Como si de un once inicial se tratase: la 'prioridad nacional' y diez más. Vox ha dejado claro que, como sucedió en Extremadura, también en Aragón esta polémica iniciativa –que el Gobierno central estudia llevar a los tribunales– deberá situarse en el centro de un eventual acuerdo para que el popular Jorge Azcón pueda ser investido antes del 3 de mayo. Así lo ha indicado este lunes su portavoz autonómico, Alejandro Nolasco, que no ha dado por hecho el pacto pero del que sí ve “posibilidades importantes” de que se concrete.

La extrema derecha ha convertido esta 'prioridad nacional' en el santo y seña de sus negociaciones autonómicas y Aragón no va a ser una excepción. “Es una de las medidas más importantes que contemplamos”, ha dejado claro Nolasco, quien ha desdeñado las dudas sobre su viabilidad, pese a que discrimina a los inmigrantes en cuestiones como el acceso a la vivienda social. “Es legal, es constitucional y se puede hacer”, ha manifestado, y ha considerado “un mantra del bipartidismo” estas críticas. “Parece que todo lo que dice Vox es imposible, que no se puede hacer, pero no se puede hacer hasta que se hace”, ha incidido.

Precisamente, en esas medidas las hay que atañen a aspectos singulares van a pedir que “se luche contra todas las políticas del Pacto Verde” que incluye la exigencia de la “limpieza del cauce de los ríos y el fomento de la construcción de las obras hidráulicas”. Ha reconocido que hay aspectos que son competencia nacional, pero en lo que pueda hacer frente la comunidad autónoma lo van a pedir para apuntar que hay tres bloques “importantes” y que pasan por “la lucha contra la inmigración ilegal, la vivienda, la bajada de impuestos, la limpieza de cauces y todas las iniciativas parlamentarias” que ha presentado Vox estos años.

Nolasco ha asegurado que las dos partes siguen negociando el programa, que “no se ha hablado todavía de cargos concretos”: “Yo no sé si voy a estar en el Gobierno y tampoco qué áreas nos vamos a quedar”. Sí ha considerado que el acuerdo será similar al de Extremadura, aunque la posición de Vox en Aragón es “de más fuerza” porque tienen “más porcentaje de voto”, por lo que la extrema derecha tendrá “mayor peso político”. Además, también habrá aspectos diferentes en función de las “características” de Aragón, donde la presencia por ejemplo de las energías renovables es mayor.

El representante de la extrema derecha en Aragón ha desvinculado la negociación actual con puestos como el de la Presidencia de las Cortes de Aragón y el del senador autonómico –algo que se abordará “si se llega a un acuerdo”– y ni siquiera ha dado por hecho que se vaya a producir: “Hay posibilidades importantes, pero no podemos garantizar al 100% de que vaya a haber un acuerdo”.

María y su familia estuvieron más de un año esperando para recibir una ayuda que les permitiese afrontar con más recursos la discapacidad de su hijo. “Te hacen pasar momentos de angustia, es un desgaste increíble”, lamenta ella. La media desde que se solicita una prestación hasta que se obtiene una respuesta fue de 246 días, según los datos publicados por el Ministerio de Sanidad para el primer trimestre de este año. Y, desde que se recibe una respuesta favorable hasta que finalmente se obtiene, pasan otros 62. En total, el tiempo medio para hacer efectivo un derecho legal alcanza los 329 días.

Los datos del último Panel del Servicio para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) arrojan algunas mejoras. Hay récord de personas con derecho a prestación, más de 1,6 millones; las listas de espera se han reducido en 12 días respecto a marzo de 2025; y el total de gente esperando, ha caído un 16,6%. Pero muchas voces piden huir del triunfalismo. “Está muy bien que se reduzca la espera en 12 días, pero cuando llevas años esperando, da un poco de rabia”, apuntan desde la Plataforma Estatal de Cuidadoras Principales.

Según los últimos datos disponibles, 1,66 millones de personas reciben en España algún tipo de prestación por dependencia. Como muestra el siguiente gráfico, son apenas unos pocos miles más que en 2025, pero un 90% más que hace una década. Precisamente, en 2015 se incluyó en la ley a los usuarios de grados menos dependientes, lo que amplió los potenciales receptores.

Para el presidente de la Asociación estatal de directoras y gerentes de servicios sociales, José Manuel Ramírez, “es normal que todos los meses se incremente el número de personas atendidas, cuando hay 270.000 en lista de espera”. Va más allá, porque el Ministerio solo incluye en el conteo a aquellas personas que superan el umbral de los 180 días esperando. Tampoco se tienen en cuenta, por ejemplo, las revisiones.

Las personas en lista de espera se dividen en dos grupos: las que están pendientes de ser valoradas y las que lo están de recibir la prestación. En el año 2025, el total se redujo en 12.158 personas, pero cada mes unas 10.000 personas piden entrar en el sistema de dependencia, lo que tensiona la tramitación. Con todo, la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, ponía en valor la “capacidad del sistema para responder más rápido de lo que la demanda está creciendo”, porque “mientras las solicitudes crecen a un ritmo del 7,3%, las personas atendidas lo hacen a un 9,8%”.

Esa “capacidad” del sistema se traducía a finales de marzo en 329 días de espera —casi once meses— de media estatal. Pero hay comunidades donde las familias esperan mucho más y otras donde los trámites van más ligeros. Según los últimos datos disponibles, Murcia es quien más hace esperar a sus personas con dependencia, 553 días de media, y Castilla y León, la que menos, con 116.

Desde 2023, la mayoría de comunidades han hecho esfuerzos por agilizar los tiempos de tramitación de la prestación concedida. Sin embargo, en general, han subido los días de espera hasta obtener una respuesta, con lo que el saldo medio ha mejorado en apenas una semana.

En el siguiente gráfico se puede ver la evolución de ambos indicadores y del total, comunidad a comunidad. Por ejemplo, en ese periodo, Asturias redujo en 62 días (hasta los 62) el tiempo de tramitación de la prestación concedida, pero ahora hay que esperar 164 días más (308) para llegar a ese momento, por lo que el retroceso ha sido más que notable, pasando de 260 a 375 días. En el caso de Madrid, esta región ha empeorado en todos los indicadores.

Esos días los reflejan las estadísticas, pero los cuentan las familias. “Acceder a los recursos es burocracia, papeleo, obstáculos y tiempo, mucho tiempo, en el que tienes que poder seguir manteniéndote, con la dificultad que esto supone en la vida cotidiana para la supervivencia de las personas”, explica Silvina Funes, la presidenta de la Plataforma Estatal de Cuidadoras Principales, un colectivo eminentemente feminizado y para quién “superar estos obstáculos es como los juegos del hambre”.

30.000 muertes al año

La espera tiene su cara más amarga en las personas que fallecen sin haber recibido una prestación a la que tienen derecho. Solo en el primer trimestre de este año fueron unas 9.000, entre las que esperaban la valoración o la ayuda en toda España. En 2025, sumaron más de 32.700 y en 2026, 34.250.

Al margen de los tiempos, hay otro factor que preocupa en el marco de la atención a la dependencia. Una deriva 'low cost', que carga a las familias. Del total de 2,4 millones de prestaciones totales a final del primer trimestre del año, “el 57% se dan ya en los hogares y en el entorno más cercano”, destacaba el Ministerio de Derechos Sociales. Es decir, la mayor parte de esas ayudas van destinadas a familiares que cuidan y suponen 172,5 euros de media para dependientes de grado I; 276,6 euros para los de grado II; y 383,6 euros para los de grado III.

“Vamos hacia un sistema de bajo coste, con servicios de baja intensidad y prestaciones económicas muy bajas. Con 260 euros al mes no se puede decir que se está atendiendo este tema”, considera Ramírez. Un informe de Comisiones Obreras, publicado en febrero de 2025, ya alertaba de que el sistema estaba dominado por “prestaciones baratas y basadas en cuidados no profesionales”, aunque se reduzcan las listas de espera.

El caso de María pone de manifiesto una de las reivindicaciones que comparten todas las voces consultadas: aliviar a las familias de trámites burocráticos que frenan las ayudas. Ella solicitó la valoración en diciembre de 2022. En febrero de 2023 le pidieron un documento, que entregó en marzo por sede electrónica. Cuando un año después preguntó por el estado de su solicitud, le dijeron que faltaba ese papel. No era cierto. “Me dieron cita urgente y me pagaron los atrasos, pero un año después”, recuerda. Entre media, tuvo que afrontar, entre otros gastos, unos 300 euros mensuales solo para llevar a su niño a un especialista, porque los tenía: “En ese momento trabajábamos los dos y los padres de mi pareja estaban en casa, pero imagínate una familia en otra situación”.

Otro de los handicaps que presenta la normativa actual es la incompatibilidad de algunas prestaciones. “Es como si vas a una operación y te hacen elegir entre el cirujano y el anestesista”, ejemplifica Silvina Funes. En la práctica, los datos ya “apuntan a un cambio de modelo”, explicaba el pasado viernes la secretaria de Estado, porque el número de prestaciones por persona pasó de 1,28 en 2021 a 1,44 en 2026. “Las personas que entran en el sistema combinan más cuidados, apoyos más adaptados a su situación y sus decisiones”, afirmó.

El Ministerio de Derechos Sociales trabaja en una reforma de la ley de dependencia, que tiene “dos orientaciones principales: eliminar las incompatibilidades de las prestaciones y ampliar la cartera de servicios y reforzar recursos con gran potencial para transformar el modelo, como la asistencia personal, los centros de día o la ayuda a domicilio”.

Para la presidenta de la Fundación Pilares de la Autonomía Personal, Pilar Rodríguez, el sistema de autonomía y dependencia sí ha dado un salto en los últimos años. Sobre todo, tras los recortes del año 2012, a consecuencia de la crisis económica, que no terminaron de revertirse hasta 2023, con Ione Belarra al frente del departamento de Derechos Sociales. En este sentido, Rodríguez, que fue una de las autoras del libro blanco sobre dependencia previo a la norma de 2006, considera que ha habido un esfuerzo por “analizar la calidad de las prestaciones y comprobar si con ellas se resuelve realmente el problema de las familias, porque el peso de los cuidados todavía recae sobre las mujeres”.

Desde el Ejecutivo buscan avanzar en la idea de la desinstitucionalización. Tiene sus ventajas e inconvenientes, porque permite a las personas permanecer en sus hogares, pero sin los recursos suficientes supone, en muchos casos, una carga incompatible con la propia vida para las cuidadoras. “Ninguna economía del mundo es capaz de asumir en exclusiva el coste que supone la dependencia, mientras muchas familias quieren seguir cuidando, pero sin sobrecargarse de una manera excesiva”, explica Rodríguez.

Según un reciente estudio de Fedea, con datos de 2024, España continúa “rezagada respecto al contexto europeo”. “El esfuerzo financiero destinado a cuidados de larga duración se sitúa en torno al 0,9-1% del PIB, una proporción notablemente inferior al promedio de la OCDE, que alcanza el 1,8%”, indica el trabajo. La financiación es otra de las vías de mejora que reclaman las entidades y asociaciones y que para la Asociación estatal de directoras y gerentes de servicios sociales se encuentra en este momento paralizada, porque el aumento en el gasto corresponde a mayor número de prestaciones, pero no tanto a que estas se incrementen.

Desde las familias, han reclamado también que la nueva ley incorpore un reconocimiento económico y laboral de las cuidadoras y que se reduzca la carga que asumen en solitario. “Somos nosotras las que sostenemos el sistema, gracias a nuestro trabajo, y nuestras renuncias”, explica Patricia, también de la plataforma, que destaca que, en muchas ocasiones, son ellas quienes renuncian a trabajo remunerado, salario, cotizaciones y pensión.

“No haces nada con una prestación o una teleasistencia. Hay que ir sumando atributos, una serie de pocos que hacen un todo para la persona que realmente lo necesita”, coincide Rodríguez, que pide tener una visión más holística: “Necesitamos un ecosistema de cuidados en el entorno comunitario de salud, de servicios sociales, farmacia, elementos asociativos en los barrios, políticas preventivas... Vamos a vivir muchos años y vamos a necesitar más cuidados, así que tenemos que meternos en la cabeza que esto es cosa de todos”.

En la declaración de la renta, una parte importante del resultado final no depende únicamente del Estado, sino también de las comunidades autónomas. Estas pueden establecer deducciones propias dentro del IRPF que, en muchos casos, no se tienen en cuenta, pese a que pueden suponer un ahorro relevante: reducen la cantidad a pagar o incrementan la devolución según el caso. Se trata de un conjunto de beneficios fiscales que se aplican en situaciones muy diversas, especialmente vinculadas a la vivienda, y que abarcan desde el alquiler y la compra hasta la rehabilitación o el apoyo a determinados colectivos como jóvenes o familias.

Para poder acceder a estas ventajas es necesario cumplir un requisito clave: haber tenido la residencia fiscal en una misma comunidad durante la mayor parte del año, lo que en la práctica supone haber permanecido en ese territorio al menos 183 días durante el ejercicio. Solo entonces pueden aplicarse las deducciones autonómicas correspondientes. La campaña de la renta del ejercicio 2025 podrá presentarse entre el 8 de abril de 2026 y el 30 de junio, por lo que conviene tener presentes estas medidas antes de realizar la declaración.

A continuación, se recogen las deducciones aprobadas para el IRPF en cada comunidad autónoma para el ejercicio 2025:

Andalucía

Los contribuyentes que hayan desarrollado su residencia habitual en la Comunidad Autónoma de Andalucía durante 2025 podrán beneficiarse de las siguientes deducciones fiscales autonómicas:

Aragón

En Aragón, quienes hayan fijado allí su residencia habitual durante 2025 podrán acogerse a las siguientes deducciones autonómicas:

Principado de Asturias

Durante 2025, los contribuyentes con residencia habitual en el Principado de Asturias podrán acceder a estas deducciones autonómicas:

Illes Balears

En las Illes Balears, los residentes habituales durante 2025 podrán beneficiarse de las siguientes medidas fiscales autonómicas:

Canarias

Quienes hayan residido en la Comunidad Autónoma de Canarias durante el ejercicio 2025 podrán aplicar estas deducciones autonómicas:

Cantabria

Los residentes en Cantabria durante 2025 tendrán acceso a estas deducciones autonómicas:

Castilla-La Mancha

En Castilla-La Mancha, quienes hayan mantenido su residencia habitual durante 2025 podrán beneficiarse de las siguientes deducciones fiscales:

Castilla y León

Durante 2025, los contribuyentes con residencia habitual en Castilla y León podrán acceder a estas deducciones autonómicas:

Catalunya

En Catalunya, los contribuyentes residentes en 2025 podrán acogerse a las siguientes deducciones:

Extremadura

Quienes hayan tenido su residencia habitual en Extremadura durante 2025 podrán beneficiarse de estas deducciones autonómicas:

Galicia

En Galicia, durante 2025, los contribuyentes residentes podrán acceder a las siguientes deducciones:

Comunidad de Madrid

En la Comunidad de Madrid, quienes hayan residido durante 2025 podrán beneficiarse de estas deducciones fiscales:

Región de Murcia

En la Región de Murcia, los contribuyentes con residencia habitual durante 2025 podrán aplicar estas deducciones:

La Rioja

En La Rioja, quienes hayan residido durante 2025 podrán beneficiarse de las siguientes deducciones autonómicas:

Comunitat Valenciana

En la Comunitat Valenciana, durante 2025, los contribuyentes residentes podrán acceder a estas deducciones:

El Gobierno de La Rioja ha tomado la decisión de “no acudir” a la reunión prevista en la que la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, iba a informar a las comunidades autónomas sobre el número de plazas mínimas de las que deben disponer para la acogida de menores migrantes solos. Una postura que adoptan al no contar “con información, criterios claros o la transparencia deseada” por parte del Ministerio.

Finalmente la conferencia sectorial de Infancia no ha podido celebrarse por falta de “quórum” tras el 'plantón' de las comunidades autónomas del PP, excepto Ceuta y Canarias. Así lo han informado fuentes del departamento que dirige Sira Rego a los medios de comunicación presentes en el Ministerio de Trabajo y Economía Social, donde iba a tener lugar el encuentro. En julio del año pasado las comunidades gobernadas por el PP también plantaron a la ministra en la sectorial.

A preguntas de los periodistas tras informar de los asuntos aprobados por el Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo riojano, Alfonso Domínguez, ha expresado que, a pesar de no acudir, “el Gobierno riojano cumple con sus obligaciones de manera responsable, solidaria, con rigor y profesionalidad”.

En este sentido, Domínguez recuerda que “hemos acogido a los menores asignados por el Gobierno de España pero insistimos que es algo impuesto, con un proceso opaco, sin transparencia, que no nos permite conocer con antelación los principales criterios de acogida”. Algo que “genera muchas dificultades” porque La Rioja “ha rebasado ya las capacidades de acogida y ha puesto nuestro sistema de acogida de menores en tensión”.

Una situación que “continúa ahora mismo por parte del Gobierno de España y por lo tanto esta mañana había que tomar decisiones muy importantes sobre dicha acogida y nos habían convocado a una reunión sin información ni transparencia y sin la documentación clara para tener una posición de voto”. A pesar de ello, reitera, “siempre cumplimos con nuestras obligaciones y somos solidarios porque lo que queremos es acoger a los menores de la mejor manera posible”.

Cada año, la Semana Santa genera un calendario laboral que combina días festivos de alcance nacional con jornadas que dependen de la decisión de cada comunidad autónoma. Mientras el Viernes Santo es un día de descanso común para todo el país, otras fechas, como el Jueves Santo o el Lunes de Pascua, se celebran de manera desigual según el territorio. Esto provoca que la rutina laboral y escolar se retome en momentos distintos, generando diferencias en la duración de los puentes y en la organización de la vida cotidiana de los ciudadanos.

En 2026, el Lunes de Pascua cae este 6 de abril y se mantiene como festivo únicamente en algunas regiones del país. La jornada permite que quienes viven en estas comunidades prolonguen su descanso tras el fin de semana, mientras que en otras áreas la actividad diaria se retoma de manera normal. La decisión de incluir este día como no laborable depende de cada administración autonómica, y refleja cómo la legislación laboral española permite que el calendario combine festividades nacionales con normas regionales, influyendo tanto en la planificación del trabajo como en la organización de viajes y actividades familiares.

Comunidades donde es festivo el Lunes de Pascua

Para 2026, el Lunes de Pascua es considerado festivo en Cataluña, Comunidad Valenciana, Illes Balears, Castilla-La Mancha, País Vasco, Navarra y La Rioja. Estas regiones incluyen el lunes posterior al Domingo de Resurrección como jornada no laborable, lo que permite prolongar el puente de Semana Santa en comparación con otras zonas del país. Entre estas comunidades, cinco de ellas —Illes Balears, Castilla-La Mancha, Navarra, Euskadi y La Rioja— disfrutarán de un descanso que se inicia el Jueves Santo y se extiende hasta el Lunes de Pascua, lo que permite encadenar hasta cinco días consecutivos sin obligaciones laborales ni escolares.

El resto de España, por su parte, no considera este lunes como festivo, por lo que la rutina diaria se reanuda inmediatamente después del fin de semana. A diferencia del Lunes de Pascua, el Viernes Santo, que se celebra el 3 de abril, es festivo en todo el territorio nacional, garantizando un día de descanso uniforme para todos los ciudadanos. En cuanto al Jueves Santo, también hay variaciones: en Catalunya y la Comunitat Valenciana este día no se reconoce como no laborable, mientras que en otras regiones sí se incluye dentro de los días de descanso, lo que contribuye a generar diferencias en la duración efectiva del puente de Semana Santa entre comunidades.

El hecho de que el Lunes de Pascua sea festivo en unas regiones y laborable en otras tiene consecuencias directas para los ciudadanos, especialmente en términos de planificación de viajes y turismo. Para las familias que residen en las comunidades donde es día no laborable, el lunes adicional permite retrasar el regreso a casa tras el fin de semana largo o aprovecharlo para actividades de ocio, lo que representa un beneficio práctico en la gestión del tiempo. En contraste, en las zonas donde el lunes es laborable, las personas retoman la actividad normal, lo que puede implicar desplazamientos más concentrados durante el fin de semana o limitaciones en la organización de vacaciones cortas.

Próximo festivo nacional tras la Semana Santa

Una vez concluyan las festividades de Semana Santa, los españoles tendrán que esperar apenas unas semanas hasta el siguiente día de descanso de carácter nacional. El viernes 1 de mayo se reconoce oficialmente como jornada no laborable en todo el país, coincidiendo con el Día Internacional de los Trabajadores. Esta fecha se mantiene fija en el calendario cada año y garantiza un día de pausa laboral uniforme, a diferencia de otras celebraciones que varían según la comunidad autónoma.

El 1 de mayo tiene un significado más allá del descanso: es un momento dedicado a la reflexión sobre los derechos de los trabajadores y los logros históricos del movimiento sindical. A lo largo de España, la jornada suele estar marcada por concentraciones y actos organizados por distintos sindicatos, que aprovechan la ocasión para visibilizar demandas laborales y fomentar la conciencia sobre las condiciones de empleo. De esta manera, el festivo combina la interrupción de la rutina laboral con un componente social y reivindicativo que alcanza a todo el territorio nacional.

En resumen, el calendario laboral de España durante la Semana Santa combina días festivos nacionales con jornadas que dependen de la autonomía de cada región, como el Lunes de Pascua. Mientras algunas comunidades pueden prolongar el descanso hasta cinco días consecutivos, otras retoman la actividad laboral inmediatamente después del fin de semana. Tras este periodo, el siguiente día festivo de alcance nacional será el 1 de mayo, una fecha que, además de permitir una pausa general, mantiene su carácter simbólico al conmemorar los derechos de los trabajadores en todo el país.

Nos hemos aburrido de argumentar durante toda la legislatura que el gran problema del Partido Popular consistía en que únicamente podía pactar con Vox y ese pacto le volvía incompatible como socio para todos los demás. Eso le obligaba al deber de ganar por mayoría para tratar de gobernar en solitario. Ahora estamos descubriendo que el problema es que no puede pactar ni con Vox ni siquiera cuando ganan. 

Desde las elecciones en Extremadura llevamos esperando a que haya gobiernos como Dios manda, tras claros y mayoritarios giros a la derecha allá donde ha habido comicios. Antes se viraba a la derecha buscando orden y estabilidad. O eso nos explicaban. Ahora volverse hacia las derechas es jugárselo a la lotería o a la traca. A la gente de orden parece que ya no le importa el desorden siempre que sea de los suyos. 

La única razón por la que no tienen gobierno en Extremadura, Aragón o Castilla y León se debe a que siempre se celebran elecciones en alguna otra parte que debe de ser más importante o más urgente. Lo sabemos todos. De ahí esta normalidad extraña con la cual se asume que no los haya todavía, ni tenga mucha pinta de haberlos. También ayuda mucho este relato ya viejo que establece, desde los tiempos de Aznar, que cuando la derecha negocia siempre llega a acuerdos de Estado, pero cuando negocia la izquierda resulta un chantaje inaceptable, pues se rompe España a plazos. 

Núñez Feijóo no sabe qué hacer con Vox y Santiago Abascal no sabe qué hacer con los gobiernos. Si el contrabandista gallego —Abascal dixit, demostrando que tampoco sabe mucho de contrabandistas— se tira al monte a la caza del culpable de turno para el problema que toque, se le asusta el votante de centro. Si el purgador que “en la vida ha tenido dos euros juntos” —Ortega Smith dixit, en la mejor tradición de la hidalguía española— se mete de cabeza en los ejecutivos de coalición que le ofrece el PP, se le cala el motor del discurso de con los gobiernos lo que de verdad hay que hacer es echarlos. 

Parece poca cosa, nada que no se puede arreglar con una consejería por aquí y una ley para tratar a las mujeres como ellas se merecen y Abascal sabe. Pero no lo es, ni se compone con tanta facilidad. Un resultado mayoritario para Moreno Bonilla en Andalucía y por debajo de las expectativas de la ultraderecha aún complicaría más la situación. Vox necesita seguir creciendo porque si se para empiezan los problemas. El PP, en cambio, necesita que los ultras dejen de crecer; una contradicción estructural de libro que diría un buen marxista. 

Mientras el panorama de la izquierda se aclara, pues a palos también se aprende y más cornadas da el hambre, el panorama de la derecha se llena de ruido un día y furia al siguiente. Tantas veces nos ha anunciado el PP que ya está hecho lo de Extremadura que cuando alcancen un pacto, si es que lo logran, no nos lo vamos a creer y vamos a repetir las elecciones igual.

Comunidad Valenciana (3%), Comunidad de Madrid (2,7%), Baleares (2,5%), Canarias (2,5%) y Murcia (2,5%) serán las comunidades que registrarán un mayor crecimiento económico en 2026, ya que avanzarán por encima de la media nacional, según las proyecciones de BBVA Research, que mantuvo en el 2,4% su previsión de crecimiento para la economía española este año. Mientras, Aragón se situará en el furgón de cola con un 1,9%.

Según se desprende del informe por comunidades autónomas publicado este miércoles, la Comunidad Valenciana seguirá beneficiándose del impulso a la inversión derivado de las medidas de apoyo tras la DANA. Por su lado, el dinamismo de las exportaciones de servicios, tanto turísticos como no turísticos, junto con el efecto refugio frente a otros mercados, impulsará la economía de la Comunidad de Madrid y de las islas, que son las únicas regiones cuya previsión se revisa al alza respecto a enero.

Por su parte, Murcia (2,5%) podría verse beneficiada por el aumento del gasto en defensa y la mejora del turismo nacional. En un grupo intermedio, Cataluña, Castilla-La Mancha y Andalucía podrían crecer en línea con la media nacional (2,4%), con impactos diferenciales que tienden a compensarse.

En Cataluña, los problemas en las infraestructuras y el menor dinamismo de las exportaciones de bienes se verían compensados por el impulso del turismo. En Andalucía, el avance a corto plazo se ve algo más condicionado por las inundaciones y las dificultades en las infraestructuras.

Por debajo de la media se situarán las comunidades del Cantábrico, afectadas por el encarecimiento de la energía y un contexto menos favorable para el comercio exterior: Galicia (2,3%), Cantabria (2,2%) y País Vasco, Asturias, Navarra y La Rioja (2,0%), junto con Aragón (1,9%).

Aunque Cantabria y Navarra muestran un arranque de año algo mejor de lo previsto, se mantienen por debajo de la media. Por su parte, un inicio de 2026 más débil y un sector público relativamente menos dinámico explican el menor crecimiento de Castilla y León y Extremadura (1,8%).

Perspectivas para 2027

De cara a 2027, desde BBVA Research ha revisado al alza las previsiones de crecimiento en la mayoría de las comunidades autónomas y ha elevado cuatro décimas al alza su previsión del PIB nacional, hasta el 2,4%. Así, la normalización del precio del petróleo y la mayor demanda europea impulsarán la recuperación de la industria y el avance de las exportaciones de bienes, favoreciendo un crecimiento superior a la media, que se situará en el 2,4%, en Cataluña (2,5%) y en buena parte del norte –País Vasco, Navarra y Aragón (2,8%), La Rioja, Galicia y Cantabria (2,7%) y Castilla y León (2,5%)–. Además, el envejecimiento de la población en varias de estas regiones podría verse compensado por el aumento de las pensiones, ligadas a la inflación.

Por su parte, la Comunidad de Madrid crecería en línea con la media nacional (2,4%), apoyada en el mayor gasto en defensa, el dinamismo del consumo privado y el buen comportamiento de las exportaciones de servicios, especialmente las no turísticas.

Asimismo, el aumento del consumo público –impulsado por el crecimiento de los salarios de los funcionarios y la ausencia de medidas de consolidación fiscal–favorecerá a las comunidades con mayor peso del empleo público, como Asturias (2,4%), Andalucía (2,4%), Castilla-La Mancha (2,3%) Extremadura y la Región de Murcia (2,2%). En contraste, la normalización del turismo y las limitaciones a su capacidad de crecimiento podrían moderar el avance en Canarias y Baleares (2%), si bien sus perspectivas mejoran respecto a lo previsto hace un trimestre.

Por su lado, el progresivo agotamiento de los efectos de las ayudas postdana explica un crecimiento de la Comunidad Valenciana algo inferior al promedio (2,2%).

Crecimiento de empleo

Además, desde BBVA Research prevén que el empleo siga mostrando un tono favorable este año en la Comunidad Valenciana (3,3%), Madrid (2,7%), Castilla-La Mancha (2,6%) y Andalucía (2,5%), que crecerán por encima de la media nacional (2,3%). En el lado contrario, según las previsiones de BBVA Research, en Asturias (1,2%), País Vasco (1,1%) y Aragón (1,1%) se registrarán avances más limitados.

En 2027, la creación de empleo mantendría un ritmo algo más moderado, con un avance del 2% a nivel nacional y con Galicia (2,4%), La Rioja (2,3%), Andalucía (2,2%), Navarra (2,2%), Castilla-La Mancha (2,1%), Cataluña (2,1%), Cantabria (2,1%), Extremadura (2,1%) y Madrid (2,0%) entre las regiones con mayor crecimiento. En contraste, Baleares (1,6%), Castilla y León (1,6%), Murcia (1,6%), Canarias (1,5%) y Asturias (1,3%) mostrarían incrementos más contenidos, en línea con un menor impulso del turismo y de la demanda interna.

Aragón es líder nacional en el uso eficiente del agua en los hogares con 105 litros por persona y día frente a las dos regiones donde se registran los mayores consumos domésticos, Murcia, con 194 litros por persona y día y la Comunidad Valenciana, con 160 litros. Así lo recoge el Estudio sobre el Suministro de agua potable y saneamiento en España de la Asociación Española del Agua Urbana (Daqua) correspondiente a 2025.

Con una media nacional de 121 litros, encabezan el ránking Murcia (194 l/hbt/día), Comunidad Valenciana (160) y Castilla y León (148). En el extremo opuesto, Aragón es la que menor consumo doméstico tiene, con 105 litros por persona y día.

En el análisis de los consumos, Daqua llama la atención sobre el hecho de que las grandes ciudades de más de 100.000 habitantes se encuentran por debajo de la media nacional y destacan por un consumo más eficiente. En el resto de los municipios, especialmente los de tamaño medio, el consumo es mayor. En los núcleos intermedios de población la demanda per cápita es más alta. “Esta brecha refleja el impacto de las políticas de ahorro, la mayor sensibilización ciudadana y la eficiencia creciente de los operadores del ciclo urbano del agua en Andalucía.

Este domingo 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua, que este año está enfocado en el papel que cumple la mujer como cuidadora y valedora del agua como un recurso natural vital, escaso y también desigual.

Existe una relación “vital” entre la mujer y el agua a nivel mundial: “En lugares donde las personas carecen de acceso al agua potable y al saneamiento cerca de sus hogares, las desigualdades se acentúan; y son las mujeres y las niñas quienes sufren las peores consecuencias. Son ellas las que se encargan de recolectar el agua. Son ellas las que gestionan el agua. Son ellas las que cuidan a quienes enferman debido al consumo de agua insalubre. Son ellas las que sacrifican su tiempo, salud, seguridad y oportunidades.

Por ello, pese a su escasa representación y liderazgo en los sistemas de gobernanza del agua, debemos reparar en la significancia y el papel cada vez más relevante de la mujer en las cuestiones hídricas, en calidad de ingenieras, agricultoras, científicas, trabajadoras del saneamiento y líderes comunitarias“, refiere Naciones Unidas.

Menos de la mitad de la población en edad de ir a la universidad se matricula en un grado. La tasa ronda el 40%-45% para una etapa que no es obligatoria, que muchas familias no disfrutarán y que reporta grandes beneficios a quien la cursa, aunque también, por extensión, a toda la sociedad. Con esta situación de partida, ¿debe la universidad pública ser gratuita? ¿Debemos todos pagar algo que usan unos cuantos? Y, si la respuesta es positiva, ¿a todos? ¿En qué circunstancias?

El debate atraviesa a la comunidad educativa (y política) desde hace años, y cada vez más comunidades autónomas van tomando partido e implementando la gratuidad. Lo están haciendo a izquierda y derecha y lo están haciendo por igual para todos, sin criterios de renta, aunque con diferentes modelos. Las hay, como la pionera Andalucía, que bonifican la matrícula a partir del segundo año en función del rendimiento. Otras, como Asturias, lo hacen desde el primer curso.

“Gratuidad para todos es una medida populista”, sostiene Juan Hernández Armenteros, profesor jubilado de Economía en la Universidad de Jaén y uno de los principales expertos de España en financiación universitaria, que adelanta el modelo que cree más justo y equitativo: “Precio de coste para las matrículas con carácter general y, una vez te matriculas, becas directas que cubran todos los gastos de matrícula y del estudio (residencia, movilidad, salario) en función de criterios de renta”.

Ismael Sanz, profesor del Departamento de Economía Aplicada I de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y analista en Funcas, cree “un poco absurdo” pagarle la matrícula a las familias de renta elevada y ve con buenos ojos introducir criterios de renta, pero también propone la gratuidad para los grados “con mayor inserción laboral” porque repercuten en la sociedad. En paralelo, Sanz incide mucho en la necesidad de agilizar la concesión de becas para que estas lleguen antes de que empiece el curso y las familias sepan que cuentan con ellas, algo que no está pasando todavía.

El estudiantado cree que hablar solo de gratuidad es algo reduccionista, explica Marta Gómez, directora de Relaciones Institucionales de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP), el órgano de representación de los universitarios. “El debate va mucho más allá, va del acceso universal a la universidad y de si se están cumpliendo o no. Y esto tiene que ver tanto con cuánto cuestan los precios públicos como con cuántas plazas ofrece la universidad pública”, argumenta.

Siete la ofrecen, tres lo prometen

En este momento, Andalucía, Galicia, Extremadura, Castilla-La Mancha, Asturias y La Rioja financian al menos algún curso de los grados. Las elecciones en Castilla y León y Aragón han provocado promesas que probablemente desembocarán también en algún tipo de gratuidad en ambas regiones, Cantabria acaba de anunciar lo propio, pero solo para empadronados en la comunidad y la Comunitat Valenciana anuncia que lo hará el próximo curso (y también pagará al estudiantado de la privada con un pago equivalente al coste de sus estudios en la pública).

Hay diferentes modelos, aunque todos son parecidos. Andalucía fue la pionera, e instauró un sistema en el que el primer año lo paga el estudiante, y a partir de ahí se le bonifica el 99% del coste de una asignatura futura por cada materia aprobada. Esto es, a partir de primero los estudios pueden salir prácticamente gratuitos (se pagan tasas) si se va aprobando todo, en una medida que busca recompensar el buen rendimiento académico, se arguye. Otra línea, la que practican Asturias o Castilla-La Mancha, cubren los costes ya desde el primer curso, pero solo de la primera matrícula. Si se suspende hay que abonar la segunda, y estas se van encareciendo respecto a la primera.

En realidad, recuerda Hernández Armenteros, “el precio ya está subvencionado para todos”. Todas las comunidades, explica, financian aproximadamente el 80%-90% del coste real de los estudios. Incluso en las más caras, Madrid y Catalunya, la parte que corresponde al estudiantado es minoritaria, en torno al 15% de unos 8.000 euros por curso, siempre hablando de medias.

En el debate también hay que introducir el factor becas al estudio. El Gobierno ya paga la matrícula a aproximadamente un 40% de los universitarios –y un pequeño extra a algunos–, una partida que las comunidades autónomas se ahorran. Hernández calcula que al Estado le costaría unos 1.300 millones de euros más subvencionar las matrículas de todo el estudiantado. El gasto total anual ronda los 12.000 millones de euros.

En cualquier caso, opina este experto, el modelo es fallido. Y si se habla del modelo que no cubre 1º, pero aun así se defiende con el argumento de la igualdad de oportunidades, menos aún: “No es cierto porque ya tienes que estar dentro para que aplique”, por lo que ya hay un sesgo ahí. También el otro es erróneo, dice el profesor. “La enseñanza superior no es obligatoria ni universal, accede menos de la mitad de la gente y van aquellas familias que pueden prescindir de la renta de su hijo [durante su periplo universitario], que además tendrá gastos”, argumenta. “Hay una selección natural por capacidad de renta entre los que van, que son quienes tienen padres universitarios. Si queremos igualdad de oportunidades para algo no universal hay que preocuparse de que quien quiera ir vaya”.

Ni siquiera el supuesto incentivo para el rendimiento, abonar una matrícula futura por cada asignatura aprobada, lo es. “Si un estudiante se matricula de 40 créditos pero aprueba 20, le bonifican 20”, expone. “Si lo que quieres es incentivar el rendimiento académico se debería subvencionar a quien rinde por encima de la media”, opina.

Gratuidad sí, pero

Gómez, de CREUP, explica que aunque la gratuidad “es un modelo positivo”, si solo es el primer curso o bonifica en el caso de que se apruebe previamente, “aparece un factor de renta importante que no se está tomando en cuenta, y es que muchas personas probablemente no aprueben todas las asignaturas porque están trabajando y no pueden compatibilizarlo, o fallan en algún momento, y se quedan sin esa bonificación”. “Probablemente el primer paso para garantizar una universidad pública justa es la progresividad de los precios públicos”, conviene.

Y ahí entra la propuesta de Hernández Armenteros, elaborada junto a su colega José Antonio Pérez García, de la Universitat de Alicante, plasmada en un estudio para la Fundación Europea Sociedad y Educación: el coste de la universidad es el que es, el 100% por defecto, pero se aplica una potente política de becas y ayudas en función de la capacidad económica de la unidad familiar. Este modelo divide a las familias en diez grupos posibles en función de sus ingresos en relación al nivel de pobreza (NPF), y cada grupo abona un porcentaje diferente de la matrícula. Las bonificaciones sobre la matrícula se complementan con becas económicas.

Esto es, para una familia base de cuatro miembros, si están menos de 1,25 veces por encima del nivel de pobreza familiar (ingresan menos de 19.775 euros anuales) tendría una bonificación del 100% sobre el coste. Además, ese estudiante recibiría un salario para estudiar (el IPREM, unos 600 euros al mes), otro para desplazamiento si lo necesitara, para residencia, por movilidad y para material didáctico. Si esa familia está entre 1,25 y 1,5 veces en el NPF (entre 19.776 y 23.730 euros anuales), pagaría el 5% de la matrícula (unos 250 euros anuales), y tendría derecho a las mismas ayudas que el anterior, excepto el salario. El modelo es progresivo y va bonificando menos y quitando ayudas económicas según la familia ingresa más, como se puede observar en el siguiente cuadro.

La propuesta se completa con ayudas económicas directas, también según la renta.

El profesor Sanz señala que un problema de no ofrecer gratuidad universal es que a las familias de nivel socioeconómico bajo tener que solicitar ayudas estatales puede suponerles un problema. Se les puede escapar que existen o pueden ver el proceso burocrático como un obstáculo insalvable, esto lo ha demostrado la literatura científica repetidas veces, que les acaba expulsando. “Aunque para algunos pueda ser difícil de pensar, la burocracia retrae a mucha gente de ir a la universidad”, asegura, “y son esas personas las que nos interesa que vayan, porque si no no irían”, observa.

Pese a ello, Sanz se muestra partidario de algún tipo de progresividad en los pagos y como alternativa ofrece la posibilidad de bonificar ciertos grados, una idea que Hernández Armenteros no ve con malos ojos. “Pondría la matrícula gratuita en las carreras que tienen más inserción laboral, porque sabemos que la sociedad necesita más gente en Físicas, Ingeniería, Medicina, Enfermería... Porque, además, los grados son más caros porque tienen más experimentalidad, y estaríamos incentivando que algún estudiante que quisiera cursar esto no dejara de hacerlo por cuestiones económicas”, reflexiona.

El estudiantado pone el acento en que además de la progresividad en el coste de la matrícula, un factor indispensable que introducir en el debate son las plazas que ofrece la universidad pública, otra vía que ejerce de barrera para el acceso además del precio, explica Gómez. “El acceso universal no se está cumpliendo porque la demanda de plazas es actualmente mucho más alta que la oferta, lo que al final deriva en que muchos acaban en la universidad privada, con precios mucho más altos”, expone la portavoz de CREUP.

Esa elevada presión, además, está elevando las notas de corte, lo cual también acaba teniendo una componente de clase, incluso desde el propio Bachillerato: es conocido que el alumnado de centros privados saca mejores notas en la Secundaria postobligatoria, un mejor rendimiento que luego no se traslada a la prueba de acceso a la universidad, pero que sí cuenta para establecer la nota de acceso.

El profesor Sanz está de acuerdo. “Necesitamos aumentar el número de plazas en universidades públicas para esas carreras como ingenierías, matemáticas, físicas, tecnología, medicina… Yo quiero que alguien que entre en Medicina tenga un buen expediente, sí”, relativiza la importancia de mantener un cierto límite con las plazas, “pero hay margen. Una persona que tiene un 11,5 o 12 va a ser un buen médico o matemático”, asegura. Y, ahora mismo, no puede acceder a esas carreras por la inflación de notas registrada en los últimos años.

Toledo, la ciudad natal de Jesús Fuentes Lázaro, primer presidente de Castilla-La Mancha, ha rendido homenaje por su trayectoria como “dinamizador cultural”, político, escritor y activista por los derechos humanos. Falleció el pasado mes de febrero, a los 79 años.

La Biblioteca de Castilla-La Mancha, de la que presidió su asociación de amigos, ha acogido un emotivo encuentro en una sala abarrotada, con caras muy reconocibles entre el socialismo toledano, y en la que se han dado cita personas que formaron parte de la vida de Jesús Fuentes, y que también le admiraban.

En el acto, moderado por Antonio Illán, de la Asociación Amigos de la Biblioteca de Castilla-La Mancha, han intervenido la directora de la Biblioteca de Castilla-La Mancha, María Dolores Cristóbal; el presidente de la Comisión Ejecutiva del PSOE de Toledo, Martín Molina; los periodistas Inmaculada Sánchez Morate, Enrique Sánchez Lubián y Javier Ruiz Martínez.

Antonio Ilán, ha señalado que el acto homenaje tenía un sentido cívico. De hecho ha definido a Jesús Fuentes Lázaro lo ha definido “una voz cívica frente a la voz del poder”.

Jesús Fuentes Lázaro (Toledo, 1946-2026) nació en la capital toledana y fue profesor de Literatura e Historia antes de dedicarse a la política.

Licenciado en Magisterio, Historia y Geografía, Máster en Dirección de Empresas y Máster en Riesgos Laborales, desde diciembre de 1982 y hasta mayo de 1983 fue presidente de Castilla-La Mancha, el primero “con el Estatuto de Autonomía recién aprobado por las Cortes Generales”, tal y como él mismo explicaba cuando se referían a él como el primer presidente 'preautonómico'. En ese periodo fue miembro del Consejo Consultivo de Castilla-la Mancha en su condición de presidente de la Comunidad.

Entre otros cargos políticos, también ejerció como diputado y senador por Toledo hasta el año 1991. A pesar de no contar con un cargo orgánico, Fuentes siguió presente en la vida política de la ciudad.

Como escritor colaboró en diferentes medios de comunicación como la Televisión de Castilla-La Mancha, Cadena Ser, La Voz del Tajo, Diario 16, ABC, La Tribuna de Toledo, El Digital de Castilla-la Mancha o el Blog Hombre de Palo. De igual manera, también con sus columnas de opinión en esta casa, elDiario.es Castilla-La Mancha.

“Un líder organizativo que reconstruyó las izquierdas de Toledo”

La directora de la Biblioteca de Castilla-La Mancha, María Dolores Cristóbal, ha querido comenzar las intervenciones en este acto de homenaje, señalando que Jesús, “que tantas veces presentó encuentros como este, ya no está con nosotros, pero queremos mantener vivo su recuerdo”. Cristóbal ha apuntado que Fuentes Lázaro, “más que un colaborador” fue “alguien que entendió como pocos el valor que las bibliotecas desempeñan en la vida de las personas”.

Martín Molina, historiador y doctor en Derecho, así como presidente de la Comisión Ejecutiva del PSOE de Toledo, lo ha descrito como una “persona activa, solidario, persona inquieta defensora de nuestra identidad, a veces machadiano, humanista y firme defensor de los derechos y las libertades”.

Molina, visiblemente emocionado, ha recordado que conoció a Jesús Fuentes en la primavera de 1978, cuando se incorporó al PSOE: “Encontré en él a un líder organizativo, que se afanaba con gran tenacidad en la reconstrucción de un partido de izquierdas que después de 35 años, había que reconstruir y volver a establecer sus cimientos”, en la provincia de Toledo, donde “el clima era muy adverso, con muchos recuerdos todavía de la guerra civil”.

No solo ha hecho alusión al ámbito político, sino también a la faceta de Jesús Fuentes Lázaro como escritor en diferentes columnas de opinión, donde “manifestaba su compromiso con la sociedad” y “sus puntos de vista eran seguidos por cientos de lectores que admiraban y respetaban su pensamiento crítico”. Pero también como “ escritor extraordinario, dinamizador de la cultura, la literatura y el arte contemporáneo”. En opinión de Martín Molina fue “un hombre de consenso, pero firme en la defensa de los derechos y libertades conquistadas en los años de democracia”.

Ha reivindicado que sea recordado como 'Hijo Predilecto de la Ciudad de Toledo'. De hecho esta misma tarde, se ha iniciado una recogida de firmas de apoyo para elevar esta petición al ayuntamiento toledano.

De su parte, la periodista conquense Inmaculada Sánchez Morate, ha destacado que en los días previos al acto de homenaje, ha leído los artículos de Jesús en prensa: “He vuelto a leerlos, a disfrutar con ellos y a sentir menos soledad, sabiendo que compartíamos reflexiones y temores”. Sánchez Morate, ha querido recordar también un mensaje que recibió de Jesús en junio de 2025, revisando las conversaciones que mantenían hasta su fallecimiento. “Me quedo con su 'No' hay que rendirse a pesar del desencanto”.

Fue un buen socialista, un socialista clásico

Enrique Sánchez Lubián

A lo largo de su intervención, la periodista ha repasado parte del pensamiento -siempre crítico pero constructivo- de Jesús Fuentes, en su faceta de columnista, en diferentes artículos de prensa, ya que de esa manera es “una oportunidad de ser su portavoz”, haciendo alusión a que “Jesús nos recordaba que la memoria de la gente es frágil”.

Artículos como 'Escenarios apocalípticos', sobre “no rendirse”, 'Aquellos miedos, estos miedos', explicando “cómo afrontaba los miedos personales o sociales”, 'El horror tras aquellas guerras', sobre los miedos y lo que pensaba de Donald Trump o 'Puertas a la esperanza' en cuanto a “cómo le preocupaba España, lo que ha pasado de la Transición a la situación actual”. De igual manera, también artículos más localistas, como el desarrollo urbanístico de su ciudad, Toledo y su rechazo a la idea de que se convierta en un 'dormitorio' de Madrid, en 'Aproximación al urbanismo de Toledo'; o en 'El desastre que se anuncia' “siempre con la vista puesta en el río, ese Tajo que, decía, 'cada vez lo tiene más chungo”. Artículos publicados en elDiario.es Castilla-La Mancha, que “servían de consuelo”

El periodista y escritor alcazareño Enrique Sánchez Lubián se ha centrado en los aspectos políticos de la vida de Fuentes Lázaro. “Jesús fue un buen socialista, un socialista clásico”. Le conoció en otoño de 1981 en una época en la que en la provincia de Toledo “a los socialistas les costaba salir a la luz porque la mayoría de sus dirigentes habían sido asesinados”.

Sánchez Lubián ha glosado por la carrera política de Jesús Fuentes Lázaro en diferentes etapas -apoyado de recursos gráficos y fotografías- desde los primeros pasos del PSOE en Toledo, su papel en la gestión y desarrollo de la comunidad autónoma y sus posteriores cargos como concejal o diputado nacional.

Ha destacado su implicación en el nacimiento del ente autonómico. “A pesar de lo que muchas veces se publica y que le enfadaba mucho, no fue presidente preautonómico, sino el primer presidente de Castilla-La Mancha. Le recordamos por su participación en la gestación de la comunidad autónoma: formó un incipiente gobierno regional, gestionó la transferencia de las primeras competencias a la región y preparó las primeras elecciones autonómicas”. En este punto recordaba cómo un poderoso Alfonso Guerra le desplazó de la posibilidad de seguir al frente del Gobierno regional. Todo un “pisotón en el callo”, tal y como reflejó un periodista en la época, Miguel Ángel Mellado, al escribir sobre una foto de Jesús Fuentes junto a José Bono.

Sánchez Lubián se preguntaba “cómo es posible que habiendo pasado tantos años desde que Jesús dejó de ser un cargo orgánico en el partido, siguiera manteniendo una influencia muy importante dentro del PSOE de Toledo”, lo cual se convierte “en su gran mérito”.

El periodista ha apuntado, que Jesús Fuentes “mantuvo una coherencia, una posición de liderazgo moral por su lealtad al partido y porque no se quedó anclado en el pasado, en el ”yo fui presidente“, siempre miró hacia el presente”; sino que “consideró la socialdemocracia como solución a los problemas reales de España y de Toledo”.

El 'fuentismo', “corriente sólida y muy sugerente” de entender el socialismo

Enrique Sánchez Lubián acuñaba un nuevo término para definirle, “el fuentismo”, como una forma de entender el socialismo: “Una corriente sólida y muy sugerente en el último medio siglo de historia”.

Además, Enrique Sánchez Lubián ha matizado que la forma en la que Jesús Fuentes tenía de concebir el socialismo “encaja con lo que decía Karl Marx, que el socialismo debe ser la sustitución del desarrollo inconsciente de la humanidad por el desarrollo consciente”, un hecho que encaja con la participación de Jesús “en sus artículos en prensa, tertulias literarias o de todo tipo”. Ha querido recordar que “a él le gustaba muchísimo la política” y de Jesús “nos ha llegado que no solo se puede hacer política sin necesidad de tener un cargo orgánico, sino que cada uno de nosotros, con nuestras responsabilidades, podemos hacer política en el día a día”.

Por otro lado, Javier Ruiz Martínez, periodista de Onda Cero, ha dicho sentir “emoción al ver lo que Jesús ha sembrado”. Un legado “inmenso en tantos ámbitos”. Para el profesional de Ciudad Real, Jesús Fuentes era “la sonrisa” por definición. “Fue un maestro que me enseñó sobre Toledo y sobre política, incluso desde la discrepancia”, ha manifestado.

De él ha destacado su “nervio comprometido” en lo periodístico, en su faceta de columnista y escritor. Un compromiso “con su ciudad y con su país” que defendió desde “su verdad como socialdemócrata de ala clásica”.

Se ha referido al político que ayudó a construir la autonomía de Castilla-La Mancha. “Jesús te hacía crecer intelectualmente”. Era, zanjaba, “un grandísimo pedagogo y político”.

Revés judicial para Isabel Díaz Ayuso en su intento de torpedear la ley de eficiencia, la reforma que sustituye los antiguos juzgados unipersonales por tribunales de instancia. La Audiencia Nacional ha desestimado de plano un recurso del Gobierno de la Comunidad que exigía que se condenase al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes a poner en marcha “mecanismos” específicos para evaluar el “coste real” de la implantación de esa norma y, así, poder reclamar después los posibles sobrecostes. La Abogacía General de la Comunidad de Madrid ha recurrido esta decisión.

El Ejecutivo regional acusó al departamento que dirige Félix Bolaños de vulnerar el “principio de lealtad institucional” por no haber puesto en marcha esos mecanismos. El recurso se enmarca en la batalla emprendida por la Comunidad de Madrid contra esta reforma del Ejecutivo, que califica de “ideológica”.

Las magistradas de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional consideran que la normativa no recoge ninguna “obligación positiva y concreta” que permita exigir al Ministerio ese procedimiento. Fuentes de Justicia afirman que sí se ha realizado un cálculo de costes de la implantación de la ley y que ha transferido 325 millones de euros a las 12 comunidades con la competencia transferida para financiarla, de los que 50,5 han ido a parar a la Comunidad de Madrid. 

En el Ejecutivo regional, sin embargo, consideran que la estimación realizada por el departamento de Bolaños es “totalmente irreal” debido, precisamente, a la ausencia de mecanismos para valorar el impacto de su aplicación a lo largo del tiempo.

“La Comunidad de Madrid pide que se cuantifique el coste real y se arbitren los mecanismos de compensación a través del Consejo de Política Fiscal y Financiera”, sostiene un portavoz, que defiende que esos 325 millones, que proceden de los fondos europeos, están destinados “exclusivamente a la digitalización de la Justicia en España, no a la implantación de la Ley de Eficiencia”.

Ahorro a futuro

En su resolución, las magistradas confirman que el ente competente para evaluar el impacto de las medidas legislativas del Estado es el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es el órgano superior de coordinación entre el Estado y las autonomías y donde se debaten presupuestos, deuda, inversión pública y la financiación autonómica. Y que, en consecuencia, es este órgano el encargado de establecer las posibles compensaciones, lo que “implicaría modificar, a su vez, el sistema de financiación para el siguiente quinquenio”.

La resolución afirma, además, que esa valoración que se hace cada cinco años ha de analizar “todos los elementos computables”, porque cuando se trata de una medida legislativa, el impacto que esta puede tener en las finanzas autonómicas puede ser negativo, pero también positivo por los posibles ahorros que se puedan generar a futuro. 

El Ministerio estimó los costes que suponía la implantación de la ley en 15,2 millones de euros para el conjunto de comunidades con competencias en materia de Justicia. En lo que tiene que ver con la Comunidad de Madrid, ese coste era de 2,4 millones: 196.400 euros en gastos de personal y 2,2 millones en gastos de adecuación de espacios. Las fuentes ministeriales consultadas afirman que también se hizo una previsión del ahorro que el nuevo modelo organizativo supondría para las comunidades autónomas en los diez años posteriores a la implantación y que se ha estimado en más de 290 millones de euros. En el caso madrileño ese ahorro se estima en más de 47 millones de euros.

La Comunidad de Madrid insiste, sin embargo, en que la ley no refleja el coste de la implantación para las comunidades relacionado con las obras en las sedes judiciales, la señalética, traslado de material y, sobre todo, el personal. “Por ejemplo, la nueva sección de Violencia sobre la Infancia y Adolescencia requiere jueces, fiscales, funcionarios y nuevos espacios que pagaremos, cuyo coste no ha cuantificado la ley. Además, solo los costes de personal por la implantación de esta ley supondrán 15 millones de euros más al año a la Comunidad de Madrid que tampoco tiene en cuenta el Ministerio”, insiste un portavoz.

El recurso interpuesto forma parte de la estrategia de la Comunidad de Madrid para oponerse a esta reforma impulsada por el Ejecutivo. El pasado mayo, durante su intervención en el acto de presentación de la maqueta de la nueva Ciudad de la Justicia, Ayuso afirmó que esta norma “supone un nuevo intento de control del Poder Judicial, puesto que es un cambio ideológico de la organización del sistema judicial que se ha hecho sin contar con el propio Poder Judicial ni con las comunidades autónomas”. 

La nueva estructura judicial transforma 3.900 juzgados unipersonales en 431 Tribunales de Instancia organizados por jurisdicciones y secciones especializadas. El Ministerio defiende que eso permite “una mejor gestión de los recursos humanos, mayor agilidad procesal, más capacidad de respuesta ante aumentos de carga de trabajo y ahorro para las arcas públicas”. 

Por ejemplo, en lugar de tener que crear un nuevo juzgado con su sede y plantilla completa, bastará con incorporar nuevas plazas judiciales dentro de un Tribunal de Instancia ya existente, lo que reduce de 400.000 a 86.000 euros el coste por cada nueva plaza de juez, según datos del Ejecutivo.

El Ministerio y las autonomías con la competencia transferida —la Comunidad de Madrid, entre ellas— pactaron el pasado diciembre mantener el modelo y la implantación progresiva en tres fases durante 2025 (junio, septiembre y diciembre), aunque con “cierta flexibilidad”.

Incidencias con la implantación

A pesar de ese acuerdo, la implantación no ha estado exenta de incidentes. Por ejemplo, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) reclamó a las administraciones responsables de las oficinas judiciales que “los procedimientos y causas pendientes estén identificados y listados, de forma que su itinerario hasta la nueva oficina judicial pueda ser trazado con seguridad, lo que evitaría la pérdida de expedientes”.

Los sindicatos han denunciado cierto “caos” en la puesta en marcha de la reforma, con “problemas de coordinación y falta de información”. Fuentes sindicales consultadas por elDiario.es apuntan que la reasignación masiva de funcionarios ha provocado que muchos desconozcan sus nuevas funciones, lo que deriva en suspensiones de juicios y retrasos procesales. 

Estas fuentes también apuntan que se han registrado incidencias técnicas y problemas con la asignación digital de expedientes antiguos, así como incompatibilidades de los sistemas operativos. 

El Partido Popular y Vox tienen que entenderse y limar diferencias para poder seguir gobernando juntos en las comunidades autónomas y facilitar un hipotético acuerdo después de unas generales. Es la sensación que se desliza de los últimos movimientos de acercamiento de la dirección de Génova 13 y que tuvieron su máximo exponente el pasado domingo 22 de febrero en una conversación telefónica de una hora entre Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal para reactivar las negociaciones en Extremadura y Aragón, estancadas desde las últimas elecciones.

Feijóo, en una entrevista en Onda Cero este lunes, afirmaba que “se puede abrir un escenario en el que el pacto se puede hacer posible” ante la posibilidad latente de una repetición electoral en Extremadura que, todo apunta, perjudicaría más a su partido que a su rival por el voto de la derecha.

El líder del principal partido de la oposición explicaba que han aprobado un “documento marco” que pone “negro sobre blanco” el marco de juego “en el que se va a mover” el partido “para respetar el resultado de las urnas”. Un “muy buen resultado” en Extremadura y Aragón que, ha reconocido, fue insuficiente: “No tenemos mayoría absoluta, necesitamos un acuerdo estable con Vox”. El PP quiere desplazar al tejado de Abascal la responsabilidad de la quiebra de las conversaciones entre el PP y Vox, especialmente en Extremadura. “Vox tiene que responder si su prioridad es que Sánchez pase a la oposición o imposibilitar gobiernos del PP”, ha asegurado.

Santiago Abascal ya ha avanzado en una entrevista en Antena 3 que este decálogo “le suena mal” porque “parece que cuando se habla de lo obvio en el marco de un acuerdo con Vox, probablemente se está ofendiendo a alguien”. “Que pongan esos marcos de respeto al Estado de Derecho, la Corona, la democracia o a la Constitución para pactar con Vox no lo comprendo”, ha añadido, ofendido, el líder de la extrema derecha, que ve que el PP les trata “como si estuvieran pactando con salvajes y pretendiendo domar a Vox” y que ha tratado de restar optimismo al escenario de las negociaciones autonómicas.

En el documento, el PP asegura que los españoles están manifestando “de forma inequívoca su rechazo al actual Gobierno de Pedro Sánchez y su voluntad de abrir una nueva etapa política en España”. “Si la gente está haciendo su parte para ello, nuestra obligación es hacer la nuestra”, señala. Para ello piden “equilibrio” en la concreción de los acuerdos y un sistema de diálogo y consenso, especialmente en algunos de los ámbitos en los que Vox ha tratado de diferenciarse de su partido y con los que ha logrado atraer a gran parte de sus votantes. A continuación analizamos algunas de las cesiones discursivas o de políticas que los populares hacen a su principal rival político.

Políticas climáticas

El Partido Popular afirma en uno de los puntos sobre políticas concretas del documento marco que rechaza las políticas climáticas “que destruyen empleo, encarecen la energía y expulsan a la industria”. Aunque solamente especifica que el partido defenderá un “mix energético completo” en el que se incluya la energía nuclear y que no aceptará cierres ni prohibiciones que comprometan la competitividad. Es decir, abre la puerta a modificar políticas climáticas, como propone Vox como parte de su lucha contra la “agenda verde” o la Agenda 2030, que ya en su programa electoral a las generales de 2023 abogaba por la derogación de la Ley de Cambio Climático o de la Ley de Costas, en base a criterios puramente económicos.

Vivienda

El PP basa su documento en dos aspectos en cuanto a las políticas de vivienda. Por un lado, cuestiona el “intervencionismo” del Gobierno y contrapone a esa idea la necesidad de construir más vivienda con ayudas fiscales para el acceso a la compraventa por parte de los más jóvenes o de reducción de “burocracia urbanística” y movilización de suelo urbanizable. La otra pata para estas políticas públicas que defiende el partido es la de la lucha contra la “ocupación ilegal”, para lo que propone desalojos exprés, que sean nulos los empadronamientos en viviendas ocupadas y “seguridad jurídica plena” para propietarios e inquilinos.

Tanto la medida para los “desalojos exprés” como que sean nulos los empadronamientos en viviendas ocupadas han sido modificaciones legislativas propuestas por Vox a nivel nacional desde 2021 y que se incluían en su programa electoral de las generales de 2023, aunque en el caso de la nulidad de los empadronamientos incluían también a los inmigrantes en situación irregular. Pese a ello, la ley ya garantiza el desalojo exprés en los “allanamientos” de la residencia habitual y segunda vivienda y los juristas han criticado en varias ocasiones el alarmismo injustificado al respecto.

Población vulnerable

En el Partido Popular consideran que los acuerdos autonómicos deben proteger la dignidad “de todos los ciudadanos” y promover lo que llaman “solidaridad activa” entre las personas hacia los más vulnerables. Sin embargo, añade en su documento una excepción: la distinción entre personas “necesitadas” y personas “aprovechadas”. “No perpetuaremos un sistema de subsidios en el que la gente trabaje para sostener a quien haya demostrado que no quiere hacerlo”, reza la parte final de este punto. En este sentido, si bien Vox no tiene una política clara respecto de subsidios a la población más vulnerable, sí que ha tratado de identificar a los inmigrantes como los beneficiados de este tipo de ayudas.

En este sentido, Vox busca vincular las ayudas sociales a “la residencia legal” en España, dejando fuera a cualquier persona en situación irregular, y no al empadronamiento, que también propone impedir a las personas en situación irregular. Pese a ello, la redacción del artículo en el documento marco del PP impide conocer realmente qué alcance podría tener sobre las políticas autonómicas o si podrían hacer que población realmente vulnerable quedase fuera de las ayudas sociales tras algún tipo de acuerdo con Vox.

Inmigración

Pese a que la política migratoria es competencia puramente estatal, el Partido Popular incluye hasta dos secciones en su documento marco al respecto. Los populares aseguran que España “ha perdido el control” de la política migratoria o que “la inmigración irregular ha alcanzado niveles intolerables”, acercando sus postulados discursivos a los de Vox. También se critica la regularización aprobada por el Ejecutivo y que Santiago Abascal ha convertido en uno de sus argumentos más recurrentes en las últimas semanas para atacar su política migratoria.

El PP de Feijóo asume este discurso y señala que la regularización es “profundamente injusta” para quienes han seguido “las vías legales y se han esforzado por integrarse”, pese a que la mayoría de estas personas ya viven y trabajan de facto en España aunque en situación irregular o a que algunas de las principales regularizaciones masivas de inmigrantes en situación irregular fueron aprobadas por el gobierno de José María Aznar. Además, defiende que “quien cometa delitos graves o haga de la delincuencia su forma de vida debe ser expulsado”, algo que ya existe en la legislación española, a pesar de que los principales partidos de la derecha insisten en esta cuestión de forma recurrente.

En el apartado autonómico solamente hacen una mención a que se “cuente” con las comunidades autónomas antes de “imponer decisiones” cuyas consecuencias “no asume” el Ejecutivo central. Esto hace referencia al reparto de los menores extranjeros no acompañados entre las diferentes comunidades autónomas que aprobó el Ejecutivo tras pactarlo con Junts y que el Partido Popular se negó a apoyar en el verano de 2024 después de que provocase la ruptura con Vox en todos los gobiernos autonómicos.

Familia y educación

El PP afirma en su documento marco que sitúa la natalidad “en el centro de la agenda política” y la familia como “primera red de apoyo” tanto de cuidados como de transmisión de valores, y llega a afirmar que hay quienes quieren sustituir el papel de la familia por “la intervención del Estado”. Este punto podría interpretarse como un acercamiento a la postura política de Vox, que ha insistido en sus políticas de “los españoles primero” y de fomento de la natalidad y que ha propuesto en diferentes comunidades autónomas la creación de la figura del “pin parental”.

En la actualidad se mantienen en vigor medidas de este tipo en la Comunidad de Madrid o en la Región de Murcia, donde la justicia tumbó la propuesta inicial de Vox. En ambos casos este “pin parental” se limita a la exigencia a los centros educativos a informar con al menos siete días de antelación a los padres de los alumnos de las actividades que se impartirán a sus hijos y no constituye un veto a algunas de esas actividades, como exigía el partido de ultraderecha. Tanto en Balears como en Extremadura el Partido Popular se ha negado en la última legislatura a aprobar medidas para establecer un veto parental a las actividades escolares.

Otro de los aspectos llamativos de estas políticas en el documento del PP es el de la reivindicación “del papel fundamental del padre”, aunque no queda claro a qué se refiere más allá de eliminar “trabas” que penalizan a padres y madres en el acceso y mantenimiento del empleo.

Sobre los menores, el PP defiende protegerles de la exposición prematura a contenidos “dañinos”, que no especifica, y de “intervenciones que no respeten su proceso de maduración” o de “quienes pretenden utilizar las aulas o los servicios públicos para imponer una visión ideológica del mundo”. Se trata de uno de los principales argumentos de Vox para tratar de condicionar la educación que reciben los menores y contra la educación sexual en las aulas. El PP generalmente se ha mostrado en contra de este tipo de exigencias de Vox, como ocurrió en el caso de la Comunidad de Madrid, donde utilizó su mayoría absoluta para frenar una iniciativa del partido de Abascal y negó que se adoctrinase a los alumnos en los colegios. Sin embargo, también recientemente a nivel municipal, el PP sí ha “comprado” el mensaje de Vox y votado con la ultraderecha en este sentido, como hace apenas tres semanas en Talavera de la Reina.

El Partido Popular también incluye a este respecto otro punto en su documento en el que establece que son los padres quienes “deben decidir sobre la educación de sus hijos y su formación moral” y se compromete a impedir que las aulas “se conviertan en espacios de adoctrinamiento ideológico”, sin aclarar cómo pretenden hacerlo o qué adoctrinamiento puede existir en las aulas.

Feminismo

Aunque no es el tema en el que más abunda el texto aprobado por la ejecutiva de Génova 13, sí que hay una mención expresa a las dificultades de las mujeres en el acceso al empleo, la conciliación o el problema de la brecha salarial, que no siempre ha reconocido el partido. Establece que estos problemas se resuelven “con políticas concretas y eficaces” que no detalla y que no se hace “enfrentando a los ciudadanos por su sexo”. La única propuesta concreta en este sentido que promoverá el PP es la de la prohibición del burka y el niqab, que marcó el inicio de este último acercamiento a Vox ante el fracaso de las negociaciones autonómicas.

Otro punto que puede generar en este caso fricciones con Vox es el de la condena “de toda forma de violencia” ya que exige que cualquier acuerdo rechace todo tipo de violencias, entre las que incluye la violencia machista. Vox se ha apartado de forma reiterada en los últimos años de concentraciones en ayuntamientos o comunidades autónomas frente a la violencia contra las mujeres y tampoco ha suscrito el Pacto de Estado contra la violencia de género. Al mismo tiempo, Vox argumenta que hay que condenar “todo tipo de violencias”, por lo que también puede interpretarse como un acercamiento al discurso de los de Abascal.

En este mismo apartado, el PP se acerca sin duda a Vox cuando, tras asegurar que combatirán todas estas violencias “con todos los recursos”, añaden que hacerlo exigirá “prescindir de cualquier partida que se haya demostrado inútil o contradictoria con este objetivo”. Esta frase subordinada puede suponer la apertura del PP a reducir subvenciones o a romper acuerdos con asociaciones o instituciones en defensa de los derechos de las mujeres y que Vox ha calificado de “chiringuitos” prácticamente desde su fundación y en línea con su ataque habitual a las políticas feministas en pos de la igualdad real.

Seguridad

El PP de Núñez Feijóo defiende además que comparte con Vox (aunque no menciona a la formación en todo el documento) su preocupación por el “deterioro” de la seguridad ciudadana. Menciona el crimen organizado, las bandas juveniles y la inseguridad como concepto general y asegura que no se combaten “con discursos” sino “con medios, con presencia y con leyes que se cumplan” aunque su único compromiso claro es el de exigir al Gobierno “una respuesta penal a la altura” y que quien delinca asuma las consecuencias. Vox ha insistido en los últimos años en incrementar las penas para los casos de agresión sexual, aunque no se especifica en ningún sentido en qué podría concretarse este punto, además de que la legislación penal no es competencia de las comunidades autónomas.

Abrimos la puerta del Colegio Público Ferrer y Racaj del barrio de La Llana, en Ejea de los Caballeros, que cumple 110 años y que nació con espíritu obrero. Allí están llamados a las urnas 786 vecinos y vecinas, y la media de participación supera el 60% a una hora del cierre de urnas.

En la mesa se sienta como presidenta por segunda vez Isabel, que recuerda cómo en la anterior participación estaba en período de lactancia: “Mi pareja trajo al bebé un par de veces para darle de mamar”. Las personas citadas a estar en las mesas electorales pueden solicitar exención en caso de embarazo avanzado y lactancia hasta los nueve meses del bebé.

A la mesa A se acerca Ruth, de 48 años, que regenta uno de los bares al bajar “la cuesta del parque”, dice. Ha vivido en el barrio toda su vida y confiesa que viene a votar por “convicción y compromiso”. Además, para hacer más llevadero el último tramo de la tarde, les ha traído chocolate caliente y churros recién hechos. Los seis miembros de la mesa y algún que otro votante los han cogido de buena gana.

Hasta la mesa B se acercaba a paso lento pero seguro otra Isabel, que a sus 94 años le ha pedido a su hija que la acompañara hasta el colegio electoral. Votante desde las primeras elecciones convocadas en España, no ha faltado a ninguna de las citas: “Tenemos que votar todos, los jóvenes y los mayores”, sentencia a media voz y con toda la certeza y sabiduría de la experiencia acumulada en casi un siglo de vida.

Apostado en la puerta, Manuel lleva toda la jornada en el colegio: “Sólo he salido un rato a almorzar, pero aquí sigo hasta que sea el recuento”. Tiene 24 años y es afiliado al Partido Popular desde hace seis. Ha sido apoderado en todas las elecciones convocadas desde noviembre de 2019. “Con nuestro voto tenemos la oportunidad de cambiar las cosas, y también de quejarnos cuando estamos en desacuerdo con las decisiones políticas que se toman en Aragón”, expresa.

El desencanto se ha instalado entre las capas más jóvenes de la población. Pedro, de 25 años, explica que ha votado desde que ha tenido la oportunidad aunque considera que “seguimos alimentando a políticos que no están a la altura”, lamenta, y asegura haber “perdido la ilusión independientemente de quién salga, sobre todo viendo cómo han ido yendo las cosas hasta ahora”.

Chelo es trabajadora por cuenta propia, tiene 66 años y se jubila el 22 de marzo: “Soy modista y me han alargado la jubilación más de un año desde que cumplí los 65”. En sus últimos meses en activo ha sido llamada a participar en la mesa B del colegio electoral de su barrio: “Nunca antes en mi vida me había tocado, el día se hace largo, pero como experiencia ha estado bien y forma parte de nuestra participación y responsabilidad como ciudadana”.

Una opinión que comparten el resto de votantes que han ido llegando hasta el comedor del colegio de este barrio, que hoy se convierte en la sala donde se convoca a los aragoneses y aragonesas a ejercer su derecho a decidir quiénes serán sus gobernantes.

Después de unas primeras valoraciones sobre la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica (SFA), presentada recientemente por el Gobierno, se precisan conocer más detalles del proyecto para disponer de una visión global del mismo. No obstante, antes de avanzar en su tramitación parlamentaria, puede resultar de interés esbozar posibilidades para que, llegado el caso, el proyecto llegue a buen puerto. Ahora que la propuesta todavía está “tierna”, este artículo pretende debatir sobre la forma de mejorarla y aportarle coherencia.

Solo una aclaración inicial. Considero que abrir nuevas dimensiones en la discusión, como sucederá más abajo, no entorpece, sino que facilita la consecución de acuerdos más equilibrados. Encapsularse en una sola área reduce las posibilidades de compensar a los potenciales perjudicados. Minimizar los agravios comparativos se configura, pues, como un requisito imprescindible, sobre todo vista la nula sincronía entre el Ministerio de Hacienda y la inmensa mayoría de las comunidades autónomas (CCAA).

La idea central sería tomar el grueso de la propuesta de reforma del SFA presentada por el gobierno, aportarle más generalidad y encajarla en otra discusión en curso como es la condonación de deuda autonómica en manos del Estado, sincronizando ambas con la ineludible reforma de las reglas fiscales internas.

El esqueleto del nuevo SFA esbozado por el gobierno contiene una mezcla asumible de corresponsabilidad y equidad hasta la llamada nivelación vertical, inclusive. Se puede discutir si los nuevos porcentajes de cesión son excesivos o si el grado de ordinalidad es más o menos aceptable pero, como estructura conceptual, sirve para un debate ordenado. Por el contrario, los nuevos fondos de IVA Pymes y el Climático no tienen sentido en una discusión sobre federalismo fiscal; son apaños cuyos recursos se pueden reciclar para la nivelación y/o garantizar statu-quo en términos absolutos. Este statu-quo en términos relativos sí debe diluirse progresivamente.

Por otro lado, hace meses se puso en marcha un anteproyecto de ley orgánica para que el Estado asumiera deuda pública de las CCAA. Si bien, a mi juicio, es una iniciativa necesaria para que muchos gobiernos regionales alcancen la autonomía financiera que requiere su condición, la propuesta gubernamental es claramente mejorable, como se ha explicado desde diferentes fuentes.

Repensar las cifras (hay CCAA que no necesitan condonación y otras a las que le resultará insuficiente) y exigir una estricta condicionalidad fiscal para que no se perciba como un premio son, en mi opinión, dos vectores de mejora evidentes. Hay, sin duda, CCAA que cargan con una pesada deuda pública ocasionada en parte por su infrafinanciación relativa. Por consiguiente, sincronizando con sentido la reforma del SFA y la condonación parcial de la deuda se enfrentan simultáneamente causa y consecuencia.

Y una tercera pieza para encajar la reforma integral de las finanzas autonómicas consistiría en renovar la gobernanza fiscal de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. El Estado y las CCAA llevan siete años sin objetivos de déficit ni deuda pública, y la regla de gasto, desalineada con la europea, adolece serios problemas de diseño, aplicación y coherencia con el resto de reglas. Emprender en estas condiciones una reforma del SFA acompañada de una condonación de deuda autonómica debilitaría la estabilidad financiera del país.

Dotar de credibilidad a la gobernanza fiscal española es un activo en sí mismo. Pero, además, en el contexto de las propuestas ahora lanzadas sobre el SFA y la deuda autonómica, adquiere virtudes adicionales. De un lado, permitiría dosificar la recomposición de recursos que tendría lugar entre el Estado y las CCAA. Con otras palabras, aumentar en 21.000 millones de euros los ingresos de los gobiernos autonómicos en 2027 a resultas de la reforma del SFA no casa bien con que ese dinero rápido y fácil se vaya a gastar de manera eficiente. Además del agujero que provocaría en las arcas estatales.

De otro lado, si la nueva gobernanza fiscal española sigue la senda de la europea, cabe pensar en la definición de objetivos fiscales específicos para cada administración y encaminados a la reducción de deuda pública. Así, las exigencias de consolidación fiscal de cada comunidad autónoma podrían diferir según los recursos que allegarían tras la reforma del SFA, los porcentajes de condonación de que disfrutarían, sus niveles de deuda pública y esfuerzos fiscales previos, entre otros factores.

En definitiva, se trata de aprovechar los grados de libertad de discutir sobre finanzas autonómicas en varias dimensiones. Las más beneficiadas en un aspecto pueden ser sometidas a exigencias más intensas o ganancias menos abundantes en otros. Todo esto que les acabo de exponer resulta viable desde el punto de vista técnico y, con la coherencia necesaria, puede trasladarse en forma de diferentes escenarios al nivel político para tomar decisiones. Es posible que para ello necesitemos menos Consejos de Política Fiscal y Financiera y más trabajo discreto pero efectivo de funcionarios y expertos. 

El calendario laboral de 2026 ofrece a los trabajadores españoles diversas oportunidades de descanso prolongado, conocidos como puentes. Estos periodos combinan festivos nacionales y autonómicos con fines de semana, lo que permite organizar planes familiares, culturales o de ocio, y facilita la conciliación entre la vida laboral y personal. Planificar con antelación los puentes es habitual, dado que algunas fechas son comunes a todo el país y otras dependen de cada comunidad autónoma.

Cada región adapta sus festivos según las festividades locales y la normativa sobre traslados de días que caen en domingo. Esto provoca que la fecha del próximo puente no sea la misma en todo el territorio. Además, la coincidencia de ciertos festivos con lunes o viernes permite disfrutar de fines de semana largos, lo que convierte la distribución anual de descansos en un mapa variable según el territorio.

Puentes en 2026 en España

El primer gran puente de 2026 coincide con Semana Santa. En esta fecha, casi todas las comunidades celebran festivo el jueves 2 y viernes 3 de abril, mientras que Cataluña y Comunidad Valenciana no tienen el jueves 2 como festivo. Sin embargo, estas dos comunidades, junto con Castilla-La Mancha, País Vasco, Navarra y La Rioja, sí cuentan con el lunes 6 de abril, conocido como Lunes de Pascua, permitiendo un descanso prolongado que se extiende desde el viernes hasta el lunes en estas regiones.

El siguiente puente nacional se produce con el 1 de mayo, Día del Trabajo, que cae en viernes y asegura un fin de semana largo en todo el país. Más adelante, el 12 de octubre, Fiesta Nacional de España, cae en lunes, lo que permite otro descanso prolongado. Finalmente, la Navidad, con el 25 de diciembre en viernes, ofrece la oportunidad de disfrutar de un puente junto al fin de semana.

Próximo puente por comunidad autónoma

El primer puente del año según cada comunidad autónoma será:

Este primer puente constituye la primera oportunidad de descanso prolongado del año, y su duración depende de la combinación de festivos nacionales y autonómicos, así como de la política de cada región sobre los días adicionales.

El Partido Popular ha tratado de hacer este domingo un frente común ante el Gobierno central en materia de financiación autonómica, pero el documento suscrito por los barones del partido para articular esta ofensiva, la denominada Declaración de Zaragoza, apenas se adentra en el modelo que aspiran a proponer los de Alberto Núñez Feijóo. Sin ninguna cifra o sustento técnico sobre qué criterios aplicar, el manifiesto constituye una suma de ataques ya formulados al Ejecutivo de Sánchez y a los dirigentes catalanes. Sí que hay un guiño a Aragón, al incluir expresamente las variables de despoblación y orografía que reclama el Gobierno de Jorge Azcón.

La Declaración de Zaragoza comienza desautorizando al Ejecutivo central por “reintroducir” en el sistema la “arbitrariedad” como “cesión al separatismo”. Los populares exigen “el fin de las cesiones destinadas a forzar un encaje legal del cupo separatista” y proponen “reiniciar el proceso desde el principio”.

En materia de igualdad, según el PP el Gobierno del PSOE y Sumar “dinamita el sistema de derechos y deberes que consagra la Constitución”. Desde su punto de vista, las sucesivas crisis han “incrementado de forma estructural el coste de los servicios fundamentales”, pero para resolver “esta urgencia” se debe acudir a tras “una evaluación rigurosa, transparente, independiente y con simulaciones comparables sobre el coste real”, aunque el documento no va más allá. “Basta ya de enfrentar a los españoles”, proclama.

La Declaración continúa en su listado de agravios y, en materia de autonomía fiscal, expresa su oposición “a que el coste de las exigencias independentistas lo asuman los contribuyentes”.

Una de las únicas propuestas es la creación de un “fondo transitorio para paliar la infrafinanciación” de las comunidades autónomas, para lo que el manifiesto pide tener “una idea claramente justificada de los recursos disponibles del Estado”. En este punto, los populares proponen incluir una “excepción específica para la Comunitat Valenciana como consecuencia de la dana”, aunque no concretan nada más allá de esta idea.

Al hablar de “infrafinanciación”, en la que incluye el “crecimiento exponencial” del coste de los servicios públicos, los barones del PP aprovechan para acusar al “separatismo” de haber “promovido estructuras paralelas a las del Estado con un elevado coste”.

En el apartado de solidaridad es cuando el PP alude a las variables reclamadas por algunos de sus barones y que en el modelo presentado por el Gobierno central no aparecen expresamente, aunque sí con denominaciones distintas. “La demografía, el incremento poblacional, la dispersión, el envejecimiento, la orografía, la despoblación, la baja densidad, los desempleados, el coste de la vida, la insularidad, la superficie o los costes fijos de prestación de servicios derivados de obligaciones impuestas por el Gobierno” son los criterios mencionados por los populares, que inciden en dos que ha reclamado en particular el Ejecutivo de Azcón en Aragón: “Una orografía complicada o niveles altos de despoblación”, que tal y como refleja el manifiesto “pueden suponer un incremento de necesidades presupuestarias que se deberán atender a la hora del cálculo del nuevo sistema”.

La Declaración reclama asimismo “reactivar de manera complementaria el Fondo de Compensación Interterritorial” e incrementar “su dotación” y, por otro lado, “avanzar hacia una verdadera cogobernanza de los fondos europeos para evitar el desastre propiciado por la gestión unilateral de los Fondos Next Generation”, otro mantra repetido por los populares en los últimos años.

Para terminar, el documento abunda en sus críticas al Ejecutivo de Pedro Sánchez, al defender “sin matices la integridad del régimen común y de la Agencia Estatal de Administración Tributaria”. “No aceptamos atajos ni excepciones que rompan un sistema que garantiza la cohesión de España”, advierten los populares, para quienes “España carece de un presidente libre que pueda defender el bien común por encima de todo”.

Y concluyen invitando a “todos los presidentes autonómicos de otros partidos a sumarse” a la iniciativa.

La propuesta del PP ya ha tenido las primeras reacciones del Gobierno de Pedro Sánchez. La propia ministra de Hacienda y candidata socialista en Andalucía, María Jesús Montero, ha criticado que el modelo planteado por los populares “contempla cero euros” para la comunidad andaluza, frente a los 5.800 de lo previsto en la iniciativa del Ejecutivo central. “Eso es lo que le importan los servicios públicos, nada. Y eso que se conformaba con 4.000...”, ha añadido Montero.

La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, sustituyó ayer miércoles al consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, celebrado en Madrid, donde la ministra María Jesús Montero abordó la reforma de la financiación autonómica con los consejeros del ramo de las comunidades autónomas. Apenas 24 horas después, Llamedo ha reiterado en Asturias que el Ejecutivo regional rechazará cualquier sistema que perjudique los intereses asturianos.

“No vamos a apoyar nada que no sea bueno para Asturias, que no incorpore los intereses de Asturias”, ha afirmado la vicepresidenta del Gobierno regional.

Sus declaraciones ante los medios de comunicación se han realizado aprovechando su presencia en Gijón/Xixón en el acto de presentación de pabellón del Principado en Fitur, que tendrá lugar en Madrid.

Los criterios

Llamedo ha insistido en que el futuro modelo debe tener en cuenta el coste real de los servicios públicos, por encima de la capacidad fiscal de los diferentes territorios.

Además, ha recordado que ese criterio, así como el rechazo a la ordinalidad, están recogidos tanto en el acuerdo suscrito por todos los grupos de la Junta General, excepto Vox, como en la Declaración de Santiago, firmada con los gobiernos de Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja, Cantabria y Aragón.

“Esos documentos recogen la posición que defenderemos siempre”, ha recalcado la vicepresidenta del Ejecutivo regional.

Llamedo también ha valorado el compromiso por parte del Ministerio de Hacienda de abrir un proceso de negociación con todas las comunidades autónomas sobre la base de la propuesta que ha diseñado para el reparto de los recursos públicos.

“Valoramos esta iniciativa, pero eso no quita -ha dicho- que sigamos manteniendo nuestro rechazo a las formas iniciales y a todo aquello que no incorpore los intereses de Asturias”.

Nuevo proceso de diálogo

Además, ha incidido en que el Ejecutivo autonómico afronta con actitud constructiva este nuevo proceso de diálogo, en el que reivindicará las posiciones de la comunidad “con contundencia, rigor y claridad”.

“No vamos a escatimar esfuerzos en pedir aclaraciones, en conocer en detalle cómo impacta la propuesta de Hacienda en el Principado y en poner sobre la mesa todo lo que hemos consensuado”, ha corroborado.

Las críticas al PP

Además, ha invitado al líder del PP en el Principado, Álvaro Queipo, a volver al acuerdo sobre financiación suscrito por los grupos parlamentarios y a dejar de lado “el no por el no”.

“Animo a Álvaro Queipo a que se tranquilice, a que abandone la mentira, a que se arremangue y a que, por una vez, se ponga a trabajar por Asturias”, ha aseverado.

Queipo pide la dimisión del consejero

La vicepresidenta respondía así a las críticas que el presidente del PP de Asturias había realizado sobre la ausencia del consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, en la reunión -por estar ausente disfrutando sus vacaciones- del que pidió su dimisión y había cargado contra el presidente asturiano Adrián Barbón, que “en una semana no ha tenido tiempo para decir ni una sola frase sobre lo que puede ser lo más condicionante para el futuro de Asturias en los próximos años”.

“Lo que ha hecho Montero en esta reunión ha sido poner sobre la mesa un chantaje: o tomas lo que Oriol Junqueras nos ha establecido, o te quedas sin dinero”, llegó a afirmar Álvaro Queipo.

IU llama a “negociar desde el Gobierno”

Para Izquierda Unida (IU), el modelo financiero propuesto “no pone en riesgo la ordinalidad y deja claro que no existe el concierto catalán”, además de enterrar “”definitivamente el procés y todas las polémicas que se produjeron en los últimos diez años“.

“Tenemos que negociar desde el Gobierno, aprovechar nuestra posición como está haciendo María Jesús Montero para lograr que Asturias salga bien posicionada”, explican desde IU.

Foro: “No convence ni a los del PSOE”

El diputado y secretario general de Foro Asturias Adrián Pumares ha advertido este jueves del “grave perjuicio” que supondría para el Principado el nuevo modelo de financiación autonómica, un sistema que “solo cuenta con el respaldo de Catalunya, que es quien lo ha impulsado, y ni siquiera convence a los presidentes autonómicos socialistas”.

Pumares ha expresado su preocupación por el “resquicio peligroso” que, a su juicio, abrió ayer el Gobierno de Adrián Barbón al hablar de “una supuesta disposición al diálogo por parte del Ministerio”.

El ejemplo de las lentejas

“Esa predisposición no es real. La ministra (María Jesús Montero) fue muy clara: es lo que hay, hay lentejas, y si las quieres bien y si no, también”, ha manifestado.

El portavoz forista ha considerado que Asturias necesita una respuesta “contundente y unitaria por parte de toda la sociedad y de todos los partidos políticos”, en defensa del acuerdo alcanzado por el conjunto de los grupos, salvo Vox.

Para Pumares, este modelo de financiación “va contra los principios constitucionales de igualdad, equidad y solidaridad entre españoles y entre territorios”.

Tomé: “Es una tomadura de pelo”

La diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé comparte el objetivo de blindar servicios públicos y de reforzar la cohesión territorial.

“Ahora bien, es una tomadura de pelo que nos digan que nunca habrá un modelo que conforme al cien por cien de las comunidades”, ha comentado, ya que estima que el problema que se plantea es que “se busca siempre la conformidad de los mismos. Siempre con los que tienen un mayor peso específico en el Congreso de los Diputados, en este caso de Catalunya , cuyos representantes han sido los únicos con los que se ha reunido el Gobierno”, ha lamentado.

Vox: “Asturias siempre pierde”

La diputada de Vox en la Junta General, Sara Álvarez Rouco, ha criticado en una rueda de prensa celebrada este jueves el nuevo sistema de financiación autonómica propuesto por el Gobierno central, al que ha calificado de “fallido, desigual, generador de tensiones y fuente constante de desequilibrios”.

Álvarez Rouco ha explicado que el nuevo modelo beneficiará a las comunidades autónomas con mayor capacidad fiscal en detrimento de regiones como Asturias: “Se confirma un cambio en el modelo en el que Asturias pierde siempre”, ha especificado.

Acusaciones al PSOE

Durante la rueda de prensa, Álvarez Rouco ha acusado al presidente del Principado, Adrián Barbón, y al consejero de Hacienda y portavoz, Guillermo Peláez, de mostrar “incapacidad” frente al Gobierno central y les sha acusado de ser “ambos una vergüenza para Asturias y para los asturianos”.

También ha criticado la postura de la vicepresidenta del Gobierno de Asturias, Gimena Llamedo, por caer “rendida” ante la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y mostrarse partidaria de un modelo que favorece a las comunidades con mayor aportación fiscal, “sobre todo, cuando un día antes rechazaba de plano la propuesta”.

Hace unos seis meses, no se hablaba de otra cosa que del “cupo separatista”. Los dirigentes del Partido Popular lo mencionaban todos los días. Un mecanismo privilegiado para Catalunya y parecido al Concierto Económico vasco y navarro. Otra victoria de los indepes. La ruptura de la caja común. “El cupo separatista atenta contra los pilares de la democracia”, anunció Elías Bendodo. “Montero es la arquitecta del cupo separatista”, dijo Juanma Moreno apuntando a la culpable. “El gran problema del cupo separatista está en seguir creando estructuras de Estado en Catalunya al margen de España”, avisó Ester Muñoz. Alberto Núñez Feijóo explicó hasta qué extremos de maldad se había llegado: “El Gobierno central prefiere el cupo separatista a las escuelas infantiles gratis”.

Por muy difícil que sea aprobar un nuevo modelo de financiación autonómica, ya hay una conclusión segura: los niños se han salvado. No habrá cupo separatista. En realidad, nunca se aprobó y eso que Feijóo prometió que una de las medidas de sus primeros cien días de gobierno sería abolirlo. Para todo lo demás, no se ha avanzado mucho. Uno de los factores más lamentables del sistema político español es que el modelo de financiación autonómica lleva caducado trece años. Los dos grandes partidos, PP y PSOE, han sido incapaces de cumplir con el compromiso de renovarlo.

En la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera del miércoles, la vicepresidenta María Jesús Montero ofreció a todas las comunidades autónomas una propuesta que en última instancia tendrá que votar el Congreso. En sus líneas generales, es la que pactó con Esquerra, pero no pudo hacerlo con Junts, con lo que las posibilidades de que salga adelante son ahora muy reducidas. El panorama parece el peor de los posibles para el Gobierno. Puede quedarse sin reforma y haber alimentado todo el discurso de la oposición con el que gana votos en buena parte del país con el argumento de que la izquierda está vendida a los catalanes.

La reunión del miércoles no sirvió de nada. A estas alturas, pensar que el PP vaya a aceptar firmar un acuerdo con el Gobierno sobre un asunto de gran importancia es tener la mente obnubilada por el consumo de estupefacientes. No va a ocurrir con independencia de las razones que se aleguen. Con el aliento de Vox en la nuca, no se puede permitir tales lujos. Los gobiernos autonómicos del PP lo aceptan, incluso aquellos que salen perjudicados con el sistema actual.

Para salir del embrollo de cambiar un sistema que ahora beneficia a unas comunidades y perjudica a otras, el Gobierno ha tirado de chequera, porque se lo puede permitir. Todo el mundo sabe, por ejemplo, que Cantabria sale injustamente beneficiada en estos momentos, pero no es realista pensar que su Gobierno acepte un cambio por el que obtenga menos dinero. Montero pone sobre la mesa 20.975 millones de euros más para que nadie pierda fondos con respecto a la situación anterior.

Montero dio otras cifras con el fin de vender su propuesta. El 70% de ese aumento acabará en las comunidades gobernadas por el PP. La región que recibirá más fondos extra será Andalucía con 4.846 millones. En ese punto, recordó que su presidente, Juanma Moreno, había pedido una inyección adicional de 4.000 millones. Debería estar contento. Pues no, está indignado. En términos porcentuales, la comunidad con mayor incremento es Murcia con un 20%. “Es falso que este modelo se haya ideado solo para contentar a Cataluña”, dijo la ministra de Hacienda.

¿Cuál es el plan concreto que presenta el PP? ¿Cuáles son sus números? Ninguno. Sostiene que lo de los números corresponde al Gobierno.

El argumento de los gobiernos del PP es que el nuevo modelo debe negociarse de forma multilateral con todas las comunidades presentes. Se diría que los contactos bilaterales están prohibidos. Sus consejeros de Hacienda que hicieron declaraciones tras la reunión exigieron que se vuelva al “minuto uno”, que se empiece a negociar desde cero. “Este modelo no nos sirve porque viene ya precocinado”, dijo el conselleiro Miguel Corgos. Pero no está cerrado, porque Montero se abre a negociarlo en reuniones bilaterales –no tiene otra si quiere aprobarlo en el Congreso–, lo que no gusta al PP.

El PP denuncia una imposición para satisfacer las aspiraciones de los catalanes. Ellos hablan de los “separatistas”, aunque estos ya no gobiernan en Catalunya. El Gobierno responde diciendo que el nuevo modelo sería voluntario. Las comunidades podrían elegir quedarse con el actualmente existente (un desequilibrio difícil de encajar). La Comunidad Valenciana nunca haría algo así. Según todos los análisis, es la región más perjudicada por el reparto actual junto a Murcia.

Hace dos días, el consejero valenciano de Hacienda, José Antonio Rovira, dijo que el nuevo sistema “no pinta mal”. Como para no estar contento. El cambio ofrece a su comunidad 3.669 millones más al año. Ya no piensa igual y está alineado como un buen peón en la dirección que reclama Génova. “Es un chantaje de Montero, que se marcha a Andalucía (como candidata en las elecciones autonómicas) y ha querido presentar a última hora un modelo que se ha sacado de la chistera donde la gran beneficiada es Cataluña y Andalucía también algo porque tiene su campaña”, dijo el miércoles.

Si buscamos declaraciones más estrafalarias, solo tenemos que escuchar a la consejera andaluza de Hacienda que tiene ese nombre tan estupendo que es Carolina España Reina. Afirmó que el modelo de Montero es “dar champán y caviar al independentismo y al resto, el menú del día”. Te dan 4.846 millones más, una cantidad superior a la de Catalunya, y te quejas porque solo ves una sopa aguada y un filete más duro que la suela de un zapato.

Habrá quien haga unas risas con España –la consejera, no el país–, pero lo de su jefe también es llamativo. Por la noche, Moreno presentó el último libro de Mariano Rajoy y se deshizo en elogios: “Un hombre de Estado que buscó siempre lo mejor para España”. No tanto para su región. Rajoy no hizo ni el más mínimo intento de reformar el modelo de financiación autonómica cuando tenía mayoría absoluta a partir de 2011, un reparto que perjudicaba a Andalucía. Seguro que el expresidente nos diría que no hacer nada era lo mejor para España en ese momento, ya que siempre hizo mucho énfasis en las virtudes de la inactividad.

Lo más gravoso de la polémica para Montero es que solo tuvo el apoyo expreso de una comunidad, precisamente Catalunya, aunque no todas las restantes se opusieron con la misma dureza. Y lo peor es que un Gobierno socialista como el de Castilla La Mancha se alineó a la perfección con los argumentos del PP. El consejero del Gobierno de Emiliano García Page acusó a Montero de trasladar “el chantaje” de los independentistas a las comunidades autónomas.

En este punto, Page es indistinguible de la derecha. Habla de la “ruptura de la unidad de España”, dice que “los pobres seguirán siendo pobres” y desdeña al Tribunal Constitucional como último garante del sistema de financiación autonómica. En algunos momentos, es capaz de superar la retórica del PP: “En este país, puede terminar en la cárcel cualquiera menos Puigdemont”. Será que también piensa que vivimos en una dictadura donde el Gobierno puede meter en prisión a quien le moleste, menos el líder de Junts, que vive en Bélgica porque le gusta su clima lluvioso.

La ironía final es que la nueva financiación autonómica que plantea Montero puede salir derrotada en el Congreso por el rechazo anunciado por Junts. “Ni el pacto nos da la llave de la caja, ni reduce el déficit fiscal ni comporta la ordinalidad”, recordó este mismo miércoles. La gran reforma para favorecer a los independentistas, con todo ese champán y caviar gratis, quedaría en nada por culpa de los independentistas. Si no tiene mucho sentido es porque casi nada lo tiene en la política española.

El PP mostrará este miércoles un rechazo en bloque al proyecto de reforma del sistema de financiación autonómica pactado por el Gobierno con ERC. Hacienda ha convocado a los consejeros del ramo a una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde se les informará de las líneas generales de la propuesta. Luego llegarán las negociaciones bilaterales y un complejo trámite parlamentario para el que Pedro Sánchez no tiene garantizados los 176 votos necesarios.

El proceso acaba de empezar y el objetivo del Gobierno es que el nuevo sistema esté listo para 2027. Los detalles sobre la propuesta todavía no se conocen, más allá de los cálculos de ingresos que presentó Hacienda el pasado viernes. Aun así, el rechazo en bloque del PP ya fue adelantado este fin de semana por Alberto Núñez Feijóo, quien la tachó de “una financiación a la carta que abunda en lo de siempre: el separatismo exige y los españoles pagan”. “Eso no es posible. Eso no es razonable. Eso no es igualdad, eso no es justicia social”, apuntilló.

“Nuestra respuesta ha de ser unida, ha de ser determinante, ha de ser constante”, aseguró en la clausura de la 28 Interparlamentaria del PP celebrada en A Coruña. Justo antes que él intervino el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien también criticó la propuesta. 

Pero Rueda señaló el problema que tiene el PP de Feijóo desde hace años: hay unidad en rechazar las iniciativas del PSOE, pero no son capaces de armar una propuesta alternativa conjunta. “Claro que vamos a discutir”, dijo sobre la asistencia de los consejeros del PP a la cita de este miércoles. “Y discutiremos entre comunidades autónomas porque cada una tenemos nuestras necesidades, nuestras realidades, nuestros puntos de vista, nuestras prioridades, y, si me permitís, incluso, nuestros pequeños y legítimos egoísmos”, zanjó.

El PP acudirá así a la cita de este miércoles y, a diferencia de lo que ocurrió en la anterior reunión, centrada en la quita de la deuda, no está previsto un plante coordinado. De hecho, tanto en público como en privado, dirigentes nacionales y altos cargos autonómicos reconocen que el modelo diseñado por María Jesús Montero “algo mejor es” que el actual. 

En concreto, desde el PP se asume que se ha reducido a la mitad la distancia entre las regiones con un aumento de la financiación por habitante. Esta pasaría de 1.500 a 700 euros. En el PP también defienden la ordinalidad del sistema. Un responsable económico del partido aseguró este fin de semana a los periodistas que hace falta un “equilibrio para que el que más aporta no quede por debajo” de las demás regiones.

Feijóo ha convocado el próximo domingo a sus barones autonómicos en Zaragoza para una reunión en la que tratarán de unificar una respuesta al Gobierno.

21.000 millones más 

El nuevo modelo diseñado por el Ministerio de Hacienda prevé una inyección de 21.000 millones de euros adicionales, disparando el total de la financiación de la que dispondrán las comunidades autónomas hasta los 224.057 millones en 2027, cuando entraría en vigor.

Estas cuantías salen de una mayor cesión de los principales impuestos: el IRPF (del 50 al 55% de la recaudación) y el IVA (del 50 al 56,5%), así como de una aportación adicional del Estado que Hacienda ha cifrado en 19.000 millones de cara al año que viene.

Para el reparto de los recursos, el Gobierno ha diseñado una metodología que calcula la población ajustada. Es decir, la población residente en un territorio, ponderada por una serie de variables (como el envejecimiento o los universitarios procedentes de otras comunidades, por ejemplo) que deberían acercar esta cifra a las verdaderas necesidades de una región para cubrir sus servicios públicos.

Hacienda ha diseñado también un fondo climático de 1.000 millones de euros, del que dos terceras partes irá destinado a las comunidades mediterráneas; y otro ajuste adicional por valor de 400 millones para que ninguna autonomía obtenga menos recursos de los que recibiría con el sistema en vigor actualmente. Además, abre la puerta a que los territorios que lo pidan reciban una parte de la recaudación del IVA de las pymes que se genera en su territorio. 

Con este sistema, según los cálculos del Ejecutivo, la diferencia entre las comunidades mejor y peor financiadas se reduciría de los 1.500 euros por habitante ajustado en la actualidad hasta el entorno de los 700 euros, menos de la mitad.

La propuesta que desgranó el viernes la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha recibido el aval de la agencia de calificación Standard & Poor’s, que pone en valor los mayores recursos que recibirán las comunidades. Esto las acercaría al objetivo que persigue Hacienda: que los gobiernos regionales puedan financiarse en los mercados y someterse a su disciplina. Pero pone en duda que salga adelante, precisamente por lo precario de la mayoría que sustenta el Gobierno.

La ministra Montero lleva meses reclamando al PP de Feijóo que acuerde una postura única para cerrar la reforma del sistema de financiación autonómica, caducado desde 2014. En el Consejo de Política Fiscal y Financiera se reúnen los consejeros de Hacienda de cada comunidad, la mayoría populares, pero cada uno tiene intereses contrapuestos a la hora de establecer los criterios para repartir los recursos.

El Gobierno trata de trasladar la presión a Feijóo para que ponga orden en el partido, con el argumento de que la reforma del sistema, que se instrumenta a través de una Ley Orgánica, se vota en el Congreso y no en el órgano multilateral. “Si no les gusta el modelo, que propongan el suyo”, dicen fuentes del Ministerio.

De hecho, el Ejecutivo tendría asegurado que la propuesta saliera adelante en el CPFF, de llegar a votarse, porque cuenta con la mitad de los votos en el organismo y solo necesita el apoyo de una de las comunidades (Catalunya, singularmente) para salvar el trámite. El reglamento de la multilateral garantiza a Hacienda el control de lo que se vota y se aprueba. Algo que la Autoridad Fiscal ha criticado recientemente, pidiendo reformar las mayorías para la aprobación de determinados asuntos en estas reuniones. Entre ellos, potenciales reformas del sistema de financiación autonómica.

Para el Gobierno lo importante no es lo que pueda pasar en el CPFF, sino lo que ocurra en el Congreso. A pesar de la complejidad parlamentaria, y de que por ahora no tiene los apoyos suficientes por las dudas que ha suscitado en algunos aliados como Compromís, en Moncloa se muestran confiados en poder sacarlo adelante gracias a Junts, aunque la formación independentista quiera un concierto económico como el de Euskadi o Navarra. 

“El modelo de financiación llegado el momento contará con el apoyo de la mayoría del arco parlamentario. Junts lo apoyará. Junts cree que Catalunya debe salir del modelo de financiación, pero hay vigente un modelo de financiación caducado que perjudica mucho a Catalunya”, reflexionan fuentes gubernamentales que ponen en duda que se opongan a una propuesta que es “claramente más justa para todos los territorios”. “Llegado el momento pulsarán el 'sí' con el espacio de seguir diciendo que quieren cupo”, agregan. 

Grietas en el PSOE

No obstante, la actual propuesta ha abierto grietas en el propio PSOE. Las dos comunidades en las que gobiernan los socialistas –más allá de Navarra, que está fuera de esta pelea– se oponen al modelo que ha presentado la ministra de Hacienda. 

El más beligerante ha sido Emiliano García-Page, que calificó de “atropello” la reforma y planteó un adelanto electoral. Más allá de las críticas por haber pactado el modelo exclusivamente con Catalunya y ERC y por la “falta de transparencia” de Hacienda, que no ha hecho públicos todos los datos sino exclusivamente los de los recursos adicionales, lo que argumentan en el Ejecutivo manchego es que “el resultado final sería muy positivo para aquellas comunidades con una gran capacidad tributaria” mientras que las que tienen menos músculo seguirían infrafinanciadas, como es el caso de Castilla-La Mancha, que suponen que en las cifras globales estará por debajo de la media. “Es un modelo incompatible con el principio de igualdad”, reprochó el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina. 

También Asturias ha cargado contra el principio de ordinalidad que inspira la reforma y que es una “línea roja” para el Ejecutivo de Adrián Barbón, muy crítico con la propuesta tanto en el fondo como en la forma. “No nos ha gustado que nos pidan adherirnos a un contrato que ya existe”, afirmó la vicepresidenta, Gimena Llamedo, que aseguró que no aceptará “un plato precocinado”. 

“Siempre hemos defendido que la financiación no puede depender únicamente de la riqueza o de la población, sino que debe garantizar la igualdad en la prestación de servicios”, afirmó la número dos del Gobierno regional, que ve avances, como el reconocimiento de costes fijos en el cálculo de la población ajustada, pero tiene recelos también respecto a la distribución del fondo de nivelación horizontal y las competencias no homogéneas. En todo caso, lo que sostienen es que la propuesta es el “punto de partida” y esperan a los resultados que esperan puedan darse de una negociación multilateral antes de dar un 'no' rotundo.

El hecho de que de que la propuesta del nuevo modelo de financiación autonómica que ha presentado el Gobierno incorpore 1.248 millones de euros más para Castilla-La Mancha no es lo más relevante para el Gobierno de Emiliano García-Page. Considera el Ejecutivo regional que eso es “obvio” y “de justicia” por la subida de la recaudación tributaria del Estado y que lo importante es que con ese nuevo sistema, Castilla-La Mancha quedaría “por debajo de la media” en cuanto a gasto por habitante, debido a la “consagración” de la ordinalidad, es decir, que reciban más las autonomías con mayor capacidad económica. Eso es fruto de un “chantaje” al haber pactado este acuerdo con los independentistas, resalta.

El presidente de Castilla-La Mancha ha vuelto a la carga con este tema, su enésima confrontación con el Gobierno de Pedro Sánchez, al que incluso ha llegado a pedir que convoque elecciones generales: “¿Que se pone más dinero? Claro que se pone, solo faltaría, después de 11 años de retraso. Eso es lo normal y lo justo, casi diría lo elemental, lo básico, pero con eso se encubre la trampa que significa amparar un privilegio como la ordinalidad. Nosotros no vamos a caer en esa trampa”.

El Ejecutivo castellanomanchego ha salido en tromba a defender su posición. Mientras Page hacía estas declaraciones, en paralelo comparecía su consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, quien ha ahondado en la cuestión reafirmando que el nuevo modelo es fruto de “un acuerdo bilateral”, una “propuesta negociada bajo el chantaje de los independentistas para obtener privilegios, lo que significa desventajas para otros”.

Como ha dicho Page, considera “obvio” que el Estado aporte más recursos y que eso permita que todas las comunidades autónomas reciban más financiación. “Estaría bueno que perdiéramos dinero, sabiendo cómo está creciendo la recaudación tributaria”, ha precisado. Y al respecto ha detallado que entre 2009 y 2023, los ingresos del Estado han crecido casi un 94%, mientras que los de las autonomías han subido 65%, por lo que “tiene sentido” que haya más aportación.

Pero para el Gobierno castellanomanchego no se trata de que todas las regiones ganen “porque la tarta sea más grande”, sino si ese dinero “se ha distribuido de manera justa”. Y a la luz de lo explicado el pasado viernes por la vicepresidenta María Jesús Montero, el nuevo modelo sirve más para “satisfacer a los independentistas” que para sufragar el coste real que las comunidades autónomas destinan a “unos servicios públicos en condiciones”.

“Es una propuesta regresiva, ya que consagra la ordinalidad, que significa que las regiones con mayor capacidad tributaria, tendrán más financiación, y las que tienen menor capacidad económica, estarán condenadas a prestar servicios públicos en peores condiciones”, ha argumentado. “Quien más tiene, más recibe, y yo me pregunto si esto es defendible por un gobierno socialista”, añade.

El consejero se ha quejado de que el nuevo modelo apenas recoge ninguna de las propuestas de Castilla-La Mancha para que la financiación se ajuste en función de la superficie geográfica y la dispersión de la población. Y aunque reconoce que esta comunidad autónoma es “de las más beneficiadas” por ese incremento de 1.248 millones de euros, lo importante, señala, es que seguiría estando por debajo de la media autonómica en cuanto a gasto por habitante.

“Es injusto, es regresivo, porque consagra la ordinalidad y no va a garantizar el principio de igualdad de todos los ciudadanos en el acceso a los servicios públicos. Es algo que nunca hubiera defendido un gobierno socialista si no hubiera estado sometido a este chantaje”, ha concluido.

Mientras, en su comparecencia paralela, Page ha vuelto al ataque y ha sido más incisivo. Se ha mostrado convencido de que la propuesta presentada por la vicepresidenta no tiene “ninguna posibilidad de salir adelante” y que con ello “ha terminado por unir a toda la derecha en España y por fraccionar a buena parte de la izquierda”.

Gasto por habitante y falta de presupuestos

Se ha referido a la partida concreta para Castilla-La Mancha: “Si hoy se nos reconoce como mínimo eso, -en referencia a los 1.248 millones de euros- nos lleva a 700 euros más por habitante. ¿Por qué por habitante tiene que salir así de desproporcionada la cuenta?”, se ha preguntado.

De hecho, aunque ha apoyado que esta comunidad autónoma pueda salir del bloque de las regiones infrafinanciadas, ha insistido en que las previsiones para 2027, que sería el horizonte para la financiación autonómica, las hace un gobierno “que a su vez no ha podido sacar un solo presupuesto a lo largo de la legislatura”. Es el motivo por el que ha opinado que es mejor tener “en cuarentena” cualquier tipo de previsión de cómo va a evolucionar la economía en el año 2027.

Page también ha criticado que solo hayan podido conocer la propuesta en la comparecencia pública de la vicepresidenta Montero y que no hayan negociado con el resto de autonomías, aparte de Catalunya. Incluso ha arremetido con las explicaciones dadas sobre el nuevo modelo: “A mí me sonaba como aquello del finiquito en diferido de Cospedal, que todo el mundo sabía lo que quería decir, pero no podía explicarlo”.

“Se puede poner más cantidad en el menú del día que nos dan, pero mientras un modelo establezca privilegios para unos, no puede terminar de ser bueno para el conjunto”, ha reiterado. A todo ello ha añadido que si se está defendiendo la ordinalidad, se está haciendo “en contra de lo aprobado en las resoluciones del Congreso del PSOE” .

“Yo sé que algunos pueden decir: 'hombre, si les dan más, sígueles, que nos ponen un mejor postre en el menú del día'. Pero estamos viendo cómo otros pueden elegir a la carta. Otros llevan menú VIP. Y eso hace que el sistema ya de entrada sea tramposo. Y cuando vengan vacas flacas, más aún. Algunos habrán blindado su situación y los demás tendremos que cerrar institutos, universidades y probablemente también hospitales. Esa es la realidad”, ha apostillado Page.