Pasan los días de huelga educativa en Madrid y mientras las organizaciones convocantes pelean para mantener la protesta lo más viva posible las familias que están a favor del paro se llenan de dudas. ¿Tienen sus hijos derecho a hacer huelga? ¿Todos? ¿Tendrá pese a ello consecuencias académicas? ¿Qué debo hacer para apoyar las reivindicaciones, llevo a mi hijo al centro o lo dejo en casa (si puedo)?

Lo primero, explican los convocantes, es que las familias están llamadas a colaborar con el paro, con carácter general, y el estudiantado a partir de 3º de la ESO a secundarlo (a partir de los 14 años, con el anterior sistema era cuando se pasaba de Primaria a Secundaria). Pero con ciertas condiciones, no es un derecho subjetivo como el de los adultos en una huelga.

Derecho desde 3º de la ESO

El punto 5 de la disposición adicional primera de la Lomloe, la ley educativa vigente, establece el derecho del alumnado a la huelga sin consecuencias: “Las decisiones colectivas que adopte el alumnado, a partir del tercer curso de educación secundaria obligatoria, con respecto a la asistencia a clase no tendrán la consideración de faltas de conducta ni serán objeto de sanción, cuando estas hayan sido resultado del ejercicio del derecho de reunión y sean comunicadas previamente a la dirección del centro”, se lee.

Esto es, si la clase toma colectivamente la decisión de secundar la huelga las ausencias son aceptables, aunque igualmente deberán ser justificadas por los responsables legales: el centro educativo notificará que el estudiante en cuestión no ha acudido y sus progenitores deberán emitir una dispensa dándose por enterados de la situación. De esa manera no contará como falta injustificada, según concedió también una sentencia reciente del Tribunal Supremo que abordó el tema a raíz de una orden en la Comunitat Valenciana.

Estas asambleas de estudiantes por clase son las que provocaron la semana pasada que la consejera de Educación de Madrid, Mercedes Zarzalejo, soltara un bulo en relación a la huelga que acabó colocando a dos centros públicos de Villarejo de Salvanés en la diana de una campaña de odio. La consejera utilizó el email que un director envió a las familias de un centro de la localidad para informarles de que sus hijos de 3º y 4º de la ESO habían votado ir a la huelga para cargar contra el director por alentar las protestas. El problema es que ni había sido el director que Zarzalejos insinuó ni el mensaje afirmaba lo que Zarzalejo puso en boca de su autor.

¿Y los menores de 14?

Pero, ¿y si una familia quiere que su hijo menor de 14 secunde la huelga, pero no sabe cómo hacerlo? Aquí hay dos alternativas. Los convocantes de la huelga están pidiendo a madres y padres que lleven a sus hijos a los centros para que hagan bulto lo que, unido a la (esperada) falta de docentes, hará que el paro tenga consecuencias porque el colegio o instituto no pueda atender a su alumnado.

Pero también hay familias que entienden la huelga como no pisar el centro, aunque el hijo tenga menos de 14, explica Óscar Centeno, presidente del Consejo de Directores de la Comunidad de Madrid. No hay tanta diferencia, más allá de que los estudiantes no pueden autodecidir si paran o no. En ese caso, con el beneplácito de la familia, el menor faltará, el centro notificará la ausencia y el padre o la madre emitirá un justificante, como sucede por ejemplo cuando hay algún viaje familiar o similares, una circunstancia relativamente habitual en Primaria.

Pero para esta situación, como en la anterior, hay un matiz importante: las familias pueden emitir esos justificantes, pero quien decide si una ausencia está realmente justificada o no, más allá de que el padre y/o la madre se dé por enterado y ofrezca una explicación para esa ausencia, es el tutor en clase.

El derecho académico

Y aquí, a falta de una normativa clara, que no existe, cada centro se organiza, apelando habitualmente al sentido común, cuentan los directores. Porque la acumulación de faltas injustificadas sí puede tener consecuencias para el alumnado. Las ausencias reiteradas, dice una orden de la Comunidad de Madrid, pueden conllevar la pérdida del derecho a la evaluación continua, por ejemplo.

En el IES Lope de Vega (por ejemplo), tres ausencias injustificadas en alguna asignatura o a primera o última hora del día se consideran falta leve, según figura en el Plan de Convivencia que el centro tiene colgado en internet. Si son seis, la falta es grave. Y no acudir al 15% de las clases implica la pérdida de la evaluación continua en ESO y Bachillerato, llegado el caso extremo. En el IES Guadarrama también tienen establecidas un número máximo de ausencias, en función de las horas de clase por semana.

Pero en todos los casos solo si son injustificadas, y la huelga ampara a partir de 3º de la ESO.

Hay otro enfoque, no estrictamente legal, tercia Centeno. Si un estudiante falta el suficiente tiempo, explica Centeno, su profesor puede considerar que no tiene suficientes elementos para realizar una evaluación continua y tendrá que recurrir a otros métodos.

El asunto, además, puede exceder las consecuencias académicas. El Plan de Convivencia del Centro, un documento obligatorio para colegios e institutos, establece que, ante ausencias reiteradas y “en el caso de que el alumno tenga menos de 16 años el tutor, junto con la Jefatura de Estudios y el Departamento de Orientación, elaborará el informe de absentismo escolar que se enviará a la Comisión de Absentismo y a los Servicios Sociales de la Junta Municipal correspondiente”.

Pero nadie está ahí en este momento. La huelga acaba de empezar, recuerdan los directores, y de hecho va perdiendo empuje según pasan los días.

¿Perderán clase si hacen huelga?

Depende del docente, de las posibilidades del centro e incluso del azar. Si el profesor o maestro acude, impartirá la clase con normalidad independientemente del número que estudiantes que haya, explica Centeno. A no ser que sean muy pocos, matiza, y el propio docente prefiera no impartir una lección que tendrá que repetir más adelante.

Si hace huelga, lo habitual es que alguien que esté ese día en labor de servicios mínimos simplemente se ocupe de la clase sin avanzar en la materia. El ajedrez o las películas son entretenimientos habituales en Secundaria, preparar el centro para el inminente Halloween o realizar algún tipo de proyecto no curricular son elecciones normales en Primaria.

Isabel Díaz Ayuso y su consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, han ocultado en su agenda pública durante meses un almuerzo que tuvieron en enero con un selecto grupo de donantes de la fundación Civismo, lobby financiado por varios ultrarricos (los más conocidos, el multimillonario Juan Abelló y la dueña de Prosegur, Helena Revoredo) que fichó como patrono a Javier Fernández-Lasquetty, anterior gurú económico de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Del encuentro quedó constancia en la fotografía que acompaña a esta información y se celebró en un céntrico hotel madrileño el pasado 15 de enero. elDiario.es preguntó a la Comunidad de Madrid, sin obtener respuesta, por qué ese almuerzo no se publicó en la agenda de la presidenta y su consejera de Economía y Hacienda, quién lo pagó y qué asuntos se trataron.

Ocultar su existencia podría vulnerar la Ley de Transparencia de la Comunidad de Madrid. Si un alto cargo mantiene una reunión de trabajo con una empresa, una asociación empresarial o un grupo de interés en el ejercicio de sus funciones, esta debe figurar por regla general en su agenda pública.

Ese día, Ayuso tuiteó en X (antes Twitter) un encuentro con un ciudadano israelí que había sido secuestrado por Hamás. La presidenta madrileña solo tenía en su agenda oficial la inauguración de una exposición en Madrid. En ese acto arremetió contra el nuevo modelo de financiación autonómica impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Y de allí, a ese almuerzo con Civismo, del que no dio cuenta. Tampoco lo hizo Rocío Albert, que ese día dejó constancia en X de su participación en el foro Spain Investors Day.

Entre los asistentes a esa comida estuvieron el conocido inversor Francisco García Paramés, que en los últimos años ha prestado apoyo a este y otros lobbies ultraliberales en Madrid; o el financiero Claudio Aguirre Pemán, también donante de Civismo. El primo de la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre, que el pasado domingo cumplió 71 años, fundó y preside la gestora AltamarCam, vendida recientemente a Mercer, filial del gigante estadounidense Marsh.

También participaron el presidente del banco de inversión Renta 4, Juan Carlos Ureta (70 años), y otro ex abogado del Estado, José Díaz-Rato (67 años), mano derecha de Juan Abelló en Torreal desde hace muchos años. Otros asistentes fueron el empresario Juan Félix Huarte (69 años), heredero del constructor del Valle de los Caídos y también vinculado a varios think tanks en la órbita de Civismo; el magnate hortofrutícola Alexandre Pierron D´Arbonne; y el secretario de Civismo, Francisco Cabrillo.

Quién es quién en el almuerzo de Díaz Ayuso

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Cabrillo dirigió la tesis doctoral de la actual consejera de Economía de la Comunidad de Madrid, con la que ha firmado artículos académicos. Fue nombrado por Ayuso en marzo de 2024 consejero de la Cámara de Cuentas madrileña junto al expresidente Joaquín Leguina. Allí cobra 124.851,84 euros anuales, con una subida del 23,5% desde que fue nombrado consejero.

Ex presidente de Libertad Digital, Cabrillo llegó a ser nombrado presidente del consejo asesor de Madrid Network, opaca asociación en la que trabajó Ayuso y a la que el gobierno de Esperanza Aguirre destinó decenas de millones de dinero público cuyo rastro se ha perdido. Su nombramiento se anunció en 2012 a bombo y platillo aunque el máximo órgano fiscalizador de Madrid aseguró que tal consejo asesor “nunca se llegó a constituir”. 

Por su parte, Rocío Albert, patrona de la Fundación Faes, de José María Aznar, junto a Lasquetty, estuvo antes de suceder a este en Economía en la consejería de Educación del Gobierno madrileño. Albert también fue fugaz decana de la Universidad Europea, de la que entonces era accionista Torreal, de Abelló. Tuvo que dimitir en esa universidad privada porque pretendía compatibilizar ese puesto con su plaza en la universidad pública, según publicó El Confidencial en 2015.

“Reducto de libertad”

El almuerzo de Ayuso con la cúpula y los principales donantes de Civismo se celebró en el hotel Barceló Emperatriz, en pleno barrio de Salamanca, junto al Paseo de la Castellana y la calle Serrano. Es el hotel donde se aloja cuando viene a Madrid Julio Pomés, el presidente de Civismo, que en 2021 entregó a Ayuso su premio anual por convertir a la Comunidad de Madrid en “un reducto de libertad”. También han recibido ese galardón el ex juez Manuel García Castellón, Esperanza Aguirre o Cayetana Álvarez de Toledo.

Seis días después de ese almuerzo en secreto, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó iniciar los trámites para bonificar aún más el impuesto de Sucesiones con la aprobación del anteproyecto de Ley de Apoyo a la Empresa Familiar. La norma, impulsada por Albert y que la propia Ayuso avanzó ya en septiembre de 2025, entró en vigor el 1 de julio. El Ejecutivo madrileño la presentó el 21 de enero como una vía para “garantizar el relevo generacional” en las 450.000 empresas familiares presentes en la región.

Con ella, ha aumentado del 95% al 99% la reducción de la base imponible en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones “cuando se hereda o se dona una empresa individual, un negocio profesional o participaciones sociales”, siempre que los bienes se mantengan en el patrimonio del nuevo titular durante un periodo mínimo de cinco años. Y se han ampliado los beneficios fiscales a hermanos, tíos, sobrinos, suegros, yernos, nueras, primos hermanos e incluso a ciertos empleados. El Gobierno madrileño cifró el ahorro fiscal en unos 2 millones de euros anuales, con unos 1.500 potenciales beneficiarios al año.

elDiario.es contactó con Civismo, sin obtener respuesta, para intentar confirmar entre otras cuestiones si el almuerzo con Ayuso lo pagó este lobby, como afirman algunas fuentes. La entidad se unió en 2011 a Atlas Network, red global de fundaciones y 'think tanks' de corte conservador y libertario, clave en la actual ola reaccionaria global, impulsada por multimillonarios y fundaciones de derecha como la Fundación Koch, la Heritage Foundation y Templeton, así como grandes corporaciones de sectores como el petróleo, el tabaco y el farmacéutico.

Civismo ha situado sistemáticamente a Madrid a la cabeza de su “Índice de Libertad Económica”, como otro lobby de corte similar también en Atlas Network, Fundalib, al que han apoyado algunos patronos y financiadores de Civismo.

El presidente de Civismo, que ha comparado a Pedro Sánchez con el ministro de Propaganda nazi, Joseph Goebbels, se dedicaba en los 90 a dar clases de Química (disciplina de la que es doctor) en la Universidad Pública de Navarra. A principios de siglo se recicló como lobista. Con un diploma en Alta Dirección de Empresas por el IESE, la escuela de negocios de la Universidad de Navarra (del Opus Dei), Pomés montó un 'think tank' allí (Institución Futuro) y luego Civismo, cuya primera sede estaba en Navarra y al que ha cobrado 1.250 euros al mes por la “revisión editorial” de su newsletter.

Su hermano, Javier Pomés, ex eurodiputado de UPN-PP y ex consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, fue imputado en 2025 por un delito contra la seguridad vial por conducir sin puntos en su carnet en Pamplona. En 2018 aceptó una condena de 16 meses de cárcel por alzamiento de bienes al ayudar a un jeque árabe a eludir una deuda millonaria con la Seguridad Social. Poco después, trascendía que Julio Pomés pedía dinero por carta a empresarios de Navarra para financiar un informe contra el gobierno que entonces lideraba Uxue Barcos, nacionalista de izquierdas.

Civismo se define como “catalizador de ideas que trabaja en defensa de la libertad”. Aboga por un “Estado limitado” y tacha a España de “infierno fiscal”, idea en la que insistía el pasado lunes Alberto Núñez Feijóo en su “contrato con España” si llega al poder, que no revela una sola medida nueva. Hace unos meses el 'think tank' organizó un encuentro sobre esta cuestión en el que un fiscalista que acusa a Hacienda de “carterista” y la compara con la Alemania Nazi declaró que España es una “Corea del Norte en materia fiscal” y la Agencia Tributaria, una “mafia”.

Los miembros del PP son habituales en actos del lobby, aunque también hay vínculos con la ultraderecha. Juan Ángel Soto, director de Civismo hasta 2021, fue luego director de Internacional de Disenso, la fundación de Vox. También estuvo muy vinculado a Civismo durante años el fallecido Carlos Espinosa de los Monteros, ex Comisionado de Marca España y padre del exdiputado de Vox Iván Espinosa de los Monteros. 

Entre las personas que han asesorado a Civismo están Daniel Lacalle (ex “jefe de Estrategia”), la citada Álvarez de Toledo, Fernando del Pino (de la familia dueña de Ferrovial), José María Rotellar, actual asesor a tiempo parcial del gobierno madrileño, o Ignacio Ruiz-Jarabo, ex director de la Agencia Tributaria con Aznar y columnista en medios de derechas.

En esa extensa nómina también figuran los históricos de CEOE José Luis Feito y Juan Iranzo, condenado por las tarjetas black de Caja Madrid; Fernando Becker (ex directivo de Iberdrola muy vinculado al PP), el economista Lorenzo Bernaldo de Quirós, el exdiplomático Inocencio Arias, los catedráticos Benito Arruñada y Rafael Pampillón, Luis María Linde, ex gobernador del Banco de España con el PP, y Fernando Eguidazu, consejero del supervisor y alto cargo en Exteriores con Mariano Rajoy.

Frente a la Delegación del Gobierno en Madrid, la denuncia de las cargas policiales; frente a la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, el reclamo de que Mercedes Zarzalejo se siente con ellos a negociar. Cientos de profesores se han manifestado de forma solemne por el centro de la capital al caer la noche para protestar por la actuación de la Policía Nacional que ayer dejó varios docentes en huelga golpeados. Los agentes cargaron mientras los concentrados en los alrededores del Palacio de los Duques de Santoña, en la zona de Huertas, donde se encontraba Isabel Díaz Ayuso, no podían escapar por ningún lado. La movilización ha comenzado con varios minutos de silencio una vez superadas las 20.30 horas rotos por los cánticos “somos docentes, no delincuentes” y “educación pública”. Con luces y linternas, los manifestantes han recorrido la Castellana con soflamas en contra de la violencia policial. “Menos Policía y más filosofía”, coreaban.

Ni doce horas después de producirse ayer las agresiones por parte de la Policía, más de 20 colectivos y sindicatos llamaban a esta movilización en solidaridad con las personas golpeadas y para mostrar su más profundo rechazo a actuaciones policiales de tal calibre. La protesta ha partido desde la sede de la Delegación del Gobierno, con el socialista Francisco Martín al frente, y ha concluido unos 2,5 kilómetros más allá, en la calle Alcalá, delante de la Consejería de Educación, liderada por Zarzalejos (PP).

“Solo pedimos que nos escuchen, que se sienten a negociar con el comité de huelga y dejen de insultar a los docentes de la Comunidad de Madrid”, ha reivindicado Andrea Ordóñez, miembro del comité de huelga por parte de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT). La postura que defiende el Gobierno regional es inflexible: no solo han afirmado que el profesorado está preparado para hacer “arder las calles”, sino que han tildado sus medidas de presión pacífica como de “coro rociero” al perseguir y demandar a Ayuso y sus adláteres que se sienten a escucharles.

Ordóñez fue una de las profesoras golpeadas por la Policía Nacional ayer. “Se nos pidió desalojar la zona, pero era imposible porque nos cerraban agentes por delante y por detrás. Cuando intenté negociar con el mando y evitar la carga, me sacaron del grupo y me empujaron contra una pared. Ahí me golpearon dos veces con la porra”, ha asegurado esta profesora de Geografía e Historia de un instituto en Humanes de Madrid.

Tanto ella como todos los manifestantes que esta tarde han recorrido el centro de Madrid critican duramente lo ocurrido. En concreto, 8.000 personas, según los organizadores, y 2.000, según Delegación del Gobierno. “Nuestros cánticos y acciones no son violentas, todas nuestras acciones son pacíficas, pero la presidenta de la Comunidad forzó todo lo que pudo para que Delegación ordenara la carga”, ha opinado esta integrante del comité de huelga mientras a su alrededor se escuchan cánticos como “la profe luchando también está enseñando”.

Solemnes y contundentes

El cariz que ha tomado esta protesta ha sido bastante diferente a las anteriores. En esta ocasión, las camisetas que suelen formar esa gran marea verde en defensa de la educación pública han dejado paso a un negro que denotaba determinación. “Frente a su violencia, educación”, ha subrayado Ordóñez. “El Gobierno no tiene razón y lo sabe. Sus faltas de respeto son continuas e injustificadas. Solo quieren menospreciar a todo un colectivo sobre el que son responsables”, ha añadido la sindicalista, quien ha negado rotundamente que estos paros tengan motivos electoralistas: “Llevamos meses preparando esta huelga y años saliendo a las calles para mejorar las condiciones y defender una educación pública digna”.

Dani es un profesor de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) que ha acudido a la protesta junto a su padre. Ambos se solidarizan así con las damnificadas por la violencia policial ejercida ayer. “Hay una represión a toda una serie de reivindicaciones que tratan de oponerse a la privatización de los servicios públicos y la neoliberalización de la vida”, ha expresado el docente universitario cuando la marcha enfilaba ya la Castellana.

Desde su punto de vista, ante una revuelta generalizada para defender la igualdad y el acceso a unos servicios básicos mínimos, “su única respuesta es la violencia totalmente injustificada y desproporcionada”, según sus palabras.

Este joven de menos de 30 años no entiende qué ocurre con la Delegación del Gobierno. “Es su responsabilidad la actuación de la Policía en las manifestaciones, pero luego hacen declaraciones mediáticas y parece que no la controlaran, como si los mandos policiales actuaran por su cuenta reprimiendo protestas según su preferencia”, se explaya. La comparativa frente a la actuación policial en protestas de la extrema derecha es llamativa para el profesor de la UCM: “Aquí hay un problema de connivencia entre mandos policiales y las Fuerzas Armadas con la ultraderecha. Es algo cada vez más notorio”.

Para Manuel Montilla, la actuación policial de ayer se suma a la que tuvo lugar el miércoles pasado en la UCM contra universitarios en huelga. “Yo no sé si es problema de la Policía o de nuestros representantes políticos, pero ahí hay un problema”, se ha quejado este profesor de Filosofía en un instituto de Getafe. “Yo lo que quiero es que dejen de golpear a mis compañeras y que se nos deje de insultar y degradar de forma pública”, ha añadido.

La protesta llegaba a Colón en torno a las 21.30 horas cuando este docente ha criticado que el Gobierno regional “esté dejando morir la educación pública” en detrimento de otros modelos que benefician a empresas privadas. “Estamos abandonadas por una clase política centrada en debates electorales en lugar de querer solucionar esta situación gravísima. Madrid es la región en la que menos se invierte por alumno”, ha incidido Montilla, que deja un recado a Zarzalejos: “Este dinero que el profesorado en huelga estamos sacrificando cada día podrían invertirlo en mejorar las infraestructuras de los centros, que están que se caen”.

En ese punto, los manifestantes han realizado una sentada al grito de “Zarzalejos siéntate”, como forma de exigir una negociación que ponga fin a los paros. Del mismo modo, a lo largo de la protesta no han dejado de corearse cánticos contra la actuación policial, tales como “antes de pegar, al rincón de pensar”, “menos policía y más filosofía”, “menos maderos y más lapiceros” y “un negativo para el dispositivo”.

Algo alejada de Montilla estaba Ana Salazar, miembro de Menos Lectivas, el colectivo de docentes de la Comunidad que lucha por una educación pública de calidad. “La Policía actúa así porque molestamos, porque nuestra voz está siendo escuchada por la ciudadanía. La gente ve que no pedimos nada extraordinario, sino las medidas justas y necesarias para que el alumnado se eduque en unas condiciones dignas”, ha desarrollado esta profesora de Geografía e Historia en un centro de Móstoles.

En cuanto a la investigación anunciada por Martín, el delegado del Gobierno, para dirimir responsabilidades ante la actuación policial de ayer, Salazar ha puntualizado que “debería poner orden en su casa”. En un encuentro mantenido esta tarde con el comité de huelga, Martín ha mantenido el compromiso de la Delegación “con la protección del ejercicio de los derechos fundamentales de huelga y reunión”. Del mismo modo, ha defendido la “profesionalidad con la que la Policía Nacional actúa en nuestras calles” y la existencia de garantías que permitan investigar un uso desproporcionado o no justificado de la fuerza.

La manifestación ha terminado en torno a las 22.00 horas frente a la Consejería de Educación madrileña, contigua al Ministerio de Educación, donde los asistentes ha mantenido un minuto de silencio, de nuevo con las linternas mirando al cielo, en solidaridad con los afectados por la brutalidad policial, estudiantes universitarios incluidos. Después, la lectura de un comunicado ha puesto el broche final a esta noche de reivindicación.

Ordóñez, la integrante del comité de huelga por parte de CNT, recalca que el profesorado se mantiene con los “ánimos bastante fuertes” ahora que se aproxima la primera semana de huelga indefinida. Le sigue la propia Salazar, que cifra el seguimiento de los paros en más de un 50 % de media. “La negativa de la consejera a negociar nos deja ojipláticas”, ha abundado la profesora de Móstoles. Ella misma ha concluido con una pregunta dirigida a Zarzalejos: “Somos 45.000 docentes en huelga. ¿En serio no nos va a escuchar?”.

La Audiencia Provincial de Madrid ha corregido al juez que investiga a la pareja de Isabel Díaz Ayuso y ha autorizado que la Unidad Central Operativa (UCO) acceda no solo a sus datos bancarios sino a toda su información financiera para investigar si ejecutó un “soborno”, como dice la Fiscalía, a un directivo del Grupo Quirón. Los jueces toman esta decisión tras estimar un recurso de la Fiscalía al que ni siquiera la defensa del propio Alberto González Amador se había opuesto tras la petición de la propia unidad de élite de la Guardia Civil.

El juez Antonio Viejo asumió la doble investigación contra el comisionista sanitario después de la jubilación de la anterior titular del juzgado. La causa por fraude fiscal, en el que tanto la Fiscalía como la Abogacía piden condenas de cárcel por defraudar 350.000 euros usando un sistema de facturas falsas, se encuentra solo a la espera de fecha para el juicio. La segunda causa, en fase de instrucción, analiza si el empresario compró por medio millón de euros una empresa sin actividad ni medios de la esposa de Fernando Camino, un directivo de Quirón imputado desde hace dos semanas, a modo de “soborno” como sospecha la Fiscalía.

Esta segunda ramificación del caso ha avanzado con lentitud en el juzgado de Viejo, hasta el punto de que la propia UCO solicitó al instructor tener acceso a toda la información bancaria y financiera de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. La respuesta del instructor, medio año después, fue autorizar solo el acceso a la información bancaria pero no a la relacionada con sus impuestos o sus pagos a la Seguridad Social. La Fiscalía recurrió al entender que acceder a esa información denegada era algo necesario y “mucho menos invasivo” que lo que ya había aceptado el juez. No tener acceso a la información tributaria de Alberto González Amador, dijo el Ministerio Público, “dificulta enormemente” la investigación.

La defensa de González Amador y sus empresas no se opuso a esta medida y la Audiencia Provincial de Madrid acaba de aceptar las alegaciones. “Resulta necesario cotejar la información bancaria con la información tributaria y de la Seguridad Social referente a dichas personas físicas y jurídicas”, razona el tribunal madrileño que supervisa la instrucción. El propio González Amador, recuerda este auto, “ha mostrado ya no sólo su conformidad sino incluso su interés en que se recabe dicha información tributaria y de la Seguridad Social con la finalidad de que se finalice con la mayor celeridad posible la investigación”.

Acusaciones de fraude fiscal y soborno

La investigación judicial contra Alberto González Amador es doble. En un primer momento, tal y como reveló en exclusiva elDiario.es, la Fiscalía acusó al comisionista sanitario de eludir el pago de 350.000 euros en los impuestos de sus empresas usando un sistema de facturas falsas por servicios no realizados. Una causa que avanzó lenta y en la que la magistrada intentó varias veces sin éxito tomar declaración a la pareja de Isabel Díaz Ayuso. El empresario ya fue procesado y se abrió juicio oral contra él con la Fiscalía y la Abogacía del Estado, en representación de Hacienda, solicitando hasta tres años y nueve meses de cárcel para él. La causa se encuentra pendiente de que los tribunales pongan fecha al juicio.

Una segunda ramificación del caso, ahora impulsada por la Audiencia de Madrid, se centra en la relación de González Amador con Quirón, el gigante sanitario para el que trabaja a través de una de sus filiales. La Fiscalía considera que ejecutó un “soborno” al pagar medio millón de euros por una empresa fantasma de la esposa del directivo Fernando Camino, citado a declarar a principios del próximo mes de diciembre.

Isabel Díaz Ayuso moverá su despacho por la acampada. Fuentes próximas a la presidenta autonómica confirman que están buscando una nueva ubicación y precisan que se están barajando diferentes opciones... entre las instalaciones que ya tiene la Comunidad de Madrid. Una situación temporal, similar a la que se dio hace meses cuando su Gobierno aseguró —en su primera versión— que unas obras que se iban a dar en la sede de la Presidencia de Sol obligaban a comprar un ático en Chamberí por 6,3 millones de euros para destinarlo a “reuniones”.

Este martes, la Cadena Ser adelantaba que la líder madrileña y su equipo están preparando unas oficinas en la sede del Canal de Isabel II, en el barrio de Chamberí, precisamente donde el gobierno regional compró el pasado mes de abril el ático. Fuentes cercanas a la presidenta no confirman que vaya a ser este el sitio elegido, pero sí que se están estudiando diferentes instalaciones de la Comunidad porque, aseguran, ahora mismo la Puerta de Sol no reúne las condiciones necesarias, especialmente de “seguridad”.

Desde el pasado 26 de septiembre, cientos de personas acampan en la plaza para protestar por la vivienda. El Gobierno de Ayuso ha intentado frenar la protesta a través de la Justicia, pero no lo ha conseguido, por lo que ahora pretenden mover el espacio de trabajo de la presidenta regional de forma “temporal”. Precisamente, una vez se conoció hace meses la polémica operación del Ejecutivo autonómico, se argumentó que se había adquirido el inmueble en el el exclusivo barrio para “reuniones” mientras durasen las obras en la Real Casa de Correos de Sol.

De hecho, eso fue lo que dijo la propia Ayuso a finales de julio, cuando el caso saltó a la prensa. “No sé si me quedaré en la Consejería de Presidencia o en la de Transportes, que es muy grande, y es el consejero el que se va para allá”, aseguró. También dijo que Planifica Madrid, la empresa pública que se encargó de la operación y está adscrita a la Consejería de Presidencia, “compra y vende inmuebles todo el año”, según las necesidades del gobierno autonómico. En este caso, se necesitaba por las obras. Esa versión luego cambió y el expediente del inmueble recoge, de hecho, que se buscó expresamente que pudiera tener un uso “institucional de carácter residencial”, sin ninguna mención a las obras.

La empresa pública pidió a la inmobiliaria que buscara un inmueble de “entre 250 y 400 metros y gran terraza” y exigió confidencialidad a la vendedora antes incluso de la visita al ático. La propia Ayuso estuvo en el inmueble después de la compra, según confirmaron fuentes de su entorno próximo, y en una entrevista admitió que la idea de comprarlo fue de su equipo: “Y a mí no me pareció mal”, dijo.

Sin embargo, solo un día después del escándalo, el portavoz y consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, anunció que se iba a poner en venta y que el importe obtenido por ese ático y otro inmueble iría destinado a sufragar parte de las ayudas aprobadas tras los incendios de la Sierra Oeste. Por ahora, el ático sigue sin comprador, y este mismo miércoles se conocerá si esa situación ha cambiado. Si no, el ático pasará a ser Oferta Pública Permanente. Es decir, que estará disponible para su venta mientras no haya una adjudicación sin que sea necesario que se vuelva a sacar la oferta.

Ahora, la presidenta toma la decisión de mover su despacho después de una semana de protestas por la huelga en la educación. Este mismo lunes, un grupo de manifestantes acudieron a la puerta de un acto que iba a contar con la presencia de Ayuso. Decenas de personas gritaban proclamas por la educación pública y la Policía Nacional acabó cargando contra ellos, mientras la presidenta autonómica aseguró que eran personas “violentas”. Ese mismo día, en una entrevista para el programa Horizonte, en Cuatro, Ayuso explicaba que se habían puesto “especialmente violentos” y que gracias a la policía pudieron “salir” del lugar.

Isabel Díaz Ayuso pretende mover su despacho fuera de la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol. Según ha adelantado Cadena SER y ha podido confirmar elDiario.es, la presidenta de la Comunidad de Madrid busca trasladar su zona de trabajo de manera temporal por la acampada y las protestas que se desarrollan estos días.

Según la SER, la líder madrileña ya habría elegido sitio: las oficinas del Canal de Isabel II, en Chamberí. Sin embargo, fuentes cercanas a Ayuso no confirman esta información y se limitan a indicar que se están barajando diferentes opciones en instalaciones de la Comunidad.

El motivo del cambio, según estas mismas fuentes, es que la Real Casa de Correos no tiene ahora mismo las condiciones necesarias, especialmente de seguridad.

Las protestas en Sol

El Gobierno de la Comunidad de Madrid lleva días chocando con Delegación de Gobierno por la acampada por la vivienda y han llevado ya el caso a los tribunales. El Tribunal Superior de Madrid rechazó la petición de la presidenta autonómica para desalojar la acampada que comenzó el pasado 26 de septiembre y descartaron las medidas cautelarísimas presentadas por la Comunidad. El Gobierno de Ayuso ha avanzado que no descarta acudir al Tribunal Supremo.

El presidente de Argentina, Javier Milei, se reunirá este miércoles en la sede de la Fundación Disenso en Madrid con el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, y el director de la fundación Disenso, Jorge Martín Frías, según han informado este lunes desde el propio partido. La comitiva llegará a la capital española a las 18:00 hora peninsular española del martes.

Durante una llamada telefónica, el presidente de Vox, Santiago Abascal, le ha comunicado al mandatario argentino que no acudirá a la reunión porque continuará ese mismo miércoles con la agenda de precampaña prevista, con actos en A Coruña por la mañana y en Avilés por la tarde.

Posteriormente será recibido por la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Esa misma noche, el presidente argentino y su comitiva emprenderán el regreso a Buenos Aires, donde tienen previsto aterrizar el jueves por la mañana, hora local.

Desde que asumió la Presidencia argentina a finales de 2023, Milei ha realizado seis viajes a España y en ninguno de ellos se ha reunido con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni con integrantes del Ejecutivo español.

Por contra, durante estos viajes ha insultado y criticado de manera reiterada a Sánchez, e incluso a su esposa, Begoña Gómez, a quien calificó de “corrupta” en su primera visita, en mayo de 2024.

Aquellas declaraciones derivaron en un incidente diplomático sin precedentes, con la retirada de la embajadora de España en Buenos Aires y el nombramiento de un nuevo representante diplomático cinco meses después.

Diversos ministros del Gobierno español han visitado Argentina en los últimos tres años, incluida la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pero ninguno ha celebrado reuniones oficiales con algún integrante del Ejecutivo de Javier Milei.

El “otoño caliente” educativo que se anunciaba va cogiendo temperatura. Tras las primeras movilizaciones en Catalunya, Canarias, Galicia Baleares o Aragón, con paro incluido en algunas de estas protestas, los docentes de la Comunidad de Madrid se han puesto en primera línea con una huelga indefinida desde el pasado miércoles 14 de octubre.

Sus compañeros de la Comunitat Valenciana, que abrieron fuego el curso pasado con esta misma media, deciden hoy si retoman su huelga y se unen a ellos en algún momento del otoño, y en Catalunya el sindicato mayoritario se plantea acciones posteriores al 11 de noviembre.

Algunas protestas habrán bajado en intensidad, pero el descontento docente sigue exactamente en el mismo sitio. En este enlace puedes repasar el estado de las protestas por todo el país.

La madrileña ha arrancado con fuerza, con seguimientos que se han situado entre el 60% que daban como referencia los convocantes hasta el 40% que admitió la Comunidad de Madrid el primer día y gran asistencia a las manifestaciones. Esa jornada quedó marcada por la (desproporcionada) intervención de la policía en la Universidad de Complutense para disolver un piquete. Hubo seis heridos y detenidos. Nosotros hablamos con una de las personas involucradas, que nos contó que no estaban haciendo nada y que le rompieron el cúbito de un porrazo.

El rector negó haber llamado a la policía y el delegado del Gobierno pidió una investigación. Experiencias pasadas no parecen indicar que vaya a tener mucho recorrido: todavía estamos esperando saber si hay alguna consecuencia para el policía que tiró al suelo de un empujón a una maestra que no hacía nada en una protesta en la Comunitat Valenciana antes del verano, supongo que recuerdas aquel incidente. Este lunes volvió a haber palos en Madrid, por cierto.

Aunque las cifras de seguimiento de la huelga puedan no parecer muy sexis, ese nivel de faltas en los centros es un éxito, nos cuenta una directora veterana, por el impacto que tiene en la organización del centro. A partir del 20%, asegura esta docente, se acumulan los grupos sin profesor ni nada que hacer durante el día.

El reto para los convocantes será mantener la presión según pasen los días. Empezar una huelga es fácil, hay motivación y argumentos. Sostenerla, a cien euros de penalización económica por día no trabajado, no tanto. Los huelguistas, conscientes, organizan turnos para que nadie falte siempre y a la vez siempre falte alguien, montan cajas de resistencia y venden merchandising para conseguir financiación.

También compensan la caída en el seguimiento con una escalada en las acciones. Este lunes se han organizado para hacerse sentir en varios puntos de la región: han empezado la mañana cortando la entrada a la capital por la A3 y luego, dado que el Gobierno regional no les recibe, se han ido a buscar al Gobierno regional. Dos centenares de docentes se han presentado primero en un acto de la consejera Zarzalejo, que lo ha acabado cancelando, y después han hecho lo propio con otro de la presidenta Ayuso.

Desde el Ejecutivo regional tienen clara su postura: la huelga es “política”, los sindicalistas son unos “violentos” y además están pagados por Moncloa para amedrentarles, dijo Ayuso. La consejera se dedicó el miércoles a poner uso en la diana a dos centros públicos de Villarejo de Salvanés con un bulo en una rueda de prensa.. ¿Negociar? Ya tal, que dijo aquel.

Esta semana hemos hablado de...

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El regidor José Marí Olano, el cervell jurídic de l'alcaldessa de València, María José Catalá, va guanyar un plet a un organisme públic de la Comunitat de Madrid. L'edil exerceix d'advocat i representa empreses de tot Espanya.

El lletrat, segons una sentència de la secció tercera de la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de Madrid, a la qual ha tingut accés elDiario.es, va guanyar un plet contra el Servicio Madrileño de Salud (Sermas), l'ens de dret públic encarregat del sistema de prestacions sanitàries per part del Govern d'Isabel Díaz Ayuso.

Marí Olano representava l'empresa Acuña y Fombona SA, una firma especialitzada en el subministrament de productes medicoquirúrgics, domiciliada a Gijón, que reclamava al Sermas un import de 76.477 euros com a pagament d'interessos de demora i indemnització per costos de cobrament sobre factures abonades fora de termini i relatives a contractes de subministraments hospitalaris.

La sentència, que no és ferma, va estimar parcialment el recurs de José Marí Olano, encara que va rebaixar l'import a 21.201 euros pels interessos de demora meritats (la quantitat que el Sermas reconeixia), a més de l'increment dels interessos de l'IVA i una indemnització de 40 euros per cada factura generadora d'interessos de demora.

La resolució, del passat 28 de maig, reconeixia com a “minuciós” l'informe elaborat per la subdirecció general de Gestió Econòmica i Anàlisi Pressupostària del Sermas, que presentava un “càlcul alternatiu dels interessos” a partir de la data de recepció de les factures “correctes”.

“L'actora pot considerar que és la data del subministrament la que s'ha de tindre en compte, però l'Administració parteix del fet que aquesta data és la de conformitat de la factura, o subsidiàriament la data de registre electrònic d'aquesta, la que s'ha de tindre en compte a l'hora de determinar la data d'inici del termini de 30 dies que l'Administració té per a abonar els subministraments”.

L'organisme públic de la Comunitat de Madrid es va escudar en el fet que, “excepte en 10 factures”, l'empresa representada per Marí Olano no facilitava la data de registre sinó la d'emissió. L'informe repassa un total de 864 factures.

La sentència del TSJ de Madrid repassa els criteris fixats per la mateixa secció de la Sala Contenciosa i destaca que “en el cas concret de subministraments sanitaris quirúrgics o farmacèutics als serveis de salut, que suposen centenars i en moltes ocasions milers de subministraments a diferents hospitals (...), aquest enorme volum de subministraments i les dificultats que la seua correcta gestió suposa per a un adequat control sanitari i administratiu justifica complidament que el servei de salut corresponent dispose d'un període previ, no superior a 30 dies, per a l'acceptació i verificació de les prestacions dels contractistes”.

Així, el dia inicial de meritació dels interessos de demora s'estableix una vegada transcorregut el termini de 30 dies des de la data de conformitat per part de l'Administració autonòmica dels documents que acrediten aquesta conformitat. No obstant això, davant de l'informe del Sermas, l'empresa representada per José Marí Olano no aporta “cap prova relativa a aquestes discrepàncies”.

Encara que la sentència estima parcialment el recurs, declara “no ajustada íntegrament a dret” la resolució desestimatòria inicial del Sermas relativa a la reclamació per part d'Acuña y Fombona SA.

El concejal José Marí Olano, el cerebro jurídico de la alcaldesa de València, María José Catalá, ganó un pleito a un organismo público de la Comunidad de Madrid. El edil ejerce de abogado y representa a empresas de toda España.

El letrado, según una sentencia de la sección tercera de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, a la que ha tenido acceso elDiario.es, ganó un pleito contra el Servicio Madrileño de Salud (Sermas), el ente de derecho público encargado del sistema de prestaciones sanitarias por parte del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

Marí Olano representaba a la empresa Acuña y Fombona SA, una firma especializada en el suministro de productos médico-quirúrgicos, domiciliada en Gijón, que solicitaba al Sermas un importe de 76.477 euros como pago de intereses de demora e indemnización por costes de cobro sobre facturas abonadas fuera de plazo y relativas a contratos de suministros hospitalarios.

La sentencia, que no es firme, estimó parcialmente el recurso de José Marí Olano aunque rebajó el importe a 21.201 euros por los intereses de demora devengados (la cantidad que el Sermas reconocía), además del incremento de los intereses del IVA y una indemnización de 40 euros por cada factura generadora de intereses de demora.

La resolución, del pasado 28 de mayo, reconocía como “minucioso” el informe elaborado por la subdirección general de Gestión Económica y Análisis Presupuestario del Sermas, que presentaba un “cálculo alternativo de los intereses” a partir de la fecha de recepción de las facturas “correctas”.

“La actora puede considerar que es la fecha del suministro la que ha de tenerse en cuenta, pero la Administración parte de que dicha fecha es la de conformidad de la factura, o subsidiariamente la fecha de registro electrónico de la misma, la que ha de tenerse en cuenta a la hora de determinar la fecha de inicio del plazo de 30 días que la Administración tiene para abonar los suministros

El organismo público de la Comunidad de Madrid se escudó en que “salvo en 10 facturas”, la empresa representada por Marí Olano no facilitaba la fecha de registro sino la de emisión. El informe repasa un total de 864 facturas.

La sentencia del TSJ de Madrid repasa los criterios fijados por la misma sección de la Sala de lo Contencioso y destaca que “en el concreto caso de suministros sanitarios quirúrgicos o farmacéuticos a los Servicios de Salud, que suponen cientos y en muchas ocasiones miles de suministros a diferentes hospitales (...), ese enorme volumen de suministros y las dificultades que su correcta gestión supone para un adecuado control sanitario y administrativo, justifica cumplidamente que el Servicio de Salud correspondiente cuente con un periodo previo, no superior a 30 días, para la aceptación y verificación de las prestaciones de los contratistas”.

Así, el día inicial de devengo de los intereses de demora se establece en una vez pasado el plazo de 30 días desde la fecha de conformidad por parte de la Administración autonómica de los documentos que acrediten la conformidad. Sin embargo, frente al informe del Sermas, la empresa representada por José Marí Olano no aporta “prueba alguna relativa a estas discrepancias”.

Aunque la sentencia estima parcialmente el recurso, declara “no ajustada íntegramente a derecho” la resolución desestimatoria inicial del Sermas relativa a la reclamación por parte de Acuña y Fombona SA.

Isabel Díaz Ayuso ha elegido otra vez el ataque. Esta vez, como respuesta a las protestas y la histórica huelga de la educación en la Comunidad de Madrid, con la que docentes, estudiantes y familias presionan a las administraciones para reivindicar una mejora de la educación pública. Para la líder madrileña es “gente que no respeta”, “que es violenta” y que “a través del acoso y la intimidación pretende no sé qué”. Un “coro rociero”, dijo también. Este lunes, un grupo de manifestantes se han congregado a las puertas de un acto de la presidenta autonómica y otro grupo han llevado a cancelar otro evento de la consejera de Educación: “Como no quiere hablar con nosotras, hemos venido a hablar con ella”, argumentaban.

En la pasada rueda de prensa después del Consejo de Gobierno, la consejera Mercedes Zarzalejo aseguró que ya estaban escuchando las peticiones de los sindicatos y que, de hecho, se sentaban “cada dos semanas” con ellos. “No podemos negociar las reivindicaciones que nos hacen supuestamente con esta huelga porque están fuera de toda lógica y todo sentido común”, dijo ante la prensa, después de haber difundido un bulo sobre el director de un colegio de una localidad madrileña.

A lo que Zarzalejo hacía referencia en su intervención es a la Mesa sectorial que mantiene con algunos sindicatos, pero no con el comité de huelga, que es un órgano distinto. Entre otras cosas, porque algunos de los sindicatos que están en la Mesa no están en el comité y porque las reuniones de la sectorial se producen cada vez que hay alguna temática concreta, pero no atienden a las reivindicaciones del comité de huelga. Aída San Millán, secretaria general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras de Madrid, explica que solo se ha reunido una vez para “negociar los servicios mínimos” con el comité desde que comenzaron los paros la semana pasada. “No han recogido ninguna de las exigencias”, critica San Millán, en conversación con elDiario.es.

El pasado jueves se celebró la tercera reunión de la Mesa sectorial para implantar la carrera profesional de los docentes, pero Comisiones Obreras decidió no acudir al encuentro. San Millán explica que les pareció una “falta de respeto” porque se convocó a la misma hora y día que se iba a llevar a cabo una concentración en el marco de las protestas. También porque ese tema, el de la carrera profesional, es algo que “quiere negociar” Zarzalejo, según CCOO: “Cuando vio la convocatoria de huelga se le ocurrió sacar lo de la carrera profesional, pero eso tiene un problema de base, y es que como docente no tendrías derecho a cobrar ni la mitad de esas retribuciones hasta los 18 años. Nuestras reivindicaciones —las del comité de huelga— son lineales y para todo el profesorado”, indica en conversación telefónica.

“Imaginad la educación de vuestros hijos en manos de esta gente”

Pese a la visible incomodidad de la Comunidad de Madrid, las protestas continuarán. Ese es el mensaje que transmiten los sindicatos. Por lo menos, hasta que haya una intención de escucha activa por parte de las administraciones. Así lo han avisado también en los actos de este lunes: a primera hora de la mañana, más de un centenar de personas cortaba la A-3. Unas horas más tarde, otro grupo obligaba la cancelación de un acto de Zarzalejo en un instituto, unas protestas que la consejera ha tildado de “violentas”. Y, más tarde, se producía la concentración frente la Cámara de Comercio, donde Ayuso clausuraba otro evento y que ha terminado con cargas y más críticas de la presidenta: “Imaginad la educación de vuestros hijos en manos de gente como la que tenemos en la puerta”.

El Sindicato de Estudiantes ha salido a responder a Ayuso en X: “Ni el desprecio de Ayuso y de su consejera Zarzalejo, ni su criminalización ni los porrazos de la policía del Gobierno 'progresista' van a frenar la lucha por la educación pública”. La intervención policial ha vuelto a dejar, como ocurrió la semana pasada en la Universidad Complutense, vídeos con policías cargando contra los manifestantes. Este periódico ha preguntado a Delegación de Gobierno por las cargas de este lunes, pero no ha obtenido respuesta a fecha de publicación de este artículo.

Desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid ya vinculan los paros y las movilizaciones del sector educativo a las protestas de París, que dejan más de 2.000 detenidos, y señalan a la izquierda desde los primeros días de huelga porque, aseguran, se vuelve “violenta” cuando ve que “están perdiendo las elecciones”. Una reacción que CCOO califica como “muy triste”. San Millán ve que ahora el Gobierno de Ayuso muestra “agresividad” ante las manifestaciones, pero a pesar de las declaraciones de la presidenta y de su consejera mantienen que la Comunidad tiene “capacidad suficiente” para sentarse a negociar.

Por ahora, tienen que decidir si volverán a levantarse de las siguientes mesas sectoriales porque la situación, admite la secretaria general del sindicato, “pinta muy mal”: “Están manipulando y utilizando a la Mesa Sectorial”, asegura. “Necesitamos unos cuantos días más para demostrar a Ayuso que ni somos París, ni agitadores, ni tenemos armas en nuestras manos, tenemos lapiceros”, continúa San Millán, que no comprende las declaraciones de la líder regional sobre algunos de los docentes que protestan: “La presidenta nos representa como trabajadores públicos que somos. ¿O es que solo representa a una parte del profesorado, al de la privada y la concertada? Nosotros somos los que accedemos a través de unas oposiciones. Menos avergonzarse del profesorado y las familias que están peleando y más escuchar”, pide la coordinadora de CCOO.

Por lo pronto, los docentes volverán esta misma semana a intentar que la Comunidad los escuche y acudirán a la Asamblea de Vallecas a trasladar al parlamento madrileño reivindicaciones que atraviesan a todo el sector educativo y en todas las etapas. Ratios, horas lectivas, diversidad en las aulas, salarios... Los motivos siguen ahí.

La Comunidad de Madrid ha solicitado al Tribunal de Cuentas que archive las denuncias presentadas por PSOE y Más Madrid y no abra una investigación para indagar en la adquisición por parte del Gobierno regional de un ático de lujo en el barrio de Chamberí por 6,3 millones de euros. Fuentes del Ejecutivo regional sostienen que la actuación “se ajusta plenamente a la legalidad” y a los “estatutos y competencias” de Planifica Madrid, la empresa pública que compró la vivienda. También subrayan que esa operación “no supone un deterioro económico” para las arcas públicas. 

El Tribunal de Cuentas solicitó a la Fiscalía, a la Comunidad de Madrid y Planifica Madrid que se pronunciara sobre la conveniencia de nombrar a un instructor para que estudie si hubo desvío de fondos públicos en la adquisición de ese ático que seguirá en manos del Ejecutivo regional tras fracasar la operación puesta en marcha para venderlo en julio, justo un día después de que se conociera la adquisición a través de la prensa. 

De acuerdo a las fuentes de la Comunidad de Madrid, Planifica Madrid “adquirió el inmueble dentro del objeto social de la empresa pública, cuya finalidad es adquirir y gestionar parte del patrimonio inmobiliario de la Comunidad de Madrid y ponerlo al servicio de las necesidades de la Administración regional”. En sus alegaciones, los servicios jurídicos afirman también que el inmueble, que costó 6,3 millones de euros, “se adquirió por un precio que se correspondía con el valor de mercado tasado en el momento de la compra”.

El escrito presentado se acoge a la última versión ofrecida por el Ejecutivo de Ayuso, consistente en que el ático se compró para “alojar a las propias autoridades de la Comunidad”. Así, dicen que el inmueble “se adquirió como espacio de apoyo a las consejerías para atender distintas necesidades institucionales, lo cual se concretó en el contrato de arrendamiento suscrito con posterioridad a la adquisición”. Y subrayan que “en ningún caso, el inmueble se adquirió como vivienda oficial para la presidenta”.

El documento también afirma que el consejero delegado de Planifica Madrid “es la persona facultada expresamente para realizar la compraventa de inmuebles en la empresa”. Y resalta que “la operación tenía como finalidad incorporar un activo patrimonial a Planifica Madrid, conservando el valor de la inversión y permitiendo atender distintas necesidades institucionales de la Comunidad de Madrid”.

Para la Comunidad de Madrid y la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, las protestas de los docentes, que continúan estos días con la huelga educativa, es sinónimo de violencia. Así lo ha trasladado este lunes la líder madrileña a las puertas de un acto al que ha acudido en la capital y donde se han concentrado decenas de manifestantes de manera espontánea para reivindicar mejoras en la educación pública. En declaraciones a la prensa, la presidenta autonómica ha planteado sobre las personas que han acudido a protestar al edificio donde se encontraba: “La educación de los hijos de todos está en manos de gente así de violenta que no respeta ni siquiera el derecho de los niños de ir al colegio”. Gente que, además, según ha dicho, está “untada por los sindicatos”. Sobre las 14.15, la presidenta ha partido en coche del acto.

Ayuso también ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de fomentar las protestas “coaccionando a los gobiernos”: “Si Pedro Sánchez piensa que por acosarme y mandarme a los sindicatos a las huelgas mientras él va de enamorado de España nos va a amedrentar, se equivoca. Porque estamos en democracia y en democracia si tienes que dejar el poder te vas a tu casita y lo soportas, Sánchez”, ha añadido ante la prensa, antes de comenzar la clausura de un acto al que asistía. La presidenta ha ido más allá en su intervención y ha llegado a vincular las protestas de estos días con las de París, que dejan disturbios en todo el país y más de 2.000 detenidos.

La Policía Nacional ha acabado cargando contra las personas que se manifestaban este lunes en las inmediaciones del acto. Según asistentes a la protesta, “ha sido un boca a boca” surgido al conocer la agenda de la dirigente mientras celebraban su habitual concentración frente a la Consejería de Educación, situada a pocos cientos de metros del Palacio de Santoña. En él, ubicado en el número 28 de la céntrica calle del Príncipe, Ayuso clausuraba este lunes el Foro Longevidad tiene nombre de mujer.

“Toda la marea se ha movido”, cuenta Diana, docente que ha acudido a la protesta y que dice haber sentido “miedo” cuando ha perdido de vista a alguna compañera cuando han comenzado las cargas policilaes. “Estábamos allí pacíficamente, con nuestras proclamas, hasta que la policía ha tirado pelotas de goma al aire, se ha puesto a arrear y ha venido a por nosotras para permitir que saliera Ayuso”, cuenta. Manuel, otro de los profesores movilizados, muestra a este periódico las marcas que han dejado en su mano “los porrazos de la policía”. Este periódico ha tenido acceso a una grabación en la que una persona se zafa de los agentes que le retenían y consigue volver al gentío tras subirse a un vehículo.

Martina avanza por su parte que pretenden eguir con estos actos “hasta que se sienten a negociar”: “Como no quiere hablar con nosotras, hemos venido a hablar con ella”. Asegura que la intención es ir “escalando las protestas” ante la falta de negociación: “Llevamos tres años con las mismas protestas y manifestaciones sin que nos escuchen”. Sobre las cargas, otro manifestante llamado Alejandro sostiene que la intervención de la Policía ha sido “bastante violenta”, pese a que Diana recuerda que todas las personas congregadas eran “docentes y chavales de bachillerato”. Una de estas alumnas, cuenta, “estaba muy acongojada y he tenido que abrazarla”. “La forma en la que han cortado las calles nos ha dejado en una ratonera”, opina Irene, otra manifestante.

De nuevo, Ayuso ha vuelto a vincular las huelgas con que la izquierda no admite una pérdida electoral. “Solo quieren violencia y acoso porque la izquierda antidemocrática de este país no admite dejar las urnas”, ha asegurado. La presidenta autonómica también ha recuperado la frase de la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, que dijo en la Asamblea que con la muerte de Maricarmen, la anciana de 87 que fue desahuciada, que no había “consuelo” y que tras el fallecimiento “no habrá paz en las calles de Madrid”, unas declaraciones que la bancada del PP y Vox consideraron como una amenaza. A su juicio, estas protestas están vinculadas con ese tipo de declaraciones. “Quiero saber si esta historia de 'no habrá paz en las calles de Madrid' que está fomentando la Moncloa va a estar durante todas las elecciones”, ha añadido la presidenta autonómica.

La Comunidad cancela un acto de la consejera por las protestas

Unas horas antes, un grupo de docentes se había reunido a las puertas de un instituto al que tenía previsto acudir la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, y que finalmente ha sido cancelado por las protestas. Ayuso ha responsabilizado tanto a Delegación de Gobierno como a Pedro Sánchez de “toda la violencia que se está produciendo en las calles de Madrid, coaccionando a los gobierno y casualmente al mío, que es el único que sí había llegado a un acuerdo con toda esta gente que está fuera”. “Están persiguiendo a mi consejera de Educación”, ha denunciado, sobre el escrache de esta mañana.

También este lunes, un grupo de manifestantes ha cortado la A-3 en plena hora punta por la huelga educativa, una protesta que para Ayuso “no es solución a nada”, así como “impdeir que los niños vayan a clase y que sean secuestrados por huelgas políticas tampoco es solución a nada”.

“La izquierda, cuando va a perder las elecciones, se vuelve violenta”, argumentaba en la Asamblea este jueves la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Se refería a las protestas y huelgas que tienen convocadas profesores y médicos de la educación y sanidad públicas. Aunque defendió que no hay motivos para salir a la calle más allá de los ideológicos, su propio gobierno admite deficiencias en un servicio público esencial por presupuestos escasos y poco acordes con la realidad. Así lo evidencia un documento interno de la Consejería de Sanidad al que ha tenido acceso elDiario.es.

El archivo se llama “La casita”, está fechado el 30 de junio de 2026 y es una presentación con datos de 2025 sobre la sanidad madrileña hospitalaria, en la que alerta de algunos indicadores y se congratula de otros. Según los metadatos, quien archiva y guarda el documento es la jefa de Gabinete de la consejera de Sanidad. La creadora del mismo no ha podido ser identificada por este medio.

La Consejería no reconoce el documento como oficial y lo ha enmarcado como un posible “borrador interno de trabajo, como hay centenares, que por supuesto ni ha sido validado ni presentado a nadie”, según su respuesta a preguntas de elDiario.es. En el informe se especifica que Madrid está en el penúltimo lugar de inversión sanitaria por habitante (1.779 euros, por detrás de regiones con menos riqueza) y que tiene un problema en recursos humanos en la sanidad pública de Madrid, que califica como “reto”.

Concretamente, diagnostica: “Menor inversión relativa versus otros sistemas [autonómicos]. Necesaria reorientación prioritaria de recursos a RRHH [recursos humanos]”. En el análisis, destaca que Madrid tiene una inversión en sanidad por debajo de la media (un 4% del PIB frente a una media española del 6%), pero que los indicadores sanitarios son buenos, de manera que hay “eficiencia”, aunque alerta de que si se sigue con la “contención de inversión” esa eficiencia puede empeorar. “Cambios tecnológicos, envejecimiento poblacional, escasez Recursos Humanos (RRHH)” son los síntomas preocupantes que destaca. También se da a sí misma la receta: “Mejorar inversión RRHH, planificación y gestión. Atención centrada en persona y mejora de resultados en salud”.

Sin embargo, en la Comunidad de Madrid el problema del personal sanitario empieza en el momento mismo en el que se presentan los presupuestos, porque son deficitarios nada más empezar: la cantidad que la Comunidad de Madrid destina al capítulo de personal del Servicio Madrileño de Salud cada año es inferior al gasto real del año anterior, de manera que tienen que acabar poniendo parches y haciendo modificaciones presupuestarias para poder abonar las nóminas: “Los créditos consignados en el Presupuesto [para el capítulo de personal] no cubren ni siquiera la plantilla autorizada”, pese al “gran esfuerzo de contención del gasto y una clara disminución del incremento del gasto”, lamenta el informe. Esto, en la comunidad autónoma con el PIB más alto de España.

Por ejemplo, como recoge el documento en 2024 se gastaron más de 4.800 millones en personal sanitario, pero al año siguiente se presupuestaron menos millones (4.700). elDiario.es ha preguntado a la Consejería de Hacienda el porqué de esta anomalía: “Los recursos se ajustan con posterioridad en función de la ejecución real de cada año”. También achacan a cambios estatales, como posibles subidas salariales, el hecho de haya que “realizar modificaciones de crédito posteriores”.

La diputada y portavoz de Sanidad de Más Madrid, Marta Carmona, explica que este funcionamiento responde a que los gastos de personal sanitario se han convertido en el “grifo” para regular el gasto: “La Comunidad de Madrid no suele poner problemas a la compra de medicamentos, pero en personal, sí. Aprieta a las plantillas para que uno haga el trabajo de varios. Ya va todo tan justo, que al hacer esto regula la oferta, de modo que las operaciones y consultas que ofreces se limitan, porque la actividad que programas depende del personal que tienes”, explica. “Esto, en un contexto en el que cada vez hay más habitantes en Madrid mientras el presupuesto para personal está contenido. La lista de espera bajaría mucho si hubiera más personal, y así los pacientes no se irían a los hospitales de gestión privada”.

El poder adquisitivo de los facultativos, el más bajo

El documento, que destaca los buenos datos de esperanza de vida y seguridad del paciente que obtiene Madrid respecto a la media, también admite que los facultativos de atención hospitalaria de Madrid son los que menos poder adquisitivo tienen de España, cuando se utiliza el indicador resultante del cruce del salario más guardias y el coste de una misma cesta de bienes y servicios en cada comunidad. “En ese comparativo, nuestros facultativos se encuentran a la cola de todas las comunidades autónomas”, admite el informe interno de Sanidad. Paradójicamente, el documento apela a la importancia del capital humano con la frase en latín “Ubi homines, Ibi successus” (donde hay personas, hay éxito) en su primera página.

Precisamente, los médicos madrileños anunciaron el pasado miércoles que van a hacer huelgas para pedir la creación de un nuevo modelo de carrera profesional, las garantías de voluntariedad de las guardias y una mejora de la remuneración, reclamaciones que antes de la convocatoria electoral hacían también al Ministerio de Sanidad.

El informe también destaca algunos logros, como que se ha reducido la estancia media en hospitales y que han aumentado las cirugías, así como las consultas de telemedicina (+837%). Respecto a estas últimas, las marca como una apuesta de futuro: “El modelo asistencial evoluciona hacia la no presencialidad”.

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Este sábado, alrededor de las 23.00 horas, Metro de Madrid reabrió la estación de Sol. Estuvo cerrada casi un día y medio, desde que el viernes a las 12.15 horas se decretase su cierre, sin afectar a los andenes de Cercanías, alegando unos supuestos niveles altos de amoniaco y unos informes que no se han hecho públicos ni han podido ser consultados por el Comité de Empresa de la compañía de transporte público de la capital.

Los sindicatos, que ya negaron el pasado viernes que se hubieran realizado análisis de ningún tipo o que hubiera acumulación de residuos orgánicos como alegaba la Comunidad de Madrid, que llegó a argumentar que era necesario el cierre de la estación por acumulación de “orina” o “excrementos”, han exigido “responsabilidades” este sábado y conocer “el verdadero motivo” del cierre de la estación de Metro de Madrid de la Puerta del Sol.

Comisiones Obreras pide “explicaciones públicas y responsabilidades, tanto dentro de Metro de Madrid como en la Comunidad de Madrid” ante unos hechos que califican como de “extrema gravedad” y que, consideran, afectan directamente a “la transparencia, la profesionalidad, la neutralidad institucional y el respeto que deben regir el funcionamiento de una empresa pública”.

Pese a lo manifestado públicamente por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien afirmó que el cierre temporal de la estación de Sol había sido solicitado por los mismos sindicatos y por los servicios de prevención de riesgos laborales de la empresa, las secciones sindicales de CCOO, UGT y Solidaridad Obrera desmintieron ya el viernes “expresamente” haber solicitado “dicho cierre”. Asimismo, hasta la fecha, han señalado que no se han facilitado a la representación sindical las supuestas mediciones realizadas por el Servicio de Prevención que supuestamente acreditaban los “altos niveles de amoniaco” que denunciaba la Comunidad.

Este sábado, poco después de las 21.30 horas de la noche, Metro de Madrid comunicaba la reapertura de la estación después de “constatar objetiva y documentalmente, con el resultado de los análisis, que las condiciones de seguridad y salud necesarias se han restablecido”. Sin embargo, en ningún momento ni la empresa ni el Gobierno de la Comunidad de Madrid han hecho públicos los supuestos análisis que habrían determinado que estas condiciones de higiene no eran las adecuadas.

CCOO también denuncia la utilización en medios de comunicación corporativa de Metro de Madrid de la expresión “manifestación antiperrofas” y describe que esto se produjo “en una tableta de trabajo, utilizada para consultar la agenda de eventos y las incidencias que afectan al servicio”.

“El respeto no puede ser una obligación exclusiva de los trabajadores, debe empezar por quienes dirigen la empresa y por quienes elaboran y supervisan sus comunicaciones”, critica la sección sindical en su comunicado. CCOO también recuerda que Metro de Madrid debe estar al servicio de la ciudadania y no al de “los intereses políticos de ningún Gobierno”.

Comisiones Obreras de Madrid exige además que se identifique a los responsables de las decisiones adoptadas, pide saber “quién ordenó realmente el cierre de la estación de Sol” y en qué informes técnicos se basó para ello, qué mediciones se realizaron, quién las hizo y cuáles fueron sus resultados, por qué no se entregaron los resultados de estos supuestos informes a los representantes de los trabajadores en la empresa como exige la ley, quién trasladó a la presidenta de la Comunidad de Madrid que los sindicatos habían solicitado el cierre de la estacion o “por qué se utilizó como argumento la seguridad de los trabajadores sin aportar documentación” que lo justificase.

“No cuestionamos la necesidad de adoptar medidas de seguridad cuando existan riesgos acreditados, lo que cuestionamos es la falta de información, las contradicciones públicas y la ausencia de explicaciones. Los trabajadores de Metro de Madrid no somos una coartada para justificar decisiones políticas, ni nuestras herramientas de trabajo deben convertirse en vehículos de descalificación ideológica”, argumentan.

Por último, han trasladado que no van a permanecer “impasibles” ante situaciones que puedan comprometer “los derechos de la plantilla, la credibilidad de la prevención de riesgos laborales o la neutralidad que debe caracterizar a un servicio público”. “Metro de Madrid es una empresa pública, sus trabajadores merecen respeto y la ciudadanía tiene derecho a conocer la verdad”, han agregado.

En redes sociales, las secciones sindicales tanto de Comisiones Obreras como de Solidaridad Obrera, han cuestionado asimismo que no se tenga la misma proactividad desde la empresa de Metro hacia cuestiones que verdaderamente afectan a la salud de los trabajadores de la empresa pública como la retirada de amianto de trenes y estaciones.

Cada día de huelga le cuesta a un docente unos cien euros, arriba o abajo según la etapa en la que trabaje, su experiencia y otras circunstancias personales. Con ese punto de partida, un paro indefinido como el que se desarrolla en la Comunidad de Madrid estos días es todo un reto para quienes lo quieren seguir de manera intensa. Y, quizá no todavía, pero el desgaste irá haciendo mella, son conscientes los convocantes. “Estos días estamos notando muchísimo seguimiento”, explican desde el colectivo de docentes Menos Lectivas, “y aunque sabemos que irá bajando, obviamente, necesitamos que se mantenga la presión y se note la ausencia de profesorado en los centros”, reflexionan.

La experiencia de las compañeras de Educación Infantil, en huelga indefinida desde el pasado mes de abril alrededor de la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI), está siendo de mucha utilidad, explican estas docentes. El apoyo familiar, los mercadillos solidarios, la venta de merchandising de todo tipo, las cajas de resistencia y los turnos para faltar en el centro (en algunos casos) son los principales elementos que ayudan a sobrellevar el varapalo económico que supone exigir mejoras por la vía de la huelga.

La organización varía según el centro. En algunos institutos, los docentes han recurrido a un sistema de turnos para distribuir los días de huelga, de manera que nadie tenga que faltar todos los días y asumir todo el gasto y a la vez se pueda garantizar que se mantiene un porcentaje de participación similar durante las distintas jornadas. “Hemos hecho un cuadrante donde se ha repartido la gente según la huelga para que todos los días haya el mismo porcentaje de gente haciendo huelga”, explica una docente en una de las concentraciones que ha tenido lugar frente a la Consejería de Educación esta semana. Esta planificación, añade, “permite distribuir el esfuerzo entre el profesorado y garantizar unos servicios mínimos”.

"Si [en las próximas semanas] mantienen un 20% de seguimiento será un éxito", asegura una directora veterana. "Eso en mi centro, línea cinco, significa que tengo cuatro o cinco clases simultáneamente sin profesor durante todo el día", ilustra, lo que le supone un problema organizativo grave

Como explican desde Menos Lectivas, el objetivo del paro es que tenga impacto en los centros todos los días, para lo que es necesario que falte un mínimo del claustro docente. Rosa Rocha, directora del IES Guadarrama y presidenta de Adimad, la asociación de directivos de centros públicos de Secundaria de Madrid, cuenta que en su centro, con un seguimiento que ronda el 20% —de los más bajos, según los datos que maneja la media en los institutos fue del 40% los primeros días—, ya sufren las ausencias.

“Si [en las próximas semanas] mantienen un 20% de seguimiento será un éxito”, sostiene. “Eso significa [en su centro, con cinco grupos por curso] que tengo cuatro o cinco clases simultáneamente sin profesor durante todo el día”, ilustra. Un problema que debe resolver ella, que como directora forma parte de los servicios mínimos obligatorios impuestos por la Comunidad de Madrid, junto al jefe de Estudios y un docente por cada 90 estudiantes en el caso de la ESO. Una profesora de un centro con 104 docentes explica que han calculado que con que falten 17 de ellos ya se genera un problema organizativo.

Otro elemento a tener en cuenta es que la huelga se sufre en los centros, pero se pelea en la calle. “Vamos a ir viendo cada semana cuáles son los días que consideramos estratégicos, sobre todo aquellos en los que se hacen acciones por la mañana, que es cuando queremos que haya más gente”, ilustran desde Menos Lectivas.

También hay centros, como el de Valentín Rafael, en los que no hay pacto alguno: huelga todos los días todo el que quiera. De momento va bien, explica. “Quedó claro desde el principio que la huelga era indefinida, así que tiramos para delante. Sabemos que hay gente que se sumará algún día y otros no, pero como norma nosotros seguimos diciendo que es indefinida. Si las maestras de infantil que cobran mil euros lo pueden hacer, nosotros también”.

Las cajas de resistencia

Para afrontar las dificultades económicas que genera secundar una huelga se trabaja en varias direcciones. La más clásica, que se está instaurando en algunos centros, es crear una caja de resistencia que permita hacer frente a las pérdidas salariales de los trabajadores.

CGT, una organización con dilatada experiencia en huelgas y la ventaja que da el tamaño, alimenta la suya con las aportaciones individuales de las personas, pero también con ayuda de otros sindicatos presentes en la confederación, explica Valentín, “igual que nosotros aportamos para los compañeros de Tubacex” (en huelga indefinida también desde el 9 de septiembre). En su caso, se utiliza para aliviar económicamente a los afiliados con un criterio de precariedad. “Tienen preferencia los compañeros precarios, los interinos, la gente que hace medias jornadas o personas con situaciones concretas que se puedan detectar”, ilustra el profesor.

Con menos brega a sus espaldas, Menos Lectivas también ha montado su propia caja, diferente de la CGT. “Es complicadísimo”, explican. “Nosotras tenemos una, en principio para poder sostener las protestas, comprar el material que requiere la huelga, pagar cosas que hacen falta para las acciones... Otra cuestión muy importante es la parte antirrepresiva. Si hay detenciones, multas en las acciones, las tenemos que poder pagar. En nuestro caso hemos establecido que si no se llega a un mínimo de dinero en la caja no se podrá empezar a pagar sueldos de gente”, cuentan desde el colectivo.

Para esta asamblea resulta más práctico que cada centro haga su propia caja. En algunos institutos y colegios, explican algunas profesoras desde la concentración frente a la Consejería, además de las aportaciones voluntarias también se recurre al merchandising. “Estamos vendiendo un montón de cosas, yendo a mercadillos del municipio todos los fines de semana, hemos hecho rifas”, señala otra profesora, que indica que también se ha abierto la posibilidad de que los docentes donen “una parte pequeña de su nómina” para apoyar a la gente que sí secunde el paro. “Nos planteamos incluso hacer nuestra propia caja vendiendo algunas cosas o lo que sea para poder sostenerla”, sostiene.

Sin embargo, esta posibilidad no está al alcance de todos los equipos. Marta, profesora de servicios a la comunidad, explica que no cuentan con ninguna caja de resistencia y que la sobrecarga laboral les deja sin tiempo para poner en marcha iniciativas de este tipo. “Estamos superdesamparadas”, asegura. “En mi caso, en el equipo de Orientación, no hay ninguna caja de resistencia y la mayoría de las compañeras se plantean la huelga como unos días puntuales y ya está, porque no pueden sostener más. En mi caso, que sí que voy a apostar por la huelga en principio todo octubre y a ver qué es posible, porque sí tengo la preocupación de no tener ninguna caja de resistencia y es bastante complejo el asunto”.

Hay que resistir, cree Valentín, nadie dijo que fuera a ser fácil. “Una huelga es sufrimiento. No es bonito y no es divertido”, cierra.

Miles de personas entre el profesorado, estudiantes y las familias se han movilizado este viernes en una gran manifestación en el centro de Madrid como colofón a la tercera jornada de huelga indefinida de los docentes en la Educación madrileña que abarca desde Infantil hasta Secundaria. Una Marea Verde ha vuelto a exigir en las calles más recursos y mejores condiciones laborales en los centros educativos madrileños. Las protestas se producen tras varios meses de reivindicaciones y desacuerdos con la Consejería de Educación del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

Durante la marcha desde la plaza de Murillo hasta la Puerta del Sol, los participantes han coreado consignas como “La profe luchando también está enseñando”, “Menos ratio, más salario” y “Menos horas, más orientadoras”. Los manifestantes también han exhibido carteles con mensajes como “Huelga indefinida”, “Somos docentes, no delincuentes”, “Menos regalos fiscales, más educación pública” y “Estamos enfermos de tantos recortes”. Entre las reivindicaciones que han acompañado la protesta también se han escuchado “Docente presente, Gobierno ausente”, “Ahorrar en educación enriquece la ignorancia” y “La educación no se vende, se defiende”.

El comité de huelga calcula que ha habido entre 70.000 y 100.000 personas en la manifestación, aumentando todavía más en asistencia a las del miércoles pasado y el domingo 27 de septiembre.

Las consignas han puesto el foco, además, en las condiciones de los centros educativos y la necesidad de mejorar los recursos disponibles. “Con estos ratios no cabemos en los patios” y “Climatización en las aulas” son algunos de los mensajes que se han podido leer en carteles y escuchar durante la marcha, junto a la reivindicación de una “Educación pública y de calidad”. “A Sol hemos venido a manifestarnos, a mejorar la educación”, han expresado los participantes.

Los docentes aseguran que “las políticas del gobierno madrileño han provocado la asfixia económica de la educación y la privatización del sector” y reclaman una subida salarial de 600 euros, la reducción del número de alumnos por aula y de las horas lectivas, más personal especializado para atender al alumnado con necesidades específicas y mejoras en las infraestructuras escolares.

Desde la movilización, respaldada por varios sindicatos y plataformas docentes, los manifestantes denuncian la falta de avances en las negociaciones con la Consejería y alertan de que “están solicitando medidas que permitan reducir la carga de trabajo del profesorado y así mejorar la atención al alumnado y garantizar unas condiciones educativas adecuadas”. “Hemos vuelto a llenar Madrid de verde. Han sido tres días históricos y hemos superado las cifras de 2011. Queremos decir que la situación es insostenible y que no vamos a parar hasta que se sienten a negociar. Si siguen con esta actitud, vamos a exigir la dimisión. No pueden atacar a quienes defienden la escuela pública y criminalizarlos”, ha asegurado Cristina Pérez, del sindicato STEM, justo al inicio de la marcha.

Chema Pinto, de UGT, ha añadido que “el malestar docente ha hecho posibles estas convocatorias”. “Hemos tenido dos concentraciones que han desbordado todas nuestras expectativas. Llenamos Madrid de camisetas verdes y hoy volvemos a hacerlo”, ha explicado. “Madrid necesita una solución para la escuela pública madrileña. Tenemos problemas de infraestructuras, hacinamiento en las aulas y salarios que no parecen propios del Estado español. Las ratios no están dentro de la normalidad europea. Somos los docentes que más horas lectivas trabajamos de todo el Estado español y estamos en una situación de degradación en la Comunidad de Madrid”, ha añadido.

Por parte de Menos Lectivas, Claudia ha asegurado que “desde las asambleas” exigen a la consejera “que deje de defender bulos y se siente a negociar”. “Pedimos trabajar en condiciones dignas y con recursos suficientes. También reclamamos una mejora salarial, ya que estamos en la quinta región más rica de Europa y hemos perdido el 20% del poder adquisitivo”, ha añadido.

Sandra Villa, de la Asamblea Verde de Madrid, resumía así sus reclamaciones: “Pedimos a la consejera que deje de demonizar a los docentes, porque nos pasamos el día defendiendo las aulas. Queremos poder ofrecer una escuela pública de calidad. Rechazamos la violencia y pedimos a la consejera que escuche nuestras demandas y solucione los problemas de la educación pública”. “En esta comunidad tenemos las peores condiciones en comparación con el resto de comunidades autónomas”.

Los docentes del IES Mariano José de Larra, en Aluche, reclaman una equiparación salarial con el resto de comunidades autónomas, ya que aseguran ser los que menos cobran en relación con el coste de la vida. También exigen una reducción de las horas lectivas, al considerar que son los profesores que más horas trabajan en comparación con otras regiones, y más recursos para atender al alumnado con dificultades y responder a la diversidad en las aulas.

Además, denuncian incumplimientos del acuerdo sectorial firmado hace un año, que, según sostienen, no se está aplicando en muchos centros. “Queremos que se cumpla lo que se pactó hace un año, que además era un acuerdo de mínimos”, reclaman. En este sentido, señalan que muchos docentes siguen impartiendo 20 horas lectivas y que las ratios continúan por encima de los niveles adecuados, pese a que la consejera de Educación sostiene que están disminuyendo. Por ello, piden que se respeten los compromisos adquiridos y se adopten nuevas medidas para mejorar las condiciones del profesorado, que, según denuncian, se encuentra a la cola de España en retribuciones, horas lectivas y número de alumnos por aula.

Isabel Díaz Ayuso ha advertido de que espera “trampas” del Gobierno en las próximas elecciones del 29 de noviembre y ha acusado a La Moncloa de realizar “cirugía electoral” para favorecer sus intereses. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha puesto en duda los futuros procesos electorales porque “en 2023 sucedieron muchas cosas”.

“Todo el mundo sospecha que el gobierno va a hacer alguna trampa, estamos todos de acuerdo”, ha afirmado Ayuso. Entre los elementos que, a su juicio, podrían influir en el resultado electoral ha mencionado “las nacionalizaciones masivas” y “la Ley de Nietos hasta donde se ha podido aplicar”. “Lo que se hace desde la Moncloa es cirugía electoral”, ha sostenido, sin aportar pruebas que respaldes sus acusaciones.

En una entrevista en esRadio, la presidenta madrileña también ha cuestionado la organización de las elecciones generales de 2023, celebradas en julio. La dirigente popular ha señalado que “se celebraron a traición, cuando mucha gente estaba de vacaciones” y ha afirmado que “una parte importante no recibió nunca el voto por correo”.

Sin embargo, aquellos comicios estuvieron marcados por un volumen excepcional de solicitudes de voto por correo. De hecho, Correos reforzó su plantilla con contrataciones adicionales y habilitó medidas para facilitar la entrega y el depósito de los votos por correo. En esas elecciones, se registraron en Correos más de 2,6 millones de solicitudes de voto por correo, una cifra muy superior a la habitual en otras convocatorias electorales.

“Propongo ir a la escuela y darles el merecido [sic] a esos profesores”. “Todos los responsables a la puta calle”. “Los putos profes rojos que no tienen ni puta idea de enseñar”. Un colegio de Madrid está siendo víctima de una ola de amenazas porque la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, lanzó un bulo denunciando públicamente algo que no había pasado como ejemplo de la “huelga política” que ha montado la izquierda de la región, según dijo.

Zarzalejos acusó en rueda de prensa a un centro de Villarejo de Salvanés de haber enviado un email con motivo de la huelga animando a “convertir las calles en una pesadilla para los fascistas y clasistas del PP y Ayuso”. En esa intervención no afirmó que fuera público, pero la Comunidad lo filtró después. La consejera llegó a mostrar una imagen de ese correo en una pantalla. Una foto, por otra parte, que ya daba una idea de que lo que decía Zarzalejo no era cierto.

El correo sí era real; todo lo demás no. El director de un centro de Villarejo de Salvanés había mandado un email a las familias de cara a la huelga que decía: “Adjuntamos información sobre la huelga votada por los alumnos de 3º y 4º de ESO para 'parar por completo el sistema educativo y convertir las calles en una pesadilla para los fascistas y clasistas del PP y Ayuso'”.

Como se observa en la imagen, la parte “parar por completo...” estaba escrita entre comillas, lo que en estos formatos significa que se está citando literalmente a una tercera persona. Es uno de los lemas con los que el Sindicato de Estudiantes llaman a la huelga en las publicaciones de su web. Nadie en la Consejería lo interpretó de esa manera y Zarzalejo adjudicó la frase a la dirección del centro. Él animaba a convertir las calles en una pesadilla, dijo.

Lo denunció públicamente en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno de este miércoles durante su valoración de la huelga y poco después la Consejería anunció que tenía intención de abrir expediente al director del colegio. Su jefa, la presidenta Isabel Díaz Ayuso, reposteó después esa intervención en X bajo el comentario “no respetan el derecho de los niños, de los alumnos ni al trabajo”.

Varios medios recogieron la información sin contrastarla, destacando que el centro era público en la primera línea, y al poco el único colegio público de la localidad, Nuestra Señora de la Victoria, empezó a recibir mensajes de odio en Instagram.

No importó que sea un CEIP (Colegio de Educación Infantil y Primaria) y, por tanto, no tenga ESO (Enseñanza Secundaria Obligatoria), la etapa a la que alude el email; los mensajes empezaron a llegar, algunos amenazantes, según denunciaron (y compartieron) desde el propio CEIP.

El centro que había enviado el email es realmente el colegio Santa Elena, de Villarejo de Salvanés, un municipio al sureste de la región. Es privado concertado y se define en su web como “el único colegio concertado de ideario católico en esta zona de la Comunidad de Madrid”.

Su director, que había enviado el email que leyó Zarzalejos, se vio obligado a enviar una nota aclaratoria poco después. “Ayer les hice llegar una información sobre la convocatoria de la huelga (...). En esa información les puse entrecomillada una frase que está en la página web del Sindicato de Estudiantes (...) para que ustedes pudiesen valorar esa convocatoria y pudiesen hablar con sus hijos sobre la conveniencia o no de la adhesión a la misma (...). Parece ser que algunas familias han entendido que desde el colegio hacemos nuestra esa frase. Por supuesto, no es así. Dicha frase fue incluida para que ustedes pudiesen valorar esa convocatoria de huelga indefinida y pudiesen hablar con sus hijos sobre la conveniencia o no de la adhesión a la misma. De ninguna forma refleja los valores del colegio (...). Tampoco me representa a mí (...) que siempre he apoyado el diálogo y el respeto”.

Este periódico ha preguntado a la Comunidad de Madrid si es consciente de su error y de las consecuencias que tuvo y qué pasa con el expediente que filtró que valoraba abrir y a quién se lo iba a abrir, si al director que envió el email realmente o al del colegio público. No ha habido respuesta.

El Gobierno de Ayuso rechaza retractarse

Este viernes por la mañana, el portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín, ha evitado retractarse tras las palabras de la consejera de Educación. “Creo que nosotros siempre que hacemos cualquier tipo de manifestaciones las tenemos absolutamente probadas y por tanto siempre defendemos el interés de todos y respetamos las opiniones de todos”, se ha limitado a decir el consejero a las preguntas de la prensa.

Lo que no ha aclarado es si pretenden continuar con el expediente o si le parecen graves tanto estas acusaciones como el hecho de que el director de otro colegio de la misma localidad haya recibido amenazas por las declaraciones de la consejera madrileña. “He contestado, es muy claro el objetivo de esta huelga, hemos podido incluso ver distintas manifestaciones de sindicatos”, ha dicho García Martín. “Queda acreditado que es una huelga absolutamente política” para “incendiar las calles”.

El futuro del sistema de pensiones vuelve a convertirse en un problema electoral para Alberto Núñez Feijóo. Si en 2023 fue uno de los principales baches de su campaña, sus estrategas querían evitar tropezar de nuevo con la misma piedra ante los comicios de este 29 de noviembre. Después de que Vox pusiera en duda el carácter público del sistema, el líder del PP ha salido a defenderlo, así como a prometer la revalorización según el IPC. Pero las declaraciones de dirigentes como Isabel Díaz Ayuso o Ester Muñoz han desbaratado el plan.

Feijóo protagonizó el martes un acto de precampaña en Huesca. Junto al presidente de Aragón, Jorge Azcón, el candidato del PP prometió “asegurar las pensiones”. “El esfuerzo tiene que merecer la pena”, dijo. “El que cotiza tiene pensión”, afirmó, “y garantizaremos la actualización de acuerdo con el índice de precios al consumo”, añadió. Feijóo apostilló que “los jóvenes tienen derecho a un sistema público de pensiones viable”.

Un mensaje que ya había lanzado por la mañana en una entrevista en esRadio. “Yo voy a garantizar la viabilidad del sistema público de pensiones para las gentes que no las han cobrado y que están dudando si las van a poder o no cobrar”, aseguró a preguntas de Federico Jiménez Losantos. 

Son dos respuestas directas a la idea lanzada por el dirigente de Vox José María Figaredo, quien ha planteado este mismo mes de agosto un cambio “radical” de un sistema de pensiones “zombi” que “está quebrado” y que, en realidad, equivale a transitar hacia una privatización encubierta.

El problema para Feijóo es que este mensaje sobre un sistema en peligro no solo lo dicen sus socios de ultraderecha. También lo defiende el PP, aunque los jefes de campaña, con Miguel Tellado a los mandos, intentan acotar los límites de su propuesta discursivamente para no espantar a una de las bolsas de votantes más fieles a las urnas: las personas de mediana edad en adelante.

Votos contra la revalorización

En la entrevista con esRadio, Feijóo dijo: “Sé que [el sistema público] tiene un déficit enorme, y sé que el boom de natalidad de los que hemos nacido entre los años 60 y los años 70 [del siglo XX] lo va a poner muy difícil”. Inmediatamente añadió: “Ahora bien, el sistema público de pensiones es una cuestión que no voy a cuestionar en ningún caso”.

El problema es que la ponencia ideológica que aprobó el PP en el congreso nacional del año pasado apenas menciona el sistema público de pensiones. De hecho, la palabra “pensiones” solo aparece dos veces en todo el documento, que supera las 50 páginas. 

Primero, para advertir de reformas: “España tiene la obligación de acometer reformas estructurales para garantizar los servicios públicos a través de la competitividad de la economía, en los campos de la educación, la sanidad, las pensiones, la fiscalidad...”. 

La ponencia, coordinada por la hoy responsable del programa electoral del PP, Alma Ezcurra, no da ninguna pista de qué modelo de pensiones quiere el partido. La segunda vez que menciona la palabra, apenas apunta: “Garantizaremos un sistema de pensiones sólido y viable, con la convicción de que la generación más numerosa merece mucho más que una simple prestación económica”. Sin referencias al carácter público del mismo.

Y no solo los documentos aprobados por el máximo órgano del partido. Pese a lo dicho por Feijóo en 2023 en aquella entrevista con Silvia Intxaurrondo que le obligó a asumir su error, algo nada habitual, el PP sí ha votado contra la revalorización de las pensiones según el IPC.

La última vez que lo hizo fue en 2025, aunque la presión social les forzó a rectificar. Pero la posición viene de antes. Ya durante los gobiernos de Mariano Rajoy, el PP introdujo el llamado “factor de sostenibilidad” que en la práctica congeló las pensiones durante esos años, con subidas máximas del 0,25%.

El PP llegó incluso a romper el Pacto de Toledo. Era 2021, Pablo Casado estaba al frente del partido, con el apoyo de Feijóo desde Galicia, y en su afán opositor a Pedro Sánchez el PP votó contra la ley que garantiza precisamente la revalorización de las pensiones conforme al IPC.

Mayores, sí; ¿jóvenes?

Pese a las palabras de Feijóo este martes, el análisis que hacen en el PP es que el sistema de pensiones es insostenible en su concepción actual y que solo es posible pagar las prestaciones porque la Seguridad Social recibe transferencias directas en los Presupuestos Generales del Estado. Si además las derechas plantean bajar las cotizaciones sociales y los impuestos, el problema se recrudece.

Quizá por eso la portavoz de campaña del PP, Ester Muñoz, hizo a principios de mes unas declaraciones que se han vuelto en su contra. La dirigente aseguró que “por supuesto” teme quedarse sin cobrar pensión en el futuro.

“El sistema, como está, va a colapsar”, afirmó en una entrevista grabada hace días y que ha visto la luz justo en la semana en la que Feijóo intentaba ocupar el hueco dejado por Vox entre las personas mayores.

Muñoz añadió: “Hay gente trabajando que no cubre la gente que cobra pensión. Se incorporan al mercado de las pensiones, por decirlo de alguna manera, los ‘boomers’ que ya no tienen pequeñas pensiones contributivas, sino máximas”. Y siguió: “Los empleos cada vez son más precarios, tienen salarios bajos, de hostelería, servicios, no de industria y fábricas, que tenían mejores salarios”.

La portavoz aseguró que “es evidente que hay un problema y hay que afrontarlo con valentía y diciendo la verdad a la gente”. Tras apuntar que no quiere “contribuir a un debate demagógico de choque de generaciones”, abrió la puerta a una doble velocidad en el sistema de pensiones: “La gente que está ahora llegando a la pensión se la merece. Es lo que les prometieron, lo que corresponde y hay que hacerlo. Pero tenemos que ser valientes y entender que el modelo hay que cambiarlo porque el sistema como está no va a funcionar y va a petar”.

Ayuso lo llama “comprar votos”

La reacción contra Muñoz fue inmediata, lo que le obligó a matizar sus palabras en la tarde del miércoles. Durante una visita a la Región de Murcia, la portavoz del PP aseguró a los medios que el PP “nunca” ha pensado “que no se pueden revalorizar las pensiones”. “Creemos en un sistema público, el único que ha congelado las pensiones es el PSOE”, añadió, para concluir: “Cuando digo que puede ‘petar’, lo digo en los términos que utiliza la gente joven”.

Unas palabras que buscan engarzar su discurso con el de su candidato y jefe de filas. Algo que no entra en los planes de otras dirigentes como Isabel Díaz Ayuso, quien el pasado fin de semana compartió acto de precampaña con el propio Feijóo.

El líder del PP no dijo nada sobre las pensiones. Ni las mencionó. Pero Ayuso sí. La presidenta de Madrid acusó al Gobierno de “comprar voluntades con el dinero de todos los españoles”. “Es populismo rancio”, aseguró, para advertir de que Pedro Sánchez quiere “comprar de golpe sectores clave” de voto, como el de las personas mayores. 

Ayuso prosiguió: “Han dicho, ¿dónde está el nicho de votos? Jóvenes, vivienda, aunque no hayas hecho una vivienda en ocho años. Funcionarios, pues nada, subimos las compensaciones, bajamos las horas de trabajo. Y pensiones. Y ya está”.

Así, la presidenta de Madrid cree que revalorizar las pensiones es un acto de compra de voluntades electorales, lo que no solo apunta al Gobierno. También a su candidato, Alberto Núñez Feijóo.