La mayoría de las encuestas augura una victoria de las derechas en las elecciones del 29 de noviembre. Pero los estudios también vaticinan que el PP tendrá que ir de la mano de Vox para poder lograr una mayoría suficiente en el Congreso para investir a Alberto Núñez Feijóo como presidente del Gobierno. Ambas fuerzas ya comparten ejecutivos en numerosas comunidades autónomas y la estrategia de la extrema derecha en esas administraciones, donde ocupa carteras como Desregulación, Familia o Agricultura, permite anticipar algunos de los cambios que pretende impulsar a nivel estatal, si finalmente se confirma que puede sumar con el PP.

La última ofensiva de Vox ha sido la de la “desregulación”. Las promesas del partido de acabar con la “maraña burocrática” en las administraciones han dejado de ser un recurso electoral para convertirse en política de gobierno en varias comunidades: Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía. Con su denominada “desregulación”, el partido plantea reducir trámites administrativos, pero también revisar el ordenamiento autonómico y eliminar normas que considera —en sus palabras— “ideológicas o superfluas”, así como examinar políticas públicas, reducir determinadas subvenciones y modificar las condiciones de acceso a ayudas y servicios públicos. 

Carmen Lumbierres, politóloga y profesora de Ciencias Políticas en la UNED, advierte de que detrás de esta “desregulación” existe una “aplicación selectiva” de este principio y “no puede entenderse únicamente como una política de simplificación administrativa”. En esta misma línea, el politólogo Guillermo Fernández considera que Vox no puede definirse únicamente como un partido desregulador porque en muchos ámbitos es bastante intervencionista. “Por ejemplo, en el terreno de la educación, el discurso de Vox es muy hipócrita, dicen que la educación es para enseñar y no para transmitir ideología, pero en lo privado por supuesto que quieren ideología: la suya”, señala el experto. 

Nueve consejerías para Vox

En 2023, los populares pactaron con la extrema derecha después de las elecciones municipales y autonómicas. Solo un año después, Santiago Abascal rompió, de manera unilateral, todos esos ejecutivos autonómicos por su discrepancia sobre el reparto en el sistema de acogida de los menores migrantes llegados a Canarias. Pero el de ahora es un momento político distinto. 

“No vamos a hacer un cordón sanitario a Vox. Es la tercera fuerza del país, sus votantes merecen respeto y no estoy dispuesto a arrinconarles”, declaraba el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tras su reelección al frente del partido. Ahora, la coalición PP-Vox cuenta con varios gobiernos autonómicos, donde los ultras han conseguido las vicepresidencias. 

En Extremadura, el acuerdo de gobierno entre PP y Vox dio lugar a una Vicepresidencia y Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, en manos de Vox. En Aragón, Alejandro Nolasco ocupa la Vicepresidencia de Desregulación, Bienestar Social y Familia, y en Castilla y León, Carlos Pollán es vicepresidente de la Consejería de Desregulación y Familia. Por su parte, en Andalucía, el último de los pactos autonómicos con el PP, Manuel Gavira ocupa la Vicepresidencia segunda y dirige la Consejería de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local. 

Los acuerdos incluyen mecanismos para la simplificación de los procedimientos administrativos, como la ventanilla única o un “buzón de desregulación” para que los ciudadanos puedan señalar aquellas normas que consideren “innecesarias, redundantes o desproporcionadas”. Pero, al mismo tiempo, los pactos identifican como objetivos de revisión algunas de las políticas desarrolladas en los últimos años, como la vivienda, el cambio climático, la reforma laboral o la normativa de igualdad. 

La “desregulación” de Vox ya ha abierto la puerta a una revisión de la normativa en las comunidades donde gobierna junto a los populares. “Quieren reducir lo que a ellos ideológicamente no les interesa, reducir la parte del Estado que a ellos les gusta menos a la mínima expresión”, señala Lumbierres. La politóloga advierte que la estrategia de Vox “busca seleccionar qué políticas públicas deben desaparecer y cuáles deben reforzarse” y señala la importancia de las áreas que el partido ha asumido en estos gobiernos que, a su juicio, “favorecen a unos y perjudican a otros”. “Vox ha pedido consejerías como bienestar social, en las que se gestionan muchísimas ayudas y son imprescindibles para la vida”, indica la experta. 

Por su parte, Fernández coincide en que la desregulación de Vox tiene una dimensión ideológica. Sobre la propuesta de eliminar “tres normas por cada una que se apruebe”, el experto considera que, aunque pueda presentarse como una forma de eliminar normas duplicadas o innecesarias, contiene un componente político. “Ese eslogan va a aplicarse sobre todo a las áreas que en el fondo no les interesan”, apunta.

Así, de los acuerdos autonómicos con el PP han desaparecido las referencias a la violencia estructural contra las mujeres, a las políticas destinadas a personas LGTBIQ+ o la Agenda 2030. En contrapartida, dan paso a otras prioridades ideológicas de Vox, desde el endurecimiento de las políticas migratorias, la llamada “prioridad nacional”, por la que se introducen criterios de “arraigo real, duradero, estable y verificable” para el acceso a determinadas ayudas públicas, o la promoción de la tauromaquia y la caza. 

Menos subvenciones para los sindicatos y ONG

Los pactos entre PP y Vox también incluyen una reducción de las subvenciones destinadas “a sindicatos, organizaciones empresariales y entidades privadas sin utilidad pública”. En la Región de Murcia, por ejemplo, Vox ha planteado eliminar la obligación de financiar con dinero público a sindicatos y patronales, y en la Comunitat Valenciana, la formación ya ha avanzado en nuevos recortes a las subvenciones de estos organismos. 

Guillermo Fernández considera que estas medidas pueden afectar al modelo de diálogo social. A su juicio, “Vox aspira a ahogar económicamente a los sindicatos”, lo que podría tener “posibles consecuencias para las condiciones laborales y la negociación colectiva”.

La revisión del gasto público también alcanza a las ONG. Los pactos autonómicos establecen la supresión “total” de subvenciones a las ONG que, según los acuerdos, participen en la “promoción, facilitación o sostenimiento de la inmigración ilegal”. “Ni un solo euro público a estructuras que incentiven el efecto llamada”, establecen los pactos.

En este sentido, además de las ONG, los pactos recogen compromisos para endurecer las condiciones de los menores extranjeros no acompañados, así como limitar la llegada de nuevos menores a las comunidades. “Se endurece su situación en los centros que están internos y se relaciona su presencia con la inseguridad”, firmaba textualmente Juan Manuel Moreno Bonilla en el acuerdo con Vox en Andalucía. En él también se ha incluido un “rechazo frontal” a la llegada de más menores extranjeros no acompañados: “Ni una plaza más y reducción del gasto al mínimo legal imprescindible”, señala el pacto. 

En Aragón, por ejemplo, el pacto entre PP y Vox incluye mecanismos de “verificación de edad” con pruebas forenses para determinar su edad o la retirada de una paga mensual de 17 euros a todos los menores migrantes no acompañados. Medidas que ya han dado lugar a al menos dos denuncias ante la fiscalía: una del Ministerio de Juventud y otra de Chunta Aragonesista, ya que es la Fiscalía quien debe tomar la decisión de realizar o no esas pruebas. El proyecto de Presupuestos de Castilla y León para el 2027 recoge una reducción de cuatro millones de euros en la aportación de esa comunidad a la cooperación al desarrollo.

La “prioridad nacional” para optar a ayudas públicas

El gran triunfo de Vox en su pacto con el PP ha sido imponer su marco ideológico con la llamada “prioridad nacional” como una realidad en los gobiernos de ambos partidos. Los acuerdos autonómicos incluyen no solo restricciones a determinadas ayudas vinculadas a la inmigración, sino también mediante requisitos relacionados con la trayectoria de cotización o el tiempo de empadronamiento.

En Castilla y León, el pacto habla de una asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes tengan un arraigo “real, verificable y efectivo” en la comunidad. En Andalucía, este principio se incorpora al acceso de ayudas públicas y a la vivienda protegida. 

En la Comunitat Valenciana, a pesar de no contar con una vicepresidencia, Vox ha conseguido introducir su “prioridad nacional” en los Presupuestos de la Generalitat para el 2026. Allí, PP y Vox aprobaron conjuntamente la “prioridad nacional” para el acceso a determinadas prestaciones públicas, endureciéndose los requisitos de empadronamiento para recibir la Renta Valencia de Inclusión: 3 años ininterrumpidos o 10 años alternos dentro de los últimos 30 de empadronamiento. 

Este mismo miércoles, las Corts Valencianes aprobaron, con los votos del PP y Vox, la inclusión formal del principio de “prioridad nacional” en el acceso a la vivienda pública tras aceptar los populares una enmienda presentada por el partido de ultraderecha a su propuesta parlamentaria sobre esta materia. El acuerdo establece la obligación de procurar la asignación prioritaria de los recursos públicos a aquellas personas que acrediten un “arraigo real, duradero y verificable” de diez años en la Comunitat Valenciana, vinculando la concesión de vivienda protegida a la permanencia histórica en el territorio valenciano.

También en Castilla y León, la Junta de PP y Vox asumirá la tesis de la “prioridad nacional”, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Ponferrada. Es decir, que cuando se construyan los proyectados 80 pisos sociales para venta a jóvenes, cuyo solar acaba de ceder el Consistorio, se impondrá obligatoriamente un criterio de exclusión por empadronamiento. El Gobierno autonómico dejará fuera a todos los solicitantes que no certifiquen haber estado como mínimo 10 años empadronados en España, aunque la Unión Europea establece que ese mínimo no puede exceder de los cinco años.

Lumbierres advierte que este tipo de criterios de “arraigo” puede acabar “perjudicando también a los ciudadanos españoles” que residen en una comunidad. La experta explica que, en el caso valenciano, “una persona nacida allí que hubiera marchado durante años a otra comunidad para estudiar o trabajar podría encontrarse con dificultades para acceder a determinadas ayudas si no cumple los requisitos”. La politóloga considera que este arraigo para el acceso de ayudas públicas supone “una mayor inseguridad jurídica”.

Por su parte, Fernández advierte de que “esta lógica puede contribuir a una transformación más profunda de la concepción de los derechos” y dar lugar a “una sociedad de estratos”, en la que existan grupos con “paquetes de derechos distintos, unos más extensos que otros”. 

Un “copia y pega” de Milei

La estrategia de Vox se inscribe así en una tendencia internacional en la que la ultraderecha ha convertido la reducción del gasto público y la revisión de la regulación en una de sus principales banderas. 

Su referente más evidente es el Gobierno de Javier Milei, en Argentina, que ha hecho de la ‘motosierra’ uno de los símbolos de su programa, incluyendo en su Gabinete un Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado para impulsar el recorte del gasto público y reducir el tamaño del Estado. También Estados Unidos, donde una de las medidas del segundo mandato de Donald Trump fue la creación del denominado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), liderado por Elon Musk y enfocado a recortar el gasto público y revisar la estructura administrativa federal. 

Ese mismo impulso es el que Vox ha tomado en sus pactos autonómicos. En la presentación de su programa, el vicepresidente aragonés Alejandro Nolasco ya aseguró que iba a “meter la motosierra y la tijera contra la hiperregulación”, mientras los vicepresidentes de Vox en Extremadura y Castilla y León situaron la desregulación como una de las prioridades de sus gobiernos.

“Es una apuesta claramente política neoliberal externa a nivel de Milei, es un copia y pega del modelo argentino”, sostiene Lumbierres. “Creen en una sociedad con una intervención del Estado mínima en lo económico y máxima en lo que tiene que ver con lo moral, la ley y el orden. Es un modelo autoritario”, advierte la experta.

Para Fernández, una aplicación de estas políticas supone una “contrarreforma” orientada a revisar el sistema en sentido conservador. El experto advierte de que esto “reducirá derechos sociales, económicos y el pluralismo político”. “¿En qué derechos ganará un ciudadano de a pie con un gobierno PP-Vox? ¿Alguien sabe decir alguno? Porque ya no solo se trata de los que te quiten, sino de los que vayas a ganar realmente”, resume Fernández.

Con su estrategia autonómica, Vox apunta contra las políticas públicas que el partido considera “ideológicas”, incluyendo requisitos de acceso a prestaciones públicas, la acogida de menores migrantes, la financiación de sindicatos y ONG, la regulación ambiental o la normativa de igualdad. “Lo que consigues es la desestabilización social”, advierte Carmen Lumbierres.

El comienzo de noviembre traerá diferencias en el calendario laboral de 2026. El Día de Todos los Santos, que se celebra cada año el 1 de noviembre, cae esta vez en domingo, una circunstancia que permite a las comunidades autónomas decidir si trasladan el descanso al lunes siguiente o lo sustituyen por otra celebración. La decisión no ha sido la misma en todo el país: nueve autonomías han marcado el día 2 como festivo, mientras que en las restantes será, con carácter general, una jornada normal de trabajo. Por eso, quienes estén organizando sus días libres tendrán que comprobar qué calendario les corresponde antes de contar con un fin de semana más largo.

La fecha tiene además un componente familiar, ya que durante estos días es habitual visitar los cementerios, recordar a las personas fallecidas o reunirse con familiares. Sin embargo, esta tradición, extendida por distintos puntos de España, no determina por sí sola cuándo se disfruta de una jornada libre. En el caso de cada trabajador, también habrá que tener en cuenta cómo está organizado su horario y si presta servicio en una actividad que continúa funcionando durante los festivos.

Las nueve comunidades en las que el lunes 2 será festivo

Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, la Comunidad de Madrid y Navarra han incluido el lunes 2 de noviembre entre sus fiestas laborales de 2026. En estos territorios, quienes normalmente no trabajan sábados ni domingos podrán enlazar tres días libres: el sábado 31 de octubre, el domingo 1 y el lunes 2 de noviembre. Su siguiente jornada ordinaria será el martes 3, siempre que no exista alguna circunstancia distinta relacionada con sus turnos o condiciones de trabajo.

Esta distribución permite disfrutar de un puente sin tener que pedir un día de vacaciones a quienes siguen ese horario. Aun así, que una fecha sea festiva no significa que todas las actividades se detengan. Algunos servicios y establecimientos pueden continuar funcionando, por lo que habrá personas a las que les corresponda trabajar o descansar en otros días. Para conocer cada caso concreto habrá que atender al cuadrante, al convenio aplicable y a las condiciones del puesto.

Dónde será laborable el primer lunes de noviembre

En Balears, Cantabria, Catalunya, Galicia, la Región de Murcia, Euskadi, La Rioja y la Comunitat Valenciana no se ha señalado el día 2 como fiesta autonómica. Tampoco tendrá esta consideración en Ceuta y Melilla. En estos diez territorios, la semana comenzará de forma habitual para la mayoría de quienes trabajan de lunes a viernes, sin que Todos los Santos permita alargar de manera general el descanso del fin de semana.

Esto no impide que una persona pueda tener libre esa fecha por vacaciones, por la distribución de su jornada o porque coincida con una fiesta local. Conviene diferenciar, por tanto, entre el calendario aprobado para el conjunto de una comunidad y los días concretos que corresponden a cada trabajador o centro de trabajo.

Por qué el descanso no se traslada en toda España

El calendario laboral combina fiestas comunes a todo el país con otras que pueden decidirse en el ámbito autonómico. Cuando una celebración nacional coincide con un domingo, existe la posibilidad de trasladar el descanso al lunes posterior, pero las comunidades también pueden sustituir determinadas fechas por festividades propias. Ese margen explica que el 2 de noviembre aparezca como festivo en unos territorios y como jornada ordinaria en otros.

El máximo de fiestas laborales es de catorce al año, incluidas dos de carácter local, y todas ellas son retribuidas y no recuperables. Dentro de ese límite se reparten las celebraciones nacionales, autonómicas y municipales. Por eso, que el 2 de noviembre sea laborable en una comunidad no significa necesariamente que sus trabajadores tengan menos días festivos a lo largo de 2026, sino que parte de ellos pueden haberse situado en otras fechas.

Qué festivos quedan en España antes de que termine 2026

Después de Todos los Santos, el siguiente periodo destacado llegará con el Día de la Constitución, que se celebra el 6 de diciembre y este año cae también en domingo. El descanso se trasladará al lunes 7 en Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, la Comunidad de Madrid, la Región de Murcia, La Rioja y Melilla. En estos territorios, quienes tengan libres los fines de semana podrán enlazar cuatro días sin trabajar, desde el sábado 5 hasta el martes 8 de diciembre, cuando se celebra la Inmaculada Concepción, festivo en toda España.

En el resto de comunidades y en Ceuta, el lunes 7 será laborable con carácter general. La última fiesta nacional de 2026 será Navidad, el viernes 25 de diciembre. Al caer al final de la semana laboral, quienes habitualmente tengan libres sábados y domingos podrán sumar tres días seguidos de descanso, hasta el domingo 27.

“Vivimos un momento de revival del franquismo y es importante conocer la historia”. Toda. No solo la de una parte de quienes protagonizaron la vida política, social o cultural entre 1936 y 1975, en particular en la ciudad de Toledo. “Frente a ese revival franquista hay que poner algunas vacunas”, asegura Enrique Sánchez Lubián, periodista y escritor (Alcázar de San Juan, 1956).  

¿Cómo hacerlo? Él cree que hay que empezar por “aplicar la ley de memoria histórica”, no tanto en lo que tiene que ver con la primera parte de la dictadura franquista, sino con la historia más reciente. “Se nos ha vendido que la Transición fue fruto de un pacto entre las élites políticas y la monarquía, pero se deja a un lado a todo el movimiento social que hubo detrás: estudiantes, sindicatos, trabajadores, gente de la cultura, periodistas, amas de casa o asociaciones de vecinos”.  

Ellos y ellas fueron, dice el periodista, quienes “recogieron el espíritu reivindicativo que enlaza con aquella gente que, una vez terminada la guerra, siguieron luchando en la guerrilla o desde la clandestinidad”. Un movimiento que eclosionó en los años 70 del siglo XX. “Empujaron para que la Transición fuera posible y eso no se ha contado lo suficiente”.

Acaba de publicar Crónicas del después de una guerra: Toledo, memoria y libertad (Toletum Revolutum, 2026). Quiere contar la historia de la ciudad “desde un punto de vista diferente”. Y es que, según explica, “hay muchos estudios sobre la época visigoda, la medieval o la imperial, pero conforme nos vamos acercando al presente, los estudios no son tan abundantes”.

El libro surgió en 2025, coincidiendo con los 50 años de la muerte de Franco y con el desarrollo del programa ‘España en libertad’, una iniciativa del Gobierno coordinada por un Comisionado especial y la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, asesorados por un Comité científico compuesto por académicos de reconocido prestigio.

Enrique Sánchez Lubián publicó una serie de artículos en elDiario.es Castilla-La Mancha que han servido de base para este nuevo libro que incluye textos inéditos, hasta llegar a la veintena de historias de personajes, situaciones o acontecimientos sufridos por los perdedores de la guerra que quedaron relegados al olvido y que, según explica el periodista, apenas tienen reseñas en la historiografía local.

Tras publicar Los presos que levantaron la Academia de Toledo, un libro en el que identificó a unos 3.000 republicanos que trabajaron forzadamente en la construcción de este recinto militar, hoy convertido en centro de formación de la rama de Infantería del Ministerio de Defensa, ha buscado un ejercicio de intrahistoria, protagonizada por aquellos a los que nadie mencionó en las crónicas oficiales del régimen franquista, e incluso después de que la dictadura llegase a su fin.

“Al documentarme en archivos en los que no había trabajado antes, sobre todo archivos militares de defensa, para aquel otro libro encontré un pozo de documentos que podían ser interesantes para contar la historia de Toledo”.

El libro da continuidad también a otro en el que Sánchez Lubián abordó el Toledo de la Segunda República. “Muchos de los personajes que aparecen sufrieron después la represión franquista. En este libro se habla de ellos, se cuentan sus procesos penales o si se marcharon al exilio”.

El escritor recuerda que “el 1 de abril de 1939 la guerra civil solo terminó para algunos, pero no para quienes sufrieron represión, cárcel o exilio. Padecieron el ostracismo o el hambre. Fue lo que algunos definieron como la paz de los cementerios”. No han sido recordados o reconocidos, subraya. “Se pretende hacerlo a través de una Ley de Memoria Democrática que tiene agujeros”.

Unos agujeros, abunda, que se hacen patentes en Toledo, “con Moscardó o Milans del Bosch todavía enterrados en el Alcázar, el mismo edificio donde existe un monumento dedicado al ángel de la victoria, el obelisco con la cruz franquista en la avenida de la Reconquista o la falta de reconocimiento de lugares de memoria, como en el caso de la Academia de Infantería. Hasta la sede de las Cortes regionales, que fue cárcel para los dos bandos”, apunta.

“Uno de los grandes fallos” al instaurar la democracia

Para el periodista, uno de los “grandes fallos” al implantarse la democracia fue “no llevar el espíritu de la Transición a los colegios para que las nuevas generaciones supieran lo que fue recuperar libertades, la consolidación del Estado del Bienestar y lo que ha costado todo eso”.  

Enrique Sánchez Lubián se plantea el libro como una “labor pedagógica y divulgativa” que anima a poner en práctica por parte de otros y otras profesionales en el ámbito de la literatura, la historia o el periodismo.

La sociedad española, 90 años después de la guerra civil, sigue dividida con esta cuestión, reconoce. “Se sigue utilizando de forma despectiva el epíteto rojo o comunista”, lamenta, para abogar por la necesidad de cerrar heridas, sin que eso sea cuestionado.

“Muchas personas se ponen en contacto conmigo para saber si les puedo ayudar a localizar los restos de sus familiares. Tienen derecho. Vivimos en una cultura que, ante la muerte, busca la paz mental. Y yo no he percibido sentimientos de rencor cuando alguien puede recuperar y enterrar de forma digna a los suyos”. En su opinión, más bien suele traducirse en “agradecimiento por poder cerrar una herida”.

La Constitución debe ser algo vivo, conforme avanza la sociedad. ¿De qué sirve tener un artículo que garantiza el derecho a tener casa? ¿De qué sirve tener garantía democrática si al ciudadano no le llegan los servicios básicos?

El Gobierno de Castilla-La Mancha acaba de inaugurar un amplio programa de actividades para recordar que se cumplen ahora 50 años de la Transición democrática en la comunidad autónoma. Sánchez Lubián insiste en que debe contarse en las aulas. “Los niños y las niñas tienen que saber que costó conseguir una Educación o una Sanidad públicas. Deberían defenderse todos esos logros”.

Durante la conversación sale a colación que, en 2028, la Constitución española cumplirá 50 años. “Debe ser algo vivo, conforme avanza la sociedad. Desde luego la España de 1978 no es la de 2026. Debe adaptarse porque si no, se convierte en algo lejano. Lo estamos viendo con las protestas por la vivienda. ¿De qué sirve tener un artículo constitucional que garantiza el derecho a tener casa? ¿De qué sirve tener garantía democrática si al ciudadano no le llegan los servicios básicos?”.

En este punto no solo pone el foco en los políticos sino también en la “indiferencia” de la ciudadanía. “Nos quejamos mucho en los bares, en el ámbito familiar o con los amigos, pero se trata de ser más activos”, incide, para defender la continuidad del sistema democrático.

Las “fisuras” en el Estado autonómico: “Debe repensarse”

Partidario declarado de un Estado federal, Sánchez Lubián mira con preocupación las actuales tensiones políticas en España que, advierte, “pueden hasta poner en cuestión el Estado de las Autonomías” y lo explica: “Lo están cuando vemos que se utilizan para echar las culpas al Gobierno central o pasarle la pelota. Lo vimos con la dana de Valencia, con los incendios forestales en Madrid o con la vivienda ahora. Las autonomías tienen competencias que no ejercen”.

Por eso, porque hay “fisuras” en el Estado de las Autonomías, considera que es algo que “debe repensarse”. La propia democracia parece estar en la cuerda floja e incluso cuestionada por el “desapego” que, en su opinión, ya no procede solo de las personas más jóvenes, sino que “se extiende”.

El libro se presenta el 15 de octubre, a las 17.30 horas, en la plaza del Ayuntamiento de Toledo, en el marco de la Feria del Libro. En el acto participará el director de elDiario.es, Ignacio Escolar.

Madrid vuelve a ser otro año más la comunidad autónoma con un mayor peso de la sanidad privada, seguida de Baleares y Cataluña, aunque en Asturias el grado de privatización ha crecido el 95,8 %; lo que significa que es una de las autonomías donde más ha crecido la sanidad privada desde 2014.

Por el contrario, Andalucía ha reducido su grado privatización respecto al año pasado, aunque ha ocurrido por la modificación de las asignaciones presupuestarias, según el '12º informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) sobre la privatización sanitaria en las comunidades autónomas' presentado este martes.

El incremento

El portavoz de FADSP Sergio Fernández ha precisado que, aunque “hay comunidades que salen mejor y peor, eso no significa que la situación sea buena en ninguna de ellas”. “La privatización está presente en todas. Lo único que cambia es su intensidad y las fórmulas que utiliza cada comunidad”, ha alertado.

Detrás de este incremento privatizador están “el Partido Popular y Vox, PNV, Junts, Coalición Canaria, que están estimulando la colaboración público-privada a través de conciertos, concesiones administrativas”, ha denunciado, por su parte, José Manuel Aranda, presidente de la Asociación de Sanidad Pública de Baleares.

“Privatizar mata”

No obstante, ha recordado que la sanidad pública española, según la OMS, sigue estando entre las 10 mejores del mundo.

“Seguimos teniendo la joya, lo que hay que procurar es que esto no siga adelante” porque “privatizar mata”, como han demostrado varios estudios, el último realizado sobre el sistema de salud británico que demostró como la externalización al sector privado coincidió con un aumento significativo de las tasas de mortalidad evitable de 2013 a 2020.

Las autonomías menos privatizadas

Para llegar a esta conclusión, el informe mide la transferencia de dinero público a empresas privadas por la compra de servicios (conocido como 'outsourcing'); las concesiones administrativas de gestión de instituciones públicas (el modelo del hospital de Torrejón); el dinero transferido desde el Estado a las aseguradoras privadas por la atención de los funcionarios de MUFACE, MUJEJU e ISFAS, y la compra directa de servicios sanitarios privados a través del aseguramiento privado y el gasto de bolsillo de las familias.

Teniendo en cuenta estas variables, calcula un grado de privatización general de 21,8, una cifra que se supera en varias comunidades: Madrid, que encabeza el ranking desde 2014, con 34; Baleares y Cataluña, ambas con 28; Canarias (26); País Vasco (24); Asturias (23,5); Aragón y Galicia, las dos con 22.

El grado de privatización

En el grupo con menor nivel de privatización están Andalucía y Navarra (20,5); Cantabria, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana (19); Castilla y León (18,5); Extremadura (17,5); Murcia (15) y La Rioja (14,5).

Sin embargo, el estudio llama la atención sobre las que han experimentado el incremento más llamativo, encabezadas por Asturias, donde el grado de privatización ha crecido el 95,8 % desde 2014; Extremadura, donde lo ha hecho 94,4 %; y Castilla la Mancha (90 %).

Los españoles dedican un 81 % más a los seguros privados

El informe concreta además lo que destinó cada español a contratar seguros privados, que ha pasado de los 115,94 euros destinados de media en 2014 a superar los 210 en 2026, un 81 % más. “Detrás de esos porcentajes existe una realidad que conocemos bien, y es que cada vez hay más gente que acaba pagando para conseguir una atención que no encuentra a tiempo en el sistema sanitario público”, ha denunciado Fernández.

La subida se ha producido en todas las comunidades, pero en las que más, en Asturias, donde ha crecido un 147,4 %; en Navarra (146,9 %) y Andalucía (115,5 %).

En función de la cantidad neta, los que dedican las cifras más altas a seguros privados son los madrileños (381 euros), catalanes (312) y baleares (304); en el otro extremo, los navarros apenas desembolsaron 121, los murcianos 132 y los cántabros 139.

Asimismo, el análisis también calcula los denominados gastos de bolsillo, aquellos que se dedican a lo que no cubre la sanidad pública como la odontología.

Los castellanomanchegos asumieron los más altos de toda España (638,3 euros), además de los asturianos (625,3 euros) y aragoneses (623,6).

Donde más crecieron estos gastos fue también en Castilla-La Mancha, donde casi se duplicaron (96,3 %), seguida de Baleares (75,3 %) y Canarias (73,5 %).

El calendario laboral de 2027 empieza a definirse y ya permite saber cómo se repartirán buena parte de los días no laborables del próximo año. Como sucede cada ejercicio, habrá un máximo de 14 festivos retribuidos y no recuperables. Algunos serán comunes en todo el país, mientras que otros dependerán de las decisiones de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, que completan el calendario con sus propias celebraciones.

La posición de estas fechas permite anticipar también qué momentos del año dejarán fines de semana más largos o facilitarán la posibilidad de hacer puente. En 2027 habrá festivos que caerán en viernes o lunes y podrán unirse directamente al sábado y al domingo, mientras que otros llegarán en martes o miércoles y requerirán utilizar algún día libre adicional para ampliar el descanso. A falta de que el Boletín Oficial del Estado publique el calendario definitivo, la mayoría de las comunidades ya ha aprobado su calendario. Asturias es, por ahora, la excepción.

Los festivos nacionales de 2027

El calendario de 2027 contará con nueve días no laborables comunes a todas las comunidades autónomas. Estas fechas se reparten durante todo el año, aunque no todas tendrán el mismo efecto para quienes trabajan de lunes a viernes, ya que algunas coincidirán con sábado y otras permitirán prolongar directamente el fin de semana.

En concreto, en 2027 serán días no laborables en toda España:

Estas nueve jornadas constituyen la parte del calendario compartida por todo el territorio. A partir de ahí, las comunidades pueden incorporar celebraciones propias o sustituir determinados festivos hasta completar las 12 fechas de ámbito estatal y autonómico. Después se añaden otros dos días de carácter local, elegidos por cada ayuntamiento, hasta llegar al máximo anual de 14.

Los puentes y fines de semana largos de 2027

La distribución de los festivos permitirá enlazar varios periodos de descanso a lo largo del año. El primero llegará nada más comenzar 2027. Al caer Año Nuevo en viernes, quienes trabajen de lunes a viernes podrán unir el 1 de enero con el sábado y el domingo.

Una situación parecida se producirá durante Semana Santa. Viernes Santo será el 26 de marzo, por lo que en todo el país habrá un fin de semana de tres días. En la mayoría de los territorios también será festivo el jueves 25, lo que permitirá ampliar ese periodo desde el jueves hasta el domingo. Y en algunas comunidades el descanso será todavía mayor. Illes Balears, Catalunya, Comunitat Valenciana, Navarra, Euskadi y La Rioja tendrán también como festivo el lunes 29 de marzo, Lunes de Pascua. Illes Balears, Navarra, Euskadi y La Rioja combinarán esta fecha con el Jueves Santo y podrán enlazar así cinco jornadas consecutivas.

Otra de las fechas a tener en cuenta será el 12 de octubre, que caerá en martes, por lo que quienes puedan disponer del lunes anterior tendrán la opción de unir cuatro días. El Día de Todos los Santos, por su parte, llegará en lunes 1 de noviembre y permitirá prolongar directamente el fin de semana.

Diciembre ofrecerá otra de las combinaciones más destacadas del año. El Día de la Constitución caerá en lunes 6 y la Inmaculada Concepción llegará el miércoles 8. Quienes puedan utilizar el martes 7 como día libre podrán enlazar ambas fechas con el fin de semana anterior.

La Asunción, el 15 de agosto, caerá en domingo. Varias comunidades han trasladado el descanso relacionado con esta celebración a otra fecha. Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla y León y Comunidad de Madrid lo llevarán al lunes 16 de agosto, mientras que Extremadura ha optado por situarlo en octubre.

Andalucía

Aragón

Asturias

Asturias todavía no ha publicado su calendario laboral completo para 2027.

Illes Balears

Canarias

Además, cada isla cuenta con una jornada propia:

Cantabria

Castilla y León

Castilla-La Mancha

Catalunya

Comunitat Valenciana

Extremadura

Galicia

Comunidad de Madrid

Región de Murcia

Navarra

Euskadi

La Rioja

Ceuta

Melilla

Más de 1,89 millones de contratos de alquiler se podrán prorrogar en España, 41.917 de ellos en Asturias, con la entrada en vigor de la prórroga de dos años para los que venzan antes del 31 de diciembre de 2028, una medida que tendrá que convalidar este viernes el Congreso.

Fuentes de Sumar han explicado este jueves que, teniendo en cuenta que según el Instituto Nacional de Estadística (INE) en cada hogar hay de media 2,5 personas, en total serían unos 5 millones de personas las beneficiadas por este medida.

El desglose por comunidades autónomas

Por comunidades autónomas, Madrid sería la gran beneficiada con un total de 402.082 contratos prorrogables con el decreto ley, seguida de Cataluña con 339.088, de los cuales 248.053 corresponderían a Barcelona.

La tercera comunidad autónoma con más contratos prorrogables sería Andalucía, con 263.222, seguida de la Comunidad Valenciana, con 224.372 contratos.

La lista

Asimismo, en Galicia se podrían prorrogar 111.175 contratos, en las Islas Canarias 108.252, en Castilla y León 94.994 y en las Islas Baleares 69.154.

Completan la lista elaborada por Sumar Castilla y La Mancha (65.797 contratos), Aragón (64.272), Murcia (46.819), Asturias (41.917), Extremadura (30.630), Cantabria (21.180) y La Rioja (12.721).

La pelea entre partidos de la derecha por rentabilizar políticamente la caza hace que una actividad cuya pérdida de interés ha generado una regresión y un “colapso demográfico” constatados esté recibiendo respiración asistida en forma de atención y recursos públicos constantes.

Hace solo unos días, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, afirmó que creará una Escuela de Caza a la que destinará 80.000 euros. En 2024, en esta región se expidieron 13.000 licencias (para una población de siete millones). Entre sus objetivos declarados: promover la caza entre los jóvenes. Porque matar animales por diversión es cada vez menos atractivo.

Es la última asistencia derivada de la disputa PP-Vox por la apropiación política (la issue ownership) de este sector convertido en catalizador electoral para la derecha. Un empujón que se une a las ventajas económicas para sacarse licencia o la promoción entre los escolares de la caza llevadas a cabo por múltiples gobiernos de comunidades autónomas.

La realidad es que cada vez menos personas quieren disparar a animales para entretenerse. Las partidas de caza no seducen a nuevas generaciones. El resultado es un declive inapelable. Actualmente tienen licencia un 45% menos de personas que hace 50 años. Este hundimiento “está ligado al descenso constante de incorporación de jóvenes que ha caído un 89% en el mismo periodo”, describe esta investigación liderada por el Instituto Pirenaico de Ecología del CSIC (IPE).

Las alternativas recreativas son enormes. Incluso si se busca contacto con la naturaleza y actividades que inyecten adrenalina, a esa emoción de la caza. Y como compite con otras muchas opciones, ahora la prevalencia es pequeña

José D. Anadón — investigador del Instituto Pirenaico de Ecología - CSIC

Si en 2008 se contaban un millón de permisos cinegéticos, quince cursos después, en 2023 (últimos datos completos) la cifra se situó en 610.000. De hecho, hoy no puede ponerse la última cifra de caída ya que los datos oficiales de licencias están incompletos. Las comunidades autónomas —competentes en materia de caza y pesca— remiten cada curso (con dos años de decalaje) los datos al Ministerio de Transición Ecológica para incluirse en el Anuario de Estadística Forestal. Para este curso, a pesar de que “se han hecho varios recordatorios”, ni Castilla y León ni Euskadi han remitido la información, explican en el Ministerio para la Transición Ecológica.

Así que no puede calibrarse completamente la tendencia. Lo que sí refleja el Anuario recientemente publicado es que la segunda región con más permisos, Andalucía, ha perdido 2.600 licencias (un 2,3%). Todas las comunidades excepto Galicia han bajado. Alguna acusadamente. Castilla-La Mancha, Aragón, Canarias (16,7%), Cantabria, Catalunya, Madrid, Comunidad Valenciana (9,3%), Extremadura, Baleares, La Rioja, Principado de Asturias y la Región de Murcia (21,7%).

Si se suman las licencias sin Castilla y León y Euskadi, en 2024 cayeron un 3,3% respecto al año anterior.

El responsable de la investigación del IPE, José D. Anadón, explica que el “colapso de la población cazadora” se debe a la falta de entrada de nuevos practicantes. La causa principal es que la caza ya no atrae. “Es una población envejecida. La mayoría por encima de los 60 años”, evidencia el investigador.

“En la década de 1960, la población cazadora era muy grande. En cada casa de un pueblo había una escopeta y un cazador” describe Anadón. “Por un lado, era la manera de aportar proteína a la dieta y, por otro, constituía una de las pocas actividades recreativas para esa población”.

Sin embargo, con el éxodo rural, la situación cambió y se pasó de una “caza de supervivencia a una caza recreativa”. En este sentido, “el padre que llega a una ciudad sí transmitió la caza a la primera generación, pero la segunda ya no lo hace”, detalla el científico. Esas personas ya no adquieren ese hábito “porque las alternativas recreativas son enormes. Incluso si se busca contacto con la naturaleza y actividades que inyecten adrenalina, esa emoción de la caza. Y como compite con otras muchas opciones, ahora la prevalencia es pequeña”. Y, además, remata: “No se trata de un deporte barato. Obliga a una destreza y entrenamiento difíciles en una ciudad”.

Con esos números en la mano, el presidente de la Real Federación Española de Caza, Joan Escandell, repite que el gran “reto” del sector es “el relevo generacional”. En el mismo sentido, el presidente del lobby cinegético Fundación Artemisán, Luis Fernando Villanueva, pidió —por ejemplo— que parte del dinero que, según sus cálculos, genera el sector, sea invertido en solucionar los problemas de la caza. Entre los primeros, “el relevo generacional”.

Las reclamaciones parecen no caer en saco roto. En Castilla-La Mancha la licencia es gratuita para los empadronados. También es gratis para menores en Galicia desde 2026. En Cantabria, en mayo pasado, el Gobierno decidió que las licencias serían gratis durante cinco años —ya lo eran para menores—. En Madrid se bonifica el 70% del coste para menores. Andalucía les descuenta el 50%. En Catalunya es gratis para jóvenes entre 14 y 25 años y las mujeres. En los presupuestos de 2026, la Junta de Extremadura incluyó la gratuidad de la licencia a partir del pasado 5 de agosto.

La Generalitat Valenciana ha reducido a la mitad el precio público de las licencias anuales de caza individuales y este verano anunció más descuentos para permisos conjuntos con varios años de validez

Y a la hora de buscar cantera cazadora, también proliferan iniciativas sustentadas por los ejecutivos autonómicos. En Andalucía se desarrolla el programa Huellas amparado por la Consejería de Educación, en Extremadura está el Programa de promoción del deporte (Proades) que incluye la actividad Caza y Naturaleza para 1.000 alumnos de Primaria. En la Comunidad Valenciana, la Generalitat inyecta 250.000 euros para “extraescolares” en las sedes de la federación de caza. En la Región de Murcia, PP y Vox aprobaron un pacto por la caza que incluía impulsar las clases extraescolares para fomentar la práctica entre los menores.

El investigador del IPE tiene “una percepción” sobre cómo cierta ola de “vuelta al imaginario tradicionalista” podría estar incidiendo en la caza: “Intuyo que entre los más jóvenes se ve la actividad de otra manera, más ligado a una moda, y eso podría frenar la caída aunque no haría volver a la situación ni siquiera de hace 30 años”. Y remata: “Algo similar a lo que puede estar pasando con los festejos taurinos, que tampoco da para crear toda una cultura taurina”.

“Queremos implicar a toda la sociedad de Castilla-La Mancha”, ha dicho hoy el vicepresidente segundo del Gobierno regional, José Manuel Caballero, quien acompañado por el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, ha presentado hoy el programa ‘50 años juntos’, con el que la región va a conmemorar el medio siglo de la transición democrática en Castilla-La Mancha.

Habrá más de 500 actividades, con 32 grandes actuaciones, 16 exposiciones en 200 espacios, 95 citas musicales, 320 representaciones teatrales y la cita dejará obras de arte urbano en cada una de las provincias para recordar que Castilla-La Mancha también se sumó a una democracia ya consolidada.

Es un programa muy volcado en la población más joven. “El fin es didáctico porque más de la mitad de la población no había nacido cuando se produjo la transición hacia la democracia. Se trata de recordar el esfuerzo para entenderse y alcanzar un acuerdo por el interés general”, que se produjo hace ya medio siglo, ha comentado el presidente del Parlamento regional, Pablo Bellido.

“España ha conservado su posición como democracia plena, pero estamos en un momento crucial donde se están pediendo las formas. Hay una tensión desmedida y desde los parlamentos en lugar de emitir señales positivas que construyan tolerancia y acuerdos, casi se está incentivando lo contrario”, ha lamentado.

En la presentación, José Manuel Caballero ha recordado las palabras de un destacado político castellanomanchego que protagonizó esta etapa: “La Transición, como decía nuestro paisano Manuel Marín, supuso, fundamentalmente, renuncia, supuso no imponer los sueños que cada uno de nosotros teníamos, sino compartir los sueños colectivos y eso es lo que queremos celebrar desde Castilla-La Mancha con el compromiso del presidente Emiliano García-Page”.

La idea es “situar en el centro de este programa el diálogo, la convivencia y la participación colectiva”, ha señalado el vicepresidente, que, además, ha añadido que “vamos a combinarlo con el reconocimiento a quienes hicieron posible el cambio democrático, desde la política y desde la sociedad, con propuestas dirigidas a las nuevas generaciones y acciones que recuperan la memoria cotidiana de pueblos, ciudades y familias”.

Se conmemora un periodo temporal entre 1976 y 1983. “La transición no se inicia en 1975 con la muerte del dictador Francisco Franco”, ha dicho, sino que el Gobierno regional considera que el hito principal fue el 15 de diciembre de 1976, fecha en la que se celebró el referéndum para la reforma política.

El fin del periodo que se va a recordar concluye con las elecciones del 8 de mayo de 1983, entonces se convocaron las primeras Elecciones a las Cortes de Castilla-La Mancha.

¿Qué actividades se programan?

Caballero ha desgranado este programa inicial, “abierto a crecer”, y que tendrá el pistoletazo de salida ya este mismo mes de septiembre.

El programa nace del trabajo realizado para la puesta en marcha de la exposición ‘La Transición en Castilla-La Mancha: una nueva realidad e identidad (1976–1983)’. Esta es el eje central del programa y recorre el paso de la dictadura a la democracia y el nacimiento del autogobierno regional con documentos, imágenes, objetos originales y recursos audiovisuales que explicarán cómo los grandes acontecimientos nacionales se vivieron y construyeron desde Castilla-La Mancha.

Asimismo, esta exposición contará con visitas teatralizadas y con una exposición paralela de jóvenes ilustradores. Además, tendrá una adaptación para exponerse al aire libre y que recorrerá decenas de localidades de la región. También habrá exposiciones sobre portadas de prensa local y provincial y con grandes portadas de revistas nacionales que ilustran los hitos históricos de la época, sobre coleccionismo y archivos, sobre el papel de las mujeres en la Transición, sobre la migración de castellanomanchegos y sobre artistas como José Ortega.

Se ha programado un acto central para reconocer a los primeros diputados y senadores de Castilla-La Mancha elegidos el 15 de junio de 1977. Se entregarán 41 reconocimientos y una escultura conmemorativa de Quique de Lucas, ‘Tortajada’, para poner en valor el consenso y la labor de quienes contribuyeron a cimentar la democracia y la Comunidad Autónoma. Además, habrá cinco actos provinciales que reconocerán el papel de los movimientos vecinales, sindicales, empresariales y por la igualdad de las mujeres; y dos foros de debate, uno sobre discapacidad y otro sobre derechos LGTBI.

A nivel cultural, se va a desarrollar ‘Manuel Piña Lab: Jóvenes Creadores’, un espacio de innovación y talento que conecta el legado del gran diseñador manchego con el futuro del diseño a través de una colaboración estratégica con las Escuelas de Arte de Castilla-La Mancha; se han programado actividades con los clubes de lectura a través de la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha y se proyectarán siete películas emblemáticas de la Transición en salas de cine de la región que incluirán coloquios con sus protagonistas.

En la programación, tal y como ha explicado Caballero, hay un espacio especial para llegar a los jóvenes. Se ha convocado un concurso para crear una miniserie de tres vídeos verticales basada en entrevistas familiares, recuerdos y música de la época y se va a desarrollar un proyecto de arte urbano comisariado por Okuda San Miguel con estudiantes de escuelas de arte y cinco artistas nacionales que crearán cinco murales. Además, se pondrá en marcha el proyecto de cómic-fotonovela ‘Construyendo nuestra memoria’, planteado por Ángel Luis Arjona, y se celebrarán las III Olimpiadas de Historia con una edición especial sobre la Transición.

La música tendrá un papel protagonista con una decena de jornadas festivas con grandes actuaciones de orquestas de reconocido prestigio nacional, “que recuperarán el espíritu de convivencia de la verbena y el guateque de la época”. También habrá festivales de música con talentos emergentes de la región, un circuito de 82 actuaciones de bandas locales que adaptarán al lenguaje sinfónico las canciones del cambio democrático y una pieza audiovisual, elaborada por creadores de la región, que enlazará imágenes y grabaciones de archivo para explicar cómo las canciones acompañaron las demandas de libertad, la modernización cultural y la construcción de nuevos valores de convivencia.

Caballero ha puesto el acento en la importancia de construir de la mano de la sociedad esta conmemoración. Por eso, se ha programado un certamen oral y escrito para mayores de 65 años residentes en Castilla-La Mancha para recoger los recuerdos en primera persona sobre la evolución social y cultural de la región. Además, se ha lanzado una convocatoria ciudadana para recuperar fotografías personales y familiares con el objetivo de construir un archivo colectivo digital de acceso público.

Por último, el vicepresidente segundo ha explicado que se celebrará el ciclo ‘50 años juntos: espectáculo de luz y sonido’, una ambiciosa e innovadora propuesta cultural diseñada para conmemorar este medio siglo de historia común en la región a través de la tecnología y el arte multimedia.

Finalmente, ha añadido que los medios de comunicación regionales y nacionales van a participar a través de la generación de contenido documental e informativo sobre esta etapa y con eventos de debate y divulgación.

Un fondo de inversión (KKR) compra Medac, la empresa de Formación Profesional (FP) que perteneció al consejero de Educación de Andalucía, Javier Imbroda, por 200 millones de euros. Una aseguradora Suiza, SWISS LIFE, adquiere varios colegios concertados —levantado sobre suelo regalado a la empresa vendedora— por otros 200 millones. Un fondo de riesgo, CINVEN, invierte 2.000 millones en la Universidad Privada Alfonso X el Sabio, el doble de lo que había pagado el anterior dueño solo seis años antes. Otro fondo, este el sueco EQT, se hace con el 65% de la Universidad Europea.

Son cuatro ejemplos, entre las docenas que han ocurrido en España en la última década, del “buen negocio” en el que se ha convertido el sector educativo, según relata la Fundación 1º de Mayo, de CCOO, en el informe La Mercantilización de la Educación, presentado este jueves en Madrid. Un texto que realiza un exhaustivo relato sobre cómo el neoliberalismo se ha infiltrado en la educación con la necesaria colaboración de las administraciones, tanto por acción, en unos casos, como por omisión, en otros.

“La Educación se ha convertido en uno de los principales caballos de batalla de nuestras sociedades”, advierte el informe, realizado a varias manos y coordinado por Pedro González de Molina. “La mercantilización es uno de los principales problemas de la educación”, ha añadido el responsable del trabajo durante la presentación del informe.

El texto sostiene que el sistema educativo español experimenta desde hace años un proceso creciente de mercantilización que está transformando la educación de derecho y servicio público a un producto sometido progresivamente a la lógica del mercado y del beneficio. Aunque su rostro más visible se observa en la falta de plazas públicas en la FP y en la Universidad, agujero que aprovecha el sector privado para multiplicar su oferta, el fenómeno afecta también a las etapas obligatorias y preobligatorias, siempre a costa de aumentar el gasto de las familias en educación. La principal consecuencia de este proceso, con la supuesta meritocracia como bandera, es un aumento de la segregación en un país que ya es de los que más diferencia a su alumnado de toda Europa.

“El patrón es siempre parecido”, ha explicado Unai Sordo, secretario general de CCOO. “Primero se limita, debilita o no se amplía suficiente la oferta pública; después aparece una oferta privada que se configura como la única posibilidad disponible y, finalmente, el coste se traslada a las familias. Es todo un proyecto político. Se habla mucho de la libertad de elección cuando se habla de educación, pero no existe verdadera libertad cuando una familia solo puede elegir entre pagar o renunciar”, ha elaborado.

Por acción u omisión

“Hay diferentes razones que explican el avance de las empresas privadas en la Educación, ya sea por motivos económicos, por dejación del Estado o por motivos ideológicos, filosóficos, o combinación de varias causas”, sostienen los autores del texto. Y citan algunos ejemplos: “Podemos ver en muchos lugares de nuestro país que los gobiernos autonómicos prefieren permitir la instalación de centros privados educativos, o la concesión de un servicio, mediante la concertación o la privatización, ya sea para reducir costes, o por dejación de funciones (como durante los gobiernos socialistas andaluces con la enseñanza 0-3 años), o en combinación con los motivos ideológicos (por ejemplo, renunciar a 146 millones de euros para la creación de escuelas infantiles públicas por parte del gobierno popular andaluz). La ventaja es triple, se ahorra presupuesto, se reducen los costes de gestión, y se avanza en la mercantilización de la educación, siguiendo la filosofía de Friedman”.

El rastro de Milton Friedman, un economista estadounidense que se considera uno de los padres del neoliberalismo, aparece por todo el informe. La mitad del alumnado de Infantil acude a un centro privado, un tercio lo hace en la Secundaria y en la FP de grado superior, especialmente en la modalidad a distancia, la oferta empresarial ha crecido más de un 1.600% en una década. La consecuencia de estas políticas siempre es la misma: las familias acaban pagando la fiesta.

Según el INE (2025), los gastos familiares han aumentado en solo doce años de los 13.217 millones de euros a los 18.628 cada curso, recuerda CCOO. El retroceso del estado en la educación, sea en la provisión básica de los servicios, no ofreciendo suficientes plazas públicas o no poniendo fondos para compensar las desigualdades de origen del alumnado, dispara el gasto en clases particulares, academias, comedores, clases extraescolares, libros y materiales escolares y actividades educativas de todo tipo, con gran variabilidad entre comunidades autónomas.

En los últimos años, los hogares se están empezando a gastar también el dinero que no tienen: el 14% de los créditos al consumo que se piden ya se destinan a pagar estudios universitarios. En FP, añade el sindicato, el gasto nominal por hogar afectado por la falta de plazas se ha duplicado entre 2016 y 2023, pasando de 1.069 euros a 2.085 euros. Igualmente, la privatización de los másteres incrementa el coste para cada hogar afectado en casi 1.600 euros.

Una relación cliente-empresa

La mercantilización afecta prácticamente a todas las áreas educativas, han explicado los autores del informe, y distorsionan el sistema. “El problema es que las lógicas empresariales generan problemas serios a la hora de poder hacer efectivo un derecho humano, como es la educación. Si una familia escolariza a su hijo o hija dentro de un centro privado, ya sea con concierto o sin él, se establece una relación de cliente con una empresa. En esa relación se esperan unos resultados que se pueden acabar exigiendo si no se cumplen, so pena de escolarizar a dicho alumno o alumna en otro centro, suponiendo una merma de ingresos para el centro escolar. Es el mismo caso para las universidades o centros de formación profesional privados (...), lo que provoca que haya incentivos perversos para que el centro-empresa educativo presione a su personal para mejorar las notas del alumnado, o que el alumnado apruebe para garantizar que sea escolarizado un año más”, describen.

Una vez que se establece que la educación es un mercado tan válido como cualquier otro, el pastel a repartir es jugoso, impulsado en los últimos años por el desembarco de las grandes tecnológicas en el sector. Según las estimaciones de la consultora HolonIQ33, solo el mercado global de la llamada EdTech alcanzaría los 350.000 millones de euros en 2025, 60.000 de ellos en Europa. En el caso español, el mercado de las tecnologías educativas se valoró en 2023 en 462 millones de euros y se espera que crezca a una tasa compuesta anual al 11% hasta 2028. software educativo, libros de texto digitales, plataformas virtuales, dispositivos electrónicos (ordenadores, tabletas, pizarras digitales), cursos online, academias privadas, servicios de consultoría, apps educativas, herramientas de inteligencia artificial para el aprendizaje, sistemas de gestión escolar “y muchos otros recursos que antes eran accesorios y hoy son o pretenden ser casi imprescindibles”, explica el informe.

El papel del Gobierno

El informe concluye, que pese a que el Gobierno “está intentando a través de la legislación, aunque de manera tímida, evitar la proliferación de ”chiringuitos“ universitarios con el endurecimiento de la ley aprobada en 2021, y está redactando una nueva legislación para evitar el mismo problema en la Formación Profesional”, no tiene previsto tomar medidas en Infantil, Primaria, Secundaria o en Bachillerato. “El proceso de mercantilización afecta al sistema en su conjunto, por lo que el Gobierno debería de ser más valiente y tomar medidas profundas para revertir el proceso”, advierten los autores.

Sus propuestas pasan por aumentar la inversión —la cifra mágica está en el 7% del PIB y España no llega al 5%—, recuperar el papel del Estado como garante del derecho a la educación mediante un aumento de la oferta pública o incluso, ha llegado a decir Teresa Esperabé, secretaria general de la Federación de Educación de CCOO, una moratoria por la que se prohíba abrir universidades privadas los próximos diez años.

Mientras, recuerda CCOO, el sector se agota y el conflicto crece. “La insatisfacción en la comunidad docente es evidente. El empeoramiento de las condiciones laborales del profesorado, la falta de adaptación de los centros a las emergencias provocadas por el cambio climático, la falta de apoyo de las administraciones educativas a la enseñanza pública, la no recuperación de las condiciones laborales anteriores a la crisis de 2008, la falta de medios para poder tratar la diversidad en las aulas, el incremento de la burocracia y la pérdida de la democracia en los centros, han transformado a los claustros en órganos de escasa utilidad y a los y las docentes en meros tecnócratas, alejados de su función educativa”, describe el informe. Y las huelgas se suceden por todo el país, llevando al sistema al límite.

España cae en picado y se aleja de su entorno. Euskadi, la Comunitat Valenciana y Navarra (algo menos) van al vagón de cola de los resultados. El alumnado tiene problemas de atención con textos por encima de las 400 palabras (lo que cabe en una pantalla). Los estudiantes en hogares de renta alta rinden peor, algo inédito, mientras el apoyo familiar percibido disminuye, aunque se mantiene por encima de la media.

La publicación, este martes, de los resultados de PISA 2025 ha supuesto un revolcón para el sistema educativo español, que cae a mínimos históricos (o los roza) en las tres categorías analizadas: Ciencia, Matemáticas y Lectura. Los datos confirman la tendencia bajista que arrastraba en las últimas ediciones de la principal prueba de desempeño educativo del mundo, que se realiza cada tres años.

España no es ajena al descenso generalizado de los resultados, aunque sí exacerba la caída, de manera que se aleja de los países de referencia y de las medias tanto de la OCDE como de la Unión Europea.

Tras conocer los resultados, las preguntas se acumulan. ¿Qué está pasando en España? ¿Son las pantallas —o internet y las redes sociales— responsables últimos de la caída, como sostiene la OCDE? ¿Por qué empeora el colectivo que mejor rendía hasta ahora? ¿Tiene algo que ver la nueva Ley de Educación —la LOMLOE— en los resultados?

¿Por qué cae más España?

No hay una respuesta definitiva, pero los expertos tienen teorías. Elena Sintes, jefa de Proyectos de Investigación en la Fundación Equitat.org, ofrece un argumento que no se esgrime mucho: “Tenemos un sistema social complejo, con niveles de pobreza infantil muy elevados. En España, casi un cuarto de población infantil se encuentra en riesgo de pobreza y eso correlaciona con los resultados. Con soluciones solo educativas no vamos a mejorar los resultados. Debemos mejorar las condiciones de niños y niñas para mejorar sus condiciones de educabilidad. Analizamos qué pasa en los centros y con los chavales, como si no hubiera sociedad que lo sostenga. La pobreza infantil puede explicar parte de los resultados respecto a otros países sin estas tasas tan elevadas”, reflexiona.

Enric Prats, profesor de Pedagogía de la Universidad de Barcelona, habla de “la falta de medidas correctoras en los últimos 15 años” y cómo “en la última década hemos estado distraídos con otros temas, que no eran los importantes”. También sostiene este experto que “ninguna comunidad autónoma ha invertido en políticas de lectura” y en algunas, como Catalunya, “ningún consejero dura más de una legislatura”, lo que impide desarrollar políticas a medio plazo.

Lucas Gortázar, director del área de Educación de EsadeEcPol, explica que “España es uno de los dos únicos países del mundo donde se reduce el alumnado de alto rendimiento de origen desfavorecido a la vez en Lectura y en Matemáticas”.

De las pantallas...

Con carácter general, pero válido para España también, la OCDE señaló los aparatos electrónicos como principal causa de la caída del rendimiento, aunque, como es habitual en la organización, lo hace sin acabar de afirmarlo. “Hay muchos ítems que señalan en esa dirección. Tiene más que ver con eso que con políticas concretas, porque vemos patrones similares en diferentes países con diferentes políticas. Está el desarrollo tecnológico de la última década, que cuando hay menos uso de las pantallas hay mejores resultados...”, explicó Tue Halgreen, analista de la OCDE, en la presentación de los resultados.

Sintes comparte “bastante” el análisis de la organización. “No tanto por las pantallas en sí mismas”, matiza, “sino por el tipo de dinámica que generan en cuanto a la reducción de la atención a través de mensajes muy rápidos y acelerados. Es una lectura rápida, superficial, que cambia de un tema a otro sin profundizar. Y eso detecta PISA: el alumnado tiene menos capacidad de hacer una lectura profunda y hay menos persistencia ante tareas difíciles”, explica.

... a la lectura y la falta de atención

El problema de fondo, explica la OCDE, es cómo la lectura en internet y las dinámicas que imponen las redes sociales afectan a la capacidad de atención y concentración con la lectura de los jóvenes. El alumnado se empieza a perder cuando los textos superan las 400 palabras, un pantallazo de ordenador, refleja la prueba.

Para Anna Maria Margallo, profesora del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials de la Universitat Autónoma de Barcelona, “es un problema relacionado con la extensión de los textos, pero, sobre todo, con las habilidades necesarias para extraer información, elaborar un esquema mental y utilizar estrategias más exigentes, como la valoración crítica y el contraste de información”. “Esto ocurre en todos los ámbitos”, añade.

Margallo, como Sintes, creen que el problema se refleja hoy con claridad en los jóvenes, pero no se limita a ellos. “Estamos en una sociedad cada vez menos lectora. La información ya no depende exclusivamente de la lectura, tanto en el mundo adulto como en el adolescente. La fragmentación en el acceso a la información sería otro factor. También ha disminuido la presencia de los textos y el lugar que ocupa la lectura de textos literarios e informativos en la vida académica”, sostiene la profesora universitaria.

“El ecosistema social educativo en el que se están educando es un contexto mucho más acelerado del que podía haber años atrás”, complementa Sintes.

La caída del alumnado excelente

El bajón de rendimiento de parte del alumnado socialmente más acomodado, que históricamente rinde bien en educación y por tanto en PISA, es uno de los elementos que más ha sorprendido a los analistas. “Las partes más acomodadas de la sociedad nunca habían explicado una caída en este tipo de pruebas”, admite el director del área de Educación de EsadeEcPol.

El fenómeno también es global aunque, de nuevo, se aprecia con mayor intensidad en España. En este colectivo, “los resultados en lectura caen 33 puntos en España —y 20 en la media OCDE—, el doble de la caída del resto de cuartiles” de renta, describe Gortázar. “Ocurre algo semejante en matemáticas y ciencias, lo que implica que algo ha ocurrido entre el alumnado de nivel socioeconómico alto de los países más ricos entre 2022 y 2025”, continúa. Y aclara: “La OCDE precisa que esta caída se concentra en alumnos de nivel socioeconómico alto pero con resultados más bien bajos”.

¿Qué ha pasado? No hay una respuesta absoluta. “Hay que investigar si es un tema de apatía o de falta de interés en la prueba”, introduce el analista. Hay otros ítems que muestra el informe, que podrían explicar esta caída, como el “apoyo familiar percibido” que, según PISA, todavía “se mantiene por encima del promedio OCDE” en España.

Sintes opina que “ese colectivo tenía una ventaja asociada a la condición familiar, que parece que está teniendo menos influencia de la que tenían tradicionalmente, seguramente por la mediación de las pantallas”. Y vuelve sobre el mismo asunto que sale a la palestra una y otra vez: “La ventaja que podían tener por vivir en familias que leían, que tenían un contexto cultural más rico, está siendo sustituido por una atención a las pantallas y la distracción que comportan los aparatos, y eso resta capacidad de atención”.

¿Qué pasa en Euskadi?

Otro de los elementos que más llamativos del informe es la caída de Euskadi, la comunidad de España que más invierte en educación por alumno. La consejera vasca, Begoña Pedrosa, ha enmarcado este martes los malos resultados en el “descenso generalizado” en todo el país, en Europa y a nivel internacional. Ella, ha insistido, dispone de una “fotografía más actualizada”. En su propia evaluación, presentada la semana pasada, el gobierno vasco ha diagnosticado una “tendencia positiva” en “todas las competencias”, tanto al final de Primaria como de Secundaria, que no se ve en PISA.

Gortázar tiene una explicación “más incómoda” en torno a dos ejes. “Por un lado, en los últimos 20 años el modelo D de inmersión en euskera, que funcionaba muy bien, ha subido desde el 45%-50% [de implantación que había tenido históricamente] y lo que funciona en una escala más controlada, se hace más difícil cuando lo intentas universalizar. Intentar doblegar un fenómeno global, como es educar en una lengua diferente a la materna, acaba cayendo por su propio peso. En las últimas ediciones, se ha visto que al alumnado castellanohablante en el modelo de inmersión le va bastante peor. En la pública es prácticamente todo inmersión y en la concertada, hay mucha”, reflexiona.

El otro argumento va en línea con las explicaciones que ofrece la OCDE sobre la caída global. “Hay estudios que indica que un uso moderado de la tecnología en las aulas —entre una y dos horas al día— con una intencionalidad pedagógica es positivo. Sin embargo, desde 2015, en Euskadi, hay una proporción de centros que la utilizan más de tres horas al día. Sería el país de la OCDE con mayor uso”, sostiene.

¿Tiene culpa la LOMLOE?

PISA 2025 es la primera edición que se celebra con la LOMLOE ya instalada —teóricamente— en las aulas, lo que ha dado pie a ciertos sectores a señalar la ley educativa de este Gobierno como responsable de la caída. El secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, negó este lunes la mayor. “No tiene que ver. El descenso es tan general que no hay que relacionarlo con una normativa específica”, afirmó antes de asegurar que, precisamente, esa norma “insiste en la lectura comprensiva”. A su lado, el analista de la OCDE Tue Halgreen confirmaba que las razones de la caída van más allá de “políticas concretas”.

El profesor de la Universitat de Barcelona Prats Gil coincide con el Ministerio. “La aplicación de la LOMLOE no va más allá de pocos años, además de que las políticas educativas son mucho más amplias que las que pueda definir una ley. Su despliegue corresponde a los gobiernos autonómicos y, en última instancia, a las escuelas”, ha recordado en declaraciones al SMC España.

Una implantación que, por otro lado, no se está produciendo al ritmo deseable, tercia Toni Solano, director del IES Bovalar de Castellón. “Tenemos una escuela obsoleta, que no se centra en procesos sino en la memoria y en los exámenes memorísticos, muy dependiente de textos, fotocopias y libros de texto”, dispara. Elementos todos que la LOMLOE trata de revertir.

“Seguimos sin aprovechar el tiempo del aula para trabajar como toca”, lamenta el profesor, que recela del papel “hegemónico” de los libros de texto. “En ese modelo, los chavales van a hacer todos los ejercicios con la IA”, señala, mientras “si se trabajara competencialmente, desarrollando proyectos, diseñando actividades por parte del alumnado y evaluándolas en clase con supervisión directa, tal vez los aprendizajes serían sólidos”.

¿Destaca, para bien, en algo España?

En varios aspectos, recuerda Tatiana Íñiguez Berrozpe, profesora titular de Sociología y vicedecana de Tecnologías de la Información y la Comunicación en la facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza en declaraciones al SMC, pero con menos glamour y, por tanto, menos titulares.

“Hay variables en las que España está en los primeros puestos, mientras países de alto rendimiento quedan muy por debajo: el sentimiento de pertenencia al centro, la convivencia, los niveles muy bajos de bullying, la perseverancia o la curiosidad. Esto es lo que el ranking no recoge y es buena parte de lo que una escuela hace cada día. Sin duda, también debería ser un objetivo prioritario de la educación”, sostiene.

También está la equidad de la escuela, una de las fortalezas de España PISA tras PISA. Las diferencias entre el alumnado que más rinde y el que menos son inferiores a la media de la OCDE y de la UE, lo que habla de un sistema que consigue corregir algunas de las desigualdades de origen entre el alumnado. Pero esa virtud también es un reto, porque la igualdad se logra “a cambio de tener un nivel de excelencia bastante reducido”, recuerda la analista Sintes. Y “es un reto importante”, añade, “porque en ese grupo es donde ha bajado más la capacidad lectora”.

¿Sabes cuánto son 400 palabras? No llega a un folio de Word, es más o menos lo que entra en un pantallazo de ordenador. Pues esa es la longitud máxima que debe tener un texto para que el estudiantado de 15 años lo pueda asumir sin problemas, según la OCDE. Por encima de eso se empiezan a perder.

Eso explicó ayer un analista de la OCDE cuando le preguntamos a qué se debe el desplome en los resultados de medio mundo en general y de España en particular en PISA que os estamos contando hoy (por eso también este boletín llega algo más tarde, teníamos que esperar a las 9.30 para publicar y no tenía sentido enviar el boletín sin PISA). Ya sabes que PISA es una prueba que se hace cada tres años al alumnado de 4º de la ESO (el final de la educación obligatoria) y con la que hacemos titulares casi siempre muy catastrofistas sobre el estado de la educación. Hoy se ha publicado, aquí te dejo nuestra pieza sobre el informe. Y esta edición igual sí merece el catastrofismo.

Porque la caída de España se produce en un contexto generalizado de caídas, pero es mayor. Y pasan cosas como que las comunidades que mejor rendían también empeoran y las que peor lo hacían no. Y que Catalunya no ha participado y, si España se desploma, Euskadi está por los suelos y no está claro por qué. Como tampoco tiene idea alguna el Ministerio de por qué ha caído el rendimiento de los estudiantes que mejor lo hacían. Muchas preguntas, pocas respuestas. Irán llegando.

La OCDE suele ser reacia a las certezas y se maneja mejor en los “creemos” o “hay correlación”, pero Halgreen, el analista, vino ayer a señalar las pantallas como causantes de (casi) todos los males. Explica la organización que hay “muchos ítems” que apuntan en esa dirección, entre ellos internet y cómo leen los jóvenes ahora. Que las redes, la red, los móviles, etc. son una distracción y han aniquilado la capacidad de atención del alumnado. Un alivio para el secretario de Estado de Educación que, sentado a su lado, pudo decir que la Lomloe no tiene nada que ver con el desplome en el rendimiento.

Por cierto, esto que has leído hasta aquí son 400 palabras.

Sigo.

El informe contiene una cantidad ingente de información, por ítems y por comunidades autónomas, que iremos desgranando estos días. Habla de repetición (estamos mal), de equidad (bien), del uso de la IA, de pertenencia al centro, de apoyo familiar, de género, de inmigrantes y de muchas cosas más.

El texto sirve también para dar pistoletazo de salida al curso escolar, que ha empezado ya básicamente en toda España. Un curso que arranca con conflictos docentes de diferente alcance en varias comunidades y huelgas confirmadas en las tres más grandes y con más profesorado (indefinida en Madrid, puntuales de momento en Andalucía y Catalunya, esta última hoy mismo). Por este lado, pocas novedades: el año académico empieza exactamente igual que acabó el pasado.

Es, además, el último curso de “la legislatura del profesorado”, tal y como la han llamado las dos ministras que ha habido estos cuatro años. Tanto Pilar Alegría como Milagros Tolón pensaban —piensan— en las reformas normativas que el Ministerio de Educación está tratando de aprobar este curso para mejorar la situación del profesorado: menos horas semanales de clase y ratios más pequeñas son las primeras, ya en trámite en el Congreso (la mala noticia es esa misma, que depende del Congreso para salir adelante y el Gobierno no tiene muchos amigos ahora mismo en la Cámara Baja). Oposiciones y condiciones de los centros educativos esperan turno.

Es casi año electoral, las medidas que plantea el Gobierno son caras y negociar con los sindicatos desgasta. El sistema, el profesorado, está al límite y aunque de momento las quejas se dirigen contra las comunidades autónomas (que tienen las competencias) haría bien Educación en no relajarse. Y los resultados de PISA no le van a ayudar, por mucho que medio mundo esté igual.

Lo dejamos aquí hoy. Un boletín más corto para ir empezando el curso sin agobios, como los escolares, y el martes que viene cogemos ya ritmo de crucero.

PISA 2025 es un varapalo para España. En un contexto de caída generalizada, el país baja más que su entorno más cercano, de manera que se aleja de las medias y pierde parte de lo que recuperó en la edición de 2022. Pero PISA no muestra solo los resultados del alumnado por comunidades autónomas. La riqueza del informe está en los detalles que ofrece, que van desde el rendimiento por género hasta la “curiosidad” del alumnado —donde España sale bastante bien parada—, pasando por el uso de la IA.

Ahora son las pantallas. En 2022 se culpó al cierre por la pandemia, pero han pasado tres años, la caída registrada por España en PISA esta edición es aún mayor que aquella vez, es sostenida en el tiempo, y hay que buscar otros factores. La OCDE, organizadora de la principal prueba de desempeño educativo del mundo, cree que el problema son los móviles, tablets y todo tipo de dispositivos y cómo impactan en la capacidad de atención del alumnado. Es la explicación que dieron en una rueda de prensa, con pocas certezas y muchas “correlaciones” y “creemos”, el analista de la organización Hue Halgreen y el secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa.

Los datos en frío cuentan que España cae significativamente en todas las categorías analizadas. En este trienio, desciende ocho puntos en Ciencia (de 485 a 477), la que menos, pero 23 en lectura (de 474 a 451) y 16 en Matemáticas (de 473 a 457). En las tres materias, el país sigue por debajo de la OCDE y de la Unión Europea, como ya sucedía en la edición de 2022, pero con mayores diferencias este año: la OCDE está en 486 puntos en Ciencia, 466 en Lectura y 469 en Matemáticas. En dos ediciones de PISA la lectura ha caído 45 puntos en España, cuando un curso completo equivale a 20.

El análisis de los datos muestra también que, con carácter general, las comunidades autónomas que mejor rinden siguen siendo las del norte (Madrid, Asturias, Cantabria y Castilla y León copan las tres primeras plazas en las tres categorías), aunque todas han empeorado su rendimiento, y las más flojas son las del sur (Ceuta, Melilla, Andalucía y Canarias), que sin embargo se mantienen en puntuaciones similares a las de la anterior edición.

Pero Euskadi ha roto esa lógica este año, como hizo Catalunya el pasado. La comunidad que más invierte en Educación cae con estrépito y solo queda por encima de las dos ciudades autónomas en esta edición, algo similar a lo que le ha sucedido en la Comunitat Valenciana. Catalunya ha sido excluida en parte de los análisis por un error en la muestra de alumnado que hizo el examen.

Los resultados de España no son aislados, siguen la tendencia global. En total, 56 de los 74 sistemas educativos con datos comparables desde 2018 (tres de cada cuatro) registraron una caída estadísticamente significativa en lectura. En el conjunto de la OCDE, el descenso medio fue de 25 puntos.

Los responsables de la organización y del Ministerio han destacado también que la mayor caída en rendimiento se ha dado entre el alumnado que mejor rinde habitualmente, un fenómeno para el que el secretario de Estado no ha sido capaz de ofrecer una explicación. También ha destacado positivamente el número dos del departamento que dirige Milagros Tolón la “equidad” del sistema español, en el que no hay demasiados estudiantes excelentes (apenas un 4% de alumnado en los dos grupos de más rendimiento), pero tampoco en el otro extremo (un 6% en los dos grupos de menos rendimiento).

Además, las diferencias entre los peores y los mejores son más pequeñas que en otros países con resultados equiparables. El informe también destaca que el uso habitual de la Inteligencia Artificial (IA) correlaciona con los resultados educativos.

Resultados “a mejorar”

De la Rosa ha admitido que son “resultados a mejorar”, pero también ha matizado que “hay que entenderlos en el contexto del descenso global significativo a nivel mundial” y ha descartado que tengan relación alguna con la Lomloe, aprobada por este Gobierno a finales de 2020 y que en la anterior edición no estaba en las aulas todavía. “Esto no tiene que ver con la Lomloe. El descenso es tan general que hay que considerarlo dentro de un contexto”, ha expresado.

Halgreen no se ha pronunciado sobre la ley nacional, pero sí ha coincidido con el número dos del ministerio en que no se pueden analizar los resultados de España de manera aislada del resto del planeta.

Redes, pantallas y atención

Tras los datos, las interpretaciones. Con todas las precauciones que ha sido capaz de expresar, el analista Halgreen ha señalado que la caída generalizada en los resultados de la mayoría de los países se debe en último término al uso de las pantallas (ha dicho “devices”, en inglés). “No hay que mirar los datos de España de manera aislada”, le ha echado un capote a De la Rosa. Nada que no lleve tiempo diciendo el profesorado.

“Vemos resultados similares en todos los países. La razón por la que creemos que tiene que ver con los aparatos es que hay muchos ítems [apuntando en esa dirección]. Tiene más que ver con eso que con políticas concretas. [Está] el desarrollo tecnológico en la última década, [también que] cuando hay menos uso de las pantallas hay mejores resultados... Y los estudiantes tienen problemas con textos largos. Si el texto es más largo de 400 palabras tienen más dificultades”, ha reflexionado. Y, como ha explicado a continuación, la lectura es la puerta de entrada a todos los problemas..

[A modo de referencia: este texto tiene 800 palabras en este punto, el doble de lo que tolera un estudiante medio, según Halgreen].

La OCDE desarrolla esta cuestión por escrito en el documento de análisis que acompaña los resultados de PISA. “Las tasas de éxito que descendieron más rápidamente se observaron en las tareas que utilizaban textos más largos como estímulo. Entre 2018 y 2022, las tasas de éxito disminuyeron especialmente en las tareas de lectura que implicaban procesos de mayor nivel, como evaluar y reflexionar, que requieren una lectura atenta, recordar e integrar múltiples elementos de información, en ocasiones procedentes de varias fuentes. Por el contrario, las tareas menos afectadas fueron aquellas que exigían a los estudiantes localizar un único elemento de información. (...) En un periodo más amplio (2018-2025), los descensos son más uniformes (...), pero las dificultades relacionadas con la longitud de los textos siguen siendo un factor importante del descenso general”.

Y estas dificultades “podrían estar relacionadas”, dice la organización, “con la capacidad o la disposición de los estudiantes para mantener una atención concentrada ante tareas de lectura exigentes”. La proporción de lectores precisos y fluidos disminuyó aproximadamente siete puntos porcentuales entre 2018 y 2025, pone como ejemplo la OCDE, mientras la de “lectores precipitados” —aquellos que responden rápidamente, pero de forma incorrecta— aumentó unos cinco puntos porcentuales, pasando de casi el 7% en 2018 al 11% en 2025, de media.

Además, el rendimiento disminuyó a lo largo de toda la prueba de lectura, pero lo hizo con mayor intensidad en las partes finales que en las iniciales. “Esto parece coherente con los dos resultados anteriores: sugiere que la atención, la persistencia o la confianza de los estudiantes ante tareas difíciles disminuyeron con el tiempo”, escribe la organización.

Y todo apunta, señala la OCDE, a que este déficit de atención es responsabilidad de las pantallas. El informe sostiene que el incremento de la “lectura apresurada”, unido al peor rendimiento en las tareas de lectura compleja, es “fácilmente relacionable con la creciente tendencia hacia la lectura digital”, aunque matiza que “no se puede afirmar con certeza”.

La hipótesis es que la forma de consumir información en internet —especialmente el scrolling y el consumo rápido de contenidos en redes sociales— puede estar “empeorando la habilidad y la motivación” del estudiantado para afrontar “textos complejos y buscar información”. Desde 2022, apunta el texto, ha aumentado casi seis puntos porcentuales el porcentaje de estudiantes que afirma utilizar dispositivos digitales durante más de una hora diaria para navegar por redes sociales.

Halgreen ha explicado que existe una correlación negativa entre el uso del móvil con fines de ocio y los resultados académicos y ha reconocido que es más eficaz –en términos de resultados– prohibir con carácter general que dejarlo en manos del profesorado. La “buena noticia” en esa línea es que en España un 86% de los colegios prohíben los teléfonos, frente al 49% de media OCDE.

El aviso estaba ahí

El informe –una fuente ingente de información que interesa sobre todo a los teóricos de la educación, más que al profesorado– apunta también que la caída en el rendimiento del alumnado no se ha producido en Secundaria de manera repentina y que, aunque se exacerbó con la pandemia, no viene de ahí. Ya estaba cayendo antes de 2020.

Para ello, recurre a PIRLS, una prueba para alumnado de 9-10 años que anticipaba en sus ediciones de 2016 y 2021 lo que cristalizó después en PISA. Habla la OCDE de elementos vinculados a “experiencias anteriores, en la infancia”, que incluyen el entorno familiar, el desarrollo temprano de la lectura y la escolarización previa.

PISA ahonda en esto para la Secundaria, tercia Lucas Gortázar, director del área de Educación de EsadeEcPol. El informe explica, siempre con cautelas, peros y matices, que los estudiantes de la OCDE admiten haber realizado menos esfuerzo en PISA 2025 que en las ediciones anteriores, y además ha disminuido –con carácter general– el porcentaje de alumnos que se declara “curioso”, un descenso que correlaciona con los sistemas donde más han caído las puntuaciones de lectura, aunque España destaca en este apartado.

También se relata en el texto una relación entre la percepción que tiene el estudiantado de la escuela y su rendimiento: los países y economías donde aumentó más la proporción de alumnos que consideran que la escuela es una “pérdida de tiempo” también registraron mayores caídas en lectura.

“Es un cóctel”, opina Gortázar, de “IA, desafección, absentismo, que además explicaría que las comunidades más ricas estén cayendo y las menos favorecidas no”.

La vuelta al cole supone cada año un importante desembolso para las familias, pero una parte de esos gastos puede traducirse después en un ahorro en el IRPF. Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) recuerdan que las comunidades autónomas cuentan con deducciones vinculadas a libros de texto, material escolar, guarderías, idiomas y otras actividades educativas, aunque las condiciones varían según el lugar de residencia. Los gastos realizados este año podrán deducirse, cuando corresponda, en la declaración de la Renta de 2026, que se presentará entre abril y junio de 2027.

Entre las ventajas más extendidas aparecen las relacionadas con los libros de texto y el material escolar. Canarias, Aragón, Asturias y Baleares permiten deducir el 100% de estos gastos, aunque con diferentes límites y topes de ingresos, mientras que Castilla-La Mancha contempla el 100% exclusivamente para la compra de libros. Extremadura establece una deducción de 15 euros por hijo, Murcia alcanza los 120 euros para material escolar y Madrid permite desgravar el 15% de determinados gastos de escolaridad.

De los libros a las clases de idiomas

Las deducciones pueden extenderse también a academias y actividades extraescolares. Aragón permite deducir el 25% por clases extraescolares, mientras que Andalucía contempla un 15% de las cantidades destinadas a enseñanza escolar o extraescolar de idiomas, informática o ambas materias. Baleares, Madrid y Murcia incorporan igualmente una deducción del 15% por el gasto en clases extraescolares de idiomas.

Las diferencias territoriales afectan asimismo a los gastos de guardería y escolarización privada de los menores de tres años. Gestha señala que este tipo de deducciones autonómicas son habituales, con distintos porcentajes, en Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, La Rioja y la Comunidad Valenciana. La escolarización pública hasta los tres años se fue implantando de forma gratuita y progresiva desde el curso 2022-2023, mientras que los gastos en centros privados pueden complementar la deducción estatal por maternidad.

Hasta 1.000 euros adicionales por gastos de guardería

Al margen de las deducciones autonómicas existe un beneficio estatal para las familias con niños pequeños. La deducción por maternidad puede incrementarse hasta en 1.000 euros anuales cuando quien tenga derecho a ella haya pagado gastos de custodia de un hijo menor de tres años en guarderías o centros de educación infantil autorizados. Este incremento se suma a la deducción estatal por maternidad para quienes cumplan las condiciones que dan acceso a esta última.

Los datos de Gestha muestran, sin embargo, que su utilización es limitada. Según las estadísticas del IRPF de 2024, 796.576 declarantes utilizaron la deducción por maternidad, de los cuales 723.582 fueron madres. En cuanto al incremento por gastos de guardería o centros de educación infantil autorizados, fue aplicado por 437.645 declarantes, de los que 409.718 eran madres. En total se dedujeron 251,8 millones de euros por este concepto, con una cuantía media de 575 euros.

Guardar las facturas para poder aplicar la deducción

Los porcentajes anunciados no implican que todas las familias puedan recuperar automáticamente esas cantidades. Cada comunidad determina los límites máximos deducibles y los umbrales de base imponible que no deben superarse para acceder a sus beneficios fiscales. Por eso, dos contribuyentes con un gasto educativo similar pueden obtener resultados diferentes en función de su residencia y de las condiciones establecidas para cada deducción.

Gestha recomienda, además, conservar las facturas y justificantes de los gastos educativos que puedan generar derecho a deducción. Libros de texto, material escolar, uniformes, idiomas, actividades extraescolares o guarderías reciben un tratamiento distinto según el territorio y no basta con haber realizado el desembolso: el contribuyente debe cumplir los requisitos correspondientes y poder acreditar las cantidades satisfechas cuando llegue el momento de presentar la declaración.

El Govern balear ha votat aquest divendres en contra de la proposta de reforma del sistema de finançament autonòmic presentada pel Ministeri d'Hisenda i aprovada en el Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF). El model ha tirat endavant amb el vot favorable de l'Executiu central, Catalunya i les Canàries, enfront del rebuig de la resta de comunitats presents.

El vicepresident primer i conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, Antoni Costa, ha defensat el rebuig de les Illes “amb total convicció”, en considerar que la proposta no recull “ni una sola de les reclamacions unànimes” plantejades per Balears. Segons ha assenyalat la Conselleria en un comunicat, el nou model no contempla adequadament la insularitat, la població flotant, el creixement demogràfic ni el principi d'ordinalitat.

Costa ha acusat, a més, el Ministeri d'Hisenda d'haver presentat un model “imposat” i sense marge real de negociació. “Ens han servit un plat de llenties”, ha retret el conseller. El també portaveu del Govern ha atribuït la reforma a les necessitats polítiques del president del Govern, Pedro Sánchez, i als seus compromisos amb Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), unes crítiques que es produeixen en un context en què el nou model parteix de l'acord assolit per l'Executiu central amb Catalunya i compta amb el suport d'aquesta comunitat en el CPFF.

Balears reclama més pes de la insularitat

Una de les principals objeccions del Govern és el tractament de la insularitat. Costa ha assegurat que Balears havia reclamat que aquesta variable tingués més pes en el càlcul dels recursos que reben les comunitats, i ha retret que la proposta, al seu parer, “no només no ho fa, sinó que redueix el pes de la variable”.

L'Executiu balear també considera insuficient el tractament del creixement demogràfic i de l'anomenada població flotant. Costa ha recordat que la població de les Illes ha augmentat un 50% en els darrers 20 anys i ha destacat que l'arxipèlag rep cada any milions de turistes i treballadors temporals que utilitzen els serveis públics, sense que aquesta població tingui, segons el Govern, un reflex suficient en el sistema de finançament.

Un altre dels punts de discrepància és el principi d'ordinalitat. Balears reclama que les comunitats que més aporten al sistema no acabin ocupant posicions molt inferiors pel que fa als recursos rebuts per habitant. “Nosaltres som els segons que més diners aportem al sistema de finançament, però som els desens a l'hora de rebre recursos”, ha afirmat Costa. “Volem ser els segons a aportar, però també els segons a rebre”.

El nou model preveu precisament un major finançament per al conjunt de les autonomies de règim comú. Hisenda calcula que suposarà prop de 21.000 milions d'euros addicionals a partir del 2027. La proposta incrementa, entre altres mesures, la participació autonòmica en l'IRPF del 50% al 55% i en l'IVA del 50% al 56,5%, a més d'augmentar els recursos aportats directament per l'Estat.

El Govern tem una pèrdua d'autonomia fiscal

Costa també ha expressat el seu rebuig a qualsevol mecanisme que pugui acabar obligant les comunitats a apujar determinats impostos. El conseller ha advertit que el Govern de Marga Prohens considera una “línia vermella” qualsevol reducció de l'autonomia fiscal de les Balears.

“El Govern de Marga Prohens ha abaixat els impostos i ha eliminat l'impost de successions perquè així ho van votar els ciutadans de les Balears i aquest Govern no tolerarà que se'n redueixi l'autonomia fiscal i que ens obliguin a apujar els impostos”, ha incidit.

L'aprovació del CPFF no suposa encara l'entrada en vigor del nou sistema. El projecte haurà de passar primer pel Consell de Ministres i, posteriorment, pel Congrés dels Diputats, on la seva tramitació es presenta incerta. Junts ja ha anunciat una esmena a la totalitat. A més, el nou model es planteja sobre una base voluntària: les comunitats podran romandre en el sistema vigent, aprovat el 2009 i caducat des del 2014, si decideixen no incorporar-se al nou esquema.

El Govern balear ha votado este viernes en contra de la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica presentada por el Ministerio de Hacienda y aprobada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). El modelo ha salido adelante con el voto favorable del Ejecutivo central, Catalunya y Canarias frente al rechazo del resto de comunidades presentes.

El vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha defendido el rechazo de las Islas “con total convicción” al considerar que la propuesta no recoge “ni una sola de las reclamaciones unánimes” planteadas por Balears. Según ha señalado la Conselleria en un comunicado, el nuevo modelo no contempla adecuadamente la insularidad, la población flotante, el crecimiento demográfico ni el principio de ordinalidad.

Costa ha acusado además al Ministerio de Hacienda de haber presentado un modelo “impuesto” y sin margen real de negociación. “Nos han servido un plato de lentejas”, ha reprochado el conseller. El también portavoz del Govern ha atribuido la reforma a las necesidades políticas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a sus compromisos con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), unas críticas que se producen en un contexto en el que el nuevo modelo parte del acuerdo alcanzado por el Ejecutivo central con Catalunya y cuenta con el respaldo de esta comunidad en el CPFF.

Balears reclama más peso de la insularidad

Una de las principales objeciones del Govern es el tratamiento de la insularidad. Costa ha aseverado que Balears había reclamado que esta variable tuviera un mayor peso en el cálculo de los recursos que reciben las comunidades, recriminando que la propuesta, a su juicio, “no sólo no lo hace, sino que reduce el peso de la variable”.

El Ejecutivo balear también considera insuficiente el tratamiento del crecimiento demográfico y de la llamada población flotante. Costa ha recordado que la población de las Islas ha aumentado un 50% en los últimos 20 años y ha destacado que el archipiélago recibe cada año millones de turistas y trabajadores temporales que utilizan servicios públicos sin que esta población tenga, según el Govern, un reflejo suficiente en el sistema de financiación.

Otro de los puntos de discrepancia es el principio de ordinalidad. Balears reclama que las comunidades que más aportan al sistema no terminen ocupando posiciones muy inferiores en recursos recibidos por habitante. “Nosotros somos los segundos que más dinero aportamos al sistema de financiación, pero somos los décimos a la hora de recibir recursos”, ha afirmado Costa: “Queremos ser los segundos en aportar, pero también los segundos en recibir”.

El nuevo modelo prevé precisamente una mayor financiación para el conjunto de las autonomías de régimen común. Hacienda calcula que supondrá cerca de 21.000 millones de euros adicionales a partir de 2027. La propuesta incrementa, entre otras medidas, la participación autonómica en el IRPF del 50% al 55% y en el IVA del 50% al 56,5%, además de elevar los recursos aportados directamente por el Estado.

El Govern teme una pérdida de autonomía fiscal

Costa también ha expresado su rechazo a cualquier mecanismo que pueda terminar obligando a las comunidades a elevar determinados impuestos. El conseller ha advertido de que el Govern de Marga Prohens considera una “línea roja” cualquier reducción de la autonomía fiscal de Balears.

“El Govern de Marga Prohens ha bajado los impuestos y ha eliminado el impuesto de las herencias porque así lo votaron los ciudadanos de Balears y este Govern no tolerará que se reduzca su autonomía fiscal y que nos obliguen a subir los impuestos”, ha incidido.

La aprobación del CPFF no supone todavía la entrada en vigor del nuevo sistema. El proyecto deberá pasar primero por el Consejo de Ministros y posteriormente por el Congreso de los Diputados, donde su tramitación se presenta incierta. Junts ya ha anunciado una enmienda a la totalidad. Además, el nuevo modelo se plantea sobre una base voluntaria: las comunidades podrán permanecer en el sistema vigente, aprobado en 2009 y caducado desde 2014, si deciden no incorporarse al nuevo esquema.

‘Sucede Extremadura’. Este es el lema elegido este año por la Junta de Extremadura para conmemorar el Día de Extremadura, una expresión que pretende reflejar el momento que atraviesa la comunidad y que incorpora, además, un guiño al músico extremeño Roberto Iniesta, Robe, fallecido en diciembre de 2025.

La portavoz de la Junta, Elena Manzano, ha presentado este lunes los detalles de la celebración, cuyo acto institucional tendrá lugar el próximo 7 de septiembre, a partir de las 21.30 horas, en el Teatro Romano de Mérida. En él se entregarán las Medallas de Extremadura concedidas este año al nadador cacereño Guillermo Gracia, al activista por los derechos LGTBI y presidente de Fundación Triángulo, José María Núñez, y al Museo Nacional de Arte Romano (MNAR), dirigido por Trinidad Nogales.

La cuarta Medalla, otorgada al futbolista extremeño Pedro Porro, no se entregará durante esta ceremonia. Manzano ha explicado que el jugador se encuentra inmerso en las competiciones deportivas y que la Junta ha decidido posponer la entrega para organizar un acto específico en el que pueda recibir “todo el protagonismo” y que “todo el pueblo extremeño lo pueda disfrutar y sacar pecho de este gran campeón”.

El lema y el homenaje a Robe

El lema escogido por el Ejecutivo autonómico está vinculado directamente con la identidad cultural extremeña. Los colores, las letras y los elementos decorativos del cartel, diseñado por la propia Junta con recursos propios, están inspirados en la portada del álbum ‘Agila’, que Extremoduro publicó en 1996 y que incluye la canción ‘Sucede’. Manzano ha definido esta referencia como un guiño “sentido y especial” a Roberto Iniesta, Medalla de Extremadura en 2014.

La portavoz ha señalado que la frase posee “una fuerte carga simbólica” y que ‘Sucede Extremadura’ pretende representar “la identidad, el sentir y el momento que atraviesa la región”. La campaña quiere transmitir también la idea de una Extremadura que amplía sus fronteras a través de sus creadores, deportistas y profesionales: “Refleja que Extremadura está de moda, que está llegando cada vez más lejos, que está conquistando y enamorando a través de su talento”.

El cartel incorpora la imagen de una mujer joven con el gorro de montehermoseña, una elección con la que se pretende representar una Extremadura en la que “el talento joven no pierde esencia, identidad ni raíces”. El diseño utiliza principalmente los colores fucsia y naranja.

Música extremeña y protagonismo femenino

El acto estará conducido por la presentadora extremeña Raquel Sánchez Silva y contará con la participación de la Orquesta de Extremadura, que interpretará el himno de la comunidad junto a la soprano Pilar Jurado. También actuará el grupo extremeño Sanguijuelas del Guadiana, encargado de cerrar musicalmente la ceremonia y de ofrecer un concierto al día siguiente, 8 de septiembre, Día de Extremadura, en el mismo Teatro Romano.

El discurso ciudadano correrá a cargo de la escritora Inma Rubiales, natural de Almendralejo, cuya elección Manzano ha destacado como representación del “talento joven y la fuerza de las mujeres extremeñas”.

Los encargados de entregar las tres Medallas durante la ceremonia serán Carlos Corcho, uno de los entrenadores de Guillermo Gracia; la presidenta de la Junta, María Guardiola; y Chelo López, trabajadora jubilada del Museo Nacional de Arte Romano.

2.500 invitaciones disponibles desde el 1 de septiembre

La Junta pondrá a disposición de la ciudadanía alrededor de 2.500 invitaciones para asistir al acto del 7 de septiembre, que podrán retirarse a partir del 1 de septiembre en la taquilla del Teatro Romano de Mérida.

La celebración se prolongará al día siguiente con motivo del Día de Extremadura, con el concierto de Sanguijuelas del Guadiana en el mismo escenario. Con ‘Sucede Extremadura’, el Ejecutivo autonómico quiere articular este año la celebración en torno a una idea de identidad vinculada a la cultura, las raíces y el talento, pero también a la proyección exterior de la comunidad.

Como viene sucediendo en los últimos años, este curso empieza en la universidad pública con varios miles de ausencias. Faltarán, al menos, los 17.000 estudiantes que se han quedado fuera de alguno de los 15 ámbitos de estudio que tienen una nota de corte superior al 10 y que, a falta de plazas públicas, han tenido que acudir a un campus privado a buscar lo que no les ofrecía el Estado, según calcula el informe Cuándo, cómo y por qué: factores explicativos del crecimiento de la universidad privada en el sistema universitario español, elaborado por Juan Hernández Armenteros y José Antonio Pérez García, profesores de economía en las universidades de Jaén y Politécnica de València, respectivamente.

El estudio ofrece un exhaustivo repaso de la evolución del sector privado en la educación universitaria en España, que ha pasado de contar con menos de una decena de centros antes del año 2000 para rozar la cincuentena hoy. Entre sus aportaciones más novedosas quizá esté que los autores no se limitan a señalar el argumento recurrente de la falta de financiación de los centros públicos como el mal que todo lo explica en la progresiva privatización de este espacio educativo.

Hernández y Pérez, autores habituales de los informes anuales sobre el estado de la universidad en España que realiza la Conferencia de Rectores (CRUE), apuntan que también existe una parte de responsabilidad de los dirigentes universitarios y las dinámicas de los campus en esta eclosión de campus privados (en la que siempre actúan “de forma determinante las expectativas de rentabilidad que han impulsado la creación de nuevas universidades privadas”).

Porque, cuenta Hernández, los datos dicen que la universidad pública no responde a los deseos formativos de la población —ahí están los 17.000 que no encuentran acomodo en lo público— y eso está influenciado por la disponibilidad de fondos, limitados, pero también por las decisiones que se toman. Los departamentos presionan para defender sus intereses, explica el profesor, para ofertar más títulos y que su profesorado tenga horas de clase que impartir, y los recursos que se destinan a un título no se dedican a otro.

“El área de conocimiento de titulaciones que no están muy demandadas y no tienen potencialidad para ocuparse de sus profesores presionarán para que no se cree un determinado título [de otra área que sí está demandado] porque detrae recursos que podrían ser para ella. Está muy presente todavía ese carácter corporativo, es una realidad en toda la universidad pública que no puede cuestionar nadie. Es un lastre que está ahí”, cierra Hernández, con la experiencia de quien ha pasado por equipos directivos universitarios y asesorado en el Ministerio. También los colegios profesionales presionan para mantener las plazas limitadas, cuenta.

El resultado de estas políticas es que las universidades públicas ofrecen pocas plazas en titulaciones muy solicitadas y demasiadas en otras que no desea cursar mucha gente, explica el informe, ajenas en parte a lo que pide el estudiantado. Y eso, sostiene Hernández, es una dejación de funciones de los mandatarios políticos y los universitarios, responsables de planificar el sector. Hay factores externos que contribuyen al crecimiento de lo privado sobre los que los dirigentes no pueden actuar —el crecimiento de las rentas familiares o la concentración de la población—, pero sobre los internos, sí.

Un reparto desigual

La rigidez y falta de planificación en lo público se observa cuando se analiza el reparto de alumnado en titulaciones de alta demanda y se compara con cómo han actuado los centros privados en los últimos años a lo que piden los estudiantes en la última década.

El informe muestra que la oferta global en la universidad pública se ha mantenido estable desde el curso 2015/2016 al 24/25, último con datos asentados: entonces se ofrecían 237.884 plazas al año, hoy son 241.613, apenas un 2% más. Y las titulaciones que más se piden han visto un incremento de sus plazas, pero mucho más pequeño que el que ha realizado la privada, donde “los crecimientos se evidencian con rotundidad en los ámbitos que concentran la demanda efectiva”, escriben los profesores.

Informática ha mejorado su oferta un 25% en la pública en diez años mientras en la privada lo ha hecho un 250%. Enfermería, un 12% frente a un 69%, respectivamente. Otros estudios de Ciencias de la Salud se sitúan en un 11% en la pública y en un 38% en la privada, con Medicina, una de las joyas de la corona, registrando subidas de entre el 15% y el 47% según la red. Los centros privados han disparado su oferta en Economía, estudios diversos de ciencias sociales y del comportamiento, Administración y Dirección de Empresas o Arquitectura, mientras las 50 universidades públicas apenas han aumentado la suya.

Dejación de funciones

“No toda demanda social debe tener idéntica respuesta en el sistema universitario público”, escriben Hernández y Pérez, “es preciso que los responsables universitarios, al programar la oferta académica y su dimensión, actúen con criterios de rentabilidad social por el carácter mayoritariamente público de la financiación destinada a su provisión”, argumentan. Pero el Consejo de Universidades del Ministerio, órgano que junta a la administración con los rectores, no está haciendo ese trabajo estratégico de planificación de la oferta, sostienen.

“Hay titulaciones en las que esa planificación, competencia del Consejo, no se ha hecho nunca. Y eso perjudica a la pública y ha favorecido a la privada, que conoce la cautividad que tienen [las universidades públicas] en titulaciones en las cuales no hay demanda social e incluso la demanda productiva es escasa, y sin embargo mantiene una producción excedentaria frustrando las aspiraciones profesionales de estas personas”, explica Hernández.

Dicho de otra manera, sostiene, no tiene sentido que todas las universidades públicas ofrezcan todo tipo de estudios, aunque no los curse nadie o aunque la demanda esté claramente sobredimensionada y solo vaya a generar parados a futuro, sostiene el profesor. Hernández esgrime en este punto el ejemplo de la formación de maestros, que produce cada año muchos más profesionales de los que el sistema puede absorber. Pero el sector no admite estos discursos, lamenta el profesor, que recuerda “el gran revuelo” que se organizó entre los rectores cuando se le ocurrió sugerir en un informe, poco después de la pandemia, que sobraban plazas de formación de docentes.

Porque se puede argumentar el carácter social de los centros y su rol de servicio público para justificar esa política generalista, pero, reflexiona Hernández, también que hay que explicar que se está mandando a estudiantes a títulos sin salida profesional ni posibilidad de tenerla.

“Resulta difícil asumir que titulaciones que registran solicitudes de preinscripción en primera opción que cuadriplican la oferta, como Enfermería (con una demanda del 481% respecto a la oferta), hayan experimentado un crecimiento de la oferta de tan solo el 19,1% en el periodo 2015/2023. Medicina y Odontología presentan datos aún más explosivos, con índices de preferencia de 1.066,4% y 1.035%, respectivamente, al tiempo que su oferta de plazas sufre aumentos escasamente significativos (Medicina un 15,7%) o incluso anotan retrocesos (Odontología, -2,3%)”, escriben los autores.

Los autores calculan que crear plazas para esos casi 17.000 excluidos de los centros públicos supondría, con el actual coste por alumno en la universidades públicas, un total de 549,25 millones de euros al año. Apenas un 6,6% del total de la financiación autonómica en el año 2023.

El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha reiterado el rechazo del Ejecutivo regional al modelo de financiación autonómica propuesto por el Gobierno de España.

Afirma que esa propuesta está “consensuada con un solo partido político”, en referencia a ERC, y con una sola comunidad autónoma“, en referencia a Catalunya, por lo que ”no garantiza el principio de igualdad“.

De cara al Consejo de Política Fiscal y Financiera programado para el próximo viernes 4 de septiembre, el consejero ha argumentado que los ciudadanos, con independencia de su capacidad económica o del lugar en el que residen, deben tener “el mismo acceso, el mismo nivel de calidad a los servicios públicos”.

Por ello, el Gobierno castellanomanchego solicitará a la Administración del Estado que se abstenga para que el acuerdo que sostenga sea “el reflejo de lo que sentimos en las comunidades autónomas”.

El Gobierno y comunidades autónomas han aprobado 25 millones de euros para Ceuta por la crisis tras la entrada de miles de personas de Marruecos, que acabó con una tragedia humanitaria y la muerte de más de 140 personas. La ayuda extraordinaria irá para atender a los menores migrantes no acompañados que permanecen en la ciudad autónoma. “Quiero agradecer el apoyo que hemos tenido para la aprobación”, ha expresado la ministra Sira Rego, que ha reconocido que se deberán mantener más reuniones con las comunidades para aprobar nuevas partidas.

A la Conferencia Sectorial de este jueves no han acudido los representantes de Vox que dirigen las consejerías de infancia en Extremadura, Aragón y Castilla y León, que han rechazado directamente sentarse en la mesa con el Ministerio de Infancia dirigido por Sira Rego. Sobre esta ausencia, Rego ha asegurado que el PP en estas comunidades “han decidido abandonar y castigar a [Juan Jesús] Vivas”, que también es del mismo partido. “Feijóo ha decidido escoger a Vox en lugar de a Ceuta. Es lamentable”, ha añadido.

Los consejeros remitieron una carta a la ministra en la que insistían en que “todos” los menores de edad tenían que ser devueltos “vía reunificación familiar, vía entrega a la autoridad tutelar marroquí, sin excepción”. Una postura que comparten con las regiones del PP, cuyos representantes sí que han asistido a la reunión. Aunque no se ha incluido formalmente otro punto distinto a debatir, el Ministerio sí que ha comentado otras opciones sobre la posibilidad de trasladar a menores no acompañados. “He querido situar al menos una llamada a la solidaridad del conjunto de territorios del país, que tiene que ver con la posibilidad de explorar vías para acoger a niños y niñas”, ha indicado Sira Rego.

La propuesta del Ministerio

El plan de Infancia principal propuesto para Ceuta es que la ciudad autónoma convenie el traslado de 500 niñas —por ser el perfil más vulnerable— a dos entidades de la península. “Lo más urgente es sacar a los niños”, han indicado fuentes del Ministerio, que explican que la tutela de estos menores corresponde a Ceuta. Para este convenio no haría falta el visto bueno de las autonomías, ya que el convenio se firmaría con las propias entidades. Por ahora, Navarra ha sido la única comunidad que abiertamente se ha ofrecido a acoger migrantes de Ceuta, según han expresado tras la propia reunión de este jueves.

Un plan que, según indican desde el Ministerio, ya se podría aprobar: “Corresponde a Ceuta tomar la decisión”, ha indicado la ministra en la rueda de prensa, en la que también ha pedido la solidaridad de otras comunidades autónomas para que lleguen a acuerdos con la ciudad autónoma con el fin de acoger a menores y aliviar la presión. En cuanto a las palabras del presidente autonómico, Juan Vivas, Rego ha asegurado que le trasladó “las diferentes opciones” el día 8 de agosto: “Me sorprende que dijera que no sabía nada”, ha asegurado.

Durante la comisión previa a la reunión de este jueves, las comunidades del PP se negaron a incluir un punto del día en el que se debatiera de la situación de Ceuta. Sin embargo, el Ministerio pretendía igualmente hablar del tema durante la conferencia sectorial, pero para ello necesitaba que todas las comunidades asistieran. Ante la falta de las consejerías de Vox, finalmente no se ha podido debatir. “Me gustaría que hubiera habido más flexibilidad para poder incluir otro punto en el que hubiera podido hablar la ciudad de Ceuta para conocer su situación y sus necesidades”, ha comentado Sira Rego en una rueda de prensa posterior, en la que ha reconocido que “no ha sido posible” incluir este punto por una “cuestión procedimental”.

“No hemos venido a debatir otras cosas”, ha asegurado en declaraciones posteriores a la reunión la consejera de Familia de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila. “Hemos venido aquí a apoyar a Ceuta”.

Comunidades como Madrid ya habían mostrado anteriormente su rechazo a cualquier cosa que no sea devolver a dichos menores a Marruecos. Precisamente este miércoles, la consejería de Familia del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso había adelantado que iría al encuentro pero que no iban a “asumir la incompetencia del Gobierno”, por lo que exigían a Pedro Sánchez “control y defensa de las fronteras, refuerzo de la Guardia Civil y lucha contra las mafias”, así como la “reagrupación de todos los menores con sus familias” o su “entrega al sistema de protección de menores de Marruecos”.

El traslado de menores

Sira Rego también ha explicado durante la rueda de prensa que el perfil migratorio de estos niños y niñas es complejo y diferente, con lo que la petición de “reunificación familiar” no se podría aplicar a todos los casos. “En la mayoría de los casos no hay posibilidad de retorno. Ahí lo que nos toca como sociedad democrática [...] es acoger y cuidar de esos niños”, ha indicado durante la rueda de prensa posterior al encuentro. “Entendemos que la manera de destensionar el territorio es trasladar a los niños a la península”.

El Ministerio ha rechazado de plano una “deportación masiva de niños”, que sería contraria al derecho y al interés superior del menor. E