“En las últimas horas del día los alumnos empiezan a acumular cansancio, a estar deshidratados, y no pueden concentrarse. Interrumpen constantemente para ir al baño a rellenar botellas y refrescarse y ya no hay manera de dar clase con normalidad”. Dolores Almudéver, profesora en un instituto de Móstoles, no ha visto todavía en su día a día la “inspiración” que, según el consejero de Cultura de la Comunidad de Madrid, despierta el calor en los jóvenes.

No les culpa. Dar clase a 30 grados o más no es una experiencia que recomendaría. “Hay chicos literalmente tirados sobre el pupitre, diciéndote: 'Profe, lo siento, pero no puedo'. Los que están pegados a las paredes piden cambiarse de sitio”. No es que hiciera falta, pero aclara que son “estudiantes estupendos, de sobresaliente”. “El otro día una chica me dijo: 'No sé cómo vamos a aguantar aquí hasta el día 15'”, cuenta.

El consejero Mariano de Paco ha defendido este jueves desde la Asamblea madrileña que “el calor, a lo mejor, es fuente también de inspiración”. Las experiencias de los docentes consultados por elDiario.es contradice esa afirmación que, por otro lado, tampoco cuenta con el más mínimo respaldo científico y apunta a un desconocimiento flagrante del efecto de las altas temperaturas en niños y adolescentes.

“Son más vulnerables al calor que los adultos y pueden sufrir antes deshidratación, agotamiento o deterioro del rendimiento físico y cognitivo u otras complicaciones”, advierten desde la Asociación Española de Pediatría (AEP). Coincidiendo con el Día Mundial del Medioambiente, que se celebra este viernes, —y antes de las declaraciones del consejero de Ayuso— los pediatras habían enviado un comunicado en el que recomendaban “adaptar los centros escolares con medidas de prevención, ventilación, sombra, hidratación, climatización eficiente con energías renovables y reorganización de espacios y actividades”.

La AEP pone grados a los riesgos para los menores, que apuntan en la dirección contraria de lo expresado por el Gobierno madrileño. El calor no es fuente de inspiración, sino todo lo contrario. “Cuando un aula supera los 26-27 grados, la evidencia nos dice que empieza a deteriorarse el bienestar, la concentración y el aprendizaje; y cuando se alcanzan temperaturas superiores, estamos en un escenario de riesgo sanitario prevenible. La infancia no puede seguir siendo el termómetro pasivo del cambio climático”, advertía el coordinador del Comité de Salud Ambiental de la asociación, Juan Antonio Ortega.

Óscar Centeno, director de un colegio de educación infantil, primaria y secundaria obligatoria (CEIPSO) en Algete, adelanta la hora en la que ya se hace muy cuesta arriba dar clase. “A partir de la segunda o la tercera ya sube la temperatura en el aula de manera notable, por mucha ventilación cruzada o ventanas abiertas que haya”, explica. “El estudiantado acusa mucho el calor y ya no se siente capacitado para atender”.

Y se deja de dar clase de manera efectiva. “Cuando llega el calor la incidencia es clara a la hora de avanzar sobre el currículo”, explica Centenero. “Igual que les pasa a los adultos, pero ellos —en su centro hay desde Infantil hasta Secundaria— reaccionan con menos control, claro. El comportamiento deja de ser adecuado. Pero no es que se estén portando mal, simplemente están incómodos”.

En el caso de los más pequeños, añade, hay que estar especialmente atento porque se pueden deshidratar sin ser conscientes. Algo parecido refiere Almúdever, que trata con adolescentes. En ese caso los problemas surgen de la exposición incontrolada al sol en el patio. “Se pasan media hora dándolo todo en el recreo y alguno vuelve medio insolado”, cuenta.

La jornada del jueves, el termómetro alcanzó máximas de 27 grados en la ciudad de Madrid, donde se encuentra la Asamblea, con aire acondicionado. La previsión es que los próximos días se superen los 30 grados, mientras la Consejería de Educación contestó por carta a una queja formal de una familia en la que derivaba el problema a los centros, que “han de adaptar el plan general de actuación frente a olas de calor a las necesidades propias, debiendo adoptar las medidas que consideren adecuadas”.

Este mismo jueves, Unicef ha indicado que “miles de niños y niñas en nuestro país pasan sus últimos días del curso escolar en aulas que, en algunos lugares, llegan a alcanzar los 35 grados, dado que muchos centros educativos no están preparados para el calor extremo”. Es este alumnado quien “paga las consecuencias” porque es a los menores a quienes “el calor afecta más, porque su cuerpo se calienta más rápido que el de un adulto”, señalan. “Esto puede causar fatiga, deshidratación o dificultades para concentrarse”.

Rafael Valentín, profesor de Educación Física, tuvo que intervenir hace unos días porque una chica casi se desmaya en el patio. Cuando la llevó a enfermería –trabaja en un centro grande—, tenía la tensión muy baja por un golpe de calor. “Parece que están esperando a que pase algo”, lamenta este docente, que cuando no puede mover sus clases a primera hora las suele cambiar para hacer actividades tranquilas que no requieran esfuerzo.

Un informe de la Universitat Oberta de Catalunya incide también en la idea de que “la exposición prolongada al calor tiene un grave impacto en el rendimiento académico y el aprendizaje”. “Afecta a las habilidades cognitivas del alumnado y del profesorado y comporta una menor capacidad para realizar tareas complejas, limita la comprensión lectora, la actividad neuronal y la memoria”, apunta.

El trabajo, elaborado por Mar Satorras, del Institut Metròpoli, Isabel Ruiz Mallén, de la UOC, y Joana Ortiz, del Institut de Recerca en Energia de Catalunya), recoge también investigaciones que confirman peores resultado del alumnado más expuesto al calor en PISA: “Las puntuaciones caen un 0,18% por cada día con más de 26,7ºC, mientras que el rendimiento mejora cuando se reduce la temperatura”.

Cuando a Sergio Montero, enfermero de 47 años, y a su pareja les concedieron el año pasado un piso de dos habitaciones del Plan Vive de Valdebebas por 900 euros, pensaban que les había tocado la lotería del alquiler asequible. La cosa se torció cuando vieron en el contrato que les obligaba a contratar dos plazas de garaje a más de 100 euros cada una y un trastero de 80 euros. Y fue a peor cuando el primer mes le cobraron 60 euros de IBI y unos 200 de comunidad que no sabe en qué se gastan porque la maleza no para de crecer y atrae hasta a las ratas. Total, una renta de unos 1.500 euros pagada a la gestora privada Avalon que se acaba comiendo el 50% de los ingresos de la pareja y no el 35% que recoge como requisito la normativa del Plan Vive y que inicialmente sí que se cumplía. 

Ante lo que consideran cobros excesivos y sin justificar, más de 100 vecinos de entre las 700 familias que viven en los tres lotes de Valdebebas con estos costes que llegan a duplicar el alquiler pactado han constituido la Asociación de Inquilinos del Plan Vive de Valdebebas, tal y como ha podido comprobar elDiario.es con los contratos y comunicaciones de cobros. Pero la gestora de los pisos, Avalon, socimi del fondo estadounidense Ares Management, cuyo accionista mayoritario es Blackrock, no les reconoce como tal y no se sienta a negociar ni individual ni colectivamente para solucionar una situación que desespera a muchos de los vecinos. La Comunidad de Madrid no ha respondido a elDiario.es sus preguntas sobre este problema.

El ejemplo más estrambótico de estas cláusulas, recogidas en las normativas del Plan Vive, que ya prevé cargar con IBI y comunidad y obligar a coger plaza de garaje a los inquilinos, es el de los pisos más pequeños, que aunque son para una sola persona están vinculados a dos plazas. Es el caso de Núria, cuyo alquiler se duplica de los 514 euros del alquiler a los más de 1.036 que acaba pagando sumando dos plazas de garaje a 154 y 123 euros cada una (aunque solo tiene un coche), 40 euros del trastero, 150 de comunidad y 56 de IBI. Más surrealista es el caso de otro inquilino que prefiere mantener el anonimato y está en la misma situación pero ni siquiera tiene coche. Por contrato, tienen prohibido realquilarlas. 

Un esfuerzo de hasta el 50% del sueldo sin contar luz y agua

ElDiario.es ha podido comprobar con hasta cuatro contratos el mismo incremento de precios con las tasas añadidas (y de las cuales no se les avisó a los inquilinos, denuncian) que llevan a disparar la tasa de esfuerzo. Así, Núria pasa del 25% de ingresos que suponía su alquiler inicial al 46% con los gastos; Pedro, el inquilino anónimo, del 22% con los 530 iniciales al 44% de 1047 y Ruth, que vive con su pareja, del 21% por los 694 iniciales al 39% por los 1.247 que acaba pagando con los costes. 

O sea, que ni una persona con un sueldo de 2.400 euros puede pagar el alquiler de la vivienda unifamiliar asequible sin gastar menos de la mitad. Sería necesario cobrar más de 3.000 al mes para cumplir con el esfuerzo recomendado y estipulado una vez se suman los gastos. Y eso sin contar los gastos de luz, agua y gestión energética (calefacción y agua caliente), que pueden elevarse a entre 100 y 180 euros al mes según el gasto. 

En un breve paseo por Idealista, se encuentran en Valdebebas viviendas del mercado privado a precios inferiores a los del Plan Vive, con todos los gastos incluidos. Los garajes se ofertan mayoritariamente por 70 euros en los pisos privados, casi la mitad de lo que se llega a cobrar en los pisos supuestamente asequibles. 

Al encontrarse con el contrato y con las cláusulas, tanto Núria, como Sergio, como Pedro se plantearon no aceptar esas viviendas. “¿Pero adónde voy a ir? Mi exmujer vive aquí al lado con mis hijos y es la forma de estar cerca de ellos y el mercado está imposible”, dice Sergio. “Cuesta mucho encontrar piso, ya había dado la salida del otro y no tenía una alternativa”, aporta Núria. “Como llegué el primero al concurso, me dieron la vivienda. La asignación está bien y es algo que en el mercado privado no pasa, por lo que no pude rechazarlo”, dice Pedro. “Tal y como está la vivienda, 1.200 euros, aunque no es alquiler asequible, no me pareció una locura. Lo que es caro para mí es que pagas los gastos de comunidad pero no ves por ninguna parte en qué se van”, denuncia Ruth. 

Maleza, ratas y mala calidad

En efecto, en los precios no acaban los problemas de los inquilinos, que les acompañan desde la entrada y unas escaleras agrietadas que se tambalean aunque son nuevas hasta el interior de las cocinas por donde se les cuela el olor de lo que cocinan los vecinos a través de las campanas extractoras. “A veces en el grupo de Whatsapp bromeamos: ‘¡a ver quién invita a esos macarrones!'”, dice Sergio con humor. Han exigido que se detallen los gastos de comunidad, que, denuncian, les están cobrando al máximo permitido, el 18% del alquiler, pese a no cumplir con los servicios. Y no han recibido respuestas. 

“La maleza sigue creciendo”, denuncia Sergio apuntando a unos arbustos altos y secos que rodean y casi se cuelan en el patio del bajo donde vive. “Y eso atrae a las ratas, que ya se pasean por aquí, denuncia. ”Y a las garrapatas“, completa Núria, que también se ha quedado cinco veces sin agua caliente, una de ellas durante cuatro días por la falta de respuesta de mantenimiento.

La aerotermia, que según Pedro dispara los costes hasta los entre 40 y 100 euros de luz al mes, falla a menudo. El agua caliente también, cuentan, porque funciona todo con una caldera central que no tiene capacidad para todo el bloque. “Y las calidades son muy justas”, denuncia Sergio mientras golpea una pared que suena hueca. “Si le doy fuerte, nos vamos al piso de al lado”, completa. 

Según coinciden los vecinos de los bloques, las condiciones espantan a muchos adjudicatarios que acaban optando por no aceptar las viviendas. A ello atribuyen el cambio de pliegue del Plan Vive firmado a principios de abril, en el que se aprobó asignar las viviendas adaptadas a personas sin discapacidad si no entran perfiles así, flexibilizar el acceso en cuanto a los años de padrón permitido y elevar el lindar máximo de rentas hasta 7,5 veces el IPREM, una renta anual de 63.000 euros, en los paquetes asequibles. 

Los vecinos denuncian que tienen un “techo de cristal como inquilinos”, en palabras de Sergio, a la hora de negociar las condiciones de la vivienda. Al ser un solo propietario para todas las viviendas, estas se dividen a partir de la propiedad vertical. Los gastos de comunidad se calculan en todo el bloque y después se dividen en función de la superficie. Los 28.000 euros en suministros de áreas comunes, 47.000 de mantenimiento y 149.000 de servicios generales (limpieza, conserjes, jardinería) suman con seguros y gastos extraordinarios 229.626 en 2025, según documentación a la que ha tenido acceso elDiario.es, que no convencen a los inquilinos. 

“Nos aplican el máximo permitido del 18% sobre las rentas y, aunque luego nos digan que nos van a devolver una parte, les estamos financiando su negocio, porque no nos lo devuelven con intereses. Eso es un exceso de provisión de fondos y es ilegal”, denuncia Sergio. 

Aunque el caso de Valdebebas es el más llamativo por los elevados precios vinculados a un alquiler en teoría asequible, vecinos de Tres Cantos, Torrejón de Ardoz, San Sebastián de los Reyes o Móstoles se están organizando, con problemas similares, para movilizarse ante la Comunidad de Madrid y la gestora. 

Un complejo entramado privado con apoyo público

Mientras la presidenta Ayuso presume de haber entregado ya 5.000 de las 15.000 viviendas del Plan Vive promovidas, los vecinos se encuentran en viviendas que acaban por no ser asequibles y que las gestionan grandes fondos internacionales que no responden ante los problemas, con graves problemas estructurales y de mantenimiento. 

Avalon, adjudicatario del Plan Vive, la constructora Sanjose y Aedas, como project manager, ya gestionan 3.400 de ellas en 22 promociones concluidas. Las viviendas se adjudicaron entre septiembre y noviembre de 2021 en cuatro lotes de hasta 5.200 y todas fueron a parar a Aedas y Ares, propietaria de Avalon y unida con la constructora Sanjosé en Dorsono, y a Culmia, que también está controlada por gran un fondo estadounidense, Oaktree. 

Ares Management, fondo estadounidense que gestiona más de 600.000 millones de dólares en activos en todo el mundo, es la impulsora y propietaria de Avalon y es uno de los mayores caseros de España. A su vez, Avalon creó dos socimis (sociedades inmobiliarias cotizadas) para la gestión del Plan Vive, a través de la filial Madrid Affordable Housing. 

Una socimi es Daria 323, que gestiona 1.118 viviendas del Plan Vive y salió a Bolsa el año pasado. La otra es Iante, que Ares Management vendió el pasado mes de abril a otro fondo internacional, Hoopp, según publicó El Periódico. Recientemente, Ares puso en venta toda su cartera de viviendas ya construidas del Plan Vive por 600 millones, según publicó Cinco Días. Un entramado de empresas, fondos y movimientos de capital complejos y tan difíciles de seguir como lo es entender la cantidad de gastos de sus inquilinos en Valdebebas o que se obligue a una persona que vive sola a tener dos plazas de garaje. 

Estaban preparados para dar la batalla hasta el final por presidir las Nuevas Generaciones del PP. Pero los dos candidatos que han logrado los avales necesarios para competir por el puesto han optado por negociar una lista conjunta que evite la batalla interna. El presidente será el madrileño Ignacio Dancausa, amadrinado por Isabel Díaz Ayuso. El murciano Antonio Landáburu será su vicepresidente. Ha quedado fuera de la carrera la valenciana Candela Anglés.

La frase “que se peleen los niños” aireada por diferentes dirigentes del PP en las últimas semanas ha quedado en nada, después del acuerdo alcanzado por las dos candidaturas y hecho público este jueves. “Hemos decidido unirnos para construir el mejor proyecto posible”, aseguran en un comunicado conjunto. “Entre los dos trabajaremos en sintonía, combinando nuestros perfiles para impulsar el proyecto común”, apunta.

La nueva dirección de NNGG pretende ser plural. “Tendrán cabida todos los compañeros que quieran aportar desde todos los rincones de España, así como con nuestra buena amiga Candela”, añade el comunicado en referencia a la tercera precandidata en discordia, la diputada de las Cortes Valencianas Candela Anglés, quien no ha conseguido los avales necesarios.

El reglamento exige a los candidatos recopilar previamente el aval de 250 afiliados que “deben proceder, al menos 140 de ellos, de siete comunidades autónomas diferentes, en un número que no debe ser inferior a 20 avales en cada una de ellas”.

En los días posteriores a la convocatoria del congreso, que se celebrará en Valladolid el próximo 11 de julio, se produjeron momentos de tensión entre los candidatos, con Dancausa espoleando en Twitter críticas de otros jóvenes, algunos ajenos al PP, contra Landáburu.

Algunos medios publicaron incluso que Dancausa y Landáburu protagonizaron un agrio enfrentamiento ante sus compañeros en la Junta Directiva de NNGG que convocó el congreso a cuenta de las prisas del madrileño, que anunció su candidatura y comenzó a hablar con los periodistas antes de que se anunciara formalmente el cónclave.

El PP no ha informado de cuántos avales ha logrado cada uno, pero del acuerdo se desprende que Dancausa se ha impuesto a Landáburu. En todo caso, han optado por negociar. Según fuentes de la dirección del PP, era lo que “los mayores querían”, comprobar si estos políticos de menos de 30 años eran capaces de pactar internamente.

Dancausa, un “basado” al frente de los jóvenes del PP

“Este Congreso es una gran oportunidad para construir la organización más fuerte, unida y útil para los jóvenes y el Partido Popular de nuestra historia democrática, y no la vamos a desaprovechar”, apunta el comunicado conjunto.

Dancausa es uno de los alumnos predilectos de Ayuso, y ha presumido en alguna intervención pública de ser un “basado”, una referencia al enfrentamiento total en redes sociales propio del 'trumpismo'.

En 2023, el futuro presidente de NNGG fue identificado por la Policía Nacional en el campus de Ciudad Universitaria junto a otros jóvenes. Durante el proceso electoral de la UCM, varios estudiantes alertaran de que estaban repartiendo sobres que contenían la papeleta del candidato a la reelección, Joaquín Goyache, el mismo día de los comicios, algo prohibido.

Goyache fue el candidato ganador.

El consejero de Cultura del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, Mariano de Paco, ha respondido a las críticas de estos días por el calor en las aulas en los colegios públicos de la Comunidad de Madrid. Durante el pleno en la Asamblea de Vallecas, de Paco ha asegurado que él cursó la EGB en un colegio de Murcia y que puede constatar que “cuando hace calor, hace calor”, en referencia a las polémicas declaraciones de la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo. “Y aquí estoy y aquí estamos todos y no pasa absolutamente nada”, ha añadido.

Además, durante su intervención, que ha contado con el reproche de la bancada de la izquierda, el consejero de Cultura ha asegurado que él “lo que ha hecho” para llevar al colegio a su hija este jueves es “ponerle un pantalón corto y una camiseta de manga corta”. “Como hemos hecho toda la vida”, ha añadido. “Lo que pasa es que ustedes se ponen del lado de países donde la libertad de vestimenta no existe y eso no se podría hace”, le ha espetado a Más Madrid, que precisamente este miércoles propusieron apagar el aire acondicionado en el edificio de Vallecas como señal de protesta.

De Paco también ha mencionado al poeta Vicente Medina que escribió 'La Cansera' en Murcia: “El calor a lo mejor es fuente también de inspiración”, ha dicho.

Esas palabras de “cuando hace calor, hace calor”, las lanzó Zarzalejo esta misma semana. Aseguró entonces que en este curso la Comunidad había hecho una “inversión de casi 18 millones de euros solo en climatización”, además de explicar algunas medidas tomadas como la instalación de toldos o de más zonas de sombra.

La Comunidad se desentiende de las protestas

Mientras las asociaciones de familias de colegios públicos de la Comunidad de Madrid continúan protestando estos días por la falta de climatización para hacer frente a las altas temperaturas, una carta de la Consejería de Educación afirmaba que “los centros han de adaptar el plan general de actuación frente a las olas de calor a las necesidades propias del centro”.

La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha reprochado al Gobierno de la región esta situación durante el pleno de este jueves. “¿Cuando hace calor, hace calor? Eso no se atreve a decírselo a los padres y madres a la cara en la salida del colegio”, le ha lanzado a Ayuso.

“El Gobierno de Ayuso ha decidido reírse de la angustia de las familias y decir tontadas como que ”cuando hace calor hace calor“ y que ”el calor es fuente inspiración“. El calor en las aulas no es fuente de inspiración, es fuente de dolores de cabeza, de deshidratación y de desmayos”, ha añadido posteriormente Bergerot en declaraciones a los medios de comunicación.

La visita del Papa a España centra el pleno de la Asamblea de Madrid este jueves. La oposición ha recordado a Isabel Díaz Ayuso su posición respecto a la regularización extraordinaria de personas migrantes propuesta por el Gobierno. La presidenta intentó suspenderla y ahora la oposición le lanza su contradicción: “¿Le ha dicho al Papa que está intentando boicotear el proceso de regularización de migrantes?”. “¿Es cristiano impedir la regularización?”, le han preguntado a la presidenta de la Comunidad de Madrid.

El Papa León XIV, que visitará España entre el 6 y 12 de junio y pasará por la capital en su primera parte del viaje, ha hablado en diferentes ocasiones sobre las personas migrantes, pidiendo que “hay que tratarlos como seres humanos, no como animales”. Un planteamiento cristiano que choca con los días de enfrentamiento de la líder del PP de la capital con el Gobierno por la regularización extraordinaria.

Hace solo unos días Ayuso aplaudía en el Vaticano la próxima visita del Pontífice después de la reunión entre ambos. La presidenta autonómica trasladaba a los medios que León XIV había celebrado que “ciudadanos de tantos rincones” vengan a virir a la ciudad. Una “bendición”, decía que era. Eso sí, después de la intervención de la portavoz de Vox, Isabel Moñino, que afeaba a Ayuso la regularización, la presidenta regional cambiaba el tono: aunque sí veía los beneficios —“gracias a los inmigrantes” van a poder construir viviendas, según sus palabras—, también consideraba que el Gobierno central aplicaba una “estafa electoral” para modificar el censo e intentar “importar pobreza masiva”.

Tanto PSOE como Más Madrid han puesto sobre la mesa esta cuestióne ne l pleno. “Se han radicalizado tanto que hoy la Igleisa católica está mucho más cerca de la izquierda que de la derecha”, decía la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot. “¿Le ha contado al Papa que 7291 personas murieron a causa de sus protocolos? La única religión que conoce es la de la pasta”, le ha espetado la portavoz del PSOE, Mar Espinar.

El calor en las aulas salta al pleno de la Asamblea

El calor en las aulas salta al pleno de la Asamblea de Madrid. Más Madrid propuso este miércoles que se quitara el aire acondicionado en el edificio de Vallecas “hasta que las escuelas infantiles tengan el mismo confort térmico que el despacho de la consejera”. Una propuesta que vino después de la polémica por las palabras de la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, quien dijo que “cuando hace calor, hace calor” para concluir con las protestas sobre el calor en las aulas de la Comunidad.

“Explíqueme por qué las aulas de la Comunidad son las únicas que no tienen aire acondicionado”, le ha espetado la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, durante su intervención frente a la presidenta, Isabel Díaz Ayuso. “¿Cuando hace calor, hace calor? Eso no se atreve a decírselo a los padres y madres a la cara en la salida del colegio”, le ha lanzado Bergerot, quien ha añadido que ellos sí que llevan a sus hijos a la “pública”, al contrario que la bancada del PP.

Frente a eso, Ayuso ha asegurado que sus consejeros también llevan a sus hijos a la escuela pública y que así es Madrid, “todos juntos”. “Vendrá el invierno y volverá con lo mismo”, ha seguido la presidenta, quien ha asegurado que siguen “Invirtiendo en infrestructura” y que van “poco a poco” climatizando las aulas. “Hay que tener valor para hablar de servicios públicos en mitad de una huelga provocada por su ministra”, ha añadido, en referencia a la ministra de Sanidad, Mónica García.

Después de que la consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, despachara este martes el asunto de las altas temperaturas en colegios e institutos de toda la región aludiendo a que “cuando hace calor, hace calor”, la Consejería se ha lavado las manos ante nuevas protestas formales.

Proceden de varias familias del CEIP Ignacio Zuloaga, en el distrito de Tetuán de la capital, a las que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha contestado que es cosa del centro resolverlo. “En el marco de situaciones de altas temperaturas, los centros han de adaptar el plan general de actuación frente a olas de calor a las necesidades propias del centro, debiendo adoptar las medidas que consideren adecuadas para la realidad del centro, que han de quedar recogidas en el documento elaborado para tal adaptación”, dice la carta de respuesta, firmada por la directora del área territorial de Madrid ciudad, Marta González Rodríguez.

Las palabras de Zarzalejo durante el foro Desayunos Madrid, organizado por Europa Press, levantaron una polvareda que esta contestación acrecenta. Las familias del Ignacio Zuloaga no pueden más. Como cientos de miles por todo el territorio, sus hijos e hijas se asan en el colegio, que apenas tiene elementos para mitigar el calor que abrasa el centro. Y como tantas comunidades educativas, han decidido pasar a la acción. Pídanle cuentas a la dirección del colegio, viene a decir ante ello la Consejería: “Disponiendo el centro de autonomía de gestión y recursos para la adopción de medidas, corresponde la solicitud de la implantación de aquellas que consideren adecuadas a la dirección del centro escolar, a través de los cauces establecidos para la comunidad educativa; esto es, en el seno del Consejo Escolar a través de sus representantes”, se lee en la misiva.

“Pero los centros públicos no tienen presupuesto para adoptar las medidas de climatización necesarias, tiene que elaborar proyectos para que las administraciones los aprueben y la administración las tumba”, expone una madre para ilustrar la “espiral sin fin” a la que se enfrentan. Para la Asociación de Familias de Alumnos y Alumnas (AFA) la situación es especialmente sangrante en su centro porque este colegio es de referencia en el barrio para campamentos y actividades de verano por su ubicación privilegiada, cerca de una piscina municipal y de la Dehesa de la Villa. “Las administraciones se pasan la pelota una a otra, cuando usan el colegio prácticamente todo el año”, lamenta Belén López, miembro del AFA del centro.

Ante la inacción de las administraciones, la AFA del Zuloaga se movió para conseguir una pequeña subvención y, junto al colectivo Basurama, instalar unas carpas de material reciclado que al menos dan un poco de sombra en el patio, aunque “de la forma más casera posible, porque no se puede anclar nada al suelo por normativa”, explica López. Esta madre explica que, aunque quisieran, no pueden ir más allá por una cuestión de leyes y competencias. A diferencia de otros territorios, donde las familias están organizando rifas para sufragar la climatización, desde la FAPA Giner de los Ríos les han advertido de que hay precedentes del Gobierno regional denunciando actuaciones de ese estilo.

Una plataforma para organizar y movilizar la indignación

El Ignacio Zuloaga es precisamente uno de los centros donde la plataforma Aprender Sin Calor está agitando la movilización a través de las redes y también en la calle. Este jueves 4 de junio desde las 17.00, la AFA presentará en el pleno de la Junta Municipal de Tetuán una propuesta para su climatización del colegio. “La comunidad educativa de Tetuán dice basta ante la inacción de las administraciones frente a las olas de calor prematuras y el aumento global de las temperaturas. Exigimos soluciones reales urgentes: la climatización y el acondicionamiento térmico de las aulas y patios de nuestros hijos e hijas. Bajo el lema El barrio se organiza contra el cambio climático, acudiremos vestidos con indumentaria de pleno verano: chanclas, gafas de sol, flotadores, abanicos y pulverizadores de agua”, recogen en la convocatoria. Están previstas concentraciones similares en los plenos de Arganzuela (9 de junio) y Centro (el día 11).

En la iniciativa a debate en la Junta de Tetuán, de nuevo, las posibilidades legales del Consistorio con este fin son limitadas y la información que tienen en la AFA es que lo máximo a lo que aspiran es a intervenir sobre elementos como la envolvente del edificio, las cubiertas o los patios, plantando árboles o instalando pérgolas. Las perspectivas de que se apruebe, dice López, son buenas. Porque la climatización de las aulas en principio es competencia del Gobierno regional, aunque algunos municipios las han llevado a cabo en sus centros sin, de momento, problemas. Ha sucedido en Torrejón, gobernado por el PP, y en Rivas, donde manda IU.

Dimas, padre de dos niñas de 9 y 5 años en el CEIP Lope de Vega de Carabanchel, es uno de los cientos de padres y madres implicados en la iniciativa Aprender Sin Calor. Vincula su origen a la movilización de 2023, uno de los años más duros con unas altas temperaturas que empezaron ya a finales de abril. “La situación hizo que surgiera un grupo de WhatsApp que nos ha ido dando soporte, aunque es complicado organizar tanta gente. Varias familias se han animado para sacar la web, los perfiles en redes y dar visibilidad, ya que el calor una vez más está apretando cuando las clases siguen a pleno rendimiento. Se han unido AFAs de Madrid y de toda la región porque vemos la dejadez de una Comunidad que no hace nada”.

“Si digo crudamente lo que pienso tenemos que cortar esta conversación”, asevera Dimas. “Opino que es un plan para favorecer lo concertado y lo privado. A nivel administrativo te das contra una pared, porque a la temperatura se unen otros problemas como la falta de gimnasio, instalaciones deportivas o hasta una sala de profesores. Carencias que la Comunidad de Madrid debería resolver, pero no lo hace”.

“No hay ningún plan, ni trienal ni quinquenal, para acometer esto. Van con parche año tras año. La aerotermia ha tardado dos en algunos centros y en otros ni ha llegado. En el Lope de Vega conseguimos la autorización para los toldos con un contrato menor, a instancia del Ayuntamiento (propietario del suelo y mantenimiento). Pero se pasan la pelota con la Comunidad constantemente”, reprocha. No en vano, el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida también ha protagonizado importantes controversias en torno a este tema. Dimas asegura que celebran “reuniones anuales con la Junta de Carabanchel, donde todo son buenas palabras que no se cumplan”. En esta ocasión, dice, ni siquiera se ha producido ese encuentro.

Javier, padre de un niño de 3 años en el CEIP República de Venezuela de Usera, también se ha implicado en Aprender Sin Calor. El República de Venezuela, como el Zuloaga, forma parte de la más de una treintena de colegios e institutos se han sumado a una iniciativa para registrar medidas de temperaturas y síntomas. “En la mayoría de aulas de Madrid la temperatura supera los 30 grados, algo que incumple la normativa laboral”, dice. El Real Decreto 486/1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, fija el rango de temperaturas en puestos de interior entre los 17 y los 27 grados. El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) aconseja por su parte mantener los espacios nunca por encima de 26 grados.

En este contexto, donde “no es que a veces haga calor, sino que las olas van a ser cada vez más intensas” (como reflejan informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático), “no queda otra opción que preparar nuestros colegios ante la nueva normalidad”. La plataforma Aprender Sin Calor “hereda una movilización que ya existía gracias a Madres por el Clima o Revuelta Escolar”. Así, “conforme crece el descontento se suma más gente”. Para Javier, “frente a un calor que con el cambio climático no va a cambiar y solo va a ir a más, lo inadmisible es que las instalaciones no ofrezcan una respuesta adecuada”.

“La idea de la plataforma surge de que en centros hay familias con experiencia de lucha y demanda en las condiciones climáticas de los centros. Esto ha ido confluyendo hacia una intervención en el pleno de abril de Usera donde tratamos de aunar esfuerzos para la mejora de los espacios en nuestro centro”, narra Sonsoles, madre de una niña de 8 años y otro de 6 en el República de Venezuela. “Nos hemos sumado a otras familias con el mismo diagnóstico y demandas. La plataforma, surgida en las últimas semanas, es prometedora. No es cosa de un colegio, de una familia, es la lucha de todos los centros de Madrid para que consigan las condiciones que merecen”. Califica de “desesperante” tener la sensación de que “tus hijos salen cocidos del colegio”.

Sangrados, cefaleas y miedo a que vuelvan a producirse golpes de calor

“Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los principales riesgos para la salud son la inflamación, disfunciones renales y potencialmente la muerte”, recuerda Javier. El sistema MoMo del Instituto de Salud Carlos III ha atribuido un total de 1.180 fallecimientos a las olas de calor en el periodo comprendido entre el 16 de mayo y el 13 de julio de 2025. Esta cifra representa un aumento de más del 1.035% respecto al mismo periodo de 2024, en el que se registraron 114 muertes. “El de la infancia es uno de los colectivos a los que más hay que proteger, sudan menos y son más vulnerables”, recalca. Dimas alerta de que en el alumnado del Lope de Vega se han producido “sangrados nasales y cefaleas habituales estas semanas” y avisa de que “no se puede jugar con que haya que llamar al 112”.

“Queremos que ese plan incluya medidas pasivas de adaptación, como la envolvente térmica con la que cubren edificios de bloques. Es lo más sostenible. También renaturalizar los parques, no pueden ser como los de los ochenta cuando el clima es otro. Una vez hecho eso, si no es suficiente, medidas activas como la aerotermia y otros sistemas de climatización”, cuenta Javier.

Cree que todo ello obedece a “criterios objetivos y transparentes, no pedimos nada que no pida cualquier otro actor como los sindicatos, arquitectos o el propio plan del Ayuntamiento de Madrid”. Dimas tampoco entiende que se autoricen campamentos de verano en recintos que no están preparados para el calor, como el propio Lope de Vega, al que seguirán acudiendo en los meses estivales “unos 80 escolares” frente a los 420 que asisten durante el período lectivo.

La Consejería presume de un aumento del presupuesto

“Un colegio como el nuestro requiere 2,5 millones de euros para adaptarse climáticamente. Después de reclamar nos dieron 300.000”, lamenta Javier. La Comunidad de Madrid destina este curso que acaba 17,8 millones de euros “a mejorar la climatización y reducir los efectos de las altas temperaturas en los centros educativos públicos de la región”, según explicó el Ejecutivo regional en una nota a mitad de mayo. “Esta cuantía supone un incremento del 33% respecto a los 13,3 millones invertidos el pasado año académico y permitirá desarrollar 106 actuaciones orientadas a mejorar el confort térmico en las aulas madrileñas”.

“Si hay si unos 1.900 centros, hablamos de un 5% de intervenciones”, contextualiza Mari Carmen Morillas, presidenta de la FAPA Giner de los Ríos. Y eso en el mejor escenario (en el que se cuentan las 106 actuaciones a nivel de centro), porque la nota es ambigua en su redacción y habla tanto de las envolventes térmicas de los edificios o las cubiertas como de la compra de “unidades de refrigeración evaporativa de bajo consumo, que permiten un descenso de entre 8 y 11 grados sobre la temperatura de la estancia”.

Estas últimas actuaciones solo tienen impacto a nivel de aula. En aquella nota la Comunidad adelantaba por dónde va su política para mitigar el calor: “Los centros educativos también pueden tomar medidas en los días de calor como adaptar el horario a las circunstancias meteorológicas y hacer cambios en las actividades físicas y sus horas de realización, evitando el ejercicio intenso y extremando las precauciones en las salidas al patio en los momentos más calurosos del día. Asimismo, tienen la posibilidad de revisar las actividades complementarias y extraescolares para evitar que se hagan en lugares expuestos al sol”, proponía.

Zarzalejo destacó en su acto del martes que la Comunidad de Madrid ha instalado, con una inversión de 18 millones de euros, unidades enfriadoras en las instalaciones con suelo radiante y unidades adiabáticas de reducción de temperaturas para aquellos centros que carecían del recurso. “Estamos haciendo todo dentro de ese plan de inversión que tenemos en climatización estamos haciendo todo lo posible y yo creo que estamos invirtiendo muchísimo dinero en esto, pero no se puede pedir que tapemos el sol con un dedo”, zanjó la consejera.

La salud, la educación y el trabajo, derechos en juego

En paralelo, la vertiente laboral comienza a agitarse también desde sectores sindicales. La Federación de Educación de Comisiones Obreras de Madrid ha presentado una denuncia ante la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social después de constatar que numerosos centros educativos públicos de la Comunidad de Madrid registran “temperaturas incompatibles con unas condiciones adecuadas de trabajo y aprendizaje”. Para Comisiones se trata de “un problema estructural, no una anomalía puntual”. Recuerdan que Inspección de Trabajo ya emitió requerimientos a la Consejería de Educación por denuncias presentadas en 2018 y en 2022. Una nueva actuación de inspección, entre 2025 y 2026, volvió a exigir medidas a la Comunidad de Madrid. “Los centros educativos siguen registrando, pese a todo, temperaturas que incumplen los límites establecidos por la prevención de riesgos laborales”, lamentan.

Las mediciones, efectuadas por delegadas y delegados de prevención durante las primeras horas de la jornada escolar, alcanzan hasta 35 grados en algunos centros antes incluso de que lleguen las horas más cálidas del día. La cifra se da en el IES Juan de la Cierva de Arganzuela. La organización ha registrado mediciones que superan los 30 grados desde primera hora en centros de Madrid capital (IES Vista Alegre, CEIP Alhambra o Colegio Raimundo Lulio), Getafe, Leganés, Parla, Alcobendas, Casarrubuelos y Mejorada del Campo.

Javier rescata el artículo 111 de la Lomloe para poner sobre la mesa que no hay un efecto únicamente sobre el derecho a la salud, sino también contra el derecho a la educación: “Los centros deben adaptarse a las consecuencias del cambio climático o vulnerarán la legislación. Los profesores son los primeros que lo sufren”, concluye. Para Sonsoles, los cambios llegarán aunque el equipo de Ayuso escurra el bulto: “Tarde o temprano habrá medidas de calado porque se incumplen los derechos laborales. Además, es difícil que esto se apague en centros con fuerte tejido de familias que vamos a estar mínimo nueve años. Es tiempo suficiente para acumular indignación y movilización. Queremos acciones pensadas porque nuestros hijos van a pasar mucho tiempo y después vendrán otras familias. Conservamos esperanza en que las dos administraciones planteen algo realista, pero pensado y planificado. Despacito, pero lo lograremos”.

El embrión será “un miembro más de la unidad familiar” y contará para acceder a beneficios y ayudas en la Comunidad de Madrid. Así lo ha comunicado el portavoz del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel García Martín. El Ejecutivo regional aprueba el Proyecto de Ley que ahora deberá pasar a la Asamblea de Madrid y que busca “proteger la vida y ayudar a las familias que decidan tener un hijo” a través del reconocimiento del “concebido no nacido”.

Según ha explicado García Martín en rueda de prensa este miércoles en la Finca de Vista Alegre tras el Consejo de Gobierno, la medida está incluida dentro de la Estrategia de Protección a la Paternidad y la Natalidad. Según indica el texto del anteproyecto, “al concebido se le tendrá por nacido, siempre que la unidad familiar o alguno de sus miembros, mediante la aplicación de esta asimilación, obtengan un mayor beneficio”. Además, a no ser que se aplique lo contrario en algunas regulaciones de procedimientos concretos, para esta asimilación como parte de la unidad no se pedirá “una semana mínima de gestación”.

Fue anunciada hace ya años, cuando Ayuso entró al Gobierno de la Comunidad e imitaba un modelo que se había puesto en marcha en Galicia o en la Comunitat Valenciana. En ese momento ya contó con parte de la oposición en contra: desde Ciudadanos, que reconocían “dudas jurídicas”, hasta Podemos, que lo veían como un “intento de disfrazar de ayuda administrativa sus posiciones contra el aborto”.

Aunque hay diferencias: la ley vigente en Galicia recoge solo beneficios en el caso de las familias numerosas, mientras que en Madrid cualquier familia, sea numerosa o no, podría acceder a determinadas ayudas que tengan en cuenta los miembros de la unidad familiar “acreditando el estado de gestación de la madre”, indican. Para acceder al título de familia numerosa, se podrá hacer a partir del primer día después de que finalice la semana 14 de gestación.

El texto aprobado irá a la Asamblea regional, donde se espera su aprobación con la mayoría absoluta de Ayuso, y se prevé que entre en vigor dentro de seis meses. Forma parte de las estrategias aplicadas por la líder autonómica en materia de fometo de la natalidad, como las ayudas de 500 euros por hijo a partir de la semana número 21 de gestación a madres menores de 30 años y que lleven cinco años empadronadas en la comunidad.

Tras el anuncio, Ayuso ha compartido en sus redes sociales una imagen de este mismo miércoles junto a un carrito de bebé y un mensaje: “Cada vida cuenta desde su concepción. También para las familias que la esperan”, ha escrito en X.

Queda menos de una semana para que el Papa pise Madrid. La capital remata sus preparativos antes del evento, que durará varios días y se prevé tan histórico como masivo: ya a finales de febrero, el alcalde aventuró la llegada de “cientos de miles” de visitantes. Desde entonces, uno de los principales retos del Arzobispado ha sido buscar alojamiento gratuito para buena parte de ellos, los llamados peregrinos. Pero la tarea se complica en una ciudad encarecida, atravesada por la crisis de la vivienda y donde una noche de hotel ronda los 170 euros. Así que se tanto Ayuntamiento como Comunidad de Mdrid optaron por ceder espacio público con tal de darles cobijo.

Las administraciones públicas, municipales y autonómicas, anunciaron su intención de colaborar con la Diócesis ofreciendo edificios municipales donde acoger a los peregrinos. Sin embargo, para lograrlo en tiempo y forma hubo que soslayar algunos filtros. “La Comunidad de Madrid, como si pudiera disponer libremente de lo público, decidió unilateralmente cederlo como alojamiento de peregrinos, con una orden obligatoria al centro, sin audiencia de los interesados o las familias”, han denunciado este lunes, en un comunicado público, desde la Asociación de Familias de Alumnos (AFA) de histórico instituto Cardenal Cisneros, en pleno centro de la capital.

En esa zona y para esa fecha, los precios de pisos turísticos rondan los 300 y 500 euros entre el viernes y el domingo, mientras que en hoteles u hostales el alojamiento pasa de 150 hasta 400 euros para estos tres días. Aunque la administración se compromete a que todo quedará a punto de cara a las clases del lunes y que la cesión no interrumpirá su actividad lectiva, las familias denotan otros problemas colaterales.

“Habrá gastos extra, consumo de agua, electricidad, vigilancia y limpieza. No sabemos quién los sufragará, pero ya sabemos que no va a ser la diócesis”, añaden desde uno de esos institutos, donde intuyen que finalmente se hará a expensas de “todas las familias de Madrid, y especialmente el alumnado del centro que se muere de calor y el próximo invierno, puede que de frío”. Con esta última frase, las familias hacen alusión a las obras de climatización que, en los últimos meses, han mantenido sin ventanas los pasillos y estancias del centro.

Las familias condenan una situación “injusta y desigual”

Ahora, con la llegada de los peregrinos y la cesión “obligatoria” de un espacio público –insisten desde el Cardenal Cisneros–, este instituto de Madrid reanuda sus vaivenes con la Consejería de Educación, Ciencia y Universidad. Primero fue por el retraso en la reparación de sus ventanas y la falta de alternativas durante el invierno; y esta vez por una decisión que consideran “injusta y una desigualdad”. Para explicarlo, contraponen la visita del Papa a otra experiencia reciente y con distinto desenlace.

Malasaña a Escena, una iniciativa vecinal que promociona el teatro de barrio y a la que está adherida su centro, solicitó “en tiempo y forma” el uso del salón de actos para una de sus obras, en sinergia con el grupo de teatro que ya existe en el instituto. “La cesión del uso de este espacio se aprobó por unanimidad en el Consejo Escolar del centro y, sin embargo, fue denegada unilateralmente y con vagos argumento por parte de la DAT”, concluyen, refiriéndose a la Dirección de Área Territorial (una forma de ordenación y supervisión autonómica de las escuelas), encargada de autorizar o considerar este tipo de solicitudes.

A finales de mayo, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso confirmó que la Consejería de Educación ofrecerían un total de 80 institutos públicos al Arzobispado de Madrid para que, en sus patios o gimnasios, pudieran alojar a los peregrinos que antes se habían inscrito en la Archidiócesis. En un comunicado, la Comunidad de Madrid explicó que este uso exclusivo durará desde el viernes por la tarde hasta la noche del domingo, y uno de sus consejeros ya vaticinó que la cifra de centros podía aumentar en los próximos días: en total, el Ejecutivo autonómico ha ofrecido hasta 100 colegios e institutos a la organización católica.

Educación se niega a dar nombres de los institutos seleccionados

Este periódico se ha puesto en contacto con los responsables de Educación para conocer los nombres y ubicaciones de todas estas instalaciones comunes, pero la Consejería ha preferido no aportar esa información. Somos Madrid también ha podido constatar que al menos otros dos centros educativos más de la capital no han recibido ninguna solicitud previa, ni tenido opción de celebrar consejos escolares para decidir si ofrecían o no el espacio.

Según el reglamento interno de la propia Comunidad, estos órganos de participación –con representes de la Dirección, docentes u otros trabajadores, familias y alumnado– deben emitir un informe con cada solicitud de utilización, y confirmar que esta no interfiere con sus actividades escolares. Es lo que expone el artículo 5 del decreto 11/2018, por el que se regula el régimen de utilización de los inmuebles e instalaciones de los centros educativos públicos no universitarios en la región.

Uno de los colegios seleccionados, el Mejico de Ciudad Lineal, también denunció que habían tenido que anular una de las actividades extraescolares que tenían programadas, y para la que habían recibido una aprobación oficial desde la Junta Municipal del Distrito. Sin embargo, la visita del Papa y la necesidad de hallar espacio para todos cambió las tornas, y hubo que aplazar el evento. Las críticas contra esta cesión “involuntaria” no solo llega desde las familias, sino también a través de sindicatos como STEM, una entidad madrileña de enseñanza. A pocos días de la llegada de León XIV, Madrid ultima sus preparativos aunque eso pase por saltar algún escollo en el camino.

“Hemos hecho en este país la transición a la democracia sobre la bisagra de una reforma cimentada en el silencio y la ruptura de la espiral de la venganza. Así había que hacerlo y no hay que arrepentirse de ello. Pero del silencio al olvido y la ignorancia solo hay dos pasos. Y sería pernicioso que muchos los dieran” (Francisco Tomás y Valiente).

Hablamos de la tortura. Y ello nos lleva a recordar, como dijo Josep Fontana, que de las investigaciones realizadas se deduce “la brutalidad con que se aplicó la represión en el territorio franquista, sin ningún respeto por los derechos humanos”. Desde este presupuesto analizamos lo siguiente.

Como, lamentablemente, acaba de ocurrir, la presidenta de la Comunidad de Madrid se ha opuesto rotundamente a la instalación de una placa en la actual sede de la Comunidad de Madrid en memoria de las víctimas de la dictadura, que tanto dolor sufrieron por su internamiento en los calabozos de dicha sede cuando era la Dirección General de Seguridad. Con la particularidad de que ha sido apoyada por dos magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. Una particular muestra y expresión de la “parcialidad” que vemos en ciertos sectores de la judicatura.

Parece que ni la presidenta ni los magistrados hayan leído el Acuerdo de 20 de octubre de 2025 de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. En ella, el Gobierno acordó instalar una placa en dicha sede que mantuviera la memoria de unos de los espacios más violentos de la dictadura, la Dirección General de Seguridad. Acuerdo que pretende actualizar el papel central de dicha sede en la “represión política y social durante la dictadura franquista”. “En sus dependencias se llevaron a cabo interrogatorios y torturas”, señala el texto, añadiendo que “uno de los aspectos más oscuros de la actividad de la DGS fue el uso sistemático de la tortura como método de obtención de información y castigo”, hasta el punto de “extraer confesiones, atemorizar y desmoralizar” a los detenidos por medio de una “extrema brutalidad”. “La represión desde la DGS tuvo efectos devastadores en la sociedad española” y se convirtió en un “símbolo del terror estatal” que “evocaba imágenes de brutalidad y sufrimiento”. Esta inmensa y dolorosa realidad es la que la presidenta Ayuso y los magistrados tratan de evitar que se difunda.

Para justificar, aún más, la necesidad de instalar en dicha sede la placa que abra a toda la ciudadanía la memoria de aquella tragedia, basta recordar las palabras contenidas en el informe del Consejo de Europa -marzo de 2006- que expresó con toda claridad y detalle lo que en uno de sus capítulos se denomina: 'Balance de los crímenes del régimen de Franco'. Informe que subraya que “la conciencia de la Historia es una de las condiciones previas para evitar que se repitan los errores del pasado. Además, la evaluación moral y la condena de los crímenes cometidos juega un papel importante en la educación de los jóvenes”. Parece que las citadas autoridades ignoran este informe.

Para complementar lo expuesto, considero necesario rememorar lo que significó la Brigada Social y Política de la dictadura.

Es una evidencia, sobradamente acreditada por la investigación histórica, la significación relevante de la violencia y la represión como elemento central del golpe militar de 18 de julio de 1936 y del Estado totalitario definitivamente implantado al fin de la contienda militar. La institucionalización de la represión, primero contra las personas fieles a la República y luego contra toda la oposición democrática, disponía de varios instrumentos básicos y necesarios para el ejercicio de su función. Entre ellos, estaban los diversos Cuerpos policiales y, particularmente, la Brigada Político-Social, constituida en todas y cada una de las Jefaturas Superiores de Policía, bajo la dirección política de los correspondientes Gobernadores Civiles.

Sin el concurso, primero, de las Comisarías de Investigación y Vigilancia y, después, de dichas Brigadas, los Consejos de Guerra y los Tribunales Especiales -como el TOP- no hubieran podido llevar a cabo su cometido. Para ello, contaban con una policía política que, carente de todo control judicial y con una constante vulneración de las garantías y derechos de los ciudadanos, investigaban y detenían a quienes disintieran o se opusieran por cualquier medio a la Dictadura a la que servían y protegían con todos los medios a su alcance. El aparato policial franquista era la primera e inmediata expresión del terror impuesto por la Dictadura.

La Brigada Político-Social fue creada por Ley de 2 de septiembre de 1941, concentrando, con los servicios de Información de la Guardia Civil, todas las competencias sobre represión política que practicaban a través de seguimientos, intervenciones telefónicas ilegales, violaciones de la correspondencia privada, investigaciones de las que daban cuenta -o no- a la autoridad militar o al TOP, detenciones arbitrarias e indefinidas en Comisarías o Centros de detención habilitados, sin poner al detenido a disposición judicial, la práctica sistemática de la tortura y otras prácticas policiales, como el hostigamiento sistemático de la oposición democrática. Deben tenerse presente dos datos que reflejan el permanente hostigamiento policial de la oposición durante la dictadura. El primero, las detenciones políticas en España en 1961 fueron 1.335 y, en 1962, llegaron a 2.438. Segundo, el total de presos políticos en España al iniciarse el 1961 era de 15.202, entre ellos 1.596 mujeres. 

Debe destacarse la trascendental importancia que llegó a tener, entre otros medios violentos de investigación, la práctica de la tortura, tal como ha quedado ya reflejada en numerosas investigaciones históricas. Basta acceder a las fuentes documentales de quienes, como espina dorsal del régimen, la practicaron gravemente. Ciertamente, tenemos constancia de ello por el testimonio de sus víctimas. Así resulta del de Marcos Ana, Elena Cuartero García, María Salvo Iborra, Heriberto Quiñones, Vicente Cazcarra, Pedro Vicente, Miguel Núñez, Tomasa Cuevas, Moisés Hueso Mateo, Francisco Díaz Iniesta, Carles Vallejo y tantos otros miles. Todos, sin excepción, según el gran luchador por la democracia, Miguel Núñez, “quedaron destrozados física y moralmente”.

Las actuaciones de estas Brigadas se mantuvieron activas hasta el periodo final de la Dictadura y la Transición; así resulta recogido con exactitud en obras recientes sobre ese periodo histórico en la que se da cumplida cuenta del “papel estratégico” que desempeñaban en esa etapa bajo la dirección de Saturnino Yagüe González “que trabajaba desde 1958 en estos menesteres” y la constante y durísima actuación de Pedro Polo, Eduardo Quintela, Juan Estévez, del “Comisario Ballesteros en Valencia”, el Jefe de Policía de Tenerife José Matute, de González Pacheco, de Carlos Domínguez, de Eleuterio Fernández-Girón, del Inspector Pena, de los hermanos Antonio y Vicente Juan Creix, Eugenio Nicolás, etc.  Basta examinar las detenciones policiales por razones políticas y sindicales producidas durante el periodo comprendido entre julio de 1975 y diciembre de 1976-un total de 2.815- para valorar el verdadero alcance de la represión. (Fuente: Gabinete Técnico del Ministerio de la Gobernación). A partir de dichos datos, es razonable asumir la hipótesis de que 53.500 personas aproximadamente sufrieron represión en el último periodo del franquismo. Actividad que exigía una amplia y diversificada organización que era similar en toda España. Como la de Catalunya, la VI Brigada Regional, que disponía en 1974 de la siguiente estructura. Grupos: “Jefatura, Secretaria, Servicio de Guardia-Grupo VI, Servicio de Universidad-Grupo VII, Servicios Extraordinarios Prolongados, Asuntos laborales-Grupo I, Actividades catalanoseparatistas -Grupo II, Actividades comunistas-Grupo III, Actividades Anarquistas, Trotskistas y sociales-Grupo IV y Escoltas y Sectas-Grupo V”, disponiendo para esos fines, en dicho año, de 120 funcionarios de plantilla. Y, desde luego, la relación directa de dichas Brigadas con los asesinatos cometidos por las Fuerzas de Seguridad con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales de huelga, reunión y manifestación. Basta con citar los cinco cometidos en Vitoria en 1976.

En 1975, “continuaban a buen ritmo los apaleamientos y las vejaciones a base de palizas con la porra, con cuerdas o con toallas mojadas, quemaduras con cigarrillos, contusiones generalizadas o cortes con cuchillas de afeitar”. Torturas que determinaron en su día los Manifiestos contra la misma de 1963 (sobre la tortura en Asturias), de diciembre de 1968 (Documento suscrito por 1.500 intelectuales) y el de la primavera de 1976. En la obra de N. Sartorius se contiene una reflexión, tomada de Antoni Batista, sobre la importancia de que las generaciones más jóvenes conozcan los atestados e informes de dichas Brigadas, porque, lo que hoy puede hacer sonreír, “por la propia redacción macarrónica y ampulosa, llena de esos gerundios policiales que tanto mal hacían a los ojos de Salvador Espriu”, ocultan una actividad directamente delictiva y represora que no puede ni debe olvidarse.

La organización de la policía política contó desde siempre con colaboradores externos, particulares, funcionarios y agencias privadas de información, además de la extrema derecha, para vigilar, informar y, sobre todo, las delaciones, dados los apoyos sociales que el franquismo tuvo desde su inicio. Datos que las autoridades policiales aprovecharon al máximo.  

Pese a la enorme gravedad de lo expuesto, la Transición, concretada en la Ley de Amnistía, impidió la persecución procesal y consiguiente sanción penal de tantos y tantos delitos de tortura. Y, hoy, la Justicia, continúa cerrando el paso a una investigación rigurosa de dichos delitos invocando, erróneamente, la prescripción de los mismos, cuando no la Ley de Amnistía, como así ha ocurrido, injustamente, ante la denuncia formulada por Carles Vallejo ante el Juzgado de Instrucción 18 y la Audiencia Provincial de Barcelona, por los 21 días de internamiento en las celdas de la Comisaria de Vía Layetana, sufriendo toda clase de durísimos malos tratos y torturas.

Estimo necesarias las palabras de Guy Aurenche. “La tortura institucionalizada no es solamente la negación misma del hombre, sino también la negación misma del papel que ha sido confiado al Estado por las sociedades humanas.De ahí, el carácter particularmente tortura institucionalizada”. Una gravísima realidad que la Presidenta y los magistrados parece que quisieran olvidar.

Y una observación necesaria. El art.2.3 de la Ley de Memoria Democrática dispone lo siguiente: “Todas las leyes del Estado español, incluida la Ley 46/1977,de 15 de octubre, de Amnistía, se interpretaran y aplicaran de conformidad con el Derecho internacional convencional y consuetudinario y, en particular, con el Derecho Internacional Humanitario, según el cual los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiables”. Basta ya de excusas vacías para no perseguir los crímenes de la dictadura.

La jueza que investiga a Miguel Ángel Rodríguez por revelación de secretos ha llamado a declarar en calidad de testigo a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. La magistrada entiende, a petición del PSOE, que es una diligencia necesaria para averiguar la “fuente” que proporcionó al jefe de gabinete los datos y la foto de los periodistas de El País que después difundió entre dos decenas de medios de comunicación. La magistrada también rechaza la petición del jefe de gabinete de Ayuso de archivar el caso, precisamente por tener pendientes estas diligencias. “Sin haber finalizado la práctica de estas es improcedente resolver sobre su resultado aún no conocido”.

La citación de la pareja de Isabel Díaz Ayuso como testigo ha sido establecida para el próximo 30 de junio, según ha podido comprobar este periódico.

El juzgado investiga de dónde sacó Miguel Ángel Rodríguez los datos y la foto de los dos reporteros del periódico del grupo PRISA que posteriormente difundió entre medios que publicaron la imagen. Una foto de los dos periodistas en las inmediaciones del domicilio de Isabel Díaz Ayuso acompañada de la acusación falsa de haber acosado a vecinos para conseguir información de la pareja.

El propio jefe de gabinete de Ayuso compareció como imputado hace unos días y dio dos versiones diferentes. Antes de entrar al juzgado afirmó ante los periodistas que la foto se la facilitó un vecino de la urbanización. Ante la instructora, reconoció que la imagen se la había proporcionado el propio Alberto González Amador. Los reporteros fueron identificados por la Policía y la jueza indaga en si Rodríguez obtuvo sus datos de los agentes, algo que negó Rodríguez. La magistrada no cree que la Policía hiciera llegar la foto a Rodríguez porque fue “claramente realizada desde una posición de altura”, no desde la calle.

La magistrada también rechaza otras diligencias solicitadas por el PSOE. Por ejemplo, llamar a declarar a un comisario de Policía Nacional o que se investigue el teléfono de Miguel Ángel Rodríguez. “Ningún dato aporta la acusación para entender que la fuente de información de don Miguel Ángel sea ajena y distinta a la por él afirmada”.

En una segunda resolución la magistrada también rechaza la petición de Miguel Ángel Rodríguez de archivar el caso contra él. “Procede desestimar la solicitud de sobreseimiento interesada, por no ser el momento procesal adecuado”, explica la jueza.

Nos están robando Madrid. Lo hacen los fondos de inversión (que ya quisieran parecerse en algo a los buitres), las cadenas de comida rápida, los cafés de especialidad sin alma y los pisos turísticos que acaparan locales y edificios donde antes ocurría la vida de barrio. Nos roban el suelo con alquileres insoportables, expulsan a nuestras vecinas para meter turistas y nos dejan un decorado vacío diseñado para el consumo pero imposible para vivir. 

Este robo de los espacios, de los barrios y de la convivencia no es casual ni mucho menos inevitable. Es política. Pura y dura política al servicio de un modelo depredador que nos quiere más consumidores que vecinos, más en los márgenes que en el centro y más aislados que organizados. Pero, principalmente, que busca llenar los bolsillos de unos pocos pasando por encima de todo y de todos, arramplando con lo común y convirtiendo en producto de consumo rápido cualquier experiencia que nos importe (y especialmente lo que no cueste dinero).

Esta lógica sale ya de la capital y sus alrededores para instalarse también en los espacios naturales de toda la región. Y es que la nueva Ley de Caza y Pesca Fluvial del Gobierno de la Comunidad de Madrid planea entregar la tierra solo a los que pagan. Concretamente, a los que pagan por matar. 

Este nuevo proyecto de ley supone un cambio importante en la forma en que la Administración entiende la relación con los animales silvestres y la gestión del territorio. Aunque el texto se presenta oficialmente como una modernización técnica de la normativa vigente hasta la fecha, hecha en los años 70, en la práctica consolida la caza como herramienta estructural de gestión y ordenación ambiental. 

No es ninguna sorpresa, sabiendo que se ha redactado al dictado de los cazadores. Tres años de reuniones en un grupo de trabajo impulsado desde la Consejería de Medio Ambiente con el lobby cinegético, representado en la mesa por organizaciones como la Fundación Artemisan o la Federación Madrileña de Caza, entre otras. A la vista de los resultados, pueden darse por satisfechos, porque ni en sus más sangrientas fantasías se hubieran imaginado un gobierno que cumpliera de forma tan sumisa y obediente cada uno de sus deseos. 

La propuesta ha hecho saltar las alarmas de los colectivos en defensa de los animales y ecologistas, quienes ya se han unido en la plataforma Madrid Sin Caza para informar a la ciudadanía, organizar protestas como la de este pasado sábado en el centro de Madrid, y frenar este atropello. 

Como la propia plataforma explica en su manifiesto, algunas de las concesiones del Gobierno de Ayuso a los cazadores son: 

Caza los 365 días del año

Esta es una de las principales novedades y de los asuntos más controvertidos de este proyecto de ley. Se trata de la creación de los Planes de Control Poblacional, una medida pensada para agilizar y facilitar las autorizaciones excepcionales de caza para determinadas especies durante los períodos de veda. 

Hasta ahora, se tenían que solicitar estas autorizaciones excepcionales de una en una (justificando, por ejemplo, problemas por la presencia de determinadas especies, como conejos o jabalíes). 

La diferencia fundamental es que ahora ya no será necesario justificar y solicitar estos permisos caso por caso, sino que los ayuntamientos podrán activar estos “planes de control poblacional” sobre determinadas especies y que su caza esté permitida en cualquier momento del año. Esto, en la práctica, supondrá una mayor presencia de cazadores, disparos y sus consecuencias sobre el conjunto de todos los animales que habitan un territorio, y que ya no tendrán ni el más mínimo descanso biológico, ya que la actividad cinegética será constante.

Quienes argumentan en el debate que las vedas seguirán operando con sus fechas y límites, como hasta ahora, tienen razón. Pero ocultan la clave de este cambio, que es facilitar de forma extrema la autorización que rompe las vedas. Y que, ya sea por caza “deportiva” o bajo la excusa del “control poblacional”, los cazadores tendrán presencia y prioridad en cualquier momento del año y por todas partes. 

Más especies en el punto de mira

Se aumentan de 24 a 31 las especies que se podrán cazar, incluyendo aves de humedal con poblaciones que se encuentran en declive en la Península, como gansos, ánades o agachadizas.

Tecnología de asedio para acorralar

Uso de drones, visión nocturna y dispositivos térmicos, que dejarán a los animales sin ninguna posibilidad real de escapatoria. Bajo la premisa inicial de los “planes de control poblacional”, se da vía libre al uso de herramientas hasta ahora no permitidas por el asedio que implica para los animales. 

Autorización de prácticas prohibidas por su extrema crueldad

Hablamos, por ejemplo, de la caza de paloma con cimbel y la perdiz con reclamo, modalidades que emplean a animales vivos como señuelo para atraer a otros, de forma que se multiplican las víctimas, ya que a los animales cazados hay que añadir los utilizados como señuelo, que tienen, además, vidas terribles al estar enjaulados permanentemente. 

Supervisión delegada al propio sector

La Administración traslada el control a los propietarios de los cotos, lo que reduce estrepitosamente la vigilancia pública efectiva sobre lo que realmente ocurra en cada jornada de caza.  

Maltrato extra para los perros 

La ley permite entre 18 y 40 perros por cada 40 hectáreas. En una montería del tamaño mínimo legal (500 hectáreas) se podrán concentrar hasta 500 perros en una sola jornada, animales que suelen vivir hacinados y en condiciones lamentables, y que son utilizados como armas contra otras especies mientras son, a la vez, víctimas también de la caza. 

Cierre de caminos públicos

Se prohíbe el acceso a caminos públicos y márgenes de ríos en días de caza. Además, se penalizará el acceso de no cazadores a las zonas acotadas, lo que limitará nuestro derecho de protesta y de uso del espacio público. Así, actividades como el ciclismo, el senderismo, la observación de aves, la recogida de setas o un simple pícnic familiar solo serán posibles con el permiso de los nuevos amos y señores del monte: los cazadores. 

Pero es que la caza además de ser una práctica minoritaria y cruel, es incompatible con cualquier otra actividad, ya que implica la presencia de personas armadas y disparos al aire libre, lo que supone un peligro real de muerte no solo para quienes la practican, sino para cualquiera que se cruce por allí.

Así es como, gracias al Gobierno de Ayuso, el 0,63 % de los ciudadanos de la región, los cazadores de la Comunidad de Madrid (los titulares de las 43.855 licencias activas) tendrá acceso VIP a los espacios naturales, pisoteando la libertad del 99,37 % de la población no cazadora. A partir de ahora, cada vez que queramos hacer una ruta o dar una vuelta en bici, antes de hacer la mochila, tendremos que confirmar con los ayuntamientos si podemos pasear tranquilos o debemos desviarnos para no llevarnos un tiro por error o una multa por el despiste y la osadía de molestar. 

Posiblemente este arrodillamiento del Gobierno regional ante el lobby cinegético sea uno de los ejemplos más gráficos de toda una forma de hacer política: la del sálvese quien pueda, la que siempre protege al fuerte, al rico y al poderoso. La política cortijera del PP, que desde hace más de 30 años descuartiza nuestra región para repartirla entre sus amigos, parejas, familiares y socios. 

Lo hemos visto antes: entre las familias madrileñas desahuciadas y los fondos extranjeros, Ayuso está con Blackstone. Entre la sanidad pública y el negocio privado, Ayuso está con Quirón. Entre las personas enfermas de ELA y su tratamiento, Ayuso elige copago. Entre los perpetradores de un genocidio y el pueblo palestino, Ayuso está con Israel. Y entre la libertad de los madrileños para disfrutar de sus entornos naturales y los que masacran animales regando nuestros montes de plomo y dolor, Ayuso, cómo no, está con los cazadores.

Este proyecto de ley se prevé que llegue a la Asamblea para su votación durante este mismo año, lo que supondría la consolidación del modelo más violento para los animales y la perpetuación de las mismas prácticas que desequilibran los ecosistemas que dicen equilibrar. Porque la propia caza es una de las causas principales del desorden y el caos en el medio natural; porque rompe familias y grupos sociales; porque provoca huidas, accidentes y desorientación en los animales; porque no quiere competidores y elimina a los depredadores naturales, como los zorros, para ocupar indebidamente su lugar. Por no hablar de las granjas cinegéticas donde se crían animales con el objetivo de liberarlos solo para cazarlos después, impactando gravemente en cuestiones como el reparto de territorios y recursos entre los habitantes de cada zona. 

Es cierto que la Comunidad de Madrid no podía seguir con una ley de caza de 1970, pero la actualización de 2026 no traerá nada bueno para los animales, ni para sus hábitats, ni para el medio rural. Una vez más se impone el cortoplacismo y perdemos la oportunidad de innovar con políticas públicas de gestión ética, de avanzar hacia un modelo donde las matanzas no sean la opción por defecto y de buscar soluciones para una organización del territorio que favorezca la convivencia respetuosa con el entorno natural y la vida silvestre. 

Así que, para los problemas de siempre, Ayuso nos trae la versión empeorada de las soluciones de siempre, las que ya sabemos que nunca han arreglado nada. Es normal el bochorno y la preocupación por la que se nos viene encima. 

Pero no nos vamos a quedar mirando, los movimientos contra la caza ganan fuerza y representación año tras año; la ética, la ciencia y la evidencia están de nuestro lado. El sentido común del 99 % no incluye matar por entretenimiento y diversión. Nos están robando Madrid, pero tenemos intacta la determinación para defender una convivencia respetuosa y pacífica con los animales. A nuestra convicción no hay lobby que le tuerza el brazo.

Unos días después de que Pedro Sánchez tuviera una reunión con León XIV, Isabel Díaz Ayuso tuvo derecho a su propia audiencia en el Vaticano. La diplomacia vaticana sabe hilar fino en estos casos y no desea indisponerse con nadie a pocos días de un viaje del pontífice. Todo tiene que salir perfecto. En un contexto de creciente secularización en los países occidentales iniciado hace décadas, la visita de un Papa es una oportunidad excelente para intentar revertir esa tendencia. Con la ayuda de Dios, claro.

Por tanto, Madrid bien vale, además de una misa, recibir a Ayuso, que acaba de lanzarse frontalmente contra la regularización de inmigrantes, una medida que la Iglesia española ha apoyado sin ambigüedades, incluidos algunos prelados conservadores. Esa corriente de pensamiento basada en la misericordia y el apoyo a los inmigrantes es muy importante para el Papa. Robert Francis Prevost, de 70 años, pasó muchos años en Perú, primero como misionero y finalmente como obispo de la diócesis de Chiclayo. Los peruanos son una de las mayores minorías de inmigrantes en España.

“Somos un país muy alegre que sabe aparcar sus diferencias un rato. Celebraremos la visita de León XIV en esa unidad”, dijo Ayuso en Roma. El que piense que podemos estar ante una tregua vaticana en la política española ya puede desengañarse. En una entrevista en La Razón el domingo, la presidenta madrileña se lanzó contra Pedro Sánchez por pretender asistir a la misa que el Papa celebrará en Barcelona. Le llamó “farsante” y que solo “le falta la toquilla y la mantilla” en su intento de fingir lo que no es. A la pregunta “¿cree que el presidente del Gobierno busca rentabilidad política con esta visita?”, responde: “Busca rentabilidad y blanqueo al máximo nivel. Es un farsante. Sí, sí, nivel diez”.

El PP contempla con cautela el viaje de Prevost a España del 6 al 12 de junio, consciente de que tendrá que escuchar un mensaje favorable a la integración de los inmigrantes –que pasa de forma ineludible con que puedan recibir los papeles que harán más difícil que sean explotados– y conseguir que no parezca incompatible con su posición radicalmente contraria a la medida adoptada por decreto por el Gobierno. Ayuso se adelanta a ese riesgo afirmando que el partido debe estar alerta ante ese intento de blanqueamiento, aunque apuntando a Sánchez, no al Papa.

Lo que no puede ocultar es que su empeño por tumbar esa regularización ha sufrido un fracaso político al no convencer al Tribunal Supremo de que debía suspender la entrega masiva de papeles a los extranjeros residentes en España. El Partido Popular se encuentra ante la tesitura de poner en marcha nuevos gobiernos de coalición con Vox en varias comunidades autónomas incluyendo en su programa la “prioridad nacional” que es esencial para la extrema derecha.

“La voz y el mensaje (de la Iglesia) son siempre los mismos: la dignidad humana. No hay ni ciudadanos de primera ni de segunda. El ADN del cristiano nos hace reconocer la dignidad de todos”, dijo hace unos días el cardenal José Cobo en una entrevista con este medio. Cobo recordó que el Papa irá a Canarias “por la misma razón que Francisco fue a Lesbos o a Lampedusa”.

Sánchez no desaprovechó la oportunidad que le concedió su visita reciente a Roma. Destacó su “plena sintonía” con el mensaje del Papa sobre la inmigración y otros asuntos. El Papa “propone el sentido común frente a la ley de la selva”, dijo después de reunirse con él. Curiosamente, su Gobierno también está en la misma línea: “Lo que no tiene sentido es avalar prioridades nacionales o teorías del reemplazo en un país que ha regularizado hasta en cinco ocasiones a inmigrantes que viven en nuestro país”.

A quienes más les va a escocer la visita es a los dirigentes de Vox, cuya obsesión contra la inmigración es innegociable con independencia de lo que diga la Iglesia. Algunos de sus votantes no lo entenderán, pero el partido de extrema derecha no renunciará a lo que es una de sus mayores señas de identidad.

Cuando el secretario de la Conferencia Episcopal declaró que “la dignidad de la persona es intocable e irrenunciable”, como respuesta a la exigencia de “prioridad nacional” del programa de Vox, Santiago Abascal reaccionó furioso y acusó a la Iglesia de que su prioridad es mantener “su negocio con la invasión”. Carlos Hernández Quero, diputado de Vox, respondió a la defensa de la dignidad humana por la Iglesia colocándola dentro de “la oligarquía” que “odia al pueblo español”.

El mensaje más anticatólico en la política española proviene ahora de la extrema derecha, lo que no deja de ser una paradoja en la historia de España desde el siglo XIX. Desde ese choque, Vox ha intentado rebajar las tensiones con la Iglesia. Abascal estará en el hemiciclo cuando León XIV pronuncie su discurso en el Congreso y tendrá que tragarse su apoyo a los derechos de los inmigrantes.

En dos entrevistas de 2019, Díaz Ayuso confesó que no era creyente casi desde que era una niña. En los últimos años, y sin necesidad de caerse de ningún caballo, ha recuperado la fe, dice que es católica y no se pierde una ceremonia religiosa a la que pueda asistir como presidenta. Más allá de las razones personales que pueda tener, forma parte de su discurso político por el que el cristianismo es una parte esencial de lo que llama la civilización occidental.

Para ella, España es sinónimo de catolicismo, aunque la evolución de la sociedad en las últimas décadas la ha alejado del mensaje de la Iglesia en múltiples asuntos (divorcio, aborto, eutanasia, matrimonio igualitario...). Casi todas las bodas se hacían en una iglesia en los años 70. Hoy, las bodas civiles son más del 80%.

En un pastiche ideológico para todos los públicos que puede llegar a ser muy confuso, ha afirmado que “con el nacimiento de Cristo, se funda nuestra civilización” –así de repente– o que “desde el cristianismo, celebramos el hecho de ser humanos”, algo que antes seguro que ya estaba bastante valorado.

La clave es distinguirse de la izquierda –y sus difíciles relaciones históricas con el catolicismo– para poder presentarla como algo ajeno a la tradición occidental y un ente extraño lleno de peligros.

La beata Isabel cree que la religión también jugará un papel para ayudarla a ascender a lo más alto (en política). Como penitencia, tendrá que escuchar al Papa en España hablar de la necesidad de dar derechos y cobijo al inmigrante. Es un sacrificio que estará dispuesta a asumir.

Miles de personas han salido de nuevo este domingo a las calles desde distintos puntos de la ciudad de Madrid en defensa de la sanidad pública “para evitar que continúe” su “desmantelamiento planificado” por parte de las administraciones madrileñas del Partido Popular (PP).

Bajo el lema 'Salvar nuestra Sanidad Pública es salvarnos a todos', la manifestación convocada por la Plataforma Vecinos y Vecinas de los Barrios y Pueblos de Madrid, que reúne a más de cien asociaciones, plataformas y entidades vecinales, ha partido en cuatro columnas desde Atocha, Colón, Sevilla y Plaza Dalí Felipe II para confluir todas ellas en Cibeles.

Se trata de la quinta marcha con este formato convocadas por este espacio vecinal en los últimos años. Los convocantes hablan de una situación “crítica” y denuncian listas de espera “interminables”, falta de médicos y pediatras; citas que tardan semanas, “y un largo etcétera” de reivindicaciones.

A la concentración han asistido la portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar; la secretaria general de UGT Madrid, Susana Huertas, y las portavoces de Podemos Irene Montero, Ione Belarra e Isa Serra, así como representantes de CCOO y de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Msdrid (FRAVM), entre otras.

“Que se peleen los niños”. Es la consigna que se ha extendido en el PP ante el inminente congreso de las Nuevas Generaciones, para cuya presidencia se han postulado ya tres candidatos. El PP de Madrid ha lanzado a Ignacio Dancausa; el de Murcia, a Antonio Landáburu; y la Comunitat Valenciana, a Candela Anglés. El acuerdo entre las partes es que “los mayores” no intervengan. Y ya han comenzado algunas escaramuzas en redes sociales.

El primero en lanzar su candidatura fue el ‘ayusista’ Ignacio Dancausa, un joven de 25 años orgulloso de pertenecer a la “generación más basada de la democracia”, un sinónimo de ‘trumpismo’. Este concejal de Las Rozas (Madrid) es uno de los alumnos más aventajados de su jefa, Isabel Díaz Ayuso, a quien no pierde una oportunidad de glosar siempre que tiene un micrófono delante.

El congreso, que concluirá el próximo 11 de julio, estrenará el nuevo sistema electoral interno que sustituyó las primarias por uno de doble vuelta con asignación mayoritaria de compromisarios en cada provincia: el candidato que tenga un voto más se lleva todos los representantes de cada circunscripción.

El sistema lo pactaron el año pasado el hoy secretario general del PP, Miguel Tellado, y su homólogo del PP de Madrid, Alfonso Serrano. Ambos han hablado también en las últimas semanas para acordar la imparcialidad de sus organizaciones. El propio Dancausa se reunió con la dirección nacional antes de dar el salto para avisar de sus intenciones y exigir neutralidad a las plantas altas de Génova.

Poco después se sumaron otros dos candidatos a la competición. El actual presidente de NNGG de Murcia, Antonio Landáburu, y la diputada autonómica de las Cortes valencianas Candela Anglés. 

El murciano acaba de cumplir los 29 años, al filo del límite para pertenecer a la organización juvenil. De hecho, si gana acabará su mandato por encima del máximo legal, tal y como ocurre con la presidenta saliente, Bea Fanjul. Landáburu no ha terminado la carrera de Derecho que cursa en la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), lidera las NNGG de la Región desde 2021 y es diputado autonómico, lo que presupone afinidad con su jefe autonómico, Fernando López Miras.

Candela Anglés (Càlig, Castellón) tiene 26 años y ha sido la última de las candidaturas presentadas. Cuenta con un doble Grado en Relaciones Internacionales y Ciencia Política y Gestión Pública por la Universidad Rey Juan Carlos. Como los anteriores, tiene el respaldo total de la organización autonómica, antes dirigida por Carlos Mazón y hoy por Juan Francisco Pérez Llorca. 

La pelea es, por tanto, no solo entre tres jóvenes con aspiraciones, sino que enfrenta a tres potentes organizaciones autonómicas del PP que pugnan por controlar uno de los resortes de poder interno más importantes. 

Y las primeras batallas ya han comenzado: el reglamento exige recopilar previamente el aval de 250 afiliados que “deben proceder, al menos 140 de ellos, de siete comunidades autónomas diferentes, en un número que no debe ser inferior a 20 avales en cada una de ellas”.

De hecho, algunos medios han publicado que Dancausa y Landáburu protagonizaron un agrio enfrentamiento ante sus compañeros en la Junta Directiva de NNGG que convocó el congreso a cuenta de las prisas del madrileño, que anunció su candidatura y comenzó a hablar con los periodistas antes de que se anunciara formalmente el cónclave.

Los tres competidores están ya en campaña para conseguir los avales que les ratifiquen como candidatos. La mala relación entre Dancausa y Landáburu quedó clara ya en los primeros instantes. Cuando el murciano dio el paso público, recibió en Twitter mensajes con ataques personales que fueron replicados por el joven madrileño, aunque después los borró.

Es una tónica habitual en las NNGG del PP de Madrid: publicar mensajes que alguien desde arriba les ordena borrar. Dancausa elimina contenido y produce nuevo. A través de un vídeo publicado en plataformas como TikTok, el madrileño habla, mirando a cámara, de una “oportunidad histórica”: “Nuestra generación está atravesando un momento clave. Por eso desde Nuevas Generaciones tenemos una responsabilidad inmensa. Pedro Sánchez y su gobierno están llevando a España a la ruina”.

El madrileño quiere “movilizar a los estudiantes” como ya han “hecho antes” y acompaña el vídeo de las imágenes de 2023 cuando la policía identificó a miembros de sus NNGG por incumplir las normas en las elecciones internas de la UCM.

Las redes son el principal recurso que también están usando Landáburu y Anglés. A diferencia de Dancausa, Anglés hace menciones continuas al proyecto de Alberto Núñez Feijóo, a cuyo servicio dice querer ponerse. “Los jóvenes tenemos una misión: unir nuestra fuerza para llevar a Alberto Núñez Feijóo a la Moncloa. Creo en una organización con ambición, orgullo y voz propia, una organización capaz de atraer talento, despertar ilusión y movilizar a miles de jóvenes en toda España. Ha llegado el momento de demostrarlo, es el momento de unir nuestra fuerza”, apunta en su vídeo de presentación.

Landáburu sigue el mismo patrón. Acusado de “continuismo” por los seguidores del madrileño, el murciano también se postula para apoyar a Feijóo en su carrera a la Moncloa. 

Desde la dirección saliente de NNGG ven mucha igualdad entre los tres candidatos. Un destacado miembro del equipo de Bea Fanjul apunta a que Dancausa tiene “un perfil más mediático”, que Landáburu “conoce muy bien la organización” y que a favor de Anglés juega la baza de ser “la única mujer” que se presenta.

Estreno del sistema mayoritario

La clave del proceso que elegirá al próximo líder de las juventudes del PP está en el estreno de un sistema electoral de doble vuelta y mayoritario. 

Cada circunscripción tiene asignados un número determinado de compromisarios que la representarán en la fase final del congreso del próximo 11 de julio. Cada una celebrará una elección propia con voto secreto en urna a una lista abierta de compromisarios que, previamente, habrán tenido que decir expresamente a qué candidato apoyan.

Quien obtenga la mayoría simple de votos se llevará todos los compromisarios de cada circunscripción, en un sistema similar al que se aplica en las elecciones presidenciales de EEUU. Esos compromisarios serán quienes escojan efectivamente a su presidente en una elección secreta en urna, lo que deja abierta la posibilidad de que opten por una papeleta diferente a la que habían dicho que iban a votar.

En caso de que un candidato decida retirarse, sus compromisarios pasarán a engrosar las filas de quienes queden en liza. Un detalle fundamental porque, como ocurriera en el pasado con Pablo Casado, la unión de perdedores en la primera ronda bien podría imponerse en la fase final del congreso.

En el PP sostienen que el cónclave debe servir para poner a prueba las dotes políticas y negociadoras de “los niños”. Ver si son capaces de resolver sus diferencias, de pactar y de evitar una guerra cruenta que deje heridas de las que tardan mucho en cerrarse. Algo que, de momento, no está ocurriendo.

No hay pruebas de que los servicios públicos de Madrid vayan a colapsar por la regularización extraordinaria de migrantes. El Tribunal Supremo ha hecho públicos los argumentos con los que rechazó hace unos días la petición del gobierno de Isabel Díaz Ayuso de paralizar esta medida de forma urgente, y entiende entre otras cosas que no hay peligro de que la sanidad, la educación o la vivienda pública vayan a entrar en crisis por tener que atender a cientos de miles de personas más. “No puede afirmarse, en este momento, que haya quedado acreditado”, dice el Supremo sobre el principal argumento de la Comunidad de Madrid. Los dos magistrados discrepantes entienden que la medida se trata de una “amnistía administrativa encubierta”.

Tanto la administración regional como Vox llevaron la regularización ante el Tribunal Supremo para solicitar su paralización urgente. Junto con ellos lo hicieron también asociaciones de corte ultra como HazteOír, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica -autora de los recursos que paralizaron las exhumaciones de Cuelgamuros- y la Asociación Libertad y Justicia. Los recursos de estas últimas son inadmitidas de plano por falta de legitimación activa.

La Comunidad de Madrid y sus servicios jurídicos incidieron en la idea de que los servicios públicos regionales estaban condenados al colapso si los tribunales no frenaban de urgencia la regularización. El gobierno de Ayuso, alegó el letrado, no había tenido tiempo para “planificar todos los servicios públicos” y advirtió del impacto para los servicios públicos de vivienda, educación, sanidad y servicios sociales. Reclamó un “escalonamiento” advirtió que las estructuras públicas madrileñas “no se encuentran dimensionadas para atender a nuevos cientos de miles”.

El Supremo seguirá estudiando el recurso y dictará en unos meses una sentencia sobre el fondo del asunto, pero en esta fase urgente entienden los magistrados que la Comunidad de Madrid no ha aportado pruebas para justificar la alarma. Ese perjuicio para el sistema público, dice el Supremo, “no puede afirmarse en este momento procesal que haya quedado acreditado sin género de duda”. Ni tampoco que pueda tener consecuencias irreversibles.

Por contra, los jueces recuerdan que una suspensión cautelar afectaría a los intereses de miles de personas que han solicitado estas autorizaciones. “La suspensión solicitada les determinaría a seguir en la situación de irregularidad administrativa”, explican los autos. Y además la regularización será reversible si es declarada nula en los tribunales. Una respuesta similar recibieron las alegaciones presentadas por Vox pero añadiendo una frase final sobre las consecuencias que tendría para todas esas personas suspender el proceso: “Con todo lo que ello entraña, humana, social y económicamente”.

Una “amnistía administrativa encubierta” para dos magistrados

Dos magistrados votaron en contra de esta decisión y apostaron por suspender la regularización de forma cautelar. Fueron Wenceslao Olea, exvocal del Consejo General del Poder Judicial, y Fernando Román, exsecretario de Estado de Justicia con Mariano Rajoy. Según estos dos jueces, la normativa choca con las leyes de la Unión Europea y podría haber sido suspendida de forma cautelar. Incluso plantearon la posibilidad de elevar una cuestión prejudicial a los tribunales comunitarios mientras tanto.

Para estos dos magistrados discrepantes, la medida del ejecutivo constituye una “amnistía administrativa encubierta”. Las autorizaciones concedidas, dicen estos dos jueces de la sala tercera, se imponen aunque exista una orden de expulsión o devolución pendiente de ejecutar. “Las referidas disposiciones implican, en la práctica, la privación de efectos de lo ya decidido en sede jurisdiccional, lo que puede ser calificado, desde una perspectiva material, como una forma de «olvido» de la sanción”, dice el voto particular.

En una clase de 25 alumnos en la Comunidad de Madrid hay, de media, siete alumnas cuyas familias están en situación de pobreza. De estas siete, tres de ellas tendrían derecho a beca de comedor mientras que las otras cuatro quedarían fuera del sistema. Así se resume la situación que vive la región en cuanto a uno de los derechos más importantes dentro del sistema educativo: el acceso a ayudas para que todos los menores que lo necesiten puedan comer en el cole.

La Plataforma Comedor Universal por Derecho publica este jueves un informe sobre la situación del sistema que reparte las becas para comedores escolares en la Comunidad. Analizando el reparto de las cuantías, los datos son claros: solo cuatro de cada diez menores en situación de pobreza tienen reconocida la ayuda. Una situación que no solo afecta a lo más obvio, a la comida, sino también a la posibilidad de los más pequeños de establecer vínculos con sus compañeros como iguales: “Se compromete tanto su derecho a la educación como su derecho a socializar en igualdad con el resto de sus compañeros”. En el conjunto de menores en etapa escolar, al menos dos de cada diez de estos niños y adolescentes no tienen garantizado este derecho.

Pero si hablamos de infancias migrantes que viven en la región, los datos empeoran todavía más, especialmente si nos fijamos en las familias en situación irregular. “La Comunidad dice que sus ingresos están pendientes de acreditar. Si no tienes permiso de trabajo tus ingresos son cero. Esto lleva a que más del 60% de las denegaciones de motivos económicos son para familias migrantes. Nos encontramos con un sistema aporofóbico y racista”, denuncia Roberto Borda, portavoz de la organización. En total este curso se acaba con más de 92.000 becas denegadas, casi un 40% de las solicitudes.

Críticas al presupuesto

Desde la Plataforma critican como otro de los puntos clave el presupuesto que se concede a estos subsidios. “Este año se ha adjudicado cerca del 98% del presupuesto previsto. Al no aumentar ni un euro el presupuesto de esta partida, no existe posibilidad de mayor crecimiento”, recogen. Sin embargo, en el curso 2025 el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso destinó casi un 20% más de dinero público a la contratación de la empresa privada que gestiona las solicitudes para las becas.

Según los datos recabados, la Comunidad destina al comedor escolar 35 céntimos diarios por cada estudiante. “Dicen que para el año que viene va a asignar el mismo presupuesto. Es un sistema que hasta aquí ha llegado”, critica Roberto Borda en declaraciones a elDiario.es. La organización propone un cambio: “La mejora que más va a asegurar los derechos de las infancias es que este sistema se derogue y se sustituya por un comedor universal”.

Entre las medidas que aconseja la asociación destacan: conceder una beca directa a cualquier menor en riesgo de pobreza, conceder la ayuda a familias cuyos ingresos dependen de prestaciones de garantía de ingresos o similar, como el Ingreso Mínimo Vital, incluir a las familias monomarentales entre los tipos de familias beneficiarias de beca sin criterio de renta, y aceptar la declaración responsable de ingresos como medio de acreditación de los mismos cunado en el año de referencia se carecía del permiso de residencia y trabajo. También devolver la gestión de las becas a los Centros Escolares, como ocurría hasta el año 2022.

Isabel Díaz Ayuso sube un poco más el tono contra el Gobierno de Pedro Sánchez. No pide una moción de censura, sabe que lo números no dan, pero sí ha exigido al Ejecutivo central que se someta a una cuestión de confianza para que, según ha expresado, se retraten los socios y miembros del gobierno después de las investigaciones contra los casos del PSOE. Además, la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha prometido una “contestación desconocida desde Madrid”.

A qué se refiere concretamente con esa “contestación desconocida” por el momento es una incógnita, aunque sí ha precisado sus palabras avisando a Sánchez: “Madrid responderá” y “dará todas las batallas. No nos vamos a callar ni una sola vez”, ha dicho, para explicar que no tiene por qué significar ir “al choque”, también con “mejores programas” o políticas.

Durante un encuentro informativo organizado este jueves en la capital por el diario El Mundo al que han asistido la expresidenta regional Esperanza Aguirre, Miguel Tellado o Alfonso Serrano, Ayuso ha cargado contra las últimas informaciones acerca de la investigaciones sobre el 'caso Leire' o el caso que afecta al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. La líder del PP de Madrid ha culpado a los socios del Gobierno por seguir apoyando a Sánchez y ha criticado que se alimente “el guerracivilismo”: “Jamás se había hablado tanto de la Guerra Civil”, ha asegurado, unos días después de que la Justicia suspendiera la declaración como lugar de memoria de la sede de su gobierno en la Puerta del Sol, un edificio que albergó torturas franquistas durante la dictadura.

Durante el foro y el posterior debate, Ayuso ha apuntado a Sánchez como el origen de los casos que se investigan, aunque también a Zapatero: “Es el padrino del sanchismo y, además, es el que borra las escenas del crimen dentro de todo”, ha asegurado. Además, la presidenta regional también ha indicado, sobre la frase de “el que pueda hacer, que haga” del expresidente José María Aznar, que estaría dispuesta a “convocar movilizaciones”, aunque las “útiles”, no “las que acaban dividiendo”. “El malestar general no puede quedarse sin respuesta”, ha añadido.

Marcando perfil propio, también se ha separado de las declaraciones del líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, que habló de “cambiar” España, aunque de una manera progresiva. Ayuso apuesta por un cambio drástico. “Todo activista colocado en cualquier institución pública y privada que no esté ahí por ser el mejor, desahuciado, fuera”. “Toda ley sectaria que se ha puesto sobre la marcha que lo único que hace es ir contra el sentido común”, también “fuera, erradicadas desde la primera semana”, ha asegurado.

1.250 euros al mes por la “revisión editorial” de una newsletter semanal. Es uno de los gastos cargados por Julio Pomés, presidente de Fundación Civismo, a este ‘think tank’ de orientación marcadamente derechista que apadrinan ultrarricos como Juan Abelló o la dueña de Prosegur, Helena Revoredo, y que en 2024 fichó como patrono a Javier Fernández-Lasquetty, ideólogo de las privatizaciones sanitarias de Esperanza Aguirre en Madrid y ex gurú económico de Isabel Díaz Ayuso.

elDiario.es ha tenido acceso a una factura de 7.500 euros brutos emitida a Civismo por su presidente y fundador el 28 de septiembre de 2023. El concepto o “referancia [sic] del trabajo” que figura es: “Revisión editorial de la newsletter semanal de la Fundación Civismo durante el primer semestre de 2023”. Equivale a 1.250 euros brutos al mes solo por revisar esa lista de distribución de noticias que la entidad lleva tiempo sin enviar a sus suscriptores. 

Preguntado por este asunto, Pomés reconoce la existencia de esos pagos y asegura que sus trabajos para Civismo van mucho más allá de revisar esas newsletter. “Las hago yo también”, dice al teléfono. “Aparte de ese trabajo”, afirma, hace “muchísimas más cosas” para la fundación. “Dedico 24 horas al día a la Fundación Civismo y dedico un montón de gastos a vivir en Madrid”, indicó en una breve conversación con este medio antes de colgar el teléfono.

Preguntado por este medio, Pomés no responde a la pregunta de si Civismo ha pagado el alquiler de la vivienda en el Paseo de la Castellana de Madrid en la que el lobista residió durante años, inmueble que al mismo tiempo albergaba la anterior sede de la entidad. “Solo había un baño que tenía dos puertas, una que daba a la oficina y otra a su casa”, explica una fuente con conocimiento directo del asunto, que pide el anonimato.

Pomés tampoco confirma que Civismo le comprase a su presidente durante años los ISBN (códigos identificativos de una publicación que funcionan como su DNI) para informes que publicaba la entidad. Según algunas fuentes, el 'think tank' adquiría esos ISBN (con el correspondiente sobreprecio) a una sociedad británica ya extinta, Economic Reviews LTD.

Esa sociedad pertenecía a Pomés, tal y como recoge el Registro Mercantil de Reino Unido. En el catálogo de la Biblioteca Nacional hay cerca de una decena de publicaciones editadas por Civismo con su propio ISBN: de estudios firmados por su presidente a un informe sobre el sector del vapeo y una monografía firmada por Agustín García Inda, actual CEO de la Corporación Empresarial Pública de Aragón (CEPA).

Pomés, que el mes pasado cumplió 76 años, está muy vinculado a Navarra (la única vivienda que tiene a su nombre es un céntrico piso en Pamplona). Su 'think tank' ha situado sistemáticamente a la Comunidad de Madrid a la cabeza del “Índice de Libertad Económica” de Civismo, que mide aspectos como el esfuerzo fiscal, el gasto público o el empleo público. En 2021, el propio Pomés entregó a Ayuso el premio anual de Civismo por convertir la región “en un inestimable reducto de libertad”.

La factura a la que ha tenido elDiario.es es posterior al fuerte incremento de las donaciones a Civismo que se produjo entre 2019 y 2022. Ese año la entidad registró un récord de gastos de 304.677 euros, con una importante desviación del 24% respecto a los 245.000 euros inicialmente presupuestados.

Así lo reveló un análisis de las cuentas del 'think tank' realizado en 2024 que confirmó que entre sus donantes estaban Abelló, Prosegur o el multimillonario Víctor de Urrutia, otro de sus patronos ultrarricos. La memoria anual que la entidad publica en su web no detalla cifras económicas.

Pomés, que compara a Pedro Sánchez con el ministro de Propaganda nazi, Joseph Goebbels, se dedicaba en los 90 a dar clases de Química (disciplina de la que es doctor) en la Universidad Pública de Navarra. A principios de siglo se recicló como lobista. Con un diploma en Alta Dirección de Empresas por el IESE, la escuela de negocios de la Universidad de Navarra (del Opus Dei), montó un 'think tank' allí (Institución Futuro) y luego Civismo, cuya primera sede estaba en Navarra.

Su hermano es Javier Pomés, ex eurodiputado de UPN-PP y ex consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, que fue imputado en 2025 por un delito contra la seguridad vial por conducir sin puntos en su carnet en Pamplona y en 2018 aceptó una condena de 16 meses de cárcel por alzamiento de bienes al ayudar a un jeque árabe a eludir una deuda millonaria con la Seguridad Social. Poco después, trascendía que Julio Pomés estaba pidiendo dinero por carta a empresarios de Navarra para financiar un informe contrario al gobierno que entonces lideraba Uxue Barcos, nacionalista de izquierdas.

“Estado limitado”

Civismo se define como “catalizador de ideas que trabaja en defensa de la libertad” y aboga por un “Estado limitado”. Forma parte de Atlas Network, red global de fundaciones y 'think tanks' de corte conservador y libertario impulsada por multimillonarios y fundaciones de derecha como la Fundación Koch, la Heritage Foundation y Templeton, así como grandes corporaciones de sectores como el petróleo, el tabaco y el farmacéutico.

Civismo lleva años calificando a España como “un infierno fiscal”, tal y como defiende Alberto Núñez Feijóo, líder del PP. Hace unos días organizó un encuentro sobre esta cuestión en el que un fiscalista que lleva meses acusando a Hacienda de “carterista” declaró que España se ha convertido en una “Corea del Norte en materia fiscal” y que la Agencia Tributaria es una “mafia”.

Los miembros del PP son habituales en actos del lobby, aunque también hay vínculos con la ultraderecha. Juan Ángel Soto, director de Civismo hasta 2021, fue luego director de Internacional de Disenso, la fundación de Vox. También estuvo muy vinculado a Civismo durante años Carlos Espinosa de los Monteros, ex Comisionado de Marca España y padre del exdiputado de Vox Iván Espinosa de los Monteros. El vicepresidente de la fundación es Juan Félix Huarte, heredero del constructor navarro Félix Huarte, que se hizo de oro durante la dictadura y construyó el Valle de los Caídos.

El actual director general de Civismo es Albert Guivernau, ex número dos en 2023 en las listas al Ayuntamiento de Barcelona por Valents, efímero partido conservador y constitucionalista. Hace un par de años El País lo incluyó en un reportaje sobre “los fans españoles” del histriónico presidente argentino, Javier Milei, en vísperas de su visita a España invitado por Ayuso. Economía Digital citaba hace unas semanas a Civismo entre los 15 think tanks “que marcan el pulso económico y político de España”.

La entidad tiene entre sus estudios más conocidos su “Día de la Liberación Fiscal”, cuándo calcula que un español deja de pagar impuestos cada año. En 2024, tras fichar a Lasquetty, otorgó su premio anual al juez jubilado Manuel García-Castellón.

Recientemente, ha lanzado un Centro de Análisis de la Sostenibilidad del Modelo Económico (CASME) del que forman parte figuras como Lasquetty, José Luis Feito (CEOE), Juan Iranzo (condenado por las tarjetas ‘black’) o Daniel Lacalle. Entre otras cuestiones se pregunta si “compensa no trabajar en España”: “En determinados contextos, no trabajar y depender de las ayudas sociales puede ser más ventajoso que aceptar un empleo formal con el SMI” por “la interacción” entre salario mínimo, subsidios por desempleo y trabajo sumergido, sostiene.

El director del CASME es el secretario general de la Fundación Civismo, el catedrático emérito de la Complutense Francisco Cabrillo, al que Ayuso nombró consejero de la Cámara de Cuentas madrileña junto al expresidente Joaquín Leguina. Allí cobra más de 124.000 euros anuales. Cabrillo ya fue colocado por Aguirre en 2004 para presidir el Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid. Poco después de cesar en 2012 presidió brevemente Libertad Digital, de la que fue socio otro ultrarrico patrono de Civismo, Víctor Ruiz, accionista de Azkoyen y fundador de la quebrada ingeniería Eurofinsa.

Cabrillo también llegó a ser nombrado presidente del consejo asesor de Madrid Network, opaca asociación a la que la Comunidad de Madrid destinó decenas de millones de dinero público cuyo rastro se ha perdido. Su nombramiento se anunció en 2012 a bombo y platillo aunque el máximo órgano fiscalizador de Madrid ha asegurado que tal consejo asesor “nunca se llegó a constituir”. 

Entre las personas que han asesorado a Civismo está el economista Javier Santacruz, asesor de la fundación del PP (Reformismo XXI) al que la Guardia Civil denunció en diciembre de 2024 por la supuesta extracción ilegal de tierras para Quantum Minería, que quiere abrir una mina de tierras raras en Ciudad Real.

Ex economista jefe de Civismo, administró brevemente (año y medio, hasta septiembre de 2018) la citada sociedad británica de Pomés, Economic Reviews LTD. Al teléfono, Santacruz vincula esa firma a la relación de Civismo con un 'think tank' de orientación similar en Londres, el Institute of Economic Affairs (IEA). Asegura desconocer esa operativa con los ISBN de los informes de Civismo.

Otras personas vinculadas a Civismo son el citado Lacalle (ex “jefe de Estrategia”), Cayetana Álvarez de Toledo, Fernando del Pino (de la familia dueña de Ferrovial), José María Rotellar (asesor a tiempo parcial del gobierno madrileño), Luis María Linde (gobernador del Banco de España con el PP) o Ignacio Ruiz-Jarabo, exdirector de la Agencia Tributaria con José María Aznar y columnista en medios de derechas.

Efecto dominó. CCOO y UGT, junto a la confederación de AMPAS Confapa, convocarán una huelga educativa indefinida en la Comunidad de Madrid a partir del primer día del próximo curso, según ha adelantado El País. La región más rica de España y la que menos invierte en sus colegios e institutos sigue así la senda de las maestras de Infantil de la comunidad, que suman un mes y medio de paro continuado, y de sus compañeros de la Comunitat Valenciana, que cuentan dos semanas ya.

Unas horas después de que se conociera esta convocatoria –pero no motivada por ella, porque no la conocían– Menos Lectivas, una organización de docentes, ha comunicado que su asamblea había tomado la misma decisión esa misma tarde. De la mano del sindicato CGT, también llamará a la huelga general indefinida en el mes de septiembre, a partir de una fecha aún sin concretar, han anunciado.

La idea de CCOO, UGT y Confapa es unir a todos los sindicatos de la comunidad en la protesta, han explicado fuentes de las organizaciones. Menos Lectivas ha contado que no han podido abordar la cuestión porque la han conocido al final de su reunión. Abordarán el tema más adelante.

“Venimos de un ciclo de movilizaciones en el tercer trimestre y pensábamos en una huelga para iniciar el curso, pero no en una indefinida”, admite Aída San Millán, secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO. “Pero el contexto ha cambiado. Ha cambiado con lo que están haciendo las compañeras del 0-3, hay una sensación de que los trabajadores están cambiando su forma de ver las movilizaciones”, asegura. Tras unas semanas de trabajo previo CCOO hizo este martes una asamblea a la que acudieron 280 personas –“una cifra muy alta para este tipo de cosas”–, muchos de ellos en representación de las plantillas de sus centros. “Votaron unánimemente que huelga indefinida”, explica. Pues huelga indefinida.

Las reivindicaciones son similares a las que presentan profesores por todo el país y van en dos línas: las mejoras laborales y una inyección de recursos que mejore el sistema con carácter general. “Pedimos subida salarial (tenemos los salarios más bajos, o como poco por debajo de la media del país, pese a ser la región más rica); bajada de horas lectivas en Infantil y Primaria a las 23 (ahora son 25) y de Secundaria a 18 (desde las 20 actuales); bajadas de ratios de alumnado por clase, especialmente para la atención a la diversidad; inversión en infraestructuras (hay centros con goteras); y menos burocracia”, explica la primera parte Chema Pinto, responsable de Enseñanza Pública de UGT.

Más recursos, en general (más dinero) permitirán mejorar un sistema que cada vez requiere más atención personalizada, pero no pone los medios para brindarla. “Llevamos años denunciando esta falta de inversión en educación pública en general, que repercute en todo: recursos para atender la diversidad en las aulas, acoso, profesionales para atender al alumnado con necesidades educativas especiales... Con más recursos se pueden solventar algunos de estos problemas”, sostiene Fernando Mardones, vicepresidente y portavoz de Confapa. También se reivindican otras cuestiones que no entran en esas dos categorías pero que afectan directamente a las familias, como la falta de plazas públicas en la FP, que “obliga a ir a la privada”.

San Millán explica que ahora el objetivo es lograr la unidad sindical, una de las razones por las que la huelga espera a septiembre. Las organizaciones se dan ese plazo para alcanzar un mínimo acuerdo sólido entre ellas, que permita negociar con el Gobierno regional en bloque, y también para ofrecer a la consejera, Mercedes Zarzalejo, la oportunidad de enmendar su política antes de que llegue el paro. Como ha pasado en la Comunitat Valenciana, donde la huelga sostenida durante dos semanas ha obligado al consejero al menos a sentarse.

La Comunidad de Madrid es la más rica de España, pero aparece sistemáticamente entre los últimos lugares (habitualmente el último) en inversión en Educación. El Gobierno regional destina aproximadamente el 2,2% de su PIB al sector, casi dos puntos menos que la media nacional. También está entre las que peor paga a sus docentes: el complemento de destino en Euskadi es de 400 euros mayor que el madrileño.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid va a ceder unos 80 institutos públicos de la región para alojar peregrinos durante la visita del Papa a Madrid el próximo mes de junio, según informó este lunes el Ejecutivo presidido por Isabel Díaz Ayuso en una nota. El comunicado especifica que este uso se realizará desde la tarde del viernes 5 de junio hasta la noche del domingo 7, por lo que no interferirá en la actividad lectiva regular de los centros.

La acogida de peregrinos y voluntarios por la visita del santo padre se circunscribirá exclusivamente a zonas como patios y gimnasios, según informó el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, que no descartó que el número de centros educativos pueda incrementar en los próximos días, ya que la Comunidad ha ofrecido hasta 100 colegios e institutos a la organización.

El sindicato STEM ha rechazado el uso de recursos públicos en favor de la Iglesia católica. “Es esta organización quien tiene que garantizar el alojamiento de quienes quieran acudir a la visita del Papa, organización que, por otra parte, ya se beneficia de múltiples privilegios por parte del Estado en sus diferentes niveles administrativos”, sostiene la organización.

“El privilegio de no pagar un alojamiento como el resto de turistas no tiene por qué facilitárselo la administración mediante la cesión de espacios que son de todos, más aún habiendo multitud de edificios escolares o de culto que gestiona la propia iglesia católica”, añade STEM. Solo Escuelas Católicas, la organización de la iglesia que gestiona sus centros educativos, tiene unos 350 escuelas en toda la región, según su propia web, la mayoría de ellas concertadas, y por tanto sostenidas con dinero público.

La medida podría ir contra la normativa propia de la Comunidad, que establece con carácter general que para utilizar los institutos públicos hay que pedir permiso al centro, aunque una orden posterior da un cierto margen a la administración.

Un decreto, una orden

La Comunidad explica en su nota que “ha ofrecido” los centros a la organización, sin especificar más, y profesorado de al menos dos de los institutos seleccionados en la ciudad de Madrid ha confirmado que no se ha solicitado permiso alguno. La normativa es ambigua.

El decreto 11/2018, por el que se regula el régimen de utilización de los inmuebles e instalaciones de los centros educativos públicos no universitarios en la Comunidad de Madrid establece que para utilizar un centro público hay que pedirlo y tiene que ser aceptado por el Consejo Escolar.

Dice el artículo 5.1a de este texto: “La solicitud [de uso], junto con la documentación pertinente, se dirigirá al centro escolar con una antelación mínima de veinte días hábiles respecto del comienzo previsto para la actividad a desarrollar. El Consejo Escolar del centro emitirá informe acerca de la solicitud recibida en el que, en todo caso, deberá señalar que el uso solicitado no interfiere en la actividad escolar del centro. Este informe se remitirá junto con la solicitud y documentación presentada por el solicitante a la Dirección de Área Territorial correspondiente. El Director de Área Territorial resolverá, al menos, con siete días hábiles de antelación al inicio de la actividad”.

Pero la orden 2355/2019, que desarrolla el anterior decreto, abre una pequeña puerta en algunos casos al fijar que “en aquellos centros en los que existieran instalaciones poco habituales entre las ordinarias de los centros educativos, tales como salones de actos o auditorios, con baja intensidad de uso por el propio centro en el desarrollo de las actividades que les son propias, se podrá autorizar la utilización de dichos espacios por terceros, aun dentro del horario lectivo, siempre que no interfiera en ninguna actividad prevista por el propio centro” (artículo 3.2).

El sindicato cierra mostrando sus “serias dudas acerca de los procedimientos formales y la responsabilidad civil durante los días de apertura de las instalaciones al turismo religioso, de quién es la responsabilidad por el uso de estos centros educativos, qué trabajadores desempeñarán sus funciones en los mismos, cómo se organizará el servicio y si los representantes legales de las plantillas han sido informados de las posibles modificaciones de las jornadas de trabajo de personal no docente”.

La Comunidad de Madrid tampoco ha respondido a estas preguntas.