La Fiscalía archivó la investigación contra Julio Iglesias sin responder a tres peticiones clave de las denunciantes

La Fiscalía de la Audiencia Nacional dio por concluida este viernes la investigación abierta a Julio Iglesias sin entrar al fondo de los testimonios de dos exempleadas del cantante que relatan haber sufrido agresiones sexuales y sin pronunciarse sobre peticiones que sus abogadas consideran fundamentales para apuntalar una posible causa contra el artista en España. Apenas diez días después de anunciar la apertura de diligencias, el Ministerio Público concluye en un decreto que los tribunales españoles carecen de jurisdicción porque los hechos ocurrieron exclusivamente en el extranjero y no se dan los “vínculos” que exige la ley para que la Justicia española pueda intervenir. 

La decisión de la Fiscalía se produce sin atender tres diligencias clave solicitadas esta misma semana por las letradas de Women's Link Worldwide, la organización que asesora legalmente a las denunciantes. Según fuentes del caso, las abogadas habían hecho llegar a la Fiscalía tres escritos. En uno pedían medidas contra la difusión de información por parte del cantante de quien él identificaba como las denunciantes. En el segundo aportaban más evidencia para reforzar la idea de que podía aplicarse la jurisdicción española. En un tercero pedían que se tuvieran en cuenta nuevas informaciones que vinculaban la causa con España. Ninguna de los tres obtuvo respuesta. 

Fuentes fiscales sostienen que tras constatar que no había “ningún elemento” que permitiera atribuir jurisdicción a los tribunales españoles resulta “lógico” que se dictara un decreto de archivo sin contestar a esos escritos. 

elDiario.es y Univision Noticias publicaron el pasado 13 de enero el reportaje que recogía los testimonios de Rebeca y Laura, dos extrabajadoras de Julio Iglesias en régimen interno en su casa de Punta Cana (República Dominicana). Rebeca relató que fue presionada para mantener encuentros sexuales con Iglesias y describió penetraciones, bofetadas y vejaciones físicas y verbales. Laura, fisioterapeuta, aseguró que además de tocamientos, recibían insultos y humillaciones durante su jornada laboral, en un ambiente de control y acoso continuo. Ese mismo día se supo que habían interpuesto una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional el 5 de enero.

elDiario.es publicó este viernes una información sobre el traslado en 2021 de empleadas domésticas de Julio Iglesias de su mansión de Punta Cana a España, que se realizó con visado de turista, sin contrato y con sueldos de 340 euros. Periodistas de elDiario.es y Univision Noticias se pusieron en contacto en repetidas ocasiones y por diferentes vías con Julio Iglesias y con su abogado para preguntarle sobre este y otros asuntos, sin obtener respuesta a las preguntas que estos medios le hicieron llegar por email, mensajes telefónicos y cartas entregadas en sus residencias. En un comunicado público posterior a la publicación de la primera información, el cantante negó “haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer” y dijo que las acusaciones eran “absolutamente falsas”.

Tesis contrapuestas

La tesis de la Fiscalía es que los tribunales españoles carecen de jurisdicción para examinar el caso, dado que los hechos ocurrieron exclusivamente en el extranjero —República Dominicana y Bahamas— y no hay “vínculos relevantes” con España. Tras otorgarles la condición de testigos protegidas y tomarles declaración por videoconferencia, la Fiscalía concluye que las extrabajadoras no son españolas, “ni viajaron con el denunciado en algún momento a España”, por lo que no hay “vínculo personal o territorial con nuestro país”. Respecto al artista, la fiscal afirma que “ni reside en España, ni mantiene en este país su centro de vida, intereses, actividad” a pesar de su nacionalidad y de tener aquí propiedades inmobiliarias.

Para las abogadas, “la idea de que un ciudadano español podría ser eximido de afrontar un proceso de justicia si los presuntos delitos de los que es acusado no ocurrieron en España y fueron cometidos contra mujeres no españolas, desconoce el principio de extraterritorialidad”, según señalan en un comunicado hecho público tras conocer el archivo de las diligencias. 

Las juristas también recuerdan que los convenios de Varsovia y de Estambul “obligan a los Estados a investigar violaciones de derechos humanos cuando el presunto autor es nacional del país, incluso si los hechos ocurrieron fuera del territorio”. 

En contraposición, la fiscal se basa en jurisprudencia del Tribunal Supremo que limita los efectos de la legislación que extiende la jurisdicción española respecto a los delitos cometidos en el extranjero por españoles si se cumplen ciertas condiciones. La doctrina del alto tribunal establece que prima el llamado “principio de territorialidad” que exige la existencia de unos “vínculos relevantes” con España, que entiende que no se dan en este caso.

La Fiscalía también alude a la “restrictiva” reforma de la jurisdicción universal aprobada en 2014 con el Gobierno de Mariano Rajoy (PP). Afirma que, desde entonces, “la jurisdicción universal española es residual y tasada”. Recuerda que esa reforma impuso el “principio de subsidiariedad”, que determina que “España solo interviene si el Estado directamente competente no puede o no quiere investigar y así se acredita”. En este caso, dice la Fiscalía, no consta que las autoridades de República Dominicana y Bahamas “hayan renunciado a ejercer su jurisdicción o se encuentren imposibilitadas para hacerlo”. 

No se considera cosa juzgada 

La decisión de dar cerrojazo a las pesquisas se produce únicamente por “falta de competencia”. La Fiscalía no ha entrado a valorar si los delitos ocurrieron o no. La breve investigación se detuvo en una fase preliminar: determinar si los tribunales españoles podían intervenir. El propio decreto subraya que se trata de “un tema procesal y no de fondo”. Las abogadas recuerdan que el archivo se produce “por falta de jurisdicción de los tribunales españoles” y que, por ello, “no produce efectos de cosa juzgada”. “Esto quiere decir que no ha existido un análisis de fondo sobre la culpabilidad o no del denunciado, por lo que las denunciantes podrían reproducir su denuncia ante los órganos judiciales pertinentes”, sostienen las letradas. 

Fuentes jurídicas sostienen que el posicionamiento de la Fiscalía y la doctrina existente dificulta la apertura de una causa judicial en España si no aparecen nuevas evidencias o testimonios que apuntalen el “vínculo personal o territorial”. La propia fiscal afirma en su escrito que “los hechos deben ser perseguidos por los Estados directamente competentes, por ser donde ocurrieron y donde se encuentran las pruebas”. Sin embargo, se desconoce si finalmente el Ministerio Público tomará la iniciativa de remitir las actuaciones a sus homólogos en República Dominicana. 

Las letradas han anunciado que habrá más acciones judiciales y que las denunciantes están dispuestas a seguir “luchando por conseguir justicia”. “Rebeca y Laura no aceptarán un tecnicismo legal para que su denuncia no sea investigada. Ellas exigen a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que considere toda la información y evidencia presentada”, aseguran.

Dudas sobre los interrogatorios

Fuentes cercanas al caso confirman que los interrogatorios de las mujeres –que declararon como testigos protegidas por decisión de la Fiscalía– se enfocaron en la ratificación de la denuncia, pero sin entrar en detalles sobre los hechos denunciados. Es decir, se corroboró que el relato de las mujeres coincidiera con el que se recogía en los hechos puestos en conocimiento de la Fiscalía, pero sin profundizar en ello. Por el contrario, aseguran estas fuentes, se centraron en cuestiones vinculadas a la territorialidad: si ellas tenían doble nacionalidad o en qué país habían ocurrido las situaciones denunciadas. 

Para Women’s Link, la organización que asesora legalmente a las dos exempleadas de Iglesias, el archivo de la Fiscalía –que califican de “lamentable”– lamina “la oportunidad de investigar los hechos y considerar toda la evidencia que Rebeca y Laura incluyeron en su denuncia”. Las representantes legales de las denunciantes lamentan que, aunque la Fiscalía tenía seis meses para conducir la etapa preprocesal, haya tomado una decisión “en menos de dos semanas, sin tener en consideración todos los elementos probatorios”. 

Posible revelación de secretos

Una de las peticiones que no obtuvieron respuesta de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, señalan fuentes del caso, se refería a posibles delitos de revelación de secretos, delitos contra la intimidad y obstrucción a la Justicia por la estrategia que Julio Iglesias ha ido desplegando en las últimas semanas. 

El miércoles por la noche, el cantante hizo públicos supuestos mensajes que dos exempleadas le enviaron, en pantallazos en los que se podían ver sus nombres y apellidos. Estas imágenes, que recogen frases cariñosas de ellas –y que en algunos casos no estaban dirigidos a él sino a otra mujer a la que llaman “señorita”– no dejaban ver a qué teléfono se habían enviado, y no incluían respuesta alguna.

La abogada especializada en violencias machistas Olga Barroso, explica a elDiario.es que el señalamiento y el descrédito de las víctimas es una táctica habitual y funciona como “castigo ejemplar” para ellas y para todas las mujeres que puedan estar en una situación similar.

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