El traspaso de las competencias en Educación a las comunidades autónomas ha servido para reducir las diferencias entre regiones en el último cuarto de siglo. Así lo asegura CCOO en un estudio publicado este jueves, en el que analiza 22 indicadores educativos y su evolución comunidad a comunidad entre el año 2000, cuando se completó el proceso de transferencia competencial, y el 2026.

“A diferencia de lo que suele a veces transmitirse como una opinión extendida”, dice CCOO, “la asunción de las competencias educativas por parte de las comunidades autónomas ha supuesto una sustancial mejora en los indicadores y reducción de las diferencias territoriales”.

El estudio analiza la evolución de aspectos como la escolarización a diferentes edades, los recursos económicos destinados a educación, lo que califica como “procesos” (ratios de alumnado por docente, tasas de estudiantes en programas de diversificación, tasas de idoneidad –quién está en el curso que por edad le corresponde–) o resultados académicos y las diferencias entre comunidades durante estos años.

Sostiene el sindicato que casi todo ha mejorado en dos décadas y media. “En todos los indicadores hay –entre el primer curso y el más reciente de cada serie– un claro incremento (o reducción, para el caso de las ratios o de la tasa de abandono educativo temprano); esta mejora es más fuerte en el caso de los indicadores de escolarización, multiplicando por cinco o por cuatro anteriores tasas. Pero si analizamos las diferencias entre las comunidades autónomas en cada indicador, nos encontramos con que en 17 indicadores se ha producido una reducción –en ocasiones muy fuerte– de las diferencias territoriales, frente a cinco casos en los que estas diferencias han aumentado ligera o moderadamente”.

Y en esos cinco que han empeorado (la tasa de abandono temprano y cuatro programas de refuerzo o diversificación para estudiantes con problemas), “las diferencias son reducidas y, salvo uno (la tasa de abandono educativo temprano), todos son indicadores de procesos educativos, en los que las comunidades autónomas tiene mayor margen de actuación o están más condicionadas por factores sociales”, añade CCOO.

Todo mejora

CCOO empieza explicando que la educación no es ajena a la sociedad. “Las que son diferentes, desde el punto de vista de numerosos indicadores sociales y económicos, son las distintas comunidades y no solo su educación. Así, la tasa de paro, el PIB per cápita, el número de plazas hospitalarias por habitante, etc., no son los mismos en todas las comunidades, mostrando importantes y, en cierta medida, históricas diferencias entre ellas, con una dispersión no menor a la de los indicadores educativos. Es en este marco de desigualdad social en el que hay que entender y valorar las diferencias educativas, así como plantear medidas de reducción”, explica el sindicato.

El informe muestra una mejoría evidente generalizada en los últimos 25 años en los 22 indicadores, en 17 comunidades autónomas (más de 10.000 datos, destaca CCOO). De media en España, todos los indicadores han subido, algunos en tasas superiores al 100%. La tasa de escolarización ha mejorado en todas las edades, superando el 90% en 3, 16 y 17 años. En el tramo 0-2 ha pasado de un 9% a rozar el 40%.

Algo similar pasa con el gasto por estudiante (que ha pasado de 4.271 euros en 2004 a 6.851 en 2023), la tasa de idoneidad (del 63,2% al 76,3%), las ratios de alumno por profesor (de 12,1 a 10,9), las tasas de graduación (del 73,4% al 93,2% en la ESO, del 46,8% al 54,9% en Bachillerato) y el abandono temprano (del 29,1% al 12,8%).

“Hay comunidades que han colaborado más”

Partiendo, como hace CCOO, de que la evolución de la educación está ligada a la evolución de la sociedad, y dado que España ha mejorado en casi todo en el último cuarto de siglo, que los indicadores mejoren con carácter absoluto puede considerarse esperable, reflexiona el sindicato. Para CCOO, lo destacable es que se haya ido avanzando la vez que se reducen las diferencias entre territorios. Aunque, apostilla, “hay comunidades que han colaborado más que otras a la convergencia”.

Porque a la vez que mejoraban los indicadores con carácter general se reducían las diferencias entre comunidades. Para medir esta brecha, CCOO utiliza el coeficiente de variación, una medida de dispersión que analiza la relación entre la desviación estándar y la media de los valores. Traducido: “El coeficiente se incrementa a medida que los datos se vuelven más diversos y disminuye cuando son más homogéneos”, explica CCOO.

Así, en escolarización, el CV entre la mejor comunidad y la peor para el alumnado menor de tres años ha pasado de 116% entre Catalunya y Galicia, respectivamente, a un 21% hoy entre Galicia —que estaba la última y hoy es la primera— y Asturias. Algo similar sucedió con los jóvenes de 16 años (de una diferencia de seis puntos porcentuales a 2,4, que es prácticamente converger) y de 17 años (la brecha ha bajado de 25 puntos entre Baleares y Euskadi en el 2000 a 14 entre las mismas regiones en 2025).

El gasto por estudiante también tiende a la convergencia. Los 4.271 euros anuales que se invertían en cada alumno en 2004 se convirtieron en 6.851 en 2023, y el CV pasó de 13,52 a 12 en esos 20 años. Murcia y Euskadi eran entonces los extremos bajo y alto, respectivamente; el País Vasco sigue liderando la inversión hoy, pero Madrid ha caído a la cola.

Lo mismo sucede con la tasa de idoneidad a los 15 años, que puede analizarse como la cara contraria de la repetición. En el año 2000 estaba en un 63,2% (el porcentaje de jóvenes que está en el curso que le toca por edad) y hoy ha subido al 76,3% mientras las diferencias entre la comunidad con mejores datos (Castilla-La Mancha) y la peor (Baleares) se ha reducido a la mitad.

El informe analiza también los resultados académicos, con la misma conclusión. Las tasas brutas de graduación en ESO y Bachillerato han mejorado cinco puntos en 20 años con carácter general, llegando al 79% y el 55%, respectivamente, mientras se cerraba la brecha. Los 20 puntos de diferencia entre Extremadura, a la cola en esta estadística en 2001, y Asturias, han bajado hasta menos de 15 hoy.

La importancia de los programas de compensación

El sindicato explica que, más allá de la inversión anual en educación, buena parte de la convergencia se ha logrado a partir de programas ajenos a esa financiación general del sistema, programas dedicados específicamente a la compensación de desigualdades territoriales específicas de la educación. “Sin ellos no se explicaría la importante reducción de las diferencias territoriales”, explica CCOO, que destaca además que son fondos que parten de la Conferencia Sectorial de Educación, el órgano en el que negocian el Ministerio de Educación y las comunidades autónomas.

Aparecen en este apartado los fondos vinculados a la Memoria de la LOGSE (cuyos importes se extendieron en más años de los previstos); los de la LOE 2006 (que llegaron hasta 2010 y se prolongaron hasta 2011) y los recursos vinculados a los llamados Programas de Cooperación Territorial y de impulso de la Formación Profesional (de 2018 hasta la actualidad, claves para la eclosión reciente de la escolarización en la educación infantil).

El consejero de Hacienda del Gobierno de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha pedido al presidente regional del PP, Paco Núñez, que aclare “qué modelo de financiación autonómica” defiende su partido.

Lo ha hecho después de que el secretario general del PP catalán, Juan Fernández, manifestase en una entrevista publicada este domingo en El Periódico que “Catalunya necesita una mejor financiación, debe recibir tanto dinero como aporta y tiene derecho a recibir más dinero que el resto si aporta mucho más”. Unas declaraciones que para Ruiz Molina suponen una “defensa” del principio de ordinalidad que en numerosas ocasiones han criticado desde el Gobierno de Emiliano García-Page.

En una comparecencia en el toledano Palacio de Fuensalida, sede de la Presidencia de Castilla-La Mancha el responsable del departamento de Hacienda en la comunidad, ha vuelto a insistir en el “rechazo” a la propuesta de financiación autonómica planteada por el Ministerio de Hacienda, que califica de “chantaje” e incide en que no favorece la igualdad de oportunidades en los territorios de todo el país.

Ha reclamado “transparencia” y “objetividad” al Gobierno de España en relación con esta propuesta y todo ello a las puertas de la reunión técnica que se va a celebrar este martes para preparar el Consejo de Política Fiscal y Financiera del 29 de julio en el que se hablará, de nuevo, de financiación autonómica. El nuevo modelo sigue atascado, sin acuerdo, desde hace más de una década.

Un “contrato de adhesión que privilegia a una comunidad”

Ruiz Molina ha vuelto a mostrarse escéptico de que las reuniones que se vienen manteniendo, sean o no bilaterales, vayan a servir para incluir modificaciones a propuesta de las autonomías al plan del Gobierno de Pedro Sánchez ya que, según ha afirmado, “el acuerdo está cerrado y certificado” por el presidente del Ejecutivo nacional y el líder de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), Oriol Junqueras tras la reunión que ambos mantuvieron en enero.

“Estamos ante un contrato de adhesión que es profundamente injusto porque es un modelo de financiación que privilegia a una comunidad autónoma y agravia a las demás”, ha añadido el consejero.

Ruiz Molina ha hablado de “falta de transparencia” que, a su juicio, “no se corresponde en absoluto con ningún proceso de negociación de la financiación autonómica en la historia de las comunidades autónomas” y, por ese motivo, ha pedido al ministro de Hacienda que Castilla-La Mancha tenga acceso a los mismos datos y a la misma información en relación con este modelo que pudiera tener la Generalitat de Catalunya o ERC.

También ha querido dejar claro que, a su entender, este modelo se articula “como un chantaje”, de tal forma que aquellas comunidades autónomas que no se acogan al nuevo modelo, que espera que “no salga adelante”, continuarían con el modelo anterior y, por lo tanto, no se podrían beneficiar de los “famosos” 21.000 millones que el Gobierno central está dispuesto a aportar para financiar a las comunidades autónomas.

Pone en duda que lleguen 1.248 millones más

El consejero también se ha mostrado escéptico con que el nuevo modelo otorgue a Castilla-La Mancha 1.248 millones de euros más de los que está recibiendo con la actual financiación. “En la Consejería de Hacienda somos incapaces de llegar a esa cifra. No sabemos ni con qué la están comparando ni cómo se ha llegado a ella”, ha criticado. No obstante, ha tomado esa cifra como referencia para añadir que, según sus cálculos, Castilla-La Mancha “quiere tener” un 10% más sobre ella para salvar “separación” que se produce con Catalunya.

Sobre la petición que hizo en los medios de comunicación García-Page pidiendo a Sánchez que convoque una Conferencia de Presidentes autonómicos para abordar el asunto 'de tú a tú', Ruiz Molina no le “consta” que su Gobierno haya pedido formalmente ese encuentro.

Emiliano García-Page ha pedido este miércoles al Gobierno de España que tenga el “coraje” de convocar una Conferencia de Presidentes autonómicos para debatir el nuevo modelo de financiación autonómica propuesto por el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez.

El presidente de Castilla-La Mancha justificaba esta petición por una cuestión “de respeto a las autonomías”, para que esta propuesta, “que es resultado del chantaje de los independentistas”, pueda ser discutida “a la cara”.

Además, ha pedido al Gobierno de España que “no se avance más en el atropello a la igualdad que significa esta propuesta, si no hay un Presupuesto General del Estado aprobado”, para que, según su opinión, “sepamos si estamos hablando de algo serio o de fuegos de artificio”. “Para qué vamos a estar peleándonos unos con otros si ni siquiera hay presupuestos”, ha añadido.

Por último, el barón socialista, ha pedido separar la negociación de la financiación autonómica con la de los presupuestos. “Porque si no, lo que va a terminar pensando todo el mundo en España es que la igualdad de todos se somete al mercado para intentar sacar unos presupuestos. Y eso no lo vamos a consentir”.

La de hoy es la enésima muestra de rechazo por parte del Gobierno de García-Page hacia el nuevo modelo de financiación autonómica planteado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Hace solo dos días era el consejero de Hacienda Juan Alfonso Ruiz Molina, quien insistía en un “rechazo absoluto” a la propuesta, razón que justificaba por el principio de ordinalidad que trata de “dar privilegios a una comunidad autónoma en detrimento de las otras”, en alusión a Catalunya.

El Consejo de Ministros celebrado este martes ha aprobado varias medidas relativas a Canarias que el ministro de Política Territorial y expresidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres, ha calificado de “importantes” para las Islas. Entre ellas está la modificación del límite de gasto para las comunidades autónomas, que se eleva del 3,2% fijado por Europa, hasta el 4%. En este punto Torres ha expuesto la incongruencia del PP de Canarias en las votaciones al respecto y ha señalado que el próximo día 14, cuando se vote esta regla en el Congreso de los Diputados, se verá “quiénes defienden los intereses de los canarios y canarias y quiénes anteponen sus propios intereses”, en referencia a la consejera de Hacienda, Matilde Asian (PP).

Ya este lunes, el Gobierno central trasladó a las comunidades autónomas que el próximo año dispondrán un 8% más de financiación, incluyendo las entregas a cuenta y la liquidación del sistema de 2025, lo que supone “los mayores recursos de su historia”, según lo explicó el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.

El Gobierno también trasladó a las comunidades que podrán incurrir en un déficit del 0,1%, lo que supone unos números rojos de unos 1.700 millones de euros para el conjunto de los ejecutivos regionales solo para el año próximo.

Torres ha detallado que el nuevo objetivo es “mejor que el anterior”, pues eleva la cifra del 3,2% al 4%. Esto, ha abundado, significa “muchos más recursos para sanidad pública, educación pública, servicios sociales, dependencia, vivienda... es decir, para el estado del bienestar”.

Torres ha recordado que la consejera canaria de Hacienda, Matilde Asian (PP), se abstuvo cuando se propuso en 3,2% de objetivo de déficit, y sin embargo votó en contra del 4% este lunes “por orden de su partido político”. El ministro ha añadido que este nuevo objetivo de déficit se votará en el Congreso el próximo 14 de julio, y que ese día se verá cuál es el voto de los distintos grupos políticos: “Sabremos quiénes defienden los intereses de los canarios y canarias y quiénes anteponen sus propios intereses”, ha concluido.

Este martes, el Consejo de Ministros también dio luz verde a ampliar hasta los 23,1 millones las ayudas para compensar la singularidad fiscal de Canarias frente a la Guerra de Irán. En un primer acuerdo con el Gobierno regional, las ayudas superaban los 15 millones de euros por parte del Estado, mientras que el Ejecutivo de Fernando Clavijo aportaba algo más de 14 millones.

Sin embargo, tras alargarse el conflicto, y tras un nuevo acuerdo entre ambas administraciones, el Gobierno central se comprometió a incorporar otros 7,8 millones de euros adicionales, lo que, en suma, eleva a 23,1 las ayudas.

“Spain is different” fue el eslogan que el franquismo, con Manuel Fraga como ideólogo, lanzó en los años 60 del siglo pasado para atraer el turismo europeo. El reclamo: toros, playas y sangría. Más de medio siglo después, el partido fundado por aquel ministro de la dictadura, el PP, y su escisión ultra, Vox, han recuperado para Andalucía la “promoción de la tauromaquia, la caza y la pesca como atractivos turísticos”.

Es el punto 43 del acuerdo firmado el jueves por el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, y el que será su vicepresidente, Manuel Gavira. Tras meses diciendo que no iba a pactar con Vox, el barón del PP rubricó el jueves en primera persona un prolijo documento que sigue la estela de los cerrados en Extremadura, Aragón y Castilla y León.

Los de Santiago Abascal han vuelto así a los gobiernos de coalición con el PP dos años después. Como entonces, tendrán cuatro vicepresidencias y varias consejerías, pero esta vez tendrán un peso específico y un presupuesto asignado. Además, han arrancado sendos senadores por designación autonómica en cada comunidad, puestos en la mesa de los parlamentos regionales. Mención aparte de los futuros nombramientos en organismos y puestos por determinar.

Vox no solo regresa a la gestión con más poder y dinero. También con sus banderas ideológicas intactas. Aunque el reparto de competencias y cargos no es el mismo en todas las comunidades, sí hay puntos comunes y una intencionalidad clara en los ultras: evitar problemas en la gestión e imponer su guerra cultural.

Gavira será vicepresidente de la Junta de Andalucía y aglutinará bajo su mando las cuatro carteras que Moreno les ha cedido: Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local. Son competencias muy similares a las que Moreno ya cedió al entonces líder de Ciudadanos, Juan Marín, en 2019.

Las dos primeras son las más importantes. Según datos de la propia Junta, en 2025 se registraron 37,9 millones de visitantes, más de 30.000 millones de ingresos y 482.000 trabajadores. Según Caixabank, esta industria representa casi un 13% del PIB. En cuanto a la cartera de Justicia, supondrá que todos los juzgados de primera instancia andaluces dependerán administrativamente de Vox. Eso incluye las contrataciones de personal, las condiciones materiales o la llamada justicia juvenil, que se dirige a los menores infractores.

Es una de las competencias más importantes que ha logrado Vox en esta segunda ronda negociadora con el PP para los gobiernos autonómicos. En 2023 las materias que lograron los ultras fueron menos importantes y, sobre todo, con una ínfima dotación económica si se compara con lo obtenido en 2026.

Aquella mala negociación, en la que Vox era principiante, supuso un fiasco para sus votantes, que fueron abandonando paulatinamente al partido de Abascal. Las encuestas lo detectaron y, apenas un año después, la dirección estatal impuso la ruptura en bloque de todos aquellos gobiernos. De aquella hornada de vicepresidentes autonómicos solo queda el aragonés Alejandro Nolasco, quien repite ahora como número dos del Gobierno de Jorge Azcón. El resto han sido relegados o purgados y expulsados, como ha ocurrido en el caso de Juan García-Gallardo o del murciano José Ángel Antelo.

Nolasco es, así, vicepresidente primero. Vox tendrá además otros dos consejeros en el Gobierno de Azcón. Las materias que han obtenido son Desregulación, Servicios Sociales y Familia; Agricultura, Ganadería y Alimentación; Medio Ambiente y Turismo.

Son muy parecidas a las cedidas por Alfonso Fernández-Mañueco en Castilla y León, donde Vox tiene, además de la vicepresidencia, Desregulación, Familia y Ayudas Sociales; Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental; y Cultura, Turismo y Deporte. En Extremadura, María Guardiola entregó una consejería menos y los ultras se quedaron con Desregulación, Servicios Sociales y Familia; y Agricultura, Ganadería y Medio Natural.

El triunfo de la “prioridad nacional”

Más allá de diferencias puntuales debido al diferente peso electoral de Vox en cada comunidad, su gran triunfo ha sido ideológico. Y la principal conquista, la “prioridad nacional”, que ya es una realidad en los gobiernos de coalición de PP y Vox.

Cuando los de Abascal dieron la espantada en 2024 eligieron como excusa el acogimiento de los menores migrantes que viajan solos. PP y Vox se enfrentaron, y los de Feijóo defendieron en un primer momento que no podían dejar de atender a los llamados ‘menas’.

Apenas dos años después, los acuerdos cerrados por Moreno, Guardiola, Azcón y Mañueco atacan directamente a la solidaridad con las personas más desfavorecidas. Con el eslogan de la “prioridad nacional” por bandera, los pactos de gobierno en Andalucía, Aragón, Extremadura y Castilla y León establecen la eliminación de subvenciones a ONG que atienden a los migrantes. Desde Cruz Roja a Cáritas.

También se plantea la prohibición de la llegada de más menores extranjeros y la expulsión de los que ya están viviendo en esos territorios. Se “endurece” su situación en los centros en los que están internos y se relaciona su presencia con la inseguridad. Así lo ha firmado, textualmente, Juan Manuel Moreno en Andalucía.

Pero la “prioridad nacional” no deja de lado solo a los inmigrantes. El encaje de esta medida en el “arraigo” y “la trayectoria de cotización y actividad laboral” que se ha anotado en todos los acuerdos implica que también los ciudadanos españoles que han sobrevivido en la economía sumergida y fuera de los circuitos laborales habituales también podrían quedar excluidos de las viviendas sociales o las ayudas públicas. Incluso se establece su “exclusión del acceso a prestaciones y servicios sociales estructurales” salvo en “supuestos de urgencia vital”.

De los acuerdos han desaparecido las referencias a la violencia estructural contra las mujeres o las políticas destinadas a personas LGTBIQ+. Vox tiene testado sociológicamente que el motor de su éxito electoral es su discurso racista y xenófobo contra las personas migrantes, tal y como ya hiciera el antiguo Frente Nacional en Francia, Giorgia Meloni en Italia y tantos partidos ultras en otros países de Europa.

Los documentos asumidos por el PP cargan contra las políticas verdes puestas en marcha tanto para reducir la emisión de gases contaminantes como para impedir la degradación de los ecosistemas. Vox ha obligado a los de Feijóo, por ejemplo, a reducir los espacios reservados para la llamada Red Natura y otros territorios de especial protección. Pero también se asume la defensa de la energía nuclear y la criminalización social de energías verdes, como la fotovoltaica o la eólica, para anteponer un “uso agrario”. Hay estudios que apuntan a que la fotovoltaica ocupa el 0,12% de España.

La consecuencia material y social de estos gobiernos de coalición, que apenas han echado a rodar, está todavía por evaluarse. Pero ya ha tenido su traslación política. Feijóo ha abandonado en apenas un año su promesa de gobernar en solitario.

Y, además, ha asumido algunas de las tesis centrales de la extrema derecha: desde esa “prioridad nacional” que hoy justifican algunos de sus rostros más pretendidamente suaves, como Borja Sémper, a la denuncia de que procesos como las nacionalizaciones extraordinarias derivadas de la 'ley de nietos' tendrá efectos “desde el punto de vista cultural”. Un paso más en la asimilación del discurso más ultra por parte de quien hizo de la “moderación” su carta de presentación.

Una modificación sustancial del modelo de financiación autonómica en España exige un procedimiento complejo, en el que confluyen decisiones políticas, legislativas y, en determinados supuestos, incluso constitucionales. La pieza central sería la modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA). Al tratarse de una ley orgánica, su reforma requiere aprobación por mayoría absoluta del Congreso de los Diputados en una votación final sobre el conjunto del proyecto, después de una tramitación ordinaria en ambas Cámaras y siempre con la posibilidad de veto o enmiendas por el Senado. La práctica constitucional española ha convertido la LOFCA en la norma básica del sistema de financiación de régimen común.

Aunque jurídicamente no es imprescindible, políticamente resulta casi indispensable alcanzar un acuerdo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. En este órgano participan el Ministerio de Hacienda y las comunidades autónomas de régimen común. Tradicionalmente, cualquier reforma relevante se negocia previamente en este foro para dotarla de legitimidad política y viabilidad parlamentaria.

Además de la LOFCA, suelen requerirse reformas de la ley reguladora del sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común, las leyes de cesión de tributos y diversas normas tributarias estatales. Por tanto, normalmente no basta con una única ley.

Adicionalmente, y dependiendo del alcance de la reforma, algunas comunidades podrían verse obligadas a adaptar sus normas tributarias propias, ajustar sus presupuestos y, en ciertos casos, disposiciones de sus estatutos de autonomía.

 ¿Sería necesaria una reforma constitucional? En principio, no. La Constitución, especialmente los artículos 156 a 158, deja un amplio margen para diseñar distintos modelos de financiación autonómica. Ahora bien, sí sería necesaria una reforma constitucional si se pretendiera alterar los principios constitucionales de solidaridad o suficiencia financiera, modificar la distribución territorial del poder financiero, generalizar un sistema semejante al concierto económico vasco y al convenio navarro para algunas o todas las comunidades o cambiar aspectos esenciales del Estado autonómico.

Aunque jurídicamente bastaría una mayoría absoluta en el Congreso para reformar la LOFCA, una reforma profunda y duradera suele requerir amplio consenso entre comunidades autónomas, un acuerdo entre los principales partidos nacionales y un marco de Estabilidad presupuestaria plurianual. De hecho, una de las razones por las que no se ha renovado el modelo vigente desde 2009 es la enorme dificultad para conciliar los intereses de comunidades receptoras y contribuyentes netas.

La pregunta del millón es: ¿Puede un gobierno sin apoyos parlamentarios sacar adelante una reforma de calado del modelo financiero territorial? En términos estrictamente jurídicos, sí podría. En términos políticos, es extraordinariamente difícil.

La clave está en distinguir entre Gobierno y mayoría parlamentaria. El Gobierno puede elaborar una propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica, negociar con las comunidades autónomas y remitir al Congreso un proyecto de reforma de la LOFCA. Sin embargo, la reforma no puede entrar en vigor sin la aprobación de las Cortes Generales. Por tanto, un gobierno sin apoyos suficientes puede diseñar y presentar una propuesta y puede abrir negociaciones bilaterales o en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y puede incluso alcanzar acuerdos con algunas comunidades autónomas. Pero no puede aprobar unilateralmente la reforma de la LOFCA (requiere mayoría absoluta del Congreso), las modificaciones de las leyes de cesión de tributos y las eventuales leyes presupuestarias asociadas.

Además, existe una dificultad añadida: la financiación autonómica genera ganadores y perdedores relativos, incluso poniendo una ingente cantidad de dinero encima de la mesa para suscitar adhesiones. Incluso gobiernos con mayorías sólidas han tenido enormes problemas para reformarla. De hecho, el modelo vigente, aprobado en 2009 bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, fue fruto de una negociación muy compleja con comunidades autónomas y grupos parlamentarios; y se puso dinero para suscitar adhesiones, pero el modelo comenzó a mostrar sus defectos desde el primer momento, ya que se hizo a impulso de las autoridades catalanas sin tener en cuenta la integridad y la dinámica del modelo. ¿Vamos a repetir los mismos errores?

Desde una perspectiva práctica, una reforma profunda suele requerir tres mayorías simultáneas: una mayoría en el Congreso, un grado razonable de acuerdo entre comunidades autónomas y una capacidad para sostener el acuerdo durante varios ejercicios presupuestarios. Por ello, si un Gobierno carece de una mayoría parlamentaria estable para aprobar incluso los Presupuestos Generales del Estado, resultaría muy difícil que pudiera sacar adelante una reforma de carácter estructural como es la financiación autonómica. No es imposible, pero exigiría pactos amplios con partidos de la oposición y con varias comunidades autónomas. Las perspectivas no son halagüeñas después de los primeros pasos dados desde la Secretaría de Estado de Hacienda en reuniones bilaterales, en un contexto preelectoral, sin recorrido suficiente para una negociación realista, sosegada y razonable de una política estructural del Estado.

En el marco político actual español, muchos constitucionalistas y expertos en Hacienda Pública consideran que una reforma de gran alcance del modelo de financiación solo tendría verdadera estabilidad si contara con un consenso semejante al que se exige para las grandes leyes de Estado, aunque formalmente la Constitución no imponga una mayoría reforzada más allá de la exigida para la ley orgánica.

Solo si la reforma alterase los principios básicos del modelo territorial español sería necesaria una reforma de la Constitución. El problema es que se pretenda hacer pasar como una mera reforma del modelo un cambio fundamental en el modelo financiero territorial español y esto sí que exigiría una reforma constitucional. En definitiva, una reforma del calado que se propone y que afecta a los fundamentos constitucionales del Título VIII abre la puerta a una litigiosidad en forma de potencial recurso de inconstitucionalidad.

Este es el último boletín del curso y quiero empezar dándote las gracias por leernos y acompañarnos todo el año. La pequeña comunidad que nos juntamos en torno a este boletín ha crecido mucho estos meses y estamos muy contentos. No pasaré lista, pero os espero a todas y todos en septiembre.

Hoy quería hablaros de esta cosa tan española que son las grandes reacciones catastrofistas a todo lo que parezca un poco de progreso. Hoy, los creadores de “si se prohíbe fumar en interiores cerrarán los bares” —cuya versión moderna son las terrazas— y “si se peatonaliza el centro habrá pérdidas millonarias en los comercios” nos traen que “reducir las ratios en las escuelas infantiles puede suponer el cierre de todos los centros privados”. Así, con mesura: todos. Ni uno solo se salvaría.

Esa ha sido la reacción que han tenido las patronales –y alguna administración– al anuncio del Gobierno de que va a reducir a la mitad las ratios en la Educación Infantil de cero a tres años. Os cuento.

Un poco por sorpresa, el Ministerio de Educación irrumpió el pasado miércoles en las protestas de las educadoras de Infantil (que en Madrid llevan desde el 7 de abril de huelga indefinida, que ha escalado puntualmente a paro nacional) y anunció que va a bajar a la mitad el número máximo de niños y niñas por clase.

Digo “irrumpió” porque las protestas se dirigen en principio a las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias, pero el Ministerio tiene la capacidad de fijar el marco básico para todas y, con su movimiento, consiguió apuntarse un tanto atendiendo a una de las principales reivindicaciones de las educadoras.

Basta leer la reacción de la plataforma que ha convocado los paros, PLEI, para dimensionar el calado del movimiento: “Queremos reconocer y agradecer el importante esfuerzo realizado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, encabezado por la ministra Milagros Tolón, su equipo técnico y político, implicado de lleno en este proceso desde el primer día de las movilizaciones de las educadoras infantiles. Consideramos que el trabajo desarrollado ha requerido una voluntad clara de diálogo, una capacidad sostenida de negociación y una firme determinación política para abordar una cuestión que llevaba décadas sin avances reales. (...) No obstante, el impacto real de esta medida dependerá única y exclusivamente de su aplicación efectiva por parte de las Comunidades Autónomas, (...) la pelota está ahora en su tejado.

Golazo del Gobierno.

Cuando vi el anuncio de Educación mi primer pensamiento fue que las patronales de centros privados, que suponen más o menos la mitad del sector, dirían que las ratios a la mitad provocarían que los precios fueran el doble. Me quedé corto: lo que dijeron es que iban a desaparecer todas.

Más de 224.000 alumnos podrían quedarse sin plaza y 60.000 trabajadoras sin empleo, vino a advertir Acade. Escuelas Católicas, la patronal que controla los centros educativos de la Iglesia, solo habló de “muy serias dudas sobre la pervivencia de más de 4.000 escuelas”.

Algunas administraciones también se subieron al carro: Rueda, el presidente gallego que rechazó 22 millones de euros europeos para crear plazas públicas porque prefiere subvencionar las privadas (como Moreno, en Andalucía), sostiene que la medida “compromete muy seriamente la gratuidad” (es lo que tiene no tener un sector público potente). Madrid, cómo no, también tenía algo que decir, aunque un poco sorprendentemente su crítica fue más racional: la consejera Zarzalejo dijo que es “una cortina de humo” y criticó que el Gobierno no hubiera negociado ni hable de cómo financiarlo.

De momento lo de Educación es solo un anuncio y hasta que no esté en el BOE no se puede cantar victoria, pero si se consolida la rebaja propuesta se habrá merecido el calificativo de “histórico” que el propio Ministerio se autoadjudicó en la nota de prensa (menos histórica es la bajada en Bachillerato hasta 30 estudiantes que va en el mismo paquete, sigue siendo un número considerable de adolescentes por clase).

Dos pildoritas y sigo con más cosas:

Esta semana hemos hablado de...

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Como os decía, con este boletín cierro el curso.

Quiero daros las gracias a todos y todas por estar ahí, por leer, comentar, por protestar cuando algo no os parece bien. Os leo y tengo en consideración siempre, aunque a veces no tenga tiempo para contestaros.

Pero cierro muy satisfecho, el boletín ha crecido mucho este curso y eso significa que algo de lo que hacemos os gusta.

Nos retiramos unos meses a descansar –del boletín, seguiremos con la información–, a darle una vuelta al formato y volver en septiembre con energías renovadas para seguir dando guerra al poder.

Me encontráis en educacion@eldiario.es o en dsanchez@eldiario.es para denunciar, proponer, consultar, criticar o lo que os apetezca.

¡Pasad un buen verano!

Un abrazo.

Antonio es profesor interino en Castilla-La Mancha. Con un buen puesto en la bolsa, consiguió una sustitución que empezaba a mitad de septiembre. Fue encadenando bajas (ajenas) durante el curso hasta que, en la última, el docente titular de la plaza, al que sustituía, le anunció que se reincorporaba a trabajar el 25 de junio, pocos días antes de acabar el año académico. Con pequeños parones entre puesto y puesto, estuvo trabajando durante todo el año, excepto esos últimos cinco días, porque en julio el profesorado no trabaja, excepto las direcciones y quienes forman parte de tribunales de oposiciones.

Ana también es interina, pero ejerce en Madrid. En otoño no trabajó y se incorporó a un colegio a principios de diciembre, con el curso bien entrado ya, para cubrir una baja. Ejerció dos trimestres hasta que este 26 de junio quedó dispensada de ir al centro y empezó sus vacaciones.

Antonio trabajó casi nueve meses, pero no cobrará un céntimo en julio ni en agosto; Ana, con su medio año en el instituto, tendrá nómina durante todo el verano.

Es la lotería de la interinidad en la docencia, donde cada comunidad autónoma ha puesto unas normas propias en lo que, hasta 2011, era un derecho consolidado de todo el profesorado, ejerciera donde ejerciera. Hoy el pago del verano depende del Gobierno regional de turno, de cómo de arriba esté cada persona en la lista de aspirantes —la bolsa de interinos— y, por tanto, lo pronto o tarde que pueda coger una plaza, o incluso del movimiento de docentes que haya en esa comunidad autónoma y su sistema de reparto. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, faltan profesores y, más temprano que tarde, un interino acabará teniendo una sustitución que hacer. En la Comunitat Valenciana las listas se mueven poco y es habitual estar varios meses en espera.

Dado que ni siquiera hay cifras oficiales de cuántos interinos tiene el sistema, no se conoce tampoco cuántos están cobrando el verano y cuántos no. Algunos sindicatos calculan que en España los trabajadores temporales suponen un 20% del total, lo que elevaría la cifra por encima de las 100.000 personas. En Castilla-La Mancha, una comunidad que está entre las que ofrece condiciones más duras para acceder al pago del verano, el sindicato CSIF denuncia que solo el 12% de los docentes interinos cobra julio y agosto.

Pérdida de un derecho y recuperación... a medias

“Algunas comunidades continúan discriminando al colectivo interino respecto a los funcionarios de carrera”, sostiene el sindicato UGT, que denuncia año tras año las diferentes situaciones que vive el profesorado desde hace más de una década.

Hasta 2011 lo habitual era que el profesorado interino cobrase el verano íntegro. En ocasiones se ocupaban, incluso, de las recuperaciones de septiembre. Y entonces llegó la crisis de las hipotecas y los recortes en Educación. Empezó el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que suprimió una paga extra y congeló salarios y oposiciones, y le siguió con entusiasmo el exministro José Ignacio Wert con el famoso Real Decreto 14/2012, que consagró un retroceso en el sistema educativo que aún hoy colea.

Apoyados en aquella norma, los Gobiernos de las comunidades autónomas dejaron de pagar el verano a los interinos. A partir de ahí, con el paso de los años, cada región dibujó su propio camino y hoy “la situación es muy diversa, dependiendo de la comunidad autónoma y la modalidad de contratación: vacante o sustitución”, desgrana UGT. El Tribunal Supremo falló en 2018 que despedir a interinos “que son contratados en septiembre para ejercer durante todo el curso escolar, sin pagarles los meses de julio y agosto (...) supone una vulneración del principio de no discriminación”, y prohibió la práctica. Pero el TS solo hablaba del profesorado que ejerciera desde septiembre y durante todo el curso.

Los Gobiernos regionales se aferraron a ese matiz. Se respeta la sentencia del alto tribunal y quien coge una vacante, las plazas que no tienen dueño (si, por ejemplo, un instituto tiene dos docentes de Matemáticas en plantilla, pero por el número de niños matriculados sabe que necesitará al menos otro), cobrará el verano. Para quienes van cubriendo bajas durante el curso la situación es muy variada. Hay regiones que pagan el verano con 5,5 meses trabajados; otras exigen siete o incluso nueve, como Extremadura; algunas, además, estar activo el 30 de junio; las “más sangrantes”, siempre según UGT, son Galicia y Canarias, que lo tienen aprobado pero no presupuestado, de manera que nadie lo cobra.

Todas las casuísticas se pueden consultar en el cuadro al final de este artículo.

Una carrera desde septiembre

Cada principio de curso miles de docentes, decenas de miles quizá —no hay cifras oficiales de interinidad, que algunos sindicatos calculan en un 20%—, comienzan una carrera para llegar a junio con los meses que necesite cumplidos. Quien coge una vacante respira tranquilo. Quienes están más abajo en la bolsa deben esperar.

Ana (nombre ficticio) no sufre mucho, cuenta, porque en Madrid las bolsas se mueven. “Yo ahora tengo una posición relativamente alta y, en mi especialidad al menos, hay bastante rotación”, cuenta. De hecho, no pudo incorporarse hasta mitad de diciembre por cuestiones personales, pero no le preocupaba porque sabía que para final de curso sumaría los meses requeridos para cobrar el verano.

“Al principio, cuando estaba más abajo en la bolsa, lo pasé peor algún año”, explica. Esos años tenía que echar cuentas, calendario en mano, de los días trabajados y los que quedaban de año para ver si llegaba, mirando con ansiedad el día que la Administración te da de alta o baja cuando haces una sustitución. “A veces un día o dos te pueden descolocar todo según cómo caigan”, explica. “Te dan de baja de la sustitución que acabas de terminar un día tarde, lo que te impide optar a una plaza que sale, la Administración cierra las contrataciones porque llega la Navidad —por ejemplo— y de repente un día se convierte en dos semanas y ya no llegas”. Le ha pasado y la diferencia son unos cuantos miles de euros.

Antonio (pide anonimato) no es que esté resignado, pero sabe que no va a cobrar el verano. En Castilla-La Mancha los interinos deben trabajar al menos ocho meses de manera ininterrumpida hasta el 30 de junio y con nombramientos que deben haberse producido antes del 31 de octubre, explica. “He estado todo el curso haciendo sustituciones, pero con los periodos de inactividad entre una plaza y otra no llego a los ocho meses y además acabé el día 25, por lo que no llegué hasta el 30 como exigen”, lamenta el agravio comparativo con otros compañeros, tanto suyos en la región como de otras comunidades autónomas. “Los interinos se sienten docentes de segunda categoría, y es así porque realmente son discriminados por la Administración, ya que deben cumplir unas condiciones leoninas”, sostiene el presidente de CSIF Educación Castilla-La Mancha, Juan Luis Martínez.

Además, las administraciones siguen apretando, intentando ahorrarse unas nóminas, recuerda UGT. Madrid ha sido condenada hace unas semanas por no pagar el verano a una interina porque no estaba activa el 30 de junio, un requisito que no aparece en el acuerdo que firmaron sindicatos y Gobierno regional en 2018, tal y como le recuerda el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en la sentencia. Y no es la primera vez. “Deben homologarse las condiciones económico-laborales del profesorado interino con las del resto de docentes funcionarios de carrera”, cierra el sindicato.

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha propuesto revisar el marco de disciplina presupuestaria aplicable a las comunidades autónomas y ha planteado establecer una regla de gasto autonómica basada en los ingresos no financieros de cada comunidad, que incorpore un mecanismo explícito de reducción de deuda.

Fedea ha publicado este martes un documento de trabajo de Fernando González (Universidad Complutense de Madrid) y Diego Martínez (Universidad Pablo Olavide de Sevilla y Fedea) en el que se aborda la oportunidad que se abre para revisar el marco de disciplina presupuestaria aplicable a las comunidades autónomas tras la recuperación de las reglas fiscales después de la pandemia, según informa Europa Press.

Según han explicado los expertos, la regla de gasto nacional vigente no está suficientemente conectada con un objetivo claro de reducción de la deuda. En la práctica, cumplir la regla puede, en algunos casos, conducir a una posición fiscal neutral, pero no necesariamente a una senda creíble de disminución del endeudamiento.

Esto es especialmente relevante ya que las comunidades autónomas españolas se encuentran entre los gobiernos subcentrales más endeudados de Europa, y algunas mantienen niveles de deuda muy alejados de la referencia legal del 13% del PIB regional --por ejemplo, la Comunidad Valenciana lidera con una ratio del 40,4% en el primer trimestre de 2026--.

Una estimación basada en sus ingresos a futuro

El trabajo propone una regla de gasto autonómica basada en los ingresos no financieros de cada comunidad que incorpora un mecanismo explícito de reducción de deuda. Según han planteado los expertos, el gasto permitido debería evolucionar de acuerdo con una estimación prudente de los ingresos estructurales o tendenciales de cada comunidad autónoma, pero descontando además el esfuerzo necesario para aproximar gradualmente su deuda a un nivel de referencia.

Se plantea un techo de gasto plurianual, preferiblemente alineado con el ciclo político de cuatro años, que permitiría corregir desviaciones dentro del periodo sin convertir cada incumplimiento anual en una nueva base permanente.

La regla propuesta funciona como una “regla de gasto con freno de deuda”. Su lógica es que, a largo plazo, el gasto debe seguir la evolución de los ingresos, pero con una corrección adicional cuando la deuda se sitúa por encima del objetivo. Cuanto mayor sea la distancia entre la deuda observada y la referencia deseada, mayor será el esfuerzo exigido. A la vez, el diseño permite modular la intensidad del ajuste mediante parámetros transparentes: por ejemplo, alargando o acortando el periodo de convergencia hacia el objetivo de deuda.

Las simulaciones realizadas en el estudio para las comunidades muestran que la regla permitiría limitar el crecimiento del gasto y reducir la deuda de forma más previsible que el marco vigente. En el escenario principal, la deuda autonómica agregada se reduciría de forma gradual, con diferencias entre regiones en función de su punto de partida.

El Ministerio de Hacienda ya ha puesto fecha a la reunión bilateral con el Gobierno de Castilla-La Mancha para abordar sus propuestas de cara al nuevo modelo de financiación autonómica. Será el 22 de junio con el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, y con la Secretaría General de Financiación Autonómica.

En ese encuentro, la comunidad autónoma le trasladará su propuesta, basada en garantizar el coste real que supone prestar los servicios de su competencia y garantizar el principio de igualdad en materia financiera.

Lo ha confirmado el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, quien ha incidido en la defensa de que todos los ciudadanos deben recibir “en condiciones de calidad” los mismos servicios públicos “con independencia de su capacidad económica o de la capacidad tributaria que tengan los territorios”.

“El modelo que presenta Castilla-La Mancha, el que vamos a defender en esa reunión bilateral, es diametralmente diferente al que ha propuesto el Gobierno, al que ha negociado el Gobierno central con los independentistas catalanes, en el sentido de que se trata de primar la capacidad tributaria en lugar de ese principio de igualdad. Yo siempre digo que los impuestos los pagan los ciudadanos, quienes reciben los servicios públicos son los ciudadanos y no son los territorios”, ha argumentado.

Ruiz Molina ha recordado que el fruto de estas reuniones bilaterales se llevará posteriormente al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y ha reiterado la necesidad de contar con documentación técnica para tener una posición más definida de cara a ese encuentro, “fundamentalmente para que la reunión sea más productiva”.

“Solamente contamos con un PowerPoint”, ha dicho, que es el que tienen los medios de comunicación, considerando que “técnicamente nos merecemos algo más de documentación”, fundamentalmente “las tripas de lo que es el modelo, que para eso tenemos un equipo técnico potente en la Consejería de Hacienda para analizar los datos, no solamente los que pudieran servir de base, que es el 2023, pero sí saber la evolución hasta el 2027”.

La carta enviada a todas las comunidades autónomas

Este encuentro se enmarca en la carta que el Ministerio envió a principios de mes a todas las comunidades autónomas concertando reuniones bilaterales con el objetivo de retomar la cuestión, tras la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en la que se presentó un documento de bases para un nuevo sistema de financiación autonómica.

El objetivo es que el nuevo modelo entre en vigor el 1 de enero de 2027. En los últimos meses, según apuntaba la misiva del secretario de Estado, se han desarrollado trabajos “técnicos” para facilitar que se pueda presentar y debatir en el CPFF “lo antes posible” una propuesta de acuerdo sobre el nuevo sistema de financiación que, si fuese aprobada, permitiría elevar al Consejo de Ministros, para su aprobación y posterior remisión al Congreso de los Diputados.

Jesús Gascón explicaba en la carta que tras las valoraciones de la última reunión y “algunas opiniones que informalmente nos han ido llegando, hay algunos aspectos que consideramos interesante compartir”. Algo que se traduce, abunda, en “concretar y aclarar lo reflejado en el documento de bases ya presentado”.

En la carta también se sugiere, “atendiendo a algunas peticiones formuladas en el CPFF”, trabajar con los datos cerrados de 2023, y considerarlo como “año base” porque cree que eso sería “compatible” con que el primer año de aplicación pueda ser 2027 para el nuevo modelo.

El mes de junio no cuenta con un festivo nacional común para toda España, pero sí deja algunas fechas señaladas en el calendario laboral de distintas comunidades autónomas. Una de ellas es el martes 9 de junio de 2026, una jornada que será no laborable en dos territorios concretos: La Rioja y la Región de Murcia. En ambos casos, el descanso responde a la celebración de sus respectivas fiestas autonómicas y no se extiende al conjunto del país, por lo que su impacto es limitado y localizado.

Esta fecha suele generar cierta confusión, ya que no todos los festivos tienen el mismo alcance ni se aplican de la misma forma. Existen días no laborables de carácter nacional, que afectan a todo el territorio, mientras que otros dependen de cada comunidad autónoma o incluso de cada municipio. Por eso, aunque el 9 de junio será festivo en La Rioja y en la Región de Murcia, en la mayor parte de España se tratará de una jornada laboral ordinaria, salvo en aquellas localidades que hayan fijado también una celebración propia dentro de su calendario municipal.

El hecho de que el festivo caiga en martes abre además la puerta a posibles “puentes”, una opción habitual cuando los días no laborables se sitúan cerca del fin de semana. El lunes 8 de junio no figura como día festivo en estas comunidades, pero quienes tengan la posibilidad de solicitarlo libre podrían enlazar el fin de semana con la jornada no laborable del martes. En la práctica, esto permitiría sumar cuatro días consecutivos de descanso, aunque dependerá de las condiciones laborales, del convenio colectivo y de la organización interna de cada empresa o sector.

A esta situación se suma la diferencia entre el calendario laboral y el escolar, que no siempre coinciden. El lunes previo aparece como día no lectivo, lo que permite que parte del alumnado encadene varios días sin clase antes del tramo final del curso. Aun así, conviene diferenciar ambos ámbitos: que un día sea no lectivo no implica que sea festivo laboral para toda la población. La única jornada oficialmente reconocida como festiva autonómica es el 9 de junio, mientras que el lunes anterior mantiene su carácter laboral en términos generales.

Dónde es festivo y qué se celebra en cada una de las comunidades

El 9 de junio será día no laborable en toda la Región de Murcia y en La Rioja. En ambos casos, la fecha está vinculada a sus respectivas fiestas autonómicas y a la aprobación de sus Estatutos de Autonomía en 1982, un momento clave dentro del desarrollo del actual modelo territorial en España. No se trata, por tanto, de un festivo nacional ni de una jornada local, sino de una celebración propia de estas comunidades, que cada año recuerdan el origen de su autogobierno.

En la Región de Murcia se celebra el Día de la Región, una fecha que conmemora la promulgación de su Estatuto de Autonomía el 9 de junio de 1982. Por este motivo, el calendario laboral lo recoge como festivo autonómico y no laborable en todo el territorio murciano. La jornada tiene un marcado carácter institucional, aunque también suele ir acompañada de actividades culturales, actos oficiales y distintas iniciativas abiertas al público, que buscan acercar la celebración a la ciudadanía.

La Rioja también celebra su día autonómico el 9 de junio. En este caso, la fecha recuerda la firma y entrada en vigor de su Estatuto de Autonomía en 1982, un paso clave para consolidar su marco institucional propio dentro del Estado. Por ello, el Día de La Rioja figura como festivo autonómico y se aplica al conjunto de la comunidad, no solo a una localidad concreta. Al igual que ocurre en Murcia, la jornada suele incluir actos institucionales, celebraciones culturales y propuestas vinculadas a la identidad y la historia regional.

La coincidencia del festivo en martes vuelve a abrir la posibilidad de un puente para parte de los trabajadores. El lunes anterior no está marcado como festivo laboral en ninguna de las dos comunidades, pero quienes puedan solicitar ese día libre tendrán la opción de enlazar el fin de semana con la jornada no laborable. En ese caso, podrían disfrutar de cuatro días consecutivos de descanso, siempre en función de su situación laboral, de los turnos establecidos y de lo que recoja su convenio.

En el ámbito educativo, el efecto puede ser algo más amplio. Aunque el lunes no sea festivo laboral, sí suele aparecer como día no lectivo en distintos calendarios escolares, lo que permite a muchos estudiantes encadenar varios días sin clase desde el sábado hasta el martes. Este paréntesis llega además en uno de los últimos tramos del curso, cuyo final está previsto en torno al 20 de junio, por lo que supone una de las últimas pausas antes de las vacaciones de verano.

En definitiva, el 9 de junio será un festivo con un alcance muy concreto, limitado a La Rioja y la Región de Murcia, pero con efectos que pueden variar según el contexto de cada persona. Mientras que para la mayoría del país será un día laborable más, en estas comunidades marcará una pausa en la rutina y, en algunos casos, la oportunidad de alargar el descanso durante varios días.

El Ministerio de Hacienda ha comunicado a Castilla-La Mancha que recibirá 7.477 millones de euros en entregas a cuenta correspodiente a este año 2026.

Este dato supone un 7,5% más que en 2025. Y si se suma la cifra estimada de la liquidación correspondiente al año 2024, los recursos del sistema de financiación de la CCAA para este 2026 alcanzan los 7.795 millones, un 8,5% más que el pasado año. Un incremento “notable” de recursos que “evidencia las garantías que ofrece el Estado a los gobiernos autonómicos, dotándoles con recursos extra para que financien con mayor facilidad la sanidad, la educación o los servicios sociales que prestan a la ciudadanía”.

Durante la presentación del Real Decreto-ley (RDL), el ministro de Hacienda, Arcadi España, recordó que el Congreso de los Diputados tumbó hasta en dos ocasiones la actualización de las entregas a cuenta, “generando tensiones de tesorería y perjudicando a los gobiernos autonómicos”. En este sentido, instó a los grupos parlamentarios a apoyar una medida que es “beneficiosa” para el conjunto de la ciudadanía al servir para incrementar los recursos en sanidad, educación o dependencia.

Entidades Locales

El RDL también incluye la actualización de las entregas a cuenta para las Entidades Locales (EELL). Para los Ayuntamientos y Diputaciones de Castilla- La Mancha, las entregas a cuenta alcanzarán los 1.378 millones, un 8,7% más que el pasado ejercicio y otra cifra “histórica” en financiación para las administraciones más cercanas a la población.

El texto normativo aprobado por el Consejo de Ministros también contempla que las Entidades Locales podrán utilizar el superávit de 2025 para acometer Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS). Se estima que esta medida permitirá que unas 2.544 entidades locales puedan destinar

3.168 millones a inversiones, cuyo plazo de ejecución se prolonga hasta 2027.

Una novedad es que el RDL establece un régimen excepcional para que los ayuntamientos puedan utilizar, además del superávit de 2025, los de 2026, 2027, 2028 y 2029 a inversiones financieramente sostenibles en vivienda. Esto ofrece certidumbre a las entidades locales, fomenta la responsabilidad presupuestaria e incentiva a los municipios a dedicar recursos a facilitar el acceso a la vivienda.

Además, se contempla que las IFS, tanto las de vivienda como el resto, puedan tener carácter plurianual de hasta cuatro años. Por lo tanto, si un ayuntamiento ha registrado superávit en 2025 podrá utilizar ese saldo fiscal positivo para invertir en un proyecto que se inicie este año y se alargue la ejecución hasta 2030. Esto permitirá abordar inversiones más ambiciosas.

A esta medida de IFS plurianual también podrán acogerse las entidades locales con superávit de 2024 por importe de 3.368,5 millones de euros que comprometan gasto en 2026 para la ejecución de inversiones plurianuales a realizar hasta 2030.

Otras medidas

Las Entidades Locales que se encuentran saneadas financieramente no tendrán la obligación de presentar Planes Económico-Financieros en 2026 y 2027 si el incumplimiento de las reglas fiscales deriva de la utilización de los remanentes de tesorería para gastos generales. Para ello, será necesario acreditar el cumplimiento del Período Medio de Pago (PMP).

El RDL también contempla que los ayuntamientos no tendrán que devolver al Estado las cuotas percibidas del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) de la telefonía móvil que han sido objeto de sentencias judiciales del Tribunal Supremo.

Son presidentes de las tres nacionalidades históricas –Euskadi, Catalunya y Galicia–, todos ellos practican deportes de resistencia y los tres son considerados moderados dentro de su propia formación. Pero ni con esas han podido Imanol Pradales, Salvador Illa y Alfonso Rueda mostrar apenas coincidencias en la mesa que han compartido este martes en la reunión del Cercle d'Economia. El catalán y el gallego además se han enzarzado a cuenta de la financiación autonómica, con reproches cruzados entre sus respectivas formaciones, lo que evidencia hasta qué punto será difícil sacar adelante un nuevo reparto con consenso de las comunidades.

El presdiente de la Xunta ha abierto fuego asegurando que ofrece “muy poca credibilidad” que un gobierno en “máxima debilidad” ofrezca algo tan dificil como un modelo de financiación que lleva caducado más de 12 años. El gallego además considera erróneo el planteamiento del Gobierno, que ha cerrado primero un acuerdo con un partido catalán (ERC) y con el propio Govern, antes de abrir la negociación al resto de las comunidades.

“Es un divide y vencerás”, ha denunciado en el mismo día que la mayoría de las comunidades del PP han rechazado reunirse con el ministro Arcadi España para tratar esta cuestión. El presidente de la Xunta ha asegurado además que la financiación debe ser, no solo debatida por todos, tal y como ofrece el Gobierno, sino discutida por todos a la vez.

Rueda además ha considerado que la propuesta del Ministerio “deja atrás” algunos territorios. Algo que ha sido rebatido con contundencia por Illa, que le ha recordado que todas las comunidades ganan con el modelo que puso sobre la mesa la exministra María Jesús Montero.

“Catalunya no va a pedir perdón por liderar económicamente el Estado”, ha asegurado el president de la Generalitat, después de recordar que varios modelos de financiación han salido adelante por el empuje de Catalunya. “Le reclamo que haya una propuesta alternativa”, ha retado Illa a Rueda, a quien ha afeado que su partido rechace el modelo que propone el Gobierno sin hacer una contraoferta. Illa señala además que hay comunidades que “se ponen en guardia” cuando es Catalunya quien llega a un acuerdo, a lo que Rueda ha replicado que “la discusión no es en ningún caso con Catalunya, sino con quien reparte los recursos”.

El lehendakari Pradales miraba la discusión desde la barrera, pues Euskadi, como Navarra, están fuera de la financiación que se administra desde el Ministerio de Economía. El del PNV tiene, sin embargo, otras reivindicaciones nacionales, que no figuran en la agenda del catalán ni por supuesto la del gallego. “En el futuro esperamos una relación bilateral basada en el pacto”, ha asegurado Pradeles, que ha destacado que, si bien los pactos deben ser entre iguales, desde el Gobierno vasco perciben un “desequilibrio” de fuerzas con el Estado. “Por eso tenemos que pensar en alguna forma de interpretación no unilateral de los acuerdos, una relación similar a la del concierto económico pero para el desarrollo político”, ha defendido.

Pradeles además ha recordado que el Estatuto de Gernika es el único que no se ha reformado, pese a ser el más antiguo. “47 años sin reformarlo y 47 años sin cumplirse en su totalidad”, ha blandido, lo que ha dado a entender que, ni que sea por calendario, el PNV no ha dejado en un cajón la reforma del texto básico del autogobierno vasco.

En lo único que han estado de acuerdo los tres presidentes es en considerar el desarrollo autonómico como un éxito sin paliativos. Una descentralización que los tres coinciden en que ha sentado bien tanto a sus respectivos territorios como al conjunto del Estado. “Estoy absolutamente en contra de aquellas voces que dicen que tenemos que parar al descentralización y volver atrás”, ha asegurado Rueda, en velada alusión a Vox. “Y, para acallar esas voces, lo mejor es seguir haciéndolo bien”, ha concluido.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha dado el primer paso para retomar las negociaciones con las comunidades de cara a la reforma del sistema de financiación autonómica. Así, España ha enviado una carta a cada uno de los consejeros regionales para iniciar una ronda de reuniones bilaterales de manera inmediata, con el objetivo de que el nuevo modelo entre en vigor el 1 de enero de 2027.

En una nota de prensa, el Ministerio ha anunciado que será el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, quien dirija las reuniones con las comunidades autónomas.

Gascón, el que fuera el número dos de la vicepresidenta María Jesús Montero, conoce al detalle el modelo de financiación autonómica que propuso el Ejecutivo a principios de año. Una reforma que el nuevo ministro ha hecho propia. “Es un modelo muy justo y que trata a todo el mundo por igual”, dijo España en una entrevista con elDiario.es.

Estas reuniones con cada uno de los Gobiernos regionales son el paso previo a que la reforma del sistema de financiación autonómica se presente ante el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el órgano multilateral que reúne a Hacienda con los consejeros autonómicos del ramo, y después se apruebe en el Consejo de Ministros para arrancar la tramitación parlamentaria.

Las conversaciones técnicas para abordar la reforma del sistema quedaron paralizadas ante el relevo en el Ministerio de Hacienda y la sucesión de convocatorias electorales desde principios de año. Ahora, toda vez que las elecciones en Andalucía han quedado atrás y no se esperan nuevan citas en el horizonte, el Gobierno ha retomado uno de los asuntos más espinosos que les quedaba en cartera.

Más de 220.000 millones para las comunidades

El Gobierno se reafirma en el objetivo de que el nuevo sistema de reparto, que aportaría 20.975 millones de euros extra a los recursos de las autonomías, quede aprobado en el Congreso antes de final de año y entre en vigor a 1 de enero de 2027. La inyección dispara el total de la financiación de la que dispondrán las comunidades autónomas hasta los 224.057 millones.

Estas cuantías salen de una mayor cesión de los principales impuestos: el IRPF (del 50 al 55% de la recaudación) y el IVA (del 50 al 56,5%), así como de una aportación adicional del Estado que Hacienda ha cifrado en 19.000 millones de cara al año que viene.

Para el reparto de los recursos, el Gobierno ha diseñado una metodología que calcula la población ajustada. Es decir, la población residente en un territorio, ponderada por una serie de variables (como el envejecimiento o los universitarios procedentes de otras comunidades, por ejemplo) que deberían acercar esta cifra a las verdaderas necesidades de una región para cubrir sus servicios públicos.

Hacienda ha proyectado también un fondo climático de 1.000 millones de euros, del que dos terceras partes irá destinado a las comunidades mediterráneas; y otro ajuste adicional por valor de 400 millones para que ninguna autonomía obtenga menos recursos de los que recibiría con el sistema en vigor actualmente. Además, abre la puerta a que los territorios que lo pidan reciban una parte de la recaudación del IVA de las pymes que se genera en su territorio. 

Con este sistema, según los cálculos del Ejecutivo, la diferencia entre las comunidades mejor y peor financiadas se reduciría de los 1.500 euros por habitante ajustado en la actualidad hasta el entorno de los 700 euros, menos de la mitad.

Junio ya está aquí y eso significa una cosa: el verano está a la vuelta de la esquina. El sexto mes del año llega con días más largos, primeras escapadas, el final del curso escolar y muchas ganas de empezar a hacer planes al aire libre. También con varias fechas marcadas en el calendario que conviene tener controladas, especialmente si estás pensando en organizar un puente, una escapada de fin de semana o simplemente quieres saber qué días festivos hay en junio de 2026.

Aunque este año no hay festivos nacionales en toda España durante junio, el mes sí deja algunas jornadas no laborables según la comunidad autónoma, además de celebraciones muy señaladas como el Corpus Christi, San Juan o el inicio oficial del verano.

Repasamos qué festivos hay en junio de 2026 en España y cuáles son las fechas más destacadas del mes.

Qué festivos hay en junio de 2026 en España

Si estás mirando el calendario de junio con la esperanza de encontrar un puente nacional, toca esperar un poco más. Junio de 2026 no contempla ningún festivo nacional en España, así que no habrá una jornada no laborable común para todo el país. Eso sí, sí existen varios días importantes según la comunidad o la ciudad declarados, en muchos casos, de interés turístico.

La primera fecha importante llega el jueves 4 de junio, cuando se celebra el Corpus Christi. Aunque no es festivo nacional, sigue teniendo mucho peso en distintos puntos del país y mantiene el carácter no laborable en algunos territorios y municipios. En ciudades como Toledo, Sevilla o Granada continúa siendo una de las celebraciones religiosas más reconocibles del calendario, con procesiones, calles engalanadas y programación especial. En Castilla-La Mancha, además, figura como festivo autonómico.

Pocos días después aparece otro día señalado: el martes 9 de junio, que será festivo en La Rioja, por el Día de La Rioja, y también en la Región de Murcia, que celebra su día autonómico. Para quienes vivan allí, la fecha deja una pequeña pausa laboral en mitad de la semana.

Más adelante, el miércoles 24 de junio, llega San Juan, una jornada muy vinculada al Mediterráneo y especialmente celebrada en Catalunya, la Comunitat Valenciana o Galicia. Aunque no tiene el mismo alcance en todo el país, la noche anterior —la del 23 al 24— sigue siendo una de las más populares del calendario: hogueras, verbenas, conciertos y primeras madrugadas largas del verano.

En Alicante, esta fiesta está declarada de Interés Turístico Internacional, y su origen se remonta a la costumbre de quemar objetos inservibles con la llegada del solsticio. La celebración arranca con el Pregón y la “Plantà”, cuando las hogueras, cargadas de ingenio y humor, son colocadas en distintos puntos de la ciudad. Estos monumentos efímeros son el corazón de la fiesta, y se acompañan de desfiles, pasacalles y la popular cabalgata del 'Ninot'.

Cuándo empieza el verano en 2026

Una de las preguntas más repetidas cada mes junio es cuándo se produce el cambio de estación. El verano empieza oficialmente el domingo 21 de junio de 2026.

Ese día llega el solsticio de verano, el momento en el que comienza oficialmente la nueva estación en el hemisferio norte. También coincide con uno de los días con más horas de luz del año, algo que se nota —y bastante— en la rutina diaria: tardes que se alargan, cenas a horas más intempestivas y esa sensación de que el verano ya está aquí incluso aunque todavía quede calendario por delante.

Junio suele ser además el mes de transición por excelencia: empiezan a abrir piscinas, arrancan los primeros festivales de música multitudinarios, aparecen las primeras escapadas y muchas familias emprenden viaje a su destino de vacaciones.

En resumen: aunque el calor se haya adelantado en muchos lugares, el cambio oficial no llega hasta el 21 de junio.

Del Día del Medio Ambiente al Orgullo

Más allá de los festivos, junio viene cargado de fechas importantes que se repiten cada año y que tienen bastante presencia en agenda y actualidad.

El 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, una fecha que suele venir acompañada de actividades y campañas relacionadas con sostenibilidad, biodiversidad y consumo responsable.

El 14 de junio es el Día Mundial del Donante de Sangre, mientras que el 20 de junio está dedicado al Día Mundial de las Personas Refugiadas.

Uno de los días más celebrados culturalmente es el 21 de junio, cuando además del solsticio se conmemora el Día Europeo de la Música. En muchas ciudades españolas eso suele traducirse en conciertos al aire libre y programación especial.

Y en la recta final del mes aparece otra cita habitual: el 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+, una fecha central en muchas ciudades españolas. Madrid, Barcelona, València, Sevilla o Bilbao acostumbran a concentrar durante esos días buena parte de la programación cultural y reivindicativa que se extiende hasta los primeros días de julio.

Junio 2026: un mes que ya huele a vacaciones

Junio es a su vez el mes de buscar vuelos “por si acaso”, de empezar a organizar escapadas, de cerrar exámenes y reuniones antes del verano y de aprovechar más el día porque anochece tardísimo. También el de las primeras terrazas hasta la noche, las fiestas al aire libre y las agendas que empiezan a llenarse de planes.

En definitiva, entre el Corpus Christi, el arranque oficial del verano, la noche de San Juan o el final de las clases en muchos centros educativos, junio vuelve a ser ese punto intermedio entre la rutina y las vacaciones.

Un calendario bastante claro: menos puentes que otros meses, sí, pero muchas fechas importantes… y cada vez más sensación de verano.

La Selectividad 2026 ya tiene calendario definido, aunque no será exactamente igual en todo el país. Como ocurre cada año, la mayoría de comunidades autónomas concentran los exámenes en fechas muy similares, pero existen algunas diferencias que conviene tener en cuenta, especialmente para quienes están organizando el final de curso.

Los estudiantes de 2º de Bachillerato se enfrentarán en las próximas semanas a la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), el paso previo para acceder a estudios universitarios. Aunque el modelo de examen es común, cada comunidad fija sus propios días tanto para la convocatoria ordinaria como para la extraordinaria, lo que puede influir en la planificación y en los tiempos de preparación.

En general, la convocatoria ordinaria se celebrará a comienzos de junio, con la mayoría de exámenes entre los días 2 y 4, aunque habrá excepciones. Conocer bien estas fechas no solo ayuda a organizar el estudio, sino también a prever los siguientes pasos, como la publicación de notas o los plazos de admisión en la universidad.

Asturias

Aragón

Andalucía

Cantabria

Castilla-La Mancha

Castilla y León

Catalunya

Ceuta

Comunidad de Madrid

Comunitat Valenciana

Extremadura

Galicia

Islas Baleares

Islas Canarias

La Rioja

Melilla

Murcia

Navarra

País Vasco

Cada 31 de mayo, las cinco provincias de la región se detienen para conmemorar un hito democrático que llegó tal día en 1983, fecha de la constitución de sus primeras Cortes. Lo que comenzó como un proceso para dotar de voz propia a un territorio históricamente fragmentado se ha ido transformando, con el tiempo y el esfuerzo de muchos, en una realidad social cada vez más compartida.

Desde la Sierra de Alcaraz hasta la Campiña de Guadalajara, la región celebra su capacidad para autogobernarse. No se trata solo de un festivo en el calendario, sino del recuerdo de aquel momento en la iglesia de San Pedro Mártir de Toledo, donde Castilla-La Mancha empezó a escribir su propia historia. Porque, detrás de cada paso, hay personas: agricultores, ganaderos, funcionarios, docentes, sanitarios y emprendedores que, con su trabajo diario, han ido dando forma a esta Comunidad.

Cuenca, corazón de la celebración

Este año, el corazón de la festividad late en la ciudad de las Casas Colgadas. Cuenca ha sido elegida para acoger el acto institucional, convirtiéndose en escaparate de la región.

El acto institucional se celebrará en el 'Teatro Auditorio José Luis Perales', reuniendo a representantes de la sociedad civil para la entrega de las Medallas de Oro de la Región. Estas distinciones reconocen el talento, el esfuerzo y la solidaridad de quienes llevan el nombre de Castilla-La Mancha más allá de sus fronteras. Muchas felicidades a todas las personas galardonadas.

Pero la celebración no se queda en los espacios oficiales. La ciudad se llena de música, artesanía y actividades culturales. Todo ello coincide con la modernización de los accesos al casco histórico, en un intento de conjugar patrimonio y accesibilidad sin perder su esencia.

Una región de contrastes: del surco al satélite

Si algo define a la Castilla-La Mancha de hoy es su dualidad. La región ha dejado de ser vista únicamente como “tierra de paso” para consolidarse como un territorio con voz propia, aunque no exento de desequilibrios y desafíos.

En el ámbito energético, se ha convertido en referente en energías renovables, hasta ser considerada el “huerto solar” de Europa.

Frente al desafío demográfico, se han impulsado medidas contra la despoblación. Aun así, muchos pueblos siguen luchando por mantener su vitalidad, mientras otros empiezan a atraer a nuevos habitantes que buscan calidad de vida sin renunciar a la conexión con el mundo.

El sector agroalimentario continúa siendo la columna vertebral de la economía regional. El queso manchego, el aceite de oliva y el vino —con la mayor superficie de viñedo del mundo— conviven con una nueva generación de profesionales que están renovando la gastronomía desde el entorno rural.

Los retos pendientes: agua y futuro

A pesar de los avances, el 31 de mayo también debe ser una jornada de reflexión serena. El acceso al agua y la gestión del trasvase Tajo-Segura continúan ocupando un lugar central en el debate regional, reclamando soluciones estables y equitativas para el desarrollo agrícola e industrial de Castilla-La Mancha.

Asimismo, la región mira al futuro con el reto de consolidar su papel como nodo logístico y de seguir diversificando un turismo que ya no busca solo la huella del Quijote, sino también el cielo estrellado de sus reservas Starlight o la tranquilidad de sus parques nacionales.

Conclusión: un proyecto en construcción

Castilla-La Mancha llega a este 31 de mayo de 2026 no como una suma de provincias aisladas, sino como un proyecto común que se ha ido fortaleciendo con el tiempo, aunque no exento de tensiones, desequilibrios y debates sobre el modelo de desarrollo y convivencia territorial.

El balance de estas cuatro décadas muestra una región que ha crecido en cohesión y autoestima, pero que sigue necesitando del compromiso de todos para afrontar sus retos.

En un tiempo marcado por la polarización política y la desconfianza hacia las instituciones, Castilla-La Mancha afronta el reto de seguir reforzando la cohesión social y territorial sin renunciar a la pluralidad de voces que la conforman.

Aquella tierra que Cervantes inmortalizó como escenario de aventuras hoy continúa escribiendo su propia historia, con orgullo, con memoria y con la mirada puesta en el futuro.

En España, no todos los días festivos tienen el mismo alcance ni afectan por igual a todos los trabajadores. Algunos se aplican en todo el país, otros dependen de cada comunidad autónoma y también existen jornadas de carácter local que fija cada ayuntamiento. Por eso, antes de dar por hecho un día libre o la posibilidad de un puente, conviene comprobar con detalle en qué territorios tiene validez cada fecha.

El 30 de mayo es uno de esos días que aparecen señalados en el calendario, pero solo en una parte concreta del país. Se trata del Día de Canarias, una celebración de las islas que conmemora cada año un hito fundamental en su trayectoria institucional. Sin embargo, que figure en el calendario no significa que tenga efectos en toda España. En 2026, esta fecha únicamente será festiva en Canarias y no alterará la jornada laboral en el resto de comunidades.

Además, la posibilidad de que un festivo dé lugar a un puente depende en gran medida del día de la semana en el que cae. Cuando coincide con lunes o viernes, es habitual que permita encadenar varios días de descanso para quienes tienen jornada de lunes a viernes. Este año, sin embargo, el 30 de mayo cae en sábado, lo que reduce considerablemente su impacto para buena parte de la población trabajadora. Aunque mantiene su carácter festivo en las islas, no generará, en términos generales, un descanso prolongado.

Dónde es festivo el 30 de mayo

El 30 de mayo será festivo en toda Canarias con motivo de la celebración de su día autonómico. Se trata de una de las fechas más representativas del calendario del archipiélago y se aplica de forma uniforme en todo su territorio. No es una festividad limitada a una isla, a una capital o a un municipio concreto, sino una jornada común para toda la comunidad.

El origen de esta fecha se sitúa en el 30 de mayo de 1983, cuando se celebró en Santa Cruz de Tenerife la primera sesión del Parlamento de Canarias. Aquel acto marcó el inicio de la actividad parlamentaria autonómica tras la constitución de la Cámara y, desde entonces, el día quedó vinculado a la identidad institucional de la comunidad. Por ese motivo, cada año aparece como una de las referencias propias dentro de su calendario laboral.

El festivo afecta por igual a todas las islas del archipiélago: Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera, El Hierro y La Graciosa. En todas ellas, el 30 de mayo tendrá la misma consideración dentro del calendario laboral de 2026. A partir de ahí, cada isla y cada municipio pueden contar con otras festividades específicas, pero eso no modifica el carácter autonómico del Día de Canarias.

Fuera del archipiélago, el 30 de mayo no será festivo autonómico. Comunidades como Madrid, Andalucía, Catalunya, Comunitat Valenciana, Galicia, Castilla y León, Aragón, Asturias, Cantabria, Extremadura, Murcia, Navarra, La Rioja, País Vasco, Baleares o Castilla-La Mancha no incluyen esta fecha como jornada no laborable por este motivo. En todos estos territorios será un sábado ordinario, salvo en aquellos municipios donde coincida con algún festivo local previamente establecido.

2026: un año sin puente por el Día de Canarias

En 2026, el 30 de mayo no dará pie a ningún puente en ninguna comunidad autónoma, ni siquiera en Canarias, porque cae en sábado. Esto hace que, aunque en esta comunidad sea festivo, para muchos trabajadores no suponga un cambio real en su rutina, ya que coincide con un día que normalmente ya es de descanso.

La diferencia con otros años es clara. Cuando el Día de Canarias cae en lunes o en viernes, sí permite encadenar varios días libres. Pero esta vez no ocurre así. Al caer en fin de semana, ese efecto desaparece para la mayoría de personas que tienen un horario habitual de lunes a viernes.

Eso sí, en Canarias el festivo sigue teniendo impacto en algunos sectores. Quienes trabajan los sábados —como en comercio, hostelería, transporte o sanidad— sí verán cómo ese día se considera festivo a efectos laborales. A partir de ahí, las condiciones concretas dependerán de cada caso: turnos, convenios o tipo de contrato.

Fuera del archipiélago, en cambio, la fecha pasa sin cambios. El 30 de mayo no es festivo en ninguna otra comunidad, así que no genera días libres ni puentes. En la práctica, será un sábado normal en casi toda España y un festivo que se queda solo en Canarias.

La Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana celebrada este jueves ha alcanzado el acuerdo unánime de todas las comunidades y ciudades autónomas para aprobar la distribución final de los fondos del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que darían a Castilla-La Mancha 280 millones de euros en el periodo 2026-2030 para construir vivienda pública y rehabilitar.

El nuevo Plan movilizará una inversión de 7.000 millones de euros, de los que 800 millones corresponden a la anualidad de 2026. En el caso de Castilla-La Mancha, la asignación para 2026 será de 32 millones de euros, mientras que la distribución global movilizará una inversión de 280 millones de euros hasta 2030 para desarrollar políticas públicas de vivienda en la región.

Esta cifra supone 205 millones más que la recibida en el plan 2022-2025. Para recibir tal cantidad de dinero, el Ejecutivo nacional impondrá a Castilla-La Mancha tres condiciones.

La primera es que las nuevas viviendas de protección oficial (VPO) no pierdan su condición en unos años y estén blindadas para siempre. La segunda es que deberá compartir más datos sobre vivienda y facilitar información en tiempo real al Ministerio sobre los contratos de arrendamiento en el registro de fianzas, para conocer el número de alquileres en vigor, su precio, la rotación y la evolución de la oferta de forma trazable y real.

Además, el Gobierno de Sánchez exigirá a las comunidades que cofinancien en un 40% este plan. Las comunidades podrán hacer frente a dicha aportación autonómica con los fondos europeos que reciban para las políticas de vivienda.

Por último, el plan también incluye una cláusula antifraude para evitar escándalos como el sucedido recientemente en Alicante.

Modelo de corresponsabilidad entre comunidades y Gobierno nacional

“Es muy importante el mensaje que hoy lanzamos a la ciudadanía: distintas administraciones de distinto color político nos hemos puesto de acuerdo”, ha subrayado la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez.

El nuevo Plan Estatal de Vivienda triplica los fondos que gestionarán las comunidades autónomas y establece un modelo de corresponsabilidad por el que el Gobierno de España aporta el 60% y las comunidades autónomas el 40% restante.

Además, al menos un 40% de esos fondos se dedicará a la construcción y adquisición de viviendas, un 30% a la rehabilitación del parque de vivienda ya existente y el 30% restante a garantizar la protección de los colectivos y territorios que más lo necesiten.

En ese sentido, el PEV incorpora mecanismos para blindar la protección permanente de todas las viviendas que se construyan con sus fondos, al tiempo que se garantiza la transparencia en las adjudicaciones de viviendas protegidas a través de una cláusula antifraude. Asimismo, el Plan incluye medidas destinadas al fomento de la cohesión territorial e impulsa un sistema de datos públicos para favorecer el acceso de la ciudadanía a información veraz y transparente.

El mes de mayo llega con varias jornadas señaladas dentro del calendario laboral, aunque su efecto no tendrá el mismo alcance en todo el país. En 2026, después del Día del Trabajo, todavía quedan fechas que serán festivas en algunos territorios y que pueden modificar la organización de la semana para parte de los trabajadores, especialmente en aquellos lugares donde coinciden cerca del fin de semana.

Las que más dudas generan son el 15, el 27 y el 30 de mayo. No se trata de tres festivos nacionales, sino de días con distinta aplicación según la zona. El 15 de mayo estará vinculado a San Isidro Labrador y dependerá del calendario local de cada municipio; el 27 afectará a Ceuta y Melilla por la Fiesta del Sacrificio; y el 30 será festivo en Canarias por el Día de Canarias, una de las jornadas autonómicas del mes.

Por eso, antes de organizar cualquier desplazamiento, descanso o jornada de trabajo, conviene revisar qué calendario se aplica en cada caso. Una misma fecha puede ser laborable en un lugar y no laborable en otro, algo que ocurre especialmente cuando entran en juego las fiestas locales, que son las que determinan buena parte de los descansos de mayo.

En qué comunidades habrá puente el 15, 27 y 30 de mayo

El 15 de mayo será la fecha con más impacto dentro del mes, porque cae en viernes. San Isidro Labrador, patrón de Madrid y también vinculado al ámbito agrícola en muchos municipios, será día no laborable en la capital y en las localidades que lo hayan incluido como una de sus dos fiestas locales. En esos casos, el descanso permitirá unir el viernes con el sábado y el domingo, por lo que habrá un puente de tres días sin necesidad de añadir vacaciones.

En Madrid, donde esta celebración tiene especial peso, el festivo estará reconocido en la capital. La jornada suele ir acompañada de actos repartidos por la ciudad, con actividades en la Pradera de San Isidro, programación musical, espectáculos, la feria taurina y productos tradicionales como la limonada y las rosquillas. Más allá de la capital, el 15 de mayo también aparece en el calendario local de varios municipios madrileños, como Colmenarejo, Alcobendas o Morata de Tajuña.

San Isidro no se limita a la Comunidad de Madrid. Al tratarse de una fiesta local, otros ayuntamientos de distintos puntos de España también han elegido el 15 de mayo como día inhábil. En esos municipios también habrá puente, siempre que el calendario laboral de cada trabajador siga el esquema habitual de lunes a viernes. En cambio, en las zonas donde no conste como festivo local, será una jornada laborable más.

El 27 de mayo será festivo en Ceuta y Melilla por la Fiesta del Sacrificio, también conocida como Eid al-Adha. Es una de las principales celebraciones del calendario islámico y está vinculada al relato de la devoción del profeta Abraham, además de coincidir con el final de la peregrinación a La Meca. En 2026 caerá en miércoles, por lo que no formará puente de manera automática. Quienes quieran alargar el descanso tendrían que sumar días libres antes o después de esa fecha.

El 30 de mayo será festivo en Canarias por el Día de Canarias, que recuerda la primera sesión del Parlamento autonómico, celebrada en Santa Cruz de Tenerife el 30 de mayo de 1983. En este caso, el festivo sí afecta al conjunto del archipiélago, pero en 2026 coincide con sábado. Por tanto, no generará un puente general para quienes ya descansan ese día, aunque sí tendrá efecto para las personas con turnos o actividad laboral durante el fin de semana.

Entre estas tres fechas, el único puente ordinario será el del 15 de mayo y solo en los municipios donde San Isidro sea festivo local. El 27 será no laborable en Ceuta y Melilla, pero caerá en mitad de la semana. El 30 corresponderá a Canarias, aunque su coincidencia con sábado reducirá su impacto en el calendario laboral.