similar que funciona a través de una beca infantil. Estos “cheques” funcionan para las niñas y niños de 0 a 3 años pero también para Formación Profesional (FP) y bachillerato.

Pero los puntos débiles de la educación pública en la región no solo están en el acceso a la misma. La brecha de la desigualdad también puede verse fuera de las aulas, concretamente, en el comedor escolar. En mayo de este año, la plataforma Comedor Universal por Derecho publicaba un informe en el que subrayaban que solo cuatro de cada diez menores en situación de pobreza en la comunidad tenían reconocida esta ayuda, una situación que no solo hace que los pequeños no puedan alimentarse como el resto, sino que además, “compromete tanto su derecho a la educación como su derecho a socializar en igualdad con el resto de sus compañeros”.

Casi 150.000 niños y niñas en situación de pobreza severa

El acceso igualitario al comedor escolar afecta especialmente a los menores de familias con rentas más bajas, sobre todo a las personas migrantes en situación irregular en la capital. Pero es que, además, la situación es más preocupante si miramos las cifras de la pobreza infantil en la región, que es la cuarta economía más grande de la Unión Europea.

Según el análisis de la Plataforma de la Infancia con datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del Instituto Nacional de Estadística (INE), casi 150.000 niños, niñas y adolescentes se encuentran en situación de pobreza severa en la comunidad.

En 2024 se alcanzó la cifra más alta registrada hasta el momento en Madrid y ahora la tasa AROPE, con la que se mide la pobreza, disminuye más de cinco puntos y posiciona a la comunidad por debajo de la media nacional, aunque la tasa para la población infantil sigue superando en más de seis puntos a la de la población adulta. En total, casi 280.000 niños y niñas están en riesgo de exclusión social en la región. Una situación que se ve agravada especialmente en los hogares encabezados por mujeres.

En cuanto a desigualdad territorial en general (no solo en población infantil), la región es la que peor dato tiene. “La Comunidad de Madrid tiene la tasa de desigualdad más alta de España, con un coeficiente Gini de 31,8”, indican en otro informe de 2025. Además, los análisis de las asociaciones e instituciones sobre la situación de la pobreza infantil indican que la vivienda juega un papel crucial para el aumento de la desigualdad.

En el siguiente gráfico se puede ver la evolución de la pobreza infantil severa en Madrid y en España hasta el año 2024, con el incremento que experimentó ese año:

Hasta que el Gobierno aprobó el Ingreso Mínimo Vital (IMV) eran los programas autonómicos de rentas mínimas de inserción (RMI) los que promorcionaban una prestación para hogares en situación de pobreza. Según indica el European Anti Poverty Network (EAPN) en su informe de este año, aunque el IMV fue concebido para que funcionase como un suelo base para las RMI, algunas comunidades suspendieron las nuevas solicitudes de RMI. En Madrid, el número de beneficiarios de RMI ha caído en un 95,9% de 2019 a 2024, la comunidad con un mayor descenso de estas ayudas.

Desde Más Madrid lamentan que se hayan rechazado las enmiendas a la “ley del concebido no nacido”, especialmente una que sí tenía que ver con el propio contenido del texto y que Marta Carmona, diputada del partido, considera una “oportunidad perdida”: la posibilidad de equiparar las familias monomarentales con las numerosas. Según el análisis de Plataforma de la Infancia, el 55% de los hogares monomarentales están en situación de pobreza y/o exclusión social.

Ya ha sido publicada oficialmente en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM). La polémica ley del “concebido no nacido”, por la que el embrión pasará a ser reconocido como parte de la unidad familiar, ya es una realidad y entrará en vigor este sábado después de semanas de críticas de la oposición por considerarla una norma para “librar la batalla cultural” que hace “guiños a los enemigos del derecho al aborto”. “Cada vida importa desde el primer suspiro y por eso también estamos legislando para el no nacido que está en camino y que cuenta como uno más para este gobierno”, defendía Isabel Díaz Ayuso.

El texto, de cinco páginas, recoge las enmiendas aprobadas durante el debate en la Asamblea de Vallecas presentadas por el propio Partido Popular después de que fuese paralizada por un defecto de forma, que obligó que se aprobara finalmente en un pleno extraordinario hace una semana. La Abogacía de la Comunidad había solicitado la definición clara del alcance de la ley y la unificación del requisito de las semanas de gestación.

Según el documento final publicado en el BOCM, el objetivo de la ley es “consagrar la asimilación del concebido no nacido al hijo ya nacido a efectos del reconocimiento de aquellos beneficios y derechos” de la Administración autonómica que tengan que ver con la “existencia de hijos”, así como para el reconocimiento del título de familia numerosa. Es decir, aplicará para aquellas ayudas y beneficios que se otorguen desde la Comunidad de Madrid.

Para esta equiparación del embrión con un hijo ya nacido no se necesitará una semana mínima de gestación, a no ser que “se indique lo contrario en la regulación específica del procedimiento concreto”, ya que las consejerías podrán modificar este criterio en función de la ayuda concreta. Por ejemplo, para el título de familia numerosa sí se exigirá un mínimo de 14 semanas de gestación, al igual que para “ser beneficiario de ayudas o beneficios de carácter económico”, que en ese último caso será la propia regulación específica del procedimiento la que establecerá una semana determinada, posterior a la semana 14.

¿Para qué no se pedirá un mínimo de gestación? Para cuando el pago de la ayuda “se condicione al nacimiento” del embrión o para el cómputo del embrión como miembro de la unidad familiar para facular la renta per cápita, así como en el caso de acceder a la adjudicación de plazas públicas cuando se valore “el número de miembros de la unidad familiar”. Para optar a esos procedimientos se deberá aportar un informe que certifique la semana de gestación y la fecha prevista de parto.

Otro de los puntos incluidos es que el Consejo de Gobierno queda habilitado para “dictar las disposiciones necesarias en desarrollo y ejecución” de la ley, además de habilitar a los “titulares de las consejerías para dictar las disposiciones necesarias en desarrollo y ejecución” de la norma para “desarrollar el alcance y las condiciones” para que tenga efecto esta asimilación.

El texto oficial recoge, además, un punto que el anteproyecto no recogía y con el que había dudas desde que Isabel Díaz Ayuso lo anunció, hace ya siete años. ¿Qué pasará si el embarazo no llega a término? Ahora la Comunidad de Madrid indica expresamente que “esta circunstancia deberá ser comunicada” pero que el gobierno autonómico “no podrá reclamar la devolución de los beneficios o ayudas reconocidos cunado concurrían los requisitos”.

Críticas a la norma

Ya desde su anuncio, la polémica norma fue recibida con críticas por parte de la oposición. Desde Más Madrid, Manuela Bergerot, la tachó de “chapuza” y aseguró que el “único objetivo” era “atraer votos” del electorado de Vox. “Le importan más los fetos que los derechos de la infancia”, dijo entonces, en declaraciones remitidas a los medios de comunicación, tras la suspensión de la Mesa de la Asamblea. “Esta ley no viene para ayudar a las mujeres o a la infancia, viene para librar su batalla cultural”, aseguró Lorena Morales, diputada del PSOE de Madrid durante el debate en el pleno.

Pero las críticas no solo vienen por parte de la oposición, también de las expertas, que alertan de un fenómeno importado de Estados Unidos. El objetivo de este tipo de propuestas es dar una suerte de estatus jurídico al embrión desde que se concibe: “Si un embrión o un feto es una persona, el aborto podría considerarse legalmente un asesinato”, explica Johanna Hussain, de la Universidad de Cornell (Nueva York), en la Revista de Derecho y Políticas Públicas de Cornell.

Consulta el contenido de la norma

La dreta espanyola ha tornat a plantejar la seua intenció d'impulsar una llei per als “concebuts no nascuts”, una norma que preveu el fetus en gestació com un fill més de cara a les prestacions socials. El PP d'Isabel Díaz Ayuso va aprovar la norma juntament amb Vox el passat 2 de juliol, i el president nacional del partit i líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, promet donar-li caràcter estatal si aconseguix la majoria.

La Comunitat de Madrid assegura que es tracta de la primera autonomia a reconéixer amb caràcter general el concebut no nascut com a membre de la unitat familiar. Una vegada s'acredite l'embaràs, les dones podran sol·licitar ajudes i beneficis fiscals. És una veritat a mitges: Galícia la va tindre el 2011 i la Comunitat Valenciana des del 2009, una de les primeres que va derogar l'esquerra quan va aconseguir la majoria parlamentària en el cicle electoral de 2015. Un model que ni Carlos Mazón ni Juanfran Pérez Llorca, que governen gràcies a Vox, han volgut recuperar.

El juny de 2009 el PP va aprovar a les Corts Valencianes la Llei de protecció a la maternitat, concebuda pel sector més conservador que encapçalava Juan Cotino, aleshores vicepresident amb Francisco Camps. Tanta va ser la seua influència que es va batejar com a 'Llei Cotino', i formava part del “Programa Más Vida” que el polític va divulgar prolíficament. La llei possibilitava deduccions fiscals, ajudes a l'habitatge i equiparava l'embrió a un membre més de la família, a més de contindre un potent missatge antiavortista. No en va, la llei es va impulsar quasi al mateix temps que la llei de terminis de Zapatero, que permet l'avortament lliure fins a la setmana 14 de gestació..

La llei de Camps equiparava l'embrió amb els fills a efectes d'admissió escolar o ajudes socials i establia un potent aparell de difusió dels avantatges de la norma: centres d'informació, xarxes de voluntariat i campanyes informatives de suport a la maternitat, en les quals cap una lectura anti-avortista. “Tota dona gestant té dret a ser informada de manera personalitzada, suficient i comprensible de totes les ajudes i suports, tant jurídics com econòmics o d'un o altre ordre, tant de naturalesa pública com privada, que pot rebre per culminar la gestació, tenint en compte les seves característiques personals, socioeconòmiques i culturals”.

Assenyalava, per exemple, que “en els processos d'admissió d'alumnes de centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics, els alumnes la mare dels quals es trobe en estat de gestació es beneficiaran d'una puntuació idèntica a la que obtindrien si ja haguera nascut el seu nou germà o germans”. La llei establia que, per a optar a prestacions socials com la renda de ciutadania, si en la unitat familiar hi havia una dona embarassada es consideraria com a membre de la unitat familiar el nombre de fills que esperara. També impedia la discriminació de les migrants embarassades en els serveis socials. Per a les mares menors d'edat, es preveia una escolarització flexible i la possibilitat de cursar un mateix curs en diferents anys acadèmics.

El 2015, la majoria d'esquerres formada pel PSPV, Compromís i Podem va impulsar la derogació de la llei, que consideraven profundament retrògrada. Els partits consideraven que tenia “un plantejament paternalista i ideològic” i tractava de “tutelar i vigilar la maternitat”.

En el preàmbul del text de derogació, la Generalitat Valenciana recordava que la norma s'havia quedat sense pressupost i que ja existien altres lleis de protecció de les dones vulnerables que no resultaven invasives. “Considerem absolutament innecessari mantindre una llei que constituïx una discriminació i una tutela de les decisions de les dones, impròpia d'un govern democràtic i respectuós amb les llibertats individuals i col·lectives”, diu el text publicat en el DOGV el 29 de març de 2017.

L'alcaldessa de València, aleshores portaveu adjunta del PP, va defensar la llei Cotino davant l'esquerra i va qüestionar que vulnerara la llibertat de decidir de les dones. Catalá va criticar que es derogara una llei que havia sorgit d'una iniciativa legislativa popular fent passar la “piconadora” i “sense arguments”, quan “no fa mal a ningú”. En el debat parlamentari sobre la derogació, Catalá va defensar que la norma preveia “la protecció institucional dels drets de les mares, la col·laboració i coordinació administrativa, les ajudes a dones gestants o les ajudes socials com l'accés directe a la renda garantida per a menors embarassades que lliurement decidixen continuar amb el seu embaràs”. L'Ajuntament de València no té prestacions per als no nascuts, però sí “ajudes per al foment de la natalitat”: un xec de 400 euros per cada menor nascut o adoptat a la ciutat, amb criteris d'empadronament mínim de quatre anys que limiten l'accés a la població migrant.

La derecha española ha vuelto a sacar a la palestra su intención de impulsar una ley para los “concebidos no nacidos”, una norma que contempla al feto en gestación como un hijo más de cara a las prestaciones sociales. El PP de Isabel Díaz Ayuso aprobó la norma junto a Vox el pasado 2 de julio, y el presidente nacional del partido y líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, promete darle carácter nacional si logra la mayoría.

La Comunidad de Madrid asegura que se trata de la primera autonomía en reconocer con carácter general al concebido no nacido como miembro de la unidad familiar. Una vez se acredite el embarazo, las mujeres podrán solicitar ayudas y beneficios fiscales. Es una verdad a medias: Galicia la tuvo en 2011 y la Comunitat Valenciana desde 2009, una de las primeras que derogó la izquierda cuando logró la mayoría parlamentaria en el ciclo electoral de 2015. Un modelo que ni Carlos Mazón ni Juanfran Pérez Llorca, que gobiernan gracias a Vox, han querido recuperar.

En junio de 2009 el PP aprobó en las Corts Valencianes la ley de protección a la maternidad, concebida por el sector más conservador que encabezaba Juan Cotino, entonces vicepresidente con Francisco Camps. Tal fue su influencia que se bautizó como 'ley Cotino', y formaba parte del “Programa más vida” que el político divulgó prolíficamente. La ley posibilitaba deducciones fiscales, ayudas de vivienda y equiparaba al embrión con un miembro más de la familia, además de contener un potente mensaje antiabortista. No en vano, la ley se impulsó casi a la par que la ley de plazos de Zapatero, que permite que permite el aborto libre hasta la semana 14 de gestación.

La ley de Camps equiparaba al embrión con los hijos a efectos de admisión escolar o ayudas sociales y establecía un potente aparato de difusión de las ventajas de la norma: centros de información, redes de voluntariado y campañas informativas de apoyo a la maternidad, en las que cabe una lectura antiabortista. “Toda mujer gestante tiene derecho a ser informada de manera personalizada, suficiente y comprensible de todas las ayudas y apoyos, tanto jurídicos como económicos o de uno u otro orden, tanto de naturaleza pública como privada, que puede recibir para culminar la gestación, teniendo en cuenta sus características personales, socioeconómicas y culturales”.

Señalaba, por ejemplo, que “en los procesos de admisión de alumnos de centros docentes no universitarios mantenidos con fondos públicos, los alumnos cuya madre se encuentre en estado de gestación, se beneficiarán de una puntuación idéntica a la que obtendrían si ya hubiera nacido su nuevo hermano o hermanos”. La ley establecía que para optar a prestaciones sociales como la renta de ciudadanía, si en la unidad familiar había una mujer embarazada se entendería como miembro de la unidad familiar el número de hijos que esperase. También impedía la discriminación de las migrantes embarazadas en los servicios sociales. Para las madres menores de edad, se preveía una escolarización flexible y poder realizar un mismo curso en distintos años académicos.

En 2015, la mayoría de izquierdas formada por el PSPV, Compromís y Podemos impulsó la derogación de la ley, que consideraban profundamente retrógrada. Los partidos consideraron que tenía “un planteamiento paternalista e ideológico” y trataba de “tutelar y vigilar la maternidad”.

En el preámbulo del texto de su derogación, la Generalitat Valenciana recordó que la norma había quedado sin presupuesto y ya existen otras leyes de protección a las mujeres vulnerables que no resultan invasivas. “Consideramos absolutamente innecesario el mantenimiento de una ley que constituye una discriminación y una tutorización de las decisiones de las mujeres, que es impropio de un gobierno democrático y respetuoso con las libertades individuales y colectivas”, dice el texto publicado en el DOGV el 29 de marzo de 2017.

La alcaldesa de València, entonces portavoz adjunta del PP, defendió la ley de Cotino ante la izquierda, cuestionando que se vulnere la libertad de decidir de las mujeres. Catalá criticó que se derogase una ley que surgió de una iniciativa legislatura popular pasando la “apisonadora” y “sin argumentos” cuando “no hace daño a nadie”. En el debate parlamentario de la derogación, Catalá defendió que la norma contemplaba “la protección institucional de derechos de las madres, la colaboración y coordinación administrativa, las ayudas a mujeres gestantes o las ayudas sociales como el acceso directo a la renta garantizada para menores embarazadas y que libremente deciden continuar con su embarazo”. El Ayuntamiento de València no tiene prestaciones para los no nacidos, pero sí “ayudas para el fomento de la natalidad”: un cheque de 400 euros por cada menor nacido o adoptado en la ciudad, con criterios de empadronamiento mínimo de 4 años que limitan el acceso a la población migrante.

El consejero de Vivienda del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, Jorge Rodrigo, ha respondido a las críticas de los inquilinos del Plan Vive de la Comunidad de Madrid, que llevan meses denunciando múltiples incidencias en sus viviendas, así como la obligación de asumir costes desproporcionados y obligatorios por tener dos garajes o un trastero. Rodrigo ha asegurado que la Comunidad vigila estos problemas pero también que “nadie está obligado a permanecer en su vivienda permanentemente dentro del Plan Vive”. “Somos libres de tomar las decisiones que se consideren oportunas”, ha añadido.

En rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, el consejero, preguntado por las denuncias de los vecinos ha explicado que la Comunidad está “construyendo cerca de 14.000” de estas viviendas de alquiler asequible y ha considerado como “lógico y normal” que cuando se entrega una nueva construcción tenga “algún tipo de incidencias”.

Según Rodrigo, esas incidencias se deben solucionar y la Comunidad, ha explicado, “vigila el cumplimiento de las obligaciones que tienen los concesionarios” de las mismas. Durante su intervención, también ha criticado la actuación del Ministerio de Vivienda, de quien ha asegurado que no ha construido ninguna vivienda pública en la región: “Lo que no resulta es intentar deslegitimar unas políticas públicas que están dando respuesta a miles de familias a partir de casos concretos que se atienden y se vienen solucionando”, ha criticado para pedir “valorar positivamente” todas las casas que se están entregando.

Desde hace unas semanas, más de un centenar de vecinos de diferentes barrios y municipios de la Comunidad de Madrid, se vienen organizando en una Plataforma de Afectados por el Plan Vive que aúna a gente de Getafe, Tres Cantos, Valdebebas, Colmenar Viejo, Pinto, Alcorcón, Torrejón de Ardoz y Arganda del Rey.

En todos los municipios, se repiten problemas de mantenimiento como puertas de garaje que se mantienen abiertas durante días, fallos de abastecimiento de agua caliente o matorrales que crecen sin jardinería y atraen a bichos y ratas. Además, los inquilinos acaban en muchas ocasiones superando el 35% de tasa de esfuerzo en el alquiler al sumar los gastos de IBI, comunidad, trastero y garaje, este último por encima del mercado de los lugares donde se encuentra.

La ley dice que en la vivienda pública no puede cobrarse el IBI y por este motivo los vecinos ya han presentado dos denuncias, con algunas sentencias favorables precedentes.

La Fiscalía Anticorrupción ha advertido al juez Antonio Viejo, que investiga al novio de Isabel Díaz Ayuso por delitos de corrupción en los negocios y administración desleal, de que es necesario que permita a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acceder a la información tributaria y de la Seguridad Social de Alberto González Amador y del resto de investigados. En caso contrario, considera que se genera “un perjuicio al interés público” y que se alargará “innecesariamente” la instrucción.

En esta pieza separada, el magistrado del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid investiga tanto a González Amador como al directivo de Quirón Fernando Camino y a su esposa María Gloria Carrasco al entender que el novio de Ayuso pudo pagar “una comisión encubierta de casi medio millón de euros” al directivo a través de su esposa. La Fiscalía sospecha que ese “soborno” se habría abonado a través de la compra que realizó como administrador único de su empresa Maxwell Cremona SL de las participaciones de Círculo de Belleza SL (que pertenecía a Carrasco). Al adquirirla, cambió el nombre de dicha sociedad por el de Masterman & Whitaker Medical Supplies & Health Process Engineering SL.

El juez acordó el acceso a determinadas cuentas bancarias de los investigados y rechazó que la UCO profundizara en datos tributarios y de la Seguridad Social. Pero Anticorrupción, en un recurso interpuesto ante la Audiencia Provincial de Madrid, adelantado por la Cadena Ser y al que ha tenido acceso elDiario.es, explica que no es suficiente.

A esa postura del Ministerio Público se ha unido incluso el propio González Amador. Su defensa, en un escrito al que ha tenido acceso este diario, no se opone a esa diligencia, es más indica que “su deseo” es que se acelere al máximo esa velocidad procesal para “poder poner fin al procedimiento y a los usos extraprocesales que del mismo se efectúan”. “Esta parte no se opone a que se proceda conforme impulsa el Ministerio Fiscal, y que se practiquen los requerimientos a la Seguridad Social y a la AEAT y se ponga su resultado a disposición de la Fuerza Actuante a la mayor velocidad posible”.

Para González Amador, esta pieza separada “es utilizada por la acusación popular (PSOE) como herramienta de su comunicación política de forma sincronizada a cada incidencia judicial que le afecta (esto es, de forma diaria), a costa de la continua lesión de los derechos fundamentales de los ciudadanos llamados a esta pieza”.

El fiscal, en su recurso, explica que no tiene sentido no realizar el requerimiento a la Agencia Tributaria porque “ya se ha autorizado la medida indagatoria más invasiva de la intimidad económica de los investigados”, que es el examen de sus movimientos bancarios en España. Por eso, no entiende que no se requiera esa información que es menos invasiva y que, además, ya está en manos del Estado. Y suma a esto que “no contar con la información tributaria dificulta enormemente el cumplimiento de la encomienda que se le ha realizado” a la UCO de indagar en la naturaleza de esa compra.

El recurso del fiscal del caso recoge un párrafo literal del oficio de la UCO, que resalta que “desde un prisma policial se considera de gran relevancia el contar con la información tributaria que pudiera aportar la Agencia Estatal de la Administración Tributaria sobre las diferentes personas físicas y jurídicas que participarían en los hechos investigados”. Califica de “indispensable” contar con las dos vertientes, la bancaria y la tributaria, porque son “informaciones complementarias cuyo análisis debe efectuarse de forma conjunta, en tanto en cuanto es relevante observar las similitudes y, sobre todo, las diferencias que puedan observarse”.

Buscan poder determinar “la existencia de flujos no declarados o la detección de flujos que no se correspondan con la realidad observada a través de los productos” investigados. En definitiva, indicaba la UCO en su oficio, tener acceso a la información tributaria les permitiría tener un enfoque contextualizado de las diferentes transacciones, y por tanto indican que es “fundamental contar con la información que pudiera aportar la AEAT”.

Por último, el fiscal explica que diferir a un momento posterior la solicitud de información a la Agencia Tributaria y a la Tesorería General de la Seguridad Social, “información que ya se sabe que va a ser necesaria, porque así lo ha puesto de manifiesto la unidad policial investigadora especializada”, genera un perjuicio al interés público y a los investigados. Y eso porque “alarga innecesariamente la duración de la instrucción del procedimiento”.

Esta pieza separada se desgajó en 2024 de la pieza principal, en la que pareja de Ayuso está imputada por dos delitos fiscales en concurso con falsificación de documentos.

Si Margaret Atwood quisiera escribir otra secuela de El cuento de la criada, le bastaría con darse una vuelta por la Puerta del Sol.

Aquí llevamos años oyendo hablar de libertad. Libertad para elegir colegio o médico privado. Libertad para elegir una caña… si puedes pagarla, claro.

Pero cuando la libertad consiste en que una mujer pueda decidir sobre su propio cuerpo y su maternidad, la libertad deja de estar de moda.

Núñez Feijóo ya ha anunciado que quiere extender a toda España la ley del concebido no nacido de Díaz Ayuso.

Y con ese anuncio quedó claro que esto no iba solo de Madrid.

Cuando Ayuso presentó la ley dijo que era para apoyar a las familias. Sonaba bien. ¿Quién va a estar en contra de ayudar a las familias?

El problema empieza cuando te la lees.

Las familias son la excusa. El objetivo es otro.

La ley intentó disimularlo. Miguel Ángel Rodríguez no.

“Según termina de fecundar, antes de ducharse, lo que tiene la mujer en su vientre es una persona con derechos.”

Hasta entonces hablaban de familias. Miguel Ángel Rodríguez habló del aborto. Y ahí se quitaron la careta.

Aquel tuit confirmó lo que llevábamos meses denunciando y que no se habían atrevido a escribir en su norma: no era para apoyar a las familias. Era para cuestionar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.

Pero aquel tuit revelaba algo más: el desprecio hacia las mujeres. Como si, desde la fecundación, dejaran de importar. Como si fueran una incubadora.

En cualquier otro gobierno, unas palabras así habrían supuesto un cese. En el de Ayuso no pasó nada. ¿Por qué iba a pasar? Miguel Ángel Rodríguez no se salió del guion de su jefa. Lo estaba recitando.

Y si esta era una ley para ayudar a las familias, hay una pregunta que sigue sin respuesta.

¿Dónde están?

La prometida Ley de Familias sigue sin aparecer. Debe de estar cogiendo polvo en algún cajón de la Puerta del Sol. Probablemente al lado de la Ley de Igualdad.

Madrid sigue siendo la única comunidad sin una Ley de Igualdad. Y eso tiene consecuencias. Tenemos la mayor brecha salarial entre mujeres y hombres de España. Y somos la región donde más mujeres dejan su empleo para cuidar.

Las madres que crían solas son el rostro de la pobreza en Madrid. En esta ley no existen.

En Madrid hay cerca de 155.000 niños y niñas viviendo en pobreza severa.

Ciento cincuenta y cinco mil. Esa sí debería ser la obsesión de un gobierno que dice defender la vida.

Pero, una vez nacen, dejan de importarles.

Las familias hacen malabares todo el año. Para cuidar. Para llegar a fin de mes. Cuando termina el colegio, todavía más.

Y, casi siempre, somos nosotras.

Les dicen a las mujeres que tengan hijos. Después, que se apañen.

Ayuso usa la maternidad para su batalla ideológica.

Frente a esto, el Gobierno de España aprueba medidas que cambian la vida de las mujeres y de las familias: permisos de maternidad y paternidad, la subida del salario mínimo, que beneficia especialmente a las mujeres, y escuelas infantiles públicas.

Con esa misma idea el PSOE hemos presentado en Madrid una Ley de Corresponsabilidad y Cuidados: que ninguna madre tenga que elegir entre cuidar a su hijo o conservar su empleo. Y que el futuro de un niño o una niña no dependa del bolsillo de su familia.

Feijóo ha dicho que quiere llevar el modelo de Ayuso a toda España.

Ya les hemos visto la patita: las familias son la excusa. El objetivo es otro.

Por eso, recurriremos esta ley retrógrada donde haga falta para pararla.

Pero la decisión más importante la tomarán las mujeres con su voto.

Ellas decidirán qué Madrid quieren. Y también qué España.

Porque ningún derecho está garantizado para siempre.