El Ministerio de Hacienda ha comunicado a Castilla-La Mancha que recibirá 7.477 millones de euros en entregas a cuenta correspodiente a este año 2026.

Este dato supone un 7,5% más que en 2025. Y si se suma la cifra estimada de la liquidación correspondiente al año 2024, los recursos del sistema de financiación de la CCAA para este 2026 alcanzan los 7.795 millones, un 8,5% más que el pasado año. Un incremento “notable” de recursos que “evidencia las garantías que ofrece el Estado a los gobiernos autonómicos, dotándoles con recursos extra para que financien con mayor facilidad la sanidad, la educación o los servicios sociales que prestan a la ciudadanía”.

Durante la presentación del Real Decreto-ley (RDL), el ministro de Hacienda, Arcadi España, recordó que el Congreso de los Diputados tumbó hasta en dos ocasiones la actualización de las entregas a cuenta, “generando tensiones de tesorería y perjudicando a los gobiernos autonómicos”. En este sentido, instó a los grupos parlamentarios a apoyar una medida que es “beneficiosa” para el conjunto de la ciudadanía al servir para incrementar los recursos en sanidad, educación o dependencia.

Entidades Locales

El RDL también incluye la actualización de las entregas a cuenta para las Entidades Locales (EELL). Para los Ayuntamientos y Diputaciones de Castilla- La Mancha, las entregas a cuenta alcanzarán los 1.378 millones, un 8,7% más que el pasado ejercicio y otra cifra “histórica” en financiación para las administraciones más cercanas a la población.

El texto normativo aprobado por el Consejo de Ministros también contempla que las Entidades Locales podrán utilizar el superávit de 2025 para acometer Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS). Se estima que esta medida permitirá que unas 2.544 entidades locales puedan destinar

3.168 millones a inversiones, cuyo plazo de ejecución se prolonga hasta 2027.

Una novedad es que el RDL establece un régimen excepcional para que los ayuntamientos puedan utilizar, además del superávit de 2025, los de 2026, 2027, 2028 y 2029 a inversiones financieramente sostenibles en vivienda. Esto ofrece certidumbre a las entidades locales, fomenta la responsabilidad presupuestaria e incentiva a los municipios a dedicar recursos a facilitar el acceso a la vivienda.

Además, se contempla que las IFS, tanto las de vivienda como el resto, puedan tener carácter plurianual de hasta cuatro años. Por lo tanto, si un ayuntamiento ha registrado superávit en 2025 podrá utilizar ese saldo fiscal positivo para invertir en un proyecto que se inicie este año y se alargue la ejecución hasta 2030. Esto permitirá abordar inversiones más ambiciosas.

A esta medida de IFS plurianual también podrán acogerse las entidades locales con superávit de 2024 por importe de 3.368,5 millones de euros que comprometan gasto en 2026 para la ejecución de inversiones plurianuales a realizar hasta 2030.

Otras medidas

Las Entidades Locales que se encuentran saneadas financieramente no tendrán la obligación de presentar Planes Económico-Financieros en 2026 y 2027 si el incumplimiento de las reglas fiscales deriva de la utilización de los remanentes de tesorería para gastos generales. Para ello, será necesario acreditar el cumplimiento del Período Medio de Pago (PMP).

El RDL también contempla que los ayuntamientos no tendrán que devolver al Estado las cuotas percibidas del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) de la telefonía móvil que han sido objeto de sentencias judiciales del Tribunal Supremo.

Son presidentes de las tres nacionalidades históricas –Euskadi, Catalunya y Galicia–, todos ellos practican deportes de resistencia y los tres son considerados moderados dentro de su propia formación. Pero ni con esas han podido Imanol Pradales, Salvador Illa y Alfonso Rueda mostrar apenas coincidencias en la mesa que han compartido este martes en la reunión del Cercle d'Economia. El catalán y el gallego además se han enzarzado a cuenta de la financiación autonómica, con reproches cruzados entre sus respectivas formaciones, lo que evidencia hasta qué punto será difícil sacar adelante un nuevo reparto con consenso de las comunidades.

El presdiente de la Xunta ha abierto fuego asegurando que ofrece “muy poca credibilidad” que un gobierno en “máxima debilidad” ofrezca algo tan dificil como un modelo de financiación que lleva caducado más de 12 años. El gallego además considera erróneo el planteamiento del Gobierno, que ha cerrado primero un acuerdo con un partido catalán (ERC) y con el propio Govern, antes de abrir la negociación al resto de las comunidades.

“Es un divide y vencerás”, ha denunciado en el mismo día que la mayoría de las comunidades del PP han rechazado reunirse con el ministro Arcadi España para tratar esta cuestión. El presidente de la Xunta ha asegurado además que la financiación debe ser, no solo debatida por todos, tal y como ofrece el Gobierno, sino discutida por todos a la vez.

Rueda además ha considerado que la propuesta del Ministerio “deja atrás” algunos territorios. Algo que ha sido rebatido con contundencia por Illa, que le ha recordado que todas las comunidades ganan con el modelo que puso sobre la mesa la exministra María Jesús Montero.

“Catalunya no va a pedir perdón por liderar económicamente el Estado”, ha asegurado el president de la Generalitat, después de recordar que varios modelos de financiación han salido adelante por el empuje de Catalunya. “Le reclamo que haya una propuesta alternativa”, ha retado Illa a Rueda, a quien ha afeado que su partido rechace el modelo que propone el Gobierno sin hacer una contraoferta. Illa señala además que hay comunidades que “se ponen en guardia” cuando es Catalunya quien llega a un acuerdo, a lo que Rueda ha replicado que “la discusión no es en ningún caso con Catalunya, sino con quien reparte los recursos”.

El lehendakari Pradales miraba la discusión desde la barrera, pues Euskadi, como Navarra, están fuera de la financiación que se administra desde el Ministerio de Economía. El del PNV tiene, sin embargo, otras reivindicaciones nacionales, que no figuran en la agenda del catalán ni por supuesto la del gallego. “En el futuro esperamos una relación bilateral basada en el pacto”, ha asegurado Pradeles, que ha destacado que, si bien los pactos deben ser entre iguales, desde el Gobierno vasco perciben un “desequilibrio” de fuerzas con el Estado. “Por eso tenemos que pensar en alguna forma de interpretación no unilateral de los acuerdos, una relación similar a la del concierto económico pero para el desarrollo político”, ha defendido.

Pradeles además ha recordado que el Estatuto de Gernika es el único que no se ha reformado, pese a ser el más antiguo. “47 años sin reformarlo y 47 años sin cumplirse en su totalidad”, ha blandido, lo que ha dado a entender que, ni que sea por calendario, el PNV no ha dejado en un cajón la reforma del texto básico del autogobierno vasco.

En lo único que han estado de acuerdo los tres presidentes es en considerar el desarrollo autonómico como un éxito sin paliativos. Una descentralización que los tres coinciden en que ha sentado bien tanto a sus respectivos territorios como al conjunto del Estado. “Estoy absolutamente en contra de aquellas voces que dicen que tenemos que parar al descentralización y volver atrás”, ha asegurado Rueda, en velada alusión a Vox. “Y, para acallar esas voces, lo mejor es seguir haciéndolo bien”, ha concluido.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha dado el primer paso para retomar las negociaciones con las comunidades de cara a la reforma del sistema de financiación autonómica. Así, España ha enviado una carta a cada uno de los consejeros regionales para iniciar una ronda de reuniones bilaterales de manera inmediata, con el objetivo de que el nuevo modelo entre en vigor el 1 de enero de 2027.

En una nota de prensa, el Ministerio ha anunciado que será el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, quien dirija las reuniones con las comunidades autónomas.

Gascón, el que fuera el número dos de la vicepresidenta María Jesús Montero, conoce al detalle el modelo de financiación autonómica que propuso el Ejecutivo a principios de año. Una reforma que el nuevo ministro ha hecho propia. “Es un modelo muy justo y que trata a todo el mundo por igual”, dijo España en una entrevista con elDiario.es.

Estas reuniones con cada uno de los Gobiernos regionales son el paso previo a que la reforma del sistema de financiación autonómica se presente ante el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el órgano multilateral que reúne a Hacienda con los consejeros autonómicos del ramo, y después se apruebe en el Consejo de Ministros para arrancar la tramitación parlamentaria.

Las conversaciones técnicas para abordar la reforma del sistema quedaron paralizadas ante el relevo en el Ministerio de Hacienda y la sucesión de convocatorias electorales desde principios de año. Ahora, toda vez que las elecciones en Andalucía han quedado atrás y no se esperan nuevan citas en el horizonte, el Gobierno ha retomado uno de los asuntos más espinosos que les quedaba en cartera.

Más de 220.000 millones para las comunidades

El Gobierno se reafirma en el objetivo de que el nuevo sistema de reparto, que aportaría 20.975 millones de euros extra a los recursos de las autonomías, quede aprobado en el Congreso antes de final de año y entre en vigor a 1 de enero de 2027. La inyección dispara el total de la financiación de la que dispondrán las comunidades autónomas hasta los 224.057 millones.

Estas cuantías salen de una mayor cesión de los principales impuestos: el IRPF (del 50 al 55% de la recaudación) y el IVA (del 50 al 56,5%), así como de una aportación adicional del Estado que Hacienda ha cifrado en 19.000 millones de cara al año que viene.

Para el reparto de los recursos, el Gobierno ha diseñado una metodología que calcula la población ajustada. Es decir, la población residente en un territorio, ponderada por una serie de variables (como el envejecimiento o los universitarios procedentes de otras comunidades, por ejemplo) que deberían acercar esta cifra a las verdaderas necesidades de una región para cubrir sus servicios públicos.

Hacienda ha proyectado también un fondo climático de 1.000 millones de euros, del que dos terceras partes irá destinado a las comunidades mediterráneas; y otro ajuste adicional por valor de 400 millones para que ninguna autonomía obtenga menos recursos de los que recibiría con el sistema en vigor actualmente. Además, abre la puerta a que los territorios que lo pidan reciban una parte de la recaudación del IVA de las pymes que se genera en su territorio. 

Con este sistema, según los cálculos del Ejecutivo, la diferencia entre las comunidades mejor y peor financiadas se reduciría de los 1.500 euros por habitante ajustado en la actualidad hasta el entorno de los 700 euros, menos de la mitad.

Junio ya está aquí y eso significa una cosa: el verano está a la vuelta de la esquina. El sexto mes del año llega con días más largos, primeras escapadas, el final del curso escolar y muchas ganas de empezar a hacer planes al aire libre. También con varias fechas marcadas en el calendario que conviene tener controladas, especialmente si estás pensando en organizar un puente, una escapada de fin de semana o simplemente quieres saber qué días festivos hay en junio de 2026.

Aunque este año no hay festivos nacionales en toda España durante junio, el mes sí deja algunas jornadas no laborables según la comunidad autónoma, además de celebraciones muy señaladas como el Corpus Christi, San Juan o el inicio oficial del verano.

Repasamos qué festivos hay en junio de 2026 en España y cuáles son las fechas más destacadas del mes.

Qué festivos hay en junio de 2026 en España

Si estás mirando el calendario de junio con la esperanza de encontrar un puente nacional, toca esperar un poco más. Junio de 2026 no contempla ningún festivo nacional en España, así que no habrá una jornada no laborable común para todo el país. Eso sí, sí existen varios días importantes según la comunidad o la ciudad declarados, en muchos casos, de interés turístico.

La primera fecha importante llega el jueves 4 de junio, cuando se celebra el Corpus Christi. Aunque no es festivo nacional, sigue teniendo mucho peso en distintos puntos del país y mantiene el carácter no laborable en algunos territorios y municipios. En ciudades como Toledo, Sevilla o Granada continúa siendo una de las celebraciones religiosas más reconocibles del calendario, con procesiones, calles engalanadas y programación especial. En Castilla-La Mancha, además, figura como festivo autonómico.

Pocos días después aparece otro día señalado: el martes 9 de junio, que será festivo en La Rioja, por el Día de La Rioja, y también en la Región de Murcia, que celebra su día autonómico. Para quienes vivan allí, la fecha deja una pequeña pausa laboral en mitad de la semana.

Más adelante, el miércoles 24 de junio, llega San Juan, una jornada muy vinculada al Mediterráneo y especialmente celebrada en Catalunya, la Comunitat Valenciana o Galicia. Aunque no tiene el mismo alcance en todo el país, la noche anterior —la del 23 al 24— sigue siendo una de las más populares del calendario: hogueras, verbenas, conciertos y primeras madrugadas largas del verano.

En Alicante, esta fiesta está declarada de Interés Turístico Internacional, y su origen se remonta a la costumbre de quemar objetos inservibles con la llegada del solsticio. La celebración arranca con el Pregón y la “Plantà”, cuando las hogueras, cargadas de ingenio y humor, son colocadas en distintos puntos de la ciudad. Estos monumentos efímeros son el corazón de la fiesta, y se acompañan de desfiles, pasacalles y la popular cabalgata del 'Ninot'.

Cuándo empieza el verano en 2026

Una de las preguntas más repetidas cada mes junio es cuándo se produce el cambio de estación. El verano empieza oficialmente el domingo 21 de junio de 2026.

Ese día llega el solsticio de verano, el momento en el que comienza oficialmente la nueva estación en el hemisferio norte. También coincide con uno de los días con más horas de luz del año, algo que se nota —y bastante— en la rutina diaria: tardes que se alargan, cenas a horas más intempestivas y esa sensación de que el verano ya está aquí incluso aunque todavía quede calendario por delante.

Junio suele ser además el mes de transición por excelencia: empiezan a abrir piscinas, arrancan los primeros festivales de música multitudinarios, aparecen las primeras escapadas y muchas familias emprenden viaje a su destino de vacaciones.

En resumen: aunque el calor se haya adelantado en muchos lugares, el cambio oficial no llega hasta el 21 de junio.

Del Día del Medio Ambiente al Orgullo

Más allá de los festivos, junio viene cargado de fechas importantes que se repiten cada año y que tienen bastante presencia en agenda y actualidad.

El 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, una fecha que suele venir acompañada de actividades y campañas relacionadas con sostenibilidad, biodiversidad y consumo responsable.

El 14 de junio es el Día Mundial del Donante de Sangre, mientras que el 20 de junio está dedicado al Día Mundial de las Personas Refugiadas.

Uno de los días más celebrados culturalmente es el 21 de junio, cuando además del solsticio se conmemora el Día Europeo de la Música. En muchas ciudades españolas eso suele traducirse en conciertos al aire libre y programación especial.

Y en la recta final del mes aparece otra cita habitual: el 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+, una fecha central en muchas ciudades españolas. Madrid, Barcelona, València, Sevilla o Bilbao acostumbran a concentrar durante esos días buena parte de la programación cultural y reivindicativa que se extiende hasta los primeros días de julio.

Junio 2026: un mes que ya huele a vacaciones

Junio es a su vez el mes de buscar vuelos “por si acaso”, de empezar a organizar escapadas, de cerrar exámenes y reuniones antes del verano y de aprovechar más el día porque anochece tardísimo. También el de las primeras terrazas hasta la noche, las fiestas al aire libre y las agendas que empiezan a llenarse de planes.

En definitiva, entre el Corpus Christi, el arranque oficial del verano, la noche de San Juan o el final de las clases en muchos centros educativos, junio vuelve a ser ese punto intermedio entre la rutina y las vacaciones.

Un calendario bastante claro: menos puentes que otros meses, sí, pero muchas fechas importantes… y cada vez más sensación de verano.

La Selectividad 2026 ya tiene calendario definido, aunque no será exactamente igual en todo el país. Como ocurre cada año, la mayoría de comunidades autónomas concentran los exámenes en fechas muy similares, pero existen algunas diferencias que conviene tener en cuenta, especialmente para quienes están organizando el final de curso.

Los estudiantes de 2º de Bachillerato se enfrentarán en las próximas semanas a la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), el paso previo para acceder a estudios universitarios. Aunque el modelo de examen es común, cada comunidad fija sus propios días tanto para la convocatoria ordinaria como para la extraordinaria, lo que puede influir en la planificación y en los tiempos de preparación.

En general, la convocatoria ordinaria se celebrará a comienzos de junio, con la mayoría de exámenes entre los días 2 y 4, aunque habrá excepciones. Conocer bien estas fechas no solo ayuda a organizar el estudio, sino también a prever los siguientes pasos, como la publicación de notas o los plazos de admisión en la universidad.

Asturias

Aragón

Andalucía

Cantabria

Castilla-La Mancha

Castilla y León

Catalunya

Ceuta

Comunidad de Madrid

Comunitat Valenciana

Extremadura

Galicia

Islas Baleares

Islas Canarias

La Rioja

Melilla

Murcia

Navarra

País Vasco

Cada 31 de mayo, las cinco provincias de la región se detienen para conmemorar un hito democrático que llegó tal día en 1983, fecha de la constitución de sus primeras Cortes. Lo que comenzó como un proceso para dotar de voz propia a un territorio históricamente fragmentado se ha ido transformando, con el tiempo y el esfuerzo de muchos, en una realidad social cada vez más compartida.

Desde la Sierra de Alcaraz hasta la Campiña de Guadalajara, la región celebra su capacidad para autogobernarse. No se trata solo de un festivo en el calendario, sino del recuerdo de aquel momento en la iglesia de San Pedro Mártir de Toledo, donde Castilla-La Mancha empezó a escribir su propia historia. Porque, detrás de cada paso, hay personas: agricultores, ganaderos, funcionarios, docentes, sanitarios y emprendedores que, con su trabajo diario, han ido dando forma a esta Comunidad.

Cuenca, corazón de la celebración

Este año, el corazón de la festividad late en la ciudad de las Casas Colgadas. Cuenca ha sido elegida para acoger el acto institucional, convirtiéndose en escaparate de la región.

El acto institucional se celebrará en el 'Teatro Auditorio José Luis Perales', reuniendo a representantes de la sociedad civil para la entrega de las Medallas de Oro de la Región. Estas distinciones reconocen el talento, el esfuerzo y la solidaridad de quienes llevan el nombre de Castilla-La Mancha más allá de sus fronteras. Muchas felicidades a todas las personas galardonadas.

Pero la celebración no se queda en los espacios oficiales. La ciudad se llena de música, artesanía y actividades culturales. Todo ello coincide con la modernización de los accesos al casco histórico, en un intento de conjugar patrimonio y accesibilidad sin perder su esencia.

Una región de contrastes: del surco al satélite

Si algo define a la Castilla-La Mancha de hoy es su dualidad. La región ha dejado de ser vista únicamente como “tierra de paso” para consolidarse como un territorio con voz propia, aunque no exento de desequilibrios y desafíos.

En el ámbito energético, se ha convertido en referente en energías renovables, hasta ser considerada el “huerto solar” de Europa.

Frente al desafío demográfico, se han impulsado medidas contra la despoblación. Aun así, muchos pueblos siguen luchando por mantener su vitalidad, mientras otros empiezan a atraer a nuevos habitantes que buscan calidad de vida sin renunciar a la conexión con el mundo.

El sector agroalimentario continúa siendo la columna vertebral de la economía regional. El queso manchego, el aceite de oliva y el vino —con la mayor superficie de viñedo del mundo— conviven con una nueva generación de profesionales que están renovando la gastronomía desde el entorno rural.

Los retos pendientes: agua y futuro

A pesar de los avances, el 31 de mayo también debe ser una jornada de reflexión serena. El acceso al agua y la gestión del trasvase Tajo-Segura continúan ocupando un lugar central en el debate regional, reclamando soluciones estables y equitativas para el desarrollo agrícola e industrial de Castilla-La Mancha.

Asimismo, la región mira al futuro con el reto de consolidar su papel como nodo logístico y de seguir diversificando un turismo que ya no busca solo la huella del Quijote, sino también el cielo estrellado de sus reservas Starlight o la tranquilidad de sus parques nacionales.

Conclusión: un proyecto en construcción

Castilla-La Mancha llega a este 31 de mayo de 2026 no como una suma de provincias aisladas, sino como un proyecto común que se ha ido fortaleciendo con el tiempo, aunque no exento de tensiones, desequilibrios y debates sobre el modelo de desarrollo y convivencia territorial.

El balance de estas cuatro décadas muestra una región que ha crecido en cohesión y autoestima, pero que sigue necesitando del compromiso de todos para afrontar sus retos.

En un tiempo marcado por la polarización política y la desconfianza hacia las instituciones, Castilla-La Mancha afronta el reto de seguir reforzando la cohesión social y territorial sin renunciar a la pluralidad de voces que la conforman.

Aquella tierra que Cervantes inmortalizó como escenario de aventuras hoy continúa escribiendo su propia historia, con orgullo, con memoria y con la mirada puesta en el futuro.

En España, no todos los días festivos tienen el mismo alcance ni afectan por igual a todos los trabajadores. Algunos se aplican en todo el país, otros dependen de cada comunidad autónoma y también existen jornadas de carácter local que fija cada ayuntamiento. Por eso, antes de dar por hecho un día libre o la posibilidad de un puente, conviene comprobar con detalle en qué territorios tiene validez cada fecha.

El 30 de mayo es uno de esos días que aparecen señalados en el calendario, pero solo en una parte concreta del país. Se trata del Día de Canarias, una celebración de las islas que conmemora cada año un hito fundamental en su trayectoria institucional. Sin embargo, que figure en el calendario no significa que tenga efectos en toda España. En 2026, esta fecha únicamente será festiva en Canarias y no alterará la jornada laboral en el resto de comunidades.

Además, la posibilidad de que un festivo dé lugar a un puente depende en gran medida del día de la semana en el que cae. Cuando coincide con lunes o viernes, es habitual que permita encadenar varios días de descanso para quienes tienen jornada de lunes a viernes. Este año, sin embargo, el 30 de mayo cae en sábado, lo que reduce considerablemente su impacto para buena parte de la población trabajadora. Aunque mantiene su carácter festivo en las islas, no generará, en términos generales, un descanso prolongado.

Dónde es festivo el 30 de mayo

El 30 de mayo será festivo en toda Canarias con motivo de la celebración de su día autonómico. Se trata de una de las fechas más representativas del calendario del archipiélago y se aplica de forma uniforme en todo su territorio. No es una festividad limitada a una isla, a una capital o a un municipio concreto, sino una jornada común para toda la comunidad.

El origen de esta fecha se sitúa en el 30 de mayo de 1983, cuando se celebró en Santa Cruz de Tenerife la primera sesión del Parlamento de Canarias. Aquel acto marcó el inicio de la actividad parlamentaria autonómica tras la constitución de la Cámara y, desde entonces, el día quedó vinculado a la identidad institucional de la comunidad. Por ese motivo, cada año aparece como una de las referencias propias dentro de su calendario laboral.

El festivo afecta por igual a todas las islas del archipiélago: Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera, El Hierro y La Graciosa. En todas ellas, el 30 de mayo tendrá la misma consideración dentro del calendario laboral de 2026. A partir de ahí, cada isla y cada municipio pueden contar con otras festividades específicas, pero eso no modifica el carácter autonómico del Día de Canarias.

Fuera del archipiélago, el 30 de mayo no será festivo autonómico. Comunidades como Madrid, Andalucía, Catalunya, Comunitat Valenciana, Galicia, Castilla y León, Aragón, Asturias, Cantabria, Extremadura, Murcia, Navarra, La Rioja, País Vasco, Baleares o Castilla-La Mancha no incluyen esta fecha como jornada no laborable por este motivo. En todos estos territorios será un sábado ordinario, salvo en aquellos municipios donde coincida con algún festivo local previamente establecido.

2026: un año sin puente por el Día de Canarias

En 2026, el 30 de mayo no dará pie a ningún puente en ninguna comunidad autónoma, ni siquiera en Canarias, porque cae en sábado. Esto hace que, aunque en esta comunidad sea festivo, para muchos trabajadores no suponga un cambio real en su rutina, ya que coincide con un día que normalmente ya es de descanso.

La diferencia con otros años es clara. Cuando el Día de Canarias cae en lunes o en viernes, sí permite encadenar varios días libres. Pero esta vez no ocurre así. Al caer en fin de semana, ese efecto desaparece para la mayoría de personas que tienen un horario habitual de lunes a viernes.

Eso sí, en Canarias el festivo sigue teniendo impacto en algunos sectores. Quienes trabajan los sábados —como en comercio, hostelería, transporte o sanidad— sí verán cómo ese día se considera festivo a efectos laborales. A partir de ahí, las condiciones concretas dependerán de cada caso: turnos, convenios o tipo de contrato.

Fuera del archipiélago, en cambio, la fecha pasa sin cambios. El 30 de mayo no es festivo en ninguna otra comunidad, así que no genera días libres ni puentes. En la práctica, será un sábado normal en casi toda España y un festivo que se queda solo en Canarias.

La Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana celebrada este jueves ha alcanzado el acuerdo unánime de todas las comunidades y ciudades autónomas para aprobar la distribución final de los fondos del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que darían a Castilla-La Mancha 280 millones de euros en el periodo 2026-2030 para construir vivienda pública y rehabilitar.

El nuevo Plan movilizará una inversión de 7.000 millones de euros, de los que 800 millones corresponden a la anualidad de 2026. En el caso de Castilla-La Mancha, la asignación para 2026 será de 32 millones de euros, mientras que la distribución global movilizará una inversión de 280 millones de euros hasta 2030 para desarrollar políticas públicas de vivienda en la región.

Esta cifra supone 205 millones más que la recibida en el plan 2022-2025. Para recibir tal cantidad de dinero, el Ejecutivo nacional impondrá a Castilla-La Mancha tres condiciones.

La primera es que las nuevas viviendas de protección oficial (VPO) no pierdan su condición en unos años y estén blindadas para siempre. La segunda es que deberá compartir más datos sobre vivienda y facilitar información en tiempo real al Ministerio sobre los contratos de arrendamiento en el registro de fianzas, para conocer el número de alquileres en vigor, su precio, la rotación y la evolución de la oferta de forma trazable y real.

Además, el Gobierno de Sánchez exigirá a las comunidades que cofinancien en un 40% este plan. Las comunidades podrán hacer frente a dicha aportación autonómica con los fondos europeos que reciban para las políticas de vivienda.

Por último, el plan también incluye una cláusula antifraude para evitar escándalos como el sucedido recientemente en Alicante.

Modelo de corresponsabilidad entre comunidades y Gobierno nacional

“Es muy importante el mensaje que hoy lanzamos a la ciudadanía: distintas administraciones de distinto color político nos hemos puesto de acuerdo”, ha subrayado la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez.

El nuevo Plan Estatal de Vivienda triplica los fondos que gestionarán las comunidades autónomas y establece un modelo de corresponsabilidad por el que el Gobierno de España aporta el 60% y las comunidades autónomas el 40% restante.

Además, al menos un 40% de esos fondos se dedicará a la construcción y adquisición de viviendas, un 30% a la rehabilitación del parque de vivienda ya existente y el 30% restante a garantizar la protección de los colectivos y territorios que más lo necesiten.

En ese sentido, el PEV incorpora mecanismos para blindar la protección permanente de todas las viviendas que se construyan con sus fondos, al tiempo que se garantiza la transparencia en las adjudicaciones de viviendas protegidas a través de una cláusula antifraude. Asimismo, el Plan incluye medidas destinadas al fomento de la cohesión territorial e impulsa un sistema de datos públicos para favorecer el acceso de la ciudadanía a información veraz y transparente.

El mes de mayo llega con varias jornadas señaladas dentro del calendario laboral, aunque su efecto no tendrá el mismo alcance en todo el país. En 2026, después del Día del Trabajo, todavía quedan fechas que serán festivas en algunos territorios y que pueden modificar la organización de la semana para parte de los trabajadores, especialmente en aquellos lugares donde coinciden cerca del fin de semana.

Las que más dudas generan son el 15, el 27 y el 30 de mayo. No se trata de tres festivos nacionales, sino de días con distinta aplicación según la zona. El 15 de mayo estará vinculado a San Isidro Labrador y dependerá del calendario local de cada municipio; el 27 afectará a Ceuta y Melilla por la Fiesta del Sacrificio; y el 30 será festivo en Canarias por el Día de Canarias, una de las jornadas autonómicas del mes.

Por eso, antes de organizar cualquier desplazamiento, descanso o jornada de trabajo, conviene revisar qué calendario se aplica en cada caso. Una misma fecha puede ser laborable en un lugar y no laborable en otro, algo que ocurre especialmente cuando entran en juego las fiestas locales, que son las que determinan buena parte de los descansos de mayo.

En qué comunidades habrá puente el 15, 27 y 30 de mayo

El 15 de mayo será la fecha con más impacto dentro del mes, porque cae en viernes. San Isidro Labrador, patrón de Madrid y también vinculado al ámbito agrícola en muchos municipios, será día no laborable en la capital y en las localidades que lo hayan incluido como una de sus dos fiestas locales. En esos casos, el descanso permitirá unir el viernes con el sábado y el domingo, por lo que habrá un puente de tres días sin necesidad de añadir vacaciones.

En Madrid, donde esta celebración tiene especial peso, el festivo estará reconocido en la capital. La jornada suele ir acompañada de actos repartidos por la ciudad, con actividades en la Pradera de San Isidro, programación musical, espectáculos, la feria taurina y productos tradicionales como la limonada y las rosquillas. Más allá de la capital, el 15 de mayo también aparece en el calendario local de varios municipios madrileños, como Colmenarejo, Alcobendas o Morata de Tajuña.

San Isidro no se limita a la Comunidad de Madrid. Al tratarse de una fiesta local, otros ayuntamientos de distintos puntos de España también han elegido el 15 de mayo como día inhábil. En esos municipios también habrá puente, siempre que el calendario laboral de cada trabajador siga el esquema habitual de lunes a viernes. En cambio, en las zonas donde no conste como festivo local, será una jornada laborable más.

El 27 de mayo será festivo en Ceuta y Melilla por la Fiesta del Sacrificio, también conocida como Eid al-Adha. Es una de las principales celebraciones del calendario islámico y está vinculada al relato de la devoción del profeta Abraham, además de coincidir con el final de la peregrinación a La Meca. En 2026 caerá en miércoles, por lo que no formará puente de manera automática. Quienes quieran alargar el descanso tendrían que sumar días libres antes o después de esa fecha.

El 30 de mayo será festivo en Canarias por el Día de Canarias, que recuerda la primera sesión del Parlamento autonómico, celebrada en Santa Cruz de Tenerife el 30 de mayo de 1983. En este caso, el festivo sí afecta al conjunto del archipiélago, pero en 2026 coincide con sábado. Por tanto, no generará un puente general para quienes ya descansan ese día, aunque sí tendrá efecto para las personas con turnos o actividad laboral durante el fin de semana.

Entre estas tres fechas, el único puente ordinario será el del 15 de mayo y solo en los municipios donde San Isidro sea festivo local. El 27 será no laborable en Ceuta y Melilla, pero caerá en mitad de la semana. El 30 corresponderá a Canarias, aunque su coincidencia con sábado reducirá su impacto en el calendario laboral.

El PP quiere zanjar el debate sobre la “prioridad nacional” que ha asumido para garantizarse el apoyo de Vox en Extremadura, Aragón y, dentro de poco, en Castilla y León y Andalucía. Alberto Núñez Feijóo ha intentado salir del bucle en el que están inmersos desde hace dos semanas con actos sectoriales centrados en el apagón de hace un año, los problemas de las infraestructuras o los impuestos. Pero el partido ultra les devuelve una y otra vez a la casilla de salida y les obliga a volver a confrontar sobre el alcance del nuevo concepto.

Este martes, Feijóo viajó hasta Tarragona. En el primer aniversario del apagón total que sufrió toda España, el líder del PP hizo una apuesta ideológica y comunicativa del máximo nivel: reunirse con empresarios de la zona, visitar el grupo nuclear de Ascó, asumir en primera persona las demandas del sector y arremeter contra el Gobierno por el ‘cero total’ de hace un año, haciendo caso omiso a los informes de los expertos.

Feijóo tuvo un éxito limitado, en el mejor de los casos, porque tanto él como sus portavoces tuvieron que salir al paso de sus teóricos aliados de Vox. Y otra vez por una proposición no de ley en el Congreso, una iniciativa meramente declarativa con la que el partido de Santiago Abascal busca que sus socios se retraten: o compran su discurso ultra o les señalarán por blandos.

La PNL aborda “el colapso del Sistema Nacional de Salud provocado por el Gobierno de España”. ¿Y qué provoca ese colapso? Los migrantes irregulares, que ya en 2018 recuperaron “la atención sanitaria con cargo a fondos públicos” porque “las personas extranjeras no registradas ni autorizadas como residentes tienen derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria en las mismas condiciones que las personas con nacionalidad española”.

“Los españoles han sido testigos en los últimos ocho años de cómo nuestros servicios públicos se han deteriorado a pesar de pagar más impuestos que nunca”, añade el texto de Vox, que obvia que son los gobiernos autonómicos, la mayoría del PP y muchos con su apoyo, los que tienen las competencias para gestionar la sanidad.

“España no puede ser el hospital del mundo”, afirma Vox, que plantea derogar un decreto del pasado mes de marzo que terminaba de recuperar el sistema que desmontaron en 2012 Mariano Rajoy, su ministra, Ana Mato, y su secretario de Estado, Juan Manuel Moreno. El texto quiere “establecer la prioridad nacional en el acceso al sistema sanitario con carácter general”, y limitar su acceso al resto “a las situaciones de emergencia vital”. “Y proceder a la remigración de todos aquellos extranjeros”, zanja.

El PP ha presentado una enmienda “de sustitución”. Es decir, un texto nuevo, que se limita a reclamar más dinero del Gobierno central para las comunidades autónomas y obvia el debate de la “prioridad nacional”, de la exclusión de los extranjeros de la sanidad y de la remigración.

Volver al modelo Rajoy

Muñoz intentó salir al paso con un ejercicio de contorsionismo sobre el acceso de migrantes irregulares a la sanidad. Sin comprar el marco planteado por Vox, la portavoz del PP sí pidió limitar el acceso a los extranjeros sin residencia. No explicó cuánto ni cómo. “Todos conocemos el concepto de turismo sanitario, de gente que viene a nuestro país y que acceda al sistema para que le hagan operaciones programadas, no operaciones de urgencia”, dijo. Y añadió: “Y es evidente que no puede ser lo mismo estar de forma regular que de forma irregular”.

Ante las preguntas de los periodistas, Muñoz apuntó que “una cosa es el derecho a tener prestación sanitaria, que te lo otorga el ser legal y contribuir a tu país, y otra cosa es que tú tengas acceso a nuestro sistema de salud si tienes un problema”. Algo que “va mucho más allá de vida o muerte”. “Pero eso no tiene que ver, por ejemplo, con operaciones programadas, como por ejemplo una operación de cadera”, explicó.

Es decir, volver a un sistema donde las personas migrantes irregulares puedan acudir a las urgencias y ser tratados, pero no tener acceso a la atención primaria básica o a los especialistas.

Ya en la tribuna del Congreso, la diputada de Vox Blanca Armario lamentó el acceso de los extranjeros a la sanidad. “Todos tienen acceso a un médico de cabecera”, afeó al pleno. “Es una situación injusta o vergonzosa”, añadió, porque “los españoles pagan más que nunca y no lo ven reflejado en acceso a la sanidad y los servicios sociales”.

“El dinero de los españoles va a la sanidad pública de países como Marruecos, Egipto o Etiopía”, dijo Armario, quien concluyó: “La izquierda prioriza a los que acaban de llegar, Vox defiende a los españoles. Es de sentido común que tengan mejores condiciones”.

En su réplica en la tribuna del Congreso, el diputado del PP Antonio Román dijo que el discurso de Armario era “mejor” que el texto de la propuesta debatida, que tildó de “reduccionista, simplista y efectista” por “culpar a la inmigración”. Aun así, Román sí pidió “regular el derecho a la prestación sanitaria”, algo que “corresponde a quien cumple la ley, contribuye y tiene residencia legal”. Es decir, quien “tiene arraigo, un vínculo estable, real y verificable”. Es decir, lo que recogen los acuerdos con Vox al hablar de “prioridad nacional”.

La “prestación sanitaria”, continuó Román, “se debe diferenciar de la asistencia, que debe prestarse en supuestos donde no hacerlo es inasumible para cualquier sociedad decente y cualquier persona con mínimos principios humanistas”.

¿Qué es la “prioridad nacional”?

Este martes ha ocurrido en el Congreso algo similar a lo sucedido la semana pasada con otra propuesta de Vox sobre el alcance de la “prioridad nacional” que han pactado para las comunidades autónomas, y que los futuros presidentes autonómicos intentan limitar mientras los ultras lo espolean. Porque ese es el debate de fondo.

Por la mañana le tocó el turno de defender el pacto a Jorge Azcón. En su discurso de investidura ante las Cortes de Aragón, el barón del PP aseguró que la “prioridad nacional” no tendrá en cuenta la “procedencia” de quienes pidan las ayudas que, según Vox, deberían ir “a los españoles primero”.

¿Qué significa entonces la “prioridad nacional”, si no tiene en cuenta la nacionalidad? “Nosotros nos sentimos cómodos con el término de prioridad nacional”, dijo Ester Muñoz a preguntas de los periodistas, “entendido como el arraigo que hay que tener para acceder a determinados servicios públicos”. “Cuando hablamos de prioridad nacional lo que estamos diciendo es que tiene que contribuir a la nación y al bienestar de forma legal”, explicó. 

“La verdad es que es muy fácil de entender qué quiere decir prioridad nacional orientada al arraigo”, añadió. “Quiere decir que tiene que contribuir a la nación”, insistió, para zanjar: “Y si tú vienes a mi país de forma ordenada, de forma legal, atendiendo nuestras normas, entras con un contrato de trabajo y contribuyes al sistema, por supuesto que tienes todos los derechos igual que los demás”.

Muñoz intentó en su rueda de prensa hablar de los juicios por corrupción que afectan al Gobierno, del apagón de hace un año y del accidente de Adamuz. Pero no logró colocar esos mensajes y casi toda su intervención giró alrededor de la manida “prioridad nacional”.

Tampoco Feijóo desde Tarragona y con una central nuclear de fondo. Cuestionado por las palabras de Azcón, optó por eludir la pregunta.

El Gobierno destina 2,3 millones de euros a La Rioja, del reparto territorial acordado este miércoles en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural del crédito por 226.472.660 euros para financiar intervenciones de desarrollo rural, distintas actuaciones en materia de competitividad y calidad de la producción y de los mercados agrarios, el Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias (POSEI) de Canarias y los programas escolares para el fomento del consumo de frutas y hortalizas y leche.

Desarrollo rural

El crédito principal, 158.225.557 euros corresponde a la aportación estatal para acciones de desarrollo rural de las comunidades autónomas contenidas en el Plan Estratégico Nacional de la Política Agraria Común (PAC) 2023-2027. De esta partida, a La Rioja le corresponden 2 millones de euros.

Este plan contempla medidas de apoyo de diferente naturaleza, orientadas a mejorar la competitividad del sector agroalimentario, asegurar la gestión sostenible de los recursos naturales y la acción frente al clima y a alcanzar un desarrollo territorial equilibrado de las zonas rurales. Estas medidas se financian con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y las contribuciones de la Administración General del Estado y de las propias comunidades autónomas.

Agricultura y ganadería

La Conferencia Sectorial ha acordado también la distribución territorial de cinco créditos por valor de 30.232.644,62 para la financiación de diversas líneas de actuación en materia de calidad y competitividad de las producciones y los mercados. El principal montante, 21 millones de euros, corresponde al Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias (POSEI) de Canarias.

Fomento de la apicultura. Dentro del programa de Competitividad y Calidad de la Producción y los Mercados, se ha autorizado un crédito por valor de 4,58 millones de euros para la línea de fomento de la apicultura. A La Rioja se destinan más de 42.500 euros. Para el reparto de esta cantidad se ha tenido en consideración el número de colmenas inscritas en el Registro de Explotaciones Ganaderas (REGA) y, entre otras cuestiones, se financiará el programa oficial de vigilancia de agresiones y enfermedades en esta especie, particularmente de la varroosis.

Calidad de las variedades vegetales y certificación de materiales de reproducción. Con un crédito de 1,75 millones de euros, esta línea apoya la ejecución de ensayos que permiten la evaluación agronómica de las nuevas variedades vegetales y el mantenimiento del sistema de certificación, mediante el control de la calidad y sanidad de semillas y plantas de vivero.

Fomento de las razas autóctonas españolas. Así mismo, se ha autorizado un crédito dirigido al fomento de las razas autóctonas españolas que asciende a 1,45 millones de euros, de los cuales, 16.666 euros son para La Rioja. Con esta línea, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación da apoyo a las asociaciones de criadores de razas autóctonas reconocidas por las comunidades autónomas para la gestión de los libros genealógicos y el desarrollo de actividades relacionadas con los programas de mejora y de bancos de germoplasma.

Control del rendimiento lechero. Dentro de esta misma línea de ordenación y fomento de la mejora ganadera y conservación de la biodiversidad, se consigna un crédito de otros 1,45 millones de euros para el control oficial del rendimiento lechero (1.405 euros corresponden a La Rioja). Con este crédito se dará apoyo a la evaluación genética de las especies bovina, ovina y caprina y a la mejora de la competitividad de las explotaciones.

POSEI de Canarias. El crédito de mayor importe, 21 millones de euros, está consignado al Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias (POSEI) de Canarias, que contempla medidas destinadas a para paliar los condicionantes a los que se ve sometida la agricultura del archipiélago debido a su alejamiento, insularidad, fragmentación del territorio y otras dificultades derivadas de su ubicación, orografía y características económicas.

Programas escolares de frutas y hortalizas y leche

La Conferencia Sectorial ha acordado también la distribución territorial de los fondos asignados por la Unión Europea a España para los programas escolares de frutas y hortalizas y de leche, que tienen como objetivo fomentar el consumo de estos productos entre la población infantil e inculcar hábitos alimentarios saludables como medio de lucha contra la obesidad.

El acuerdo incluye la distribución de los fondos de ambos programas correspondientes al curso 2026/2027, con un total de 13,4 millones de euros para el de frutas y hortalizas (86.538 euros para La Rioja); y algo más de seis millones de euros para el de leche.

Además, se realiza una reasignación de fondos correspondientes al curso actual, 2025/2026, por montantes totales de 13,2 millones de euros para el programa de frutas y hortalizas ( 104.155 euros para La Rioja); y 5,3 millones de euros para el de leche.

Consejo Consultivo

En el Consejo Consultivo de Política Agrícola Común para Asuntos Comunitarios, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha anunciado que en las próximas semanas se convocarán los distintos grupos de trabajo entre el ministerio y las comunidades autónomas para explorar los contenidos que deberá tener el plan nacional para la aplicación de la Política Agraria Común (PA) a partir de 2028, una vez que las instituciones europeas lleguen a un acuerdo sobre el Marco Financiero Plurianual.

El ministro ha explicado que el Gobierno y las comunidades autónomas mantienen una oposición común a la estructura y dotación presupuestaria de la propuesta inicial de la Comisión Europea sobre la futura PAC, pero que resulta conveniente empezar ya el debate y la fijación de posiciones en el ámbito nacional, porque una vez que se apruebe el Marco Financiero Plurianual todo el proceso de acelerará.

Como si de un once inicial se tratase: la 'prioridad nacional' y diez más. Vox ha dejado claro que, como sucedió en Extremadura, también en Aragón esta polémica iniciativa –que el Gobierno central estudia llevar a los tribunales– deberá situarse en el centro de un eventual acuerdo para que el popular Jorge Azcón pueda ser investido antes del 3 de mayo. Así lo ha indicado este lunes su portavoz autonómico, Alejandro Nolasco, que no ha dado por hecho el pacto pero del que sí ve “posibilidades importantes” de que se concrete.

La extrema derecha ha convertido esta 'prioridad nacional' en el santo y seña de sus negociaciones autonómicas y Aragón no va a ser una excepción. “Es una de las medidas más importantes que contemplamos”, ha dejado claro Nolasco, quien ha desdeñado las dudas sobre su viabilidad, pese a que discrimina a los inmigrantes en cuestiones como el acceso a la vivienda social. “Es legal, es constitucional y se puede hacer”, ha manifestado, y ha considerado “un mantra del bipartidismo” estas críticas. “Parece que todo lo que dice Vox es imposible, que no se puede hacer, pero no se puede hacer hasta que se hace”, ha incidido.

Precisamente, en esas medidas las hay que atañen a aspectos singulares van a pedir que “se luche contra todas las políticas del Pacto Verde” que incluye la exigencia de la “limpieza del cauce de los ríos y el fomento de la construcción de las obras hidráulicas”. Ha reconocido que hay aspectos que son competencia nacional, pero en lo que pueda hacer frente la comunidad autónoma lo van a pedir para apuntar que hay tres bloques “importantes” y que pasan por “la lucha contra la inmigración ilegal, la vivienda, la bajada de impuestos, la limpieza de cauces y todas las iniciativas parlamentarias” que ha presentado Vox estos años.

Nolasco ha asegurado que las dos partes siguen negociando el programa, que “no se ha hablado todavía de cargos concretos”: “Yo no sé si voy a estar en el Gobierno y tampoco qué áreas nos vamos a quedar”. Sí ha considerado que el acuerdo será similar al de Extremadura, aunque la posición de Vox en Aragón es “de más fuerza” porque tienen “más porcentaje de voto”, por lo que la extrema derecha tendrá “mayor peso político”. Además, también habrá aspectos diferentes en función de las “características” de Aragón, donde la presencia por ejemplo de las energías renovables es mayor.

El representante de la extrema derecha en Aragón ha desvinculado la negociación actual con puestos como el de la Presidencia de las Cortes de Aragón y el del senador autonómico –algo que se abordará “si se llega a un acuerdo”– y ni siquiera ha dado por hecho que se vaya a producir: “Hay posibilidades importantes, pero no podemos garantizar al 100% de que vaya a haber un acuerdo”.

María y su familia estuvieron más de un año esperando para recibir una ayuda que les permitiese afrontar con más recursos la discapacidad de su hijo. “Te hacen pasar momentos de angustia, es un desgaste increíble”, lamenta ella. La media desde que se solicita una prestación hasta que se obtiene una respuesta fue de 246 días, según los datos publicados por el Ministerio de Sanidad para el primer trimestre de este año. Y, desde que se recibe una respuesta favorable hasta que finalmente se obtiene, pasan otros 62. En total, el tiempo medio para hacer efectivo un derecho legal alcanza los 329 días.

Los datos del último Panel del Servicio para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) arrojan algunas mejoras. Hay récord de personas con derecho a prestación, más de 1,6 millones; las listas de espera se han reducido en 12 días respecto a marzo de 2025; y el total de gente esperando, ha caído un 16,6%. Pero muchas voces piden huir del triunfalismo. “Está muy bien que se reduzca la espera en 12 días, pero cuando llevas años esperando, da un poco de rabia”, apuntan desde la Plataforma Estatal de Cuidadoras Principales.

Según los últimos datos disponibles, 1,66 millones de personas reciben en España algún tipo de prestación por dependencia. Como muestra el siguiente gráfico, son apenas unos pocos miles más que en 2025, pero un 90% más que hace una década. Precisamente, en 2015 se incluyó en la ley a los usuarios de grados menos dependientes, lo que amplió los potenciales receptores.

Para el presidente de la Asociación estatal de directoras y gerentes de servicios sociales, José Manuel Ramírez, “es normal que todos los meses se incremente el número de personas atendidas, cuando hay 270.000 en lista de espera”. Va más allá, porque el Ministerio solo incluye en el conteo a aquellas personas que superan el umbral de los 180 días esperando. Tampoco se tienen en cuenta, por ejemplo, las revisiones.

Las personas en lista de espera se dividen en dos grupos: las que están pendientes de ser valoradas y las que lo están de recibir la prestación. En el año 2025, el total se redujo en 12.158 personas, pero cada mes unas 10.000 personas piden entrar en el sistema de dependencia, lo que tensiona la tramitación. Con todo, la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, ponía en valor la “capacidad del sistema para responder más rápido de lo que la demanda está creciendo”, porque “mientras las solicitudes crecen a un ritmo del 7,3%, las personas atendidas lo hacen a un 9,8%”.

Esa “capacidad” del sistema se traducía a finales de marzo en 329 días de espera —casi once meses— de media estatal. Pero hay comunidades donde las familias esperan mucho más y otras donde los trámites van más ligeros. Según los últimos datos disponibles, Murcia es quien más hace esperar a sus personas con dependencia, 553 días de media, y Castilla y León, la que menos, con 116.

Desde 2023, la mayoría de comunidades han hecho esfuerzos por agilizar los tiempos de tramitación de la prestación concedida. Sin embargo, en general, han subido los días de espera hasta obtener una respuesta, con lo que el saldo medio ha mejorado en apenas una semana.

En el siguiente gráfico se puede ver la evolución de ambos indicadores y del total, comunidad a comunidad. Por ejemplo, en ese periodo, Asturias redujo en 62 días (hasta los 62) el tiempo de tramitación de la prestación concedida, pero ahora hay que esperar 164 días más (308) para llegar a ese momento, por lo que el retroceso ha sido más que notable, pasando de 260 a 375 días. En el caso de Madrid, esta región ha empeorado en todos los indicadores.

Esos días los reflejan las estadísticas, pero los cuentan las familias. “Acceder a los recursos es burocracia, papeleo, obstáculos y tiempo, mucho tiempo, en el que tienes que poder seguir manteniéndote, con la dificultad que esto supone en la vida cotidiana para la supervivencia de las personas”, explica Silvina Funes, la presidenta de la Plataforma Estatal de Cuidadoras Principales, un colectivo eminentemente feminizado y para quién “superar estos obstáculos es como los juegos del hambre”.

30.000 muertes al año

La espera tiene su cara más amarga en las personas que fallecen sin haber recibido una prestación a la que tienen derecho. Solo en el primer trimestre de este año fueron unas 9.000, entre las que esperaban la valoración o la ayuda en toda España. En 2025, sumaron más de 32.700 y en 2026, 34.250.

Al margen de los tiempos, hay otro factor que preocupa en el marco de la atención a la dependencia. Una deriva 'low cost', que carga a las familias. Del total de 2,4 millones de prestaciones totales a final del primer trimestre del año, “el 57% se dan ya en los hogares y en el entorno más cercano”, destacaba el Ministerio de Derechos Sociales. Es decir, la mayor parte de esas ayudas van destinadas a familiares que cuidan y suponen 172,5 euros de media para dependientes de grado I; 276,6 euros para los de grado II; y 383,6 euros para los de grado III.

“Vamos hacia un sistema de bajo coste, con servicios de baja intensidad y prestaciones económicas muy bajas. Con 260 euros al mes no se puede decir que se está atendiendo este tema”, considera Ramírez. Un informe de Comisiones Obreras, publicado en febrero de 2025, ya alertaba de que el sistema estaba dominado por “prestaciones baratas y basadas en cuidados no profesionales”, aunque se reduzcan las listas de espera.

El caso de María pone de manifiesto una de las reivindicaciones que comparten todas las voces consultadas: aliviar a las familias de trámites burocráticos que frenan las ayudas. Ella solicitó la valoración en diciembre de 2022. En febrero de 2023 le pidieron un documento, que entregó en marzo por sede electrónica. Cuando un año después preguntó por el estado de su solicitud, le dijeron que faltaba ese papel. No era cierto. “Me dieron cita urgente y me pagaron los atrasos, pero un año después”, recuerda. Entre media, tuvo que afrontar, entre otros gastos, unos 300 euros mensuales solo para llevar a su niño a un especialista, porque los tenía: “En ese momento trabajábamos los dos y los padres de mi pareja estaban en casa, pero imagínate una familia en otra situación”.

Otro de los handicaps que presenta la normativa actual es la incompatibilidad de algunas prestaciones. “Es como si vas a una operación y te hacen elegir entre el cirujano y el anestesista”, ejemplifica Silvina Funes. En la práctica, los datos ya “apuntan a un cambio de modelo”, explicaba el pasado viernes la secretaria de Estado, porque el número de prestaciones por persona pasó de 1,28 en 2021 a 1,44 en 2026. “Las personas que entran en el sistema combinan más cuidados, apoyos más adaptados a su situación y sus decisiones”, afirmó.

El Ministerio de Derechos Sociales trabaja en una reforma de la ley de dependencia, que tiene “dos orientaciones principales: eliminar las incompatibilidades de las prestaciones y ampliar la cartera de servicios y reforzar recursos con gran potencial para transformar el modelo, como la asistencia personal, los centros de día o la ayuda a domicilio”.

Para la presidenta de la Fundación Pilares de la Autonomía Personal, Pilar Rodríguez, el sistema de autonomía y dependencia sí ha dado un salto en los últimos años. Sobre todo, tras los recortes del año 2012, a consecuencia de la crisis económica, que no terminaron de revertirse hasta 2023, con Ione Belarra al frente del departamento de Derechos Sociales. En este sentido, Rodríguez, que fue una de las autoras del libro blanco sobre dependencia previo a la norma de 2006, considera que ha habido un esfuerzo por “analizar la calidad de las prestaciones y comprobar si con ellas se resuelve realmente el problema de las familias, porque el peso de los cuidados todavía recae sobre las mujeres”.

Desde el Ejecutivo buscan avanzar en la idea de la desinstitucionalización. Tiene sus ventajas e inconvenientes, porque permite a las personas permanecer en sus hogares, pero sin los recursos suficientes supone, en muchos casos, una carga incompatible con la propia vida para las cuidadoras. “Ninguna economía del mundo es capaz de asumir en exclusiva el coste que supone la dependencia, mientras muchas familias quieren seguir cuidando, pero sin sobrecargarse de una manera excesiva”, explica Rodríguez.

Según un reciente estudio de Fedea, con datos de 2024, España continúa “rezagada respecto al contexto europeo”. “El esfuerzo financiero destinado a cuidados de larga duración se sitúa en torno al 0,9-1% del PIB, una proporción notablemente inferior al promedio de la OCDE, que alcanza el 1,8%”, indica el trabajo. La financiación es otra de las vías de mejora que reclaman las entidades y asociaciones y que para la Asociación estatal de directoras y gerentes de servicios sociales se encuentra en este momento paralizada, porque el aumento en el gasto corresponde a mayor número de prestaciones, pero no tanto a que estas se incrementen.

Desde las familias, han reclamado también que la nueva ley incorpore un reconocimiento económico y laboral de las cuidadoras y que se reduzca la carga que asumen en solitario. “Somos nosotras las que sostenemos el sistema, gracias a nuestro trabajo, y nuestras renuncias”, explica Patricia, también de la plataforma, que destaca que, en muchas ocasiones, son ellas quienes renuncian a trabajo remunerado, salario, cotizaciones y pensión.

“No haces nada con una prestación o una teleasistencia. Hay que ir sumando atributos, una serie de pocos que hacen un todo para la persona que realmente lo necesita”, coincide Rodríguez, que pide tener una visión más holística: “Necesitamos un ecosistema de cuidados en el entorno comunitario de salud, de servicios sociales, farmacia, elementos asociativos en los barrios, políticas preventivas... Vamos a vivir muchos años y vamos a necesitar más cuidados, así que tenemos que meternos en la cabeza que esto es cosa de todos”.

En la declaración de la renta, una parte importante del resultado final no depende únicamente del Estado, sino también de las comunidades autónomas. Estas pueden establecer deducciones propias dentro del IRPF que, en muchos casos, no se tienen en cuenta, pese a que pueden suponer un ahorro relevante: reducen la cantidad a pagar o incrementan la devolución según el caso. Se trata de un conjunto de beneficios fiscales que se aplican en situaciones muy diversas, especialmente vinculadas a la vivienda, y que abarcan desde el alquiler y la compra hasta la rehabilitación o el apoyo a determinados colectivos como jóvenes o familias.

Para poder acceder a estas ventajas es necesario cumplir un requisito clave: haber tenido la residencia fiscal en una misma comunidad durante la mayor parte del año, lo que en la práctica supone haber permanecido en ese territorio al menos 183 días durante el ejercicio. Solo entonces pueden aplicarse las deducciones autonómicas correspondientes. La campaña de la renta del ejercicio 2025 podrá presentarse entre el 8 de abril de 2026 y el 30 de junio, por lo que conviene tener presentes estas medidas antes de realizar la declaración.

A continuación, se recogen las deducciones aprobadas para el IRPF en cada comunidad autónoma para el ejercicio 2025:

Andalucía

Los contribuyentes que hayan desarrollado su residencia habitual en la Comunidad Autónoma de Andalucía durante 2025 podrán beneficiarse de las siguientes deducciones fiscales autonómicas:

Aragón

En Aragón, quienes hayan fijado allí su residencia habitual durante 2025 podrán acogerse a las siguientes deducciones autonómicas:

Principado de Asturias

Durante 2025, los contribuyentes con residencia habitual en el Principado de Asturias podrán acceder a estas deducciones autonómicas:

Illes Balears

En las Illes Balears, los residentes habituales durante 2025 podrán beneficiarse de las siguientes medidas fiscales autonómicas:

Canarias

Quienes hayan residido en la Comunidad Autónoma de Canarias durante el ejercicio 2025 podrán aplicar estas deducciones autonómicas:

Cantabria

Los residentes en Cantabria durante 2025 tendrán acceso a estas deducciones autonómicas:

Castilla-La Mancha

En Castilla-La Mancha, quienes hayan mantenido su residencia habitual durante 2025 podrán beneficiarse de las siguientes deducciones fiscales:

Castilla y León

Durante 2025, los contribuyentes con residencia habitual en Castilla y León podrán acceder a estas deducciones autonómicas:

Catalunya

En Catalunya, los contribuyentes residentes en 2025 podrán acogerse a las siguientes deducciones:

Extremadura

Quienes hayan tenido su residencia habitual en Extremadura durante 2025 podrán beneficiarse de estas deducciones autonómicas:

Galicia

En Galicia, durante 2025, los contribuyentes residentes podrán acceder a las siguientes deducciones:

Comunidad de Madrid

En la Comunidad de Madrid, quienes hayan residido durante 2025 podrán beneficiarse de estas deducciones fiscales:

Región de Murcia

En la Región de Murcia, los contribuyentes con residencia habitual durante 2025 podrán aplicar estas deducciones:

La Rioja

En La Rioja, quienes hayan residido durante 2025 podrán beneficiarse de las siguientes deducciones autonómicas:

Comunitat Valenciana

En la Comunitat Valenciana, durante 2025, los contribuyentes residentes podrán acceder a estas deducciones:

El Gobierno de La Rioja ha tomado la decisión de “no acudir” a la reunión prevista en la que la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, iba a informar a las comunidades autónomas sobre el número de plazas mínimas de las que deben disponer para la acogida de menores migrantes solos. Una postura que adoptan al no contar “con información, criterios claros o la transparencia deseada” por parte del Ministerio.

Finalmente la conferencia sectorial de Infancia no ha podido celebrarse por falta de “quórum” tras el 'plantón' de las comunidades autónomas del PP, excepto Ceuta y Canarias. Así lo han informado fuentes del departamento que dirige Sira Rego a los medios de comunicación presentes en el Ministerio de Trabajo y Economía Social, donde iba a tener lugar el encuentro. En julio del año pasado las comunidades gobernadas por el PP también plantaron a la ministra en la sectorial.

A preguntas de los periodistas tras informar de los asuntos aprobados por el Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo riojano, Alfonso Domínguez, ha expresado que, a pesar de no acudir, “el Gobierno riojano cumple con sus obligaciones de manera responsable, solidaria, con rigor y profesionalidad”.

En este sentido, Domínguez recuerda que “hemos acogido a los menores asignados por el Gobierno de España pero insistimos que es algo impuesto, con un proceso opaco, sin transparencia, que no nos permite conocer con antelación los principales criterios de acogida”. Algo que “genera muchas dificultades” porque La Rioja “ha rebasado ya las capacidades de acogida y ha puesto nuestro sistema de acogida de menores en tensión”.

Una situación que “continúa ahora mismo por parte del Gobierno de España y por lo tanto esta mañana había que tomar decisiones muy importantes sobre dicha acogida y nos habían convocado a una reunión sin información ni transparencia y sin la documentación clara para tener una posición de voto”. A pesar de ello, reitera, “siempre cumplimos con nuestras obligaciones y somos solidarios porque lo que queremos es acoger a los menores de la mejor manera posible”.

Cada año, la Semana Santa genera un calendario laboral que combina días festivos de alcance nacional con jornadas que dependen de la decisión de cada comunidad autónoma. Mientras el Viernes Santo es un día de descanso común para todo el país, otras fechas, como el Jueves Santo o el Lunes de Pascua, se celebran de manera desigual según el territorio. Esto provoca que la rutina laboral y escolar se retome en momentos distintos, generando diferencias en la duración de los puentes y en la organización de la vida cotidiana de los ciudadanos.

En 2026, el Lunes de Pascua cae este 6 de abril y se mantiene como festivo únicamente en algunas regiones del país. La jornada permite que quienes viven en estas comunidades prolonguen su descanso tras el fin de semana, mientras que en otras áreas la actividad diaria se retoma de manera normal. La decisión de incluir este día como no laborable depende de cada administración autonómica, y refleja cómo la legislación laboral española permite que el calendario combine festividades nacionales con normas regionales, influyendo tanto en la planificación del trabajo como en la organización de viajes y actividades familiares.

Comunidades donde es festivo el Lunes de Pascua

Para 2026, el Lunes de Pascua es considerado festivo en Cataluña, Comunidad Valenciana, Illes Balears, Castilla-La Mancha, País Vasco, Navarra y La Rioja. Estas regiones incluyen el lunes posterior al Domingo de Resurrección como jornada no laborable, lo que permite prolongar el puente de Semana Santa en comparación con otras zonas del país. Entre estas comunidades, cinco de ellas —Illes Balears, Castilla-La Mancha, Navarra, Euskadi y La Rioja— disfrutarán de un descanso que se inicia el Jueves Santo y se extiende hasta el Lunes de Pascua, lo que permite encadenar hasta cinco días consecutivos sin obligaciones laborales ni escolares.

El resto de España, por su parte, no considera este lunes como festivo, por lo que la rutina diaria se reanuda inmediatamente después del fin de semana. A diferencia del Lunes de Pascua, el Viernes Santo, que se celebra el 3 de abril, es festivo en todo el territorio nacional, garantizando un día de descanso uniforme para todos los ciudadanos. En cuanto al Jueves Santo, también hay variaciones: en Catalunya y la Comunitat Valenciana este día no se reconoce como no laborable, mientras que en otras regiones sí se incluye dentro de los días de descanso, lo que contribuye a generar diferencias en la duración efectiva del puente de Semana Santa entre comunidades.

El hecho de que el Lunes de Pascua sea festivo en unas regiones y laborable en otras tiene consecuencias directas para los ciudadanos, especialmente en términos de planificación de viajes y turismo. Para las familias que residen en las comunidades donde es día no laborable, el lunes adicional permite retrasar el regreso a casa tras el fin de semana largo o aprovecharlo para actividades de ocio, lo que representa un beneficio práctico en la gestión del tiempo. En contraste, en las zonas donde el lunes es laborable, las personas retoman la actividad normal, lo que puede implicar desplazamientos más concentrados durante el fin de semana o limitaciones en la organización de vacaciones cortas.

Próximo festivo nacional tras la Semana Santa

Una vez concluyan las festividades de Semana Santa, los españoles tendrán que esperar apenas unas semanas hasta el siguiente día de descanso de carácter nacional. El viernes 1 de mayo se reconoce oficialmente como jornada no laborable en todo el país, coincidiendo con el Día Internacional de los Trabajadores. Esta fecha se mantiene fija en el calendario cada año y garantiza un día de pausa laboral uniforme, a diferencia de otras celebraciones que varían según la comunidad autónoma.

El 1 de mayo tiene un significado más allá del descanso: es un momento dedicado a la reflexión sobre los derechos de los trabajadores y los logros históricos del movimiento sindical. A lo largo de España, la jornada suele estar marcada por concentraciones y actos organizados por distintos sindicatos, que aprovechan la ocasión para visibilizar demandas laborales y fomentar la conciencia sobre las condiciones de empleo. De esta manera, el festivo combina la interrupción de la rutina laboral con un componente social y reivindicativo que alcanza a todo el territorio nacional.

En resumen, el calendario laboral de España durante la Semana Santa combina días festivos nacionales con jornadas que dependen de la autonomía de cada región, como el Lunes de Pascua. Mientras algunas comunidades pueden prolongar el descanso hasta cinco días consecutivos, otras retoman la actividad laboral inmediatamente después del fin de semana. Tras este periodo, el siguiente día festivo de alcance nacional será el 1 de mayo, una fecha que, además de permitir una pausa general, mantiene su carácter simbólico al conmemorar los derechos de los trabajadores en todo el país.

Nos hemos aburrido de argumentar durante toda la legislatura que el gran problema del Partido Popular consistía en que únicamente podía pactar con Vox y ese pacto le volvía incompatible como socio para todos los demás. Eso le obligaba al deber de ganar por mayoría para tratar de gobernar en solitario. Ahora estamos descubriendo que el problema es que no puede pactar ni con Vox ni siquiera cuando ganan. 

Desde las elecciones en Extremadura llevamos esperando a que haya gobiernos como Dios manda, tras claros y mayoritarios giros a la derecha allá donde ha habido comicios. Antes se viraba a la derecha buscando orden y estabilidad. O eso nos explicaban. Ahora volverse hacia las derechas es jugárselo a la lotería o a la traca. A la gente de orden parece que ya no le importa el desorden siempre que sea de los suyos. 

La única razón por la que no tienen gobierno en Extremadura, Aragón o Castilla y León se debe a que siempre se celebran elecciones en alguna otra parte que debe de ser más importante o más urgente. Lo sabemos todos. De ahí esta normalidad extraña con la cual se asume que no los haya todavía, ni tenga mucha pinta de haberlos. También ayuda mucho este relato ya viejo que establece, desde los tiempos de Aznar, que cuando la derecha negocia siempre llega a acuerdos de Estado, pero cuando negocia la izquierda resulta un chantaje inaceptable, pues se rompe España a plazos. 

Núñez Feijóo no sabe qué hacer con Vox y Santiago Abascal no sabe qué hacer con los gobiernos. Si el contrabandista gallego —Abascal dixit, demostrando que tampoco sabe mucho de contrabandistas— se tira al monte a la caza del culpable de turno para el problema que toque, se le asusta el votante de centro. Si el purgador que “en la vida ha tenido dos euros juntos” —Ortega Smith dixit, en la mejor tradición de la hidalguía española— se mete de cabeza en los ejecutivos de coalición que le ofrece el PP, se le cala el motor del discurso de con los gobiernos lo que de verdad hay que hacer es echarlos. 

Parece poca cosa, nada que no se puede arreglar con una consejería por aquí y una ley para tratar a las mujeres como ellas se merecen y Abascal sabe. Pero no lo es, ni se compone con tanta facilidad. Un resultado mayoritario para Moreno Bonilla en Andalucía y por debajo de las expectativas de la ultraderecha aún complicaría más la situación. Vox necesita seguir creciendo porque si se para empiezan los problemas. El PP, en cambio, necesita que los ultras dejen de crecer; una contradicción estructural de libro que diría un buen marxista. 

Mientras el panorama de la izquierda se aclara, pues a palos también se aprende y más cornadas da el hambre, el panorama de la derecha se llena de ruido un día y furia al siguiente. Tantas veces nos ha anunciado el PP que ya está hecho lo de Extremadura que cuando alcancen un pacto, si es que lo logran, no nos lo vamos a creer y vamos a repetir las elecciones igual.

Comunidad Valenciana (3%), Comunidad de Madrid (2,7%), Baleares (2,5%), Canarias (2,5%) y Murcia (2,5%) serán las comunidades que registrarán un mayor crecimiento económico en 2026, ya que avanzarán por encima de la media nacional, según las proyecciones de BBVA Research, que mantuvo en el 2,4% su previsión de crecimiento para la economía española este año. Mientras, Aragón se situará en el furgón de cola con un 1,9%.

Según se desprende del informe por comunidades autónomas publicado este miércoles, la Comunidad Valenciana seguirá beneficiándose del impulso a la inversión derivado de las medidas de apoyo tras la DANA. Por su lado, el dinamismo de las exportaciones de servicios, tanto turísticos como no turísticos, junto con el efecto refugio frente a otros mercados, impulsará la economía de la Comunidad de Madrid y de las islas, que son las únicas regiones cuya previsión se revisa al alza respecto a enero.

Por su parte, Murcia (2,5%) podría verse beneficiada por el aumento del gasto en defensa y la mejora del turismo nacional. En un grupo intermedio, Cataluña, Castilla-La Mancha y Andalucía podrían crecer en línea con la media nacional (2,4%), con impactos diferenciales que tienden a compensarse.

En Cataluña, los problemas en las infraestructuras y el menor dinamismo de las exportaciones de bienes se verían compensados por el impulso del turismo. En Andalucía, el avance a corto plazo se ve algo más condicionado por las inundaciones y las dificultades en las infraestructuras.

Por debajo de la media se situarán las comunidades del Cantábrico, afectadas por el encarecimiento de la energía y un contexto menos favorable para el comercio exterior: Galicia (2,3%), Cantabria (2,2%) y País Vasco, Asturias, Navarra y La Rioja (2,0%), junto con Aragón (1,9%).

Aunque Cantabria y Navarra muestran un arranque de año algo mejor de lo previsto, se mantienen por debajo de la media. Por su parte, un inicio de 2026 más débil y un sector público relativamente menos dinámico explican el menor crecimiento de Castilla y León y Extremadura (1,8%).

Perspectivas para 2027

De cara a 2027, desde BBVA Research ha revisado al alza las previsiones de crecimiento en la mayoría de las comunidades autónomas y ha elevado cuatro décimas al alza su previsión del PIB nacional, hasta el 2,4%. Así, la normalización del precio del petróleo y la mayor demanda europea impulsarán la recuperación de la industria y el avance de las exportaciones de bienes, favoreciendo un crecimiento superior a la media, que se situará en el 2,4%, en Cataluña (2,5%) y en buena parte del norte –País Vasco, Navarra y Aragón (2,8%), La Rioja, Galicia y Cantabria (2,7%) y Castilla y León (2,5%)–. Además, el envejecimiento de la población en varias de estas regiones podría verse compensado por el aumento de las pensiones, ligadas a la inflación.

Por su parte, la Comunidad de Madrid crecería en línea con la media nacional (2,4%), apoyada en el mayor gasto en defensa, el dinamismo del consumo privado y el buen comportamiento de las exportaciones de servicios, especialmente las no turísticas.

Asimismo, el aumento del consumo público –impulsado por el crecimiento de los salarios de los funcionarios y la ausencia de medidas de consolidación fiscal–favorecerá a las comunidades con mayor peso del empleo público, como Asturias (2,4%), Andalucía (2,4%), Castilla-La Mancha (2,3%) Extremadura y la Región de Murcia (2,2%). En contraste, la normalización del turismo y las limitaciones a su capacidad de crecimiento podrían moderar el avance en Canarias y Baleares (2%), si bien sus perspectivas mejoran respecto a lo previsto hace un trimestre.

Por su lado, el progresivo agotamiento de los efectos de las ayudas postdana explica un crecimiento de la Comunidad Valenciana algo inferior al promedio (2,2%).

Crecimiento de empleo

Además, desde BBVA Research prevén que el empleo siga mostrando un tono favorable este año en la Comunidad Valenciana (3,3%), Madrid (2,7%), Castilla-La Mancha (2,6%) y Andalucía (2,5%), que crecerán por encima de la media nacional (2,3%). En el lado contrario, según las previsiones de BBVA Research, en Asturias (1,2%), País Vasco (1,1%) y Aragón (1,1%) se registrarán avances más limitados.

En 2027, la creación de empleo mantendría un ritmo algo más moderado, con un avance del 2% a nivel nacional y con Galicia (2,4%), La Rioja (2,3%), Andalucía (2,2%), Navarra (2,2%), Castilla-La Mancha (2,1%), Cataluña (2,1%), Cantabria (2,1%), Extremadura (2,1%) y Madrid (2,0%) entre las regiones con mayor crecimiento. En contraste, Baleares (1,6%), Castilla y León (1,6%), Murcia (1,6%), Canarias (1,5%) y Asturias (1,3%) mostrarían incrementos más contenidos, en línea con un menor impulso del turismo y de la demanda interna.

Aragón es líder nacional en el uso eficiente del agua en los hogares con 105 litros por persona y día frente a las dos regiones donde se registran los mayores consumos domésticos, Murcia, con 194 litros por persona y día y la Comunidad Valenciana, con 160 litros. Así lo recoge el Estudio sobre el Suministro de agua potable y saneamiento en España de la Asociación Española del Agua Urbana (Daqua) correspondiente a 2025.

Con una media nacional de 121 litros, encabezan el ránking Murcia (194 l/hbt/día), Comunidad Valenciana (160) y Castilla y León (148). En el extremo opuesto, Aragón es la que menor consumo doméstico tiene, con 105 litros por persona y día.

En el análisis de los consumos, Daqua llama la atención sobre el hecho de que las grandes ciudades de más de 100.000 habitantes se encuentran por debajo de la media nacional y destacan por un consumo más eficiente. En el resto de los municipios, especialmente los de tamaño medio, el consumo es mayor. En los núcleos intermedios de población la demanda per cápita es más alta. “Esta brecha refleja el impacto de las políticas de ahorro, la mayor sensibilización ciudadana y la eficiencia creciente de los operadores del ciclo urbano del agua en Andalucía.

Este domingo 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua, que este año está enfocado en el papel que cumple la mujer como cuidadora y valedora del agua como un recurso natural vital, escaso y también desigual.

Existe una relación “vital” entre la mujer y el agua a nivel mundial: “En lugares donde las personas carecen de acceso al agua potable y al saneamiento cerca de sus hogares, las desigualdades se acentúan; y son las mujeres y las niñas quienes sufren las peores consecuencias. Son ellas las que se encargan de recolectar el agua. Son ellas las que gestionan el agua. Son ellas las que cuidan a quienes enferman debido al consumo de agua insalubre. Son ellas las que sacrifican su tiempo, salud, seguridad y oportunidades.

Por ello, pese a su escasa representación y liderazgo en los sistemas de gobernanza del agua, debemos reparar en la significancia y el papel cada vez más relevante de la mujer en las cuestiones hídricas, en calidad de ingenieras, agricultoras, científicas, trabajadoras del saneamiento y líderes comunitarias“, refiere Naciones Unidas.

Menos de la mitad de la población en edad de ir a la universidad se matricula en un grado. La tasa ronda el 40%-45% para una etapa que no es obligatoria, que muchas familias no disfrutarán y que reporta grandes beneficios a quien la cursa, aunque también, por extensión, a toda la sociedad. Con esta situación de partida, ¿debe la universidad pública ser gratuita? ¿Debemos todos pagar algo que usan unos cuantos? Y, si la respuesta es positiva, ¿a todos? ¿En qué circunstancias?

El debate atraviesa a la comunidad educativa (y política) desde hace años, y cada vez más comunidades autónomas van tomando partido e implementando la gratuidad. Lo están haciendo a izquierda y derecha y lo están haciendo por igual para todos, sin criterios de renta, aunque con diferentes modelos. Las hay, como la pionera Andalucía, que bonifican la matrícula a partir del segundo año en función del rendimiento. Otras, como Asturias, lo hacen desde el primer curso.

“Gratuidad para todos es una medida populista”, sostiene Juan Hernández Armenteros, profesor jubilado de Economía en la Universidad de Jaén y uno de los principales expertos de España en financiación universitaria, que adelanta el modelo que cree más justo y equitativo: “Precio de coste para las matrículas con carácter general y, una vez te matriculas, becas directas que cubran todos los gastos de matrícula y del estudio (residencia, movilidad, salario) en función de criterios de renta”.

Ismael Sanz, profesor del Departamento de Economía Aplicada I de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y analista en Funcas, cree “un poco absurdo” pagarle la matrícula a las familias de renta elevada y ve con buenos ojos introducir criterios de renta, pero también propone la gratuidad para los grados “con mayor inserción laboral” porque repercuten en la sociedad. En paralelo, Sanz incide mucho en la necesidad de agilizar la concesión de becas para que estas lleguen antes de que empiece el curso y las familias sepan que cuentan con ellas, algo que no está pasando todavía.

El estudiantado cree que hablar solo de gratuidad es algo reduccionista, explica Marta Gómez, directora de Relaciones Institucionales de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP), el órgano de representación de los universitarios. “El debate va mucho más allá, va del acceso universal a la universidad y de si se están cumpliendo o no. Y esto tiene que ver tanto con cuánto cuestan los precios públicos como con cuántas plazas ofrece la universidad pública”, argumenta.

Siete la ofrecen, tres lo prometen

En este momento, Andalucía, Galicia, Extremadura, Castilla-La Mancha, Asturias y La Rioja financian al menos algún curso de los grados. Las elecciones en Castilla y León y Aragón han provocado promesas que probablemente desembocarán también en algún tipo de gratuidad en ambas regiones, Cantabria acaba de anunciar lo propio, pero solo para empadronados en la comunidad y la Comunitat Valenciana anuncia que lo hará el próximo curso (y también pagará al estudiantado de la privada con un pago equivalente al coste de sus estudios en la pública).

Hay diferentes modelos, aunque todos son parecidos. Andalucía fue la pionera, e instauró un sistema en el que el primer año lo paga el estudiante, y a partir de ahí se le bonifica el 99% del coste de una asignatura futura por cada materia aprobada. Esto es, a partir de primero los estudios pueden salir prácticamente gratuitos (se pagan tasas) si se va aprobando todo, en una medida que busca recompensar el buen rendimiento académico, se arguye. Otra línea, la que practican Asturias o Castilla-La Mancha, cubren los costes ya desde el primer curso, pero solo de la primera matrícula. Si se suspende hay que abonar la segunda, y estas se van encareciendo respecto a la primera.

En realidad, recuerda Hernández Armenteros, “el precio ya está subvencionado para todos”. Todas las comunidades, explica, financian aproximadamente el 80%-90% del coste real de los estudios. Incluso en las más caras, Madrid y Catalunya, la parte que corresponde al estudiantado es minoritaria, en torno al 15% de unos 8.000 euros por curso, siempre hablando de medias.

En el debate también hay que introducir el factor becas al estudio. El Gobierno ya paga la matrícula a aproximadamente un 40% de los universitarios –y un pequeño extra a algunos–, una partida que las comunidades autónomas se ahorran. Hernández calcula que al Estado le costaría unos 1.300 millones de euros más subvencionar las matrículas de todo el estudiantado. El gasto total anual ronda los 12.000 millones de euros.

En cualquier caso, opina este experto, el modelo es fallido. Y si se habla del modelo que no cubre 1º, pero aun así se defiende con el argumento de la igualdad de oportunidades, menos aún: “No es cierto porque ya tienes que estar dentro para que aplique”, por lo que ya hay un sesgo ahí. También el otro es erróneo, dice el profesor. “La enseñanza superior no es obligatoria ni universal, accede menos de la mitad de la gente y van aquellas familias que pueden prescindir de la renta de su hijo [durante su periplo universitario], que además tendrá gastos”, argumenta. “Hay una selección natural por capacidad de renta entre los que van, que son quienes tienen padres universitarios. Si queremos igualdad de oportunidades para algo no universal hay que preocuparse de que quien quiera ir vaya”.

Ni siquiera el supuesto incentivo para el rendimiento, abonar una matrícula futura por cada asignatura aprobada, lo es. “Si un estudiante se matricula de 40 créditos pero aprueba 20, le bonifican 20”, expone. “Si lo que quieres es incentivar el rendimiento académico se debería subvencionar a quien rinde por encima de la media”, opina.

Gratuidad sí, pero

Gómez, de CREUP, explica que aunque la gratuidad “es un modelo positivo”, si solo es el primer curso o bonifica en el caso de que se apruebe previamente, “aparece un factor de renta importante que no se está tomando en cuenta, y es que muchas personas probablemente no aprueben todas las asignaturas porque están trabajando y no pueden compatibilizarlo, o fallan en algún momento, y se quedan sin esa bonificación”. “Probablemente el primer paso para garantizar una universidad pública justa es la progresividad de los precios públicos”, conviene.

Y ahí entra la propuesta de Hernández Armenteros, elaborada junto a su colega José Antonio Pérez García, de la Universitat de Alicante, plasmada en un estudio para la Fundación Europea Sociedad y Educación: el coste de la universidad es el que es, el 100% por defecto, pero se aplica una potente política de becas y ayudas en función de la capacidad económica de la unidad familiar. Este modelo divide a las familias en diez grupos posibles en función de sus ingresos en relación al nivel de pobreza (NPF), y cada grupo abona un porcentaje diferente de la matrícula. Las bonificaciones sobre la matrícula se complementan con becas económicas.

Esto es, para una familia base de cuatro miembros, si están menos de 1,25 veces por encima del nivel de pobreza familiar (ingresan menos de 19.775 euros anuales) tendría una bonificación del 100% sobre el coste. Además, ese estudiante recibiría un salario para estudiar (el IPREM, unos 600 euros al mes), otro para desplazamiento si lo necesitara, para residencia, por movilidad y para material didáctico. Si esa familia está entre 1,25 y 1,5 veces en el NPF (entre 19.776 y 23.730 euros anuales), pagaría el 5% de la matrícula (unos 250 euros anuales), y tendría derecho a las mismas ayudas que el anterior, excepto el salario. El modelo es progresivo y va bonificando menos y quitando ayudas económicas según la familia ingresa más, como se puede observar en el siguiente cuadro.

La propuesta se completa con ayudas económicas directas, también según la renta.

El profesor Sanz señala que un problema de no ofrecer gratuidad universal es que a las familias de nivel socioeconómico bajo tener que solicitar ayudas estatales puede suponerles un problema. Se les puede escapar que existen o pueden ver el proceso burocrático como un obstáculo insalvable, esto lo ha demostrado la literatura científica repetidas veces, que les acaba expulsando. “Aunque para algunos pueda ser difícil de pensar, la burocracia retrae a mucha gente de ir a la universidad”, asegura, “y son esas personas las que nos interesa que vayan, porque si no no irían”, observa.

Pese a ello, Sanz se muestra partidario de algún tipo de progresividad en los pagos y como alternativa ofrece la posibilidad de bonificar ciertos grados, una idea que Hernández Armenteros no ve con malos ojos. “Pondría la matrícula gratuita en las carreras que tienen más inserción laboral, porque sabemos que la sociedad necesita más gente en Físicas, Ingeniería, Medicina, Enfermería... Porque, además, los grados son más caros porque tienen más experimentalidad, y estaríamos incentivando que algún estudiante que quisiera cursar esto no dejara de hacerlo por cuestiones económicas”, reflexiona.

El estudiantado pone el acento en que además de la progresividad en el coste de la matrícula, un factor indispensable que introducir en el debate son las plazas que ofrece la universidad pública, otra vía que ejerce de barrera para el acceso además del precio, explica Gómez. “El acceso universal no se está cumpliendo porque la demanda de plazas es actualmente mucho más alta que la oferta, lo que al final deriva en que muchos acaban en la universidad privada, con precios mucho más altos”, expone la portavoz de CREUP.

Esa elevada presión, además, está elevando las notas de corte, lo cual también acaba teniendo una componente de clase, incluso desde el propio Bachillerato: es conocido que el alumnado de centros privados saca mejores notas en la Secundaria postobligatoria, un mejor rendimiento que luego no se traslada a la prueba de acceso a la universidad, pero que sí cuenta para establecer la nota de acceso.

El profesor Sanz está de acuerdo. “Necesitamos aumentar el número de plazas en universidades públicas para esas carreras como ingenierías, matemáticas, físicas, tecnología, medicina… Yo quiero que alguien que entre en Medicina tenga un buen expediente, sí”, relativiza la importancia de mantener un cierto límite con las plazas, “pero hay margen. Una persona que tiene un 11,5 o 12 va a ser un buen médico o matemático”, asegura. Y, ahora mismo, no puede acceder a esas carreras por la inflación de notas registrada en los últimos años.