“La concurrencia de un acontecimiento extraordinario y ajeno al riesgo normal del contrato -como fue la emergencia sanitaria derivada de la Covid-19- ha provocado una alteración sustancial de la base económica (...), generando un efecto de arrastre y consolidación de gastos no estructurales”. El Consell Jurídic Consultiu (CJC) se manifiesta en estos términos en el informe (documento completo al final de la información) que se hizo público el pasado mes de enero.

De esta forma, el órgano advirtió de que la Conselleria de Sanidad habría abonado a Ribera Salud, como empresa gestora de los hospitales públicos de Torrevieja, Dénia y Elche-Crevillente, y a Sanitas, como concesionaria del hospital público de Manises, un precio “inflado” por el servicio prestado por habitante (cápita) a partir del año 2020 al haber consolidado el aumento del gasto registrado de forma extraordinaria como consecuencia de la pandemia.

Al respecto, fuentes de la Conselleria de Sanidad han informado a elDiario.es de que como consecuencia de este informe, se remitió burofax a ambas mercantiles para convocarles a una reunión con el objetivo de abordar la repercusión del mismo en el cálculo de la cápita y por lo tanto de las liquidaciones desde el año 2022, cuando se normalizó la situación. La liquidación es el balance anual que se realiza entre lo abonado por la administración en concepto de cápita y otros gastos asociados a la gestión y los servicios realizados finalmente por la empresa.

Las mismas fuentes han comentado que la primera reunión se celebró el pasado 2 de febrero con el Grupo Ribera y la segunda el 9 de febrero con Sanitas: “Lo primero que se ha hecho ya es solicitar un informe a la Abogacía de la Generalitat con las indicaciones sobre el procedimiento administrativo a seguir para llevar a cabo la correcta aplicación del dictamen del CJC”.

El informe al CJC lo solicitó la propia Conselleria de Sanidad para dar cobertura legal a las liquidaciones realizadas con las empresas concesionarias (actualmente solo queda el hospital de Elche-Crevillente de gestión indirecta). Según el CJC, las liquidaciones calculadas a partir de la pandemia no son correctas puesto que el precio de la cápita que cada año se actualiza en función de unas variables está sobrevalorado por el gasto extraordinario que supuso la pandemia, puesto que una vez se normalizó la situación, no se descontó de la ecuación.

Como informó elDiario.es, la Sindicatura de Comtes puso de manifiesto que Sanidad hizo efectiva en mayo del pasado año la prórroga del contrato con Ribera Salud por la gestión del área de salud de Elx-Crevillente sin corregir este desfase, pese a que un informe de la Viceintervención General para la Administración Sanitaria (VGAS) advirtiera meses antes de esta situación. Incluso la cápita se actualizó al alza, en un 1,50%, quedando por tanto ésta fijada en 1.066,44 euros por persona, como advirtió esta redacción.

Según la Sindicatura, “el efecto del Covid incrementó excepcionalmente los indicadores que sirven de base para el cálculo de la cápita desde 2020” lo que supone “un posible enriquecimiento injusto a favor del contratista, según concluye la VGAS, dado que las liquidaciones son a favor de la concesionaria a partir de esa fecha”.

Al respecto, fuentes de Sanidad ya explicaron que “la prórroga se realizó porque el informe de la intervención fue de conformidad; en este informe de conformidad, el interventor hace la observación de hacer la consulta al CJC, cosa que se hace a continuación. Ese es el orden correcto. Si el informe hubiera sido de disconformidad alegando que antes había que hacer esa consulta al CJC, no se habría formalizado la prórroga”.

“La concurrència d’un esdeveniment extraordinari i alié al risc normal del contracte —com va ser l’emergència sanitària derivada de la Covid-19— ha provocat una alteració substancial de la base econòmica (...), cosa que ha generat un efecte d’arrossegament i consolidació de despeses no estructurals”. El Consell Jurídic Consultiu (CJC) es manifesta en aquests termes en l’informe (document complet al final de la informació) que es va fer públic el mes de gener passat.

D’aquesta manera, l’òrgan va advertir que la Conselleria de Sanitat hauria abonat a Ribera Salud, com a empresa gestora dels hospitals públics de Torrevella, Dénia i Elx-Crevillent, i a Sanitas, com a concessionària de l’hospital públic de Manises, un preu “unflat” pel servei prestat per habitant (capita) a partir de l’any 2020 per haver consolidat l’augment de la despesa registrada de manera extraordinària a conseqüència de la pandèmia.

Sobre aquest tema, fonts de la Conselleria de Sanitat han informat elDiario.es que, a conseqüència d’aquest informe, es va remetre burofax a totes dues mercantils per a convocar-los a una reunió amb l’objectiu d’abordar la repercussió d’aquest en el càlcul de la capita i, per tant, de les liquidacions des de l’any 2022, quan es va normalitzar la situació. La liquidació és el balanç anual que es fa entre l’abonat per l’Administració en concepte de capita i altres despeses associades a la gestió i els serveis prestats finalment per l’empresa.

Les mateixes fonts han comentat que la primera reunió es va celebrar el 2 de febrer passat amb el Grupo Ribera i la segona el 9 de febrer amb Sanitas: “El primer que s’ha fet ja és sol·licitar un informe a l’Advocacia de la Generalitat amb les indicacions sobre el procediment administratiu a seguir per a dur a terme l’aplicació correcta del dictamen del CJC”.

L’informe al CJC el va sol·licitar la mateixa Conselleria de Sanitat per a donar cobertura legal a les liquidacions fetes amb les empreses concessionàries (actualment només queda l’hospital d’Elx-Crevillent de gestió indirecta). Segons el CJC, les liquidacions calculades a partir de la pandèmia no són correctes, perquè el preu de la capita que cada any s’actualitza en funció d’unes variables està sobrevalorat per la despesa extraordinària que va suposar la pandèmia, ja que, una vegada es va normalitzar la situació, no es va descomptar de l’equació.

Com va informar elDiario.es, la Sindicatura de Comptes va posar de manifest que Sanitat va fer efectiva el maig de l’any passat la pròrroga del contracte amb Ribera Salud per la gestió de l’àrea de salut d’Elx-Crevillent sense corregir aquest desfasament, malgrat que un informe de la Viceintervenció General per a l’Administració Sanitària (VGAS) advertira mesos abans d’aquesta situació. Fins i tot la capita es va actualitzar a l’alça, en un 1,50%, i va quedar, doncs, fixada en 1.066,44 euros per persona, com va advertir aquesta redacció.

Segons la Sindicatura, “l’efecte del Covid va incrementar excepcionalment els indicadors que serveixen de base per al càlcul de la capita des del 2020”, cosa que suposa “un possible enriquiment injust a favor del contractista, segons conclou la VGAS, atés que les liquidacions són a favor de la concessionària a partir d’aquesta data”.

Sobre aquest tema, fonts de Sanitat ja van explicar que “la pròrroga es va fer perquè l’informe de la Intervenció va ser de conformitat; en aquest informe de conformitat, l’interventor fa l’observació de fer la consulta al CJC, cosa que es fa a continuació. Aquest és l’ordre correcte. Si l’informe haguera sigut de disconformitat al·legant que abans calia fer aquesta consulta al CJC, no s’hauria formalitzat la pròrroga”.

John de Zulueta Greenebaum, expresidente del Círculo de Empresarios y ex consejero delegado del grupo de sanidad privada Sanitas, ha fallecido este lunes, a un mes de cumplir 79 años. Así lo ha comunicado Línea Directa, compañía de la que era consejero independiente, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Hijo de republicanos españoles exiliados tras la Guerra Civil, John de Zulueta nació en Cambridge (Massachusetts, Estados Unidos) el 23 de febrero de 1947. Licenciado en Historia Contemporánea por la Universidad de Stanford, contaba con un MBA con honores por la Universidad de Columbia, en Nueva York.

El expresidente del Círculo de Empresarios, uno de los principales lobbies empresariales en España, desarrolló una larga carrera profesional vinculada a grandes corporaciones internacionales. Inició su trayectoria como consultor en The Boston Consulting Group, en San Francisco, y posteriormente ocupó puestos de alta dirección en compañías como PepsiCo, de la que fue presidente y director general en Barcelona, y Cadbury Schweppes, donde llegó a ser presidente en España, vicepresidente para el sur de Europa y consejero delegado de Schweppes.

Una de sus etapas más destacadas de su carrera fue al frente del grupo Sanitas, filial española de la británica Bupa Group, donde ejerció como consejero delegado durante 14 años. Además, presidió el grupo entre 2005 y 2009 y, más tarde, entre 2010 y 2012, fue presidente de USP Hospitales, otro grupo dedicado a la sanidad privada.

En el ámbito institucional, la junta directiva del Círculo de Empresarios le nombró presidente en 2018, cargo que ocupó durante tres años. En 2023 fue designado presidente de honor de la organización, a la que estaba vinculado desde 2004 y en la que también presidió el Comité de Sanidad.

De Zulueta también ejerció como vicepresidente de la Fundación Bankinter y patrono de las fundaciones DKV, Everis y Caser, además de consejero de la Universidad Europea (Laureate Group), una de las principales universidades privadas de España. También formó parte de la junta directiva de la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) y de la Comisión Especial para el Estudio del Desarrollo de la Sociedad de la Información en España.

De Zulueta formaba parte del consejo de administración de Línea Directa desde 2025 y, desde la salida a Bolsa de esta compañía en 2021, había presidido la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo hasta abril de este año. 

La compañía y su consejo han lamentado “profundamente” su fallecimiento y han trasladado su pésame a la familia en el comunicado remitido al supervisor bursátil. Línea Directa ha señalado que “su dedicación y visión fueron clave en su camino”.

La Sindicatura de Comptes ha destapado un nuevo agujero negro en el denominado 'modelo Alzira' (la privatición de hospitales y centros públicos, que implantó el PP de Eduardo Zaplana y Francisco Camps en la Comunitat Valenciana en cinco departamentos de Salud). El informe publicado este lunes (volumen 1, página 26) revela que el Tribuna de Cuentas investiga si hay “responsabilidad contable” en el abono por parte la Conselleria de Sanidad al Instituto Valenciano de Oncología (IVO) de la atención de pacientes oncológicos asignados a departamentos de salud privatizados, gestionados por lo tanto por Ribera Salud (Alzira, Dènia, Torrevieja y Elche-Crevillente) o por Sanitas (Manises). De todos ellos, solo queda privatizado el de Elche-Crevillente.

Esta situación implicaría que Sanidad habría pagados dos veces por el servicio, en concreto entre los años 2013 y 2023, según la investigación del mencionado Tribunal. El IVO es una fundación que se nutre prácticamente en su totalidad de fondos públicos de la Generalitat al que por lo tanto puede acudir de forma voluntaria cualquier valenciano, independientemente del hospital que tenga asignado en función de su zona de residencia, unos servicios que después paga la Conselleria de Sanidad. Lo que investiga el Tribunal de Cuentas es si Sanidad ha incurrido en un doble pago cuando estos pacientes atendidos en el IVO pertenecen o han pertenecido a un departamento de salud privatizado, puesto que entre los pagos que realiza la administración a las empresas por cada habitante adscrito a la zona gestionada (cápita) también se incluyen los tratamientos oncológicos.

En concreto, el mencionado documento destaca entre otras cuestiones analizadas que “la Consellería de Sanidad ha asumido el coste de los tratamientos facturados por la Fundación Instituto Valenciano de Oncología (IVO) de varios pacientes asignados a las concesionarias”.

Esta situación, “señalada reiteradamente por la Sindicatura, está siendo analizada por el Tribunal de Cuentas, que ha abierto diligencias preprocesales a fin de determinar la posible existencia de responsabilidad contable, que se encuentran en tramitación”. En este sentido “en 2025 la consellería ha repercutido gastos oncológicos por un importe de 45,4 millones de euros a las concesionarias, que han presentado recursos”.

Al respecto, fuentes de Sanidad han explicado a elDiario.es que este cálculo forma parte de las liquidaciones y que precisamente por este motivo han reclamado 45 millones de euros tanto a Ribera Salud como a Sanitas. En el caso de Ribera Salud las mismas fuentes han asegurado que ya han abonado la cuantía reclamada. A preguntas de esta redacción ambas empresas han preferido no hacer comentarios.

Tras extender el PP el 'modelo Alzira', el Gobierno del Botánico de izquierdas recuperó la gestión pública de los hospitales de Alzira y Torrevieja, ambos en manos de Ribera Salud. Además, inició los trámites para hacer lo propio con el de Dénia, también gestionado por Ribera Salud, y con el de Manises, por Sanitas. Con el cambio de color político al frente de la Generalitat, el PP de Carlos Mazón finalizó ambos procesos, pero prorrogó cinco años el contrato de Ribera Salud en el hospital del Vinalopó, en Elche, en base a unas supuestas auditorías de calidad y eficiencia que nunca se han hecho públicas.

Entre los muchos problemas que presenta este modelo, tales como deficiencias estructurales de los contratos, dificultad para implementar mecanismos de control o la elevada litigiosidad, destaca también las dificultades para realizar las liquidaciones finales de cada ejercicio, es decir, el balance económico en el que se calcula si la Generalitat debe aportar cuantías adicionales a las empresas gestoras por atenciones extraordinarias y otros gastos imprevistos o si por el contrario son las mercantiles las que deben devolver dinero a la administración, entre otros aspectos, por pacientes asignados a las áreas de salud privatizados que finalmente han sido atendidas en centros públicos.

El conseller Marciano Gómez puso en valor la semana pasada en el pleno de las Corts que durante su responsabilidad en la conselleria en estos dos últimos dos años se han regularizado 35 liquidaciones de las concesiones y se han ingresado ya en las cuentas de la Generalitat cerca de 300 millones de euros (240 millones de Sanitas y 60 de Ribera Salud), mientras que en 8 años del Botànic fueron 26 liquidaciones.

El escándalo derivado de la publicación de unos audios del consejero delegado de Ribera Salud, Pablo Gallart, planteando aumentar las listas de espera y rechazar procesos no rentables por criterios económicos en el Hospital Universitario de Torrejón destapados por el diario El País no han hecho sino poner en evidencia la ineficacia e insostenibilidad del modelo.

El Consell ha publicado este miércoles en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) los acuerdos del 5 de agosto de autorización de los expedientes de resarcimiento (por enriquecimiento injusto) 16/2025 y 17/2025 por obligaciones contraídas en los ejercicios de 2011 a 2014 y de 2015 con la empresa Sociedad Especializada y Primaria l'Horta Manises SA, filial de la aseguradora Sanitas concesionaria del Hospital de Manises hasta mayo de 2024.

De este modo, el Gobierno valenciano aprueba la imputación al presupuesto corriente de 2025 las obligaciones económicas generadas en los ejercicios de 2011 a 2014, por un importe de 15.315.713,40 euros, y en 2015, por 578.797,75 euros, correspondiente a gasto farmacéutico; cantidades que suman un total de 15.894.511,15 euros, hasta 2015.

Se da la circunstancia que la Generalitat acuerda este abono en un momento en el que le reclama a la concesionaria 246 millones de euros por liquidaciones pendientes -diferencia entre lo inicialmente abonado por la administración y el coste real de los servicios prestados- de los ejercicios 2011 a 2022 (el departamento que dirige Marciano Gómez trabaja también en la liquidación de 2023, último año antes de que fuera efectiva la reversión del departamento sanitario de Manises).

Al cierre de esta edición, y consultada por elDiario.es, la Conselleria de Sanidad no ha confirmado cuál es la situación respecto a los ejercicios posteriores a 2015 y si existe alguna deuda más contraída con la empresa adjudicataria por enriquecimiento injusto en relación al coste de los medicamentos.

Sanitas adeuda 246 millones de euros por las liquidaciones

El Consell reclama 246 millones de euros a Sociedad Especializada y Primaria l'Horta Manises SA, empresa concesionaria del área de Manises, privatizada por el Gobierno de Francisco Camps siguiendo el conocido como 'modelo Alzira'. Esta cantidad corresponde a las liquidaciones pendientes de los ejercicios de 2011 a 2022. Las liquidaciones de 2009 y 2010 ya fueron resueltas por la filial de Sanitas, mientras que queda pendiente la de 2023.

La mercantil aclaraba a elDiario.es que todavía no existe un acuerdo al respecto con la Conselleria de Sanidad al entender la aseguradora que las cantidades reclamadas por la Generalitat “no se ajustan a lo previsto en el contrato de concesión, los pliegos y los acuerdos de la comisión mixta”. No obstante, la compañía asegura estar dispuesta a realizar las liquidaciones correspondientes en cada uno de los ejercicios durante los años de la concesión.

El Consell ha publicat dimecres en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) els acords del 5 d’agost d’autorització dels expedients de rescabalament (per enriquiment injust) 16/2025 i 17/2025 per obligacions contretes en els exercicis del 2011 al 2014 i del 2015 amb l’empresa Sociedad Especializada y Primaria l'Horta Manises SA, filial de l’asseguradora Sanitas concessionària de l’Hospital de Manises fins a maig del 2024.

D’aquesta manera, el Govern valencià aprova la imputació al pressupost corrent del 2025 les obligacions econòmiques generades en els exercicis del 2011 al 2014, per un import de 15.315.713,40 euros, i el 2015, per 578.797,75 euros, corresponent a despesa farmacèutica; quantitats que sumen un total de 15.894.511,15 euros, fins al 2015.

Es dona la circumstància que la Generalitat acorda aquest abonament en un moment en què reclama a la concessionària 246 milions d’euros per liquidacions pendents –diferència entre l’abonat inicialment per l’Administració i el cost real dels serveis prestats– dels exercicis 2011 a 2022 (el departament que dirigeix Marciano Gómez treballa també en la liquidació del 2023, últim any abans que fora efectiva la reversió del departament sanitari de Manises).

Al tancament d’aquesta edició, i consultada per elDiario.es, la Conselleria de Sanitat no ha confirmat quina és la situació respecte dels exercicis posteriors al 2015 i si hi ha cap deute més contret amb l’empresa adjudicatària per enriquiment injust pel que fa al cost dels medicaments.

Sanitas deu 246 milions d’euros per les liquidacions

El Consell reclama 246 milions d’euros a Sociedad Especializada y Primaria l'Horta Manises SA, empresa concessionària de l’àrea de Manises, privatitzada pel Govern de Francisco Camps seguint el conegut com a ‘model Alzira’. Aquesta quantitat correspon a les liquidacions pendents dels exercicis del 2011 al 2022. Les liquidacions del 2009 i del 2010 ja van ser resoltes per la filial de Sanitas, mentre que queda pendent la del 2023.

La mercantil aclaria a eDiario.es que encara no hi ha un acord sobre el tema amb la Conselleria de Sanitat perquè l’asseguradora entén que les quantitats reclamades per la Generalitat “no s’ajusten al que es preveu en el contracte de concessió, els plecs i els acords de la comissió mixta”. No obstant això, la companyia assegura que està disposada a fer les liquidacions corresponents en cadascun dels exercicis durant els anys de la concessió.

Un total de 246 milions d’euros. Aquesta és la quantitat que deu l’empresa gestora Sociedad Especializada y Primaria l’Horta Manises SA, filial de l’asseguradora Sanitas, responsable de la gestió de l’hospital privatitzat de Manises, a la Generalitat Valenciana corresponent a les liquidacions dels exercicis entre el 2011 i el 2022, i que li reclama la Conselleria de Sanitat (les liquidacions corresponen a la diferència entre l’abonat inicialment per l’Administració i el cost real dels serveis). A més, la Generalitat també treballa en el cobrament de la liquidació de l’exercici del 2023, l’últim complet abans de la reversió de la gestió del departament de salut.

Aquest centre hospitalari va tornar a la gestió directa el maig del 2024, quan van finalitzar els quinze anys de contracte de concessió d’aquest departament de salut. La reversió va començar amb el Botànic en la Generalitat i la seua política de no renovar les concessions sanitàries privatitzades i va culminar ja amb el PP de Carlos Mazón al capdavant del Consell.

Segons expliquen des del departament que dirigeix Marciano Gómez a elDiario.es, en aquests dos anys de legislatura s’han reclamat les liquidacions d’aquestes dotze anualitats, mentre que les del 2009 i el 2010 es van fer durant els huit anys de les dues legislatures anteriors: “El que fem és complir el contracte”, una situació, sostenen “alineada amb l’interés general”. “Demanarem a l’empresa que faça efectiu el pagament”, insisteixen.

Tal com va avançar elDiario.es, fins hui la filial de Sanitas només ha abonat a la Generalitat les liquidacions corresponents als anys 2009 i 2010, els dos primers que es va fer càrrec del departament de salut; un total de 22,1 milions d’euros (8,4 del 2009 i 13,7 del 2010) que es van abonar el 2023 després d’un llarg procés judicial.

Amb data 10 d’octubre de 2024, la Conselleria de Sanitat va notificar l’acord d’inici de l’expedient de liquidació dels exercicis 2011, 2012, 2013 i 2014; i l’11 de febrer passat va notificar a la societat els informes econòmics preliminars corresponents a aquests exercicis, que presenten diferències amb els saldos registrats per Sanitas, motiu pel qual ha presentat al·legacions. Primària L'Horta Manises va recórrer davant la sala contenciós-administrativa del Tribunal Superior de Justícia valencià (TSJCV) sol·licitant la suspensió cautelar de l'execució d'aquestes liquidacions, unes mesures cautelars que van ser desestimades per l'alt tribunal valencià en una resolució del passat 22 de juliol.

Sanitas va rebre fins al 2022 un total de 1.960 milions d’euros en concepte de preu inicial del contracte (les anualitats van passar de 59 milions d’euros del 2009 a 185 del 2022 segons l’informe elaborat per la Conselleria mateixa); i la capita (preu que Sanitat paga a la concessionària per habitant de l’àrea de salut) va passar de 597,64 euros el primer any de concessió a 932,19 euros el 2022, cosa que representa un increment del 56%.

Sanitas impugna les liquidacions

Segons explicaven des de l’empresa a elDiario.es, la Conselleria de Sanitat i L’Horta Manises no han arribat a un acord en les liquidacions dels anys 2011 i 2022, per la qual cosa la mercantil ha presentat recurs contenciós administratiu davant el TSJ de València, impugnant les liquidacions esmentades, “perquè entén que aquestes no s’ajusten al que es preveia en contracte de concessió, els plecs i els acords de la Comissió Mixta”.

Així doncs, expliquen que la Conselleria pagava a la concessionària mensualment l’import de la capita, corresponent a la població pertanyent Departament de Salut de Manises i anualment s’havia de fer una liquidació en què s’ajusten altres conceptes, entre els quals s’inclou la facturació intercentres: “És a dir, el pagament de la concessió a la Generalitat per la població del Departament de Salut de Manises que acudeix a centres de la Conselleria de Sanitat, i el pagament de la Conselleria de Sanitat a Manises per pacients d’altres àrees de salut que són atesos a Manises”.

No obstant això, la companyia assegura que està disposada a fer les liquidacions corresponents en cadascun dels exercicis durant els anys de la concessió, “i així ho ha fet saber en reiterades ocasions a l’Administració”: “Com sempre hem mantingut, Manises es limita a exigir l’estricte compliment del contracte, els plecs i els acords adoptats en comissió mixta”; i defensen que “sempre hem complit les nostres obligacions, i continuem disposats a fer-ho”.

Segons detallen, el TSJV ja va establir en el seu moment quins eren els criteris per a efectuar les liquidacions d’aquest contracte, “segons aquests criteris reconeguts per sentència ferma, vam fer el pagament de les liquidacions 2009-2010”, ressenyen, i afigen que en el període de la concessió han invertit un total de 138,1 milions d’euros, “tal com indicava el plec”.

En tot cas, la concessionària “no està d’acord amb el criteri utilitzat per a fer les liquidacions i estem a l’espera de pronunciament judicial sobre això, tal com ja va passar en les liquidacions corresponents als exercicis 2009-2010, que la justícia va ordenar fer seguint el criteri establit en el plec, tal com defensava la companyia”.

Un total de 246 millones de euros. Esa es la cantidad que adeuda la empresa gestora Sociedad Especializada y Primaria l'Horta Manises SA, filial de la aseguradora Sanitas, responsable de la gestión del hospital privatizado de Manises, a la Generalitat Valenciana correspondiente a las liquidaciones de los ejercicios entre 2011 y 2022, y que le reclama la Conselleria de Sanidad (las liquidaciones corresponden a la diferencia entre lo inicialmente abonado por la administración y el coste real de los servicios). Además, la Generalitat también está trabajando en el cobro de la liquidación del ejercicio de 2023, el último completo antes de la reversión de la gestión del departamento de salud.

Este centro hospitalario regresó a la gestión directa en mayo de 2024, cuando finalizaron los quince años de contrato de concesión de este departamento de salud. La reversión comenzó con el Botànic en la Generalitat y su política de no renovar las concesiones sanitarias privatizadas y culminó ya con el PP de Carlos Mazón al frente del Consell.

Según explican desde el departamento que dirige Marciano Gómez a elDiario.es, en estos dos años de legislatura se han reclamado las liquidaciones de esas doce anualidades, mientras que las de 2009 y 2010 se realizaron durante los ocho años de las dos anteriores legislaturas: “Lo que hacemos es cumplir con el contrato”, una situación, sostienen “alineada con el interés general”. “Vamos a pedir a la empresa que haga efectivo el pago”, insisten.

Tal y como avanzó elDiario.es, hasta la fecha la filial de Sanitas solo ha abonado a la Generalitat las liquidaciones correspondientes a los años 2009 y 2010, los dos primeros que se hizo cargo del departamento de salud; un total de 22,1 millones de euros (8,4 de 2009 y 13,7 de 2010) que se abonaron en 2023 tras un largo proceso judicial.

Con fecha 10 de octubre de 2024, la Conselleria de Sanidad notificó el acuerdo de inicio del expediente de liquidación de los ejercicios 2011, 2012, 2013 y 2014; y el pasado 11 de febrero notificó a la sociedad los informes económicos preliminares correspondientes a estos ejercicios, que presentan diferencias con los saldos registrados por la Sanitas, motivo por el cual ha presentado alegaciones. Primaria L'Horta Manises recurrió ante la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) solicitando la suspensión cautelar de la ejecución de estas liquidaciones, unas medidas cautelares que fueron desestimadas por el alto tribunal valenciana en una resolución del pasado 22 de julio.

Sanitas recibió hasta 2022 un total de 1.960 millones de euros en concepto de precio inicial del contrato (las anualidades pasaron de los 59 millones de euros de 2009 a los 185 de 2022 según el informe elaborado por la propia Conselleria); y la cápita (precio que Sanidad paga a la concesionaria por habitante del área de salud) pasó de los 597,64 euros el primer año de concesión a los 932,19 euros en 2022, lo que representa un incremento del 56%.

Sanitas impugna las liquidaciones

Según explicaban desde la empresa a elDiario.es, la Conselleria de Sanidad y L’Horta Manises no han alcanzado un acuerdo en las liquidaciones de los años 2011 y 2022, por lo que la mercantil ha presentado recurso contencioso-administrativo ante el TSJ de Valencia, impugnando las citadas liquidaciones, “al entender que las mismas no se ajustan a lo previsto en Contrato de concesión, pliegos y los acuerdos de Comisión Mixta”.

Así, explican que la conselleria pagaba a la concesionaria mensualmente el importe de la cápita, correspondiente a la población perteneciente Departamento de Salud de Manises y anualmente se debía realizar una liquidación en la que se ajustan otros conceptos, entre lo que se incluye la facturación intercentros: “Es decir, el pago de la concesión a la Generalitat por la población del Departamento de Salud de Manises que acude a centros de la Conselleria de Sanidad, y el pago de Conselleria de Sanidad a Manises por pacientes de otras áreas de salud que son atendidos en Manises”.

No obstante, la compañía asegura estar dispuesta a realizar las liquidaciones correspondientes en cada uno de los ejercicios durante los años de la concesión, “y así se lo ha hecho saber en reiteradas ocasiones a la Administración”: “Como siempre hemos mantenido, Manises se limita a exigir el estricto cumplimiento del contrato, pliegos y los acuerdos adoptados en comisión mixta”; y defienden que “siempre hemos cumplido con nuestras obligaciones, y seguimos dispuestos a hacerlo”.

Según detallan, el TSJV ya estableció en su día cuáles eran los criterios para efectuar las liquidaciones de este contrato, “según tales criterios reconocidos por sentencia firme, realizamos el pago de las liquidaciones 2009-2010”, reseñan, para añadir que en el periodo de la concesión han invertido un total de 138,1 millones de euros, “tal como indicaba el pliego”.

En todo caso, la concesionaria “no está de acuerdo con el criterio empleado para realizar las liquidaciones y estamos a la espera de pronunciamiento judicial a este respecto, tal y como ya ocurrió en las liquidaciones correspondientes a los ejercicios 2009-2010, que la justicia ordenó realizar siguiendo el criterio establecido en el pliego, tal y como defendía la compañía”.

El llamado modelo 'Alzira' –por el cual, durante la anterior del PP al frente del Gobierno valenciano, se adjudicó a empresas privadas la gestión de hospitales y centros de salud de diferentes comarcas– sigue generando quebraderos de cabeza a la administración autonómica y, sobre todo, una deuda millonaria en un momento en el que se ha incurrido en impagos a las farmacias por falta de fondos.

En la actualidad, tan solo se mantiene este modelo en el hospital de Elx-Vinalopó, ya que el pasado mes de mayo se hizo efectiva la prórroga de cinco años a Ribera Salud, empresa gestora. El Gobierno del Botánico inició el proceso de recuperación pública de los departamentos privatizados a medida que fueron acabando los contratos, empezando por el de Alzira, al que siguió el de Torrevieja. En el caso de Dénia y Manises, el proceso de reversión lo inició la izquierda y lo culminó el ejecutivo del PP dirigido por Carlos Mazón.

Este último, el de Manises, gestionado por Sanitas, fue el último que se recuperó para la gestión directa al finalizar el contrato adjudicado en 2009 el pasado 6 de mayo de 2024. Más de un año después, la empresa gestora Sociedad Especializada y Primaria l'Horta Manises SA, filial de la compañía aseguradora, mantiene una deuda millonaria con el Gobierno valenciano a cuenta de las liquidaciones anuales, esto es, la diferencia entre lo inicialmente abonado por el sector público y el coste real de los servicios. Una cuenta que depende de diversas variables y que normalmente sale a favor de la administración, ya que suele abonar inicialmente más de lo que le corresponde.

Por este motivo, según la información recabada por elDiario.es, hasta ahora la empresa solo ha abonado a la Generalitat las liquidaciones correspondientes a los años 2009 y 2010, los dos primeros que se hizo cargo del departamento de salud. El pago, 22,1 millones de euros (8,4 de 2009 y 13,7 de 2010) se realizó en 2023 tras un largo proceso judicial, puesto que es práctica habitual que las empresas recurran las liquidaciones. En este caso, con en fecha 11 de abril de 2024 el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana falló en contra de la Conselleria de Sanitat para que aprobara con carácter definitivo las liquidaciones de los ejercicios 2009 y 2010 y para que liquide los ejercicios de 2011 a 2021, ambos inclusive.

Según la documentación consultada, con fecha 10 de octubre de 2024, la Conselleria de Sanitat ha notificado acuerdo de inicio del expediente de liquidación de los ejercicios 2011, 2012, 2013 y 2014. Con fecha 11 de febrero de 2025, notificó a la sociedad informes económicos preliminares correspondientes a los ejercicios indicados, que presentan diferencias con los saldos registrados por la Sanitas, motivo por el cual ha presentado alegaciones. A preguntas de elDiario.es, ni la compañía aseguradora ni la Consellería han ofrecido información o comentarios sobre el montante de las cuantías reclamadas.

En agosto de 2023 la Conselleria trasladó al diputado de Compromís, Carles Esteve, que las empresas concesionarias de los hospitales privatizados valencianos debían en ese momento 641 millones de euros a la Generalitat, de los que 350 correspondían a Sanitas, una vez descontados los 22,1 abonados. Sin embargo, el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, rebajó en noviembre del mismo año la cuantía global de 641 millones a 356 millones de euros, supuestamente porque Ribera Salud hizo frente a diversos pagos pendientes correspondientes al hospital de Dénia.

La Generalitat ha abonado más de 2.000 millones a Sanitas

Los pagos reclamados por la Conselleria de Sanidad cuando se realizan las liquidaciones se producen porque ha habido un excedente en lo abonado previamente por la administración. Este de los factores que hacen de que este sistema de gestión implantado por el PP sea ruinoso para las arcas públicas. En el caso de Manises, como informó este diario, hasta el ejercicio 2022, Sanitas habrá recibido por parte de la Generalitat Valenciana en concepto de precio inicial del contrato un total de 1.960 millones de euros, un precio inicial que se ha multiplicado por tres al pasar de los 59 millones de 2009 a los 185 millones de 2022, según un informe de la propia conselleria.

La cápita (tarifa que paga Sanidad a la concesionaria por habitante) establecida para el inicio de la concesión de Manises se fijó en 597,64 euros en el año 2009, siendo 932,19 euros para el año 2022, lo que representa un incremento del 56% de la prima presupuestaria respecto de su inicio.

El presidente de Colombia, el izquierdista Gustavo Petro, manifestó esta semana que hablará personalmente con el jefe del Estado de España, el rey Felipe VI, para denunciar las actuaciones en su país del empresario alavés Joseba Grajales, al que llamó “criminal” y pidió que se fuera de allí para siempre. “Éste es el mayor robo al pueblo colombiano desde el oro de los españoles y el trabajo esclavo”, ha solemnizado. Grajales es el dueño grupo Keralty (o Sanitas Internacional), uno de los prestatarios del servicio sanitario colombiano, y ha respondido que denunciará al mandatario colombiano por “injurias, calumnias y actos de discriminación”.

Las palabras de Petro [aquí se puede ver un resumen amplio] han levantado una gran polvareda en Colombia, donde ya se llevan años discutiendo sobre el papel de Keralty. La figura de Grajales ha ocupado tertulias, espacios informativos y páginas de prensa en los últimos días. Pero, ¿quién es? Grajales es un empresario cercano al PNV que, hasta 2021, aparecía como uno de los cien más ricos de España en la lista Forbes. Se le atribuía entonces una fortuna de 250 millones de euros.

Gamesa o Guascor -que llegó a ser patrocinador del Deportivo Alavés en sus mejores momentos de comienzos del siglo XXI- fueron algunos de sus grandes proyectos empresariales, en los que Grajales estuvo acompañado de Juan Luis Arregui. La multinacional Siemens puso millones para quedárselos. Tiene también proyectos de hidrocarburos y 'fracking' en Estados Unidos.

Pero su gran bandera ahora mismo es el grupo Keralty o Sanitas Internacional. Su sede societaria está en una casa en carretera que une Vitoria con la academia de la Ertzaintza en Arkaute y también tiene actividad en el parque tecnológico de Miñano, a las afueras de la capital vasca. Sin embargo, es una empresa prácticamente desconocida en Euskadi. La gran actividad de Keralty se da en el extranjero, tanto en Asia como en América. En 2024 ha iniciado ya su expansión también en Oriente Medio y África. Según sus propios datos, tiene 9.692 médicos y 28.486 empleados en total, presencia en 722 ciudades, con trece hospitales propios, y 10,6 millones de asegurados.

Grajales ha fichado para esta gran empresa a dos exconsejeros vascos de Salud, ambos del PNV. Quien lleva más tiempo con él -también en otros negocios- es Jon Azua, de 72 años. Ocupó el cargo entre 1985 y 1987 y luego de 1991 a 1995 fue vicelehendakari y consejero de Industria también. Más recientemente, en 2019, fichó a Jon Darpón luego de que tuviera que dimitir por las denuncias por las irregularidades en las oposiciones médicas de 2018. La Comisión de Ética llegó a intervenir para analizar si este salto de la Sanidad pública a la privada implicaba un conflicto de intereses, pero se estimó que no. Darpón empezó como responsable para Eurasia de Keralty y ahora mismo es director de operaciones mundial para infraestructuras clínicas, según la web de la compañía. Dos de sus colaboradoras en la etapa en el Gobierno vasco, Fátima Ansotegi y Mayte Bacigalupe, ocupan también puestos de responsabilidad en Keralty.

En Colombia, la atención sanitaria se presta a través de entidades llamadas EPS, generalmente privadas. Keralty es una de ellas. Según Petro, su actuación allí está siendo “una barbaridad”, con deudas a hospitales y clínicas, entre otras incidencias. Asegura que Grajales es un “criminal” porque su aseguradora “mata colombianos y niños en masa”. Comete “un crimen de lesa humanidad”, agregó el presidente del país, muy contundente. Agregó, igualmente, que Keralty financia partidos políticos para lograr sus objetivos legislativos. Remarcó que “está prohibido” que entidades extranjeras apoyen “campañas” de organizaciones políticas.

Financiación de la oposición

En concreto, en el contexto de las elecciones de 2022, Keralty hizo “aportes” por valor de 145 millones de pesos. Es el equivalente a unos 35.000 euros. Estuvieron “repartidos en siete partidos o movimientos” de la oposición, en su mayoría centristas o derechistas. A saber, Cambio Radical (40 millones), Centro Democrático (40), Los Verdes (25), la U (15), el Partido Liberal (10), ASI (10) y Colombia Justa y Libre (5). Los datos los facilitó en Radio Caracol -del grupo Prisa- el abogado de Keralty, Juan David Riveros. Mientras Petro sostiene que “ponen el dinero debajo de los políticos” para asegurar su negocio, ya que el Congreso tumbó la reforma sanitaria del Gobierno, la empresa replica que las donaciones las hace una filial creada en Colombia a comienzos de la década de 1991, con nombre Colsanitas, y no la matriz extranjera.

“No es como el presidente lo está queriendo mostrar. Las donaciones se han hecho en el marco de la ley. Es lo que permite la ley. Están registradas en la contabilidad de la compañía y en la de los partidos. Nada se ha hecho de manera oculta. Nada se ha hecho por debajo de la mesa. Nada se ha hecho buscando ningún favorecimiento. Son donaciones prácticamente simbólicas, para contribuir con el proceso democrático. No tienen finalidad de comprar conciencias ni buscar votos en un sentido”, agregó Riveros.

En el origen de esta controversia está la intervención del Estado colombiano sobre la EPS Keralty por supuestas irregularidades. La empresa insiste en que ha operado con “cuatro” Gobiernos diferentes y que ha superado todo tipo de investigaciones y controles sin mácula. “Hemos estado sometidos a escrutinio”, recalca el abogado. También esgrimen que la Corte Constitucional ha levantado ya la intervención y que Keralty vuelve a tener pleno control sobre la empresa.

Si Petro sostiene que Grajales “roba la plata”, su representante legal apunta que “la plata se va en la prestación de servicios” porque “de cada 100 pesos que recibe la EPS tiene que destinar 114 a gastos médicos”. Denuncia también que en el tiempo de la intervención estatal se han demorado pagos y compromisos y se ha empeorado el servicio. En 2022, según 'El País' de Colombia, Keralty acreditó 58 millones de dólares estadounidenses de beneficios en el país, unos 50 de euros al cambio actual. Un grupo de profesionales, en un comunicado publicado este mes de julio, ha asegurado también que la intervención ha acarreado consecuencias más negativas, como un 25% de incremento de la mortalidad entre pacientes crónicos.

“Llevamos en Colombia más o menos 40 años colaborando en la consolidación del sistema de salud. Es lamentable la actitud hostil del presidente de la república. Para el grupo, para los directivos, para los propietarios, por encima de eso está el compromiso con la gente que ha confiado su salud en nosotros. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para continuar aportando el conocimiento, experiencia y los servicios de calidad”, abunda el abogado.

Grajales también se ha pronunciado en primera persona. Lo ha hecho con un comunicado. “Quiero ser claro: la honestidad, la honradez, la ejemplaridad y la trayectoria de una persona -y de una organización- no las conceden los resentidos, ni pueden ser cuestionadas por quienes habitan en la mentira o se rodean de figuras con pasados oscuros y conductas que no son modelo para nadie. Como nos enseñaron nuestros padres, la virtud se demuestra en la vida vivida con coherencia, y no puede ser destruida por quienes no la conocen ni la practican”, escribió.

Y ha agregado sobre Petro: “Sigamos en pie. Nuestra mejor defensa está en los millones de personas que confían en nosotros, en cada comunidad que cuidamos, en cada innovación que nace desde nuestro compromiso con la salud y el bienestar. El ruido de la mentira no debe desviar nuestro rumbo. La historia siempre acaba por separar al justo del oportunista, al ético del manipulador. Con la fuerza de la verdad y el alma de nuestro propósito”.

El Tribunal Supremo (TS) ha condenado a Sanitas a pagar 3.055.797 euros a una madre por la negligencia médica de la que fue víctima en 2005 durante el parto de su hijo, quien sufrió lesiones neurológicas irreversibles y que en 2019 tenía un grado de discapacidad del 94%.

La mujer reclamaba un pago de 5,1 millones de euros, mientras que Sanitas estaba dispuesto a reconocer 1,9 millones. El primer juzgado que asumió el caso determinó que la cifra a abonar era 1,9 millones, aunque la Audiencia Provincial de Madrid luego la elevó a 2,2 millones. Ahora el Supremo fija la cuantía en 3 millones de euros.

Respecto a los intereses, el alto tribunal mantiene que deben aplicarse los previstos en el artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro desde el 27 de diciembre de 2012 (fecha de la primera demanda judicial interpuesta), y no desde la fecha del parto, como pedía la madre, al no haberse acreditado que la aseguradora tuviera conocimiento del siniestro con anterioridad a este momento.

Según consta en la sentencia, recogida por Europa Press, este caso se remitía a la fijación de la cuantía de la indemnización, ya que la declaración de la responsabilidad de Sanitas por la deficiente asistencia sanitaria prestada y la relación causal entre dicha actuación y los daños y perjuicios ocasionados, quedó establecida por sentencia firme del año 2016 de la Audiencia de Madrid.

En ese momento, quedó acreditado que debido a la deficiente atención sanitaria prestada se presentaron complicaciones que desembocaron en una hipoxia extrema mantenida, causando lesiones neurológicas irreversibles en el feto. El niño nació el 23 de abril de 2005 en el Hospital Universitari Dexeus de Barcelona.

Tras obtener en 2016 sentencia firme a su favor en la demanda contra Sanitas que reconoció la deficiente asistencia prestada, la mujer ejercitó acción contra la aseguradora para que la indemnización de daños y perjuicios se concretará en 5,1 millones de euros.

Sanitas se mostró dispuesta a pagar 1.531.138 euros, pero el Juzgado de Primera Instancia de Madrid estimó parcialmente la demanda y fijó la indemnización en 1,9 millones de euros, más los intereses.

Disconformes con la resolución, tanto la mujer como la aseguradora llevaron el caso hasta la Audiencia Provincial de Madrid, que desestimó el recurso de Sanitas y dio la razón a la madre, elevando la indemnización a los 2,2 millones de euros.

La madre acudió en casación a la Sala de lo Civil del Supremo, que le ha dado la razón parcialmente al revisar los baremos e incrementar la cuantía de la indemnización.

Agentes de la Policía Nacional en colaboración con la Policía Municipal de Madrid y el Servicio CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres)  han intervenido en Madrid 49 especímenes de animales naturalizados, cuatro colmillos de elefante, cuatro colmillos de hipopótamo y dos cuernos de rinoceronte y 132 piezas de marfil. Los ejemplares pertenecen a especies como osos, linces, leopardos, lobos, cocodrilos y primates y algunos están incluidos dentro de los que son de especial protección según el Convenio Internacional de Especies Protegidas.

La investigación se inició en noviembre del año 2019 cuando dos agentes del Cuerpo de Policía Municipal de Madrid tuvieron conocimiento de la existencia de una colección de animales naturalizados de varias especies –algunas de ellas aparentemente protegidas por el Convenio CITES– cuyo propietario tenía intención de ceder a un museo en un municipio de Badajoz. En el marco de esta operación hay un hombre investigado por un delito continuado de tráfico de especies protegidas. 

La nota policial no difunde el nombre del propietario, pero las piezas descritas y las imágenes difundidas por la policía muestran que se trata de la colección del empresario Marcial Gómez Sequeira, expresidente de Sanitas, quien lleva años promoviendo la creación en Olivenza (Badajoz) del museo de la caza más grande del mundo.

En octubre de 2019, en una entrevista concedida a El País, Goméz Sequeira afirmó que él mismo había abatido las piezas: “Ni yo mismo podría decir los animales que he podido cazar en los 48 años que llevo de caza mayor por el mundo, pero serán varios miles, de más de 420 especies”.

Especies protegidas 

El Grupo de Medio Ambiente de la Policía Nacional inició las gestiones con la finalidad de acreditar la posible comisión de un delito continuado contra la flora y la fauna o incluso uno de contrabando. Como primera medida, los investigadores contactaron con la autoridad administrativa CITES para que determinaran si entre las piezas de caza podría haber alguna incluida entre las especies de especial protección. Este extremo fue confirmado por dicha autoridad quien determinó que se observaba un elevado número de especies protegidas según los distintos Apéndices CITES y el Reglamento 338/97 de la Comisión de la Unión Europea. Asimismo, indicó que el investigado carecía de muchos de los permisos y certificados obligatorios para su tenencia e importación en territorio nacional. 

Los ejemplares estaban expuestos en dos pabellones de una finca

Todos los ejemplares se encontraban expuestos en dos pabellones ubicados en la finca en la que se encuentra el domicilio del investigado, en Madrid. En el registro realizado en la finca los agentes intervinieron 49 ejemplares de animales naturalizados, como osos, linces, leopardos, lobos, cocodrilos y primates, cuatro colmillos de elefante, cuatro colmillos de hipopótamo y dos cuernos de rinoceronte. Además, se encontraron 132 figuras talladas en marfil de elefante. Las piezas fueron precintadas y quedaron en calidad de depósito en su lugar de exposición, debido a su elevada fragilidad.

Durante un año, el investigado aportó documentación con el objetivo de acreditar la lícita procedencia de los efectos intervenidos, alegando que muchos ejemplares fueron adquiridos con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del Convenio CITES en España.

Respecto a aquellos ejemplares para los que no se ha presentado ninguna documentación válida, el pasado día 14 de octubre se procedió a su retirada, previa autorización judicial, y traslado a almacenes habilitados por parte del Museo Nacional de Ciencias Naturales y la autoridad administrativa CITES, tratándose de un total de 49 especímenes de animales naturalizados, cuatro colmillos de elefante, cuatro colmillos de hipopótamo y dos cuernos de rinoceronte y 132 piezas talladas de marfil. 

La Audiencia Nacional ha anulado una liquidación millonaria de Hacienda a Sanitas por considerar que la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) abrió su inspección cuando ya había prescrito el fraude cometido por el grupo sanitario en las deducciones que se aplicó en el Impuesto de Sociedades tras comprar una filial en el extranjero en 2004.

La Sección 2 de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia ha estimado buena parte de los argumentos de Sanitas en el recurso presentado en 2018 contra una resolución del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) que en junio de 2017 desestimó tres reclamaciones de la empresa contra un acuerdo de fraude de ley de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de la AEAT de diciembre de 2013 y la posterior liquidación y sanción, de mayo de 2014, por el Impuesto sobre Sociedades (IS) de los ejercicios 2007 a 2010.

La sentencia se dictó el 15 de marzo, cuatro días después de que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo confirmase la condena por dos delitos fiscales del expresidente de Sanitas Marcial Gómez Sequeira, hijo de uno de los fundadores, por defraudar a Hacienda al vender la empresa en 1989 al grupo británico Bupa.

Se desconoce el importe de las cantidades que Sanitas podrá recuperar tras considerar la Audiencia prescrito un fraude que El País cifró en 28 millones de euros en 2014, cuando Hacienda estaba a punto de cerrar su inspección.

La AEAT inició actuaciones de comprobación a finales de 2012 y abrió un expediente de fraude de ley en octubre de 2013 en relación con la compra, en 2004, de la británica Bupa Care Homes a otra filial, Bupa Treasury Ltd. Mediante un pago aplazado, Sanitas España generó “una deducción por gastos financieros de 126,7 millones de euros en el periodo 2004 a 2007 y una amortización del fondo de comercio de 298,5 millones de euros en los periodos 2004 a 2024”, según la sentencia.

Hacienda determinó que existía un fraude de ley al considerar acreditada la “artificiosidad” de unas operaciones que “no responden a una lógica empresarial, pues la compleja operativa se revela innecesaria y contraria a la eficiencia económica, de modo que no se habría llevado a cabo de no ser por la ventaja fiscal”, con lo que la finalidad de eludir impuestos era “evidente”.

En consecuencia, rechazó la deducción de los gastos financieros declarados en el IS de 2007, además de un ajuste negativo de la amortización del fondo de comercio en el periodo 2007-10, y la exención por doble imposición internacional a los dividendos registrados por acciones preferentes emitidas por Bupa Care Home.

Sanitas impugnó la resolución por considerar que el derecho a liquidar el ejercicio 2007 había prescrito el 26 julio de 2012, cuatro meses antes de iniciarse la inspección. Este plazo, según Hacienda se había interrumpido con una notificación que en junio de 2012 pedía a Sanitas aclaraciones sobre una pequeña deducción por donaciones al programa ADO para los Juegos Olímpicos de Pekín 2008.

“Tiene razón”

“La demanda plantea que este procedimiento tuvo una exclusiva finalidad, servir de justificación o pretexto para interrumpir el plazo de prescripción del derecho a liquidar el ejercicio 2007. Y tiene razón”, dice la Audiencia, que no entra en la cuestión de si el fraude existió o no.

“Resulta poco creíble que el procedimiento de verificación de datos no se iniciara hasta el 25 de junio de 2012, un mes antes de la prescripción, especialmente cuando se trata de un procedimiento de gestión de carácter menor y cuyo sentido y finalidad es corregir de forma expedita y ágil irregularidades fiscales de porte menor, sin que se acierte a comprender que en el presente caso su inicio se dilatara tantos años, y coincidiera con el momento final en el que se produciría la prescripción del derecho a liquidar ese ejercicio”, dice la sentencia.

Por tanto, “el procedimiento de verificación de datos llevado a cabo no fue apto para interrumpir la prescripción”. Por eso, “se estima la prescripción del derecho a liquidar este ejercicio, y con ello la liquidación del mismo, y, eventualmente, la sanción que estuviera anudada a la misma”.

Sobre la declaración de fraude de ley, “de la que deriva una parte importante de la liquidación, que afecta al IS 2007 en cuanto a los intereses de financiación de la operación, y a los IS 2007 a 2010 en cuanto al fondo de comercio”, la sentencia dictamina que “ha de ser anulada tanto la declaración de fraude de ley como la liquidación que de ella trae causa”.

A cierre de 2019, sus últimas cuentas disponibles y accesibles a través de Insight View, Grupo Bupa Sanitas SL tenía registrados 54,36 millones en pasivos contingentes por avales bancarios y garantías que cubrían los importes de las actas recurridas en disconformidad en este procedimiento.

La resolución todavía no es firme y fuentes de Sanitas indican que prefieren no comentar los procedimientos fiscales en curso. Pero en el grupo están “satisfechos de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional porque siempre hemos sostenido que hemos liquidado nuestros impuestos de acuerdo con la normativa fiscal”. 

“Con respecto a las cifras, tenemos que esperar a la nueva liquidación que haga la Agencia Tributaria cuando la sentencia sea firme”. “Sanitas, como ciudadano corporativo responsable y como no podía ser de otra manera, hace frente al pago de sus impuestos según la normativa española”. 

No obstante, la Audiencia no entra en la cuestión del supuesto fraude cometido. “Si bien la prescripción era nuestro primer argumento, no es el único que ampara la posición de Sanitas”, dicen desde el grupo. “Lamentablemente, los tribunales no entran en consideraciones adicionales una vez estimado el primer argumento, por lo que no han entrado a confirmar la posición de la Administración ni a rechazar la nuestra. Siempre hemos sostenido que nuestras operaciones estaban basadas en razones económicas y empresariales sólidas, al igual que los informes periciales aportados a la Audiencia Nacional durante el proceso y a los que la Administración no se opuso”.

En su resolución, la Audiencia recuerda la jurisprudencia del Supremo (sentencia de 30 de septiembre de 2019) que prohíbe a la Administración Tributaria ejercer las potestades de comprobación sobre los actos o negocios producidos en un ejercicio prescrito anterior a la entrada en vigor en julio de 2004 de la Ley General Tributaria de 2003, que pudiera producir efectos en ejercicios posteriores no prescritos.

La sentencia también anula, entre otras cuestiones, parte de la sanción como consecuencia de la deducción de la amortización por veinteavas partes del Fondo de comercio aflorado en la absorción, en 2002, de la firma Novomedic, así como por el valor contable de las plusvalías obtenidas en determinadas operaciones inmobiliarias.

Gastos del CEO

También avala la Audiencia las deducciones por gastos de personal del entonces consejero delegado del grupo en España y desde este año primer ejecutivo mundial de Bupa, el español Iñaki Ereño, y de su asistente. La AEAT las rechazó al entender que la actividad de Ereño abarcaba toda la división Emeala (Europa, Oriente Medio, África y Latinoamérica), y que sus gastos debieron repercutirse para su posterior deducción no a las españolas Grupo Sanitas SL y Sanitas SA de Seguros, sino a su matriz británica.

Sin embargo, en la sentencia “no se considera prescrito el derecho a liquidar el ejercicio 2008” por haber interrumpido la prescripción la inspección ya iniciada. Y da la razón a Hacienda respecto a la exención por doble imposición internacional correspondiente a los rendimientos de participaciones preferentes emitidas por Bupa Care Homes.

Entre otras partidas, también da por buena la decisión de integrar en la base imponible del ejercicio 2008 un ajuste negativo de 4,66 millones que Sanitas había realizado en concepto de exención de dividendos, al considerar que se trataba de intereses.

Tras este litigio, Sanitas también recurrió el acuerdo de liquidación de la AEAT por una inspección para los ejercicios 2012 a 2014 que está pendiente de resolverse.

Ésta es la historia de una pequeña residencia de las afueras de Vitoria, aunque podría ser la de muchas más en medio de la pandemia del coronavirus. 25 ancianos conformaban hasta el 23 de marzo una pequeña gran familia con sus 18 cuidadoras. Pero ese día llegó una mala noticia en forma de positivo en COVID-19. Fue el primero de muchos. 22 de los 25 residentes se han ido contagiando y 10 de ellos han fallecido ya. Se llamaban María, Cristóbal o Milagros. También hay tres trabajadoras de baja. “Esto es un antes y un después”, se sincera una de las responsables del centro, que accede a contar lo ocurrido a cambio de anonimato para ella y para su residencia.

Poco o nada importa cómo llegó el neovirus a la residencia, pero lo cierto es que el primer infectado fue un interno que había estado ingresado días atrás en el hospital de Txagorritxu de Vitoria, que en el inicio de la epidemia constituyó uno de los principales focos de Euskadi. Además, hay una conexión indirecta también con la residencia de Sanitas en el barrio de San Martín de la capital vasca, el primer lugar en cuarentena de Euskadi (ocurrió el 8 de marzo) al aparecer allí un gran brote de coronavirus todavía hoy no resuelto, ya que algunos mayores han dado positivo por tercera vez en los test de esta semana y los fallecidos son una veintena.

Al primer caso le siguieron los demás, como fichas del dominó con el que se entretienen en la residencia. “37.2 grados y a aislamiento. Tos rara y a aislamiento”, cuenta la gerocultora. Solamente tres están sanos y es casi más fácil aislarlos a ellos que a todos los demás. Hasta siete veces ha acudido una ambulancia a llevarse a internos a Txagorritxu. Únicamente en cuatro ocasiones ha realizado el viaje de vuelta. La última, esta misma semana, traía a Isidora, que había estado no sólo en Txagorritxu sino también en San Onofre, un centro de paliativos acondicionado para completar las convalecencias de la COVID-19.

“Ha llegado y la hemos aplaudido a rabiar. Llevaba desde finales de marzo fuera. Sonreía. Está bien. Me ha recordado por mi nombre”, se felicita su cuidadora sin ocultar la emoción. Otra compañera, en cambio, no sobrevivió al trasladó de Txagorritxu a otro centro, en este caso a Zadorra. “Si salen, es mejor que vuelvan a su ambiente. A un sitio que conozcan. Que no les quiten el jardín”.

En el centro no han ocultado la gravedad de la situación a los internos en ningún momento. Ha habido charlas sobre el coronavirus y los más veteranos han recordado otras crisis que han vivido en su juventud. Vestidas como astronautas -en este centro no tienen queja del material facilitado “cada dos por tres” tanto por Osakidetza como por la Diputación-, sus cuidadoras han procurado animar su enfermedad a los más leves con juegos como el bingo y con pequeños proyectos como plantar árboles. No les falta un cargamento de Aquarius para reponer sales minerales.

Algunos de los más graves han fallecido allí, siete en total. Nunca fueron trasladados al hospital. Varios de ellos ya acumulaban páginas y páginas de historial médico, pero ello no alivia el dolor. Al principio morían sin más compañía que la de las trabajadoras. “Les hemos hablado de lo que sea, aunque fueran bobadas, hasta el final. Morir en compañía es importante. Ahora los de arriba se han dado cuenta de que tantos y tantos mayores no pueden morir solos”, explica la coordinadora en referencia a que ahora las autoridades sanitarias sí van a permitir a los familiares visitar a sus mayores en los últimos momentos, sean en el hospital o sean en la residencia.

“Cuando empezó el coronavirus, supimos que era un antes y un después. Se me quitaron las ganas de salir a aplaudir. Trabajo desde entonces de ocho de la mañana a diez de la noche y ha habido día en que me he marchado llorando. Pensaba que los dejaba abandonados. ¡Son mis abuelos! Tengo que tomar una pastilla para poner la mente en blanco y poder dormir”, cuenta la trabajadora de esta residencia. Pero, pese a todo, quedan motivos para la esperanza: “Ha venido la doctora y nos ha dicho que muchos están muy bien. Seguro que la semana que viene son negativos”.

Ribera Salud ha ajornat la compra a l’asseguradora Sanitas del cent per cent de les seues accions a l’hospital privatitzat de Manises per la crisi del coronavirus. Les negociacions s’estan duent a terme des de fa mesos i es van accelerar al principi de març per a anunciar-ne la compra al principi d’abril, segons fonts coneixedores de l’operació, però la incertesa sanitària i econòmica provocada per l’epidèmia ha paralitzat les negociacions.

Fonts de Ribera Salud, participada al 95 % per la multinacional estatunidenca Centene i al 5 % pel Banc Sabadell, han mantingut la versió dels últims mesos i no han confirmat les negociacions amb Sanitas. Fonts del sector expliquen que el canvi de mans de l’hospital privatitzat que dona servei a 190.000 persones de part de les comarques de l’Horta Sud, el Camp de Túria i la Foia de Bunyol estava gairebé fet, però que en l’actual situació és impossible tancar una operació d’aquesta envergadura.

Des del 2018, la Llei de sanitat valenciana disposa d’un article que impedeix que una mateixa empresa controle més del 40 % de l’accionariat de les concessions de dos departaments sanitaris. En el cas de Ribera Salud, si comprara l’hospital de Manises, controlaria tots els hospitals privatitzats, inclosos els de Dénia, Elx-Vinalopó i Torrevella. 

Fonts del sector expliquen que en Ribera Salud entenen que la Llei de sanitat no els impediria comprar les participacions que té Sanitas a l’hospital de Manises perquè la seua “única” obligació és informar la Conselleria de Sanitat dels moviments accionarials. A priori no caldria consentiment, expliquen les mateixes fonts. 

La Llei de sanitat publicada en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) el 29 de desembre va ser esmenada l’any 2018 en les Corts. L’esmena proposada per Isaura Navarro incloïa el 40 % de limitació si es tenia una altra concessió. El 29 de maig de 2015 –cinc dies després que l’esquerra guanyara les eleccions autonòmiques i conquistara la Generalitat Valenciana– Ribera Salud va anunciar la compra del 100 % de Torrevieja Salud, Elche-Crevillente Salud i el 51 % de l’empresa que gestionava l’hospital d’Alzira i la seua àrea sanitària.

En l’operació de compra subjau l’interés de Ribera Salud de no perdre mercat després que el Govern valencià haja mantingut la promesa de no renovar les concessions una vegada caduquen. La primera va ser la demarcació de la Ribera, executada per la consellera de Sanitat Carmen Montón l’1 d’abril de 2018.

L’actual consellera Ana Barceló s’ha mantingut ferma amb aquest acord del Pacte del Botànic i ja ha dit moltes vegades que recuperarà la gestió pública quan s’acaben els contractes. L’octubre del 2021 finalitza la concessió de l’hospital de Torrevella, l’abril del 2024 la de Dénia, el maig del 2024 la de Manises i finalment la d’Elx-Vinalopó acabarà el juny del 2025. 

La última actualización de datos ofrecida por las diputaciones de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa sobre la situación de las residencias en Euskadi arroja que, al menos, hay 48 ancianos fallecidos (40 en Álava y 8 en Gipuzkoa, ya que Bizkaia no ofrece datos), 516 residentes contagiados de coronavirus, 31 trabajadores infectados (sólo en Bizkaia, porque Álava y Gipuzkoa no dan esa cifra) y 302 casos sospechosos (de nuevo solamente en Bizkaia). Son alrededor de 57 los centros afectados. En el otro lado de la balanza, son 9 las personas que han superado el Covid-19.

En Álava, el último recuento ha revelado tres nuevos fallecimientos de personas mayores y son ya 39. De ellos, 18 se corresponden a un único centro, la residencia de Sanitas en el barrio de San Martín, que llegó a tener medio centenar de contagios. Fuentes del centro, sin embargo, destacan que algunos de los enfermos ya están recuperando y que hay ya nueve positivos que han pasado a ser negativos en la segunda prueba. 30 de los decesos se han producido en centros privados (no se conocen los detalles de en cuáles), 7 en centros de la Diputación y 2 en centros municipales. 

El total de casos detectados en Álava es de 266 -incluyendo los fallecidos y los positivos en centros de discapacitados- y el grueso está pasando la enfermedad en los propios centros. Son 26 las personas que han necesitado hospitalización. La Diputación ha acondicionado el centro Zadorra en Vitoria como referencia para agrupar y tratar a muchos de los contagiados. 

En Gipuzkoa, las muertes conocidas han pasado de 3 a 8. Ha habido fallecimientos en Arangoiti (Beasain), Iurramendi (Tolosa), Iturbide (Arrasate-Mondragón), Caser (Irún) y Santa Ana (Zarautz). Son 10 las residencias con contagios, más un centro de discapacitados, pero en su última actualización la Diputación ya no concreta los detalles recurso a recurso. Son ya 109 los casos totales de Covid-19 en el territorio.

En cuanto a Bizkaia, este periódico ha podido saber que se han producido fallecimientos en los centros del territorio, pero la Diputación no ofrece datos. Ya son 171 los positivos -80 en 48 horas- incluidas 31 trabajadoras. No hay datos sobre este colectivo en Álava y en Gipuzkoa, como tampoco de los casos sospechosos de Covid-19, que son 302 en los centros vizcaínos. La consejera de Salud, Nekane Murga, no ha ofrecido en un mes de pandemia los datos referidos a las residencias aunque es la única administración que tiene una cifra global. 

Se conocían, gracias a las denuncias de las familias, que se habían producido 11 fallecimientos en la residencia de ancianos de Sanitas en el barrio de San Martín de Vitoria. Pero, como temían estas fuentes, en realidad no eran 11 sino 18 los internos que habían muerto con coronavirus en las últimas semanas en ese centro que, con medio centenar de positivos entre residentes y trabajadores, ha sido uno de los principales focos de Covid-19 de Álava y de Euskadi. Lleva en cuarentena desde el 8 de marzo.

Ni la empresa gestora ni el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) habían querido ofrecer nunca esa cifra y ha sido la Diputación, que en los últimas días está haciendo recuento de la situación de 100 centros públicos y privados, la que ha revelado este domingo que en una sola residencia se han producido la mitad de los 36 decesos contabilizados en Álava. Los otros 18 son diez en otros centros privados, seis en centros forales y dos en instalaciones municipales. Álava no desglosa los datos por centros, pero ninguna acumula más de dos óbitos, según los datos oficiales.

Sumadas a las tres muertes en Gipuzkoa -Bizkaia no ha informado de ninguna-, son 39 los ancianos fallecidos en residencias del total de 265 decesos causados por el Covid-19, lo que representa un 14% del total. En cuanto a los contagios, con la última actualización serían 219 en Álava, 96 en Gipuzkoa y 78 en Bizkaia -aquí se incluyen los trabajadores y en el resto de territorios no-. Es decir, 393 de 5.740 casos totales conocidos en Euskadi, el 7%. Al menos 53 recursos de este tipo estarían afectados. Este periódico ofrece un mapa actualizado con todos los datos de residencias conocidos.

Aunque el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) se niega a facilitar los datos globales de que dispone, el desolador paisaje que ha dejado tras de sí el coronavirus en las residencias de mayores de Euskadi -donde completan su vida unas 20.000 personas- se va conociendo poco a poco con la información que van haciendo pública con cuentagotas las tres diputaciones. El balance inicial, necesariamente incompleto porque se desconocen los datos de trabajadores afectados en Álava y Gipuzkoa, por poner solamente un ejemplo, arroja 284 enfermos de Covid-19 y 24 fallecidos, 23 de ellos solamente en Álava. Se han registrado casos en 46 centros.

Álava: 23 fallecidos y el foco de Sanitas

En Álava son 142 los casos conocidos de coronavirus entre internos de alguna de las 94 residencias forales, a las que se suman los centros de discapacitados. Son 119 casos activos -111 ancianos y 8 discapacitados- más 23 personas fallecidas ya. Hay casos en 18 de las 94 residencias (19%) pero la incidencia es mayor en las privadas que en las públicas, tanto en cuanto a infectados como en cuanto a decesos. De las 23 muertes, dos han sido en centros de la Diputación (una en Llodio y otra en la residencia de Ajuria de Vitoria) y el resto en instalaciones privadas.

La mayoría -11- corresponden con el centro de Sanitas en el barrio de San Martín de Vitoria, que alcanzó un mínimo de 45 positivos -contando trabajadores-, aunque cuatro de ellos ya se han recuperado. Este centro lleva en cuarentena desde el 8 de marzo y ha generado más contagios o casos sospechosos entre familiares y trabajadores que hicieron los traslados de los primeros enfermos. No obstante, hay otras 10 muertes en residencias privadas cuyo detalle se desconoce.

En cuanto a las públicas, hay casos en dos del Ayuntamiento de Vitoria (San Prudencio y Los Molinos) y en varias de la Diputación tanto de la ciudad como de otras localidades. Zadorra, Ariznabarra o los centros de discapacitados Easo, Martín de Saracibar son algunos de los ejemplos de Vitoria. Fuera de la capital, el principal foco -con siete positivos- es el centro de Samaniego, en la Rioja Alavesa.

La Diputación ha informado de que ha acondicionado la residencia Zadorra, en el barrio de Abetxuko de Vitoria, como “centro de referencia para atender” a los internos con Covid-19. Allí serán aislados los positivos y sospechosos. Se dispone de 170 plazas para ello. Los internos sanos de Zadorra serán trasladados a otros lugares. Asimismo, ante la cascada de bajas laborales por cuarentenas, la Administración ultima la habilitación de una bolsa de trabajo para que los centros privados puedan cubrir las vacantes y garantizar el servicio.

Gipuzkoa: una fallecida y el problema de Tolosa

En Gipuzkoa, ha fallecido una mujer de 91 que estaba interna en la residencia Santa Ana de Zarautz y que había dado positivo en la prueba del coronavirus. Su estado de salud previo era ya “muy frágil”, informa la Diputación. Las autoridades guipuzcoanas han ido constatando casos en siete centros hasta un total de 81, 68 mayores y 13 más en centros de discapacitados.

En Iurramendi (Tolosa) hay ya detectados 37 positivos de Covid-19. Se da la circunstancia de que en ese pueblo hay un total de 56 infectados, lo que lo convierte en la localidad guipuzcoana con mayor incidencia de la pandemia en proporción a su población. Puedes ver aquí todos los datos comparativos. Hay un centro de Caser en Irún con 15 casos y otro de la misma empresa en Hondarribia con 4. Residencias de Eibar, Zumaia o Beasain también aparecen en la lista.

La diputada Eider Mendoza ha indicado que se hace un seguimiento diario de “todas” las residencias, públicas o privadas. Añade la Diputación que se suministran equipos de protección al personal. También se ha creado una bolsa de trabajo para reforzar las plantillas: “Estamos adaptando y potenciando constantemente la atención a las personas más vulnerables al Covid-19, en especial las personas mayores. Esta bolsa de trabajo será una herramienta importante para atender y adaptarnos a las necesidades que están surgiendo en las residencias”.

Bizkaia: 21 residencias afectadas

Los datos de Bizkaia hablan de 61 positivos pero, a diferencia de otros territorios, se alude también a 73 sospechosos de estar infectados, todos ellos trabajadores en aislamiento. Y es que este territorio informa no sólo de los mayores contagiados sino también del personal enfermo. Las cifras desglosadas -a 24 de marzo- arrojan 34 ancianos hospitalizados y 12 en cuarentena en sus centros, a los que se suman 15 gerocultores.

Son 21 los centros con personas residentes “afectadas”, si bien uno de ellos ya ha superado la crisis, según la Diputación. Representan un 13% de los 155 centros totales autorizados, que ofertan 10.748 plazas. Pero en Bizkaia no se conoce el desglose por centros o por redes (privada o pública). Hasta el momento, no se ha informado de ningún fallecimiento.

Después de más de dos semanas en cuarentena, al menos 45 positivos, incluidos varios trabajadores, y once personas mayores fallecidas-, la residencia de ancianos de Sanitas en el barrio de San Martín de Vitoria arroja al fin una buena noticia a las familias: cuatro internos han superado el Covid-19.

El primer caso sospechoso de coronavirus en este centro privado -que tiene una veintena de plazas concertadas con la Diputación- se detectó a principios de marzo. Unos días antes, un residente había regresado del hospital de Txagorritxu, que fue uno de los primeros focos de contagio en Euskadi, y empeoró. Falleció a los pocos días. A partir de ahí, la cadena de contagios fue creciendo y el goteo de decesos ha alcanzado ya la negra cifra de 11, el último conocido este lunes.

El 8 de marzo, cuando había ya 22 positivos entre los internos y cuatro entre la plantilla, el centro quedó en “cuarentena”, la primera decretada en Euskadi por el coronavirus y una semana antes de la declaración del estado de alarma. Se acordó que los casos menos graves quedasen en “aislamiento respiratorio” en sus habitaciones y extremar las medidas de higiene entre los residentes no contagiados. Sin embargo, en el siguiente conteo la cifra ascendió a 43 positivos, 38 internos y cinco trabajadores -25 empleados se hallaban en cuarentena- El último dato, ofrecido por la Diputación, es de 45 casos de Covid-19.

Fuentes de Sanitas han indicado a este periódico que se han repetido las pruebas a los primeros internos a los que se les hizo el test, 16. Eran cuatro negativos y doce positivos que ahora han pasado a ocho negativos y ocho positivos, lo que muestra que cuatro ancianos se han recuperado del coronavirus.

El foco de las residencias y centros de mayores continúa generando honda preocupación en Vitoria, como en otros puntos. Según fuentes de las familias, son ya 11 las personas fallecidas entre los internos de la residencia de Sanitas en el barrio de San Martín, con un centenar de plazas ocupadas y que lleva dos semanas en cuarentena y que rondó el medio centenar de casos positivos confirmados de coronavirus entre internos y trabajadores, sin contar los familiares o el personal sanitario que realizó los primeros traslados al hospital de Txagorritxu.

Este fin de semana se ha producido la última de las muertes tras un goteo continuado que se lleva produciendo durante tres semanas. Se trata de una mujer de 92 años. Este centro está formalmente en cuarentena desde el 8 de marzo, mucho antes de que se adoptaran medidas restrictivas en España para el conjunto de centros de mayores y mucho antes incluso del estado de alarma. La mujer enferma de Covid-19 ha fallecido tras haber sido ingresada no en Txagorritxu sino en el hospital de Eibar, que desde la semana pasada alberga a pacientes “no reanimables y no intubables”, es decir, no candidatos a una cama de UCI dada la saturación del centro de referencia de Vitoria. En paralelo, Sanitas ha procedido a desinfectar en las últimas horas este hogar y ha redoblado la comunicación a las familias de los internos, que se han quejado reiteradamente por lo falta de información.

En paralelo, el alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran, ha informado de tres positivos por coronavirus en los centros de gestión municipal en la capital vasca, dos en San Prudencio y uno en Los Molinos, en el barrio de Adurza. Dos de ellos se hallan hospitalizados. A ello hay que sumar los casos en centros de la Diputación, 19 positivos en siete residencias. La más afectada es la de Samaniego, en la Rioja Alavesa, con siete casos. Además, una interna de 95 años ha fallecido en el centro de Ajuria, ubicado también en el barrio de San Martín de Vitoria.