Piden a Pedro Sánchez sacar los restos “de un golpista reincidente como fue Milans del Bosch” del Alcázar de Toledo
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha solicitado al Gobierno de España que exhume los restos de Milans del Bosch, actualmente enterrados en el Alcazár de Toledo, para “cumplir” con lo que dice la Ley de Memoria Democrática.
No es la primera vez que lo reclama, pero ahora la petición dirigida a la Presidencia del Gobierno, a la que ha tenido acceso elDiario.es Castilla-La Mancha, se produce después de que el Ejecutivo central haya anunciado su intención de desclasificar los documentos relacionados con el intento del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, en los inicios de la Transición, en el que se vio involucrado el militar. Y no es la única razón ya que, recuerda la asociación, también participó en el golpe de Estado de 1936, en aquella ocasión contra el régimen democrático de la II República, provocando una guerra civil y después una dictadura. Muchas víctimas de la represión, explica el presidente de la ARMH, Emilio Silva, “siguen sin identificar y sus familias sin reparar”.
En el caso del militar, incide el colectivo memorialista, se trata de “un golpista reincidente como fue el teniente general Jaime Milans del Bosch que se encuentra enterrado en un edificio de propiedad pública con honores que no son compatibles con valores democráticos”.
Emilio Silva recuerda que “han transcurrido más de tres años de la aprobación de una ley que le dice al Estado que [los restos] no deberían estar allí”.
Un golpista reincidente como fue el teniente general Jaime Milans del Bosch se encuentra enterrado en un edificio de propiedad pública con honores que no son compatibles con valores democráticos
Además, la asociación memorialista pide a Pedro Sánchez ir más allá de la desclasificación de documentos del 23F para contar “a la sociedad cuánta documentación o materiales audiovisuales han desaparecido de los archivos del Estado”. En este aspecto Silva considera que “el Estado español sigue teniendo un doble fondo que se sostiene sobre una ley de secretos oficiales escrita por el dictador Francisco Franco”, que data de 1968 y cree que “por eso se ocultan tantas cosas para proteger a las élites de la dictadura”.
A renglón seguido añade que “tras la muerte del dictador se destruyeron millones de documentos y pruebas de las violaciones de derechos humanos de la dictadura y desde entonces el Estado español nunca ha desenchufado la trituradora de papel que protege intereses que no son precisamente generales”.
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