“Ninguna querella ni intento de amedrentar va a evitar que la vicepresidenta haga ejercicio de su libertad de expresión, en este caso concreto para referirse a una información periodística”. Estas contundentes declaraciones vienen del equipo de comunicación de Yolanda Díaz, y las informaciones periodísticas a las que hace alusión las publicó elDiario.es y Univision Noticias a partir del pasado 13 de enero.

Estamos hablando de la exclusiva en la que dos exempleadas de Julio Iglesias acusaron al cantante de agresiones sexuales. Muchas personas se preguntan en qué punto está este tema. Hay varios frentes judiciales abiertos, así que vamos uno a uno:

Iglesias contra la Fiscalía

Rebeca y Laura (nombres ficticios), extrabajadoras de Julio Iglesias (del hogar y fisioterapeuta, respectivamente) acudieron a la Fiscalía de la Audiencia Nacional en España para denunciar unos hechos presuntamente ocurridos en Bahamas y República Dominicana. Para ellas, se trataba de diversos delitos de violencia sexual y contra los derechos de los trabajadores. Después de tomarles declaración y tras un breve periodo de reflexión, la Fiscalía archivó esta denuncia al considerar que España no tiene jurisdicción para investigar estos hechos. Dijo que no había suficientes “vínculos” de Julio Iglesias con España como para abrir una investigación.

A pesar del archivo, Iglesias no ha parado de solicitar el texto de la denuncia. Como no se lo dieron, ha acudido a la vía judicial contencioso-administrativa. La Fiscalía se opone a ello. Se espera en breve una resolución de este caso.

Iglesias contra la vicepresidenta del Gobierno

Yolanda Díaz fue citada a un acto de conciliación esta semana, el martes. Iglesias consideró que había emitido unas declaraciones injuriosas y calumniosas, debido a un mensaje en Bluesky y una intervención en La Hora de la 1. No deja de ser curioso que de las miles de personas que dieron su opinión sobre los testimonios en aquellos días, la única contra la que se quiera demandar sea un alto cargo del Gobierno de España.

“Las declaraciones de la vicepresidenta han respetado en todo momento la presunción de inocencia de Julio Iglesias y se han limitado a calificar de escalofriantes los testimonios de las extrabajadoras del artista, que le acusaban, en el marco de la investigación llevada a cabo por elDiario.es, de agresiones sexuales, insultos y humillaciones durante su jornada laboral, y que denunciaban un ambiente de control y acoso continuo”, comentaban las fuentes del entorno de Díaz. Cabe recordar que Iglesias calificó las acusaciones de Rebeca y Laura como de “absolutamente falsas”. El cantante madrileño ya anunció en un comunicado que defendería su “dignidad” ante un “agravio tan grave”.

En el acto en sede judicial, la representación legal de Yolanda Díaz no se retractó. ¿Y ahora qué? Iglesias tiene un año para querellarse. La agencia Efe y la página web de agitación que habitualmente goza de exclusivas en relación a la representación legal de Julio Iglesias, aseguraron que el cantante se iba a querellar. Cuando elDiario.es se puso en contacto con su abogado, desde su despacho nos dijeron que no habían tomado ninguna decisión.

Iglesias contra las periodistas

Con el mismo procedimiento que Yolanda Díaz, Julio Iglesias ha puesto una demanda de conciliación a elDiario.es, a cuatro periodistas (Ana Requena, María Ramírez, Juanlu Sánchez y Elena Cabrera) y al director del periódico, Ignacio Escolar. Nos acusa falsamente de hacer “un montaje” con “personajes figurados”. Tenemos el acto de conciliación la semana que viene y, de igual manera, ya hemos anunciado que no nos vamos a retractar. Veremos si finalmente hay o no hay querella.

Los extrabajadores contra Julio Iglesias (y viceversa)

Son dos hermanos, Rogelio y Eleuterio Villanueva, que trabajaron para Iglesias en el mantenimiento de la villa de Punta Cana durante años y fueron despedidos de manera fulminante cuando llegó la pandemia. Ellos consideran que merecen una indemnización por despido improcedente y por eso le denunciaron en República Dominicana.

Los Villanueva perdieron el primer juicio, recurrieron y ganaron en la siguiente instancia, que fue apelada por Iglesias. Ahora están esperando la resolución pues la semana pasada acabó el plazo de conciliación del último juicio. La sentencia puede tardar dos o tres meses en llegar, según su abogado. En declaraciones a elDiario.es, Rogelio Villanueva dijo hace unos días: “Hasta ahora solo tenemos esperanza. Nada más”. La representación legal de Julio Iglesias rechazó comentar sobre este caso.

Las mujeres denunciantes contra Julio Iglesias

Aunque la fiscalía archivó la causa, tal y como dijeron sus abogadas Laura y Rebeca seguirán buscando una vía de acceso a la justicia. Su batalla no ha terminado.

Las manos que levantan, lavan, visten, dan de comer, acompañan y apoyan, pero también a menudo limpian, cocinan, hacen la compra y cuidan la ropa a nuestros mayores y dependientes se han visto abocadas a sostener pancartas de huelga. Son esas mujeres que merecen un monumento pero obtienen precariedad cambio de su trabajo esencial. El conflicto de las trabajadoras del Servicio de Ayuda a la Domicilio (SAD) en Cantabria pone rostro —triste y vergonzosamente— a una crisis de cuidados desatendida por las instituciones que lleva décadas gestándose en una Cantabria con población envejecida que necesita cuidados por demás. 

Entre licitaciones a la baja y empresas multiservicios, mientras el Gobierno habla de eficiencia, ellas reclaman un convenio justo y denuncian el abandono de un sistema de dependencia que ha convertido un derecho esencial en un negocio de gestión indirecta. Porque hace dos años largos desde que el gabinete de Buruaga se propusiera reorganizar el SAD y la atención a cuidadores familiares con el objetivo de lograr “más agilidad y eficiencia”, pero lo que ha ido ocurriendo de hecho forma parte de un modus operandi que desemboca en esta necesaria huelga: la reorganización pasó de querer “evitar duplicidades” a multiplicar despidos que dejaban el servicio cojo, a acumular incumplimientos del contrato de licitación y, en general, maltrato a las trabajadoras y abandono de las personas dependientes, víctimas finales de toda visión técnica y deshumanizada de los cuidados.  

Las empresas adjudicatarias —Senior Servicios Integrales, UTE Deva y Urgatzi— han respondido atribuyéndolo a la falta de personal disponible en las oficinas de empleo. Sin embargo, el personal del sector apunta que son las condiciones leoninas

A las denuncias sobre el retraso de hasta un año en la atención —seis meses en la tramitación y dos, cuatro y hasta otros seis de demora por mala gestión, según testimonios recogidos por Cantabria No Se Vende—, las empresas adjudicatarias —Senior Servicios Integrales, UTE Deva y Urgatzi— han respondido atribuyéndolo a la falta de personal disponible en las oficinas de empleo. Sin embargo, el personal del sector apunta que son las condiciones leoninas propuestas por estas empresas, que gestionan servicios de atención buscando beneficios puramente económicos, lo que explica la situación. Es lo que ocurre cuando ofreces sueldos que no llegan al salario mínimo, jornadas parciales que dificultan la conciliación, grandes desplazamientos con vehículo propio para una hora y media de servicio, falta de reconocimiento de enfermedades laborales y nula protección frente a los riesgos físicos y emocionales asociados a una labor sensible con un ritmo de trabajo que genera, con cierta regularidad, problemas de ansiedad.  

Por todo ello, nuestras trabajadoras del SAD han puesto pie en pared. El colectivo, que atiende a más de 4.000 dependientes en Cantabria, reclama un convenio autonómico y el reconocimiento como servicio público esencial de su trabajo, desde una fuerte y clara consciencia de que si ellas paran, lo sufrirán, ante todo, los usuarios. 

Y no es una cuestión de siglas, sino de modelo, concretamente de modelo neoliberal. Porque no ha sido solo el PP quien ha ahondado en la tendencia privatizadora de este trabajo tan esencial, entregando un área de alta sensibilidad al ámbito del negocio puro y duro. El gobierno del PRC-PSOE privatizó la ayuda a domicilio sacando a licitación el servicio, lo que supuso precarizar unas condiciones de trabajo ya precarizadas, porque las empresas (entonces la UTE QSAD) querían presentarse al concurso en condiciones cada vez más ventajosas. Gota a gota, entre unos y otros, han ido adelgazando el sistema para desgracia de sus usuarios, la personas dependientes, y sus familias.  

Lo dije hace tiempo y, por desgracia, no me queda sino seguir repitiéndolo: es importante romper el ‘techo de cristal’ para mujeres que desean llegar a puestos directivos, pero lo es incluso más acabar con el ‘suelo pegajoso’ al que están abocadas mujeres que realizan unas tareas tan desagradecidas y silenciosas como fundamentales, las tareas de cuidados. Cuidar a las que cuidan. Se trata de un sector feminizado ergo, precarizado y depauperado y en el que se dejan la piel, especialmente, mujeres migrantes, muchas chantajeadas por el miedo a perder un contrato que facilita la residencia. En este mundo al revés de los valores en que vivimos, quienes hacen las tareas más importantes para el sostenimiento de la vida reciben un trato indecente. La feminización y minorización del trabajo doméstico y de cuidados son inversamente proporcionales al inmenso valor social de las tareas más esenciales para la vida.

El índice Derechos, Economía y Cobertura (DEC) elaborado por la Asociación de directoras y gerentes de Servicios Sociales, que describe la situación actual de los servicios sociales en España y su evolución desde el año 2012, ha calificado de “irrelevantes” los Servicios Sociales de Cantabria, que obtiene la nota más baja de toda España con un 4,16 sobre 10. Según este informe, la Comunidad Autónoma tiene una “tendencia acusadamente descendente” en el desarrollo de sus servicios sociales desde 2013, lo que incluye estructuras básicas de servicios sociales como la atención a la dependencia, la ayuda a domicilio y la teleasistencia. 

El SAD es el ejemplo más claro de pérdida de calidad por externalización. Los ayuntamientos, financiados en parte por el Gobierno autonómico, delegan este servicio en empresas, a menudo multiservicios, lo cual ha provocado constantes quejas sindicales por la precarización de las trabajadoras. Pero es que al tiempo, se ha renunciado a la creación de una infraestructura pública, dejando que el mercado privado más ávido de meter la mano en el Estado de Bienestar cubra las necesidades de una población muy envejecida. Vivimos en una sociedad lo bastante absurda como para poner los cuidados en manos empresas que lo mismo te gestionan un residuo urbano o una zona ajardinada que la asistencia domiciliaria. 

La privatización de la dependencia en Cantabria, ejecutada mediante conciertos con empresas privadas y el estancamiento de la red pública, ha convertido un derecho social en un nicho de mercado. Esta gestión indirecta agrava la crisis de los cuidados, al desplazar la responsabilidad del Estado hacia familias agotadas y empleos precarios. Mientras el sistema priorice el beneficio empresarial sobre la atención directa, la falta de una infraestructura pública sólida dejará a los más vulnerables a merced de la desigualdad económica. Solo una apuesta por la gestión pública directa podrá garantizar que cuidar y ser cuidado no dependa del código postal o la cuenta corriente.

Jamileth Chavarría reconoce que la investigación sobre Julio Iglesias le ha causado un gran impacto. Y no habla de ella desde la distancia. Habla desde la cocina en la que trabajó sin contrato, desde los cuerpos de otras compañeras a las que apenas nadie escuchó, desde el feminismo antirracista que teje redes de apoyo para autoprotegerse. La activista feminista nicargüense, trabajadora doméstica y fundadora de una cooperativa de empleadas del hogar, contextualiza el impacto de la denuncia por trata de personas y agresión sexual contra el cantante español, que la Fiscalía ha archivado por falta de jurisdicción, desde el lugar de quien conoce qué significa trabajar en casas ajenas y el valor de enfrentarse a relaciones de poder difíciles de cuestionar.

Para Chavarría, el paso de Laura, Rebeca y Carolina, los pseudónimos tras los que se encuentran ex empleadas que hablaron en la investigación de elDiario.es junto a Univision Noticias, es “una ventana abierta” en “un muro” de silencios que esconde a tantas mujeres racializadas.

Para evitar ese aislamiento y unir fuerzas para defender sus derechos, la nicaragüense fundó junto a varias compañeras la cooperativa del sector cuidados La Comala, formada por trabajadoras migrantes. Desde Madrid, adonde emigró en su huida de la persecución en su país hace más de una década, Chavarría celebra y agradece la valentía de Laura y Rebeca por “hablar por las que aún no pueden hacerlo”.

Como trabajadora interna, durante muchos años en España, ¿qué supone que salga a la luz una investigación como la de Julio Iglesias? ¿Qué supone para usted y para el colectivo?

Supone una ventana abierta, porque acompaño a muchas mujeres que aún no se atreven a hablar. Y que las denunciantes del caso de Julio Iglesias lo hagan frente a un poder tan grande... No es solamente Julio Iglesias, es todo lo que le acompaña. Para una mujer hablar es como abrir una pequeña ventana en un muro gigante. Y para mí es esperanzador. 

La noticia me remontó a hace 20 años, en Radio Palabra de Mujer —un programa comunitario en el que participaba en Nicaragua—, donde analizamos la canción de Julio Iglesias que dice: “Me gustan las mujeres y me gusta el vino”. Hace 20 años, una niña del campo, de unos 14 años, decía que la letra parecía mostrar que las mujeres no valemos nada, porque el vino después se orina. Aquello me quedó en la memoria, y verlo hoy me parece increíble. Hay tanta verdad escondida en todos los mensajes que nos mandan con el amor romántico...

Profundizando en los testimonios de estas mujeres, ¿le resuenan a situaciones vividas por las trabajadoras domésticas en España, ya sea usted u otras compañeras?

Creo en esos testimonios porque he escuchado relatos similares de varias compañeras que no tienen papeles, y no pueden denunciar. Ahora que yo tengo una situación regularizada y con condiciones laborales justas, escucho a comentaristas en televisión que preguntan por qué esas mujeres no denunciaron antes a Julio Iglesias… Y me cabrea. ¿En qué momento va a denunciar una mujer que no tiene papeles, que es vulnerable, que su situación económica es la que es, que está viviendo con las uñas? Cada vez que se les pregunta eso se las revictimiza.

Usted acompaña a otras trabajadoras internas que están en esa situación de mayor vulnerabilidad. ¿Recuerda casos de abusos sexuales o laborales que, por sus circunstancias, no llegaron a ser denunciados?

Muchas se lo tragan por la situación de vulnerabilidad en la que están. Por ejemplo, muchas son madres aquí y son madres allá, donde se encuentran sus hijos. Tienen que llegar a fin de mes para tener resuelta su vida aquí y su vida allá. Si denuncian, ¿cómo van a salir adelante? 

Hoy conocí un caso de una joven que fue a una entrevista de trabajo tras ver una oferta de trabajadora doméstica. Ella iba con otra compañera, pero la obligaron a entrar sola. Estaban ahí dos hombres que le dicen que tiene que quitarse la ropa, que tienen que ver su silueta. Era un trabajo de cuidados. Ella salió corriendo de allí. Le dije de denunciarlo. Me dijo que no, que estaba buscando trabajo y no tenía ni tiempo ni dinero para denunciarlo. O me acuerdo de aquella mujer interna que dormía en su habitación con la silla detrás de la puerta. ¿Para qué? Para que el señor no entrara cada noche. 

Quienes denunciaron a Iglesias se están arriesgando a un montón de cosas. ¿Cómo se las puede proteger cuando van contra un aparato agresor tan grande, con muchos medios de comunicación favorables? Es como ir a la montaña descalza.

Desde su experiencia como activista feminista y también como trabajadora doméstica organizada, ¿cómo operan las lógicas coloniales y racistas, además del género y la clase?

El agresor [de las trabajadoras domésticas] siempre tiene ventaja y evidencia la construcción colonial. Y, a su vez, muchas trabajadoras domésticas latinas no hemos deconstruido esa relación colonial porque la hemos mamado. De entrada, en las casas hay un patrón de servicio al señor. Y, como él es un señor, pues nosotras hasta cierto punto acabamos indirectamente al servicio del señor.

La reacción de Julio Iglesias tiene que ver con que el señorito cree que mantiene ese poder, esa superioridad, esa blanquitud sobre un sector de las mujeres, sobre las empleadas de hogar. Y es injusto. Es asqueroso.

En el caso de Iglesias, las denunciantes aseguran que literalmente no podían salir de las mansiones donde trabajaban. Los colectivos de trabajadoras domésticas migrantes en España suelen denunciar que algunos empleadores se aprovechan de la vulnerabilidad y apenas cumplen con los días de descanso mínimos. ¿Cómo afecta trabajar en esas condiciones?

Nosotras decimos que el trabajo de interna es como la esclavitud moderna, como la cárcel moderna. Y es precisamente porque las personas somos el tiempo que tenemos. Trabajas ocho horas y las otras horas son para dormir, para estar con tu gente, para salud personal... Pero cuando estás 24 horas en una casa, sin salir, sin tener redes de apoyo, dejas de vivir. Incluso hay mujeres a las que se les niega el uso del móvil en sus horas de tiempo libre. Y cuando vendés el tiempo, te olvidás de tu intimidad.

Lo más terrible es que ese encierro te va bajando la autoestima. Te va minando. Cuando tienes la autoestima baja, cualquiera te puede invadir. Y ahí has perdido las ganas de defenderte.

Por todo esto admiro a estas mujeres que se han atrevido a hablar porque ya han empezado a sanar. Cuando una habla, empieza a sanar. Si no se habla estamos guardando el secreto. ¿Y sabes lo que es secreto? Es toda la mierda que hay ahí adentro de uno. 

¿Cómo le ha afectado a usted emocionalmente esa falta de intimidad, esa “venta del tiempo”, ese encierro casi constante que describe de su tiempo como interna?

Yo siempre he sido una mujer optimista, siempre me he querido creer que me como el mundo. Pero a veces el mundo te come, por muy optimista que seas. Yo en Nicaragua era activista y vivía en un campo con un río. Y aquí ni tienes el río ni tienes el campo. Tu vida es insignificante cuando caminas por las calles, cuando vas a la compra y ni levantas la mirada, dejas de mirar el cielo.

Recuerdo que un día tendí la ropa en la terraza después de seis meses de trabajar como interna. Miré para arriba y vi la luna. ¡Cómo lloré ese día! Mirar la luna me trastornó. Porque me vinieron todas esas cosas que no valoras cuando las tenés a diario. Me di cuenta de que hacía tanto que no podía ni ver la luna. 

Yo venía de ser activista, de no parar. Y se me fue apagando esa luz. Cuando me di cuenta de lo que había pasado, ya era externa, ya había salido de interna. Como interna ni siquiera puedes analizar lo que te toca vivir, porque es que se te alborotan tus propios demonios ahí adentro. 

Cuando dejó de trabajar como interna creó junto a otras compañeras empleadas domésticas una cooperativa de cuidados. ¿Por qué?

Para protegernos las unas a las otras. Lo bueno de la cooperativa es que quien nos contrata también lo hace porque le gusta el modelo cooperativo, que se asegura de que se respetan los derechos humanos de las trabajadoras, que estamos en el régimen general y se cumple la ley. Entonces, eso ya es una ventaja.

Pero cuando empezó la cooperativa, para protegernos, íbamos a hacer limpiezas de dos en dos. Por agilidad del trabajo pero sobre todo porque era menos riesgo para nosotras ir acompañadas. Cuando una persona mete a alguien a su casa sabe quién va, porque le ha pedido una carta de recomendación, pero nosotras no sabemos a qué casa vamos ni quién vive allí.

¿Qué le diría a las mujeres que denunciaron a Julio Iglesias?

Primero, agradecerles y mandarles un montón de fuerza, de energía positiva. Les diría que no paren, que hay que denunciar, porque su voz es la voz de otras que están silenciadas, de las que no pueden denunciar, por las circunstancias que sean. La palabra es la que nos ayuda a liberarnos, a empezar a tirar del hilo y cambiar esta sociedad.

“No se cuida a la persona que realiza el trabajo doméstico”, dice Rafaela Pimentel, una activista feminista dominicana que lleva años liderando el asociacionismo de empleadas domésticas en España. Son 75,6 millones de personas en el mundo las que trabajan en el empleo doméstico, la inmensa mayoría mujeres y migrantes, como confirman los datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Un empleo “poco valorado”, de “salarios bajos” y “condiciones precarias”, añade Pimentel.

Los trabajos en el hogar y de cuidados son algo “fundamental para gestionar las vidas y sostener la sociedad”, señala la activista, pero que “sigue sin estar reconocido socialmente”. Ese es el sector en el que trabajan Rebeca, Laura y Carolina, nombres ficticios de tres ex empleadas de Julio Iglesias en Punta Cana con las que ha podido hablar elDiario.es y Univision Noticias. Ellas refieren unas jornadas maratonianas, salarios bajos, un régimen interno aislado de la familia y una escasez de libranzas que no solo se dan en República Dominicana.

Rebeca y Laura trabajaban internas para Julio Iglesias, un régimen que abre aún más la puerta a la explotación, según los expertos. Estas mujeres presentaron ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional una denuncia por vulneraciones laborales durante su tiempo como empleadas, así como por agresiones sexuales. Esta denuncia fue archivada por la falta de jurisdicción de España sobre el caso. Iglesias no respondió a las preguntas que se le han hecho llegar a él y a sus representantes legales. En un comunicado posterior a la primera publicación de elDiario.es y Univision Noticias, el cantante ha negado “haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer” y dijo que las acusaciones eran “absolutamente falsas”.

Violencia oculta y normalizada

Hasta 29 asociaciones de empleadas domésticas y de derechos humanos han hecho público un manifiesto en el que aseguran que este caso revela “cómo la violencia sexual en el ámbito del trabajo de hogar permanece oculta y normalizada, sigue siendo un tabú y muchas víctimas no se atreven a hablar”. “Se aprovecha la indefensión de las víctimas, siempre cuestionadas por el sistema patriarcal y racista que domina las relaciones laborales de las trabajadoras extranjeras”, dicen organizaciones como Servicio Doméstico Activo (Sedoac), Oxfam Intermón, la Asociación Mujeres Cuidadoras Sin Papeles o Territorio Doméstico.

Aunque en los últimos años el activismo ha presionado para que España apruebe mejoras para equiparar los derechos de las trabajadoras de hogar al del resto de sectores, la informalidad y la precariedad sigue siendo la norma. También el acoso, las faltas de respeto o la violencia. España ratificó el convenio 189 de la OIT, que obliga a los países firmantes a ampliar sus derechos, por ejemplo, el de paro, que apenas se ha puesto en marcha en nuestro país.

Un informe de Oxfam Intermón y la Asociación Por ti Mujer muestra que el 49% de las trabajadoras que encuestaron en España afirmaba haber vivido algún tipo de violencia en el trabajo a lo largo de su trayectoria laboral y el 70% conocía algún caso cercano. El 49% había vivido exceso de control mediante cámaras de vigilancia, llamadas y mensaje constantes, incluso durante el tiempo libre. El 48% ha recibido faltas de respeto, insultos y discriminación. El 17% ha recibido proposiciones de naturaleza sexual, y el mismo porcentaje ha sufrido violencia física. El 8,5% ha recibido tocamientos de naturaleza sexual sin consentimiento.

“Las consecuencias de las condiciones en las que trabajamos son cuerpos rotos, muchas mujeres enfermas, mujeres migrantes empobrecidas que trabajan para sobrevivir, muchas situaciones complicadas de salud mental, internas a las que no empadronan o trabajadoras a las que no dan de alta en la Seguridad Social, que no tienen vacaciones o tiempo libre. Seguimos luchando para que, por ejemplo, se nos reconozcan las enfermedades profesionales”, critica Rafaela Pimentel.

Por eso, las asociaciones destacan que no puede entenderse el acoso y la violencia sexual que viven las trabajadoras de hogar sin señalar “la precariedad estructural del sector; la vulnerabilidad jurídica, económica y social de las mujeres migrantes en España, el régimen de explotación y abuso que significa la disponibilidad las 24 horas del día los siete días de la semana de trabajadoras internas, y de condiciones y horarios abusivos de trabajadoras externas”. “La inestabilidad laboral y las condiciones abusivas no son un accidente, son el terreno que facilita y perpetúa la violencia”, subrayan. Denunciar esa violencia es tremendamente difícil, prosiguen, una circunstancia que se agrava porque la relación laboral se desarrolla en este caso en el ámbito privado del domicilio, “donde existen relaciones de poder, dependencia económica y emocional, y una fiscalización limitada, lo que incrementa el miedo a represalias, despido o pérdida de derechos”.

En República Dominicana

Aunque el Gobierno dominicano está dando pasos para mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras del hogar, estas seguirán por detrás en derechos en comparación con otras profesiones. Y sin duda lo estaban entre 2021 y 2023, los años en los que trabajaban en la casa de Julio Iglesias en Punta Cana mujeres como Rebeca, Laura o Carolina (nombres ficticios), a las que este diario ha podido entrevistar.

Sin la obligación de contratarlas, sin inscribirlas en la Seguridad Social, sin derecho a indemnización por despido, plan de pensiones, subsidio de desempleo ni preaviso. “Hablamos de la esclavitud en pleno siglo XXI”, define la dominicana Kathy Cabrera, del área de Juventud de la Confederación Nacional de Mujeres del Campo (Conamuca). “Y esa esclavitud moderna tiene rostro: el de las trabajadoras del hogar”, reitera. “Puedes durar 30 años trabajando en una casa y cuando dices que te vas, te vas con lo mismo que llegaste. Al no estar regulado ante la ley, no existe”, añade esta defensora de derechos de las mujeres.

Cuando hablamos de trabajo interno, como sucede en las mansiones del cantante, las mujeres duermen en la casa familiar y sus horarios no se concretan o se desdibujan según las necesidades de la casa: comienzan pronto en la mañana y terminan cuando la familia se acuesta. Cuando trabajan para familias con alto nivel adquisitivo, a veces las acompañan en cruceros y otro tipo de viajes, donde la atención a sus empleadores se vuelve casi permanente. En el caso de Julio Iglesias, dos de sus empleadas domésticas de Punta Cana eran seleccionadas para viajar a Málaga durante el mes de vacaciones del cantante y su familia, según ha podido comprobar elDiario.es, al menos en 2020 y 2021. De cara a ese traslado, no se mejoraban sus condiciones laborales ni mucho menos se equiparaban a las que tienen las trabajadoras del hogar en España.

La escasa regulación del trabajo doméstico en República Dominicana garantiza únicamente los descansos: deben tener nueve horas ininterrumpidas entre jornadas. El resto del tiempo, cumplirán el horario que acuerden con su empleador. Semanalmente, deben descansar un periodo ininterrumpido de 36 horas cualquier día de la semana, que si no se determina, comenzará el sábado al mediodía. Por lo que explican las antiguas empleadas del cantante, el acuerdo de libranzas cada tres semanas que había en la casa tampoco cumplía el Código de Trabajo. Los extensos horarios en la casa de España, según relata Carolina, que atendió a la familia Iglesias durante un mes de verano, que empezaban a las seis de la mañana y terminaban después de cenar y recoger —podían ser las diez, las once o las doce de la noche—, tampoco.

Intentos de mejora

República Dominicana lleva varios años trabajando sobre una reforma del Código de Trabajo, que data de 1992. Entre 2020 y 2022 comenzaron las reuniones entre el Gobierno, la patronal y los representantes de los trabajadores para modernizar este estatuto laboral. La incorporación del teletrabajo era un objetivo prioritario y de consenso pero también se contemplaba la mejora del trabajo doméstico, adaptando el Convenio 189 de la OIT, que se promulgó en 2011 y que Dominicana ratificó tan solo dos años después. Pero los trámites para mejorar las condiciones del trabajo doméstico por esta vía no están siendo nada fáciles.

Javier Suárez es un abogado dominicano que participó en el equipo técnico-jurídico que armó el Ministerio de Trabajo para impulsar la reforma: “Se hablaba de los descansos, de respetar su dignidad, de su seguridad y salud en el trabajo. O sea, se adecuaba el Convenio 189 de la OIT a la legislación nacional”. En el informe en el que él participó se regulaba la jornada y los descansos de las trabajadoras domésticas, también se abordaban temas como la seguridad y la salud. Unos abogados plantearon un recurso de inconstitucionalidad y el Tribunal Constitucional dictaminó que una resolución del ministro de Trabajo no era la forma legislativa de impulsar esa reforma, sino que había que modificar la ley. La reforma volvía al punto de partida y debía iniciar un nuevo camino por las cámaras alta y baja.

Finalmente, el 16 de octubre del pasado año, el nuevo texto que actualiza el Código de Trabajo ha saltado del Senado al Congreso, y se espera una pronta aprobación. Incorpora mejoras en el trabajo del hogar, pero no tantas como se esperaba.

No obstante, el debate social para regularizar mejor a las trabajadoras del hogar ha sido bronco. Uno de los puntos que hizo “implosionar a la sociedad”, en palabras del abogado Javier Suárez, fue que se pretendiera limitar la jornada de la trabajadora doméstica a ocho horas, si no duerme en el centro de trabajo, y a diez si es interna, a quienes se les reconoce “una intermitencia”. Se propuso que la jornada semanal fuera de un máximo de 44 horas, con un descanso de 12 horas entre jornadas si duerme en su casa o de 54 si lo hace en la residencia de su empleador. Además, reconoce el derecho a un preaviso de cinco días antes de un despido y, mientras que en el Código de Trabajo de 1992 se permitía que en el pago del salario se incluyeran la alimentación o el alojamiento, estos beneficios ya no se considerarán parte del sueldo.

El texto que ha aprobado finalmente el Senado recoge todas estas mejoras. No obstante, deja fuera una que impide que las trabajadoras del hogar se equiparen al resto de profesiones: no incluye indemnización por despido (denominado cesantía en República Dominicana) ni subsidio de paro, en un sector que supone la tercera rama de actividad económica más importante para las mujeres en el país (ellas realizan el 92,31% del servicio doméstico, según datos del Gobierno dominicano recogidos en 2021), y que además es un sustento de cuidados para que otras muchas personas puedan acceder al mercado laboral.

Informalidad

Pero la foto real del trabajo en el hogar ajeno ahora mismo es el retrato de la informalidad, una situación en la que se mueve la práctica totalidad de sus trabajadores (el 94,8%,según la misma fuente). Hablamos de contratos verbales (tan solo un 5,3% son escritos), de que solo cuatro de cada diez mujeres tienen las vacaciones pagadas, de que sus sueldos están un 57% por debajo de la media y de que el pago de las horas extras es un unicornio que solo han visto el 0,31% de las más de 245.000 empleadas que componen esta fuerza de trabajo.

Para Estephany Encarnación, experta en incidencia y políticas del Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF), una ONG feminista dominicana, hay una evidente “traba cultural” que ha impedido conseguir mejores avances para las mujeres en la negociación que ha llevado al poder legislativo hasta ese punto, pues se trata de un país “muy machista” que evita identificar los problemas de las mujeres

Cabrera, que dentro de dentro de Conamuca trabaja en la asociación Eufemia Rodríguez, de Semana Santa, una comunidad rural cercana a Yaguate, al sudoeste de Santo Domingo, conoce bien a qué se enfrentan las mujeres en su país, en especial en el campo. Y, por ello, explica la cadena de explotación y vulnerabilidad que se genera a partir del trabajo doméstico. “Encontramos en la mayoría de las comunidades a niñas de 15 años cuidando niños para que mamá salga a trabajar a la ciudad. Niñas que tienen que salir de la escuela a cocinar, a fregar, a trapear, a limpiar”, señala. “Entonces tenemos una mamá violentada en un trabajo con un salario mínimo paupérrimo, que no da para las canastas básicas y unas niñas que se quedan a cargo de sus hermanos y que son vulnerables a sufrir violencia sexual o a terminar en uniones forzosas con hombres que les llevan diez o veinte años”, añade la defensora. Y si esas circunstancias interseccionan con los cuerpos migrantes, el riesgo de violencias y vulnerabilidades es aún mayor.

“La realidad es que en República Dominicana el doméstico es un trabajo que tiene casi características de trabajo esclavo”, remata Estephany Encarnación, coincidiendo con Kathy Cabrera, y señalando que en su país, “el tema de la violencia sexual tiene características de pandemia”, con cerca de 70.000 denuncias por año de violencia sexual, y la estimación “de un subregistro de estas denuncias cercano al 95%”

María, que en realidad tiene otro nombre, acudió a la Asociación de Trabajadoras del Hogar de Bizkaia porque el hombre al que cuidaba en régimen de interna se colaba por las noches en su habitación, que no contaba con pestillo para poder cerrar la puerta. Luisa lo hizo después de pasar años con una lesión mal curada hasta que su cuerpo dijo “basta”. Marimar Peña es la única de ellas que no teme decir su nombre y apellido real, aunque es cierto que ella forma parte del 10% de las trabajadoras del hogar que son autóctonas, por lo que no ha sufrido de primera mano las discriminaciones de sus compañeras migrantes y en situación irregular en el país. En su caso, estuvo trabajando durante 48 años como empleada del hogar para familias adineradas de la capital vizcaína, 41 de los cuales, con contrato y cotización a la seguridad social. En su última casa, en la que estuvo más de dos décadas como trabajadora externa, es decir, no dormía en ella, por lo que define como “desencuentros” con la familia, la despidieron en 2024 a los 62 años de edad.

A pesar de los años cotizados, cuando Marimar acude al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) le comunican que solo le corresponden ocho meses de paro, ya que las cotizaciones como empleada de hogar solo cuentan a partir del 1 de octubre de 2022, fecha en la que se hizo obligatorio cotizar por desempleo. Por esta razón, Marimar junto a la Asociación de Trabajadoras del Hogar de Bizkaia, ha presentado una demanda judicial y se encuentra a la espera de juicio. “Solicito a la justicia que me concedan los dos años de paro que me corresponden por mis 41 años de trabajo cotizados, porque si las trabajadoras del hogar no hemos podido cotizar más o cotizar según nuestros sueldos reales es porque no se nos ha permitido y eso hace que la jubilación que nos quede sea muy pequeña”, defiende.

Ellas son algunas de las 524 personas, en su gran mayoría mujeres, que han pasado por la asociación, que ha tratado un total de 671 incidencias a lo largo de 2025, ya que algunas de ellas han acudido con más de una problemática. “Atendemos a estas mujeres en gran parte por problemas laborales por falta de contrato o de más horas trabajadas que las que deberían, sobre todo en el caso de las mujeres internas. Pero también con problemas de salud física o mental o sucesos como agresiones sexuales producidas por los ancianos o incluso sus familiares cuando acuden al hogar. Además de malos tratos, insultos y humillaciones, sobre todo en el caso de las mujeres que se encuentran en situación irregular y son más vulnerables. Muchas son conscientes de las agresiones que están sufriendo, pero aguantan por conseguir los papeles”, reconoce Isabel Otxoa, profesora de Derecho de Trabajo en la Universidad del País Vasco (EHU) y activista de la Asociación de Trabajadoras del Hogar.

Según reconoce Otxoa, la mayoría de ellas sufren problemas de salud física, pero también de salud mental en ocasiones derivada de la soledad que sienten sobre todo las trabajadoras que se encuentran en régimen interno. “Son personas que llegan a nosotras muy conmovidas, a las que cuando se quejan les llegan a decir que no se quejen porque tienen dónde comer y dormir en las casas en las que trabajan. Las tratan como a un trapo. Muchas de ellas se sienten solas porque solo pueden salir un par de horas al día y los fines de semana no los tienen libres y eso dificulta la conciliación familiar y social, por lo que para cuando llegan a nosotras su situación emocional es muy mala”, explica Otxoa.

En este sentido, desde la Asociación de Trabajadoras del Hogar, que inició su andadura en el año 2012, han podido comprobar que el perfil de la persona que contrata los servicios de estas mujeres -ya que ellas han sido el 97% de las personas atendidas- ha ido aumentando y cambiando a lo largo de los años. “Antes solo se lo podían permitir las personas con cierta holgura económica. Ahora, el problema de la falta de un sistema público de cuidados y los precios de las residencias de mayores privadas hacen que más familias opten por esta opción. Hay familias que prueban la residencia, que la pagan con el dinero que deja la persona mayor, y al ver que se están fundiendo la herencia deciden contratar a una de estas mujeres”, lamenta.

Casi siete de cada diez trabajadoras en condiciones “ilegales”

Los datos recabados por la asociación durante el año 2025 hablan por sí solos: el 67,54% de las trabajadoras internas realiza el trabajo en condiciones “ilegales” en materia de jornada y descansos porque superan las 60 horas semanales que estipula la ley, cifra que asciende al 73,54% si se consideran solo las trabajadoras que no tienen papeles. Del total de trabajadoras, un 50,22% son extranjeras no comunitarias, un 10,13% autóctonas, un 37,56% personas con doble nacionalidad y un 2,09% extranjeras comunitarias. De entre las extranjeras no comunitarias, el 57,57% tenía “papeles”, mientras que el restante 42,43% se encontraba en situación administrativa irregular. Entre las trabajadoras internas, el porcentaje de extranjeras no comunitarias se eleva al 60,85%.

Desde la asociación denuncian que “el 100% de los salarios de las internas de entre semana no se ajustan al mínimo en relación con todas las horas de jornada” y han advertido que “el abuso salarial es mucho mayor en el caso de las trabajadoras sin papeles”. Considerando solamente el salario mínimo por 40 horas, “sin tener en cuenta que hacían muchas más”, el 19,35% de quienes estaban en situación regular y el 51,38% de quienes no tenían papeles no llegaban a percibirlo, ha advertido ATH, para apuntar que de las internas de fin de semana, solo un 6,67% percibía el salario mínimo correspondiente a su jornada.

Asimismo, en un 37,60% de los casos persiste la entrega del sueldo en mano sin ningún tipo de documentación, el 56,59% recibía el salario mediante transferencia bancaria y el 48,06% recibía nómina. Casi todas las trabajadoras internas entre semana en situación regular estaban de alta en la Seguridad Social, el 96,13%, y entre las internas de fin de semana en situación regular estaba de alta un 69,57%. En el 84,74% de los casos, la trabajadora interna vive sola con la persona o personas atendidas y estas personas que vivían solas, eran mujeres en un 66,82% de los casos.

En el caso de las externas, trabajadoras que duermen en sus hogares, pero acuden a los hogares de las personas mayores que cuidan a trabajar, el 17,19% de todas las trabajadoras estaba en situación administrativa irregular, porcentaje que sube al 39,44% en el caso de las trabajadoras no comunitarias externas. El 83,05% de las trabajadoras externas está a tiempo parcial y la jornada más frecuente ha sido la del tramo entre 21 a 39 horas, semanales (21,31% del total), seguida de la de 1 a 5 horas (18,89%). En un 21,55% de los casos en el trabajo externo no se alcanzaba el SMI correspondiente a la jornada. En concreto, casi un tercio de quienes no tienen papeles no reciben el SMI, cifra que baja hasta algo menos de un quinto en el caso de quienes sí los tienen.

También en el trabajo externo es obligatorio documentar el pago del salario, pero el 43,34%% cobraba en mano, sin ningún tipo de recibo, mientras que recibe nómina casi un 30% de las trabajadoras. De todas las trabajadoras externas en situación regular, están dadas de alta el 80,40% y las que pueden tener seguridad social y no la tienen son un 19,60%. El 54% de las externas realizan solamente tareas domésticas y el 45% cuidaba también a personas adultas o niños. Cuando el cuidado es la tarea principal, el 20% se dedicaba a atender a menores y en la atención a personas adultas el 63,07% vivían solas.

Según esperan desde la Asociación de Trabajadoras del Hogar de Bizkaia, la regularización extraordinaria para integrar a personas extranjeras que ya están en España y que arrancará en abril de 2026 supondrá un respiro para muchas de ellas. “Para muchas va a ser la gloria, porque se va a acabar, con perdón, lo de tener que comer mierda a cambio de los papeles”, concluyen.

Lucía llevaba apenas unos días viviendo en la localidad. Se había trasladado allí después de quedarse sin trabajo tras la muerte de la mujer a la que cuidaba en régimen interno, algo a lo que se había dedicado los tres años que llevaba en España tras migrar de su Nicaragua natal. Ya en la nueva ciudad, que pertenece a Euskadi pero que prefiere no revelar, consiguió unas horas para limpiar la casa de un hombre que vivía en una zona conocida por el poder adquisitivo de sus residentes. Fue un par de veces a realizar su trabajo. El tercer día, el hombre, de unos 70 años, la agredió sexualmente.

Así lo considera probado la sentencia que la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Euskadi dictó el pasado noviembre, que confirma una anterior de la Audiencia Provincial de Bizkaia recurrida por el hombre. El fallo le condena a seis años de cárcel y le impide acercarse durante diez años a Lucía –que utiliza un nombre que no es el suyo por temor a ser reconocida– por agredirla sexualmente el 24 de enero de 2022 en su chalet, un lugar que “imposibilitaba de forma absoluta” el auxilio de la víctima.

La sentencia describe lo que ocurrió aquel día: el hombre había recogido con su coche a Lucía en la estación de metro más cercana, como había hecho los días anteriores, debido a que la vivienda está lejos de las paradas de transporte público. Nada más estacionar el vehículo en el garaje, que tiene acceso directo a la vivienda sin necesidad de salir a la calle, el condenado “cogió de los hombros” a la mujer, la condujo a la cocina y “se le echó encima, comenzando a tocarla y a besarla sin su consentimiento”. Lucía “forcejeó” con él, pero fue “inmovilizada por los brazos”, le quitó la ropa y la violó. La mujer “dejó de hacer resistencia antes por miedo a que le sucediera algo peor”, detalla el fallo.

“Sentí mucho miedo, solo me venía el miedo... Me sentía encerrada porque para salir de allí era difícil”, le contó a su psicóloga a los pocos días en una grabación del primer encuentro con ella a la que ha accedido elDiario.es. Según su testimonio, cuando cesó la agresión, él le dijo que se quedara trabajando y ella le respondió que se quería ir a su casa. Lucía estaba “vencida y perdida”, en estado de shock y sin saber cómo salir de la vivienda. El hombre la llevó en coche hacia una farmacia y la dejó allí. En ese momento, llamó a su entonces novio y le dijo que “le había pasado algo”. Su expareja declaró en el juicio que Lucía estaba “llorando y muy nerviosa, sin poder hablar” y que él mismo le recomendó que llamara al 112. A las 20.20 horas de aquel día, el agresor le envió un Whatsapp pidiéndole perdón “por todo lo ocurrido”.

“Le deshizo la vida”

A Lucía, todo lo ocurrido le provocó un trastorno de estrés postraumático y ha tenido consecuencias en prácticamente todos los ámbitos de su vida, según consta en el informe de la Unidad de Valoración Forense Integral (UVFI) que la evaluó. “Me daba miedo hasta salir del portal. Tenía temor a encontrármelo y pensaba que igual alguien querría hacerme daño para que no hablara. Los primeros días no tenía fuerzas ni para levantarme”, sostiene ella misma ante Sheila Melcón, su psicóloga. La agresión le produjo “aversión” a los hombres de pelo blanco, una situación que limitó sus posibilidades de trabajar en el empleo de hogar, al que se había dedicado desde que llegó. Se veía incluso obligada a salirse del metro si compartía vagón con algún hombre con esos rasgos.

Ella nos decía al inicio que no iba a poder, pensaba que no podía ir al juicio, que nadie le iba a creer. Lo repetía mucho

Sheila Melcon — Psicóloga de Lucía

“Le deshizo la vida por completo. No podía sostenerse ni lo más elemental del día a día y tenía un trauma tremendo por la brutalidad de la agresión unida a ese contexto en el que ella vivía, que era prácticamente de recién llegada porque los años anteriores había estado interna. Hay que tener en cuenta que estaba en situación irregular, apenas conocía nada ni a nadie. No sabía ni lo que era el padrón”, esgrime Melcón. La profesional es parte del equipo de la consultora especializada en violencia machista Sortzen, encargada de prestar la asistencia a víctimas en el municipio en el que vive Lucía, a la que ha acompañado en el proceso.

Cuando elDiario.es y Univisión revelaron que dos extrabajadoras de Julio Iglesias le han denunciado por violencia sexual, las profesionales de la consultora pensaron en Lucía. “Esto también ocurre aquí, lo que pasa es que romper el silencio es muy difícil. En estos casos hay una gran asimetría de poder y de eso se aprovechó el agresor, que conocía su situación de vulnerabilidad”, apunta Norma Vázquez, directora de Sortzen. En este caso, la agresión fue “tan brutal” y ella estaba en “tal estado de shock”, que al llamar al 112 se inició el protocolo que culminó en la denuncia: “De lo contrario, ella nunca hubiera denunciado, como la mayoría de mujeres. Ellos lo saben y lo utilizan”.

Lucía era consciente de esa “asimetría de poder” al inicio del proceso judicial y se sentía “indefensa” porque “es una persona de aquí que puede defenderse económicamente y yo no tengo nada”, decía. El informe de la UVFI acredita la “vulnerabilidad” de la mujer por varios motivos como el “origen extranjero” y la situación administrativa irregular, su “escasa red de apoyo informal” y la “precariedad laboral”. “Ella nos decía al inicio que no iba a poder, pensaba que no podía ir al juicio, que nadie le iba a creer. Lo repetía mucho”, recuerda su psicóloga, que remarca que la imposibilidad de Lucía de salir del chalet no era solo “una cuestión física”, sino que “estaba bloqueada” y no sabía qué hacer.

Salir de la culpa

En el juicio, Lucía explicó que había conseguido el empleo a través de un conocido portal de anuncios de Internet en el que es común que las trabajadoras de hogar oferten sus servicios. Según su testimonio, le contactó una supuesta mujer que decía ser la secretaria del dueño del chalet y eso le dio “confianza” porque ya había vivido en otras ocasiones cómo hombres utilizan esta vía para intentar mantener relaciones sexuales con trabajadoras. El primer día, la mujer fue a conocer la casa y todo “fue normal”, pero después empezó a mandarle mensajes que excedían la relación laboral, que además solo tenía dos días de antigüedad y no estaba mediada por ningún tipo de contrato.

La transcripción de los mensajes acredita que el condenado se mostró esos dos días insistente con Lucía para quedar y verla sin atender a la negativa de la mujer, que el día de la agresión sentía que “no quería ir” a trabajar. Sin embargo, la precariedad que atravesaba le hizo acudir. “Fui porque necesitaba el dinero”, aseguró ante su psicóloga. Como suele ocurrir en las víctimas de violencia sexual, Lucía “sigue arrastrando” vergüenza y culpa por eso: “Todavía hoy se machaca y cuestiona por qué fue aquel día. Poco a poco hemos ido trabajando que de fondo hay una necesidad económica y una situación estructural que la empujó”.

La defensa señaló que Lucía había denunciado "por dinero", pero la sentencia destaca que esa acusación carece "del más mínimo respaldo".

El condenado utilizó varias estrategias de defensa habituales de los acusados de violencia sexual. Aseguró que se trató de sexo consentido y mintió afirmando que habían quedado en varias ocasiones para pasear o que se había iniciado entre ellos “una amistad bastante grande”. Como ha hecho el cantante Julio Iglesias para intentar desacreditar las acusaciones contra él, el hombre utilizó unos emoticonos descontextualizados enviados por Whatsapp por Lucía y aseguró que era posible salir de la casa si hubiera querido para intentar reforzar su versión. Además, acusó a la mujer de denunciar “por dinero”.

Sin embargo, la sentencia concluye que el móvil lucrativo carece “del más mínimo respaldo” y recuerda que, pese a los “factores superpuestos de discriminación” que enfrentaba Lucía y que podrían haber actuado “como barrera” para interponer la denuncia, la mujer denunció “nada más ocurrir los hechos”. Remarca que la declaración de la mujer “ha sido siempre la misma en sus puntos esenciales” y que, a pesar de que el acusado trató de “empañar su credibilidad”, el testimonio es acorde a la relación que tenía con el hombre: “laboral de solo unos días” y en ningún caso afectiva, ya que ella “rehusó” y “no correspondió” sus pretensiones.

Desde Sortzen son conscientes de que “no es habitual” que este tipo de casos acaben en condena, más aún si son abusos sostenidos en el tiempo y no una agresión sexual con violencia física como es esta. Las profesionales creen que ha sido “clave” el acompañamiento “feminista” que han seguido desde los servicios municipales y que “no se ha limitado a atender el trauma”, sino que ha sido “muy integral” y no dependiente de un número de sesiones limitadas, como ocurre en otros municipios. Lucía no solo ha contado con atención psicológica, también acompañamiento “en todos los ámbitos” como las gestiones ante la Policía, para lograr la regularización, comprar un billete de metro, abrir una cuenta en el banco, ir con ella al médico o incluso ayudarle a poner alarmas en el móvil o recordatorios en la nevera de casa.

“En estos tres años no ha vivido, no podía salir, tenía fobia a todo, no dormía y se descomponía físicamente”, apunta Vázquez. Con “mucho tiempo y mucha paciencia”, ha ido dando pasos hacia adelante. Aún hoy sigue sin poder cruzar a la zona en la que está la vivienda en la que sufrió la agresión, pero está empezando a reponerse y a descubrir qué le gusta hacer más allá del trabajo de hogar y cuidados al que se sintió empujada a dedicarse ante la falta de alternativas. Sueña, quizá algún día, con abrir una peluquería.

“Parece que por estar en una casa no corremos ningún peligro y no es verdad, sí hay riesgos”, afirma Margarita, trabajadora del hogar y activista de Territorio Doméstico. Desde este viernes, 14 de noviembre, los empleadores de trabajadoras del hogar están obligados a evaluar y prevenir los riesgos laborales que enfrentan sus empleadas. Como si hay escaleras en casa y cómo son, cómo se limpian las ventanas y si se dan guantes para prevenir el contacto directo con productos químicos de limpieza, entre los aspectos más comunes. No cumplir con esta nueva obligación puede acarrear sanciones para los empleadores desde 2.451 euros hasta 49.180 euros, en su grado máximo.

La protección de la salud y la prevención de los riesgos derivados del trabajo es un derecho de todos los empleados, que ahora debe llegar también a las trabajadoras domésticas. No son pocas: más de 341.000 afiliadas a la Seguridad Social, de las que se suela hablar en femenino porque el 96% son mujeres. “El 80% de ellas tiene más de 40 años y el 69% tiene origen extranjero o doble nacionalidad”, destacó hace unos meses la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Al prestar servicios en un hogar, y no en una empresa al uso, su trabajo tiene ciertas particularidades, como la inviolabilidad del domicilio de cara a la Inspección de Trabajo, pero los colectivos de empleadas domésticas y los sindicatos llevan mucho tiempo peleando para que esta “particularidad” no signifique una desprotección de su salud y seguridad.

El Gobierno aprobó un decreto para ampliar sus derechos de protección a la salud, que este viernes entra en vigor respecto a la evaluación y prevención de sus riesgos laborales. El Ministerio de Trabajo lanzó hace seis meses la herramienta gratuita Prevención 10, para facilitar esta tarea a los hogares. En los últimos días, la web ha tenido múltiples caídas, que fuentes del departamento de Yolanda Díaz han denunciado como un ataque informático.

Además, estos nuevos derechos de protección nacen con tareas pendientes. El Ministerio de Trabajo acumula dos retrasos: el lanzamiento de una plataforma formativa para las empleadas del hogar a través de la Fundación Estatal para la formación en el Empleo (Fundae), que tendría que estar disponible desde marzo, y la publicación de un protocolo de actuación frente a situaciones de violencia y acoso en el servicio del hogar familiar, cuya fecha límite era el pasado septiembre.

¿Quién debe realizar la prevención de riesgos?

La ley establece el “deber de la persona empleadora de protección de las personas trabajadoras frente a los riesgos laborales” que se puedan dar en su domicilio.

En principio, el empleador es quien debe realizar la evaluación y prevención de riesgos, pero también puede delegar esta tarea en una tercera persona si no puede asumirlo “por sus características personales o estado biológico conocido” (por ejemplo, personas mayores o con alguna discapacidad que no sean capaces de ello).

Además, también puede contratar a una entidad especializada en prevención, “sin que por ello le eximan del cumplimiento de su deber en esta materia”.

Primero evaluar y luego prevenir

Como ocurre con cualquier otro caso, la clave para garantizar la seguridad y la salud de las personas empleadas consiste, primero, en evaluar a qué riesgos se enfrentan debido a su trabajo y, después, en tomar medidas para evitarlos, prevenirlos y para proteger a los trabajadores en caso de que estos sean inevitables.

La evaluación de riesgos debe tener en cuenta, con carácter general, “las características de la actividad y de las personas empleadas”, indica la ley. Así, es importante analizar qué tareas se realizan y sus posibles peligros –si se limpian armarios en altura, qué escaleras se utilizan para ello, cómo se limpian los cristales de las ventanas, si se levanta peso, o qué productos se utilizan para limpiar–, al igual que evaluar en qué situación está la trabajadora por cuestiones como su edad, estado de salud o, por ejemplo, si está embarazada.

Si los resultados de la evaluación ponen de manifiesto que hay situaciones de riesgo, “la persona empleadora adoptará las medidas preventivas necesarias para eliminar o reducir y controlar tales riesgos, documentándolas por escrito con la fecha concreta de su adopción”, indica la norma, que obliga a entregar “una copia de dicha documentación a la persona trabajadora para informarla de las medidas adoptadas”.

Margarita menciona algunos riesgos habituales de su trabajo, como la limpieza en altura en la que las empleadas tienen que subirse a escaleras, o de cristales de ventanas que están abiertas y pueden suponer una caída. “Hay que concienciar a los empleadores y a las trabajadoras, porque muchas veces se normalizan los riesgos. No podemos limpiar las ventanas por fuera si ello supone un riesgo. Hay alguna compañera que ha muerto por esto. No tenemos arnés ni las medidas que se requieren para limpiar ventanas desde el exterior”, dice la activista de Territorio Doméstico.

La norma obliga a los empleadores a “proporcionar a las personas trabajadoras del servicio del hogar familiar equipos de trabajo adecuados para el desempeño de sus funciones”. Por ejemplo, los guantes, claves para proteger la piel del contacto de los productos de limpieza.

Sanciones de hasta 49.180 euros

A partir de ahora, aunque la Inspección de Trabajo no pueda acceder al domicilio de los empleadores sin su consentimiento, los actuantes sí pueden requerir la documentación que justifique esta prevención de riesgos laborales.

No realizar la evaluación de riesgos o no implementar las medidas preventivas que sean necesarias supone una infracción grave, que puede acarrear multas de 2.451 euros a 49.180 euros en su grado máximo. Si hay incumplimientos muy graves en materia preventiva, las sanciones pueden escalar desde esa cantidad hasta casi el millón de euros en el grado máximo.

El Ministerio de Trabajo denuncia que la herramienta gratuita lanzada para prevenir los riesgos laborales de las empleadas del hogar, Prevención 10, está sufriendo un “ataque malicioso”, responden en el departamento de Yolanda Díaz a elDiario.es. La obligación de evaluar y prevenir los riesgos laborales de estas trabajadoras comienza a partir de mañana, 14 de noviembre.

Prevención 10 se lanzó el pasado mayo por parte del Ministerio de Trabajo para facilitar a los hogares la obligación de evaluar y prevenir estos riesgos laborales de las empleadas domésticas, un mandato que no existía hasta el momento.

La herramienta estaba sufriendo fallos en las últimas horas, desde este miércoles, sin posibilidad de acceder a la web, algo que en el Ministerio de Trabajo habían adjudicado inicialmente a la “alta demanda” del servicio.

“Debido a la alta demanda en Prevencion10.es estamos experimentando problemas en el acceso a la página. Por favor, intenta conectarte más tarde”, indicaba hasta el momento la página.

Un “ataque de bots”

Sin embargo, fuentes del Ministerio de Yolanda Díaz indican a elDiario.es que finalmente han detectado “un ataque malicioso” contra la página web. En concreto, “un ataque de bots” para saturar y tumbar la herramienta. En Trabajo indican que están “trabajando para restablecerla lo antes posible”.

Los ataques con bots son capaces de rellenar formularios con datos falsos para hacer un envío masivo de documentación fraudulenta. Esto satura el buzón de entrada con peticiones basura y, en casos extremos, provocar interrupciones en el servicio de la web.

En Trabajo indican que los primeros problemas se detectaron este miércoles y que, hasta la fecha, “la plataforma llevaba seis meses funcionando sin problema alguno”. Una usuaria de la página web asegura no obstante que el lunes por la noche intentó acceder y “ya estaba caída”.

Ahora, la página web de Prevención 10 muestra el siguiente mensaje: “La aplicación Prevención10 está sufriendo una caída del servicio que inicialmente se identificó como una sobrecarga por el elevado flujo de personas usuarias y que, finalmente, hemos confirmado que se trata un ataque malicioso”.

“Estamos trabajando para restablecerla lo antes posible. Gracias por la comprensión. Por favor, intenta conectarte más tarde. Recuerda que, al terminar el procedimiento, no será necesario registrar el documento en ningún otro organismo oficial. Resolvemos tus dudas en el correo:prevencion10@insst.mites.gob.es”.

Lidia tiene 53 años y llegó a Euskadi hace 25. Sus primeros años los pasó como interna cuidando a personas mayores de distintos hogares, hasta que fallecían. Sin contrato ni cotización en la seguridad social, en una situación de “total explotación”, como asegura. “El trabajo de interna te afecta mucho psicológicamente. Estás encerrada, prácticamente no tienes tiempo para ti ni para tu ocio. Cuando trabajas con niños eres prácticamente su madre, tú eres quien les lleva a la escuela, quien está con ellos cuando están enfermos, si quieren algo de madrugada te levantas tú a atenderlos... y cuando se trata de personas mayores la situación es peor porque tienes que levantar peso y en los peores casos sufrir agresiones”, lamenta Lidia.

A día de hoy Lidia ha conseguido dejar atrás el trabajo de interna y cuenta con un contrato laboral en una casa en la que cuida a tres niños, pero asegura que su situación tampoco ha mejorado todo lo que debería. “Lo único es que ahora me pagan el salario mínimo interprofesional y cotizo, pero el desgaste físico y psicológico es parecido”, reconoce.

Maritza a sus 65 años y 33 de ellos en Euskadi, aún sigue ejerciendo de interna. Lleva con contrato los últimos cinco años, por lo que no puede acceder a una jubilación pese a que lleva toda la vida trabajando, su edad y a los dolores físicos que sufre tras una vida cuidando de personas mayores. “No me han hecho contrato hasta ahora porque las personas que cuidaba se iban muriendo. Ninguno de ellos ha aguantado vivo más de un año y para eso las familias no te hacen contrato. Para el trabajo que hago necesitas tener fuerza para poder levantarles, lavarles o cambiarles el pañal y en muchas de las casas no tienen grúa, así que tengo que levantar un peso muerto. Me duelen las rodillas y voy al médico y me da un ibuprofeno, no me soluciona nada. Llevo una vida entera cuidando, ¿pero quién me cuida a mí?”, se pregunta.

“Luego está el problema de la vivienda. De internas vivimos ahí y aguantamos muchas situaciones que no deberíamos porque si nos echan nos quedamos en la calle. No tenemos a dónde ir. Se aprovechan de eso y de que no conocemos las instituciones o una organización donde nos puedan orientar”, lamenta Maritza, que reconoce que es difícil saber el número exacto de compañeras del sector, porque la mayoría de ellas trabajan sin contrato.

Llevo una vida entera cuidando, ¿pero quién me cuida a mí?

Maritza — Trabajadora interna

Hasta ahora, que han decidido reunirse y organizarse a través del sindicato LAB para llevar su situación de “explotación laboral” a los tribunales y hacer llegar a las instituciones un 'Decálogo por los derechos de las trabajadoras del hogar'. “Nos concientizamos que la única forma de tener nuestros derechos es organizándonos y eso lo que estamos haciendo. Es la primera vez que un sindicato vasco nos abre las puertas y que nos apoyan. Tenemos que organizarnos, hacer reuniones, aunque es muy difícil conseguir tiempo libre para reunirse en el trabajo de interna, pero estamos organizadas para dejar de ser esclavas y luchar por nuestros derechos”, reconoce Lidia.

En mayo de 2022, el sindicato LAB inició un procedimiento para establecer una mesa de negociación en el sector. “En el caso de las trabajadoras del hogar, los empleadores son particulares, por lo que no existe una patronal formal. Por ello, se invitó a Confebask, la patronal con mayor representación en el País Vasco, a participar en la mesa de negociación. Sin embargo, Confebask rechazó participar en las negociaciones”, han detallado desde el sindicato. “Consideramos que este rechazo supone una violación de derechos y discriminación, ya que deja a un colectivo de trabajadoras sin la posibilidad de acceder a un convenio colectivo”, han destacado. Ante esto, el sindicato recurrió por vía judicial. En la primera sentencia, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco reconoció el derecho del sector a la negociación colectiva, pero, debido a la falta de desarrollo legislativo, no sancionó la actitud de la patronal.

Tras lo ocurrido, el sindicato llevó el caso al Tribunal Supremo, pero este “no abordó el fondo del asunto”, según ha explicado este lunes Ainhize Muniozguren, responsable de la Secretaría Jurídica de LAB. En su resolución, el tribunal se centró en un problema de formalismo: que LAB y otros sindicatos no habían demostrado adecuadamente su legitimidad para solicitar la mesa de negociación. Muniozguren ha aclarado que “no es correcto”: “Hay otros sindicatos, por lo que es suficiente con tener mayoría para iniciar un proceso de negociación. Además, ya estaba demostrado que existía mayoría sindical, y ni la patronal ni las instancias anteriores habían puesto en duda este punto”. Según Muniozguren, el Tribunal Supremo, “ante la complejidad jurídica del asunto, evitó entrar en el fondo del debate”. “LAB no dará por concluido el proceso, y llevaremos el caso al Tribunal Constitucional para garantizar que no se les niegue a las trabajadoras del hogar su derecho a negociar”, ha confirmado.

Durante años las trabajadoras del hogar han sido ignoradas, el sindicalismo no les ha dado un espacio como trabajadoras

Garbiñe Aranburu — Coordinadora general de LAB

Por su parte, Mariana Urcuyo, responsable del Sector de Trabajadoras del Hogar de LAB, ha presentado el 'Decálogo pro los derechos de las trabajadoras del hogar' un documento que será entregado a organismos políticos, sindicatos y movimientos sociales. Además, desde el sindicato informan de que a partir de septiembre, pedirán reuniones con el Gobierno vasco y el Departamento de Trabajo del Gobierno de Navarra para interpelar a la patronal y promover cambios legislativos. El documento incluye una serie de medidas como: exigir el cumplimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva y de todo lo establecido en el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, garantizar el registro obligatorio de la jornada laboral para evitar horas no reconocidas dentro del hogar, la abolición del régimen de internas, el control y reconocimiento de las horas de presencia y pernocta como horas de trabajo efectivo, equiparar la indemnización por finalización de contrato a la del resto de sectores, activar una inspección de trabajo eficaz y sin sesgos, desarrollando herramientas reales para verificar las condiciones laborales en domicilios, aplicar de forma real y fiable la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el reconocimiento de las cotizaciones anteriores a 2022, avanzar hacia un sistema público y comunitario de cuidados y garantizar todos los derechos para las mujeres migradas y racializadas.

Garbiñe Aranburu, coordinadora general de LAB, ha destacado que las trabajadoras del hogar realizan un “trabajo imprescindible” para la supervivencia de las familias: “El sistema necesita este trabajo para sobrevivir, pero el capitalismo patriarcal y colonial no le da el valor que merece”, ha indicado Aranburu, para después denunciar “la grave situación del sector” en la que las trabajadoras viven “explotación laboral, falta de protección legal e institucional y falta de visibilidad”. “Incluso la Inspección de Trabajo no interviene, alegando que es imposible actuar en los hogares privados. La mayoría de las trabajadoras son migrantes y racializadas, y en muchos casos trabajan como empleadas del hogar internas, en condiciones de pseudo-esclavitud, sometidas a violencia y abusos”, ha destacado.

Según Aranburu, no se puede entender la situación del sector sin mencionar la Ley de Extranjería: “Para las mujeres migrantes que llegan al País Vasco, ser trabajadora del hogar se ha convertido en una de las pocas opciones laborales. Se trata de una deuda patriarcal y colonial que afecta a toda la sociedad, incluyendo a los sindicatos. Durante años, las trabajadoras del hogar han sido ignoradas, el sindicalismo no les ha dado un espacio como trabajadoras, y nosotros queremos ser una herramienta para todas las trabajadoras y llevamos tiempo organizando, escuchando y uniendo a las trabajadoras del hogar”, ha concluido.

Cuenta atrás para garantizar el derecho a la protección de la salud de las empleadas del hogar en su puesto laboral, como debe ocurrir para el resto de personas trabajadoras. El Ministerio de Trabajo ha lanzado este miércoles una herramienta pública y gratuita para facilitar esta tarea a los hogares, Prevención10, que es el punto de partida que marcó la ley para iniciar el plazo de seis meses de adaptación a los empleadores. La fecha de entrada en vigor de la prevención de riesgos para este colectivo de trabajadoras es, por tanto, el 14 de noviembre.

“Hoy venimos a cumplir con una promesa de país. Una promesa hecha a las trabajadoras del hogar, que durante demasiado tiempo fueron invisibles en las estadísticas, en las leyes y en las prioridades políticas”, ha destacado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la presentación de la herramienta desarrollada por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST). Díaz, acompañada de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha sostenido que las empleadas del hogar son una “prioridad” para el Gobierno de coalición, que aprobó su derecho al paro y una protección particular ante sucesos como la DANA.

La vicepresidenta ha recordado que hay más de 348.000 mujeres afiliadas a la Seguridad Social en el régimen especial del hogar. “El 80% de ellas tiene más de 40 años y el 69% tiene origen extranjero o doble nacionalidad”, ha subrayado, con “erca de 38.000” que trabajan como internas, un colectivo especialmente vulnerable ante prácticas abusivas, como la falta de horarios y de descansos.

El Ejecutivo aprobó el pasado septiembre un real decreto que amplió los derechos de las trabajadoras del hogar en lo referido a la protección de su salud y a la prevención de los riesgos laborales que afrontan en el desarrollo de sus tareas, con medidas concretas pendientes de varios desarrollos posteriores. La obligación de los hogares de evaluar y prevenir los riesgos laborales de sus empleadas quedó a la espera del lanzamiento de esta herramienta pública, que Yolanda Díaz ha destacado que se ha culminado por parte del INSST incluso antes del plazo establecido.

Desde el lanzamiento de Prevención 10, este miércoles, los hogares cuentan ahora con seis meses para familiarizarse con la herramienta y para aprender en qué consiste la evaluación de riesgos laborales, con el objetivo de cumplir con este nuevo mandato el próximo 14 de noviembre. Como ocurre con cualquier trabajador, si los empleadores no previenen los riesgos laborales, se enfrentan a posibles multas de la Inspección de Trabajo. En esta materia, las sanciones van de los 45 euros, en los casos más leves, a casi el millón, en las situaciones más graves y peligrosas.

“El hogar tiene que ser también un lugar de trabajo seguro”, ha destacado Yolanda Díaz, que ha sostenido que la herramienta está pensada para garantizar los derechos de las empleadas domésticas, pero también para facilitar sus obligaciones a las personas empleadoras. A menudo, mujeres “a las que no les da la vida para cuidar a sus hijos, sus padres o para poner trabajar”, ha dicho Díaz, y que contratan una trabajadora en su casa “por necesidad”.

¿Hay escaleras en la casa? ¿Dan guantes? ¿Hay descansos?

La directora del INSST, Aitana Garí, ha explicado que la herramienta gratuita Prevención10 no exige “ningún conocimiento previo en prevención de riesgos laborales” y que pretende facilitar a los hogares la tarea de evaluación de riesgos, en primer lugar, y de prevención de los mismos después.

Garí ha recordado que muchas veces se minimizan los riesgos del trabajo doméstico, pero ha llamado la atención sobre este error, que lleva a que las empleadas domésticas enfermen, tengan accidentes y sufran incapacidades, que además no están declaradas como profesionales.

Con preguntas simples sobre cómo es el hogar y cómo se desarrollan las tareas, las personas empleadoras pueden detectar cuáles son los posibles riesgos del espacio de trabajo. Por ejemplo, si hay escaleras y si tienen barandillas, si se usan escaleras de tijera y cómo son, si se limpian los cristales con las ventanas abiertas, si se establecen algunos momentos de descanso o pausa, si se utilizan productos de limpieza con químicos o si se proporcionan guantes a las empleadas, por ejemplo.

Una vez se detectan los posibles riesgos, la herramienta proporciona sugerencias con las medidas para remediarlos o minimizarlos. “Se obtiene un documento con la evaluación de riesgos en el domicilio, las medidas preventivas que han de implantarse y los materiales informativos que deben entregarse las personas trabajadoras. El sistema también permite registrar las fechas de establecimiento de cada medida y realizar un seguimiento de su cumplimiento”, informa el INSST, que tiene disponible un teléfono de atención para responder consultas, 913634300, disponible los días laborales de 9 a 14 horas.  

El objetivo final es que “nadie se juegue la salud ni la vida por ir a trabajar”, ha recordado Yolanda Díaz, como máxima de la salud laboral en el trabajo, que también debe alcanzar a estas empleadas, tradicionalmente ignoradas y precarizadas.

Díaz ha señalado incluso “casos reales” de explotación y vulneración de derechos básicos a empleadas del hogar que les han llegado en la elaboración de esta herramienta pública, como la restricción de “días para ducharse o se les obliga a hacerlo con agua fría”, “casos en que no pueden usar el baño y deben hacer sus necesidades en un cubo”, “que limpian con productos tóxicos”, trabajadoras “sin guantes, sin calzado antideslizante y sin equipos básicos de protección”, ha condenado la vicepresidenta segunda, que ha sostenido que estas prácticas no son “compatibles con una democracia avanzada”. 

El Gobierno de Navarra, a través del Instituto Navarro para la Igualdad / Nafarroako Berdintasunerako Institutua (INAI / NABI), ofreció en 2024 asesoría jurídica y laboral a 253 trabajadoras del hogar, un sector formado en su mayoría por mujeres. “Se consolida así este servicio cuyo objetivo es informar y orientar sobre los derechos laborales para mejorar sus condiciones de trabajo y lograr una dignificación de sus condiciones laborales”, destacan desde el Ejecutivo foral. 

El servicio ha atendido a más de 500 personas usuarias desde que se puso en marcha en abril de 2022, gestionando unas 600 consultas. Entre los temas de consulta más habituales figuran aquellos relacionados con el salario, nóminas, jornada laboral, vacaciones, descansos, indemnizaciones, antigüedad, causas de despido, fin de contrato, cotización, baja o maternidad, entre otros.

Tal y como se señala desde el INAI / NABI, “el trabajo de empleadas de hogar se encuentra altamente feminizado y marcado por la precariedad laboral, siendo uno de los pilares del sistema actual de cuidados”. Ante ello, desde el Instituto Navarro para la Igualdad se defiende el valor del empleo doméstico en la sociedad, apostando por ofrecer este servicio gratuito de asesoramiento jurídico y laboral a las empleadas de hogar.

El Gobierno de Navarra puso en marcha este servicio tras detectar “un vacío en el asesoramiento de este colectivo de mujeres”, a raíz del estudio ‘Las empleadas del hogar en Navarra: análisis de sus condiciones laborales y su proceso de regularización’, realizado en el año 2020. Según se desprende del estudio, el sector de las empleadas del hogar se configura como un ámbito de trabajo precario e invisible, en el que los niveles de feminización (cercanos al 90%), así como la alta presencia de población extranjera (superior al 40%) son los rasgos más característicos.

Según los datos más actuales, en 2024 en Navarra se registraron un total de 6.703 afiliaciones al denominado ´Sistema Especial de Empleo del Hogar´ dentro del Régimen General de la Seguridad Social. Tal y como se desprende de los datos de afiliación por sexo, el 97% de las personas que trabajan en el empleo del hogar en Navarra son mujeres. 

273 asistencias realizadas en 2024

El servicio de asesoramiento jurídico-laboral dirigido a empleadas del hogar está gestionado a través de Fundación Gaztelan. Las consultas tienen lugar los lunes por la tarde en horario de 16:00 a 19:00 horas, concertadas con cita previa a través del teléfono 948136020 o el email recepcion@gaztelan.org. Aquellas que no pueden ser atendidas de manera presencial se gestionan de manera telefónica o telemática, priorizando la atención presencial de las personas usurarias. 

En 2024 el servicio realizó 273 asistencias, casi un 50% más que en 2023, en los 49 días en los que prestó atención, a un total de 228 personas usuarias. La mayor parte de las atenciones (166) fueron consultas presenciales, seguidas de las telefónicas y telemáticas. La mayoría de las consultas (93%) fueron realizadas por empleadas del hogar; el resto por personas empleadoras y profesionales. 

Por edad, la mitad de las personas usuarias se encuentran entre los 40 y los 60 años, seguidas del grupo de personas mayores de 60 años. Por país de origen, el colectivo más numeroso en formular consultas fue el de las empleadas latinoamericanas. Por distribución geográfica, más del 75% de las empleadas atendidas presta sus servicios en la Comarca de Pamplona. 

Además de resolver dudas, el servicio pone a disposición la guía práctica del empleo del Hogar en Navarra, editada por el INAI / NABI, y que complementa este servicio. En ella se ofrece información legal sobre los derechos laborales de este colectivo como vía para que los conozcan y puedan reclamarlos. La guía sirve también de utilidad a las personas que quieran contratar una empleada de hogar y de esta forma conocer los pasos que han de seguir.

En el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, quiero poner en valor un trabajo que se ha realizado desde los inicios de la vida humana y felicitar a todas las mujeres que se dedican con tesón a esta misión tan digna, dando visibilidad con este artículo de opinión a las palabras muchas otras “Pilares del hogar”. Ella mejor que yo misma, os contará la verdadera esencia de un trabajo que aporta sostenibilidad a la humanidad. ¡Feliz Día a todas las mujeres empleadas del hogar! Deseo que sigáis creciendo en profesionalización y reconocimiento salarial.

Mi nombre es Pilar y me dedico al trabajo en el hogar. Durante años, he sentido cómo mi labor se percibe como algo casi invisible, poco valorado y precariamente remunerado. Pero hoy quiero contarles por qué hago lo que hago y lo que me inspira cada día a seguir adelante con una sonrisa.

Para mí, el hogar no es simplemente un lugar físico; es el corazón de la vida. Es donde las familias crecen, donde los niños encuentran seguridad y cariño, donde las personas descansan después de jornadas agotadoras. Y yo, a través de mi trabajo, tengo el privilegio de ser parte esencial de ese motor silencioso que mantiene todo funcionando.

El verdadero propósito de mi trabajo no se mide en objetos pulcros o en tareas cumplidas, sino en el impacto humano que tiene. Cada esquina que limpio, cada comida que preparo y cada pequeño detalle que cuido, lo hago sabiendo que estoy aportando estabilidad, orden y bienestar. Estoy convencida de que detrás de una sociedad que avanza, hay hogares en equilibrio. Y detrás de esos hogares, estamos nosotras.

Creo firmemente en la dignidad de este oficio. No se trata solo de mantener una casa en pie; es una expresión de dedicación, amor y respeto por la vida de los demás. Valores como la empatía, la responsabilidad y la perseverancia son mi guía diaria. Porque sé que, aunque muchos no lo vean, nuestro trabajo sostiene el mundo: permitimos que las personas puedan estudiar, trabajar, crear y soñar sin preocupaciones sobre lo esencial.

Nuestra misión, como trabajadoras del hogar, va más allá de lo cotidiano. Nosotras cuidamos la base que soporta la economía y el progreso social. Cada vez que una madre puede ir a trabajar porque confía en que su hogar está bien cuidado, cada vez que un niño siente que hay alguien que lo protege cuando sus padres están ausentes, estamos cumpliendo con algo inmenso. Es una cadena de solidaridad que teje la sociedad, y nosotras somos un eslabón fundamental.

Sé que queda mucho por hacer para que nuestra labor sea reconocida y valorada como merece, pero también sé que cada paso cuenta. Desde mi lugar, seguiré trabajando con orgullo, porque creo profundamente en lo que hago. Somos indispensables y, aunque a veces no se nos vea, nuestra fuerza da forma al mundo. Y esa es una razón suficiente para levantarme cada día y seguir adelante.

Así que, aquí estoy, Pilar, trabajadora del hogar, sosteniendo vidas y hogares con tesón y corazón. Porque lo que hacemos no es solo un trabajo; es una contribución esencial a la humanidad.

José migró desde Latinoamérica a Francia para labrarse un futuro mejor. Empezó encadenando trabajos precarios, pero ahora vive en un enorme castillo francés. ¿Su trabajo? Guarda de rosales. Se dedica a regar y podar las plantas, pero también debe sentarse con ellas, explicarles historias y ponerles música. Esas son las exigencias de Charles, un nuevo rico que ha comprado el palacio y cuenta con decenas de sirvientes como José.

Soraya, que es francotunecina, trabaja para una familia estadounidense en Mónaco. Es una “sirvienta para todo” y ha tenido que satisfacer todo tipo de excentricidades: asegurarse de que cada noche, cuando su señora vaya a dormir, haya fuegos artificiales que pueda ver desde su cama o limpiarle la boca y las manos a su señor después de cada plato con una toalla empapada de lejía para bebés.

Ambos son criados en casas de superricos, donde viven y se desviven para que sus señores no tengan que preocuparse de absolutamente nada. Parece -y es- un trabajo extenuante, pero está compensado con salarios de varios miles de euros al mes. Además de regalos de lujo, visitas con médicos de referencia, viajes pagados a sus países de origen o plaza garantizada para sus hijos en escuelas privadas.

Teniendo en cuenta los numerosos casos de explotación que sufren las Kellys y otros colectivos de servicio doméstico y limpieza, parece que los casos de Soraya y José son aislados, pero son la norma. Al menos entre los superricos. Así lo demuestra la socióloga Alizée Delpierre, que ha hablado con más de 300 criados y patrones -conformados, en su mayoría, por milmillonarios- para la investigación que plasma en el libro ‘Servir a los ricos’ (Península, 2025).

La mayoría de las historias que cuenta Delpierre no salen de entrevistas, sino de las situaciones que ella misma pudo experimentar y atestiguar mientras trabajó como niñera y ayudante de cocina para tres familias de superricos.

Su primera experiencia fue cuidando a los hijos de Catherine en un piso parisino en el que convivió con otras cinco sirvientas. Además, acompañó durante dos meses a la familia a la residencia de verano que tienen en China, con lo que pudo llegar a conocer bien tanto a sus empleadores y compañeras de trabajo, como las relaciones que se establecen entre ellos a base de compartir intimidad.

La explotación dorada

Tras años de investigación, Delpierre ha podido constatar como, casi sin excepción, estos criados trabajan, casi literalmente, de sol a sol, sin apenas días de descanso ni vacaciones, pero cobrando miles de euros al mes. Lo normal para una criada en París es de entre 2.500 y 3.500 mensuales, pero Delpierre documenta no pocos casos que llegan a los 6.000 o a los 8.000. Ha bautizado esta situación como “explotación dorada”.

El dinero es una compensación por un empleo. Pero un regalo es visto como una muestra de afecto. Y los ricos saben que con ellos pueden poner a trabajar más a sus empleados

“Están muy lejos de los escándalos de empleados domésticos esclavizados, mal alimentados, mal alojados y sin papeles. Pero, a pesar de que cobran muy buenos sueldos, tampoco viven en el paraíso. Hay unas formas de dominación muy curiosas que no se basan en la exigencia o el maltrato, sino en la misma voluntad de los trabajadores”, apunta Delpierre.

Se refiere a que “trabajan de forma ilimitada” para “compensar” los regalos y ventajas con las que viven, asistiendo a todas las reclamaciones y caprichos de sus señores. “Los vínculos no se asemejan en nada a una relación laboral. Es muy perverso: el dinero es una compensación por un empleo. Pero un regalo es visto como una muestra de afecto. Y los ricos saben que con ellos pueden poner a trabajar más a sus empleados”, resalta Delpierre.

Así sucede en casa de Siham, una mujer argelina de sesenta años que “se desvive” por su patrona y por satisfacer todo lo que le exige. Por ejemplo, pide tener cada domingo huevos con panceta para desayunar, listos y acabados de hacer para cuando se siente. Pero su señora siempre se despierta a una hora diferente y sin preaviso. Pues Siham se levanta a las cinco de la mañana y se instala en el baño situado justo debajo del dormitorio. Y, cuando oye crujir las maderas, corre a la cocina.

No cuenta esa experiencia con rencor ni con desidia, sino que se muestra orgullosa de su ingenio y dedicación. Los empleados entrevistados por Delpierre están muy lejos de los relatos de ficción como Parásitos o La ceremonia -ambas películas que acaban con el servicio vengándose de sus amos-. De hecho, es todo lo contrario: “Muchos criados se creen en deuda con sus señores”, asegura la socióloga.

Ese sentimiento viene del ascenso social que les supone trabajar y vivir en casas de superricos. “Muchos de ellos son de origen migrante y la alternativa era tener empleos mucho peor pagados, no tener para comer y estar expuesto a la deportación. Así que sí, se creen en deuda”.

Es el caso de Marius, un hombre rumano que antes de llegar a Francia emigró a España, donde trabajaba en la construcción de hoteles de lujo en la costa por el día y, por la noche, dormía debajo de un puente. Hasta que conoció al gerente de los hoteles que edificaba y, a base de charlar, le propuso ser su mayordomo. Hoy, vive a caballo entre mansiones en París, Nueva York y las Seychelles, donde coordina a todo el equipo de sirvientes de su señor a cambio de un sueldo de 8.000 euros mensuales.

“Muchos criados aseguran que tienen una ‘misión’ en sus empleos y demuestran orgullo simbólico a la hora de servir a los ricos”

Marius se sabe afortunado. Pero no solo eso: también se considera necesario. La “necesidad” es otra de las claves para entender cómo se erige el vínculo entre servicio y señor. Mientras los ricos consideran indispensable tener criados que les liberen de cualquier acción mundana, los trabajadores creen que contribuyen al éxito de sus empleadores. “Muchos aseguran que tienen una ‘misión’ en sus empleos y demuestran orgullo simbólico a la hora de servir a los ricos”, apunta Delpierre.

La impunidad de los superricos

La investigación de esta socióloga la llevó a aceptar tres trabajos distintos y también a inscribirse en una escuela de mayordomos de lujo, donde aprendió a codearse con las grandes fortunas y la aristocracia francesa. “Moverse con gracia, no tomar la palabra cuando no es solicitada, vestirse con colores oscuros, mantener las manos cruzadas por delante y no por detrás, poner la mesa de cierta forma… Hay una voluntad de convertirles en algo a medio camino entre lo burgués y lo sumiso”.

Porque si algo les gusta a los ricos es la discreción. Entonces ¿cómo pudo Delpierre publicar todas estas intimidades sobre los milmillonarios, explicar cómo funcionan sus casas y exponer sus excentricidades? En todos y cada uno de los casos pidió permiso y en la mayoría recibió respuestas positivas por dos motivos. El primero es que son “gente culta, contenta de contribuir a las ciencias”, asegura Delpierre.

El segundo es la impunidad. “No creen que estén haciendo nada malo ni que sus comportamientos sean despóticos porque es básicamente lo que hace todo el mundo que conoce”, apunta la autora. Tampoco consideran cuestionable exigir que las pinzas de tender sean todas del mismo color, enfurecerse si los cubiertos no están a una distancia milimétricamente medida o llegar despedir a alguien si no “agradece el honor de que le dirija la palabra” cada vez que le habla.

Los millonarios se sienten totalmente impunes a la hora de cumplir con la ley. Sus casas se rigen por un derecho informal, al margen de las leyes

Y tampoco creen que sea motivo de vergüenza explicar que están cometiendo ilegalidades al tener a su servicio trabajando sin contrato, sin derecho al descanso y muchas más horas de las permitidas. “Los millonarios se sienten totalmente impunes a la hora de cumplir con la ley”, asevera Delpierre.

“Sus casas se rigen por un derecho informal, al margen de las leyes”. Se regula, por ejemplo, el salario, las categorías y tipos de empleo, la jerarquía o la división de tareas, pero sin atender a la normativa laboral, sino preguntándose entre ricos y mirando al vecino. “De esta manera, se han normalizado excentricidades y se han asentado prejuicios como que las marfileñas son excelentes niñeras y que hay que pagarles menos que a las filipinas, que son mejores en la organización del hogar”.

Los criados son conscientes de estas normas y juegan con ellas para intentar encajar en un mundo al que saben que no pertenecen. Hay comunidades extensísimas de trabajadores de servicio que se lo cuentan todo sobre sus señores y preguntan qué le gusta o qué detesta algún vecino que busca un empleado, para que quien solicite el puesto pueda bordar la entrevista. Son artistas del engaño y saben qué responder, cómo vestir y qué se espera de ellos en función de su edad, origen y color de piel.

Saben qué buscan los ricos y cómo permanecer a su lado. Y esta última parte es tremendamente importante, porque, según describe el libro de Delpierre, no pocos casos han acabado en despido fulminante cuando algún criado no ha sabido complacer a un deseo nuevo e inesperado o después de un traslado o, incluso, de una bancarrota. Y finalizar una relación laboral que, a ojos de Hacienda, nunca ha existido supone no tener paro, perder la casa y un sueldo de miles de euros, todo a la vez.

Es ahí donde, en muchos casos, salen a relucir los bolsos Chanel, los zapatos Louboutin o los Rolex. “Casi nunca usan los regalos que les dan, porque no pueden salir y, durante sus turnos no pueden maquillarse ni vestir de ciertas maneras”, expresa Delpierre. Así que todos esos regalos se quedan en sus habitaciones que, en ocasiones, se convierten en “expositores y museos de objetos de tremendo valor”. Y solo los usan cuando tienen que venderlos.

Es que se cogen cariño mutuamente. Es una confianza desigual, pero existe

Aunque es verdad que, en la mayoría de los casos, si no hay imprevistos, las relaciones entre señor y criado son muy duraderas y, a menudo, solo las interrumpe la muerte de alguno de los dos. “Es que se cogen cariño mutuamente”, asegura Delpierre. Otra cosa sería extraña, ya que pasan gran parte del día juntos y llegan a contarse confidencias que nadie más sabe. “Es una confianza desigual, pero existe”.

Así es en el caso de Oxana y Françoise. La anciana aristócrata “salvó” a esta mujer, que emigró de Rusia huyendo de un matrimonio forzado. Llevan cuarenta años juntas y Oxana todavía sigue sintiendo deuda hacia ella por haberle proporcionado una vida de comodidades y alejarla de la penuria. Por su parte, Françoise le habla y la trata con un cariño evidente. “La quiero como a una hija”, asegura, mientras le acepta una taza de té. Ahora bien, cuando esta se retira, aclara: “La quiero como a mi hija, pero no deja de ser mi sirvienta”.

Ambas aseguran que se quieren y que son como familia pero, por supuesto, Oxana nunca se sienta a la mesa junto a su señora, a pesar de que viven solas. También debe seguir tratándola de usted. Y, cuando la hora le llegue a Françoise, Oxana no verá ni un solo céntimo de la fortuna que ella cree que ha ayudado a amasar. De hecho, su única opción será convertirse ella misma en parte de la herencia para que los hijos de la anciana acaben contratándola. Y rezar para que no le bajen el sueldo. 

Como cada lunes y jueves desde hace décadas, Merche, Elvira, María y Elena se reúnen con sus compañeras por la tarde para ir a clase de punto. Los martes, toca clase de lazos y muñecas y los miércoles sevillanas. Ellas son parte de la asociación de Amas de Casa Mendialde de Ortuella que lleva en activo desde 1992. Desde su fundación, cientos de mujeres trabajadoras de sus hogares han pasado por ella para realizar las actividades semanales, para ir a las excursiones que realizan o para viajar. Una forma de relacionarse y escapar, cuando es necesario, de la dura y poco reconocida tarea del trabajo en casa. “Las mujeres que la crearon lo hicieron para buscar un sitio de escape donde aprender algo que les gustara, relacionarse y hacer amigas. La mayoría se dedicaban a las tareas del hogar y esta era una forma de que salieran a la calle, conocieran gente, charlaran. Cogían el tren y se iban a Bilbao o hacían excursiones para conocer otros lugares que de otra forma no habrían hecho”, reconoce a este periódico Elena, que a sus 65 años es la presidenta de la asociación desde 2017.

María y Elvira son de las más veteranas con 83 y 84 años respectivamente. Merche, por su parte, cuenta con 78, algo menos que ellas dos, pero fue una de las fundadoras y formó parte de la directiva durante muchos años. “En aquella época no había nada para las mujeres y esta es una iniciativa muy bonita. Para muchas mujeres acercarse a la asociación era aprender sobre cultura, sobre aquello que necesitasen o les interesase. En mi caso, no trabajé fuera de casa hasta que mis hijos crecieron. Fue una experiencia muy bonita estar con ellos en casa, pero también agradezco haber conocido a la asociación”, reconoce Merche.

A día de hoy, muchas de las mujeres que forman parte de la asociación de Amas de Casa Mendialde trabajan en sus hogares. Otras, sin embargo, sí que se han dedicado a un oficio, como es el caso de Elena, la actual presidenta. “Yo soy peluquera y trabajaba en una peluquería, pero cuando tuve a mis hijos dejé de trabajar porque era un oficio muy esclavo. Si hubiera seguido trabajando no los habría podido criar, los habría visto muy poco. Lo dejé hasta que fueron independientes y volví a trabajar otra vez. No me arrepiento de la decisión que tomé, porque fue una experiencia muy bonita, pero ahora cuando hablo con mi hija, me dice que ella no dejaría su trabajo ni loca”, bromea.

“Mi hija dice que no dejaría de trabajar por nada. Para mí lo que hice fue algo positivo, aunque sé que es un sacrificio porque a mí me gustaba mi oficio, me encantaba. Pero criar a mis hijos era importante. Mi hija dice que llevará a los suyos a una guardería, que no va a sacrificar su trabajo y también dice que no sacrificará mi tiempo libre para que yo tenga que cuidarlos, salvo en casos puntuales. Es otro punto de vista. Yo no me arrepiento de nada, pero es verdad que ahora tenéis más oportunidades para poder escoger qué queréis hacer”, sostiene Elena.

La mayoría de ellas aceptan su realidad como trabajadoras de sus hogares de forma positiva. No obstante, algunas de ellas, desde los inicios de la asociación contaban con un carácter reivindicativo como es el caso de las hermanas Barrutia, Lucía y Victoria, hijas de una de las fundadoras. Las dos, siendo muy jóvenes en el año 1995, gracias a la asociación, participaron en la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, que tuvo lugar en Pekin, encuentro que fue un hito histórico y que puso en marcha la hoja de ruta para lograr la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres y niñas y poner en valor el ejercicio de sus derechos humanos.

30 años después, el Ayuntamiento de Ortuella, su pueblo natal, recuerda cómo se sintieron ambas hermanas con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. “Son muchos los recuerdos que vienen a mi mente cuando pienso en Beijing 95, con la presencia mundial de las ONG en Huairou. El balance que hago de todo ello en general es muy positivo. Desde mi punto de vista, lo mejor de este foro fue que 30.000 mujeres de todo el mundo intercambiábamos experiencias y con todo ello estrategias de acción, porque si algo quedó realmente claro en Huairou fue que debíamos llevar ese Beijing 95 a nuestros distintos puntos de partida para que todo aquello no se quedara archivado en el pasado, ni se redujera a buenas intenciones. Ahora empieza el gran foro”, explicó Victoria tras regresar de aquel viaje.

Por su parte, su hermana Lucía, recordó el asombro de la capacidad de unión de las mujeres. “Si he de decir una de las impresiones que me causó haber estado en el foro de las ONG en Beijing, citaré la de asombro, al poder comprobar la concurrencia en un mismo lugar de la cantidad de grupos y asociaciones en las que las mujeres somos capaces de reunirnos; allí encontré desde grupos de amas de casa hasta asociaciones de mujeres juristas, pasando por asociaciones de mujeres jóvenes, feministas, artistas, etc. También pude conocer de cerca la problemática de determinados colectivos de mujeres que también estaban presentes en Pekín, colectivos como el de las mujeres islámicas o las tibetanas. Para terminar diré que personalmente ha sido una experiencia enriquecedora y que valoro positivamente”, explicó por aquel entonces. Este periódico ha tratado de entrevistar a ambas hermanas, pero han preferido mantenerse alejadas de los medios de comunicación, aunque siguen formando parte y acudiendo periódicamente a la asociación que creó su madre, la de Amas de Casa Mendialde de Ortuella.

La revista 'Vascas en Pekín' editada en octubre de 1995 por el Instituto Vasco de la Mujer (Emakunde) recoge las impresiones de las amas de casa de Ortuella tras volver sus dos compañeras. “Sobre el segundo trimestre del 94 recibimos la información, por parte de Emakunde, de cómo se iba a celebrar la IV Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing, haciéndonos constar que nosotras como ONG teníamos la opción de participar. En un principio, nos causó un poco de desconcierto, pues nos parecía algo tan inalcanzable que pensamos que se quedaría en una mera información, por lo que de momento lo dejamos archivado para dar salida a nuestro programa, el cual estábamos realizando durante el curso. Pero a medida que seguimos recibiendo más información sobre el foro fuimos madurando la idea y pensamos que la presencia de las mujeres de Ortuella, uno de los pueblos más marginados de la zona minera, tendría que aportar y recibir muchas experiencias. De esta manera, dos de nuestras socias se animaron a ser nuestras portavoces”, explicaron desde la asociación.

“Una vez allí intercambiaron experiencias con mujeres de otras partes del mundo a quienes hablaron de la dinámica con la que funciona nuestra asociación, así como de los frutos que ha dado y del bien que está haciendo entre las mujeres de Ortuella. A su llegada compartieron con nosotras su enriquecedora experiencia, así como de los logros conseguidos en Beijing y de la Plataforma de Acción Positiva. Marta, periodista de Salgai que es una prensa local, hizo una entrevista a Vicky Barrutia, una de las socias que fue a Beijing que fue publicada en la zona minera margen izquierda y encartaciones . Mucha gente al leerlo nos ha felicitado por ser la única asociación de estas zonas en acudir al foro. En Ortuella todas las mujeres de la asociación estamos muy contentas por el eco tan positivo que ha tenido”, concluye el escrito.

Cada tres horas muere una persona en su puesto de trabajo. Cada tres horas, una vida se apaga en nombre de la productividad, del beneficio empresarial, del modelo económico que convierte a los trabajadores y trabajadoras en piezas reemplazables. En 2024, la siniestralidad laboral en España dejó 796 muertes y más de un millón de personas afectadas. Estas cifras no son un accidente ni una fatalidad: son el resultado de un sistema injusto que prioriza la rentabilidad sobre la vida humana.

Las muertes laborales no son hechos aislados. Son la consecuencia de un modelo económico que externaliza riesgos, precariza condiciones y erosiona los derechos laborales. El debilitamiento de la inspección de trabajo, la subcontratación en cadena y la falta de inversión en seguridad conforman un entorno en el que la vida de las personas trabajadoras es sacrificada en nombre de la eficiencia y la competitividad.

Los datos son demoledores: la construcción es el sector más afectado, con 135 muertes en 2024, seguido de la industria manufacturera (112) y el transporte y almacenamiento (98). Estos sectores comparten una característica fundamental: una alta tasa de precariedad y externalización, donde las empresas buscan reducir costes a expensas de la seguridad de sus trabajadores.

En Castilla-La Mancha, la situación no es menos grave. En 2024, 58 personas murieron en accidentes laborales en la región, de las cuales 50 fallecieron en jornada de trabajo y 8 en accidentes in itinere. En total, se registraron 27.549 siniestros, convirtiéndola en la segunda comunidad con más accidentes laborales de España. La provincia más afectada fue Toledo, con 8.959 accidentes en jornada laboral, seguida de Ciudad Real (4.922), Albacete (4.281), Guadalajara (4.207) y Cuenca (3.115). La incidencia de accidentes en esta comunidad es alarmante: casi 7 muertes por cada 100.000 habitantes.

Las principales causas de muerte en el trabajo siguen siendo evitables: caídas en altura, aplastamientos, atrapamientos, golpes con objetos en movimiento y accidentes de tráfico. Pero en los últimos años se ha sumado una nueva amenaza, vinculada a la precarización de las condiciones laborales: los infartos y derrames cerebrales derivados del estrés extremo.

No todas las muertes laborales reciben atención. Existen sectores donde la siniestralidad se oculta bajo un manto de invisibilidad. Trabajadoras del hogar expuestas a cargas físicas insoportables, migrantes en el campo sometidos a temperaturas extremas sin protección adecuada, repartidores y conductores de plataforma obligados a jornadas extenuantes sin derechos laborales básicos. La falta de contratos formales, la ausencia de inspecciones y el miedo a represalias impiden que muchas víctimas de la precariedad puedan siquiera denunciar.

En este contexto, la vulnerabilidad social y la siniestralidad laboral van de la mano. Quienes trabajan en condiciones más precarias son quienes más riesgo corren, y son también quienes menos posibilidades tienen de exigir cambios. La intersección de pobreza, migración, género y falta de derechos convierte a miles de personas en víctimas silenciosas de un sistema laboral que los desprotege.

El discurso empresarial insiste en que los accidentes laborales son inevitables. Pero no lo son. Son el resultado directo de decisiones políticas y empresariales que priorizan el ahorro de costes sobre la seguridad. La reducción de inspecciones, la insuficiencia de sanciones y la flexibilización del mercado laboral han creado un entorno donde las empresas saben que la impunidad está garantizada.

Las patronales, en lugar de asumir su responsabilidad, desvían la atención hacia debates artificiales como el absentismo laboral. Sin embargo, la verdadera crisis está en la falta de inversión en prevención, en la inexistencia de medidas de protección reales y en la precarización de las condiciones de trabajo.

Es imprescindible que la Inspección de Trabajo se refuerce con más personal, mayores recursos y sanciones severas para las empresas que incumplen las normativas de seguridad. Sin controles estrictos y penalizaciones ejemplares, la prevención seguirá siendo un trámite burocrático sin impacto real.

Las empresas deben asumir su responsabilidad directa y no delegarla en una maraña de subcontratas. En sectores de alto riesgo, la subcontratación en cadena debe prohibirse, garantizando que las empresas principales sean responsables de la seguridad de todas las personas trabajadoras en su ámbito de actividad.

Es urgente revisar los tiempos de trabajo y descanso. Jornadas extenuantes y ritmos de producción inhumanos están directamente relacionados con accidentes e infartos en el trabajo. La reducción de la jornada laboral y la implementación de tiempos de descanso adecuados deben ser una prioridad.

Los sectores más invisibilizados requieren protección específica. Trabajadoras del hogar, jornaleros y repartidores de plataformas digitales necesitan regulaciones que garanticen su seguridad y condiciones dignas. El Estado debe garantizar el acceso a la seguridad laboral para todas las personas, sin distinción de su tipo de contrato o situación administrativa.

La seguridad en el trabajo no puede depender solo de la voluntad de la empresa. Es imprescindible que las personas trabajadoras tengan voz en la prevención de riesgos laborales. Los comités de seguridad y salud en las empresas deben fortalecerse y contar con poder vinculante, de la mano de los sindicatos y organizaciones laborales.

Por último, es necesario un cambio cultural y político. La siniestralidad laboral no puede seguir siendo vista como un costo inevitable del modelo productivo. Debe ser considerada una emergencia social y política, que requiere respuestas contundentes y urgentes.

Cada muerte en el trabajo es una injusticia que podría haberse evitado. No podemos normalizar que una persona pierda la vida cada tres horas mientras realiza su labor. No podemos seguir tolerando que el sistema laboral funcione como una máquina de descartar vidas humanas en nombre de la rentabilidad.

La lucha contra la siniestralidad laboral no es solo una cuestión de derechos laborales: es una cuestión de justicia social y de dignidad humana. Necesitamos un cambio estructural urgente que no solo sancione a las empresas que ponen en riesgo a sus trabajadores, sino que transforme el modelo económico para garantizar que el trabajo nunca más sea una sentencia de muerte.

Es hora de alzar la voz. Es hora de exigir que la vida esté por encima del beneficio.

El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) ha sentenciado este jueves que los empleadores domésticos están obligados a establecer un sistema que permita registrar la jornada laboral diaria de las trabajadoras del hogar, a fin de garantizar un cómputo de horas trabajadas para que puedan reclamar sus derechos en caso de despido, informa la agencia Europa Press.

El TJUE se ha pronunciado así sobre el caso de una empleada de hogar contratada a tiempo completo que impugnó ante los tribunales españoles su despido, que fue declarado improcedente, por lo que sus empleadores debían abonarle las cantidades correspondientes a los días de vacaciones no disfrutados y a las pagas extras.

El juez español consideró que la trabajadora no había probado ni las horas trabajadas ni el salario que reclamaba y estimó que su petición no podía aceptarse únicamente por la falta de aportación de sus empleadores de los registros horarios y las horas trabajadas, ya que la normativa española exime de esta medida a determinados trabajos de carácter especial, entre los que se encuentran las trabajadoras del hogar. No obstante, el tribunal consultó a la justicia europea sobre la legalidad de esta exclusión, dentro de la normativa comunitaria.

El TJUE recuerda que en un fallo de 2019 ya declaró ilegal la normativa española entonces vigente y la interpretación de esta por los órganos jurisdiccionales nacionales, según la cual los empresarios no estaban obligados a establecer un sistema que permitiera computar la jornada laboral diaria realizada por cada trabajador. Justo unos días antes, el primer Gobierno de Pedro Sánchez, con la ministra Magdalena Valerio como titular del Ministerio de Trabajo, aprobó el registro horario obligatorio.

No cabe la exclusión total, pero puede haber “excepciones”

El Tribunal de Justicia ha apuntado que una ley que excluye a las trabajadoras del hogar de un sistema que permita computar su jornada laboral diaria, “y que priva por tanto” a estas empleadas de la posibilidad de “determinar de manera objetiva y fiable el número de horas de trabajo realizadas y su distribución en el tiempo”, “vulnera manifiestamente las disposiciones de la Directiva” europea.

No obstante, los magistrados reconocen que pueden existir “excepciones” dadas las particularidades del empleo doméstico. “Debido a las particularidades del sector del trabajo doméstico, un sistema que obligue a los empleadores a computar la jornada laboral diaria de cada empleado del hogar puede prever excepciones por lo que respecta a las horas extraordinarias y al trabajo a tiempo parcial, siempre que tales excepciones no vacíen de contenido la normativa en cuestión”, extremo que corresponderá comprobar al tribunal español que ha elevado la consulta al TJUE, recoge la sentencia.

Además, la sentencia insiste en que, dado que el trabajo doméstico es un sector claramente feminizado, pide tener en cuenta posibles casos de discriminación indirecta por razón de sexo, salvo que esta situación de exclusión esté objetivamente justificada, algo que también corresponde a la justicia nacional evaluar.

Nilka y Yolanda son dos mujeres colombianas que trabajaban en Valencia cuidando de personas mayores, con las que convivían para encargarse de todo. Lo que se conoce en el ámbito laboral como trabajar como “una interna”. Para ellas era un día cualquiera. Pero era el 29 de octubre de 2024. De pronto, todo cambió.

Las dos lo han perdido casi todo con la DANA. Han acabado perdiendo el trabajo. Lo que quiere decir que también han perdido la casa en la que vivían. Estaban trabajando sin contrato, sin papeles, sin una documentación que acredite que tienen derecho a una ayuda pública. Entre 28.000 y 41.000 personas migrantes en situación irregular fueron afectadas por la DANA y no pueden optar a las ayudas estatales, según datos de Oxfam Intermón.

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“No, señor. Si no retorciera una bayeta 200 veces al día, seguramente los metacarpianos me durarían más”. Es la respuesta de Mar Jiménez a lo que los médicos y la Seguridad Social le han dicho: que las enfermedades que padece son de origen común, no profesional. La lista es larga, con la espalda también afectada por varias hernias. En una situación similar está Rafaela Pimentel, operada de “manguito rotador y tendones rotos” y a la espera de una prótesis de rodilla. Una ha sido limpiadora de hotel, una kelly, como se las conoce por su asociación, y la otra, trabajadora del hogar. Pero ya no, porque no pueden. Tienen “los cuerpos rotos”.

Así se refieren a su estado de salud tras una carrera de trabajos en la limpieza, ya sea en hoteles o en casas, que dejan en ellas y sus compañeras unas secuelas que se repiten una y otra vez. “Hernias discales, tendinitis crónicas en el manguito rotador, epicondilitis en el codo, los metacarpianos operados, problemas en las rodillas, de salud mental...”, enumeran.

No es un listado exhaustivo, sino las patologías que ven cada día en sus compañeras y ellas mismas en cualquier reunión de trabajadoras de la limpieza y del hogar y de cuidados. Cuando se juntan compañeras de una determinada edad, que acumulan varios años de faena, aquello ya parece una consulta médica. Acaban con “los cuerpos rotos”, repiten Rafaela, de 64 años, y Mar, de 62.

En una de estas reuniones, se les ocurrió hacer una campaña y un calendario para denunciar esta situación y reivindicar el reconocimiento del origen laboral de sus enfermedades. Algo que a día de hoy ocurre con mucha dificultad y teniendo que acudir en muchos casos a los tribunales, critican.

Este sábado, 30 de noviembre a las 18.30h, desde los colectivos Territorio Doméstico y Kellys Madrid presentan en la capital, en el Museo Reina Sofía, la iniciativa bajo el lema 'Sin nosotras no se mueve el mundo', con actuaciones musicales y fiesta posterior. “Nunca pensé que iba a quedar tan bonito”, dice Mar sobre el calendario que se “han currado durante casi dos años”. Las imágenes, entre ellas la que abre este artículo, son de la fotógrafa Elvira Mejías.

El hoy: trabajar con dolor o quedarte sin sustento

La campaña busca “socializar” este problema, ponerlo encima de la mesa y que se conozcan las situaciones que viven estas trabajadoras. Primero, trabajan a destajo en muchos casos, sin apenas medidas preventivas, en tareas que han realizado tradicionalmente las mujeres y a las que se les ha dado poco valor.

Cuando llevan años de trabajo a sus espaldas, empiezan a enfermar. De esas patologías que mencionan Mar y Rafaela, que se repiten y repiten entre las compañeras. “Verás a muchas camareras de piso (kellys) operadas de los metacarpianos, por ejemplo, porque son enfermedades por realizar movimientos repetitivos por nuestro trabajo, lo tenemos muy claro”, explica Mar. También sucede entre las trabajadoras del hogar y de cuidados.

Como las hernias, de levantar colchones para hacer las camas y de mover a personas mayores, por ejemplo. Pero ese origen laboral no se reconoce en muchas ocasiones en las consultas, las mutuas ni los tribunales médicos de la Seguridad Social. “Estamos haciendo una media de 70 camas al día y ¿me estás diciendo que de eso no tengo la espalda jodida?”, dice Mar con indignación. En su caso, “tras diez años trabajando con dolor”, hace dos que tiene reconocida una incapacidad permanente, pero con origen de enfermedad común.

"Estamos haciendo una media de 70 camas al día y ¿me estás diciendo que de eso no tengo la espalda jodida?"

A Rafaela, que ha estado de baja por las operaciones en los tendones, la Seguridad Social la consideró apta para trabajar el pasado septiembre. “Estoy operada y ahora puedo lavarme el pelo o hacerme la comida, que no podía, pero no puedo levantar peso ni trabajar. ¿Cómo me subo a una escalera a limpiar unos ventiladores, el alto de los armarios, los cristales? ¿O cómo plancho?”, explica la trabajadora del hogar.

El día a día de estas mujeres pasa por trabajar con dolor durante años. “Vamos todas medicadas”, explican. Y, cuando “se rompen”, cuando de verdad no pueden más, se ven excluidas de las pensiones de incapacidad por una actividad profesional, con cuantías superiores a las de enfermedad común. Además, se calculan sobre salarios bajos, asi que la prestación “no da para vivir”, resume Mar.

Si no les reconocen ni la incapacidad, como es el caso de Rafaela, la situación se complica todavía más. En estos momentos, está esperando que le reconozcan el paro. “Menos mal que conseguimos ese derecho, que nunca pensé que sería para mí. Pero ahora no tendría nada”, dice la trabajadora del hogar. De momento, aguanta gracias a “una red de amigas”, que le están ayudando a pagar el piso. Verse así, tras casi 30 años trabajando y de alta en la Seguridad Social, le genera mucho enfado, reconoce.

“Es un mercado laboral machista, patriarcal y capitalista, que lo único que quiere es sacarte toda la energía para que produzcas, produzcas, produzcas. Pero cuando estás en condiciones de vejez o de enfermedad, el sistema no te quiere, te expulsa. Porque ya no le vales”, critica Pimentel.

El mañana: “No quiero que le toque esto a más compañeras”

Las trabajadoras, organizadas en los colectivos Territorio Doméstico y Kellys Madrid, están encabezando esta iniciativa para que “se conozca” lo que viven y, sobre todo, para cambiar las cosas. Para pelear por el reconocimiento de sus enfermedades profesionales y de otros derechos asociados, como el acceso a la jubilación anticipada para profesiones penosas, explica Mar Jiménez.

Primero, dirigen sus reclamaciones al Gobierno, que puede legislar y permitir que estas situaciones cambien. Por ejemplo, “feminizando el cuadro de enfermedades profesionales”, que apenas tiene reconocidas patologías de trabajos que desempeñan principalmente las mujeres.

También advierten de que irán a los tribunales para garantizar que se cumplen sus derechos. Como hicieron con el derecho a paro de las trabajadoras del hogar, hasta llegar a Europa, o como han hecho las kellys con algunas enfermedades profesionales, que han ganado en el Tribunal Supremo.

“Lo que hemos conseguido es porque hemos peleado y vamos a seguir peleando”, dice Rafaela, que reconoce el cansancio de combatir “tantas injusticias” en sus carreras. Pero no lo hacen solo por ellas. Lo hacen por sus compañeras. “Hay días que me levanto llorando de dolor. Es lo que tengo, lo que me ha tocado y no quiero que le toque a otras”, dice Mar. 'Sin nosotras no se mueve el mundo', recuerdan el lema de su campaña. Quieren que el Estado y la sociedad lo reconozca, que haga justicia con el trabajo de tantas mujeres. Por ello, pese a todo, siguen caminando.

Elvira llegó el pasado marzo junto a sus dos hijas desde Perú hasta el centro cultural Txirbilenea en Sestao. Carmen lo hizo en abril, acompañada de su hija. Azuzena, su marido y sus dos hijos llegaron en octubre. Y Celia, desde Argentina, el pasado 2 de noviembre. La lista de personas que han pasado en el último año por centro cultural autogestionado creado en las antiguas oficinas de Altos Hornos de Vizcaya (Escuela de Aprendices), ya abandonadas, alcanza las 36 personas, todas migrantes que trabajan en los hogares de Euskadi como internas. Algunas se quedan meses; otras, días, porque saben que su estancia en Txirbilenea es temporal, pero para ellas supone una alternativa de vivienda debido a la dificultad de encontrar un hogar siendo extranjeras y a la “esclavitud” que supone para ellas estar de internas en los hogares en los que trabajan.

“Muchas de las mujeres que pasan por aquí son médicas, enfermeras o profesoras, pero en Euskadi se dedican a los cuidados de personas dependientes. Es una pérdida de talento que se permite por culpa de la Ley de Extranjería. Cuando llegan a los hogares, muchas lo hacen como internas y se dan cuenta de la esclavitud que supone vivir ahí. Por ello creamos esta alternativa en la que nos organizamos. Es un lugar donde las trabajadoras internas rompemos silencios, vivimos y festejamos que existimos”, explica a este periódico María, miembro de Emakume Migratu Feministak Cuidadoras Sociosanitarias, la asociación que han creado estas trabajadoras y con la que protestan desde que conocieron que el Ayuntamiento ha ordenado el desalojo de las instalaciones.

Actualmente, hay nueve personas viviendo en el centro cultural, entre ellas un niño pequeño. Mientras las trabajadoras se concentran para exigir que el Ayuntamiento les siga dejando vivir ahí, el pequeño juega con su padre. En la primera planta, donde viven, hay juguetes, puzles, peluches y hasta una bicicleta. “Aquí los niños están bien, mientras sus madres trabajan las que se quedan cuidan de ellos, los recogen en el colegio o les dan de comer hasta que regresen. Nos organizamos muy bien”, explica María mientras pasa por un cartel en el que se lee: “Comunitario. Todo lo que dona la gente se repartirá en partes iguales entre todas las unidades convivenciales. Comunitario es pensar en las otras”.

Cuentan con una sala con sofás en la que descansan y otra con pupitres y una pizarra donde organizan asambleas y realizan formaciones y cursos. También realizan conciertos, actividades sociales y culturales desde hace más de diez años. “Quienes vivimos en Txirbilenea somos mujeres y familias que por encontrarnos en situación administrativa irregular, por necesidad apremiante o por el racismo inmobiliario requerimos un lugar para descansar después del trabajo o para vivir de manera temporal. Sabemos que acceder a una vivienda es muy difícil y más tratándose de personas migradas. Es una búsqueda constante que llega a acabar con nuestra salud mental y física. El racismo institucional quiere echarnos sin llamarnos a la mesa de conversación”, lamentan.

Desde el Ayuntamiento de Sestao informan a elDiario.es/Euskadi de que el desalojo se produce por el mal estado de las instalaciones. “Se han iniciado los trámites administrativos para desalojar el edificio de la antigua Escuela de Aprendices de Altos Hornos de Vizcaya debido a que se encuentra en un estado de conservación peligroso que es totalmente incompatible con su utilización por parte de personas, tal y como han concluido los servicios técnicos municipales”.

“Tras hacer una visita al inmueble, los servicios técnicos han emitido un informe en el que alertan de las deficiencias que han observado y que entrañan un importante riesgo para la seguridad de las personas, razón por la cual se muestren contrarios a la presencia de gente en su interior. En este sentido, recuerdan que el edificio fue construido en los años 40 del siglo pasado y que dejó de tener actividad en los años 90, cayendo a partir de entonces en una paulatina situación de abandono”. “El primer motivo para impedir que haya gente en la Escuela de Aprendices es que”no existe ninguna medida de protección contra incendios, ni para su eventual evacuación. Sobre esta cuestión, además, advierten de la presencia de una gran cantidad de enseres que se han ido introduciendo por parte de ocupantes al interior del edificio que agrava aún más la situación de inseguridad“, indican fuentes del Consistorio.

El Ayuntamiento prosigue explicando que “no se puede garantizar que se produzcan constantes desprendimientos de materiales en cualquier parte del edificio, tanto en el exterior como en el interior que acaben golpeando a alguna de las personas que se encuentren allí”. “El Ayuntamiento ha tenido que instalar una visera en la parte exterior del inmueble para evitar que puedan caer cascotes sobre los viandantes. Los huecos de los ascensores no están protegidos, faltan barandillas en zonas con desniveles superiores a 50 centímetros, hay falta de continuidad en el pavimento, faltan los cristales en muchas ventanas y hay cristales y otros materiales desprendidos por el suelo”, recalcan.

Desde el centro cultural indican que “la culpa del deterioro del edificio es de sus gestores”, el pasado 15 de diciembre de 2022 el inmueble pasó a ser de titularidad municipal después de que el Ayuntamiento y la empresa ArcelorMittal firmaran la escritura de cesión de la propiedad. “La culpa del deterioro del edificio es de los gestores desde los años 90 hasta que entramos nosotras. Ese edificio estaba hecho polvo, lleno de basura y nosotras con nuestros brazos, fuerza y lucha lo hemos vaciado y adecuado”, lamentan.

“Nosotras no nos negamos a que arreglen el edificio. Todos los arreglos que tengan que hacer que los hagan, pero con nosotras dentro. Vamos a poner todas las facilidades del mundo, pero que no dejen a las mujeres y sus familias en la calle o debajo de un puente. Que no las echen y después digan que van a activar protocolos de servicios sociales porque saben desde hace meses que están ahí”, señalan.

Para ello, además de que el Ayuntamiento realice las mejoras que se necesiten con ellas dentro, que dicte “un decreto de Alcaldía donde el municipio quede libre del abuso y el racismo inmobiliario. ”Queremos que se acabe con la venta de padrones, con la especulación y con el abuso en subarriendos y alquiler de habitaciones“, explican. Según reconocen, algunas de ellas han sido testigo y víctima de este tipo de prácticas, como la de vender ”por hasta 200 euros“ un padrón en una vivienda en la que después la persona no vive ahí. ”Hay viviendas en las que vives y no te dejan hacer padrón, por lo que tienes que comprarlo a otra persona que te deja empadronarte en su casa, pero no vivir. Es un doble alquiler que nos vemos obligadas a pagar“, denuncian.

También piden que el Ayuntamiento realice un censo de todas las trabajadoras del hogar de Sestao para que se conozca la situación en la que se encuentran trabajando. “En nuestra organización luchamos por la erradicación del empleo del hogar interno, por eso como alternativa para salir de ese trabajo esclavo hemos puesto en marcha, junto a Txirbilenea, estas viviendas comunitarias temporales. Hemos intentado el diálogo, pero hemos visto que nos han ninguneado y lo único que han hecho como respuesta es enviarnos a la Policía para identificarnos”, lamentan las trabajadoras.

Según indican fuentes del Ayuntamiento han tenido conocimiento “en los últimos días” de que en el edificio de la Escuela de Aprendices “están viviendo personas en situación de vulnerabilidad”. “Ante este hecho, el Consistorio les ha ofrecido que acudan a los servicios sociales municipales con el fin de estudiar cada caso concreto y ver qué recursos sociales se pueden poner a su disposición”.

A lo que las trabajadoras critican que las instituciones quieren “separarlas y desorganizarlas”. “Nosotras estamos organizadas y en grupo. Nos cuidamos las unas a las otras y queremos seguir haciéndolo, por lo que no tiene sentido que nos separen en albergues y mucho menos separen a madres de sus hijos. La única alternativa es que nos dejen quedarnos aquí”, concluyen después de que cientos de personas salieran este sábado a manifestarse contra el cierre y el desalojo de Txirbilenea, que previsiblemente se llevará a cabo esta semana.

El objetivo del Ayuntamiento tras el desalojo es, a través de una subvención de 3 millones de euros de los fondos europeos Next Generation, contratar “un proyecto de rehabilitación energética para la Escuela de Aprendices al que seguirá la ejecución de las obras”. “En breve se van a realizar unas catas en la estructura para obtener información sobre el estado del edificio de cara a la redacción de dicho proyecto de rehabilitación. En paralelo a este proceso, el equipo de Gobierno sigue manteniendo conversaciones con distintas instituciones públicas para pulsar su interés en participar en la rehabilitación del edificio”, concluye el Ayuntamiento.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha comparecido este lunes desde Valencia para explicar algunas medidas de lo que ha denominado “escudo laboral” para hacer frente a la catástrofe de la DANA. Junto a las medidas ya anunciadas por Trabajo, como la prioridad de teletrabajo y los motivos justificados para ausentarse del trabajo, Díaz ha adelantado que se van a aprobar de nuevo medidas para cuidar a familiares como en la pandemia de COVID, así como una protección para las empleadas del hogar, ha afirmado.

“Reeditaremos el Plan ”MECUIDA“ de la pandemia”, ha afirmado Yolanda Díaz. El Ministerio recuerda que se trata de reconocer por ley “derechos de conciliación a todas las personas que no puedan ir a trabajar por motivos excepcionales” por la DANA debido al cuidado de familiares, como por ejemplo niños o mayores.

Díaz ha recordado que la situación es excepcional ante el cierre de colegios y destrozos en residencias, que llevan a muchas personas a necesitar cuidados familiares.

“Tenemos que garantizar los derechos de conciliación en la Comunidad Valenciana”, ha sostenido la ministra de Trabajo, que ha recordado que este plan Me Cuida “contempla todas las posibilidades de adaptación de jornada”: desde el teletrabajo, a la adaptación del horario laboral y la reducción de la jornada para cuidar. “Incluso la reducción de la jornada del 100%”, ha destacado Díaz.

Estos derechos habían sido reclamados por los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, que no obstante siempre han reclamado que vayan acompañados de permisos retribuidos, ya que si no hay hogares que no pueden acogerse a ellos. “Con respecto al Me Cuida, pedimos a la Generalitat, un complemento, ayudas”, ha afirmado esta tarde Ana García, secretaria general de CCOO PV, que ha advertido que la reducción de la jornada por cuidados al 100% “está muy bien, pero también una cobertura económica porque las familias tienen que comer todos los días”.

Protección con efecto retroactivo

Además, aunque sin concretar cómo será, Yolanda Díaz ha adelantado que “a las trabajadoras de hogar, las invisibles, una vez más, las vamos a proteger”. En el Ministerio indican que se protegerá “a las empleadas del hogar cuyos contratos se suspendan como consecuencia de la DANA”.

La ministra de Trabajjo ha recordado también la prioridad de teletrabajo que se va a aprobar de manera inminente, así como algunas mejoras en las ayudas a las empresas para los ERTE por fuerza mayor y los cuatro motivos que justifican a los empleados no ir a trabajar por la DANA con derecho a “permisos retribuidos no recuperables”. También, la voluntad de reeditar el “prohibido despedir” por la DANA, como ocurrió en pandemia.

Yolanda Díaz ha insistido en que, aunque las medidas no estén aprobadas aún en el BOE, están “disponibles desde ya mismo”, porque se aprobarán “con carácter retroactivo desde el día de la catástrofe, el pasado 29 de octubre”.

La ministra ha reiterado un mensaje de “unidad”, de agradecimiento a los agentes sociales y de priorizar la seguridad y la protección de la vida ante la catástrofe. “Es la prioridad absoluta en estos momentos. por favor no corramos riesgos”, ha insistido.