El escándalo de Ribera Salud y los negocios de la pareja de Ayuso extienden las sospechas sobre la sanidad en Madrid

Todo lo que la oposición política en Madrid había denunciado durante más de una década sobre las privatizaciones sanitarias del PP en la región está ahora en un audio del CEO de Ribera Salud, la empresa concesionaria del hospital “público” de Torrejón de Ardoz. Todo el mundo ha podido escucharlo: sin saber que estaba siendo grabado, Pablo Gallart, el alto cargo de una multinacional de la sanidad privada, pidió abiertamente a sus empleados aumentar las listas de espera de un centro sanitario público y ahorrarse las intervenciones más costosas para engordar así los beneficios millonarios de la sociedad privada que lo explota. Todo está en los audios adelantados por El País.

No solo eso, los gestores del hospital que denunciaron esas prácticas en los canales internos de la compañía fueron despedidos cuando alertaron de otras prácticas irregulares como haber recibido órdenes para reutilizar material de un solo uso en los cateterismos. Trabajadores del centro también señalan como responsables de la situación actual a algunos de los directivos ahora despedidos.

Es el último episodio de la larga lista de escándalos de las privatizaciones sanitarias en Madrid y que la izquierda viene denunciando desde hace años y que ahora se plantean llevar a los tribunales tanto el PSOE como Más Madrid. La portavoz de esta formación, Manuela Bergerot, exige crear una comisión de investigación en la Asamblea.

Siempre atenta a los titulares, la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha tardado día y medio en reaccionar, desde que el miércoles al anochecer trascendieran las primeras noticias que apuntan a esas graves irregularidades en el hospital público de Torrejón. Su consejera de Sanidad, Fátima Matute, permanece recluida mientras su departamento manda notas de prensa en las que se defiende que las inspecciones no han revelado comportamientos anormales en el centro sanitario. Ayuso aseguró el viernes que no le temblaría el pulso y que si se detectan malas prácticas, serán “erradicadas con contundencia”. El sábado ya dijo que todo era una exageración de Moncloa y rebajó la crisis de Torrejón a “trifulcas entre directivos” de la empresa a la que la Comunidad ha adjudicado la gestión del servicio.

Entretanto, la polémica no ha dejado de crecer y viene a engordar otro escándalo en la sanidad madrileña, tras los negocios de Alberto González Amador, pareja de la presidenta, con el gigante sanitario que más factura a la administración que preside Ayuso: el grupo Quirón, que ha cobrado más de 5.000 millones de euros de la Comunidad de Madrid desde 2020.

Tras varias manifestaciones multitudinarias en defensa de la sanidad pública, el Partido Popular sabe que está jugando con fuego en una materia muy sensible para la ciudadanía y con una gestión que no ha dejado de empeorar en los últimos años. Sus modificaciones estadísticas a la hora de computar a los pacientes en listas de espera no han evitado que en Madrid se haya superado el millón de ciudadanos que aguardan por una prueba diagnóstica, una consulta externa o una intervención quirúrgica. En toda la Comunidad hay siete millones, con lo que significaría que el 14% de la población está esperando a que le atienda un médico. El porcentaje baja si se tiene en cuenta que a Madrid vienen a tratarse pacientes de otras zonas de España y que esos mismos hospitales atienden a personas que no están censadas o que acuden como desplazados. Pero nunca antes se había alcanzado una cifra tan alta de pacientes esperando.

Durante los últimos tres días, además de las palabras del CEO de Ribera de Salud, que pedía a su equipo dejar de atender aquellas operaciones más costosas de los pacientes que acudían al centro por elección (sin ser pacientes asignados al área de Torrejón), elDiario.es ha publicado denuncias de su personal que se queja de modificaciones del sistema de triaje en las urgencias para priorizar la rentabilidad económica sobre los criterios médicos.

La polémica va en aumento y reabre el debate sobre el controvertido sistema sanitario ideado en tiempos de Esperanza Aguirre, que entonces se vendió como libertad de elección de los pacientes, y que en la práctica implica poner a competir a las empresas privadas que gestionan los hospitales públicos que además del canon que cobran de la administración reciben precios económicos por captar pacientes de otras áreas geográficas. El hospital de Torrejón ha mostrado las costuras del sistema: solo es rentable que lleguen pacientes de fuera si los tratamientos son sencillos. De lo contrario, el hospital en vez de ganar, pierde.

Este mismo sábado, el responsable de Ribera Salud, apartado temporalmente del cargo desde que estalló la crisis, acusó a anteriores gestores del centro de manipular uno de los audios y difundió otro tramo de su charla en la que él mismo contaba a su equipo que el centro de Torrejón no iba a dar beneficios en los próximos 15 años y que la matriz francesa estaba de acuerdo en ello. El audio de cuatro minutos que remitió Gallart (parte de una conversación que según el mismo duró más de una hora) no prueba ninguna manipulación de sus palabras, solo se refiere a otro tramo de la charla donde dice que los fondos de la administración son limitados y que la propia Comunidad de Madrid sabe que la empresa no va a ganar dinero con el hospital de Torrejón. El CEO de Ribera Salud alega que su comportamiento y el de la empresa siempre se ha regido por criterios éticos, pero no niega haber pedido, tal y como figura en el primer audio conocido, primar la rentabilidad sobre las listas de espera. En el audio hablaba de lograr un ebitda [beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones] de tres o cuatro millones de euros.

El Gobierno se ha lanzado en tromba contra Ayuso y su política sanitaria. El propio presidente, Pedro Sánchez, alertó de que lo conocido en Torrejón evidencia cuál es el modelo del Partido Popular: “No es Ribera Salud, ni Quirón, es el modelo del Partido Popular, que es hacer negocio con la sanidad de todos para que ganen cuatro, que al final, ¿qué es lo que hacen? Pues que le pregunten al novio de Ayuso”, dijo Sánchez en un mitin en Extremadura. El Ministerio de Sanidad ha pedido una investigación exhaustiva y que no se trate a los ciudadanos como clientes.

El mismo discurso que repite la oposición en Madrid desde hace meses. Este jueves, horas después de que se conociese el escándalo, en la Asamblea de Madrid se debatía el proyecto de presupuestos de la Comunidad. La oposición estalló contra el gobierno autonómico, que apenas pudo defenderse. La consejera de Economía, Rocío Albert, se limitó a decir que las esperas en ese hospital de Torrejón están en la media madrileña antes de comparar los audios del CEO de Ribera Salud con los de Koldo y Ábalos en los sumarios de corrupción que los investigan.

Isabel Díaz Ayuso se ausentó durante la mayor parte del Pleno y guardó 48 horas de silencio en las que el escándalo no ha dejado de engordar antes de advertir, en un acto institucional por el 47º aniversario de la Constitución, que “cualquier mala práctica será erradicada con contundencia”. La presidenta de Madrid defendió la sanidad regional como “una de las mejores del mundo” y argumentó, ante un auditorio repleto de autoridades, en que ni ella ni su gobierno tienen otras deudas que “Madrid, la salud y la vida”.

Lo dijo así: “Quiero aprovechar para dejar claro que cualquier mala práctica será erradicada con contundencia, que con la información necesaria en la mano sin contemplaciones pero con responsabilidad y coherencia, actuaremos ahora y siempre en defensa del sistema sanitario y de sus protagonistas, los madrileños. Tenemos unos grandes profesionales en el hospital de Torrejón, para los que pido la máxima confianza y ni ellos ni ningún paciente será tratado ni por negocios ni por ningún otro interés, no dudaremos llegado el caso en actuar con esa contundencia porque somos libres y solo nos debemos a Madrid, a la salud y a la vida”.

El anuncio se produjo un día después de que se encendieran las alarmas en la sede del PP nacional. Ante las primeras noticias sobre el hospital de Torrejón, su líder, Alberto Núñez Feijóo, se apresuró a reclamar a la presidenta madrileña “una auditoría con absoluto rigor” sobre el hospital de Torrejón. Feijóo, que empezó su carrera como gestor sanitario en Galicia y llegó a ser presidente del Insalud en el primer Gobierno de Aznar, sabe que la sanidad es un tema muy sensible para sus votantes e intenta evitar otra crisis, tras la polémica de los cribados en Andalucía que sacude al Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla a unos meses de las elecciones. El propio Feijóo tuvo que desistir de la privatización total del hospital de Vigo, el mayor complejo que se construyó durante los 14 años que presidió Galicia. Tras movilizaciones masivas de sindicatos y los partidos políticos, la Xunta acabó adjudicando a una constructora durante 30 años el edificio y algunos servicios, pero no la gestión del personal sanitario, que contrató directamente el Servicio Galego de Saúde. De ahí la preocupación del líder del PP y su rápida reacción, que contrasta con la respuesta de la Comunidad de Madrid.

Ya el sábado, durante los actos en homenaje a la Constitución, Ayuso cambió de discurso. Cargó contra Moncloa y rebajó la crisis de Torrejón a una “trifulca de directivos”. Sin noticias de la mano dura que había anunciado el día anterior. Que se sepa la Comunidad no ha abierto expediente a Ribera Salud, más allá de la inspección de un solo día que llevó a la Consejería de Sanidad a decir que no hay evidencias de que el centro esté reutilizando material de un solo uso en los cateterismos, otra de las órdenes que había dado la dirección del centro, según algunos de los directivos despedidos.

Mientras, la responsable de Sanidad, Fátima Matute, continúa desaparecida cuatro días después de que estallase la crisis. Matute es otro de los personajes que la oposición sitúa bajo sospecha, por su pasado de veinte años en el grupo Quirón, la principal adjudicataria de la sanidad madrileña, que ha recibido miles de millones de euros en contratos, y que a su vez es el principal pagador de Alberto González Amador, novio de la presidenta.

Las relaciones de González Amador con Quirón han centrado buena parte de la legislatura en Madrid y ahora las investiga también un juzgado, que le ha imputado por corrupción en los negocios. Lo que se investiga es la compra de una empresa sin apenas actividad a la esposa del presidente de Quirón Prevención, Fernando Camino, que además tenía un cargo en MAPE Asesores, la firma pontevedresa que con su pedido de mascarillas propició la comisión de dos millones de González Amador, en lo peor de la pandemia. El propio jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, tenía guardado en su móvil a González Amador como “Alberto Quirón”, según se desveló en la investigación. Matute ha hecho desaparecer del currículum vitae que se incluye en el portal de Transparencia de Madrid cualquier referencia a su paso por el gigante de la sanidad privada al que ahora abona desde el Gobierno varios miles de millones de euros.

Solo el año pasado su consejería dio más de 1.600 millones de euros a los cuatro hospitales de Quirón, lo que supone duplicar el presupuesto inicialmente previsto, que se había fijado en 715. En los últimos cuatro ejercicios, desde 2020, el gigante empresarial recibió pagos por más de 5.000 millones de euros de la Comunidad de Madrid, lo que supone duplicar la previsión que los últimos dos Gobiernos de Ayuso habían fijado en las cuentas públicas.

La oposición lo repite en cada pleno: mientras la Comunidad mantiene cerrados los hospitales por la tarde, el Grupo Quirón factura 24 horas al día citando a los pacientes incluso de madrugada. PSOE y Más Madrid aseguran que el sistema lo acaban sufriendo los ciudadanos, pero resulta muy rentable para Ayuso y su pareja. Lo resume la portavoz socialista en la Asamblea, Mar Espinar, en cada cara a cara con Ayuso: “Usted sigue viviendo como Dios a costa de los madrileños”. De fondo, los dos pisos de lujo que González Amador compró en uno de los barrios más prohibitivos de la capital tras cobrar dos millones de euros en comisiones por intermediar en la venta de material sanitario durante la pandemia. Y el fraude fiscal de 350.000 euros que lo sentará en el banquillo.