Maltratamos a quien nos cuida

Es duro ver una protesta de trabajadoras atravesadas por la invisibilidad. Estoy seguro que es un poder que las trabajadoras del Servicios de Ayuda a Domicilio (SAD) no desean. Cobran poco, trabajan mucho, se desplazan en sus vehículos cobrando un kilometraje desfasado hace dos décadas y, ante todo, están desamparadas por los múltiples escudos sociales de los que presumimos. Nos interpelan los ganaderos con sus flamantes tractores, las y los docentes con sus salarios dignos congelados desde la anterior crisis económica —si es que algún día terminó—. Nos enternecen los pacientes con enfermedades raras y, alguna vez —pocas— pensamos en quienes hacen trabajos poco agradables pero imprescindibles para la sociedad. Pero dudo que la mayoría de la población sepa qué significan las siglas SAD y quienes las sostienen.

En Cantabria, según el Ministerio de Derechos Sociales, hay 102.326 personas que, potencialmente, pueden tener una situación de dependencia según determina la ley. Esas estadísticas nos indican que, en febrero de 2026, había 17.914 personas con alguno de los tres grados de dependencia reconocidos y, al menos, 1.308 personas tenían derecho a SAD, pero son muchísimas más, ya que esta competencia es de los ayuntamientos y, solo en la ciudad de Santander, al año, hay unas 1.100 personas que reciben servicios de ayuda domiciliaria.

Las personas, las mujeres, que prestan estos servicios, aquellas que cuidan de quienes más lo necesitan son trabajadoras maltratadas por la legislación, por las empresas que las contratan y por la sociedad que las ignora. Realmente, el pasado lunes 30 de marzo, esperaba a cientos de ciudadanos frente al Parlamento de Cantabria acompañando a la veintena de auxiliares del SAD que portaban sus pancartas para pedir, simplemente, que dejen de explotarlas.

Cuando uno lee sus reivindicaciones también imaginaría que toda la sociedad se debería volcar para que se consigan. Por básicas, por decentes, por necesarias. Miren ustedes: actualizar el kilometraje de los pírricos 0,18 euros/kilómetro hasta los 0,26 euros/kilómetro; un nuevo plus de desplazamiento; otro plus por desgaste de herramientas derivado del uso del vehículo propio; un incremento del salario base hasta equipararlo, al menos, al Salario Mínimo Interprofesional; el reconocimiento profesional de las auxiliares como personal sociosanitario; recuperar un modelo de gestión pública del servicio y su municipalización; y el reconocimiento de las enfermedades musculoesqueléticas como enfermedades profesionales.

Un sistema de cuidados justo, que trate con dignidad a las personas beneficiarias y con justicia a las trabajadoras es viable, solo hay que invertir lo suficiente

“Un incremento del salario base hasta equipararlo, al menos, al Salario Mínimo Interprofesional (SMI)”. La situación es tan dramática que muchas de ellas no llegan al SMI y en la sopa de siglas lidian con enfermedades laborales no reconocidas, con rascar tiempo a sus vidas porque el transporte de una casa a otra no es contemplado por la mayoría de empresas como parte de su jornada laboral y con un trato vejatorio que no contempla su tarea como parte de un hipotético sistema integral de cuidados.

Claro, comparar es odioso, pero es duro ver como otros sectores privilegiados —por sus estudios o por el prestigio social de su profesión— realizan duras huelgas para exigir sus legítimas reivindicaciones y, al tiempo, ver como estas mujeres no dejan su tarea para pedir que, al menos, se les reconozca lo mínimo.

No sé cómo convencer a los lectores de la necesidad de apoyar estas reclamaciones. Solo se me ocurre apelar al sentido común: maltratar a quienes cuidan de las personas más débiles es una mala idea a futuro. Pasa igual con muchas de las personas migrantes sin la documentación legal adecuada que trabajan en el cuidado de mayores o de infancia; pasa algo similar con las trabajadoras —casi todas mujeres— de las residencias de mayores o de los centros de día.

Yo, que trabajo con y para personas mayores, escucho habitualmente que si se pagara lo justo, el sistema sería inviable. La respuesta es sencilla: una sociedad decide a qué dedicar su dinero y eso define su espíritu, su alma. Ahora, impulsados por los matones y presionados por la OTAN, España gasta un 2% de su PIB en Defensa —es más, pero parte del gasto está camuflado—. Pero los datos nos indican que en España en 2025 solo invertimos en cuidados de larga duración entre el 0,9% y el 1% de nuestro PIB, muy por debajo del promedio de la OCDE (1,8%) y a una gran distancia de los países del norte de Europa, que invierten entre el 3% y el 4%.

Un sistema de cuidados justo, que trate con dignidad a las personas beneficiarias y con justicia a las trabajadoras es viable, solo hay que invertir lo suficiente. Esta máxima se aplica a todos los niveles de la administración: el estatal, el autonómico y el municipal. Es tiempo de cuidar a quien nos cuida. ¿Se apunta?